Índice 
Textos aprobados
Martes 12 de junio de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Situación de la pesca recreativa en la Unión
 Obligación de compensación, requisitos de notificación y técnicas de reducción del riesgo para derivados extrabursátiles y registros de operaciones ***I
 Normas comunes en el ámbito de la aviación civil y Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea ***I
 Emisiones de CO2 y consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos ***I
 Modernización de la educación en la Unión
 Hacia un sector europeo de la acuicultura sostenible y competitivo

Situación de la pesca recreativa en la Unión
PDF 140kWORD 58k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre la situación de la pesca recreativa en la Unión (2017/2120(INI))
P8_TA(2018)0243A8-0191/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 43,

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(4), y en particular su artículo 77,

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 199/2008 del Consejo(5), y en particular su artículo 5,

–  Visto el estudio titulado «Marine recreational and semi-subsistence fishing – its value and its impact on fish stocks» (Pesca recreativa marina y pesca de semisubsistencia: su valor y su impacto en las poblaciones de peces), publicado por el Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión en julio de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0191/2018),

A.  Considerando que en la definición fijada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) en 2013 se describe la pesca recreativa como la captura o intento de captura de recursos acuáticos vivos principalmente para el ocio o el consumo personal; que dicha definición abarca artes de pesca activos, entre los que figura la pesca con líneas, arpones y la pesca a mano, y pasivos, como las redes, trampas, nasas y palangres; que son necesarias definiciones claras de pesca recreativa y pesca recreativa marina, dado que el artículo 55, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 establece que «queda prohibido comercializar las capturas de la pesca recreativa»;

B.  Considerando que es importante entender la diferencia entre pesca recreativa y pesca de semisubsistencia, ya que ambas deben evaluarse y regularse de forma separada, y que debe quedar claro que la pesca recreativa no es pesca de semisubsistencia; que el Reglamento de la política pesquera común (en lo sucesivo «PPC» ) no hace referencia a esta última; que, por ello, ambas deben evaluarse y regularse de forma separada;

C.  Considerando que la legislación de la Unión funciona solo con un sistema de dos niveles de pesca, que cubre las categorías de pesca recreativa y pesca comercial, y, por lo tanto, no reconoce la pesca de semisubsistencia ni la pesca semicomercial;

D.  Considerando que, dada su magnitud, la pesca recreativa puede tener un impacto considerable en las poblaciones de peces, pero la normativa en la materia incide principalmente en la competencia de los Estados miembros;

E.  Considerando que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha definido la pesca de subsistencia como «pesca de animales acuáticos que contribuye sustancialmente al aporte de las necesidades nutricionales»;

F.  Considerando que, sin una distinción jurídica clara entre pesca recreativa, pesca de semisubsistencia y pesca semicomercial, determinadas artes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) pueden no detectarse al no ser consideradas o reguladas debidamente;

G.  Considerando que no existe una definición clara y consensuada de pesca recreativa a escala de la Unión, y que esto dificulta en gran medida el control, la recopilación de datos y la evaluación del impacto de la pesca recreativa en las poblaciones de peces y el medio ambiente así como la evaluación de su importancia económica;

H.  Considerando que, a fin de gestionar adecuadamente cualquier tipo de actividad pesquera, incluida la pesca recreativa, son necesarias una recopilación de datos regular y sólida y series temporales para evaluar el impacto sobre las poblaciones de peces u otros organismos marinos y sobre el medio ambiente; que, de momento, se carece de esos datos o están incompletos; y que, además del impacto directo sobre las poblaciones de peces, tampoco se han estudiado suficientemente otras repercusiones medioambientales de la pesca recreativa;

I.  Considerando que los estudios han demostrado que una cantidad sustancial de restos de plástico rastreables en los mares, lagos y ríos proviene de actividades recreativas acuáticas como la navegación deportiva, el turismo y la pesca; observando que los desechos en forma de artes de pesca recreativa perdidos pueden provocar una degradación del hábitat y daños ecológicos graves;

J.  Considerando que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (en lo sucesivo «FEMP») brinda ayuda financiera para la recopilación de datos, también sobre la pesca recreativa;

K.  Considerando que los objetivos que figuran en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se refieren a la necesidad de lograr beneficios económicos, sociales y en materia de empleo y de restablecer y mantener las poblaciones de peces y otros organismos marinos por encima de unos niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible;

L.  Considerando que, de conformidad con un estudio reciente encargado por el Parlamento, el impacto de la pesca recreativa puede variar entre las poblaciones de peces y representar del 2 % (caballa) al 43 % (abadejo) del total de capturas;

M.  Considerando que, a fin de alcanzar los objetivos de la PPC, es necesario gestionar y equilibrar las poblaciones de peces y la actividad pesquera; que estos objetivos no pueden alcanzarse si falta una parte de los datos sobre capturas y la importancia económica de las actividades pesqueras, incluida la pesca recreativa;

N.  Considerando que los Estados miembros están obligados a recopilar datos, incluidas estimaciones sobre el volumen de capturas de la pesca recreativa y de liberaciones de especies contempladas en el Reglamento (UE) 2017/1004 e incluidas finalmente en los planes de gestión plurianuales; que cabe destacar, a este respecto, que solo algunos Estados miembros disponen de datos exhaustivos sobre la pesca recreativa en su territorio;

O.  Considerando que, si bien en la pesca recreativa marina se captura una amplia gama de especies, la recopilación obligatoria de datos se aplica únicamente a algunas especies, por lo que es necesario realizar un estudio y un análisis por país sobre distintas especies; que las capturas de la pesca recreativa deben incluirse en las estimaciones de la mortalidad total por pesca y de la biomasa;

P.  Considerando que la disponibilidad de datos sobre la pesca recreativa varía de una región a otra, y que se dispone de mejor información sobre la pesca recreativa marina en el mar del Norte y el mar Báltico que en el Mediterráneo, el mar Negro o el Atlántico;

Q.  Considerando que el número estimado de personas que practican la pesca recreativa marina en Europa se sitúa entre 8,7 y 9 millones de personas (el 1,6 % de la población europea) y que realizan capturas unos 77 millones de días al año;

R.  Considerando que, en su artículo 3, apartado 2, punto 6, el Reglamento (UE) n.°508/2014 relativo al FEMP define «pescador» como «cualquier persona que ejerza actividades de pesca comercial, reconocida por el Estado miembro», y que es necesario, por tanto, definir de otra manera a las personas que se dedican a la pesca recreativa en los términos definidos en el considerando A;

S.  Considerando que el impacto económico estimado de la pesca recreativa marina europea (sin el valor de la pesca turística) se sitúa en 10 500 millones EUR, de los cuales 5 100 millones son gastos directos, 2 300 millones EUR gastos indirectos y 3 200 millones EUR gastos inducidos; que, solo en la Unión, el importe se calcula en 8 400 millones EUR (de los cuales 4 200 millones EUR son gastos directos, 1 800 millones, indirectos, y 2 500 millones, gastos inducidos);

T.  Considerando que existe un vínculo directo entre la abundancia/estructura de poblaciones de peces, el acceso a posibilidades de pesca y los consiguientes impactos económicos, socioeconómicos y en el empleo; que es importante evaluar el impacto de todos los tipos de pesca en una población específica, así como su valor económico, con el fin de adoptar medidas de gestión que ayuden a alcanzar tanto el objetivo medioambiental como el económico;

U.  Considerando que la pesca recreativa marina sostiene unos 99 000 puestos de trabajo equivalentes en tiempo completo en Europa, de los cuales 57 000 son empleos directos, 18 000 indirectos y 24 000 inducidos, y que genera un valor económico medio de 49 000 EUR por año por equivalente en tiempo completo; que, solo en la Unión, la cifra se sitúa en 84 000 equivalentes en tiempo completo (50 000 empleos directos, 15 000 indirectos y 20 000 inducidos);

V.  Considerando que la pesca turística marítima recreativa, así como otros tipos de pesca turística, resulta ser muy importante para la economía de muchas regiones y países, y que, por lo tanto, debe analizarse con el fin de evaluar mejor su valor, su impacto y su potencial de desarrollo;

W.  Considerando que todos los tipos de pesca recreativa tienen un mayor impacto económico y social a nivel local y regional que a nivel nacional, dado que respaldan a las comunidades locales y costeras mediante el turismo, la producción, la venta y el alquiler de equipamiento y otros servicios relacionados con la pesca recreativa;

X.  Considerando que, en algunos casos, las capturas de la pesca recreativa constituyen una parte importante del total de mortalidad por pesca de la población de peces y, por lo tanto, debe ser tenida en cuenta al fijar las posibilidades de pesca; que, según un reciente estudio encargado por el Parlamento, el porcentaje estimado de la contribución de la pesca recreativa marítima al total de capturas puede variar considerablemente en función de las especies objetivo (desde el 2 % en el caso de la caballa al 43 % del abadejo;

Y.  Considerando que es importante evaluar individualmente los diferentes métodos de pesca recreativa, o los segmentos descritos en la definición del CIEM 2013;

Z.  Considerando que la evaluación del impacto de la pesca recreativa en las poblaciones de peces incluye la conservación de las capturas y las tasas de mortalidad de los peces descartados; que el índice de supervivencia del pescado capturado con caña (pesca de captura y liberación) es, en muchos casos, superior a la tasa correspondiente al pescado capturado con otro artes y prácticas y que debería tenerse en cuenta en estos casos; y que es necesaria información adicional sobre los principales artes utilizados para la pesca recreativa marina con el fin de poder establecer una comparación entre las probabilidades de supervivencia de los descartes de peces comerciales y de peces liberados en la pesca recreativa;

AA.  Considerando que la pesca recreativa incluye una variedad de artes y técnicas con diferentes poblaciones e impacto medioambiental y, por consiguiente, debe evaluarse y regularse en consecuencia;

AB.  Considerando que, debido al mal estado de las poblaciones de lubina del mar del Norte y de bacalao del mar Báltico occidental, se han introducido restricciones a la pesca recreativa a escala de la Unión, mediante la fijación de límites de capturas o la prohibición de conservación (lubina), con el fin de contribuir a la recuperación de estas poblaciones; que las medidas de gestión de emergencia que se adoptan cuando se considera que la pesca recreativa afecta al estado de una población no brindan la visibilidad necesaria al sector;

AC.  Considerando que algunos pescadores deportivos se interesan por especies diádromas como el salmón, la trucha y la anguila; y que la recogida de datos sobre estas especies debe llevarse a cabo tanto en agua dulce como salada con el fin de evaluar la evolución de las poblaciones de peces a lo largo del tiempo;

AD.  Considerando que las zonas más accesibles a la mayoría de los pescadores recreativos son las franjas costeras, en las que, además de especies piscícolas, en muchas ocasiones se capturan también invertebrados y algas, que desempeñan un papel clave en la ecología de esas zonas; que también se debe evaluar el impacto de las capturas de estas especies no solo en sus respectivas poblaciones sino también en lo que atañe a los ecosistemas de los que forma parte;

AE.  Considerando que el salmón regresa a las aguas en las que ha nacido y que, a ser posible, solo debería ser objeto de pesca en los sistemas fluviales en los que es posible realizar un control y aplicación eficientes; que la captura de salmón en el mar extrae salmón de forma indiscriminada tanto de poblaciones sanas como vulnerables;

AF.  Considerando que la pesca recreativa puede constituir una fuente significativa de la mortalidad por pesca, en tanto que el mayor impacto medioambiental estimado de la pesca recreativa en agua dulce se asocia a la posibilidad de introducir especies exóticas en el ecosistema, siendo débil el impacto en la pesca recreativa marítima;

AG.  Considerando que la PPC fue concebida para la gestión de la pesca comercial, sin tener en cuenta la pesca recreativa, sus especificidades y su necesidad de instrumentos de gestión específicos y de planificación;

AH.  Considerando que los impactos medioambientales de la pesca recreativa incluyen impactos distintos de la retirada de peces, pero la falta de datos claros dificulta su separación de otras fuentes antropogénicas;

AI.  Considerando que para la futura gestión de la pesca recreativa marítima debería tenerse en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión, dada la importancia de esta actividad en el Reino Unido y su significado para las poblaciones de peces compartidas;

AJ.  Considerando que la pesca recreativa tiene numerosos beneficios sociales y en materia de salud pública, ya que aumenta la calidad de vida de las personas que la practican, fomenta la interacción entre los jóvenes y educa a las personas en lo referente al medio ambiente y a la importancia de su sostenibilidad;

1.  Destaca la importancia de recopilar datos suficientes sobre la pesca recreativa, y la pesca recreativa marina en particular, con objeto de evaluar adecuadamente los niveles de mortalidad total por pesca de todas las poblaciones;

2.  Subraya que las tendencias de la pesca recreativa están aumentando en la mayoría de los países europeos y que este tipo de pesca constituye una importante actividad con efectos sociales, económicos, medioambientales y en materia de empleo, en particular el considerable impacto que puede tener sobre los recursos pesqueros; destaca el hecho de que, por lo tanto, los Estados miembros deben asegurar que dichas actividades se llevan a cabo de manera sostenible y compatible con los objetivos de la PPC;

3.  Destaca la necesidad de proteger la flota artesanal y de garantizar su supervivencia y relevo generacional frente a la expansión de la actividad recreativa vinculada a puertos recreativos y al turismo estacional;

4.  Considera que se han de recoger datos sobre el número de pescadores deportivos, su volumen de capturas y el valor añadido que generan en las comunidades costeras;

5.  Pide a la Comisión que incluya y mejore en el nuevo Reglamento de control las disposiciones existentes en materia de pesca recreativa;

6.   Exhorta a la Comisión a que evalúe y, en caso necesario, amplíe la recopilación de datos sobre la pesca recreativa a fin de incluir un mayor número de poblaciones de peces y otros organismos marinos, elabore un estudio de viabilidad sobre la recopilación uniforme de datos relativos a su impacto socioeconómico y confiera carácter obligatorio a la recopilación de dichos datos;

7.  Insiste en la necesidad de mejorar la declaración y el control de las capturas asociadas a la pesca recreativa; recuerda que, con ocasión de la aprobación del presupuesto de la Unión para 2018, el Parlamento aprobó un proyecto piloto que tenía por objeto establecer un sistema de notificación mensual de las capturas de lubina, y exhorta a la Comisión y a los Estados miembros a que financien más proyectos de control para las especies más vulnerables a la pesca recreativa; recuerda la importancia de la trazabilidad e insta a la Comisión a que incluya y mejore en el nuevo Reglamento de control las disposiciones existentes en materia de pesca recreativa;

8.  Pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto de la pesca recreativa en la Unión; considera que la evaluación de los planes de gestión que incluyen disposiciones relativas a la pesca recreativa deben integrarse también en el informe final de la Comisión sobre la evaluación de impacto;

9.  Pide a los Estados miembros que adopten las medidas técnicas necesarias para aplicar el Reglamento en vigor sobre la recopilación de datos y ampliar su ámbito de aplicación a fin de incluir más poblaciones de peces y aspectos de la pesca recreativa;

10.  Pide a la Comisión que vele por que se recopilen regularmente todos los datos necesarios sobre la pesca recreativa, con objeto de proporcionar una evaluación completa de las poblaciones de peces y otros organismos marinos, a fin de ofrecer una mayor visibilidad al sector; advierte de que, sin dicha evaluación exhaustiva y acciones apropiadas adoptadas sobre la base de esta evaluación, los planes de gestión de la pesca y las medidas técnicas podrían no alcanzar los objetivos del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 ni un equilibrio entre la pesca recreativa y la pesca comercial;

11.  Considera que, en los casos en que las capturas de la pesca recreativa tienen un impacto significativo en las poblaciones, deben incluirse como parte integral del ecosistema en las consideraciones sociales y económicas de los planes de gestión plurianuales, a los efectos de fijar las posibilidades de pesca y adoptar las medidas técnicas pertinentes; pide, por lo tanto, a la Comisión que, cuando sea necesario, incluya la pesca recreativa en los planes de gestión plurianuales ya aprobados o en curso de aprobación;

12.  Subraya que la recopilación de datos es obligación de los Estados miembros; señala, no obstante, que una definición adecuada de la pesca recreativa mejoraría la calidad de los datos; pide a la Comisión que proponga una definición uniforme de pesca recreativa a escala de la Unión que establezca una diferenciación clara entre la pesca recreativa, la pesca comercial y la pesca de semisubsistencia, basada en el principio de que las capturas de la pesca recreativa no se deben vender nunca;

13.  Considera, sobre la base de los datos y del informe de evaluación de impacto y teniendo en cuenta las competencias de los Estados miembros en materia de pesca recreativa, que la Comisión debe evaluar el papel de la pesca recreativa en la futura PPC, de modo que ambos tipos de pesca marítima —comercial y recreativa— puedan gestionarse de manera equilibrada, justa y sostenible con vistas a la consecución de los objetivos perseguidos;

14.  Insta a la Comisión a que preste apoyo, incluido apoyo financiero, para el desarrollo de la pesca recreativa en el sector turístico como contribución importante para el desarrollo de la economía azul en comunidades pequeñas, comunidades costeras e islas, en particular en las regiones ultraperiféricas; considera que ello tendría un impacto positivo en los esfuerzos por prolongar la temporada turística más allá de los meses de verano; propone que la Comisión designe la pesca recreativa como un tema del proyecto de turismo sostenible EDEN y que presente proyectos, con cargo al Fondo COSME, para promover el turismo de la pesca recreativa en comunidades costeras pequeñas;

15.  Destaca que el desarrollo de actividades de pesca recreativa no puede significar, al margen de la gestión normal de los recursos pesqueros basada en datos científicos confirmados, una disminución de las posibilidades de pesca profesional, o el reparto de unos recursos escasos entre las actividades profesionales y las recreativas, especialmente en el caso de la pesca a pequeña escala y artesanal;

16.  Reconoce que la pesca recreativa se ha practicado durante siglos en la Unión y constituye una parte integral de la cultura, las tradiciones y el patrimonio de una gran cantidad de comunidades costeras e insulares; observa que los diferentes tipos de pesca recreativa son tan diversos como las culturas de la propia Unión y que debe reconocerse este hecho en cualquier intento de legislar en este ámbito;

17.  Insta a la Comisión a que adopte medidas adecuadas para velar por que las futuras disposiciones de la reglamentación de la pesca recreativa sean apropiadas y no perjudiquen a la pesca profesional;

18.  Pone de manifiesto la necesidad de establecer normas básicas para la gestión de la pesca recreativa y propone que se elabore un catálogo de las actividades de la pesca recreativa que incluya información sobre los artes y operaciones de pesca, una descripción de las zonas de pesca, las especies objetivo y las capturas accidentales;

19.  Destaca la importancia de que el FEMP contribuya a desarrollar la capacidad científica y a garantizar la realización de evaluaciones completas y fiables de los recursos marinos para las actividades de la pesca recreativa; recuerda que el FEMP aporta fondos para la recogida de datos, y pide a la Comisión que amplíe el futuro alcance del FEMP con el fin de proporcionar ayuda financiera a la investigación y al análisis de los datos recopilados;

20.  Destaca la crucial necesidad de compartir los datos y recuerda que el FEMP apoya la recogida de datos, en particular sobre la pesca recreativa; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para recopilar datos e insta a la Comisión a que, además, siga desarrollando una base de datos común que contenga datos exhaustivos y fiables y que esté a disposición de los investigadores para que puedan controlar y evaluar el estado de los recursos pesqueros; propone que dichas medidas incluyan la utilización de los fondos del FEMP;

21.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0316.
(2) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
(3) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(4) DO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
(5) DO L 157 de 20.6.2017, p. 1.


Obligación de compensación, requisitos de notificación y técnicas de reducción del riesgo para derivados extrabursátiles y registros de operaciones ***I
PDF 245kWORD 81k
Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de junio de 2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones (COM(2017)0208 – C8-0147/2017 – 2017/0090(COD))(1)
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Enmienda 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018
a la propuesta de la Comisión
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018
---------------------------------------------------------
P8_TA(2018)0244A8-0181/2018

Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
que modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo relativo a la obligación de compensación, la suspensión de la obligación de compensación, los requisitos de notificación, las técnicas de reducción del riesgo en los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones y los requisitos aplicables a los registros de operaciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE) de 27 de julio de 2012, y entró en vigor el 16 de agosto de 2012. Los requisitos que contiene, concretamente la compensación centralizada de los contratos de derivados extrabursátiles normalizados; requisitos en materia de márgenes; exigencias de reducción del riesgo operativo en los contratos de derivados extrabursátiles que no se compensen de manera centralizada; obligaciones de información aplicables a los contratos de derivados; requisitos aplicables a las entidades de contrapartida central (ECC) y requisitos aplicables a los registros de operaciones, contribuyen a reducir el riesgo sistémico al incrementar la transparencia del mercado de derivados extrabursátiles y reducir el riesgo de crédito de contraparte y el riesgo operativo conexo a los derivados extrabursátiles.

(2)  La simplificación de ciertos ámbitos cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y un enfoque más proporcionado con respecto a dichos ámbitos va en consonancia con el programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión, que enfatiza la necesidad de reducción de costes y de simplificación de tal manera que las políticas de la Unión alcancen sus objetivos del modo más eficiente, y va destinada, en particular, a reducir la carga normativa y administrativa sin perjuicio del objetivo general de preservar la estabilidad financiera y reducir los riesgos sistémicos.

(3)  Unos sistemas de postnegociación y unos mercados de garantías eficientes y resilientes son elementos esenciales de una Unión de Mercados de Capitales que funcione bien y representan una profundización en los esfuerzos por apoyar las inversiones, el crecimiento y el empleo en consonancia con las prioridades políticas de la Comisión.

(4)  En 2015 y 2016, la Comisión llevó a cabo dos consultas públicas sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. La Comisión también recibió contribuciones acerca de la aplicación de ese Reglamento de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (AEMV), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). De esas consultas públicas se desprende que las partes interesadas apoyan los objetivos del Reglamento (UE) n.º 648/2012 y que no es necesaria una revisión a gran escala de dicho Reglamento. El 23 de noviembre de 2016, la Comisión adoptó un informe de revisión, de conformidad con el artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012. Si bien no todas las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 648/2012 son ya plenamente aplicables y, por lo tanto, una evaluación exhaustiva del Reglamento no es todavía posible, el informe identificó ámbitos en los que son necesarias medidas específicas para garantizar que los objetivos del Reglamento (UE) n.º 648/2012 se alcanzan de manera más proporcionada, eficiente y eficaz.

(5)  El Reglamento (UE) n.º 648/2012 debe cubrir a todas las contrapartes financieras que puedan suponer un riesgo sistémico importante para el sistema financiero. La definición de contrapartes financieras debe, por lo tanto, modificarse.

(6)  Algunas contrapartes financieras tienen un volumen de actividad en los mercados de derivados extrabursátiles demasiado bajo para suponer un riesgo sistémico importante para el mercado financiero y para que la compensación centralizada sea económicamente viable. Esas contrapartes, llamadas generalmente pequeñas contrapartes financieras, deben quedar exentas de la obligación de compensación al mismo tiempo que permanecen sujetas al requisito de intercambio de garantías para reducir cualquier riesgo sistémico. Sin embargo, si una pequeña contraparte financiera sobrepasa el umbral de compensación en relación con al menos una categoría de derivados extrabursátiles, ello debe originar la obligación de compensación para todas las categorías de derivados extrabursátiles, dada la interconexión de las contrapartes financieras y el posible riesgo sistémico para el sistema financiero que puede surgir si esos contratos de derivados no se compensan de manera centralizada.

(7)  Las contrapartes no financieras están menos interconectadas que las financieras. Además, a menudo son activas en una sola categoría de derivados extrabursátiles. Su actividad, por lo tanto, supone un riesgo sistémico para el sistema financiero más reducido que la de las contrapartes financieras. El alcance de la obligación de compensación para las contrapartes no financieras debe por lo tanto reducirse, de modo que esas contrapartes no financieras queden sujetas a la obligación de compensación solamente con respecto a la categoría o categorías de activos que excedan del umbral de compensación ▌.

(7 bis)  Dado que las contrapartes financieras y las no financieras presentan riesgos diferentes, es necesario establecer dos umbrales de compensación distintos. Con el fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, esos umbrales deben actualizarse periódicamente.

(8)  El requisito de compensar ciertos contratos de derivados extrabursátiles suscritos antes de que la obligación de compensación entre en vigor provoca inseguridad jurídica y complicaciones operativas a cambio de beneficios limitados. En particular, ese requisito supone costes y esfuerzos adicionales para las contrapartes de esos contratos y puede además afectar al buen funcionamiento del mercado sin suponer ninguna mejora significativa para la aplicación uniforme y coherente del Reglamento (UE) n.º 648/2012 o el establecimiento de condiciones de competencia equitativas para los participantes en el mercado. Por tanto, esa exigencia ha de suprimirse.

(9)  Las contrapartes con un volumen limitado de actividad en los mercados de derivados extrabursátiles se enfrentan a dificultades en el acceso a la compensación centralizada, ya sea como clientes de un miembro compensador o a través de acuerdos de compensación indirecta. El requisito de que los miembros compensadores faciliten los servicios de compensación indirecta en términos comerciales razonables no es, por consiguiente, eficiente. Debe por lo tanto exigirse explícitamente a los miembros compensadores y los clientes de los miembros compensadores que prestan servicios de compensación, ya sea directamente a otras contrapartes o indirectamente permitiendo a sus propios clientes prestar dichos servicios a otras contrapartes, que lo hagan en términos comerciales justos, razonables, no discriminatorios y transparentes.

(10)  Ha de ser posible suspender la obligación de compensación en ciertas situaciones. Primeramente, dicha suspensión ha de ser posible cuando los criterios con base en los cuales una categoría específica de derivados extrabursátiles se haya considerado sujeta a la obligación de compensación hayan dejado de cumplirse. Este podría ser el caso cuando una categoría de derivados extrabursátiles resulte ya inapropiada para la compensación centralizada obligatoria o cuando haya habido un cambio significativo en uno de esos criterios en relación con una categoría concreta de derivados extrabursátiles. La suspensión de la obligación de compensación ha de ser igualmente posible cuando una ECC deje de ofrecer servicios de compensación para una categoría específica de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte y otras ECC no puedan asumir esos servicios de compensación con la suficiente rapidez. Finalmente, la suspensión de la obligación de compensación debe igualmente ser posible cuando se estime necesaria para evitar una amenaza grave a la estabilidad financiera de la Unión.

(11)  La notificación retroactiva de operaciones ha resultado ser difícil debido a la falta de una serie de datos cuya notificación no se exigía antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 648/2012 pero sí se exige actualmente. Esto ha redundado en una alta tasa de notificaciones incumplidas y en una baja calidad de los datos notificados, siendo además la carga asociada a la notificación de esas operaciones considerable. Por lo tanto, la probabilidad de que esos datos históricos no lleguen a usarse es alta. Por otra parte, en el momento en el que la fecha límite para la notificación retroactiva de operaciones sea efectiva, algunas de esas operaciones habrán ya expirado, y con ellas las correspondientes exposiciones y riesgos. Para poner freno a esa situación, ha de suprimirse el requisito de notificación retroactiva de operaciones.

(12)  Las operaciones intragrupo que implican a contrapartes no financieras representan una fracción relativamente pequeña de todas las operaciones de derivados extrabursátiles y se usan principalmente para la cobertura interna dentro de un grupo. Por consiguiente, estas operaciones no contribuyen de manera significativa al riesgo sistémico ni a la interconexión, pero la obligación de notificarlas supone importantes costes y cargas para las contrapartes no financieras. Todas las operaciones entre empresas asociadas dentro del grupo en las que al menos una de las contrapartes es no financiera deben por lo tanto quedar exentas de la obligación de información, independientemente del lugar de establecimiento de la contraparte no financiera.

(13)  El requisito de notificar los contratos de derivados negociables en mercados regulados impone una carga considerable a las contrapartes, debido al alto volumen de estos que se celebran diariamente.▌ La consulta pública de la Comisión sobre el control de adecuación de la información presentada a efectos de supervisión, publicada el 1 de diciembre de 2017, estaba destinada a recabar pruebas sobre el coste del cumplimiento de los requisitos vigentes de información a efectos de supervisión a nivel de la Unión, así como sobre la coherencia, eficacia y valor añadido de dichos requisitos. Dicha consulta ofrece a las autoridades la oportunidad de evaluar de manera global la notificación de los contratos de derivados negociables junto con todos los regímenes reguladores de información existentes y futuros, permite a las autoridades tener en cuenta el nuevo entorno de notificación tras la aplicación del Reglamento (UE) n.° 600/2014(7) y ofrece la posibilidad de formular propuestas para reducir de manera eficaz la carga a los participantes en el mercado que deben notificar los contratos de derivados negociables. La Comisión debe tener en cuenta dichas conclusiones a fin de proponer futuros cambios a los requisitos de notificación de conformidad con el artículo 9, apartado 1, en relación con la notificación de los contratos de derivados negociables.

(14)  A fin de reducir la carga que la notificación supone para las pequeñas contrapartes no financieras no sujetas a la obligación de compensación, la contraparte financiera debe asumir la responsabilidad exclusiva, incluida la legal, de notificar un único conjunto de datos relativos a los contratos de derivados extrabursátiles suscritos con una contraparte no financiera no sujeta a la obligación de compensación ▌, así como de garantizar la exactitud de los datos notificados. Con vistas a garantizar que la contraparte financiera disponga de los datos necesarios para cumplir su obligación de información, la contraparte no financiera debe facilitar los datos relativos a las operaciones de derivados extrabursátiles que no quepa razonablemente esperar que obren en posesión de la contraparte financiera. No obstante, una contraparte no financiera debe tener la opción de notificar por cuenta propia sus contratos de derivados extrabursátiles. En ese caso, la contraparte no financiera debe informar de ello a la contraparte financiera y tendrá la responsabilidad, incluida la legal, de notificar los datos correspondientes y garantizar su exactitud.

(15)  Debe determinarse también la responsabilidad de notificar otros contratos de derivados. Por tanto, es necesario especificar que la sociedad gestora de un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) debe asumir la responsabilidad, incluida la legal, de notificar en nombre de dicho OIVCM los contratos de derivados extrabursátiles que este haya suscrito y de garantizar la exactitud de los datos notificados. De modo similar, el gestor de un fondo de inversión alternativo (FIA) asume la responsabilidad, incluida la legal, de notificar en nombre de dicho FIA los contratos de derivados extrabursátiles que este haya suscrito y de garantizar la exactitud de los datos notificados.

(16)  Para evitar la aplicación incoherente de las técnicas de reducción del riesgo en la Unión, los supervisores han de aprobar procedimientos de gestión del riesgo que exijan el intercambio oportuno, adecuado y con la debida segregación de garantías de las contrapartes, o cualquier cambio significativo de esos procedimientos, antes de que se apliquen.

(16 bis)  Con el fin de evitar divergencias normativas a escala internacional y habida cuenta del carácter específico de las mencionadas operaciones de derivados, el intercambio obligatorio de márgenes de variación con respecto a los contratos a plazo sobre divisas liquidados mediante entrega física y los contratos de derivados de permutas de divisas liquidados mediante entrega física se debe aplicar exclusivamente a las operaciones realizadas entre las contrapartes más sistémicas, es decir, las entidades de crédito y las empresas de inversión.

(16 ter)  Los servicios de reducción de riesgos postnegociación, como la compresión de carteras, pueden producir una reducción del riesgo sistémico. Al reducir los riesgos en las carteras de derivados existentes sin modificar la posición global de mercado de la cartera, pueden reducir las exposiciones de la contraparte y sus riesgos asociados con una acumulación en posiciones brutas pendientes. La «compresión de carteras» está definida en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 600/2014 y queda excluida del alcance de la obligación de negociación de la Unión estipulada en el artículo 28 de ese Reglamento. Para adaptar el presente Reglamento al Reglamento (UE) n.º 600/2014 en los casos en que sea necesario, teniendo en cuenta las diferencias entre ellos y la posibilidad de eludir la obligación de compensación, la Comisión, con la cooperación de la AEVM y la JERS, valorará a qué servicios de reducción de riesgos postnegociación se podrá conceder una exención de la obligación de compensación.

(17)  Para incrementar la transparencia y la previsibilidad de los márgenes iniciales e impedir que las ECC modifiquen sus modelos de margen inicial de modo que pueda parecer procíclico, las ECC deben proporcionar a sus miembros compensadores herramientas que simulen sus requisitos en materia de margen inicial y una visión general detallada de los modelos de margen inicial que utilizan. Esto va en consonancia con las normas internacionales publicadas por el Comité de Pagos e Infraestructuras de Mercado y el Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y en particular con el marco de publicación de información de diciembre de 2012(8) y las normas en materia de publicación de información cuantitativa aplicables a las contrapartes centrales publicadas en 2015(9), pertinentes para favorecer una comprensión adecuada de los riesgos y costes aparejados a cualquier participación de miembros compensadores en una ECC y reforzar la transparencia de las ECC frente a los participantes en el mercado.

(18)  Existe aún la incertidumbre respecto de la medida en que la insolvencia en relación con los activos consignados en cuentas ómnibus o en cuentas segregadas individuales es improbable. Por tanto, no está claro en qué casos las ECC pueden, con las suficientes garantías legales, transferir posiciones de los clientes en caso de incumplimiento de un miembro compensador, o en qué casos pueden, con las suficientes garantías legales, abonar los ingresos de una liquidación directamente a los clientes. Con objeto de incentivar la compensación y de mejorar el acceso a ella, deben aclararse las normas relativas a la improbabilidad de la insolvencia en relación con esos activos y posiciones.

(19)  Las multas que la AEVM puede imponer a los registros de operaciones que están bajo su supervisión directa han de ser suficientemente eficaces, proporcionadas y disuasorias para garantizar la eficacia de los poderes de supervisión de aquella y para incrementar la transparencia de las posiciones y exposiciones en derivados extrabursátiles. Los importes de las multas inicialmente previstos en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 han demostrado ser insuficientemente disuasorios, habida cuenta del volumen de negocios actual de los registros de operaciones, lo que podría limitar la eficacia de los poderes de supervisión de que goza la AEVM en virtud de dicho Reglamento en relación con los registros de operaciones. En consecuencia, debe aumentarse el límite máximo de los importes básicos de las multas.

(20)  Las autoridades de terceros países deben tener acceso a los datos notificados a los registros de operaciones de la Unión siempre que el tercer país cumpla ciertas condiciones que garanticen el tratamiento dado a dichos datos y prevea la obligación legalmente vinculante y exigible de conceder a las autoridades de la Unión acceso directo a los datos notificados a los registros de operaciones de dicho tercer país.

(21)  El Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo(10) permite un procedimiento de registro simplificado para los registros de operaciones ya inscritos de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 648/2012 y que deseen ampliar ese registro a la prestación de servicios con respecto a las operaciones de financiación de valores. Debe ponerse en marcha un procedimiento similar de registro simplificado para los registros de operaciones ya inscritos de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2365, y que deseen ampliar ese registro a la prestación de servicios con respecto a los contratos de derivados.

(22)  La insuficiente calidad y transparencia de los datos que aportan los registros de operaciones dificulta que las entidades a las que se ha concedido acceso a esos datos los usen para supervisar los mercados de derivados e impide que los reguladores y los supervisores identifiquen los riesgos de estabilidad financiera a su debido tiempo. Con el fin de mejorar la calidad y la transparencia de los datos y de que los requisitos en materia de información del Reglamento (UE) n.º 648/2012 concuerden con los del Reglamento (UE) n.º 2015/2365 y el Reglamento (UE) n.º 600/2014, es necesaria una armonización más profunda de las normas y requisitos en materia de información y, en particular, de los estándares de datos, los métodos y los mecanismos en materia de información, así como de los procedimientos que han de aplicar los registros de operaciones para la validación de la integridad y exactitud de los datos notificados y para la conciliación de los datos con otros registros de operaciones. Además, los registros de operaciones deben conceder a las contrapartes, a petición de estas, acceso a todos los datos notificados en su nombre para permitirles verificar la exactitud de esos datos.

(22 bis)   A fin de reducir la carga administrativa y aumentar el casamiento de operaciones, la AEVM debe introducir una norma común de la Unión para las notificaciones a los registros de operaciones. Dado que las ECC y otras contrapartes financieras están asumiendo tareas de información por delegación, un formato único aumentaría la eficiencia para todos los participantes.

(23)  En lo que respecta a los servicios prestados por los registros de operaciones, el Reglamento (UE) n.º 648/2012 establece un entorno competitivo. Las contrapartes deben, por lo tanto, tener la opción de elegir el registro de operaciones al que desean efectuar las notificaciones y han de poder cambiar de registro de operaciones si así lo deciden. Para facilitar ese cambio y garantizar la disponibilidad continua de los datos sin duplicaciones, los registros de operaciones deben establecer las políticas adecuadas que garanticen la transferencia ordenada de los datos notificados a otros registros de operaciones cuando lo solicite una empresa sujeta a la obligación de información.

(24)  El Reglamento (UE) n.º 648/2012 dispone que la obligación de compensación no debe aplicarse a los sistemas de planes de pensiones hasta que las ECC no desarrollen una solución técnica adecuada para la transferencia de garantías diferentes del efectivo como márgenes de variación. Dado que hasta ahora no se ha desarrollado solución viable alguna que facilite la compensación centralizada de los sistemas de planes de pensiones, esa excepción transitoria ha de ser ampliada y aplicarse durante dos años adicionales para la gran mayoría de los sistemas de planes de pensiones. La compensación centralizada, sin embargo, debe seguir siendo el objetivo final, considerando que la evolución actual de la regulación y de los mercados permite a los participantes en el mercado desarrollar soluciones técnicas viables en ese periodo. Con la ayuda de la AEVM, la ABE, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AUSPJ) y la JERS, la Comisión ha de supervisar los avances de las ECC, los miembros compensadores y los sistemas de planes de pensiones en la búsqueda de soluciones viables que faciliten la participación de los sistemas de planes de pensiones en la compensación centralizada y preparar un informe sobre dichos avances. El informe debe asimismo englobar las soluciones y los costes que estas conlleven para los sistemas de planes de pensiones, tomando en consideración, para ello, la evolución de la regulación y los mercados, por ejemplo los cambios en el tipo de contraparte financiera que está sujeta a la obligación de compensación. ▌La Comisión ha de estar facultada para prorrogar esa excepción por un año adicional, si considera que las partes interesadas han acordado una solución y que es necesario tiempo adicional para su aplicación.

(24 bis)  Los pequeños sistemas de planes de pensiones, además de los clasificados como pequeñas contrapartes financieras, no presentan los mismos riesgos que los sistemas de planes de pensiones más grandes y conviene autorizarles una exención más prolongada de la obligación de compensación. Para esos sistemas de planes de pensiones la Comisión ampliará a tres años la exención de dicha obligación. La Comisión podrá ampliar la exención por dos años adicionales si, al final de dicho período, considera que los pequeños sistemas de planes de pensiones han realizado los esfuerzos necesarios para desarrollar una solución técnica adecuada para participar en la compensación centralizada y que no se altera el efecto adverso de los contratos de derivados compensados de manera centralizada sobre las prestaciones de jubilación de los futuros pensionistas. Tras el período de exención, los pequeños sistemas de planes de pensiones estarán sujetos al presente Reglamento igual que todas las demás entidades dentro de su ámbito de aplicación. Debido al menor volumen de contratos de derivados concluidos por los pequeños sistemas de planes de pensiones, cabe esperar que no superen los umbrales que generan obligación de compensación. En consecuencia, incluso después del período de exención, la mayoría de los pequeños sistemas de planes de pensiones seguirán sin estar sujetos a dicha obligación.

(24 ter)  La exención para los pequeños sistemas de planes de pensiones debe seguir aplicándose a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y, en caso de que entrara en vigor después del 16 de agosto de 2018, también se debe aplicarse con carácter retroactivo a todos los contratos de derivados extrabursátiles ejecutados después de esa fecha. La aplicación retroactiva de esta disposición es necesaria para evitar un vacío entre el final de la aplicación de la exención existente y la nueva exención, dado que ambas tienen la misma finalidad.

(25)  Los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deben delegarse en la Comisión en lo que respecta a la especificación de las condiciones en las que los términos comerciales relativos a la prestación de servicios de compensación se consideran justos, razonables, transparentes y no discriminatorios y en lo que respecta a la ampliación del periodo en el que la obligación de compensación no ha de aplicarse a los sistemas de planes de pensiones.

(26)  Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que respecta a la disponibilidad de la información consignada en los registros de operaciones de la Unión para las autoridades pertinentes de terceros países, deben concederse competencias de ejecución a la Comisión. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(11).

(27)  Con objeto de garantizar una armonización coherente de la normativa relativa a los procedimientos de reducción del riesgo, la inscripción de los registros de operaciones y los requisitos de notificación, la Comisión ha de adoptar las normas técnicas reglamentarias desarrolladas por la ABE, la AESPJ y la AEMV y relativas a los procedimientos de supervisión destinados a garantizar la validación inicial y continua de los procedimientos de gestión del riesgo que exigen garantías oportunas, exactas y debidamente segregadas; los detalles de la solicitud simplificada de extensión de la inscripción de un registro de operaciones que esté ya inscrito con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2365; los detalles de los procedimientos que debe aplicar el registro de operaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos de información por parte de la contraparte declarante o la entidad que presenta la información; el carácter completo y exacto de la información notificada y los detalles de los procedimientos para la conciliación de datos entre registros de operaciones. La Comisión debe adoptar esos proyectos de normas técnicas reglamentarias mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo,(12) el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento y del Consejo(13) y el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento y del Consejo(14).

(28)  La Comisión debe asimismo gozar de poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución desarrolladas por la AEVM, por medio de actos de ejecución a tenor del artículo 291 del Tratado de la Unión Europea y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, en relación con los estándares de datos por lo que respecta a la información que ha de ser notificada para las diferentes categorías de derivados y los métodos y mecanismos para notificarla en materia de información.

(29)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la proporcionalidad de las normas que conllevan cargas administrativas y costes de conformidad innecesarios sin poner en riesgo la estabilidad financiera, y aumentar la transparencia de las posiciones y exposiciones en derivados extrabursátiles, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(30)  La aplicación de ciertas disposiciones del presente Reglamento ha de posponerse para establecer todas las medidas de ejecución esenciales y permitir a los participantes en el mercado adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento.

(31)  De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que ha emitido un dictamen el [...].

(32)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en consecuencia.

(32 bis)  La obligación de compensación para derivados establecida en el Reglamento (UE) n.° 648/2012 y la obligación de negociación para derivados establecida en el Reglamento (UE) n.° 600/2014 deben estar armonizadas cuando sea necesario y adecuado. Por consiguiente, la Comisión debe elaborar un informe sobre los cambios realizados a la obligación de compensación para derivados en el presente Reglamento, en particular en relación con el espectro de entidades sujetas a la obligación de compensación, así como al mecanismo de suspensión, que también deben aplicarse a la obligación de negociación de derivados establecida en el Reglamento (UE) n.° 600/2014.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (UE) n.º 648/2012 queda modificado del siguiente modo:

-1)  En el artículo 1, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. El presente Reglamento no se aplicará:

   a) a los bancos centrales y otros organismos públicos que se encarguen de la gestión de la deuda pública o que intervengan en ella;
   b) al Banco de Pagos Internacionales;
   c) a los bancos multilaterales de desarrollo enumerados en el artículo 117, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.».

"

-1 bis)  En el artículo 1, apartado 5, se suprime la letra a).

1)  En el artículo 2, el punto 8 se sustituye por el texto siguiente:"

«8) «contraparte financiera»: una empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(16), una entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE, una empresa de seguros o reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17), un OICVM autorizado de conformidad con la Directiva 2009/65/CE, excepto si dicho OICVM está vinculado a un plan de adquisición de acciones para empleados, un fondo de pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE, un fondo de inversión alternativo a tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, que ya esté establecido en la Unión o gestionado por un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizado o registrado con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2011/61/UE, excepto cuando dicho fondo de inversión alternativo esté vinculado a un plan de adquisición de acciones para empleados, y, cuando proceda, cuyo GFIA esté establecido en la Unión, y un depositario central de valores autorizado con arreglo al Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(18) ▌;».

"

2)  El artículo 4 queda modificado del siguiente modo:

a)  En el apartado 1, la letra a) queda modificada del siguiente modo:

i)  los incisos i) a iv) se sustituyen por el texto siguiente:"

«i) entre dos contrapartes financieras sujetas a las condiciones del artículo 4 bis, apartado 1, párrafo segundo;

   ii) entre una contraparte financiera sujeta a las condiciones del artículo 4 bis, apartado 1, párrafo segundo, y una contraparte no financiera sujeta a las condiciones del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo;
   iii) entre dos contrapartes no financieras sujetas a las condiciones del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo;
   iv) entre una contraparte financiera sujeta a las condiciones del artículo 4 bis, apartado 1, párrafo segundo, o una contraparte no financiera sujeta a las condiciones del artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, por un lado, y una entidad con sede en un tercer país que estaría sujeta a la obligación de compensación si tuviera su sede en la Unión, por otro;».

"

b)  En el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) han sido suscritos o han sido objeto de novación ya sea:

   i) en la fecha a partir de la cual surte efecto la obligación de compensación o con posterioridad a dicha fecha, o
   ii) en la fecha a partir de la cual las dos contrapartes cumplen los criterios establecidos en la letra a) o con posterioridad a dicha fecha.».

"

c)  Se insertan los apartados siguientes:"

«3 bis. Los miembros compensadores y los clientes que presten servicios de compensación, ya sea directa o indirectamente, deberán prestar dichos servicios en condiciones comerciales justas, razonables, no discriminatorias y transparentes. Los miembros compensadores y los clientes tomarán todas las medidas razonables diseñadas para identificar, prevenir, gestionar y supervisar conflictos de intereses en un grupo de entidades asociadas, en particular entre la unidad de negociación y la unidad de compensación, que pudieran tener un efecto adverso sobre la prestación justa, razonable, no discriminatoria y transparente de servicios de compensación.

Se permitirá a los miembros compensadores o a los clientes controlar los riesgos relacionados con los servicios de compensación ofrecidos.

3 ter.  A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen las circunstancias en las que las condiciones comerciales de los servicios de compensación a que se refiere el apartado 3 bis se consideran justas, razonables, no discriminatorias y transparentes.

La AEVM presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación contemplados en el párrafo primero a más tardar ... [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se otorgan a la Comisión los poderes para complementar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

"

3)  Se añade el artículo 4 bis siguiente:"

«Artículo 4 bis

Contrapartes financieras sujetas a una obligación de compensación

1.  Una contraparte no financiera que tome posiciones en contratos de derivados extrabursátiles podrá calcular, anualmente, su posición media agregada a final de mes para los doce meses anteriores, de conformidad con el apartado 3.

Cuando la contraparte financiera no calcule su posición o el resultado de dicho cálculo exceda de los umbrales de compensación especificados con arreglo al artículo 10, apartado 4, letra b), la contraparte financiera deberá:

   a) notificarlo inmediatamente a la AEVM y a la autoridad competente pertinente;
   b) quedar sujeta a la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4 en lo que atañe a los contratos de derivados extrabursátiles futuros, independientemente de la categoría o categorías de activos para las que se haya excedido el umbral de compensación; y
   c) compensar los contratos a que se refiere la letra b) en un plazo de cuatro meses desde que haya quedado sujeta a la obligación de compensación.

2.  Una contraparte financiera que haya quedado sujeta a la obligación de compensación de conformidad con el apartado 1 y posteriormente demuestre a la autoridad competente pertinente que su posición media agregada a final de mes para los doce meses anteriores no excede ya del umbral de compensación a que se refiere el apartado 1, dejará de estar sujeta a la obligación de compensación establecida en el artículo 4.

2 bis.  Cuando una contraparte financiera previamente exenta pase a quedar sujeta a la obligación de compensación de conformidad con el apartado 1, compensará sus contratos de derivados extrabursátiles en un plazo de cuatro meses desde que haya quedado sujeta a la obligación de compensación.

3.  En el cálculo de las posiciones a que se refiere el apartado 1, la contraparte financiera incluirá todos los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por dicha contraparte financiera o por otras entidades del grupo al que dicha contraparte financiera pertenezca.».

"

4)  En el artículo 5, apartado 2, se suprime la letra c).

4 bis)   En el artículo 6, apartado 2, se añade la siguiente letra tras la letra d):"

«d bis) dentro de cada categoría de derivados extrabursátiles a que se refiere la letra d), los datos de los tipos de contratos para los que se hayan autorizado las ECC pertinentes para compensar y la fecha en la que dichas ECC hayan sido autorizadas para compensar dichos contratos;».

"

5)  En el artículo 6, apartado 2, se suprime la letra e).

6)  Se añade el artículo 6 ter siguiente:"

«Artículo 6 ter

Suspensión de la obligación de compensación en situaciones distintas de la resolución

1.  En circunstancias distintas de las descritas en el artículo 6 bis, apartado 1, la AEVM podrá solicitar que la Comisión suspenda temporalmente la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4, apartado 1, para una categoría específica de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte cuando se cumpla una de las condiciones siguientes:

   a) que la categoría de derivados extrabursátiles haya dejado de ser apta para la compensación centralizada sobre la base de los criterios a que se refiere el artículo 5, apartado 4, párrafo primero, y apartado 5;
   b) que sea probable que una ECC vaya a dejar de compensar esa categoría específica de derivados extrabursátiles y ninguna otra ECC pueda compensar esa categoría específica de derivados extrabursátiles sin interrupción;
   c) que la suspensión de la obligación de compensación para una categoría específica de derivados extrabursátiles o para un tipo específico de contraparte sea necesaria a fin de evitar o afrontar una amenaza grave para la estabilidad financiera de la Unión y que esa suspensión sea proporcionada en relación con ese objetivo.

A los efectos de la letra c) del párrafo primero, la AEVM deberá consultar a la JERS antes de la solicitud a que se hace referencia en ella.

Si la AEVM solicita a la Comisión la suspensión temporal de la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4, apartado 1, deberá motivar la solicitud y acompañarla de pruebas de que se cumple al menos una de las condiciones enumeradas en el párrafo primero. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de la solicitud de la AEVM.

1 bis.  La solicitud de suspensión de la AEMV contemplada en el apartado 1 del presente artículo podrá producirse a instancias de una autoridad competente designada de conformidad con el artículo 22. Cuando la autoridad competente pida que la AEVM presente una solicitud de suspensión, deberá indicar las razones y presentar pruebas de que se cumple al menos una de las condiciones enumeradas en el párrafo primero del apartado 1.

En las 48 horas siguientes a la recepción de la solicitud de la autoridad competente y sobre la base de los motivos y las pruebas que aporte, la AEVM solicitará que la Comisión suspenda la obligación de compensación para la categoría específica de derivados extrabursátiles o para el tipo específico de contraparte a que se refiere al apartado 1, o bien rechazará la solicitud de la autoridad competente. La AEVM informará de su decisión a la autoridad competente afectada y la motivará detalladamente.

2.  Las solicitudes a que se refiere al apartado 1 no se harán públicas.

3.  En las 48 horas siguientes a la solicitud a que se refiere el apartado 1, y con base en la motivación y las pruebas aportadas por la AEVM, la Comisión deberá suspender la obligación de compensación para la categoría específica de derivados extrabursátiles o para el tipo específico de contraparte a que se refiere al apartado 1, o bien rechazar la solicitud de suspensión. La Comisión informará de su decisión a la AEVM y la motivará detalladamente. A continuación, la Comisión transmitirá sin demora esa información al Parlamento Europeo y al Consejo.

4.  La decisión de la Comisión de suspender la obligación de compensación deberá ▌publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el sitio web de la Comisión y en el registro público a que se refiere el artículo 6.

5.  Una suspensión de la obligación de compensación de conformidad con el presente artículo será válida por un periodo no superior a un mes a contar desde la fecha de publicación de la citada suspensión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

6.  Cuando los motivos de la suspensión sigan siendo válidos y después de consultar a la AEVM y a la JERS, la Comisión podrá prorrogar la suspensión a que se refiere el apartado 5 por uno o más períodos de un mes, siempre que en su totalidad no excedan de doce meses a partir del final del período de la suspensión inicial. Las prórrogas de la suspensión deberán publicarse de conformidad con el artículo 4.

A los efectos del párrafo primero, la Comisión deberá notificar a la AEVM su intención de prorrogar la suspensión de la obligación de compensación e informar de ello al Parlamento Europeo y al Consejo. La AEVM deberá emitir un dictamen sobre la prórroga de la suspensión en las 48 horas siguientes a la notificación.».

"

7)  El artículo 9 se modifica del siguiente modo:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las contrapartes financieras, las contrapartes no financieras que cumplan las condiciones a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, y las ECC velarán por que los datos de todo contrato de derivados que hayan celebrado y de toda modificación o resolución del contrato se notifiquen de conformidad con el apartado 1 bis a un registro de operaciones inscrito de conformidad con el artículo 55 o reconocido de conformidad con el artículo 77. Estos datos se notificarán a más tardar el día hábil siguiente al de celebración, modificación o resolución del contrato.

La obligación de información se aplicará a los contratos de derivados que ▌se hayan suscrito el 12 de febrero de 2014 o con posterioridad.

No obstante lo dispuesto en el artículo 3, la obligación de notificación no se aplicará a los contratos de derivados extrabursátiles dentro del mismo grupo cuando al menos una de las contrapartes sea no financiera o sería clasificada como no financiera si estuviera establecida en la Unión, siempre que:

   a) ambas contrapartes estén íntegramente comprendidas en la misma consolidación;
   b) ambas contrapartes estén sujetas a procedimientos adecuados y centralizados de evaluación, medición y control del riesgo; y
   c) la empresa matriz no sea una contraparte financiera.».

"

b)  Se insertan los apartados 1 bis y 1 ter siguientes:"

«1 bis. Los datos de los contratos de derivados a que se refiere el apartado 1 deberán notificarse como sigue:

   b) ▌los datos de los contratos de derivados extrabursátiles concluidos entre una contraparte financiera y una contraparte no financiera que no cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, se notificarán del siguiente modo:
   i) las contrapartes financieras solo tendrán la responsabilidad, incluida la legal, de notificar un único conjunto de datos, así como de garantizar la exactitud de los datos notificados; a fin de garantizar que la contraparte financiera disponga de los datos necesarios para cumplir su obligación de notificación, la contraparte no financiera facilitará a la contraparte financiera los datos relativos a contratos de derivados extrabursátiles concluidos entre ellas que no quepa razonablemente esperar que obren en poder de la contraparte financiera; la contraparte no financiera será responsable de garantizar la exactitud de dichos datos;
   ii) no obstante lo dispuesto en el inciso i), las contrapartes no financieras que ya hayan invertido en la implantación de un sistema de notificación podrán optar por notificar ante un registro de operaciones los datos de los contratos de derivados extrabursátiles que hayan concluido con contrapartes financieras; en ese caso, las contrapartes no financieras informarán por adelantado de sus decisiones a las contrapartes financieras con las que hayan concluido contratos de derivados extrabursátiles; en esa situación, la contraparte no financiera seguirá teniendo la responsabilidad, incluida la legal, de notificar los datos y garantizar su exactitud;
   b bis) en el caso de contratos de derivados extrabursátiles concluidos por una contraparte no financiera que no esté sujeta a las condiciones a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, con una entidad establecida en un tercer país que tendría la consideración de contraparte financiera si estuviera establecida en la Unión, dicha contraparte no financiera no estará obligada a la notificación con arreglo al artículo 9 y no tendrá la responsabilidad legal de notificar los datos de dichos contratos de derivados extrabursátiles y garantizar la exactitud de dichos datos cuando:
   i) el régimen jurídico del tercer país en cuestión relativo a la notificación se haya considerado equivalente con arreglo al artículo 13 y la contraparte financiera del tercer país haya notificado la información con arreglo al régimen jurídico de dicho tercer país relativo a la notificación;
   ii) el régimen jurídico del tercer país en cuestión relativo a la notificación no se haya considerado equivalente con arreglo al artículo 13 y la contraparte financiera del tercer país opte por estar sujeta, como si fuera una contraparte financiera establecida en la Unión, a los requisitos del presente artículo y se registre ante la AEVM;

La AEVM creará un registro de la Unión en el que se incluirán las contrapartes financieras de terceros países que hayan optado por estar sujetas al presente artículo con arreglo al inciso ii) y lo pondrá a disposición pública en su sitio web.

   c) la sociedad de gestión de un OICVM será responsable de notificar los datos de los contratos de derivados extrabursátiles de los que el OICVM sea contraparte, así como de garantizar la exactitud de los datos notificados;
   d) el gestor de un fondo de inversión alternativo será responsable de notificar los datos de los contratos de derivados extrabursátiles de los que ese fondo de inversión alternativo sea contraparte, así como de garantizar la exactitud de los datos notificados;
   e) las contrapartes y las ECC que notifiquen contratos de derivados extrabursátiles a un registro de operaciones velarán por que los datos de sus contratos de derivados se notifiquen de manera exacta y sin duplicaciones.

Las contrapartes y las ECC sujetas a la obligación de información a que se refiere el apartado 1 podrán delegar dicha obligación de información.

1 ter.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los datos que deberá facilitar la contraparte financiera de un tercer país para ser registrada ante la AEVM con arreglo al apartado 1 bis, párrafo primero, letra b bis), inciso ii).

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

La Comisión estará facultada para complementar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

"

c)  El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6. A fin de velar por la aplicación uniforme de los apartados 1 y 3, la AEVM, en estrecha colaboración con el SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen:

   a) los estándares de datos y los formatos de la información que ha de notificarse, la cual debe incluir al menos lo siguiente:
   i) el identificador de entidad jurídica (LEI) global;
   ii) los códigos internacionales de identificación de valores (ISIN);
   iii) los identificadores únicos de operación (UTI);
   b) los métodos y mecanismos de información;
   c) la frecuencia de los informes;
   d) la fecha límite en que se deberán notificar los contratos de derivados, incluyendo las fases de introducción gradual para los contratos suscritos antes de que sea aplicable la obligación de información.

Al elaborar estos proyectos de normas técnicas, la AEVM deberá tener en cuenta la evolución internacional y las normas que se adopten tanto a escala de la Unión como a escala mundial, así como su coherencia con los requisitos de notificación establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2015/2365* y el artículo 26 del Reglamento (UE) n.º 600/2014.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [12 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento modificativo].

Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1095/2010.

__________________________________________________________________

* Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).»

"

8)  En el artículo 10, los apartados 1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Una contraparte no financiera que tome posiciones en contratos de derivados extrabursátiles podrá calcular, anualmente, su posición media agregada a final de mes para los 12 meses anteriores, de conformidad con el apartado 3.

Cuando la contraparte no financiera no calcule su posición o el resultado del cálculo a que se refiere el párrafo primero exceda de los umbrales de compensación especificados con arreglo al apartado 4, letra b), esa contraparte no financiera deberá:

   a) notificarlo inmediatamente a la AEVM y a la autoridad designada de conformidad con el apartado 5;
   b) cuando no haya calculado su posición, quedar sujeta a la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4 en lo que atañe a los contratos de derivados extrabursátiles futuros en todas las categorías de activos y a los requisitos enunciados en el artículo 11, apartado 3;
   b bis) cuando el resultado del cálculo a que se refiere el párrafo primero exceda de los umbrales de compensación especificados con arreglo al artículo 10, apartado 4, letra b), quedar sujeta a la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4 en lo que atañe a los contratos de derivados extrabursátiles futuros, independientemente de la categoría o categorías de activos para las que se haya excedido el umbral de compensación, y quedar exenta de los requisitos enunciados en el artículo 11, apartado 3, en las demás categorías de activos en las que no se hayan excedido los umbrales de compensación;
   c) compensar los contratos a que se refiere la letra b) en un plazo de cuatro meses desde que haya quedado sujeta a la obligación de compensación.

2.  Una contraparte no financiera que haya quedado sujeta a la obligación de compensación de conformidad con el apartado 1, párrafo segundo, y posteriormente demuestre a la autoridad designada de conformidad con el apartado 5 que su posición media agregada a final de mes para los 12 meses anteriores no excede ya del umbral de compensación a que se refiere el apartado 1, dejará de estar sujeta a la obligación de compensación establecida en el artículo 4.

3.  Al calcular las posiciones a que se refiere el apartado 1, la contraparte no financiera incluirá todos los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por ella o por otras entidades no financieras del grupo al que pertenezca la contraparte no financiera, que no reduzcan de una manera objetivamente mensurable los riesgos relacionados directamente con la actividad comercial o la actividad de financiación de tesorería de dicha contraparte no financiera o de dicho grupo.

4.  A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM, previa consulta a la JERS y a otras autoridades pertinentes, elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se determinen:

   a) los criterios para determinar qué contratos de derivados extrabursátiles reducen de una manera objetivamente mensurable los riesgos relacionados directamente con la actividad comercial o la actividad de financiación de tesorería a que se refiere el apartado 3; y
   b) los valores de los umbrales de compensación, que se determinarán teniendo en cuenta la importancia sistémica de la suma de las posiciones netas y las exposiciones por contraparte y por categoría de derivados extrabursátiles.

La AEVM podrá elaborar distintos umbrales de compensación para las contrapartes financieras y las no financieras teniendo en cuenta la interconexión entre las partes financieras y su mayor riesgo sistémico.

Previa consulta pública abierta, la AEVM presentará a la Comisión a más tardar el 30 de septiembre de 2012 dichos proyectos de normas técnicas reglamentarias y las actualizará con regularidad.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

La AEVM, previa consulta a la JERS y otras autoridades pertinentes, revisará periódicamente los umbrales a que se refiere la letra b) y, cuando sea necesario, en particular para garantizar una mayor participación en la compensación centralizada, propondrá las normas técnicas reglamentarias para modificarlos.

"

8 bis)  En el artículo 11 se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. Los requisitos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo no se aplicarán a las operaciones intragrupo a que se refiere el artículo 3 cuando una de las contrapartes sea una contraparte no financiera que no está sujeta a la obligación de compensación de conformidad con el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo.»

"

8 ter)  En el artículo 11, el apartado 3 se modifica como sigue:"

«3. Las contrapartes financieras se dotarán de procedimientos de gestión del riesgo que requieran el intercambio de garantías oportuno, exacto y con una segregación adecuada respecto de los contratos de derivados extrabursátiles que se suscriban el 16 de agosto de 2012 o con posterioridad. Las contrapartes no financieras contempladas en el artículo 10 podrán no aplicar procedimientos de gestión del riesgo que requieran el intercambio de garantías oportuno, exacto y con una segregación adecuada respecto de los contratos de derivados extrabursátiles correspondientes a la categoría o categorías de activos en las que no se hayan excedido los umbrales de compensación.».

"

9)  En el artículo 11, el apartado 15 queda modificado del siguiente modo:

a)  La letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) Los procedimientos de gestión del riesgo, incluidos los niveles y el tipo de garantías y los mecanismos de segregación a que se refiere el apartado 3, así como los procedimientos de supervisión conexos destinados a garantizar la validación inicial y continua de dichos procedimientos de gestión del riesgo;».

"

b)  La primera frase del párrafo segundo se sustituye por la frase siguiente:"

Las AES presentarán a la Comisión a más tardar el [12 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento modificativo] dichos proyectos de normas técnicas reglamentarias comunes.».

"

10)  En el artículo 38, se añaden los apartados 6 y 7 siguientes:"

«6. Las ECC deberán proporcionar a sus miembros compensadores una herramienta de simulación que les permita determinar la cantidad bruta de margen inicial adicional que la ECC puede requerir en la compensación de una nueva operación. Esa herramienta únicamente será accesible mediante un acceso seguro y los resultados de la simulación no serán vinculantes.

7.  Las ECC deberán proporcionar a sus miembros compensadores información sobre los modelos de margen inicial que utilizan. Esa información deberá cumplir todas las condiciones siguientes:

   a) que explique claramente el diseño del modelo de margen inicial y su funcionamiento;
   b) que describa claramente las hipótesis y las limitaciones fundamentales del modelo de margen inicial y las circunstancias bajo las que esas hipótesis dejan de ser válidas.
   c) que esté documentada.».

"

11)  En el artículo 39, se añade el apartado 11 siguiente:"

«11. La legislación nacional de los Estados miembros en materia de insolvencia no impedirá que una ECC actúe de conformidad con el artículo 48, apartados 5 a 7, con respecto a los activos y las posiciones registrados en las cuentas a que se refieren los apartados 2 a 5 del presente artículo.».

"

12)  El artículo 56 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. A los efectos del artículo 55, apartado 1, los registros de operaciones deberán presentar uno de los siguientes elementos a la AEVM:

   a) una solicitud de inscripción;
   b) una solicitud de extensión de la inscripción cuando el registro de operaciones esté ya inscrito en virtud del capítulo III del Reglamento (UE) n.º 2015/2365.».

"

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se especifiquen los siguientes elementos:

   a) los datos de la solicitud de inscripción a que se refiere el párrafo 1, letra a);
   b) los datos de la solicitud simplificada de extensión del registro a que se refiere el párrafo 1, letra b);

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas reglamentarias a más tardar el [12 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

"

c)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. A fin de velar por que existan condiciones de aplicación uniformes del apartado 1, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución que especifiquen los siguientes elementos:

   a) el formato de la solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 1, letra a);
   b) el formato de la solicitud de extensión de la inscripción a que se refiere el párrafo 1, letra b).

Con respecto a la letra b) del párrafo primero, la AEVM desarrollará un formato simplificado.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [9 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento modificativo].

Se otorgan a la Comisión las competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1095/2010.».

"

12 bis)   En el artículo 62, se suprime el apartado 5.

12 ter)   En el artículo 63, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. A efectos del desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM podrá realizar cuantas inspecciones in situ sean necesarias, en cualquier local o propiedad de uso profesional de las personas jurídicas a que se refiere el artículo 61, apartado 1. Cuando así lo requieran la correcta realización y la eficacia de las inspecciones, la AEVM podrá efectuar las inspecciones in situ sin previo aviso.».

"

12 quater)   En el artículo 63, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los agentes de la AEVM y demás personas acreditadas por ella para realizar inspecciones in situ podrán acceder a cualesquiera locales o propiedades de uso profesional de las personas jurídicas objeto de una decisión de investigación adoptada por la AEVM y gozarán de todas las facultades a que se refiere el artículo 62, apartado 1. Asimismo, estarán facultados para precintar todos los locales y libros o registros profesionales durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspección.».

"

12 quinquies)  En el artículo 63, se suprime el apartado 8.

12 sexies)  En el artículo 64, el apartado 4 se modifica del siguiente modo:"

«4. Cuando presente a la AEVM su expediente de conclusiones, el agente de investigación lo notificará a las personas objeto de la investigación. Dichas personas tendrán derecho a acceder al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de terceros en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la AEVM.».

"

12 septies)   En el artículo 64, el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:"

«8. La AEVM someterá un asunto a las autoridades pertinentes, para su investigación y posible enjuiciamiento penal, cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que sabe que pudieran ser constitutivos de infracción penal en virtud de la legislación vigente. Además, la AEVM se abstendrá de imponer multas o multas coercitivas cuando tenga conocimiento de que una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de un hecho idéntico o de hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido fuerza de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.».

"

12 octies)   En el artículo 65, apartado 1, se suprime el párrafo segundo.

13)  En el artículo 65, el apartado 2 se modifica del siguiente modo:

a)  En la letra a), «20 000 EUR» se sustituye por «200 000 EUR».

b)  En la letra b), «10 000 EUR» se sustituye por «100 000 EUR».

c)  Se añade la letra c) siguiente:"

«c) las infracciones a las que se refiere la sección IV del anexo I se sancionarán con multas de 5 000 EUR como mínimo y 10 000 EUR como máximo.».

"

13 bis)   En el artículo 67, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:"

El párrafo primero no se aplicará cuando sea necesaria una actuación urgente para prevenir un daño significativo e inminente del sistema financiero o un daño significativo e inminente de la integridad, la transparencia, la eficiencia y el correcto funcionamiento de los mercados financieros, incluidas la estabilidad o la exactitud de los datos notificados a un registro de operaciones. En tal caso, la AEVM podrá adoptar una decisión provisional y dará a las personas interesadas la oportunidad de ser oídas lo antes posible una vez adoptada su decisión.».

"

14)  En el artículo 72, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. El importe de la tasa impuesta a un registro de operaciones cubrirá todos los gastos administrativos razonables soportados por la AEVM por sus actividades de inscripción y supervisión, y será proporcionado al volumen de negocios del registro de operaciones en cuestión y al tipo de inscripción y de supervisión de que se trate.».

"

15)  Se inserta el artículo 76 bis siguiente:"

«Artículo 76 bis

Acceso directo mutuo a los datos

1.  Cuando sea necesario para ejercer sus funciones, las autoridades pertinentes de los terceros países en que estén establecidos uno o más registros de operaciones tendrán acceso directo a la información de los registros de operaciones establecidos en la Unión, siempre que la Comisión haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el apartado 2 a tal efecto.

2.  Tras la presentación de una solicitud por parte de las autoridades a que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución, de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 86, apartado 2, que determinen si el marco legal del tercer país al que pertenezca la autoridad solicitante cumple todos los requisitos siguientes:

   a) que los registros de operaciones establecidos en ese tercer país estén debidamente autorizados;
   b) que en dicho tercer país los registros de operaciones sean objeto, de manera continuada, de medidas efectivas de supervisión y de imposición del ejercicio de sus obligaciones;
   c) que existan garantías de secreto profesional, incluida la protección de los secretos comerciales que las autoridades hayan comunicado a terceros, y que estas garantías sean al menos equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento.
   d) que los registros de operaciones autorizados en ese tercer país estén sujetos a una obligación jurídicamente vinculante y exigible de conceder a las entidades a que se refiere el artículo 81, apartado 3, acceso directo e inmediato a los datos.».

"

16)  En el artículo 78, se añaden los apartados 9 y 10 siguientes:"

«9) Los registros de operaciones deberán establecer los procedimientos y medidas siguientes:

   a) procedimientos para la conciliación efectiva de los datos entre registros de operaciones;
   b) procedimientos para asegurar que los datos notificados sean completos y exactos;
   c) medidas para la transferencia ordenada de los datos a otros registros de operaciones cuando lo soliciten las contrapartes o las ECC a que se refiere el artículo 9 o en cualquier otro caso necesario.

10)  A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias que especifiquen los siguientes elementos:

   a) los procedimientos de conciliación de los datos entre registros de operaciones;
   b) los procedimientos que ha de aplicar un registro de operaciones para verificar el cumplimiento por parte de la contraparte declarante o la entidad que presenta la información de los requisitos en materia de información y para verificar que la información notificada con arreglo al artículo 9 sea completa y exacta.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [12 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

"

17)  El artículo 81 se modifica del siguiente modo:

a)  En el apartado 3, se añade la letra q) siguiente:"

«q) las autoridades pertinentes de un tercer país respecto del cual se haya adoptado un acto de ejecución de conformidad con el artículo 76, letra a);».

"

b)  Se inserta el apartado 3 bis siguiente:"

«3 bis. Los registros de operaciones proporcionarán a las contrapartes y a las ECC a que se refiere el artículo 9, apartado 1 bis, párrafo segundo, la información notificada en su nombre.».

"

c)  El apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM, previa consulta a los miembros del SEBC, elaborará proyectos de normas técnicas reglamentarias en las que se especifiquen:

   a) la información que debe publicarse o ponerse a disposición pública de conformidad con los apartados 1 y 3;
   b) la frecuencia de publicación de la información a la que se refiere el apartado 1;
   c) las normas operativas requeridas para agregar y comparar datos entre registros y para que las entidades a las que se refiere el apartado 3 accedan a esa información;
   d) los términos y condiciones, los mecanismos y la documentación exigida para que los registros de operaciones concedan el acceso a las entidades referidas en el apartado 3.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas reglamentarias a más tardar el [12 meses después de la fecha de publicación del presente Reglamento modificativo].

Al elaborar estos proyectos de normas técnicas, la AEVM garantizará que la publicación de la información a que se refiere el apartado 1 no revele la identidad de parte alguna de ningún contrato.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.».

"

18)  En el artículo 82, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 1, apartado 6, en el artículo 4, apartado 3, en el artículo 64, apartado 7, en el artículo 70, en el artículo 72, apartado 3, en el artículo 76 bis y en el artículo 85, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un periodo de tiempo indefinido.

"

19)  El artículo 85 se modifica del siguiente modo:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. A más tardar el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión examinará la aplicación del presente Reglamento y preparará un informe general sobre él. La Comisión deberá remitir el informe al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con las propuestas oportunas.».

"

a bis)  Se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. A más tardar el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la AEVM presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión en que analice el efecto en los participantes en el mercado de los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2018/... [el presente Reglamento modificativo] al régimen de notificación. El informe evaluará, en particular, la utilización y la aplicación de las disposiciones pertinentes que permiten la delegación de la notificación a contrapartes financieras y que exigen la notificación de contratos por parte de las ECC, e investigará si esas nuevas disposiciones han tenido el efecto deseado de reducir la carga de notificación para las contrapartes más pequeñas. También investigará cómo esas nuevas disposiciones han afectado a la competencia entre los registros de operaciones y si han dado lugar a un entorno menos competitivo y a una menor libertad de elección para los miembros compensadores y sus clientes, y, de ser así, en qué medida.».

"

b)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. A más tardar el ... [un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo] y posteriormente cada año hasta el ... [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión elaborará un informe que evalúe si se han desarrollado soluciones técnicas viables para la transferencia por parte de los sistemas de planes de pensiones de garantías, en efectivo o no en efectivo, como márgenes de variación y la necesidad de adoptar medidas que faciliten esas soluciones técnicas.

La AEVM deberá, a más tardar el ... [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo] y posteriormente cada año hasta el ... [dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], presentar a la Comisión un informe, en cooperación con la AESPJ, la ABE y la JERS, que evalúe los siguientes aspectos:

   a) si las entidades de contrapartida central, los miembros compensadores y los sistemas de planes de pensiones han realizado un esfuerzo adecuado y desarrollado soluciones técnicas viables que faciliten la participación de los sistemas de planes de pensiones en la compensación centralizada aportando garantías en efectivo o no en efectivo como márgenes de variación, teniendo en cuenta las implicaciones de dichas soluciones en la liquidez y la prociclicidad de los mercados y sus posibles implicaciones jurídicas o de otro tipo;
   b) el volumen y la naturaleza de la actividad de los sistemas de planes de pensiones en los mercados de derivados extrabursátiles compensados y no compensados, por categoría de activos, y cualquier riesgo sistémico para el sistema financiero en relación con esa actividad;
   c) las consecuencias de que los sistemas de planes de pensiones cumplan el requisito de compensación en sus estrategias de inversión, incluyendo cualquier cambio en su asignación de garantías en efectivo o no en efectivo;
   d) las implicaciones de los umbrales de compensación a que se refiere el artículo 10, apartado 4, para los sistemas de planes de pensiones;
   e) los efectos de otros requisitos legales en el diferencial de costes entre las operaciones de derivados extrabursátiles compensadas y no compensadas, incluidos los requisitos de márgenes para los derivados no compensados y el cálculo del ratio de apalancamiento llevado a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013;
   f) la posible necesidad de medidas suplementarias para facilitar una solución de compensación a los sistemas de planes de pensiones.

La Comisión deberá adoptar un acto delegado de conformidad con el artículo 82 para prorrogar el periodo de tres años al que se refiere el artículo 89, apartado 1, una sola vez por dos años, si llega a la conclusión de que no se ha desarrollado ninguna solución técnicamente viable y de que el efecto adverso de los contratos de derivados compensados de manera centralizada sobre las prestaciones de jubilación de los futuros pensionistas se mantiene invariable.».

"

c)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. A más tardar [dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], ▌la Comisión deberá:

   a) presentar una propuesta de solución vinculante distinta de las exenciones permanentes o nuevas exenciones provisionales aplicables a la obligación de compensación de los sistemas de planes de pensiones, si considera que las partes interesadas no han encontrado ninguna solución; o
   b) adoptar un acto delegado de conformidad con el artículo 82 para prorrogar el período de dos años a que se refiere el artículo 89, apartado 1, una sola vez y por un año, si considera que las partes interesadas han acordado una solución y necesitan la prórroga para aplicarla; o
   c) dejar que venza la exención, alentando a las partes interesadas a que apliquen previamente su solución, si considera que se ha encontrado tal solución.

"

c bis)  Se insertan los apartados siguientes:"

«3 bis. A más tardar el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 82 para prorrogar el período de tres años a que se refiere el artículo 89, apartado 1 bis, una sola vez y por dos años, si llega a la conclusión de que los pequeños sistemas de planes de pensiones a que se refiere el artículo 89, apartado 1 bis, han realizado los esfuerzos necesarios para desarrollar una solución técnica adecuada y de que no se altera el efecto adverso de los contratos de derivados compensados de manera centralizada sobre las prestaciones de jubilación de los futuros pensionistas.

3 ter.   La AEVM deberá, a más tardar el ... [12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], presentar un informe a la Comisión que evalúe si la lista de instrumentos financieros que se consideran de alta liquidez con mínimo riesgo de crédito y de mercado, de conformidad con el artículo 47, podría ampliarse y si esa lista podría incluir uno o más fondos de mercado monetario autorizados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1131.».

"

e)  Se añaden los apartados siguientes:"

«6. A más tardar el ... [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión, tras consultar a la AEVM, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la adaptación de la obligación de negociación de los derivados con arreglo al Reglamento (UE) n.º 600/2014 a los cambios introducidos por el Reglamento (UE) 2018/... [el presente Reglamento modificativo] a la obligación de compensación de los derivados, en particular, en lo que atañe al alcance de las entidades sujetas a la obligación de compensación, así como el mecanismo de suspensión. Cuando tal adaptación se considere necesaria y adecuada, el informe irá acompañado de una propuesta legislativa destinada a introducir los cambios necesarios.

7.  La AEVM deberá, a más tardar el ... [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], presentar a la Comisión, en cooperación con la AESPJ y la ABE, un informe que evalúe si el principio de condiciones comerciales justas, razonables, no discriminatorias y transparentes a que se refiere el artículo 4, apartado 3 bis, ha logrado efectivamente facilitar el acceso a la compensación.

A más tardar el ... [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe que evalúe si el principio de condiciones comerciales justas, razonables, no discriminatorias y transparentes ha logrado efectivamente facilitar el acceso a la compensación y proponga, en su caso, mejoras para dicho principio. Ese informe tendrá en cuenta los resultados del informe a que se refiere el párrafo primero y, en su caso, irá acompañado de una propuesta legislativa.

8.  A más tardar el ... [12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión elaborará un informe que evalúe si las operaciones que resultan directamente de los servicios de reducción del riesgo postnegociación, incluida la compresión de carteras, deberían quedar exentas de la obligación de compensación a que se refiere el artículo 4, apartado 1. En ese informe la Comisión tomará en cuenta, en particular, la medida en la que esas operaciones mitigan los riesgos, en particular el riesgo de crédito y operacional de las contrapartes, así como el potencial de elusión de la obligación de compensación y el potencial de desincentivar la compensación centralizada. La Comisión transmitirá dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo, en su caso junto a las propuestas legislativas que considere oportunas.

A fin de asistir a la Comisión en la elaboración del informe a que se refiere el párrafo primero, la AEVM, a más tardar el ... [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], presentará, en estrecha colaboración con la JERS, un informe a la Comisión en el que evalúe si las operaciones que resultan directamente de los servicios de reducción del riesgo postnegociación, incluida la compresión de carteras, deberían quedar exentas de la obligación de compensación. Dicho informe investigará la compresión de carteras y otros servicios disponibles de reducción del riesgo postnegociación que no son determinantes de los precios y que reduzcan los riesgos no de mercado en las carteras de derivados sin cambiar el riesgo de mercado de las carteras, tales como las operaciones de reequilibrado. Asimismo explicará los fines y el funcionamiento de dichos servicios de reducción del riesgo postnegociación, la medida en la que mitigan los riesgos, en particular el riesgo de crédito y operacional de las contrapartes, y evaluará la necesidad de compensar tales operaciones, o de eximirlas de la compensación, a fin de gestionar el riesgo sistémico. También evaluará la medida en la que las exenciones de la obligación de compensación de dichos servicios desincentiva la compensación centralizada y puede dar lugar a que las contrapartes eludan la obligación de compensación.

9.  Sobre la base, en particular, de los resultados de la consulta pública de la Comisión sobre el control de adecuación de la comunicación de información con fines de supervisión publicado el 1 de diciembre de 2017, y del informe presentado por la AEVM con arreglo al párrafo segundo, la Comisión deberá, a más tardar [12 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], revisar e informar sobre la aplicación del artículo 9, apartado 1 bis. La Comisión remitirá dicho informe al Parlamento Europeo y al Consejo, en su caso junto a la propuesta legislativa que considere oportuna. Cuando revise la aplicación del artículo 9, apartado 1 bis, la Comisión deberá evaluar si la obligación de notificar las operaciones en virtud del artículo 26 del Reglamento (UE) n.° 600/2014 crea una duplicación innecesaria de la notificación de operaciones de derivados no extrabursátiles y si el requisito de notificar las operaciones no extrabursátiles en virtud del artículo 9, apartado 1 bis, podría reducirse sin una pérdida indebida de información con vistas a simplificar las cadenas de notificación de derivados no extrabursátiles para todas las contrapartes, en particular para las contrapartes no financieras no sujetas a la obligación de notificación a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo.

La AEVM presentará, a más tardar ... [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], en colaboración con la JERS, un informe a la Comisión en el que evalúe lo siguiente:

   a) la coherencia entre los requisitos de notificación de derivados no extrabursátiles con arreglo al Reglamento (UE) n.° 600/2014 y con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento, por lo que se refiere tanto a los datos de los contratos de derivados notificados como al acceso a los datos por parte de las entidades pertinentes;
   b) si es posible adaptar los requisitos de notificación de los derivados no extrabursátiles con arreglo al Reglamento (UE) n.° 600/2014 y con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento, por lo que se refiere tanto a los datos de los contratos de derivados notificados como al acceso a los datos por parte de las entidades pertinentes, y
   c) la viabilidad de simplificar las cadenas de notificación para todas las contrapartes, incluidos todos los clientes indirectos, teniendo en cuenta la necesidad de la notificación oportuna y las medidas adoptadas en virtud del artículo 4, apartado 4, del presente Reglamento y el artículo 30, apartado 2, del Reglamento n.° 600/2014.

"

20)  En el artículo 89, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Hasta el ... [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la obligación de compensación enunciada en el artículo 4 no se aplicará a los contratos de derivados extrabursátiles que reduzcan de una manera objetivamente mensurable los riesgos de inversión directamente relacionados con la solvencia financiera de los sistemas de planes de pensiones ni a las entidades creadas para indemnizar a los miembros de los sistemas de planes de pensiones en caso de incumplimiento de un sistema de planes de pensiones.

Los sistemas de planes de pensiones, las ECC y los miembros compensadores se esforzarán al máximo por contribuir al desarrollo de soluciones técnicas que faciliten la compensación de dichos contratos de derivados extrabursátiles por los sistemas de planes de pensiones.

La Comisión creará un grupo de expertos integrado por representantes de los sistemas de planes de pensiones, las ECC, los miembros compensadores y otras partes pertinentes a efectos de esas soluciones técnicas para que supervisen los esfuerzos realizados y evalúe los avances logrados en el desarrollo de soluciones técnicas que faciliten la compensación de dichos contratos de derivados extrabursátiles por los sistemas de planes de pensiones. Este grupo de expertos se reunirá, como mínimo, una vez cada seis meses. La Comisión tendrá en cuenta los esfuerzos realizados por los sistemas de planes de pensiones, las ECC y los miembros compensadores cuando elabore los informes previstos en el artículo 85, apartado 2, párrafo primero.».

"

20 bis)  En el artículo 89 se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, hasta el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la obligación de compensación enunciada en el artículo 4 no se aplicará a los contratos de derivados extrabursátiles que reduzcan de una manera objetivamente cuantificable los riesgos de inversión directamente relacionados con la solvencia financiera de los sistemas de planes de pensiones pertenecientes a la categoría de pequeños sistemas de planes de pensiones, ni a las entidades creadas para indemnizar a los miembros de dichos sistemas de planes de pensiones en caso de incumplimiento de uno de estos sistemas.

La Comisión adoptará un acto delegado con arreglo al artículo 82 para complementar el presente Reglamento mediante la determinación de los sistemas de planes de pensiones que se pueden considerar pequeños sistemas de planes de pensiones de conformidad con párrafo primero del presente apartado, tenido en cuenta que la categoría de los pequeños sistemas de planes de pensiones no deberá representara más del 5 % de los contratos de derivados extrabursátiles suscritos por sistemas de planes de pensiones.».

"

21)  El anexo I queda modificado de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será aplicable a partir del ... [cinco meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo del presente artículo, el artículo 1, apartado 7, letra d), y el artículo 1, apartados 8, 10 y 11, serán de aplicación a partir del [▌6 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], y el artículo 1, apartado 2, letra c), el artículo 1, apartado 7, letra e), el artículo 1, apartado 9, el artículo 1, apartado 12, letras b) y c), y el artículo 1, apartado 16, serán de aplicación a partir del [▌18 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Si el presente Reglamento entra en vigor después del 16 de agosto de 2018, el artículo 89, apartado 1, deberá aplicarse retroactivamente a todos los contratos de derivados extrabursátiles ejecutados por los sistemas de planes de pensiones después del 16 de agosto de 2018 y antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

El anexo I se modifica como sigue:

1)   En la sección I, se añaden las letras i), j) y k) siguientes:

«i) infringe el artículo 78, apartado 9, letra a), el registro de operaciones que no establece procedimientos adecuados para la conciliación de datos entre registros de operaciones;

j)  infringe el artículo 78, apartado 9, letra b), el registro de operaciones que no establece procedimientos adecuados para asegurar que los datos notificados sean completos y exactos;

k)  infringe el artículo 78, apartado 9, letra c), el registro de operaciones que no establece medidas adecuadas para la transferencia ordenada de datos a otros registros de operaciones cuando así lo soliciten las contrapartes o las ECC a las que se refiere el artículo 9 o en cualquier otro caso necesario.».

2)   En la sección IV, se añade la letra d) siguiente:

«d) infringe el artículo 55, apartado 4, el registro de operaciones que no notifica a la AEVM a su debido tiempo los cambios significativos en las condiciones de inscripción.».

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0181/2018)
(2)* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
(3) DO C […], […], p. […].
(4) DO C […], […], p. […].
(5) Posición del Parlamento Europeo de ... (DO ...) y decisión del Consejo de ...
(6) Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(7) Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
(8) http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
(9) http://www.bis.org/cpmi/publ/d125.pdf
(10) Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(11) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(12) Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
(13) Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
(14) Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(15) Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(16) Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
(17) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(18) Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).


Normas comunes en el ámbito de la aviación civil y Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea ***I
PDF 121kWORD 60k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))
P8_TA(2018)0245A8-0364/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0613),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0389/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado italiano y el Parlamento maltés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2016(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 12 de octubre de 2016(2),

–  Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 22 de diciembre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0364/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de junio de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../2018 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010, (UE) n.º 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1139.)

(1) DO C 75 de 10.3.2017, p. 111.
(2) DO C 88 de 21.3.2017, p. 69.


Emisiones de CO2 y consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos ***I
PDF 131kWORD 48k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD))
P8_TA(2018)0246A8-0010/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0279),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0168/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de octubre de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de abril de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0010/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente resolución.

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de junio de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/956.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

Propuesta sobre las normas en materia de CO2 para vehículos pesados

Tal y como se anunció el 8 de noviembre de 2017 en la Comunicación «Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones. Una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores» (COM(2017)0675), la Comisión pretende presentar el tercer paquete de movilidad durante la primera quincena del mes de mayo 2018, donde incluirá una propuesta para establecer las normas sobre las emisiones de dióxido de carbono de los camiones.

Calendario de desarrollo de VECTO/Reglamento de certificación

La Comisión quiere lograr el desarrollo técnico de la herramienta de cálculo del consumo de energía del vehículo (VECTO, por sus siglas en inglés) con la finalidad de incluir nuevas tecnologías conocidas a partir de 2020 y otros tipos de vehículos, a saber: el resto de los camiones, los autobuses y los autocares a partir de 2020 y los tráileres a partir de 2021.

En las páginas web pertinentes de la Comisión se publicará más información sobre el desarrollo de la herramienta VECTO, al igual que sobre la modificación del Reglamento (EU) n.º 2017/2400, con el objeto de garantizar que las partes interesadas y los operadores económicos estén informados con regularidad.

Desarrollo del ensayo de verificación en carretera de conformidad con el Reglamento de certificación

La Comisión reconoce la importancia de contar con datos sólidos y representativos en lo que respecta a las emisiones de CO2 y al consumo de combustible de los vehículos pesados.

Por tanto, se pretende completar el Reglamento (UE) 2017/2400 con un procedimiento para verificar y garantizar el funcionamiento conforme de la herramienta VECTO, al igual que la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los correspondientes componentes, unidades técnicas independientes y sistemas. Antes de que finalice 2018, el procedimiento de verificación, que debería incluir ensayos en carretera de los vehículos pesados en producción, se someterá a votación en el Comité Técnico sobre Vehículos de Motor.

Este procedimiento de verificación también tiene como objetivo constituir la base de un ensayo futuro para que fabricantes y autoridades de homologación o terceros independientes puedan verificar el rendimiento del vehículo en circulación.

(1) DO C 81 de 2.3.2018, p. 95.


Modernización de la educación en la Unión
PDF 209kWORD 84k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre la modernización de la educación en la Unión (2017/2224(INI))
P8_TA(2018)0247A8-0173/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo: una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa» (COM(2011)0567),

–  Visto el derecho a la educación definido en el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes(1),

–  Visto el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre garantía de la calidad en apoyo de la educación y la formación(2),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 y 19 de mayo de 2015, sobre el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y la competencia digital(4),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa – Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381), y la Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2017, sobre una nueva Agenda de Capacidades para Europa(5),

–  Visto el artículo 2 del Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del Consejo de Europa, relativo al derecho a la instrucción,

–  Vista la Resolución del Consejo de Europa n.º 1904/2012 sobre el derecho a la libertad de elección educativa en Europa,

–  Visto el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020), titulado «Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y formación»(6),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE(7),

–  Vista la Declaración de París, de 17 de marzo de 2015, sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación a través de la educación,

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre el seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia(8),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 10 de junio de 2016, sobre «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa – Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (SWD(2016)0195),

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2017, sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.o 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE y n.º 1298/2008/CE(9),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, relativa a itinerarios de mejora de las capacidades: nuevas oportunidades para adultos(10),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, titulada «Mejorar y modernizar la educación» (COM(2016)0941),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, titulada «Desarrollo escolar y docencia excelente para un gran comienzo en la vida» (COM(2017)0248),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, titulada «Una agenda renovada de la UE para la educación superior» (COM(2017)0247),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 30 de mayo de 2017, de Recomendación del Consejo relativa al seguimiento de los titulados (COM(2017)0249),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 5 de octubre de 2017, de Recomendación del Consejo relativa al Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz (COM(2017)0563 –SWD(2017)0322),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de noviembre de 2017, titulado «Modernizar la educación escolar y superior»,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de octubre de 2017, titulado «Nueva estrategia educativa de la UE»,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 17 de enero de 2018, de Recomendación del Consejo relativa a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza (COM(2018)0023),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 17 de enero de 2018, de Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (COM(2018)0024),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(11),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2018, sobre el Plan de Acción de Educación Digital (COM(2018)0022),

–  Visto el informe final de la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo (Suecia), el 17 de noviembre de 2017(12),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre educación infantil y atención a la infancia: ofrecer a todos los niños la mejor preparación para el mundo de mañana, adoptadas en la 3090.ª reunión del Consejo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, celebrada los días 19 y 20 de mayo de 2011(13),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 1984, sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea(14),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la internacionalización de la educación superior(15),

–  Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 8 de junio de 2016, titulada «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales» (JOIN(2016)0029), y la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2017, a este respecto(16),

–  Visto el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta del Consejo de Europa sobre la educación para la ciudadanía democrática y la educación en derechos humanos, adoptada en el marco de la Recomendación CM/Rec(2010)7,

–  Visto el artículo 10 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979,

–  Visto el objetivo estratégico B de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín de 1995,

–  Vistos los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre de 2015 y en vigor desde el 1 de enero de 2016, y en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0173/2018),

A.  Considerando que, con arreglo al artículo 6, letra e), del TFUE, la competencia para llevar a cabo acciones en materia de educación y formación corresponde a los Estados miembros, pero la Unión desempeña una función de apoyo crucial por lo que respecta al establecimiento de objetivos y retos, así como a la promoción y el intercambio de buenas prácticas;

B.  Considerando que el derecho a la educación es un derecho humano fundamental y la educación debe presentar, en todas sus formas y niveles, las siguientes características fundamentales e interrelacionadas: a) disponibilidad; b) accesibilidad; c) aceptabilidad; y d) adaptabilidad;

C.  Considerando que la provisión de educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad es la máxima prioridad del pilar europeo de derechos sociales;

D.  Considerando que la consecución de la igualdad de oportunidades constituye una importante función de la educación y que el acceso a la educación debe ser, por tanto, no discriminatorio; que, a tal fin, es necesario un mayor esfuerzo para garantizar que todas las personas, en particular las más vulnerables, las personas con discapacidad y necesidades especiales y los grupos desfavorecidos, gocen de las mismas oportunidades para acceder a la educación y la formación, así como para finalizar los correspondientes ciclos, y adquirir capacidades a todos los niveles;

E.  Considerando que los sistemas de educación europeos se caracterizan por una inmensa riqueza de diversidad cultural, social y lingüística y, al mismo tiempo, los Estados miembros comparten objetivos y retos educativos similares, como garantizar la igualdad de acceso a la educación para todos, que pueden abordarse a escala de la Unión;

F.  Considerando que la capacidad de los sistemas educativos para satisfacer las necesidades sociales, económicas y personales depende de su calidad, accesibilidad, diversidad, eficiencia y equidad, así como de la disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales adecuados;

G.  Considerando que es importante recordar que la educación, incluida la de los docentes, se ha visto afectada por la crisis económica y financiera y que la financiación pública de la educación desempeña un papel fundamental en los sistemas educativos de la Unión; que, por lo tanto, un apoyo financiero público continuo y de mayor calibre a la educación, incluidos los docentes y sus condiciones laborales, así como a la investigación, resulta esencial para garantizar una educación pública libre, inclusiva y accesible;

H.  Considerando que la educación y la formación deben contribuir al desarrollo personal y al crecimiento de los jóvenes para que lleguen a ser ciudadanos proactivos y responsables, preparados para vivir y trabajar en un mundo tecnológicamente avanzado y globalizado, y proporcionarles el conjunto de competencias esenciales para el aprendizaje permanente, entendido este como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa y el empleo;

I.  Considerando que la calidad de la enseñanza es un factor determinante de los resultados de los alumnos y estudiantes, por lo que el apoyo firme a la excelencia en la enseñanza y los educadores es una de las prioridades de la cooperación a escala de la Unión en materia de educación y formación;

J.  Considerando que el derecho a la educación incluye la libertad de establecer centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas;

K.  Considerando que el método abierto de coordinación utilizado en la educación permite a los Estados miembros crear y aplicar una estrategia común en materia de educación y formación, incluida la plataforma en línea ET 2020 (Educación y Formación 2020); que cada año se analizan y evalúan en la publicación Monitor de la Educación y la Formación los índices de referencia de esta estrategia tanto para los Estados miembros como para el conjunto de la Unión;

L.  Considerando que en la última edición del Monitor de la Educación y la Formación, publicada en 2017, la Comisión reconoce que, pese a los constantes progresos realizados para reducir el número de personas que abandona prematuramente la educación y la formación, esta cifra sigue siendo muy elevada en toda la Unión;

M.  Considerando que, según los resultados de las últimas pruebas PISA, al 20,6 % de los alumnos europeos le cuesta adquirir competencias básicas en lectura, matemáticas y ciencia, y un número significativo de ciudadanos europeos presenta carencias de alfabetización; que lo anterior es motivo de gran preocupación por lo que respecta al aprendizaje posterior, el desarrollo personal y la participación adecuada en la vida pública y en el mercado laboral;

N.  Considerando que es fundamental garantizar el acceso de todos los niños a unos servicios de educación infantil y atención a la infancia de calidad para que puedan disfrutar de un comienzo positivo en la vida y en los itinerarios educativos;

O.  Considerando que la calidad del personal es un factor fundamental para los servicios de educación infantil y atención a la infancia;

P.  Considerando que el fomento de la movilidad de los estudiantes y del personal es un elemento importante de los sistemas de educación superior europeos, contribuye al desarrollo de los jóvenes y puede estimular el progreso económico y social; que es necesaria una mejora cualitativa y un mayor apoyo financiero con vistas a aumentar la movilidad de los estudiantes y del personal en el marco del programa Erasmus+;

Q.  Considerando que las innovaciones metodológicas y digitales son un potente instrumento para ampliar el acceso a los contenidos y al conocimiento, pero no pueden reemplazar el contacto personal ni el intercambio entre estudiantes y entre estos y los docentes, ni convertirse en una prioridad en los sistemas educativos;

R.  Considerando que la igualdad de género es un principio fundamental de la Unión, consagrado en los Tratados, que debe reflejarse en todas sus políticas, incluido el ámbito de la educación y la cultura;

S.  Considerando que la educación es un instrumento poderoso para superar la desigualdad y la discriminación por razones de género, mientras que, por otro lado, tiende también a reproducir o empeorar la discriminación existente; que la desigualdad por razón de género en la educación obstaculiza el desarrollo tanto personal como profesional y afecta a muchos ámbitos socioculturales;

T.  Considerando que, a pesar de que las mujeres representan tres quintos (57,6 %) de todos los licenciados en educación superior, la brecha de género en materia de empleo seguía siendo de 11,6 puntos porcentuales en 2015(17);

El conocimiento como un recurso económico fundamental y una fuente de bienestar para los ciudadanos

1.  Afirma que la educación universal de calidad es un componente esencial del desarrollo personal, cultural, social y profesional en una sociedad basada en el conocimiento;

2.  Considera que la salvaguardia de los valores comunes europeos y la consecución de los objetivos económicos y sociales de la Unión, así como la competitividad y el crecimiento sostenible, dependen de una educación de calidad en la que se promuevan los valores democráticos, los derechos humanos, la cohesión social, la integración y el éxito individual;

3.  Subraya que la educación desempeña un papel esencial en la configuración del futuro de Europa tanto en el plano económico como en el social, al tiempo que atiende a las necesidades de los ciudadanos europeos y conforma una comunidad de ciudadanos diversos unidos por sus valores fundamentales comunes;

4.  Destaca que unos sistemas de educación y formación de calidad promueven la ciudadanía activa y los valores comunes y, así, contribuyen a configurar una sociedad abierta, inclusiva, pluralista, democrática y tolerante;

5.  Recalca la función de la educación para ayudar a los alumnos a desarrollar valores éticos y cívicos y llegar a participar en la sociedad de forma activa, responsable y abierta, con capacidad para ejercer y defender sus derechos democráticos y sus responsabilidades en la sociedad, valorar la diversidad, desempeñar un papel activo en la vida democrática y asumir responsabilidades en lo personal y en el ámbito comunitario; hace hincapié, en este contexto, en la importancia de la educación en materia de ciudadanía, civismo, ética y medio ambiente;

6.  Destaca que, para que los jóvenes puedan hacer frente a los retos que se les planteen, llegar a ser ciudadanos europeos activos y tener éxito en su vida personal y profesional, definiendo al mismo tiempo el mundo del futuro, han de recibir una educación inclusiva y de calidad que les proporcione los conocimientos, capacidades, alfabetización mediática y pensamiento crítico necesarios, así como actitudes democráticas;

7.  Subraya que garantizar la igualdad de acceso a una educación inclusiva y de calidad es fundamental para lograr una cohesión social sostenible combatiendo la pobreza, la exclusión social de las personas desfavorecidas y vulnerables y los estereotipos de género, por lo que constituye la mayor ayuda a la movilidad social;

8.  Señala que una educación de calidad puede fomentar una investigación e innovación que sean pertinentes para la sociedad y que redunden en su interés;

9.  Reconoce la importancia de la educación para desarrollar competencias culturales y favorecer el desarrollo cultural; anima a crear sinergias más estrechas entre la educación y el sector cultural favoreciendo que la cultura y las artes tengan un papel más activo en los contextos educativos formales, informales y no formales;

10.  Toma nota del papel que desempeña la educación en el desarrollo de actitudes de aprendizaje permanente que ayuden a las personas a adaptarse a las exigencias cambiantes del mundo moderno;

11.  Recuerda que los centros escolares y las instituciones educativas desempeñan un papel esencial en el desarrollo y el fomento de una actitud positiva hacia el aprendizaje, incluso a lo largo de toda la vida;

Una realidad educativa en evolución y los retos conexos

12.   Cree que un enfoque integral de la política educativa, con un apoyo político y público sólido, resulta crucial para el proceso de reforma educativa y que, para lograr estos objetivos, es preciso contar con la participación del conjunto de la sociedad y de todos actores pertinentes e interesados, incluidos los padres;

13.  Estima que una gobernanza eficaz y una financiación adecuada de todos los entornos educativos, unos recursos educativos y una docencia modernos y de calidad, unos docentes motivados y competentes, y un aprendizaje permanente son fundamentales para conseguir la equidad, la diversidad y la excelencia en la educación;

14.  Resalta el potencial que presentan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la innovación, como instrumentos para ofrecer nuevas oportunidades en el ámbito educativo, responder a las necesidades particulares de los alumnos con mayor eficacia (incluidas las necesidades educativas especiales) y aumentar la flexibilidad en el aprendizaje y la enseñanza, la personalización y la responsabilidad, así como para fomentar formas interactivas de cooperación y comunicación;

15.  Hace hincapié en las oportunidades que la digitalización y el establecimiento de plataformas educativas comunes brindan para la educación moderna, especialmente en el ámbito de la enseñanza y estudios a distancia y del aprendizaje mixto, que deberían permitir una mayor flexibilidad en la educación adaptándola más a la situación personal de los alumnos y beneficiando, de ese modo, el aprendizaje a distancia, la calidad de la enseñanza, la accesibilidad y el desarrollo de futuras capacidades; destaca la necesidad de programas en materia de medios de comunicación y TIC adecuados para cada edad, que respeten el desarrollo y el bienestar de los niños y que hagan hincapié en la importancia del uso responsable y del pensamiento crítico;

16.  Observa que, para lograr un aprendizaje y una docencia eficaces por medio de las tecnologías digitales, se precisan un nivel competente de cibercapacidades, recursos educativos de alta calidad, formación para adaptar la tecnología a fines pedagógicos y la promoción de las actitudes y la motivación necesarias para una participación digital significativa; considera que las capacidades digitales y de alfabetización mediática deben ser una parte esencial de las políticas educativas e incluir, entre otros aspectos, las competencias cívicas y el pensamiento crítico; subraya la importancia de una evaluación crítica de las fuentes y de su fiabilidad, así como de los proyectos de alfabetización mediática a este respecto;

17.  Reconoce que, en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, son necesarios métodos de aprendizaje, enseñanza y evaluación innovadores y pertinentes, así como una infraestructura educativa adecuada que permita el trabajo en grupo y la enseñanza en equipo y que estimule el pensamiento creativo y la resolución de problemas, junto con otros métodos educativos progresistas; recuerda la importancia de implicar a los estudiantes, a los docentes y al resto del personal escolar a la hora de evaluar si se han alcanzado los objetivos de aprendizaje y de qué forma;

18.  Señala que deben intensificarse los esfuerzos para adaptar el paradigma educativo de manera que se logre un equilibrio entre un enfoque centrado en los docentes y en los contenidos, orientado específicamente a los alumnos y sus circunstancias vitales, y un enfoque basado en la comprensión, combinando métodos de enseñanza adaptados a los modelos de aprendizaje tradicionales y en línea, reforzando así la personalización del proceso educativo y aumentando de este modo los índices de permanencia y de finalización de los estudios;

19.  Destaca que los sistemas educativos deben fomentar y desarrollar los enfoques interdisciplinarios, cooperativos y creativos, y el trabajo en equipo, con el fin de dotar a los alumnos y estudiantes de conocimientos y capacidades, incluidas las capacidades transversales y flexibles, así como de competencias profesionales, transversales, sociales y cívicas;

20.  Recuerda que lograr una enseñanza y un aprendizaje de calidad es un proceso continuo que implica dialogar, compartir y cuestionar, y que debe priorizarse cuando se modernice la educación;

21.  Subraya que facilitar la igualdad de acceso a una educación inclusiva de calidad resulta esencial para la independencia y la integración en la sociedad de los alumnos con discapacidad; pide a los Estados miembros que faciliten el acceso a una educación general inclusiva y de calidad, teniendo en cuenta las necesidades de todos los estudiantes con cualesquiera tipos de discapacidad, lo que significa, por ejemplo, prever para los niños sordos una educación bilingüe inclusiva en relación con sus necesidades lingüísticas especiales; pide a los centros escolares que ofrezcan servicios diferenciados, tanto formales como informales, y refuerzo adicional, aprovechando también las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para dar respuesta a las necesidades individuales de todos los alumnos; pide a la Comisión que supervise las políticas de no rechazo de los centros escolares y establezca indicadores específicos sobre discapacidad en el marco de la Estrategia Europa 2020;

22.  Destaca que los objetivos fundamentales de la educación europea deben ser el desarrollo del razonamiento, la reflexión y la curiosidad científica; indica, asimismo, que esta debe poder profundizar los elementos básicos de una cultura humanística, artística, científica y técnica; subraya, además, que debe formar, a partir de la realidad específica de la vida local, regional, nacional y europea, para la resolución de los problemas nacionales y europeos, así como sensibilizar respecto de los problemas de la comunidad internacional;

23.  Reconoce que las diferencias respecto a las capacidades cognitivas y los rasgos de personalidad, sumadas a los factores sociales y medioambientales, influyen en los resultados educativos; destaca, en este contexto, que la educación es más eficaz, igualitaria y equitativa cuando se tienen en cuenta estas diferencias;

24.  Reconoce que, en un mundo competitivo, es crucial identificar y promover el talento europeo lo antes posible;

25.  Destaca que la mejora del promedio de los resultados educativos es compatible con el fomento de la excelencia entre los estudiantes con talento; señala, en este contexto, la importancia de elaborar programas de intervención adecuados para reforzar los rasgos psicológicos pertinentes a fin de aprovechar al máximo el potencial de las personas;

26.  Destaca la necesidad de conceder importancia a la alfabetización visual como una nueva habilidad para la vida, reconociendo que, en la actualidad, las personas se comunican mucho más a través de imágenes que por medios tradicionales;

27.  Toma nota de la propuesta de crear un espacio europeo de educación, expuesta en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo en 2017; recuerda que esta iniciativa pretende promover la cooperación, el reconocimiento mutuo de títulos y cualificaciones, y el incremento de la movilidad y el crecimiento;

28.  Apoya las Conclusiones del Consejo, de 14 de diciembre de 2017, que piden promover la movilidad de los estudiantes y su participación en actividades educativas y culturales, en particular a través de un «carné europeo de estudiante» que debería facilitar el reconocimiento de los créditos universitarios obtenidos en otros Estados miembros;

29.  Considera que Erasmus+ es el programa emblemático de la Unión en materia de educación y que su repercusión y popularidad han quedado sobradamente demostradas con el paso de los años; pide, por tanto, que se incremente sustancialmente la financiación de este programa en el marco financiero plurianual (MFP) del periodo 2021-2027 para que resulte más accesible e inclusivo y llegue a más estudiantes y docentes;

30.  Subraya que el desempleo juvenil es un fenómeno que afecta a toda la Unión y que, según los datos disponibles, presenta un índice que duplica aproximadamente la tasa media de desempleo global; expresa su preocupación por las tasas alarmantemente elevadas que registran los Estados miembros mediterráneos, con picos en España (44,4 %), Italia (37,8 %) y Grecia (47,3 % de desempleo juvenil y 30,5 % de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación —ninis—), según Eurostat;

31.  Señala que, a pesar de los dos millones de vacantes de empleo que existen en la Unión, más del 30 % de los jóvenes titulados y cualificados ocupan puestos de trabajo que no se corresponden con sus capacidades o aspiraciones, mientras que el 40 % de los empresarios europeos tienen problemas para encontrar personal con las capacidades necesarias(18);

32.  Afirma que es preciso que todos los sistemas educativos mantengan, en todos los niveles, una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades de quienes sufren cualquier forma de discriminación, como las personas con discapacidad, las personas que se consideran LGBTI y las procedentes de comunidades marginadas;

Educación infantil y atención a la infancia

33.  Hace hincapié en que una educación infantil y atención a la infancia de calidad y accesible crea los cimientos de sistemas educativos más equitativos y eficaces, además de garantizar el desarrollo personal, el bienestar de las personas y la eficacia del aprendizaje posterior;

34.  Destaca los grandes beneficios de la educación infantil y la atención a la infancia para todos los niños, en especial para los pertenecientes a grupos desfavorecidos, y subraya, en este contexto, la importancia de asegurarse de que todos los niños puedan acceder a ellas; observa con preocupación, a este respecto, que, en varios Estados miembros, la demanda de plazas en la educación infantil y atención a la infancia supera a la oferta, especialmente en el caso de los niños más pequeños;

35.  Señala la importancia de supervisar la calidad de la educación infantil y la atención a la infancia a fin de permitir que los niños desarrollen sus habilidades cognitivas y de determinar si se trabaja en pos del interés superior de los menores;

Educación escolar

36.  Considera que todos los centros escolares son centros autónomos donde se alienta el pensamiento crítico y creativo y donde se promueven los valores democráticos y la ciudadanía activa; considera que los centros escolares deben centrarse en ayudar a los jóvenes a adquirir las capacidades necesarias para comprender y utilizar la información disponible así como a desarrollar su autonomía de aprendizaje y las competencias lingüísticas;

37.  Señala que las necesidades concretas de todos los estudiantes deben ocupar el lugar central en el funcionamiento eficaz del centro escolar, lo que requiere establecer objetivos comunes y un programa claro para su aplicación, así como la estrecha colaboración de toda la comunidad escolar y de las partes interesadas, cuando proceda;

38.  Considera que los planes de estudios modernos deben orientarse hacia el fomento de las competencias, el refuerzo de las capacidades personales y de las competencias relacionadas con la gestión de la vida teniendo en cuenta las cuestiones relacionadas con la salud y orientándola hacia el futuro, así como centrarse en las evaluaciones formativas y en el bienestar físico y emocional; considera que todos los estudiantes deben tener la posibilidad de desarrollar su potencial intelectual; destaca que el desarrollo y el refuerzo de las capacidades constituye un proceso permanente que se registra en todos los niveles de la educación y en el mercado laboral y que las capacidades y competencias deben tenerse en cuenta tanto en el proceso educativo como en el reconocimiento de las cualificaciones educativas;

39.  Subraya que el dominio de las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo resulta fundamental para el aprendizaje ulterior de los alumnos, su desarrollo personal y la adquisición de competencias digitales; recalca que el marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) y la nueva Agenda de Capacidades para Europa de la Comisión deben complementar las acciones nacionales y apoyar a los Estados miembros en este ámbito; pide a los Estados miembros y a las instituciones educativas que refuercen las capacidades básicas mediante un aprendizaje basado en proyectos y problemas, entre otras soluciones;

40.  Señala que los Estados miembros deben garantizar que nadie finalice su escolarización sin haber adquirido las capacidades básicas, incluidas las capacidades digitales básicas; destaca el hecho de que, hoy en día, para la mayoría de los empleos se requiere un mayor nivel de alfabetización, de capacidades de cálculo, alfabetización digital y otras capacidades esenciales, y que, por ello, los sistemas educativos modernos deben combinar las ocho competencias clave mencionadas en la propuesta de la Comisión de Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, entre las que también se incluyen los conocimientos y las actitudes; acoge con satisfacción que en la propuesta también se definan las capacidades digitales como capacidades básicas;

41.  Considera que, a pesar de las repercusiones de las nuevas tecnologías en la educación, los centros escolares deben seguir siendo un entorno fundamental de aprendizaje en el que se desarrolle el potencial y en el que cada persona pueda encontrar espacio y tiempo para su crecimiento personal y social;

42.  Llama la atención sobre el hecho de que la concesión de mayor autonomía a los centros escolares en lo que se refiere a los programas escolares, la evaluación y la financiación se ha traducido en un mayor rendimiento de los alumnos, siempre que exista una gobernanza escolar eficaz y una responsabilidad escolar en relación con el aprendizaje de los alumnos;

43.  Hace hincapié en el impacto positivo de la diversidad cultural y el multilingüismo en los centros escolares en el desarrollo lingüístico y cognitivo de los alumnos, así como en la promoción de la conciencia intercultural, el respeto y el pluralismo;

44.  Subraya la necesidad de mejorar el aprendizaje de lenguas con vistas a hablar dos idiomas además de la lengua materna y promover la enseñanza de al menos dos asignaturas en una lengua no materna en secundaria;

45.  Pone de relieve que los intercambios entre centros de educación secundaria tienen un fuerte impacto a la hora de incentivar en los alumnos la adquisición de competencias, capacidades, actitudes y valores inherentes a una ciudadanía europea dinámica, así como en el desarrollo de un pensamiento crítico y constructivo;

46.  Subraya la necesidad de hacer que los centros escolares sean más abiertos para permitir el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal y una transición más sencilla entre las distintas sendas educativas (por ejemplo, la técnica y la académica);

47.  Subraya la necesidad de alentar a los alumnos a que utilicen técnicas de autoevaluación para evaluar sus progresos en materia de aprendizaje; anima a los centros educativos a que velen por que las herramientas de información faciliten información fiable utilizando una combinación de instrumentos diferentes, como los cuestionarios para estudiantes, los grupos temáticos y los buzones de sugerencias;

48.  Hace hincapié en la importancia de llevar una vida activa a través del deporte; destaca, en este contexto, la necesidad de impulsar y de reforzar el papel de la actividad física y deportiva en los programas escolares a todos los niveles y de brindar mayores posibilidades para reforzar la cooperación entre los centros educativos y las organizaciones deportivas locales; fomenta, por otra parte, las iniciativas educativas y las actividades extraescolares para contribuir a que los estudiantes satisfagan sus necesidades e intereses particulares al tiempo que se tienden puentes con las comunidades locales;

49.  Subraya la importancia de la educación de calidad, de la formación profesional y de las actividades comunitarias y voluntarias en el refuerzo del reconocimiento del estatuto de las vocaciones basadas en el trabajo;

50.  Observa que en las industrias relacionadas con las energías renovables se está creando un número considerable de nuevos puestos de trabajo y señala que en los programas educativos se deben abordar en consecuencia los sectores y profesiones de carácter ecológico;

51.  Subraya que las principales metas de la formación académica son las capacidades en materia de gestión de la información, el pensamiento crítico y la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos;

52.  Reconoce la necesidad de reforzar el triángulo del conocimiento y de mejorar los vínculos entre la investigación y la enseñanza mediante la asignación de recursos suficientes a los programas pertinentes y garantizando que los estudiantes que participen en los programas de investigación dispongan de los medios financieros necesarios para llevar a cabo sus labores de investigación;

53.  Cree que los sistemas de educación superior deben ser más flexibles y abiertos y que deben fomentarse sendas educativas duales en las universidades y centros de formación superior, en particular incentivando el aprendizaje, permitiendo el reconocimiento del aprendizaje informal y no formal y velando por unas transiciones más fluidas entre los distintos niveles educativos, incluida la educación y formación profesionales (EFP) y la educación superior, y las diversas formas de puesta en práctica de los programas; pone de relieve que lo señalado anteriormente ha de basarse en una mejor comprensión de la prestación de los titulados;

Educación superior

54.  Subraya, en el contexto de la creación del Espacio Europeo de Educación, la importancia de apoyar la cooperación y de valerse del potencial de todos los centros europeos de enseñanza superior y estudiantes con el fin de impulsar el establecimiento de redes, la cooperación internacional y la competencia;

55.  Opina que un enfoque integral en relación con la internacionalización, incluida una mayor movilidad para el personal y los estudiantes (también en el marco de las prácticas y el aprendizaje), y una dimensión internacional de los planes de estudio y de la enseñanza, la investigación, la cooperación y otras actividades adicionales, deben ser un elemento importante de los centros europeos de enseñanza superior;

56.  Aboga por centrar la atención en mayor medida en programas de estudio interdisciplinarios y fomenta la promoción, de modo conjunto, de las materia en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las humanidades y las matemáticas (STEAM, en sus siglas en inglés) y de las ciencias humanas y sociales; destaca la necesidad de fomentar la participación de las mujeres y de otros grupos infrarrepresentados en las materias STEAM y en las profesiones pertinentes;

57.  Defiende que la educación superior debe colaborar con la sociedad en su conjunto con miras a fomentar el crecimiento innovador y el bienestar social; considera que la cooperación entre los centros de educación superior y las partes interesadas externas es deseable, habida cuenta de la capacidad de estas últimas para aportar conocimientos y experiencia en la concepción y la aplicación de programas de enseñanza superior; destaca, no obstante, que la responsabilidad de la toma de decisiones siempre ha de corresponder a los estudiantes y a los expertos pedagógicos;

58.  Reconoce el papel crucial que desempeñan el personal académico y los estudiantes en la difusión de los conocimientos y los resultados y hechos empíricos entre el público en general; fomenta, a este respecto, una investigación independiente desde el punto de vista económico y político que sea relevante y beneficiosa para la sociedad;

59.  Destaca el papel de la educación basada en la investigación y de la investigación pedagógica como instrumentos para fomentar el aprendizaje activo, reforzar el desarrollo de las capacidades y mejorar la metodología didáctica;

60.  Subraya la necesidad de alentar a los alumnos a que utilicen técnicas de autoevaluación para medir sus progresos en materia de aprendizaje;

El docente como garante de una enseñanza de calidad

61.  Considera que los docentes y sus capacidades, compromiso y eficacia constituyen la base de los sistemas de educación;

62.  Subraya la necesidad de atraer a un mayor número de candidatos motivados con una formación académica o una experiencia profesional sólidas y con competencias pedagógicas en relación con la profesión docente; pide que los procedimientos de selección sean adecuados a sus fines y que se adopten medidas e iniciativas concretas de mejora de la situación, la formación, las oportunidades profesionales y las condiciones laborales, entre ellas la remuneración, de los profesores para evitar formas precarias de empleo, de mejora de los derechos sociales y de la seguridad y en relación con la protección de los profesores, así como que faciliten apoyo al profesorado, incluidos programas de tutoría, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de mejores prácticas; pide a la Comisión que fomente una mayor igualdad de género en la profesión docente;

63.  Pone de relieve la importancia de reformar e invertir en la formación del profesorado desde la fase inicial y a lo largo de su desarrollo profesional con el fin de dotarlo de conocimientos, capacidades y competencias sólidos y actualizados esenciales para un nivel elevado de enseñanza que incluya distintos métodos de formación, como la educación a distancia, posible gracias a las tecnologías digitales del aprendizaje; hace hincapié en la importancia del desarrollo profesional permanente de los profesores, incluida la oferta de programas de aprendizaje permanente y de cursos de reciclaje de capacidades y de formación a lo largo de sus carreras, lo que ofrece soluciones prácticas a los retos que afrontan los docentes en las aulas, y de oportunidades para participar en intercambios de profesores a escala internacional, de modo que se fomente una cultura del aprendizaje institucional;

64.  Coincide en que la formación pedagógica, psicológica y metodológica de alta calidad de los profesores en las escuelas y en los centros de enseñanza superior es condición indispensable para una educación con éxito de las generaciones futuras; destaca, a este respecto, la importancia del intercambio de buenas prácticas y del desarrollo de capacidades y competencias a través de la cooperación internacional, los programas de movilidad como Erasmus + y las prácticas remuneradas en otros Estados miembros;

65.  Destaca la contribución fundamental del profesor a la creación de un entorno de aprendizaje inclusivo que ha de abarcar diversos métodos y enfoques para satisfacer las diferentes necesidades de los alumnos, de modo que todos puedan participar en la concepción, realización y evaluación de sus resultados de aprendizaje; reconoce la función crucial que desempeñan los profesores en calidad de orientadores y tutores proactivos que enseñan a analizar la información, prestan su apoyo ante los retos y preparan a los alumnos para la vida;

66.  Considera que la participación del profesorado y del equipo directivo de los centros escolares en la modernización de los sistemas educativos resulta fundamental para garantizar la eficacia de los procesos de reforma y alentar al personal docente a seguir mejorando la política escolar;

67.  Opina que una política escolar de carácter transversal debe velar por un apoyo efectivo a los profesores a fin de garantizar la consecución de los objetivos educativos, un entorno escolar propicio, un funcionamiento y desarrollo eficaz de los centros escolares y una gobernanza colaborativa;

68.  Reconoce el importante papel de los educadores, así como de la cooperación entre los padres, los profesores y las autoridades escolares en el marco del aprendizaje formal, no formal e informal en apoyo de las generaciones actuales y futuras; alienta, en este sentido, el refuerzo de la colaboración entre todas las partes implicadas en el aprendizaje formal, no formal e informal;

69.  Opina que una cooperación reforzada entre el personal docente, investigador y académico redunda en beneficio de todas las partes interesadas y conduce a la mejora y a la actualización de los contenidos didácticos, las prácticas de aprendizaje y la pedagogía, así como al fomento de la innovación, la creatividad y nuevas capacidades;

Recomendaciones

70.  Considera que el Espacio Europeo de Educación debe centrarse en alcanzar metas comunes, entre ellas la de garantizar una educación de calidad para todos, y que debe configurarse en consonancia, pero desde un punto de vista crítico, con las políticas, las tendencias y los esquemas educativos tanto en el seno de la Unión como fuera de ella, a fin de velar por la coherencia, la consistencia y la viabilidad de los resultados, al tiempo que se da un nuevo impulso a su desarrollo y se respetan los principios de atribución, subsidiariedad , libertad y proporcionalidad y de autonomía educativa e institucional;

71.  Considera que el Espacio Europeo de Educación no debe comprometer ni sustituir al proceso de Bolonia, sino que más bien este último ha de desarrollarse y consolidarse; destaca la importancia de establecer vínculos mutuos y de la complementariedad entre el Espacio Europeo de Educación y el Espacio Europeo de Educación Superior;

72.  Pide a los Estados miembros que apoyen la creación de un Espacio Europeo de Educación y que fortalezcan la cooperación en materia de desarrollo y aplicación de sus objetivos; pide, en este sentido, a la Comisión que garantice el intercambio de ideas y buenas prácticas con miras a alcanzar tales metas;

73.  Apoya, como base para una mayor cooperación que abarque a centros de enseñanza superior tanto en el seno de la Unión como fuera de ella, la creación de una red europea de universidades, basada en un planteamiento ascendente y en las iniciativas de las propias universidades que contribuya, entre otras cosas, a que el Espacio Europeo de Educación se convierta en un espacio más innovador, vital y atractivo para el aprendizaje y la investigación;

74.  Pide a los Estados miembros que reconozcan la educación como una inversión en capital humano y que faciliten más fondos públicos de carácter transparente para llevar a cabo iniciativas cuyo objetivo consista en reforzar la calidad, el carácter inclusivo y la equidad en la enseñanza y el aprendizaje;

75.  Hace hincapié en que el incremento de las inversiones en los sistemas de educación y formación, así como su modernización y ajuste, es un requisito crucial para el progreso social y económico; señala, por tanto, que es importante asegurar que, en el nuevo período de programación del marco financiero plurianual para 2020-2026, se conceda la prioridad a la inversión social, en particular en la educación y la formación para todos;

76.  Anima a que, en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro, a condición de que el plan de estudio que se ofrezca se base en los principios recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sea conforme a los ordenamientos jurídicos y normas y disposiciones en materia de calidad de la educación y sobre el uso de estos fondos en vigor en el Estado miembro de que se trate;

77.  Considera que ya es hora de que se realicen las inversiones necesarias en las infraestructuras educativas de las regiones menos desarrolladas, cuidando siempre de adaptar las inversiones coordinadas a las características específicas del territorio en cuestión; hace hincapié, a este respecto, en que resulta especialmente importante posibilitar un refuerzo del apoyo por parte del Banco Europeo de Inversiones y de los fondos europeos a las iniciativas regionales de desarrollo de la educación;

78.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intercambien experiencias y las mejores prácticas sobre mecanismos y métodos de financiación pública, incluidas la financiación basada en los resultados y la financiación competitiva de la investigación, con miras a lograr una diversificación sostenible y transparente de los fondos;

79.  Pide una mayor cooperación entre los Estados miembros para la modernización de la educación; insta a los Estados miembros a que comiencen a aplicar los principios del pilar europeo de derechos sociales que brindan medios para reducir las desigualdades en Europa a través de la educación, la formación y el aprendizaje permanente;

80.  Destaca el papel que desempeña el Semestre Europeo en el fomento de las reformas nacionales, en particular al definir las recomendaciones específicas por país en materia de educación;

81.  Espera que el Plan de Acción de Educación Digital ayude a los Estados miembros y a las instituciones educativas a hacer un mayor y más eficaz uso de tecnologías de vanguardia en el aprendizaje, la enseñanza y las evaluaciones, adaptadas a cada edad y grado de desarrollo y que respeten las normas de calidad educativa; considera que todo plan de educación digital debe establecer y evaluar periódicamente la conexión entre los medios digitales de enseñanza y los marcos de cualificaciones en función de los resultados del aprendizaje;

82.  Recomienda que los Estados miembros y las instituciones educativas promuevan métodos de aprendizaje individualizados, centrados en el alumno, incluidos cursos personalizados que se basen y combinen la experiencia académica y profesional del alumno, así como métodos innovadores y la interacción entre profesores y alumnos con vistas a apoyar la educación permanente y lograr los resultados previstos del aprendizaje, de modo que los estudiantes participen de forma activa en su propio proceso de aprendizaje;

83.  Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque integral en materia de educación y que pongan a disposición de los alumnos ofertas educativas específicas y flexibles que les proporcionen las competencias básicas necesarias para acceder con éxito al mercado laboral;

84.  Pide una mayor integración del aprendizaje activo, por indagación y basado en proyectos y problemas en los programas educativos de todos los niveles con vistas a fomentar la cooperación y el trabajo en equipo; recomienda que los sistemas educativos se centren en reforzar las capacidades, interpersonales y para la vida;

85.  Subraya que se tiene que garantizar a todas las personas con discapacidad el derecho a la educación desde la escuela infantil hasta la universidad y resalta la importancia de disponer de dotaciones didácticas y técnicas adecuadas, de medidas de evaluación y de personal cualificado para garantizar a dichas personas el ejercicio efectivo de ese derecho;

86.  Respalda y alienta la adopción de medidas relacionadas con el desarrollo de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico a través de la educación y la formación; recuerda el compromiso contraído en este ámbito, recogido en la Conclusiones del Consejo de 30 de mayo de 2016; pide, a este respecto, a la Comisión que coordine la evolución de las políticas a escala de la Unión en materia de alfabetización mediática con vistas a difundir conocimientos actualizados y las mejores prácticas en dicho ámbito; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas específicas para promover y respaldar proyectos de alfabetización digital y mediática, como el proyecto piloto «Alfabetización mediática para todos», y que elaboren una política global en dicho ámbito, prestando una especial atención a la educación escolar;

87.  Anima a los Estados miembros a que velen por existan oportunidades para desarrollar las competencias clave al objeto de mantener y adquirir capacidades prestando especial atención a las capacidades básicas, las materias STEAM, las competencias lingüísticas, las capacidades de emprendimiento, las competencias digitales, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que faciliten la utilización del marco de competencias clave de la Unión en todos los entornos educativos y permitan su aplicación al aprendizaje formal, no formal e informal, de modo que se aproveche al máximo su potencial como instrumento fundamental del aprendizaje permanente;

88.  Anima a los Estados miembros a que sensibilicen al público sobre el aprendizaje permanente y a que integren una perspectiva de género al desarrollar políticas y programas pertinentes centrándose, en particular, en las mujeres con niveles más bajos de educación, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de ofrecerles oportunidades de mejora de las competencias;

89.  Apoya el aumento del parámetro de referencia de la Unión correspondiente a la participación en el aprendizaje permanente; pide, en este sentido, a la Comisión que formule recomendaciones de mejores prácticas con vistas a lograr este ambicioso objetivo; insta a que se haga mayor hincapié en el aprendizaje permanente a todos los niveles educativos; destaca, en este sentido, la contribución de los centros de enseñanza superior a la materialización de una estrategia de aprendizaje permanente, la educación de las personas profesionalmente activas, el desarrollo de competencias y la creación de una cultura del aprendizaje para personas de todas las edades y de diferentes procedencias;

90.  Alienta a la Comisión a que ayude a los Estados miembros a elaborar, impulsar y reforzar programas de educación y formación que faciliten el aprendizaje de adultos y su inclusión activa en el sistema educativo; recuerda que el aprendizaje y la educación de adultos deben ofrecer diferentes itinerarios y modalidades flexibles de aprendizaje, entre ellos apoyo a las personas para que gestionen sus sendas educativas de aprendizaje permanente, programas de segunda oportunidad para las personas sin escolarización previa y para aquellas que abandonaron prematuramente los estudios o que no completan un curso; pide a la Comisión que cumpla compromisos como la Garantía de Capacidades prevista en la nueva Agenda de Capacidades para Europa y que mejore las oportunidades de empleo de los adultos poco cualificados en la Unión;

91.  Pide a los Estados miembros que desarrollen proyectos intergeneracionales que faciliten la comprensión de los desafíos que afrontan las personas de edad avanzada y les brinde la oportunidad de compartir sus capacidades, conocimientos y experiencia;

92.  Alienta el desarrollo de sinergias y colaboraciones entre la educación formal, no formal e informal; celebra los avances realizados en los últimos años en el contexto de la aplicación de la Recomendación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no formal e informal antes de 2018; pide, no obstante, a los Estados miembros que, después de 2018, prosigan sus esfuerzos por consolidar la aplicación de la Recomendación del Consejo de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal y que establezcan marcos jurídicos pertinentes y creen estrategias integrales de validación que permitan la validación; subraya que el reconocimiento del aprendizaje informal y no formal, incluido el adquirido a través de cursos en línea gratuitos, resulta fundamental en relación con la idea de abrir la educación a los más desfavorecidos;

93.  Destaca la función básica de apoyo al aprendizaje de los niños que desempeñan sus padres como parte del triángulo educativo; subraya las ventajas que supone la participación de los padres en la educación de sus hijos en términos de mejora del rendimiento académico, bienestar y desarrollo escolar de los alumnos;

94.  Pide a la Comisión que respalde las iniciativas transfronterizas en materia de aprendizaje abierto en línea;

95.  Hace hincapié en que la calidad de la educación se ha de medir en términos del grado en que un alumno haya adquirido tanto conocimientos y competencias como en la capacidad de emprender y desarrollar el aprendizaje permanente y de realizar esfuerzos creativos;

96.  Apoya la creación por parte de la Comisión de un cuadro de indicadores para respaldar el desarrollo de competencias clave y la educación, el aprendizaje y la formación basados en competencias;

97.  Pide a los Estados miembros que luchen contra los estereotipos de género en la educación a fin de garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades y libertad de elección respecto de la trayectoria profesional que deseen emprender; manifiesta su preocupación, en este contexto, por los estereotipos que persisten en los materiales didácticos de algunos Estados miembros y las diferentes expectativas de los docentes respecto de la conducta de las niñas y los niños; señala la necesidad de integrar el principio de la igualdad de género en la formación inicial y continua del profesorado, así como en las prácticas pedagógicas, con el fin de eliminar cualquier obstáculo a la realización del pleno potencial de los estudiantes, con independencia de su género; pide a los Estados miembros que, al aplicar la igualdad de género en los planes de estudio y programas de los sistemas educativos regionales, presten especial atención a las regiones ultraperiféricas, habida cuenta de los elevados índices de violencia contra la mujer que registran; subraya que los sistemas educativos a todos los niveles deben incluir una perspectiva de género y tener en cuenta las necesidades de las personas que sufren discriminación;

98.  Alienta a los Estados miembros a que promuevan los principios de igualdad y no discriminación en las instituciones educativas, ya sea por el aprendizaje formal o informal;

99.  Recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que creen y promocionen un premio europeo/nacional en materia de igualdad de género en los centros de enseñanza, con vistas a fomentar las buenas prácticas en este ámbito;

100.  Destaca el papel de la educación como instrumento fundamental de la inclusión social y la mejora de los niveles de capacidades y las cualificaciones de los migrantes y refugiados, tanto menores como adultos; alienta, en el contexto, el intercambio de mejores prácticas en materia de integración a través de la educación y la enseñanza de valores comunes, la mejora y la facilitación del reconocimiento de títulos y cualificaciones, la concesión de becas y la creación de asociaciones con universidades de los países de origen, habida cuenta de la valiosa experiencia de los «corredores educativos»;

101.  Subraya que deben realizarse más esfuerzos para garantizar el acceso a la educación y la formación a todos los niveles a los alumnos de las minorías autóctonas y apoyar a las instituciones educativas que prestan servicios en la lengua materna de las minorías étnicas autóctonas o lingüísticas; pide a la Comisión que refuerce el fomento de programas centrados en el intercambio de experiencias y mejores prácticas en materia de educación en las lenguas regionales y minoritarias de Europa; anima a los Estados miembros a que faciliten el desarrollo de la enseñanza en la lengua materna de los alumnos y estudiantes;

102.  Alienta a los Estados miembros a que aumenten el nivel de las competencias lingüísticas mediante la utilización de buenas prácticas como la obtención del certificado oficial de capacitación en materia de lenguas extranjeras adquirido a una edad determinada;

103.  Invita a los Estados miembros y a la Comisión a que ofrezcan un sistema de becas innovadoras y flexibles para cultivar el talento y las aptitudes artísticas y deportivas en los ámbitos de la educación y la formación; apoya a los Estados miembros que buscan introducir programas de becas para estudiantes con aptitudes comprobadas, ya sean académicas, artísticas o deportivas;

104.  Acoge con satisfacción, a este respecto, la Comunicación de la Comisión titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa» (COM(2016)0381), en la que se proponen soluciones para los problemas de inadecuación y escasez de capacidades, así como medios para encontrar un sistema de reconocimiento de capacidades adecuado; anima, en este sentido, a los Estados miembros a que establezcan sistemas duales de educación (de inestimable valor para el desarrollo integral de la persona y el desarrollo de capacidades para el aprendizaje permanente) y formación profesional de calidad de manera coordinada con los agentes económicos locales y regionales y en consonancia con las características propias de cada sistema educativo; observa las ventajas y el creciente atractivo del sistema híbrido de EFP, que combina en igual medida la formación en centros escolares y en entornos laborales;

105.  Recomienda reforzar la orientación académica como instrumento esencial para franquear de forma flexible los distintos sistemas educativos, enriqueciendo y perfeccionando las capacidades y conocimientos adquiridos;

106.  Apoya y alienta la orientación académica y profesional como un elemento clave de la educación de cara al desarrollo personal y social de las jóvenes generaciones;

107.  Opina que el emprendimiento es un motor de crecimiento y de creación de empleo, así como una manera de hacer que las economías sean más competitivas e innovadoras, lo que contribuye a la capacitación de las mujeres;

108.  Subraya que el emprendimiento social es un sector en alza que puede impulsar la economía y al mismo tiempo reducir la miseria, la exclusión social y otros problemas sociales; opina, por lo tanto, que la formación empresarial debe incluir una dimensión social y abordar cuestiones como el comercio justo, las empresas sociales, la responsabilidad social de las empresas y los modelos alternativos de empresa, por ejemplo las cooperativas, en aras de una economía más social, integradora y sostenible;

109.  Pide a los Estados miembros que centren sus esfuerzos educativos en la formación empresarial y financiera, el voluntariado y las lenguas extranjeras, así como que privilegien estas capacidades en los programas de EFP;

110.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan oportunidades de empleo concretas asociadas a la EFP y su relevancia en el mercado laboral;

111.  Pide a los Estados miembros que desarrollen una orientación profesional que facilite la determinación de las predisposiciones y aptitudes de los alumnos y estudiantes, y que refuercen el proceso de enseñanza personalizada;

112.  Destaca la situación educativa especial de los niños y adolescentes cuyos padres viajan por Europa por motivos profesionales, y pide a la Comisión que realice un estudio que se centre en dicha situación específica con respecto a los retos que afrontan esos niños y adolescentes en la educación preescolar y escolar;

113.  Recomienda que la Comisión, sobre la base del artículo 349 del TFUE, apoye en mayor medida a los Estados miembros con regiones ultraperiféricas, a fin de mejorar sus sistemas educativos a todos los niveles;

114.  Alienta a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que evalúen y supervisen periódicamente la pertinencia de las políticas, estrategias y programas educativos, teniendo en cuenta las opiniones de profesores y alumnos, con el fin de garantizar que los sistemas educativos sigan respondiendo a las necesidades cambiantes y a la evolución de la situación socioeconómica de cada país; recomienda fortalecer los vínculos existentes entre la política educativa y otras políticas de cara a la mejora y la evaluación de la eficacia y los resultados de las reformas educativas;

115.  Reitera la importancia de efectuar un seguimiento de los resultados y el impacto de los programas de la Unión centrados en el empleo juvenil; subraya asimismo la importancia que revisten unas inversiones eficaces y sostenibles;

116.  Se congratula de las actividades desarrolladas por la Comisión en el ámbito de la modernización de los sistemas educativos y pide, en este sentido, a los Estados miembros que aumenten su participación y compromiso en la aplicación de las mejoras propuestas;

117.  Alienta a los Estados miembros a que, en colaboración con la Comisión, apoyen a las instituciones educativas a la hora de modernizar los procesos de reforma mediante la designación de puntos de contacto especializados a escala nacional y regional que faciliten la información, orientación y asistencia que corresponda;

118.  Reitera la necesidad de crear entornos de aprendizaje basados en los derechos y que tomen en consideración las cuestiones de género, a fin de que los estudiantes conozcan y defiendan los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer y del niño, los valores fundamentales y la participación cívica, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, la democracia y el Estado de Derecho, con confianza en la propia identidad y conciencia de que su voz es oída y de que su comunidad los valora;

Educación infantil y atención a la infancia

119.  Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso gratuito y equitativo a una educación infantil y atención a la infancia de calidad, y les insta a que adopten las medidas necesarias para que se cumplan las condiciones materiales y financieras que garanticen que todos los niños puedan acceder a la educación infantil sin discriminación, así como a que aumenten la oferta de plazas en guarderías y escuelas infantiles;

120.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un marco europeo común para la educación infantil y atención a la infancia sobre la base de los principios propuestos en el Marco de Calidad; apoya la fijación de un parámetro de referencia europeo de calidad de la educación infantil y atención a la infancia, concebido en cooperación con el personal docente y otros profesionales del sector y acorde con los indicadores de calidad nacionales y regionales;

121.  Considera que los Estados miembros deben esforzarse más a la hora de alentar a los equipos directivos de los centros de educación infantil y atención a la infancia a que se informen de la posibilidad de desarrollar proyectos a escala europea; subraya que, de ese modo, los profesionales podrían estar al tanto de las innovaciones pedagógicas y dar así mayor relevancia a la enseñanza preescolar;

122.  Considera que no debe excluirse a los centros de educación infantil del Espacio Europeo de Educación; estima que estos centros también deben fomentar el intercambio de conocimientos entre Estados miembros, sobre todo de cara a la puesta en común de información a la hora de desarrollar proyectos innovadores;

123.  Recomienda incrementar la cooperación entre el personal docente de educación infantil y atención a la infancia y los profesores de los centros de preescolar para mejorar la calidad de la enseñanza y los vínculos entre los distintos niveles educativos, preparar a los alumnos de preescolar para la transición a la escuela primaria y centrarse en el desarrollo de los niños; destaca la importancia de las relaciones entre los educadores y cuidadores infantiles y los padres y tutores de los niños, entre el personal docente y los niños, y entre los propios niños;

124.  Insta a los Estados miembros a que aumenten la financiación de la educación infantil y la atención a la infancia, así como el apoyo económico y las iniciativas (en forma de deducciones fiscales, subvenciones o supresión de tasas) destinadas a padres y tutores, especialmente para los que se encuentren en una situación socioeconómica desfavorable, a fin de permitir e incentivar el uso por su parte de los servicios de educación infantil y atención a la infancia;

125.  Pide a los Estados miembros que sigan invirtiendo en personal para atraer a más personas al ejercicio de esta profesión y garantizar así la disponibilidad de personal altamente cualificado en el ámbito de la educación infantil y atención a la infancia;

126.  Pide a los Estados miembros que reformen y mejoren sus sistemas para alcanzar el objetivo de Barcelona de que al menos el 33 % de los niños menores de tres años participen en programas de educación infantil y atención a la infancia;

Educación escolar

127.  Recomienda la aplicación de un «enfoque escolar integral» para aumentar la inclusión social, la accesibilidad, la gobernanza democrática, la calidad y la diversidad en la educación, así como para afrontar el abandono escolar prematuro y el problema de los «ninis», procurando al mismo tiempo centrar toda actividad en los resultados del aprendizaje, las necesidades y el bienestar de los alumnos y su participación en la vida escolar; aboga por fomentar y respaldar las estructuras democráticas de representación de los estudiantes en los centros escolares;

128.  Destaca que se podría reducir el gran número de «ninis» existente —casi 6,3 millones de jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años— si se toman medidas para prevenir el abandono escolar prematuro y se consigue que los centros escolares desarrollen su labor de manera más práctica y más acorde con su entorno local, así como mediante el establecimiento de vínculos con las empresas locales, las autoridades locales, las instituciones sociales y las ONG; opina que se puede luchar contra el abandono escolar prematuro —que es una de las razones de que los jóvenes se conviertan posteriormente en «ninis»— combatiendo la pobreza y la exclusión social; estima que también es importante apoyar a los estudiantes en la búsqueda de métodos de aprendizaje propios, incluidos los cursos en línea y el aprendizaje mixto; acoge positivamente la implantación de planes de estudios pertinentes y atractivos, así como de sistemas de orientación sólidos y bien desarrollados, con servicios de orientación y asesoramiento de calidad para todos los estudiantes;

129.  Subraya la necesidad de reforzar las oportunidades y estructuras de colaboración interna y externa en el ámbito escolar, en particular la cooperación interdisciplinaria, la enseñanza en equipo, las agrupaciones escolares y las interacciones con los agentes responsables de la concepción y aplicación de los itinerarios de aprendizaje, incluidos los padres; resalta la importancia de los intercambios internacionales y las asociaciones entre centros escolares mediante programas como Erasmus+ y e-Twinning;

130.  Destaca que también debe flexibilizarse la educación escolar, para mejorar la respuesta a las circunstancias de vida reales de los alumnos, entre otros medios, a través de un mejor uso de los servicios en línea, de manera que, por ejemplo, pueda mejorarse también la oferta de aprendizaje mixto;

131.  Considera que cuanto antes se adquieran capacidades STEAM, mayores serán las probabilidades de éxito académico y profesional en el futuro; anima, por lo tanto, a que se desarrollen más iniciativas STEAM en el ámbito escolar, en paralelo a la promoción de las ciencias humanas y sociales, a través de una cooperación reforzada y diferenciada con las instituciones de educación superior y de investigación científica, entre otras cosas;

132.  Alienta a la Comisión a que apoye el desarrollo de capacidades lingüísticas entre los jóvenes europeos en entornos educativos formales y no formales mediante la elaboración de pedagogías multilingües innovadoras, el intercambio de buenas prácticas pedagógicas multilingües y el perfeccionamiento de las competencias lingüísticas del profesorado;

133.  Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen las iniciativas existentes y a que elaboren y apliquen políticas globales de educación inclusiva y estrategias dirigidas a atender necesidades específicas y a promover los derechos de los grupos más vulnerables, creando un entorno de aprendizaje más inclusivo y fomentando la apertura y el compromiso; pide a la Comisión que desarrolle, en colaboración con la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, métodos innovadores e instrumentos educativos que fomenten la inclusión y respondan a las necesidades individuales de los alumnos;

134.  Recomienda que los Estados miembros integren el aprendizaje sobre la Unión en sus planes de estudios de educación secundaria para familiarizar a los estudiantes con el funcionamiento de la Unión, su historia y los valores de la ciudadanía europea;

135.  Subraya la importancia de incluir y promover dentro de los planes de estudio escolares y los contenidos educativos la historia de la emancipación de la mujer, en particular del sufragio femenino, también con ocasión de aniversarios simbólicos (por ejemplo, el centenario en 2018 de la obtención del derecho a voto de las mujeres en Polonia y Alemania), en aras de una mayor sensibilización de cara a la promoción de los derechos de las mujeres en el contexto educativo;

136.  Hace hincapié en la importancia de la educación en materia de salud y relaciones, que ha de instruir a niños y jóvenes acerca de relaciones basadas en la igualdad, el consentimiento, el respeto y la reciprocidad, así como en materia de derechos de las mujeres y las niñas, incluyendo la salud reproductiva y sexual y los derechos afines, como herramienta para luchar contra los estereotipos, prevenir la violencia de género y fomentar el bienestar;

137.  Alienta a que se impartan en los centros escolares cursos de formación de la Cruz Roja dirigidos a alumnos, profesores y personal no docente, como una ayuda para aprender los elementos esenciales de los primeros auxilios y ser capaz de actuar en caso de emergencia;

138.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un programa piloto que prevea intercambios de estudiantes de secundaria para estancias mínimas de un semestre académico en otro Estado miembro;

139.  Pide a los Estados miembros que limiten al mínimo necesario la utilización de pruebas estandarizadas como instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos y capacidades adquiridos;

140.  Alienta a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de adoptar medidas que garanticen el reconocimiento de los periodos de estudio cursados en el extranjero que no conduzcan a la obtención de un título o cualificación; invita, en este sentido, a la Comisión a que proponga una serie de orientaciones para el reconocimiento de dichos periodos de estudio, teniendo en cuenta las buenas prácticas existentes en los Estados miembros, el principio de apreciación mutua entre sistemas educativos, el enfoque basado en las competencias clave y las particularidades de las culturas y sistemas educativos nacionales;

141.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que luchen contra el acoso escolar, el ciberacoso, la intimidación, la adicción y la violencia a través del desarrollo, en el ámbito escolar y en cooperación con los beneficiarios directos y todas las partes interesadas (en particular, personal docente, asociaciones de padres y ONG especializadas), de programas de prevención y campañas de sensibilización orientadas a la inclusión;

142.  Recomienda a los Estados miembros, a sus instituciones educativas y a la Comisión que fomenten de forma más activa la práctica del deporte entre el alumnado;

Educación superior

143.  Pide que la creación del Espacio Europeo de Educación se base en el potencial de los marcos existentes, como, por ejemplo, el Espacio Europeo de Investigación, la Unión por la innovación y el Espacio Europeo de Educación Superior, de tal manera que puedan reforzarse y complementarse entre sí;

144.  Alienta a los Estados miembros a que inviertan al menos el 2 % de sus respectivos PIB en educación superior y a que respeten el objetivo de la Unión de invertir el 3 % del PIB de la Unión en I+D para 2020;

145.  Sugiere a los Estados miembros y a las autoridades regionales que, al utilizar los recursos nacionales y regionales y asignar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, den prioridad a los programas educativos y favorezcan la cooperación entre la educación superior, el mundo laboral, la industria, las comunidades de investigación y la sociedad en su conjunto;

146.  Pide a los Estados miembros que fomenten una movilidad más inclusiva y accesible de los estudiantes, los becarios, los alumnos de magisterio, los investigadores y el personal administrativo, pues esta contribuye tanto a su desarrollo personal y profesional como a la mayor calidad del aprendizaje, la enseñanza, la investigación y la administración; aboga por facilitar la movilidad para todos mediante, entre otras medidas, un reconocimiento sencillo de los créditos, los títulos académicos y las cualificaciones profesionales que se hayan obtenido en el extranjero, una financiación adecuada y asistencia personal, garantías en materia de derechos sociales y, si procede, la incorporación de la movilidad educativa como parte de los programas de educación; señala, a este respecto, las nuevas iniciativas de la Comisión, incluida una tarjeta electrónica que facilite la movilidad transfronteriza de los estudiantes;

147.  Considera necesario incrementar la financiación destinada a la movilidad de los docentes y los investigadores, previendo becas de estudios y de investigación, además del reembolso de los gastos, ampliando los períodos de permanencia en el extranjero, simplificando los procedimientos de autorización y fomentando las formas de cotutela de docentes e investigadores;

148.  Insta a la Comisión a que aliente a los Estados miembros a impulsar la movilidad en la educación de adultos, tal como ya se prevé en el programa Erasmus+;

149.  Subraya la importancia de que se garantice el reconocimiento mutuo y la compatibilidad de las cualificaciones y los títulos académicos a nivel transfronterizo, lo que reforzará el sistema de garantía de la calidad a escala de la Unión y en todos los países que formen parte del Espacio Europeo de Educación Superior;

150.  Destaca la necesidad de elaborar estrategias integrales e instrumentos adecuados que permitan determinar la calidad de las nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje, como el aprendizaje virtual, los cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) y los recursos de libre acceso; reconoce, en este sentido, la contribución de la Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior (ENQA) y de las demás redes europeas pertinentes al establecimiento de un sistema de garantía de la calidad;

151.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de la agenda renovada de la UE para la educación superior entre los centros de enseñanza superior, las autoridades regionales y locales y los empresarios, con vistas a abordar las necesidades de los centros de educación superior y de los estudiantes y los retos a que se enfrentan, creando vínculos con los agentes locales y regionales, aproximándose a las comunidades locales, fomentando el desarrollo y la innovación en el ámbito local y regional, creando unos sistemas de educación superior inclusivos y conectados, reforzando la colaboración con el mundo laboral y dando respuesta a las necesidades regionales en cuanto a capacidades; también anima a los centros de enseñanza superior a involucrarse más en el desarrollo local y regional mediante su participación en proyectos comunitarios de cooperación, entre otras medidas;

152.  Pide que se cumplan los compromisos adquiridos en el marco de la nueva Agenda de Capacidades, entre ellos el de ayudar a los Estados miembros a ofrecer más información sobre la evolución de los titulados en el mercado laboral; acoge con satisfacción, en este sentido, la propuesta de crear un sistema de seguimiento de los titulados europeos para 2020; considera que la información sobre el seguimiento de los titulados y la recogida de datos pertinentes y exactos (no solo a nivel nacional sino también a escala de la Unión) son esenciales para la garantía de la calidad y el desarrollo de una educación de calidad;

153.  Alienta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos con vistas a reducir la brecha de investigación e innovación existente entre los diferentes Estados miembros y regiones mediante la propuesta de nuevas iniciativas en el marco de las acciones Marie Skłodowska-Curie, y a que respalde la combinación de actividades de investigación y enseñanza para los beneficiarios de dichas acciones que se estén preparando para seguir una carrera académica;

154.  Sugiere que la coalición «UE STE(A)M» englobe una amplia variedad de disciplinas con el fin de preparar a los estudiantes para vivir y trabajar en una realidad dinámicamente cambiante;

155.  Apoya la concesión de créditos en el marco del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS) a los estudiantes que realicen labores de voluntariado comunitario como forma de contribuir a su desarrollo profesional y personal;

156.  Hace hincapié en que los programas de cooperación internacional, la diplomacia cultural y los diálogos políticos con terceros países en el campo de la educación superior no solo permiten que el conocimiento fluya más libremente, sino que contribuyen, además, a la mejora de la calidad y la valoración internacional de la educación superior europea, al tiempo que estimulan la investigación y la innovación, fomentan la movilidad y el diálogo intercultural y promueven el desarrollo internacional en consonancia con los objetivos de la acción exterior de la Unión;

157.  Opina que los sistemas educativos con visión de futuro deben incluir el aprendizaje para la sostenibilidad y la consolidación de la paz y formar parte de una reflexión más amplia sobre la alfabetización profesional en el contexto de la creciente digitalización y robotización de las sociedades europeas, centrándose no solo en el crecimiento económico sino también en el desarrollo personal y la mejora de la salud y el bienestar de los alumnos;

158.  Pide a los Estados miembros que fomenten la cooperación entre las instituciones educativas y el mundo del trabajo a fin de preparar mejor a los alumnos de cara a su incorporación al mercado laboral, así como que adopten medidas destinadas a subsanar la inadecuación y la escasez de capacidades; promueve la inclusión en los programas de educación superior, incluidos los de EFP, de períodos de prácticas de alta calidad reconocidos mediante créditos ECTS, así como la cooperación entre los centros de enseñanza superior, el mundo del trabajo, el sector de la investigación y los agentes económicos locales y regionales en relación con la creación de sistemas duales de educación y formación profesional, la orientación profesional, la formación de aprendices, los períodos de prácticas y la formación basada en la realidad, que deben formar parte de los planes de estudios de formación profesional y de enseñanza superior; pide, además, a los Estados miembros que garanticen el derecho de todos los jóvenes de la Unión a recibir una oferta de trabajo, un puesto de aprendizaje, formación adicional o una combinación de trabajo y formación;

159.  Considera que, para garantizar un aprendizaje profesional de calidad y puestos de prácticas de calidad, es imprescindible la existencia de contratos en los que se definan las funciones y responsabilidades de todas las partes y se especifiquen la duración, los objetivos de aprendizaje y las tareas que corresponden a las capacidades claramente definidas que se deben desarrollar, el régimen laboral, la remuneración o compensación adecuada, también para las horas extraordinarias, los sistemas de protección y seguridad social en virtud de la legislación nacional aplicable o los convenios colectivos aplicables, o ambos elementos;

160.  Subraya la necesidad de proporcionar unos contenidos adecuados en materia de aprendizaje y formación y unas condiciones laborales dignas para los períodos de prácticas y de aprendizaje, a fin de garantizar que desempeñan su función esencial en la transición de la educación a la vida profesional; insiste en que los períodos de prácticas y de aprendizaje nunca deben utilizarse para sustituir puestos de trabajo, ni se debe tratar a los aprendices o al personal en prácticas como mano de obra barata o, incluso, no remunerada;

161.  Sugiere que las universidades y los centros de formación proporcionen la formación básica y continua de los profesores de formación profesional, con la contribución de expertos en los ámbitos de especialización cubiertos por los cursos de formación profesional de que se trate;

El docente como garante de una enseñanza de calidad

162.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ayuden a los profesores a incorporar la innovación y la tecnología a la enseñanza a través de la mejora de las capacidades digitales del profesorado y del suministro de los recursos y el apoyo necesarios, por ejemplo mediante una mayor oferta de cursos de actualización y el desarrollo de comunidades en línea y recursos y cursos educativos abiertos;

163.  Apoya la creación de la Academia Europea para la Docencia y el Aprendizaje como un instrumento complementario de formación e intercambio de buenas prácticas entre el profesorado a escala europea, al proporcionar un centro de intercambios en línea y permitir la puesta en común de experiencias y aprendizaje mutuo, así como al servir de foro para la celebración de reuniones periódicas en forma de talleres, seminarios y conferencias destinados a promover la colaboración entre los profesores, fomentar su desarrollo profesional y mejorar la calidad de la enseñanza; pide a la Comisión que proponga un proyecto para la creación de dicha academia, basándose también en la experiencia de la Academia de la Red Escolar Europea;

164.  Recuerda la importancia de la formación pedagógica para el personal docente de los centros de enseñanza superior y de considerar que las competencias pedagógicas son al menos igual de importantes que las de investigación en el proceso de contratación; destaca el papel de la educación basada en la investigación y de la investigación pedagógica a la hora de favorecer un enfoque centrado en el estudiante del aprendizaje y la enseñanza, fomentando el aprendizaje activo y mejorando el desarrollo de las capacidades y la metodología de enseñanza;

165.  Pide a los Estados miembros que introduzcan incentivos para atraer y motivar a los jóvenes y a los profesores cualificados a incorporarse al sistema educativo y trabajar en él;

166.  Destaca la necesidad de reconocer la situación profesional de los empleados de educación infantil y atención a la infancia;

167.  Pide apoyo para los profesores que imparten cursos multilingües, ya que representan un factor importante en la internacionalización de la educación;

168.  Destaca la contribución del aprendizaje intercultural dentro de la formación del profesorado con miras a mejorar las competencias interculturales de los docentes, a fin de promover la cultura europea y nuestros valores comunes, así como la dimensión europea de la enseñanza; señala que las competencias interculturales resultan esenciales para trabajar en sociedades cada vez más diversas y favorecer la internacionalización en el ámbito escolar;

169.  Es consciente de la necesidad de crear sinergias entre los conocimientos de los profesores y el potencial tecnológico de los alumnos con vistas a maximizar los resultados del aprendizaje;

170.  Defiende la incorporación de prácticas de formación docente, dirigidas por tutores capacitados, en todas las etapas de los estudios de magisterio;

171.  Alienta al profesorado y al equipo directivo de los centros escolares a promocionar y liderar la incorporación de la innovación en el entorno escolar y fomentar su desarrollo;

172.  Alienta a las instituciones de educación superior a priorizar, respaldar y recompensar la mejora y actualización de los conocimientos pedagógicos de los investigadores y profesores de educación superior, incluidas las posibilidades educativas que ofrecen las tecnologías modernas como medio para mejorar el rendimiento de los alumnos y la eficacia de la enseñanza;

173.  Apoya el desarrollo de nuevas técnicas pedagógicas y normas educativas innovadoras y ambiciosas que respondan mejor a las necesidades de los estudiantes y de los centros de educación superior, así como a los retos que plantea un mundo en rápida evolución;

o
o   o

174.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 183 de 14.6.2014, p. 22.
(2) DO C 183 de 14.6.2014, p. 30.
(3) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(4) DO C 172 de 27.5.2015, p. 17.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0360.
(6) DO C 417 de 15.12.2015, p. 25.
(7) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
(8) DO C 346 de 21.9.2016, p. 2.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0018.
(10) DO C 484 de 24.12.2016, p. 1.
(11) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(12) http://www.socialsummit17.se/wp-content/uploads/2017/11/Concluding-report-Gothenburg-summit.pdf
(13) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/122123.pdf
(14) DO C 104 de 16.4.1984, p. 69.
(15) DO C 135 de 26.5.2010, p. 12.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0303.
(17) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics
(18)  http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3072,yhttps://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1502en_0.pdf


Hacia un sector europeo de la acuicultura sostenible y competitivo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre Hacia un sector europeo de la acuicultura sostenible y competitivo: situación actual y futuros desafíos (2017/2118(INI))
P8_TA(2018)0248A8-0186/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE» (COM(2013)0229),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 304/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, que modifica el Reglamento (CE) n.° 708/2007 del Consejo sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura(1),

–  Vista la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 710/2009 de la Comisión, de 5 de agosto de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 889/2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 834/2007 en lo que respecta a la fijación de disposiciones de aplicación para la producción ecológica de animales de la acuicultura y de algas marinas(3),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97(4),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control(5),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 2092/91(6),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo(7),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo(8),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(9),

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativo al establecimiento de un marco de la Unión para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento científico en relación con la política pesquera común y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 199/2008 del Consejo(10),

–  Vista su Resolución, de 4 de diciembre de 2008, sobre la elaboración de un plan europeo de gestión de las poblaciones de cormoranes para reducir sus crecientes repercusiones en los recursos pesqueros, las pesquerías y la acuicultura(11),

–  Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre un nuevo impulso a la Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea(12),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2010, sobre el régimen de importación a la UE de los productos pesqueros y acuícolas desde el punto de vista de la reforma de la Política Pesquera Común (PPC)(13),

–  Vista su Posición aprobada en primera lectura el 23 de noviembre de 2010 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n.º .../2011 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 708/2007 del Consejo, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura(14),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre «Explotar el potencial de la investigación y la innovación en la economía azul para crear puestos de trabajo y crecimiento»(15),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista(16),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva Marco sobre el agua y la Directiva Marco sobre la estrategia marina en lo relativo a la acuicultura (SWD(2016)0178),

–  Visto el documento de la Comisión de 2015 titulado «Informe general sobre la aplicación de las normas relativas a la acuicultura de peces de aleta» (DG(SANTE) 2015-7406 - MR),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2017, sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos (COM(2017)0339),

–  Visto el informe económico sobre el sector de la acuicultura en la Unión de 2016 realizado por el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP),

–  Vistos el informe del Eurobarómetro sobre los hábitos de consumo respecto de los productos de la pesca y de la acuicultura (2017) y el análisis complementario del Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura,

–  Visto el dictamen científico titulado «Food from the Oceans» (Los alimentos que obtenemos de los océanos) elaborado por el Grupo de Alto Nivel de Asesores Científicos en noviembre de 2017,

–  Visto el Código de Conducta de la FAO para la pesca responsable,

–  Visto el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la OIE,

–  Vistos el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE(17),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0186/2018),

A.  Considerando que el sector de la acuicultura, que incluye la acuicultura de peces marinos, de peces de agua dulce, moluscos, crustáceos, algas y equinodermos, es un sector económico innovador y la actividad de mayor crecimiento en la producción de alimentos y, potencialmente, un sector de alta tecnología que requiere inversiones en estructuras e investigación y planes operativos y financieros a largo plazo;

B.  Considerando que los sectores piscícola y marisquero desempeñan un importante y valioso papel en términos de economía, empleo y asuntos sociales y medioambientales por lo que respecta a la mejora de la calidad de vida de las zonas costeras e interiores de la Unión y de las regiones ultraperiféricas y a su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional de los europeos; que, entre los factores adversos para la producción acuícola, se encuentran factores medioambientales y climáticos y, sobre todo, los animales depredadores; que, como demuestran distintos estudios, los fenómenos de depredación tienen una importante repercusión en la producción;

C.  Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE» hace hincapié en cuatro ámbitos prioritarios que han de atenderse a fin de aprovechar plenamente el potencial de la acuicultura de la Unión, a saber, los procedimientos administrativos, la ordenación coordinada del espacio, la competitividad, especialmente al vincular el sector con la ciencia, y las condiciones de competencia equitativas;

D.  Considerando que dicha Comunicación recomienda que los Estados miembros elaboren planes estratégicos nacionales plurianuales de acuicultura que analicen las principales deficiencias y los problemas que deben solucionarse, y establezcan objetivos comunes y, si es posible, indicadores para evaluar los avances registrados hacia la consecución de dichos objetivos;

E.  Considerando que el mantenimiento de los ecosistemas y las poblaciones locales debe ser un objetivo fundamental y prioritario, y que se deben evitar el desplazamiento y la destrucción de la pesca y la agricultura locales;

F.  Considerando que, a pesar de las buenas intenciones y los esfuerzos, la acuicultura de la Unión está estancada, a diferencia del crecimiento cada vez mayor que se observa en otras partes del mundo;

G.  Considerando que se estima que la producción acuícola de la Unión solo cubre el 10 % de la demanda interna de pescado, y que más de la mitad de la demanda de productos de la pesca se importa de terceros países;

H.  Considerando que la acuicultura debe considerarse y tratarse como una forma de agricultura, especialmente en el caso de la piscicultura en estanques;

I.  Considerando que el retraso de las regiones ultraperiféricas en el desarrollo de la acuicultura es particularmente importante;

J.  Considerando que un dictamen reciente del Grupo de Alto Nivel de Asesores Científicos sobre la cuestión que le planteó el comisario Vella, a saber, de qué forma se pueden obtener más alimentos y biomasa del océano sin privar a las generaciones venideras de sus beneficios, contiene las siguientes recomendaciones: «Integrar un paradigma de cultivo [...] responsable respecto de los alimentos procedentes de los océanos en las agendas políticas generales a escala de la Unión y de los sistemas globales»; y «Llevar el desarrollo de la maricultura en Europa a un nivel superior y más estratégico a través de un marco político integral y concertado, lo que pasa por proporcionar orientación sobre la inclusión de requisitos de maricultura en la aplicación de la Directiva de la Unión sobre ordenación del espacio marítimo de 2014 y por extender la cooperación tecnológica a la maricultura en el marco de acuerdos de colaboración de pesca sostenible entre la Unión y los países socios del sur»;

K.  Considerando que la puesta en marcha o la expansión de una explotación de acuicultura en la Unión requiere la obtención de diversos permisos y autorizaciones y que el procedimiento para obtener dichos documentos oficiales no está armonizado a escala de la Unión y, por lo general, es lento, complejo y carente de seguridad jurídica y previsibilidad económica; que esta situación puede obstaculizar el desarrollo del sector y puede desincentivar la inversión empresarial y generar costes excesivos para el sector, además de favorecer indirectamente las importaciones de terceros países;

L.  Considerando que los procedimientos más complejos para las operaciones de acuicultura son los que atañen a los requisitos medioambientales (evaluación de impacto ambiental, evaluación estratégica del impacto ambiental y procedimientos de vigilancia), pero que, paradójicamente, la lentitud y complejidad de tales procedimientos administrativos no siempre garantizan la protección medioambiental y, de hecho, en ocasiones dificultan el establecimiento de explotaciones de acuicultura de calidad y sostenibles desde el punto de vista socioeconómico y ambiental; que hay diferencias entre la acuicultura de agua dulce y la acuicultura marina; que las diferencias en los subsectores de la acuicultura requieren de prácticas diferentes en términos de gestión de las poblaciones, alimentación y reproducción; que la normativa europea en materia de acuicultura y, en particular, las normas de sostenibilidad ecológica también han de tener debidamente en cuenta estas diferencias;

M.  Considerando que la complejidad y los retrasos burocráticos, concretamente los relacionados con la concesión de licencias y la planificación, suponen una inacción que inevitablemente conlleva costes económicos y sociolaborales para los inversores potenciales en las zonas de establecimiento de explotaciones de acuicultura, con especial incidencia en el empleo femenino y juvenil;

N.  Considerando que, para una ordenación territorial adecuada, deben tenerse en cuenta las diferentes necesidades de los distintos usuarios y la necesidad de proteger la naturaleza, y se deben realizar esfuerzos por conciliarlas; que la indisponibilidad de ubicaciones, la falta de una ordenación territorial adecuada y el conflicto con otras actividades económicas repercuten considerablemente en el desarrollo de la acuicultura de la Unión en algunas regiones, dado que el sector de la acuicultura puede tener menos peso que otros sectores «fuertes»;

O.  Considerando que la ordenación territorial es una de las condiciones previas para el desarrollo a largo plazo de la acuicultura y un medio necesario para garantizar lugares apropiados para la planificación de la acuicultura, teniendo en cuenta otras actividades en las zonas en cuestión;

P.  Considerando que la legislación medioambiental de la Unión se basa en directivas (la Directiva Marco sobre la estrategia marina y las Directivas sobre las aves y los hábitats) y que, por consiguiente, compete a los Estados miembros y a las administraciones locales y regionales su transposición y aplicación con arreglo a un cierto grado de discreción; que, por consiguiente, no existe una aplicación uniforme en toda la Unión, lo que genera inseguridad jurídica para las empresas y explotaciones y falta de previsibilidad para los inversores y crea desigualdad de condiciones de competencia;

Q.  Considerando que el dictamen científico «Food from the oceans» indica que el único modo de obtener a corto plazo un aumento significativo de alimentos y biomasa del océano es recoger organismos de los niveles más bajos de la cadena alimentaria, como macroalgas y moluscos bivalvos;

R.  Considerando que los distintos marcos jurídicos nacionales o regionales para la acuicultura pueden imponer a las empresas diferentes requisitos legales incluso si desarrollan su actividad en la misma cuenca marítima, lo cual a su vez conlleva el riesgo de distorsionar la competencia;

S.  Considerando que deben acogerse con satisfacción los ejemplos de buena cooperación basados en acuerdos voluntarios y de otro tipo celebrados entre los defensores del medio ambiente y el sector; que, aunque se deben celebrar los ejemplos positivos de aportaciones por parte de la acuicultura a la conservación de la calidad del agua y a los servicios ecosistémicos acuáticos, también es importante reconocer y afanarse por reducir el impacto negativo que puede generar la acuicultura en el entorno local y en la calidad del agua; anima, por tanto, a que haya más innovación e iniciativas para garantizar un sector sostenible y rentable a largo plazo;

T.  Considerando que la cría de moluscos bivalvos y el cultivo de macroalgas requieren una aportación equilibrada de sales nutritivas del entorno;

U.  Considerando que, habida cuenta de lo anterior, este tipo de piscifactoría de agua dulce se considera a la vez un servicio de protección medioambiental que mantiene la calidad y la cantidad de las aguas, y espera de los responsables europeos un reconocimiento y apoyo mucho mayores que en la actualidad;

V.  Considerando que los productos de la Unión deben cumplir una serie de reglas y normas estrictas en materia medioambiental, de salud animal, bienestar animal y protección de los consumidores, que abarcan las operaciones de producción, la alimentación animal, el bienestar, el transporte, la transformación y las condiciones sociales de empleo, que inciden directamente en los costes de producción; que el resultado son productos sostenibles y de excelente calidad que pueden resultar más caros y, por ende, menos competitivos que los importados, que frecuentemente llegan al mercado de la Unión a bajos precios a causa de prácticas que resultan insostenibles desde un punto de vista medioambiental, social y laboral, y cuya producción ha estado acompañada de normas de salud y bienestar animal deficientes;

W.  Considerando que algunas empresas de acuicultura dependen en gran medida de los recursos energéticos, lo cual aumenta el coste de la producción acuícola;

X.  Considerando que debe incrementarse el consumo de pescado, un alimento que contiene proteínas, ácidos grasos, vitaminas, minerales y micronutrientes esenciales beneficiosos para la salud humana, y que la excelente calidad de los pescados y mariscos de la Unión debería constituir una importante ventaja competitiva para la acuicultura de la Unión;

Y.  Considerando que el consumo mundial de pescado está aumentando progresivamente, en paralelo con el crecimiento mundial de la población;

Z.  Considerando, además, que no siempre hay coherencia entre las políticas comercial, social y medioambiental de la Unión, ya que, por ejemplo, la Unión concede el estatuto de Sistema Generalizado de Preferencias (SPG y SPG+) a países en desarrollo vulnerables, con la intención de que puedan pagar menos derechos, o incluso ninguno, por las exportaciones a la Unión, lo que les da un acceso fundamental al mercado de la Unión y contribuye a su crecimiento; que, al mismo tiempo, algunos de estos países, por ejemplo ciertos países asiáticos, producen pescado de acuicultura que no cumple las normas medioambientales, de bienestar animal, sanitarias, sociales y laborales que los operadores de la Unión están obligados a cumplir y que, en ocasiones, violan los derechos humanos;

AA.  Considerando que la Unión también depende en gran medida de las importaciones de productos de la pesca procedentes de terceros países para los piensos destinados a la acuicultura y que hasta ahora no se han investigado ni promovido suficientemente piensos alternativos más sostenibles;

AB.  Considerando que el comercio exterior de la Unión en relación con la acuicultura es deficitario y existe una competencia desleal entre los productos de acuicultura importados de terceros países y los producidos en la Unión, en detrimento de la calidad de los alimentos y la salud de los consumidores;

AC.  Considerando que la acuicultura de terceros países ofrece a la Unión oportunidades de inversión;

AD.  Considerando que los consumidores europeos no pueden percibir las diferencias entre los productos de la acuicultura europea y los de terceros países en cuanto a calidad, huella ambiental, comportamiento social y respeto del bienestar de los animales si la información que reciben es insuficiente o imprecisa (especialmente respecto del país de origen, la descongelación o la identificación de especies);

AE.  Considerando que la legislación de la Unión en materia de información sobre los productos acuáticos que se debe facilitar al consumidor es clara y que su control es responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros; que, con todo, es, por lo general, notorio que en la práctica esta información esencial no se facilita a los consumidores en el caso de los pescaderos y los restaurantes; que esta situación de aplicación deficiente socava la competitividad de la acuicultura de la Unión;

AF.  Considerando que una acuicultura sostenible pasa por criar animales sanos, para lo cual es fundamental desarrollar medios veterinarios específicos innovadores, principalmente vacunas y antibióticos, que deben usarse de una manera responsable y restrictiva que garantice la salud y el bienestar de los animales y los consumidores, así como productos acuícolas seguros y nutritivos, sin perjuicio para el medio ambiente y las especies salvajes; que la normativa sobre salud animal de la Unión también debe tener en cuenta las particularidades de la acuicultura y las especificidades de las especies de peces a la hora de abordar el tratamiento de infecciones y enfermedades y el impacto en la calidad del producto;

AG.  Considerando que el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos constata que la inmunización por vacunación constituye una intervención sanitaria rentable en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos(18), lo cual es también aplicable a la acuicultura;

AH.  Considerando que la imagen que la sociedad y los consumidores europeos tienen de la acuicultura varía de un Estado miembro a otro, y que en general hay un margen claro de mejora;

AI.  Considerando que, aunque siempre es posible mejorar a través de las buenas prácticas, la mala imagen de esta actividad no siempre se debe a problemas reales (cuestiones medioambientales, de calidad o de seguridad), sino a la idea preconcebida que los consumidores tienen de la acuicultura; que esta situación se explica, en gran medida, por la creencia de que los efectos reales de la acuicultura en algunos terceros países (países en desarrollo) también se encuentran en la Unión, lo que no es cierto;

AJ.  Considerando que la existencia de prácticas muy variadas con respecto a la acuicultura produce diferencias considerables en la calidad del producto, el impacto medioambiental y las condiciones sanitarias, entre otros aspectos, lo que con frecuencia genera en el consumidor incertidumbre ante el producto resultante;

AK.  Considerando que la mala reputación de la acuicultura afecta a su gobernanza por las administraciones públicas (concesión de licencias, planificación, etc.), pero también a sus condiciones de comercialización;

AL.  Considerando que es importante tener en cuenta el potencial de la acuicultura de agua dulce, de la acuicultura de interior con aguas cerradas, de la acuicultura multitrófica integrada y de los sistemas de recirculación o de la acuaponía en zonas urbanas para mejorar la seguridad alimentaria y el desarrollo de las zonas rurales;

AM.  Considerando que los crustáceos, los moluscos y las plantas acuáticas, como las algas, son también un recurso importante para la acuicultura;

AN.  Considerando que la investigación y la innovación deben desempeñar un papel fundamental en el aprovechamiento del potencial de la acuicultura sostenible; que es posible incrementar la producción de forma sostenible mediante la expansión impulsada por la innovación, la regeneración y limpieza de las aguas, el uso de energías renovables y la eficiencia energética y en el uso de recursos, al tiempo que se reduce el impacto ambiental y se prestan servicios medioambientales;

AO.  Considerando que los protocolos normalizados a escala de la Unión de los datos científicos que permiten supervisar y mejorar las prácticas de gestión y producción, así como su impacto medioambiental y sanitario, tienen una importancia considerable;

AP.  Considerando que se debe privilegiar la cría de especies nativas o endémicas para reducir el impacto medioambiental y hacer la acuicultura más sostenible;

AQ.  Considerando que las dificultades para acceder al crédito y el considerable tiempo transcurrido entre la inversión y la primera venta (en general, tres años como mínimo) pueden disuadir a los inversores;

AR.  Considerando que las condiciones de prefinanciación que ofrecen los bancos y las entidades financieras son cada vez más estrictas;

AS.  Considerando que, en la mayoría de los casos, los procedimientos no resultan suficientemente claros para los usuarios, y el sinfín de documentos que han de presentarse para obtener financiación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) desaniman a los solicitantes; que los aproximadamente 1 280 millones EUR disponibles en el periodo actual de programación (2014-2020) no son suficientes para desarrollar el sector europeo de la acuicultura; que, además, los Estados miembros presentan bajísimos índices de absorción;

AT.  Considerando que una acuicultura sostenible ha de tener en cuenta los posibles efectos sobre las poblaciones de peces salvajes y la calidad del agua, pero que, por otro lado, también necesita poblaciones de peces sanos y agua de excelente calidad;

AU.  Considerando que los datos disponibles revelan una brecha creciente —estimada en ocho millones de toneladas— entre el nivel de consumo de pescado y marisco en la Unión y el volumen de capturas de las pesquerías; que una acuicultura sostenible puede, junto con la pesca sostenible, contribuir a garantizar a los ciudadanos de la Unión la seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo, incluido el suministro de alimentos, así como el crecimiento y el empleo, y a satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos de origen acuático, siempre que se encuentren fuentes sostenibles de piensos para las actividades acuícolas y se evite el deterioro medioambiental; que, por tanto, puede contribuir al objetivo general de colmar la brecha entre el consumo y la producción de pescados y mariscos en la Unión;

AV.  Considerando que en la acuicultura un kilogramo de pescado de poco valor puede transformarse en un kilogramo de pescado de gran valor (como es el caso del capelán en rodaballo, cuyo valor aumenta de 0,10 EUR a 7 EUR por kilogramo);

AW.  Considerando que los jóvenes están menos interesados en trabajar en el sector de la acuicultura o en invertir en este y desarrollarlo, debido a la mala comunicación y a la falta de perspectivas y estabilidad financieras, lo que hace de este un sector poco atractivo para las generaciones más jóvenes;

AX.  Considerando que la acuicultura sostenible que es propiedad de la comunidad y está gestionada por ella puede beneficiar desde el punto de vista socioeconómico a las regiones costeras periféricas y desempeñar un papel positivo en la economía azul;

AY.  Considerando que la acuicultura de agua dulce representa alrededor del 20 % de la producción del sector en Europa, y que las ayudas de la Unión deben corresponder a este porcentaje; que, debido a su diferente naturaleza, la acuicultura de agua dulce requiere de normas especiales, y por consiguiente, merece un capítulo específico en la legislación relativa a la política pesquera común de la Unión;

AZ.  Considerando que la investigación y la innovación son fundamentales para mejorar la sostenibilidad y la competitividad del sector de la acuicultura en el mercado de la Unión;

BA.  Considerando que las inversiones en proyectos de acuicultura de agua dulce también deben realizarse con ayudas de financiación ex post, y que eso frecuentemente requiere esfuerzos desproporcionados de los inversores, por lo que en muchos casos los piscicultores no se animan a emprender proyectos; que en la mayoría de los casos el importe de las ayudas es bajo;

Aprovechar el potencial de la acuicultura de la Unión

1.  Reconoce los efectos positivos que la acuicultura sostenible, incluidos el sector marino y el de agua dulce, puede tener sobre el empleo y la economía de la Unión, en general, al mejorar la productividad y la calidad de vida de sus zonas costeras e interiores; hace hincapié en la necesidad de impulsar su desarrollo, diversificación e innovación, promoviendo una mayor producción de peces, crustáceos, moluscos, algas y equinodermos a partir de la acuicultura y mejorando la competitividad de dichos productos (para mejorar la producción acuícola de la Unión con miras a que alcance, al menos, la actual tasa de crecimiento mundial de la acuicultura en el plazo de cinco años y alentar la inversión en equipos más eficientes desde el punto de vista de la energía y más económicos) e incrementando su consumo y su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional de los ciudadanos de la Unión; insiste en que ello debe realizarse conservando al mismo tiempo el buen funcionamiento de los ecosistemas marinos para permitir que se sigan practicando una acuicultura y una pesca comercial rentables y otros usos sostenibles del medio marino;

2.  Considera que la Unión necesita aumentar su producción en el sector de la acuicultura, en particular con el objetivo de reducir la presión sobre los caladeros naturales; considera que los piensos a base de pescado deben provenir de fuentes sostenibles y no poner en peligro los objetivos de rendimiento máximo sostenible de la política pesquera común y que se debe controlar la carga de nutrientes; resalta la importancia de la cooperación entre investigadores, el sector de la acuicultura, los productores de piensos y las organizaciones y administraciones medioambientales; destaca que la acuicultura de la Unión debe tener en cuenta la calidad, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, los aspectos medioambientales y la salud animal y humana, y debe ser un modelo en este sentido; toma nota con satisfacción de las nuevas iniciativas de acuicultura en tierra, especialmente en mares sensibles y zonas de la Unión con aguas cerradas, y considera que se necesitan medidas más estrictas para que la acuicultura sea un sector más eficiente, económicamente viable, responsable a nivel social y respetuoso del medio ambiente, que cubra una mayor cuota de la demanda europea de pescado y reduzca la dependencia europea de las importaciones;

3.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices estratégicas para el desarrollo sostenible de la acuicultura de la UE» y la identificación que en ella se hace de los ámbitos en que deben centrarse los esfuerzos para explotar el potencial de la acuicultura de la Unión para que, junto con la pesca sostenible, pueda contribuir al objetivo de colmar la brecha entre el consumo y la producción de pescado y marisco en la Unión de forma sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico;

4.  Destaca que la acuicultura de agua dulce es todavía una posibilidad poco explorada para mejorar la seguridad alimentaria y desarrollar las zonas rurales;

5.  Destaca que el crecimiento sostenible debe basarse en los siguientes aspectos: previsibilidad de la inversión de las empresas y seguridad jurídica, que puede crearse a través de marcos administrativos más eficientes, transparencia de la gobernanza reforzada, criterios claros, homogéneos y simplificados para la concesión de licencias en toda la Unión, procedimientos comunes de gestión de enfermedades y acceso a tratamientos veterinarios adecuados y no perjudiciales para la salud animal y humana, ordenación eficaz del espacio, disponibilidad de documentos de orientación, intercambio de buenas prácticas, apoyo del Consejo Consultivo de Acuicultura y apoyo financiero adecuado; señala que todos estos factores pueden contribuir al crecimiento sostenible;

6.  Valora las conclusiones y las recomendaciones del dictamen científico titulado «Food from the Oceans», de noviembre de 2017, relativo al desarrollo y la aplicación de la política marítima, de pesca y acuícola en los próximos años para ayudar a incrementar la cantidad de alimentos sostenibles que obtenemos de los océanos;

7.  Pide a la Comisión que apoye a la industria en sus esfuerzos por reducir su dependencia de las poblaciones de peces salvajes para la producción de piensos para peces, en particular aumentando el uso de algas marinas y otras algas;

8.  Pide a la Comisión que fomente un mayor desarrollo del sector emergente de la acuicultura de algas marinas;

9.  Reconoce el potencial de la acuicultura para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los ciudadanos de la Unión y la necesidad de dietas sostenibles y saludables, sistemas alimentarios respetuosos con el clima y el bienestar animal y ambientalmente sostenibles, de la circularidad y eficiencia en el uso de recursos de los sistemas alimentarios, fomentando la innovación y la capacitación de las comunidades;

10.  Reitera que el desarrollo de la acuicultura europea ha de vincularse a la necesidad básica y fundamental de una producción alimentaria autosuficiente, segura, nutricional y sostenible, y que debe ocupar un lugar más prominente en la agenda global de la Unión;

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en investigación, estudios y proyectos piloto de cara a unas prácticas acuícolas innovadoras, orientadas al futuro y ecológicas, en particular en sistemas de acuicultura multitrófica integrada (AMTI), acuaponía y sistemas de recirculación en acuicultura (SRA), que reducen el efecto de las explotaciones acuícolas en hábitats, en las poblaciones de animales salvajes y en la calidad del agua, contribuyendo así a un enfoque basado en el ecosistema;

12.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis pormenorizado y que garantice un seguimiento adecuado de cada una de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de Asesores Científicos;

13.  Pone de relieve que cualquier política de acuicultura europea sostenible debe tener en cuenta las características y las diferencias en cuanto a necesidades y desafíos de los distintos tipos de producción acuícola y debe elaborar medidas específicas que también tengan en cuenta las diferencias geográficas y los posibles efectos del cambio climático; pide, por consiguiente, a la Comisión que, en la política pesquera de la Unión posterior a 2020, establezca normas adaptadas a las características de cada subsector;

14.  Destaca el potencial de la acuicultura de agua dulce, de la acuicultura de interior con aguas cerradas, de la acuicultura multitrófica integrada, de los sistemas de recirculación y de la acuaponía en zonas urbanas; hace hincapié en que la acuicultura de agua dulce sigue siendo una posibilidad insuficientemente explorada que permitiría mejorar la seguridad alimentaria y desarrollar las zonas rurales, pero que desempeña un papel social importante, ya que proporciona empleo rural en las zonas más pobres y desempeña un papel ambiental a la hora de mantener humedales valiosos y de proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos, lo que trasciende con creces su valor económico;

15.  Resalta la importancia de poner en marcha instrumentos de coordinación, grupos de estudio y acciones de la Unión, a fin de analizar los casos en los que la producción de moluscos se ve gravemente amenazada por la acción depredadora de la dorada (Sparus aurata) y buscar soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente;

16.  Es consciente del potencial de la acuicultura y el procesamiento y exportación complementarios de los productos pesqueros como una industria autóctona que genera empleos y beneficios económicos, especialmente en el caso de las comunidades rurales costeras e isleñas;

17.  Resalta la importancia de que la Directiva marco sobre el agua y la Directiva marco sobre la estrategia marina garanticen la protección de las zonas de producción de moluscos, tal como recogía anteriormente la derogada Directiva relativa a los moluscos;

18.  Señala que, en un contexto de producción de macroalgas o moluscos bivalvos, al reducir la aportación de nutrientes para el logro de un buen estado ecológico del medio ambiente, se debe tener en cuenta la capacidad de remisión natural de los organismos criados o cultivados;

Simplificación de los procedimientos administrativos

19.  Destaca el papel fundamental de los entes locales y regionales en el fomento de la acuicultura europea, en particular en la ejecución de los planes estratégicos plurianuales elaborados por los Estados miembros;

20.  Hace hincapié en que el crecimiento sostenible de la acuicultura debe basarse en la previsibilidad de inversión de las empresas y la seguridad jurídica, para las cuales son especialmente necesarias:

   a) la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos: menos trámites burocráticos a escala de la Unión, nacional y regional, aprovechando al máximo las tecnologías de la información y de las comunicaciones, al tiempo que se garantiza que no se agrave el deterioro del medio marino;
   b) una mayor transparencia y una planificación adecuada;
   c) una mejor coordinación por lo que respecta a las competencias compartidas entre la Unión, los Estados miembros y, en su caso, los entes regionales y locales;
   d) unos procedimientos de concesión de licencias ágiles, claros y transparentes acompañados de plazos limitados para alcanzar un acuerdo con vistas a no disuadir a los inversores;
   e) la supervisión estrecha de los planes estratégicos nacionales plurianuales de los Estados miembros por parte de la Comisión;
   f) unas directrices de la Comisión para los planes estratégicos nacionales de cara a la aplicación uniforme de la legislación de la Unión (principalmente la medioambiental y para garantizar la salud, que no se dañe a los ecosistemas ni a las actividades pesqueras);
   g) un marco jurídico coordinado entre las diferentes regiones y Estados miembros que comparten las mismas aguas, con el fin de garantizar una competencia leal y políticas medioambientales eficaces;
   h) la estrecha cooperación entre la Comisión y las autoridades competentes (de ámbito nacional, pero también local y regional) en la aplicación de la legislación de la Unión (principalmente la sanitaria y la medioambiental), así como en el apoyo a la coordinación de la legislación nacional o regional cuando proceda;
   i) unos mecanismos para el intercambio de información y mejores prácticas entre los Estados miembros, a través de un método abierto de coordinación de las medidas nacionales relativas a la seguridad de las empresas, el acceso a las aguas y al espacio de la Unión, y la simplificación administrativa del proceso de concesión de licencias;
   j) un apoyo adecuado con financiación pública a escala nacional y de la Unión para la producción, innovación y desarrollo sostenible y responsable en el ámbito de la acuicultura;
   k) una mejor incorporación de las perspectivas acuícolas y pesqueras a los acuerdos comerciales de la Unión;

21.  Propone, por lo que respecta al sistema administrativo, que se cree lo antes posible una «ventanilla única», la cual asumiría y ejercería todas las responsabilidades, de modo que se podría presentar la documentación pertinente a un solo órgano administrativo; estima que con ello mejoraría la relación entre el usuario final y los distintos niveles de la Administración Pública;

22.  Recomienda establecer un sistema de concesión de licencias simplificado o «acelerado» por el cual la administración competente otorgue un certificado provisional que permita a los operadores que cumplan unos criterios predefinidos iniciar sus actividades; señala que estos criterios podrían basarse en el historial de los solicitantes, o en el hecho de que hayan presentado un proyecto de acuicultura pionero en cuanto a innovación o sostenibilidad, o en el establecimiento de zonas reservadas de servidumbre acuícola en las que se definan de antemano los usos que son incompatibles con la acuicultura;

Equidad en la interacción con otros sectores

23.  Subraya que una ordenación espacial adecuada debe tener en cuenta todos los sectores (enfoque global), así como las cuestiones de sostenibilidad y la seguridad alimentaria, sin favorecer a poderosos sectores económicos en detrimento de la acuicultura; destaca que la ordenación del espacio no tiene que entrañar necesariamente la segregación de las actividades en determinadas zonas, sino más bien la compatibilidad equilibrada entre ellas, lo cual puede resultar beneficioso para todas las partes;

24.  Recomienda apoyar un papel y participación más activos y destacados de las organizaciones acuícolas y los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP) en el proceso decisorio a través de la regionalización, a fin de garantizar la mejor estrategia para cada una de las regiones;

25.  Señala que se deben tener debidamente en cuenta los intereses del sector de la acuicultura y que este ha de recibir un trato equitativo cuando interactúe con otros sectores, por ejemplo, en lo que a la ordenación del espacio respecta;

26.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren mapas de ordenación del espacio al objeto de determinar posibles zonas en las que la acuicultura y otras actividades pudieran coexistir;

27.  Señala que la ordenación del espacio y las condiciones de concesión de licencias son los motivos más probables por los que otros sectores importantes o de peso se muestran reacios a compartir espacio;

28.  Destaca que, para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los recursos marinos, los estudios de impacto socioeconómico y medioambiental necesarios para la acuicultura deben también afectar a todos los sectores con los que esta compite, como el turismo o la extracción de materias primas;

29.  Insta a los Estados miembros y a las autoridades nacionales a que cumplan la legislación de la Unión relativa a las aguas y la regeneración y limpieza de zonas contaminadas;

30.  Subraya que la legislación debe adoptarse tras haberse consultado, en pie de igualdad, a todas las partes interesadas;

Adaptación de la legislación a las necesidades de la acuicultura

31.  Hace hincapié en que la sostenibilidad medioambiental debe ir de la mano de la social y económica (siendo estos los tres pilares sobre los que se asienta la sostenibilidad), y en que debe tenerse debidamente en cuenta la contribución actual y potencial de la acuicultura a la seguridad alimentaria en la Unión;

32.  Acoge con satisfacción las mejores prácticas del sector y los ejemplos de buena cooperación sobre la base de acuerdos voluntarios y de otro tipo celebrados entre los defensores del medio ambiente y el sector, también en zonas Natura 2000; celebra los numerosos ejemplos de aportaciones por parte de la acuicultura a la conservación de la calidad del agua; es consciente de los servicios ecosistémicos acuáticos que brinda el sector y pide incentivos que permitan reforzarlos; destaca que no resulta deseable desde el punto de vista de la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómico introducir aún más complicaciones jurídicas en lo que a la acuicultura respecta;

33.  Subraya que la legislación de la Unión debe adaptarse mejor a las realidades, peculiaridades y necesidades de la acuicultura en el marco de la política pesquera común y en consonancia, entre otras cosas, con la legislación medioambiental de la Unión, atendiendo al objetivo de lograr un buen estado medioambiental de todas las aguas marinas en 2020 a más tardar y teniendo en cuenta la importancia del empleo femenino y juvenil en el sector;

34.  Destaca que, en los casos en los que la aplicación de la legislación de la Unión sea problemática o incoherente, se deben formular directrices sobre su interpretación y mejores prácticas;

35.  Reitera que el sector debería participar en mayor medida en la toma de decisiones;

36.  Insta a la Comisión a que mejore la escasa contribución de la producción acuícola, estimada en un 10 %, a la hora de atender la demanda interna de pescado, y a que corrija el hecho de que más de la mitad de la demanda de pescado de la Unión se cubra con productos importados;

Mejora de la competitividad de la acuicultura de la Unión dentro y fuera de nuestras fronteras

37.  Pide que los productos acuícolas importados deban cumplir las mismas normas medioambientales, sociolaborales, de seguridad alimentaria y de respeto de los derechos humanos a las que están sujetos los operadores de la Unión, y lamenta que actualmente sigan prevaleciendo en este ámbito unas condiciones de competencia desiguales y que los operadores de la Unión sufran graves distorsiones de la competencia que resultan peligrosas;

38.  Destaca la situación actual de los piscicultores europeos, que sufren importantes pérdidas que afectan a sus poblaciones en su totalidad a causa de predadores como las nutrias, las garzas y los cormoranes; subraya que dichos predadores también acaban con las huevas de las luciopercas y las carpas, lo cual limita considerablemente la cría y reproducción de peces de agua dulce; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen las excepciones en vigor en el caso de las garzas y los cormoranes y, a la Comisión, que lleve a cabo una revisión del estado de conservación de la nutria y permita, cuando sea necesario, la eliminación y control de estos predadores;

39.  Pide que se lleven a cabo más y mejores controles en origen y en las fronteras de los productos importados y, a nivel interno, medidas de lucha contra las prácticas acuícolas ilegales o «furtivas» que afectan al desarrollo interno del sector;

40.  Señala que la Unión debería exportar sus conocimientos especializados y normas de sostenibilidad; cree que ello reviste especial importancia en el caso de las regiones vecinas que producen especies similares a las producidas en la Unión y, en particular, los terceros países con aguas compartidas con la Unión;

41.  Pide a la Comisión que garantice que en los acuerdos comerciales con terceros países se supedite el acceso preferencial al mercado al respeto de normas de sostenibilidad y bienestar animal equivalentes a las aplicables en la Unión;

42.  Invita a la Comisión a fomentar, en el ámbito de la política de la Unión de cooperación con los países en desarrollo, acciones de apoyo y formación que contribuyan a promover la acuicultura sostenible y a aumentar la concienciación de los productores acuícolas en dichos países con respecto a una política de calidad y unas normas de producción más exigentes, especialmente en lo que respecta a los parámetros medioambientales, sociales y de higiene;

43.  Anima a que se adopten medidas tendentes a fomentar la inversión de la Unión en proyectos de acuicultura en terceros países;

44.  Pide a la Comisión que siga garantizando el respeto de las normas de importación de la Unión, en particular en lo que respecta a los procedimientos de cultivo que cumplen las normas medioambientales, sociales y de higiene, en los terceros países exportadores, con vistas a la aplicación a escala internacional de condiciones de competencia equitativas; estima, al mismo tiempo, que los resultados del seguimiento de los procedimientos acuícolas en terceros países deben influir de manera decisiva en la renovación de las autorizaciones de exportación de productos a la Unión;

45.  Solicita a la Comisión que evalúe los efectos del Brexit en el ámbito de la acuicultura;

Mejora de la información al consumidor

46.  Insiste en la aplicación cabal de la legislación de la Unión en materia de etiquetado e información al consumidor, tanto en las lonjas de pescado como en el sector de la hostelería, la restauración y el catering; estima que ello resulta importante para todos los productos pesqueros, no solo los acuícolas, ya sean importados o producidos en la Unión; considera que el Reglamento de control debería adaptarse y reforzarse a tal efecto;

47.  Pide que se cree una etiqueta específica para el reconocimiento de los productos procedentes de la acuicultura sostenible de la Unión e insiste en la necesidad de que los consumidores dispongan de información transparente también sobre los productos acuícolas importados de terceros países mediante el refuerzo de la trazabilidad;

Garantía del bienestar de los animales

48.  Considera que la estrategia para el sacrificio debe incluir propuestas para garantizar tanto procedimientos tendentes al establecimiento de parámetros eficaces para métodos no crueles de sacrificio de los peces, de conformidad con las directrices de la OIE y la EFSA, como que los equipos utilizados para sacrificar los peces funcionen de acuerdo con dichos parámetros, y el sacrificio eficaz y no cruel de los peces de piscifactoría sea aplicado, evaluado, valorado y certificado en toda la Unión;

Disponibilidad de productos veterinarios

49.  Señala que la legislación veterinaria de la Unión debe adaptarse mejor a las realidades y necesidades de la acuicultura teniendo en cuenta las distintas especies y las diferencias operativas;

50.  Resalta que es necesario un verdadero mercado común de la Unión de vacunas y otros productos veterinarios para la protección de la salud animal y humana, en particular en el caso de las especies «menores»;

51.  Señala que, por desgracia, los costes relativamente más elevados de los diagnóstico, las alternativas a los antimicrobianos y la vacunación en comparación con los antibióticos comunes representan un obstáculo para el aumento del uso de vacunas y de la tasa de vacunación que ambiciona el Plan de Acción(19); acoge con satisfacción que la Comisión anuncie en el Plan de Acción incentivos para aumentar el recurso a diagnósticos, alternativas a los antimicrobianos y vacunas(20);

52.  Insta a la Comisión a que implante la obligación de proporcionar información sobre el uso de vacunas y antibióticos en la acuicultura atendiendo a los eventuales riesgos para la salud humana y el ecosistema;

53.  Opina que la Comisión y los Estados miembros deben preparar medidas y estímulos concretos que incluyan una mejor aplicación o, en su caso, la modificación de la Directiva 2006/88/CE, a fin de promover un enfoque de cadena integrada en lo que respecta a la resistencia a los antimicrobianos y aumentar el uso de las alternativas a estos, los diagnósticos y las vacunas en la acuicultura para de este modo fomentar de una manera rentable la prevención, el control, y la erradicación de las enfermedades y de la resistencia a los antibióticos en los animales acuáticos, y maximizar la supervivencia, el crecimiento y la eficiencia en la producción en relación con dichos animales;

54.  Subraya la necesidad de favorecer en los programas europeos y nacionales la investigación científica sobre la salud del pescado y el marisco, así como la obtención de nuevos productos veterinarios para las especies acuáticas;

55.  Observa, en este sentido, que la resistencia a los antibióticos es un problema muy grave en la medicina humana y animal, y pide a la Comisión que restrinja su uso a aquellos casos en los que exista riesgo de epizootia en el establecimiento de acuicultura, nunca como mera medida preventiva, así como que evalúe la repercusión de estos tratamientos en el riesgo de transferencia de resistencia a los consumidores;

Mejor comunicación y campañas de promoción

56.  Señala la necesidad de contar con mejores campañas de promoción y comunicar mejor a escala de la Unión los beneficios de la acuicultura y del consumo de pescado;

57.  Pide a la Comisión que impulse campañas genéricas de la Unión potentes y duraderas que expliquen las virtudes en cuanto a sostenibilidad de los productos acuícolas de la Unión centrándose en sus estrictas normas en cuanto a calidad, bienestar animal y medio ambiente en comparación con los importados desde terceros países, como en el caso de la etiqueta «Criado en la UE»;

58.  Destaca la necesidad de fomentar y financiar campañas de promoción de los regímenes de calidad regionales contemplados en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, como las denominaciones de origen protegidas; insta a la Comisión a que, en cooperación con los Estados miembros, lance una campaña informativa a escala de la Unión para los consumidores y las empresas sobre la acuicultura en general y, en particular, sobre las diferencias entre las normas estrictas e integrales del mercado europeo y las de menor nivel que se exigen a los productos importados de terceros países, haciendo especial hincapié en los problemas que entrañan la introducción en la Unión de microorganismos especialmente resistentes y la resistencia a los antimicrobianos para la seguridad de los alimentos y la salud pública; destaca el valor que reviste la legislación de la Unión sobre el bienestar de los peces de piscifactoría durante la crianza, el transporte y el sacrificio a la hora de colmar las expectativas de los consumidores y publicitar la calidad de los productos garantizada por las normas de la Unión en comparación con las importaciones de terceros países;

59.  Pide a la Comisión que reserve del presupuesto para promoción de la Unión una suma adecuada para la promoción de pescados y otros productos pesqueros y acuícolas; considera que, en el marco de una acción colectiva, se debe lanzar una amplia campaña comercial para fomentar el reconocimiento y aceptación de los productos de la acuicultura de la Unión, una campaña basada en principios comunes que cuente con una intensidad de apoyo de entre el 80 y el 100 % y abarque todos los Estados miembros;

60.  Respalda a los GALP en el ámbito de la acuicultura de la red Farnet en la promoción de sus actividades a escala local, nacional y europea;

Apoyo a la investigación y la innovación

61.  Señala que el FEMP, que destina 1 200 millones EUR al desarrollo sostenible de la acuicultura de la Unión, así como otras fuentes de financiación, como por ejemplo Horizonte 2020, brindan oportunidades de innovación;

62.  Hace hincapié en la importancia de los GALP, que contribuyen al fomento de la pesca y la acuicultura en un área específica reforzando los recursos pesqueros locales y estimulando la innovación y la diversificación en la pesca y la acuicultura;

63.  Pide a la Comisión que preste su apoyo a la investigación para la lucha contra el herpesvirus de las ostras;

64.  Expresa su preocupación por las consecuencias que pueden tener determinadas especies exóticas invasoras en la acuicultura europea; destaca la importancia que una aplicación con fundamento científico, eficaz y, al mismo tiempo, proporcional del Reglamento (UE) n.º 1143/2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras reviste para la protección tanto de la acuicultura europea como de los ecosistemas y las especies locales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la investigación e innovación al objeto de combatir las especies exóticas invasoras más problemáticas;

65.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten su apoyo en la lucha contra el depredador de ostras Ocenebra inornata;

66.  Hace hincapié en que Horizonte 2020 y el 9.º Programa Marco deben seguir apoyando las actividades de investigación en acuicultura que mejoren la competitividad del sector y den respuesta a las cuestiones puestas de relieve tanto en la conferencia de 2016 de la Comisión, «FOOD 2030» como en el dictamen «Food from the Oceans» (Los alimentos que obtenemos de los océanos) del Grupo de Alto Nivel de Asesores Científicos;

67.  Cree que la Comisión debería consultar a la Plataforma Europea de Tecnología e Innovación en Acuicultura (EATIP) y al Consejo Consultivo de Acuicultura sobre los asuntos prioritarios que deben incluirse en los planes estratégicos nacionales;

68.  Insta a que se invierta en investigación, estudios y proyectos piloto sobre prácticas de acuicultura basadas en el ecosistema, en particular en relación con las regiones ultraperiféricas o con desventajas demográficas;

69.  Señala que debe reforzarse la cooperación entre, por un lado, la comunidad científica y, por otro, los productores acuícolas y otras partes interesadas anteriores y posteriores a estos en la cadena;

70.  Pide que, sobre la base de las mejores recomendaciones científicas, se establezcan protocolos estándar a escala de la Unión tendentes a la recopilación de datos para el seguimiento y la mejora en lo que respecta tanto a las prácticas de gestión y producción de la acuicultura como a la repercusión social, sanitaria, económica y medioambiental de dichas prácticas en las piscifactorías marinas y de agua dulce;

71.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten técnicas innovadoras y respetuosas con el medio ambiente en la acuicultura, como la acuaponía, a fin de producir alimentos de forma sostenible y con un bajo consumo de recursos, y evitar repercusiones negativas sobre el medio ambiente;

72.  Pide a la Comisión que impulse que se exploren las posibilidades para seguir fomentando la acuicultura de algas marinas, un sector de valor ecológico y económico, con el debido respeto a la sostenibilidad social y medioambiental;

Fomento de la formación y el empleo

73.  Pide a los Estados miembros, contando con el apoyo de la Comisión siempre que ello resulte beneficioso, que garanticen una formación profesional apropiada en el ámbito de la acuicultura, y toma nota de la posibilidad de reciclar a los pescadores profesionales para que trabajen en métodos alternativos de gestión de los entornos acuáticos, con la consiguiente contribución asimismo a la creación de puestos de trabajo para las mujeres y los jóvenes de las zonas rurales y costeras y de las regiones ultraperiféricas, de las islas y, en general, de las regiones que dependan en gran medida de la pesca y las actividades acuícolas;

Mejora de la sostenibilidad del sector de la acuicultura en la Unión

74.  Destaca el importante papel desempeñado por las mujeres en el sector de la acuicultura y la necesidad tanto de adaptar la legislación a esta realidad como de tener debidamente en cuenta el resto de actividades relacionadas con la acuicultura propiamente dicha, como, entre otras, las llevadas a cabo por los envasadores o los tejedores de redes de pesca;

75.  Señala que los sistemas innovadores tendentes a una cría de peces lo más cercana posible a sus ecosistemas con piensos naturales no gozan por el momento de la suficiente presencia en el mercado europeo; pide que se mejoren las condiciones marco para este tipo de sistemas;

76.  Considera que son necesarias inversiones al objeto de aprovechar el potencial y asegurar la sostenibilidad de la acuicultura en aras tanto de la protección del medio ambiente como del suministro de bienes públicos y pide, por lo tanto, un aumento de los fondos destinados a la investigación, la innovación y los proyectos de producción sostenibles y orientados a la calidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen y reduzcan en mayor medida la carga burocrática del sector acuícola, en particular de los piscicultores;

77.  Subraya que el fomento de la cooperación entre la investigación e innovación en el sector de la acuicultura y programas universitarios concretos aportará nuevas ideas y estimulará el interés en este sector económico;

Garantía de una financiación adecuada a través del FEMP y otros Fondos Estructurales

78.  Acoge con satisfacción la promoción de una acuicultura sostenible y competitiva como una de las prioridades del FEMP; muestra su preocupación, no obstante, por que, según las conclusiones del estudio publicado en 2014 por el Tribunal de Cuentas Europeo, su predecesor, el Fondo Europeo de Pesca (FEP), no brindó un apoyo eficaz al desarrollo sostenible de la acuicultura; señala que en el ámbito europeo las medidas de apoyo fueron juzgadas indebidamente concebidas y supervisadas, sin que proporcionaran un marco suficientemente claro para el desarrollo de la acuicultura; observa asimismo que, a escala nacional, las medidas de apoyo no se concibieron ni aplicaron debidamente, y ni los planes estratégicos nacionales ni sus programas operativos proporcionaron una base suficientemente clara para el fomento de la acuicultura, sin que la situación haya realmente mejorado con el apoyo del FEMP;

79.  Destaca que la educación y la buena comunicación atraerán a los jóvenes a este sector, garantizarán su futuro y competitividad, e introducirán nueva tecnología e innovación en su evolución;

80.  Pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que, a fin de lograr que resulte más apetecible invertir y brindar la muy necesaria ayuda a los piscicultores, eleven al 75 % la intensidad del apoyo a la inversión en la acuicultura de agua dulce en la política pesquera de la Unión posterior a 2020; solicita por otra parte a la Comisión que, junto con el Banco Europeo de Inversiones, elabore un régimen de ayudas a los tipos de interés a escala de la Unión para las inversiones en acuicultura y la financiación de los activos líquidos;

81.  Propone asimismo que en el futuro se refuerce el apoyo de la Unión a las actividades de investigación, desarrollo e innovación en materia de acuicultura prestando especial atención a los aspectos relacionados con la sostenibilidad económica y la competitividad internacional, como por ejemplo la eficacia energética y en el uso de recursos, el fomento de la financiación de materiales biológicos, la reducción de la carga medioambiental, la prestación de servicios ecológicos de nivel superior, etc.;

82.  Constata que el retraso tanto en la adopción del Reglamento del FEMP como en la aprobación de los programas operativos de los Estados miembros hizo que el aprovechamiento real de los fondos del FEMP por parte de los operadores no comenzase hasta finales de 2016 en el mejor de los casos, un retraso de casi tres años;

83.  Insta a que se simplifiquen el procedimiento y los documentos que han de presentarse para obtener financiación del FEMP;

84.  Pide que todos los regímenes que pudieran obstaculizar el fomento de la acuicultura, en particular mediante otros instrumentos de financiación de la Unión (como el FEDER), se revisen en el sentido de subvencionarla;

85.  Pide a la Comisión que redoble los esfuerzos para proporcionar la asistencia complementaria que los usuarios del FEMP necesitan para poder acceder a los recursos;

86.  Destaca que se debe intensificar el apoyo que se presta a las organizaciones de productores e interprofesionales, a fin de que puedan llegar a ser pilares de la OCM;

Simbiosis armoniosa con la pesca

87.  Señala que no debería existir ningún tipo de antagonismo entre la pesca y la acuicultura, y que ambos sectores pueden ser perfectamente compatibles y complementarios, especialmente en las regiones costeras o islas con gran dependencia de tales actividades en las que se practica la pesca artesanal; pide, por tanto, un mayor fomento de las instalaciones acuícolas mar adentro;

88.  Subraya que la acuicultura marina es compatible con la pesca costera en las regiones ultraperiféricas, y complementaria de la misma, y pide a la Comisión que apoye el desarrollo de las técnicas de cría y selección de variedades en las aguas cálidas de las zonas tropicales o subtropicales; solicita a la Comisión que ponga de relieve el papel desempeñado por las mujeres en el ámbito de la pesca costera artesanal y todas las actividades conexas;

89.  Pide a la Comisión que asigne más fondos a los métodos de producción acuícola respetuosos con el medio ambiente, tales como los sistemas de aislamiento cerrados en el mar y los sistemas de recirculación en tierra, a fin de mitigar el impacto negativo de la acuicultura en los hábitats, las poblaciones de peces salvajes y la calidad del agua;

90.  Reitera las consideraciones ya expuestas en su Resolución sobre la elaboración de un plan europeo de gestión de las poblaciones de cormoranes y señala que reducir los daños ocasionados por los cormoranes y otras aves de presa a las explotaciones acuícolas tiene un efecto importante sobre los costes de producción y, por ende, la supervivencia y competitividad de estas; pide a los Estados miembros que apliquen las excepciones en vigor en el caso de las garzas y los cormoranes y, a la Comisión, que revise el estado de conservación de la nutria;

91.  Solicita a la Comisión que, junto con los Estados miembros, adopte medidas para reducir drásticamente por todos los medios las poblaciones de cormoranes de modo que, por un lado, se garantice la preservación de estas aves y, por otro, no surja ninguna amenaza para otras especies y se prevenga el daño a los cultivos acuícolas afectados;

o
o   o

92.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 88 de 4.4.2011, p. 1.
(2) DO L 221 de 8.8.1998, p. 23.
(3) DO L 204 de 6.8.2009, p. 15.
(4) DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
(5) DO L 250 de 18.9.2008, p. 1.
(6) DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.
(7) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
(8) DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.
(9) DO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
(10) DO L 157 de 20.6.2017, p. 1.
(11) DO C 21E de 28.1.2010, p. 11.
(12) DO C 236E de 12.8.2011, p. 132.
(13) DO C 351E de 2.12.2011, p. 119.
(14) DO C 99E de 3.4.2012, p. 177.
(15) DO C 316 de 22.9.2017, p. 64.
(16) DO C 76 de 28.2.2018, p. 40.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0316.
(18) Comisión Europea (29 de junio de 2017), «Plan de Acción europeo Una sola salud para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos», p. 10.
(19) Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, pp. 16 y 17.
(20) Ibidem, p. 14.

Aviso jurídico