Índice 
Textos aprobados
Miércoles 4 de julio de 2018 - EstrasburgoEdición provisional
Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general ***I
 Reforma de la ley electoral de la Unión Europea ***
 Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia ***
 Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia
 Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak ***
 Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak (Resolución)
 Acuerdo UE-Nueva Zelanda sobre la modificación de las concesiones (adhesión de Croacia) ***
 Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo ***I
 Impuestos sobre vehículos: aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras *
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 por el que se consigna en el presupuesto el excedente del ejercicio financiero 2017
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/ 2018: ampliación del Mecanismo para los refugiados en Turquía
 Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados
 Definición de las pymes
 Negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Israel sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Líbano sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
 Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Argelia sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo

Programa de apoyo a las reformas estructurales: dotación financiera y objetivo general ***I
PDF 285kWORD 55k
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 4 de julio de 2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/825 con el fin de incrementar la dotación financiera del programa de apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo general (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0281A8-0227/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)
(-1)  La Unión deber ayudar a los Estados miembros, si así se lo solicitan, a mejorar su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  El programa de apoyo a las reformas estructurales (en lo sucesivo, «el programa») se creó con el objetivo de reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar reformas estructurales y administrativas que propicien el crecimiento, también mediante asistencia en el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. La ayuda concedida en el marco del programa corre a cargo de la Comisión, a petición de un Estado miembro, y puede abarcar una amplia gama de ámbitos de actuación. Desarrollar economías resilientes sustentadas en sólidas estructuras económicas y sociales que permitan a los Estados miembros amortiguar con eficiencia las perturbaciones y recuperarse rápidamente de ellas contribuye a la cohesión económica y social. La aplicación de reformas institucionales, administrativas y estructurales favorables al crecimiento es el instrumento adecuado para lograrlo.
(1)  El programa de apoyo a las reformas estructurales (en lo sucesivo, «el programa») se creó con el objetivo de reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y ejecutar reformas estructurales y administrativas con valor añadido europeo que propicien el crecimiento, también mediante asistencia en el uso eficiente y efectivo de los fondos de la Unión. La ayuda concedida en el marco del programa corre a cargo de la Comisión, a petición de un Estado miembro, y puede abarcar una amplia gama de ámbitos de actuación. Desarrollar economías resilientes, así como una sociedad resiliente, sustentadas en sólidas estructuras económicas, sociales y territoriales que permitan a los Estados miembros amortiguar con eficiencia las perturbaciones y recuperarse rápidamente de ellas contribuye a la cohesión económica, social y territorial. Las reformas apoyadas por el programa requieren unas administraciones públicas nacionales y regionales eficientes y efectivas, así como la responsabilización y la participación activa de todos los interesados. La aplicación de reformas institucionales, administrativas y estructurales favorables al crecimiento, específicas para cada país, y la apropiación sobre el terreno de reformas estructurales de interés para la Unión, en particular a través de las autoridades locales y regionales y de los interlocutores sociales, constituyen instrumentos apropiados para lograr dicho desarrollo.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  Es necesario presentar y comunicar de forma eficiente los resultados del programa, a escala regional, nacional y de la Unión, para garantizar la visibilidad de los resultados de las reformas aplicadas sobre la base de la petición de cada Estado miembro. De este modo se garantizaría el intercambio de conocimientos, experiencia y mejores prácticas, que también es uno de los objetivos del programa.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)
(1 ter)  Se prevé que la demanda de ayuda en el marco del programa siga siendo elevada, por lo que será necesario dar prioridad a ciertas solicitudes. Debe darse preferencia, cuando proceda, a las solicitudes que tengan por objeto transferir la presión fiscal del trabajo a la riqueza y la contaminación, fomentar la solidez de las políticas sociales y de empleo, y por tanto la inclusión social, luchar contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales a través de una mayor transparencia, establecer estrategias para una reindustrialización innovadora y sostenible y mejorar los sistemas de educación y formación. Debe prestarse especial atención a las solicitudes de ayuda que presenten un elevado nivel de apoyo democrático y participación de los socios y que tengan efectos indirectos en otros sectores. El programa debe complementar otros instrumentos a fin de evitar solapamientos.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)
(1 quater)   En su empeño por reforzar la capacidad de los Estados miembros para preparar y aplicar reformas estructurales favorables al crecimiento, el programa no debe sustituir ni reemplazar la financiación procedente de los presupuestos nacionales de los Estados miembros ni ser utilizado para cubrir gastos corrientes.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  Fortalecer la cohesión económica y social mediante el refuerzo de las reformas estructurales es esencial para participar con éxito en la Unión Económica y Monetaria. Este punto es especialmente importante para los Estados miembros cuya moneda no es el euro en su preparación para ingresar en la zona del euro.
(3)  Fortalecer la cohesión económica, social y territorial mediante reformas estructurales que redunden en beneficio de la Unión y estén en consonancia con sus principios y valores es esencial para participar con éxito en la Unión Económica y Monetaria y reforzar la convergencia dentro de esta, garantizando su estabilidad y prosperidad a largo plazo. Este punto es especialmente importante para los Estados miembros cuya moneda no es todavía el euro en su preparación para ingresar en la zona del euro.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Conviene, por tanto, hacer hincapié en el objetivo general del programa, en el contexto de su contribución a responder a los desafíos económicos y sociales, según el cual el refuerzo de la cohesión, la competitividad, la productividad, el crecimiento sostenible y la creación de empleo también debe contribuir a los preparativos para la futura participación en la zona del euro de aquellos Estados miembros cuya moneda no es el euro.
(4)  Conviene, por tanto, hacer hincapié en el objetivo general del programa, en el contexto de su contribución a responder a los desafíos económicos y sociales, según el cual el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial, la competitividad, la productividad, el crecimiento sostenible, la creación de empleo, la inclusión social y la reducción de las disparidades entre Estados miembros y regiones también debe contribuir a los preparativos para la futura participación en la zona del euro de aquellos Estados miembros cuya moneda todavía no es el euro.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  También es necesario indicar que las acciones y actividades del programa pueden apoyar las reformas susceptibles de ayudar a los Estados miembros que deseen adoptar el euro a prepararse para participar en la zona del euro.
(5)  Teniendo presente la experiencia positiva acumulada por la Unión con la asistencia técnica prestada a otros Estados que ya han ingresado en el euro, es también necesario indicar que las acciones y actividades del programa pueden apoyar las reformas susceptibles de ayudar a los Estados miembros que se adhirieron más tarde a la Unión y que deseen adoptar el euro a prepararse para participar en la zona del euro.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   Siete Estados miembros, a saber, Bulgaria, la República Checa, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía y Suecia, están sujetos a una obligación establecida por el Tratado de prepararse para la participación en la zona del euro. Algunos de estos Estados miembros han avanzado poco en este sentido en los últimos años, por lo que el apoyo de la Unión a la participación en el euro es cada vez más importante. Dinamarca y el Reino Unido no tienen la obligación de adherirse a la zona del euro.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)   Los entes regionales y locales tienen un importante papel que desempeñar en la reforma estructural, pero el alcance de esta función depende de la organización constitucional y administrativa del Estado miembro de que se trate. Resulta por consiguiente adecuado prever un nivel apropiado de participación y de consulta de los entes regionales y locales en la preparación y la ejecución de la reforma estructural.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  A fin de atender la creciente demanda de ayuda procedente de los Estados miembros, y habida cuenta de la necesidad de apoyar la aplicación de las reformas estructurales en los Estados miembros cuya moneda no es el euro, debe incrementarse la asignación financiera del programa hasta alcanzar un nivel suficiente que permita a la Unión prestar las ayudas que satisfagan las necesidades de los Estados miembros solicitantes.
(6)  A fin de atender la creciente demanda de ayuda procedente de los Estados miembros, y habida cuenta de la necesidad de apoyar la aplicación de las reformas estructurales de interés para la Unión en los Estados miembros cuya moneda todavía no es el euro, debe incrementarse la asignación financiera del programa, utilizando el Instrumento de Flexibilidad previsto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo1 bis, hasta alcanzar un nivel suficiente que permita a la Unión prestar las ayudas que satisfagan las necesidades de los Estados miembros solicitantes. Ese incremento no debe afectar negativamente a las demás prioridades de la política de cohesión. Asimismo, no debe obligarse a los Estados miembros a transferir sus asignaciones nacionales y regionales de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) con la finalidad de corregir el déficit de financiación del programa.
___________
*Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Con el fin de ofrecer ayuda con la máxima rapidez posible, la Comisión debe poder utilizar una parte de la dotación financiera también para financiar el coste de las actividades que contribuyen al programa, tales como los gastos relativos al control de la calidad y al seguimiento de los proyectos sobre el terreno.
(7)  Con el fin de ofrecer ayuda de calidad con la máxima rapidez posible, la Comisión debe poder utilizar una parte de la dotación financiera también para financiar el coste de las actividades que contribuyen al programa, tales como los gastos relativos al control de la calidad, al seguimiento, y a la evaluación de los proyectos sobre el terreno. Estos gastos deberían guardar proporción con el valor global del gasto en el marco de los proyectos de apoyo.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  Con el fin de garantizar una correcta presentación de informes sobre la ejecución del programa al Parlamento Europeo y al Consejo, debe especificarse el periodo en el que la Comisión debe presentar informes anuales de seguimiento.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 2017/825
Artículo 4 – apartado 1
El objetivo general del programa será contribuir a las reformas institucionales, administrativas y estructurales favorables al crecimiento en los Estados miembros, prestando apoyo a las autoridades nacionales en relación con las medidas destinadas a reformar y reforzar las instituciones, la gobernanza, la administración pública y los sectores económico y social en respuesta a los retos económicos y sociales, con el fin de reforzar la cohesión, la competitividad, la productividad, el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la inversión, lo que también preparará para participar en la zona del euro, particularmente en el contexto de los procesos de gobernanza económica, también mediante asistencia para el uso eficiente, efectivo y transparente de los fondos de la Unión.
El objetivo general del programa será contribuir a las reformas institucionales, administrativas y estructurales favorables al crecimiento en los Estados miembros, prestando apoyo a las autoridades de los Estados miembros y, en su caso, los entes regionales y locales en relación con las medidas destinadas a reformar y reforzar las instituciones, la gobernanza, la administración pública y los sectores económico y social en respuesta a los retos económicos y sociales, con el fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial, la competitividad, la productividad, el crecimiento sostenible, la creación de empleo, la inclusión social, la lucha contra la evasión fiscal y la pobreza, la inversión y la convergencia real en la Unión, lo que también preparará para participar en la zona del euro, particularmente en el contexto de los procesos de gobernanza económica, también mediante asistencia para el uso eficiente, efectivo y transparente de los fondos de la Unión.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/825
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
1 bis)   Se añade el siguiente punto en el artículo 5, apartado 1:
d bis)   apoyar la participación y la consulta de los entes regionales y locales en la preparación y la aplicación de las medidas de reforma estructural en un grado acorde con las competencias y las responsabilidades de dichos entes regionales y locales dentro de la estructura constitucional y administrativa de cada Estado miembro.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (UE) n.º 2017/825
Artículo 10 – apartado 1
1.  La dotación financiera para la ejecución del programa se fija en 222 800 000 EUR a precios corrientes.
1.  La dotación financiera para la ejecución del programa se fija en 222 800 000 EUR a precios corrientes, de los cuales 80 000 000 EUR procederán del Instrumento de Flexibilidad en el marco del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo*.
_________________
*Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/825
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
3 bis)   En el artículo 16, apartado 2, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
2.  La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual de seguimiento sobre la ejecución del programa. Este informe incluirá información sobre:
«2. A partir de 2018 y hasta el año 2021 incluido, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual de seguimiento sobre la ejecución del programa. Este informe incluirá información sobre:»
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 2017/825
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
3 ter)  En el artículo 16, apartado 2, se inserta la letra d bis:
«d bis) resultados del control de calidad y del seguimiento de los proyectos de apoyo sobre el terreno; »

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0227/2018).


Reforma de la ley electoral de la Unión Europea ***
PDF 243kWORD 47k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo de 20 de septiembre de 1976 (09425/2018 - C8-0276/2018 - 2015/0907(APP))
P8_TA-PROV(2018)0282A8-0248/2018

(Procedimiento legislativo especial – aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (09425/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 223, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0276/2018),

–  Vistas su Resolución, de 11 de noviembre de 2015, sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea, y la propuesta adjunta de Decisión del Consejo por la que se adoptan las disposiciones por las que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo(1),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado francés, la Cámara de Diputados de Luxemburgo, el Senado neerlandés y el Congreso de los Diputados neerlandés, el Parlamento sueco, la Cámara de los Comunes del Reino Unido y la Cámara de los Lores del Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0248/2018),

1.  Concede su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 366 de 27.10.2017, p. 7.


Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia ***
PDF 242kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0283A8-0177/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12543/2017),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra (12548/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, los artículos 207 y 209 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el artículo 218, apartado 7, y el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0422/2017),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 4 de julio de 2018(1), sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0177/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Armenia.

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2018)0284.


Acuerdo de Asociación entre la UE y la CEEA y Armenia
PDF 389kWORD 53k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra (12543/2017 – C8-0422/2017 – 2017/0238(NLE)2017/2269(INI))
P8_TA-PROV(2018)0284A8-0179/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12543/2017),

–  Visto el Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra (12548/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea, así como con el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, y los artículos 207 y 209, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), el artículo 218, apartado 7, y el artículo 218, apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0422/2017),

–  Vistas sus resoluciones pertinentes sobre las relaciones UE-Armenia,

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común(1),

–  Vista las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, en particular la acordada en 2017 en Bruselas,

–  Vistas las Comunicaciones Conjuntas de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Política Europea de Vecindad (PEV), en particular el informe de 18 de mayo de 2017 sobre la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018) y el documento de trabajo conjunto de 9 de junio de 2017 titulado «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Asociación Oriental – 20 objetivos para 2020: Centrarse en las prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la Comunicación de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en los países vecinos del Este y en particular su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017(2), y su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio(3),

–  Vista su resolución legislativa de 4 de julio de 2018(4) sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistas las Prioridades de Colaboración entre la Unión Europea y Armenia, firmadas el 21 de febrero de 2018,

–  Visto el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8‑0179/2018),

A.  Considerando que el actual marco para las relaciones entre Armenia y la Unión es el acuerdo de colaboración y cooperación de 1996 que entró en vigor en 1999 y que debe ser sustituido por el Acuerdo de Asociación Global y Reforzado propuesto;

B.  Considerando que, a través de la Asociación Oriental, la Unión y Armenia han basado sus relaciones en un compromiso común con el Derecho internacional y los valores fundamentales, incluida la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, así como el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales;

C.  Considerando que sigue preocupando que Armenia respete plenamente algunos de los valores fundamentales antes mencionados, en particular los referidos a la democracia y el Estado de Derecho, que están siendo socavados por la corrupción, la compra de votos, la delincuencia organizada y el control oligárquico abusivo;

D.  Considerando que la ubicación geográfica de Armenia entre Europa, Asia Central y Oriente Próximo y cercana a potencias regionales, en particular Rusia, Irán y Turquía, es estratégica y representa un desafío; que el hecho de que algunas partes no reconozcan tragedias del pasado, en particular, el genocidio armenio, la presencia de tropas extranjeras en Armenia, así como los conflictos prolongados en el Cáucaso Meridional, que afectan también a Azerbaiyán y Georgia, supone una importante amenaza para la seguridad y la estabilidad regional de todos los socios; que el conflicto de Nagorno-Karabaj solo puede resolverse de manera pacífica de acuerdo con los principios básicos de la OSCE de 2009, en particular a través de los esfuerzos y propuestas de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE;

E.  Considerando que la Unión es el principal socio comercial y donante más importante de Armenia; que Armenia también es miembro de la Unión Económica Euroasiática, lo cual demuestra que la Unión no mantiene como requisito previo que los socios deban elegir una intensificación de las relaciones con la Unión a expensas de sus relaciones con terceras partes, aunque en este contexto no se pudieran conseguir determinadas oportunidades, como una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP);

F.  Considerando que el nuevo acuerdo establece una nueva base jurídica para revitalizar el diálogo político y ampliar el alcance de la cooperación económica, así como la cooperación en sectores como la energía, el transporte, las infraestructuras y el medio ambiente; que se espera que estas disposiciones tengan un efecto positivo sobre Armenia en términos de fomento de las normas democráticas, crecimiento económico y desarrollo sostenible; que estas perspectivas son especialmente importantes para los jóvenes de Armenia ya que suponen, entre otros, una mejora de la educación y más oportunidades laborales; que los ciudadanos de la Unión y los armenios se beneficiarán de una mayor cooperación;

1.  Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Asociación Global y Reforzado, que constituye un importante paso adelante en las relaciones entre la Unión y Armenia y encarna el compromiso de continuar profundizando en las relaciones políticas y económicas;

2.  Observa que la firma del Acuerdo no es el punto final en lo relativo a la cooperación UE-Armenia; hace hincapié, en cambio, en la importancia de que se aplique rápida y eficazmente antes de pasar a considerar las posibilidades de continuar profundizando la cooperación y la integración entre las dos partes, a un ritmo y en una escala que resulte conveniente para ambas;

3.  Recuerda que para abrir perspectivas futuras de cooperación es clave realizar progresos significativos en términos de defensa de valores fundamentales como el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como un sistema democrático eficaz que defienda la independencia e imparcialidad del poder judicial, y la obtención de resultados concretos en la lucha contra la corrupción; en este sentido, espera que la Unión considere en su momento la apertura del diálogo sobre la liberalización del régimen de visados con Armenia, siempre que se den las condiciones para una movilidad bien gestionada y segura, incluida la aplicación eficaz de la facilitación de la expedición de visados y de los acuerdos de readmisión entre las partes;

4.  Felicita a los ciudadanos de Armenia por el traspaso de poderes efectuado en abril y mayo de 2018, que se desarrolló de forma pacífica y dio lugar a un cambio de Gobierno, de conformidad con la Constitución de este país; acoge con satisfacción la moderación mostrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero expresa su preocupación por las detenciones injustificadas de manifestantes pacíficos, incluidos miembros del Parlamento; envía su sincera felicitación a Nikol Pashinián felicita por su elección como nuevo primer ministro de Armenia; espera con interés que se produzca una mayor cooperación con el primer ministro, con su Gobierno y con la Asamblea Nacional, para ayudarles a cumplir las expectativas de la sociedad armenia expresadas durante las manifestaciones, y manifiesta su disposición a observar las futuras elecciones parlamentarias en Armenia;

Principios generales, valores fundamentales y compromiso con la resolución de conflictos

5.  Subraya que la aplicación territorial del Acuerdo cubre, por una parte, los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en las condiciones establecidas en dichos Tratados y, por otra parte, el territorio de la República de Armenia; pide a la Comisión que garantice que no se exporten ilegalmente productos a la Unión a través de Armenia;

6.  Observa que el Acuerdo es conforme con el espíritu y los principios expresados en la Recomendación del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2017, en la que se afirma sin ambigüedades que no se ratificará un acuerdo global con un país que no respete los valores de la Unión Europea como la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los derechos humanos y las libertades fundamentales; insta a las autoridades de Armenia, no obstante, a que, con el apoyo de la Unión, garanticen que no se produzcan retrocesos en relación con estos valores, pues ello podría dar lugar a la suspensión de la aplicación del Acuerdo a través del artículo 379; reitera que la asistencia financiera de la Unión a Armenia sigue dependiendo de la aplicación de reformas y la calidad de estas;

7.  Anima a Armenia a que adopte y aplique rápidamente las reformas mutuamente acordadas, en lo que respecta concretamente a la estabilidad del sistema electoral, la independencia del poder judicial y la transparencia en la gestión de las instituciones públicas, en particular en el contexto de las prioridades de la asociación UE-Armenia, que deberían servir como marco orientador para la aplicación del Acuerdo, con objeto de ofrecer resultados tangibles y positivos para los ciudadanos armenios;

8.  Hace hincapié en la gran importancia de una participación e inclusión significativas de las organizaciones pertinentes de la sociedad civil en esta fase de aplicación, en particular a través de la nueva Plataforma de la Sociedad Civil establecida por el Acuerdo, más allá de las limitadas obligaciones de mantener informados a los representantes de la sociedad civil e intercambiar puntos de vista con ellos previstas actualmente en el artículo 366 del Acuerdo; recuerda que las organizaciones participantes de la sociedad civil deben reflejar el abanico más amplio posible de intereses políticos y sociales;

9.  Pide a la Comisión que mantenga la condicionalidad de la asistencia financiera de la Unión vinculando sistemáticamente el apoyo de la Unión, también el concedido a través del Instrumento Europeo de Vecindad, la ayuda macrofinanciera y otros instrumentos, a la realización efectiva de reformas, sometiendo los progresos en este ámbito a un control exhaustivo;

10.  Observa que el Acuerdo también es conforme con el espíritu y los principios expresados en la Recomendación del Parlamento Europeo de 15 de noviembre de 2017, incluso por lo que se refiere a supeditar la ratificación de un nuevo acuerdo con Armenia o Azerbaiyán a compromisos significativos y progresos sustanciales en relación con la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj; insta a ambas partes a aumentar, de buena fe, el ritmo y los resultados de sus negociaciones a partir de las elecciones de 2018 en ambos países, a fin de hacer historia poniendo fin a un conflicto que no puede resolverse haciendo uso de la fuerza militar y que ha causado demasiadas víctimas, en especial civiles, y que no solo ha evitado el establecimiento de la paz y la estabilidad, sino que también ha entorpecido el desarrollo socioeconómico de la región durante casi tres decenios; expresa su profunda preocupación por el aumento del poderío militar y los gastos de defensa desproporcionados en la región; apoya todas las iniciativas que puedan conducir a la paz y al desarrollo de buenas relaciones de vecindad, principalmente las conversaciones de alto nivel y un mecanismo de supervisión del alto el fuego, y pide al SEAE y a la Comisión que incrementen el apoyo de la Unión a los programas que permitan establecer un mayor contacto entre las ONG y las organizaciones juveniles armenias y azerbaiyanas, garantizando al mismo tiempo que los Estados miembros de la Unión eviten las exportaciones indirectas de bienes y tecnología de doble uso a las partes en el conflicto;

Reforma política

11.  Pide a Armenia y a la Unión que concedan una prioridad elevada a las reformas nacionales, con arreglo a lo indicado en el artículo 4, para garantizar en particular una transición fluida de un sistema presidencialista a uno parlamentario y la no politización de las instituciones del Estado; anima al Gobierno armenio a que vele por que las principales reformas, como las relativas a la estructura y las actividades del Gobierno o al Código penal, sean objeto de una mayor transparencia y de un diálogo inclusivo con la oposición y la sociedad civil, en interés de la sociedad armenia en general;

12.  Hace hincapié en la necesidad de garantizar una igualdad de condiciones para la oposición y un entorno en el que la sociedad civil, incluidos los representantes de los medios de comunicación y los defensores de los derechos humanos, puedan ejercer su actividad sin temor a represalias; pide a Armenia, en este contexto, que garantice un juicio rápido y justo de todos los presos, en particular de Andreas Ghukasyan, sin consideraciones políticas de ningún tipo; pide a las autoridades armenias que garanticen que los periodistas no se enfrentan a presiones, temor a represalias o violencia en su trabajo, que defiendan el derecho a la libertad de reunión y que se abstengan de hacer un uso excesivo de la fuerza y de ejercer presiones, como presentar cargos penales injustificados, contra los manifestantes pacíficos y los líderes de las protestas; pide que se garanticen investigaciones imparciales y juicios justos en todos los casos, incluso en lo que se refiere a anteriores operaciones desproporcionadas de la policía contra manifestantes pacíficos y en el asunto «Sasna Tsrer», en el que la policía obstaculizó seriamente el trabajo de los abogados defensores;

13.  Insta a las autoridades armenias, con miras a futuras elecciones, a que apliquen rápida y plenamente todas las recomendaciones de las misiones internacionales de observación dirigidas por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), como se recalca en su último informe, en particular en relación con las acusaciones de compra de votos, intimidación de electores, presiones sobre funcionarios y empleados del sector privado e injerencias indebidas en el proceso de votación por parte de representantes de partidos o miembros de las fuerzas de seguridad, que no consiguieron mejorar la confianza pública en el sistema electoral del país;

14.  Anima a Armenia a que aplique las recomendaciones de la Comisión de Venecia, por ejemplo las recogidas en su dictamen de 2017 sobre el proyecto de Código judicial, en las que se indica que el Código lleva a la práctica cambios positivos propiciados por la reforma constitucional, pero adolece de lagunas e incoherencias que deben subsanarse;

El Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales

15.  Reitera su firme adhesión al Derecho internacional y los valores fundamentales, en particular la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, e insta a Armenia a que haga progresos sustanciales en estos ámbitos, en particular en relación con la libertad de medios de comunicación, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales y el control oligárquico abusivo; anima a las autoridades armenias a que inicien un profundo y verdadero proceso de reformas económicas con vistas a superar la actual estructura oligárquica y eliminar los monopolios pertinentes; alienta a las autoridades armenias a que sigan actuando de forma coherente con las obligaciones del país como Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, a fin de prevenir, perseguir y sancionar las vulneraciones;

16.  Lamenta que la violencia basada en el género y la orientación sexual siga siendo un grave problema en Armenia; toma nota de que la violencia doméstica se haya reconocido como un problema importante con la adopción, el 8 de diciembre de 2017, de la Ley sobre la prevención de la violencia, la protección y el restablecimiento de la paz (cohesión) en el seno familiar por parte de la Asamblea Nacional, pero solicita que se elabore una legislación más estricta para combatir eficazmente este tipo de violencia y que las autoridades protejan y apoyen mejor a las víctimas; encomia a Armenia por la firma, el 18 de enero de 2018, del Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y anima a Armenia a que lo ratifique con rapidez y lo aplique cabalmente para cumplir efectivamente sus compromisos con las normas internacionales en este ámbito;

17.  Pide a Armenia que aborde el problema de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación tomando medidas rápidas pero eficaces con objeto de lograr la igualdad de oportunidades para todos, especialmente en materia de empleo, igualdad de salario y cargos públicos, a ser posible mediante una ley amplia y autónoma contra la discriminación, que también proteja a otros grupos vulnerables como las personas LGBTI, en consonancia con las normas internacionales y los diversos compromisos de Armenia en el ámbito de los derechos humanos, y de garantizar mecanismos de protección eficaces, que cuenten con una financiación adecuada; expresa su preocupación, en este sentido, por la incompatibilidad de la legislación pendiente con las normas internacionales en materia de lucha contra la discriminación;

18.  Insta a las autoridades armenias a dar máxima prioridad a acabar con los abortos selectivos en función del sexo, ya que Armenia, junto a Azerbaiyán, sigue siendo uno de los países en los que esta práctica está más extendida después de China; apoya el compromiso de Armenia para mejorar la vida de los niños, en particular de los niños con discapacidad y los niños huérfanos, mediante la aplicación sistemática de las prioridades establecidas en la Estrategia nacional para la protección de los derechos del niño y en el correspondiente plan de acción para la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como para garantizar una educación inclusiva para todos los niños de aquí a 2025 y erradicar el trabajo infantil;

19.  Alienta a que se hagan mayores esfuerzos por incrementar la cooperación en materia de prevención y lucha contra actividades delictivas como el terrorismo, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y la delincuencia transfronteriza y pide a Armenia que se acerque en mayor medida a la Política Exterior y de Seguridad de la Unión;

20.  Pide a Armenia que ratifique el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que firmó en 1999;

Cooperación comercial y económica

21.  Acoge con satisfacción la profundización de las relaciones comerciales y económicas entre la Unión y Armenia, y que en ocasiones el Acuerdo de Colaboración Global y Reforzado vaya más allá de los compromisos de la OMC en términos de transparencia y acceso al mercado para los productos y los operadores de la Unión en ámbitos como el comercio de servicios, los derechos de propiedad intelectual y la contratación pública;

22.  Pide a Armenia que entable unas relaciones comerciales de confianza con la Unión de acuerdo con los compromisos adoptados por su parte con la adhesión a la OMC; recuerda que los términos y condiciones de los miembros de la OMC así como las obligaciones que se derivan de los acuerdos de la OMC y las disposiciones de dichos acuerdos solo se aplican en los territorios de la República de Armenia reconocidos por las Naciones Unidas;

23.  Expresa su esperanza de que el Acuerdo aporte rápidamente oportunidades económicas para los ciudadanos de Armenia que viven en Armenia o retornan allí, y en particular para los jóvenes;

24.  Lamenta, no obstante, que el Acuerdo no pueda comprender la supresión de barreras arancelarias a consecuencia de la pertenencia de Armenia a la Unión Económica Euroasiática; acoge con satisfacción, no obstante, la elevada tasa de utilización del sistema de preferencias generalizadas (SPG+) de la Unión por Armenia, pero observa con cierta preocupación que estas exportaciones SPG+ se concentran mucho en solo unos pocos tipos de mercancías; observa que el Acuerdo respeta la política exterior multivectorial de Armenia, pero pide a la Comisión que garantice que la ayuda de la Unión no se dirija en Armenia a aquellos sectores afectados por las sanciones rusas contra la Unión, e insta a la Comisión a que supervise estrictamente el cumplimiento, por parte de los Estados miembros de la Unión, del Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, con el fin de evitar la adquisición de bienes y tecnologías de doble uso por parte de Rusia a través de Armenia;

25.  Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre la protección de las marcas comerciales, en particular las disposiciones transitorias del artículo 237 sobre «cognac» y «champagne», que protege con ello los intereses de la Unión y permite asimismo que Armenia desarrolle su comercio en todos sectores principales de su economía;

Energía y otros ámbitos de cooperación

26.  Acoge con satisfacción el relieve concedido, en particular en el artículo 42, a la seguridad nuclear sobre la base de las normas y las prácticas del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y de la Unión Europea; lamenta la decisión de las autoridades armenias de ampliar la vida de la central nuclear de Medzamor, y reitera su profunda inquietud por la persistente discrepancia entre las normas de seguridad de esta central nuclear y los importantes riesgos que se desprenden de su ubicación en una zona sísmica; encomia a los negociadores por la inclusión, en el artículo 42 del Acuerdo de Colaboración Global y Reforzado, de una cooperación específica sobre «el cierre y desmantelamiento seguro de la central nuclear de Medzamor y la rápida adopción de una hoja de ruta o un plan de acción a tal efecto, teniendo en cuenta la necesidad de su sustitución por nuevas capacidades para garantizar la seguridad energética de la República de Armenia y las condiciones para el desarrollo sostenible»;

27.  Acoge asimismo con satisfacción las disposiciones específicas relativas a la cooperación sobre asuntos de medio ambiente en Armenia, habida cuenta de la acuciante necesidad de progresos en este ámbito y de las oportunidades de creación de puestos de trabajo y reducción de la dependencia de las importaciones de energía que podría derivarse del desarrollo de fuentes alternativas de energía limpias; pide en particular a la Comisión que asista y ayude al Gobierno armenio, tanto técnica como económicamente, en su ambicioso plan para desarrollar la energía renovable;

28.  Pide a las autoridades armenias que refuercen la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las finanzas públicas, así como en la contratación pública y el proceso de privatización y, además, que refuerce la supervisión del sector bancario;

29.  Hace hincapié en la importancia de las disposiciones sobre diálogo y cooperación sobre política de empleo, derechos laborales como la salud y la seguridad en el trabajo, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación, también para los grupos vulnerables y marginados, a fin de ofrecer mejores puestos de trabajo con mejores condiciones laborales, en particular a los jóvenes armenios, y contribuir a la lucha contra el elevado desempleo y la pobreza extrema;

Disposiciones institucionales

30.  Acoge con satisfacción el establecimiento de una Comisión Parlamentaria de Asociación en virtud del artículo 365 del Acuerdo, y se compromete a elaborar con rapidez, junto con el Parlamento de Armenia, sus normas de procedimiento con miras al rápido inicio de sus actividades;

31.  Reitera su petición a la Comisión y al SEAE de que cada seis meses transmitan por escrito al Parlamento un informe pormenorizado sobre la aplicación de acuerdos internacionales, de acuerdo con su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017, en la que se reitera la disposición del Parlamento a intensificar su control de la aplicación de los acuerdos internacionales con socios orientales y su control del apoyo prestado por la Unión a este respecto;

32.  Pide a las autoridades de la Unión y de Armenia que intensifiquen sus esfuerzos de comunicación acerca de las metas y los objetivos del nuevo acuerdo para continuar mejorando la concienciación de la población, en Armenia y en la Unión, respecto de las oportunidades esperadas y los beneficios que se derivarán de su conclusión; pide, asimismo, a ambas partes que no cejen en sus esfuerzos por contrarrestar cualquier campaña de desinformación relativa a las relaciones UE-Armenia;

o
o   o

33.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Armenia.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0440.
(3) DO C 328 de 6.9.2016, p. 2.
(4) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2018)0283.


Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak ***
PDF 246kWORD 50k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0285A8-0222/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10209/1/2012),

–  Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra (5784/2/2011 y 8318/2012),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 91, 100, 207 y 209, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0038/2018),

–  Vista su Posición, de 17 de enero de 2013, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra parte(1),

–  Visto el cambio de base jurídica a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2014(2),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 4 de julio de 2018(3), sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0222/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Irak.

(1) DO C 440 de 30.12.2015, p. 301.
(2) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2014, Comisión/Consejo, C-377/12, ECLI:EU:C:2014:1903, relativa al Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y la República de Filipinas.
(3) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2018)0286.


Acuerdo de Asociación y Cooperación UE-Irak (Resolución)
PDF 289kWORD 56k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra (10209/1/2012 – C8-0038/2018 – 2010/0310M(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0286A8-0224/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10209/1/2012),

–  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra parte(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con los artículos 91, 100, 207 y 209, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0038/2018),

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2013, sobre el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE e Irak(2),

–  Vista la Comunicación conjunta de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión, de 8 de enero de 2018, titulada «Elementos de una estrategia de la UE para Irak»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 22 de enero de 2018, en las que se establece una nueva estrategia para Irak,

–  Visto el Programa Indicativo Plurianual para Irak (2014‑2017) de la Comisión,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh»(3),

–  Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación en el norte de Irak, en particular en Mosul(4),

–  Vistas las Resoluciones 2367 (2017) y 2379 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 14 de julio de 2017 y 21 de septiembre de 2017, respectivamente,

–  Vista su Resolución legislativa, de 4 de julio de 2018,(5) sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el artículo 99, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8‑0224/2018),

A.  Considerando que Europa e Irak están vinculados por miles de años de influencias culturales mutuas y por una historia común;

B.  Considerando que Irak ha quedado arrasado por las décadas del régimen dictatorial de Sadam Huseín, que inició guerras de agresión contra Irán en 1980 y Kuwait en 1990, así como por las destructivas sanciones y por los conflictos internos tras la invasión de 2003 dirigida por los Estados Unidos, en particular la violencia sectaria, el secesionismo kurdo y el terrorismo yihadista del Dáesh; que todos estos factores explican la magnitud de los retos a los que se enfrenta Irak a medida que se esfuerza por avanzar hacia la mejora de la gobernanza, el progreso económico y la reconciliación nacional;

C.  Considerando que la Unión ha reafirmado su compromiso de establecer una asociación sólida con Irak sobre la base del Acuerdo de Asociación y Cooperación, de apoyar a las autoridades iraquíes a lo largo del proceso de reconstrucción y transición a la democracia, así como de hacer frente a las causas profundas de la inestabilidad política, social y económica; que se calcula que el coste de la labor de reconstrucción pueda llegar a ascender a 88 000 millones de dólares americanos;

D.  Considerando que los Estados miembros de la Unión que participaron en la guerra de 2003, y la Unión en su conjunto, tienen la responsabilidad particular de asistir a la población iraquí y de apoyar la labor por conseguir la paz y la estabilidad en el país;

E.  Considerando que el 12 de mayo de 2018 se celebraron elecciones parlamentarias; que en esta región, con usos y regímenes autoritarios que se hacen fuertes por doquier, Irak constituye uno de los pocos ejemplos de entorno político competitivo, en particular al disponer de un sistema pluripartidista y de medios de comunicación relativamente libres; que las fuerzas políticas del país parecen darse cuenta de la necesidad de formar alianzas interconfesionales con el fin de reforzar la legitimidad y la estabilidad del sistema; que celebrar unas elecciones verdaderas y competitivas es fundamental para la consolidación de la democracia en Irak; que la plena participación de todos los sectores de la sociedad iraquí será un paso importante para lograr una democracia integradora y un sentimiento común de pertenencia a una misma nación;

F.  Considerando que es necesario mejorar de forma significativa la situación en materia de seguridad para promover la estabilización, la reconciliación, la gobernanza integradora y el progreso económico y social del país tanto a escala nacional como a escala local; que para lograr la reconciliación es necesario que todas las partes rindan cuentas por los crímenes cometidos; que la Unión proporciona asistencia para la reforma del sector de la seguridad en Irak a través de su Misión asesora; que la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI) lleva presente en el país desde 2003 y ha llevado a cabo un importante trabajo en el fomento del diálogo político integrador y la reconciliación nacional; que la OTAN sigue llevando a cabo su iniciativa para el fomento de la capacidad en Irak, que se centra en la lucha contra los dispositivos explosivos improvisados, la neutralización de municiones explosivas, la retirada de minas, la planificación civil y militar, el mantenimiento de equipos de la era soviética, la medicina militar y la reforma de las instituciones de seguridad iraquíes;

G.  Considerando que Irak se enfrenta a retos en materia de gobernanza en lo que respecta al fomento de la capacidad institucional y administrativa y la consolidación del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos humanos, en particular los de las mujeres y los de todas las minorías etnorreligiosas;

H.  Considerando que es importante luchar contra el desempleo y la exclusión social, especialmente entre los jóvenes, para evitar la radicalización de estos y su en consecuencia fácil reclutamiento por parte de organizaciones terroristas u otros grupos de delincuencia organizada;

I.  Considerando que los servicios iraquíes de lucha contra el terrorismo, el principal agente en la liberación de Mosul, sufrieron graves bajas y deben recibir el reconocimiento y el apoyo apropiados de modo que puedan mejorar su capacidad de contratación y volver ser una fuerza de dimensión sostenible y equitativa;

J.  Considerando que las autoridades iraquíes deberían considerar los ingresos procedentes del petróleo como una oportunidad y un instrumento en favor de una reconstrucción social y económica duradera de la que se beneficiará la sociedad iraquí en su conjunto, en lugar de distribuir dichos ingresos de manera clientelista; que existen importantes yacimientos de petróleo en la región autónoma de Kurdistán en Irak; que es necesario normalizar las relaciones entre el Gobierno central de Bagdad y el Gobierno regional de la región autónoma de Kurdistán en Irak, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución;

K.   Considerando que Irak es un mosaico de comunidades que a menudo compiten entre sí por el poder y el control sobre los recursos nacionales; que miles de ciudadanos iraquíes, incluidos los procedentes de comunidades minoritarias, sobre todo mujeres y niñas, fueron exterminados de forma inhumana o esclavizados por el Dáesh en actos que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; que los grupos terroristas y extremistas siguen pudiendo aprovechar fácilmente las tensiones interreligiosas y locales; que, en 2003, vivían en Irak 1,5 millones de ciudadanos iraquíes cristianos (caldeos, siriacos, asirios y otras minorías cristianas), y que estos constituyen una antigua población autóctona, actualmente muy vulnerable ante la persecución y el exilio; que millones de ciudadanos iraquíes, en particular cristianos, se vieron obligados a huir de la violencia, abandonando el país o desplazándose en el interior de las fronteras; que los kurdos constituyen una minoría importante de la población de Irak y que la mayoría de ellos viven en la región autónoma de Kurdistán de Irak;

L.  Considerando que el Dáesh, Al‑Qaeda y organizaciones terroristas afines se inspiran en la versión extrema del salafismo o del wahabismo; que, a pesar de la derrota militar y territorial del Dáesh, es necesario aún hacer frente a la amenaza de esta ideología mediante una mejora de la gobernanza, la educación, la prestación de servicios, los esfuerzos de desradicalización y la plena inclusión de la comunidad suní en el proceso político iraquí;

M.  Considerando que, hasta la fecha, en un país de 26 millones de habitantes, hay once millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, el número de desplazados iraquíes en el interior del territorio supera los tres millones de personas, muchos de los cuales han hallado cobijo en la región de Kurdistán de Irak, y hay 246 000 refugiados procedentes de Siria; que es fundamental proporcionar apoyo económico a los desplazados internos para restablecer sus medios de subsistencia a fin de que puedan retornar;

N.  Considerando que la derrota del Dáesh es el resultado de los esfuerzos de las fuerzas armadas iraquíes, con el apoyo de la coalición internacional contra el Dáesh, así como de las diferentes Unidades de Movilización Popular, los peshmerga y otras fuerzas aliadas; que, a pesar de la derrota territorial del Dáesh en Irak, la amenaza yihadista persiste y pone en peligro la consolidación de la estabilidad y la seguridad en el país, especialmente a lo largo de la frontera siria; que es necesario, para la reconstrucción del país y la integración de la sociedad iraquí, superar las diferencias basadas en criterios religiosos, disolver las Unidades de Movilización Popular e integrar a sus miembros en función de las necesidades del Estado, un paso sin el cual no será posible lograr un Estado funcional basado en la democracia y el pluralismo; que en 2016 el Parlamento iraquí aprobó una ley que integra de forma permanente a la constelación de milicias en las fuerzas de seguridad iraquíes; que un Estado iraquí unido, plural y democrático es el requisito indispensable para la estabilidad y el desarrollo del país y sus ciudadanos;

1.  Acoge con satisfacción la celebración de un Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la Unión e Irak; pide que se aprovechen plenamente sus mecanismos para profundizar los lazos entre la Unión e Irak;

2.  Destaca que el Acuerdo de Asociación y Cooperación es un instrumento fundamental para aplicar la estrategia de la Unión para Irak y reforzar nuestra cooperación en favor de la reconstrucción, la estabilización y la reconciliación del país a escala tanto local como nacional con una estrategia a largo plazo; hace hincapié en la importancia de la responsabilización de los iraquíes en el proceso de construcción de un Estado democrático, federal y plural, basado en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho;

3.  Celebra la organización de la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Irak, celebrada en Kuwait el 12 de febrero de 2018; pide a la Unión y a los Estados miembros que cumplan sus compromisos financieros y en materia de asistencia técnica;

4.  Celebra el compromiso de la Unión de brindar un apoyo a más largo plazo al país y que haya designado a Irak como país piloto en el que abordar y poner mejor en práctica el nexo acción humanitaria‑desarrollo para fomentar una transición de la ayuda humanitaria a la reconstrucción y la estabilización a más largo plazo; recuerda que la crisis iraquí es una crisis de nivel 3 de emergencia según las Naciones Unidas, y que actualmente once millones de personas necesitan ayuda; insta por ello a la Unión y a sus Estados miembros a intensificar antes que nada sus esfuerzos para abordar con urgencia los retos humanitarios y las necesidades humanas esenciales, en particular por lo que se refiere a los más de tres millones de desplazados internos;

5.  Destaca que la pobreza está generalizada en Irak y que, pese a tratarse de un país de renta media alta, los años de violencia, conflicto y sectarismo han socavado considerablemente los progresos en materia de desarrollo; pide a la Unión que centre su ayuda al desarrollo, a través de proyectos específicos, en los grupos más vulnerables y las personas más necesitadas, concretamente las mujeres y los niños, los jóvenes, los desplazados internos y los refugiados;

Prioridades de actuación de la Unión en Irak

6.  Pide a la Unión y a los Estados miembros a que mantengan la asistencia humanitaria que prestan actualmente para ayudar y proteger a todos los iraquíes afectados por los conflictos, utilizando la ayuda como medio para contribuir a la consolidación de la gobernanza, la democracia y el Estado de Derecho; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que velen por el control exhaustivo de la ayuda económica que han prestado, a fin de asegurarse de que llega a las personas que la necesitan; subraya que todos los iraquíes tienen legalmente derecho a obtener documentación civil, así como a acceder a ayuda sin ser objeto de discriminación;

7.  Pide a la Unión que intensifique su cooperación para facilitar la estabilización y la seguridad de las zonas liberadas recientemente y permitir así el retorno seguro, con conocimiento de causa, voluntario y digno de las personas desplazadas en el interior del país; solicita a la Unión que siga apoyando a las autoridades iraquíes con objeto de garantizar los procesos electorales democráticos y que ayude a la Alta Comisión Electoral Independiente de Irak en su labor por permitir que los desplazados internos voten en las elecciones; anima a la Unión a proporcionar asistencia técnica para el fomento de la capacidad de Irak en las actividades de desminado y la erradicación de otros riesgos por explosivos en las zonas liberadas; insta al Gobierno iraquí a que acelere el proceso de registro de las organizaciones que efectúan el desminado;

8.  Insta a la Unión y a los Estados miembros a que proporcionen urgentemente una ayuda financiera para la reconstrucción de las infraestructuras prioritarias y el restablecimiento de los servicios públicos de primera necesidad, como el acceso al agua y a los servicios de saneamiento, a la electricidad, a la educación y a la atención sanitaria, de modo que se consiga que la población goce de un mínimo nivel de vida, se refuerce el apoyo a la sociedad civil y se dé prioridad a la financiación de proyectos que respalden a los actores que promuevan la rendición de cuentas y el cambio democrático; pide a los Estados miembros de la Unión que apoyen un proceso de planificación de la reconstrucción urbana que permita a los ciudadanos participar en el proceso de toma de decisiones en relación con la reconstrucción de modo que quede garantizada la inclusión en la planificación y recuperación urbanas, con objeto de mejorar la confianza entre los ciudadanos y el Estado; insta a la Comisión a que vele por que los fondos de reconstrucción aportados se distribuyan equitativamente entre las comunidades necesitadas, con independencia de la etnia o religión de los beneficiarios, y se canalicen por medio de agencias públicas legítimas en vez de a través de actores subestatales; considera que podría asimismo implantarse una ayuda financiera para su reparto entre los emprendedores y las empresas locales al objeto de asegurar la provisión de capital a las pequeñas y medianas empresas;

9.  Pide a la Unión que haga todo lo posible por fomentar el mantenimiento de un diálogo intenso y constructivo entre el Gobierno central y las autoridades de la región de Kurdistán en Irak, en particular tras la celebración del referéndum en Kurdistán en septiembre de 2017, a fin de establecer relaciones estables que satisfagan ambas partes fomentando un toma de decisiones integradora al más alto nivel dentro del pleno respeto de la diversidad del país y de los derechos de todos los componentes de la sociedad iraquí, así como de los principios de la Constitución iraquí y de la unidad, la soberanía y la integridad territorial del país; hace hincapié en la necesidad de solucionar a través del diálogo y con el apoyo de las Naciones Unidas la cuestión de la demarcación de la frontera entre la región de Kurdistán y el resto de Irak; opina que Irak y el Gobierno regional de la región autónoma de Kurdistán deben poder beneficiarse de las exportaciones de petróleo sin injerencias externas; pide asimismo a la Unión que fomente una mayor cooperación entre las autoridades federales y locales para reconstruir eficazmente el país y alcanzar una estabilidad y coexistencia pacífica a largo plazo; destaca la urgente necesidad de que la región de Kurdistán iraquí implemente las reformas políticas y económicas necesarias, combata la corrupción, permita la aparición de nuevos partidos que ejerzan como tales y garantice unas elecciones legítimas y competitivas al parlamento regional en 2018;

10.  Opina que, durante la transición de la ayuda de emergencia al desarrollo, los ámbitos prioritarios para la ayuda al desarrollo son un enfoque a largo plazo, la estabilización, reformas y mejoras en los ámbitos de la buena gobernanza y la rendición de cuentas, la educación y el desarrollo de capacidades, el acceso a oportunidades de subsistencia y la prestación de servicios sanitarios y sociales básicos; subraya además la importancia de llevar a cabo reformas para mejorar el equilibrio de género y la representación de las mujeres en la vida política del país; aguarda con interés propuestas concretas sobre acciones previstas que respondan a esas necesidades, e insta a la Comisión a presentar pruebas de los resultados y las repercusiones logradas dentro del marco del Programa Indicativo Plurianual 2014‑2017;

11.  Expresa su preocupación por la gran fragmentación de la sociedad iraquí; pide a la Unión que, en coordinación con la UNAMI y las autoridades iraquíes, respalde plenamente la labor de la Comisión de Reconciliación Nacional de promoción de la reconciliación entre comunidades y un proceso de reconciliación nacional iraquí con el fin de garantizar el respeto de la diversidad iraquí y de promover una gobernanza integradora y representativa, a escala nacional y local, que contribuya a reforzar un sentimiento común de ciudadanía iraquí; observa que la necesidad de prevenir conflictos y de abordar los desafíos en materia de seguridad, así como la demanda de iniciativas en el ámbito de la reconciliación, la mediación y el diálogo, requieren un incremento significativo de los fondos disponibles para estas iniciativas, principalmente a través del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz; acoge con satisfacción las recomendaciones formuladas por los dirigentes religiosos iraquíes al Gobierno de Irak, pidiéndole que establezca un consejo de altos dignatarios religiosos y eruditos en Irak, envíe una solicitud al Parlamento iraquí para que apruebe una ley que tipifique como delito los discursos religiosos extremistas que incitan al odio y la violencia y castigue a quienes fomentan tales actos, revise los planes de estudio, y se centre en la reconciliación y en la ciudadanía nacional, y no en la identidad sectaria;

12.  Alienta a la comunidad internacional y a la Unión a que presten su apoyo a la preservación de la diversidad de las identidades étnicas, culturales y religiosas de Irak; pide que, en el marco de la Constitución iraquí, se estudien formas de reconocer, proteger y mejorar el autogobierno local de las minorías étnicas y religiosas que viven en zonas en las que históricamente han tenido una fuerte presencia y convivido pacíficamente ―por ejemplo, en las montañas de Sinjar (los yazidíes) y en la llanura de Nínive (pueblos caldeos-siríacos-asirios); pide a las autoridades iraquíes que permitan a los kurdos, cristianos y yazidíes desplazados volver a sus lugares originales de residencia, garantizando su seguridad;

Diálogo político

13.  Pide a la Unión que intensifique su diálogo político con las autoridades iraquíes para promover el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas mediante un mayor respeto de los principios del Estado de Derecho, una buena gobernanza y un sistema judicial eficiente; solicita, en este contexto, que la abolición de la pena de muerte sea una prioridad de este diálogo, e insta a las autoridades iraquíes a que apliquen inmediatamente una moratoria de la pena de muerte;

14.  Recuerda la necesidad de respaldar el desarrollo de la sociedad civil iraquí y su plena representación política y participación en los distintos procesos de reforma; sostiene que se debe prestar especial atención a la representación de las mujeres, de los jóvenes y de las personas pertenecientes a todos los grupos étnicos y religiosos de la sociedad iraquí, incluidos los cristianos, los musulmanes chiíes y suníes, los yazidíes y los mandeos, los chabaquíes, los kurdos, los turcomanos y otros, y que deben tenerse en cuenta sus demandas; subraya asimismo la necesidad de establecer como prioridad la consecución de una clase política inclusiva, no sectaria, que represente a todas las partes que conforman la sociedad iraquí;

15.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, teniendo en cuenta el acervo de la Unión en materia de lucha contra la corrupción, pongan en marcha, junto con las autoridades iraquíes, programas de cooperación judicial y de intercambio de buenas prácticas y herramientas eficaces para luchar contra la corrupción generalizada y garantizar así la distribución equitativa de la riqueza del país; destaca la importancia que reviste la Unión, como asesora del Gobierno iraquí en temas de seguridad y gobernanza, para garantizar la estabilidad de Irak;

16.   Elogia la contribución de las fuerzas armadas iraquíes a la lucha mundial contra la organización terrorista Dáesh; mantiene su apoyo a la lucha global contra el terrorismo que lleva adelante la coalición internacional contra el Dáesh, que sigue representando una amenaza importante a pesar de las recientes victorias militares contra la organización, garantizando al mismo tiempo el respeto del Derecho internacional y los derechos humanos; reconoce que en la lucha contra el terrorismo en Irak influyen en gran medida las situaciones que lo rodean, como la guerra en Siria; pide a la Unión que instaure un diálogo sobre cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo con objeto de reformar la legislación antiterrorista y reforzar la capacidad del país para hacer frente a las amenazas terroristas, y que colabore con las autoridades iraquíes para combatir la impunidad de los delitos dirigidos contra cualquier grupo, ya sea étnico, religioso o de otro tipo, incluidas las minorías en todas sus formas; entiende que, para poder combatirlo, se deben abordar las causas profundas del terrorismo;

17.  Pide a la Unión que anime a las autoridades iraquíes a dotarse de una estrategia nacional para abordar los crímenes cometidos por el Dáesh y a adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), aceptando voluntariamente la jurisdicción de la CPI para investigar de forma transparente y justa y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Dáesh; subraya la necesidad de que el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes cometidos por el Dáesh sea creíble, con la participación significativa de las víctimas y la creación de un registro exhaustivo de antecedentes penales relativo a estos crímenes; expresa su preocupación, al mismo tiempo, por el hecho de que un ámbito de aplicación demasiado amplio de los procedimientos penales pueda provocar otras injusticias y obstaculizar la futura reconciliación y reintegración de las comunidades;

18.  Destaca la necesidad de contar con conocimientos especializados exhaustivos en cuestiones relacionadas con los medios de comunicación y la libertad de expresión a la hora de formar a los agentes de los medios de comunicación locales en el ámbito del periodismo para la paz;

19.  Pide a la Unión que reconozca su responsabilidad con respecto a los ciudadanos de la Unión que se desplazaron a Irak para participar en crímenes cometidos por el Dáesh y que deben someterse al Estado de Derecho y ser juzgados; solicita el establecimiento de procedimientos claros entre Irak y los Estados miembros de la Unión respectivos para la repatriación y la responsabilidad jurídica de los implicados;

20.  Pide a la Comisión que apoye una reforma del sistema judicial, en particular en lo relativo a la justicia transicional, destinada a garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de garantías procesales, juicios justos e independencia del poder judicial, con el fin de garantizar la rendición de cuentas dentro de las estructuras gubernamentales; pide asimismo a la Unión que colabore con las autoridades iraquíes para luchar contra la impunidad de los delitos dirigidos contra cualquier grupo, ya sea étnico, religioso o de otro tipo, incluidas las minorías en todas sus formas;

21.  Pide a las autoridades iraquíes que den prioridad a la igualdad de género y a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia de género; subraya a este respecto la importancia de abolir la legislación que exime al acusado de ser enjuiciado por violación, agresión sexual, estupro, rapto o actos similares si el autor contrae matrimonio con su víctima;

22.  Pide a la Unión que fomente unas relaciones correctas y constructivas entre Iraq y sus países vecinos, así como su papel como país que contribuye a la paz en la región; destaca que Irak mantiene unas relaciones intensivas con los Estados Unidos y con Irán y que recientemente ha mejorado sus relaciones con Arabia Saudí, lo que podría hacer de Irak un punto neurálgico de los esfuerzos regionales para reducir las tensiones; pide a todas las partes implicadas que apliquen el punto 8 de la Resolución 598 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el que se aboga por un acuerdo de seguridad regional entre los Estados ribereños del golfo Pérsico;

23.   Pide a la Unión que colabore con las autoridades iraquíes en la elaboración de una estrategia nacional para la protección y exhumación de fosas comunes destinada a preservar las fosas comunes en las zonas en que se han desarrollado conflictos recientes, con el fin de exhumar y realizar un análisis forense de los restos humanos que allí se encuentren, de modo que se pueda dar sepultura digna a los restos de las víctimas o entregarlos a sus familias, así como obtener pruebas y permitir la investigación y la persecución de presuntos crímenes de lesa humanidad; solicita asimismo que la Unión y los Estados miembros adopten medidas para crear urgentemente un grupo de expertos encargado de recopilar todas las pruebas de cualquier delito internacional en curso, incluido el genocidio, dondequiera que se esté cometiendo, con el fin de preparar la acción judicial internacional contra los responsables;

24.  Solicita el establecimiento a escala mundial de un día de conmemoración anual de las víctimas de las atrocidades terroristas cometidas por el Dáesh, Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas similares;

Cooperación sectorial

25.  Destaca que el proceso de reconstrucción y estabilización debe ir acompañado de políticas coherentes en materia de desarrollo económico y social que sean beneficiosas para todos los iraquíes de forma sostenible e integradora; pide a la Unión que se comprometa plenamente con las autoridades iraquíes, no solo para subsanar los desequilibrios económicos y presupuestarios, sino también para promover un crecimiento económico sostenible e integrador, capaz de generar empleo, en particular para los jóvenes, además de establecer un marco para el comercio y crear un entorno favorable para la inversión; pide a la Unión que aliente y apoye a Irak a la hora de ofrecer a los jóvenes que no obtuvieron educación formal cuando fueron desplazados por la fuerza por el Dáesh la oportunidad de participar en programas educativos formales que les doten de conocimientos y competencias para mejorar sus posibilidades de conseguir empleo;

26.  Pide a la Unión que aliente y apoye a Iraq en el proceso de diversificación de su economía;

27.  Expresa su inquietud ante la elevada tasa de abandono entre los alumnos de ambos sexos de las escuelas iraquíes (como denuncian algunas organizaciones de la sociedad civil, según las cuales el 60 % de los matriculados en escuelas primarias desde 2015 han abandonado la escuela); destaca que unos niveles de alfabetización elevados son clave para instaurar una paz positiva en situaciones de conflicto;

28.  Pide a la Unión que refuerce su cooperación en el sector de la enseñanza y a favor de una reforma de la educación, a fin de garantizar el acceso a una educación de calidad a todos los niveles y para todos, especialmente para los menores; reconoce el problema que representa el hecho de que las niñas no puedan acudir a la escuela debido a las costumbres, las percepciones de la sociedad, la pobreza y cuestiones de seguridad; pide a la Unión que promueva una mayor concienciación con respecto a la educación de las niñas y que colabore con el Gobierno iraquí para mejorar la situación, dada la importancia fundamental que ello reviste para la mejora de su calidad de vida;

29.  Pide a la Unión que desarrolle oportunidades de cooperación en el ámbito de la ciencia y la investigación, especialmente la cooperación y las asociaciones entre universidades, en particular por lo que respecta a Erasmus+ y a las oportunidades de intercambio en los ámbitos de la docencia y la investigación;

30.  Insta a la Unión a que prosiga y refuerce la cooperación en el ámbito cultural con objeto de proteger, preservar y reconstruir el patrimonio artístico y cultural de Irak;

31.  Acoge con satisfacción la puesta en marcha, a petición de las autoridades iraquíes y en el marco de la estrategia iraquí de seguridad, de una misión en apoyo de la reforma del sector de la seguridad en Irak (EUAM Irak); confía en que esta iniciativa permita consolidar las instituciones públicas y formar una fuerza policial imparcial e inclusiva; subraya que la reforma del sector de la seguridad en Irak es un reto importante que también debe contar con el apoyo de las Naciones Unidas; destaca la necesidad de fomentar la desmovilización de las milicias y la reinserción de los combatientes como parte de un esfuerzo más amplio de reforma del sector de la seguridad, en su caso a través de programas de reinserción personalizados;

32.  Pide a la Unión que proporcione una mejor asistencia técnica a las autoridades iraquíes para la buena gestión de los recursos naturales, la mejora de la recaudación de impuestos y la reducción de los flujos financieros ilegales, con objeto de garantizar que Irak pueda financiar a escala nacional su desarrollo a medio plazo y reducir las desigualdades entre su población y sus regiones; subraya la necesidad de asesorar de forma activa al sector privado y a los inversores con el fin de mejorar tanto la sensibilidad ante los conflictos como su contribución a la consolidación de la paz y al desarrollo sostenible;

33.  Pide a la Unión que establezca con Irak, en el marco previsto por el Acuerdo de Asociación y Cooperación, un diálogo sobre todos los aspectos de la migración, y que aplique un enfoque basado en los derechos humanos para dar respuesta al problema de la migración, teniendo en cuenta la necesidad de encontrar soluciones eficaces y viables a largo plazo que beneficien a los ciudadanos tanto de la Unión como de Irak;

34.  Subraya que Irak podría ser un socio importante a la hora de garantizar la reconstrucción de las infraestructuras energéticas y una mayor diversificación de las fuentes de energía para Irak y de las fuentes de suministro para la Unión; pide a la Unión, por consiguiente, que respalde a Irak en su transición energética y coopere con él en la concepción de proyectos comunes y el intercambio de buenas prácticas y conocimientos técnicos en ámbitos fundamentales como la eficiencia energética, las energías renovables, el medio ambiente y la gestión eficaz de los recursos, incluyendo el agua, con el fin, en particular, de acelerar la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible;

35.  Recuerda que el conflicto y el extremismo afectan desproporcionadamente a las mujeres y las niñas, y que unas y otras son más vulnerables frente la violencia y los abusos, en particular la violencia sexual, la tortura, la trata de seres humanos, la esclavitud y el matrimonio infantil; destaca la necesidad de abordar las necesidades humanitarias y de desarrollo específicas de las mujeres y las niñas, particularmente en las comunidades desplazadas; pide a la Unión que siga promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres a través de sus esfuerzos de desarrollo, y que haga hincapié en el papel que desempeñan las mujeres en la recuperación y la consolidación de la paz en el país;

36.  Insiste en la necesidad de invertir en el sector agrícola iraquí habida cuenta de su alto potencial ocupacional y de la importancia que reviste la repoblación de las zonas rurales, cada vez menos pobladas a causa de los conflictos;

37.  Elogia el firme compromiso de Irak de adherirse a la Organización Mundial del Comercio, y pide a la Comisión que ayude a las autoridades iraquíes en sus esfuerzos por reincorporarse a la economía y el comercio mundiales;

Relaciones institucionales

38.  Insiste en que toda la ayuda facilitada por la Unión debe estar sujeta al riguroso respeto de los principios de respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho e ir acompañada de un proceso constante de evaluación, de cuyos resultados el Parlamento debe estar debidamente informado de conformidad con el artículo 113 del Acuerdo de Asociación y Cooperación;

39.  Se compromete a crear, junto con el Parlamento iraquí, un Comité Parlamentario de Cooperación, tal y como está previsto en el Acuerdo de Asociación y Cooperación, para que este pueda iniciar sus actividades, incluido el seguimiento de la ejecución de los proyectos de cooperación entre la Unión e Irak;

40.  Pide que su Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral incluya a Irak en su lista de países prioritarios para 2019 y se comprometa a elaborar programas de capacitación del Parlamento iraquí; pide a la Comisión que apoye este tipo de programas;

o
o   o

41.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, al presidente de la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, así como al Gobierno y al Consejo de Representantes de la República de Irak.

(1) DO L 204 de 31.7.2012, p. 20.
(2) DO C 440 de 30.12.2015, p. 83.
(3) DO C 35 de 31.1.2018, p. 77.
(4) DO C 215 de 19.6.2018, p. 194.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2018)0285.


Acuerdo UE-Nueva Zelanda sobre la modificación de las concesiones (adhesión de Croacia) ***
PDF 242kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el marco de su adhesión a la Unión Europea (10670/2017 – C8-0121/2018 – 2017/0137(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0287A8-0220/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (10670/2017),

–  Visto el proyecto de Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Nueva Zelanda de conformidad con el artículo XXIV, párrafo 6, y el artículo XXVIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, relativo a la modificación de las concesiones en la lista arancelaria de la República de Croacia en el marco de su adhesión a la Unión Europea (10672/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0121/2018),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0220/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Nueva Zelanda.


Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo ***I
PDF 280kWORD 55k
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 4 de julio de 2018 sobre el proyecto de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (10850/2017 – ECB/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0288A8-0219/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Proyecto del Banco Central Europeo   Enmienda
Enmienda 1
Proyecto de Decisión
Considerando 1
1)  Entre las funciones básicas que deben desempeñarse a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) están las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Unas infraestructuras del mercado financiero, en particular unos sistemas de compensación, que se caractericen por su seguridad y eficiencia, son esenciales para el desempeño de esas funciones básicas.
1)  Entre las funciones básicas que deben desempeñarse a través del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) están las de definir y ejecutar la política monetaria de la Unión y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago, lo que es fundamental para el mantenimiento de la estabilidad financiera. Unas infraestructuras del mercado financiero, en particular unos sistemas de compensación, que se caractericen por su seguridad y eficiencia, son esenciales para el desempeño de esas funciones básicas.
Enmienda 2
Proyecto de Decisión
Considerando 3
(3)  El 4 de marzo de 2015 el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-496/11, Reino Unido contra BCE1, concluyendo que el BCE no disponía de la competencia necesaria para regular la actividad de los sistemas de compensación. El Tribunal General destacó que el artículo 129, apartado 3, del Tratado, permitía al Parlamento Europeo y al Consejo modificar el artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, los “Estatutos del SEBC”) con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y por recomendación del BCE. El Tribunal General concluyó que ‘en caso de que el BCE considerase que el reconocimiento a su favor de una potestad normativa sobre las infraestructuras que llevan a cabo la compensación de operaciones sobre valores es necesaria para el buen cumplimiento de la función prevista en el artículo 127 TFUE, apartado 2, cuarto guión, correspondería al BCE solicitar al legislador de la Unión una modificación del artículo 22 de los Estatutos, mediante la inclusión de una referencia expresa a los sistemas de compensación de valores’.
(3)  El 4 de marzo de 2015 el Tribunal General dictó sentencia en el asunto T-496/11, Reino Unido contra BCE1, concluyendo que «el BCE no disponía de la competencia necesaria para regular la actividad de los sistemas de compensación, de forma que el marco de vigilancia, al imponer a las entidades de contrapartida central que intervienen en la compensación de valores financieros una exigencia de domiciliación en el seno de la zona euro, debe ser anulado por incompetencia». El Tribunal General destacó que el artículo 129, apartado 3, del Tratado, permitía al Parlamento Europeo y al Consejo modificar el artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, los “Estatutos del SEBC”) con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y por recomendación del BCE. Por consiguiente, concluyó que «en caso de que el BCE considerase que el reconocimiento a su favor de una potestad normativa sobre las infraestructuras que llevan a cabo la compensación de operaciones sobre valores es necesaria para el buen cumplimiento de la función prevista en el artículo 127 TFUE, apartado 2, cuarto guion, correspondería al BCE solicitar al legislador de la Unión una modificación del artículo 22 de los Estatutos, mediante la inclusión de una referencia expresa a los sistemas de compensación de valores».
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1 ECLI: EU:T:2015:133.
1 ECLI: EU:T:2015:133.
Enmienda 3
Proyecto de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)
(3a)  Si bien los sistemas de compensación de valores son una tipología de los sistemas de pago, es preciso aumentar la claridad sobre la cuestión, a la vista de la sentencia de 4 de marzo de 2015 del Tribunal General sobre el asunto T-496/11, y por tanto explicitar la competencia sobre los mismos mediante la reforma del artículo 22 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo.
Enmienda 4
Proyecto de Decisión
Considerando 4
(4)  Se esperan acontecimientos significativos tanto a nivel mundial como europeo que incrementen el riesgo de que las perturbaciones que afecten a los sistemas de compensación, en particular a las entidades de contrapartida central (ECC), pongan en peligro el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la ejecución de la política monetaria única, y afecten, en definitiva, al objetivo primordial del Eurosistema de mantener la estabilidad de precios.
(4)  Se esperan acontecimientos significativos tanto a nivel mundial como europeo que incrementen el riesgo de que las perturbaciones que afecten a los sistemas de compensación, en particular a las entidades de contrapartida central (ECC), pongan en peligro el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la ejecución de la política monetaria única, y afecten, en definitiva, a la estabilidad financiera, incluyendo el objetivo primordial del Eurosistema de mantener la estabilidad de precios.
Enmienda 5
Proyecto de Decisión
Considerando 5
(5)  El 29 de marzo de 2017 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte notificó al Consejo Europeo su intención de abandonar la Unión Europea. La salida del Reino Unido provocará un cambio fundamental en la manera en que ciertas actividades de compensación de importancia sistémica denominadas en euros se regulan, vigilan y supervisan, lo que afectará negativamente a la capacidad del Eurosistema de vigilar y gestionar los riesgos para el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la ejecución de la política monetaria del Eurosistema.
suprimido
Enmienda 6
Proyecto de Decisión
Considerando 6
(6)  La compensación central se está volviendo cada vez más transfronteriza y sistémicamente importante. Dada la diversidad de sus miembros y la naturaleza paneuropea de los servicios financieros que prestan, las ECC son fundamentales para la Unión en su conjunto, en especial para la zona del euro. Esto se refleja en el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo2, que establece arreglos colectivos de supervisión en forma de colegios formados por las autoridades pertinentes nacionales y de la Unión, incluido el Eurosistema en su condición de banco central emisor del euro.
(6)  La compensación central se está volviendo cada vez más transfronteriza y sistémicamente importante. Dada la diversidad de sus miembros y la naturaleza paneuropea de los servicios financieros que prestan, las ECC son fundamentales para la Unión en su conjunto, en especial para la zona del euro. Esto se refleja en el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece arreglos colectivos de supervisión en forma de colegios formados por las autoridades pertinentes nacionales y de la Unión, incluido el Eurosistema en su condición de banco central emisor del euro, la moneda de la Unión Europea.
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2 Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
Enmienda 7
Proyecto de Decisión
Considerando 7
(7)  A fin de abordar estas cuestiones, el 13 de junio de 2017 la Comisión presentó su propuesta legislativa para asegurar la estabilidad financiera y la seguridad y solidez de las ECC de importancia sistémica para los mercados financieros de la Unión. Para garantizar que el Eurosistema como banco central emisor del euro pueda desempeñar las funciones previstas en la propuesta legislativa, es de suma importancia que tenga asignadas en el Tratado y en los Estatutos del SEBC las competencias pertinentes. En particular, debe dotarse al Eurosistema de la potestad reguladora de aprobar evaluaciones vinculantes y requerir la aplicación de medidas correctoras en estrecha cooperación con otras autoridades de la Unión. Además, en la medida necesaria para proteger la estabilidad del euro, el BCE debe también tener potestad reguladora para aplicar requisitos adicionales a ECC a través de las cuales se compensen volúmenes significativos de operaciones denominadas en euros.
(7)  A fin de abordar estas cuestiones, el 13 de junio de 2017 la Comisión presentó su propuesta legislativa para asegurar la estabilidad financiera y la seguridad y solidez de las ECC de importancia sistémica para los mercados financieros de la Unión. Para garantizar que el Eurosistema como banco central emisor del euro pueda desempeñar las funciones previstas en la propuesta legislativa, es de suma importancia que tenga asignadas en el Tratado y en los Estatutos del SEBC las competencias pertinentes. En particular, debe dotarse al Eurosistema de la potestad reguladora de aprobar evaluaciones vinculantes y requerir la aplicación de medidas correctoras en estrecha cooperación con otras autoridades de la Unión. Además, en la medida necesaria para proteger la estabilidad del euro, el BCE debe también tener potestad reguladora para aplicar requisitos adicionales a ECC a través de las cuales se compensen volúmenes significativos de operaciones denominadas en euros. Estos requisitos deben proteger la integridad del mercado interior y garantizar que el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prevalecen a la hora de supervisar ECC de terceros países.
Enmienda 8
Proyecto de Decisión
Considerando 8
(8)  El artículo 22 de los Estatutos del SEBC se encuentra en el capítulo IV, “Funciones monetarias y operaciones del SEBC”. Por consiguiente, las facultades que confiere solo deben ejercerse con fines de política monetaria.
(8)  El artículo 22 de los Estatutos del SEBC se encuentra en el capítulo IV, “Funciones monetarias y operaciones del SEBC”. Por consiguiente, las facultades que confiere solo deben ejercerse con fines de política monetaria. En relación con los sistemas de compensación para instrumentos financieros, los requisitos que pueden aplicarse en base a dicho artículo deberán incluir los requisitos de información o los impuestos al sistema para cooperar con el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales en su evaluación de la resiliencia del sistema frente a una evolución de mercado adversa. Dichos requisitos deberán incluir también la apertura por el sistema de una cuenta de depósitos de un día en el SEBC con arreglo a los criterios y requisitos de acceso pertinentes del mismo. Además, deberán incluir los requisitos necesarios para afrontar situaciones en las que un sistema de compensación para instrumentos financieros plantee un riesgo inminente de perjuicio grave a los mercados o las instituciones financieras de la Unión o de alguno de sus Estados miembros, como por ejemplo los relativos a los controles del riesgo de liquidez, los mecanismos de liquidación, los márgenes y los acuerdos en materia de garantías o interoperabilidad. Por lo que respecta a los sistemas de compensación de países terceros para instrumentos financieros de importancia sistémica, el Reglamento (UE) n.o .../... [Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) y el Reglamento (UE) n.º 648/2012 en lo que respecta a los procedimientos de autorización de las ECC, las autoridades que participan en la misma y los requisitos para el reconocimiento de las ECC de terceros países] prevé la posibilidad de que el BCE proponga requisitos adicionales para dichos sistemas.
Enmienda 9
Proyecto de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)
(8a)  Las nuevas competencias del BCE en materia de sistemas de compensación para instrumentos financieros sobre la base del artículo 22 modificado de los Estatutos del SEBC y del BCE se ejercerán, en paralelo a las competencias ejercidas por otras instituciones, agencias y órganos de la Unión, sobre la base de las disposiciones relativas a la creación y funcionamiento del mercado interior previstas en la parte III del TFUE, incluidas las contenidas en los actos adoptados por la Comisión o el Consejo en virtud de los poderes que les son conferidos. En este contexto, y a fin de garantizar el respeto de las competencias de cada institución y evitar normas contradictorias e incoherencias entre las decisiones adoptadas por las diferentes instituciones, agencias y organismos de la Unión, las competencias otorgadas en virtud del artículo 22 modificado de los Estatutos del SEBC y del BCE deben ejercerse con el debido respeto al marco general para el mercado interior establecido por los colegisladores y desde la plena coherencia con los actos legislativos del Parlamento Europeo y el Consejo y de las medidas adoptadas en virtud de los mismos.
Enmienda 10
Proyecto de Decisión
Considerando 8 ter (nuevo)
(8b)  El BCE deberá garantizar una transparencia y responsabilidad plenas de cara al Parlamento y el Consejo en lo que respecta al ejercicio de las competencias y funciones que se derivan del artículo 22 de sus Estatutos. En particular, deberá informar al Parlamento y al Consejo con regularidad de todas las decisiones y normas adoptadas en virtud de dicho artículo. A tal efecto, deberá dedicar un capítulo específico de su informe anual al ejercicio de estas competencias y publicar en su sitio web todas las decisiones, recomendaciones y opiniones relativas a las normas que adopte en virtud del citado artículo.
Enmienda 11
Proyecto de Decisión
Artículo 1
Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo
Artículo 22
Artículo 22
Artículo 22
Sistemas de compensación y de pago
Sistemas de compensación y de pago
El BCE y los bancos centrales nacionales podrán proporcionar medios, y el BCE dictar reglamentos, destinados a garantizar unos sistemas de compensación y pago, y unos sistemas de compensación de instrumentos financieros, eficientes y sólidos, dentro de la Unión y con otros países.
El BCE y los bancos centrales nacionales podrán proporcionar medios, y el BCE dictar reglamentos, destinados a garantizar unos sistemas de compensación y pago eficientes y sólidos, dentro de la Unión y con países terceros.
A fin de alcanzar los objetivos del SEBC y desempeñar las tareas que le competen, el BCE podrá establecer normas relativas a los sistemas de compensación para instrumentos financieros tanto dentro de la Unión como con los terceros países, teniendo debidamente en cuenta los actos legislativos del Parlamento Europeo y el Consejo y las medidas adoptadas en virtud de los mismos y desde la plena coherencia con dichos actos y medidas.

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0219/2018).


Impuestos sobre vehículos: aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras *
PDF 270kWORD 53k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras, en lo relativo a determinadas disposiciones en materia de impuestos sobre vehículos (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))
P8_TA-PROV(2018)0289A8-0200/2018

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2017)0276),

–  Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0196/2017),

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0200/2018),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  La aplicación de impuestos sobre vehículos supone un coste que de momento ha de recaer en el sector, de todos modos, incluso si el cobro de los peajes es competencia de los Estados miembros. Así pues, los impuestos sobre vehículos pueden resultar un obstáculo para la introducción de los peajes.
(4)  La aplicación de impuestos sobre vehículos supone un coste que de momento ha de recaer en el sector, en particular las pymes, de todos modos, incluso si el cobro de los peajes es competencia de los Estados miembros. Así pues, los impuestos sobre vehículos pueden resultar un obstáculo para la introducción de los peajes.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  En consecuencia, debe permitirse a los Estados miembros un margen mayor para reducir los impuestos sobre vehículos, más concretamente mediante la reducción de los valores mínimos establecidos en la Directiva 1999/62/CE. Con el fin de minimizar el riesgo de distorsiones de la competencia entre operadores de transporte establecidos en distintos Estados miembros, dicha reducción debe ser gradual.
(5)  Teniendo en cuenta la modalidad de tarificación por el uso de la infraestructura viaria en función de la distancia, y con el fin de minimizar el riesgo de distorsiones de la competencia entre operadores de transporte establecidos en distintos Estados miembros y las posibles cargas administrativas, debe permitirse a los Estados miembros un margen mayor para reducir los impuestos sobre vehículos, más concretamente mediante la reducción de los valores mínimos establecidos en la Directiva 1999/62/CE.
Enmienda 3 y 17
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   Debe alentarse a los Estados miembros a eliminar cualquier incentivo fiscal contradictorio que no promueva la movilidad de bajas emisiones y subvencione vehículos ineficientes y contaminantes, como los vehículos de empresa diésel.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)  Con el fin de que los Estados miembros gocen de mayor discrecionalidad en cuanto a la reducción del tipo del impuesto sobre vehículos al objeto de apoyar la implantación de peajes basados en la distancia y evitar posibles cargas administrativas, los tipos mínimos de los impuestos deben reducirse de una sola vez el 1 de enero de 2024 de modo que los Estados miembros dispongan de la máxima flexibilidad para el establecimiento de los tiempos y ritmos de dicha reducción.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 1999/62/CE
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)
2 bis)   En el artículo 6, se añade el apartado siguiente:
«4 bis. La reducción gradual del impuesto sobre vehículos aplicada por un Estado miembro estará plenamente compensada por los ingresos adicionales generados por su sistema de peaje. A más tardar el 1 de enero de 2024, todos los Estados miembros habrán aplicado el sistema de peaje con arreglo a la presente Directiva.».
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra a
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – título
Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE [...]» [introdúzcase el año de entrada en vigor de la presente Directiva];
Cuadro A: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro B
Cuadro B: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...] [introdúzcase el año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva]
suprimido
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro C
Cuadro C: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» [introdúzcase el segundo año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva]
suprimido
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro D
Cuadro D: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» [introdúzcase el tercer año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva]
suprimido
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro E
Cuadro E: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» [introdúzcase el cuarto año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva]
suprimido
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – letra b
Directiva 1999/62/CE
Anexo I – cuadro F – título
Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE [...]» [introdúzcase el quinto año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva]
Cuadro F: TIPOS MÍNIMOS DE LOS IMPUESTOS APLICABLES A LOS VEHÍCULOS PESADOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2024

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 por el que se consigna en el presupuesto el excedente del ejercicio financiero 2017
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 de la Unión Europea para el ejercicio 2018: consignación del excedente del ejercicio financiero 2017 (09325/2018 – C8-0277/2018 – 2018/2057(BUD))
P8_TA-PROV(2018)0290A8-0209/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(1), y en particular su artículo 18, apartado 3, y su artículo 41,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, adoptado definitivamente el 30 de noviembre de 2017(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(3),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(4),

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(5),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018, aprobado por la Comisión el 13 de abril de 2018 (COM(2018)0227),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018, adoptada por el Consejo el 18 de junio de 2018 y transmitida al Parlamento Europeo el 19 de junio de 2018 (09325/2018 – C8‑0277/2018),

–  Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0209/2018),

A.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018 tiene por objeto consignar en el presupuesto para el ejercicio 2018 el excedente del ejercicio 2017, que asciende a 555,5 millones de euros;

B.  Considerando que los componentes principales de este excedente son un resultado positivo de 338,6 millones de euros en los ingresos, unos gastos que se sitúan en 383,4 millones de euros por debajo de lo previsto y un saldo positivo de diferencial de tipo de cambio de 166,4 millones de euros;

C.  Considerando que, por lo que se refiere a los ingresos, la mayor diferencia procede de un importe de intereses de demora y multas mayor de lo esperado (342,6 millones de euros);

D.  Considerando que, por lo que se refiere a los gastos, la infraejecución de los pagos por parte de la Comisión ascendió a 201,5 millones de euros para 2017 (99,3 millones de euros de los cuales corresponden a la Reserva para ayuda de emergencia) y a 53,5 millones de euros para las prórrogas de 2016, y que la infraejecución por parte de las demás instituciones ascendió a 82,6 millones de euros para 2017 y a 45,7 millones para las prórrogas de 2016;

1.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2017 presentado por la Comisión, destinado exclusivamente a consignar en el presupuesto el excedente de 2017, que representa un importe de 555,5 millones de euros, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 y la posición del Consejo al respecto;

2.  Recuerda que el bajo nivel de infraejecución de los pagos al final de 2017 se debió únicamente a la aprobación del presupuesto rectificativo n.º 6/2017, que redujo los créditos de pago en 7 719,7 millones de euros debido a retrasos considerables en las ejecuciones, en particular en la subrúbrica 1b (Cohesión económica, social y territorial); recuerda asimismo que todos los presupuestos rectificativos de 2017, aun habiendo incrementado notablemente los créditos de compromiso (1 166,8 millones de euros al amparo del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para Italia, 500 millones de euros para la Iniciativa de Empleo Juvenil, 275 millones para el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible) se financiaron mediante reasignaciones de créditos de pago no utilizados; lamenta que en 2018 parezcan reproducirse los retrasos de ejecución y las previsiones erradas de los Estados miembros;

3.  Destaca, una vez más, el nivel relativamente elevado de las multas por motivos de competencia en 2017, que ascendieron a 3 273 millones de euros; considera que, además de cualquier excedente derivado de la infraejecución, debería ser posible reutilizar en el presupuesto de la Unión los ingresos procedentes de multas o vinculados a retrasos en los pagos sin la correspondiente reducción de las contribuciones basadas en la RNB; recuerda su propuesta de creación de una reserva especial en el presupuesto de la Unión que se irá alimentando progresivamente con todos los tipos de ingresos imprevistos y se prorrogará debidamente para ofrecer posibilidades adicionales de gasto cuando surja la necesidad;

4.  Considera, por otra parte, que, dada la urgente necesidad de aportar una respuesta rápida al reto de la migración, y teniendo presentes los retrasos registrados en la prolongación del Mecanismo para los refugiados en Turquía, el excedente de 2017, que asciende a 555,5 millones de euros, podría constituir una excelente solución para financiar la contribución de la Unión a este instrumento para 2018 sin necesidad de llevar al límite el presupuesto general de la Unión;

5.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2018;

6.  Encarga a su presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.º 2/2018 ha quedado definitivamente adoptado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

7.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a las demás instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 57 de 28.2.2018.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(4) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(5) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.


Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/ 2018: ampliación del Mecanismo para los refugiados en Turquía
PDF 252kWORD 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección III – Comisión: ampliación del Mecanismo para los refugiados en Turquía (09713/2018 – C8-0302/2018 – 2018/2072(BUD))
P8_TA-PROV(2018)0291A8-0246/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(1), y en particular su artículo 18, apartado 3, y su artículo 41,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, adoptado definitivamente el 30 de noviembre de 2017(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(3),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(4),

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(5),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018, adoptado por la Comisión el 23 de mayo de 2018 (COM(2018)0310),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018, adoptada por el Consejo el 22 de junio de 2018 y transmitida al Parlamento Europeo el 25 de junio de 2018 (09713/2018 – C8‑0302/2018),

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0246/2018),

A.  Considerando que la Comisión modificó el 14 de marzo de 2018 su Decisión sobre el Mecanismo para los refugiados en Turquía para asignar un importe adicional de 3 000 millones EUR («segundo tramo») al Mecanismo, en consonancia con la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016;

B.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 tiene por objeto añadir, como contribución de la Unión de 2018 al segundo tramo, 500 millones EUR en créditos de compromiso al presupuesto de la Unión de 2018, además de los 50 millones EUR financiados con los recursos de la actual dotación presupuestaria de Ayuda Humanitaria en 2018;

C.  Considerando que la Comisión propone emplear el margen global para compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento sobre el marco financiero plurianual, para financiar los 243,8 millones EUR que no pueden cubrirse únicamente con el margen no asignado de la rúbrica 4, en virtud de la cual se propone contribuir con 256,2 millones EUR;

D.  Considerando que la Comisión ha propuesto financiar un importe adicional de 1 450 millones EUR con cargo al proyecto de presupuesto de 2019, como contribución del presupuesto de la Unión al Mecanismo para los refugiados en Turquía;

E.  Considerando que el Parlamento siempre ha subrayado su apoyo a la prórroga del Mecanismo insistiendo al mismo tiempo en que, como una de las dos ramas de la autoridad presupuestaria, debe participar plenamente en el proceso de toma de decisiones relativo a dicha ampliación, para, entre otras cosas, evitar la repetición del procedimiento por el que se creó; que hasta ahora el Parlamento y el Consejo no han entablado negociaciones sobre la financiación del segundo tramo del Mecanismo; que habría sido conveniente debatir la financiación del segundo tramo en el marco del procedimiento de conciliación relativo al presupuesto de la Unión de 2018;

1.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 presentado por la Comisión, que se destina únicamente a la financiación de la contribución del presupuesto de la Unión de 2018 al Mecanismo para los refugiados en Turquía, por un importe de 500 millones EUR en créditos de compromiso, y de la Posición el Consejo al respecto;

2.  Lamenta profundamente la discrepancia existente entre la ausencia del Parlamento en la adopción de las decisiones sobre la creación y la prolongación del Mecanismo, por un lado, y su labor como autoridad presupuestaria en la financiación del Mecanismo con cargo al presupuesto de la Unión, por otro;

3.  Lamenta que, en ninguna de las diferentes etapas del procedimiento presupuestario de 2018, la Comisión haya incluido en su proyecto de presupuesto para 2018 la financiación del Mecanismo en dicho ejercicio; considera que esta inclusión habría brindado a las dos ramas de la autoridad presupuestaria la oportunidad de negociar la financiación del segundo tramo del Mecanismo en su totalidad, ya que las posiciones del Parlamento y del Consejo divergen sobre la magnitud de la contribución del presupuesto de la Unión;

4.  Insiste en que la Comisión mejore el seguimiento del uso del Mecanismo para los refugiados en Turquía e informe periódicamente y con el debido detalle a las autoridades presupuestarias sobre la compatibilidad de las acciones financiadas con la base jurídica correspondiente en general y en particular con los tipos de acciones enumerados en el artículo 3, apartado 2, de la Decisión de la Comisión por la que se establece el Mecanismo para los refugiados en Turquía;

5.  Toma nota de que el principal objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018 es permitir que la escolarización de los niños refugiados en Turquía prosiga sin interrupciones;

6.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2018;

7.  Subraya que esta decisión no afecta a su posición sobre la parte restante de la financiación del segundo tramo del Mecanismo para los refugiados en Turquía; destaca que, con independencia de las deliberaciones del Consejo sobre la prórroga del Mecanismo, el Parlamento conservará todas sus prerrogativas a lo largo del procedimiento presupuestario 2019;

8.  Encarga a su presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.º 3/2018 ha quedado definitivamente adoptado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a las demás instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 57 de 28.2.2018.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(4) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(5) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.


Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados
PDF 201kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, titulada «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas» (2017/2275(INI))
P8_TA-PROV(2018)0292A8-0187/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la erradicación de los matrimonios infantiles(1),

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular su artículo 16, y todos los demás Tratados e instrumentos de la Naciones Unidas relativos a los derechos humanos,

–  Visto el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Visto el artículo 10, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y sus cuatro principios fundamentales de no discriminación (artículo 2), interés superior del menor (artículo 3), supervivencia, desarrollo y protección (artículo 6) y participación (artículo 12), y su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(2),

–  Visto el artículo 16 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios,

–  Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 2014 y de 19 de diciembre de 2016 sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado,

–  Vistas la Resolución 29/8, de 2 de julio de 2015, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado, su Resolución 24/23, de 9 de octubre de 2013, sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado: retos, logros, mejores prácticas y deficiencias en la aplicación y su Resolución 35/16, de 22 de junio de 2017, sobre el matrimonio infantil, precoz y forzado en situaciones humanitarias,

–  Vistas la posición sobre el matrimonio infantil adoptada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana en Johannesburgo (Sudáfrica) en junio de 2015,

–  Vista la observación general conjunta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y el Bienestar del Niño sobre la erradicación de matrimonio infantil,

–  Vistos los artículos 32 y 37 y el artículo 59, apartado 4, del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

–  Visto el informe de 2012 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) titulado «Marrying Too Young – End Child Marriage» (Casarse demasiado joven: eliminemos el matrimonio infantil),

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 9,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de Acción en materia de género 2016-2020,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre la promoción y protección de los derechos del niño,

–  Vistos los principios fundamentales establecidos en la Comunicación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 2016 sobre una Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

–  Vistos el Marco Estratégico de la Unión sobre derechos humanos y democracia y el Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia, adoptados por el Consejo el 25 de junio de 2012(3), así como el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia 2015-2019, adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015(4), visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 27 de junio de 2017, titulado «EU Action Plan on Human Rights and Democracy (2015-2019): Mid-Term Review June 2017» (Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia (2015-2019): revisión intermedia de junio de 2017) (SWD(2017)0254),

–  Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del niño, de 6 de marzo de 2017, tituladas «Que ningún niño quede excluido»,

–  Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 7 de junio de 2017, que subraya el compromiso de la Unión en favor de la integración de los derechos humanos y la igualdad de género en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0187/2018),

A.  Considerando que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres, incluidos los derechos de igualdad, autonomía e integridad física y acceso a la educación, y la libertad frente a la explotación y la discriminación, y son un problema que no es exclusivo de países terceros, sino que puede producirse también en algunos Estados miembros; que la eliminación de estas prácticas es una de las prioridades de la acción exterior de la Unión en el ámbito de la promoción de los derechos de las mujeres y los derechos humanos; que varias cartas y leyes internacionales prohíben el matrimonio de menores, entre ellas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados tiene repercusiones muy negativas para la salud física y mental y el desarrollo personal de las personas en cuestión y para los hijos nacidos de este tipo de matrimonios y, por ende, para la sociedad en su conjunto; que el matrimonio infantil es una forma de matrimonio forzado, ya que los niños carecen intrínsecamente de la capacidad de dar su consentimiento pleno, libre e informado a su matrimonio o al momento de celebrarlo; que los niños forman parte de un grupo sumamente vulnerable;

B.  Considerando que la Unión está comprometida con la promoción de los derechos del niño y que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una violación de esos derechos; que la Unión está comprometida con la protección y promoción exhaustiva de los derechos del niño en su política exterior;

C.  Considerando que no debe celebrarse legalmente ningún matrimonio sin el consentimiento pleno y libre de ambas partes, ni con personas que no alcancen la edad mínima para casarse;

D.  Considerando que el matrimonio infantil es un problema mundial que trasciende países, culturas y religiones; que se pueden encontrar niñas casadas en todas las regiones del mundo, de Oriente Próximo a América Latina, de Asia a Europa y de África a Norteamérica; que el matrimonio infantil también afecta a los niños, pero en mucho menor medida que a las niñas;

E.  Considerando que, en la actualidad, más de 750 millones de mujeres han contraído matrimonio antes de cumplir dieciocho años, y que 250 millones de ellas lo han hecho antes de cumplir quince años; que en la actualidad hay alrededor de 40 millones de niñas de entre quince y diecinueve años casadas o viviendo en pareja; que, cada año, unos 15 millones más se casan antes de los dieciocho años, cuatro millones de ellas antes de los quince años; que 156 millones de niños también se han casado antes de los dieciocho años, 25 millones de ellos antes de los quince años; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados son más frecuentes en las regiones pobres e infradesarrolladas; que el número de matrimonios infantiles, precoces y forzados tiende a aumentar con el crecimiento de la población mundial; que un reciente informe de Unicef estima que, en 2050, alrededor de 1 200 millones de niñas habrán contraído matrimonio antes de cumplir dieciocho años; que nueve de los diez países con las tasas más elevadas de matrimonio infantil están clasificados como Estados frágiles;

F.  Considerando que las causas profundas del matrimonio infantil son, en general, la pobreza, la falta de educación, desigualdades y estereotipos de género profundamente arraigados, la creencia de que el matrimonio proporcionará «protección», el honor familiar y la falta de protección efectiva de los derechos de los niños y las niñas, así como prácticas, creencias y costumbres nocivas y normas discriminatorias; que con frecuencia estos factores se ven agravados por un acceso limitado a una educación de calidad y a oportunidades laborales, y son reforzados por determinadas normas sociales refractarias sobre los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

G.  Considerando que existe una relación entre los matrimonios infantiles, precoces y forzados y un riesgo elevado de embarazos precoces y no deseados, elevadas tasas de mortalidad materna e infantil, mayor reticencia a recurrir a la planificación familiar, embarazos no deseados con mayores riesgos para la salud y falta de acceso o acceso inadecuado a información sobre servicios de salud sexual y reproductiva, y que, con frecuencia, este tipo de matrimonios supone el final de la educación de las niñas; que algunos países prohíben que las niñas embarazadas y las madres jóvenes vuelvan a las aulas; que el matrimonio infantil también puede acarrear trabajos forzados, esclavitud y prostitución;

H.  Considerando que, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño hace hincapié en la importancia de medidas que fomenten la asistencia regular a la escuela, muchas niñas no están escolarizadas por diversos factores, como, por ejemplo, la inaccesibilidad o la carestía de las escuelas; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados tienen un efecto devastador desproporcionado y consecuencias permanentes para las víctimas y privan muy a menudo a las personas afectadas de la posibilidad de continuar sus estudios, ya que las niñas suelen abandonar la escuela durante el tiempo de preparación previo al matrimonio o poco después de su celebración; que la educación, incluida la educación sexual, es un medio eficaz para evitar los matrimonios infantiles, precoces y forzados, dado que el acceso a la educación y la formación contribuye al empoderamiento y las oportunidades laborales y fomenta la libertad de elección, el derecho a la autodeterminación y la participación activa en la sociedad, permitiendo a las personas emanciparse de cualquier tipo de control que atente contra sus derechos, sin el cual la situación económica, jurídica, sanitaria y social de las mujeres y las niñas y el desarrollo de la sociedad en su conjunto siguen viéndose lastrados;

I.  Considerando que cada año 17 millones de menores tienen un hijo, lo que los obliga a asumir responsabilidades propias de los adultos y pone en peligro su salud, su educación y sus perspectivas económicas; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados exponen a las jóvenes a una maternidad precoz con riesgos y dificultades considerables durante el embarazo y el parto, en particular debido a un acceso muy deficiente o inexistente a apoyo médico, incluidos centros sanitarios de calidad, que deriva, a menudo, en mortalidad y morbilidad materna; que existe un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, como el VIH; que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las niñas de edades comprendidas entre los quince y los diecinueve años en países de renta baja y media; que la tasa de mortalidad de los bebés nacidos de madres adolescentes es aproximadamente un 50 % más alta y que estos bebés corren un mayor riesgo de sufrir problemas de desarrollo físico y cognitivo; que los embarazos frecuentes y precoces también pueden causar una serie de complicaciones para la salud a largo plazo o incluso la muerte;

J.  Considerando que los matrimonios infantiles, precoces y forzados constituyen una violación de los derechos del niño y una forma de violencia contra las niñas y los niños y que, por consiguiente, los Estados tienen la obligación de investigar las acusaciones, enjuiciar a los autores de los delitos y proporcionar compensación a las víctimas, principalmente mujeres y niñas; que estos matrimonios deben ser condenados y no pueden justificarse con motivos culturales o religiosos; que los matrimonios infantiles, precoces y forzados aumentan el riesgo de violencia de género y dan lugar, con frecuencia, a situaciones de violencia doméstica y ejercida por la pareja y abusos sexuales, físicos, psicológicos, emocionales y económicos y a otras prácticas nocivas para las niñas y las mujeres, como la mutilación genital femenina y los denominados «crímenes de honor», así como un aumento del riesgo de que las niñas y las mujeres estén expuestas a discriminación y violencia de género a lo largo de sus vidas;

K.  Considerando que el número de matrimonios infantiles, precoces y forzados aumenta significativamente en las situaciones de inestabilidad, conflictos armados y catástrofes naturales y humanitarias, durante las cuales, con frecuencia, no se dispone de atención médica y psicológica ni de acceso a la educación o a medios de subsistencia y se produce una ruptura de las redes y rutinas sociales; que, durante las crisis migratorias recientes, algunos padres que quieren proteger a sus hijos, en especial a sus hijas, contra las agresiones sexuales, o que los consideran una carga económica para sus familias, no ven otra salida que casarlos antes de haber cumplido dieciocho años creyendo que de ese modo podrán salir de la pobreza;

L.  Considerando que el Convenio de Estambul clasifica el matrimonio forzado como una forma de violencia contra las mujeres y pide que se tipifique como delito el hecho de obligar a un menor a contraer matrimonio, así como el hecho de engañar a un menor para llevarlo a otro país con la intención de obligarlo a contraer matrimonio; que la falta de acceso por parte de las víctimas a asistencia jurídica, médica y social puede agravar este problema; que once Estados miembros de la Unión aún no han ratificado el Convenio;

M.  Considerando que la naturaleza de los matrimonios infantiles, precoces y forzados conlleva que muchos casos no se denuncien y que los casos de abuso trasciendan las fronteras internacionales y culturales, y que tales matrimonios pueden constituir una forma de tráfico de seres humanos, que conduce a la esclavitud, la explotación o el control;

N.  Considerando que en julio de 2014 se celebró en Londres la primera Cumbre de la Niña con el objetivo de movilizar los esfuerzos nacionales e internacionales para acabar con la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles, precoces y forzados en el plazo de una generación;

O.  Considerando que prevenir y responder a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el matrimonio precoz y forzado, es uno de los objetivos del Plan de Acción en materia de género 2016-2020 de la Unión;

P.  Considerando que el matrimonio infantil costará a los países en desarrollo billones de dólares de aquí al año 2030(5);

Q.  Considerando que los matrimonios infantiles y precoces siguen siendo un tabú y que se deben abordar públicamente para acabar con el sufrimiento diario de las jóvenes y adolescentes afectadas y con la constante violación de sus derechos humanos; que una forma de hacerlo es apoyar y difundir el trabajo de periodistas, artistas, fotógrafos y activistas que se ocupan del problema de los matrimonios precoces;

1.  Observa que algunos Estados miembros de la Unión permiten el matrimonio a los dieciséis años con el consentimiento de los progenitores; pide a los legisladores, tanto en los Estados miembros de la Unión como en países terceros, que fijen la edad mínima para el matrimonio a los dieciocho años y adopten las medidas administrativas, jurídicas y económicas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de este requisito, por ejemplo promoviendo la inscripción de los matrimonios y nacimientos en el registro y garantizando que las niñas tienen acceso a mecanismos de apoyo institucionales, tales como asistencia psicosocial, mecanismos de protección y oportunidades de empoderamiento económico; reitera que los matrimonios infantiles, precoces y forzados deben considerarse una violación grave de los derechos humanos y una vulneración de los derechos fundamentales de los menores afectados, en primer lugar de su derecho a expresar libremente su consentimiento y su derecho a la integridad física y a la salud mental, pero indirectamente también de su derecho a la educación y al pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; condena los matrimonios infantiles, precoces y forzados y opina que toda infracción de la legislación pertinente que se cometa debe abordarse de un modo proporcionado y efectivo;

2.  Considera que es importante abordar las múltiples causas del matrimonio infantil, precoz y forzado, en particular las tradiciones nocivas, la pobreza endémica, los conflictos, las costumbres, las consecuencias de las catástrofes naturales, los estereotipos, el no respeto a la igualdad de género y los derechos, la salud y el bienestar de las mujeres y las niñas, la falta de oportunidades de educación adecuadas y una respuesta jurídica y política débil, en especial en el caso de los menores pertenecientes a comunidades desfavorecidas; pide, a este respecto, que la Unión y los Estados miembros colaboren con los organismos de las Naciones Unidas pertinentes y con otros socios para atraer la atención sobre la cuestión de los matrimonios infantiles, precoces y forzados; pide a la Unión y a los Estados miembros que cumplan los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible para combatir de forma más eficaz las prácticas perniciosas, como la mutilación genital femenina, y exigir responsabilidades a sus autores; pide a la Unión y sus Estados miembros que, con miras a abordar las causas de los matrimonios infantiles, precoces y forzados, proporcionen más financiación a través de mecanismos de ayuda al desarrollo que promuevan la igualdad de género y la educación, a fin de mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la educación y de brindarles más oportunidades de participar en el desarrollo comunitario y el liderazgo económico y político;

3.  Reconoce que la prohibición legal de los matrimonios infantiles, precoces y forzados no garantizaría por sí sola el fin de estas prácticas; pide a la Unión y a sus Estados miembros que coordinen mejor y refuercen la aplicación de los tratados, la legislación y los programas internacionales, así como las relaciones diplomáticas con gobiernos y organizaciones de terceros países, con el fin de abordar los problemas relacionados con los matrimonios infantiles, precoces y forzados; pide que se haga todo lo posible para garantizar la aplicación de la prohibición legal de estos matrimonios y para complementarla con un conjunto más amplio de leyes y políticas; reconoce que esto requiere la adopción y la aplicación de políticas, estrategias y programas integrales y globales, en particular la eliminación de disposiciones jurídicas discriminatorias relativas al matrimonio y la adopción de medidas positivas para el empoderamiento de las niñas;

4.  Reconoce que la desigualdad de género, la falta de respeto hacia las mujeres y las niñas en general y la voluntad de conservar tradiciones culturales y sociales que perpetúan la discriminación de las mujeres y las niñas son uno de los principales obstáculos en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados; reconoce además el vínculo entre los matrimonios infantiles, precoces y forzados y la violencia relacionada con el honor, y pide que se investiguen de forma adecuada tales crímenes y se enjuicie a los acusados; constata, además, que los niños y jóvenes también pueden ser víctimas de este tipo de violencia; pide que se aborden estas prácticas en todas las programaciones pertinentes y los diálogos políticos de la Unión con los países socios a fin de establecer mecanismos para hacerles frente, así como a través de esfuerzos en materia de educación y concienciación en los países socios;

5.  Considera que la Unión Europea, por ser uno de los agentes principales en materia de desarrollo y promoción de los derechos humanos en el mundo, debe desempeñar un papel protagonista en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados de forma global, en cooperación con las organizaciones regionales y comunidades locales; pide a la Unión y a los Estados miembros que colaboren con las autoridades policiales y los sistemas judiciales en terceros países, y que proporcionen formación y asistencia técnica para ayudar con la adopción y la aplicación de medidas legislativas que prohíban los matrimonios infantiles, precoces y forzados y deroguen las leyes, normas sociales y tradiciones culturales que coartan los derechos y la libertad de las niñas y las mujeres; pide a los Estados miembros que contribuyan a iniciativas tales como la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y las Naciones Unidas, que se centra en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas;

6.  Pide, por consiguiente, a aquellos Estados miembros que no lo hayan hecho todavía que incluyan en su ordenamiento jurídico nacional la prohibición total de los matrimonios infantiles, precoces y forzados, que apliquen el Derecho penal y que ratifiquen el Convenio de Estambul; pide a los Estados miembros que cooperen con la sociedad civil con el fin de coordinar sus acciones a este respecto; hace hincapié en la importancia de prestar apoyo adecuado y a largo plazo a los albergues destinados a acoger mujeres y refugiados y a menores no acompañados y desplazados, de modo que no se deniegue la protección a nadie por falta de recursos; pide a los Estados miembros que garanticen que se respete la edad mínima para contraer matrimonio estipulada en sus legislaciones, así como que efectúen un seguimiento de la situación mediante la recopilación de datos desglosados por sexo y pruebas sobre factores relacionados a fin de poder evaluar mejor la magnitud del problema; pide a la Comisión que cree una base de datos europea, que comprenda información sobre países terceros, para hacer un seguimiento del fenómeno de los matrimonios forzados;

7.  Pide a la Unión Europea que, en el marco de su política exterior y su política de cooperación al desarrollo, ofrezca un pacto estratégico a sus socios y exija para ello lo siguiente:

   a) que todos sus países socios prohíban los matrimonios infantiles, precoces y forzados, eliminando cualquier vacío legal, y que promulguen legislación acorde con las normas internacionales en materia de derechos humanos, incluida la supresión, concretamente mediante su derogación o modificación, de cualquier disposición que pueda permitir, justificar o dar lugar a matrimonios infantiles, precoces o forzados, en especial de las que permiten a los autores de violaciones, abusos sexuales, explotación sexual, secuestros, trata de personas o formas contemporáneas de esclavitud eludir el enjuiciamiento y el castigo si contraen matrimonio con sus víctimas;
   b) el respeto y el cumplimiento, en la práctica, de esa prohibición en todos los niveles una vez que la ley haya entrado en vigor, y el establecimiento de estrategias y programas integrales y globales para prevenir y erradicar los matrimonios infantiles, precoces y forzados, que comprendan objetivos progresivos y medibles y que se financien y evalúen de manera adecuada, en particular garantizando el acceso a la justicia y a mecanismos de rendición de cuentas y vías de recurso;
   c) el liderazgo sostenido y la voluntad política de los gobiernos socios para erradicar el matrimonio infantil y desarrollar marcos jurídicos y planes de acción integrales, con objetivos y plazos definidos, que comprendan medidas de prevención del matrimonio infantil en diferentes ámbitos y promuevan entornos políticos, económicos, sociales, culturales y civiles que protejan y empoderen a las mujeres y las niñas y apoyen la igualdad de género;
   d) la movilización de los recursos necesarios para la consecución de este objetivo, abriendo esta cooperación a todos los actores institucionales, como los profesionales del ámbito judicial, de la educación y de la salud, las autoridades policiales y los líderes religiosos y comunitarios, así como a la sociedad civil activa en el ámbito de la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados;
   e) la necesidad de subordinar el nivel de ayuda pública para el desarrollo asignado a las autoridades gubernamentales al compromiso del país beneficiario de atenerse, en particular, a los imperativos en materia de derechos humanos, especialmente en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados;
   f) la aplicación del programa del UNFPA y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) mediante una cooperación triangular que implique a estas organizaciones, la Unión Europea, sus Estados miembros y sus organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito y los países socios en la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados mediante el establecimiento de planes de acción nacionales dotados de presupuesto, otorgando prioridad a los programas y métodos con posibilidades de trascender las denominadas prácticas culturales, religiosas o tribales que, en realidad, constituyen las más graves violaciones de los derechos y la dignidad de los niños; pide que, en el marco de esta cooperación, se haga frente también al problema asociado de la violencia relacionada con el honor;
   g) la ejecución de estos programas sobre la base de los convenios y textos pertinentes, así como de los objetivos y metas específicos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución, de 25 de septiembre de 2015, relativa a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 3 («Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades»), el Objetivo 4 («Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos») y el Objetivo 16 («Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas»), en especial la meta «poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños»;
   h) estos programas deben aplicarse sobre la base del Objetivo 5 de los ODS («Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas»), incluido el acceso a la planificación familiar y a todo el abanico de derechos en materia de salud sexual y reproductiva pública y universal, en particular el acceso de las niñas a métodos de contracepción modernos y a un aborto legal y en condiciones seguras; pide a la Comisión y a los Estados miembros, en este contexto, que apoyen el movimiento SheDecides y destinen financiación adicional a la ayuda internacional en materia de servicios de salud sexual y reproductiva, en especial en relación con el aborto en condiciones seguras y la información sobre el aborto, contrarrestando así la «ley mordaza global» reintroducida por el Gobierno de los Estados Unidos a principios de 2017;
   i) la inclusión de temas relacionados con los matrimonios infantiles, precoces y forzados en el actual diálogo entre el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Stavros Lambrinidis, y los países terceros; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que integren la perspectiva de género en los programas de consolidación de la paz y de reconstrucción tras un conflicto, desarrollen programas de subsistencia económica y educativos para niñas y mujeres víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados y faciliten su acceso a los servicios de salud y reproductivos en las zonas afectadas por conflictos;

8.  Considera que, en el marco de la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados, es importante crear un espacio para el diálogo respetuoso con los líderes de las comunidades y concienciar a la opinión pública en general y a las personas en situación de riesgo en particular mediante campañas de educación y de sensibilización, así como a través de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación; pide, por consiguiente, la puesta en práctica de medidas transversales gubernamentales, legales, sociales y diplomáticas cuyo objetivo sea evitar dichas prácticas; considera que es fundamental colaborar, en el seno de las comunidades locales, con las partes interesadas clave, como los alumnos y alumnas adolescentes, el profesorado, los progenitores y los líderes religiosos y de las comunidades mediante programas comunitarios o campañas de sensibilización específicas para concienciar sobre el efecto negativo del matrimonio infantil en los niños, las familias y las comunidades, sobre el Derecho vigente en materia de matrimonio infantil y desigualdad de género y sobre el modo de acceder a la financiación para combatirlo;

9.  Considera que el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante la educación, el apoyo social y las oportunidades económicas es una herramienta indispensable para combatir estas prácticas; recomienda que la Unión promueva y proteja la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas en lo que respecta al acceso a la educación, haciendo especial hincapié en una educación primaria y secundaria gratuita y de alta calidad e introduciendo la educación en materia de salud sexual y reproductiva en los programas escolares, así como ofreciendo a las familias de las niñas incentivos económicos o ayudas para la matriculación escolar y su finalización; subraya la necesidad de velar por que los niños refugiados gocen de pleno acceso a la educación y de promover su integración e inclusión en los sistemas educativos nacionales; reconoce la necesidad de apoyar y proteger a quienes están expuestos al riesgo de matrimonio infantil, precoz o forzado o ya han sido víctimas de tales matrimonios, en especial proporcionándoles educación, apoyo psicológico y social, vivienda y otros servicios sociales de alta calidad, así como servicios de salud mental, sexual y reproductiva y asistencia sanitaria;

10.  Pide a la Unión Europea que vele por que se imparta formación a los funcionarios públicos, incluidos el personal diplomático, los trabajadores sociales y los líderes religiosos y de las comunidades, así como todas las autoridades policiales, los sistemas judiciales de los países terceros, los profesores y educadores y otro personal que esté en contacto con las víctimas potenciales, a fin de que sepan reaccionar ante los casos de matrimonio infantil y violencia de género y estén en mejores condiciones de identificar y prestar apoyo a las niñas y los niños que corran el riesgo de ser sometidos a matrimonios infantiles, precoces y forzados, violencia doméstica, violencia sexual y cualquier otra práctica que atente contra la dignidad y los derechos humanos, y puedan intervenir de manera eficaz para garantizar que se respetan los derechos y la dignidad de estas personas;

11.  Pide a la Unión que garantice que las autoridades policiales reciben formación a fin de que puedan hacer respetar los derechos de las niñas expuestas a matrimonios precoces y forzados, a violencia doméstica, al riesgo de violación y a cualquier otra práctica que atente contra la dignidad humana;

12.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las mujeres y las niñas migrantes reciban un permiso de residencia autónomo que no dependa de la situación de residencia de su marido o cónyuge, en particular en caso de que hayan sido víctimas de violencia física y psicológica, incluidos los matrimonios forzados o concertados, y que garanticen que se adoptan todas las medidas administrativas necesarias para protegerlas, incluido un acceso efectivo a mecanismos de asistencia y protección;

13.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que se planteen apoyar y reforzar las medidas de protección en los países terceros, como los albergues seguros, y el acceso a asistencia jurídica, médica y, en caso necesario, consular para las víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados;

14.  Reconoce que la Unión Europea, comprometida con el respeto de los derechos humanos y los valores fundamentales, incluido el respeto de la dignidad humana, debe ser absolutamente irreprochable a nivel de los Estados miembros, y pide a la Comisión que inicie una amplia campaña de sensibilización y dedique un año europeo a la lucha contra los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

15.  Respalda plenamente el trabajo de la asociación mundial Girls Not Brides para erradicar el matrimonio infantil y permitir a las niñas aprovechar todo su potencial;

16.  Acoge con satisfacción la actual campaña de la Unión Africana para erradicar el matrimonio infantil y la labor de organizaciones que, como la Real Sociedad del Commonwealth, abogan por redoblar los esfuerzos para erradicar el matrimonio infantil y hacer frente a la desigualdad de género;

17.  Pone de relieve la urgente necesidad de informar y educar a los hombres y los niños, movilizándolos en la defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos de los niños y las mujeres;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0379.
(2) DO C 289 de 9.8.2016, p. 57.
(3) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
(4) https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(5) Wodon, Quentin T.; Male, Chata; Nayihouba, Kolobadia Ada; Onagoruwa, Adenike Opeoluwa; Savadogo, Aboudrahyme; Yedan, Ali; Edmeades, Jeff; Kes, Aslihan; John, Neetu; Murithi, Lydia; Steinhaus, Mara; Petroni, Suzanne, «Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017» (El impacto económico del matrimonio infantil: informe de síntesis global 2017), Washington, D.C., Grupo del Banco Mundial, 2017.


Definición de las pymes
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la definición de las pymes (2018/2545(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0293B8-0304/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la "Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078) y la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de mayo de 2011 sobre la misma(2),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes): competitividad y oportunidades comerciales(3),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre las empresas familiares en Europa(4),

–  Vista la sentencia, de 15 de septiembre de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión» (COM(2016)0733),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la finalización de Basilea III (O-000050/2018 – B8‑0031/2018),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

–  Vistos el artículo 128 y el artículo 123, apartados 2 a 8, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los 23 millones de pymes de la Unión, que suman alrededor del 99 % de todas las empresas, emplean a unas dos terceras partes de la población activa europea, generan más de 90 millones de puestos de trabajo, alcanzan un valor añadido del orden de 3 9 billones de euros; que resultan decisivas para el crecimiento económico, la cohesión social y la creación y mantenimiento de empleo sostenible y de alta calidad, y son motores clave en el contexto de la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la competitividad de la Unión a nivel de la tecnología ambiental, así como una importante fuente de innovación en la Unión;

B.  Considerando que el 90 % de las pymes de la Unión y el 93 % de todas las empresas de la Unión que desarrollan su actividad en el sector empresarial no financiero son microempresas, que aportan el mayor porcentaje de valor añadido y de empleo entre las pymes al contar con aproximadamente el 30 % de la mano de obra de la Unión, por lo que se les debe prestar especial atención;

C.  Considerando que, en comparación con las grandes empresas y con independencia de su estructura organizativa, las pymes se ven afectadas de manera desproporcionada por la carga administrativa y los obstáculos financieros, que limitan su competitividad, las exportaciones y la creación de empleo; que a pesar de que en el ámbito de la Unión y de los Estados miembros, así como a escala regional y local, disponen de un apoyo específico que incluye oportunidades de financiación y procedimientos simplificados, es posible incrementar los esfuerzos por lograr un entorno más sencillo y favorable para las pymes, más allá de los compromisos políticos;

D.  Considerando que la definición de las pymes (en lo sucesivo «la definición de pyme») se menciona en unos cien actos jurídicos de la Unión, sobre todo en los ámbitos de la política de la competencia, la legislación de los mercados financieros, los fondos estructurales, de investigación e innovación, así como en la legislación laboral, medioambiental, energética, de protección de los consumidores y sobre la seguridad social, por ejemplo en la normativa secundaria relativa al registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) y la Directiva sobre la eficiencia energética;

E.  Considerando que un entorno jurídico coherente, con una normativa clara, resulta ventajosos para las empresas, y que una definición rigurosa de pyme es un instrumento, concebido para mitigar los fallos del mercado y los problemas inherentes a la competencia entre empresas de diferente tamaño, volumen de activos y modelo de negocio;

F.  Considera que la Comisión realiza un seguimiento periódico de la aplicación de la definición de pyme a escala de la Unión; que de las numerosas evaluaciones llevadas a cabo (en 2006, 2009 y, por último, en 2012) se desprendió que no es necesario revisar a fondo dicha definición;

G.  Considerando que la cadena de valor intersectorial para las pymes permite reducir los obstáculos institucionales, técnicos y burocráticos y que son necesarias políticas eficaces de apoyo a la constitución de redes entre empresas;

H.  Considerando que la definición de pyme debe contribuir a facilitar la creación de empleo de calidad y a mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad laboral, limitando al mínimo absoluto los abusos;

Definición de pyme

Actividades de la Comisión

1.  Acoge con satisfacción la primera evaluación de impacto de la Comisión y que en ella se dé importancia a las empresas que necesitan apoyo y unas normas simples, a fin de racionalizar la seguridad jurídica y la planificación de las pymes; en este contexto, acoge con satisfacción la consulta pública realizada por la Comisión;

2.  Considera que debe mantenerse la flexibilidad que ofrece la recomendación de 2003, teniendo en cuenta las especificidades de este instrumento estratégico y las diferencias entre pymes y Estados miembros; estima que es preciso conservar la estructura global de la definición y aplicarla con la combinación adecuada de los criterios ya identificados;

Nueva evaluación de la definición de pyme

3.  Insta a la Comisión a que impida que grandes actores puedan constituir estructuras empresariales artificiales a fin de beneficiarse de la definición de pyme, lo que podría comportar que el apoyo disponible se distribuya más ampliamente de forma injustificada y, con ello, no alcance a aquellas pymes que lo necesitan; subraya que cualquier actualización de la definición de pyme siempre debe hacerse en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y facilitar su acceso a ayudas públicas;

4.  Pide a la Comisión que se plantee la actualización de la definición de pyme teniendo también en cuenta las previsiones económicas de la Comisión en relación con la inflación y la productividad laboral, para evitar que en los próximos años sea necesario un ajuste más rápido; estima que cualquier futura adaptación de la definición de pyme debe realizarse de forma que garantice la estabilidad a largo plazo de dicha definición;

5.  Señala que el número de trabajadores se ha convertido en un criterio ampliamente aceptado y debe seguir siendo el principal criterio; reconoce que dicho criterio presenta algunas limitaciones para una comparación a escala de la Unión, y cree, por consiguiente, que el volumen de negocios y el balance total también son criterios importantes de la definición; subraya, además, la importancia del correcto reconocimiento de las empresas emergentes, así como de las «microempresas» y, por lo tanto, del acrónimo MPYME;

6.  Hace hincapié en que han de aclararse los conceptos de «empresa vinculada» y «empresa asociada», así como el estatuto de las pymes objeto de fusión; considera imperativo que se simplifiquen los procedimientos, la burocracia y la normativa vigente; anima a la Comisión, en este sentido, a que simplifique la normativa vigente; estima que, si las empresas emergentes colaboran con empresas conjuntas, las empresas relacionadas con las empresas conjuntas no deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el estatuto de las pymes emergentes, siempre y cuando no se trate de una construcción artificial y no haya más conexiones entre las empresas emergentes y las empresas conjuntas;

7.  Solicita a la Comisión que apoye las combinaciones de empresas, en particular los clústeres y las redes de empresas, con el objetivo de favorecer la racionalización de los costes y mejorar el intercambio de conocimientos y competencias con vistas, en particular, a la innovación de productos y servicios y de procesos;

Otros puntos relacionados con la definición de pyme

8.  Apoya la iniciativa de la Comisión sobre las empresas emergentes y en expansión; considera que fomentar el espíritu empresarial es importante para el crecimiento económico de la Unión; acoge con satisfacción el período transitorio de dos años durante el cual las empresas de crecimiento rápido, por ejemplo, conservarían la condición de pymes; pide una evaluación de la necesidad de ampliar el período de transición; solicita a la Comisión que siga trabajando en ayudar a los empresarios, las empresas emergentes y las pymes a captar fondos, incluyendo nuevas iniciativas, como la financiación colectiva;

9.  Considera que los instrumentos de la diplomacia económica a escala de la Unión, por ejemplo las misiones para el crecimiento, permiten abordar mejor los retos y las oportunidades económicos en el ámbito mundial; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos a este respecto, con arreglo a la política industrial de la Unión, sin crear estructuras duplicadas; solicita, en este contexto, que se desarrolle un indicador de «potencial exportador en relación con el tamaño de la empresa», para mejorar la información sobre la competitividad internacional de las pymes y proporcionar ejemplos de buenas prácticas sobre las oportunidades de internacionalización, y que se brinde un apoyo específico a las pymes con un gran potencial de exportación;

10.  Expresa su preocupación por el hecho de que la política no preste suficiente atención a las empresas que desbordan la definición de pyme y presentan una estructura típica de tamaño medio (las denominadas empresas de capitalización media), a pesar de su elevada contribución al empleo y al crecimiento gracias a su productividad; pide, por tanto, a la Comisión que considere la conveniencia de establecer una definición específica de estas empresas que permita adoptar medidas adaptadas a ellas y evite el riesgo de ampliar la definición de pyme en detrimento de sus objetivos originales;

11.  Observa que, además de las pymes, los profesionales independientes y las grandes empresas, las empresas de mediana capitalización también contribuyen al empleo y al crecimiento, sobre todo gracias a su productividad, por lo que merecen recibir una atención adecuada en las políticas de la Unión;

12.  Pide a la Comisión que adopte, además de las medidas políticas prioritarias de la Unión para las pymes una iniciativa destinada a los recursos financieros, que incluya el acceso a la cooperación en materia de investigación, estrategias de digitalización y el desarrollo de mercados de exportación;

Obligación de notificación, estadísticas, estudios y evaluaciones de impacto

13.  Considera que el futuro Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), el Noveno Programa Marco y los programas de los Fondos Estructurales con cargo al siguiente marco financiero plurianual deben seguir destinando suficientes recursos a las pymes que traten de innovar y generar empleo;

14.  Destaca la importancia de mantener una definición clara y común de pyme a la luz de las negociaciones en curso sobre la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, puesto que las pymes se definen en la legislación de la Unión y a menudo se les atribuye un estatuto especial en los acuerdos comerciales de esta;

15.  Pide a la Comisión que evalúe las posibles repercusiones de la definición de pyme en el desarrollo económico y los efectos de sujeción que se manifiestan en el sentido de que las empresas renuncian voluntariamente a crecer, a fin de evitar una mayor burocracia y otras obligaciones derivadas de la pérdida del estatuto de pyme;

16.  Destaca que las pequeñas empresas locales de servicio público que cumplan los criterios de las pymes llevan a cabo tareas importantes para las comunidades locales y están profundamente arraigadas en su entorno empresarial local y, en particular, crean las condiciones previas para el crecimiento del resto de pymes; señala que la propiedad pública no implica necesariamente la obtención de apoyo financiero o normativo de la Administración Pública debido a la legislación nacional, la normativa en materia de ayudas estatales o los escasos recursos financieros de determinados organismos públicos; alienta, por lo tanto, a la Comisión a que lleve a cabo un estudio sobre el impacto de la definición de las empresas de propiedad pública que sean independientes desde el punto de vista financiero, estén organizadas con arreglo al Derecho privado o que operen en condiciones de competencia con empresas privadas;

17.  Anima a la Comisión a examinar hasta qué punto son viables las definiciones sectoriales de las pymes, así como a evaluar las repercusiones y el valor añadido que se produciría en tal caso en el sector;

18.  Pide que todas las propuestas legislativas de la Unión, más allá de los compromisos voluntarios de la Comisión, comprendan obligatoriamente la prueba de las pymes que aplica el principio de «pensar primero a pequeña escala»; subraya que el resultado de esta prueba debe ser claramente visible en la evaluación de impacto de todas las propuestas legislativas; aboga por un compromiso en este sentido por parte de la Comisión en el próximo Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, y opina que debería ser tenida en cuenta una actualización de la «Small Business Act» para Europa;

Asistencia a las pymes en relación con la definición

19.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que brinden orientación a las empresas sobre los procedimientos para determinar el estatuto de pyme, así como información acerca de cualquier modificación introducida en la definición de pyme o en los procedimientos correspondientes, de forma no burocrática, oportuna y pragmática;

o
o   o

20.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
(2) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 102.
(3) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 40.
(4) DO C 316 de 22.9.2017, p. 57.


Negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán
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Recomendación del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a las negociaciones sobre el Acuerdo Global UE-Azerbaiyán (2017/2056(INI))
P8_TA-PROV(2018)0294A8-0185/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3 y 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22 y 36, del Tratado de la Unión Europea , así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el inicio, el 7 de febrero de 2017, de las negociaciones entre la Unión Europea y Azerbaiyán sobre un nuevo acuerdo global que debería sustituir al Acuerdo de colaboración y cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Azerbaiyana, por otra, de 1999(1),

–  Vista la adopción por el Consejo, el 7 de noviembre de 2016, de las directrices para la negociación de este acuerdo,

–  Visto el Memorándum de Acuerdo sobre una asociación estratégica entre la Unión Europea y Azerbaiyán en el ámbito de la energía, de 7 de noviembre de 2006,

–  Vistos los principales resultados de la decimoquinta reunión del Consejo de Cooperación entre la Unión Europa y la República de Azerbaiyán, de 9 de febrero de 2018,

–  Visto el informe de la Comisión de 19 de diciembre de 2017 sobre las relaciones entre la Unión Europea y Azerbaiyán en el marco de la PEV revisada (SWD(2017)0485),

–  Visto el mensaje de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Euronest a los jefes de Estado o de Gobierno, de 30 de octubre de 2017,

–  Vista su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017(2),

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común(3),

–  Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, incluida la del 24 de noviembre de 2017,

–  Vista la publicación de la Comisión y el SEAE sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de junio de 2016, y en particular los principios clave que contiene,

–  Vistas su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre el caso del periodista azerbaiyano Afgan Mujtarli(4), y otras resoluciones sobre Azerbaiyán, en particular las relativas a la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho,

–  Vista la declaración de 14 de enero de 2018 de la portavoz para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación sobre la condena del periodista Afgan Mujtarli en Azerbaiyán,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 11 de octubre de 2017, sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Azerbaiyán,

–  Vista la puesta en marcha de un procedimiento de infracción, el 5 de diciembre de 2017, por el Comité de ministros del Consejo de Europa, debido a la persistente negativa de las autoridades azerbaiyanas a ejecutar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso Ilgar Mammadov/Azerbaiyán,

–  Visto el informe de la misión de evaluación de las necesidades de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), de 2 de marzo de 2018, sobre las elecciones presidenciales anticipadas de Azerbaiyán,

–  Vistos el artículo 108, apartado 4, y el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0185/2018),

A.  Considerando que la Asociación Oriental se basa en un compromiso compartido entre Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania y la Unión Europea para profundizar en sus relaciones y atenerse al Derecho internacional y los valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; que el nuevo acuerdo entre la Unión y Azerbaiyán debe fomentar los intereses de la Unión en la región, así como promover sus valores;

B.  Considerando que el Parlamento aboga por que se profundicen las relaciones con todos los miembros de la Asociación Oriental en tanto que estos respeten dichos valores fundamentales; que, dentro de la política de la Asociación Oriental, el atractivo modelo de Asociación Oriental + a más largo plazo propuesto por el Parlamento en su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre la Asociación Oriental, que podría llevar finalmente a su adhesión a las uniones aduanera, de la energía y digital y al espacio Schengen, entre otros, también debe estar abierto a países que no tengan un acuerdo de asociación con la Unión —como Azerbaiyán— una vez estén preparados para asumir esos mayores compromisos y hayan realizado avances considerables en la aplicación de las reformas acordadas mutuamente;

C.  Considerando que las relaciones entre la Unión y Azerbaiyán se rigen actualmente por el Acuerdo de colaboración y cooperación de 1999; que la Unión es el principal socio comercial de Azerbaiyán y su principal mercado de exportación e importación, lo que representa el 48,6 % del comercio total de Azerbaiyán y constituye su mayor fuente de inversión extranjera directa; que Azerbaiyán es un socio energético estratégico para la Unión, que posibilita la diversificación de las fuentes de energía de la Unión; que, sin embargo, la economía de Azerbaiyán se basa en el gas y el petróleo por lo que se refiere a alrededor del 90 % de sus exportaciones, lo que la hace vulnerable a las perturbaciones exteriores y las fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo; que Azerbaiyán aún no es miembro de la OMC, lo que da lugar a graves obstáculos arancelarios y no arancelarios que lastran sus relaciones comerciales y empresariales con la Unión;

D.  Considerando que la Unión y Azerbaiyán destacaron, en la Declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental del 24 de noviembre de 2017, que, de «manera diferenciada, la UE continuará debatiendo conjuntamente con cada uno de los países socios —incluidos Armenia, Azerbaiyán y Bielorrusia— qué posibilidades atractivas y realistas existen para intensificar el comercio mutuo y fomentar la inversión que reflejen intereses comunes, la política de inversiones reformada en lo que respecta a la protección de las inversiones, las normas comerciales internacionales y las normas internacionales en materia comercial, en particular en el ámbito de la propiedad intelectual, y contribuir a la modernización y diversificación de las economías»;

E.  Considerando que se prevé que el nuevo acuerdo incida favorablemente en Azerbaiyán en términos de fomento de normas democráticas, crecimiento y desarrollo económico; que tales perspectivas son especialmente importantes para los jóvenes de Azerbaiyán, a efectos de fomentar una nueva generación de ciudadanos azerbaiyanos formados, a fin de defender nuestros valores fundamentales y modernizar el país; que una sociedad civil plenamente operativa es una condición previa esencial para garantizar la diversificación económica;

1.  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que:

Principios generales, valores fundamentales y compromiso con la resolución de conflictos

Diálogo político y cooperación regional

El Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Cooperación comercial y económica

Energía y otros ámbitos de cooperación

Disposiciones institucionales

   a) garanticen que la profundización de las relaciones entre la Unión y Azerbaiyán se supedite a que este país defienda y respete los valores y principios fundamentales de la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la libertad de expresión y de asociación, los derechos de las minorías y la igualdad de género, en interés de ambas partes y especialmente de sus ciudadanos;
   b) recuerden a las autoridades de Azerbaiyán la posición que expresó el Parlamento Europeo en su recomendación de 15 de noviembre de 2017 sobre la Asociación Oriental, en la que se pide a Azerbaiyán que cumpla sus compromisos internacionales y se afirma sin ningún tipo de ambigüedad que no se ratificará ningún acuerdo global con un país que no respete los valores y derechos fundamentales de la Unión, concretamente en lo que respecta a la no aplicación de las decisiones del TEDH y al acoso, intimidación y persecución de defensores de los derechos humanos, ONG, opositores, juristas, periodistas y activistas medioambientales; garanticen la liberación de todos los presos políticos y prisioneros de conciencia en Azerbaiyán —tal y como anunciaron sus autoridades— antes de celebrar ningún nuevo acuerdo entre la Unión y Azerbaiyán; garanticen la inclusión en el nuevo acuerdo de un mecanismo de suspensión específico con disposiciones claras sobre el respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales;
   c) recuerden a las autoridades de Azerbaiyán la posición del Parlamento Europeo, expresada en la mencionada recomendación, según la cual la ratificación de nuevos acuerdos entre la Unión y cada una de las partes del conflicto de Nagorno-Karabaj debe supeditarse a compromisos significativos y avances sustanciales para la resolución pacífica del conflicto, como el mantenimiento del alto el fuego y el apoyo a la aplicación de los Principios básicos de 2009 de la OSCE y a los esfuerzos de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE; reiteren la necesidad de implicar a la sociedad civil de Armenia y Azerbaiyán en todo proceso de negociación;
   d) garanticen que el futuro acuerdo con Azerbaiyán sea ambicioso y global y tenga visión de futuro, que sea compatible con las aspiraciones tanto de la Unión como de Azerbaiyán sobre la base de valores e intereses compartidos y que esté adaptado a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y que aporte beneficios concretos y tangibles para ambas partes, no solo para las grandes empresas, sino también teniendo en cuenta las características específicas de las pymes, y para los ciudadanos de la Unión y de Azerbaiyán;
   e) garanticen progresos rápidos y constantes en las negociaciones con el objetivo de firmar este nuevo acuerdo antes de que se celebre la próxima cumbre de la Asociación Oriental, en 2019, en la medida en que se cumplan las condiciones mencionadas;
   f) comuniquen de forma clara y activa los objetivos y la condicionalidad del nuevo acuerdo y el proceso de negociación en curso para mejorar la transparencia y la sensibilización pública, tanto en Azerbaiyán como en la Unión, y las oportunidades y los beneficios que se esperan de su celebración, contrarrestando así todas las campañas de desinformación;
   g) establezcan un diálogo político periódico y profundo para alentar unas reformas sólidas destinadas a fortalecer las instituciones y reforzar la separación de poderes entre ellas, para lograr que sean más democráticas e independientes, defender los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación y desarrollar un entorno regulador en el que la sociedad civil pueda funcionar sin interferencias indebidas, también en el marco del proceso de reforma;
   h) establezcan medidas específicas destinadas a aplicar las recomendaciones de la OSCE/OIDDH y de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa con vistas a garantizar el progreso hacia unos referendos y elecciones inclusivos, competitivos y transparentes que garanticen una expresión libre y justa de las opiniones y aspiraciones de los ciudadanos de Azerbaiyán;
   i) apoyen plenamente las conclusiones preliminares de la OSCE y de la misión de observación electoral del Consejo de Europa en lo que se refiere a las elecciones presidenciales anticipadas del 11 de abril de 2018, según las cuales la elección careció de una verdadera competencia debido al restrictivo entorno político, un marco jurídico que restringe los derechos y libertades fundamentales, la ausencia de pluralismo, también en los medios de comunicación, el caso omiso generalizado de procedimientos obligatorios, la falta de transparencia y las múltiples irregularidades graves, tales como la introducción de votos fraudulentos en las urnas;
   j) aspiren a lograr disposiciones que refuercen la cooperación en el fomento de la paz y la justicia internacional y, en particular, insistan en que Azerbaiyán cumpla con sus obligaciones internacionales, también como miembro del Consejo de Europa, y que acate las decisiones del TEDH; insten a Azerbaiyán a firmar y ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI); se esfuercen también por establecer fuertes medidas de cooperación en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, y para abordar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras;
   k) establezcan una cooperación más estrecha en materia de política exterior, de defensa y de seguridad con el fin de garantizar la mayor convergencia posible, en particular por lo que respecta a las respuestas a los retos y amenazas mundiales, incluido el terrorismo, la prevención de conflictos, la gestión de crisis y la cooperación regional, teniendo también en cuenta la política exterior diversificada de Azerbaiyán; respalden la firma del Acuerdo marco de participación entre la Unión y Azerbaiyán con el fin de ofrecer una base jurídica y política para la cooperación en misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD);
   l) garanticen que se da una alta prioridad al diálogo entre Azerbaiyán y Armenia y una mayor participación de la Unión en la resolución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabaj en consonancia con los Principios básicos de 2009 de la OSCE, en particular con el apoyo de los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE, la promoción de todas las iniciativas encaminadas a la consolidación de la paz, como el respeto del alto el fuego por todas las partes, el diálogo a todos los niveles, también en conversaciones de alto nivel, la contención de los discursos de odio, las medidas para fomentar una verdadera confianza, el aumento sustancial del número de observadores internacionales de la OSCE e intercambios más intensos entre las sociedades civiles armenia y azerbaiyana, también entre personalidades culturales y religiosas, a fin de preparar las sociedades armenia y azerbaiyana para la coexistencia pacífica; expresen su profunda preocupación por el aumento del poderío militar y el desproporcionado gasto en defensa en la región;
   m) establezcan disposiciones específicas para apoyar los importantes esfuerzos de las autoridades a la hora de ayudar a un gran número de refugiados y desplazados internos y para ayudar a la población civil que vive en zonas de conflicto dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán; insistan en que se respeten los derechos de todas las personas que viven en la frontera de Azerbaiyán, ya sea temporal o permanentemente; contribuyan, en particular, a defender su derecho a regresar a sus hogares y propiedades, y a obtener una indemnización en consonancia con las resoluciones del TEDH de todas las partes en conflicto;
   n) presten apoyo a la reforma del sistema judicial destinada a garantizar su imparcialidad e independencia con respecto al poder ejecutivo y a reforzar el Estado de Derecho; en particular, garanticen la independencia de los profesionales del derecho eliminando todas las interferencias indebidas en el trabajo de los abogados, permitan en particular a los abogados en ejercicio independientes representar a clientes mediante un poder notarial y pongan fin a los poderes arbitrarios del colegio de abogados azerbaiyano para deshabilitar abogados y denegar admisiones de nuevos miembros;
   o) presten también apoyo al desarrollo de un marco sólido para la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de género; pongan de relieve la importancia de la representación de las mujeres en todos los niveles de gobierno, incluida su participación equitativa, plena y activa en la prevención y resolución de conflictos, y urjan a Azerbaiyán a que firme el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;
   p) establezcan disposiciones específicas para ayudar a Azerbaiyán en la lucha contra la delincuencia económica, incluida la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal; promuevan una mayor transparencia con respecto a la titularidad real de empresas y fideicomisos y las actividades financieras de las grandes empresas en términos de beneficios obtenidos e impuestos pagados; apoyen las investigaciones sobre los mecanismos de blanqueo de capitales, en particular el caso de la «lavandería azerbaiyana» y creen mecanismos específicos de supervisión y control, tales como el acceso restringido al sistema bancario europeo para los implicados en mecanismos de blanqueo de capitales y fraude;
   q) hagan posible una mayor cooperación y respalden a Azerbaiyán en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la ciberdelincuencia, y en la prevención de la radicalización y de la delincuencia transfronteriza; trabajen conjuntamente, en particular, en la lucha contra el reclutamiento por organizaciones terroristas;
   r) incluyan disposiciones sobre la aplicación de la legislación penal en Azerbaiyán relativas a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y orientadas a poner fin a los secuestros y persecuciones políticas, a las prohibiciones de viaje arbitrarias, a la persecución de disidentes políticos, también mediante la difamación, y de periodistas independientes, defensores de los derechos humanos, representantes de ONG y los miembros más vulnerables de la sociedad, como los de algunos grupos minoritarios, incluida la comunidad LGBTQI; garanticen que las referencias específicas a dichos grupos se incluyan en el acuerdo; reiteren que estas prácticas son inaceptables para cualquier país socio potencial de la Unión; creen un foro reforzado para un diálogo sobre derechos humanos efectivo y orientado a la obtención de resultados entre la Unión y Azerbaiyán en consulta con las principales ONG internacionales y azerbaiyanas verdaderamente independientes, cuyo progreso debe evaluarse anualmente sobre la base de valores de referencia concretos;
   s) insistan en la adopción de las enmiendas pertinentes en la legislación con el fin de permitir las actividades legítimas de la sociedad civil, la eliminación de las restricciones indebidas a sus requisitos de registro, operaciones y acceso al registro para la financiación y las subvenciones extranjeras, y pongan fin a las investigaciones penales injustificadas, la presentación de información innecesaria a diversas agencias gubernamentales, los registros de oficinas, el bloqueo de las cuentas, las prohibiciones de viaje y la persecución de sus dirigentes;
   t) garanticen, antes de la conclusión de las negociaciones, que Azerbaiyán libere a sus presos políticos y presos de conciencia, incluidos, entre los casos más emblemáticos, los de Ilgar Mammadov, Afgan Mujtarli, Mehman Huseynov, Ilkin Rustamzada, Seymur Haziyev, Rashad Ramazanov, Elchin Ismayilli, Giyas Ibrahimov, Beyram Mammadov, Asif Yusifli y Fuad Gahramanli, y suspenda su prohibición de viajar una vez liberados, incluida la de la periodista Khadija Ismayilova y el abogado Intigam Aliyev, y que aplique plenamente las decisiones del TEDH, en particular por lo que respecta a Ilgar Mammadov; garanticen la liberación y la mejora de la situación de estas personas, incluida su reincorporación y la de sus familias a través del poder judicial y de la aplicación del Estado de Derecho, y protejan a los disidentes azerbaiyanos en la Unión; condenen el hecho de que, en contra de lo anunciado por las autoridades azerbaiyanas, ninguno de los presos políticos citados haya sido liberado y que otras personas hayan sido encarceladas por el ejercicio pacífico de sus derechos constitucionales, incluyendo miembros de los partidos de la oposición y el abogado defensor de los derechos humanos Emin Aslan; pidan la inmediata liberación del abogado defensor de los derechos humanos Emin Aslan, actualmente privado de libertad por decisión administrativa, y la retirada de la dudosa acusación de «desacato a la policía» que pesa sobre él;garanticen que Azerbaiyán pone fin a las privaciones de libertad por decisión administrativa con el fin de silenciar a los críticos con el Gobierno;
   u) garanticen que Azerbaiyán respete el derecho a la libertad de reunión pacífica, se abstenga de restringir este derecho de modos que no sean compatibles con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que investigue sin dilación y eficazmente todos los casos de uso excesivo de la fuerza, privación de libertad arbitraria y detención infundada de manifestantes pacíficos, también en relación con las concentraciones de la oposición autorizadas de septiembre de 2017 y marzo de 2018, y que lleve ante la justicia a los autores;
   v) soliciten, antes de la conclusión de las negociaciones, que las autoridades de Azerbaiyán se comprometan a aplicar la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a investigar realmente todos los casos de malos tratos de presos políticos y presos de conciencia, en particular en el caso del difunto Mehman Galandarov, fallecido en prisión en Azerbaiyán, y de los miembros de la comunidad LGBTQI que fueron acosados y detenidos en masa en septiembre de 2017;
   w) hagan hincapié en las preocupaciones de la Unión respecto de la situación actual de la libertad de prensa en Azerbaiyán, que ocupa el puesto 163 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2018, publicada por Reporteros Sin Fronteras; subrayen la importancia de unos medios de comunicación libres e independientes, tanto en línea como tradicionales, y garanticen un apoyo reforzado de la Unión, tanto político como financiero, a los medios de comunicación libres y plurales en Azerbaiyán, con independencia editorial frente a grupos políticos y oligárquicos dominantes y en consonancia con las normas de la Unión; soliciten a las autoridades que desbloqueen el acceso a los sitios web de Azadliq, y de tres canales de noticias que tienen que desempeñar su actividad desde el extranjero: Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) Azerbaijan Service, Meydan TV y Azerbaycan Saati;
   x) incluyan disposiciones justas y ambiciosas sobre comercio e inversiones, en la medida en que sean compatibles con la situación de Azerbaiyán como país no miembro de la OMC, que estén plenamente en consonancia con las normas de la Unión y no las socaven, en particular en los ámbitos sanitario, fitosanitario, medioambiental, laboral, social, de equilibrio entre mujeres y hombres y de no discriminación, y aseguren el reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas, especialmente para vinos y bebidas espirituosas; respalden a Azerbaiyán en su proceso de adhesión a la OMC;
   y) pongan en marcha medidas sólidas que garanticen un rápido avance hacia la mejora del clima empresarial y de inversión en Azerbaiyán, en particular desde el punto de vista fiscal y de la gestión de la hacienda pública y de la contratación pública, haciendo referencia a las normas establecidas en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, a fin de permitir una mayor transparencia, una mejor gobernanza y rendición de cuentas, la igualdad de acceso y una competencia leal;
   z) permitan una mayor cooperación en el sector de la energía, en consonancia con la asociación estratégica entre la Unión y Azerbaiyán en materia de energía y la trayectoria de Azerbaiyán como proveedor fiable de energía, teniendo en cuenta, no obstante, la suspensión y consiguiente retirada de Azerbaiyán de la ITIE (Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas), en marzo de 2017, debido a los cambios acometidos en la legislación del país sobre ONG, que no cumplían los requisitos del grupo por lo que se refiere a la sociedad civil; promuevan que Azerbaiyán vuelva a cumplir estos requisitos para reanudar sus actividades en la ITIE;
   aa) apoyen asimismo la diversificación de la combinación energética de Azerbaiyán, fomentando las fuentes de energía libres de carbono y preparándose para la edad postcarbónica reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles y promoviendo la utilización de fuentes renovables, también en aras de la seguridad energética; apoyen la conclusión del Corredor Meridional de Gas tras abordar las importantes preocupaciones relativas al cambio climático y a sus repercusiones sobre las comunidades locales expresadas en la decisión del Banco Europeo de Inversiones sobre la financiación del gasoducto transanatolio (TANAP);
   ab) establezcan disposiciones ambiciosas en materia de protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático como parte del nuevo acuerdo, en consonancia con la agenda de la Unión sobre cambio climático y los compromisos de ambas partes del Acuerdo de París, también mediante la integración de estas políticas como parte de otras políticas sectoriales;
   ac) ofrezcan nuevas perspectivas de cooperación reforzada en ámbitos no relacionados con la energía, en particular en los ámbitos de la educación, la salud, el transporte, la conectividad y el turismo, a fin de diversificar la economía de Azerbaiyán, impulsar la creación de empleo, modernizar los sectores industrial y de los servicios y estimular el desarrollo sostenible en el ámbito empresarial y en el de la investigación; permitan un mayor número de intercambios interpersonales, tanto a nivel europeo como en intercambios regionales con ONG armenias;
   ad) refuercen la cooperación en lo que respecta a los intercambios de jóvenes y estudiantes, reforzando programas existentes ya coronados por el éxito, como la red Young European Neighbours, y desarrollando nuevos programas de becas y cursos de formación, así como facilitando la participación en programas del ámbito de la educación superior, en particular el programa Erasmus+, que promoverá el desarrollo de capacidades, también lingüísticas, y permitirá a los ciudadanos azerbaiyanos familiarizarse con la Unión y sus valores;
   ae) fomenten asimismo el crecimiento económico a través del transporte y la conectividad; amplíen la red transeuropea de transporte (RTE-T) a Azerbaiyán;
   af) estudien a su debido tiempo, de conformidad con la Declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental de 2017, y si las condiciones lo permiten, la apertura de un diálogo sobre liberalización del régimen de visados con Armenia y Azerbaiyán, respectivamente, siempre que se cumplan las condiciones para una movilidad bien gestionada y segura, lo que comprende la aplicación efectiva de los acuerdos de facilitación de visados y readmisión entre las partes;
   ag) garanticen que el acuerdo tenga una sólida dimensión parlamentaria, reforzando las actuales disposiciones y mecanismos de cooperación para permitir una mayor participación en su aplicación y un mayor control de la misma, en particular a través de la creación de una estructura interparlamentaria mejorada que permita un diálogo periódico y constructivo entre el Parlamento Europeo y el Parlamento de Azerbaiyán sobre todos los aspectos de nuestras relaciones, incluida la aplicación de acuerdos;
   ah) lleven a cabo las negociaciones con la máxima transparencia posible; informen al Parlamento Europeo en todas las fases de la negociación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218, apartado 10, del TFUE, con arreglo al cual «se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento»; faciliten también al Parlamento los textos para las negociaciones y las actas de cada ronda de negociación; recuerden al Consejo que, teniendo en cuenta el incumplimiento del artículo 218, apartado 10, del TFUE en el pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha anulado decisiones del Consejo sobre la firma y la celebración de varios acuerdos; tengan en cuenta que en el futuro el Parlamento también podrá denegar la aprobación de nuevos acuerdos hasta que el Consejo cumpla con sus obligaciones legales;
   ai) garanticen que el nuevo acuerdo no sea objeto de una aplicación provisional hasta que el Parlamento Europeo conceda su aprobación; subrayen que, de no tenerse esto en cuenta, la aprobación del Parlamento de nuevos acuerdos y otros acuerdos futuros puede denegarse;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Azerbaiyán.

(1) DO L 246 de 17.9.1999, p. 3.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0440.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0267.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Hachemí de Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades jordanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)07982018/2060(INI))
P8_TA-PROV(2018)0295A8-0232/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Hachemí de Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades jordanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0798),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2).

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.° 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos y órganos de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0232/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y, por lo tanto, deben respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación, estar sujetos al control de una autoridad independiente, como se establece específicamente en la Carta, y ser necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

E.  Considerando que, en su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

F.  Considerando que en el pasado Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;

G.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y que es también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que es preciso evaluar adecuadamente la necesidad de la cooperación con el Reino Hachemí de Jordania en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como su proporcionalidad; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Hachemí de Jordania sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades jordanas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales al Reino Hachemí de Jordania en lo que respecta a los derechos de las personas a la intimidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las salvaguardias necesarias que deberán integrarse en el Acuerdo;

4.  Insiste en que el nivel de protección derivado del Acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el Acuerdo no puede celebrarse;

5.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una violación del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y apropiadas, el Acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

6.  Solicita que se complete la directriz b para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento sobre Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales que le transmitan Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse al Reino Hachemí de Jordania;

7.  Pide que en el Acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el Acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes del Reino Hachemí de Jordania a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

8.  Insiste en que el Acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el Acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

9.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades jordanas competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

10.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio Acuerdo internacional, en consonancia con las definiciones de delitos de la Unión que estén disponibles; hace hincapié en que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

11.  Urge al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, y conjuntamente con el Gobierno del Reino Hachemí de Jordania, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del Acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el Acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad figure expresamente en un anexo del Acuerdo;

12.  Considera que cualquiera de las partes contratantes debe tener la posibilidad de suspender o revocar el Acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de control independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el Acuerdo en caso de que se vulnere; estima que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el Acuerdo; considera que se debe prever una evaluación periódica del Acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;

13.  Opina que debe establecerse una definición clara del concepto «casos concretos», ya que se requiere este concepto para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que dicha definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

14.  Opina que debe establecerse una definición del concepto «motivos razonables» con vistas a la evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que dicha definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

15.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe elaborarse una lista exhaustiva de autoridades competentes del Reino Hachemí de Jordania a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista por la que se sustituya o añada una autoridad competente debe requerir la revisión del Acuerdo internacional;

16.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Reino Hachemí de Jordania a otras autoridades del Reino Hachemí de Jordania solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

17.  Recalca la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Reino Hachemí de Jordania a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del Acuerdo internacional;

18.  Considera que el Acuerdo internacional con el Reino Hachemí de Jordania debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otros actos legislativos de la Unión en materia de protección de datos;

19.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, de datos genéticos, o de datos relativos a la salud y a la vida sexual es una cuestión extremadamente delicada y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre el Reino Hachemí de Jordania y la Unión Europea; subraya que en la Unión los actos delictivos se definen de manera diferente a como se definen en el Reino Hachemí de Jordania; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que el Reino Hachemí de Jordania debe respetar en lo que se refiere a los derechos y las libertades fundamentales, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

20.  Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el Acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

21.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del Acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (CE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

22.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento a la celebración del Acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno del Reino Hachemí de Jordania.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades turcas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)07992018/2061(INI))
P8_TA-PROV(2018)0296A8-0233/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades turcas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0799),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos y órganos de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0233/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y, por lo tanto, deben respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación, estar sujetos al control de una autoridad independiente, como se establece específicamente en la Carta, y ser necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que en los últimos años se han revelado varios casos de violaciones de los derechos humanos en la República de Turquía; que, en particular, se ha reprimido duramente a la disidencia, con periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos entre sus objetivos; que se han continuado denunciando casos de tortura también tras el intento de golpe de julio de 2016; que se ha impedido cualquier investigación efectiva de las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades oficiales con impunidad generalizada, y han continuado los abusos por parte de los grupos armados;

E.  Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

F.  Considerando que, en su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

G.  Considerando que Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países en el pasado, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;

H.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y que es también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que es necesaria una evaluación adecuada de la cooperación con la República de Turquía en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley puede para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como de su proporcionalidad; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades turcas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Considera que existen serias preocupaciones por el respeto de los derechos fundamentales en la República de Turquía, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión, la libertad religiosa, y el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos inhumanos, consagrados en la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

4.  Hace hincapié en que el cumplimiento por parte de Turquía de su obligación horizontal de cooperación plena, efectiva y no discriminatoria con todos los Estados miembros en cuestiones de justicia y asuntos de interior, también con la República de Chipre, constituye un requisito previo para el inicio de las negociaciones;

5.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales a la República de Turquía en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;

6.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el Acuerdo no puede celebrarse;

7.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

8.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse a la República de Turquía;

9.  Pide que en el Acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes de la República de Turquía a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

10.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

11.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades turcas competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

12.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, de conformidad con las definiciones de delitos de la Unión cuando estén disponibles; hace hincapié en que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

13.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno de la República de Turquía, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el Acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad figure expresamente en un anexo del Acuerdo;

14.  Es de la opinión que la Comisión debe ser prudente en cuanto a la profundidad de los riesgos derivados de las transferencias de datos personales a Turquía, dadas las frecuentes denuncias de los ciudadanos sobre la violación de derechos humanos en la República de Turquía;

15.  Considera que cualquiera de las partes contratantes debe tener la posibilidad de suspender o revocar el Acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de control independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el Acuerdo en caso de que se vulnere; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; considera que se debe prever una evaluación periódica del Acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;

16.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción se requiere para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; destaca que esta definición solo debe referirse a verdaderas investigaciones penales y no a operaciones de inteligencia criminal dirigidas a personas concretas consideradas sospechosas;

17.  Opina que debe establecerse una definición del concepto «motivos razonables» con vistas a la evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que dicha definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

18.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe elaborarse una lista exhaustiva de autoridades competentes de la República de Turquía a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista que sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

19.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República de Turquía a otras autoridades de la República de Turquía solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

20.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República de Turquía a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del acuerdo internacional;

21.  Considera que el acuerdo internacional con la República de Turquía debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otras disposiciones de la Unión en materia de protección de datos;

22.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos genéticos y de datos relativos a la salud y a la vida sexual es extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre la República de Turquía y la Unión Europea; destaca que la definición de los actos delictivos en la Unión es diferente a la de los de la República de Turquía; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que debe respetar la República de Turquía por lo que respecta a los derechos fundamentales y las libertades, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

23.  Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el Acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

24.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del Acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (CE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

25.  Hace hincapié en que la aprobación por el Parlamento de la celebración del Acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

26.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de Turquía.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Israel sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades israelíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo, presentada por la Comisión (COM(2017)08062018/2062(INI))
P8_TA-PROV(2018)0297A8-0235/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades israelíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0806),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos, órganos y agencias de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0235/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y que, por lo tanto, deben respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación, estar sujetos al control de una autoridad independiente, como se establece específicamente en la Carta, y ser necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

E.  Considerando que, en su Resolución de 3 de octubre de 2017 sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

F.  Considerando que en el pasado Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;

G.  Considerando que el Estado de Israel fue incluido en la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol debía celebrar acuerdos, recogidos en la Decisión 2009/935/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009(8); que las negociaciones sobre un acuerdo de cooperación operativa se iniciaron en 2010 pero no finalizaron antes del 1 de mayo de 2017, fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2016/794, relativo a Europol;

H.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y que es también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que la necesidad de la cooperación con el Estado de Israel en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como su proporcionalidad, deben evaluarse adecuadamente; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y el Estado de Israel sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades israelíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales al Estado de Israel en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;

4.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse; celebra, en este contexto, el reconocimiento formal por parte de la Comisión en 2011 de Israel como país que presta un nivel adecuado de protección de datos en lo que respecta al tratamiento de datos personales con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE;

5.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

6.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse al Estado de Israel;

7.  Pide que en el acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes del Estado de Israel a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

8.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

9.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades israelíes competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

10.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, de conformidad con las definiciones de delitos penales de la Unión, en su caso; señala que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

11.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno de Israel, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad debe figurar expresamente en un anexo del acuerdo;

12.  Considera que las partes contratantes deben tener la posibilidad de suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de supervisión independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el acuerdo en caso de que se vulnere; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; estima que se debe prever una evaluación periódica del acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;

13.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción se requiere para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

14.  Considera que se ha de definir la noción de «motivos razonables» para poder evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

15.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe crearse una lista exhaustiva de autoridades competentes del Estado de Israel a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista por la que se sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

16.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Estado de Israel a otras autoridades del Estado de Israel solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

17.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Estado de Israel a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del acuerdo internacional;

18.  Considera que el acuerdo internacional con el Estado de Israel debe incluir el derecho de los interesados a la información, la rectificación y la supresión previsto en otros actos legislativos de la Unión en materia de protección de datos;

19.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos genéticos y de datos relativos a la salud y a la vida sexual es extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre el Estado de Israel y la Unión Europea; destaca que la definición de los actos delictivos en la Unión es diferente a la del Estado de Israel; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que debe respetar el Estado de Israel por lo que respecta a los derechos fundamentales y las libertades, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

20.  Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

21.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

22.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno del Estado de Israel.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.
(8) DO L 325 de 11.12.2009, p. 12.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
PDF 269kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades tunecinas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)08072018/2063(INI))
P8_TA-PROV(2018)0298A8-0237/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades tunecinas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0807),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea , en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control y a los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.° 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos, órganos y agencias de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0237/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017 y, en situaciones excepcionales, caso por caso bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y, por lo tanto, respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación y estar sujetos a la supervisión de una autoridad independiente prevista específicamente por la Carta, y que es necesario demostrar que estos acuerdos son necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y ese país tercero con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los conocimientos especializados y la información necesarios de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

E.  Considerando que, en su Resolución de 2017 sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

F.  Considerando que Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países en el pasado, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania y los Estados Unidos de América;

G.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y que es también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que es necesaria una evaluación adecuada de la cooperación con la República de Túnez en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como de su proporcionalidad; a este respecto, pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y la República de Túnez sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades tunecinas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales a la República de Túnez en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;

4.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si no puede garantizarse dicho nivel, tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse;

5.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

6.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse a la República de Túnez;

7.  Pide que el acuerdo disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes de la República de Túnez a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

8.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

9.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades tunecinas competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

10.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, de conformidad con las definiciones de delitos de la Unión cuando estén disponibles; insiste en que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

11.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno de la República de Túnez, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que dicha autoridad se acuerde y se establezca antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad debe figurar expresamente en un anexo del acuerdo;

12.  Considera que debería ser posible para cualquiera de las partes contratantes suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de incumplimiento de este, y que el organismo de control independiente debe ser también competente para sugerir la suspensión o la terminación del acuerdo en caso de incumplimiento del mismo; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; considera que debe establecerse una evaluación periódica del acuerdo para evaluar el cumplimiento del acuerdo por ambas partes;

13.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción se requiere para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; destaca que esta definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

14.  Considera que debe definirse la noción de «motivos razonables», con el fin de evaluar la necesidad y la proporcionalidad de las transferencias de datos; destaca que esta definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

15.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe elaborarse una lista exhaustiva de autoridades competentes de la República de Túnez a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista que sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

16.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República de Túnez a otras autoridades de la República de Túnez solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

17.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República de Túnez a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del acuerdo internacional;

18.  Considera que el acuerdo internacional con la República de Túnez debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otras disposiciones de la Unión en materia de protección de datos;

19.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos genéticos y de datos relativos a la salud y a la vida sexual es extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre la República de Túnez y la Unión Europea; destaca que la definición de los actos delictivos en la Unión es diferente a la de los de la República de Túnez; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que debe respetar la República de Túnez por lo que respecta a los derechos fundamentales y las libertades, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

20.  Considera que debe incluirse en el acuerdo un mecanismo de control y que el acuerdo debe supeditarse a evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su cumplimiento con los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

21.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (CE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

22.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionado a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

23.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de Túnez.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
PDF 268kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)08082018/2064(INI))
P8_TA-PROV(2018)0299A8-0238/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0808),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos, órganos y agencias de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0238/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional, en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan las garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y, por lo tanto, deben respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación, estar sujetos al control de una autoridad independiente, como se establece específicamente en la Carta, y ser necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de ese tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

E.  Considerando que, en su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

F.  Considerando que en el pasado Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;

G.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017 y también es el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que es preciso evaluar adecuadamente la necesidad de la cooperación con el Reino de Marruecos en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como su proporcionalidad; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades marroquíes competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada para valorar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales al Reino de Marruecos en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada para definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;

4.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse;

5.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

6.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse al Reino de Marruecos;

7.  Pide que en el acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que las autorizaciones deben ser documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición por la que se obligue a las autoridades competentes del Reino de Marruecos a respetar esas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

8.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se incluyan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos se comuniquen dichos motivos y la correspondiente documentación a Europol y al SEPD;

9.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades marroquíes competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

10.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, en consonancia con las definiciones de delitos de la Unión que estén disponibles; señala que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

11.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno del Reino de Marruecos, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad debe figurar expresamente en un anexo del acuerdo;

12.  Considera que las partes contratantes deben tener la posibilidad de suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de supervisión independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el acuerdo en caso de que se vulnere; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o denuncia deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; estima que se debe prever una evaluación periódica del acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;

13.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción es necesaria para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

14.  Considera que se ha de definir la noción de «motivos razonables» para poder evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

15.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe elaborarse una lista exhaustiva de autoridades competentes del Reino de Marruecos a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de dichas autoridades; considera que toda modificación de dicha lista por la que se sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

16.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Reino de Marruecos a otras autoridades del Reino de Marruecos solo pueden permitirse al objeto de cumplir la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

17.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes del Reino de Marruecos a otros países están prohibidas y darían lugar a la denuncia inmediata del acuerdo internacional;

18.  Considera que el acuerdo internacional con el Reino de Marruecos debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otros actos legislativos de la Unión en materia de protección de datos;

19.  Destaca que la transferencia de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos y datos relativos a la salud y a la vida sexual de las personas reviste un carácter extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea; destaca que en la Unión los actos delictivos se definen de manera diferente a como se definen en el Reino de Marruecos; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para la persona interesada y las personas vinculadas a ella; considera que es necesario definir garantías específicas que el Reino de Marruecos debe respetar en lo que se refiere a los derechos y las libertades fundamentales, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

20.  Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

21.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

22.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno del Reino de Marruecos.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Líbano sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
PDF 266kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Libanesa sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades libanesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)08052018/2065(INI))
P8_TA-PROV(2018)0300A8-0234/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Libanesa sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades libanesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0805),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos y órganos de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0234/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, de un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o de acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, así como, en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y que, por lo tanto, deben respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación, estar sujetos al control de una autoridad independiente, como se establece específicamente en la Carta, y ser necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

E.  Considerando que, en su Resolución de 3 de octubre de 2017 sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

F.  Considerando que en el pasado Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;

G.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y que es también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que es preciso evaluar adecuadamente la necesidad de la cooperación con la República Libanesa en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como su proporcionalidad; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y la República Libanesa sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades libanesas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales a la República Libanesa en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;

4.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección otorgado por el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse;

5.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

6.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse a la República Libanesa;

7.  Pide que en el acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes de la República Libanesa a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

8.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

9.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades libanesas competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

10.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, en consonancia con las definiciones de delitos de la Unión que estén disponibles; señala que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

11.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno de la República Libanesa, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad figure expresamente en un anexo del acuerdo;

12.  Considera que las partes contratantes deben tener la posibilidad de suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de control independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el acuerdo en caso de que se vulnere; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; estima que se debe prever una evaluación periódica del acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;

13.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción se requiere para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

14.  Considera que se ha de definir la noción de «motivos razonables» para poder evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

15.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe elaborarse una lista exhaustiva de autoridades competentes de la República Libanesa a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista por la que se sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

16.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República Libanesa a otras autoridades de la República Libanesa solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y deben notificarse siempre a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

17.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República Libanesa a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del acuerdo internacional;

18.  Considera que el acuerdo internacional con la República Libanesa debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otros actos legislativos de la Unión en materia de protección de datos;

19.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como la de datos genéticos y de datos relativos a la salud y a la vida sexual es extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre la República Libanesa y la Unión Europea; destaca que la definición de los actos delictivos en la Unión es diferente a la de los de la República Libanesa; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que la República Libanesa debe respetar en lo que se refiere a los derechos y las libertades fundamentales, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

20.  Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

21.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

22.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de la República Libanesa.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
PDF 270kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Árabe de Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades egipcias competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)08092018/2066(INI))
P8_TA-PROV(2018)0301A8-0236/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Árabe de Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades egipcias competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0809),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos y órganos de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0236/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y, por lo tanto, deben respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación, estar sujetos al control de una autoridad independiente, como se establece específicamente en la Carta, y ser necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que en los últimos años se han revelado varios casos de violaciones de los derechos humanos en la República Árabe de Egipto; que, en particular, se ha reprimido duramente a la disidencia, con periodistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos entre sus objetivos; que se han seguido conociendo casos de torturas; que cualquier investigación eficaz en las violaciones de los derechos humanos por parte de funcionarios del Estado se ha visto imposibilitada por la omnipresente impunidad;

E.  Considerando que en el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) se destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los necesarios conocimientos especializados e información de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

F.  Considerando que, en su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

G.  Considerando que en el pasado Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza y Ucrania;

H.  Considerando que el SEPD es el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Estima que es necesaria una evaluación adecuada de la necesidad de la cooperación con la República Árabe de Egipto en el ámbito de la cooperación policial para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como de su proporcionalidad; pide a la Comisión, en ese contexto, que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y la República Árabe de Egipto sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades egipcias competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Considera que existen serias preocupaciones relacionadas con los derechos fundamentales en la República Árabe de Egipto, en particular en lo que respecta a la libertad de expresión, la libertad religiosa, y el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos inhumanos, consagrados en la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

4.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales a la República Árabe de Egipto en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las garantías necesarias que deban integrarse en el acuerdo;

5.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si dicho nivel no puede garantizarse tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse;

6.  Pide, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, que el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

7.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse a la República Árabe de Egipto;

8.  Pide que en el acuerdo se disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa y por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes de la República Árabe de Egipto a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

9.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

10.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades egipcias competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

11.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, en consonancia con las definiciones de delitos de la Unión que estén disponibles; señala que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

12.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno de la República Árabe de Egipto, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que se acuerde y determine dicha autoridad antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad figure expresamente en un anexo del acuerdo;

13.  Considera que las partes contratantes deben tener la posibilidad de suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de que se vulnere, y que el organismo de control independiente también debe estar facultado para proponer que se suspenda o se denuncie el acuerdo en caso de que se vulnere; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; estima que se debe prever una evaluación periódica del acuerdo con el fin de evaluar su cumplimiento por las partes contratantes;

14.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción se requiere para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

15.  Considera que se ha de definir la noción de «motivos razonables» para poder evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; hace hincapié en que esa definición debe referirse a las investigaciones penales efectivas;

16.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe crearse una lista exhaustiva de autoridades competentes de la República Árabe de Egipto a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista por la que se sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

17.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República Árabe de Egipto a otras autoridades de la República Árabe de Egipto solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

18.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República Árabe de Egipto a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del acuerdo internacional;

19.  Considera que el acuerdo internacional con la República Árabe de Egipto debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otras disposiciones de la Unión en materia de protección de datos;

20.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos genéticos y de datos relativos a la salud y a la vida sexual es extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre la República Árabe de Egipto y la Unión Europea; destaca que la definición de los actos delictivos en la Unión es diferente a la de los de la República Árabe de Egipto; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que la República Árabe de Egipto debe respetar en lo que se refiere a los derechos y las libertades fundamentales, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

21.  Considera que se debe incluir un mecanismo de control en el acuerdo y que este debe ser objeto de evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su respeto de los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

22.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (CE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

23.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionada a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

24.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de la República Árabe de Egipto.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.


Apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo UE-Argelia sobre el intercambio de datos de carácter personal para luchar contra la delincuencia grave y el terrorismo
PDF 269kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, sobre la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Argelina Democrática y Popular sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades argelinas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)08112018/2067(INI))
P8_TA-PROV(2018)0302A8-0239/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación, presentada por la Comisión, de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y la República Argelina Democrática y Popular sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades egipcias competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo (COM(2017)0811),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 7 y 8,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea, en particular su artículo 6, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 16 y 218,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)(3),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(5),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos (STE n.º 108) y el Protocolo Adicional, de 8 de noviembre de 2001, al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, relativo a las autoridades de control y los flujos de datos transfronterizos (STE n.º 181),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) sobre ocho mandatos de negociación para celebrar acuerdos internacionales que permitan el intercambio de datos entre Europol y terceros países,

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia(6),

–  Visto el acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de Reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008), y en particular el capítulo relativo al tratamiento de datos personales operativos aplicable a los organismos, órganos y agencias de la Unión en el ejercicio de las actividades comprendidas en el ámbito de aplicación de los capítulos 4 y 5 del título V de la tercera parte del TFUE,

–  Visto el artículo 108, apartado 1, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0239/2018),

A.  Considerando que el Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) permite la transferencia de datos personales a una autoridad de un tercer país o a una organización internacional en la medida en que dicha transferencia sea necesaria para el desempeño de los cometidos de Europol, sobre la base de una decisión de adecuación de la Comisión en virtud de la Directiva (UE) 2016/680, un acuerdo internacional con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas o acuerdos de cooperación que permitan el intercambio de datos personales celebrados antes del 1 de mayo de 2017, y en situaciones excepcionales, caso por caso, bajo condiciones estrictas establecidas en el artículo 25, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/794, siempre y cuando se ofrezcan garantías adecuadas;

B.  Considerando que los acuerdos internacionales que permiten a Europol y a terceros países cooperar e intercambiar datos personales deben respetar lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 16 del TFUE y, por lo tanto, respetar el principio de limitación de la finalidad y los derechos de acceso y de rectificación y estar sujetos a la supervisión de una autoridad independiente prevista específicamente por la Carta, y que es necesario demostrar que estos acuerdos son necesarios y proporcionados para el desempeño de las tareas de Europol;

C.  Considerando que una transferencia de este tipo debe basarse en un acuerdo internacional celebrado entre la Unión y el país tercero de que se trate con arreglo al artículo 218 del TFUE que ofrezca garantías adecuadas con respecto a la protección de la intimidad y los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas;

D.  Considerando que el documento de programación de Europol para 2018-2020(7) destaca la creciente importancia de un enfoque multidisciplinar reforzado, incluida la puesta en común de los conocimientos especializados y la información necesarios de un creciente abanico de interlocutores, con el objetivo de cumplir el mandato de Europol;

E.  Considerando que, en su Resolución de 2017 sobre la lucha contra la ciberdelincuencia, el Parlamento subrayó que los acuerdos de cooperación policial y estratégica entre Europol y terceros países facilitan el intercambio de información y la cooperación práctica en la lucha contra la ciberdelincuencia;

F.  Considerando que Europol ya ha establecido varios acuerdos sobre el intercambio de datos con terceros países en el pasado, como Albania, Australia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Colombia, los Estados Unidos de América, Georgia, Islandia, Liechtenstein, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza, Ucrania y los Estados Unidos de América;

G.  Considerando que el SEPD ha sido el supervisor de Europol desde el 1 de mayo de 2017, y que es también el asesor de las instituciones de la Unión en el ámbito de las políticas y la legislación en materia de protección de datos;

1.  Considera que es necesaria una evaluación adecuada de la cooperación con la República Argelina Democrática y Popular en el ámbito de la garantía del cumplimiento de la ley puede para los intereses de la Unión Europea en materia de seguridad, así como de su proporcionalidad; a este respecto, pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto exhaustiva; destaca que se requiere la debida cautela al definir el mandato de negociación para un acuerdo entre la Unión Europea y la República Argelina Democrática y Popular sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades argelinas competentes en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo;

2.  Considera que debe garantizarse la plena coherencia con los artículos 7 y 8 de la Carta en los terceros países receptores, así como otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; pide al Consejo, en este sentido, que complete las directrices de negociación propuestas por la Comisión con las condiciones establecidas en la presente Resolución;

3.  Toma nota de que, hasta la fecha, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto adecuada a fin de evaluar en profundidad los riesgos derivados de las transferencias de datos personales a la República Argelina Democrática y Popular en lo que respecta a los derechos de las personas a la privacidad y a la protección de datos, aunque también respecto de otros derechos y libertades fundamentales protegidos por la Carta; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto adecuada con el fin de definir las garantías necesarias que deberán integrarse en el acuerdo;

4.  Insiste en que el nivel de protección derivado del acuerdo debe ser esencialmente equivalente al nivel de protección en el Derecho de la Unión; destaca que, si no puede garantizarse dicho nivel, tanto en la legislación como en la práctica, el acuerdo no puede celebrarse;

5.  Pide que, a fin de respetar plenamente lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta y en el artículo 16 del TFUE, y para evitar cualquier posible responsabilidad de Europol en lo que respecta a una vulneración del Derecho de la Unión sobre protección de datos resultante de una transferencia de datos personales realizada sin las garantías necesarias y adecuadas, el acuerdo contenga disposiciones específicas y estrictas que impongan la observancia del principio de limitación de la finalidad, con condiciones claras para el tratamiento de los datos personales transferidos;

6.  Pide que se complete la Directriz B para indicar expresamente el acuerdo por el que Europol, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento Europol, debe respetar toda restricción impuesta a los datos personales transmitidos a Europol por Estados miembros u otros proveedores en relación con el uso y el acceso a los datos que deben transferirse a la República Argelina Democrática y Popular;

7.  Pide que el acuerdo disponga claramente que todo tratamiento posterior siempre debe requerir la autorización previa por escrito de Europol; hace hincapié en que estas autorizaciones deben estar documentadas por Europol y ponerse a disposición del SEPD a petición de este; pide que el acuerdo contenga también una disposición que obligue a las autoridades competentes de la República Argelina Democrática y Popular a respetar estas restricciones y especificar de qué modo se aplicarían;

8.  Insiste en que el acuerdo contenga una disposición clara y precisa que establezca el período de retención de los datos personales que hayan sido transferidos y exija la supresión de los datos personales transferidos al término de dicho período; pide que las medidas de procedimiento se recojan en el acuerdo para garantizar el cumplimiento; insiste en que, en los casos excepcionales en que existan motivos debidamente justificados para almacenar los datos durante un período de tiempo prolongado, una vez expirado el plazo de retención de los datos, se comuniquen dichos motivos y la respectiva documentación a Europol y al SEPD;

9.  Espera que se apliquen los criterios incluidos en el considerando 71 de la Directiva (UE) 2016/680, según el cual las transferencias de datos personales deben estar sujetas a obligaciones de confidencialidad de las autoridades argelinas competentes que reciban datos personales de Europol y al principio de especificidad, y los datos personales no deben utilizarse en ningún caso para solicitar, dictar o ejecutar la pena capital u otra forma de trato cruel o inhumano;

10.  Considera que las categorías de delitos respecto de los cuales se intercambiarán datos personales tienen que estar claramente definidas y enumeradas en el propio acuerdo internacional, de conformidad con las definiciones de delitos de la Unión cuando estén disponibles; insiste en que dicha lista debe definir de forma clara y precisa las actividades cubiertas por tales delitos, y las personas, los grupos y las organizaciones que puedan verse afectados por la transferencia;

11.  Insta al Consejo y a la Comisión a que determinen, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el sentido de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, conjuntamente con el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, qué autoridad de control independiente será responsable de supervisar la aplicación del acuerdo internacional; insta a que dicha autoridad se acuerde y se establezca antes de que pueda entrar en vigor el acuerdo internacional; insiste en que el nombre de dicha autoridad debe figurar expresamente en un anexo del acuerdo;

12.  Considera que debería ser posible para cualquiera de las partes contratantes suspender o revocar el acuerdo internacional en caso de incumplimiento de este, y que el organismo de control independiente debe ser también competente para sugerir suspender o poner fin al acuerdo en caso de incumplimiento del mismo; considera que los datos personales incluidos en el ámbito de aplicación del acuerdo que hayan sido transferidos con anterioridad a su suspensión o terminación deben poder seguir siendo tratados de conformidad con el acuerdo; considera que debe establecerse una evaluación periódica del acuerdo para evaluar el cumplimiento del acuerdo por ambas partes;

13.  Opina que debe establecerse una definición clara de la noción de «casos individuales», ya que esta noción se requiere para evaluar la necesidad y proporcionalidad de las transferencias de datos; destaca que esta definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

14.  Considera que debe definirse la noción de «motivos razonables», con el fin de evaluar la necesidad y la proporcionalidad de las transferencias de datos; destaca que esta definición debe referirse a verdaderas investigaciones penales;

15.  Subraya que los datos transferidos a una autoridad receptora nunca pueden ser objeto de un tratamiento posterior por otras autoridades y que, con este fin, debe crearse una lista exhaustiva de autoridades competentes de la República Argelina Democrática y Popular a las que Europol puede transferir datos, incluyendo una descripción de las competencias de las autoridades; considera que toda modificación de dicha lista que sustituya o añada una nueva autoridad competente debe requerir la revisión del acuerdo internacional;

16.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República Argelina Democrática y Popular a otras autoridades de la República Argelina Democrática y Popular solo pueden permitirse para la consecución de la finalidad inicial de la transferencia de Europol y siempre deben notificarse a la autoridad independiente, al SEPD y a Europol;

17.  Insiste en la necesidad de indicar expresamente que las transferencias ulteriores de información de las autoridades competentes de la República Argelina Democrática y Popular a otros países están prohibidas y darían lugar a la terminación inmediata del acuerdo internacional;

18.  Considera que el acuerdo internacional con la República Argelina Democrática y Popular debe incluir el derecho de los interesados a la información, rectificación y supresión conforme a lo establecido en otras disposiciones de la Unión en materia de protección de datos;

19.  Destaca que la transmisión de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, de datos genéticos y de datos relativos a la salud y a la vida sexual es extremadamente sensible y genera una profunda preocupación, habida cuenta de las diferencias en cuanto al marco jurídico, las características sociales y el trasfondo cultural entre la República Argelina Democrática y Popular y la Unión Europea; destaca que la definición de los actos delictivos en la Unión es diferente a la de los de la República Argelina Democrática y Popular; opina que, en consecuencia, tal transferencia de datos solo debe realizarse en casos muy excepcionales y con garantías claras para el interesado y las personas vinculadas a este; considera que es necesario definir garantías específicas que debe respetar la República Argelina Democrática y Popular por lo que respecta a los derechos fundamentales y las libertades, incluido el respeto de la libertad de expresión, la libertad de religión y la dignidad humana;

20.  Considera que debe incluirse en el acuerdo un mecanismo de control y que el acuerdo debe supeditarse a evaluaciones periódicas con el fin de examinar su funcionamiento en relación con las necesidades operativas de Europol, así como su cumplimiento con los derechos y principios europeos en materia de protección de datos;

21.  Pide a la Comisión que solicite el asesoramiento del SEPD antes de la conclusión del acuerdo internacional de conformidad con el Reglamento (CE) 2016/794 y el Reglamento (CE) n.º 45/2001;

22.  Hace hincapié en que la aprobación del Parlamento para la celebración del acuerdo estará condicionado a la participación satisfactoria del Parlamento en todas las fases del procedimiento de conformidad con el artículo 218 del TFUE;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular.

(1) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.
(4) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(5) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0366.
(7) Documento de programación para 2018-2020 adoptado por el Consejo de Administración de Europol el 30 de noviembre de 2017, EDOC# 856927v18.

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