Índice 
Textos aprobados
Miércoles 12 de septiembre de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Cantidades nominales para la comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación única ***I
 Modificación del Memorándum de Cooperación entre los EE. UU. y la UE (despliegue de sistemas de gestión del tránsito aéreo) ***
 Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la UE (adhesión de Croacia) ***
 Derechos de autor en el mercado único digital ***I
 Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión ***I
 Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal ***I
 La situación en Hungría
 Sistemas armamentísticos autónomos
 Estado de las relaciones UE-EE. UU.
 Estado de las relaciones UE-China

Cantidades nominales para la comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación única ***I
PDF 132kWORD 44k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 110/2008 en lo que respecta a las cantidades nominales para la comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))
P8_TA(2018)0334A8-0255/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0199),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0156/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 10 de julio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0255/2018),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura, que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 110/2008 en lo que respecta a las cantidades nominales para la comercialización en la Unión de shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1670.)

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.


Modificación del Memorándum de Cooperación entre los EE. UU. y la UE (despliegue de sistemas de gestión del tránsito aéreo) ***
PDF 114kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, relativa al proyecto de Decisión del Consejo sobre la aprobación oficial, en nombre de la Unión Europea, de la modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT-I-9406 entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))
P8_TA(2018)0335A8-0214/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05800/2018),

–  Vista la Modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT‑I‑9406 entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea (14031/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0122/2018),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0214/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América.


Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la UE (adhesión de Croacia) ***
PDF 110kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))
P8_TA(2018)0336A8-0256/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12256/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12255/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0080/2017),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0256/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Canadá.


Derechos de autor en el mercado único digital ***I
PDF 295kWORD 111k
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de septiembre de 2018 sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor en el mercado único digital (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))(1)
P8_TA(2018)0337A8-0245/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  Las directivas que se han adoptado en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines garantizan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos y establecen un marco para la explotación de obras u otras prestaciones protegidas. Este marco jurídico armonizado contribuye al buen funcionamiento del mercado interior; estimula la innovación, la creatividad, la inversión y la producción de nuevos contenidos, en el entorno digital inclusive. La protección que depara este marco jurídico también contribuye al objetivo de la Unión de respetar y promover la diversidad cultural, situando al mismo tiempo en primer plano al patrimonio cultural común europeo. El artículo 167, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión ha de tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación.
(2)  Las directivas que se han adoptado en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines contribuyen al funcionamiento del mercado interior, garantizan un elevado nivel de protección a los titulares de derechos, facilitan el proceso de obtención de los derechos y establecen un marco para la explotación de obras u otras prestaciones protegidas. Este marco jurídico armonizado contribuye al buen funcionamiento de un mercado interior verdaderamente integrado; estimula la innovación, la creatividad, la inversión y la producción de nuevos contenidos, en el entorno digital inclusive, y evita la fragmentación en el mercado interior. La protección que depara este marco jurídico también contribuye al objetivo de la Unión de respetar y promover la diversidad cultural, situando al mismo tiempo en primer plano al patrimonio cultural común europeo. El artículo 167, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la Unión ha de tener en cuenta los aspectos culturales en su actuación.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  La rápida evolución tecnológica transforma sin cesar la manera en que se crean, producen, distribuyen y explotan las obras y otras prestaciones. Siguen surgiendo nuevos modelos de negocio y nuevos intervinientes. Los objetivos y los principios establecidos por el marco de la Unión en materia de derechos de autor continúan siendo sólidos. Con todo, persiste cierta inseguridad jurídica, tanto para los titulares de derechos como para los usuarios, en lo que se refiere a determinados usos, entre ellos los de carácter transfronterizo, de las obras y otras prestaciones en el entorno digital. Tal como señala la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor»26, en algunos ámbitos es necesario adaptar y completar el actual marco de la Unión en materia de derechos de autor. La presente Directiva establece normas para adaptar determinadas excepciones y limitaciones a los entornos digital y transfronterizo, así como medidas destinadas a facilitar determinadas prácticas de concesión de licencias en lo que respecta a la difusión de obras que están fuera del circuito comercial y la disponibilidad en línea de obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta con miras a garantizar un mayor acceso a los contenidos. A fin de lograr un correcto funcionamiento del mercado de los derechos de autor, también deberían existir normas sobre los derechos de edición, sobre el uso de obras y otras prestaciones por parte de los proveedores de servicios en línea que almacenan y facilitan acceso a los contenidos cargados por los usuarios, y sobre la transparencia de los contratos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.
(3)  La rápida evolución tecnológica transforma sin cesar la manera en que se crean, producen, distribuyen y explotan las obras y otras prestaciones, y la legislación al respecto debe estar preparada para el futuro, de manera que no limite el desarrollo tecnológico. Siguen surgiendo nuevos modelos de negocio y nuevos intervinientes. Los objetivos y los principios establecidos por el marco de la Unión en materia de derechos de autor continúan siendo sólidos. Con todo, persiste cierta inseguridad jurídica, tanto para los titulares de derechos como para los usuarios, en lo que se refiere a determinados usos, entre ellos los de carácter transfronterizo, de las obras y otras prestaciones en el entorno digital. Tal como señala la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor»26, en algunos ámbitos es necesario adaptar y completar el actual marco de la Unión en materia de derechos de autor. La presente Directiva establece normas para adaptar determinadas excepciones y limitaciones a los entornos digital y transfronterizo, así como medidas destinadas a facilitar determinadas prácticas de concesión de licencias en lo que respecta a la difusión de obras que están fuera del circuito comercial y la disponibilidad en línea de obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta con miras a garantizar un mayor acceso a los contenidos. A fin de lograr un funcionamiento correcto y justo del mercado de los derechos de autor, también deberían existir normas sobre el ejercicio y la valorización del uso de obras y otras prestaciones que se encuentren en las plataformas de los proveedores de servicios en línea y sobre la transparencia de los contratos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes y la contabilidad relacionada con la explotación de obras protegidas con arreglo a dichos contratos.
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26 COM(2015)626 final.
26 COM(2015)0626.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  La presente Directiva está basada en las normas establecidas en las Directivas actualmente vigentes en este ámbito y las complementa, en particular la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28, la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29, la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo30, la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31 y la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo32.
(4)  La presente Directiva está basada en las normas establecidas en las Directivas actualmente vigentes en este ámbito y las complementa, en particular la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27, la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo27 bis, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo28, la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo29, la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo30, la Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo31 y la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo32.
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27 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, pp. 20-28).
27 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).
27 bis Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior («Directiva sobre el comercio electrónico») (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1).
28 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, pp. 10-19).
28 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
29 Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376 de 27.12.2006, pp. 28-35).
29 Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376 de 27.12.2006, p. 28).
30 Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, pp. 16-22).
30 Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de programas de ordenador (DO L 111 de 5.5.2009, p. 16).
31 Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, pp. 5-12).
31 Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos usos autorizados de las obras huérfanas (DO L 299 de 27.10.2012, p. 5).
32 Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, pp. 72-98).
32 Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, p. 72).
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  En los ámbitos de la investigación, la educación y la conservación del patrimonio cultural, las tecnologías digitales permiten nuevos tipos de usos que no están claramente enmarcados por las normas vigentes de la Unión sobre excepciones y limitaciones. Por otra parte, el carácter optativo de las excepciones y limitaciones previstas en las Directivas 2001/29/CE, 96/9/CE y 2009/24/CE en esos ámbitos pueden afectar negativamente al funcionamiento del mercado interior, especialmente en el caso de los usos transfronterizos, que ocupan un lugar cada vez más importante en el entorno digital. Por consiguiente, procede evaluar de nuevo en función de esos nuevos usos las excepciones y limitaciones vigentes establecidas por el Derecho de la Unión que sean pertinentes para la investigación científica, la enseñanza y la conservación del patrimonio cultural. Es conveniente establecer excepciones o limitaciones obligatorias con respecto a los usos de tecnologías de minería de textos y datos en los campos de la investigación científica, la ilustración con fines educativos en el entorno digital y la conservación del patrimonio cultural. Los usos no cubiertos por las excepciones o la limitación previstas en la presente Directiva deben seguir sujetos a las excepciones y limitaciones establecidas en el Derecho de la Unión. Procede adaptar las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
(5)  En los ámbitos de la investigación, la innovación, la educación y la conservación del patrimonio cultural, las tecnologías digitales permiten nuevos tipos de usos que no están claramente enmarcados por las normas vigentes de la Unión sobre excepciones y limitaciones. Por otra parte, el carácter optativo de las excepciones y limitaciones previstas en las Directivas 2001/29/CE, 96/9/CE y 2009/24/CE en esos ámbitos pueden afectar negativamente al funcionamiento del mercado interior, especialmente en el caso de los usos transfronterizos, que ocupan un lugar cada vez más importante en el entorno digital. Por consiguiente, procede evaluar de nuevo en función de esos nuevos usos las excepciones y limitaciones vigentes establecidas por el Derecho de la Unión que sean pertinentes para la innovación, la investigación científica, la enseñanza y la conservación del patrimonio cultural. Es conveniente establecer excepciones o limitaciones obligatorias con respecto a los usos de tecnologías de minería de textos y datos en los campos de la innovación y la investigación científica, la ilustración con fines educativos en el entorno digital y la conservación del patrimonio cultural. Los usos no cubiertos por las excepciones o la limitación previstas en la presente Directiva deben seguir sujetos a las excepciones y limitaciones establecidas en el Derecho de la Unión. Por lo tanto, las excepciones existentes en estos ámbitos que funcionan bien deben poder seguir estando disponibles en los Estados miembros, mientras no restrinjan el ámbito de aplicación de las excepciones o limitaciones previstas en la presente Directiva. Procede adaptar las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  Las excepciones y la limitación previstas en la presente Directiva tienen por objeto lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y otros titulares de derechos, por una parte, y los usuarios, por otra. Únicamente pueden aplicarse en determinados casos especiales que no sean incompatibles con la normal explotación de las obras u otras prestaciones y no perjudiquen injustificadamente a los intereses legítimos de los titulares de derechos.
(6)  Las excepciones y las limitaciones previstas en la presente Directiva tienen por objeto lograr un justo equilibrio entre los derechos e intereses de los autores y otros titulares de derechos, por una parte, y los usuarios, por otra. Únicamente pueden aplicarse en determinados casos especiales que no sean incompatibles con la normal explotación de las obras u otras prestaciones y no perjudiquen injustificadamente a los intereses legítimos de los titulares de derechos.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 8
(8)  Las nuevas tecnologías hacen posible el análisis computacional automatizado de información en formato digital, por ejemplo de textos, sonidos, imágenes o datos, al que generalmente se denomina «minería de textos y datos». Estas tecnologías permiten a los investigadores tratar grandes cantidades de información para obtener nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias. Aun cuando las tecnologías de este tipo estén muy extendidas en la economía digital, se reconoce generalmente que la minería de textos y datos puede beneficiar especialmente a la comunidad de investigadores, impulsando de este modo la innovación. No obstante, los organismos de investigación de la Unión, como las universidades y los institutos de investigación, se enfrentan a cierta inseguridad jurídica a la hora de determinar hasta qué punto pueden llevar a cabo actividades de minería de textos y datos de contenidos. En determinados casos, la minería de textos y datos puede comportar actos protegidos por derechos de autor o por el derecho sui generis sobre las bases de datos, en particular la reproducción de obras u otras prestaciones o la extracción de contenidos de una base de datos. Cuando no existe ninguna excepción o limitación aplicable, debe solicitarse una autorización a los titulares de derechos para llevar a cabo tales actos. La minería de textos y datos también puede tener por objeto meros hechos o datos que no están protegidos por derechos de autor y, en tales casos, no ha de ser necesaria una autorización.
(8)  Las nuevas tecnologías hacen posible el análisis computacional automatizado de información en formato digital, por ejemplo de textos, sonidos, imágenes o datos, al que generalmente se denomina «minería de textos y datos». La minería de textos y datos permite la lectura y el análisis de grandes cantidades de información almacenada digitalmente para obtener nuevos conocimientos y descubrir nuevas tendencias. Aun cuando las tecnologías de este tipo estén muy extendidas en la economía digital, se reconoce generalmente que la minería de textos y datos puede beneficiar especialmente a la comunidad de investigadores, impulsando de este modo la innovación. No obstante, los organismos de investigación de la Unión, como las universidades y los institutos de investigación, se enfrentan a cierta inseguridad jurídica a la hora de determinar hasta qué punto pueden llevar a cabo actividades de minería de textos y datos de contenidos. En determinados casos, la minería de textos y datos puede comportar actos protegidos por derechos de autor o por el derecho sui generis sobre las bases de datos, en particular la reproducción de obras u otras prestaciones o la extracción de contenidos de una base de datos. Cuando no existe ninguna excepción o limitación aplicable, debe solicitarse una autorización a los titulares de derechos para llevar a cabo tales actos. La minería de textos y datos también puede tener por objeto meros hechos o datos que no están protegidos por derechos de autor y, en tales casos, no ha de ser necesaria una autorización.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)  Para poder proceder a la minería de textos y datos, en la mayoría de los casos primero es necesario acceder a la información y luego reproducirla. Normalmente, la información tiene que ser normalizada para que se pueda tratar mediante minería de textos y datos. Una vez que se ha accedido lícitamente a la información, el uso protegido por derechos de autor tiene lugar cuando se normaliza la información, ya que de este modo se produce una reproducción mediante el cambio de formato de la información o la extracción a partir de una base de datos para dar un formato que pueda ser objeto de minería de textos y datos. Los procesos pertinentes para los derechos de autor en materia de uso de minería de textos y datos no son, por lo tanto, el proceso de minería de textos y datos en sí, que consiste en la lectura y el análisis de la información almacenada digitalmente y normalizada, sino el proceso de acceso y el proceso mediante el cual se normaliza la información para permitir su análisis computacional automatizado, en la medida en que este proceso implica extracción de una base de datos o reproducciones. Las excepciones con fines de minería de textos y datos previstas en la presente Directiva deben entenderse en relación con dichos procesos relativos a los derechos de autor necesarios para permitir la minería de textos y datos. Cuando el Derecho vigente en materia de propiedad intelectual no sea aplicable a los usos de minería de textos y datos, estos usos no se verán afectados por la presente Directiva.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 10
(10)  Esa inseguridad jurídica debe subsanarse estableciendo una excepción obligatoria respecto del derecho de reproducción, así como del derecho de prohibir la extracción de una base de datos. La nueva excepción debe entenderse sin perjuicio de la actual excepción obligatoria aplicable a los actos de reproducción provisional, prevista en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, que debe seguir aplicándose a las técnicas de minería de textos y datos que no requieran la realización de copias más allá del alcance de dicha excepción. Los organismos de investigación también han de poder acogerse a la excepción cuando participen en asociaciones público-privadas.
(10)  Esa inseguridad jurídica debe subsanarse estableciendo una excepción obligatoria para los organismos de investigación del derecho de reproducción, así como del derecho de prohibir la extracción de una base de datos. La nueva excepción debe entenderse sin perjuicio de la actual excepción obligatoria aplicable a los actos de reproducción provisional, prevista en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE, que debe seguir aplicándose a las técnicas de minería de textos y datos que no requieran la realización de copias más allá del alcance de dicha excepción. Los centros de enseñanza y las instituciones de patrimonio cultural que llevan a cabo actividades de investigación científica también deben estar cubiertos por la excepción aplicable a la minería de textos y datos, siempre que los resultados de la investigación no recaigan en beneficio de una empresa que ejerza una influencia decisiva sobre esos organismos en particular. En el supuesto de que la investigación se lleve a cabo en el marco de una asociación público-privada, la empresa que participe en la asociación también tendrá acceso legítimo a las obras y otras prestaciones. Las reproducciones y extracciones realizadas con fines de minería de textos y datos deberán almacenarse de forma segura y de manera que se garantice que las copias únicamente se utilicen con fines de investigación científica.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  Para fomentar la innovación también en el sector privado, los Estados miembros podrán establecer una excepción que vaya más allá de la excepción obligatoria, siempre que el uso de las obras y otras prestaciones a las que se refiere, inclusive mediante medios de lectura mecánica, no esté reservado de manera expresa por los titulares de derechos.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 15
(15)  La formación a distancia y los programas educativos transfronterizos se han desarrollado primordialmente en la enseñanza superior, si bien se aprecia un creciente uso de herramientas y recursos digitales en todos los niveles educativos, en particular con el fin de mejorar y enriquecer la experiencia de aprendizaje. La excepción o limitación prevista en la presente Directiva debe beneficiar por ende a todos los centros de enseñanza de primaria, secundaria, formación profesional y educación superior, en la medida en que desarrollen su actividad docente con fines no comerciales. La estructura organizativa y los medios de financiación de un centro de enseñanza no son factores decisivos para determinar el carácter no comercial de la actividad.
(15)  La formación a distancia y los programas educativos transfronterizos se han desarrollado primordialmente en la enseñanza superior, si bien se aprecia un creciente uso de herramientas y recursos digitales en todos los niveles educativos, en particular con el fin de mejorar y enriquecer la experiencia de aprendizaje. La excepción o limitación prevista en la presente Directiva debe beneficiar por ende a todos los centros de enseñanza de primaria, secundaria, formación profesional y educación superior, en la medida en que desarrollen su actividad docente con fines no comerciales. La estructura organizativa y los medios de financiación de un centro de enseñanza no son factores decisivos para determinar el carácter no comercial de la actividad. Cuando las instituciones de patrimonio cultural persigan un objetivo educativo y participen en actividades pedagógicas, los Estados miembros podrán considerar esas instituciones como un centro de enseñanza en virtud de esta excepción, en la medida en que se trate de sus actividades docentes.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 16
(16)  La excepción o limitación debe cubrir los usos digitales de obras y otras prestaciones tales como el uso de partes o extractos de obras para apoyar, enriquecer o complementar la enseñanza, incluidas las actividades de aprendizaje correspondientes. La utilización de las obras u otras prestaciones al amparo de la excepción o limitación debe tener lugar exclusivamente en el contexto de las actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas bajo la responsabilidad de los centros de enseñanza, en particular durante el desarrollo de los exámenes, y limitarse a lo estrictamente necesario para los fines de tales actividades. La excepción o limitación debe abarcar ambos usos con medios digitales en el aula y en línea a través de la red electrónica segura del centro de enseñanza, el acceso a la cual ha de estar protegido, en particular mediante procedimientos de autentificación. Debe quedar entendido que la excepción o limitación cubre las necesidades de accesibilidad específicas de las personas con discapacidad en el contexto de la ilustración con fines educativos.
(16)  La excepción o limitación debe cubrir los usos digitales de obras y otras prestaciones para apoyar, enriquecer o complementar la enseñanza, incluidas las actividades de aprendizaje correspondientes. La excepción o limitación del uso debe concederse siempre y cuando la obra o las otras prestaciones utilizadas indiquen la fuente, incluido el nombre del autor, salvo que resulte imposible por razones de orden práctico. La utilización de las obras u otras prestaciones al amparo de la excepción o limitación debe tener lugar exclusivamente en el contexto de las actividades de enseñanza y aprendizaje realizadas bajo la responsabilidad de los centros de enseñanza, en particular durante el desarrollo de los exámenes, y limitarse a lo estrictamente necesario para los fines de tales actividades. La excepción o limitación debe abarcar tanto los usos con medios digitales en el lugar en que la docencia se imparta físicamente, incluso cuando esto se produzca fuera de las instalaciones del centro de enseñanza, por ejemplo en bibliotecas o instituciones de patrimonio cultural, siempre que el uso se haga bajo la responsabilidad del centro de enseñanza, como los usos en línea a través del entorno electrónico seguro del centro de enseñanza, cuyo acceso ha de estar protegido, en particular mediante procedimientos de autentificación. Debe quedar entendido que la excepción o limitación cubre las necesidades de accesibilidad específicas de las personas con discapacidad en el contexto de la ilustración con fines educativos.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)
(16 bis)  Por entorno electrónico seguro debe entenderse un entorno digital de enseñanza y aprendizaje, el acceso al cual está limitado mediante un procedimiento de autentificación adecuado destinado al personal docente de un centro de enseñanza y a los alumnos o estudiantes matriculados en un programa de estudios.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  En algunos Estados miembros se han adoptado diversas disposiciones, basadas en la aplicación de la excepción prevista en la Directiva 2001/29/CE o en acuerdos de licencia que abarcan otros usos, con el fin de facilitar los usos didácticos de las obras y otras prestaciones. Tales disposiciones se han concebido generalmente en función de las necesidades de los centros de enseñanza y los distintos niveles educativos. Es esencial armonizar el ámbito de aplicación de la nueva excepción o limitación obligatoria en relación con los usos y las actividades pedagógicas digitales transfronterizos, si bien las modalidades de aplicación pueden diferir de un Estado miembro a otro, siempre que no obstaculicen la aplicación efectiva de la excepción o limitación o los usos transfronterizos. Ello permitiría a los Estados miembros basarse en los acuerdos vigentes suscritos a escala nacional. En particular, los Estados miembros pueden decidir subordinar la aplicación de la excepción o limitación, total o parcialmente, a la disponibilidad de licencias adecuadas que cubran al menos los mismos usos que los autorizados en el marco de la excepción. Gracias a este mecanismo se podría, por ejemplo, conceder prioridad a las licencias para materiales principalmente destinados al mercado de la enseñanza. A fin de evitar que este mecanismo genere inseguridad jurídica o represente una carga administrativa para los centros de enseñanza, es necesario que los Estados miembros que opten por este planteamiento adopten medidas concretas para garantizar que los sistemas de licencia que autorizan usos digitales de obras u otras prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos estén fácilmente disponibles y que los centros de enseñanza conozcan su existencia.
(17)  En algunos Estados miembros se han adoptado diversas disposiciones, basadas en la aplicación de la excepción prevista en la Directiva 2001/29/CE o en acuerdos de licencia que abarcan otros usos, con el fin de facilitar los usos didácticos de las obras y otras prestaciones. Tales disposiciones se han concebido generalmente en función de las necesidades de los centros de enseñanza y los distintos niveles educativos. Es esencial armonizar el ámbito de aplicación de la nueva excepción o limitación obligatoria en relación con los usos y las actividades pedagógicas digitales transfronterizos, si bien las modalidades de aplicación pueden diferir de un Estado miembro a otro, siempre que no obstaculicen la aplicación efectiva de la excepción o limitación o los usos transfronterizos. Ello permitiría a los Estados miembros basarse en los acuerdos vigentes suscritos a escala nacional. En particular, los Estados miembros pueden decidir subordinar la aplicación de la excepción o limitación, total o parcialmente, a la disponibilidad de licencias adecuadas. Estas licencias pueden adoptar la forma de acuerdos de licencia colectiva, acuerdos de licencia colectiva ampliada y licencias negociadas colectivamente como «licencias globales», con el fin de evitar que los centros educativos tengan que negociar individualmente con los titulares de derechos. Dichas licencias deben ser asequibles y cubrir al menos los mismos usos que los autorizados en el marco de la excepción. Gracias a este mecanismo se podría, por ejemplo, conceder prioridad a las licencias para materiales principalmente destinados al mercado educativo, o para la enseñanza en centros educativos o partituras. A fin de evitar que este mecanismo genere inseguridad jurídica o represente una carga administrativa para los centros de enseñanza, es necesario que los Estados miembros que opten por este planteamiento adopten medidas concretas para garantizar que estos sistemas de licencia que autorizan usos digitales de obras u otras prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos estén fácilmente disponibles y que los centros de enseñanza conozcan su existencia. Los Estados miembros deben poder establecer sistemas que garanticen una compensación justa para los titulares de derechos para usos en el marco de estas excepciones o limitaciones. Debe instarse a los Estados miembros a que utilicen sistemas que no creen una carga administrativa, como por ejemplo los sistemas que prevén pagos únicos.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)
(17 bis)   A fin de garantizar la seguridad jurídica cuando un Estado miembro decida supeditar la aplicación de la excepción a la disponibilidad de licencias adecuadas, es necesario especificar las condiciones en que un centro de enseñanza puede usar obras u otras prestaciones protegidas en el marco de esta excepción y, por el contrario, cuándo debería proceder según un sistema de licencia.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 18
(18)  Un acto de conservación puede requerir la reproducción de una obra u otra prestación de la colección de una institución responsable del patrimonio cultural y, en consecuencia, la autorización de los titulares de los derechos correspondientes. Las instituciones de patrimonio cultural se dedican a la conservación de sus colecciones para las futuras generaciones. Las tecnologías digitales abren nuevas vías para preservar el patrimonio conservado en dichas colecciones, pero también plantean nuevos desafíos. En vista de estos nuevos desafíos, es necesario adaptar el actual marco jurídico estableciendo una excepción obligatoria al derecho de reproducción para hacer posibles esos actos de conservación.
(18)  Un acto de conservación de una obra u otra prestación en la colección de una institución de patrimonio cultural puede requerir la reproducción y, en consecuencia, la autorización de los titulares de los derechos correspondientes. Las instituciones de patrimonio cultural se dedican a la conservación de sus colecciones para las futuras generaciones. Las tecnologías digitales abren nuevas vías para preservar el patrimonio conservado en dichas colecciones, pero también plantean nuevos desafíos. En vista de estos nuevos desafíos, es necesario adaptar el actual marco jurídico estableciendo una excepción obligatoria al derecho de reproducción para hacer posibles esos actos de conservación por estas instituciones.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 19
(19)  Los diversos planteamientos adoptados por los Estados miembros con respecto a los actos de conservación de las instituciones de patrimonio cultural dificultan la cooperación transfronteriza y la puesta en común de los medios de conservación entre las instituciones de patrimonio cultural en el mercado interior, dando lugar a un uso ineficiente de los recursos.
(19)  Los diversos planteamientos adoptados por los Estados miembros con respecto a los actos de reproducción para la conservación de las instituciones de patrimonio cultural dificultan la cooperación transfronteriza, la puesta en común de los medios de conservación y el establecimiento de redes de conservación transfronterizas en las organizaciones del mercado interior que participan en la conservación, dando lugar a un uso ineficiente de los recursos. Esto puede repercutir negativamente en la conservación del patrimonio cultural.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 20
(20)  Por tanto, es menester que los Estados miembros establezcan una excepción por la que se autorice a las instituciones de patrimonio cultural a reproducir obras y otras prestaciones que se hallen con carácter permanente en sus colecciones con fines de conservación, por ejemplo para hacer frente a la obsolescencia tecnológica o la degradación de los soportes originales. Dicha excepción ha de permitir la realización de copias mediante las herramientas, medios o tecnologías de conservación adecuados, en la cantidad necesaria y en cualquier momento de la vida de una obra u otra prestación, en la medida necesaria para obtener una copia exclusivamente con fines de conservación.
(20)  Por tanto, es menester que los Estados miembros establezcan una excepción por la que se autorice a las instituciones de patrimonio cultural a reproducir obras y otras prestaciones que se hallen con carácter permanente en sus colecciones con fines de conservación, para hacer frente a la obsolescencia tecnológica o la degradación de los soportes originales, o para asegurar las obras. Dicha excepción ha de permitir la realización de copias mediante las herramientas, medios o tecnologías de conservación adecuados, en cualquier formato o medio, en la cantidad necesaria y en cualquier momento de la vida de una obra u otra prestación, y en la medida necesaria para obtener una copia exclusivamente con fines de conservación. Los archivos de organizaciones de investigación o los organismos públicos de radiodifusión deben considerarse instituciones de patrimonio cultural y, por lo tanto, beneficiarias de esta excepción. Los Estados miembros deben poder mantener, a los fines de esta excepción, disposiciones para tratar a las galerías accesibles al público como si fueran museos.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 21
(21)  A los efectos de la presente Directiva, debe considerarse que las obras y otras prestaciones se hallan de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural cuando son propiedad de dicha institución u obran en su poder de manera permanente, por ejemplo como consecuencia de una transmisión de la propiedad o de acuerdos de licencia.
(21)  A los efectos de la presente Directiva, debe considerarse que las obras y otras prestaciones se hallan de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural o de una biblioteca cuando las copias de dichas obras u otras prestaciones son propiedad de dichas organizaciones u obran en su poder de manera permanente, por ejemplo como consecuencia de una transmisión de la propiedad, acuerdos de licencia, un depósito legal o un préstamo a largo plazo. Las obras u otras prestaciones a las que tienen acceso temporalmente las instituciones de patrimonio cultural a través del servidor de un tercero no se considera que están permanentemente en sus colecciones.
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)
(21 bis)  Como consecuencia de la evolución tecnológica, han surgido servicios de la sociedad de la información que permiten a los usuarios cargar o poner a disposición contenidos en distintas formas y con distintos fines, incluso para la ilustración de una idea, una crítica, una parodia o un pastiche. Estos contenidos pueden incluir extractos breves de obras u otras prestaciones protegidas preexistentes que los usuarios pueden haber modificado, combinado o transformado.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 21 ter (nuevo)
(21 ter)  A pesar de algunos solapamientos con las excepciones o limitaciones existentes, por ejemplo las aplicables a las citas y a la parodia, no todo el contenido cargado o puesto a disposición por un usuario que incluya razonablemente extractos de obras u otras prestaciones protegidas está cubierto por el artículo 5 de la Directiva 2001/29/CE. Esta situación genera inseguridad jurídica tanto para los usuarios como para los titulares de derechos. Conviene prever, por tanto, una nueva excepción específica para autorizar los usos legítimos de extractos de obras y otras prestaciones protegidas preexistentes en los contenidos cargados o puestos a disposición por los usuarios. Cuando los contenidos cargados o puestos a disposición por los usuarios impliquen el uso breve y proporcionado de una cita o un extracto de una obra u otras prestaciones protegidas con un objetivo legítimo, dicho uso deberá quedar protegido por la excepción contemplada en la presente Directiva. Esta excepción solo se aplicará en determinados casos especiales que no atenten contra la normal explotación de la obra u otras prestaciones ni perjudiquen en exceso los intereses legítimos del titular de derechos. A fin de evaluar dicho perjuicio, es esencial examinar el grado de originalidad de los contenidos en cuestión, la longitud o el alcance de la cita o el extracto utilizado, el carácter profesional del contenido o el grado de perjuicio económico causado, si procede, sin impedir el disfrute legítimo de la excepción. Esta excepción no debe perjudicar los derechos morales de los autores de la obra u otra prestación protegida.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 21 quater (nuevo)
(21 quater)  Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que entran en el ámbito de aplicación del artículo 13 de la presente Directiva no deben poder invocar en su favor la excepción para el uso de extractos de obras preexistentes prevista en la presente Directiva, para el uso de citas o extractos de obras u otras prestaciones protegidas en el contenido cargado o puesto a disposición por los usuarios sobre dichos servicios de la sociedad de la información para reducir el alcance de sus obligaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la presente Directiva.
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Considerando 22
(22)  Las instituciones de patrimonio cultural han de contar con un marco claro para la digitalización y difusión, en particular a través de las fronteras, de las obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial. No obstante, dadas las especiales características de las colecciones de obras que están fuera del circuito comercial, puede resultar extremadamente difícil obtener el consentimiento previo de los titulares de derechos individuales. Ello puede deberse, por ejemplo, a la antigüedad de las obras u otras prestaciones, a su limitado valor comercial o al hecho de que nunca estuvieron destinadas a usos comerciales. Por consiguiente, es necesario establecer medidas para facilitar la concesión de licencias de derechos sobre obras que están fuera del circuito comercial y se encuentran en las colecciones de instituciones de patrimonio cultural y, de este modo, hacer posible la celebración de acuerdos con efectos transfronterizos en el mercado interior.
(22)  Las instituciones de patrimonio cultural han de contar con un marco claro para la digitalización y difusión, en particular a través de las fronteras, de las obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial. No obstante, dadas las especiales características de las colecciones de obras que están fuera del circuito comercial, puede resultar extremadamente difícil obtener el consentimiento previo de los titulares de derechos individuales. Ello puede deberse, por ejemplo, a la antigüedad de las obras u otras prestaciones, a su limitado valor comercial o al hecho de que nunca estuvieron destinadas a usos comerciales o no han sido nunca comercializadas. Por consiguiente, es necesario establecer medidas para facilitar el uso de obras que están fuera del circuito comercial y se encuentran en las colecciones de instituciones de patrimonio cultural y, de este modo, hacer posible la celebración de acuerdos con efectos transfronterizos en el mercado interior.
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)
(22 bis)  Varios Estados miembros ya han adoptado regímenes de concesión de licencias colectivas ampliadas, mandatos legales o presunciones jurídicas que facilitan la concesión de licencias para obras que están fuera del circuito comercial. No obstante, teniendo en cuenta la variedad de obras y otras prestaciones existentes en las colecciones de las instituciones de patrimonio cultural y las diferencias entre las prácticas de gestión colectiva de los distintos Estados miembros y sectores de producción cultural, tales medidas no pueden aportar una solución en todos los casos, por ejemplo porque no existe una práctica de gestión colectiva para un determinado tipo de obras u otras prestaciones. Por ello, en esos casos particulares, es necesario permitir a las instituciones de patrimonio cultural poner las obras de su colección permanente que estén fuera del circuito comercial a disposición en línea en virtud de una excepción a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor. Si bien es esencial armonizar el ámbito de aplicación de la nueva excepción obligatoria para permitir los usos transfronterizos de las obras que están fuera del circuito comercial, los Estados miembros deben, no obstante, estar autorizados a aplicar o seguir aplicando acuerdos de concesión de licencias colectivas ampliadas celebrados con instituciones de patrimonio cultural a nivel nacional para las categorías de obras que forman parte permanentemente de las colecciones de las instituciones de patrimonio cultural. La falta de acuerdo sobre las condiciones de la licencia no se debe interpretar como una falta de disponibilidad de soluciones basadas en licencias. Los usos amparados por esa excepción deben estar sujetos a los mismos requisitos de exclusión voluntaria y publicidad que los usos autorizados por un mecanismo de concesión de licencias. A fin de garantizar que la excepción solo se aplica si se cumplen determinadas condiciones y de ofrecer seguridad jurídica, los Estados miembros deben determinar, en consulta con los titulares de derechos, las entidades de gestión colectiva y las organizaciones de patrimonio cultural, y a intervalos de tiempo adecuados, cuáles son los sectores y tipos de obras para los que no se dispone de soluciones basadas en licencias adecuadas, en cuyo caso debe aplicarse la excepción establecida.
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Considerando 23
(23)  El marco establecido por la presente Directiva debe ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para elegir el tipo específico de mecanismo que permita ampliar las licencias de las obras que están fuera del circuito comercial a los derechos de los titulares de derechos que no estén representados por la entidad de gestión colectiva, de conformidad con sus tradiciones, prácticas o circunstancias jurídicas. Tales mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas y las presunciones de representación.
(23)  El marco establecido por la presente Directiva debe ofrecer flexibilidad a los Estados miembros para elegir el tipo específico de mecanismo que permita ampliar las licencias de las obras que están fuera del circuito comercial a los derechos de los titulares de derechos que no estén representados por la entidad de gestión colectiva pertinente, de conformidad con sus tradiciones, prácticas o circunstancias jurídicas. Tales mecanismos pueden incluir la concesión de licencias colectivas ampliadas y las presunciones de representación.
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Considerando 24
(24)  A los efectos de esos mecanismos de licencia, es importante contar con un sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz. Dicho sistema debe incluir, en particular, normas en materia de buena gobernanza, transparencia e información, y garantizar la distribución y el pago regulares, diligentes y exactos de los importes adeudados a los titulares de derechos individuales, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/26/UE. Procede poner garantías adicionales adecuadas a disposición de todos los titulares de derechos, quienes deben tener la posibilidad de excluir la aplicación de tales mecanismos a sus obras u otras prestaciones. Las condiciones vinculadas a estos mecanismos no han de afectar a su relevancia práctica para las instituciones de patrimonio cultural.
(24)  A los efectos de esos mecanismos de licencia, es importante contar con un sistema de gestión colectiva riguroso y eficaz que los Estados miembros deben promover. Dicho sistema debe incluir, en particular, normas en materia de buena gobernanza, transparencia e información, y garantizar la distribución y el pago regulares, diligentes y exactos de los importes adeudados a los titulares de derechos individuales, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/26/UE. Procede poner garantías adicionales adecuadas a disposición de todos los titulares de derechos, quienes deben tener la posibilidad de excluir la aplicación de tales mecanismos de concesión de licencias o de tales excepciones a sus obras u otras prestaciones. Las condiciones vinculadas a estos mecanismos no han de afectar a su relevancia práctica para las instituciones de patrimonio cultural.
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Considerando 25
(25)  Habida cuenta de la gran variedad de obras y otras prestaciones que poseen las colecciones de las instituciones de patrimonio cultural, es importante que los mecanismos de concesión de licencias establecidos por la presente Directiva estén disponibles y puedan utilizarse en la práctica para diferentes tipos de obras y otras prestaciones, entre ellas las fotografías, las grabaciones sonoras y las obras audiovisuales. Atendiendo a las particularidades de las distintas categorías de obras y otras prestaciones en lo que respecta a los modos de publicación y distribución y a fin de facilitar la utilización de esos mecanismos, tal vez sea necesario que los Estados miembros establezcan requisitos y procedimientos específicos para la aplicación práctica de esos mecanismos de licencia. Es conveniente que, cuando lo hagan, los Estados miembros consulten a los titulares de derechos, a los usuarios y a las entidades de gestión colectiva.
(25)  Habida cuenta de la gran variedad de obras y otras prestaciones que poseen las colecciones de las instituciones de patrimonio cultural, es importante que los mecanismos de concesión de licencias establecidos por la presente Directiva estén disponibles y puedan utilizarse en la práctica para diferentes tipos de obras y otras prestaciones, entre ellas las fotografías, las grabaciones sonoras y las obras audiovisuales. Atendiendo a las particularidades de las distintas categorías de obras y otras prestaciones en lo que respecta a los modos de publicación y distribución y a fin de facilitar la utilización de las soluciones sobre el uso de obras que están fuera del circuito comercial que se introducen en virtud de la presente Directiva, tal vez sea necesario que los Estados miembros establezcan requisitos y procedimientos específicos para la aplicación práctica de esos mecanismos de licencia. Es conveniente que, cuando lo hagan, los Estados miembros consulten a los titulares de derechos, a las instituciones de patrimonio cultural y a las entidades de gestión colectiva.
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Considerando 26
(26)  Por motivos de cortesía internacional, resulta oportuno que los mecanismos de concesión de licencias para la digitalización y la difusión de obras que están fuera del circuito comercial previstos en la presente Directiva no se apliquen a obras u otras prestaciones cuya primera publicación o, a falta de publicación, cuya primera emisión haya tenido lugar en un tercer país o, en el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales, a obras cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un tercer país. Estos mecanismos no deben aplicarse a obras u otras prestaciones de nacionales de terceros países, excepto cuando su primera publicación o, a falta de publicación, su primera emisión haya tenido lugar en el territorio de un Estado miembro o, en el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales, a obras cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro.
(26)  Por motivos de cortesía internacional, resulta oportuno que los mecanismos de concesión de licencias y la excepción para la digitalización y la difusión de obras que están fuera del circuito comercial previstos en la presente Directiva no se apliquen a obras u otras prestaciones cuya primera publicación o, a falta de publicación, cuya primera emisión haya tenido lugar en un tercer país o, en el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales, a obras cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un tercer país. Estos mecanismos no deben aplicarse a obras u otras prestaciones de nacionales de terceros países, excepto cuando su primera publicación o, a falta de publicación, su primera emisión haya tenido lugar en el territorio de un Estado miembro o, en el caso de las obras cinematográficas o audiovisuales, a obras cuyo productor tenga su sede o residencia habitual en un Estado miembro.
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Considerando 27
(27)  Dado que los proyectos de digitalización a gran escala pueden suponer inversiones considerables a las instituciones de patrimonio cultural, las licencias concedidas en el marco de los mecanismos previstos en la presente Directiva no han de impedir que generen ingresos suficientes para cubrir los costes de la licencia y los costes de digitalización y difusión de las obras y otras prestaciones amparadas por la licencia.
(27)  Dado que los proyectos de digitalización a gran escala pueden suponer inversiones considerables a las instituciones de patrimonio cultural, las licencias concedidas en el marco de los mecanismos previstos en la presente Directiva no han de impedir que cubran los costes de la licencia y los costes de digitalización y difusión de las obras y otras prestaciones amparadas por la licencia.
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Considerando 28
(28)  Es conveniente dar la publicidad adecuada a la información sobre el uso actual y futuro de las obras y otras prestaciones que están fuera del circuito comercial por parte de las instituciones de patrimonio cultural sobre la base de los mecanismos de licencia previstos en la presente Directiva y las disposiciones vigentes para todos los titulares de derechos para excluir la aplicación de licencias a sus obras u otras prestaciones. Esa publicidad es especialmente importante en el caso de los usos transfronterizos en el mercado interior. Por consiguiente, resulta adecuado prever la creación de un portal en línea único de acceso público para toda la Unión a fin de poner dicha información a disposición de los ciudadanos durante un período de tiempo suficiente antes de que tenga lugar el uso transfronterizo. En virtud del Reglamento (UE) n.º 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se encarga de determinadas tareas y actividades, financiadas con sus propios recursos presupuestarios, que tienen por objeto facilitar y apoyar las actividades de las autoridades nacionales, el sector privado y las instituciones de la Unión en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo su prevención. Conviene por tanto encomendar a la Oficina el establecimiento y la gestión del portal europeo que facilite esa información.
(28)  Es conveniente dar la publicidad adecuada a la información sobre el uso actual y futuro de las obras y otras prestaciones que están fuera del circuito comercial por parte de las instituciones de patrimonio cultural sobre la base de los mecanismos de licencia o de la excepción previstos en la presente Directiva y las disposiciones vigentes para todos los titulares de derechos para excluir la aplicación de licencias o de la excepción a sus obras u otras prestaciones. Esa publicidad es especialmente importante en el caso de los usos transfronterizos en el mercado interior. Por consiguiente, resulta adecuado prever la creación de un portal en línea único de acceso público para toda la Unión a fin de poner dicha información a disposición de los ciudadanos durante un período de tiempo suficiente antes de que tenga lugar el uso transfronterizo. En virtud del Reglamento (UE) n.º 386/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se encarga de determinadas tareas y actividades, financiadas con sus propios recursos presupuestarios, que tienen por objeto facilitar y apoyar las actividades de las autoridades nacionales, el sector privado y las instituciones de la Unión en la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo su prevención. Conviene por tanto encomendar a la Oficina el establecimiento y la gestión del portal europeo que facilite esa información.
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Considerando 28 bis (nuevo)
(28 bis)  Los Estados miembros deben fomentar un diálogo sectorial entre las partes interesadas a fin de garantizar que los mecanismos de licencia establecidos para las obras que están fuera del circuito comercial son pertinentes y funcionan adecuadamente, que dichos mecanismos protegen convenientemente a los titulares de derechos, que las licencias reciben la adecuada publicidad y que se garantiza la claridad jurídica por lo que respecta a la representatividad de las entidades de gestión colectiva y la categorización de las obras.
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Considerando 30
(30)  Con el fin de facilitar la concesión de licencias de derechos sobre obras audiovisuales a las plataformas de vídeo a la carta, la presente Directiva dispone que los Estados miembros han de crear un mecanismo de negociación que permita a las partes que deseen celebrar un acuerdo recurrir a la ayuda de un organismo imparcial. Dicho organismo deberá reunirse con las partes y contribuir a las negociaciones aportando asesoramiento profesional y externo. En este contexto, los Estados miembros deben decidir cuáles han de ser las condiciones de funcionamiento del mecanismo de negociación, incluyendo el calendario y duración de la asistencia a las negociaciones y el reparto de costes. Los Estados miembros deben velar por que las cargas administrativas y financieras sean proporcionadas a fin de garantizar la eficiencia del foro de negociación.
(30)  Con el fin de facilitar la concesión de licencias de derechos sobre obras audiovisuales a las plataformas de vídeo a la carta, los Estados miembros deben crear un mecanismo de negociación, gestionado por un organismo nacional existente o de nueva creación, que permita a las partes que deseen celebrar un acuerdo recurrir a la ayuda de un organismo imparcial. La participación en ese mecanismo de negociación y la posterior celebración de acuerdos deben ser voluntarias. Si una negociación implica a partes de distintos Estados miembros, esas partes deben ponerse de acuerdo de antemano sobre el Estado miembro competente en caso de que decidan invocar el mecanismo de negociación. Dicho organismo deberá reunirse con las partes y contribuir a las negociaciones aportando asesoramiento profesional, imparcial y externo. En este contexto, los Estados miembros deben decidir cuáles han de ser las condiciones de funcionamiento del mecanismo de negociación, incluyendo el calendario y duración de la asistencia a las negociaciones, el reparto de los costes que se generen y la composición de dichos organismos. Los Estados miembros deben velar por que las cargas administrativas y financieras sean proporcionadas a fin de garantizar la eficiencia del foro de negociación.
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Considerando 30 bis (nuevo)
(30 bis)  La conservación del patrimonio de la Unión es de suma importancia y debe reforzarse en beneficio de las generaciones futuras. Ese objetivo debe lograrse mediante, en particular, la protección del patrimonio publicado. A tal fin se debe crear un depósito legal de la Unión para garantizar la recopilación sistemática de las publicaciones relativas a la Unión, como el Derecho de la Unión, la historia y la integración de la Unión, las estrategias de la Unión y los asuntos relacionados con la democracia y los ámbitos institucional y parlamentario, así como las políticas de la Unión, y, por ese medio, el inventario intelectual de la Unión y su futuro patrimonio publicado. Ese patrimonio no solo debe conservarse mediante la creación de un archivo de la Unión para las publicaciones que traten de asuntos relativos a la Unión, sino que también debe ponerse a disposición de los ciudadanos de la Unión y de las generaciones futuras. Debe designarse biblioteca depositaria de la Unión a la Biblioteca del Parlamento Europeo, en su calidad de biblioteca de la única institución de la Unión que representa directamente a sus ciudadanos. Al objeto de no generar una carga excesiva para los editores, impresores e importadores, solo deben depositarse en la Biblioteca del Parlamento Europeo publicaciones electrónicas, como libros, periódicos y revistas electrónicos. Dicha Biblioteca debe poner a disposición de los lectores las publicaciones cubiertas por el depósito legal de la Unión para fines de investigación o estudio en la Biblioteca y bajo su control. Dichas publicaciones no estarán disponibles externamente en línea.
Enmiendas 33 y 137
Propuesta de Directiva
Considerando 31
(31)  Una prensa libre y plural es esencial para garantizar un periodismo de calidad y el acceso de los ciudadanos a la información. Su contribución al debate público y al correcto funcionamiento de una sociedad democrática es fundamental. En la transición de la prensa en papel a la edición digital, las editoriales de publicaciones de prensa se enfrentan a problemas a la hora de obtener licencias para la explotación en línea de sus publicaciones y recuperar sus inversiones. Al no estar las editoriales de publicaciones de prensa reconocidas como titulares de derechos, la concesión de licencias y la observancia en el entorno digital resultan a menudo complejas e ineficientes.
(31)  Una prensa libre y plural es esencial para garantizar un periodismo de calidad y el acceso de los ciudadanos a la información. Su contribución al debate público y al correcto funcionamiento de una sociedad democrática es fundamental. El creciente desequilibrio entre plataformas potentes y editoriales de publicaciones de prensa, que también pueden ser agencias de noticias, ya ha provocado una notable regresión en el panorama mediático a escala regional. En la transición de la prensa en papel a la edición digital, las editoriales de publicaciones de prensa y las agencias de noticias se enfrentan a problemas a la hora de obtener licencias para la explotación en línea de sus publicaciones y recuperar sus inversiones. Al no estar las editoriales de publicaciones de prensa reconocidas como titulares de derechos, la concesión de licencias y la observancia en el entorno digital resultan a menudo complejas e ineficientes.
Enmiendas 34 y 138
Propuesta de Directiva
Considerando 32
(32)  Debe reconocerse y potenciarse la contribución organizativa y financiera de las editoriales a la producción de publicaciones de prensa para asegurar la sostenibilidad del sector. Por consiguiente, es necesario deparar en toda la Unión una protección jurídica armonizada a las publicaciones de prensa en relación con los usos digitales. Dicha protección debe garantizarse efectivamente mediante la introducción, en el Derecho de la Unión, de derechos afines a los derechos de autor para la reproducción y puesta a disposición del público de publicaciones de prensa en relación con los usos digitales.
(32)  Debe reconocerse y potenciarse la contribución organizativa y financiera de las editoriales a la producción de publicaciones de prensa para asegurar la sostenibilidad del sector y, por ese medio, garantizar la disponibilidad de información fiable. Por consiguiente, es necesario que los Estados miembros ofrezcan en toda la Unión protección jurídica a las publicaciones de prensa dentro de la Unión para los usos digitales. Dicha protección debe garantizarse efectivamente mediante la introducción, en el Derecho de la Unión, de derechos afines a los derechos de autor para la reproducción y puesta a disposición del público de publicaciones de prensa en relación con los usos digitales, a fin de obtener una retribución justa y proporcionada por dichos usos. Los usos privados deben excluirse de esa referencia. Además, la inclusión en las listas de un motor de búsqueda no debe considerarse como retribución justa y proporcionada.
Enmienda 139
Propuesta de Directiva
Considerando 33
(33)  A los efectos de la presente Directiva, es necesario definir el concepto de publicación de prensa de modo que solamente englobe las publicaciones periodísticas, publicadas por un proveedor de servicios, que se actualizan periódica o regularmente en cualquier soporte, para fines de información o entretenimiento. Entre esas publicaciones se cuentan, por ejemplo, los periódicos de publicación diaria, las revistas semanales o mensuales de interés general o especial y los sitios web de noticias. Las publicaciones periódicas que se publican con fines científicos o académicos, como las revistas científicas, no han de estar cubiertas por la protección que se brinda a a las publicaciones de prensa en el marco de la presente Directiva. Esta protección no se extiende a actos de hiperenlace que no constituyan una comunicación al público.
(33)  A los efectos de la presente Directiva, es necesario definir el concepto de publicación de prensa de modo que solamente englobe las publicaciones periodísticas, publicadas por un proveedor de servicios, que se actualizan periódica o regularmente en cualquier soporte, para fines de información o entretenimiento. Entre esas publicaciones se cuentan, por ejemplo, los periódicos de publicación diaria, las revistas semanales o mensuales de interés general o especial y los sitios web de noticias. Las publicaciones periódicas que se publican con fines científicos o académicos, como las revistas científicas, no han de estar cubiertas por la protección que se brinda a a las publicaciones de prensa en el marco de la presente Directiva. Esta protección no se extiende a actos de hiperenlace. La protección tampoco se extenderá a los datos objetivos que se recojan en los artículos periodísticos de una publicación de prensa y no impedirá a nadie, por tanto, transmitir esos datos.
Enmienda 36 y 140
Propuesta de Directiva
Considerando 34
(34)  Los derechos reconocidos a las editoriales de publicaciones de prensa en virtud de la presente Directiva deben tener el mismo alcance que los derechos de reproducción y puesta a disposición del público previstos en la Directiva 2001/29/CE en la medida en que se refieran a usos digitales. También deben estar sujetos a las mismas disposiciones sobre excepciones y limitaciones que las aplicables a los derechos previstos en la Directiva 2001/29/CE, incluida la excepción relativa a las citas con fines tales como la crítica o la reseña a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra d), de dicha Directiva.
(34)  Los derechos reconocidos a las editoriales de publicaciones de prensa en virtud de la presente Directiva deben tener el mismo alcance que los derechos de reproducción y puesta a disposición del público previstos en la Directiva 2001/29/CE en la medida en que se refieran a usos digitales. Los Estados miembros deben poder establecer que estos derechos estén sujetos a las mismas disposiciones sobre excepciones y limitaciones que las aplicables a los derechos previstos en la Directiva 2001/29/CE, incluida la excepción relativa a las citas con fines tales como la crítica o la reseña a que se refiere el artículo 5, apartado 3, letra d), de dicha Directiva.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Considerando 35
(35)  La protección deparada a las editoriales de publicaciones de prensa en virtud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los autores y otros titulares de derechos sobre las obras y otras prestaciones incorporadas a ellas, incluso en lo que se refiere a la medida en que los autores y otros titulares de derechos puedan explotar sus obras u otras prestaciones independientemente de la publicación de prensa a la que se incorporan. Por lo tanto, las editoriales de publicaciones de prensa no han de poder invocar la protección que se les brinda frente a autores y otros titulares de derechos. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los acuerdos contractuales celebrados entre las editoriales de publicaciones de prensa, por una parte, y los autores y otros titulares de derechos, por otra.
(35)  La protección deparada a las editoriales de publicaciones de prensa en virtud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los autores y otros titulares de derechos sobre las obras y otras prestaciones incorporadas a ellas, incluso en lo que se refiere a la medida en que los autores y otros titulares de derechos puedan explotar sus obras u otras prestaciones independientemente de la publicación de prensa a la que se incorporan. Por lo tanto, las editoriales de publicaciones de prensa no han de poder invocar la protección que se les brinda frente a autores y otros titulares de derechos. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los acuerdos contractuales celebrados entre las editoriales de publicaciones de prensa, por una parte, y los autores y otros titulares de derechos, por otra. Independientemente de que los autores de las obras incorporadas a una publicación de prensa reciban una compensación adecuada por la utilización de sus obras basada en las condiciones de concesión de licencias sobre su trabajo a la editorial de publicaciones de prensa, los autores cuyo trabajo se incorpore a una publicación de prensa deben tener derecho a una parte adecuada de los nuevos ingresos adicionales que las editoriales de publicaciones de prensa reciban por determinados tipos de uso secundario de sus publicaciones de prensa de los proveedores de servicios de la sociedad de la información respetando los derechos contemplados en el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva. Para determinar el importe de la compensación destinada a los autores deben tenerse en cuenta las normas específicas sobre concesión de licencias de la industria relativas a las obras incorporadas a una publicación de prensa que se acepten como proceda en el correspondiente Estado miembro; y la compensación destinada a los autores no debe afectar a las condiciones de concesión de licencias acordadas entre el autor y la editorial de publicaciones de prensa para el uso del artículo del autor por la editorial de publicaciones de prensa.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Considerando 36
(36)  Las editoriales, entre ellas las de publicaciones de prensa, libros o publicaciones científicas, actúan a menudo sobre la base de la cesión de los derechos de autor a través de acuerdos contractuales o disposiciones legales. En este contexto, las editoriales realizan una inversión con vistas a la explotación de las obras que figuran en sus publicaciones y en algunos casos pueden verse privadas de ingresos cuando dichas obras se utilizan al amparo de excepciones o limitaciones, como las aplicables en materia de copia privada y reprografía. En algunos Estados miembros la indemnización por los usos en el marco de esas excepciones se reparte entre autores y editoriales. Habida cuenta de esta situación y de la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica a todas las partes interesadas, procede autorizar a los Estados miembros a determinar que, cuando un autor haya cedido o concedido licencias de sus derechos a una editorial o contribuya de otro modo con sus obras a una publicación y existan sistemas para indemnizar el perjuicio causado por una excepción o limitación, las editoriales tengan derecho a reclamar una parte de esa indemnización y la carga que se les imponga para justificar su reclamación no exceda de lo exigido con arreglo al sistema vigente.
(36)  Las editoriales, entre ellas las de publicaciones de prensa, libros o publicaciones científicas y musicales, actúan sobre la base de acuerdos contractuales con los autores. En este contexto, las editoriales realizan una inversión y adquieren derechos, incluidos en algunos ámbitos los derechos a reclamar una parte de la compensación en el marco de organizaciones de gestión colectiva de autores y editoriales, con vistas a la explotación de las obras y, por lo tanto, también pueden verse privadas de ingresos cuando dichas obras se utilizan al amparo de excepciones o limitaciones, como las aplicables en materia de copia privada y reprografía. En muchos Estados miembros la indemnización por los usos en el marco de esas excepciones se reparte entre autores y editoriales. Habida cuenta de esta situación y de la necesidad de ofrecer mayor seguridad jurídica a todas las partes interesadas, procede autorizar a los Estados miembros a establecer un sistema de reparto de la compensación equivalente si dicho sistema estaba en funcionamiento en ese Estado miembro antes del 12 de noviembre de 2015. El reparto de dicha compensación entre los autores y editoriales podría fijarse en las normas de distribución interna de la organización de gestión colectiva actuando conjuntamente en nombre de los autores y editoriales o podrían fijarlo los Estados miembros en sus disposiciones legales o reglamentarias, de conformidad con el sistema equivalente que estuviera en vigor en ese Estado miembro antes del 12 de noviembre de 2015. Esta disposición no afectará a los acuerdos existentes en los Estados miembros en materia de derechos de préstamo público, gestión de derechos no basada en excepciones o limitaciones a los derechos de autor, como los sistemas de licencia colectiva ampliada, o en materia de derechos de remuneración basados en el Derecho nacional.
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Considerando 36 bis (nuevo)
(36 bis)   Los sectores cultural y creativo desempeñan un papel fundamental en la reindustrialización de Europa, constituyen un motor de crecimiento y ocupan una posición estratégica para producir efectos indirectos innovadores en otros sectores industriales. Además, los sectores cultural y creativo son una fuerza motriz de la innovación y el desarrollo de las TIC en Europa. En Europa, los sectores cultural y creativo emplean a más de 12 millones de trabajadores a tiempo completo, lo que representa el 7,5 % de la mano de obra de la Unión, y genera aproximadamente 509 000 millones de euros en valor añadido para el PIB (el 5,3 % del VAB total de la Unión). La protección de los derechos de autor y derechos afines genera una parte importante de los ingresos de los sectores cultural y creativo.
Enmiendas 40 y 215 rev
Propuesta de Directiva
Considerando 37
(37)  En los últimos años, el funcionamiento del mercado de contenidos en línea ha adquirido mayor complejidad. Los servicios en línea que facilitan acceso a contenidos protegidos por derechos de autor cargados por sus usuarios sin intervención de los titulares de los derechos se han generalizado, convirtiéndose en las principales fuentes de acceso a los contenidos en línea. Esta situación reduce las posibilidades de que los titulares de derechos averigüen si sus obras y otras prestaciones se están utilizando y en qué condiciones, así como sus posibilidades de obtener una remuneración adecuada por ese uso.
(37)  En los últimos años, el funcionamiento del mercado de contenidos en línea ha adquirido mayor complejidad. Los servicios en línea que facilitan acceso a contenidos protegidos por derechos de autor cargados por sus usuarios sin intervención de los titulares de los derechos se han generalizado, convirtiéndose en las principales fuentes de acceso a los contenidos en línea protegidos por los derechos de autor. Los servicios en línea constituyen un medio para proporcionar un acceso más amplio a las obras culturales y creativas y ofrecen grandes oportunidades a los sectores cultural y creativo a la hora de desarrollar nuevos modelos de negocio. Sin embargo, aunque permiten la diversidad y la facilidad de acceso a los contenidos, también generan problemas cuando se cargan contenidos protegidos por los derechos de autor sin autorización previa de los titulares de los derechos. Esta situación reduce las posibilidades de que los titulares de derechos averigüen si sus obras y otras prestaciones se están utilizando y en qué condiciones, así como sus posibilidades de obtener una remuneración adecuada por ese uso, dado que determinados servicios de contenido cargados por los usuarios no celebran acuerdos de licencia por el hecho de que están cubiertos por la excepción de «puerto seguro» contemplada en la Directiva 2000/31/CE.
Enmienda 143
Propuesta de Directiva
Considerando 37 bis (nuevo)
(37 bis)   Determinados servicios de la sociedad de la información se destinan, como parte de su uso normal, a dar acceso al público a contenidos u otras prestaciones protegidos por los derechos de autor cargados por sus usuarios. La definición de «proveedor de servicios de intercambio de contenidos en línea» con arreglo a la presente Directiva se aplicará a los proveedores de servicios de la sociedad de la información, uno de cuyos principales objetivos es almacenar un volumen considerable de contenidos protegidos por derechos de autor cargados o puestos a disposición por sus usuarios y dar acceso al público a los mismos o emitirlos, que optimizan los contenidos, así como promocionarlos con fines lucrativos, entre otras cosas mediante la presentación, el etiquetado, la conservación y la secuenciación de las obras u otras prestaciones cargadas, independientemente de los medios utilizados para ello, y, por lo tanto, actuar de manera activa. Por lo tanto, no pueden acogerse a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE. La definición de «proveedor de servicios de intercambio de contenidos en línea» con arreglo a la presente Directiva no se aplica a las microempresas ni a las pequeñas empresas en el sentido del Título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión ni a los proveedores de servicios que actúen con fines no comerciales, tales como una enciclopedia en línea, ni a los proveedores de servicios en línea cuando el contenido se cargue con la autorización de todos los titulares de derechos afectados, como los registros científicos o educativos. Los proveedores de servicios en la nube para uso individual que no faciliten acceso directo al público, las plataformas de desarrollo de programas de código abierto y los mercados en línea cuya principal actividad sea la venta al por menor en línea de bienes físicos, no deben considerarse proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea a los efectos de la presente Directiva.
Enmiendas 144, 145 y 146
Propuesta de Directiva
Considerando 38
(38)  Cuando los proveedores de servicios de la sociedad de la información almacenan y facilitan el acceso público a obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios, actividad que no se limita a la mera puesta a disposición de instalaciones materiales y constituye un acto de comunicación al público, están obligados a suscribir acuerdos de licencia con los titulares de derechos, a menos que puedan acogerse a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo34.
(38)  Los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea constituyenun acto de comunicación al público y, por tanto, son responsables de su contenido y, por ello, deben suscribir acuerdos de licencia justos y adecuados con los titulares de derechos. Cuando se suscriban acuerdos de licencia, estos también deberán cubrir, en la misma medida y en el mismo ámbito de aplicación, la responsabilidad de los usuarios cuando actúen con fines no comerciales. De conformidad con el artículo 11, apartado 2 bis, la responsabilidad de los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea de conformidad con el artículo 13 no se extiende a los actos de hiperenlace con respecto a las publicaciones de prensa. El diálogo entre las partes interesadas es esencial en el mundo digital. Deben definir las mejores prácticas para garantizar el funcionamiento de los acuerdos de licencia y la cooperación entre los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea y los titulares de derechos. Esas mejores prácticas deben tener en cuenta la proporción de los contenidos que vulneran los derechos de autor en el servicio.
En lo que se refiere al artículo 14, es preciso comprobar si el proveedor de servicios desempeña un papel activo, en particular optimizando la presentación de las obras o prestaciones cargadas o promocionándolas, independientemente de la naturaleza de los medios utilizados a tal fin.
En aras del correcto funcionamiento de los acuerdos de licencia, los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten el acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios deben adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar la protección de las obras u otras prestaciones, entre ellas la aplicación de tecnologías eficaces. Esta obligación también ha de ser aplicable cuando los proveedores de servicios de la sociedad de la información pueden acogerse a la exención de responsabilidad prevista en el artículo 14 de la Directiva 2000/31/CE.
_______________________
34.  Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (DO L 178 de 17.7.2000, p. 1-16)
Enmienda 147
Propuesta de Directiva
Considerando 39
(39)  La colaboración entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenan y facilitan el acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor cargadas por sus usuarios y los titulares de derechos reviste esencial importancia para el funcionamiento de tecnologías tales como las técnicas de reconocimiento de contenidos. En tales casos, los titulares de derechos han de facilitar los datos necesarios para que los servicios puedan identificar sus contenidos y los servicios deben ser transparentes para con los titulares de derechos en lo que respecta a las tecnologías desplegadas para así hacer posible la evaluación de su idoneidad. Los servicios deben, en particular, proporcionar a los titulares de derechos información sobre el tipo de tecnologías empleadas, la forma en que se utilizan y su tasa de éxito en el reconocimiento de los contenidos de los titulares de los derechos. Esas tecnologías también han de permitir a los titulares de derechos obtener información de los proveedores de servicios de la sociedad de la información sobre el uso de sus contenidos amparados por un acuerdo.
(39)  Los Estados miembros deben establecer que, cuando los titulares de derechos no deseen suscribir acuerdos de licencia, los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea y los titulares de derechos cooperen de buena fe a fin de garantizar que sus servicios no dispongan de obras protegidas u otras prestaciones no autorizadas. La cooperación entre los proveedores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos no debe conducir a impedir la disponibilidad de obras u otras prestaciones que no vulneren los derechos de autor, incluidas las amparadas por una excepción o limitación de derechos de autor.
Enmienda 148
Propuesta de Directiva
Considerando 39 bis (nuevo)
(39 bis)   Los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso rápidos y eficaces a los que puedan acceder los usuarios en caso que la cooperación contemplada en el apartado 2 bis conduzca a la eliminación injustificada del contenido de estos últimos. Toda denuncia presentada en el marco de dichos mecanismos debe ser tramitada sin demoras injustificadas. Los titulares de derechos deben justificar razonablemente sus decisiones a fin de evitar la desestimación arbitraria de denuncias. Además, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento general de protección de datos, la cooperación no debe conducir a la identificación de los usuarios individuales ni al tratamiento de sus datos personales. Los Estados miembros deben garantizar además que los usuarios tengan acceso a un organismo independiente de resolución de litigios, así como a un tribunal o a otras autoridades judiciales pertinentes a fin de hacer valer el uso de una excepción o limitación a las normas de derechos de autor.
Enmienda 149
Propuesta de Directiva
Considerando 39 ter (nuevo)
(39 ter)   Lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión y los Estados miembros deben organizar diálogos entre las partes interesadas a fin de armonizar y definir las mejores prácticas. Deben emitir orientaciones a fin de asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos de licencia y en materia de cooperación entre los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea y los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones en el sentido de la presente Directiva. Al definir las mejores prácticas, deben tenerse especialmente en cuenta los derechos fundamentales y el uso de excepciones y limitaciones. También se debe prestar especial atención a garantizar que la carga que pesa sobre las pymes siga siendo adecuada, así como a evitar el bloqueo automatizado de contenidos.
Enmiendas 44 y 219
Propuesta de Directiva
Considerando 39 quater (nuevo)
(39 quater)   Los Estados miembros deben prever un mecanismo intermedio que permita a los proveedores de servicios y a los titulares de derechos buscar una solución amistosa a cualquier diferencia sobre las disposiciones de los acuerdos de cooperación celebrados entre ellos. Para ello, los Estados miembros deben designar un organismo independiente dotado de las competencias y la experiencia necesarias para ayudar a las partes a resolver sus diferencias.
Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Considerando 39 quinquies (nuevo)
(39 quinquies)   Por principio, los titulares de derechos deben recibir una remuneración justa y adecuada en todo momento. Los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes que hayan celebrado contratos con intermediarios, por ejemplo, con discográficas y productores, deben recibir una remuneración justa y adecuada de los mismos, mediante contratos individuales o convenios colectivos, acuerdos de gestión colectiva o disposiciones con efectos similares, por ejemplo normas comunes en materia de remuneración. Esta remuneración debe mencionarse expresamente en los contratos con arreglo a cada modo de explotación, incluida la explotación en línea. Los Estados miembros deben examinar las características específicas de cada sector y han de poder establecer que la remuneración se considera justa y adecuada si se fija de conformidad con el convenio colectivo o el acuerdo común en materia de remuneración.
Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Considerando 40
(40)  Algunos titulares de derechos, como los autores o los artistas intérpretes o ejecutantes, han de disponer de información para poder evaluar el valor económico de sus derechos, que están armonizados por el Derecho de la Unión. Así ocurre especialmente cuando dichos titulares de derechos conceden una licencia o ceden derechos a cambio de una remuneración. Los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes suelen estar en una posición contractual más débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos, por lo que necesitan información para poder evaluar el valor económico constante de sus derechos con respecto a la remuneración recibida por su licencia o cesión, pero a menudo se enfrentan a dificultades derivadas de la falta de transparencia. Por consiguiente, es importante que las otras partes contratantes o sus derechohabientes den a conocer la información adecuada con el fin de garantizar la transparencia y el equilibrio en el sistema que regula la remuneración de los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes.
(40)  Algunos titulares de derechos, como los autores o los artistas intérpretes o ejecutantes, han de disponer de información para poder evaluar el valor económico de sus derechos, que están armonizados por el Derecho de la Unión. Así ocurre especialmente cuando dichos titulares de derechos conceden una licencia o ceden derechos a cambio de una remuneración. Los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes suelen estar en una posición contractual más débil cuando conceden licencias o ceden sus derechos, por lo que necesitan información para poder evaluar el valor económico constante de sus derechos con respecto a la remuneración recibida por su licencia o cesión, pero a menudo se enfrentan a dificultades derivadas de la falta de transparencia. Por consiguiente, es importante que las otras partes contratantes o sus derechohabientes den a conocer una información completa y pertinente con el fin de garantizar la transparencia y el equilibrio en el sistema que regula la remuneración de los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes. La información que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes tienen derecho a esperar debe ser proporcionada y abarcar todos los modos de explotación, así como los ingresos directos e indirectos generados, incluidos los ingresos generados por la comercialización de productos, y la remuneración correspondiente. La información sobre la explotación también deberá incluir información sobre la identidad de cualquier sublicenciatario o subcesionario. La obligación de transparencia debe, no obstante, aplicarse tan solo cuando se trate de derechos de autor pertinentes.
Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Considerando 42
(42)  Algunos contratos de explotación de derechos armonizados a escala de la Unión son de larga duración y ofrecen a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes pocas posibilidades de renegociarlos con las otras partes contratantes o sus derechohabientes. Por consiguiente, sin perjuicio de la legislación aplicable a los contratos en los Estados miembros, conviene prever un mecanismo de adaptación de remuneraciones para los casos en que la remuneración inicialmente acordada en el marco de una licencia o una cesión de derechos sea desproporcionadamente baja en comparación con los ingresos pertinentes y los beneficios derivados de la explotación de la obra o de la grabación de la interpretación o ejecución, incluso a la luz de la transparencia que garantiza la presente Directiva. La evaluación de la situación debe tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, así como las peculiaridades y prácticas de los distintos sectores de contenidos. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la adaptación de la remuneración, el autor o el artista intérprete o ejecutante debe tener derecho a recurrir ante un tribunal u otra autoridad competente.
(42)  Algunos contratos de explotación de derechos armonizados a escala de la Unión son de larga duración y ofrecen a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes pocas posibilidades de renegociarlos con las otras partes contratantes o sus derechohabientes. Por consiguiente, sin perjuicio de la legislación aplicable a los contratos en los Estados miembros, conviene prever un mecanismo de adaptación de remuneraciones para los casos en que la remuneración inicialmente acordada en el marco de una licencia o una cesión de derechos sea desproporcionadamente baja en comparación con los ingresos directos e indirectos pertinentes y los beneficios derivados de la explotación de la obra o de la grabación de la interpretación o ejecución, incluso a la luz de la transparencia que garantiza la presente Directiva. La evaluación de la situación debe tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, las peculiaridades y prácticas de los distintos sectores de contenidos, así como la naturaleza y la contribución del autor o del artista intérprete o ejecutante a la obra. Esta solicitud de adaptación del contrato también podrá ser cursada por la organización que representa al autor o al artista intérprete o ejecutante en nombre de este, a menos que la solicitud resulte perjudicial para los intereses del autor o del artista intérprete o ejecutante. En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo sobre la adaptación de la remuneración, el autor o el artista intérprete o ejecutante o bien una organización designada por este que lo represente debe tener derecho a recurrir ante un tribunal u otra autoridad competente.
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Considerando 43
(43)  Los autores y artistas intérpretes o ejecutantes suelen ser reacios a hacer valer sus derechos frente a sus socios contractuales ante un órgano jurisdiccional. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer un procedimiento alternativo de resolución de litigios con respecto a las reclamaciones relativas a las obligaciones de transparencia y al mecanismo de adaptación del contrato.
(43)  Los autores y artistas intérpretes o ejecutantes suelen ser reacios a hacer valer sus derechos frente a sus socios contractuales ante un órgano jurisdiccional. Por consiguiente, los Estados miembros deben establecer un procedimiento alternativo de resolución de litigios con respecto a las reclamaciones relativas a las obligaciones de transparencia y al mecanismo de adaptación del contrato. Las organizaciones que representan a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes, incluidas las entidades de gestión colectiva y los sindicatos, deben poder iniciar dichos procedimientos a petición de los autores y de los artistas intérpretes o ejecutantes. Los datos sobre quién inició el procedimiento no deben divulgarse.
Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)
(43 bis)  Cuando los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes conceden una licencia o ceden sus derechos, esperan que bien su obra, bien su interpretación o ejecución vayan a ser explotadas. Sin embargo, sucede que las obras o las prestaciones que hayan sido objeto de licencia o de cesión de derechos no se exploten en absoluto. Cuando estos derechos se ceden de forma exclusiva, los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes no pueden dirigirse a otro socio para la explotación de su obra. En tal caso, y después de transcurrir un plazo razonable, los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes deben poder ejercer un derecho de revocación que les permita ceder sus derechos o conceder una licencia a otra persona. También podrá ejercerse la revocación cuando el cesionario o licenciatario no haya cumplido con su obligación de transparencia y de información prevista en el artículo 14 de la presente Directiva. La revocación solo debe considerarse después de haberse agotado todas las medidas de resolución alternativa de litigios, particularmente en lo que se refiere a la comunicación de información. Como la explotación de obras puede variar en función de los sectores, se podrán adoptar disposiciones específicas a escala nacional, a fin de tener en cuenta las especificidades de los sectores, como el sector audiovisual, o de las obras y los periodos de explotación previstos, estableciendo en particular plazos para el ejercicio del derecho de revocación. Con el fin de evitar los abusos y tener en cuenta que es necesario un determinado período de tiempo antes de que una obra sea efectivamente explotada, los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes deben poder ejercer el derecho de revocación solo cuando haya transcurrido cierto tiempo tras la celebración del acuerdo de licencia o cesión de derechos. El Derecho nacional debe regular el ejercicio del derecho de revocación en el caso de obras que impliquen a varios autores o artistas intérpretes o ejecutantes, teniendo en cuenta la importancia relativa de las contribuciones individuales.
Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Considerando 43 ter (nuevo)
(43 ter)  A fin de apoyar la aplicación efectiva en todos los Estados miembros de las disposiciones pertinentes de la presente Directiva, la Comisión, en cooperación con los Estados miembros, debe fomentar el intercambio de buenas prácticas y promover el diálogo a escala de la Unión.
Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Considerando 46
(46)  Cualquier tratamiento de datos personales en el marco de la presente Directiva debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ajustarse a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo35 y a la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo36.
(46)  Cualquier tratamiento de datos personales en el marco de la presente Directiva debe respetar los derechos fundamentales, incluidos el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos de carácter personal con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y ajustarse al Reglamento (UE) 2016/679y a la Directiva 2002/58/CE. Habrán de respetarse las disposiciones del Reglamento general de protección de datos, incluido el «derecho al olvido».
Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)
(46 bis)   Cabe destacar la importancia del anonimato a la hora de tratar datos personales con fines comerciales. Además, debe promoverse la opción de no compartir «por defecto» en lo que se refiere a los datos personales cuando se utilicen interfaces de una plataforma en línea.
Enmiendas 54 y 238
Propuesta de Directiva
Artículo 1
Artículo 1
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
Objeto y ámbito de aplicación
1.  La presente Directiva establece normas destinadas a una mayor armonización del Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones y sobre facilitación de licencias, así como normas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado de explotación de obras y otras prestaciones.
1.  La presente Directiva establece normas destinadas a una mayor armonización del Derecho de la Unión aplicable a los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y transfronterizos de los contenidos protegidos. Establece asimismo normas sobre excepciones y limitaciones y sobre facilitación de licencias, así como normas encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento del mercado de explotación de obras y otras prestaciones.
2.  Salvo en los casos mencionados en el artículo 6, la presente Directiva no modificará en absoluto ni afectará en modo alguno a las disposiciones vigentes establecidas en las Directivas actualmente en vigor en la materia, en particular las Directivas 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE y 2014/26/UE.
2.  Salvo en los casos mencionados en el artículo 6, la presente Directiva no modificará en absoluto ni afectará en modo alguno a las disposiciones vigentes establecidas en las Directivas actualmente en vigor en la materia, en particular las Directivas 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE y 2014/26/UE.
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – parte introductoria
1)  «organismo de investigación», una universidad, un instituto de investigación o cualquier otra organización cuyo principal objetivo sea realizar investigaciones científicas o realizar investigaciones científicas y prestar servicios educativos
1)  «organismo de investigación», una universidad, incluidas sus bibliotecas, un instituto de investigación o cualquier otra organización cuyo principal objetivo sea realizar investigaciones científicas o realizar investigaciones científicas y prestar servicios educativos
Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra b – párrafo 2
de tal manera que una empresa que ejerza una influencia decisiva en dicho organismo no pueda disfrutar de acceso preferente a los resultados generados por la investigación científica;
de tal manera que una empresa que ejerza una influencia significativa en dicho organismo no pueda disfrutar de acceso preferente a los resultados generados por la investigación científica;
Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2
2)  «minería de textos y datos», cualquier técnica analítica automatizada para analizar textos y datos en formato digital a fin de generar información sobre pautas, tendencias o correlaciones;
2)  «minería de textos y datos», cualquier técnica analítica automatizada que analice obras u otras prestaciones en formato digital a fin de generar información, incluidas, sin carácter exhaustivo, pautas, tendencias o correlaciones.
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4
4)  «publicación de prensa», la fijación de una colección de obras literarias de carácter periodístico, que también puede incluir otras obras o prestaciones y constituye un elemento unitario dentro de una publicación periódica o actualizada regularmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés general o especial, cuya finalidad sea suministrar información sobre noticias u otros temas y se publique en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo la responsabilidad editorial y el control de un proveedor de servicios.
4)  «publicación de prensa», la fijación por editoriales o agencias de noticias de una colección de obras literarias de carácter periodístico, que también puede incluir otras obras o prestaciones y constituye un elemento unitario dentro de una publicación periódica o actualizada regularmente bajo un único título, como un periódico o una revista de interés general o especial, cuya finalidad sea suministrar información sobre noticias u otros temas y se publique en cualquier medio de comunicación por iniciativa y bajo la responsabilidad editorial y el control de un proveedor de servicios. Las publicaciones periódicas que se publican con fines científicos o académicos, como las revistas científicas, quedarán excluidas de esta definición.
Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)
4 bis)  «obra fuera del circuito comercial»,
a)  obra u otra prestación, en su totalidad y en todas sus versiones y manifestaciones, que ya no está a disposición del público en un Estado miembro a través de los canales comerciales habituales;
b)  obra u otra prestación que nunca se ha comercializado en un Estado miembro, a menos que de las circunstancias específicas del caso se desprenda que el autor se ha opuesto a que esté a disposición del público;
Enmienda 150
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
4 ter.   «proveedor de servicios de intercambio de contenidos en línea», proveedor de un servicio de la sociedad de la información uno de cuyos fines principales sea almacenar y facilitar acceso al público a una cantidad considerable de obras protegidas por derechos de autor u otras prestaciones protegidas cargadas por sus usuarios, que el servicio optimiza y promociona con fines lucrativos. Las microempresas y las pequeñas empresas en el sentido del título I del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, así como los servicios que actúen con fines no comerciales, como las enciclopedias en línea, y los proveedores de servicios en línea en los que el contenido se cargue con la autorización de todos los titulares de derechos afectados, como los repositorios educativos o científicos, no serán considerados proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea a los efectos de la presente Directiva. Los proveedores de servicios en nube para uso individual que no faciliten acceso directo al público, las plataformas de desarrollo de software de código abierto y los mercados en línea cuya principal actividad sea la venta al por menor en línea de bienes físicos no deben ser considerados proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea a los efectos de la presente Directiva.
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 quater (nuevo)
4 quater)  «servicio de la sociedad de la información», todo servicio en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;
___________
1 bis Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 quinquies (nuevo)
4 quinquies)  «servicio automatizado de referenciación de imágenes», cualquier servicio en línea que reproduzca o ponga a disposición del público, con fines de indexación y referenciación, obras gráficas, artísticas o fotográficas recopiladas por medios automatizados a través de un servicio en línea de terceros.
Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 3
Artículo 3
Artículo 3
Minería de textos y datos
Minería de textos y datos
1.  Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva con respecto a las reproducciones y extracciones realizadas por organismos de investigación con el fin de proceder a la minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso legítimo con fines de investigación científica.
1.  Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva con respecto a las reproducciones y extracciones de obras u otras prestaciones a las que los organismos de investigación tengan acceso legítimo y realizadas por dichos organismos con el fin de proceder a la minería de textos y datos con fines de investigación científica.
Los Estados miembros dispondrán que los centros de enseñanza y las instituciones de conservación del patrimonio cultural que lleven a cabo investigaciones científicas en el sentido del artículo 2, punto 1, letras a) o b), de manera que una empresa que ejerza una influencia decisiva en dichos organismos no pueda gozar de acceso preferente a los resultados generados por la investigación científica también puedan acogerse a la excepción prevista en el presente artículo.
1 bis.  Las reproducciones y extracciones realizadas con fines de minería de textos y datos serán almacenadas de forma segura, por ejemplo por organismos de confianza designados a tal efecto.
2.  Será inaplicable toda disposición contractual contraria a la excepción prevista en el apartado 1.
2.  Será inaplicable toda disposición contractual contraria a la excepción prevista en el apartado 1.
3.  Los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos en que estén almacenadas las obras u otras prestaciones. Dichas medidas no irán más allá de lo necesario para lograr ese objetivo.
3.  Los titulares de derechos estarán autorizados a aplicar medidas para garantizar la seguridad e integridad de las redes y bases de datos en que estén almacenadas las obras u otras prestaciones. Dichas medidas no irán más allá de lo necesario para lograr ese objetivo.
4.  Los Estados miembros alentarán a los titulares de derechos y organismos de investigación a establecer las mejores prácticas comunes para la aplicación de las medidas contempladas en el apartado 3.
4.  Los Estados miembros podrán seguir estableciendo excepciones relativas a la minería de textos y datos de conformidad con el artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva 2001/29/CE.
Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)
Artículo 3 bis
Excepción o limitación opcional relativa a la minería de textos y datos
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Directiva, los Estados miembros podrán establecer una excepción o limitación a los derechos previstos en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, en los artículos 5, letra a), y 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE y en el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva con respecto a las reproducciones y extracciones de obras y otras prestaciones accesibles de forma legítima que formen parte del proceso de minería de textos y datos, siempre que el uso de las obras y otras prestaciones a que se refiere el presente artículo, también mediante medios de lectura mecánica, no esté reservado de manera expresa por los titulares de derechos.
2.  Las reproducciones y extracciones realizadas de conformidad con el apartado 1 no se utilizarán con fines distintos de la minería de textos y datos.
3.  Los Estados miembros podrán seguir estableciendo excepciones relativas a la minería de textos y datos de conformidad con el artículo 5, apartado 3, letra a), de la Directiva 2001/29/CE.
Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 4
Artículo 4
Artículo 4
Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas
Utilización de obras y otras prestaciones en actividades pedagógicas digitales y transfronterizas
1.  Los Estados miembros establecerán una excepción o limitación a los derechos previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva a fin de autorizar el uso digital de obras y otras prestaciones únicamente con fines ilustrativos de enseñanza, en la medida en que ello esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, siempre que el uso:
1.  Los Estados miembros establecerán una excepción o limitación a los derechos previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva a fin de autorizar el uso digital de obras y otras prestaciones únicamente con fines ilustrativos de enseñanza, en la medida en que ello esté justificado por la finalidad no comercial perseguida, siempre que el uso:
a)  tenga lugar en los locales de un centro de enseñanza o a través de una red electrónica segura a la que solo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal docente del centro;
a)  tenga lugar en los locales de un centro de enseñanza, o en cualquier otro lugar en el que tenga lugar la actividad docente bajo la responsabilidad del centro de enseñanza, o a través de un entorno electrónico seguro al que solo puedan acceder los alumnos o estudiantes y el personal docente del centro;
b)  vaya acompañado de la indicación de la fuente, con inclusión del nombre del autor, salvo que ello resulte imposible.
b)  vaya acompañado de la indicación de la fuente, con inclusión del nombre del autor, salvo que ello resulte imposible por motivos de viabilidad.
2.  Los Estados miembros podrán establecer que la excepción adoptada con arreglo al apartado 1 no sea aplicable en general o con respecto a determinados tipos de obras u otras prestaciones, en la medida en que estén fácilmente disponibles en el mercado licencias adecuadas que autoricen los actos descritos en el apartado 1.
2.  Los Estados miembros podrán establecer que la excepción adoptada con arreglo al apartado 1 no sea aplicable en general o con respecto a determinados tipos de obras u otras prestaciones, como materiales destinados principalmente al mercado educativo o partituras, en la medida en que estén fácilmente disponibles en el mercado acuerdos de licencia adecuados que autoricen los actos descritos en el apartado 1 y adaptados a las necesidades y características específicas de los centros de enseñanza.
Los Estados miembros que hagan uso de lo dispuesto en el párrafo primero adoptarán las medidas necesarias para garantizar la adecuada disponibilidad y visibilidad de las licencias que autorizan los actos descritos en el apartado 1 para los centros de enseñanza.
Los Estados miembros que hagan uso de lo dispuesto en el párrafo primero adoptarán las medidas necesarias para garantizar la adecuada disponibilidad y visibilidad de las licencias que autorizan los actos descritos en el apartado 1 para los centros de enseñanza.
3.  Se considerará que el uso de obras y otras prestaciones únicamente con fines ilustrativos de enseñanza a través de redes electrónicas seguras hecho en cumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud del presente artículo únicamente tiene lugar en el Estado miembro en que está establecido el centro de enseñanza.
3.  Se considerará que el uso de obras y otras prestaciones únicamente con fines ilustrativos de enseñanza a través de entornos electrónicos seguros hecho en cumplimiento de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud del presente artículo únicamente tiene lugar en el Estado miembro en que está establecido el centro de enseñanza.
4.  Los Estados miembros podrán prever una indemnización justa para los titulares de derechos por el perjuicio que les haya causado el uso de sus obras u otras prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.
4.  Los Estados miembros podrán prever una indemnización justa para los titulares de derechos por el perjuicio que les haya causado el uso de sus obras u otras prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.
4 bis.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, será inaplicable toda disposición contractual contraria a la excepción o limitación adoptada de conformidad con el apartado 1. Los Estados miembros garantizarán que los titulares de derechos tienen derecho a conceder licencias exentas de derechos que autoricen los actos descritos en el apartado 1, de forma general o en lo que respecta a los tipos específicos de obras u otras prestaciones que escojan.
Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 5
Artículo 5
Artículo 5
Conservación del patrimonio cultural
Conservación del patrimonio cultural
Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva por la que se autorice a las instituciones de patrimonio cultural a efectuar copias de las obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, con la única finalidad de conservar tales obras u otras prestaciones y en la medida necesaria para esa conservación.
1.  Los Estados miembros establecerán una excepción a los derechos previstos en el artículo 2 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva por la que se autorice a las instituciones de patrimonio cultural a efectuar copias de las obras u otras prestaciones que se hallen de forma permanente en sus colecciones, en cualquier formato y en cualquier soporte, con la finalidad de conservar tales obras u otras prestaciones y en la medida necesaria para esa conservación.
1 bis.  Los Estados miembros garantizarán que ningún material resultante de un acto de reproducción de material de dominio público esté sujeto a derechos de autor u otros derechos afines, siempre y cuando tal reproducción sea fiel y tenga por objetivo la preservación del material original.
1 ter.  Será inaplicable toda disposición contractual contraria a la excepción prevista en el apartado 1.
Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 6
Artículo 6
Artículo 6
Disposiciones comunes
Disposiciones comunes
El artículo 5, apartado 5, y los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2001/29/CE serán aplicables a las excepciones y la limitación previstas en el presente título.
1.  El acceso al contenido cubierto por una excepción contemplada en la presente Directiva no dará derecho a los usuarios a utilizarlo con arreglo a otra excepción.
2.   El artículo 5, apartado 5, y los párrafos primero, tercero, cuarto y quinto del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 2001/29/CE serán aplicables a las excepciones y la limitación previstas en el presente título.
Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 7
Artículo 7
Artículo 7
Uso de obras que están fuera del circuito comercial por parte de las instituciones de patrimonio cultural
Uso de obras que están fuera del circuito comercial por parte de las instituciones de patrimonio cultural
1.  Los Estados miembros garantizarán que, cuando una entidad de gestión colectiva acuerde en nombre de sus miembros una licencia no exclusiva para fines no comerciales con una institución de patrimonio cultural para la digitalización, distribución, comunicación al público o puesta a disposición de obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial y se hallan de forma permanente en la colección de la institución, dicha licencia no exclusiva pueda hacerse extensiva o pueda suponerse aplicable a los titulares de derechos de la misma categoría que los amparados por la licencia que no estén representados por la entidad de gestión colectiva, siempre que:
1.  Los Estados miembros garantizarán que, cuando una entidad de gestión colectiva acuerde en nombre de sus miembros una licencia no exclusiva para fines no comerciales con una institución de patrimonio cultural para la digitalización, distribución, comunicación al público o puesta a disposición de obras u otras prestaciones que están fuera del circuito comercial y se hallan de forma permanente en la colección de la institución, dicha licencia no exclusiva pueda hacerse extensiva o pueda suponerse aplicable a los titulares de derechos de la misma categoría que los amparados por la licencia que no estén representados por la entidad de gestión colectiva, siempre que:
a)  la entidad de gestión colectiva, sobre la base de mandatos de los titulares de derechos, sea ampliamente representativa de los titulares de derechos en la categoría de obras u otras prestaciones y de los derechos objeto de la licencia;
a)  la entidad de gestión colectiva, sobre la base de mandatos de los titulares de derechos, sea ampliamente representativa de los titulares de derechos en la categoría de obras u otras prestaciones y de los derechos objeto de la licencia;
b)  se garantice la igualdad de trato a todos los titulares de derechos en relación con las condiciones de la licencia;
b)  se garantice la igualdad de trato a todos los titulares de derechos en relación con las condiciones de la licencia;
c)  todos los titulares de derechos puedan en cualquier momento oponerse a que se considere que sus obras u otras prestaciones están fuera del circuito comercial e impedir que se aplique la licencia a sus obras u otras prestaciones.
c)  todos los titulares de derechos puedan en cualquier momento oponerse a que se considere que sus obras u otras prestaciones están fuera del circuito comercial e impedir que se aplique la licencia a sus obras u otras prestaciones.
1 bis.  Los Estados miembros establecerán una excepción o limitación a los derechos previstos en los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE, el artículo 5, letra a), y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 96/9/CE, el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE y el artículo 11, apartado 1, de la presente Directiva que autorice a las instituciones de patrimonio cultural efectuar copias disponibles en línea de obras que estén fuera del circuito comercial que se hallen de forma permanente en sus colecciones, sin fines lucrativos, siempre que:
a)  se indique el nombre del autor o de cualquier otro titular de derechos identificable, excepto cuando esta indicación sea imposible;
b)  todos los titulares de derechos puedan en cualquier momento oponerse a que se considere que sus obras u otras prestaciones están fuera del circuito comercial e impedir que se aplique la excepción a sus obras u otras prestaciones.
1 ter.  Los Estados miembros establecerán que la excepción adoptada con arreglo al apartado 1 bis no sea aplicable con respecto a sectores o determinados tipos de obras para los que estén disponibles soluciones adecuadas de concesión de licencias, incluidas, aunque no exclusivamente, las soluciones contempladas en el apartado 1. Los Estados miembros determinarán, en consulta con los autores, otros titulares de derechos, organizaciones de gestión colectiva e instituciones de patrimonio cultural, la disponibilidad de las soluciones de concesión de licencias colectivas ampliadas para sectores o tipos de obras específicos.
2.  Se considerará que una obra u otra prestación está fuera del circuito comercial cuando la totalidad de la obra u otra prestación, en todas sus traducciones, versiones y manifestaciones, no está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales y no pueda esperarse razonablemente que lo esté.
2.  Los Estados miembros podrán prever una fecha límite para determinar si se considera que una obra comercializada anteriormente está fuera del circuito comercial.
Los Estados miembros, en consulta con los titulares de derechos, las entidades de gestión colectiva y las instituciones de patrimonio cultural, garantizarán que los requisitos que se apliquen para determinar si las obras y otras prestaciones pueden ser objeto de licencias con arreglo al apartado 1 no sean más estrictos de lo que es necesario y razonable y no excluyan la posibilidad de determinar que una colección está fuera del circuito comercial en su conjunto, cuando sea razonable presuponer que todas las obras u otras prestaciones de la colección están fuera del circuito comercial.
Los Estados miembros, en consulta con los titulares de derechos, las entidades de gestión colectiva y las instituciones de patrimonio cultural, garantizarán que los requisitos que se apliquen para determinar si las obras y otras prestaciones pueden ser objeto de licencias con arreglo al apartado 1 o ser utilizadas de conformidad con el apartado 1 bis no sean más estrictos de lo que es necesario y razonable y no excluyan la posibilidad de determinar que una colección está fuera del circuito comercial en su conjunto, cuando sea razonable presuponer que todas las obras u otras prestaciones de la colección están fuera del circuito comercial.
3.  Los Estados miembros velarán por que se tomen las medidas adecuadas en materia de publicidad por lo que respecta a:
3.  Los Estados miembros velarán por que se tomen las medidas adecuadas en materia de publicidad por lo que respecta a:
a)  la consideración de las obras u otras prestaciones como fuera del circuito comercial,
a)  la consideración de las obras u otras prestaciones como fuera del circuito comercial,
b)  la licencia, y, en particular, su aplicación a los titulares de derechos no representados,
b)  cualquier licencia, y, en particular, su aplicación a los titulares de derechos no representados,
c)  la posibilidad de que los titulares de los derechos manifiesten su oposición, contemplada en el apartado 1, letra c),
c)  la posibilidad de que los titulares de los derechos manifiesten su oposición, contemplada en el apartado 1, letra c), y en el apartado 1 bis, letra b),
incluso durante un período de tiempo razonable antes de que las obras u otras prestaciones sean digitalizadas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a disposición.
incluso durante un período de tiempo de seis meses como mínimo antes de que las obras u otras prestaciones sean digitalizadas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a disposición.
4.  Los Estados miembros garantizarán que las licencias contempladas en el apartado 1 se obtengan de una entidad de gestión colectiva que sea representativa del Estado miembro donde:
4.  Los Estados miembros garantizarán que las licencias contempladas en el apartado 1 se obtengan de una entidad de gestión colectiva que sea representativa del Estado miembro donde:
a)  las obras o los fonogramas se publicaron por primera vez o, a falta de publicación, donde se emitieron por primera vez, excepto en el caso de las obras cinematográficas y audiovisuales,
a)  las obras o los fonogramas se publicaron por primera vez o, a falta de publicación, donde se emitieron por primera vez, excepto en el caso de las obras cinematográficas y audiovisuales,
b)  los productores de las obras tengan su sede o residencia habitual, en el caso de las obras cinematográficas y audiovisuales, o
b)  los productores de las obras tengan su sede o residencia habitual, en el caso de las obras cinematográficas y audiovisuales, o
c)  esté establecida la institución de patrimonio cultural, cuando, tras esfuerzos razonables, según las letras a) y b), no haya podido determinarse un Estado miembro o un tercer país.
c)  esté establecida la institución de patrimonio cultural, cuando, tras esfuerzos razonables, según las letras a) y b), no haya podido determinarse un Estado miembro o un tercer país.
5.  Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las obras u otras prestaciones de nacionales de terceros países, excepto cuando sean aplicables las letras a) y b) del apartado 4.
5.  Los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a las obras u otras prestaciones de nacionales de terceros países, excepto cuando sean aplicables las letras a) y b) del apartado 4.
Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 8
Artículo 8
Artículo 8
Usos transfronterizos
Usos transfronterizos
1.  Una institución de patrimonio cultural podrá utilizar las obras u otras prestaciones amparadas por una licencia concedida de conformidad con el artículo 7 de acuerdo con las condiciones de la licencia en todos los Estados miembros.
1.  Una institución de patrimonio cultural podrá utilizar las obras que estén fuera del circuito comercial u otras prestaciones contempladas en el artículo 7 de acuerdo con dicho artículo en todos los Estados miembros.
2.  Los Estados miembros velarán por que la información necesaria para identificar las obras u otras prestaciones amparadas por una licencia concedida de conformidad con el artículo 7 y la información sobre la posibilidad de que los titulares de derechos manifiesten su oposición mencionada en el artículo 7, apartado 1, letra c), sean accesibles al público en un portal en línea único durante seis meses como mínimo antes de que las obras u otras prestaciones se digitalicen, distribuyan, comuniquen al público o pongan a disposición en Estados miembros distintos de aquel en que se haya concedido la licencia, y durante todo el período de vigencia de la licencia.
2.  Los Estados miembros velarán por que la información necesaria para identificar las obras u otras prestaciones amparadas por el artículo 7 y la información sobre la posibilidad de que los titulares de derechos manifiesten su oposición mencionada en el artículo 7, apartado 1, letra c), y el artículo 7, apartado 1 bis, letra b), sean accesibles de manera permanente, sencilla y eficaz en un portal en línea único y público durante seis meses como mínimo antes de que las obras u otras prestaciones se digitalicen, distribuyan, comuniquen al público o pongan a disposición en Estados miembros distintos de aquel en que se haya concedido la licencia o, en los casos cubiertos por el artículo 7, apartado 1 bis, en que esté establecida la institución de patrimonio cultural, y durante todo el período de vigencia de la licencia.
3.  El portal contemplado en el apartado 2 será creado y gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 386/2012.
3.  El portal contemplado en el apartado 2 será creado y gestionado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 386/2012.
Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
Los Estados miembros garantizarán un diálogo regular entre las organizaciones de usuarios y titulares de derechos representativas, así como con otras organizaciones de partes interesadas pertinentes, con el fin de fomentar sobre una base sectorial la relevancia y facilidad de uso de los mecanismos de concesión de licencias contemplados en el artículo 7, apartado 1, velarán por la eficacia de las salvaguardias para los titulares de los derechos a que se refiere el presente capítulo, especialmente en lo que se refiere a las medidas de publicidad, y, en su caso, prestarán su asistencia en el establecimiento de los requisitos mencionados en el artículo 7, apartado 2, párrafo segundo.
Los Estados miembros garantizarán un diálogo regular entre las organizaciones de usuarios y titulares de derechos representativas, así como con otras organizaciones de partes interesadas pertinentes, con el fin de fomentar sobre una base sectorial la relevancia y facilidad de uso de los mecanismos de concesión de licencias contemplados en el artículo 7, apartado 1, y la excepción recogida en el artículo 7, apartado 1 bis, velarán por la eficacia de las salvaguardias para los titulares de los derechos a que se refiere el presente capítulo, especialmente en lo que se refiere a las medidas de publicidad, y, en su caso, prestarán su asistencia en el establecimiento de los requisitos mencionados en el artículo 7, apartado 2, párrafo segundo.
Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 10
Artículo 10
Artículo 10
Mecanismo de negociación
Mecanismo de negociación
Los Estados miembros velarán por que las partes que deseen suscribir un acuerdo para poner a disposición obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta y se enfrenten a dificultades relacionadas con la concesión de licencias de derechos puedan contar con la asistencia de un organismo imparcial con la experiencia pertinente. Dicho organismo deberá prestar asistencia en las negociaciones y contribuir a la consecución de acuerdos.
Los Estados miembros velarán por que las partes que deseen suscribir un acuerdo para poner a disposición obras audiovisuales en plataformas de vídeo a la carta y se enfrenten a dificultades relacionadas con la concesión de licencias de derechos audiovisuales puedan contar con la asistencia de un organismo imparcial con la experiencia pertinente. El organismo imparcial creado o designado por el Estado miembro a los efectos del presente artículo deberá prestar asistencia a las partes en las negociaciones y ayudarles a la consecución del acuerdo.
A más tardar el [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1], los Estados miembros notificarán a la Comisión el organismo mencionado en el apartado 1.
A más tardar el [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1], los Estados miembros informarán a la Comisión sobre el organismo que creen o designen de conformidad con el párrafo primero.
Con el fin de fomentar la disponibilidad de las obras audiovisuales en las plataformas de vídeo a la carta, los Estados miembros fomentarán el diálogo entre las organizaciones representativas de autores, productores, plataformas de vídeo a la carta y otros agentes pertinentes.
Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Título III – Capítulo 2 bis (nuevo) – Artículo 10 bis (nuevo)
CAPÍTULO 2 bis
Acceso a las publicaciones de la Unión
Artículo 10 bis
Depósito legal en la Unión
1.  Toda publicación electrónica que aborde asuntos relacionados con la Unión, como el Derecho de la Unión, la historia y la integración de la Unión, la política de la Unión y asuntos relacionados con la democracia y cuestiones institucionales y parlamentarias que aborda la Unión, que esté a disposición del público en la Unión será objeto de depósito legal en la Unión.
2.  La Biblioteca del Parlamento Europeo tendrá derecho a recibir, gratuitamente, un ejemplar de cada una de las publicaciones a que se refiere el apartado 1.
3.  La obligación establecida en el apartado 1 se aplicará a los editores, impresores y los importadores de publicaciones de las obras que publiquen, impriman o importen en la Unión.
4.  A partir de la fecha de entrega a la Biblioteca del Parlamento Europeo, las publicaciones a que se refiere el apartado 1 formarán parte de la colección permanente de la Biblioteca del Parlamento Europeo. Estas publicaciones estarán a disposición de los usuarios en los locales de la Biblioteca del Parlamento Europeo, exclusivamente para fines de investigación o estudio por investigadores acreditados y bajo el control de la Biblioteca del Parlamento Europeo.
5.  La Comisión adoptará actos para especificar las modalidades relativas a la entrega a la Biblioteca del Parlamento Europeo de las publicaciones a que se refiere el apartado 1.
Enmiendas 151, 152, 153, 154 y 155
Propuesta de Directiva
Artículo 11
Artículo 11
Artículo 11
Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales
Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales
1.  Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de prensa los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE para el uso digital de sus publicaciones de prensa.
1.  Los Estados miembros reconocerán a las editoriales de publicaciones de prensa los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE, de manera que puedan obtener una remuneración justa y proporcionada por el uso digital de sus publicaciones de prensa por proveedores de servicios de la sociedad de la información.
1 bis.   Los derechos a que se refiere el apartado 1 no serán un obstáculo para el uso privado legítimo y no comercial de las publicaciones de prensa por parte de los usuarios individuales.
2.  Los derechos contemplados en el apartado 1 no modificarán en absoluto ni afectarán en modo alguno a los derechos que la normativa de la Unión establece para los autores y otros titulares de derechos, en relación con las obras y otras prestaciones incorporadas a una publicación de prensa. Tales derechos no podrán invocarse frente a los autores y otros titulares de derechos y, en particular, no podrán privarles del derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de prensa a la que se incorporen.
2.  Los derechos contemplados en el apartado 1 no modificarán en absoluto ni afectarán en modo alguno a los derechos que la normativa de la Unión establece para los autores y otros titulares de derechos, en relación con las obras y otras prestaciones incorporadas a una publicación de prensa. Tales derechos no podrán invocarse frente a los autores y otros titulares de derechos y, en particular, no podrán privarles del derecho a explotar sus obras y otras prestaciones con independencia de la publicación de prensa a la que se incorporen.
2 bis.   Los derechos a que se refiere el apartado 1 no se extenderán a simples hipervínculos que vayan acompañados de palabras sueltas.
3.  Se aplicarán mutatis mutandis los artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE y de la Directiva 2012/28/UE en lo que respecta a los derechos mencionados en el apartado 1.
3.  Se aplicarán mutatis mutandis los artículos 5 a 8 de la Directiva 2001/29/CE y de la Directiva 2012/28/UE en lo que respecta a los derechos mencionados en el apartado 1.
4.  Los derechos contemplados en el apartado 1 expirarán a los veinte años de la aparición en la publicación de prensa. Este plazo se calculará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a la fecha de publicación.
4.  Los derechos contemplados en el apartado 1 expirarán a los cinco años de la aparición en la publicación de prensa. Este plazo se calculará a partir del primer día del mes de enero del año siguiente a la fecha de publicación. El derecho a que se refiere el apartado 1 no se aplicará con efecto retroactivo.
4 bis.   Los Estados miembros se asegurarán de que los autores reciban una parte adecuada de los ingresos adicionales obtenidos por las editoriales de prensa por la utilización de publicaciones de prensa por proveedores de servicios de la sociedad de la información.
Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 12
Artículo 12
Artículo 12
Reclamaciones de indemnización justa
Reclamaciones de indemnización justa
Los Estados miembros podrán establecer que, cuando un autor haya cedido o concedido una licencia de un derecho a una editorial, tal cesión o licencia constituye una base jurídica suficiente para que la editorial reclame una parte de la indemnización por los usos de la obra que hayan tenido lugar en el marco de una excepción o limitación del derecho cedido u objeto de licencia.
Los Estados miembros que cuenten con sistemas de compartición de indemnizaciones entre autores y editoriales para excepciones y limitaciones podrán establecer que, cuando un autor haya cedido o concedido una licencia de un derecho a una editorial, tal cesión o licencia constituye una base jurídica suficiente para que la editorial reclame una parte de la indemnización por los usos de la obra que hayan tenido lugar en el marco de una excepción o limitación del derecho cedido u objeto de licencia, siempre que el Estado miembro de que se trate contara con un sistema de compartición de indemnizaciones equivalente operativo antes del 12 de noviembre de 2015.
El párrafo primero no afectará a las disposiciones que existen en los Estados miembros en materia de derecho de préstamo al público, gestión de derechos no basada en excepciones o limitaciones a los derechos de autor, como los sistemas de licencia colectiva ampliada, o por lo que se refiere a derechos de remuneración basados en el Derecho nacional.
Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Título IV – Capítulo 1 bis (nuevo) – Artículo 12 bis (nuevo)
CAPÍTULO 1 bis
Protección de los organizadores de acontecimientos deportivos
Artículo 12 bis
Protección de los organizadores de acontecimientos deportivos
Los Estados miembros reconocerán a los organizadores de acontecimientos deportivos los derechos previstos en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2001/29/CE y en el artículo 7 de la Directiva 2006/115/CE.
Enmiendas 156, 157, 158, 159, 160 y 161
Propuesta de Directiva
Artículo 13
Artículo 13
Artículo 13
Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios
Uso de contenidos protegidos por parte de proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea que almacenen y faciliten acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios
1.  Los proveedores de servicios de la sociedad de la información que almacenen y faciliten acceso público a grandes cantidades de obras u otras prestaciones cargadas por sus usuarios adoptarán, en cooperación con los titulares de derechos, las medidas pertinentes para asegurar el correcto funcionamiento de los acuerdos celebrados con los titulares de derechos para el uso de sus obras u otras prestaciones o para impedir que estén disponibles en sus servicios obras u otras prestaciones identificadas por los titulares de los derechos en cooperación con los proveedores de servicios. Esas medidas, como el uso de técnicas efectivas de reconocimiento de contenidos, serán adecuadas y proporcionadas. Los proveedores de servicios proporcionarán a los titulares de derechos información adecuada sobre el funcionamiento y el despliegue de las medidas, así como, en su caso, información adecuada sobre el reconocimiento y uso de las obras y otras prestaciones.
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29/CE, los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea realizan un acto de comunicación al público. Como consecuencia de ello, celebrarán acuerdos de licencia justos y adecuados con los titulares de derechos.
2.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso a los que puedan acceder los usuarios en caso de litigio sobre la aplicación de las medidas a que se refiere el apartado 1.
2.  Los acuerdos de licencia celebrados con titulares de derechos por proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea para los actos de comunicación a los que se refiere el apartado 1 cubrirán la responsabilidad de las obras cargadas por los usuarios de los citados servicios con arreglo a las condiciones establecidas en el acuerdo de licencia, siempre que dichos usuarios no actúen con fines comerciales.
2 bis.   Los Estados miembros dispondrán que, en los casos en que los titulares de derechos no deseen celebrar acuerdos de licencias, los proveedores de servicios y los titulares deban cooperar de buena fe para garantizar que las obras o demás prestaciones protegidas no autorizadas no se encuentren disponibles dentro de sus servicios. La cooperación entre los proveedores de servicios de contenidos en línea y los titulares de derechos no debe impedir, sin embargo, que estén disponibles obras u otras prestaciones cargadas por los usuarios que no infrinjan los derechos de autor, incluidas las cubiertas por una excepción o limitación al derecho de autor.
2 ter.   Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea contemplados en el apartado 1 implanten mecanismos de reclamación y recurso ágiles y eficaces a los que puedan acceder los usuarios en caso de que la cooperación contemplada en el apartado 2 bis se traduzca en una retirada injustificada de sus contenidos. Toda reclamación presentada en el marco de dichos mecanismos se tramitará sin demoras injustificadas y será objeto de revisión humana. Los titulares de derechos justificarán razonablemente sus decisiones a fin de evitar la desestimación arbitraria de reclamaciones. Por otra parte, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y el Reglamento general de protección de datos, la cooperación no debe conllevar la identificación de los usuarios individuales ni el tratamiento de sus datos personales. Los Estados miembros garantizarán además que los usuarios tengan acceso a un órgano independiente de resolución de litigios así como a un tribunal o a otra autoridad judicial pertinente a fin de hacer valer el uso de una excepción o limitación a las normas en materia de derechos de autor.
3.  Los Estados miembros facilitarán, cuando proceda, la cooperación entre los proveedores de servicios de la sociedad de la información y los titulares de derechos a través de diálogos entre las partes interesadas para determinar las mejores prácticas como, por ejemplo, las técnicas de reconocimiento de contenidos adecuadas y proporcionadas, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los servicios, la disponibilidad de las tecnologías y su eficacia a la luz de la evolución tecnológica.
3.  A partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión y los Estados miembros organizarán diálogos entre las partes interesadas para armonizar y determinar las mejores prácticas y formular orientaciones para garantizar el funcionamiento de los acuerdos de licencia y sobre cooperación entre los proveedores de servicios de intercambio de contenidos en línea y los titulares de derechos para la utilización de sus obras u otras prestaciones en el sentido de la presente Directiva. A la hora de definir las mejores prácticas se tendrán especialmente en cuenta los derechos fundamentales y el uso de excepciones y limitaciones, y se garantizará que la carga que soportan las pymes sea la adecuada y se evite el bloqueo automático de contenidos.
Enmiendas 78 y 252
Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)
Artículo 13 bis
Los Estados miembros establecerán que las diferencias entre los titulares de derechos y los servicios de la sociedad de la información en lo concerniente a la aplicación del artículo 13, apartado 1, puedan someterse a un sistema alternativo de resolución de litigios.
Los Estados miembros crearán o designarán un organismo imparcial y dotado de la experiencia necesaria para ayudar a las partes a resolver sus diferencias en relación con dicho sistema.
A más tardar (fecha indicada en el artículo 21, apartado 1), los Estados miembros informarán a la Comisión de la creación de dicho organismo.
Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 13 ter (nuevo)
Artículo 13 ter
Uso de contenidos protegidos por parte de servicios de la sociedad de la información que ofrecen una referenciación automática de las imágenes
Los Estados miembros garantizarán que los proveedores de servicios de la sociedad de la información que reproduzcan o referencien de forma a utomática cantidades significativas de obras visuales protegidas por derechos de autor con el fin de indexarlas o referenciarlas celebren acuerdos de licencia equitativos y equilibrados con todos los titulares de derechos demandantes con el fin de garantizar la remuneración equitativa de los mismos. Dicha remuneración podrá ser gestionada por la entidad de gestión colectiva de los titulares de derechos de que se trate.
Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – Artículo -14 (nuevo)
Artículo -14
Principio de remuneración justa y proporcionada
1.  Los Estados miembros velarán por que los autores y artistas intérpretes o ejecutantes perciban una remuneración justa y proporcionada por la explotación de sus obras y otras prestaciones, incluida su explotación en línea. Podrá lograrse en cada sector a través de una combinación de acuerdos, incluidos acuerdos de negociación colectiva, y mecanismos legales de remuneración.
2.  El apartado 1 no se aplicará cuando el autor o el artista intérprete o ejecutante conceda un derecho no exclusivo en beneficio de todos los usuarios de manera gratuita.
3.  Los Estados miembros tendrán en cuenta las particularidades de cada sector a la hora de fomentar la remuneración proporcionada de los derechos concedidos por los autores y artistas intérpretes o ejecutantes.
4.  Los contratos especificarán la remuneración aplicable en cada modo de explotación.
Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 14
Artículo 14
Artículo 14
Obligación de transparencia
Obligación de transparencia
1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes reciban periódicamente, teniendo en cuenta las características específicas de cada sector, información oportuna, adecuada y suficiente sobre la explotación de sus obras e interpretaciones por parte de aquellos a quienes hayan concedido licencias o cedido sus derechos, especialmente en lo que se refiere a los modos de explotación, los ingresos generados y la remuneración correspondiente.
1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes reciban periódicamente, por lo menos una vez al año, teniendo en cuenta las características específicas de cada sector y la importancia relativa de cada contribución individual, información oportuna, precisa, pertinente y exhaustiva sobre la explotación de sus obras e interpretaciones por parte de aquellos a quienes hayan concedido licencias o cedido sus derechos, especialmente en lo que se refiere a los modos de explotación, los ingresos directos e indirectos generados y la remuneración correspondiente.
1 bis.  Los Estados miembros se asegurarán de que, cuando los licenciatarios o cesionarios de los derechos de autores y artistas intérpretes o ejecutantes cedan posteriormente estos derechos a otra parte, esta comparta con el licenciatario o concesionario toda la información a que se hace referencia en el apartado 1.
El licenciatario o cesionario principal transmitirá toda la información a que se hace referencia en el párrafo primero relativa al autor o artista intérprete o ejecutante. Esta información se mantendrá sin cambios, excepto en caso de información sensible desde un punto de vista comercial tal como se define en el Derecho de la Unión o nacional, que, sin perjuicio de los artículos 15 y 16 bis, puede estar sujeta a un acuerdo de confidencialidad a fin de preservar la competencia leal. Si el licenciatario o cesionario principal no facilita la información tal como se prevé en el presente párrafo en tiempo oportuno, el autor o el artista intérprete o ejecutante tendrá derecho a solicitar tal información directamente al sublicenciatario.
2.  La obligación prevista en el apartado 1 será proporcionada y efectiva y garantizará un nivel adecuado de transparencia en cada sector. No obstante, en los casos en que la carga administrativa derivada de la obligación sea desproporcionada en relación con los ingresos generados por la explotación de la obra o interpretación, los Estados miembros podrán adaptar la obligación prevista en el apartado 1, siempre que la obligación siga existiendo y asegure un nivel adecuado de transparencia.
2.  La obligación prevista en el apartado 1 será proporcionada y efectiva y garantizará un elevado nivel de transparencia en cada sector. No obstante, en los casos en que la carga administrativa derivada de la obligación sea desproporcionada en relación con los ingresos generados por la explotación de la obra o interpretación, los Estados miembros podrán adaptar la obligación prevista en el apartado 1, siempre que la obligación siga existiendo y asegure un nivel elevado de transparencia.
3.  Los Estados miembros podrán decidir que la obligación prevista en el apartado 1 no sea aplicable cuando la contribución del autor o artista intérprete o ejecutante no sea significativa en relación con la obra o interpretación en su conjunto.
4.  El apartado 1 no será aplicable a las entidades sujetas a las obligaciones de transparencia previstas en la Directiva 2014/26/UE.
4.  El apartado 1 no será aplicable a las entidades sujetas a las obligaciones de transparencia previstas en la Directiva 2014/26/UE ni a acuerdos de negociación colectiva si tales obligaciones o acuerdos prevén requisitos de transparencia similares a los incluidos en el apartado 2.
Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1
Los Estados miembros velarán por que los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes tengan derecho a solicitar una remuneración adecuada a la parte con la que hayan suscrito un contrato para la explotación de los derechos en caso de que la remuneración inicialmente pactada sea desproporcionadamente baja en comparación con las ingresos y beneficios subsiguientes derivados de la explotación de las obras o interpretaciones.
Los Estados miembros velarán por que, de no existir acuerdos de negociación colectiva que prevean un mecanismo similar, los autores y los artistas intérpretes o ejecutantes o cualquier organismo de representación que actúe en su nombre tengan derecho a reclamar una remuneración adecuada y justa a la parte con la que hayan suscrito un contrato para la explotación de los derechos en caso de que la remuneración inicialmente pactada sea desproporcionadamente baja en comparación con los ingresos y beneficios subsiguientes, directos o indirectos, derivados de la explotación de las obras o interpretaciones.
Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1
Los Estados miembros dispondrán que los litigios relativos a la obligación de transparencia prevista en el artículo 14 y el mecanismo de adaptación de contratos establecido en el artículo 15 puedan someterse a un procedimiento alternativo de resolución de litigios de carácter voluntario.
Los Estados miembros dispondrán que los litigios relativos a la obligación de transparencia prevista en el artículo 14 y el mecanismo de adaptación de contratos establecido en el artículo 15 puedan someterse a un procedimiento alternativo de resolución de litigios de carácter voluntario. Los Estados miembros garantizarán que los organismos que representan a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes puedan iniciar tales procedimientos a petición de uno o varios autores o artistas intérpretes o ejecutantes.
Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 16 bis (nuevo)
Artículo 16 bis
Derecho de revocación
1.  Los Estados miembros garantizarán que, cuando un autor o artista intérprete o ejecutante haya cedido o concedido licencias de sus derechos relativos a una obra u otras prestaciones protegidas de forma exclusiva, el autor o el artista intérprete o ejecutante tendrá el derecho de revocación en caso de que no se explote la obra u otra prestación protegida o de que se incumpla continuamente la obligación de información periódica con arreglo al artículo 14. Los Estados miembros podrán establecer disposiciones específicas que tengan en cuenta las particularidades de los distintos sectores y obras, y un período de explotación previsto, y especialmente fijar límites temporales para el derecho de revocación.
2.  El derecho de revocación previsto en el apartado 1 podrá ejercerse solo tras un plazo razonable a partir de la celebración del acuerdo de licencia o cesión, y solo mediante notificación escrita que fije una fecha límite adecuada en la cual a más tardar debe producirse la explotación de los derechos cedidos u objeto de licencia. Tras superarse tal plazo, el autor o el artista intérprete o ejecutante podrá decidir poner fin a la exclusividad del contrato en lugar de revocar los derechos. Si una obra u otra prestación incluye la contribución de varios autores o artistas intérpretes o ejecutantes, el ejercicio del derecho individual de revocación de tales autores o artistas intérpretes o ejecutantes se regulará mediante el Derecho nacional, en la que se fijarán las normas sobre el derecho de revocación para obras colectivas, tomando en consideración la importancia relativa de las contribuciones individuales.
3.  Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si el no ejercicio de estos derechos se debe principalmente a circunstancias que cabe razonablemente esperar que el autor o el artista intérprete o ejecutante pueden solucionar.
4.  Los acuerdos contractuales o de otro tipo que deroguen el derecho de revocación solo serán lícitos si se han celebrado mediante un acuerdo basado en un acuerdo de negociación colectiva.
Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 17 bis (nuevo)
Artículo 17 bis
Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en vigor disposiciones más amplias, compatibles con las excepciones y limitaciones previstas en el Derecho de la Unión, con fines cubiertos por las excepciones o limitaciones dispuestas en la presente Directiva.
Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2
2.   Las disposiciones del artículo 11 se aplicarán también a las publicaciones de prensa publicadas antes del [fecha mencionada en el artículo 21, apartado 1].
suprimido

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0245/2018).


Controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión ***I
PDF 123kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0825),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0001/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las contribuciones presentadas por la Cámara de Diputados checa y las Cortes Generales españolas sobre el proyecto de acto legislativo,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 27 de abril de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por las comisiones competentes con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de junio de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0394/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1889/2005

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1672.)

(1) DO C 246 de 28.7.2017, p. 22.


Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal ***I
PDF 122kWORD 44k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0826),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 83, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0534/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las contribuciones presentadas por la Cámara de Diputados checa, el Senado checo y el Parlamento español sobre el proyecto de acto legislativo,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de junio de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0405/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2018/1673.)


La situación en Hungría
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Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión (2017/2131(INL))
P8_TA(2018)0340A8-0250/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 2 y su artículo 7, apartado 1,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y sus protocolos,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

–  Vistos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, como la Carta Social Europea y el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista su Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre la situación en Hungría(1),

–  Vistas sus Resoluciones de 16 de diciembre de 2015(2) y 10 de junio de 2015(3) sobre la situación en Hungría,

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2013, sobre la situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012)(4),

–  Vistas sus Resoluciones de 16 de febrero de 2012, sobre los recientes acontecimientos políticos en Hungría(5), y de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara(6),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(7),

–  Vista su Resolución legislativa, de 20 de abril de 2004, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea: Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de octubre de 2003, sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea titulada «Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión»(9),

–  Vistos los informes anuales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),

–  Vistos los artículos 45, 52 y 83 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0250/2018),

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, tal como establece el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y como se refleja en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se consagra en los tratados internacionales de derechos humanos, y que estos valores, que son comunes a los Estados miembros y han sido suscritos libremente por estos últimos, constituyen el fundamento de los derechos de que disfrutan los habitantes de la Unión;

B.  Considerando que la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores a que se refiere el artículo 2 del TUE no afecta únicamente al Estado miembro concreto en el que se materializa el riesgo, sino que repercute también en los demás Estados miembros, en la confianza mutua entre ellos, en la propia naturaleza de la Unión y en los derechos fundamentales de sus ciudadanos recogidos en el Derecho de la Unión;

C.  Considerando que, tal y como se recoge en la Comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del TUE, el ámbito de aplicación del artículo 7 del TUE no se limita a las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, como ocurre con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que la Unión puede evaluar la existencia de un riesgo claro de violación grave de los valores comunes en ámbitos que son competencia de los Estados miembros;

D.  Considerando que el artículo 7, apartado 1, del TUE establece una fase preventiva que dota a la Unión de la capacidad para intervenir en caso de riesgo claro de violación grave de los valores comunes; que dicha acción preventiva prevé un diálogo con el Estado miembro afectado y tiene por objetivo evitar posibles sanciones;

E.  Considerando que, si bien las autoridades húngaras han estado siempre dispuestas a debatir sobre la legalidad de cualquier medida concreta, no se ha hecho frente a la situación y sigue habiendo numerosos motivos de preocupación que repercuten negativamente en la imagen de la Unión así como en su eficacia y credibilidad en la defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos y la democracia a escala global, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordarlas mediante una acción concertada de la Unión;

1.  Señala que el Parlamento considera preocupantes los siguientes aspectos:

   el funcionamiento del sistema constitucional y electoral;
   la independencia del poder judicial y de otras instituciones y los derechos de los jueces;
   la corrupción y los conflictos de intereses;
   la protección de datos y de la intimidad;
   la libertad de expresión;
   la libertad de cátedra;
   la libertad de religión;
   la libertad de asociación;
   el derecho a la igualdad de trato;
   los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluida la población romaní y los judíos, así como la protección frente a los mensajes de odio contra esas minorías;
   los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados;
   los derechos económicos y sociales

2.  Opina que los hechos y las tendencias que se mencionan en el anexo a la presente Resolución, considerados en su conjunto, representan una amenaza sistémica a los valores del artículo 2 del TUE y entrañan un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el mismo;

3.  Toma nota del resultado de las elecciones parlamentarias de Hungría celebradas el 8 de abril de 2018; pone de relieve que todo Gobierno húngaro es responsable de la eliminación del riesgo de violación grave de los valores del artículo 2 del TUE, aun cuando dicho riesgo sea una consecuencia, que se prolonga en el tiempo, de decisiones políticas sugeridas o aprobadas por gobiernos anteriores;

4.  Presenta por tanto al Consejo, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, la propuesta motivada anexa, invitándolo a determinar si existe un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE, y a dirigir recomendaciones adecuadas a Hungría a este respecto;

5.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y la propuesta motivada de Decisión del Consejo anexa a ella al Consejo, a la Comisión a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, de la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 7, apartado 1,

Vista la propuesta motivada del Parlamento Europeo,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1)  La Unión se fundamenta en los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), comunes a todos los Estados miembros, entre los que figura el respeto de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Con arreglo al artículo 49 del TUE, la adhesión a la Unión requiere el respeto y la promoción de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE.

(2)  La adhesión de Hungría a la Unión fue un acto voluntario basado en una decisión soberana y contó con un amplio consenso de todo el espectro político húngaro.

(3)  En su propuesta motivada, el Parlamento Europeo expone sus reservas con respecto a la situación en Hungría. En particular, los principales motivos de inquietud son el funcionamiento de los sistemas constitucional y electoral, la independencia del poder judicial y de otras instituciones, los derechos de los jueces, la corrupción y los conflictos de interés, la protección de datos y de la intimidad, la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de religión, la libertad de asociación, el derecho a la igualdad de trato, los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluida la población romaní y los judíos, y la protección frente a los mensajes de odio contra esas minorías, los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y los derechos económicos y sociales.

(4)  El Parlamento Europeo también ha señalado que las autoridades húngaras han estado siempre dispuestas a debatir sobre la legalidad de cualquier medida concreta pero que no han adoptado todas las medidas recomendadas en sus resoluciones anteriores.

(5)  En su Resolución, de 17 de mayo de 2017, sobre la situación en Hungría, el Parlamento Europeo afirmaba que la situación actual en Hungría constituye un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y justifica la puesta en marcha del procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 1, del TUE.

(6)  En su Comunicación de 2003 sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, la Comisión enumeraba numerosas fuentes de información que deben tenerse en cuenta al controlar el respeto y la promoción de los valores comunes, como los informes de las organizaciones internacionales, los informes de las ONG y la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales regionales e internacionales. Un gran número de agentes nacionales, europeos e internacionales han expresado su profunda inquietud por la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Hungría, entre los que figuran el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Naciones Unidas, así como numerosas organizaciones de la sociedad civil, pero estas deben considerarse opiniones no vinculantes, puesto que solo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede interpretar las disposiciones de los Tratados.

Funcionamiento del sistema constitucional y electoral

(7)  La Comisión de Venecia ha manifestado en varias ocasiones sus reservas relativas al proceso de redacción de la Constitución en Hungría, por lo que respecta tanto a la Ley Fundamental como a las enmiendas a esta. Ha acogido con satisfacción que la Ley Fundamental establezca un orden constitucional basado en la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales como principios de base, y ha reconocido los esfuerzos por establecer un orden constitucional coherente con los valores y los criterios democráticos europeos y por regular los derechos y las libertades fundamentales de forma que se cumplan los instrumentos internacionales vinculantes. Las críticas se han centrado en la falta de transparencia del proceso, la insuficiente participación de la sociedad civil, la inexistencia de una verdadera consulta, el riesgo para la separación de poderes, y el debilitamiento del sistema nacional de contrapoderes institucionales.

(8)  A raíz de la reforma constitucional se han limitado las competencias del Tribunal Constitucional de Hungría, entre otros aspectos en lo relativo a los asuntos presupuestarios, la supresión de la actio popularis, la posibilidad de que el Tribunal se remita a su jurisprudencia anterior al 1 de enero de 2012, y la limitación de la capacidad del Tribunal para revisar la constitucionalidad de cualquier modificación de la Ley Fundamental con la excepción de las modificaciones de carácter puramente procedimental. La Comisión de Venecia manifestó su honda preocupación ante esas limitaciones y el procedimiento de nombramiento de jueces, y formuló recomendaciones a las autoridades húngaras para que garantizaran los contrapoderes institucionales necesarios en su dictamen relativo a la Ley CLI de 2011 sobre el Tribunal Constitucional de Hungría, adoptado el 19 de junio de 2012, y en su dictamen relativo a la cuarta enmienda de la Ley Fundamental de Hungría, adoptado el 17 de junio de 2013. En sus dictámenes, la Comisión de Venecia también identificó varios elementos positivos de las reformas, como las disposiciones sobre garantías presupuestarias, la imposibilidad de la reelección de los jueces y la atribución al comisario de Derechos Fundamentales del derecho a iniciar procedimientos de revisión ex post.

(9)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por el hecho de que el procedimiento del recurso de inconstitucionalidad vigente consienta un acceso más limitado al Tribunal Constitucional, no prevea un plazo para llevar a cabo un examen de constitucionalidad y no tenga efectos suspensivos sobre los actos legislativos impugnados. También se señaló que las disposiciones de la nueva Ley sobre el Tribunal Constitucional debilitan la seguridad del mandato de los jueces y refuerzan la influencia del Gobierno en la composición y el funcionamiento del Tribunal Constitucional al modificar el procedimiento de los nombramientos judiciales, el número de jueces del Tribunal y su edad de jubilación. El Comité también manifestó su preocupación por la limitación de las competencias y las facultades del Tribunal Constitucional para revisar la legislación con repercusiones presupuestarias.

(10)  En su informe adoptado el 27 de junio de 2018, la misión de observación electoral limitada de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE declaró que, desde un punto de vista técnico, las elecciones fueron profesionales y transparentes y que, en términos generales, se respetaron los derechos y libertades fundamentales, si bien se ejercieron en un clima adverso. La administración electoral cumplió su mandato de manera profesional y transparente y gozó de la confianza general de las partes interesadas y fue considerada, en general, como imparcial. La campaña fue animada pero una retórica de campaña hostil e intimidatoria limitó el margen para celebrar un debate a fondo y redujo la capacidad de los votantes para realizar una elección con conocimiento de causa. El objetivo de la financiación de la campaña electoral con fondos públicos y la imposición de límites máximos en relación con los gastos fue garantizar la igualdad de oportunidades a todos los candidatos. Sin embargo, la capacidad de los candidatos de competir en igualdad de condiciones se vio seriamente comprometida por el gasto excesivo del gobierno en campañas públicas de publicidad que amplificaban el mensaje de la campaña de la coalición en el poder. Al no existir requisitos en materia de divulgación de información hasta después de las elecciones, los votantes se vieron privados de hecho de información sobre la financiación de la campaña, que es un elemento clave para poder elegir con conocimiento de causa. La misión de observación electoral también manifestó su preocupación por la delimitación de las circunscripciones uninominales. También se expresó una inquietud similar en el dictamen conjunto, de 18 de junio de 2012, relativo a la Ley sobre las elecciones de los diputados al Parlamento de Hungría, adoptado por la Comisión de Venecia y el Consejo para Elecciones Democráticas, en el que se señalaba que la delimitación de las circunscripciones debe realizarse de modo transparente y profesional sobre la base de un proceso imparcial y no partidista, es decir, evitando objetivos políticos a corto plazo (la manipulación de la delimitación de dichas circunscripciones).

(11)  En los últimos años, el Gobierno húngaro ha recurrido en muchas ocasiones a las consultas nacionales, ampliando la democracia directa a escala nacional. El 27 de abril de 2017, la Comisión indicó que la consulta nacional «Paremos a Bruselas» contenía varias pretensiones y alegaciones materialmente incorrectas o extremadamente engañosas. En mayo de 2015, el Gobierno húngaro también celebró consultas sobre inmigración y terrorismo y en octubre de 2017 contra el supuesto «plan Soros». Estas consultas establecían paralelismos entre terrorismo y migración e inducían al odio hacia los migrantes y estaban dirigidas, en particular, contra George Soros y la Unión.

Independencia del poder judicial y de otras instituciones y derechos de los jueces

(12)  Como consecuencia de los profundos cambios introducidos en el marco jurídico en 2011, se han conferido amplios poderes al presidente de la Oficina Nacional de Justicia, de reciente creación. La Comisión de Venecia criticó esos amplios poderes en su dictamen relativo a la Ley CLXII de 2011 sobre el estatuto jurídico y la remuneración de los jueces y la Ley CLXI de 2011 sobre la organización y la administración de los tribunales en Hungría, adoptado el 19 de marzo de 2012, y en su dictamen relativo a las leyes orgánicas sobre el poder judicial, adoptado el 15 de octubre de 2012. También expresó reservas similares, el 29 de febrero de 2012 y el 3 de julio de 2013, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, así como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) en su informe de 27 de marzo de 2015. Todos estos agentes han hecho hincapié en la necesidad de reforzar la función del órgano colectivo, el Consejo Nacional del Poder Judicial, como órgano de supervisión, dado que el presidente de la Oficina Nacional de Justicia, elegido por el Parlamento húngaro, no puede considerarse un organismo de autogobierno del poder judicial. A raíz de diversas recomendaciones internacionales se modificó el estatuto del presidente de la Oficina Nacional de Justicia y se limitaron las facultades del presidente para garantizar un mejor equilibrio entre el presidente y el Consejo Nacional del Poder Judicial.

(13)  Desde 2012, Hungría ha adoptado medidas decididas para transferir determinadas funciones del presidente de la Oficina Nacional de Justicia al Consejo Nacional del Poder Judicial con el fin de mejorar el equilibrio entre ambos órganos. No obstante, es preciso seguir avanzando. En su informe de 27 de marzo de 2015, GRECO pidió que se minimizaran los riesgos potenciales de las decisiones discrecionales del presidente de la Oficina Nacional de Justicia. Entre otros aspectos, el presidente de la Oficina Nacional de Justicia es competente para transferir y asignar jueces e interviene en la disciplina judicial. Asimismo, formula recomendaciones al presidente de Hungría sobre el nombramiento o la destitución de presidentes de tribunales, incluidos los presidentes y vicepresidentes de los tribunales de apelación. El GRECO ha mostrado su satisfacción con el Código deontológico para los jueces adoptado recientemente, pero ha considerado que podría ser más explícito e ir acompañado de una formación interna. El informe del GRECO también reconocía las modificaciones introducidas en lo que respecta a las normas relativas a los procedimientos de selección y contratación judicial entre 2012 y 2014 en Hungría, que reforzaron el papel de supervisión del Consejo Nacional del Poder Judicial en el proceso de selección. El 2 de mayo de 2018, el Consejo Nacional del Poder Judicial celebró una sesión en la que se adoptaron por unanimidad decisiones relativas a la práctica seguida por el presidente de la Oficina Nacional de Justicia por la que declaraba no seleccionadas candidaturas para los cargos judiciales y de rango superior. Estas decisiones concluyeron que la práctica llevada a cabo por el presidente era ilegal.

(14)  El 29 de mayo de 2018, el Gobierno húngaro presentó el proyecto relativo a la séptima modificación de la Ley Fundamental (T/332), que se adoptó el 20 de junio de 2018. Este proyecto introdujo un nuevo sistema de tribunales administrativos.

(15)  A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el «Tribunal de Justicia»), de 6 de noviembre de 2012, en el asunto C-286/12, Comisión/Hungría(10), que afirma que, al adoptar un régimen nacional que obliga a cesar en su actividad profesional a los jueces, fiscales y notarios que han alcanzado la edad de 62 años, Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, el Parlamento húngaro aprobó la Ley XX de 2013 que prevé la prolongación gradual de la edad de jubilación de la magistratura hasta los 65 años, a lo largo de un período de diez años, y establece los criterios para la reincorporación o la compensación. Según la Ley, existía la posibilidad de que los jueces cesados se reincorporasen a los puestos que ocupaban con anterioridad en el mismo tribunal y en las mismas condiciones que antes de la adopción de la normativa sobre jubilación o, en caso de no estar dispuestos a ocupar de nuevo el puesto, de que recibiesen una compensación a tanto alzado de doce meses equivalente a la remuneración que no hubiesen recibido y que pudiesen solicitar una compensación adicional ante el tribunal, pero no se garantizaba la reincorporación a altos cargos de la administración. No obstante, la Comisión reconoció las medidas adoptadas por Hungría para hacer que su Ley de jubilación fuese compatible con el Derecho de la Unión. En su informe de octubre de 2015, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de la Abogacía afirmó que la mayoría de los jueces destituidos no han vuelto a los puestos que ocupaban anteriormente, en algunos casos por que estos puestos ya estaban ocupados. También mencionó que no puede garantizarse la independencia y la imparcialidad del poder judicial húngaro y que el Estado de Derecho sigue siendo débil.

(16)  En su sentencia de 16 de julio de 2015, Gazsó/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) afirmó que se había producido una violación del derecho a un juicio justo y del derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegó a la conclusión de que esas violaciones se derivaban de la incapacidad reiterada de Hungría para garantizar que los procesos para la determinación de los derechos y obligaciones civiles concluyan dentro de plazos razonables y para adoptar medidas que permitan a los solicitantes reclamar por los procesos civiles excesivamente largos a escala nacional. La ejecución de esta sentencia sigue pendiente. El nuevo Código Civil adoptado en 2016 prevé la aceleración de los procesos civiles mediante la introducción de un procedimiento en dos fases. Hungría ha informado al Comité de Ministros del Consejo de Europa de que en octubre de 2018 se adoptará la nueva ley por la que se establece un recurso efectivo para los procedimientos prolongados.

(17)  En su sentencia de 23 de junio de 2016, Baka/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que se había producido una violación del derecho de acceder a un tribunal y de la libertad de expresión de András Baka, que en junio de 2009 fue elegido presidente del Tribunal Supremo para un mandato de seis años pero perdió su puesto con arreglo a las disposiciones provisionales de la Ley Fundamental, que establecen que la Curia es la sucesora legal del Tribunal Supremo. La ejecución de esta sentencia sigue pendiente. El 10 de marzo de 2017, el Comité de Ministros del Consejo de Europa solicitó la adopción de medidas para impedir otras destituciones prematuras de jueces por motivos similares y para prevenir abusos al respecto. El Gobierno húngaro observó que estas medidas no están relacionadas con la ejecución de la sentencia.

(18)  El 29 de septiembre de 2008, András Jóri fue nombrado comisario encargado de la protección de datos para un mandato de seis años. Sin embargo, el Parlamento húngaro decidió reformar el sistema de protección de datos con efectos a partir del 1 de enero de 2012 y sustituir al comisario por una Autoridad Nacional de Protección de Datos y Libertad de Información. El Sr. Jóri tuvo que dejar su cargo antes de que expirara su mandato. El 8 de abril de 2014, el Tribunal de Justicia afirmó que la independencia de las autoridades de supervisión incluye forzosamente la obligación de permitirles que completen su mandato y que Hungría había incumplido sus obligaciones en virtud de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11). Hungría modificó la normativa relativa al nombramiento del comisario, presentó una disculpa y abonó el importe acordado en concepto de compensación.

(19)  La Comisión de Venecia detectó varias carencias en su dictamen relativo a la Ley CLXIII de 2011 sobre la Fiscalía y la Ley CLXIV de 2011 sobre el estatuto del fiscal general, los fiscales y otros empleados de la Fiscalía y la carrera fiscal en Hungría, adoptado el 19 de junio de 2012. En su informe de 27 de marzo de 2015, el GRECO instó a las autoridades húngaras a que adoptaran medidas adicionales para prevenir los abusos y reforzar la independencia de la Fiscalía procediendo, en particular, a suprimir la posibilidad de reelección del fiscal general. Por otra parte, el GRECO pidió que se reforzara la transparencia de los procedimientos disciplinarios contra los fiscales ordinarios y que las decisiones de transferir asuntos de un fiscal a otro se guiaran por criterios y justificaciones estrictamente jurídicos. Según el Gobierno húngaro, el Informe de conformidad del GRECO de 2017 reconocía los progresos realizados por Hungría en relación con los fiscales (la publicación todavía no ha sido autorizada por las autoridades húngaras, a pesar de las peticiones formuladas por las sesiones plenarias del GRECO). El segundo Informe de conformidad sigue pendiente.

Corrupción y conflictos de intereses

(20)  En su informe de 27 de marzo de 2015, GRECO solicitó la elaboración de códigos de conducta para los diputados al Parlamento húngaro que incluyeran orientaciones para los casos de conflictos de intereses. Por otra parte, los diputados también deben estar obligados a notificar los conflictos de intereses que surjan de forma ad hoc, obligación que debe ir acompañada de otra más firme de presentar declaraciones de bienes. También ha de ir acompañada de disposiciones que prevean sanciones en caso de presentación de declaraciones de bienes inexactas. Además, las declaraciones de bienes deben publicarse en línea para permitir una verdadera supervisión popular y debe crearse una base de datos electrónica normalizada para que todas las declaraciones y sus modificaciones sean accesibles de forma transparente.

(21)  En su informe adoptado el 27 de junio de 2018, la misión de observación electoral limitada de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE llegó a la conclusión de que el escaso control de los gastos de la campaña y la inexistencia de informes exhaustivos sobre las fuentes de los fondos de la campaña socavan hasta después de la celebración de las elecciones mina la transparencia de las finanzas de la campaña y la capacidad de los electores para decidir con conocimiento de causa, lo cual es contrario a las obligaciones y buenas prácticas internacionales. Corresponde a la Oficina Estatal de Auditoría la supervisión y el control de los requisitos jurídicos. El informe no incluía el informe de auditoría oficial del Departamento estatal de auditoría relativo a las elecciones parlamentarias de 2018, puesto que no se había completado en aquel entonces.

(22)  El 7 de diciembre de 2016, el Comité Director de la Alianza para el Gobierno Abierto recibió una carta del Gobierno de Hungría en la que se anunciaba su retirada inmediata de la Alianza, en la que se congregan 75 países y cientos de organizaciones de la sociedad civil sobre una base voluntaria. La Alianza tenía en su punto de mira al Gobierno de Hungría desde julio de 2015 debido a las preocupaciones manifestadas por organizaciones de la sociedad civil, en particular en relación con su margen de funcionamiento en el país. No todos los Estados miembros de la Unión son miembros de la Alianza.

(23)  Hungría percibe fondos de la Unión por valor de un 4,4 % de su PIB, lo que representa más de la mitad de la inversión pública. El porcentaje de contratos adjudicados tras procedimientos de licitación pública para los que se recibió una única oferta sigue siendo elevado (un 36 % en 2016). Hungría cuenta con el mayor porcentaje de la Unión de recomendaciones financieras de la OLAF por lo que respecta a los fondos estructurales y la agricultura para el período 2013-2017. En 2016, la OLAF concluyó una investigación sobre un proyecto de transporte por valor de 1 700 millones EUR en Hungría, en el que varias empresas internacionales especializadas en la construcción eran los principales interesados. La investigación reveló irregularidades muy graves, así como posibles fraudes y corrupción en la ejecución de los proyectos. En 2017, la OLAF detectó «graves irregularidades» y «conflictos de intereses» durante su investigación de 35 contratos de iluminación vial adjudicados a la empresa que en aquel momento controlaba el yerno del primer ministro húngaro. La OLAF envió su informe final en el que se incluían recomendaciones financieras a la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión para recuperar 43,7 millones EUR y recomendaciones judiciales dirigidas al Fiscal General de Hungría. Una investigación transfronteriza, concluida por la OLAF en 2017, incluía alegaciones relacionadas con el posible uso indebido de fondos de la Unión en 31 proyectos de investigación y desarrollo. La investigación, que se llevó a cabo en Hungría, Letonia y Serbia, descubrió un régimen de subcontratación para aumentar artificialmente los costes de los proyectos y ocultar que los suministradores finales eran empresas relacionadas entre sí. Por consiguiente, la OLAF concluyó la investigación con una recomendación financiera a la Comisión para recuperar 28,3 millones EUR y una recomendación judicial dirigida a las autoridades judiciales húngaras. Hungría decidió no participar en la creación de una Fiscalía Europea, responsable de investigar, imputar y juzgar a los autores, y cómplices, de delitos penales que afecten a los intereses financieros de la Unión.

(24)  Según el séptimo Informe sobre la cohesión económica, social y territorial, la eficacia de los poderes públicos en Hungría ha disminuido desde 1996 y se trata de uno de los Estados miembros con uno de grados de gobernanza menos eficaces de la Unión. Todas las regiones húngaras se encuentran muy por debajo de la media de la Unión en cuanto a la calidad de la gobernanza. Según el Informe sobre la lucha contra la corrupción publicado por la Comisión Europea en 2014, la corrupción se percibe como muy extendida en Hungría (89 %). Según el Informe sobre competitividad en el mundo 2017-2018 publicado por el Foro Económico Mundial, el elevado nivel de corrupción ha sido uno de los factores más problemáticos a la hora de hacer negocios en Hungría.

Protección de datos y de la intimidad

(25)  En su sentencia de 12 de enero de 2016, Szabó y Vissy/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estimó que se había violado el derecho al respeto de la vida privada debido a las insuficientes garantías jurídicas contra la vigilancia secreta e ilegal con fines de seguridad nacional, también en relación con el uso de las telecomunicaciones. Los solicitantes no alegaron que hubieran sido objeto de ninguna medida secreta de vigilancia, por lo que no pareció necesaria ninguna otra medida de carácter individual. Como medida general, se impone la modificación de la legislación pertinente. Las propuestas de modificación de la Ley de servicios de seguridad nacional están siendo debatidas actualmente por los expertos de los ministerios competentes del país. En consecuencia, la ejecución de esta sentencia sigue pendiente.

(26)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que el marco jurídico de Hungría para la vigilancia secreta con fines de seguridad nacional permita la interceptación a gran escala de comunicaciones y contenga salvaguardias insuficientes contra las injerencias arbitrarias en el derecho a la intimidad. También manifestó su preocupación por la inexistencia de disposiciones que garanticen la tutela judicial efectiva en caso de abuso y la rápida notificación al interesado, sin poner en peligro la finalidad de la restricción, tras el final de la medida de vigilancia.

Libertad de expresión

(27)  El 22 de junio de 2015, la Comisión de Venecia adoptó su dictamen relativo a la legislación sobre medios de comunicación (Ley CLXXXV sobre los servicios de medios y los medios de comunicación de masas, la Ley CIV sobre la libertad de prensa, y la legislación sobre la imposición de los ingresos de la publicidad de los medios de comunicación de masas) de Hungría, en el que se solicitan varios cambios en la Ley sobre la prensa y la Ley sobre los medios de comunicación, concretamente en lo tocante a la definición de «contenidos ilegales de los medios de comunicación», la revelación de las fuentes periodísticas y las sanciones aplicadas a los medios de comunicación. En el análisis encargado por la Oficina del Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación en febrero de 2011 se expresaron reservas similares, al igual que hicieron el anterior comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su dictamen relativo a la legislación sobre medios de comunicación de Hungría a la luz de las normas del Consejo de Europa en materia de libertad de los medios de comunicación, de 25 de febrero de 2011, y los expertos del Consejo de Europa en legislación húngara sobre medios de comunicación, en su informe pericial de 11 de mayo de 2012. En su declaración de 29 de enero de 2013, el secretario general del Consejo de Europa se congratuló de que los debates en el ámbito de los medios de comunicación hubieran desembocado en varios cambios importantes. No obstante, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa retomó las demás preocupaciones en el informe elaborado tras su visita a Hungría y publicado el 16 de diciembre de 2014. El comisario también mencionó en él los problemas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación y de autocensura, y señaló la necesidad de derogar el marco jurídico por el que se penaliza la difamación.

(28)  En su dictamen, de 22 de junio de 2015, relativo a la legislación, la Comisión de Venecia reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno húngaro desde hace años para mejorar el texto original de la legislación relativa a los medios de comunicación, en consonancia con los comentarios de varios observadores, entre los que se incluye el Consejo de Europa, y observó con satisfacción la voluntad de las autoridades húngaras de proseguir con el diálogo. No obstante, la Comisión de Venecia insistió en la necesidad de modificar las normas por las que se rige la elección de los miembros del Consejo de los Medios de Comunicación con objeto de garantizar una representación equitativa de los grupos políticos y de otro tipo que cuentan en la sociedad, y afirmó que debían revisarse el método de nombramiento y los cargos del presidente de dicho Consejo o del presidente de la Autoridad de los Medios de Comunicación con el fin de reducir la concentración de poderes y garantizar la neutralidad política; también mencionó la necesidad de reformar en ese sentido el Consejo de Administración. La Comisión de Venecia también recomendó la descentralización de la gobernanza de los proveedores de medios de comunicación públicos y que la Agencia Nacional de Noticias no sea la fuente de noticias exclusiva para los proveedores de medios de comunicación públicos. En el análisis encargado por la Oficina del Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación en febrero de 2011 se expresaron reservas similares, al igual que hicieron el anterior comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en su dictamen relativo a la legislación sobre medios de comunicación de Hungría a la luz de las normas del Consejo de Europa en materia de libertad de los medios de comunicación, de 25 de febrero de 2011, y los expertos del Consejo de Europa en legislación húngara sobre medios de comunicación, en su informe pericial de 11 de mayo de 2012. En su declaración de 29 de enero de 2013, el secretario general del Consejo de Europa se congratuló de que los debates en el ámbito de los medios de comunicación hubieran conducido a varios cambios importantes. No obstante, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa retomó las demás preocupaciones en el informe elaborado tras su visita a Hungría y publicado el 16 de diciembre de 2014.

(29)  El 18 de octubre de 2012, la Comisión de Venecia adoptó su dictamen relativo a la Ley CXII de 2011 sobre autodeterminación informativa y libertad de información de Hungría. Pese a hacer una evaluación global positiva de la ley, la Comisión de Venecia señaló la necesidad de realizar nuevas mejoras. No obstante, tras la adopción de diversas enmiendas a dicha ley, el derecho de acceso a la información gubernamental se ha restringido mucho más aún. Esas enmiendas se criticaron en el análisis encargado por la Oficina del Representante de la OSCE para Libertad de los Medios de Comunicación en marzo de 2016 en el que se señalaba que los importes que debían imputarse en concepto de costes directos parecían totalmente razonables pero que la facturación del tiempo dedicado por los funcionarios públicos para responder a las solicitudes no es aceptable. Como se reconoció en el informe por país de 2018 de la Comisión, el comisario de Protección de Datos y los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, han adoptado una posición progresista en los casos relacionados con la transparencia.

(30)  En su informe adoptado el 27 de junio de 2018, la misión de observación electoral limitada de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE de las elecciones parlamentarias húngaras de 2018 señaló que se restringieron tanto el acceso a la información como la libertad de los medios de comunicación y la libertad de asociación, en particular mediante cambios jurídicos recientes, y que la cobertura mediática de la campaña fue amplia pero muy polarizada y desprovista de análisis críticos, debido a la politización de la propiedad de los medios de comunicación y a la sucesión de campañas publicitarias gubernamentales. El ente público de radiodifusión cumplió su mandato de poner a disposición de los candidatos tiempo de antena gratuito pero sus boletines informativos y su línea editorial favorecieron claramente a la coalición en el poder, lo que va en contra de las normas internacionales. La cobertura realizada por la mayoría de los canales privados de radiodifusión fue partidista, poniéndose del lado bien de los paridos en el gobierno bien de los de la oposición. Los medios de comunicación en línea sirvieron de plataforma para un debate político pluralista de carácter temático. Por otra parte, señaló que la politización de la propiedad de los medios de comunicación, asociada a un marco jurídico restrictivo y a la inexistencia de un organismo independiente encargado de regular los medios de comunicación, tuvo efectos disuasorios sobre la libertad editorial, impidiendo así a los electores disponer de información pluralista. También señaló que las enmiendas supusieron restricciones indebidas al acceso a la información al ampliar la definición de la información no sujeta a divulgación y aumentando el coste de la tramitación de las solicitudes de información.

(31)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las leyes y prácticas húngaras en materia de medios de comunicación que restringen la libertad de opinión y expresión. Asimismo, expresó su inquietud por el hecho de que, tras una serie de modificaciones de la legislación, el marco legislativo actual no garantice plenamente una prensa sin censura ni restricciones. También constató con preocupación que el Consejo de los Medios de Comunicación y la Autoridad de los Medios de Comunicación carecen de la independencia suficiente para ejercer sus funciones y tienen unas facultades de regulación y sanción excesivamente amplias.

(32)  El 13 de abril de 2018, el representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación condenó enérgicamente la publicación de una lista de más de 200 personas por un medio de comunicación húngaro que afirmaba que más de 2 000 personas, incluidas las que figuraban por su nombre, estaban supuestamente trabajando para «derrocar al gobierno». La lista fue publicada por la revista húngara Figyelő, el 11 de abril, e incluye a numerosos periodistas, así como a otros ciudadanos. El 7 de mayo de 2018, el Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación expresó su gran preocupación por la denegación de acreditación a varios periodistas independientes, lo que les impidió informar desde la reunión inaugural del nuevo Parlamento de Hungría. Se señaló, asimismo, que ese hecho no debería utilizarse como instrumento para frenar el contenido de la información de carácter crítico y que esa práctica sienta un mal precedente para el nuevo mandato del Parlamento húngaro.

Libertad de cátedra

(33)  El 6 de octubre de 2017, la Comisión de Venecia adoptó su dictamen relativo a la Ley XXV de 4 de abril de 2017 sobre la modificación de la Ley CCIV de 2011 sobre la educación superior nacional, en el que señalaba que la introducción de reglas más estrictas sin una justificación muy sólida, unida a plazos estrictos y graves consecuencias jurídicas para las universidades extranjeras que ya están establecidas y funcionan legalmente desde hace años en Hungría, es muy problemática desde el punto de vista de los principios y las garantías de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Esas universidades, y sus estudiantes, están protegidas por las normas nacionales e internacionales en materia de libertad de cátedra, libertad de expresión y de reunión, y libertad de educación y derecho a esta. La Comisión de Venecia recomendó a las autoridades húngaras, en particular, que garantizaran que las nuevas normas relativas a la obligación de disponer de un permiso de trabajo no afecten de forma desproporcionada a la libertad de cátedra y se apliquen de forma flexible y no discriminatoria, sin poner en peligro la calidad y el carácter internacional de la educación que ya ofrecen las universidades existentes. También han compartido las preocupaciones sobre la modificación de la Ley CCIV de 2011 sobre la educación superior nacional los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y en la esfera de los derechos culturales, en su Declaración de 11 de abril de 2017. En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que no existía una justificación suficiente para imponer tales limitaciones a la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y asociación, y la libertad de cátedra.

(34)  El 17 de octubre de 2017, el Parlamento húngaro amplió hasta el 1 de enero de 2019 el plazo para que las universidades extranjeras que funcionan en el país satisfagan los nuevos criterios a petición de las instituciones interesadas y siguiendo la recomendación de la Presidencia de la Conferencia de Rectores húngara. La Comisión de Venecia ha acogido con satisfacción esta prórroga. Están en curso las negociaciones entre el Gobierno húngaro y las instituciones extranjeras de educación superior afectadas, en particular la Universidad Central Europea, mientras que las universidades extranjeras siguen en un limbo jurídico, si bien la Universidad Centroeuropea ha cumplido los nuevos requisitos en el plazo previsto.

(35)  El 7 de diciembre de 2017, la Comisión decidió llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aduciendo que la modificación de la Ley CCIV de 2011 sobre la educación superior nacional restringe de forma desproporcionada el funcionamiento de las universidades de la Unión y de países terceros, y que debía restablecerse su conformidad con el Derecho de la Unión. La Comisión señaló que la nueva legislación es contraria al derecho de libertad de cátedra, al derecho a la educación y a la libertad de empresa, contemplados en la Carta y en las obligaciones jurídicas asumidas por la Unión en el marco del Derecho comercial internacional.

(36)  El 9 de agosto de 2018 se hizo público que el Gobierno húngaro tiene intención de retirar el programa de máster en estudios de género de la universidad pública Eötvös Loránd (ELTE) y de denegar el reconocimiento del máster en estudios de género de la Universidad de Europa Central, de titularidad privada. El Parlamento Europeo destaca que una interpretación incorrecta del concepto de «género» ha dominado el discurso público en Hungría, y lamenta esta interpretación, voluntariamente desviada, de los términos «género» e «igualdad de género». El Parlamento Europeo condena los ataques a la libertad de cátedra y de investigación, en particular en los estudios de género, estudios que tienen por objeto analizar las relaciones de poder, la discriminación y las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad y encontrar soluciones a las diversas formas de desigualdad, y que se han convertido en el blanco de campañas difamatorias. El Parlamento Europeo pide que se restablezca y proteja en toda su integridad el principio fundamental democrático de la libertad de enseñanza.

Libertad de religión

(37)  El 30 de diciembre de 2011, el Parlamento húngaro adoptó la Ley CCVI de 2011 sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión y el estatuto jurídico de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas de Hungría, que entró en vigor el 1 de enero de 2012. Dicha ley revisó la personalidad jurídica de numerosas organizaciones religiosas y redujo el número de iglesias reconocidas legalmente en Hungría a catorce. El 16 de diciembre de 2011, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su preocupación por esta ley en una carta que envió a las autoridades húngaras. En febrero de 2012, en respuesta a las presiones internacionales, el Parlamento húngaro amplió el número de iglesias reconocidas a 31. El 19 de marzo de 2012, la Comisión de Venecia adoptó su dictamen relativo a la Ley CCVI de 2011 sobre el derecho a la libertad de conciencia y religión y el estatuto jurídico de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas de Hungría, en el que señaló que esta Ley establece una serie de requisitos excesivos basados en criterios arbitrarios para el reconocimiento de una iglesia. Asimismo, indicó que ha desencadenado un proceso de baja del registro de centenares de iglesias reconocidas legalmente con anterioridad y que hasta cierto punto es la causa de un trato desigual e incluso discriminatorio de las creencias y comunidades religiosas, en función de que estén o no estén reconocidas.

(38)  En febrero de 2013, el Tribunal Constitucional de Hungría decretó que la baja del registro de iglesias reconocidas había sido inconstitucional. En respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional, en marzo de 2013 el Parlamento húngaro modificó la Ley Fundamental. En junio y septiembre de 2013, el Parlamento húngaro modificó la Ley CCVI de 2011 para introducir una clasificación en dos niveles, a saber, «comunidades religiosas» e «iglesias incorporadas». En septiembre de 2013, el Parlamento húngaro también modificó de forma explícita la Ley Fundamental para dotarse de poderes para seleccionar comunidades religiosas para la «cooperación» con el Estado al servicio de «actividades de interés público», otorgándose un poder discrecional para reconocer a una organización religiosa con una mayoría de dos tercios de los votos.

(39)  En su sentencia de 8 de abril de 2014, Magyar Keresztény Mennonita Egyház y otros/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó que Hungría había violado la libertad de asociación, interpretada a la luz de la libertad de conciencia y de religión. El Tribunal Constitucional de Hungría dictaminó que determinadas normas que rigen las condiciones para el reconocimiento de las iglesias eran inconstitucionales y ordenó al poder legislativo que armonizara las normas pertinentes con los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, la ley pertinente se presentó al Parlamento en diciembre de 2015, pero no obtuvo la mayoría necesaria; La ejecución de esta sentencia sigue pendiente.

Libertad de asociación

(40)  El 9 de julio de 2014, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa señaló, en su carta a las autoridades húngaras, su preocupación ante el discurso estigmatizador que utilizan los políticos que cuestionan la legitimidad del trabajo de las ONG en el contexto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control del Gobierno húngaro sobre las ONG gestoras y beneficiarias del Fondo de subvenciones dirigidas a ONG del EEE/Noruega. El Gobierno húngaro firmó un acuerdo con el Fondo y, en consecuencia, se siguen efectuando los pagos de las subvenciones. Entre el 8 y el 16 de febrero de 2016, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos visitó Hungría y señaló en su informe que existen importantes problemas derivados del marco jurídico vigente por el que se rige el ejercicio de las libertades fundamentales, como el derecho a las libertades de opinión y expresión, de reunión pacífica y de asociación, y que la legislación en materia de seguridad nacional y migración también puede resultar restrictiva para las organizaciones de la sociedad civil.

(41)  En abril de 2017 se presentó ante el Parlamento húngaro un proyecto de ley sobre la transparencia de las organizaciones que recibe ayudas desde el extranjero con la finalidad declarada de introducir requisitos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales o el terrorismo. La Comisión de Venecia reconoció en 2013 que puede haber varias razones para que un Estado restrinja la financiación extranjera, incluida la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero esos objetivos legítimos no deben utilizarse como pretexto para controlar las ONG o para restringir su capacidad para ejercer su actividad legítima, en particular en defensa de los derechos humanos. El 26 de abril de 2017, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional de Hungría en la que señalaba que el proyecto de ley se había presentado en un contexto de continuas declaraciones antagónicas de determinados miembros de la coalición en el poder que calificaron públicamente a algunas ONG como «agentes extranjeros» basándose en sus fuente de su financiación y poniendo en tela de juicio su legitimidad; no obstante, el término «agentes extranjeros» no figuraba en el proyecto. Se han expresado reservas similares en la declaración de 7 de marzo de 2017 del presidente de la Conferencia de Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING) del Consejo de Europa y del presidente del Consejo de Expertos en Derecho de las ONG, así como en el dictamen de 24 de abril de 2017 de dicho Consejo y la declaración de 15 de mayo de 2017 de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

(42)  El 13 de junio de 2017, el Parlamento húngaro adoptó el proyecto de ley con varias enmiendas. En su dictamen de 20 de junio de 2017, la Comisión de Venecia reconoció que el término «organización que recibe ayudas del extranjero» tiene carácter neutral y descriptivo, y que algunas de estas enmiendas representaban una mejora sustancial pero que, al mismo tiempo, no se trataban otros problemas, y que las enmiendas no bastaban para disipar las dudas sobre si la ley no supondría una injerencia desproporcionada e innecesaria en las libertades de asociación y de expresión, el derecho a la intimidad y la prohibición de la discriminación. En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas observó la falta de una justificación suficiente para la imposición de dichos requisitos, que parecen formar parte de un intento por desacreditar a algunas ONG, incluidas las dedicadas a la protección de los derechos humanos en Hungría.

(43)  El 7 de diciembre de 2017, la Comisión decidió incoar un procedimiento judicial contra Hungría por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, debido a las disposiciones de la Ley sobre las ONG, que, en opinión de la Comisión, discriminan de forma indirecta y restringen de manera desproporcionada las donaciones desde el extranjero a las organizaciones de la sociedad civil. Además, la Comisión alegó que Hungría había infringido el derecho a la libertad de asociación y los derechos a la protección de la vida privada y de los datos de carácter personal consagrados en la Carta, junto con las disposiciones del Tratado sobre la libre circulación de capitales, recogidas en el artículo 26, apartado 2, y los artículos 56 y 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(44)  En febrero de 2018, el Gobierno húngaro presentó un paquete legislativo compuesto por tres proyectos de ley (T/19776, T/19775, T/19774). El 14 de febrero de 2018, el presidente de la Conferencia de OING del Consejo de Europa y el presidente del Consejo de Expertos en Derecho de las ONG realizaron una declaración en la que se indicaba que el paquete no respeta la libertad de asociación, en particular en el caso de las ONG que se ocupan de los migrantes. El 15 de febrero de 2018, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó dudas similares. El 8 de marzo de 2018, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el experto independiente sobre la situación de los derechos humanos y la solidaridad internacional, el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes y el relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia advirtieron que el proyecto de ley conduciría a restricciones indebidas de la libertad de asociación y la libertad de expresión en Hungría. En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que, al aludir a la «supervivencia de la nación» y la protección de los ciudadanos y la cultura, y al vincular la labor de las ONG a una supuesta conspiración internacional, el paquete legislativo estigmatizaría a las ONG y reduciría su capacidad para desempeñar sus importantes actividades en favor de los derechos humanos y, en particular, de los derechos de los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes. Manifestó, además, su preocupación por que la imposición de restricciones a la financiación extranjera dirigida a las ONG pudiera utilizarse para ejercer una presión indebida sobre ellas e interferir de forma injustificada en sus actividades. Uno de los proyectos de ley tenía como objetivo gravar los fondos de las ONG recibidos de fuera de Hungría, incluidos los de la Unión, con un tipo del 25 % y el paquete legislativo tenía como objetivo privar, también, a las ONG de recursos legales para apelar contra las decisiones arbitrarias. El 22 de marzo de 2018, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa solicitó a la Comisión de Venecia que emitiese un dictamen sobre el proyecto de paquete legislativo.

(45)  El 29 de mayo de 2018, el Gobierno húngaro presentó un proyecto de ley por el que se modificaban determinadas leyes relativas a las medidas de lucha contra la inmigración ilegal (T/333). El proyecto es una versión revisada del anterior paquete legislativo y propone sanciones penales en caso de «facilitación de la inmigración ilegal». Ese mismo día, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados solicitó la retirada de la propuesta y expresó su preocupación por que estas propuestas, en caso de aprobarse, privarían a las personas que se vean forzadas a huir de sus hogares de ayuda y servicios esenciales, además de azuzar en mayor medida el debate público, ya tenso de por sí, y de fomentar las actitudes xenófobas. El 1 de junio de 2018, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó dudas similares. El 31 de mayo de 2018, la presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa confirmó que había solicitado a la Comisión de Venecia que emitiese un dictamen sobre la nueva propuesta. El proyecto fue aprobado el 20 de junio de 2018 antes de la entrega del dictamen de la Comisión de Venecia. El 21 de junio de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la decisión del Parlamento húngaro. El 22 de junio de 2018, la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE indicaron que la disposición relativa a la responsabilidad penal podría repercutir negativamente en las actividades de las organizaciones y la libertad de expresión y que constituye una violación del derecho a la libertad de asociación y expresión, por lo que debería derogarse. El 19 de julio de 2018, la Comisión envió a Hungría una carta de emplazamiento relativa a la nueva normativa por la que se tipifican como delito las actividades de apoyo a las solicitudes de asilo y residencia y que restringe en mayor medida el derecho a solicitar asilo.

Derecho a la igualdad de trato

(46)  Entre el 17 y el 27 de mayo de 2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica llevó a cabo una visita a Hungría. En su informe, el Grupo de Trabajo señalaba que no debe generarse un desequilibrio entre un modelo conservador de familia, cuya protección está garantizada como factor esencial para la supervivencia de la nación, y los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres y la potenciación de su papel. El Grupo de Trabajo indicó también que el derecho de las mujeres a la igualdad no puede contemplarse meramente en el contexto de la protección de los grupos vulnerables, junto con los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad, ya que son parte integrante de todos estos grupos. Los nuevos libros de texto siguen recogiendo estereotipos sexistas, que presentan a las mujeres como madres y mujeres, y, en algunos casos, exponen a las madres como menos inteligentes que los padres. Por otra parte, el Grupo de Trabajo reconoció los esfuerzos del Gobierno húngaro por mejorar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar mediante la introducción de disposiciones generosas en el sistema de apoyo a las familias y en relación con la educación infantil y la atención a la infancia. En su informe adoptado el 27 de junio de 2018, la misión de observación electoral limitada de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE de las elecciones parlamentarias húngaras de 2018 declaró que las mujeres están infrarepresentadas en la vida política y que no hay ninguna obligación legal para promover la igualdad de género en las elecciones. Aunque uno de los partidos más importantes tenía a una mujer como cabeza de la lista nacional y algunos partidos abordaron las cuestiones de género en sus programas, la capacitación de las mujeres recibió escasa atención como tema de campaña, incluso en los medios de comunicación.

(47)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió con satisfacción la firma del Convenio de Estambul pero lamentó que las actitudes estereotipadas patriarcales sigan prevaleciendo en Hungría con respecto a la posición de las mujeres en la sociedad, y señaló con preocupación los comentarios discriminatorios contra las mujeres realizados por personalidades políticas. Indicó, asimismo, que el Código Penal húngaro no protege por completo a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Expresó su preocupación por que las mujeres estén infrarrepresentadas en los puestos de toma de decisiones en el sector público, en particular en los ministerios gubernamentales y en el Parlamento húngaro. El Convenio de Estambul no ha sido ratificado todavía.

(48)  La Ley Fundamental de Hungría establece disposiciones obligatorias para la protección de los lugares de trabajo de los progenitores y para la defensa del principio de igualdad de trato; por consiguiente, existen normas especiales de Derecho laboral para las mujeres y para las madres y los padres que crían a sus hijos. El 27 de abril de 2017, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que instaba a Hungría a aplicar correctamente la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(12), dado que el Derecho húngaro prevé una excepción a la prohibición de discriminación por razón de sexo que es mucho más amplia que la excepción establecida en dicha Directiva. En esa misma fecha, la Comisión remitió un dictamen motivado a Hungría por incumplimiento de la Directiva 92/85/CEE del Consejo(13), en el que se señalaba que los empresarios tienen la obligación de adaptar las condiciones de trabajo a las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia a fin de evitar un riesgo para su salud o su seguridad. El Gobierno húngaro se ha comprometido a modificar las disposiciones pertinentes de la Ley CXXV de 2003 relativa a la igualdad de trato y la promoción de la igualdad de oportunidades, así como la Ley I de 2012 sobre el Código laboral. Por consiguiente, el 7 de junio de 2018 se archivó el asunto.

(49)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que la prohibición constitucional de la discriminación no enumere explícitamente la orientación sexual y la identidad de género entre los motivos de discriminación, y por que su definición restrictiva de familia pueda dar lugar a discriminaciones, ya que no engloba determinados tipos de configuraciones familiares, incluidas las parejas del mismo sexo. El Comité mostró asimismo su inquietud por los actos de violencia y el predominio de los estereotipos negativos y los prejuicios contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, en particular en los ámbitos del empleo y la educación.

(50)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mencionó también el internamiento forzoso en instituciones médicas, el aislamiento y el tratamiento forzoso de un gran número de personas con discapacidad mental, intelectual y psicosocial, e informó acerca de la supuesta violencia y los tratos crueles, inhumanos y degradantes y las denuncias de un elevado número de muertes no investigadas en centros de reclusión.

Derechos de las personas pertenecientes a las minorías, incluida la población romaní y los judíos, y protección frente a los mensajes de odio contra esas minorías

(51)  En su informe tras su visita a Hungría, publicado el 16 de diciembre de 2014, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa mostró su preocupación por el deterioro de la situación en lo que respecta al racismo y la intolerancia en Hungría, siendo la hostilidad hacia la población romaní la forma más flagrante de intolerancia, puesta manifiesto con evidente dureza, entre otras formas, en la violencia dirigida contra la población romaní y las marchas y patrullas paramilitares en pueblos habitados por romaníes. Puso de relieve, asimismo, que, a pesar de la posición adoptada por las autoridades húngaras de condena del discurso antisemita, el antisemitismo es un problema recurrente, que se manifiesta a través de la incitación al odio y los casos de violencia contra los judíos o sus propiedades. Por otra parte, mencionó un recrudecimiento de la xenofobia dirigida contra los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo y los refugiados, y de la intolerancia, que afecta a otros grupos sociales como las personas LGBTI, los pobres y las personas sin hogar. La Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia citó preocupaciones similares en su informe sobre Hungría, publicado el 9 de junio de 2015.

(52)  En su cuarto dictamen sobre Hungría, aprobado el 25 de febrero de 2016, el Comité Consultivo del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales señaló que la población romaní siguen siendo objeto de discriminación sistémica y de desigualdades en todos los ámbitos de la vida, incluidos la vivienda, el empleo, la educación, el acceso a la sanidad y la participación en la vida social y política. En su Resolución de 5 de julio de 2017, el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó a las autoridades húngaras que realizasen esfuerzos sostenidos y eficaces para prevenir, combatir y sancionar los casos de desigualdad y discriminación que padece la población romaní, mejorasen, en estrecha consulta con los representantes de la población romaní, las condiciones de vida y el acceso a los servicios sanitarios y al empleo de la población romaní, adoptasen medidas eficaces para acabar con las prácticas que dan lugar a la segregación permanente de los niños romaníes en la escuela y redoblasen sus esfuerzos para remediar las deficiencias a las que se enfrentan los niños romaníes en la educación, garantizasen que los niños romaníes tienen las mismas oportunidades de acceso a todos los niveles de la educación de calidad, y que siguiesen adoptando medidas para evitar que los niños se vean asignados indebidamente a escuelas y clases especiales. El Gobierno húngaro ha adoptado varias medidas importantes para fomentar la inclusión de la población romaní. El 4 de julio de 2012 adoptó el Plan de acción para la protección del empleo con el fin de proteger el empleo de los trabajadores desfavorecidos y fomentar el empleo de los desempleados de larga duración. Además, adoptó la Estrategia sectorial de salud «Hungría saludable 2014-2020» para reducir las desigualdades en materia de salud y en 2014 adoptó una estrategia para el tratamiento de las viviendas de tipo marginal en los asentamientos segregados para el período 2014-2020. No obstante, según el informe de 2018 sobre los derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el porcentaje de jóvenes romaníes cuya actividad principal actualmente no se inscribe en el marco del empleo, los estudios o la formación, ha aumentado del 38 % en 2011 al 51 % en 2016.

(53)  En su sentencia de 29 de enero de 2013, Horváth y Kiss/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que la legislación húngara pertinente, tal como se aplica en la práctica, carece de las salvaguardias adecuadas y provoca la sobrerrepresentación y la segregación de los niños romaníes en escuelas especiales debido a los diagnósticos erróneos sistemáticos de discapacidad mental, que suponen una violación del derecho a una educación sin discriminaciones. La ejecución de esta sentencia sigue pendiente.

(54)  El 26 de mayo de 2016, la Comisión envió una carta de emplazamiento a las autoridades de Hungría en relación tanto con la legislación húngara como con las prácticas administrativas que tienen como consecuencia que los niños romaníes estén sobrerrepresentados de forma desproporcionada en las escuelas especiales para niños con discapacidad mental y sometidos a un considerable grado de segregación en el sistema educativo general, lo que dificulta la inclusión social. El Gobierno húngaro entabló un diálogo activo con la Comisión. La Estrategia húngara de inclusión se centra en la promoción de una educación inclusiva, la reducción de la segregación, la ruptura de la transmisión intergeneracional de las desventajas y el establecimiento de un entorno escolar integrador. Además, la Ley de educación pública nacional se complementó con garantías adicionales a partir de enero de 2017, y el Gobierno húngaro inició auditorías oficiales en 2011-2015, que fueron seguidas de medidas por parte de las oficinas gubernamentales.

(55)  En su sentencia de 20 de octubre de 2015, Balázs/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se había producido una violación de la prohibición de discriminación en el contexto de la no consideración del presunto motivo de hostilidad hacia la población romaní en un ataque. En su sentencia de 12 de abril de 2016, R.B./Hungría y en su sentencia de 17 de enero de 2017, Király y Dömötör/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se había producido una violación del derecho a la vida privada en las investigaciones inapropiadas efectuadas ante las denuncias de abusos por motivos raciales. En su sentencia de 31 de octubre de 2017, M.F./Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se había producido una violación de la prohibición de discriminación en el contexto de la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes ya que las autoridades no habían investigado los posibles motivos racistas detrás de ese incidente. La ejecución de ambas sentencias sigue pendiente. No obstante, a raíz de las sentencias Balázs/Hungría y R.B./Hungría, el 28 de octubre de 2016 entró en vigor la modificación del hecho del delito de «incitación a la violencia o al odio contra la comunidad» en el Código Penal con objeto de aplicar la Decisión marco del Consejo 2008/913/JAI(14). El Código Penal se había modificado en 2011 para impedir las campañas de los grupos paramilitares de extrema derecha, introduciendo la llamada «delincuencia uniformada», castigando con tres años de prisión cualquier comportamiento antisocial desafiante que provoque miedo a los miembros de una comunidad nacional, étnica o religiosa.

(56)  Del 29 de junio al 1 de julio de 2015, la Oficina de las Instituciones Democráticas y de los Derechos del Hombre de la OSCE realizó una visita de evaluación sobre el terreno a Hungría tras la notificación de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de la ciudad de Miskolc sobre desahucios de miembros de la comunidad romaní. Las autoridades locales habían adoptado medidas contra la población romaní, incluso antes de que se modificara el Decreto local de 2014 y las figuras públicas de la ciudad a menudo hacían declaraciones contra esta población. Se informó de que, en febrero de 2013, el alcalde de Miskolc dijo que quería limpiar la ciudad de «romaníes antisociales y pervertidos» que supuestamente se beneficiaban ilegalmente del programa Nest (programa Fészekrakó) de ayudas a la vivienda y a las personas que viven en viviendas sociales con ayudas para el alquiler y el mantenimiento. Sus palabras marcaron el comienzo de una serie de desalojos, y durante ese mes, se eliminaron 50 de los 273 apartamentos en la categoría correspondiente; también para mejorar el terreno para la renovación de un estadio. Basándose en un llamamiento efectuado por el servicio gubernamental pertinente, el Tribunal Supremo anuló las disposiciones pertinentes en su Decisión de 28 de abril de 2015. El 5 de junio de 2015, el comisario de Derechos Fundamentales y el comisario adjunto para los Derechos de las Minorías Nacionales emitieron un dictamen conjunto sobre las violaciones de los derechos fundamentales de la población romaní en Miskolc, cuyas recomendaciones no fueron adoptadas por el Gobierno local. El Organismo para la Igualdad de Trato de Hungría también llevó a cabo una investigación y emitió una decisión en julio de 2015, en la que pedía al Gobierno local que pusiera fin a todos los desalojos y elaborara un plan de acción sobre cómo ofrecer una vivienda compatible con la dignidad humana. El 26 de enero de 2016, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa envió cartas a los Gobiernos de Albania, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Serbia y Suecia en relación con las expulsiones forzadas de miembros de la población romaní. En la carta dirigida a las autoridades húngaras expresaba su preocupación por el tratamiento de la población romaní en Miskolc. El Plan de acción se aprobó el 21 de abril de 2016 y mientras tanto también se estableció un organismo de vivienda social. En su decisión de 14 de octubre de 2016, el Organismo para la Igualdad de Trato determinó que el municipio cumplía sus obligaciones. No obstante, la Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia hizo referencia en sus conclusiones a la aplicación de las recomendaciones con respecto a Hungría publicadas el 15 de mayo de 2018 en las que, a pesar de algunos avances positivos para mejorar las condiciones de la vivienda de la población romaní, no se había aplicado su recomendación.

(57)  En su Resolución de 5 de julio de 2017, el Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó a las autoridades húngaras que siguieran mejorando el diálogo con la comunidad judía, convirtiéndolo en sostenible, y que otorgase a la lucha contra el antisemitismo en espacios públicos la máxima prioridad, llevase a cabo un esfuerzo continuado para impedir, detectar, investigar, perseguir y sancionar eficazmente todos los actos antisemitas o por motivos raciales y étnicos, incluidos los actos de vandalismo e incitación al odio, y que considerara la posibilidad de modificar la ley a fin de garantizar la más amplia protección jurídica posible contra el delito de racismo.

(58)  El Gobierno húngaro ordenó que la renta vitalicia de los supervivientes del Holocausto se aumentase en un 50 % en 2012, creó el Comité Conmemorativo del Holocausto húngaro 2014 en 2013, declaró el año 2014 como el Año Conmemorativo del Holocausto, ha puesto en marcha programas de renovación y restauración de varias sinagogas húngaras y cementerios judíos, y está preparando actualmente los Juegos Europeos de 2019 que se celebrarán en Budapest. Las disposiciones jurídicas húngaras identifican distintos delitos relacionados con el odio o la incitación al odio, incluidos los actos de negación y denigración del antisemitismo o del Holocausto. Hungría asumió la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) en 2015-2016 por decisión unánime de 31 países. Sin embargo, en un discurso pronunciado el 15 de marzo de 2018, en Budapest, el primer ministro de Hungría recurrió a estereotipos claramente antisemitas contra George Soros que podrían haber sido considerados punibles.

(59)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por los informes que señalan que la comunidad romaní sigue sufriendo una discriminación y exclusión generalizadas, desempleo y segregación en materia de educación y vivienda. Reviste especial preocupación el hecho de que, pese a la Ley de Educación Pública, la segregación en los centros escolares, sobre todo en las escuelas religiosas y privadas, siga siendo la tónica general, y por que el número de niños romaníes asignados a escuelas para niños con discapacidad leve continúe siendo desproporcionadamente elevado. Mencionó, asimismo, las preocupaciones por la prevalencia de los delitos de odio y por la incitación al odio en el discurso político, los medios de comunicación y en internet dirigido contra las minorías, en particular la población romaní, los musulmanes, los migrantes y los refugiados, también en el contexto de campañas patrocinadas por el Gobierno. El Comité expresó su preocupación por el predominio de los estereotipos antisemitas. El Comité también observó con preocupación las acusaciones de que el número de delitos motivados por el odio registrados es extremadamente bajo, ya que la policía a menudo no llega a investigar y enjuiciar alegaciones creíbles de delitos de odio e incitación criminal al odio. Por último, el Comité manifestó su preocupación por los informes sobre la práctica persistente de controles con sesgo racista de la población romaní por parte de la policía.

(60)  En un caso que afectaba a la localidad de Gyöngyösgata, en donde la policía multaba por infracciones leves de tráfico solamente a miembros de la población romaní, la sentencia en primera instancia dictó que la práctica constituía acoso y discriminación directa contra la población romaní, aunque las medidas, a título individual, fueran legales. El tribunal de segunda instancia y el Tribunal Supremo dictaminaron que la Hungarian Civil Liberties Union (Unión de Libertades Civiles de Hungría, HCLU por sus siglas en inglés), que había presentado una demanda popular, no pudo justificar la discriminación. El asunto fue interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(61)  De conformidad con la cuarta Enmienda de la Ley Fundamental, la «libertad de expresión no podrá ejercerse con el fin de atentar contra la dignidad de la nación húngara o de cualquier comunidad nacional, étnica, racial o religiosa». El Código Penal húngaro castiga la incitación a la violencia o al odio contra un miembro de una comunidad. El Gobierno ha creado un Grupo de Trabajo contra los delitos de odio que imparte cursos de formación a los agentes de policía y ayuda a las víctimas a cooperar con la policía y a denunciar los incidentes.

Derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados

(62)  El 3 de julio de 2015, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados manifestó su preocupación por el procedimiento acelerado para modificar la legislación en materia de asilo. El 17 de septiembre de 2015, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su opinión de que Hungría vulneraba el Derecho internacional con su trato a los refugiados y migrantes. El 27 de noviembre de 2015, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa realizó una declaración en la que afirmó que la respuesta de Hungría al reto de los refugiados no respeta los derechos humanos. El 21 de diciembre de 2015, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Consejo de Europa y la Oficina de las Instituciones Democráticas y de los Derechos del Hombre de la OSCE instaron a Hungría a abandonar las políticas y prácticas que promueven la intolerancia y el miedo y alimentan la xenofobia contra refugiados y migrantes. El 6 de junio de 2016, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados manifestó su preocupación por el creciente número de denuncias de abuso en Hungría contra los solicitantes de asilo y migrantes por parte de las autoridades fronterizas y por las medidas restrictivas más amplias tanto legislativas como en materia de fronteras, incluido el acceso a los procedimientos de asilo. El 10 de abril de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pidió la suspensión inmediata de los traslados del sistema de Dublín a Hungría. En 2017, de 3 397 solicitudes de protección internacional presentadas en Hungría se rechazaron 2 880, lo que representa un porcentaje de rechazo del 69,1 %. En 2015, de 480 recursos judiciales relativos a solicitudes de protección internacional, se emitieron cuarenta resoluciones positivas, es decir, el 9 %. En 2016, con 775 recursos, fueron cinco las resoluciones positivas, es decir un 1 %, y en 2017 fueron cero.

(63)  El agente de derechos fundamentales de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas visitó Hungría, en octubre de 2016 y en marzo de 2017, debido a la preocupación de que la Agencia pudiera operar en condiciones que no garantizaran el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos de las personas que cruzan la frontera entre Hungría y Serbia, lo que podría poner a la Agencia ante situaciones que violaran de facto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En marzo de 2017, el agente de derechos fundamentales concluyó que el riesgo de que la Agencia comparta la responsabilidad por la violación de los derechos fundamentales, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, sigue siendo muy elevado.

(64)  El 3 de julio de 2014, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria indicó que las condiciones de los solicitantes de asilo y los migrantes en situación irregular precisan mejoras sustanciales y una mayor atención en aras de evitar las privaciones arbitrarias de libertad. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha compartido preocupaciones similares con respecto a la detención, en particular de los menores no acompañados, en el informe tras su visita a Hungría, publicado el 16 de diciembre de 2014. Entre los días 21 y 27 de octubre de 2015 el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) visitó Hungría y recogió en su informe un número considerable de alegaciones de nacionales extranjeros (incluidos menores no acompañados) de que habían sido sometidos a malos tratos físicos por parte de agentes de policía y guardias armados que trabajan en los centros de detención de migrantes o solicitantes de asilo. El 7 de marzo de 2017, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados manifestó su preocupación por una nueva ley votada en el Parlamento húngaro que prevé la detención obligatoria de todos los solicitantes de asilo, incluidos los niños, durante todo el procedimiento de asilo. El 8 de marzo de 2017, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa formuló una declaración en la que expresaba una preocupación similar por dicha ley. El 31 de marzo de 2017, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura instó a Hungría a que atajase inmediatamente el uso excesivo de la detención y estudiase alternativas.

(65)  En su sentencia de 5 de julio de 2016, O.M./Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que se había producido una violación del derecho a la libertad y la seguridad como consecuencia de detenciones que bordeaban en la arbitrariedad. En particular, las autoridades no prestaron asistencia cuando ordenaron la detención del solicitante, sin considerar en qué medida las personas vulnerables (por ejemplo, las personas LGBT como el demandante) estaban en condiciones seguras o inseguras durante su detención con otras personas, muchas de las cuales procedían de países con un perjuicio cultural o religioso muy arraigado contra dichas personas. La ejecución de esta sentencia sigue pendiente.

(66)  Entre los días 12 y 16 de junio de 2017, el representante especial del secretario general del Consejo de Europa para la migración y los refugiados visitó Serbia y dos zonas de tránsito en Hungría. En su informe, el representante especial afirmó que las expulsiones forzosas de migrantes y refugiados de Hungría a Serbia suscitan preocupación en relación con los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También observó que las prácticas restrictivas de admisión de solicitantes de asilo en las zonas de tránsito de Röszke y Tompa a menudo hacen que los solicitantes de asilo busquen formas ilegales de cruzar la frontera, teniendo que recurrir a contrabandistas y traficantes con todos los riesgos que ello entraña. Indicó que los procedimientos de asilo, que se llevan a cabo en las zonas de tránsito, carecen de las salvaguardias adecuadas para proteger a los solicitantes de asilo contra la devolución a países en los que corren el riesgo de ser sometidos a un tratamiento contrario a los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humano. El representante especial concluyó que es necesario que la legislación y las prácticas húngaras se ajusten a los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El representante especial formuló varias recomendaciones, incluido un llamamiento a las autoridades húngaras para que adopten las medidas necesarias, en particular mediante la revisión del marco legislativo pertinente y la modificación de las prácticas relevantes, a fin de garantizar que no se disuada a los nacionales extranjeros que llegan a la frontera o que se encuentran en el territorio húngaro de presentar una solicitud de protección internacional. Entre los días 5 y 7 de julio de 2017, una delegación del Comité de Lanzarote del Consejo de Europa (Comité de las Partes en el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra la explotación sexual y el abuso sexual) también visitó dos zonas de tránsito y formuló una serie de recomendaciones, entre ellas, un llamamiento a tratar a todas las personas menores de 18 años como niños sin discriminación por razón de su edad, a garantizar que todos los niños bajo la jurisdicción húngara estén protegidos contra la explotación y los abusos sexuales, y a acogerlos sistemáticamente en instituciones de protección de la infancia, con el fin de evitar su posible abuso o explotación sexual por parte de adultos y adolescentes en las zonas de tránsito. Del 18 al 20 de diciembre de 2017, una delegación del Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa visitó Hungría, incluidas dos zonas de tránsito, y llegó a la conclusión de que una zona de tránsito, que en realidad es un lugar de privación de libertad, no puede considerarse un alojamiento adecuado y seguro para las víctimas de la trata. Pidió a las autoridades húngaras que adoptasen un marco jurídico para la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos entre los nacionales de terceros países sin residencia legal y que reforzasen los procedimientos para la identificación de las víctimas de la trata entre los solicitantes de asilo y los inmigrantes ilegales. A partir del 1 de enero de 2018 se introdujeron normas adicionales que favorecen a los menores en general y a los menores no acompañados en particular; entre otras cosas, se elaboró un plan de estudios específico para los menores solicitantes de asilo. La Comisión Europea contra el Racismo y la Xenofobia señaló en sus conclusiones relativas a la aplicación de las recomendaciones con respecto a Hungría, publicadas el 15 de mayo de 2018, que, si bien reconoce que Hungría se ha enfrentado a retos enormes como consecuencia de las llegadas masivas de migrantes y refugiados, está preocupada por las medidas adoptadas en respuesta a esta situación y por el grave deterioro de la situación desde su quinto informe. Las autoridades deberían, con carácter de urgencia, poner fin al internamiento en las zonas de tránsito, en particular en el caso de las familias con hijos y la totalidad de los menores no acompañados.

(67)  A mediados de agosto de 2018, las autoridades de inmigración dejaron de dar alimentos a los adultos solicitantes de asilo que impugnaban decisiones de inadmisibilidad ante los tribunales. Varios solicitantes de asilo tuvieron que solicitar la adopción de medidas provisionales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para empezar a recibir comida. El TEDH adoptó medidas provisionales en dos casos el 10 de agosto de 2018 y en un tercer caso el 16 de agosto de 2018, y ordenó que se entregasen alimentos a los solicitantes. Las autoridades húngaras han dado cumplimiento a las sentencias.

(68)  En su sentencia de 14 de marzo de 2017, Ilias y Ahmed/Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos constató una violación del derecho a la libertad y la seguridad de los demandantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también consideró que se había producido una violación de la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en relación con la expulsión de los demandantes a Serbia, así como una violación del derecho a la tutela judicial efectiva con respecto a las condiciones de internamiento en la zona de tránsito de Röszke. Actualmente, el asunto se encuentra pendiente de decisión por parte de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(69)  El 14 de marzo de 2018, Ahmed H., un sirio residente en Chipre que en septiembre de 2015 intentó ayudar a su familia a huir de Serbia y atravesar la frontera con Hungría, fue condenado por un tribunal húngaro a siete años de prisión y diez años de expulsión del país acusado de cometer «actos terroristas», lo que planteó la cuestión de la aplicación adecuada de las leyes contra el terrorismo en Hungría, así como el derecho a un juicio justo.

(70)  En su sentencia, de 6 de septiembre de 2017, en los asuntos C-643/15 y C-647/15, el Tribunal desestimó en su totalidad los recursos interpuestos por Eslovaquia y Hungría contra el mecanismo provisional de reubicación obligatoria de los solicitantes de asilo de conformidad con la Decisión del Consejo (UE) 2015/1601. Sin embargo, desde que se ha dictado esta sentencia Hungría no ha cumplido lo establecido en la Decisión. El 7 de diciembre de 2017, la Comisión decidió denunciar a la República Checa, Hungría y Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de reubicación.

(71)  El 7 de diciembre de 2017, la Comisión decidió avanzar en el procedimiento de infracción contra Hungría en relación con su legislación en materia de asilo mediante el envío de un dictamen motivado. La Comisión considera que la legislación húngara no es conforme con el Derecho de la Unión, en particular con las Directivas 2013/32/UE(15), 2008/115/CE(16) y 2013/33/UE(17) del Parlamento Europeo y del Consejo y varias disposiciones de la Carta. El 19 de julio de 2018, la Comisión decidió llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia por considerar que la legislación de dicho país en materia de asilo y retorno incumple el Derecho de la Unión.

(72)  En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por que la legislación húngara adoptada en marzo de 2017, que permite la expulsión automática a zonas de tránsito de todos los solicitantes de asilo durante la ejecución de su procedimiento, con la excepción de los menores no acompañados reconocidos como menores de 14 años, incumple las normas jurídicas como consecuencia de la extensión y duración indefinida del confinamiento, la ausencia de una disposición legal para que se examinen con prontitud las condiciones específicas de cada persona afectada y la falta de garantías procesales para impugnar, con probabilidades de éxito, un traslado a las zonas de tránsito. El Comité manifestó su especial inquietud por los informes acerca del uso extensivo de la detención automática de migrantes en centros de acogida dentro de Hungría y por que se haya recurrido a las restricciones a la libertad personal como elemento general de disuasión contra la entrada ilegal, en lugar de como respuesta a la detección de un riesgo individualizado. Además, el Comité mostró su preocupación por las denuncias sobre las malas condiciones en algunos centros de acogida. Tomó nota con preocupación de la ley de expulsión forzosa, introducida por primera vez en junio de 2016, que permite la expulsión sumaria por la policía de cualquier persona que cruce la frontera de forma irregular y sea detenido en territorio húngaro en una franja de ocho kilómetros desde la frontera, que posteriormente se amplió a todo el territorio húngaro, y el decreto 191/2015 que cataloga a Serbia como «tercer país seguro», lo que permite las expulsiones en la frontera de Hungría con Serbia. El Comité observó con preocupación las informaciones según las cuales la expulsión se había aplicado de forma indiscriminada y las personas sometidas a esta medida contaban con muy escasas posibilidades de presentar una solicitud de asilo o de recurrir dicha medida. Asimismo, tomó nota con preocupación de los informes acerca de expulsiones colectivas y violentas, incluidas las acusaciones de palizas contundentes, ataques de perros policía y disparos con balas de goma, que causaron lesiones graves y, al menos en un caso, el fallecimiento de un solicitante de asilo. También mostró su inquietud por las informaciones en el sentido de que la determinación de la edad de los niños solicitantes de asilo y menores no acompañados que se lleva a cabo en las zonas de tránsito es inapropiada, se basa en gran medida en el examen visual por un experto y es inexacta, y por las que señalan una supuesta falta de acceso adecuado por parte de dichos solicitantes de asilo a la educación, los servicios sociales y psicológicos y a asistencia jurídica. En virtud de la nueva propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE, la evaluación médica de la edad será una medida de último recurso.

Derechos económicos y sociales

(73)  El 15 de febrero de 2012 y el 11 de diciembre de 2012, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda digna pidieron a Hungría que reconsiderara la legislación que permite a las autoridades locales la posibilidad de penalizar la situación de carencia de hogar y que apoyase la decisión del Tribunal Constitucional de despenalizar dicha situación. En su informe tras su visita a Hungría, publicado el 16 de diciembre de 2014, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recogió su preocupación por las medidas adoptadas para prohibir las pernoctas y la construcción de cabañas y chabolas, que han sido descritas, en general, como una criminalización en la práctica de la situación de carencia de hogar. El comisario instó a las autoridades húngaras a que investigasen las denuncias de casos de desalojos forzosos sin soluciones alternativas y de niños alejados de sus familias aduciendo las malas condiciones socioeconómicas. En sus observaciones finales de 5 de abril de 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la legislación estatal y local, basada en la Cuarta Enmienda a la Ley Fundamental, que designa muchas zonas públicas como áreas prohibidas para dormir en la calle y que castiga en la práctica a las personas sin hogar. El 20 de junio de 2018, el Parlamento húngaro aprobó la séptima modificación de la Ley fundamental que prohíbe la residencia habitual en un espacio público. El mismo día, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda digna señaló que las medidas adoptadas por Hungría por las que la situación de carencia de hogar se convierte en un delito son crueles e incompatibles con la legislación internacional en materia de derechos humanos.

(74)  En las Conclusiones de 2017 del Comité Europeo de Derechos Sociales se afirmaba que Hungría incumple la Carta Social Europea, ya que los trabajadores por cuenta propia y los empleados domésticos, así como otras categorías de trabajadores, no están protegidos por la normativa de salud y seguridad en el trabajo, las medidas adoptadas para reducir la mortalidad materna han sido insuficientes, el importe mínimo de la pensión de vejez es insuficiente, el importe mínimo de la ayuda a los demandantes de empleo es insuficiente, la duración máxima del pago del subsidio para los demandantes de empleo es demasiado corta y el importe mínimo de las prestaciones por rehabilitación e invalidez es, en determinados casos, insuficiente. El Comité también llegó a la conclusión de que Hungría no cumple la Carta Social Europea puesto que el nivel de la ayuda social abonada a una sola persona sin recursos, incluidas las personas de edad avanzada, es inadecuado, la igualdad de acceso a los servicios sociales no está garantizada para todos los nacionales de Estados Parte que residen legalmente, y no se ha demostrado que exista una oferta adecuada de vivienda para las familias vulnerables. En materia de derechos sindicales, el Comité declaró que el derecho de los trabajadores a disfrutar de vacaciones pagadas no está suficientemente garantizado, que no se ha adoptado ninguna medida para alentar la celebración de convenios colectivos, a pesar de que la protección de los trabajadores por estos es manifiestamente baja en Hungría, y que en la función pública el derecho a convocar una huelga se reserva a los sindicatos, que son parte en el acuerdo celebrado con el Gobierno; los criterios utilizados para definir a los funcionarios a los que se deniega el derecho de huelga van más allá del ámbito de aplicación de la Carta; los sindicatos de la función pública solo pueden recurrir a la huelga si la aprueba la mayoría del personal afectado.

(75)  Las huelgas en Hungría son, en principio, ilegales desde diciembre de 2010, cuando el Gobierno de Viktor Orbán aprobó una enmienda a la llamada «Ley de huelgas». Los cambios implican que, en principio, se permitirán las huelgas en las empresas asociadas con la administración gubernamental a través de contratos de servicio público. La enmienda no se aplica a los grupos profesionales que simplemente carecen de ese derecho, como por ejemplo los conductores de trenes, los agentes de policía, el personal médico y los controladores aéreos. El problema radica en otra parte, principalmente en el porcentaje de empleados que deben participar en el referéndum de huelga para que sea importante: hasta un 70 %. Entonces la decisión sobre la legalidad de las huelgas será tomada por un tribunal de trabajo completamente subordinado al Estado. En 2011, se presentaron nueve solicitudes de permisos de huelga. En siete casos fueron rechazados sin aducir razón alguna; dos de ellos fueron tramitados, pero resultó imposible emitir una decisión.

(76)  En el informe titulado «Observaciones finales sobre los informes periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de Hungría», publicado el 14 de octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el número cada vez mayor de niños que son separados de sus familias debido a las malas condiciones socioeconómicas. Los padres pueden perder a sus hijos debido al desempleo, la falta de vivienda social y la falta de espacio en hogares temporales. Según un estudio del Centro Europeo de Derechos de Romaníes, esta práctica afecta de manera desproporcionada a las familias y los niños romaníes.

(77)  En su recomendación, de 23 de mayo de 2018, relativa a una Recomendación del Consejo relativa al Programa nacional de reformas de 2018 de Hungría y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de convergencia de 2018 de Hungría, la Comisión indicó que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se ha reducido al 26,3 % en 2016 pero que sigue siendo superior a la media de la Unión; los niños en general están más expuestos a la pobreza que otros grupos de edad. El nivel de prestaciones de renta mínima es inferior al 50 % del umbral de pobreza para los hogares formados por una sola persona, lo que lo convierte en uno de los más bajos de la Unión. La adecuación de las prestaciones por desempleo es muy baja: la duración máxima de 3 meses es la más corta en la Unión y solo representa en torno a una cuarta parte del tiempo medio requerido por los demandantes de empleo para encontrar empleo. Además, las cuantías del subsidio figuran entre las más bajas de la Unión. La Comisión recomendó que se mejorara la adecuación y la cobertura de la asistencia social y de las prestaciones de desempleo.

(78)  El [...] de 2018, el Consejo oyó a Hungría de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE.

(79)  Por estos motivos, debe determinarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, del TUE, que existe un riesgo claro de violación grave, por parte de Hungría, de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Existe un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en que se fundamenta la Unión.

Artículo 2

El Consejo recomienda a Hungría adoptar las siguientes medidas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión: [...]

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor a los [...] días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión es Hungría.

Hecho en Bruselas, el …

Por el Consejo

El Presidente

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0216.
(2) DO C 399 de 24.11.2017, p. 127.
(3) DO C 407 de 4.11.2016, p. 46.
(4) DO C 75 de 26.2.2016, p. 52.
(5) DO C 249 E de 30.8.2013, p. 27.
(6) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 154.
(7) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(8) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 408.
(9) COM(2003)0606.
(10) Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2012, Comisión/Hungría, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.
(11) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(12) Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO L 204 de 26.7.2006, p. 23).
(13) Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 348 de 28.11.1992, p. 1).
(14) Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 55).
(15) Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).
(16) Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
(17) Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).


Sistemas armamentísticos autónomos
PDF 122kWORD 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre los sistemas armamentísticos autónomos (2018/2752(RSP))
P8_TA(2018)0341RC-B8-0308/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el título V, el artículo 21 y el artículo 21, apartado 2, letra c) del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la cláusula Martens, incluida en el Protocolo I de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra,

–  Vista la parte IV de la Agenda para el Desarme de las Naciones Unidas para 2018, titulada «Asegurar nuestro futuro común»,

–  Visto su estudio de 3 de mayo de 2013 sobre los aspectos de derechos humanos del uso de vehículos aéreos y robots no tripulados en conflictos bélicos,

–  Vistas sus diferentes posiciones, recomendaciones y resoluciones en las que pide una prohibición a escala internacional de los sistemas armamentísticos autónomos letales, entre ellas su Recomendación, de 5 de julio de 2018, al Consejo sobre el 73.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(1), el mandato aprobado en el Pleno del 13 de marzo de 2018 para iniciar negociaciones con miras a la aprobación de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto(2), su Recomendación destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre el 71.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(3), y su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados(4),

–  Visto el informe anual del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, de 9 de abril de 2013 (A/HRC/23/47),

–  Vistas las declaraciones de la Unión sobre los sistemas armamentísticos autónomos letales, realizadas ante el Grupo de Expertos Gubernamentales de las Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales en Ginebra, en sus reuniones de los días 13 a 17 de noviembre de 2017, 9 a 13 de abril de 2018 y 27 a 31 de agosto de 2018,

–  Vistas las contribuciones realizadas por diferentes Estados, entre ellos varios Estados miembros de la Unión Europea, antes de las reuniones de 2017 y 2018 del Grupo de Expertos Gubernamentales,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 31 de mayo de 2017, que preconiza un enfoque de la inteligencia artificial basado en el control humano y la prohibición de los sistemas armamentísticos autónomos letales,

–  Visto el llamamiento de la Santa Sede en favor de la prohibición de las armas autónomas letales,

–  Vistas la carta abierta de julio de 2015 firmada por más de 3 000 investigadores en inteligencia artificial y robótica, y la carta abierta de 21 de agosto de 2017 firmada por 116 fundadores de empresas líderes en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica, en las que advierten contra los sistemas armamentísticos autónomos letales, así como la carta firmada por 240 organizaciones tecnológicas y 3 089 personas, por la que se comprometen a no desarrollar, producir o utilizar nunca sistemas armamentísticos autónomos letales,

–  Vistas las declaraciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y las iniciativas de la sociedad civil como Campaign to Stop Killer Robots (Campaña para detener a los robots asesinos), que representa a 70 organizaciones en 30 países, en particular Human Rights Watch, PAX, Article 36 y Amnistía Internacional,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las políticas y acciones de la Unión se inspiran en los principios de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana, en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional; que esos principios han de aplicarse a fin de preservar la paz, prevenir los conflictos y reforzar la seguridad internacional;

B.  Considerando que por «sistemas armamentísticos autónomos letales» se entienden sistemas de armas sin un control humano significativo con respecto a las funciones críticas de selección y ataque de objetivos individuales;

C.  Considerando que, al parecer, un número desconocido de países, empresas financiadas con fondos públicos y empresas privadas llevan a cabo actividades de investigación y desarrollo de sistemas armamentísticos autónomos letales, que van desde misiles capaces de seleccionar blancos a máquinas con capacidad de aprendizaje para decidir a quién, cuándo y dónde atacar;

D.  Considerando que los sistemas no autónomos, como los sistemas automatizados, controlados a distancia y teledirigidos, no deben considerarse sistemas armamentísticos autónomos letales;

E.  Considerando que los sistemas armamentísticos autónomos letales son capaces de cambiar radicalmente la guerra desencadenando una carrera armamentística sin precedentes y sin control;

F.  Considerando que el uso de sistemas armamentísticos autónomos letales plantea cuestiones fundamentales de carácter ético y jurídico sobre el control humano, en particular en lo que se refiere a funciones críticas como las de seleccionar y atacar objetivos; que las máquinas y los robots no pueden tomar decisiones de carácter humano que impliquen principios jurídicos de distinción, proporcionalidad y precaución;

G.  Considerando que la intervención y la supervisión humanas resultan fundamentales en el proceso de toma de decisiones letales, ya que los seres humanos siguen siendo responsables a la hora de decidir entre la vida y la muerte;

H.  Considerando que el Derecho internacional, en particular el Derecho humanitario y en materia de derechos humanos, se aplica sin reservas a todos los sistemas armamentísticos y sus operadores, y que el respeto del Derecho internacional es un requisito fundamental que los Estados deben cumplir, sobre todo por lo que atañe a la observancia de principios como la protección de la población civil o la adopción de medidas de precaución en caso de ataque;

I.  Considerando que el uso de sistemas armamentísticos autónomos letales plantea cuestiones fundamentales sobre la aplicación del Derecho internacional en materia de derechos humanos, del Derecho internacional humanitario y de las normas y los valores europeos con respecto a futuras acciones militares;

J.  Considerando que, en agosto de 2017, 116 fundadores de empresas internacionales líderes en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica enviaron una carta abierta a las Naciones Unidas en la que solicitaban a los gobiernos que impidiesen una carrera armamentística con este tipo de armas y evitasen los efectos desestabilizadores de estas tecnologías;

K.  Considerando que todo sistema armamentístico autónomo letal puede fallar a cuenta de algún código escrito incorrectamente o de un ciberataque perpetrado por un Estado enemigo o un agente no estatal;

L.  Considerando que el Parlamento, en repetidas ocasiones, ha pedido la elaboración y adopción urgentes de una posición común sobre los sistemas armamentísticos autónomos letales, la prohibición a escala internacional del desarrollo, la producción y la utilización de sistemas armamentísticos autónomos letales capaces de realizar ataques sin un control humano significativo, así como el inicio de negociaciones efectivas para su prohibición;

1.  Recuerda que la Unión aspira a convertirse en un actor global en favor de la paz, y pide que esa función se extienda al desarme mundial y a los esfuerzos de no proliferación, así como que sus acciones y políticas persigan al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a fin de garantizar el respeto del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, además de la protección de los civiles y de las infraestructuras civiles;

2.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), a los Estados miembros y al Consejo Europeo que elaboren y adopten, con carácter de urgencia y antes de la reunión de noviembre de 2018 de las Altas Partes Contratantes en la Convención sobre ciertas armas convencionales, una posición común sobre los sistemas armamentísticos autónomos letales que garantice un control humano significativo de las funciones esenciales de los sistemas armamentísticos, incluso durante su despliegue, y que se manifiesten en los foros pertinentes con una sola voz y actúen en consecuencia; pide a la VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo, en este contexto, que compartan las mejores prácticas y reúnan contribuciones de expertos, de medios académicos y de la sociedad civil;

3.  Insta a la VP/AR, a los Estados miembros y al Consejo a que obren por entablar negociaciones internacionales sobre un instrumento jurídicamente vinculante que imponga la prohibición de los sistemas armamentísticos autónomos letales;

4.  Resalta, en este contexto, la importancia fundamental de impedir el desarrollo y la producción de sistemas armamentísticos autónomos letales desprovistos de control humano con respecto a funciones críticas como las de seleccionar y atacar objetivos;

5.  Recuerda su posición, de 13 de marzo de 2018, sobre el Reglamento por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, en particular el apartado 4 de su artículo 6 (Acciones subvencionables), y subraya su intención de adoptar una posición similar en el marco del futuro programa de investigación en materia de defensa, del programa de desarrollo industrial en materia de defensa y de otros aspectos relevantes del Fondo Europeo de Defensa a partir de 2020;

6.  Subraya que entre las armas y los sistemas armamentísticos que en la actualidad utilizan las fuerzas de la Unión no se encuentran sistemas armamentísticos autónomos letales; recuerda que no se consideran sistemas armamentísticos autónomos letales las armas ni los sistemas armamentísticos concebidos específicamente para la defensa tanto de plataformas y fuerzas como de la población frente a amenazas extremadamente dinámicas, como proyectiles, municiones y aeronaves enemigas; hace hincapié en que las decisiones en cuanto al ataque de aeronaves con personas a bordo deben ser tomadas por operadores humanos;

7.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a las Naciones Unidas y al secretario general de la OTAN.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0312.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0494.
(3) DO C 101 de 16.3.2018, p. 166.
(4) DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.


Estado de las relaciones UE-EE. UU.
PDF 187kWORD 70k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE-EE. UU. (2017/2271(INI))
P8_TA(2018)0342A8-0251/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte - Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea», presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016, y la Comunicación conjunta de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 7 de junio de 2017, titulada «Un planteamiento estratégico de la resiliencia en la acción exterior de la UE» (JOIN(2017)0021),

–  Vistos los resultados de las cumbres UE-EE. UU. celebradas el 28 de noviembre de 2011 en Washington D. C. y el 26 de marzo de 2014 en Bruselas,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de la 79.ª reunión interparlamentaria del Diálogo Transatlántico de Legisladores (DTL) celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 2016 en Washington D. C., la 80.ª reunión interparlamentaria del DTL celebrada los días 2 y 3 de junio de 2017 en La Valeta, y la 81.ª reunión interparlamentaria del DTL celebrada el 5 de diciembre de 2017 en Washington D. C. así como la 82.ª reunión interparlamentaria del DTL celebrada el 30 de junio de 2018 en Sofía (Bulgaria),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de abril de 2015, titulada «Agenda Europea de Seguridad» (COM(2015)0185),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 6 de abril de 2016, titulada «Marco conjunto sobre la lucha contra las amenazas híbridas: una respuesta de la Unión Europea» (JOIN(2016)0018),

–  Vista la declaración conjunta del presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión y del secretario general de la OTAN, de 8 de julio de 2016, sobre el conjunto común de propuestas aprobadas por los Consejos de la Unión Europea y de la OTAN los días 5 y 6 de diciembre de 2016, así como los informes de situación sobre su aplicación, de 14 de junio y 5 de diciembre de 2017,

–  Vista la declaración conjunta UE-OTAN de 2016,

–  Vistas la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. de 18 de diciembre de 2017 y la Estrategia de Defensa Nacional de los EE. UU. de 19 de enero de 2018,

–  Vista la Iniciativa de Seguridad Europea,

–  Visto el plan de acción para la diplomacia climática de la UE adoptado en 2015 por el Consejo de Asuntos Exteriores,

–  Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP.21) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CP/RP.11), celebradas en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2271/96 del Consejo, de 22 de noviembre de 1996, relativo a la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer país, y contra las acciones basadas en ella o derivadas de ella(1),

–  Vista su Resolución de 13 de marzo de 2018 sobre el papel de las regiones y las ciudades de la UE en la aplicación del Acuerdo de París de la CP 21 sobre el cambio climático, en particular su apartado 13(2),

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre las relaciones transatlánticas, en particular su Resolución de 1 de junio de 2006 sobre la mejora de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos en el marco de un Acuerdo de Asociación Transatlántica(3), su Resolución de 26 de marzo de 2009 sobre el estado de las relaciones transatlánticas tras las elecciones en los Estados Unidos de América(4), su Resolución de 17 de noviembre de 2011 sobre la Cumbre UE-EE.UU. del 28 de noviembre de 2011(5), y su Resolución de 13 de junio de 2013 sobre el papel de la UE en la promoción de una asociación transatlántica más amplia(6),

–  Vista su Resolución de 22 de noviembre de 2016 sobre la Unión Europea de Defensa(7),

–  Vista su Resolución de 13 de diciembre de 2017 sobre el Informe Anual sobre la Aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común(8),

–  Vista su Resolución de 13 de diciembre de 2017 sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política común de seguridad y defensa(9),

–  Vista su Resolución de 8 de febrero de 2018 sobre la situación del OOPS(10),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0251/2018),

A.  Considerando que la asociación entre la Unión Europea y los Estados Unidos se basa en fuertes lazos políticos, culturales, económicos e históricos, en valores compartidos como la libertad, la democracia, la promoción de la paz y la estabilidad, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como en objetivos comunes como la prosperidad, la seguridad, unas economías abiertas e integradas, el progreso social y la inclusión, el desarrollo sostenible y la solución pacífica de los conflictos, y que tanto los EE. UU. como la UE son democracias basadas en el Estado de Derecho con sistemas eficaces de contrapoderes institucionales; que dicha asociación se enfrenta a una gran cantidad de desafíos e alteraciones a corto plazo, pese a lo cual los aspectos fundamentales a largo plazo siguen siendo importantes y la cooperación entre la UE y los EE. UU., como socios afines, sigue siendo crucial;

B.  Considerando que la UE y los EE. UU., a partir de su sólida base de valores comunes y principios compartidos, deben explorar modos alternativos de reforzar la relación transatlántica y responder eficazmente a los importantes desafíos a los que nos enfrentamos, utilizando todos los canales disponibles de comunicación; que los legisladores, el Congreso de los EE. UU. y el Parlamento Europeo desempeñan unas funciones importantes e influyentes en nuestras democracias y deben utilizar todo el potencial de su cooperación para preservar el orden democrático, liberal y multilateral, y fomentar la estabilidad y continuidad en nuestro continente y en el mundo;

C.  Considerando que, en un mundo global, complejo y cada vez más multipolar, la UE y los EE. UU. deben desempeñar papeles de liderazgo, fundamentales y constructivos reforzando y defendiendo el Derecho internacional, fomentando y protegiendo los derechos y principios fundamentales y abordando conjuntamente los conflictos regionales y los retos mundiales;

D.  Considerando que la UE y los EE. UU. están afrontando una era de cambios geopolíticos y deben gestionar complejas amenazas similares, tanto convencionales como híbridas, generadas por agentes tanto estatales como no estatales, de procedencia meridional y oriental; que los ciberataques son cada vez más comunes y sofisticados y que la cooperación entre la UE y los EE. UU. a través de la OTAN puede complementar los esfuerzos de ambas partes y proteger infraestructuras críticas de defensa e información del gobierno; que estas amenazas exigen la cooperación internacional para afrontarlas;

E.  Considerando que la UE reconoce el continuo apoyo militar de los EE. UU. para garantizar la seguridad y la defensa de la UE, y que esta tiene una deuda de gratitud con todos los estadounidenses que sacrificaron sus vidas para garantizar la seguridad europea durante los conflictos de Kosovo y Bosnia, así como que la UE intenta garantizar actualmente su propia seguridad a través de una mayor autonomía estratégica;

F.  Considerando que los EE. UU. han decidido recortar en 600 millones de dólares su presupuesto de mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas;

G.  Considerando que una política exterior más impredecible por parte de los EE. UU. está creando una creciente incertidumbre en las relaciones internacionales y podría dejar cierto margen para el ascenso de otros actores en el escenario mundial, como China, cuya influencia política y económica está creciendo en todo el mundo; que muchos países clave de Asia, anteriormente más cercanos a los EE. UU., están acercándose a China;

H.  Considerando que la UE mantiene su pleno compromiso con el multilateralismo y el fomento de los valores compartidos, incluyendo la democracia y los derechos humanos; que el orden internacional basado en normas beneficia tanto a los EE. UU. como a la UE; que, en este sentido, es de vital importancia que la UE y los EE. UU. actúen de forma conjunta y en sinergia en apoyo de un orden basado en normas garantizado a través de organizaciones supranacionales e instituciones internacionales fuertes, creíbles y eficaces;

I.  Considerando que la asociación entre los EE. UU. y Europa ha sido esencial para el orden económico, político y en materia de seguridad a nivel mundial durante más de siete décadas; que la relación transatlántica afronta muchos desafíos y se ha visto sometida a una creciente presión en muchas cuestiones desde la elección del presidente Trump;

J.  Considerando que, como parte de la estrategia global de la Unión, la política climática se ha integrado en la política exterior y de seguridad, y se ha reforzado la relación entre la energía y el clima, la seguridad y los objetivos de desarrollo y la migración, así como el comercio libre y justo;

K.  Considerando que la UE mantiene su pleno compromiso con un sistema comercial multilateral basado en normas, abierto y no discriminatorio; que la OMC se sitúa en el centro del sistema comercial mundial como la única institución que puede garantizar una auténtica igualdad de condiciones;

L.  Considerando que tanto los EE. UU. como la UE deben apoyar las aspiraciones de los países de los Balcanes occidentales para unirse a la comunidad transatlántica; que, en este sentido, además del compromiso reforzado por parte de la UE, sigue siendo vital el compromiso de los EE. UU.;

M.  Considerando la responsabilidad creciente de la Unión a la hora de garantizar su propia seguridad en un contexto estratégico que ha registrado un grave deterioro en los últimos años;

N.  Considerando que la seguridad europea descansa en la ambición de una autonomía estratégica común, reconocida en junio de 2016 por los veintiocho jefes de Estado y de gobierno en la Estrategia global de la Unión Europea;

Un marco general basado en valores compartidos

1.  Recuerda e insiste en que la larga asociación y alianza UE-EE. UU. se basa y debe seguir basándose en compartir y promover valores comunes como la libertad, el Estado de Derecho, la paz, la democracia, la igualdad, el multilateralismo basado en normas, la economía de mercado, la justicia social, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, así como la seguridad colectiva, con la resolución pacífica de los conflictos como prioridad; hace hincapié en la importancia de reforzar la asociación UE-EE. UU., que es uno de los principales ejes de cooperación en un mundo globalizado, para alcanzar estos objetivos;

2.  Acoge con satisfacción la reunión entre el presidente de la Comisión Juncker y el presidente de los Estados Unidos Trump en Washington el 25 de julio de 2018, como un signo de mejora en las relaciones bilaterales; toma nota de su declaración y de la voluntad de trabajar por la distensión de las relaciones transatlánticas en el ámbito comercial; recuerda, en este sentido, el efecto destructivo de los aranceles punitivos; reitera igualmente su apoyo a un enfoque amplio y global de los acuerdos comerciales y al multilateralismo;

3.  Destaca que las relaciones UE-EE.UU. son el garante fundamental de la estabilidad mundial y han sido la piedra angular de nuestros esfuerzos para garantizar la paz, la prosperidad y la estabilidad en nuestras sociedades desde el final de la Segunda Guerra Mundial, así como para crear un sistema comercial y de cooperación económica y política multilateral basado en normas y valores; reafirma que las relaciones UE-EE.UU. son estratégicas y genuinas, y que un fuerte vínculo transatlántico es beneficioso para ambas partes y para el mundo; considera que la actual política unilateral conocida como «America first» («los Estados Unidos primero») es perjudicial tanto para los intereses de la UE como para los de los EE.UU., socava la confianza mutua y puede asimismo tener repercusiones más amplias para la estabilidad mundial; recuerda el interés de la UE en cultivar asociaciones duraderas y mutuamente beneficiosas basadas en valores y principios compartidos que prevalezcan sobre las ganancias transaccionales a corto plazo;

4.  Subraya que la asociación va mucho más allá de la política exterior y las cuestiones comerciales en sentido estricto e incluye también otros temas como la (ciber) seguridad, las cuestiones económicas, digitales y financieras, el cambio climático, la energía, la cultura, la ciencia y la tecnología; hace hincapié en que estas cuestiones están estrechamente relacionadas entre sí y deben examinarse dentro del mismo marco general;

5.  Manifiesta su preocupación por los planteamientos adoptados por los EE. UU. para abordar los problemas mundiales y los conflictos regionales desde la elección del presidente Trump; destaca la importancia que para la UE revisten las relaciones transatlánticas y el diálogo sostenido, subrayando la significación de las cuestiones que unen a los EE.UU. y a la UE; pide una mayor claridad acerca de si nuestra relación transatlántica, construida a lo largo de décadas, sigue teniendo para nuestros socios americanos la misma relevancia en la actualidad; hace hincapié en que el marco general basado en valores de nuestra asociación es esencial para fomentar y seguir reforzando la arquitectura de la economía y la seguridad mundiales; subraya que las cuestiones que unen a los EE.UU. y la UE en última instancia deben tener mayor peso que aquellas que los separan;

6.  Resalta que, en un sistema internacional permanentemente marcado por la inestabilidad y la incertidumbre, Europa tiene la responsabilidad de construir su autonomía estratégica para afrontar la multiplicación de desafíos comunes; insiste, en consecuencia, en la necesidad de que los países europeos mantengan su capacidad para decidir y actuar solos para defender sus intereses; recuerda que la autonomía estratégica es tanto una ambición legítima de Europa como un objetivo prioritario que debe articularse en los ámbitos de industrial, operativo y de las capacidades ;

Reforzar la asociación

7.  Recuerda el gran potencial y el interés estratégico de esta asociación tanto para los EE.UU. como para la UE con vistas a lograr la prosperidad y seguridad mutuas y consolidar un orden basado en normas y valores que apoye a las instituciones internacionales y les ofrezca los medios para mejorar la gobernanza mundial; pide por tanto que se fomenten el diálogo y el compromiso en todos los elementos de esta asociación y a todos los niveles de cooperación, inclusive con las organizaciones de la sociedad civil; subraya que nuestras decisiones y acciones tienen un impacto sobre la arquitectura de la economía y la seguridad mundiales y, por tanto, deben dar ejemplo, así como sobre los intereses de ambas partes;

8.  Subraya las responsabilidades de los EE.UU. como potencia mundial y pide al Gobierno de dicho país que defienda los principales valores compartidos que suponen la base de las relaciones transatlánticas y que garantice en todo momento el respecto por el Derecho internacional, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales firmados o ratificados por los EE.UU.;

9.  Subraya que la UE y los EE.UU. son recíprocamente los principales socios en un mundo multipolar, y que las acciones unilaterales solo debilitan la asociación transatlántica, que debe ser una asociación entre iguales basada en el diálogo y encaminada a restablecer la confianza mutua;

10.  Lamenta la excesiva demora a la hora de designar un nuevo embajador de los EE.UU. ante la Unión Europea pero acoge con satisfacción su nombramiento y su posterior confirmación por el Senado de los EE.UU. el 29 de junio de 2018;

11.  Crítica firmemente las declaraciones del nuevo embajador de los EE.UU. ante Alemania, Richard Grenell, quien afirmó su intención de apoyar a los populistas nacionalistas de toda Europa, y recuerda que el papel de los diplomáticos no es apoyar a fuerzas políticas individuales, sino fomentar el mutuo entendimiento y asociación; considera, por otra parte, que las declaraciones de altos cargos del Gobierno de Trump en las que muestran su desprecio por la Unión y su apoyo a las fuerzas xenófobas y populistas que tratan de destruir el proyecto europeo son hostiles e incompatibles con el espíritu de asociación transatlántica;

12.  Pide a la VP/AR, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la cooperación, la coordinación, la coherencia y la eficacia en la política de la UE para los EE.UU. a fin de presentar a la UE como un actor internacional unificado y eficaz con un mensaje coherente;

13.  Recuerda que los Estados Unidos son un socio fundamental, dada la convergencia de intereses de defensa y seguridad y la existencia de unas relaciones bilaterales fuertes; pide la celebración de una cumbre UE-EE.UU. lo antes posible en un esfuerzo por superar los desafíos actuales y continuar trabajando en cuestiones de interés mutuo, regional y mundial;

14.  Considera importante la presencia de fuerzas militares estadounidenses en los países europeos en caso necesario y en consonancia con el cumplimiento continuado de los compromisos acordados;

15.  Insiste en que un diálogo estructurado y estratégico sobre política exterior a nivel transatlántico, con la participación también del Parlamento Europeo y del Congreso de los EE.UU., es clave para reforzar la arquitectura transatlántica, incluida la cooperación en materia de seguridad, y pide una ampliación de la dimensión de política exterior del diálogo UE-EE.UU.;

16.  Recuerda su propuesta de que se cree un consejo político transatlántico para la consulta y coordinación sistemáticas en materia de política exterior y de seguridad, que estaría encabezado por el VP/AR y el Secretario de Estado de los EE. UU., y sustentado en contactos regulares de los directores políticos;

17.  Acoge con satisfacción el trabajo constante e ininterrumpido del DTL en el fomento de las relaciones entre la UE y los EE.UU. mediante el diálogo y la coordinación parlamentarios sobre cuestiones de interés común; reitera la importancia del contacto y el diálogo interpersonales para reforzar las relaciones transatlánticas; pide, por consiguiente, un mayor compromiso tanto del Senado y la Cámara de Representantes de los EE.UU. como del Parlamento Europeo; acoge con satisfacción el relanzamiento del caucus bipartidista del Congreso sobre la UE con motivo del 115º Congreso y pide a la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo (EPLO) y a la delegación de la UE en Washington que cooperen más estrechamente con ellos;

18.  Recuerda que tanto en la UE como en los EE.UU., nuestras sociedades son fuertes, están arraigadas en la democracia liberal y el estado de derecho, y se basan en una pluralidad de actores, incluidos entre otros nuestros Gobiernos, Parlamentos y órganos descentralizados, las distintas instituciones políticas, las empresas y los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación libres e independientes, los grupos religiosos y las comunidades del mundo académico y la investigación; hace hincapié en que debemos fomentar vínculos entre las dos orillas del Atlántico para promover las ventajas y la importancia de nuestra asociación transatlántica, a distintos niveles y en toda la UE y los EE.UU., sin centrarse solo en las costas este y oeste; pide programas reforzados y específicos para este fin que estén dotados de una financiación adecuada;

19.  Acoge con satisfacción la estimulante función de las relaciones entre las instituciones europeas y los estados federales de los EE.UU., así como las zonas metropolitanas en la relación transatlántica general, en particular en el caso de las relaciones de hermanamiento; hace hincapié, en este contexto, en la cooperación existentes basada en el Memorándum de Entendimiento Under2; invita a los estados federales de los EE.UU. a reforzar sus contactos con las instituciones europeas;

20.  Hace hincapié en que los intercambios culturales a través de programas educativos son cruciales para promover y desarrollar valores comunes y construir puentes entre los distintos socios; pide, por consiguiente, que se refuercen y multipliquen los programas de movilidad estudiantil entre los Estados Unidos y la Unión en el marco de Erasmus+, y que se facilite el acceso a los mismos;

21.  Está especialmente impresionado por la movilización de los alumnos estadounidenses que defienden leyes más estrictas en materia de armas y muestran su rechazo contra la injerencia de la Asociación Nacional del Rifle en la legislación, como respuesta a las numerosas tragedias relacionadas con el uso de armas que se han producido en escuelas;

Afrontar juntos los retos mundiales

22.  Insiste en que la UE y los EE.UU. deben seguir desempeñando papeles constructivos clave abordando conjuntamente los conflictos regionales y los retos mundiales basados en los principios del Derecho internacional; resalta que el multilateralismo, al que Europa profesa un profundo apego, cada vez se ve más amenazado por las actitudes de los Estados Unidos y otras grandes potencias mundiales; recuerda la importancia del multilateralismo a la hora de preservar la paz y la estabilidad, como vehículo de fomento de los valores del estado de derecho y para hacer frente a los problemas mundiales, e insiste en que estos deben abordarse en los foros internacionales pertinentes; se muestra, por lo tanto, preocupado por el hecho de que las recientes decisiones unilaterales de los EE.UU. —desvinculación de acuerdos internacionales fundamentales, revocación de determinados compromisos, ataques a las normas internacionales, retirada de foros internacionales y fomento de las tensiones comerciales y diplomáticas— puedan apartarse de esos valores comunes y tensionar y socavar la relación; pide a la UE que dé muestras de unidad, firmeza y proporcionalidad en su respuesta a tales decisiones; pide, por consiguiente, a los Estados miembros de la UE que eviten cualquier acción o movimiento destinado a obtener ventajas bilaterales en detrimento de un enfoque común europeo coherente;

23.  Señala que otras grandes potencias mundiales, como Rusia y China, cuentan con sólidas estrategias políticas y económicas, muchas de las cuales pueden ir en contra de nuestros valores comunes, nuestros compromisos internacionales y la propia relación transatlántica y ponerlos en riesgo; recuerda que estas circunstancias hacen que la cooperación UE-EE.UU. sea aún más fundamental para poder seguir defendiendo unas sociedades abiertas, así como promoviendo y protegiendo nuestros derechos, principios y valores comunes, incluido el respeto del Derecho internacional; pide, en este sentido, una mayor coordinación entre la UE y los EE.UU. para armonizar y fijar una política común de sanciones con vistas a incrementar su eficacia;

24.  Opina que abordar los intentos de Rusia de presionar, influenciar, desestabilizar y explotar las debilidades y las vías democráticas de las sociedades occidentales exige una respuesta transatlántica conjunta; considera, por tanto, que los EE.UU. y la UE deben dar prioridad a las acciones coordinadas con respecto a Rusia, con la participación de la OTAN cuando proceda; observa con preocupación, en este sentido, las declaraciones de los presidentes de los EE. UU. y de Rusia en el contexto de su reunión del 16 de julio de 2018 en Helsinki; recuerda el claro peligro que suponen para nuestras democracias las noticias falsas, la desinformación y, en particular, las fuentes de interferencias maliciosas; pide que se entable un diálogo político y social que equilibre el anonimato y la responsabilidad en los medios sociales;

25.  Subraya que la seguridad presenta elementos multidimensionales y relacionados entre sí, y que su definición no solo abarca los aspectos militares, sino también los relativos al medio ambiente, la energía, el comercio, la ciberseguridad y las comunicaciones, la sanidad, el desarrollo, la rendición de cuentas, la ayuda humanitaria, etc.; insiste en que los problemas de seguridad deben abordarse mediante un planteamiento amplio; lamenta, en este sentido, los sustanciales recortes presupuestarios propuestos, por ejemplo, para la construcción del Estado en Afganistán, a la ayuda al desarrollo en África, a la ayuda humanitaria y a las contribuciones de los EE.UU. a los programas, operaciones y agencias de las Naciones Unidas;

26.  Destaca que un acuerdo de comercio transatlántico equilibrado y mutuamente beneficioso tendría consecuencias que irían mucho más allá de los aspectos comerciales y económicos;

27.  Declara que la OTAN sigue siendo el principal garante de la defensa colectiva de Europa; acoge con satisfacción la reafirmación del compromiso de los EE UU. con la OTAN y la seguridad europea, y subraya que profundizar en la cooperación UE-OTAN también refuerza la asociación transatlántica;

28.  Hace hincapié en la importancia de la cooperación, la coordinación y las sinergias en el ámbito de la seguridad y la defensa; subraya la importancia de mejorar el gasto en defensa, e insiste, en este sentido, en que el reparto de la carga no debe centrarse únicamente en los insumos (objetivo de dedicar un 2 % del PIB a defensa) sino también en los productos (capacidades medidas en términos de fuerzas desplegables, disponibles y sostenibles); recuerda que ese objetivo cuantificado refleja la creciente asunción de responsabilidad de los europeos con su propia seguridad, que es indispensable dada la degradación de su entorno estratégico; acoge con satisfacción el hecho de que la defensa se esté convirtiendo en un ámbito de mayor prioridad para la UE y sus Estados miembros, ya que esta genera una mayor eficiencia militar en beneficio de la UE y la OTAN, y celebra en este sentido la presencia de tropas estadounidenses en territorio de la UE; declara que la OTAN sigue siendo crucial para la defensa colectiva de Europa y sus aliados (artículo 5 del Tratado de Washington); resalta que la capacidad de la OTAN para llevar a cabo sus misiones depende estrechamente de la robustez de la relación transatlántica;

29.  Pide a la UE que refuerce la Unión Europea de Defensa con el objetivo de desarrollar capacidades que garanticen la relevanci estratégica de la UE en seguridad y defensa, por ejemplo creando más sinergias y una mayor eficiencia en el gasto en defensa, investigación, desarrollo, contratación, mantenimiento y formación entre los Estados miembros; insiste en que una mayor cooperación en materia de defensa a escala de la UE refuerza la contribución europea a la paz, la seguridad y la estabilidad a escala regional e internacional, lo cual también favorece la consecución de los objetivos de la OTAN y refuerza nuestro vínculo transatlántico; apoya, por lo tanto, los esfuerzos realizados recientemente para reforzar la arquitectura europea de defensa, incluido el Fondo Europeo de Defensa y la recién creada Cooperación Estructurada Permanente (CEP);

30.  Celebra la puesta en marcha de la CEP y apoya sus primeros proyectos, como por ejemplo la movilidad militar; subraya que la CEP es de interés común para la UE y la OTAN y debería ser un motor que impulse la cooperación entre ambas organizaciones en términos de desarrollo de capacidades y la consolidación de un pilar de la UE en la OTAN, en el contexto de cada constitución nacional;

31.  Reitera la necesidad de que la UE y los EE.UU. refuercen su cooperación en el ámbito de la ciberseguridad y la defensa, concretamente a través de las agencias especializadas y los grupos de estudio como ENISA, Europol, Interpol, las futuras estructuras de la CEP y el Fondo Europeo de Defensa, especialmente mediante la lucha contra los ataques cibernéticos y la promoción conjunta de esfuerzos dirigidos a crear un marco internacional integral y transparente que establezca las normas mínimas para las políticas en materia de ciberseguridad, respetando las libertades fundamentales; considera indispensable que la Unión y la OTAN intensifiquen el intercambio de inteligencia con el fin de permitir la atribución formal de ciberataques y, en consecuencia, permitir la imposición de sanciones restrictivas para los responsables de los ciberataques; subraya la importancia y contribución positiva que tiene la Iniciativa de Seguridad Europea de los EE.UU. para la seguridad de los Estados miembros de la UE;

32.  Subraya que la creciente importancia de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático requiere una mayor cooperación entre la Unión y los Estados Unidos y que las medidas se tomen para fomentar la cooperación entre las empresas tecnológicas estadounidenses y europeas con objeto de garantizar la creación de asociaciones en materia de desarrollo y ejecución se utilice con eficacia;

33.  Pide al Congreso de los Estados Unidos que incluya al Parlamento Europeo en su programa de uso compartido de información sobre ciberamenazas con los parlamentos de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido;

34.  Subraya la necesidad de un enfoque común para regular las plataformas digitales y aumentar su rendición de cuentas con objeto de debatir las cuestiones de la censura en la red, los derechos de autor y de los titulares de derechos, los datos personales y la noción de neutralidad de la red; reitera la necesidad de trabajar conjuntamente para promover una internet abierta, interoperable y protegida, gobernada por el modelo de diversas partes interesadas que promueven los derechos humanos, la democracia, el estado de derecho y la libertad de expresión y fomenta la prosperidad económica y la innovación respetando la privacidad y previniendo el fraude, la estafa y el robo; pide que se realicen esfuerzos conjuntos para crear normas y regulaciones y para promover la aplicabilidad del Derecho internacional en el ciberespacio;

35.  Reitera que la neutralidad de la red está consagrada en el Derecho de la Unión; lamenta la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones de revocar las normas de neutralidad de la red; acoge con satisfacción la reciente votación del Senado de los Estados Unidos para revocar esta decisión; insta al Congreso de los Estados Unidos a que cumpla la decisión del Senado con objeto de mantener una internet abierta, segura y protegida que no permita el trato discriminatorio de los contenidos de internet;

36.  Subraya la necesidad de entablar verdaderas negociaciones en relación con la normalización, especialmente en el contexto de la evolución tecnológica cada vez más rápida, especialmente en el ámbito de las TI;

37.  Hace hincapié en que una parte importante de los esfuerzos de la UE y los EE.UU. para reforzar la lucha contra el terrorismo incluye la protección de las infraestructuras críticas, incluida la promoción de normas comunes y el impulso de la compatibilidad y la interoperabilidad, así como un enfoque integral para la lucha contra el terrorismo, también a través de la coordinación en los foros regionales, multilaterales y mundiales y de la cooperación para el intercambio de datos relacionados con actividades terroristas; reitera la necesidad de apoyar mecanismos como el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) y otras acciones conjuntas que puedan realizar una contribución significativa y cambiar la situación en la lucha contra el terrorismo y el extremismo; recuerda a ambas partes que la lucha contra el terrorismo debe ser conforme con el Derecho internacional y los valores democráticos, respetando plenamente las libertades civiles y los derechos humanos fundamentales;

38.  Expresa su preocupación por el reciente nombramiento de Gina Haspel como directora de la Agencia Central de Inteligencia, dado su escaso historial en materia de derechos humanos, incluida su complicidad en el programa de la CIA de entregas y detenciones en lugares secretos;

39.  Expresa su gran preocupación por la eliminación de las restricciones limitadas que ha aplicado el Gobierno estadounidense al programa de drones, lo que aumenta el riesgo de víctimas civiles y homicidios, así como la falta de transparencia tanto del programa de drones de los EE. UU. como de la ayuda que ofrecen algunos Estados miembros de la Unión; insta a los EE.UU. y los Estados miembros de la Unión a que garanticen que el uso de drones armados cumple con las obligaciones establecidas por el Derecho internacional, incluidos el Derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, y a que establezcan rigurosas normas vinculantes que regulen la prestación de todas las formas de intervención en las operaciones letales con drones;

40.  Subraya la necesidad de que la UE y los EE. UU. combatan la evasión fiscal y otros delitos financieros y garanticen la transparencia;

41.  Alienta a una mejor cooperación en materia de lucha contra la evasión y la elusión fiscales, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, particularmente en el marco del acuerdo UE-EE.UU. sobre el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, que debería reforzarse para que se incluyan datos sobre los flujos de capitales asociados a operaciones de inteligencia ilícitas o de interferencia en el extranjero; pide asimismo a la UE y a los EE.UU. que cooperen con la OCDE en la lucha contra la evasión fiscal y la planificación fiscal abusiva mediante el establecimiento de reglas y normas internacionales dirigidas a abordar este problema mundial; insiste en que una cooperación policial y judicial permanente es fundamental para mejorar nuestra seguridad común, y pide a los EE.UU. que garanticen una cooperación bilateral y multilateral en este ámbito; lamenta la derogación parcial de ley Dodd-Frank, lo que ha hecho disminuir notablemente el seguimiento de los bancos estadounidenses;

42.  Destaca la persistentes deficiencias que se observan en el Escudo de la privacidad en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de las personas registradas; acoge con satisfacción y respalda los llamamientos a los legisladores de los EE.UU. para que avancen hacia la consecución de una ley general de privacidad y protección de datos; señala que la protección de los datos personales en Europa es un derecho fundamental y que no existe en los EE.UU. ninguna regulación comparable al nuevo Reglamento general de protección de datos de la Unión (RGPD);

43.  Recuerda las muestras de solidaridad transatlántica general como reacción al envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury, lo que acabó con la expulsión de los diplomáticos rusos por parte de veinte Estados miembros de la Unión, cinco países candidatos a la adhesión, Canadá, Estados Unidos y Noruega;

44.  Reitera su preocupación por el rechazo en el Congreso, en marzo de 2017, de la norma presentada por la Comisión Federal de Comunicaciones relativa a la protección de la privacidad de los clientes de servicios de banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones, con lo cual se eliminan en la práctica reglas de privacidad aplicables a la banda ancha que habrían obligado a los proveedores de servicios de internet a recabar el consentimiento expreso de los consumidores antes de vender a anunciantes y empresas privadas o compartir con ellos datos de la navegación en la red y otras informaciones privadas; considera que ello supone una amenaza más a las salvaguardas de la privacidad en los Estados Unidos;

45.  Recuerda que los Estados Unidos siguen siendo el único país tercero de la lista de exención de visado de la UE que no concede el acceso exento de visado a los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión; insta a los Estados Unidos a que incorporen a los cinco Estados miembros de la Unión implicados (Bulgaria, Croacia, Chipre, Polonia y Rumanía) al Programa de Exención de Visado estadounidense lo antes posible; recuerda que la Comisión está obligada legalmente a adoptar un acto delegado —que suspenda temporalmente la exención de la obligación de visado para los nacionales de terceros países que no hayan suprimido la obligación de visado para los ciudadanos de determinados Estados miembros de la Unión— en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de publicación de las notificaciones en este sentido, plazo que finalizó el 12 de abril de 2016; pide a la Comisión, sobre la base del artículo 265 del TFUE, que adopte el acto delegado requerido;

46.  Subraya que la UE se ha comprometido a reforzar la democracia, los derechos humanos, el estado de derecho, la prosperidad, la estabilidad, la resiliencia y la seguridad de sus vecinos primeramente a través de medios no militares, en particular mediante la aplicación de acuerdos de asociación; pide a la Unión y a los Estados Unidos que intensifiquen su cooperación y coordinen mejor sus acciones, proyectos y propuestas en la vecindad meridional y la vecindad oriental de la Unión; recuerda que las políticas humanitarias y de desarrollo de la Unión en todo el mundo contribuyen también a la seguridad mundial;

47.  Celebra el enfoque estratégico y la apertura de los Estados Unidos hacia esta región, y recuerda que los Balcanes representan un reto para Europa y para la seguridad de todo el continente; pide, por consiguiente, a los EE.UU. que participen en otros esfuerzos conjuntos en los Balcanes occidentales, en particular aquellos dirigidos a reforzar el estado de Derecho, la democracia, la libertad de expresión y la cooperación en seguridad; recomienda adoptar más medidas comunes, como por ejemplo mecanismos anticorrupción y desarrollo institucional, para proporcionar una mayor seguridad, estabilidad, resiliencia y prosperidad económica a los países de la región, así como para contribuir a la resolución de asuntos de larga data; opina que la UE y los EE.UU. deberían iniciar un nuevo diálogo de alto nivel sobre los Balcanes occidentales con objeto de garantizar que los objetivos políticos y los programas de intervención están en consonancia y asimismo de adoptar las medidas pertinentes;

48.  Pide a la UE y a los EE.UU. que desempeñen un papel más activo y eficaz en la resolución del conflicto en territorio de Ucrania y respalden todos los esfuerzos para encontrar una solución pacífica y duradera que respete la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y prevea la reintegración de la península de Crimea a Ucrania, y que insten y apoyen los procesos de reforma y el desarrollo económico en Ucrania, los cuales deben ajustarse plenamente a los compromisos adquiridos por Ucrania y a las recomendaciones realizadas por las organizaciones internacionales; expresa su profunda decepción por la falta de avances en la aplicación de los acuerdo de Minsk y por el deterioro de la situación humanitaria y la seguridad en la parte oriental de Ucrania; afirma, por tanto, que siguen siendo necesarias sanciones contra Rusia y que los EE.UU. deberían coordinar sus esfuerzos con la UE; pide que haya una cooperación más estrecha sobre esta cuestión entre la VP/AR y el representante especial de los Estados Unidos para Ucrania;

49.  Recuerda asimismo la importancia que para la UE y los EE.UU. reviste la búsqueda de una solución para los conflictos «congelados» de Georgia y Moldavia;

50.  Recuerda que el orden internacional se basa en el respeto a los acuerdos internacionales; lamenta en este sentido la decisión de los EE.UU. de no respaldar las conclusiones de la cumbre del G7 de Canadá; reitera su compromiso con el Derecho internacional y los valores universales, en particular la rendición de cuentas, la no proliferación nuclear y la resolución pacífica de conflictos; subraya que la coherencia de nuestra estrategia de no proliferación nuclear es esencial para nuestra credibilidad como actor y negociador mundial de primer orden; insta a la UE y a los EE.UU. a que cooperen para facilitar el desarme nuclear y las medidas efectivas para reducir el riesgo nuclear;

51.  Destaca que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) con Irán es un importante acuerdo multilateral y un gran logro diplomático para la diplomacia multilateral y la diplomacia de la UE con vistas a promover la estabilidad en la región; recuerda que la UE está resuelta a hacer todo lo que esté en su mano para preservar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) con Irán como un pilar fundamental de la arquitectura internacional de no proliferación, pertinente también para la cuestión de Corea del Norte, y como un elemento crucial para la seguridad y la estabilidad de la región; reitera la necesidad de abordar de manera más clara y crítica las actividades iraníes relacionadas con los misiles balísticos y la inestabilidad regional, especialmente la participación de Irán en varios conflictos de la región, y la situación de los derechos humanos y de las minorías en Irán, que son una cuestión aparte del PAIC, en todos los formatos y foros pertinentes; subraya que la cooperación transatlántica es fundamental a la hora de abordar estas cuestiones; destaca que, según varios informes del Organismo Internacional de Energía Atómica, Irán está cumpliendo los compromisos contraídos en el contexto del PAIC; critica enérgicamente la decisión del presidente Trump de abandonar el PAIC de forma unilateral y de imponer medidas extraterritoriales a las empresas de la UE que operan en Irán; destaca que la Unión está decidida a proteger sus intereses y los de sus empresas e inversores frente al efecto extraterritorial de las sanciones norteamericanas; acoge con satisfacción, en este sentido, la decisión de activar el «estatuto de bloqueo» dirigido a proteger los intereses comerciales de la UE en Irán del impacto que tengan las sanciones extraterritoriales de los EE. UU., y pide al Consejo, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior que tomen las medidas oportunas para salvaguardar el PAIC;

52.  Manifiesta su preocupación por la política de los EE.UU. en materia de seguridad y comercio en el este y el sudeste asiático, en particular el vacío político resultante de su retirada del Acuerdo de Asociación Transpacífico; reitera la importancia de un compromiso constructivo por parte de la UE en el este y el sudeste asiático y en la región del Pacífico, y se congratula en este sentido de la activa política comercial de la UE en esta parte del mundo, así como de las iniciativas de la UE en materia de seguridad, expresadas en particular en las conclusiones del Consejo sobre el refuerzo de la cooperación de la UE en Asia y con Asia en materia de seguridad, también en aras del equilibrio político y económico;

53.  Acoge con satisfacción la apertura de nuevos diálogos de alto nivel con Corea del Norte y la reciente cumbre de Singapur del 12 de junio de 2018; recuerda que estas conversaciones, que aún tienen que arrojar resultados tangibles y comprobables, aspiran a una resolución pacífica de las tensiones y, por lo tanto, a la promoción de la cooperación regional y de la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales; destaca que, al mismo tiempo, la comunidad internacional, incluidos la Unión y los EE.UU., debe mantener la presión sobre Corea del Norte hasta que se desnuclearice de manera creíble mediante la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) y permita a la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y al Organismo Internacional de Energía Atómica que documenten su desnuclearización; manifiesta su preocupación por los avances insuficientes en la desnuclearización por parte de Corea del Norte, lo que llevó a que el 24 de agosto de 2018 el presidente Trump cancelara las conversaciones previstas en Corea del Norte con el secretario de Estado Mike Pompeo;

54.  Recuerda a los Estados Unidos que no han ratificado aún el TPCE pese a figurar como miembro del anexo II cuya firma es necesaria para la entrada en vigor del tratado; reitera el llamamiento efectuado por la VP/AR instando a los líderes mundiales a ratificar dicho tratado; anima a los EE.UU. a que ratifiquen el TPCE lo antes posible y a que sigan apoyando a la OTPCE en su esfuerzo por convencer al resto de los Estados del anexo II para que ratifiquen el tratado;

55.  Insiste en la defensa del Derecho marítimo internacional, incluido el mar del Sur de China; pide en este sentido a los EE.UU. que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;

56.  Pide que se refuerce la cooperación entre la UE y los EE.UU. para la resolución pacífica de los conflictos regionales y la guerra por procuración en Siria, ya que la falta de una estrategia común socava la resolución pacífica de los conflictos, y pide a todas las partes y a todos los actores regionales implicados en el conflicto que se abstengan de ejercer violencia o de cualquier otra acción que pudiera agravar la situación; reafirma la primacía del proceso de Ginebra dirigido por las Naciones Unidas en la resolución del conflicto en Siria, en consonancia con la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, negociada por las partes en conflicto y con el apoyo de los principales interlocutores internacionales y regionales; pide la plena aplicación y respeto de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que están siendo violadas por los países participantes en las negociaciones de Astaná; pide que se realicen esfuerzos conjuntos para garantizar el pleno acceso humanitario a los necesitados de ayuda, así como en favor de investigaciones y enjuiciamientos independientes, imparciales, exhaustivos y creíbles de los responsables; pide asimismo que se apoye, entre otras cosas, la labor del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para los delitos de derecho internacional cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2012;

57.  Recuerda que la UE apoya la reanudación de un auténtico proceso de paz en Oriente Próximo encaminado hacia una solución de dos Estados, basada en las fronteras de 1967, con un Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable conviviendo en paz y seguridad con un Estado de Israel seguro y con sus demás vecinos, e insiste en que debe evitarse cualquier acción que pueda ir en detrimento de esos esfuerzos; lamenta profundamente, en este sentido, la decisión unilateral del Gobierno de los EE. UU. de trasladar su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y de reconocer oficialmente esta ciudad como capital de Israel; subraya que la cuestión de Jerusalén debe formar parte del acuerdo definitivo de paz entre israelíes y palestinos; señala que debe consolidarse la hoja de ruta conjunta y subraya la necesidad de que los EE.UU. se coordinen con sus socios europeos en los esfuerzos de paz que realizan en Oriente Próximo;

58.  Felicita al OOPS y a su personal especializado por el extraordinario e indispensable trabajo que llevan a cabo, en los ámbitos humanitario y de desarrollo, con los refugiados palestinos (en Cisjordania, así como en Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, Jordania, Líbano y Siria) y que es crucial para la seguridad y la estabilidad de la región; lamenta profundamente la decisión del Gobierno estadounidense de suspender la financiación que destina al OOPS, y pide que los Estados Unidos reconsideren su decisión; destaca el constante apoyo que el Parlamento Europeo y la Unión Europea han aportado al OOPS, y alienta a los Estados miembros de la Unión a que aporten financiación adicional para garantizar la sostenibilidad de las actividades del OOPS a largo plazo;

59.  Anima a continuar con la cooperación en los programas de la UE y los EE.UU. a escala mundial en materia de promoción de la democracia, libertad de los medios de comunicación, elecciones libres y justas y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de los refugiados y los migrantes, los de las mujeres y los de las minorías étnicas y religiosas; subraya la importancia de los valores de la buena gobernanza, la rendición de cuentas, la transparencia y el estado de Derecho que sustentan los derechos humanos; reitera la firme y fundamentada postura de la UE en contra de la pena de muerte y a favor de la suspensión universal de las ejecuciones con vistas a su abolición global; subraya la necesidad de cooperar para la prevención de las crisis y la consolidación de la paz, así como de dar respuesta a las situaciones de emergencia humanitaria;

60.  Reitera que la UE y los EE.UU. tienen intereses comunes en África, donde ambos han de coordinar e intensificar su apoyo, a nivel local, regional y multinacional en favor de la buena gobernanza buena, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo social sostenible, la protección del medio ambiente, la gestión de las migraciones, la gobernanza económica y las cuestiones de seguridad, así como de la resolución pacífica de los conflictos regionales y la lucha contra la corrupción, las transacciones financieras ilegales, la violencia y el terrorismo; opina que adoptar una mejor coordinación entre la UE y los EE.UU., también a través del diálogo político reforzado y la elaboración de estrategias conjuntas sobre África, y tener en cuenta la opinión de las organizaciones regionales y las agrupaciones subregionales conducirían a acciones y un uso de los recursos más eficaces;

61.  Señala la importancia de los intereses políticos, económicos y de seguridad comunes de la UE y los EE.UU. con respecto a las políticas económicas de China y Rusia, y recuerda que los esfuerzos conjuntos, también en el ámbito de la OMC, pueden ser de gran ayuda para hacer frente a problemas como los actuales desequilibrios en el comercio mundial y la situación en Ucrania; pide al Gobierno de los EE. UU. que deje de bloquear el nombramiento de jueces en el Órgano de Apelación de la OMC; subraya la necesidad de cooperar de un modo más estrecho para dar respuesta a la iniciativa «Un cinturón, una ruta» de China, fomentando también a este respecto la cooperación entre la UE y la QUAD entre los EE.UU., la India, Japón y Australia;

62.  Señala la necesidad de una mejor cooperación en torno a la política ártica, especialmente en el contexto del Consejo Ártico, y muy en particular a la vista de las nuevas rutas de navegación y nuevos recursos naturales que pueden crearse con el cambio climático;

63.  Insiste en que la migración es un fenómeno global, por lo que debe abordarse mediante la cooperación, la asociación y la protección de los derechos humanos y de la seguridad, pero también mediante la gestión de las rutas de migración y adoptando un enfoque global en el marco de las Naciones Unidas, sobre la base del respeto al Derecho internacional, en particular a la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados hasta el momento en las Naciones Unidas para alcanzar un pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, y lamenta la decisión de los EE. UU. de diciembre de 2017 de retirarse del debate; aboga por una política conjunta para combatir las causas últimas de la migración;

64.  Aboga por una mayor cooperación entre la UE y los EE.UU. sobre cuestiones energéticas, incluidas las energías renovables basándose en el marco que constituye el Consejo de la Energía UE-EE.UU.; Reitera por tanto su petición de que continúen las reuniones; pide asimismo más cooperación en investigación energética y nuevas tecnologías, así como una cooperación más estrecha para proteger las infraestructuras energéticas frente a los ciberataques; insiste en la necesidad de trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad del abastecimiento energético y de aclarar cómo será el papel de Ucrania como país de tránsito;

65.  Reitera su preocupación por el «Nord Stream 2» y el posible papel divisivo que podría desempeñar en la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía de los Estados miembros, y acoge con satisfacción el apoyo de los EE.UU. al garantizar la seguridad energética en Europa;

66.  Lamenta la retirada de los EE.UU. del Acuerdo de París pero elogia los continuados esfuerzos de particulares, empresas, ciudades y Estados en los EE.UU., que siguen trabajando en pos del Acuerdo de París y luchando contra el cambio climático, y destaca la necesidad de un mayor compromiso de la UE con estos actores; señala que el cambio climático ha dejado de formar parte de la Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU.; reafirma el compromiso de la UE contraído con el Acuerdo de París y con la Agenda 2030 de los EE.UU., y subraya la necesidad de su aplicación con objeto de garantizar la seguridad mundial y desarrollar una economía y sociedad más sostenibles; recuerda que el cambio hacia una economía ecológica conlleva numerosas oportunidades de empleo y crecimiento;

67.  Anima a una mayor cooperación en el ámbito de la innovación, la ciencia y la tecnología y pide que se renueve el acuerdo UE-EE.UU. en materia de ciencia y tecnología;

Defensa de un orden comercial basado en normas en tiempos difíciles

68.  Toma nota de que en 2017 los EE.UU fueron el principal mercado de destino de las exportaciones de la UE y su segunda fuente de importaciones; observa, asimismo, que los déficits y superávits comerciales entre la UE y los EE.UU. son diferentes dependiendo de si se trata del comercio de bienes, del comercio de servicios, del comercio digital y de la inversión extranjera directa; destaca que las relaciones UE-EE.UU. en materia de comercio e inversión, que son unas de las más importantes a escala planetaria y que siempre se han basado en valores comunes, son uno de los motores más importantes del crecimiento económico mundial, el comercio y la prosperidad; señala, también, que la UE tiene un superávit de 147 000 millones USD en relación con el comercio de mercancías con los EE.UU; y toma nota de que las empresas de la UE emplean a 4,3 millones de trabajadores en EE.UU.;

69.  Destaca que la UE y los EE.UU. son dos actores clave en un mundo globalizado que evoluciona con una velocidad y una intensidad sin precedentes y que, ante la existencia de retos compartidos, la UE y los EE.UU. comparten un interés por colaborar y coordinar cuestiones de política comercial para configurar el futuro régimen multilateral de comercio y las normas mundiales;

70.  Hace referencia al papel central que desempeña la OMC en el marco del sistema multilateral como la mejor opción para garantizar un sistema abierto, justo y basado en normas que tenga en cuenta los distintos intereses de sus miembros y los equilibre; reitera su apoyo para que se siga reforzando el régimen multilateral de comercio; respalda el trabajo emprendido por la Comisión para seguir colaborando con los EE.UU. para dar una respuesta positiva común a los desafíos institucionales y sistémicos actuales;

71.  Destaca el papel de la OMC en la solución de diferencias comerciales; pide a todos los miembros de la OMC que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de solución de diferencias de la OMC; lamenta, en este sentido, el bloqueo por parte de los EE.UU. de nuevas nominaciones para ocupar los puestos vacantes en el Órgano de Apelación, lo que amenaza el propio funcionamiento del sistema de solución de diferencias de la OMC; pide a la Comisión y a todos los miembros de la OMC que examinen vías para superar esta situación de punto muerto en relación con la renovación de los jueces en el Órgano de Apelación de la OMC y, si procede, que reformen el sistema de solución de diferencias; considera que estas reformas podrían tener como objetivo garantizar el máximo nivel posible de eficiencia e independencia del sistema, manteniendo al mismo tiempo la coherencia con los valores y el enfoque general que la UE ha defendido reiteradamente desde la creación de la OMC, entre los que destacan el fomento del comercio libre y justo a escala global, de acuerdo con el Estado de Derecho y con la necesidad de que todos los miembros de la OMC cumplan todas las obligaciones de la OMC;

72.  Acoge con satisfacción, al tiempo que lamenta que no se hayan obtenido resultados en la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM11), la firma de la Declaración conjunta sobre la eliminación de las prácticas desleales proteccionistas y distorsionadoras del mercado aplicadas por los EE.UU., la UE y Japón, que también se destacó en la Declaración del G-20 de julio de 2017; pide que se refuerce la cooperación con los EE.UU. y Japón a este respecto para hacer frente a las prácticas comerciales desleales, como la discriminación, la limitación del acceso al mercado, el dumping y las subvenciones;

73.  Pide a la Comisión que elabore un plan de trabajo junto con los EE.UU. y otros miembros de la OMC sobre la eliminación de las subvenciones que causan distorsiones en el sector del algodón y en el de la pesca (particularmente en relación con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, es decir, la pesca INDNR); pide que se desarrolle la cooperación para que en la agenda multilateral se traten nuevos asuntos como el comercio electrónico, el comercio digital, incluido el desarrollo digital, la facilitación de la inversión, el comercio y el medio ambiente, así como el comercio y las cuestiones de género, y para que se fomenten políticas específicas para facilitar la participación de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la economía global;

74.  Pide a la UE y a los EE.UU que impulsen la cooperación a escala internacional con el fin de reforzar los acuerdos internacionales en el ámbito de la contratación pública, en particular el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP);

75.  Pide a la Comisión que inicie conversaciones con los EE.UU. con vistas a retomar las negociaciones en torno al Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) multilateral y al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS);

76.  Pide a la UE y a los EE.UU. que pongan en común sus recursos para luchar contra las políticas y las prácticas comerciales desleales, al tiempo que respetan las normas multilaterales y el proceso de solución de diferencias en el marco de la OMC y evitan emprender acciones unilaterales, ya que son nocivas para todas las cadenas de valor mundiales en las que operan empresas de la UE y de los EE.UU.; lamenta profundamente la incertidumbre generada en el sistema comercial internacional debido a que los EE.UU. utilizan políticas e instrumentos (por ejemplo, la sección 232 de 1962 y la sección 301 de 1974) que fueron establecidos antes de crearse la OMC y su sistema de solución de diferencias; señala, en este sentido, que la decisión de los EE.UU. de imponer aranceles sobre el acero y el aluminio en virtud de la sección 232 no está justificada por motivos de seguridad nacional y pide a los EE.UU. que concedan a la UE y a otros aliados una exención permanente y completa en relación con estas medidas; pide la Comisión que responda con firmeza si estas tarifas se usasen como medio para frenar las exportaciones de la UE; subraya, asimismo, que cualquier sanción que puedan imponer los EE.UU. a las mercancías europeas en forma de contramedidas tras la publicación del informe del Órgano de Apelación sobre cumplimiento en el marco de la reclamación de los EE.UU. contra la UE por las medidas que afectan al comercio en aeronaves civiles de gran capacidad no sería legítima porque 204 de las 218 alegaciones presentadas por los EE.UU. fueron rechazadas por la OMC y se sigue a la espera de otro informe sobre el caso relacionado contra las subvenciones ilegales de los EE.UU.;

77.  Toma nota de la continuación de la cooperación bilateral entre la UE y los EE.UU en una amplia gama de cuestiones reglamentarias, como demuestra la reciente celebración del Acuerdo bilateral sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros, o el Acuerdo sobre el reconocimiento de las inspecciones de los fabricantes de medicamentos; solicita a la Comisión y al Consejo que respeten plenamente el papel del Parlamento Europeo en este proceso;

78.  Subraya la importancia vital de la propiedad intelectual para las economías de la UE y de los EE.UU; pide a ambas partes que apoyen la investigación y la innovación a ambos lados del Atlántico, garantizando así altos niveles de protección de la propiedad intelectual y velando por que aquellos que creen productos innovadores de gran calidad puedan seguir haciéndolo;

79.  Pide a la UE y a los EE.UU que mejoren el acceso al mercado para las pymes que exportan a los EE.UU y a la UE mediante el aumento de la transparencia en torno a las normas existentes y las aperturas del mercado a ambas orillas del Atlántico, por ejemplo a través de un portal de pymes;

80.  Destaca la importancia del mercado de los EE.UU. para las pymes de la UE; pide a la UE y a los EE.UU. que aborden el efecto desproporcionado que los aranceles, las barreras de carácter no arancelarios y las barreras de tipo técnico al comercio tienen sobre las pymes a ambas orillas del Atlántico y que aborden no solamente la reducción de los aranceles sino también una simplificación de los procedimientos aduaneros y posiblemente nuevos mecanismos destinados a ayudar a las pymes a intercambiar experiencias y mejores prácticas comprando y vendiendo en los mercados de la UE y de los EE.UU.;

81.  Pide a la UE y a los EE.UU. que, en el marco de su cooperación bilateral, eviten la competencia fiscal entre sí, ya que solo generará un descenso de la inversión en ambas economías;

82.  Pide a la UE y a los EE.UU. que acuerden un marco para el comercio digital que respete los marcos y los acuerdos legales, la legislación en materia de protección de datos y las normas sobre privacidad de datos, que reviste especial importancia para el sector de los servicios; destaca, en este sentido, que la UE y los EE.UU. deben trabajar conjuntamente para animar a terceros países a adoptar normas elevadas en materia de protección de datos;

83.  Hace un llamamiento a la UE y a los EE.UU. para que intensifiquen la cooperación en materia de cambio climático; pide a la UE y a los EE.UU. que se sirvan de las negociaciones comerciales actuales y futuras, a todos los niveles, para garantizar la aplicación de normas acordadas a escala internacional, como el Acuerdo de París, para fomentar el comercio de mercancías que no dañan el medio ambiente, incluida la tecnología, y para garantizar la transición energética global, con una agenda comercial internacional clara y coordinada, tanto con el fin de proteger el medio ambiente como para crear oportunidades de empleo y crecimiento;

84.  Considera que un posible nuevo acuerdo entre la UE y los EE.UU. en materia de relaciones comerciales e inversiones no puede negociarse bajo presión ni amenazas y que solo resultaría interesante para la UE un acuerdo amplio, ambicioso y equilibrado que abarcase todos los ámbitos comerciales; señala, en este sentido, que podría resultar ventajoso el establecimiento de un posible mecanismo de cooperación reglamentario y de consulta específico y permanente; pide a la Comisión que retome las negociaciones con los EE.UU. en las circunstancias adecuadas;

85.  Subraya que los flujos comerciales requieren, cada vez más, formas nuevas, más rápidas y más seguras en relación con la circulación de mercancías y servicios a través de fronteras; pide a la UE y a los EE.UU., en su calidad de socios comerciales fundamentales, que colaboren para encontrar soluciones en materia de tecnología digital relacionadas con el comercio con el fin de facilitar el intercambio comercial;

86.  Recuerda la importancia del diálogo y de la cooperación UE-EE.UU. que existen en materia de ciencia y tecnología; reconoce el papel de los esfuerzos de la UE y de los EE.UU. en el ámbito de la investigación y la innovación como impulsores fundamentales del conocimiento y del crecimiento económico y respalda la prolongación y la ampliación del acuerdo UE-EE.UU. en materia de ciencia y tecnología más allá de 2018 con la intención de fomentar la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías emergentes y la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como de crear más empleos y de mejor calidad, comercio sostenible y crecimiento inclusivo;

87.  Comparte la inquietud de los EE.UU. respecto del exceso de capacidad siderúrgica mundial; lamenta, asimismo, que con medidas unilaterales incompatibles con la OMC solo se socavará la integridad del orden comercial basado en normas; subraya que incluso si se establece una exención permanente para la UE respecto de los aranceles estadounidenses no se puede legitimar esa actuación; pide a la Comisión que coopere con los EE.UU. para redoblar esfuerzos en la lucha contra el exceso de capacidad siderúrgica en el marco del Foro Mundial del G-20 a fin de explotar el enorme potencial de la acción multilateral; reitera su convicción de que la mejor forma de resolver estos problemas globales son las acciones conjuntas y concertadas en el marco de los sistemas comerciales basados en normas;

88.  Reafirma la importancia de que la UE y los EE.UU. aborden, de manera coordinada y constructiva, la modernización necesaria de la OMC con vistas a que sea más efectiva, transparente y responsable, así como para garantizar que, en el proceso de elaboración de normas y políticas de comercio internacional, se integren de forma adecuada las dimensiones de género, social, medioambiental y de derechos humanos;

89.  Señala que la UE se identifica con una economía de mercado no distorsionada, así como con unos valores abiertos y un comercio justo basado en normas; reitera su apoyo a la estrategia de la Comisión en respuesta a la política comercial actual de los EE.UU., cumpliendo al mismo tiempo las normas del régimen multilateral de comercio; aboga por la unidad entre todos los Estados miembros de la UE y pide a la Comisión que desarrolle un enfoque común para hacer frente a esta situación; subraya la importancia de preservar la unidad de los Estados miembros de la UE a este respecto, ya que se ha demostrado que las acciones conjuntas de la UE en el marco de la política comercial común y de la unión aduanera de la UE a escala internacional, así como de forma bilateral con los EE.UU., es mucho más efectiva que cualquier iniciativa emprendida por Estados miembros a nivel particular; reitera que la UE está preparada para trabajar con los EE.UU. en torno a cuestiones comerciales de interés mutuo en el marco de las normas del régimen multilateral de comercio;

90.  Lamenta la decisión del presidente Trump de retirar a los EE.UU. del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) así como el efecto que esta decisión tendrá sobre las empresas europeas que realizan actividades comerciales en Irán; apoya todos los esfuerzos de la UE destinados a preservar los intereses de las empresas de la UE que invierten en Irán y, en particular, la decisión de la Comisión de activar la disposición de bloqueo, lo que demuestra el compromiso de la UE con el PAIC; considera que podría utilizarse la misma disposición siempre que resulte oportuno;

91.  Pide a la UE y a los EE.UU. que intensifiquen la cooperación y los esfuerzos para aplicar y ampliar los planes de diligencia debida para empresas con el fin de reforzar la protección de los derechos humanos a escala internacional, también en el ámbito del comercio con minerales y metales procedentes de zonas afectadas por conflictos;

92.  Lamenta la desvinculación de los EE.UU. en materia de protección del medio ambiente. lamenta, en este contexto, la decisión del presidente Trump, toda vez que los EE.UU. son el principal importador de trofeos de caza de elefantes, de eliminar las restricciones a la importación de este tipo de trofeos procedentes de determinados países de África, incluidos Zimbabue y Zambia;

93.  Pide a la UE y a los EE.UU. que mantengan y refuercen la cooperación parlamentaria transatlántica, lo que debería materializarse en un marco político mejor y más amplio para mejorar las conexiones comerciales y de inversión entre la UE y los EE.UU.;

94.  Manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que los EE.UU. y China alcancen un acuerdo que no sea del todo compatible con la OMC, lo que podría minar también nuestros intereses y dar lugar a unas relaciones comerciales transatlánticas complicadas; insiste, por tanto, en la necesidad de trabajar por un acuerdo más global con los principales socios comerciales, con los que compartimos intereses a escala mundial;

o
o   o

95.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al SEAE, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos y en vías de adhesión, al presidente de los Estados Unidos, y al Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

(1) DO L 309 de 29.11.1996, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0068.
(3) DO C 298 E de 8.12.2006, p. 226.
(4) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 198.
(5) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 124.
(6) DO C 65 de 19.2.2016, p. 120.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0435.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0492.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0042.


Estado de las relaciones UE-China
PDF 195kWORD 83k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE-China (2017/2274(INI))
P8_TA(2018)0343A8-0252/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Unión y China el 6 de mayo de 1975,

–  Vista la Asociación Estratégica UE-China puesta en marcha en 2003,

–  Visto el principal marco jurídico de las relaciones con China, es decir, el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de China(1), suscrito en mayo de 1985, que regula las relaciones económicas y comerciales y el programa de cooperación entre la Unión y China,

–  Vista la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020 acordada el 21 de noviembre de 2013,

–  Vistos el diálogo político estructurado UE-China, establecido formalmente en 1994, y el diálogo estratégico de alto nivel sobre asuntos estratégicos y de política exterior establecido en 2010, en particular el 5.° y el 7.º diálogos estratégicos de alto nivel celebrados en Pekín el 6 de mayo de 2015 y el 19 de abril de 2017, respectivamente,

–  Vistas las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación y cooperación, que se iniciaron en 2007,

–  Vistas las negociaciones sobre un acuerdo bilateral de inversiones que comenzaron en enero de 2014,

–  Vista la 19.ª Cumbre UE‑China, celebrada en Bruselas los días 1 y 2 de junio de 2017,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 22 de junio de 2016, titulada «Componentes para una nueva estrategia de la UE respecto a China» (JOIN(2016)0030),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre la Estrategia de la Unión con respecto a China,

–  Visto el informe conjunto de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 24 de abril de 2018, titulado «Región Administrativa Especial de Hong Kong: Informe anual de 2017» (JOIN(2018)0007),

–  Vistas las Directrices del Consejo, de 15 de junio de 2012, sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE para el Asia Oriental,

–  Vista la aprobación, el 1 de julio de 2015, de la nueva Ley sobre seguridad nacional por la Comisión Permanente de la Asamblea Popular Nacional China,

–  Visto el Libro Blanco de 26 de mayo de 2015 sobre la estrategia militar de China,

–  Vistos el diálogo UE-China sobre derechos humanos, iniciado en 1995, y su 35.ª ronda celebrada en Bruselas los días 22 y 23 de junio de 2017,

–  Vistos los más de 60 diálogos sectoriales entre la Unión y China,

–  Visto el establecimiento en febrero de 2012 del Diálogo Interpersonal de Alto Nivel UE-China, que acoge todas las iniciativas conjuntas de la Unión Europea y China en este ámbito,

–  Vistos el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y China, que entró en vigor en 2000(2), y el Acuerdo de asociación en materia de ciencia y tecnología firmado el 20 de mayo de 2009,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París sobre el clima, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016,

–  Visto el diálogo sobre energía entre la Comunidad Europea y China,

–  Vistas las mesas redondas UE-China,

–  Visto el 19.º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado del 18 al 24 de noviembre de 2017,

–  Vista la «Ley fiscal de protección medioambiental» aprobada por la Asamblea Popular Nacional china en diciembre de 2016 y que entró en vigor el 1 de enero de 2018,

–  Visto que la Organización Internacional para las Migraciones ha afirmado que los factores medioambientales tienen un impacto sobre los flujos de migración nacionales e internacionales, dado que las personas abandonan lugares con condiciones difíciles o deterioradas debido a la aceleración del cambio climático(3),

–  Visto el Año del Turismo UE-China (ECTY, por sus siglas en inglés) 2018, presentado en Venecia el 19 de enero de 2018,

–  Visto el informe del Club de Corresponsales Extranjeros de China (CCEC) sobre las condiciones laborales, publicado el 30 de enero de 2018 y titulado «Acceso denegado – Vigilancia, acoso e intimidación unidos al deterioro de las condiciones para las tareas informativas en China»,

–  Visto el punto 4 de la declaración de la Unión emitida en la sesión n.º 37 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 13 de marzo de 2018, titulada «Situación de los derechos humanos que requiere la atención del Consejo»,

–  Vista la 41.ª reunión interparlamentaria PE-China, que se celebró en Pekín en mayo de 2018,

–  Vistas sus Resoluciones sobre China, en particular las de 2 de febrero de 2012, sobre la política exterior de la UE frente a los países BRICS y otras potencias emergentes: objetivos y estrategias(4), de 23 de mayo de 2012, sobre la UE y China: posible desequilibrio comercial(5), de 14 de marzo de 2013, sobre las amenazas nucleares y los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea(6), de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030(7), de 17 de abril de 2014, sobre la situación en Corea del Norte(8), de 21 de enero de 2016, sobre Corea del Norte(9), y de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común (PESC)(10),

–  Vistas sus Resoluciones de 7 de septiembre de 2006, sobre las relaciones UE-China(11), de 5 de febrero de 2009, sobre las relaciones comerciales y económicas con China(12), de 14 de marzo de 2013, sobre las relaciones UE-China(13), de 9 de octubre de 2013, sobre las negociaciones UE-China sobre un acuerdo bilateral de inversiones(14) y sobre las relaciones comerciales UE-Taiwán(15), y de 16 de diciembre de 2015, sobre las relaciones UE-China(16), y su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, destinada al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre Hong Kong, 20 años después de la retrocesión(17),

–  Vistas sus Resoluciones sobre derechos humanos, de 27 de octubre de 2011, sobre el Tíbet, en particular la inmolación de monjas y monjes(18), de 14 de junio de 2012, sobre la situación de los derechos humanos en el Tíbet(19), de 12 de diciembre de 2013, sobre la extracción forzada de órganos en China(20), de 15 de diciembre de 2016, sobre los casos de la Academia Budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti(21), de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017(22), de 6 de julio de 2017, sobre los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che(23), y de 18 de enero de 2018, sobre los casos de los defensores de los derechos humanos Wu Gan, Xie Yang, Li Ming-che, Tashi Wangchuk y el monje tibetano Choekyi(24),

–  Visto el embargo de armas decretado por la Unión Europea a raíz de los acontecimientos de Tiananmen en junio de 1989 y respaldado por el Parlamento en su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC(25),

–  Vistos las nueve rondas de conversaciones celebradas entre 2002 y 2010 entre altos representantes del Gobierno chino y el dalái lama, el Libro Blanco de China sobre el Tíbet titulado «Tibet's Path of Development Is Driven by an Irresistible Historical Tide» (La vía del Tíbet hacia el desarrollo impulsada por una marea histórica irresistible), publicado el 15 de abril de 2015 por la Oficina de Información del Consejo Estatal de China, y el memorando de 2008 y la nota de 2009 sobre una verdadera autonomía, ambos presentados por los representantes del XIV dalái lama,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0252/2018),

A.  Considerando que la 19.ª Cumbre UE-China de 2017 propició una asociación estratégica bilateral, con repercusiones mundiales, y puso de manifiesto los compromisos comunes para hacer frente a los retos mundiales, a las amenazas para la seguridad común y al fomento del multilateralismo; que existen numerosas áreas en las que la cooperación constructiva podría traer beneficios mutuos, también en los foros internacionales como las Naciones Unidas y el G-20; que la Unión y China han confirmado su intención de intensificar la cooperación en la aplicación del Acuerdo de París de 2015 para luchar contra el cambio climático, limitar el consumo de combustibles fósiles, fomentar la energía limpia y reducir la contaminación; que hace falta una mayor cooperación y coordinación en este sector entre las dos partes, también en el ámbito de la investigación y en lo que se refiere al intercambio de mejores prácticas; que China adoptó un régimen de comercio de derechos de emisión basado en el RCDE de la Unión; que la visión de la Unión sobre la gobernanza multilateral es la de un orden basado en normas y en valores universales como la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la transparencia y la rendición de cuentas; que, en el actual contexto geopolítico, es más importante que nunca fomentar el multilateralismo y un sistema basado en normas; que la Unión espera que su relación con China genere beneficios mutuos tanto en el plano político como en el económico; que la Unión confía en que China asuma responsabilidades acordes con su influencia en el mundo y apoye el orden internacional basado en normas del cual también se beneficia;

B.  Considerando que la cooperación entre la Unión y China en materia de política exterior, seguridad y defensa, así como en la lucha contra el terrorismo, es sumamente importante; que la cooperación entre las dos partes fue esencial para alcanzar el acuerdo nuclear con Irán; que la postura que adoptó China fue esencial para dar cabida a las negociaciones en la crisis de Corea del Norte;

C.  Considerando que, aunque en Europa se ha ignorado en gran medida, los líderes chinos han aumentado sus esfuerzos de forma gradual y sistemática para traducir su peso económico en influencia política, en particular por medio de inversiones en infraestructuras estratégicas y nuevas conexiones de transporte, así como en comunicación estratégica destinada a influir en los responsables políticos y económicos europeos, los medios de comunicación, las universidades, las editoriales académicas y el público en general, a fin de configurar las percepciones sobre China y transmitir una imagen positiva del país mediante la creación de «redes» de apoyo de organizaciones y personas europeas en todas las sociedades; que el control por parte de China del gran número de estudiantes de China continental que estudian en la actualidad en Europa genera preocupación, al igual que sus esfuerzos por controlar a las personas que viven en Europa después de huir de China;

D.  Considerando que en 2012 se creó el formato 16 + 1 entre China, por una parte, y once países de Europa Central y Oriental (PECO) y cinco países balcánicos, por otra, a raíz de la crisis financiera y como parte de la diplomacia subregional china para desarrollar proyectos de infraestructura a gran escala y reforzar la cooperación económica y comercial; que las inversiones y la financiación chinas previstas en estos países son considerables, pero no tan importante como las inversiones y el compromiso de la Unión; que los países de la Unión que participan en este formato deben considerar la posibilidad de dar más peso al concepto de una sola voz para la Unión en sus relaciones con China;

E.  Considerando que China es el mercado que crece a mayor velocidad para los productos alimenticios de la Unión;

F.  Considerando que la iniciativa china de «Un cinturón, una ruta» (BRI, por sus siglas en inglés), incluida la política de China sobre el Ártico, es la iniciativa más ambiciosa en materia de política exterior jamás adoptada por el país, con una dimensión geopolítica y relacionada con la seguridad que va más allá del ámbito declarado de la política económica y comercial; que la iniciativa BRI se reforzó con la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) en 2015; que la Unión insiste en una estructura de gobernanza multilateral y en la aplicación no discriminatoria de la iniciativa BRI; que la parte europea quiere garantizar que todo proyecto de conectividad en virtud de la iniciativa BRI respete las obligaciones derivadas del Acuerdo de París, así como otras normas internacionales medioambientales, laborales y sociales, y los derechos de los pueblos indígenas; que los proyectos chinos de infraestructuras podrían acarrear para los gobiernos europeos grandes deudas con respecto a bancos chinos de propiedad estatal que ofrecen préstamos en condiciones poco transparentes, y la creación de pocos puestos de trabajo en Europa; que algunos proyectos de infraestructuras de la iniciativa BRI ya han dejado a Gobiernos de terceros países en un estado de sobreendeudamiento; que, hasta el momento, el grueso de todos los contratos en el marco de la iniciativa BRI se ha concedido a empresas chinas; que China está usando algunas de sus normas industriales en proyectos relacionados con la iniciativa BRI de forma discriminatoria; que los proyectos relacionados con la iniciativa BRI no se deben adjudicar a través de una licitación que no sea transparente; que, en el marco de la iniciativa BRI, China utiliza múltiples canales; que veintisiete embajadores nacionales de la Unión en Pekín han elaborado recientemente un informe que critica duramente el proyecto de la iniciativa BRI denunciando que se ha concebido para obstaculizar el libre comercio y colocar a las empresas chinas en una posición ventajosa; que, lamentablemente, en la iniciativa BRI no se contempla ningún tipo de protección de los derechos humanos;

G.  Considerando que la diplomacia china se ha convertido en un agente cada vez más fuerte desde el 19.º Congreso Nacional del Partido y la APN (Asamblea Nacional Popular) de este año, con al menos cinco funcionarios de alto nivel encargados de la política exterior del país y un impulso considerable al presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores; que la recién creada Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo será la encargada de coordinar el presupuesto cada vez mayor que China destina a la ayuda exterior;

H.  Considerando que, en la década de 1980, China introdujo una limitación de los mandatos en respuesta a los excesos de la Revolución Cultural; que, el 11 de marzo de 2018, la APN votó por una aplastante mayoría a favor de la supresión de la limitación a dos mandatos consecutivos de los cargos de presidente y vicepresidente de la República Popular China;

I.  Considerando que, pese a que los máximos dirigentes chinos afirman no interferir en los asuntos internos de otros países, cuestionan periódicamente el sistema político de los países occidentales en sus comunicados oficiales;

J.  Considerando que, el 11 de marzo de 2018, la APN asumió la creación de una Comisión nacional de supervisión, nuevo organismo controlado por el Partido destinado a institucionalizar y ampliar el control de todos los funcionarios en China, incluyéndolo en la Constitución china entre los organismos estatales;

K.  Considerando que, en 2014, el Consejo de Estado de China anunció unos planes detallados para crear un sistema de crédito social con el fin de premiar un comportamiento que el Partido considere responsable desde el punto de vista financiero, económico y político, al tiempo que se penaliza el incumplimiento de sus políticas; que el proyecto de puntuación del crédito social probablemente afecte también a los extranjeros que residen y trabajan en China, incluidos los ciudadanos de la Unión, y tenga consecuencias para las empresas de la Unión Europea y otras sociedades extranjeras que operan en el país;

L.  Considerando que resulta claro que en determinadas regiones de China los medios de vida de la población rural se deteriorarán debido a las variaciones en las temperaturas y las precipitaciones y a otros fenómenos climáticos extremos; que los planes de reasentamiento se han convertido en una opción política de adaptación eficaz para reducir la vulnerabilidad y la pobreza provocadas por el clima(26);

M.  Considerando que la situación de los derechos humanos en China ha seguido deteriorándose y que el Gobierno está intensificando su hostilidad hacia la disidencia pacífica, las libertades de expresión y religión y el Estado de Derecho; que los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos son detenidos, llevados ante los tribunales y sentenciados a partir de acusaciones poco concretas como «subvertir el poder estatal» y «provocar altercados y problemas», y que suelen estar detenidos en régimen de incomunicación en ubicaciones sin concretar, sin acceso a atención médica o representación legal; que los defensores de los derechos humanos y los activistas detenidos quedan a veces bajo «vigilancia domiciliaria en un lugar concreto», método usado para aislar a los detenidos, durante el cual se denuncian con frecuencia torturas y malos tratos; que China sigue negando la libertad de expresión y la libertad de informar, y que un gran número de periodistas, blogueros y voces independientes han sido encarcelados; que, en su marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, la Unión se ha comprometido a fomentar los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho «en todas las áreas de las acciones exteriores de la Unión sin excepción» y a situar «los derechos humanos en el núcleo de sus relaciones con todos los países terceros, incluidos los socios estratégicos»; que las cumbres UE-China han de utilizarse para alcanzar resultados concretos en el ámbito de los derechos humanos, sobre todo la liberación de los defensores de los derechos humanos, los abogados y los activistas encarcelados;

N.  Considerando que las autoridades chinas han evitado en ocasiones que los diplomáticos de la Unión asistiesen a juicios o visitasen a defensores de los derechos humanos, labor en consonancia con las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos;

O.  Considerando que China ha creado una inmensa estructura estatal de vigilancia digital, que va desde la actuación policial predictiva a la recopilación arbitraria de datos biométricos en un entorno carente del derecho a la intimidad;

P.  Considerando que el Gobierno chino ha aprobado un gran número de nuevas leyes, en particular la Ley de seguridad del Estado, aprobada el 1 de julio de 2015, la Ley de lucha contra el terrorismo, la Ley de seguridad cibernética y la Ley de gestión de las ONG extranjeras, que consideran el activismo público y la crítica pacífica del Gobierno chino como amenazas a la seguridad del Estado, fortalecen la censura, la vigilancia y el control de los individuos y los grupos sociales, y disuaden a las personas de hacer campaña en favor de los derechos humanos;

Q.  Considerando que la Ley de gestión de las ONG extranjeras, que entró en vigor el 1 de enero de 2017, es uno de los principales problemas para las ONG internacionales, debido a que regula todas las actividades financiadas por ONG internacionales en China y a que los funcionarios provinciales encargados de la seguridad son los principales responsables de su aplicación;

R.  Considerando que la nueva normativa sobre asuntos religiosos que entró en vigor el 1 de febrero de 2018 es más restrictiva para los grupos y las actividades de carácter religioso y les obliga a conformarse más a las políticas del Partido; que las nuevas normas amenazan a las personas relacionadas con las comunidades religiosas que no tienen reconocimiento legal en el país, imponiendo a estas personas multas por viajar al extranjero para profundizar en su educación religiosa, y aun cuando se trata de peregrinaciones, en cuyo caso se imponen multas por un importe igual a un múltiplo del salario mínimo; que la libertad religiosa y la libertad de conciencia vuelven a situarse bajo mínimos desde el inicio de las reformas económicas y la apertura de China a finales de la década de 1970; que las comunidades religiosas se enfrentan en China a una creciente represión por la cual los cristianos, tanto de las iglesias clandestinas como de las autorizadas por el Estado, son víctimas de acoso y detención, de la demolición de iglesias y de campañas contra las celebraciones cristianas;

S.  Considerando que la situación en Xinjiang, donde viven diez millones de musulmanes uigures y de kazajos, se ha deteriorado rápidamente, en particular desde el ascenso del presidente Xi al poder, ya que el control absoluto de Xinjiang ha adquirido la categoría de máxima prioridad, tanto por los periódicos atentados terroristas en Xinjiang o supuestamente relacionados con Xinjiang cometidos por los uigures como por la situación estratégica de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang para la iniciativa BRI; que se ha instaurado un programa de detención extrajudicial que fuerza a decenas de miles de personas a recibir «reeducación» política, y se ha desarrollado una sofisticada red de vigilancia digital invasiva, que incluye tecnologías de reconocimiento facial y recolección de datos, el despliegue masivo de policías y restricciones estrictas de las prácticas religiosas y de la lengua y las costumbres uigures;

T.  Considerando que la situación en el Tíbet se ha deteriorado durante los últimos años, a pesar del crecimiento económico y del desarrollo de las infraestructuras, al recortar el Gobierno chino una larga serie de derechos humanos bajo el pretexto de la seguridad y la estabilidad, y lanzar ataques incesantes contra la identidad y la cultura tibetanas; que las medidas de vigilancia y control se han incrementado en los últimos años, al igual que las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y los malos tratos; que el Gobierno chino ha creado en el Tíbet un ambiente en el que la autoridad estatal no tiene límites, en el que predomina el miedo y en el que todos los aspectos de la vida pública y privada están estrictamente regulados y controlados; que, en el Tíbet, todos los actos de disidencia o crítica no violenta respecto de las políticas estatales en relación con las minorías étnicas o religiosas pueden ser considerados «actividades separatistas» y, por lo tanto, pueden criminalizarse; que el acceso a la Región Autónoma del Tíbet está ahora más restringido que nunca para los extranjeros, incluidos los ciudadanos de la Unión, en particular para los periodistas, diplomáticos y demás observadores independientes, y es incluso más difícil aún para los ciudadanos de la Unión de origen tibetano; que en los últimos años no se han logrado avances en lo relativo a la resolución de la crisis tibetana, puesto que la última ronda de negociaciones se celebró en 2010; que el deterioro de la situación humanitaria en el Tíbet ha conducido a un incremento de los casos de autoinmolación cuya cifra asciende a 156 desde 2009;

U.  Considerando que, el 10 de junio de 2014, el Consejo de Estado de la República Popular China publicó un Libro Blanco sobre la aplicación de la política de «un país, dos sistemas» en Hong Kong, subrayando que la autonomía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAE) está sujeta en última instancia a la autorización del Gobierno central de la República Popular China; que, a lo lardo de los años, los habitantes de Hong Kong han sido testigos de manifestaciones masivas en favor de la democracia, la libertad de los medios de comunicación y la plena aplicación de la Ley Fundamental; que la tradicionalmente abierta sociedad de Hong Kong ha allanado el camino para el desarrollo de una verdadera sociedad civil independiente que participe de manera activa y constructiva en la vida pública de la RAE;

V.  Considerando que las divergencias en la evolución política de la República Popular China (RPC) y de Taiwán, con un régimen de Partido único cada vez más autoritario y nacionalista, por un lado, y una democracia multipartidista, por otro, aumentan el riesgo de que se agrave el deterioro de las relaciones entre ambas orillas del estrecho de Taiwán; que la Unión respeta su política de «una sola China» en lo que respecta a Taiwán y apoya el principio de «un país, dos sistemas» en lo que respecta a Hong Kong;

W.  Considerando que, tras más de tres años de conversaciones, China y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) acordaron en agosto de 2017 un marco de una página como base para las futuras negociaciones de un código de conducta para todas las partes en el mar de la China Meridional; que la controvertida reclamación de tierras de China ha llegado en gran parte a su fin en el archipiélago de las Spratly, pero que continuó el año pasado más al norte, en el archipiélago de las islas Paracelso;

X.  Considerando que China también se está convirtiendo en un actor externo cada vez más activo e importante en Oriente Próximo debido a sus evidentes intereses económicos, geopolíticos y de seguridad;

Y.  Considerando que China ofrece cada vez más ayuda oficial al desarrollo (AOD) y que está emergiendo como un actor principal en cuanto a política de desarrollo, aportando un impulso muy necesario a la política de desarrollo, pero que al mismo tiempo surgen preocupaciones relacionadas con el control local de los proyectos;

Z.  Considerando que se han incrementado considerablemente la presencia y las inversiones de China en África y que esto ha derivado en una explotación de los recursos naturales, a menudo sin consultar a la población local;

1.  Reitera que la Asociación Estratégica Global UE-China es una de las más importantes asociaciones para la Unión y que aún existe un potencial mucho mayor para profundizar en esta relación y para una mayor cooperación en el ámbito internacional; destaca la importancia de reforzar la cooperación y la coordinación en el ámbito de la gobernanza mundial y las instituciones internacionales, sobre todo en las Naciones Unidas y el G-20; destaca que, en el contexto de un mundo complejo, globalizado y multipolar en el que China se ha convertido en un importante actor económico y político, la Unión debe cuidar las oportunidades de diálogo constructivo y promover todas las reformas necesarias en los ámbitos de interés común; recuerda a China sus obligaciones y responsabilidades internacionales a la hora de contribuir a la paz y la seguridad mundiales, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

2.  Recuerda que la Asociación Estratégica Global UE-China se basa en un compromiso compartido de apertura y trabajo conjunto como parte de un sistema internacional basado en normas; hace hincapié en que ambas partes se han comprometido a establecer un sistema de gobernanza mundial transparente, justo y equitativo, y comparten la responsabilidad de promover la paz, la prosperidad y el desarrollo sostenible; recuerda que el compromiso de la Unión con China debe basarse en principios, ser práctico y pragmático, y mantenerse fiel a sus intereses y valores; muestra su preocupación por que el mayor peso económico y político de China en el mundo durante la última década ha puesto en entredicho los compromisos compartidos que son fundamentales en las relaciones UE-China; recalca las responsabilidades de China como potencia mundial, y pide a las autoridades de Pekín que garanticen en todas las circunstancias el respeto del Derecho internacional, la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales con arreglo a la Carta y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales firmados o ratificados por China; pide al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la Comisión que garanticen que la cooperación UE-China se base en el Estado de Derecho, la universalidad de los derechos humanos, los compromisos internacionales sobre derechos humanos contraídos por ambas partes y el compromiso de avanzar hacia el logro del mayor nivel de protección de los derechos humanos; subraya que deben reforzarse la reciprocidad, la igualdad de condiciones y la competencia en todos los ámbitos de la cooperación;

3.  Destaca que los retos mundiales y regionales, como la seguridad, el desarme, la no proliferación, la lucha contra el terrorismo y el ciberespacio, la cooperación en favor de la paz, el cambio climático, la energía, los océanos y la eficiencia de los recursos, la deforestación, el tráfico de especies silvestres, la migración, la salud mundial, el desarrollo y la lucha contra la destrucción de lugares del patrimonio cultural y el saqueo y el tráfico de antigüedades ilegales, exigen todos ellos una auténtica asociación entre la Unión y China; insta a que la Unión aproveche el compromiso de China de luchar contra los problemas mundiales como el cambio climático y a que amplíe la cooperación fructífera con China para el mantenimiento de la paz, ya que es uno de los principales contribuyentes al presupuesto de las Naciones Unidas, y uno que aporta cada vez más tropas a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, a otras áreas de interés común, promoviendo al mismo tiempo el multilateralismo y una gobernanza mundial basada en el respeto del Derecho internacional, incluido el Derecho humanitario y sobre derechos humanos internacional; acoge con satisfacción, a este respecto, la fructífera cooperación contra la piratería en el golfo de Adén desde 2011; pide a la Unión y a sus Estados miembros que promuevan de forma proactiva los intereses económicos y políticos de la Unión y que defiendan los valores y principios de la Unión; insiste en que el multilateralismo está en el núcleo de los valores de la Unión en lo que respecta a gobernanza mundial y que se debe proteger de forma activa al tratar con China;

4.  Observa que la Comunicación conjunta de la alta representante y de la Comisión Europea titulada «Componentes para una nueva Estrategia de la UE respecto a China» constituye, junto con las Conclusiones del Consejo de 18 de julio de 2016, el marco político para la cooperación de la Unión con China en los próximos años;

5.  Subraya que el Consejo ha llegado a la conclusión de que, en sus relaciones con China, los Estados miembros, la alta representante y la Comisión cooperarán para garantizar la coherencia con la legislación, las normas y las políticas de la Unión y de que el resultado general será beneficioso para la Unión en su conjunto;

6.  Recuerda que, a medida que sigue creciendo e integrándose en la economía mundial por medio de su política de «internacionalización» anunciada en 2001, China pretende incrementar el acceso de sus bienes y servicios al mercado europeo y el acceso a la tecnología y los conocimientos especializados a fin de respaldar planes como «Made in China 2025» y reforzar su influencia política y diplomática en Europa; insiste en que estas ambiciones se han intensificado, en particular tras la crisis financiera mundial de 2008, y que han generado una dinámica nueva en las relaciones UE-China;

7.  Pide a los Estados miembros que participan en el formato 16 + 1 que confirmen que su participación en este formato permitirá a la Unión contar con una sola voz en sus relaciones con China; pide a los Estados miembros que lleven a cabo un análisis y un examen profundos de los proyectos de infraestructuras propuestos en los que participen todas las partes interesadas y velen por no poner en peligro los intereses nacionales y europeos por un apoyo financiero a corto plazo y unos compromisos a largo plazo con respecto a la participación de China en proyectos de infraestructura estratégicos y un posible aumento de la influencia política, lo cual perjudicaría a las posiciones comunes de la Unión Europea con respecto a China; es consciente de la creciente influencia de China en la infraestructura y los mercados de los países candidatos a la adhesión; subraya la necesidad de transparencia del formato invitando a las instituciones de la Unión a sus reuniones y manteniéndolas plenamente informadas de sus actividades con el fin de garantizar que los aspectos pertinentes sean coherentes con la política y la legislación de la Unión y ofrezcan a todas las partes beneficios y oportunidades mutuos;

8.  Observa el interés de China en inversiones en infraestructuras estratégicas en Europa; llega a la conclusión de que el Gobierno chino está usando la iniciativa BRI como un marco narrativo muy eficaz para ciertos elementos de su política exterior y que conviene intensificar los esfuerzos de diplomacia pública de la Unión a la luz de esta evolución; apoya la petición dirigida a China para que respete los principios de transparencia en la contratación pública, así como las normas medioambientales y sociales; pide a los Estados miembros de la Unión que apoyen las respuestas diplomáticas públicas de la Unión; sugiere que se compartan con las instituciones de la Unión y con los demás Estados miembros los datos relativos a todas las inversiones chinas en infraestructuras en los Estados miembros de la Unión Europea y en los países inmersos en el proceso de las negociaciones de adhesión; recuerda que estas inversiones forman parte de una estrategia global de toma de control de los bancos y del sector de la energía, además de otras cadenas de suministro, por parte de empresas chinas controladas o financiadas por el Estado; subraya los seis retos fundamentales que plantea la iniciativa BRI: un enfoque multilateral de la gobernanza de la iniciativa BRI; una contratación de mano de obra local muy baja, una participación extremadamente limitada de contratistas del país receptor y del tercer país —en cerca del 86 % de los proyectos participan contratistas chinos—, material de construcción y equipos importados de China, falta de transparencia en las licitaciones y posible aplicación de las normas chinas en lugar de las normas internacionales; insiste en que el BRI debe incluir salvaguardias de los derechos humanos y considera que reviste la máxima importancia desarrollar sinergias y proyectos con total transparencia y con la participación de todas las partes interesadas y en consonancia con la legislación de la Unión, complementando al mismo tiempo las políticas y los proyectos de la Unión para ofrecer beneficios a todos los países por los que pasen las rutas previstas; se congratula por la creación de la plataforma de conectividad UE-China, que promueve la cooperación en cuanto a infraestructuras de transporte en todo el continente euroasiático; se congratula de que se hayan señalado varios proyectos de infraestructuras y subraya que deben llevarse a cabo sobre la base de principios clave como la promoción de proyectos sostenibles desde los puntos de vista socioeconómico y medioambiental, el equilibrio geográfico, la igualdad de condiciones entre inversores y promotores de proyectos y la transparencia;

9.  Toma nota con satisfacción de que la política de la Unión con respecto a China forma parte de un planteamiento político global en relación con la región de Asia y el Pacífico, aprovechando al máximo y teniendo plenamente en cuenta las estrechas relaciones de la Unión con socios como los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, los países de la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda;

10.  Recalca que la cooperación UE-China debe estar más orientada hacia las personas y generar más beneficios reales para los ciudadanos a fin de crear una confianza y un entendimiento mutuos; pide a la Unión y a China que estén a la altura de las promesas hechas con motivo del 4.º Diálogo Interpersonal de Alto Nivel UE-China en 2017 y que promuevan más interacciones entre las personas, por ejemplo, intensificando la cooperación cultural en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y la igualdad de género, así como iniciativas conjuntas en el campo de los intercambios interpersonales;

11.  Centra la atención en la necesidad de prestar más apoyo a los estudiantes y estudiosos chinos que están en Europa de modo que sean menos vulnerables a las presiones de las autoridades chinas para que se vigilen entre ellos y se conviertan en herramientas del Estado chino, así como en la necesidad de analizar atentamente la abundante financiación por China de instituciones académicas en Europa;

12.  Acoge con agrado el resultado del 4.º Diálogo Interpersonal de Alto Nivel UE-China, celebrado el 13 y el 14 de noviembre de 2017 en Shanghái; insiste en que el Diálogo Interpersonal de Alto Nivel debe ayudar a generar confianza mutua y consolidar el entendimiento intercultural entre la Unión y China;

13.  Acoge con satisfacción el Año del Turismo UE-China (ECTY) 2018; destaca que, además de su importancia económica, es un buen ejemplo de la diplomacia cultural de la Unión en el marco de la asociación estratégica UE-China, así como una forma de desarrollar una mejor comprensión entre europeos y chinos; subraya que el Año del Turismo UE-China 2018 coincide con el Año Europeo del Patrimonio Cultural y que un número creciente de turistas chinos valoran muy positivamente la riqueza cultural de Europa;

14.  Pide a los Estados miembros de la Unión que intensifiquen de forma urgente y decisiva la colaboración y la unidad en cuanto a sus políticas referentes a China, incluso en los foros de las Naciones Unidas, en vista del fracaso de la Unión, por primera vez, a la hora de emitir una declaración común sobre la situación de los derechos humanos en China en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra en junio de 2017; sugiere encarecidamente que se aproveche la mucha mayor capacidad de negociación colectiva con China que tiene Europa, y que esta defienda sus democracias para oponerse mejor a los esfuerzos sistemáticos de China por influir en los responsables políticos y la sociedad civil para configurar una opinión más favorable a sus intereses estratégicos; pide, a ese respecto, a los Estados miembros más grandes que usen su peso político y económico con China para promover los intereses de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que China también está intentando influir en las instituciones educativas y universitarias y en sus planes de estudio; propone que la Unión Europea y los Estados miembros fomenten los grupos de reflexión europeos de gran calidad sobre China a fin de garantizar un asesoramiento experto independiente de cara a las orientaciones estratégicas y la toma de decisiones;

15.  Recalca que la promoción de los derechos humanos y del Estado de Derecho debe ser una parte esencial de las relaciones de la Unión con China; condena firmemente el actual acoso, los arrestos arbitrarios y el enjuiciamiento de los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas, blogueros, profesores universitarios y defensores de los derechos laborales y sus familias sin garantías de un juicio justo, incluidos ciudadanos extranjeros en China continental y en el extranjero; subraya que una sociedad civil dinámica y el trabajo de los defensores de los derechos humanos son esenciales para conseguir una sociedad abierta y próspera; destaca la importancia de que la Unión intervenga sin vacilar para promover el pleno respeto de los derechos humanos en el contexto de sus relaciones con China, centrándose tanto en resultados inmediatos, como el fin de la represión por el gobierno de los defensores de los derechos humanos, actores de la sociedad civil y disidentes, y la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos ciudadanos de la Unión, como en objetivos a medio y largo plazo, como las reformas políticas y jurídicas de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos, y el desarrollo, aplicación y adaptación permanente de una estrategia para mantener la visibilidad de la acción de la Unión en materia de derechos humanos en China, incluida una estrategia de comunicación pública; insiste en que la Unión y los diplomáticos de los Estados miembros no deben verse impedidos o imposibilitados de aplicar las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos; se compromete a que la Unión dé prioridad a la protección y la ayuda a los defensores de los derechos humanos que estén en peligro;

16.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que persigan una política más ambiciosa, unida y transparente en lo que respecta a los derechos humanos en China, y que consulten de manera sustancial a la sociedad civil y se involucren con ella, en especial antes de las reuniones de alto nivel y de las negociaciones sobre derechos humanos; subraya que, en la 35.ª ronda del diálogo sobre derechos humanos UE-China, la Unión hizo hincapié en el deterioro de la situación de los derechos civiles y políticos en China, incluidas las restricciones a la libertad de expresión; pide a China que cumpla, en relación con las cuestiones mencionadas en el diálogo sobre derechos humanos, sus obligaciones internacionales y respete las garantías que otorga su propia Constitución relativas al respeto del Estado de Derecho; insiste en mantener un diálogo sobre derechos humanos periódico, de alto nivel y orientado hacia los resultados; muestra su preocupación por que la evaluación de los diálogos sobre derechos humanos con China nunca se ha hecho pública y nunca se ha abierto a grupos independientes chinos; pide a la Unión que fije unas referencias claras para evaluar el progreso, garantizar más transparencia e involucrar a voces chinas independientes en el debate; pide a la Unión y a sus Estados miembros que revelen, recopilen y aborden todas las formas de acoso en relación con los visados (por el retraso o la denegación de la expedición de visados o del acceso a los mismos sin motivos y por la presión ejercida por las autoridades chinas durante el proceso de solicitud en forma de «entrevistas» con interlocutores chinos que no quieren identificarse) en relación con los universitarios, los periodistas o los miembros de las organizaciones de la sociedad civil;

17.  Se muestra seriamente preocupado por las conclusiones del informe de la CMNUCC de 2017, según las cuales el Gobierno chino ha intensificado sus intentos de denegar o limitar el acceso de periodistas extranjeros a grandes zonas del país, al tiempo que ha incrementado el recurso al proceso de renovación de visado para presionar a corresponsales de prensa y agencias de noticias no gratos; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que exijan a las autoridades chinas la reciprocidad en materia de libertad de prensa, y advierte contra las presiones que los corresponsales extranjeros sufren en su país dado que los diplomáticos chinos se ponen en contacto con las sedes de los medios de comunicación para criticar el trabajo de los periodistas sobre el terreno;

18.  Señala que la RPC es el segundo socio comercial más importante de la Unión, que es, a su vez, el principal socio comercial de la RPC; destaca el constante crecimiento del comercio entre ambos, pero considera que la balanza comercial se inclina a favor de la RPC; pide un enfoque cooperativo y una actitud constructiva para abordar de manera eficaz los asuntos que resulten problemáticos y explotar el gran potencial del comercio entre la Unión y la RPC; pide a la Comisión que intensifique la cooperación y el diálogo con la RPC;

19.  Señala que los resultados de investigaciones recientes revelan que, desde 2008, China ha adquirido bienes en Europa por valor de 318 000 millones de dólares estadounidenses; destaca que esta cifra no incluye varias fusiones, inversiones y empresas en participación;

20.  Señala que la RPC es uno de los mayores agentes del comercio mundial y que el gran mercado del país podría constituir en principio una buena oportunidad para la Unión y para las empresas europeas, en particular en el actual marco del comercio mundial; recuerda que las empresas chinas, incluidas las empresas públicas, se están beneficiando de los mercados ampliamente accesibles de la Unión; reconoce los notables resultados de la RPC, que ha conseguido sacar a cientos de millones de ciudadanos de la pobreza durante las cuatro últimas décadas;

21.  Señala que las inversiones extranjeras directas (IED) de salida de la Unión en la RPC han ido disminuyendo constantemente desde 2012, en particular en el sector manufacturero tradicional, con un aumento paralelo de las inversiones en servicios de alta tecnología, servicios públicos y servicios agrícolas y de construcción, mientras que las inversiones de la RPC en la Unión han crecido de manera exponencial en los últimos años; reconoce que desde 2016 la RPC se ha convertido en un inversor neto en la Unión; toma nota de que, en 2017, el 68 % de las inversiones chinas en Europa provinieron de empresas públicas; muestra su preocupación por las adquisiciones organizadas por el Estado que podrían perjudicar los intereses estratégicos, los objetivos de seguridad pública, la competitividad y el empleo europeos;

22.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de establecer un mecanismo de control de las IED en los ámbitos de la seguridad y el orden público, que constituye uno de los esfuerzos de la Unión para adaptarse a un entorno global dinámico, sin centrarse específicamente en ninguno de los socios comerciales internacionales de la Unión; advierte de que el mecanismo no debe dar lugar a un proteccionismo encubierto; solicita, sin embargo, la pronta adopción del mismo;

23.  Acoge con satisfacción los compromisos asumidos por el presidente Xi Jinping de seguir abriendo el mercado chino a los inversores extranjeros y mejorar el entorno de las inversiones, de finalizar la revisión de la lista negativa sobre las inversiones extranjeras y levantar las restricciones para las empresas europeas en varios sectores, así como de reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual y de establecer condiciones equitativas incrementando la transparencia del mercado de la RPC y regulándolo mejor; solicita que se cumplan estos compromisos;

24.  Reitera la importancia de cesar todas las prácticas discriminatorias contra inversores extranjeros; recuerda, en este sentido, que estas reformas beneficiarán tanto a las empresas chinas como a las europeas, en especial a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (pymes);

25.  Pide a la Comisión que promueva el nuevo Reglamento general de protección de datos (RGPD) de la Unión como la «regla de oro» en sus relaciones comerciales con China; destaca la necesidad de un diálogo sistemático con China y otros socios de la OMC sobre los requisitos reglamentarios relacionados con la digitalización de nuestras economías y sus múltiples efectos sobre el comercio, las cadenas de producción, los servicios digitales transfronterizos, la impresión en 3D, los hábitos de consumo, los pagos, los impuestos, la protección de datos personales, las cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad, la prestación de servicios audiovisuales y su protección, los medios de comunicación y los contactos interpersonales;

26.  Pide a la RPC que acelere el proceso de adhesión al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC y presente una oferta de adhesión a fin de conceder a las empresas europeas un acceso a su mercado en condiciones equivalentes a aquellas de las que ya se benefician las empresas chinas en la Unión; lamenta que el mercado chino de la contratación pública permanezca en gran medida cerrado a los proveedores extranjeros y que las empresas europeas sufran discriminación y una falta de acceso al mercado chino; pide a la RPC que permita el acceso no discriminatorio a las empresas y a los trabajadores europeos en el ámbito de la contratación pública; pide al Consejo que adopte con rapidez el instrumento de contratación pública internacional; pide a la Comisión que esté atenta ante los contratos adjudicados a empresas extranjeras sospechosas de prácticas de dumping, y que, en su caso, emprenda acciones;

27.  Solicita que se establezca una cooperación coordinada con la RPC sobre la iniciativa denominada «Un cinturón, una ruta» basada en la reciprocidad, el desarrollo sostenible, la buena gobernanza y unas normas abiertas y transparentes, particularmente en lo relativo a la contratación pública; lamenta, en este sentido, que el Memorando de Acuerdo firmado por el Fondo Europeo de Inversiones y el Fondo de la Ruta de la Seda de la RPC, así como el firmado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Nuevo Banco de Desarrollo y el Banco Mundial no hayan mejorado todavía el entorno empresarial para las empresas y los trabajadores europeos; lamenta la ausencia de evaluaciones profesionales del impacto sobre el desarrollo sostenible en varios proyectos relacionados con la iniciativa «Un cinturón, una ruta» y subraya la importancia de la calidad de las inversiones, especialmente en relación con los efectos positivos sobre el empleo, los derechos laborales, la producción respetuosa del medio ambiente y la mitigación del cambio climático, en consonancia con la gobernanza multilateral y las normas internacionales;

28.  Apoya las negociaciones en curso iniciadas en 2013 sobre un acuerdo integral sobre inversiones entre la Unión y la RPC, e invita a la RPC a comprometerse más en dicho proceso; pide a ambas partes que renueven sus esfuerzos para avanzar en las negociaciones, encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones para las empresas y los trabajadores europeos, y para garantizar la reciprocidad en el acceso a los mercados, velando por unas disposiciones específicas sobre las pymes y la contratación pública; pide asimismo a ambas partes que aprovechen la oportunidad que ofrece el acuerdo sobre inversiones para incrementar su cooperación en el ámbito de los derechos medioambientales y laborales y que incluyan en el texto un capítulo sobre desarrollo sostenible;

29.  Recuerda que las empresas de la Unión se enfrentan a un número creciente de medidas restrictivas de acceso a los mercados en la RPC debido a las obligaciones impuestas a las empresas conjuntas en varios sectores industriales y a un mayor número de disposiciones y requisitos técnicos discriminatorios para los empresarios extranjeros, como la localización obligatoria de datos y la divulgación de códigos fuente; acoge con satisfacción, a este respecto, el documento «Notice on Several Measures on Promoting Further Openness and Active Utilisation of Foreign Investment» (comunicación sobre varias medidas para la promoción de una mayor apertura y una utilización activa de las inversiones extranjeras), emitido por el Consejo de Estado de la RPC en 2017, pero lamenta la falta de un calendario para lograr sus objetivos; pide por tanto a las autoridades chinas que materialicen con prontitud estos compromisos;

30.  Pide tanto a la Unión y a sus Estados miembros como a China que intensifiquen la cooperación para crear economías circulares, dado que esta necesidad urgente se ha vuelto incluso más visible a raíz de la decisión legítima de China de prohibir las importaciones de residuos de plásticos procedentes de Europa; pide a ambos socios que intensifiquen la cooperación económica y tecnológica con el objetivo de evitar que las cadenas de producción, el comercio y el transporte, así como los servicios turísticos a escala mundial puedan causar un grado intolerable de contaminación por plásticos en nuestros océanos;

31.  Pide a la RPC que se esfuerce por ejercer un papel responsable en la escena mundial, en pleno conocimiento de las responsabilidades derivadas de su presencia y rendimiento económicos en terceros países y en los mercados mundiales, en concreto apoyando activamente el sistema de comercio multilateral basado en normas y a la OMC; considera que, en el marco actual de las cadenas de valor mundiales, el aumento de las tensiones comerciales internacionales debería resolverse mediante negociaciones, al tiempo que reitera la necesidad de buscar soluciones multilaterales; pide, en este sentido, que se cumplan las obligaciones establecidas en el Protocolo de Adhesión de la RPC a la OMC y que se protejan sus mecanismos operativos; subraya las obligaciones en materia de notificación y transparencia derivadas de los acuerdos de la OMC en lo que se refiere a las subvenciones, y expresa su preocupación por las prácticas actuales de concesión de subvenciones directas o indirectas a las empresas chinas; aboga por la coordinación con los principales socios comerciales de la Unión de actividades y esfuerzos conjuntos destinados a afrontar y eliminar las distorsiones del mercado inducidas por el Estado, que afectan al comercio mundial;

32.  Lamenta que la RPC, pese a la conclusión del procedimiento sobre la reforma de la metodología europea de cálculo de los derechos antidumping, no haya retirado aún la causa interpuesta contra la Unión en el órgano de apelación de la OMC;

33.  Expresa su preocupación ante el aumento de las medidas arancelarias que están siendo adoptadas por China y los Estados Unidos;

34.  Expresa su preocupación a la vista del número de restricciones que las empresas europeas, en particular las microempresas y las pymes, siguen afrontando en la RPC, como el Catálogo de Inversión Exterior de 2017 y la lista negativa de 2017 para las zonas de libre comercio, así como en los sectores cubiertos por el plan «Made in China 2025»; solicita la rápida reducción de estas restricciones con el fin de aprovechar plenamente el potencial de cooperación y las sinergias entre los programas de Industria 4.0 en Europa y la estrategia «Made in China 2025», dada la necesidad de reestructurar nuestros sectores de producción hacia la fabricación inteligente, incluida la cooperación en el desarrollo y la definición de las correspondientes normas industriales en los foros multilaterales; recuerda la importancia de reducir las subvenciones estatales de la RPC;

35.  Pide a la RPC que ponga fin a la práctica de supeditar cada vez más el acceso al mercado a la transferencia obligatoria de tecnología, como se indica en el documento de posición de 2017 sobre China de la Cámara de Comercio de la Unión;

36.  Solicita la reanudación de las negociaciones sobre el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) para reforzar la fructífera cooperación entre la Unión y la RPC en la lucha contra el cambio climático y el firme compromiso conjunto para la aplicación del Acuerdo de París; destaca el potencial comercial de la cooperación tecnológica en materia de tecnologías limpias;

37.  Toma nota con preocupación de las conclusiones del informe de la Comisión sobre la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en terceros países que señala a la RPC como la principal preocupación; reitera la necesidad de garantizar la protección de la economía europea basada en el conocimiento; pide a la RPC que combata el uso ilícito de licencias europeas por parte de empresas chinas;

38.  Pide a la Comisión que prevea la presencia de la Unión Europea en la Exposición Internacional de Importación de China, que se celebrará en Shanghái en noviembre de 2018, y que brinde, en particular a las pymes, la oportunidad de presentar su trabajo; pide a la Comisión que contacte con las cámaras de comercio, en particular las de los Estados miembros que menos participan actualmente en el comercio con China, con el fin de promover esta oportunidad;

39.  Expresa su preocupación por las medidas estatales de la RPC que causan distorsiones comerciales, en concreto el exceso de capacidad industrial de los sectores de las materias primas, como los sectores del acero y el aluminio, entre otros; recuerda los compromisos, alcanzados en la primera reunión ministerial del Foro Mundial sobre el exceso de capacidad de la siderurgia en 2017, para abstenerse de conceder subvenciones que distorsionen el mercado, pero lamenta que la delegación china no proporcionara datos sobre capacidad; pide a la RPC que cumpla con su compromiso de identificar y divulgar los datos sobre sus subvenciones y medidas de apoyo a la industria del acero y del aluminio; reconoce el vínculo entre el exceso de capacidad industrial a escala mundial y el aumento de medidas comerciales proteccionistas y sigue apelando a la cooperación multilateral con el fin de abordar las cuestiones estructurales que subyacen al exceso de capacidad; acoge con satisfacción la acción tripartita propuesta por los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea en el ámbito de la OMC;

40.  Subraya la importancia de un acuerdo ambicioso entre la Unión y la RPC sobre las indicaciones geográficas de acuerdo con las normas internacionales más exigentes, y acoge con satisfacción el anuncio conjunto de 2017 emitido por la Unión y la RPC de una lista de 200 indicaciones geográficas chinas y europeas, cuya protección será objeto de negociaciones; considera, sin embargo, que, si se tiene en cuenta que las negociaciones se iniciaron en 2010, la lista presenta un resultado muy modesto, y lamenta la falta de progreso en este sentido; pide una pronta conclusión de las negociaciones e insta a ambas partes a que consideren la próxima Cumbre UE-RPC como una buena ocasión para lograr avances concretos en esa dirección; reitera la necesidad de seguir cooperando en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias con el fin de reducir las cargas administrativas para los exportadores de la Unión;

41.  Acoge con satisfacción la decisión de China de aplazar un año la aplicación de nuevas certificaciones para productos alimenticios y bebidas importados, las cuales habrían reducido considerablemente las importaciones de productos alimenticios procedentes de la Unión; acoge asimismo con satisfacción el aplazamiento en la aplicación de las nuevas normas para vehículos eléctricos y solicita un verdadero diálogo y una mayor coordinación en relación con estas iniciativas;

42.  Recomienda a la Unión y al Gobierno chino que lancen una iniciativa conjunta en el G-20 para crear un Foro Mundial sobre el exceso de capacidad del aluminio, con un mandato para abordar toda la cadena de valor de la industria de la bauxita, la alúmina y el aluminio, incluidos los precios de las materias primas y las cuestiones medioambientales;

43.  Pide a la Comisión que supervise activamente las medidas de distorsión del comercio adoptadas por China que están afectando a las posiciones de las empresas de la Unión en los mercados mundiales, y que tome las medidas adecuadas en la OMC y otros foros, incluso mediante el sistema de solución de diferencias;

44.  Señala que la nueva Ley china sobre inversiones extranjeras se encuentra en proceso de redacción; insta a las partes chinas competentes a que garanticen la transparencia, la responsabilidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica, y a que tengan en cuenta las propuestas y expectativas del actual diálogo mantenido entre la Unión y China sobre la relación comercial y en materia de inversiones;

45.  Expresa su preocupación ante la nueva Ley sobre ciberseguridad, que incluye, entre otros, nuevos obstáculos reglamentarios para las empresas extranjeras que venden servicios y material informáticos y de telecomunicaciones; lamenta el hecho de que estas medidas adoptadas recientemente, junto con la creación de grupos del Partido Comunista Chino en las empresas privadas, incluidas las empresas extranjeras, y otras medidas como la Ley sobre las ONG, hagan que el entorno empresarial global en la RPC sea más hostil para los operadores económicos privados y extranjeros;

46.  Señala que, en 2016, el sistema bancario de la RPC pasó a ser el sistema bancario más grande del mundo, superando al de la zona del euro; pide a la RPC que permita a las empresas bancarias extranjeras competir en pie de igualdad con las instituciones nacionales y que coopere con la Unión en materia de regulación financiera; acoge con satisfacción la decisión de la RPC de reducir los aranceles sobre 187 bienes de consumo y la eliminación de topes en materia de propiedad extranjera para los bancos;

47.  Recuerda su informe de 2015 sobre las relaciones entre la Unión y la RPC, en el que solicitaba el inicio de negociaciones sobre un acuerdo bilateral de inversiones con Taiwán; recuerda que la Comisión ha anunciado en varias ocasiones el inicio de negociaciones en materia de inversiones con Hong Kong y Taiwán, pero lamenta que tales negociaciones no hayan comenzado realmente; reitera su apoyo a un acuerdo bilateral de inversiones con Taiwán y Hong Kong; reconoce que ambos socios también podrían ejercer de trampolín hacia la China continental para las empresas de la Unión;

48.  Pide a la Comisión que se coordine con los Estados miembros, previa consulta al Parlamento Europeo, para formular una posición europea unificada y una estrategia económica común respecto de la RPC; pide a todos los Estados miembros que se adhieran sistemáticamente a dicha estrategia;

49.  Subraya las posibles consecuencias del sistema de crédito social propuesto para el entorno empresarial y solicita que se aplique de manera transparente, justa y equitativa;

50.  Acoge con satisfacción los avances legislativos realizados por la Unión en relación con el Reglamento (UE) 2017/821 sobre las obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo, así como la legislación china similar sobre minerales de zonas de conflicto, que tienen por objeto evitar que el comercio de estos minerales sirva para financiar conflictos armados; recalca la necesidad de evitar que los minerales de zonas en conflicto se transformen en nuestros teléfonos móviles, coches y joyas; pide tanto a la Comisión como al Gobierno chino que establezcan una cooperación estructurada para apoyar la aplicación de la nueva legislación y que impidan con eficacia que las fundiciones y refinerías chinas, de la Unión y a escala mundial utilicen minerales de zonas en conflicto, con el fin de evitar que se abuse de los trabajadores del sector de la minería, en particular los niños, y para exigir a las empresas chinas y de la Unión que garanticen la importación de estos minerales y metales únicamente a partir de fuentes responsables;

51.  Toma nota de que, en el 19.° Congreso del Partido, celebrado en octubre de 2017, y durante la última sesión de la APN, el secretario general y presidente Xi Jinping reforzó su posición de poder en el Partido, allanando el camino para una ampliación ilimitada de su mandato, e incrementó el control de los órganos del Partido sobre el aparato del Estado y la economía, incluyendo el establecimiento de células del Partido en empresas extranjeras; observa que la correspondiente revisión del sistema político de la República Popular China va acompañada de un nuevo desplazamiento del foco político hacia una política basada en una estrecha vigilancia en todos los sectores;

52.  Subraya que la creación de la Comisión nacional de control, cuyo estatuto jurídico es equivalente al de los tribunales y de la fiscalía, es un paso drástico hacia la fusión de las funciones del Partido y del Estado, ya que establece un organismo de supervisión estatal, que recibe órdenes de la Comisión Central del Partido para la Inspección de la Disciplina (CCID) con la que comparte locales y personal; manifiesta su preocupación por las consecuencias personales de gran alcance de esta ampliación de la supervisión del Partido para un gran número de personas, ya que significa que la campaña anticorrupción puede ampliarse para perseguir no solo a los miembros del Partido, sino también a los funcionarios, desde directivos de empresas estatales a profesores universitarios y directores de escuelas de pueblo;

53.  Observa que, si bien el sistema de crédito social aún está en fase de creación, las listas negras de personas físicas y jurídicas no conformes, así como las «listas rojas» de personas físicas y jurídicas destacadas, constituyen el núcleo de la fase actual de aplicación, en la que el principal objetivo consiste en castigar a los infractores que figuran en las listas negras y recompensar a quienes figuran en las listas rojas; constata que, a principios de 2017, el Tribunal Supremo Popular de China indicó que se había prohibido volar a más de seis millones de ciudadanos chinos por haber cometido delitos de carácter social; rechaza firmemente la divulgación de los nombres y la humillación pública de las personas que figuran en las listas negras como parte integrante del sistema de crédito social; subraya la importancia y la necesidad de un diálogo entre las instituciones de la Unión Europea y sus homólogos chinos sobre todas las graves consecuencias sociales de la actual planificación central y de los experimentos locales con el sistema de crédito social;

54.  Expresa su preocupación por los masivos sistemas de vigilancia cibernética de China y pide que se apruebe una norma sobre los derechos a la intimidad exigibles; condena las actuales medidas contra la libertad de internet por parte de las autoridades chinas, en particular la libertad de acceder a sitios web extranjeros, y lamenta la política de autocensura adoptada por algunas empresas occidentales que operan en China; recuerda que ocho de los veinticinco principales sitios web del mundo están bloqueados en China, incluidos los sitios webs de importantes empresas de TI;

55.  Recalca que la declaración de Xi sobre la importancia esencial de la «estabilidad a largo plazo» en Xinjiang para el éxito de la iniciativa BRI ha dado lugar a la intensificación de las antiguas estrategias de control ampliadas mediante una serie de innovaciones tecnológicas, un incremento rápido del gasto en seguridad nacional y el uso de medidas contra el terrorismo para criminalizar la disidencia y a los disidentes mediante la aplicación de una definición amplia de terrorismo; muestra su preocupación por la aplicación por el Estado de medidas para garantizar la «supervisión integral» de la región mediante la instalación del sistema chino de vigilancia electrónica «Skynet» en las principales zonas urbanas, la instalación de rastreadores de GPS en todos los vehículos de motor, el uso de lectores de reconocimiento facial en los puestos de control, estaciones de tren y gasolineras y la iniciativa de toma de muestras de sangre por la policía de Xinjiang para seguir ampliando la base de datos de ADN china; expresa su más profunda preocupación por el envío de miles de uigures y de kazajos a «campos de reeducación» basándose en el análisis de los datos recolectados a través de un sistema de «vigilancia predictiva», incluso por haber viajado al extranjero o por considerar que son demasiado devotos; considera que la declaración de Xi según la cual la iniciativa BRI «beneficiará a personas de todo el mundo», ya que se basará en el «espíritu de la Ruta de la Seda» de «paz y cooperación, apertura e inclusión» dista sensiblemente de la realidad a la que se enfrentan los uigures y los kazajos en Xinjiang; insta a las autoridades chinas a que liberen a las personas supuestamente detenidas por sus creencias o por sus prácticas e identidades culturales;

56.  Hace hincapié en que el refuerzo institucional y financiero de la diplomacia china refleja la alta prioridad que otorga Xi Jinping a la política exterior como parte de su visión de convertir a China en una potencia mundial de aquí a 2049; observa que el traslado de la responsabilidad en materia de asuntos exteriores, que se ha producido en la última sesión de la APN, demuestra que el papel de la política exterior en el proceso de toma de decisiones del Partido es cada vez más importante; subraya el hecho de que la creación de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional para el Desarrollo expresa la gran importancia que concede el liderazgo de Xi al refuerzo de sus intereses de seguridad a escala mundial por medios económicos, por ejemplo sirviendo mejor al BRI; concluye, por tanto, que, en los próximos cinco años, China estará más presente y comprometida en el extranjero, con iniciativas diplomáticas y económicas para las cuales la Unión y sus Estados miembros deben hallar respuestas y estrategias comunes;

57.  Destaca la importancia de garantizar la paz y la seguridad en los mares Oriental y Meridional de China en aras de la estabilidad de la región; subraya la importancia de garantizar la libertad y la seguridad de la navegación en la región para numerosos Estados asiáticos y europeos; señala que las estructuras finalizadas el último año en tierra de las Spratly y Paracelso en el mar de la Meridional de China incluyen grandes hangares junto a pistas de aterrizaje de 3 km, refugios reforzados para plataformas para misiles, grandes zonas de almacenamiento subterráneo, numerosos edificios administrativos, equipos militares de interferencia, amplias redes de alta frecuencia y radares y matrices de sensores transhorizonte, y que todo esto apunta a una fase de consolidación y a una mayor acumulación de medios de vigilancia y militares de largo alcance, mientras que una mayor militarización de las islas mediante la instalación de plataformas militares todavía más avanzadas podría servir para posibles represalias ante nuevas acciones legales o una mayor presencia naval internacional; pide a China y a la ASEAN que aceleren sus consultas sobre un código de conducta para la resolución pacífica de las disputas y controversias en esta zona; insiste en que esta cuestión debe resolverse de acuerdo con el Derecho internacional en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); subraya que la Unión Europea y sus Estados miembros, como firmantes de la CNUDM, reconocen el laudo emitido por el tribunal arbitral; reitera su solicitud a China de que acepte el laudo del tribunal; subraya que la Unión sería partidaria de mantener el orden internacional basado en el Estado de Derecho;

58.  Muestra su honda preocupación por la disminución del espacio reservado a la sociedad civil desde el ascenso al poder de Xi Jinping en 2012, sobre todo en vista de la Ley de gestión de las ONG extranjeras que entró en vigor el 1 de enero de 2017, que somete a todas las ONG extranjeras, incluidos los grupos de reflexión y las instituciones académicas, a una mayor carga administrativa y presión económica y al férreo control de una unidad de supervisión vinculada al Ministerio de Seguridad Pública, con un gran impacto negativo sobre sus operaciones y su financiación; espera que las ONG europeas disfruten en China de las mismas libertades de las que disfrutan las ONG chinas en la Unión Europea; pide a las autoridades chinas que deroguen las leyes restrictivas, como la Ley de gestión de las ONG extranjeras, que es contraria al derecho a la libertad de asociación, opinión y expresión;

59.  Insiste en que las autoridades chinas deben garantizar que todas las personas detenidas reciban un trato conforme a las normas internacionales y tengan acceso a asesoramiento jurídico y tratamiento médico, de acuerdo con el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión;

60.  Anima a China a que, conforme se aproxima el vigésimo aniversario de la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo ratifique y garantice su plena aplicación, incluyendo el cese de todas las prácticas abusivas y la adaptación de su legislación en caso necesario;

61.  Condena la aplicación de la pena de muerte, y recuerda que China ha ejecutado a un mayor número de personas que todos los demás países juntos y que en 2016 ejecutó unas dos mil sentencias a la pena de muerte; insta a China a que aclare la magnitud de las ejecuciones en el país y garantice la transparencia judicial; pide a la Unión que incremente los esfuerzos diplomáticos y exige que se respeten los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte;

62.  Expresa su grave preocupación por el hecho de que el contenido principal de la nueva normativa sobre asuntos religiosos y asociaciones éticas no religiosas implicará que todas las religiones, autorizadas o no, serán etiquetadas por el Gobierno chino; subraya el hecho de que en China muchas congregaciones de iglesias locales se niegan a adherirse al comité del Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías reconocido por el Partido único y el Estado y al Consejo Cristiano por razones teológicas; pide al Gobierno chino que permita que las numerosas iglesias locales que están dispuestas a registrarse lo hagan directamente en el Departamento gubernamental de Asuntos Civiles para que sus derechos e intereses como organizaciones sociales estén protegidos;

63.  Pide a China que revise sus políticas en el Tíbet; pide a China que revise y modifique las leyes, reglamentos y medidas aprobados en los últimos años que limitan estrictamente el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los tibetanos, incluyendo su libertad de expresión y su libertad religiosa; insta a los líderes chinos a que desarrollen políticas de desarrollo y medioambientales que respeten los derechos económicos, sociales y culturales de los tibetanos y que sean inclusivas respecto de la población local, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; pide al Gobierno chino que investigue los casos actuales de desapariciones forzosas, tortura y maltrato de tibetanos y que respete sus derechos de libertad de asociación, reunión pacífica y libertad de religión y creencias, de conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos; insiste en que la degradación de los derechos humanos en el Tíbet debe abordarse de forma sistemática en todas las cumbres UE-China; pide la reanudación de un diálogo constructivo y pacífico entre las autoridades chinas y los representantes del pueblo tibetano; insta a China a que conceda a los diplomáticos de la Unión Europea, a los periodistas y a los ciudadanos un acceso sin restricciones al Tíbet en reciprocidad al acceso libre y abierto a la totalidad del territorio de los Estados miembros de la Unión del que disfrutan los viajeros chinos; pide a las autoridades chinas que permitan a los tibetanos viajar libremente en el Tíbet y que respeten su derecho a la libre circulación; insta a las autoridades chinas a que permitan a los observadores internacionales, incluido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acceder al Tíbet; insta a las instituciones de la Unión a que tomen seriamente en consideración la cuestión del acceso al Tíbet en los debates sobre el acuerdo de facilitación de visados entre la Unión Europea y China;

64.  Toma nota de que el Informe anual de 2017 sobre la RAE de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión Europea concluye que, pese a algunos problemas, el principio de «un país, dos sistemas» funcionó bien en líneas generales, que el Estado de Derecho ha prevalecido y que en general se respetan la libertad de expresión y la libertad de información, si bien el informe también muestra su preocupación por la erosión gradual del principio de «un país, dos sistemas», lo que suscita preguntas legítimas sobre su aplicación y sobre el elevado grado de autonomía de Hong Kong a largo plazo; subraya que el Informe anual señala que se han intensificado dos tendencias negativas relativas a la libertad de expresión y a la libertad de información, a saber, la autocensura a la hora de informar sobre la evolución de la política nacional y exterior y la presión sobre los periodistas; apoya plenamente el respaldo de la Unión a la RAE de Hong Kong y a las autoridades del Gobierno central para que reanuden la reforma electoral de acuerdo con la Ley Fundamental y alcancen un acuerdo sobre un sistema electoral que sea democrático, justo, abierto y transparente; destaca que los habitantes de Hong Kong tienen el legítimo derecho a seguir confiando en un sistema judicial fiable, en la prevalencia del Estado de Derecho y unos niveles de corrupción bajos, en la transparencia, los derechos humanos, la libertad de opinión y unas normas elevadas en la sanidad pública y en materia de seguridad; subraya que el pleno respeto de la autonomía de Hong Kong podría servir de modelo para un proceso de profundas reformas políticas democráticas en China y para una liberalización y apertura graduales de la sociedad china;

65.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que hagan cuanto esté en su mano para instar a la República Popular China a que se abstenga de nuevas provocaciones militares hacia Taiwán y de poner en peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán; subraya que todas las controversias entre las dos orillas del estrecho deben solucionarse por medios pacíficos sobre la base del Derecho internacional; expresa su preocupación por la decisión unilateral de China de empezar a usar rutas aéreas sobre el estrecho de Taiwán; alienta la reanudación de diálogos oficiales entre Pekín y Taipéi; reitera su firme apoyo a la participación significativa de Taiwán en las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), donde la exclusión permanente de Taiwán no se ajusta a los intereses de la Unión;

66.  Recuerda que, como principal socio comercial y principal fuente de alimentos y energía de Corea del Norte, China sigue ejerciendo, junto con la comunidad internacional, un papel decisivo ante las provocaciones de Corea del Norte, que suponen una amenaza mundial; acoge con agrado, en consecuencia, la reciente inclinación de China a apoyar algunas de las sanciones internacionales contra Pionyang, incluidas la suspensión de las importaciones de carbón procedentes de Corea del Norte y la restricción de las actividades financieras de las personas y empresas de Corea del Norte, así como las restricciones comerciales aplicadas a los productos textiles y a los pescados y mariscos; se congratula también de los esfuerzos de Pekín por establecer un diálogo con Pionyang; insta a la Unión a que hable con una sola voz sobre China para ejercer un papel constructivo respaldando la próxima cumbre intercoreana y la cumbre entre Corea del Norte y los Estados Unidos, con el fin de colaborar de forma activa en la desnuclearización comprobable de Corea del Norte y en el establecimiento de la paz permanente en la península de Corea;

67.  Elogia a China por sumarse a las sanciones impuestas a Corea del Norte; pide a China que contribuya de forma constructiva a resolver la situación en la península de Corea y que siga aplicando sanciones a Corea del Norte hasta que realice progresos significativos en la renuncia a las armas nucleares y la modificación de su discurso en relación con Corea del Sur y Japón y empiece a respetar los derechos humanos;

68.  Subraya la importancia de los esfuerzos de China por conseguir la paz, la seguridad y la estabilidad en la península de Corea;

69.  Acoge con satisfacción las contribuciones de China a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la Unión Africana; señala que la Unión tiene como objetivo reforzar su compromiso con China en materia de política exterior y cuestiones de seguridad animando a China a movilizar sus recursos diplomáticos y de otro tipo para apoyar la seguridad internacional y contribuir a la paz y la seguridad en la vecindad de la Unión basándose en el Derecho internacional; observa que la cooperación con China en el ámbito del control de exportaciones, el desarme, la no proliferación y la desnuclearización de la península de Corea es esencial para garantizar la estabilidad de la región oriental de Asia;

70.  Acoge con satisfacción la intención de China de evolucionar hacia una economía sostenible; insiste en que la Unión puede ayudar en el programa chino de reformas económicas con sus conocimientos especializados; subraya que China es un socio fundamental para la Unión en relación con la lucha contra el cambio climático y los retos medioambientales mundiales; aspira a trabajar con China para acelerar la aplicación del Acuerdo de París sobre cambio climático;

71.  Se congratula de las reformas emprendidas por China desde la puesta en marcha de su enfoque de «civilización ecológica»; considera que el estatuto especial que los tribunales han otorgado a las ONG medioambientales, las auditorías sobre el impacto medioambiental del trabajo de los funcionarios y las elevadas inversiones en electromovilidad y energías limpias van en la buena dirección;

72.  Celebra el plan de acción aprobado por China en 2016 para abordar la resistencia a los antibióticos; subraya la importancia de la cooperación entre China, que representa la mitad del consumo mundial anual de antibióticos, y la Unión en la lucha contra esta amenaza mundial; insiste en que deben incluirse disposiciones en materia de bienestar animal en los acuerdos comerciales bilaterales UE-China;

73.  Toma nota de la decisión china de prohibir las importaciones de residuos sólidos, lo que pone de relieve la importancia del proceso de concepción, producción, reparación, reutilización y reciclado de los productos, haciendo especial hincapié en la producción y el uso de plástico; recuerda el reciente intento de China de prohibir las exportaciones de tierras raras, y pide a la Comisión que tenga en cuenta la interdependencia de las economías mundiales cuando dé prioridad a las políticas de la Unión;

74.  Considera que cabría la posibilidad, el interés y la necesidad de que la Unión y la ASEAN trabajen juntas para desarrollar una estrategia conjunta de economía circular; considera que China podría ejercer un papel fundamental en la evolución de esta iniciativa en la ASEAN;

75.  Sostiene que China y la Unión se beneficiarán de la promoción de la sostenibilidad en sus economías y del desarrollo de una bioeconomía multisectorial circular y sostenible;

76.  Acoge favorablemente el acuerdo para aumentar la cooperación en investigación e innovación en iniciativas emblemáticas, como las iniciativas sobre los alimentos, la agricultura y las biotecnologías, el medio ambiente y la urbanización sostenible, el transporte de superficie, una aviación más segura y más verde y las biotecnologías para el medio ambiente y la salud humana, que fueron aprobadas durante el Tercer Diálogo UE-China sobre Cooperación para la Innovación en junio de 2017, y la correspondiente hoja de ruta para la cooperación científica y tecnológica entre la Unión y China a partir de octubre de 2017; pide a la Unión y a China que prosigan estos esfuerzos y pongan en práctica los resultados de la investigación y de los proyectos de desarrollo;

77.  Señala que la Unión y China son muy dependientes de los combustibles fósiles y representan conjuntamente alrededor de un tercio del consumo mundial total, lo que sitúa a China a la cabeza en la clasificación de la OMS de las muertes atribuidas a la contaminación del aire exterior; destaca que un aumento del comercio con productos de bioeconomía fabricados a partir de materiales renovables puede ayudar a reducir la dependencia de los combustibles fósiles de las economías de China y de la Unión; pide a la Unión y a China que afiancen sus relaciones en otros ámbitos de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, como la electromovilidad, las energías renovables y la eficiencia energética, que prosigan y amplíen la hoja de ruta sobre cooperación energética entre la Unión y China más allá de 2020 y que intensifiquen sus esfuerzos conjuntos para desarrollar instrumentos de financiación ecológica, en particular la financiación de la acción por el clima; pide, asimismo, a China y a la Unión que exploren y se comprometan a hacer avanzar la planificación y el desarrollo de líneas de transporte de electricidad transfronterizas que utilicen tecnología de corriente continua de alta tensión para hacer las fuentes de energía renovables más accesibles;

78.  Anima a la Unión y a China a que prosigan su colaboración en materia de urbanización sostenible, en particular en ámbitos como el transporte limpio, la mejora de la calidad del aire, la economía circular y el diseño ecológico; subraya la necesidad de adoptar medidas adicionales de protección del medio ambiente, habida cuenta de que más del 90 % de las ciudades no respetan la norma nacional de concentraciones de PM 2,5 de contaminación atmosférica y de que, en China, más de un millón de personas mueren cada año a causa de patologías vinculadas a la contaminación atmosférica;

79.  Destaca el interés común de la Unión y de China por fomentar el desarrollo hipocarbónico y luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero en un mercado de la energía transparente, público y debidamente regulado; considera que la asociación estratégica entre la Unión y China es necesaria para la ejecución del Acuerdo de París y para una lucha eficaz contra el cambio climático; pide a la Unión y a China que utilicen su peso político para impulsar la aplicación del Acuerdo de París, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), e insta a que se adopte un enfoque cooperativo en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC y en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas; pide a ambas partes que adopten una declaración conjunta en materia de acción por el clima para demostrar el compromiso común con una aplicación estricta del Acuerdo de París y una participación activa en el Diálogo de Talanoa de 2018 y en la CP 24; anima a ambas partes a que adopten un papel responsable en las negociaciones internacionales contribuyendo al objetivo de limitar el calentamiento mundial a través de sus respectivas políticas internas en materia de clima, y aportando contribuciones financieras para alcanzar el objetivo de proporcionar 100 000 millones USD anuales para mitigación y adaptación antes de 2020;

80.  Acoge favorablemente el lanzamiento de un régimen de comercio de derechos de emisión a escala nacional en China en diciembre de 2017; toma nota de la exitosa cooperación entre China y la Unión durante la fase de preparación que permitió dicho lanzamiento; reconoce la voluntad de las autoridades chinas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y espera con interés los resultados del actual trabajo de seguimiento, notificación y verificación, que resulta clave para el buen funcionamiento del régimen; destaca la importancia de adoptar medidas en todos los sectores de la economía en materia de cambio climático y acoge favorablemente la intención de ampliar su ámbito para incluir sectores industriales y mejorar las modalidades comerciales del régimen; pide a la Unión y a China que sigan colaborando en el marco del proyecto de cooperación para el desarrollo del mercado del carbono de China, con el fin de hacer de él un instrumento eficaz que establezca incentivos significativos para la reducción de las emisiones y una mayor concordancia con el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión; pide a ambas partes que sigan promoviendo mecanismos de tarificación del carbono en otros países y regiones recurriendo a sus propias experiencias y conocimientos e intercambiando mejores prácticas, así como realizando esfuerzos para desarrollar la cooperación entre mercados de carbono existentes, a fin de trabajar a favor de unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial;

81.  Espera que China desvincule el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, incorporando la protección de la biodiversidad en sus estrategias globales en curso, facilitando la realización de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los ODS, y aplicando eficazmente la prohibición del comercio de marfil; reconoce la labor realizada por el mecanismo bilateral de coordinación entre la Unión y China sobre la aplicación de las leyes y la gobernanza forestales para hacer frente a la tala ilegal a escala mundial; insta, sin embargo, a China a que investigue el considerable comercio de madera no documentado entre los Estados firmantes del acuerdo de asociación voluntaria FLEGT y China;

82.  Recomienda que se aprueben en China, junto con los países proveedores, directrices políticas obligatorias en materia de inversiones exteriores responsables en silvicultura, implicando a las empresas chinas en la lucha contra el comercio ilegal de madera;

83.  Acoge con satisfacción el hecho de que China y la Unión hayan firmado un memorando de entendimiento sobre política hidrológica con el fin de reforzar el diálogo sobre el desarrollo y la aplicación de la legislación para la protección de los recursos hídricos; apoya firmemente la Declaración de Turku de septiembre de 2017 firmada por la Unión y China, que hacía hincapié en que una buena gobernanza hidrológica debe dar prioridad a la ecología y al desarrollo verde, reservar a la conservación de los recursos hídricos un lugar destacado y restaurar los ecosistemas acuáticos; subraya que el memorando de entendimiento sobre la apertura de un diálogo entre la Unión y China en materia de política hidrológica no solo enriquece el contenido de la Asociación Estratégica entre la Unión y China, sino que también define la orientación, el ámbito, la metodología y el mecanismo de financiación de la cooperación;

84.  Reconoce el papel fundamental del proyecto de cooperación entre organizaciones europeas y chinas financiado por la Comisión, llevado a cabo entre 2014 y 2017 bajo los auspicios del Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (ICSN) en la evaluación de las normas y los acuerdos para la gestión de emergencias radiológicas y nucleares en China, así como en la mejora de medios del Instituto Chino de Investigación en Tecnología Nuclear en el ámbito de las orientaciones para la gestión de accidentes graves;

85.  Anima a los inversores chinos y europeos a que aprueben mejores normas mundiales de responsabilidad social y medioambiental y a que mejoren las normas de seguridad de sus industrias extractivas en todo el mundo; reitera que, en relación con las negociaciones sobre un acuerdo integral sobre inversiones con China, la Unión debe apoyar iniciativas de desarrollo sostenible fomentando las inversiones responsables y promoviendo normas medioambientales y laborales mínimas; pide a las autoridades chinas y europeas que establezcan incentivos para animar a las empresas mineras chinas y europeas a que realicen sus actividades en los países en desarrollo de conformidad con las normas internacionales sobre derechos humanos y a que fomenten las inversiones en el desarrollo de capacidades para la transferencia de conocimientos y tecnologías y en contratación local;

86.  Acoge favorablemente el anuncio de China, en el contexto de la Cumbre «Un Planeta» (One Planet Summit) de diciembre de 2017, de que hará más transparentes las repercusiones medioambientales de las empresas en China y de la inversiones chinas en el exterior; manifiesta su preocupación por que proyectos de infraestructuras como la iniciativa china «Un cinturón, una ruta» puedan tener un impacto negativo sobre el medio ambiente y el clima y provocar un aumento del uso de combustibles fósiles en otros países involucrados en el desarrollo de infraestructuras o afectados por él; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que realicen evaluaciones de impacto medioambiental y que incluyan cláusulas de sostenibilidad en todos los proyectos de cooperación en el marco de la iniciativa «Un cinturón, una ruta»; insiste en la creación de un comité conjunto compuesto por representantes de los países participantes y de terceros países, a fin de supervisar el impacto sobre el medio ambiente y el clima; acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea y del SEAE de elaborar una estrategia de conectividad entre la Unión y Asia en la primera mitad de 2018; insiste en que dicha estrategia debe incluir compromisos firmes a favor de la sostenibilidad, la protección medioambiental y la acción por el clima;

87.  Acoge favorablemente el progreso de China en la mejora de las normas de seguridad alimentaria, elementos clave para proteger a los consumidores chinos y prevenir el fraude alimentario; destaca la mejora de la capacitación de los consumidores como paso importante en el desarrollo de una cultura del consumidor en China;

88.  Anima a la policía y a los servicios de seguridad chinos y europeos a que tomen medidas conjuntas para controlar la exportación de drogas ilegales y compartir información sobre narcotráfico mediante el intercambio de información para identificar a individuos y redes delictivas; observa que, según el estudio titulado «Informe Europeo sobre Drogas 2017: Tendencias y novedades» publicado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), gran parte del suministro de nuevas sustancias psicoactivas a Europa proviene de China, donde empresas químicas y farmacéuticas producen nuevas sustancias a granel que se envían de allí a Europa donde son procesadas en productos finales, empaquetadas y vendidas;

89.  Reconoce que la sequía y a otras catástrofes naturales han empujado a familias e individuos a migrar, y que, en respuesta, las autoridades chinas han diseñado varios proyectos de reasentamiento a gran escala; manifiesta su preocupación por las informaciones procedentes de la región de Ningxia, que señalan numerosos problemas con las nuevas ciudades y represalias contra las personas que se niegan a trasladarse; manifiesta, asimismo, su preocupación por que se esté deteniendo, persiguiendo y condenando a defensores del medio ambiente y por que ONG medioambientales nacionales registradas estén sufriendo un control cada vez más estricto por parte de las autoridades de supervisión chinas;

90.  Pide a China que siga intensificando sus esfuerzos de control del cumplimiento de la legislación para detener la pesca ilegal, dado que buques pesqueros chinos siguen pescando furtivamente en aguas extranjeras, en particular en el mar Occidental de Corea, los mares Oriental y Meridional de China, el océano Índico e incluso en aguas sudamericanas;

91.  Pide a los exportadores chinos y a los importadores europeos que pongan fin a los residuos tóxicos en la ropa producida en China, estableciendo normas adecuadas de gestión de las sustancias químicas y eliminando gradualmente el uso de plomo, etoxilatos de nonilfenol (NPE), ftalatos, compuestos perfluorados (PFC), formaldehído y otros productos tóxicos presentes en los productos textiles;

92.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión y candidatos a la misma, al Gobierno de la República Popular China, a la Asamblea Popular Nacional china, al Gobierno de Taiwán y a la Asamblea Legislativa (Yuan) de Taiwán.

(1) DO L 250 de 19.9.1985, p. 2.
(2) DO L 6 de 11.1.2000, p. 40.
(3) https://www.iom.int/es/migracion-y-cambio-climatico
(4) DO C 239 E de 20.8.2013, p. 1.
(5) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 33.
(6) DO C 36 de 29.1.2016, p. 123.
(7) DO C 93 de 24.3.2017, p. 93.
(8) DO C 443 de 22.12.2017, p. 83.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0024.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0493.
(11) DO C 305 E de 14.12.2006, p. 219.
(12) DO C 67 E de 18.3.2010, p. 132.
(13) DO C 36 de 29.1.2016, p. 126.
(14) DO C 181 de 19.5.2016, p. 45.
(15) DO C 181 de 19.5.2016, p. 52.
(16) DO C 399 de 24.11.2017, p. 92.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0495.
(18) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 121.
(19) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 69.
(20) DO C 468 de 15.12.2016, p. 208.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0505.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0089.
(23) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0308.
(24) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0014.
(25) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 59.
(26) Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, «Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China» (El reasentamiento como respuesta política a la vulnerabilidad provocada por el cambio climático en el norte de China), CICS y Unesco 2013, «Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2013: Cambios ambientales globales», pp. 234-241.

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