Índice 
Textos aprobados
Jueves 13 de septiembre de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Uganda, detención de diputados de la oposición
 Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo
 Camboya, en particular el caso de Kem Sokha
 Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania *
 Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y la libre circulación de estos datos ***I
 Portal digital único ***I
 Incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión
 Amenaza de demolición de Jan al‑Ahmar y otros poblados beduinos
 Estrategia europea para el plástico en una economía circular
 Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos
 Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos
 Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión
 Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios
 Calidad dual de los productos en el mercado único

Uganda, detención de diputados de la oposición
PDF 123kWORD 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre Uganda, en particular la detención de diputados de la oposición (2018/2840(RSP))
P8_TA(2018)0344RC-B8-0364/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Uganda,

–  Visto el comunicado local conjunto, de 17 de agosto de 2018, de la Delegación de la Unión Europea y de los jefes de misión de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido, así como de los jefes de misión de Noruega e Islandia, sobre las elecciones parciales celebradas en el municipio de Arua,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, de la que Uganda es signataria,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos de 1966, ratificado por Uganda el 21 de junio de 1995,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Visto el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda sobre las cuestiones relativas a los derechos humanos que están surgiendo en el país a raíz de las elecciones parciales celebradas en el municipio de Arua el 15 de agosto de 2018,

–  Visto el informe sobre Uganda del Grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE (el Acuerdo de Cotonú) y, en particular, su artículo 8, apartado 4, sobre la no discriminación,

–  Vista la Constitución de la República de Uganda de 1995, modificada en 2005,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las elecciones parciales celebradas el 15 de agosto de 2018 en el municipio de Arua, en el noroeste de Uganda, en las que resultó elegido el candidato independiente de la oposición Kassiano Wadri, han estado marcadas por episodios de violencia;

B.  Considerando que el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, junto con el diputado independiente Robert Kyagulanyi Ssentamu, conocido como Bobi Wine, y otros políticos, participaron en actos de campaña en Arua el 13 de agosto de 2018, en un contexto electoral de gran tensión, provocado por el asesinato de un parlamentario en el mes de junio;

C.  Considerando que Bobi Wine, un conocido músico, se convirtió en un crítico influyente del presidente Museveni tras conseguir un escaño en el Parlamento ugandés en 2017;

D.  Considerando que, el 13 de agosto de 2018, al final del día, el chófer de Bobi Wine, Yasin Kawuma, fue abatido a tiros en circunstancias poco claras, y que el vehículo presidencial del presidente Museveni, cuando salía de Arua, fue presuntamente atacado con piedras por partidarios de Kassiano Wadri;

E.  Considerando que la policía arrestó a dos periodistas del canal de televisión ugandés NTV, Herbert Zziwa y Ronald Muwanga, que se encontraban informando en directo desde el lugar en que fue asesinado el Sr. Kawuma;

F.  Considerando que el Sr. Wine y el Sr. Wadri fueron detenidos poco después junto con otras personas; que el Sr. Wine fue acusado de posesión de armas de fuego;

G.  Considerando que treinta y tres personas, entre ellas el Sr. Wadri y cuatro parlamentarios, Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga y Paul Mwiru, fueron acusadas de traición al día siguiente de los comicios y que el Sr. Wine fue acusado por un tribunal militar de posesión ilegal de armas de fuego;

H.  Considerando que las protestas que estallaron en Arua, Kampala y Mityana tras estas detenciones fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad ugandesas; que, según algunas informaciones, se hizo uso de gas lacrimógeno y de munición real;

I.  Considerando que, el 20 de agosto de 2018, James Akena, un fotógrafo de la agencia Reuters que cubría las manifestaciones políticas #freeBobiWine en Kampala, fue golpeado por soldados, arrestado y detenido durante varias horas;

J.  Considerando que, según algunas fuentes, el Sr. Wine y otras personas arrestadas fueron torturadas durante su detención; que, tras negar en un principio estas acusaciones, las autoridades se han comprometido a investigarlas;

K.  Considerando que el Sr. Wine fue acusado posteriormente de traición por un tribunal civil, tras la decisión del tribunal militar de no dar curso a las acusaciones de posesión ilegal de armas de fuego;

L.  Considerando que, a continuación, el Sr. Wine fue puesto en régimen de libertad bajo fianza y salió de Uganda para recibir tratamiento en los Estados Unidos;

M.  Considerando que el antiguo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha instado al Gobierno de Uganda a que lleve a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial de las graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos, en particular las ejecuciones extrajudiciales, así como del uso excesivo de la fuerza, de la tortura y de otras formas de maltrato, y a que lleve a los responsables ante los tribunales;

N.  Considerando que Kizza Besigye, dirigente del Foro para el Cambio Democrático (FDC) y candidato presidencial en cuatro ocasiones, fue arrestado numerosas veces por la policía o el ejército entre 2001 y 2017 y, más recientemente, el 25 de septiembre de 2017;

O.  Considerando que los arrestos y los actos de intimidación de políticos de la oposición son muy habituales en Uganda;

1.  Expresa su profunda preocupación por la detención de diputados de la oposición en relación con las elecciones parciales en Arua;

2.  Subraya que es fundamental para la democracia en Uganda que el presidente y el Gobierno ugandés respeten la independencia del Parlamento nacional como institución, así como la independencia del mandato de sus diputados, y velen por que todos los diputados al Parlamento puedan ejercer libremente su mandato como cargos electos;

3.  Pide a las autoridades de Uganda que retiren las acusaciones aparentemente falsas contra Bobi Wine y pongan fin a la represión contra los políticos de la oposición y sus seguidores;

4.  Insta a las autoridades de Uganda a que inicien sin dilación una investigación eficaz, imparcial e independiente sobre el asesinato de Yasin Kawuma y sobre los casos notificados de muertes y de uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones; espera que se lleve a cabo una investigación rápida e independiente sobre los presuntos casos de tortura y maltrato de los detenidos en Arua; subraya la necesidad de que los responsables comparezcan ante la justicia;

5.  Reitera su compromiso con la libertad de expresión y reafirma el papel fundamental desempeñado por los medios de comunicación en una sociedad democrática; observa con preocupación que los periodistas que informaban sobre las manifestaciones y los enfrentamientos fueron golpeados junto con los participantes y que dos periodistas fueron arrestados; pide a las autoridades de Uganda que establezcan condiciones en las que los periodistas puedan efectuar sin impedimentos su labor informativa sobre los acontecimientos políticos en el país;

6.  Recuerda a las autoridades de Uganda su deber de garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales, en particular los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de ese país, como la libertad de expresión y la libertad de reunión;

7.  Recuerda al Gobierno de Uganda sus obligaciones internacionales, especialmente en cuanto al respeto de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y al tratamiento de los asuntos en los tribunales, en particular el derecho a un juicio justo e imparcial;

8.  Insta a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a que protejan las libertades fundamentales sin intimidaciones de ninguna clase, respetando de ese modo el artículo 24 de la Constitución ugandesa, en virtud del cual ninguna persona será objeto de forma alguna de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

9.  Pide a las fuerzas de seguridad ugandesas que actúen con moderación a la hora de intervenir en las manifestaciones, dejen de utilizar municiones reales, actúen dentro del respeto de la ley y cumpliendo sin reservas la legislación en materia de derechos humanos, y permitan que los periodistas ejerzan libremente su labor de información;

10.  Hace también un llamamiento a los manifestantes para que actúen respetando la ley y ejerzan sus derechos y libertades dentro del marco de la ley;

11.  Pide a la Unión que utilice la influencia política que le dan los programas de ayuda al desarrollo, en particular los programas de apoyo presupuestario, con objeto de mejorar la defensa y promoción de los derechos humanos en Uganda;

12.  Elogia la labor realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Uganda a raíz de las detenciones, los asesinatos y las torturas en relación con las elecciones parciales de Arua, que ha incluido informes, visitas a los centros de detención, investigaciones sobre el paradero de las personas desaparecidas e intervenciones para garantizar los derechos de los prisioneros, su tratamiento médico y las visitas de sus familiares;

13.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que supervise de cerca la situación en Uganda; insiste en que debe informarse al Parlamento Europeo sobre cualquier nuevo indicio de que se está obstaculizando o impidiendo la labor legislativa de los diputados de la oposición en el Parlamento ugandés;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la República de Uganda, al presidente del Parlamento ugandés y a la Unión Africana y sus instituciones.


Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo
PDF 130kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))
P8_TA(2018)0345RC-B8-0371/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Myanmar/Birmania y sobre la situación del pueblo rohinyá, en particular las adoptadas el 14 de junio de 2018(1), el 14 de diciembre de 2017(2), el 14 de septiembre de 2017(3), el 7 de julio de 2016(4), y el 15 de diciembre de 2016(5),

–  Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 3 de septiembre de 2018, sobre la condena de Wa Lone y Kyaw Soe Oo en Myanmar/Birmania, y de 9 de julio de 2018, sobre el proceso contra dos periodistas de Reuters en Myanmar/Birmania,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de octubre de 2017 y de 26 de febrero de 2018, sobre Myanmar/Birmania,

–  Vistas la Decisión (PESC) 2018/655 del Consejo, de 26 de abril de 2018(6), y la Decisión (PESC) 2018/900 del Consejo, de 25 de junio de 2018(7), sobre la imposición de medidas restrictivas adicionales a Myanmar/Birmania, el reforzamiento del embargo de armas, y la aplicación de medidas restrictivas específicas contra oficiales de las Fuerzas Armadas y la guardia de fronteras de dicho país,

–  Visto el informe de la Misión de Investigación Independiente sobre Myanmar/Birmania del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 24 de agosto de 2018, que será presentado durante el 39.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, del 10 al 28 de septiembre de 2018,

–  Vista la declaración realizada el 3 de septiembre de 2018 por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,

–  Vistos el informe final y las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el estado de Rakáin, liderada por Kofi Annan,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

–  Vistos el Derecho internacional humanitario, los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948,

–  Vista la Carta de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),

–  Visto el informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de su secretario general sobre la violencia sexual vinculada a los conflictos, de 23 de marzo de 2018,

–  Vista la decisión de la Sala I de Cuestiones Preliminares de la CPI, de 6 de septiembre de 2018,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 12 de diciembre de 2017 dos periodistas, Wa Lone y Kyaw Soe Oo, fueron detenidos y encarcelados de forma arbitraria acusados de informar sobre graves violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por las Tatmadaw (Fuerzas Armadas de Myanmar/Birmania) en el estado de Rakáin;

B.  Considerando que los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron acusados posteriormente en virtud de Ley de secretos oficiales de 1923; que el 3 de septiembre de 2018 fueron condenados por un tribunal de Myanmar/Birmania a siete años de prisión; que este caso emblemático socava aún más la libertad de expresión, la democracia y el Estado de Derecho en Myanmar/Birmania;

C.  Considerando que diplomáticos de la Unión y de sus Estados miembros se han encontrado entre los muchos observadores internacionales presentes en cada audiencia del tribunal desde que los periodistas fueran detenidos el 12 de diciembre de 2017, y han planteado el asunto en reiteradas ocasiones al Gobierno de Myanmar/Birmania;

D.  Considerando que se informa de que agentes de la sociedad civil, entre ellos, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, que expresan visiones críticas sobre autoridades de Myanmar/Birmania, en especial las Tatmadaw y otras fuerzas de seguridad de dicho país, y los actos que llevan a cabo en el estado de Rakáin son detenidos de forma arbitraria, encarcelados o acosados; que la cobertura en los medios de comunicación de la violencia en el estado de Rakáin está estrictamente controlada por los militares y el Gobierno;

E.  Considerando que la activista en favor de los derechos humanos rohinyá Wai Nu, encarcelada desde los 18 a los 25 años de edad, sigue siendo uno de los muchos ejemplos de activistas perseguidos por las autoridades de Myanmar/Birmania;

F.  Considerando que el antiguo niño soldado Aung Ko Htwe está cumpliendo una pena de dos años y seis meses de prisión en relación con una entrevista en un medio de comunicación sobre sus experiencias en el ejército de Myanmar/Birmania; que fue acusado en virtud del artículo 505(b) del Código Penal de Myanmar/Birmania, una disposición con una redacción ambigua, que ha sido utilizada con frecuencia para restringir la libertad de expresión;

G.  Considerando que se ha informado de la detención y encarcelamiento de decenas de periodistas desde 2016; que las autoridades de Myanmar/Birmania recurren a una serie de leyes represoras, entre ellas, la Ley de secretos oficiales, para detener, encarcelar, silenciar o acosar a agentes de la sociedad civil, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos que expresan visiones críticas con el Gobierno de Myanmar/Birmania y sus fuerzas de seguridad; que Myanmar/Birmania se situó en el puesto 159 entre los 198 países clasificados según el grado de libertad de prensa por Freedom House en 2017;

H.  Considerando que el informe de la Misión de Investigación Independiente bajo el mandato de las Naciones Unidas sobre Myanmar/Birmania, de 24 de agosto de 2018, concluye que las Tatmadaw, la policía de Myanmar/Birmania, la NaSaKa (anteriormente, el cuartel general de control de la inmigración en la zona fronteriza), la guardia de fronteras y grupos armados no estatales cometieron las peores violaciones de los derechos humanos y los crímenes más graves con arreglo al Derecho internacional, incluidos genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, en los estados de Kachin, Rakáin y Shan; que en el informe se afirma además que el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán ha lanzado ataques coordinados contra una base militar y varios puestos avanzados de las fuerzas de seguridad en el norte del estado de Rakáin lo que incrementa la presión sobre las comunidades rohinyá; que en dicho documento se solicita asimismo que se investigue y enjuicie en el ámbito internacional a los altos mandos militares de Myanmar/Birmania y a los responsables de crímenes atroces y crímenes contra el pueblo rohinyá; considerando que Myanmar/Birmania rechaza estas conclusiones;

I.  Considerando que en el informe de la Misión se afirma que la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, galardonada con el premio Nobel de la Paz y el premio Sájarov, no ha utilizado su posición como jefe de gobierno de facto ni su autoridad moral para detener o evitar los acontecimientos ocurridos en el estado de Rakáin; que las autoridades civiles también contribuyeron a la comisión de crímenes atroces mediante actos y omisiones, en especial difundiendo falsedades, negando las infracciones de las Tatmadaw, bloqueando investigaciones independientes y pasando por alto la destrucción de pruebas;

J.  Considerando que, el 8 de septiembre de 2018, la CPI confirmó que era competente en las presuntas deportaciones de rohinyás desde Myanmar/Birmania a Bangladés;

K.  Considerando que se han utilizado plataformas de redes sociales en Myanmar/Birmania para difundir campañas de desprestigio y teorías de la conspiración contra los rohinyás y los musulmanes del país;

L.  Considerando que los rohinyás constituyen el mayor grupo de musulmanes de Myanmar/Birmania y que la mayoría viven en el estado de Rakáin; que estimaciones prudentes sitúan el número de muertos en 10 000; que, desde agosto de 2017, más de 700 000 rohinyás han huido a Bangladés buscando refugio, entre ellos aproximadamente 500 000 niños, muchos de los cuales viajaron solos después de que sus padres fueran asesinados o de que se les separara de sus familias;

1.  Condena enérgicamente la detención arbitraria y la condena de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo por haber informado sobre la situación en el estado de Rakáin; pide a las autoridades de Myanmar/Birmania que les libere inmediatamente y sin condiciones, y que retire todos los cargos contra ellos y contra cualquier persona detenida arbitrariamente, incluidos presos políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, por el mero hecho de ejercer sus derechos y libertades;

2.  Condena todos los actos de intimidación, acoso o limitación de la libertad de expresión, en especial por parte de las fuerzas armadas y de seguridad de Myanmar/Birmania; hace hincapié en que la libertad de los medios de comunicación y una prensa crítica son pilares fundamentales de la democracia, pues fomentan el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas, y pide a las autoridades de Myanmar/Birmania que garanticen condiciones adecuadas para que los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación puedan realizar su trabajo sin miedo a sufrir intimidación, acoso, detención o persecución indebidas;

3.  Reitera su llamamiento al Gobierno de Myanmar/Birmania para que revoque su decisión de interrumpir la cooperación con la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, y brinde a los medios de comunicación nacionales e internacionales, defensores de los derechos humanos, observadores independientes y organizaciones humanitarias, en especial la relatora especial de las Naciones Unidas, un acceso total y sin obstáculos al estado de Rakáin, y que garantice la seguridad del personal de los medios de comunicación;

4.  Expresa su profunda preocupación por la utilización abusiva de disposiciones jurídicas que limitan la libertad de expresión; pide a las autoridades de Myanmar/Birmania que revoquen, revisen o modifiquen todas las leyes, incluida la Ley de secretos oficiales de 1923, que no se ajusten a las normas internacionales y que criminalicen y violen el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación; pide al Gobierno de Myanmar/Birmania que vele por que toda la legislación cumpla las normas y obligaciones internacionales;

5.  Condena enérgicamente los ataques generalizados y sistemáticos contra la población rohinyá perpetrados en el estado de Rakáin por parte de las Tatmadaw y otras fuerzas de seguridad de Myanmar/Birmania, que, según la Misión de Investigación Independiente bajo el mandato de las Naciones Unidas, constituyen genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (los abusos y las violaciones de derechos humanos más graves); manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la gravedad y la magnitud de las violaciones de los derechos humanos que permite el Gobierno de Myanmar/Birmania;

6.  Reitera su apoyo continuado al pueblo rohinyá; pide una vez más al Gobierno de Myanmar/Birmania y a las fuerzas de seguridad que pongan fin inmediatamente a las continuas violaciones, asesinatos, destrucción de propiedades y violencia sexual contra el pueblo rohinyá y algunas minorías étnicas del norte del país, y que garanticen que la seguridad y el Estado de Derecho prevalezcan en Myanmar/Birmania, en especial en los estados de Rakáin, Kachin y Shan; recuerda a las autoridades de Myanmar/Birmania sus obligaciones internacionales de investigar y enjuiciar a los responsables; insta al Gobierno de Myanmar/Birmania y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi a que condenen inequívocamente toda incitación al odio y a que combatan la discriminación social y las agresiones contra el pueblo rohinyá y otras minorías;

7.  Toma nota de las conclusiones de la Misión de Investigación Independiente y apoya sus recomendaciones; celebra la reciente decisión de que la CPI de declararse competente en las presuntas deportaciones de rohinyás desde Myanmar/Birmania a Bangladés; reconoce, no obstante, que sigue siendo necesario que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicite a la CPI una investigación de la totalidad de las violaciones de los derechos humanos; pide al Fiscal Jefe de la CPI que abra una investigación preliminar al respecto; pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que remita sin demora la situación en Myanmar/Birmania a la CPI; apoya la petición de la Misión de Investigación Independiente y del Grupo de Parlamentarios de la ASEAN por los Derechos Humanos de que se investigue y se enjuicie a los generales del ejército responsables;

8.  Pide al SEAE y a los Estados miembros que soliciten ante foros multilaterales la rendición de cuentas de los autores de los crímenes de Myanmar/Birmania; pide a la Unión y a sus Estados miembros que asuman el liderazgo en el Consejo de Seguridad en relación con la petición de remitir el caso a la CPI, además de asumirlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la próxima 39.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que redoblen sus esfuerzos para crear un mecanismo internacional, imparcial e independiente para la rendición de cuentas que respalde la investigación de los presuntos crímenes atroces y el enjuiciamiento de los responsables;

9.  Reitera su llamamiento al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que imponga un embargo de armas a escala mundial sobre Myanmar/Birmania por el que se suspenda cualquier suministro, venta o transferencia, ya sea de carácter directo o indirecto, incluido el tránsito y el transbordo, de armas, municiones y otros equipos militares y de seguridad de todo tipo, así como el suministro de formación y cualquier otra ayuda de carácter militar o en materia de seguridad; insta al Consejo de Seguridad a que adopte sanciones individuales específicas, incluidas la prohibición de viajar y la inmovilización de activos, contra los responsables de delitos graves con arreglo al Derecho internacional;

10.  Pide a la Comisión que valore la posibilidad iniciar una investigación con arreglo a los mecanismos previstos en el acuerdo «Todo menos armas», con miras a revisar las preferencias comerciales de que disfruta Myanmar/Birmania;

11.  Celebra que el Consejo adoptara, el 26 de abril de 2018, un marco jurídico que permite medidas restrictivas específicas contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, así como un fortalecimiento del embargo de armas de la Unión y una primera lista de sanciones determinada el 25 de junio de 2018; insta al Consejo a que imponga prohibiciones de viaje, sanciones financieras específicas e inmovilizaciones de activos contra los funcionarios de Myanmar/Birmania señalados como responsables de crímenes atroces en el informe de la Misión de Investigación Independiente bajo el mandato de las Naciones Unidas;

12.  Recuerda que miles de rohinyás, muchos de ellos niños, son desplazados internos que necesitan urgentemente ayuda humanitaria y protección; exige un acceso inmediato, sin obstáculos ni límites, a todo el país para la entrega de ayuda humanitaria; insiste en que el Gobierno de Myanmar/Birmania debe garantizar el retorno seguro, voluntario y digno, bajo la supervisión plena de las Naciones Unidas, de quienes deseen regresar a su tierra;

13.  Pide a la Unión Europea, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que hagan frente a la necesidad de una ayuda humanitaria de mayor magnitud y duración destinada al pueblo rohinyá en Bangladés y en sus comunidades de acogida;

14.  Recuerda que las violaciones y la violencia sexual han sido una característica recurrente del hostigamiento de la población civil en los estados de Kachin, Rakáin y Shan; pide a la Unión, en especial al departamento de la Comisión responsable de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria (ECHO), y a sus Estados miembros que velen por mejorar la protección frente a la violencia de género contra las niñas y mujeres rohinyá;

15.  Recuerda la necesidad de que en los campos de refugiados se proporcione asistencia médica y psicológica, en particular ayuda adaptada a los grupos vulnerables, incluidos mujeres y niños; pide que se refuerce el apoyo a las víctimas de violación y de agresiones sexuales;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y el Parlamento de Myanmar/Birmania, a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, al Gobierno y el Parlamento de Bangladés, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al secretario general de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0261.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0500.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0351.
(4) DO C 101 de 16.3.2018, p. 134.
(5) DO C 238 de 6.7.2018, p. 112.
(6) DO L 108 de 27.4.2018, p. 29.
(7) DO L 160 I de 25.6.2018, p. 9.


Camboya, en particular el caso de Kem Sokha
PDF 128kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre Camboya, en particular sobre el caso de Kem Sokha (2018/2842(RSP))
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Camboya, en particular las de 14 de septiembre de 2017(1) y de 14 de diciembre de 2017(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de febrero de 2018, sobre Camboya,

–  Vista la declaración del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 30 de julio de 2018, sobre las elecciones generales celebradas en Camboya,

–  Vista la misión de evaluación de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a Camboya, del 5 al 11 de julio de 2018,

–  Vistas las Directrices de la Unión de 2008 sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vista la declaración del portavoz del SEAE, de 16 de noviembre de 2017, sobre la disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación de 1997 entre la Comunidad Europea y el Reino de Camboya,

–  Vistas la declaración local de la Unión, de 22 de febrero de 2017, sobre la situación política en Camboya, y las declaraciones del portavoz de la Delegación de la Unión Europea, de 25 de agosto de 2017 y de 3 de septiembre de 2017, sobre las restricciones del espacio político en Camboya,

–  Vistos la Resolución 36/32 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 29 de septiembre de 2017, y el informe del secretario general de 2 de febrero de 2018,

–  Vistos el informe del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios y las decisiones del Consejo de Gobierno de la Unión Interparlamentaria de marzo de 2018,

–  Vista la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 8 de marzo de 1999, sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,

–  Vistos los Acuerdos de Paz de París de 1991, en cuyo artículo 15 se establece el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales en Camboya, en particular por parte de los signatarios internacionales,

–  Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,

–  Vista la Constitución camboyana, en particular su artículo 41, en el que se consagran los derechos y libertades de expresión y de reunión, su artículo 35, relativo al derecho a la participación política, y su artículo 80, relativo a la inmunidad parlamentaria,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 3 de septiembre de 2017, Kem Sokha, presidente del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC), fue detenido y que el 16 de noviembre de 2017 el Tribunal Supremo anunció la disolución de dicho partido tras una audiencia de un día; que el Tribunal Supremo también ha prohibido a 118 políticos del PSNC ejercer su actividad política durante cinco años;

B.  Considerando que el partido gobernante, el Partido del Pueblo de Camboya (PPC), obtuvo el 100 % de los escaños disputados en las elecciones a la Asamblea Nacional, celebradas el 29 de julio de 2018, y en las elecciones al Senado, celebradas el 25 de febrero de 2018;

C.  Considerando que el derecho a la participación política está consagrado en el artículo 35 de la Constitución camboyana; que la Ley modificada de 2017 sobre los partidos políticos incluye numerosas restricciones a la participación de los partidos de la oposición, incluida la disolución de los partidos cuyos dirigentes tengan antecedentes penales;

D.  Considerando que, en la práctica, las elecciones de 2018 en Camboya no fueron competitivas y no cumplieron las normas internacionales mínimas para la celebración de elecciones democráticas; que la Unión Europea y los Estados Unidos de América suspendieron su ayuda financiera a la Comisión Electoral Nacional de Camboya y se negaron a participar en la observación de las elecciones;

E.  Considerando que la decisión de disolver el PSNC fue un importante paso hacia la creación de un Estado autoritario; que la estructura política de Camboya ya no puede considerarse una democracia;

F.  Considerando que el Gobierno camboyano adoptó medidas de amplio alcance para asegurarse de que el PPC gobernante prácticamente no tuviera oposición tanto en las elecciones al Senado como en las elecciones a la Asamblea Nacional;

G.  Considerando que, tras su detención el 3 de septiembre de 2017, Kem Sokha fue acusado de traición, en virtud del artículo 443 del Código Penal camboyano, pese a su inmunidad parlamentaria; que las declaraciones del Gobierno camboyano menoscabaron su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia; que, de ser declarado culpable, podría ser condenado a una pena de treinta años de prisión; que el presidente del Tribunal, Dith Munty, es miembro de la comisión permanente del partido gobernante;

H.  Considerando que, el 28 de agosto de 2018, las autoridades camboyanas pusieron en libertad a 14 miembros del PSNC tras haber obtenido un indulto real; que dicho indulto también está vinculado a las liberaciones concedidas a media docena de activistas y periodistas;

I.  Considerando que Kem Sokha permaneció detenido durante más de un año sin que se celebrase ningún juicio; que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que la detención preventiva del Sr. Sokha fue arbitraria y obedecía a motivos políticos; que fue puesto en libertad bajo fianza el 10 de septiembre de 2018; que no se le permite alejarse de las proximidades de su casa y no está autorizado a comunicarse con otros miembros de la oposición ni con los medios de comunicación;

J.  Considerando que la detención y el encarcelamiento de Kem Sokha se produjeron en el contexto de una represión generalizada y sistemática de los derechos políticos y electorales en Camboya; que se ha producido un aumento constante del número de casos de detención y encarcelamiento de miembros de la oposición política y comentaristas políticos; que el anterior presidente del PSNC, Sam Rainsy, fue condenado por difamación y actualmente vive en el exilio;

K.  Considerando que las autoridades camboyanas también han reprimido a periodistas y reporteros que informaban sobre los ataques contra los partidos de la oposición; que el galardonado director cinematográfico James Ricketson, de 69 años, es una de las víctimas de estos ataques contra los medios de comunicación; que el Sr. Ricketson fue detenido por sobrevolar con un dron un mitin político de un partido de la oposición en junio de 2017; que el Sr. Ricketson ha sido condenado a seis años de prisión en la capital, Nom Pen, acusado de espionaje;

L.  Considerando que los medios de comunicación independientes han sido objeto de una estricta represión; que las redes sociales también han sido atacadas; que, en mayo de 2018, el Gobierno camboyano publicó un reglamento por el que se restringen los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de publicación, y por el que se otorgan poderes al Gobierno para controlar las redes sociales con el fin de descubrir y silenciar la disidencia en línea;

M.  Considerando que en Camboya los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil operan en un espacio cada vez más restringido y sufren acoso, intimidaciones y detenciones arbitrarias; que la Ley modificada de 2015 relativa a las organizaciones no gubernamentales restringe seriamente la libertad de asociación y de expresión, entre otras cosas mediante el control gubernamental y la censura del trabajo de las ONG; que la Ley sindical limita la libertad de asociación e impone obstáculos y cargas innecesarios a los procedimientos de registro y a las actividades de los sindicatos;

N.  Considerando que cinco defensores de los derechos humanos afiliados a la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo, Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony y Ny Chakrya, se enfrentan a acusaciones de soborno de testigos y de complicidad en el soborno de testigos; que estos cinco defensores de los derechos humanos pasaron 14 meses en prisión preventiva previa a su juicio antes de ser puestos en libertad bajo fianza;

O.  Considerando que Camboya disfruta del régimen más favorable existente en el sistema de preferencias generalizadas de la Unión, que es el régimen «Todo menos armas»; que la Unión ha asignado a Camboya en concepto de cooperación al desarrollo durante el período financiero 2014-2020 un importe de hasta 410 millones EUR, 10 millones de ellos para apoyar el proceso de reforma electoral en Camboya actualmente suspendidos;

P.  Considerando que en su declaración de julio el secretario general de las Naciones Unidas recordó que sigue siendo esencial un proceso político integrador y plural para salvaguardar los progresos realizados por Camboya en la consolidación de la paz;

Q.  Considerando que todavía no se han resuelto los conflictos relativos a las plantaciones de azúcar; que siguen causando preocupación los desahucios de tierras, la impunidad persistente por tales actos y la terrible situación de las comunidades afectadas; que el Gobierno de Camboya no ha firmado las condiciones de la Unión relativas a los procesos de auditoría de la caña de azúcar;

1.  Señala que Kem Sokha fue puesto en libertad bajo fianza bajo estrictas condiciones; denuncia que Kem Sokha está sometido a arresto domiciliario; pide la retirada de todas las acusaciones presentadas contra Kem Sokha y su liberación inmediata y total; pide, asimismo, que se retiren y anulen inmediatamente otras acusaciones y sentencias de carácter político contra los políticos de la oposición, incluido Sam Rainsy;

2.  Manifiesta su preocupación por el estado de salud de Kem Sokha y pide a las autoridades camboyanas que le permitan recibir el tratamiento médico adecuado; pide al Gobierno que permita a Kem Sokha reunirse con diplomáticos extranjeros, funcionarios de las Naciones Unidas y observadores de los derechos humanos;

3.  Manifiesta su convicción de que las elecciones en Camboya no pueden considerarse libres y justas; expresa su gran preocupación por la conducción y los resultados de las elecciones de 2018 en Camboya, que no se celebraron con la debida credibilidad y fueron objeto de una condena generalizada de la comunidad internacional;

4.  Pide al Gobierno de Camboya que trabaje por la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho y respete los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la observancia absoluta de las disposiciones constitucionales relativas al pluralismo y la libertad de asociación y expresión; pide además al Gobierno camboyano que derogue todas las recientes modificaciones de la Constitución, el Código Penal, la Ley de partidos políticos, la Ley sindical, la Ley relativa a las ONG y todas las demás disposiciones legislativas que limitan la libertad de expresión y las libertades políticas que no se ajusten plenamente a las obligaciones de Camboya y a las normas internacionales;

5.  Subraya que un proceso democrático creíble requiere un entorno en el que los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación puedan desempeñar su papel legítimo sin temor y sin sufrir amenazas o restricciones arbitrarias; pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para revocar rápidamente la disolución del PSNC;

6.  Reitera su llamamiento al Gobierno camboyano para que ponga fin a toda forma de acoso, abuso y acusación penal por motivos políticos contra miembros de la oposición política, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y defensores de los derechos laborales, activistas de los derechos a la tierra y otros activistas de la sociedad civil, y periodistas, entre otros; pide al Gobierno de Camboya que libere sin demora a todos los ciudadanos detenidos por ejercer sus derechos humanos, incluido James Ricketson, y que retire todos los cargos presentados contra ellos;

7.  Apoya la decisión de suspender la ayuda electoral de la Unión a Camboya; recuerda las obligaciones nacionales e internacionales en materia de principios democráticos y de derechos humanos fundamentales que Camboya se ha comprometido a cumplir; insta al Gobierno camboyano a que emprenda reformas para profundizar en la democracia y a que aplique normas mínimas internacionalmente reconocidas para futuros procesos electorales, incluida la organización de elecciones multipartidistas, libres y justas, la creación de una comisión electoral nacional realmente independiente y la participación de las ONG y de los medios de comunicación independientes en el seguimiento de las elecciones y la información sobre las mismas;

8.  Recuerda al Gobierno camboyano que debe cumplir las obligaciones y los compromisos relativos a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, que son un elemento esencial del Acuerdo de Cooperación entre la Unión y Camboya y de las condiciones de la iniciativa «Todo menos armas»;

9.  Acoge con satisfacción la reciente misión de investigación de la iniciativa «Todo menos armas» en Camboya y pide a la Comisión que comunique las conclusiones de la misma al Parlamento lo antes posible; pide a la Comisión que considere las posibles consecuencias en el marco de las preferencias comerciales de que disfruta Camboya, en particular el inicio de una investigación con arreglo a los mecanismos previstos en la iniciativa «Todo menos armas»;

10.  Pide al SEAE y a la Comisión que elaboren una lista de personas responsables de la disolución de la oposición y de otras violaciones graves de los derechos humanos en Camboya con miras a la posible imposición de restricciones de visado y de bloqueos de activos;

11.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que supervise cuidadosamente la situación en Camboya; pide al SEAE y a los Estados miembros que tomen medidas y se esfuercen por aprobar en la próxima 39.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una resolución firme sobre la situación de los derechos humanos en Camboya;

12.  Pide al Gobierno de Camboya que renueve el Memorando de Entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Camboya cuando expire el 31 de diciembre de 2018;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al secretario general de la ASEAN, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y la Asamblea Nacional de Camboya.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0348.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0497.


Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania *
PDF 111kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Albania (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))
P8_TA(2018)0347A8-0275/2018

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (08688/2018),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0251/2018),

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0275/2018),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.


Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y la libre circulación de estos datos ***I
PDF 127kWORD 52k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos u organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0008),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 16, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0008/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las contribuciones presentadas por la Cámara de Diputados checa, las Cortes Generales españolas y el Parlamento portugués sobre el proyecto de acto legislativo,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de junio de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0313/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1725.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión lamenta la exclusión de las misiones mencionadas en el artículo 42, apartado 1, y en los artículos 43 y 44 del TUE del ámbito de aplicación del Reglamento y observa que, como consecuencia de ello, no habrá ninguna normativa sobre protección de datos en vigor para dichas misiones. La Comisión señala que, con arreglo al artículo 39 del TUE, una decisión del Consejo solo puede establecer las normas de protección de datos para el tratamiento de datos personales por parte de los Estados miembros en el ejercicio de actividades que entren en el ámbito de aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común. Una decisión del Consejo como la mencionada no puede incluir normas que se apliquen a actividades desempeñadas por las instituciones, los organismos, las oficinas y las agencias de la UE. Con el fin de subsanar la laguna jurídica, una posible decisión del Consejo tendría por tanto que ir acompañada de un instrumento adicional complementario basado en el artículo 16 del TFUE.

La Comisión observa que el artículo 9, apartado 3 (anteriormente, artículo 70 bis de la orientación general del Consejo) no crea una nueva obligación para las instituciones y los organismos de la Unión en lo que respecta al equilibrio que se pretende alcanzar entre la protección de datos personales y el acceso público a documentos.


Portal digital único ***I
PDF 122kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de un portal digital único para el suministro de información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0256),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 21, apartado 2, 48 y 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0141/2017),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de octubre de 2017(1),

–  Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de junio de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0054/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de septiembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/1724.)

(1) DO C 81 de 2.3.2018, p. 88.


Incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión
PDF 117kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre los incendios ocurridos en julio de 2018 en Mati, en la región del Ática (Grecia), y la respuesta de la Unión (2018/2847(RSP))
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la propuesta de la Comisión para una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (COM(2017)0772),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1),

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París, adoptado mediante la Decisión 1/CP 21 en la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP 21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CP/RP 11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los incendios de julio de 2018 ocurridos en Mati, en la región del Ática (Grecia), tuvieron trágicas consecuencias, causando 99 víctimas mortales y centenares de heridos;

B.  Considerando que dichos incendios han destruido viviendas, lo que ha obligado a evacuar a centenares de personas, han provocado graves daños en las infraestructuras locales y regionales y en el medio ambiente, con repercusiones para la agricultura, y han afectado a las actividades económicas, por ejemplo, el turismo y la hostelería;

C.  Considerando que las situaciones de sequía extrema y los incendios forestales han aumentado en frecuencia, gravedad y complejidad, afectan a toda Europa y se ven exacerbadas por el cambio climático;

D.  Considerando que es urgente invertir en la lucha contra el cambio climático con el fin de prevenir las catástrofes provocadas por la sequía y los incendios;

E.  Considerando que Grecia, Suecia y Letonia solicitaron ayuda de la Unión a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión en verano de 2018 a causa de los incendios;

1.  Transmite su más sentido pésame a las familias de todos los que perdieron la vida en los incendios en la región del Ática;

2.  Manifiesta su solidaridad a todos los habitantes que se han visto afectados por los incendios en la región del Ática;

3.  Rinde homenaje a la dedicación de los bomberos, los guardacostas, los voluntarios y otras personas que arriesgaron su vida para apagar los incendios y rescatar a sus conciudadanos;

4.  Subraya el papel del Mecanismo de Protección Civil de la Unión en la movilización de aviones, vehículos, personal médico y bomberos de toda la Unión;

5.  Recuerda que varios fondos de la Unión, como el Fondo de Solidaridad, pueden destinarse al restablecimiento de infraestructuras vitales y a operaciones de limpieza tras una catástrofe natural;

6.  Reitera la importancia del apoyo a la prevención de incendios y la respuesta a emergencias en el marco de los fondos de cohesión, e insta a los Estados miembros a que aprovechen plenamente esta financiación e informen a la población acerca de los riesgos de incendio forestal;

7.  Subraya la necesidad de incrementar la investigación científica sobre mecanismos de evaluación de riesgos, sistemas de prevención y detección temprana, y otros medios para combatir estos fenómenos, así como de mejorar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las regiones y los Estados miembros;

8.  Destaca que un documento publicado por la Organización Meteorológica Mundial el 1 de agosto de 2018(2) aporta pruebas suficientes de que la ola de calor que ha sufrido Europa en 2018 está relacionada con el cambio climático; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fijen objetivos y apliquen políticas climáticas que cumplan los compromisos adoptados en el marco del Acuerdo de París de la CP 21;

9.  Insiste en la necesidad de garantizar la prevención de inundaciones en las zonas más afectadas por los incendios forestales a fin de evitar nuevas catástrofes;

10.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta el riesgo de incendios forestales y la gestión de los bosques y el paisaje basada en el ecosistema al evaluar las actuales medidas de la Unión, por ejemplo, la estrategia en favor de los bosques y la estrategia de adaptación al cambio climático, y que modifique estas estrategias para colmar las lagunas que puedan detectarse;

11.  Pide al Consejo y a la Comisión que concluyan las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento acerca del nuevo Mecanismo de Protección Civil de la Unión y la creación de rescEU a más tardar a finales de 2018;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades regionales de las zonas afectadas por los incendios.

(1) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
(2) https://public.wmo.int/es/media/noticias/julio-se-ve-afectado-por-condiciones-meteorol%C3%B3gicas-extremas-y-de-fuerte-impacto


Amenaza de demolición de Jan al‑Ahmar y otros poblados beduinos
PDF 124kWORD 44k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la amenaza de demolición de Jan al‑Ahmar y otros poblados beduinos (2018/2849(RSP))
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el conflicto entre Israel y Palestina,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 7 de septiembre de 2018, sobre los últimos acontecimientos en relación con la demolición prevista de Jan al-Ahmar,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre el Derecho internacional humanitario,

–  Vista de la declaración conjunta de Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido, de 10 de septiembre de 2018, sobre el poblado de Jan al-Ahmar,

–  Visto el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949, en particular sus artículos 49, 50, 51 y 53,

–  Visto el informe semestral sobre las demoliciones y confiscaciones de estructuras financiadas por la Unión Europea en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, entre enero y junio de 2018, publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el 24 de agosto de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 5 de septiembre de 2018 el Tribunal Supremo de Israel ha desestimado los recursos de los habitantes de Jan al‑Ahmar; que el Tribunal Supremo ha resuelto que las autoridades correspondientes tienen autorización para llevar a cabo el plan de reubicación de dichos habitantes a Yahalín Oeste; que el Tribunal Supremo ha dado permiso a las autoridades israelíes para seguir adelante con los planes de demolición de Jan al-Ahmar;

B.  Considerando que Jan al-Ahmar es una de las 46 comunidades beduinas que las Naciones Unidas consideran en peligro de traslado forzoso en Cisjordania central; que esta comunidad está compuesta por 32 familias y 173 personas en total, incluidos 92 menores; que el ejército israelí ha emitido órdenes de demolición para todas las estructuras del poblado;

C.  Considerando que el Tribunal Supremo de Israel resolvió en 2010 que el conjunto de construcciones de Jan al‑Ahmar había sido levantado ilegalmente contraviniendo las normativas de ordenación y urbanismo, por lo que procedía su demolición; que el Tribunal Supremo hizo asimismo hincapié en que las autoridades israelíes tenían que hallar una solución alternativa tanto para la escuela como para los habitantes de la comunidad; que el Estado de Israel ha declarado por escrito que ofrecerá a aquellas familias que se trasladen a Yahalín Oeste (Abu Dis) la posibilidad de desarrollar un segundo emplazamiento al este de Jericó; que la comunidad de Jan al-Ahmar se ha negado a ser desplazada;

D.  Considerando que el traslado forzoso de residentes de un territorio ocupado está prohibido con arreglo al Cuarto Convenio de Ginebra, excepto si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares, y que constituye una grave violación del Derecho internacional humanitario;

E.  Considerando que las autoridades israelíes imponen una política de construcción extremadamente restrictiva a los residentes palestinos de la Zona C de Cisjordania; que esta política hace prácticamente imposible la actividad constructora legal en la zona y se utiliza como un medio para desalojar a los palestinos y extender las actividades de colonización; que los asentamientos israelíes son ilegales en términos del Derecho internacional y constituyen un obstáculo importante para los esfuerzos de paz; que, de conformidad con el Derecho internacional, cualquier tercero, incluidos los Estados miembros, tiene la obligación de no reconocer, ayudar o apoyar asentamientos en un territorio ocupado, así como la de oponerse efectivamente a ellos;

F.  Considerando que Jan al-Ahmar está situado en la zona del corredor E1 en la Cisjordania ocupada; que la preservación del statu quo en esta zona reviste una importancia fundamental para la viabilidad de la solución de dos Estados y para el establecimiento de un Estado palestino contiguo y viable en el futuro; que el Parlamento se ha opuesto repetidamente a toda acción que socave la viabilidad de la solución de dos Estados y ha instado a ambas partes a demostrar, con políticas y acciones, un compromiso verdadero con una solución de dos Estados para restaurar la confianza;

G.  Considerando que diez Estados miembros de la Unión apoyan programas humanitarios en Jan al-Ahmar, entre ellos, la construcción de una escuela primaria, y que una ayuda humanitaria por un valor estimado de 315 000 euros financiada por la Unión se encuentra ahora en situación de riesgo;

H.  Considerando que, según la Oficina del representante de la Unión en Palestina, la destrucción y la confiscación de bienes palestinos situados en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, ha proseguido durante el primer semestre de 2018; que la demolición de Jan al-Ahmar sienta un precedente negativo para docenas de otras comunidades beduinas de toda Cisjordania;

1.  Se une a la VP/AR, a Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido en su petición al Gobierno israelí para que abandone el plan de reubicación que llevaría a la demolición del poblado de Jan al-Ahmar y al traslado forzoso de su población a otro emplazamiento; considera de la mayor importancia que la Unión continúe hablando con una sola voz en esta materia;

2.  Advierte a las autoridades israelíes de que la demolición de Jan al-Ahmar y el traslado forzoso de sus residentes constituirían una grave violación del Derecho humanitario internacional;

3.  Manifiesta su preocupación por las repercusiones de la demolición de Jan al-Ahmar, que pondría aún más en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados y socavaría las perspectivas de paz; reitera que la protección y la preservación de la viabilidad de la solución consistente en la existencia de dos Estados constituye la prioridad de las políticas y de la acción de la Unión respecto del conflicto entre Israel y Palestina y del proceso de paz en Oriente Próximo;

4.  Insiste en que, de producirse la demolición y el desalojo de Jan al-Ahmar, la respuesta de la Unión Europea ha de ser proporcional a la gravedad de este hecho y coherente con su prolongado apoyo a esa comunidad; pide a la VP/AR que intensifique sus contactos con las autoridades israelíes en lo que se refiere al pleno respeto de los derechos de la población palestina en la Zona C, y que exija a Israel una compensación por la destrucción de infraestructuras financiadas por la Unión;

5.  Pide al Gobierno israelí que ponga fin inmediatamente a su política de demolición y desalojo contra comunidades beduinas que viven en el Néguev y en la Zona C de la Cisjordania ocupada; subraya que, de conformidad con el Derecho internacional humanitario, la demolición de viviendas, escuelas y otras infraestructuras vitales en el territorio palestino ocupado, es ilegal;

6.  Recuerda que Israel es plenamente responsable de la prestación de los servicios necesarios, incluida la educación y la asistencia sanitaria y social, a las personas que viven bajo su ocupación, de conformidad con el Cuarto Convenio de Ginebra;

7.  Sigue firmemente convencido de que la única solución duradera al conflicto de Oriente Próximo es la de dos Estados democráticos, Israel y Palestina, que convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, sobre la base de la frontera de 1967 y con Jerusalén como capital de ambos Estados; condena toda decisión y acción unilateral que pueda socavar las posibilidades de esta solución;

8.  Pide a las autoridades israelíes que interrumpan y reviertan de inmediato su política de asentamientos; pide a la Unión Europea que permanezca firme en este punto;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al coordinador especial de las Naciones Unidas para el proceso de paz del Oriente Medio, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.


Estrategia europea para el plástico en una economía circular
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre una estrategia europea para el plástico en una economía circular (2018/2035(INI))
P8_TA(2018)0352A8-0262/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» (COM(2018)0028),

–  Visto el informe de la Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre el impacto en el medio ambiente del uso de plásticos oxodegradables, incluidas las bolsas de plástico oxodegradables (COM(2018)0035),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (COM(2018)0032),

–  Visto el plan de trabajo sobre diseño ecológico 2016‑2019 de la Comisión (COM(2016)0773), en particular el objetivo de fijar más requisitos horizontales y aplicables a determinados productos en ámbitos como la durabilidad, la posibilidad de reparación, la posibilidad de ampliación o mejora, el diseño con fines de desmontado, y la facilidad de reutilización y reciclado,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(1),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos(2),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos(3),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras(5),

–  Vista la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía(6) (en lo sucesivo, «la Directiva sobre diseño ecológico»), así como los reglamentos de ejecución y los acuerdos voluntarios adoptados en virtud de dicha Directiva,

–  Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, sobre el asunto «La ecoinnovación: facilitar la transición a una economía circular»,

–  Visto el Eurobarómetro especial n.º 468, de octubre de 2017, sobre la actitud de los ciudadanos europeos respecto al medio ambiente,

–  Vistos el Acuerdo de París sobre cambio climático y la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 21),

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015,

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(8),

—  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas(9),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre la gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030(10),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Pesca (A8‑0262/2018),

A.  Considerando que el plástico es un material valioso, ampliamente utilizado en todas las cadenas de valor, que tiene su utilidad en nuestra sociedad y nuestra economía siempre que se utilice y gestione de manera responsable;

B.  Considerando que la forma en la que los plásticos se producen, se utilizan y se eliminan en la actualidad tiene efectos devastadores sobre el medio ambiente, el clima y la economía, así como posibles consecuencias nocivas para la salud tanto de los seres humanos como de los animales; que el principal reto radica por tanto en producir y utilizar plásticos de manera responsable y sostenible al objeto de, en la medida de lo posible, reducir la generación de residuos de plástico y el uso en este de sustancias peligrosas; que la investigación e innovación en lo que a nuevas tecnologías y posibilidades respecta desempeñan un papel importante en este sentido;

C.  Considerando que estos inconvenientes generan gran inquietud entre el público, dado que el 74 % de los ciudadanos de la Unión están preocupados por la repercusión del plástico sobre la salud y el 87 % afirman estarlo por los efectos sobre el medio ambiente;

D.  Considerando que debe aprovecharse el actual impulso político para pasar a una economía circular del plástico sostenible que priorice la prevención de la generación de residuos plásticos en sintonía con la jerarquía de residuos;

E.  Considerando que varios Estados miembros ya han puesto en marcha medidas legislativas nacionales para prohibir los microplásticos que se añaden deliberadamente a los cosméticos;

F.  Considerando que los países europeos tienen un historial de exportación de residuos plásticos, particularmente a países donde unos inadecuados sistemas de gestión y reciclado de residuos perjudican y amenazan la salud de las comunidades locales, especialmente los manipuladores de residuos;

G.  Considerando que los residuos de plástico son un problema de calado mundial y que se requiere la cooperación internacional para combatirlo con éxito; que la Unión se ha comprometido a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, varios de los cuales son pertinentes en lo que respecta al consumo y la producción sostenibles de plásticos con el fin de limitar sus repercusiones en los medios marino y terrestre;

H.  Considerando que la producción mundial de plástico ha llegado a ser de 322 millones de toneladas en 2015, cifra que se calcula que se duplicará estos próximos veinte años;

I.  Considerando que en la Unión se generan cada año 25,8 millones de toneladas de residuos plásticos;

J.  Considerando que anualmente en la Unión apenas si se recoge para reciclar el 30 % de los residuos de plástico; que solo un 6 % del plástico introducido en el mercado es elaborado a partir de plástico reciclado;

K.  Considerando que los porcentajes de residuos de plástico depositados en vertederos (31 %) o incinerados (39 %) siguen siendo altos;

L.  Considerando que en la actualidad aproximadamente el 95 % del valor de los envases de plástico escapa de la economía, lo que acarrea unas pérdidas anuales de entre 70 000 y 105 000 millones de euros;

M.  Considerando que el objetivo relativo al reciclado de envases de plástico para 2030 de la Unión es del 55 %;

N.  Considerando que el reciclaje de plástico resulta notablemente beneficioso para el clima en lo que respecta a la reducción de las emisiones de CO2;

O.  Considerando que en conjunto cada año entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos del mundo, los cuales se calcula que contienen en la actualidad más de 150 millones de toneladas de plástico;

P.  Considerando que anualmente los océanos y mares de la Unión reciben entre 150 000 y 500 000 toneladas de residuos de plástico;

Q.  Considerando que, según estudios a los que hacen referencia las Naciones Unidas, de no adoptarse medidas al respecto, para 2050 habrá más plástico que peces en los océanos;

R.  Considerando que los plásticos representan el 85 % de los residuos de las playas y más del 80 % de la basura marina;

S.  Considerando que puede encontrarse prácticamente cualquier tipo de material plástico en los océanos, que va desde la gran mancha de basura del Pacífico, con al menos 79 000 toneladas de plástico que flotan en una zona de 1,6 millones de kilómetros cuadrados, hasta el que se encuentra en las zonas más remotas del planeta, como las profundidades oceánicas y el Ártico;

T.  Considerando que la basura marina también tiene consecuencias negativas para las actividades económicas y la cadena alimentaria humana;

U.  Considerando que el 90 % de las aves marinas ingieren partículas de plástico;

V.  Considerando que todavía no se ha establecido claramente la repercusión global de los residuos plásticos sobre la flora, la fauna y la salud humana; que se han registrado consecuencias catastróficas para la vida marina, con más de 100 millones de muertes de animales marinos cada año por la presencia de dichos residuos en los océanos;

W.  Considerando que las soluciones para hacer frente a los plásticos marinos no se pueden disociar de una estrategia global para el plástico; que el artículo 48 del Reglamento de control de la pesca(11), que incluye medidas diseñadas para fomentar la recuperación de los artes de pesca perdidos, es un paso en la dirección correcta, pero tiene un alcance demasiado limitado, dado que los Estados miembros están autorizados a eximir a la gran mayoría de los buques pesqueros de esta obligación y que la aplicación de los requisitos de información sigue siendo muy escasa;

X.  Considerando que se está estudiando la posibilidad de financiar proyectos en el Adriático con fondos de la cooperación territorial europea, como nuevos instrumentos de gobernanza y buenas prácticas para mitigar y, si es posible, eliminar el fenómeno del abandono de artes de pesca, o la atribución a las flotas pesqueras de una nueva función en cuanto centinelas del mar;

Y.  Considerando que los Estados miembros son signatarios del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (Marpol) y deben tener como objetivo la plena aplicación de sus disposiciones;

Z.  Considerando que la pesca fantasma se produce cuando redes de pesca, lazos y palangres perdidos o abandonados y no biodegradables capturan, enredan o hieren la vida marina, la privan de alimento o causan su muerte; que este fenómeno de la pesca fantasma se debe a la pérdida y el abandono de artes de pesca; que el Reglamento de control de la pesca exige el marcado obligatorio de los artes y la notificación y recuperación de artes de pesca perdidos; que algunos pescadores, por iniciativa propia, están devolviendo a puerto redes perdidas recuperadas del mar;

AA.  Considerando que, aunque resulta difícil evaluar con precisión la contribución exacta de la acuicultura a los desechos marinos, se calcula que el 80 % de los desechos marinos está formado por plástico y microplásticos, y que entre el 20 y el 40 % de los desechos plásticos marinos están ligados en parte a las actividades humanas en el mar, incluidos los buques comerciales y de crucero, que el resto tiene su origen en tierra y que, según un estudio reciente de la FAO(12), en torno al 10 % procede de artes de pesca perdidos y descartados; que los artes de pesca perdidos y descartados son uno de los componentes de los desechos plásticos marinos y que se estima que el 94 % del plástico que se vierte en el océano acaba en el fondo del mar, de ahí la necesidad de recurrir al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para que los pescadores participen directamente en programas de «pesca de residuos marinos», proporcionándoles pagos u otros incentivos financieros y materiales;

AB.  Considerando que cada año en la Unión se vierten entre 75 000 y 300 000 toneladas de microplásticos en el medio ambiente, lo que incluye los añadidos intencionadamente a productos de plástico, los que se liberan al utilizar productos y los que resultan de la degradación de productos de plástico;

AC.  Considerando que los microplásticos y las nanopartículas plantean retos específicos para las políticas públicas;

AD.  Considerando que hay microplásticos en el 90 % del agua embotellada;

AE.  Considerando que es bien vista la solicitud de la Comisión a la ECHA de que examine la base científica para limitar el uso de microplásticos añadidos deliberadamente a productos de uso profesional o doméstico;

AF.  Considerando que es bien vista la solicitud de la Comisión a la ECHA de que prepare una propuesta para una posible restricción del plástico oxodegradable;

AG.  Considerando que, de conformidad con el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la introducción de nuevos recursos propios está sujeta a un procedimiento legislativo especial que exige tanto la unanimidad de los Estados miembros como la consulta al Parlamento Europeo;

Observaciones generales

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» (COM(2018)0028) como un paso adelante en la transición de la Unión de una economía lineal a una circular; reconoce la utilidad del plástico tanto en nuestra economía como en el día a día, si bien cabe al mismo tiempo destacar sus notables inconvenientes; considera por tanto que el reto clave radica en la gestión del plástico de forma sostenible a lo largo de toda la cadena de valor, es decir, en modificar la manera en que producimos y usamos los plásticos de modo que su valor permanezca en nuestra economía sin perjuicio para el medio ambiente, el clima o la salud pública;

2.  Recalca que la prevención, tal y como se define en la Directiva marco sobre los residuos, en lo que respecta a residuos de plástico desde el inicio debería ser la principal prioridad de acuerdo con la jerarquía de residuos; considera por otra parte que impulsar de manera notable nuestra efectividad a la hora de reciclar el plástico reviste asimismo una importancia fundamental tanto para apoyar un crecimiento económico sostenible como para proteger la salud humana y el medio ambiente; pide a todas las partes interesadas que se planteen la reciente prohibición china de importar residuos de plástico como una oportunidad para invertir en la prevención de los residuos plásticos, en particular promoviendo la reutilización y el diseño circular de productos e invirtiendo en instalaciones de vanguardia para la recogida, la clasificación y el reciclado en la Unión; cree que es importante el intercambio de buenas prácticas en este sentido, especialmente para las pymes;

3.  Está convencido de que la estrategia para el plástico debe servir también para catalizar nuevos modelos de negocio, producción y consumo inteligentes, sostenibles y circulares que abarquen toda la cadena de valor, en consonancia con el objetivo de desarrollo sostenible 12 de las Naciones Unidas relativo al consumo y la producción sostenibles, con una internalización de los costes externos; solicita a la Comisión que promueva en este sentido unos vínculos claros entre las políticas de la Unión relativas a productos, sustancias químicas y residuos, en particular mediante el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos según lo dispuesto en el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente;

4.  Pide a la Comisión que establezca una política de economía circular y bioeconomía después de 2020 basada en un sólido pilar de investigación e innovación, y que garantice que los compromisos financieros necesarios estarán disponibles en el nuevo marco financiero plurianual (MFP); hace especial hincapié en la importancia que reviste la investigación para la obtención de soluciones innovadoras y la comprensión de la repercusión de los macroplásticos, microplásticos y nanoplásticos sobre los ecosistemas y la salud de las personas;

5.  Destaca que los plásticos son diversos y tienen una gran variedad de aplicaciones, y que es necesario, en consecuencia, un enfoque a medida, a menudo específico para cada producto, para las diferentes cadenas de valor, con un surtido de soluciones que tenga en cuenta el impacto ambiental, las posibilidades de que se dispone y las necesidades regionales y locales, velando por que queden cubiertas las necesidades funcionales;

6.  Subraya que son necesarias acciones conjuntas y coordinadas de todas las partes interesadas a lo largo de toda la cadena de valor, en particular los consumidores, para lograr buenos resultados que sean beneficiosos tanto para la economía como para el medio ambiente, el clima y la salud;

7.  Hace hincapié en que la responsabilidad de reducir la generación de residuos es compartida y que la conversión de la preocupación general por los residuos de plástico en una responsabilidad pública sigue siendo un desafío igualmente importante; subraya que resulta fundamental en este sentido que surjan nuevas pautas de consumo impulsando un cambio en el comportamiento de los consumidores; solicita que se conciencie en mayor medida a los consumidores sobre las repercusiones de la contaminación de los residuos de plástico, la importancia de la prevención y de una gestión de residuos adecuada, y las posibilidades de que se dispone;

Del diseño para el reciclado al diseño para la circularidad

8.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que garanticen que la totalidad del acervo en materia de productos residuos se aplica y ejecuta plenamente y sin demora; señala que anualmente en la Unión apenas si se recoge para reciclar el 30 % de los residuos de plástico, lo que acarrea un tremendo despilfarro de recursos; destaca que los plásticos dejarán de ser aceptados en los vertederos para 2030 y que los Estados miembros han de gestionar sus residuos de plástico de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Directiva 2008/98/CE; reitera que los Estados miembros deben servirse de instrumentos económicos y otras medidas al objeto de incentivar la aplicación de la jerarquía de residuos; hace hincapié en la importancia que revisten la recogida selectiva y las instalaciones de clasificación a la hora de permitir un reciclado de alta calidad y estimular la utilización de materias primas secundarias de calidad;

9.  Pide a todas las partes interesadas del sector que ya empiecen a adoptar medidas concretas para garantizar que todos los envases de plástico sean reutilizables o reciclables de forma rentable en 2030 a más tardar, que asocien su identidad de marca a modelos de negocio sostenible y circular, y que utilicen su capacidad en materia de comercialización para promover e impulsar pautas de consumo sostenible y circular; solicita a la Comisión que lleve a cabo el seguimiento y valoración de las novedades en este sentido, fomente las buenas prácticas, y compruebe la veracidad de las ventajas medioambientales alegadas para evitar casos de ecoimpostura (greenwashing);

10.  Considera que la sociedad civil ha de recibir información y participar debidamente para estar en disposición de exigir al sector que cumpla sus compromisos y obligaciones;

11.  Insta a la Comisión a que cumpla su obligación de revisar y reforzar los requisitos básicos de la Directiva relativa a los envases y residuos de envases antes de finales de 2020 teniendo en cuenta las propiedades relativas de los diferentes materiales de envasado sobre la base de las evaluaciones del ciclo de vida, abordando en particular los aspectos de la prevención y el diseño para la circularidad; solicita a la Comisión que proponga nuevos requisitos que sean eficaces y claros y puedan ponerse en práctica, en particular en lo que respecta a que «los envases de plástico sean reutilizables o reciclables de forma rentable» y a los envases excesivos;

12.  Pide a la Comisión que haga de la circularidad y el uso eficiente de los recursos principios fundamentales, incluida la importante función que pueden desempeñar los materiales, productos y sistemas circulares, también para los distintos artículos de plástico que no son envases; cree que ello puede lograrse, entre otros medios, a través de la responsabilidad ampliada del productor, el establecimiento de normas relativas a los productos, las evaluaciones del ciclo de vida, la ampliación de la legislación relativa al diseño ecológico para cubrir todos los grupos principales de productos de plástico, la adopción de disposiciones de etiquetado ecológico y la utilización del método de la huella ambiental de los productos;

Creación de un verdadero mercado único de los plásticos reciclados

13.  Señala que hay distintos motivos por los cuales se hace poco uso de los plásticos reciclados en la Unión, como el bajo precio de los combustibles fósiles debido en parte a las subvenciones, la falta de confianza y la escasez del suministro de calidad; hace hincapié en la necesidad de un mercado nacional estable de materias primas secundarias para garantizar la transición hacia una economía circular; solicita a la Comisión que se enfrente a los obstáculos que se alzan ante este mercado y cree unas condiciones de competencia equitativas;

Normas de calidad y verificación

14.  Pide a la Comisión que presente rápidamente unas normas de calidad para crear confianza e incentivar el mercado de los productos plásticos secundarios; insta a la Comisión a, a la hora de elaborar dichas normas de calidad, considerar diversos grados de reciclado compatibles con la funcionalidad de los diferentes productos, protegiendo al mismo tiempo la salud pública, la seguridad alimentaria y el medio ambiente; pide a la Comisión que vele por la inocuidad al usar materiales reciclados en los materiales en contacto con alimentos y que estimule la innovación;

15.  Solicita a la Comisión que se plantee buenas prácticas con certificación independiente a cargo de terceros e impulse la certificación de los materiales reciclados, dado que la verificación es esencial para estimular la confianza en dichos materiales tanto del sector como de los consumidores;

Contenido reciclado

16.  Pide a todos los agentes del sector que conviertan sus compromisos públicos de aumentar la utilización de los plásticos reciclados en confirmaciones oficiales y lleven a cabo acciones concretas;

17.  Considera que puede resultar necesario establecer normas obligatorias sobre el contenido reciclado para impulsar la utilización de materias primas secundarias, habida cuenta de que todavía no han entrado en funcionamiento los mercados para estas; solicita a la Comisión que se plantee la posibilidad de establecer requisitos en lo que respecta al contenido reciclado mínimo de productos plásticos específicos comercializados en la Unión, respetando al mismo tiempo las exigencias en materia de seguridad alimentaria;

18.  Pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de reducir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de los productos con contenido reciclado;

Contratación pública circular

19.  Destaca que la contratación pública constituye un instrumento fundamental en la transición hacia una economía circular al tener la facultad de impulsar tanto la innovación en los modelos de negocio como los servicios y productos eficientes en términos de recursos; subraya el importante papel que desempeñan las autoridades locales y regionales en este sentido; pide a la Comisión que cree una red de aprendizaje de la Unión sobre contratación pública circular con el fin de aprovechar las lecciones extraídas de los proyectos piloto; considera que, sobre la base de una evaluación de impacto sólida, estas acciones voluntarias han de allanar el camino a unas normas y criterios vinculantes de la Unión en materia de contratación pública circular;

20.  Solicita a los Estados miembros que eliminen progresivamente todos los incentivos perversos que impiden alcanzar los niveles más elevados posibles de reciclado de plásticos;

Interfaz residuos-productos químicos

21.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que optimicen los controles sobre los materiales y productos importados para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre productos y sustancias químicas de la Unión;

22.  Señala su Resolución sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos;

Prevención de la generación de residuos plásticos

Plásticos desechables

23.  Observa que no existe ninguna panacea para abordar los efectos nocivos de los plásticos desechables sobre el medio ambiente, por lo que considera que para resolver esta compleja cuestión es necesaria una combinación de medidas voluntarias, además de un cambio en los consumidores en lo que a concienciación, comportamiento y participación respecta;

24.  Toma nota de las medidas ya adoptadas en algunos Estados miembros y acoge por consiguiente con satisfacción la propuesta de la Comisión de un marco legislativo específico para la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico, en particular los plásticos desechables; estima que esta propuesta debería ayudar a reducir significativamente los desechos marinos, en más de un 80 % plásticos, contribuyendo así a la consecución del objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de prevenir y reducir considerablemente la contaminación marina de todo tipo;

25.  Considera que es importante que dicho marco ofrezca a las autoridades competentes de los Estados miembros un conjunto de medidas ambicioso que sea compatible con la integridad del mercado único, tenga consecuencias medioambientales y socioeconómicas positivas y tangibles, y brinde la funcionalidad necesaria a los consumidores;

26.  Es consciente de que reducir y acotar el uso de productos plásticos desechables puede dar pie a modelos de negocio sostenibles;

27.  Se remite a los trabajos en curso en relación con esta propuesta en el marco del procedimiento legislativo ordinario;

28.  Destaca que existen varias vías para lograr unos niveles elevados de recogida selectiva y reciclado y una reducción de los residuos plásticos, en particular los regímenes de responsabilidad ampliada del productor con modulación de tasas, los sistemas de consigna y una mayor concienciación pública; es consciente de las virtudes de los sistemas implantados en varios Estados miembros y de la posibilidad de intercambiar buenas prácticas entre los distintos Estados de la Unión; subraya que la elección de un determinado régimen sigue siendo competencia de la autoridad competente de cada Estado miembro;

29.  Celebra que la Directiva 94/62/CE estipule que los Estados miembros deben establecer regímenes obligatorios de responsabilidad ampliada del productor para todos los envases a finales de 2024 a más tardar y pide a la Comisión que estudie la posibilidad de hacer extensiva esta obligación a otros productos de plástico de conformidad con los artículos 8 y 8 bis de la Directiva 2008/98/CE;

30.  Toma nota de la propuesta de la Comisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (COM(2018)0325) en lo que respecta a una contribución en función los residuos de envases de plástico no reciclados; destaca que el efecto inducido de una eventual contribución debe ser coherente con la jerarquía de residuos; subraya por consiguiente que debe darse prioridad a la prevención de la generación de residuos;

31.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se sumen a la coalición internacional por la reducción de la contaminación debida a las bolsas de plástico, instituida durante la CP 22 de Marrakech en noviembre de 2016, y la apoyen;

32.  Estima que los supermercados desempeñan un papel crucial en la reducción de los plásticos desechables en la Unión; acoge con satisfacción iniciativas como los pasillos de supermercado sin plástico, que ofrecen a los supermercados la posibilidad de probar biomateriales compostables como alternativa a los envases de plástico;

33.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de la Directiva relativa a las instalaciones portuarias receptoras (COM(2018)0033), con la que se pretende reducir significativamente la carga y los costes que suponen para los pescadores transportar de nuevo al puerto artes de pesca y residuos plásticos; subraya el importante papel que los pescadores podrían desempeñar, en concreto, mediante la recogida de residuos plásticos del mar durante su actividad pesquera y el transporte de dichos residuos al puerto para que sean procesados como corresponde en un sistema de gestión de residuos adecuado; hace hincapié en que la Comisión y los Estados miembros deberían incentivar esta actividad de modo que no se cobrase ninguna tasa a los pescadores por el tratamiento de dichos residuos;

34.  Lamenta, no obstante, que la aplicación del artículo 48, apartado 3, del Reglamento de control de la pesca relativo a la recuperación de artes perdidos y las obligaciones de comunicación no formara parte del informe de evaluación y ejecución de la Comisión de 2017; subraya la necesidad de una evaluación detallada de la aplicación de los requisitos del Reglamento de control de la pesca en lo que se refiere a los artes de pesca;

35.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que apoyen planes para la recogida de desechos en el mar con la participación, cuando ello sea posible, de buques pesqueros, y que establezcan instalaciones portuarias receptoras y de eliminación de los desechos marinos, así como un sistema de reciclado de redes al final de su vida útil; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen las recomendaciones incluidas en las Directrices voluntarias sobre el marcado de los artes de pesca de la FAO, en estrecha colaboración con el sector pesquero al objeto de combatir la pesca fantasma;

36.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que mejoren la recopilación de datos en materia de plásticos marinos estableciendo y aplicando un sistema de información digital de carácter vinculante en toda la Unión para los artes de pesca perdidos por buques pesqueros como apoyo a las medidas de recuperación utilizando los datos procedentes de las bases de datos regionales para compartir información en una base de datos europea gestionada por la Agencia Europea de Control de la Pesca o para convertir SafeSeaNet en un sistema de fácil utilización a escala de la Unión que permita a los pescadores la señalización de artes de pesca perdidos;

37.  Subraya que los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos por fomentar estrategias y planes tendentes a reducir el abandono en el mar de artes de pesca, también mediante subvenciones del FEMP, además de con el apoyo de los Fondos Estructurales y de la cooperación territorial europea y la participación activa de las regiones en la medida que sea necesaria;

Plásticos de origen biológico, biodegradabilidad y compostabilidad

38.  Respalda firmemente a la Comisión en lo que respecta a la presentación de más estándares, normas armonizadas y definiciones que sean claros en relación con el contenido biológico, la biodegradabilidad (una propiedad que es independiente de la materia prima) y la compostabilidad al objeto de disipar las ideas erróneas y los malentendidos existentes y brindar información clara a los consumidores;

39.  Destaca que el fomento de una bioeconomía sostenible puede contribuir a reducir la dependencia de la Unión con respecto a las materias primas importadas; hace hincapié en el papel que pueden desempeñar los plásticos de origen biológico y biodegradables, siempre que se demuestren sus beneficios desde el punto de vista del ciclo de vida; considera que se debe evaluar la biodegradabilidad en situaciones reales pertinentes;

40.  Hace hincapié en que los plásticos biodegradables y compostables pueden servir de apoyo en la transición a una economía circular, pero ni pueden considerarse una solución a los desechos marinos ni deberían servir para justificar aplicaciones de un solo uso innecesarias; solicita, por tanto, a la Comisión que establezca criterios claros en cuanto a los productos y aplicaciones útiles compuestos de plásticos biodegradables, incluidos los envases y los usos agrícolas; pide una mayor inversión en I+D al respecto; subraya que los plásticos biodegradables y los no biodegradables deben tratarse de forma diferente atendiendo a la adecuada gestión de los residuos;

41.  Hace hincapié en que los plásticos de origen biológico ofrecen la posibilidad de llevar a cabo una diferenciación parcial de las materias primas, y pide una mayor inversión en I+D en este sentido; es consciente de la existencia de materiales innovadores de origen biológico que ya se comercializan; destaca la necesidad de tratar los materiales sustitutivos de manera neutral y equitativa;

42.  Pide la prohibición total en la Unión del plástico oxodegradable en 2020 a más tardar, ya que este tipo de plástico no se biodegrada adecuadamente, no es compostable, afecta negativamente al reciclado del plástico convencional y no se ha probado que resulte ventajoso para el medio ambiente;

Microplásticos

43.  Pide a la Comisión que en 2020 a más tardar se prohíban los microplásticos en los cosméticos, los artículos de higiene personal, los detergentes y los productos de limpieza; solicita por otra parte a la ECHA que evalúe y prepare, en su caso, una prohibición de los microplásticos que se añaden deliberadamente a otros productos, teniendo en cuenta si existen alternativas viables;

44.  Pide a la Comisión que fije requisitos mínimos en la legislación sobre productos para reducir significativamente la liberación de microplásticos en origen, especialmente en lo relativo a textiles, neumáticos, pinturas y colillas de cigarrillos;

45.  Toma nota de la buena práctica que suponen Operation Clean Sweep y las distintas iniciativas para evitar toda pérdida de gránulos (zero pellet loss); considera que es posible reproducir estas iniciativas a escala tanto de la Unión como mundial;

46.  Pide a la Comisión que estudie, en el presente control de la adecuación de la Directiva marco sobre el agua y la Directiva sobre inundaciones, las fuentes, la distribución, el destino y los efectos de los macroplásticos y los microplásticos en el contexto del tratamiento de las aguas residuales y la gestión de las aguas de tormenta; solicita asimismo a las autoridades competentes de los Estados miembros y a la Comisión que garanticen la plena aplicación y el cumplimiento de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la Directiva marco sobre la estrategia marina; pide por otra parte a la Comisión que apoye la investigación de las tecnologías para el tratamiento de los lodos de clarificación y para la depuración del agua;

Investigación e innovación

47.  Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de que se invertirán 100 millones de euros más en el marco de Horizonte 2020 para impulsar la inversión en soluciones circulares y eficientes en el uso de los recursos, como posibilidades de prevención y diseño, diversificación de materias primas, y tecnologías de reciclado innovadoras, como el reciclado molecular y químico, así como la mejora del reciclado mecánico; destaca el potencial innovador de las empresas emergentes en este sentido; apoya la elaboración de una agenda de innovación en investigación estratégica en materia de circularidad de los materiales, con especial hincapié en el plástico y en materiales que contengan plástico, más allá de los envases, para orientar las futuras decisiones de financiación en el marco de Horizonte Europa; observa que hará falta una financiación adecuada para amplificar la inversión privada; destaca que las colaboraciones público‑privadas pueden contribuir a acelerar la transición hacia una economía circular;

48.  Hace hincapié en la gran posibilidad que hay de vincular la Agenda Digital y la agenda de la economía circular; subraya la necesidad de abordar los obstáculos reglamentarios a la innovación y pide a la Comisión que examine posibles acuerdos de la Unión en materia de innovación en consonancia con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en la Estrategia para el Plástico y la agenda de la economía circular, de carácter más general;

49.  Solicita a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que apoyen el uso de artes de pesca innovadores, animando a los pescadores a canjear sus redes viejas y dotar a las redes existentes con sistemas de rastreadores de red y sensores vinculados a aplicaciones para teléfonos inteligentes, microprocesadores de identificación por radiofrecuencia y rastreadores de buques, de manera que los navegantes puedan controlar con mayor precisión sus redes y recuperarlas en caso necesario; es consciente del papel que puede desempeñar la tecnología a la hora de evitar la presencia de residuos plásticos en el mar;

50.  Pide que Horizonte Europa contenga una misión para unos océanos sin plástico al objeto de aplicar la innovación tanto para reducir la cantidad de plásticos que llegan al medio marino como para recoger los plásticos que se encuentran en los océanos; insiste en sus peticiones de lucha contra la basura marina (lo que incluye prevención, mejor educación sobre los océanos, mayor concienciación del reto medioambiental que plantea la contaminación provocada por los residuos de plástico y otras formas de desechos marinos, y campañas de limpieza, por ejemplo de pesca de basura o de limpieza de las playas), tal como se menciona en la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de noviembre de 2016, titulada «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos» (JOIN(2016)0049); pide que se entable un diálogo político de la Unión en materia de desechos marinos entre los responsables políticos, las partes interesadas y los expertos;

Acción mundial

51.  Solicita a la Unión que desempeñe un papel proactivo en la elaboración de un protocolo mundial para la industria del plástico y que garantice que los diversos compromisos contraídos tanto a escala de la Unión como a escala mundial puedan ser objeto de seguimiento de forma integrada y transparente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejerzan un liderazgo activo en el grupo de trabajo establecido por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2017 que busca respuestas internacionales para luchar contra la basura plástica y los microplásticos presentes en el mar; hace hincapié en que, habida cuenta de que gran parte de los desechos plásticos presentes en el océano se originan en países de Asia y África, las cuestiones relativas a la contaminación provocada por los residuos de plástico y las capacidades de gestión de residuos deben formar parte del marco de la política exterior de la Unión;

52.  Pide a todas las instituciones de la Unión, junto con su sistema de gestión y auditoría medioambientales, que se centren en la prevención, examinen sus normas de adjudicación de contratos y prácticas internas de gestión de los residuos de plástico, y reduzcan considerablemente la generación de residuos de plástico, en particular reemplazando, reduciendo y limitando los plásticos desechables;

o
o   o

53.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
(2) DO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
(3) DO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
(4) DO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
(5) DO L 115 de 6.5.2015, p. 11.
(6) DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(7) DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
(8) DO C 265 de 11.8.2017, p. 65.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0287.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0004.
(11) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(12) Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados).


Opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos
PDF 151kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (2018/2589(RSP))
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la protección de la salud humana y la preservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente,

–  Vista la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos(1),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(2),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos(3),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases(4),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas(5),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006(6),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) y por el que se modifica la Directiva 79/117/CEE(7),

–  Vista la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía(8),

–  Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(9),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (COM(2018)0032),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (SWD(2018)0020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» (COM(2018)0028),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, titulada «Informe general de la Comisión sobre el funcionamiento de REACH y revisión de determinados elementos. Conclusiones y medidas» (COM(2018)0116),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Plan de trabajo sobre diseño ecológico 2016-2019» (COM(2016)0773),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas(10),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución XXX de la Comisión por la que se concede autorización para usos del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en virtud del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(11),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(12),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente(13),

–  Visto el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación,

–  Visto el Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional,

–  Visto el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes,

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (O-000063/2018 – B8-0036/2018 y O-000064/2018 – B8‑0037/2018),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (VII PMA) prevé el desarrollo de una estrategia de la Unión para un medio ambiente no tóxico, que asegure la minimización de la exposición a las sustancias químicas de los productos, incluidos los importados, con miras a promover ciclos de materiales no tóxicos de modo que los residuos reciclados puedan utilizarse como una fuente principal y fiable de materias primas en la Unión;

B.  Considerando que el artículo 9 de la Directiva (UE) 2018/851 establece que las medidas adoptadas por los Estados miembros para prevenir la generación de residuos deben reducir la generación de residuos, particularmente de los residuos que no son aptos para ser preparados para reutilización o para ser reciclados;

C.  Considerando que el artículo 9 de la Directiva (UE) 2018/851 establece también que estas medidas deben fomentar la reducción del contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos, y velar por que todo proveedor de un artículo, tal como se define en el artículo 33, apartado 3, del Reglamento REACH, facilite información de conformidad con el artículo 33, apartado 1, de dicho Reglamento a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), y que la ECHA debe crear y mantener una base de datos para los datos que se le han de transmitir en este contexto, y dar acceso a esa base de datos a los operadores de tratamiento de residuos y, previa solicitud, a los consumidores;

D.  Considerando que el artículo 10, apartado 5, de la Directiva (UE) 2018/851 establece que, cuando sea necesario para cumplir con la obligación de preparación para la reutilización, el reciclado u otras operaciones de valorización y para facilitar o mejorar la valorización, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias, antes o durante la valorización, para eliminar las sustancias, mezclas y componentes peligrosos procedentes de residuos peligrosos con miras a su tratamiento con arreglo a los artículos 4 y 13 de la Directiva 2008/98/CE(14) sobre los residuos;

E.  Considerando que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 850/2004 establece que deben quedar prohibidas las operaciones de eliminación o valorización de residuos que puedan comportar la valorización, reciclado, recuperación o reutilización de las sustancias incluidas en el anexo IV [contaminantes orgánicos persistentes (COP)];

Consideraciones generales

1.  Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 16 de enero de 2018, así como el proceso de consulta, pero espera medidas rápidas para atajar los problemas de la «interfaz»; respalda la visión global presentada por la Comisión, que es conforme con los objetivos del VII PMA;

2.  Considera que el objetivo principal de la Comisión debería ser impedir la entrada de productos químicos peligrosos en el ciclo de materiales con el fin de conseguir una coherencia plena entre las leyes que aplican las políticas en materia de residuos y de sustancias químicas y garantizar una mejor aplicación de la legislación vigente, abordando a la vez los vacíos legislativos que podrían suponer barreras a una economía circular de la Unión sostenible, también, en particular, en lo que se refiere a los artículos importados;

3.  Hace hincapié en que, en una economía verdaderamente circular, los productos deben diseñarse para ser adaptables, durables, reparables, reutilizables y reciclables, y con un uso mínimo de sustancias preocupantes;

4.  Reitera que el avance hacia una economía circular exige una aplicación estricta de la jerarquía de los residuos y, si es posible, la eliminación gradual de las sustancias preocupantes, en particular si existen o se van a desarrollar alternativas más seguras, al objeto de garantizar el desarrollo de ciclos de materiales no tóxicos, que faciliten el reciclaje y que son esenciales para el buen desarrollo de un mercado de materias primas secundarias operativo;

5.  Pide a la Comisión que desarrolle sin más dilación una estrategia de la Unión para conseguir un medio ambiente libre de sustancias tóxicas, tal y como estipula el VII PMA;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, en estrecha colaboración con la ECHA, que redoblen sus actividades reglamentarias para promover la sustitución de sustancias muy preocupantes y restringir aquellas que supongan riesgos inaceptables para la salud humana o para el medio ambiente en el contexto del Reglamento REACH, y que promulguen legislación de carácter sectorial o específica de los productos, a fin de que los residuos reciclados se puedan utilizar como fuente principal y fiable de materias primas dentro de la Unión;

7.  Subraya la necesidad de encontrar soluciones locales, nacionales, regionales y europeas mediante la participación de todas las partes interesadas con vistas a detectar las sustancias químicas preocupantes en los flujos de reciclado y eliminarlas de ellos;

8.  Pide a las empresas que adopten plenamente un enfoque holístico prospectivo de gestión progresiva de los productos químicos, aprovechando la oportunidad para sustituir las sustancias tóxicas de los productos y de las cadenas de suministro, acelerando y liderando la innovación del mercado;

9.  Destaca que la aplicación de la legislación en materia de sustancias químicas, productos y residuos puede suponer un desafío para las pequeñas y medianas empresas (pymes); insiste en que, a la hora de adoptar medidas, debería tomarse en consideración su situación específica, sin poner en peligro el nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente; señala la necesidad de que la información sea clara y fácilmente accesible, a fin de garantizar que las pymes cuenten con los requisitos previos necesarios para cumplir plenamente toda la legislación en este ámbito;

10.  Considera que, en caso de riesgo de solapamiento en la legislación, es perentorio aclarar las interconexiones, con el fin de garantizar la coherencia y aprovechar las posibles sinergias;

11.  Destaca que es de suma importancia mejorar la transparencia por lo que respecta a la presencia de sustancias preocupantes en los productos de consumo, con miras a lograr que el público confíe en la seguridad de las materias primas secundarias; señala que la mejora de la transparencia reforzaría los incentivos para la eliminación progresiva de las sustancias preocupantes;

Información insuficiente sobre sustancias preocupantes en los productos y los residuos

12.  Considera que las sustancias preocupantes son aquellas que cumplen los criterios establecidos en el artículo 57 del Reglamento REACH como sustancias muy preocupantes, sustancias prohibidas en virtud del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, sustancias específicas restringidas en artículos y recogidas en el anexo XVII del Reglamento REACH y sustancias específicas reguladas de conformidad con legislación específica de carácter sectorial o sobre productos;

13.  Reitera su petición a la Comisión para que cumpla con sus compromisos de proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente de los alteradores endocrinos; espera que la Comisión presente sin más dilación su estrategia relativa a los alteradores endocrinos con el fin de minimizar la exposición de los ciudadanos de la Unión a dichos alteradores endocrinos, más allá de los plaguicidas y biocidas;

14.  Subraya que debe realizarse lo antes posible un seguimiento de todas las sustancias preocupantes y que la información relativa a dichas sustancias, incluida su composición y concentración, debe estar a plena disposición de todos los participantes en la cadena de suministro, de los recicladores y del público, teniendo en cuenta los sistemas existentes y considerando la opción de los sistemas de seguimiento sectoriales; celebra como primer paso en este sentido las nuevas disposiciones recogidas en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2018/851 sobre los residuos;

15.  Pide, en este sentido, a los Estados miembros y la Comisión, junto con la ECHA, que redoblen sus esfuerzos a fin de garantizar que, para 2020, todas las sustancias muy preocupantes, incluidas aquellas que cumplan con el nivel equivalente de criterios de preocupación, como los alteradores endocrinos y los sensibilizadores, figuren en la lista de posibles sustancias del Reglamento REACH, tal y como dispone el VII PMA;

16.  Cree que, de conformidad con los requisitos vigentes sobre las importaciones recogidos en el Reglamento REACH, el sistema de seguimiento también debería incluir todos aquellos productos importados a la Unión que puedan contener sustancias preocupantes; precisa asimismo la importancia de abordar la cuestión de las sustancias no registradas en los artículos importados; destaca que es necesaria una colaboración más estrecha a nivel internacional por lo que respecta a los artículos importados, con actores como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), terceros países que se enfrentan a desafíos similares con artículos importados y países exportadores;

17.  Observa que, de acuerdo con las conclusiones de la segunda revisión del Reglamento REACH por la Comisión, se debe mejorar la calidad de los datos sobre peligros químicos, usos y escenarios de exposición en los expedientes de registro REACH;

18.  Considera que, de conformidad con el artículo 20, apartado 2, del Reglamento REACH (comprobación de la integridad de las solicitudes de registro), la ECHA no debería conceder acceso al mercado a aquellos productos químicos con expedientes de registro incompletos e inadecuados y debe asegurarse de que se genere la información necesaria lo antes posible; recuerda que es crucial que la información facilitada para los expedientes de registro sea precisa, adecuada, fiable, pertinente y fidedigna; pide a la ECHA que intensifique sus esfuerzos en el marco del artículo 41 del Reglamento REACH (Control de la conformidad de las solicitudes de registro), con el fin de acabar con el problema de los expedientes no conformes y garantizar que no se conceda acceso al mercado a sustancias químicas cuyo expediente de registro no sea conforme; pide a los Estados miembros que se aseguren de que los expedientes de registro REACH sean conformes y estén actualizados;

Respuesta a la presencia de sustancias preocupantes en materiales reciclados

19.  Subraya que la Unión debe garantizar el mismo nivel de protección para la salud humana y el medio ambiente tanto si los productos están fabricados a partir de materiales originales como reciclados;

20.  Reitera que, de conformidad con la jerarquía de residuos, la prevención tiene prioridad sobre el reciclado y, en consecuencia, el reciclado no puede justificar que se perpetúe el uso de sustancias peligrosas que perduran;

21.  Considera que todas las materias primas originales y secundarias deben, en principio, estar sujetas a las mismas normas; señala, no obstante, que no siempre es posible garantizar que el material de los productos reciclados sea completamente idéntico a las materias primas originales;

22.  Señala que las normas de la Unión deben garantizar que el reciclado de materiales no perpetúe el uso de sustancias peligrosas; observa con preocupación que la legislación que impide la presencia de sustancias químicas en los productos, incluidas las importaciones, no es sistemática ni coherente y se aplica solo a unas pocas sustancias, productos y usos, a menudo con numerosas excepciones; lamenta la falta de avances en el desarrollo de una estrategia de la Unión para un medio ambiente no tóxico con el fin, entre otras cosas, de reducir la exposición a sustancias preocupantes en los productos;

23.  Hace hincapié en que la posibilidad de reciclar materiales que contengan sustancias preocupantes solamente debe preverse si no existen materiales sustitutivos que carezcan de dichas sustancias; considera que todo reciclado de este tipo debe tener lugar en ciclos cerrados o controlados sin poner en peligro la salud humana, incluida la salud de los trabajadores, ni el medio ambiente;

24.  Espera que las prácticas de reciclado innovadoras contribuyan a descontaminar los residuos que contienen sustancias preocupantes;

25.  Considera que la cuestión de los productos que contienen sustancias que perduran debe abordarse mediante un sistema eficiente de registro, seguimiento y eliminación;

26.  Cree que, dado que más del 80 % del impacto medioambiental de un producto se determina en la fase del diseño, la Directiva sobre el diseño ecológico y otros actos legislativos sobre productos específicos, además del Reglamento REACH, deberían utilizarse para introducir requisitos para la sustitución de las sustancias preocupantes; destaca que el uso de sustancias tóxicas o preocupantes, como los contaminantes orgánicos persistentes y los alteradores endocrinos, debe estudiarse de forma específica en función de criterios de diseño ecológico ampliados, sin perjuicio de otros requisitos jurídicos armonizados relativos a dichas sustancias establecidos a nivel de la Unión;

27.  Insiste en que es esencial garantizar condiciones de competencia equitativas entre los artículos producidos en la Unión y los importados; considera que los artículos producidos en la Unión no deben, bajo ninguna circunstancia, verse perjudicados; pide a la Comisión, por tanto, que garantice un uso oportuno de las restricciones contempladas en el Reglamento REACH y otros actos legislativos relativos a los productos, de forma que los productos fabricados en la Unión y los importados estén sometidos a las mismas normas; subraya, en particular, que la eliminación progresiva o la sustitución de las sustancias muy preocupantes resultante del sistema de autorización contemplado por el Reglamento REACH concuerda con las restricciones que se aplican simultáneamente; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que aumenten los controles sobre los materiales importados para garantizar el cumplimiento del Reglamento REACH y de la legislación sobre productos;

28.  Subraya que es preciso mejorar el cumplimiento de la legislación en materia de sustancias químicas y productos en las fronteras de la Unión;

29.  Considera que, para abordar la cuestión de la presencia de sustancias preocupantes en los materiales reciclados, sería deseable introducir un pasaporte para productos como instrumento para indicar los materiales y las sustancias utilizados en los mismos;

Incertidumbre sobre el modo en que los materiales pueden dejar de ser residuos

30.  Hace hincapié en la necesidad de normas claras de la Unión que especifiquen las condiciones que deben cumplirse para salir del régimen de los residuos y en la exigencia de criterios armonizados respecto del fin de la condición de residuo; considera que dichas normas claras de la Unión deben diseñarse de forma que también las pymes puedan aplicarlas;

31.  Cree que deben adoptarse medidas a escala de la Unión en aras de una mayor armonización en la interpretación y aplicación por parte de los Estados miembros de las disposiciones sobre el fin de la condición de residuo recogidas en la Directiva marco sobre los residuos, con vistas a facilitar el uso de los materiales recuperados en la Unión;

32.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión su plena cooperación en cuanto a los criterios respecto del fin de la condición de residuo;

Dificultades en la aplicación de los métodos de clasificación de residuos de la Unión y su impacto sobre la reciclabilidad de los materiales (materias primas secundarias)

33.  Opina que las normas de clasificación de residuos como peligrosos o no peligrosos deben ser coherentes con las normas de clasificación de sustancias y mezclas con arreglo al Reglamento CLP (clasificación, etiquetado y envasado), teniendo en cuenta las especificidades de los residuos y su tratamiento, y acoge con satisfacción, asimismo, las nuevas directrices en materia de clasificación de residuos; hace hincapié en la necesidad de continuar desarrollando el marco de clasificación de residuos y sustancias químicas para incluir los efectos peligrosos muy preocupantes, como la elevada persistencia, la alteración endocrina, la bioacumulación o la neurotoxicidad;

34.  Pide a la Comisión, con respecto a la clasificación de los flujos de residuos, que aclare la interpretación correcta del Reglamento CLP, a fin de evitar la clasificación incorrecta de los residuos que contengan sustancias preocupantes;

35.  Insiste en que la aplicación deficiente de la legislación de la Unión en materia de residuos es inaceptable y que debe abordarse con carácter prioritario, también a través de informes por país incluidos en la revisión de la aplicación de la política medioambiental, ya que es necesario aplicar un enfoque más coherente a las normas sobre sustancias químicas y clasificación de residuos;

36.  Pide a la Comisión que revise sin demora la lista europea de residuos;

o
o   o

37.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
(2) DO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
(3) DO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
(4) DO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
(5) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(6) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(7) DO L 158 de 30.4.2004, p. 7.
(8) DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(9) DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0287.
(11) DO C 366 de 27.10.2017, p. 96.
(12) DO C 265 de 11.8.2017, p. 65.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0100.
(14) DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.


Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos
PDF 219kWORD 75k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos (2017/2254(INI))
P8_TA(2018)0354A8-0257/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas las Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2017, sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos,

–  Visto el informe de la Federación de Veterinarios de Europa, de 29 de febrero de 2016, en el que se recogen las respuestas dadas a las preguntas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre el uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2016, sobre los próximos pasos para combatir la resistencia a los antimicrobianos en el marco del planteamiento «Una sola salud»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2016, sobre el refuerzo del equilibrio de los sistemas farmacéuticos en la Unión y sus Estados miembros,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de junio de 2011, tituladas «Inmunización infantil: éxitos y desafíos de la inmunización infantil en Europa y perspectivas de futuro», adoptadas por los ministros de Sanidad de los Estados miembros de la Unión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 6 de diciembre de 2014, sobre la vacunación como instrumento sanitario eficaz,

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre una asistencia sanitaria más segura en Europa: mejorar la seguridad de los pacientes y combatir la resistencia a los antimicrobianos(2),

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre el desafío microbiano: la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos(3),

–  Vista la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por la que se deroga la Decisión n.º 2119/98/CE(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2017, sobre el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos (COM(2017)0339),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre una nueva estrategia para el bienestar de los animales 2016-2020(5),

–  Visto el Plan de acción mundial sobre vacunas de la OMS, respaldado por los 194 Estados miembros de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2012,

–  Visto el Plan de acción europeo sobre vacunas 2015-2020 de la OMS,

–  Visto el artículo de interés general titulado The Role of the European Food Safety Authority (EFSA) in the Fight against Antimicrobial Resistance (AMR) (El papel de la EFSA en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos), publicado en la revista Food Protection Trends en 2018,

–  Vista la hoja de ruta de la Comisión para un planteamiento estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente, así como el actual proyecto de dicho planteamiento estratégico(6),

–  Vista la Declaración Política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de septiembre de 2016, sobre la resistencia a los antimicrobianos,

–  Visto el informe del Banco Mundial, de marzo de 2017, titulado «Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future» (Las infecciones farmacorresistentes: una amenaza para el futuro de nuestra economía),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los medicamentos veterinarios (COM(2014)0558),

–  Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de septiembre de 2015, titulado «Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action» (Resistencia a los antimicrobianos en los países del G-7 y más allá: aspectos económicos, políticas y opciones de actuación),

–  Visto el dictamen científico conjunto de la EMA y la EFSA sobre las medidas para reducir la necesidad de utilizar agentes antimicrobianos en la cría de animales en la Unión Europea, y el impacto resultante en la seguridad alimentaria (dictamen «Ronafa»),

–  Vista la Resolución de la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud, de 29 de mayo de 2017, sobre la mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de la septicemia,

–  Visto el primer informe conjunto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), de la EFSA y de la EMA (Jiacra I), publicado en 2015, y el segundo informe conjunto (Jiacra II), publicado en 2017, sobre el análisis integrado del consumo de agentes antimicrobianos y la aparición de resistencia a los antimicrobianos en bacterias de seres humanos y de animales destinados a la producción de alimentos,

–  Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017, sobre las opciones de la Unión para mejorar el acceso a los medicamentos(7),

–  Visto el informe de 2016 del ECDC sobre el control de la resistencia a los antimicrobianos en Europa,

–  Visto el informe de síntesis de la Unión Europea sobre la resistencia a los antimicrobianos de bacterias zoonóticas e indicadoras de seres humanos, animales y alimentos, de 2016, elaborado por el ECDC y la EFSA(8),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0257/2018),

A.  Considerando que el uso excesivo e incorrecto de los antibióticos, en particular en la cría de animales (antibióticos utilizados con fines profilácticos y como agentes promotores del crecimiento), y las prácticas deficientes de control de las infecciones, tanto en la medicina humana como veterinaria, han convertido progresivamente la resistencia a los antimicrobianos en una grave amenaza para la salud humana y animal;

B.  Considerando que se estima que al menos el 20 % de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (infecciones nosocomiales) pueden prevenirse mediante programas sostenidos y polifacéticos de prevención y control de infecciones(9);

C.  Considerando que el uso prudente de los antibióticos y la prevención y el control de las infecciones en todos los sectores sanitarios, incluida la salud animal, son piedras angulares para prevenir de forma eficaz el desarrollo y la transmisión de bacterias resistentes a los antibióticos;

D.  Considerando que el 50 % de las prescripciones de antibióticos a humanos son ineficaces y que el 25 % del consumo de antibióticos por parte de humanos no está bien administrado; que el 30 % de los pacientes hospitalizados consumen antibióticos y que las bacterias multirresistentes suponen una especial amenaza para los hospitales y las residencias con asistencia médica, así como para aquellos pacientes cuyos cuidados requieren instrumentos como respiradores o catéteres venosos;

E.  Considerando que los antibióticos siguen utilizándose en la cría de animales para prevenir enfermedades y compensar la falta de higiene en lugar de prescribirse en caso de necesidad, lo que contribuye a la aparición de bacterias resistentes a los antimicrobianos en animales que pueden trasmitirse a los humanos;

F.  Considerando que las agencias de la Unión han confirmado asimismo la existencia de una correlación entre la resistencia a los antibióticos encontrada en animales destinados a la producción de alimentos (como los pollos de engorde) y el hecho de que una gran proporción de infecciones bacterianas en humanos proceda del manejo, la preparación y el consumo de la carne de estos animales(10);

G.  Considerando que el uso incorrecto de los antibióticos está mermando su eficacia y dando lugar a la propagación de bacterias muy resistentes, especialmente frente a los antibióticos de última línea; que, según los datos proporcionados por la OCDE, se calcula en 700 000 el número de muertes anuales en todo el mundo que pueden estar causadas por la resistencia a los antimicrobianos; que 25 000 de esas muertes se producen dentro de la Unión, y el resto fuera de ella, lo que significa que la cooperación en política de desarrollo y la coordinación y supervisión de la resistencia a los antimicrobianos a nivel internacional son cruciales;

H.  Considerando que la resistencia a los antimicrobianos podría causar hasta 10 millones de muertes al año en 2050 si no se toma ninguna medida; que nueve millones de estas muertes estimadas se producirían fuera de la Unión, en los países en desarrollo, especialmente en Asia y África; que las infecciones y las bacterias resistentes se propagan con facilidad, por lo que existe una necesidad urgente de actuar a escala mundial;

I.  Considerando que las vacunas y las herramientas de diagnóstico rápido pueden limitar el consumo abusivo de antibióticos; que, gracias a las herramientas de diagnóstico rápido, los profesionales sanitarios pueden diagnosticar rápidamente una infección bacteriana o vírica y, de este modo, reducir el mal uso de los antibióticos y el riesgo de desarrollar resistencia(11);

J.  Considerando que la propagación continuada de bacterias altamente resistentes podría hacer imposible la prestación de una buena atención sanitaria en el futuro en el marco de operaciones invasivas o de tratamientos bien establecidos para determinados grupos de pacientes que requieren radioterapia, quimioterapia o trasplantes;

K.  Considerando que las bacterias están en constante evolución, que la investigación y el desarrollo (I+D) y los entornos normativos son complejos, que algunas infecciones específicas son raras y que los resultados esperados de los nuevos antimicrobianos siguen siendo limitados;

L.  Considerando que las infecciones nosocomiales se deben a la falta de medidas de prevención, que derivan en bacterias resistentes a los antibióticos, y a prácticas de higiene deficientes, en particular en los hospitales; que el ECDC cifra en aproximadamente cuatro millones el número de pacientes que contraen una infección nosocomial cada año en la Unión, y que en torno a 37 000 muertes al año son consecuencia directa de esas infecciones; que el número de muertes podría ser incluso mayor; que ha quedado patente que la cifra previamente mencionada de 25 000 muertes anuales en la Unión está muy subestimada;

M.  Considerando que la falta de acceso a antibióticos eficaces en los países en desarrollo sigue causando más muertes que la resistencia a los antimicrobianos; que las medidas para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos que se centran excesivamente en restringir el acceso a los antibióticos pueden exacerbar una crisis, ya de por sí grave, de falta de acceso a los medicamentos, que hoy en día causa más de un millón de muertes al año entre los niños menores de cinco años; que las medidas para abordar la resistencia a los antimicrobianos deben dirigirse a garantizar un acceso sostenible a los medicamentos para todo el mundo, lo que significa acceso para quien lo necesite pero sin excesos para nadie;

N.  Considerando que varios Estados miembros están experimentando un rápido aumento de los niveles de hongos multirresistentes, lo que está provocando un marcado aumento de la duración de las hospitalizaciones y un incremento de los índices de mortalidad entre los pacientes infectados; que el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos ha conseguido concienciar sobre el problema; que este problema específico está visiblemente ausente en el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos;

O.  Considerando que se ha demostrado que los programas de detección activa con herramientas de diagnóstico rápido contribuyen de forma significativa a gestionar las infecciones nosocomiales y a limitar su propagación dentro de los hospitales y entre los pacientes(12);

P.  Considerando que se ha demostrado que el uso de compuestos antibióticos en productos de consumo no clínicos aumenta el riesgo de generar cepas bacterianas farmacorresistentes(13);

Q.  Considerando que una buena higiene de manos, consistente en un lavado y secado de manos eficaz, puede contribuir a prevenir la resistencia a los antimicrobianos y la transmisión de enfermedades infecciosas;

R.  Considerando que el uso de productos sanitarios puede prevenir la infección del sitio quirúrgico y, por tanto, prevenir y limitar el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos(14);

S.  Considerando que existen ejemplos exitosos de programas que han mejorado el acceso mundial a medicamentos para combatir el sida, la tuberculosis y el paludismo;

T.  Considerando que las infecciones nosocomiales representan una grave amenaza para preservar y garantizar la asistencia sanitaria básica a nivel mundial;

U.  Considerando que, de persistir la tendencia actual, la resistencia a los antimicrobianos podría causar más muertes que el cáncer de aquí a 2050(15);

V.  Considerando que el ECDC y la EFSA han reiterado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud pública(16);

W.  Considerando que la tuberculosis farmacorresistente es la principal causa de muerte por resistencia a los antimicrobianos;

X.  Considerando que, en su informe de marzo de 2017, el Banco Mundial advirtió de que, de aquí a 2050, las infecciones farmacorresistentes podrían ocasionar daños económicos a escala mundial comparables a la crisis financiera de 2008;

Y.  Considerando que la resistencia a los antimicrobianos debe considerarse y entenderse como una amenaza para la salud humana, animal y planetaria y una amenaza directa para la consecución de varios de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) recogidos en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, incluidos, entre otros, el ODS1, el ODS2, el ODS3 y el ODS6;

Z.  Considerando que los objetivos del enfoque «Una sola salud» consisten en garantizar que los tratamientos para las infecciones en humanos y animales sigan siendo eficaces, en frenar la aparición y propagación de la resistencia a los antimicrobianos y en impulsar el desarrollo y la disponibilidad de nuevos antibióticos eficaces en la Unión y el resto del mundo;

AA.  Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre los próximos pasos para combatir la resistencia a los antimicrobianos en el marco del planteamiento «Una sola salud»(17) exigen a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de la Red «Una sola salud» dedicada a la resistencia a los antimicrobianos, adapten los programas estratégicos de investigación de las iniciativas de I+D de la Unión sobre nuevos antibióticos, alternativas y diagnósticos;

AB.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a la salud y a recibir tratamiento médico; que el derecho a la salud es el derecho económico, social y cultural a un nivel mínimo universal de asistencia sanitaria al que todas las personas tienen derecho;

AC.  Considerando que un pilar fundamental de cualquier estrategia a escala de la Unión relativa a la resistencia a los antimicrobianos debe ser garantizar la formación permanente de los profesionales sanitarios en los últimos avances en investigación y las mejores prácticas en relación con la prevención y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos;

AD.  Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud estima que la septicemia —respuesta sindrómica a las enfermedades infecciosas— causa aproximadamente seis millones de muertes en todo el mundo cada año, la mayoría de las cuales pueden prevenirse;

AE.  Considerando que, a tenor de su mandato conjunto, el ECDC, la EFSA y la EMA están trabajando actualmente para proporcionar indicadores de resultados para la resistencia a los antimicrobianos y el consumo de antimicrobianos entre los animales destinados a la producción de alimentos y los seres humanos;

AF.  Considerando que la naturaleza ofrece un sinfín de potentes antibióticos, que podrían aprovecharse en mucha mayor medida de lo que se hace actualmente;

AG.  Considerando que los datos más recientes de la EMA muestran que las medidas para reducir el uso veterinario de antimicrobianos no han sido coherentes en toda la Unión(18); que algunos Estados miembros han logrado reducir de forma significativa el uso veterinario de antimicrobianos en un plazo breve gracias a políticas nacionales ambiciosas, tal y como se puso de manifiesto en una serie de misiones de información llevadas a cabo por la Dirección de Auditorías y Análisis en los ámbitos Sanitario y Alimentario de la Comisión Europea(19);

AH.  Considerando que la resistencia a los antimicrobianos constituye una amenaza transfronteriza para la salud, pero que este fenómeno varía mucho de un Estado miembro a otro; que, por consiguiente, la Comisión debe determinar los ámbitos que presentan un alto valor añadido europeo e intervenir en ellos, respetando los límites de las competencias de los Estados miembros, a los que corresponde definir sus políticas en materia de salud;

AI.  Considerando que una acción eficaz contra la resistencia a los antimicrobianos debe formar parte de una iniciativa internacional más amplia en la que participe el mayor número posible de instituciones internacionales, agencias y expertos, así como el sector privado;

AJ.  Considerando que las causas principales de la resistencia a los antimicrobianos son, entre otras, el uso indebido y el consumo abusivo de antimicrobianos, la fragilidad de los sistemas de garantía de la calidad de los medicamentos, el uso de antimicrobianos en la ganadería para promover el crecimiento o prevenir enfermedades, las deficiencias en la prevención y el control de infecciones, y los fallos en los sistemas de vigilancia;

AK.  Considerando que los pacientes deberían tener acceso a cuidados de salud y opciones de tratamientos acordes con sus elecciones y preferencias, incluyendo terapias y medicamentos complementarios y alternativos;

AL.  Considerando que se estima que el coste de la acción contra la resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial asciende a 40 000 millones de dólares estadounidenses en un periodo de diez años;

AM.  Considerando que en los próximos años aumentarán los retos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos y que llevar a cabo una acción eficaz depende de inversiones intersectoriales continuas en investigación e innovación (I+i), tanto pública como privada, de modo que puedan desarrollarse instrumentos, productos y dispositivos mejorados, tratamientos nuevos y enfoques alternativos acordes con el planteamiento de «Una sola salud»;

AN.  Considerando que, en el marco de los quinto, sexto y séptimo programas marco, se han invertido más de mil millones de euros en la investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos y que, en el marco de Horizonte 2020, ya se ha movilizado un presupuesto acumulado de más de 650 millones de euros hasta la fecha; que la Comisión se ha comprometido a invertir más de 200 millones de euros en la resistencia a los antimicrobianos durante los últimos tres años del programa Horizonte 2020;

AO.  Considerando que distintos instrumentos de financiación en el marco de Horizonte 2020 proporcionarán resultados de investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos, en particular:

   la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI), que se centra en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de antibióticos, en particular la investigación sobre los mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos, así como las cuestiones económicas y administrativas, con siete proyectos actualmente en curso en el marco del programa «New Drugs for Bad Bugs», que cuenta con un presupuesto total de más de 600 millones de euros procedentes de financiación de la Comisión y de contribuciones en especie de distintas empresas;
   el programa Cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP), que se centra en el desarrollo de nuevos y mejores medicamentos, vacunas, microbicidas y diagnósticos del VIH/sida, la tuberculosis y el paludismo, con treinta y dos proyectos actualmente en curso por valor superior a 79 millones de euros;
   la Iniciativa de Programación Conjunta sobre la resistencia a los antimicrobianos, que se centra en la consolidación de las actividades de investigación nacionales que, de lo contrario, estarían fragmentadas, con proyectos actualmente en curso por valor de 55 millones de euros;
   el Consejo Europeo de Investigación (CEI), con sus proyectos de investigación «impulsados por los investigadores» o de carácter «ascendente»;
   el Mecanismo de Financiación InnovFin para Enfermedades Infecciosas, centrado en proyectos cercanos al mercado, al que se le han concedido hasta la fecha siete préstamos por un importe total de 125 millones de euros;
   el Instrumento para pymes y la Vía Rápida hacia la Innovación, que apoyan a las pymes en el desarrollo de soluciones e instrumentos novedosos para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas y mejorar el control de las infecciones, con treinta y seis proyectos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos y un presupuesto de 33 millones de euros;

AP.  Considerando que hasta la década de 1960 se desarrollaron más de veinte nuevos tipos de antibióticos pero que, desde entonces, solo se ha desarrollado una nueva clase de antibiótico, a pesar de la propagación y la evolución de nuevas bacterias resistentes; que, además, existen pruebas evidentes de la resistencia a nuevos agentes entre los tipos de antibióticos existentes;

AQ.  Considerando que los nuevos antimicrobianos tienen efectos indirectos positivos en la salud pública y la ciencia;

AR.  Considerando que el recurso a los antibióticos con fines zootécnicos —por ejemplo, como promotores del crecimiento— constituye un uso indebido de estos productos sanitarios denunciado por todas las organizaciones sanitarias internacionales, que recomiendan su prohibición en virtud de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos; que el uso de antibióticos como promotores del crecimiento en animales destinados a la producción de alimentos está prohibido en la Unión desde 2006;

AS.  Considerando que numerosas enfermedades causadas por microbios pueden ser tratadas eficazmente no ya con antibióticos, que dan lugar a la resistencia a los medicamentos, sino mediante un diagnóstico precoz en combinación con fármacos nuevos y existentes y con otros tratamientos y prácticas autorizados en la Unión, salvando de este modo la vida de millones de personas y animales en toda la Unión;

AT.  Considerando que existe una brecha cada vez mayor entre el aumento de la resistencia a los antimicrobianos y el desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos; que las enfermedades debidas a la resistencia a los medicamentos podrían provocar 10 millones de muertes al año en todo el mundo de aquí a 2050; que se calcula que cada año fallecen en la Unión al menos 25 000 personas por infecciones causadas por bacterias resistentes, lo que representa un coste de 1 500 millones de euros al año, mientras que en los últimos cuarenta años solo se ha desarrollado una nueva clase de antibióticos;

AU.  Considerando que, para preservar la eficacia de los antibióticos reservados exclusivamente para uso humano y minimizar los riesgos de aparición de resistencia a esos antibióticos críticos, es esencial prohibir el uso de determinadas familias de antibióticos en la medicina veterinaria; que la Comisión debería especificar qué antibióticos o grupos de antibióticos han de reservarse al tratamiento de determinadas infecciones en el ser humano;

AV.  Considerando que la declaración política adoptada por los jefes de Estado en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en septiembre de 2016 y el Plan de Acción Mundial, de mayo de 2015, pusieron de manifiesto el compromiso, a nivel mundial, de adoptar un enfoque general y coordinado para abordar las causas subyacentes de la resistencia a los antimicrobianos en múltiples sectores;

AW.  Considerando que las cifras frecuentemente citadas de 25 000 muertes anuales en la Unión relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos y los costes conexos de más de 1 500 millones de euros se remontan a 2007 y que es preciso disponer de información constantemente actualizada sobre el impacto real de la resistencia a los antimicrobianos; que la magnitud del problema pone de manifiesto la clara necesidad de un Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos;

La Unión como región modelo en materia de buenas prácticas

1.  Opina que, con el fin de tomar medidas suficientes para abordar la resistencia a los antimicrobianos, el principio de «Una sola salud» debe desempeñar un papel central, reflejando el hecho de que la salud humana y animal y el medio ambiente están interconectados y de que las enfermedades se transmiten de personas a animales y viceversa; resalta, por tanto, que debe hacerse frente a las enfermedades tanto en personas como en animales, teniendo en cuenta también especialmente la cadena alimentaria y el medio ambiente, que pueden ser otra fuente de microorganismos resistentes; subraya el importante papel de la Comisión en la coordinación y la supervisión de los planes de acción nacionales aplicados por los Estados miembros y la importancia de la cooperación entre administraciones;

2.  Destaca la necesidad de un calendario para el Plan de Acción europeo «Una sola salud»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en lo que respecta a la resistencia a los antimicrobianos, incluyan objetivos mensurables y vinculantes, junto con metas ambiciosas, tanto en el Plan de Acción europeo «Una sola salud» como en los planes de acción nacionales, para permitir una evaluación comparativa;

3.  Destaca que la utilización prudente y correcta de los antimicrobianos es esencial al objeto de limitar la aparición de la resistencia a los antimicrobianos en la salud humana, la cría de animales y la acuicultura; hace hincapié en que existen grandes diferencias en la manera en que los Estados miembros gestionan y afrontan la resistencia a los antimicrobianos, por lo que resulta vital coordinar los planes nacionales con objetivos específicos marcados; destaca que la Comisión desempeña un papel fundamental en la coordinación y la supervisión de las estrategias nacionales; subraya la necesidad de una aplicación intersectorial (particularmente en el próximo programa marco de investigación e innovación de la Unión (9.º PM)) y en distintos medios del concepto de «Una sola salud», que no parece haberse concretizado todavía en suficiente medida en el plan de acción de la Comisión; insiste en que debería regularse estrictamente el uso de antibióticos con fines preventivos en la medicina veterinaria, conforme a lo dispuesto en el futuro Reglamento sobre medicamentos veterinarios;

4.  Recomienda que en la Red «Una sola salud», de reciente creación, y en la Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (EU-JAMRAI) se cuente también con la participación de otras partes interesadas pertinentes, además de los Estados miembros;

5.  Pide a la Comisión que lleve a cabo y publique una evaluación intermedia y una evaluación ex post del Plan de Acción «Una sola salud» y que implique a todas las partes interesadas pertinentes en el procedimiento de evaluación;

6.  Subraya que una acción común a nivel de la Unión para hacer frente a la amenaza creciente que las bacterias resistentes a los antibióticos suponen para la salud humana y animal y para el medio ambiente solo puede prosperar sobre la base de un registro de datos normalizado; pide, por consiguiente, a la Comisión que proponga y desarrolle procedimientos e indicadores adecuados para medir y comparar el progreso en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y que vele por la presentación y evaluación de datos normalizados;

7.  Observa que los indicadores de la Unión recientemente adoptados que ayudan a los Estados miembros a seguir su progreso en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos solo se centran en el consumo de antibióticos y no reflejan la idoneidad de su uso; pide al ECDC que modifique los indicadores de la Unión en consecuencia;

8.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre el volumen de antibióticos producidos por los fabricantes y que informe al respecto;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen la vigilancia, el seguimiento y la notificación de las pautas de la resistencia a los antimicrobianos y de los patógenos resistentes y que presenten dichos datos al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS); subraya, además, que la recogida sistemática de todos los datos pertinentes y comparables sobre el volumen de ventas es de la máxima importancia; pide a la Comisión que, en consulta con la EMA, la EFSA y el ECDC, y teniendo en cuenta la lista mundial de patógenos prioritarios de la OMS, elabore una lista de patógenos prioritarios de la Unión tanto para seres humanos como para animales, en la que establezca claramente las futuras prioridades en materia de I+D; pide asimismo a la Comisión que anime y apoye a los Estados miembros a establecer objetivos nacionales para la vigilancia y la reducción de la resistencia a los antimicrobianos y de las infecciones nosocomiales, y a realizar un seguimiento al respecto;

10.  Pide a la Comisión que lleve a cabo estudios normalizados para la recopilación de datos sobre las infecciones nosocomiales y que investigue los riesgos para las poblaciones grandes de personas y animales durante epidemias y pandemias;

11.  Destaca que un mejor intercambio de información y datos a escala local, regional y nacional sobre nuevos problemas para la salud humana y animal y el uso de sistemas de alerta temprana pueden ayudar a los Estados miembros a adoptar medidas de contención apropiadas para limitar la propagación de organismos resistentes;

12.  Insta a que se amplíen el papel y los recursos humanos y financieros de todas las agencias de la Unión pertinentes en el ámbito de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones nosocomiales; considera que es primordial que exista una colaboración estrecha entre las agencias de la Unión y los proyectos financiados por esta;

13.  Urge a la Comisión y a los Estados miembros a que presenten informes periódicos y precisos sobre las cifras de casos de resistencia a los antimicrobianos detectados en seres humanos, además de estadísticas actualizadas y correctas de mortalidad por resistencia a los antimicrobianos;

14.  Subraya que la supervisión de la cría de animales para fines de agricultura e industria alimentaria, la prevención de infecciones, la educación para la salud, las medidas de bioseguridad, los programas de detección activa y las prácticas de control son fundamentales a la hora de controlar todos los microorganismos infecciosos, ya que reducen la necesidad de antimicrobianos y, por lo tanto, las oportunidades de que los microorganismos se desarrollen y propaguen la resistencia; destaca la necesidad de que se notifique obligatoriamente a las autoridades sanitarias públicas todos los pacientes infectados detectados o identificados como portadores de bacterias altamente resistentes; subraya la necesidad de elaborar directrices sobre el aislamiento de los portadores hospitalizados y de crear un grupo operativo profesional multidisciplinario que responda directamente ante los ministerios de Sanidad nacionales;

15.  Destaca la necesidad de disponer de un sistema de recopilación de datos de la Unión sobre el uso correcto de todos los antibióticos; pide que se desarrollen protocolos para la prescripción y la utilización de los antibióticos a escala de la Unión en los que se reconozca la responsabilidad en esta cuestión de los veterinarios y los médicos de asistencia primaria, entre otros; pide, además, que se recopilen de forma obligatoria a escala nacional todas las prescripciones de antibióticos y que se registren en una base de datos controlada y coordinada por expertos en infecciones, a fin de difundir el conocimiento sobre la mejor manera de utilizarlos;

16.  Lamenta en este sentido que la Comisión no propusiera a su debido tiempo un enfoque estratégico para el problema de la contaminación del agua por sustancias farmacéuticas, tal como estipulaba la Directiva marco sobre el agua(20); urge a la Comisión y a los Estados miembros, por tanto, a que elaboren sin demora una estrategia a nivel de la Unión para el procesamiento de residuos de medicamentos en el agua y el medio ambiente, prestando suficiente atención al control, a la recopilación de datos y a un análisis mejorado de las consecuencias de la resistencia a los antimicrobianos en los recursos hídricos y el ecosistema acuático; señala la utilidad de un enfoque de cadena integrada en lo que respecta a los residuos de medicamentos y la resistencia antimicrobiana en el medio ambiente(21);

17.  Subraya que la contaminación de aguas y suelos por los residuos de antibióticos de uso humano y veterinario es un problema creciente y que el propio medio ambiente es una fuente potencial de nuevos microorganismos resistentes; pide, por tanto, a la Comisión que preste una atención mucho mayor al medio ambiente en el marco del concepto de «Una sola salud»;

18.  Recuerda que las cifras frecuentemente citadas de 25 000 muertes anuales en la Unión relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos y los costes conexos de más de 1 500 millones de euros se remontan a 2007 y que es preciso disponer de información constantemente actualizada sobre el impacto real de la resistencia a los antimicrobianos;

19.  Recuerda que la salud es un factor de productividad y competitividad, así como uno de los problemas de mayor preocupación para los ciudadanos;

20.  Pide a la Comisión que amplíe su financiación a Eucast, que se ocupa de los aspectos técnicos de los antibiogramas fenotípicos in vitro y funciona como comité frontal de la EMA y el ECDC;

21.  Insta a la Comisión a que asigne específicamente financiación adicional en el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027 para la investigación de piensos alternativos no terapéuticos con vistas a su aplicación en la cría de animales;

22.  Respalda, como mínimo, la respuesta del Consejo al proyecto de Código de prácticas para reducir al mínimo y contener la resistencia a los antimicrobianos, del Codex Alimentarius, y sus principios 18 y 19 sobre el uso responsable y prudente de los antimicrobianos;

23.  Fomenta que se preste atención al cumplimiento de las directrices sobre el control de infecciones, a la integración de objetivos para la reducción de los índices de infección y al apoyo a las buenas prácticas al objeto de ayudar a abordar la seguridad de los pacientes en el entorno hospitalario;

24.  Pide a la Comisión, al ECDC y a los Estados miembros que fomenten el uso de toallas monouso en aquellos locales donde la higiene sea crítica, como las instituciones sanitarias, las instalaciones de procesado de alimentos y las guarderías;

25.  Recuerda que la alimentación es uno de los posibles vehículos para la transmisión de bacterias resistentes de los animales a los seres humanos y que, además, las bacterias farmacorresistentes pueden circular por poblaciones de seres humanos y animales a través del agua y el medio ambiente; toma nota de los riesgos de infección por organismos resistentes a través de cultivos contaminados que hayan sido tratados con agentes antimicrobianos o a través del abono y de las filtraciones de los corrales al agua subterránea; señala, en este contexto, que la propagación de estas bacterias está condicionada por el comercio, los viajes y la migración humana y animal;

26.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que preparen mensajes sobre salud pública a fin de incrementar la sensibilización ciudadana y, de este modo, fomentar un cambio de comportamiento respecto del uso y la gestión responsable de los antibióticos, en particular del uso con fines profilácticos; subraya la importancia de promover una «cultura sanitaria digital», ya que es crucial que los pacientes comprendan la información sanitaria y sean capaces de seguir las instrucciones de un tratamiento con exactitud; subraya que las medidas preventivas, incluidas las de buena higiene, deberían ampliarse para reducir la demanda de antibióticos; destaca que la sensibilización sobre los peligros de la automedicación y la prescripción excesiva debería ser un componente central de una estrategia preventiva;

27.  Pide a los Estados miembros que elaboren mensajes sobre salud pública para sensibilizar al público acerca del vínculo entre las infecciones y la higiene personal; hace hincapié en que una manera eficaz de reducir el uso de antimicrobianos consiste, antes que nada, en evitar que las infecciones lleguen a propagarse; fomenta, en este sentido, la promoción de iniciativas de cuidado personal;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estrategias que ayuden a que los pacientes respeten y cumplan los tratamientos con antibióticos, o cualesquiera otros tratamientos adecuados, prescritos por profesionales médicos;

29.  Insta a la Comisión a que, de acuerdo con el planteamiento de «Una sola salud», proponga directrices en las que se establezcan las mejores prácticas para el desarrollo de normas de calidad armonizadas que se apliquen en los planes de estudios a escala de la Unión con el fin de fomentar la educación interdisciplinaria, la prevención de las infecciones y los programas de formación dirigidos a los profesionales de la salud y al público en general, de garantizar la buena conducta de los profesionales sanitarios y de los veterinarios en relación con la prescripción, la dosificación, el uso y la eliminación de los antimicrobianos y del material contaminado resistente a los antimicrobianos(22), y de garantizar el establecimiento y la implantación de equipos multidisciplinares de gestión de antibióticos en centros hospitalarios;

30.  Hace hincapié en que un tercio de las prescripciones se realiza en el sector de la asistencia primaria, por lo que dicho sector debería considerarse una prioridad en los protocolos de uso; destaca la necesidad de contar con especialistas en enfermedades infecciosas para la elaboración de estos protocolos, así como para su control y seguimiento; pide a la Comisión que elabore directrices para el uso de estos protocolos en el ámbito de la salud humana; pide a los Estados miembros que revisen todos los protocolos existentes, especialmente los de uso profiláctico durante la cirugía; acoge favorablemente los proyectos actuales a escala nacional, como el programa Pirasoa, en cuanto ejemplos de buenas prácticas en relación con un uso racional en la asistencia primaria y los hospitales; fomenta el desarrollo de mecanismos con los que intercambiar mejores prácticas y protocolos;

31.  Es consciente de que, a menudo, los profesionales sanitarios tienen que tomar decisiones rápidas sobre la indicación terapéutica de un tratamiento con antibióticos; observa que las pruebas de diagnóstico rápido pueden ayudar a respaldar una toma de decisiones eficaz y precisa;

32.  Anima a los Estados miembros a que prevengan la propagación de infecciones por bacterias resistentes poniendo en práctica programas de detección activa con tecnologías de diagnóstico rápido a fin de identificar de forma rápida a los pacientes infectados con bacterias multirresistentes y de establecer medidas de control de infecciones adecuadas (como el aislamiento de pacientes o de grupos de pacientes y las medidas de higiene reforzadas);

33.  Es consciente de que el coste de las herramientas de diagnóstico rápido puede ser superior al precio de los antibióticos; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que propongan incentivos para que el sector desarrolle métodos de prueba eficaces, eficientes y de bajo coste, y utilice en mayor medida las herramientas de diagnóstico rápido; destaca que las herramientas de diagnóstico rápido solo están disponibles a escala nacional en el 40 % de los países de la OCDE; pide a las compañías de seguros de salud que cubran el coste adicional derivado de la utilización de herramientas de diagnóstico rápido, dados los beneficios que se obtendrán a largo plazo al evitar el uso innecesario de antimicrobianos;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que restrinjan la venta de antibióticos por aquellos profesionales de la salud humana y animal que los prescriben, y que eliminen cualquier incentivo, pecuniario o de otro tipo, para la prescripción de antibióticos, sin dejar de garantizar al mismo tiempo un acceso lo suficientemente rápido a la medicina veterinaria de urgencias; subraya que muchos antimicrobianos se utilizan tanto en seres humanos como en animales, que algunos de estos antimicrobianos son esenciales para prevenir o tratar infecciones humanas potencialmente mortales, y que, por tanto, debería prohibirse su uso en animales; subraya que estos antimicrobianos deberían reservarse exclusivamente para el tratamiento de los seres humanos con el fin de preservar su eficacia en el tratamiento de infecciones humanas durante el mayor tiempo posible; considera que se debería permitir a los Estados miembros introducir o mantener medidas más estrictas en relación con la restricción de las ventas de antibióticos;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan medidas firmes contra la venta ilegal de antimicrobianos en la Unión o contra su venta sin la prescripción de un médico o un veterinario;

36.  Hace hincapié en la importancia de las vacunas y las herramientas de diagnóstico para combatir la resistencia a los antimicrobianos y las infecciones nosocomiales; recomienda la integración de los objetivos de vacunación a lo largo de la vida y de control de las infecciones en la población, en particular en los grupos de alto riesgo, como un elemento clave de los planes de acción nacionales en materia de resistencia a los antimicrobianos; destaca la importancia que reviste, por otra parte, que el público en general disponga de información accesible y esté concienciado al objeto de impulsar la tasa de vacunación en la asistencia sanitaria humana y veterinaria, y de combatir así las enfermedades y la resistencia a los antimicrobianos de manera rentable;

37.  Pone de relieve que en el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos se constata que la inmunización por vacunación constituye una intervención sanitaria rentable en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos(23), y que la Comisión ha anunciado en dicho Plan incentivos para promover el recurso a diagnósticos, alternativas a los antimicrobianos y vacunas(24), pero que los costes relativamente elevados de todos ellos en comparación con los antibióticos comunes representan un obstáculo para el aumento de la tasa de vacunación que persigue el Plan de Acción(25); subraya que diversos Estados miembros ya consideran y han introducido la vacunación como una medida estratégica importante para el mercado agrario de la Unión, tanto para la prevención de brotes transfronterizos de enfermedades animales como para limitar el riesgo de contagio;

38.  Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para prevenir y controlar infecciones que puedan conducir a la septicemia; pide a los Estados miembros que incluyan medidas específicas para mejorar la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento clínico de la septicemia en sus planes nacionales de acción contra la resistencia a los antimicrobianos;

39.  Pide a la Comisión que estudie la mejor manera de aprovechar el potencial de las redes europeas de referencia para enfermedades raras y evalúe su posible implicación en la investigación sobre la resistencia a los antimicrobianos;

40.  Destaca que la contaminación del medio ambiente por los residuos de antibióticos de uso humano y veterinario, en particular en la cría de animales, los hospitales y los hogares, es un problema emergente que exige medidas políticas coherentes para evitar la propagación de la resistencia a los antimicrobianos entre los ecosistemas, los animales y las personas; anima a que se sigan investigando las dinámicas de transmisión y el impacto relativo de esta contaminación en la resistencia a los antimicrobianos; pide, por tanto, que se creen sinergias entre el enfoque «Una sola salud» y los datos de seguimiento existentes en materia medioambiental, en particular a través de las listas de observación de la Directiva marco sobre el agua, con vistas a mejorar los conocimientos sobre la aparición y la propagación de los agentes antimicrobianos en el medio ambiente;

41.  Observa que las bacterias expuestas a los herbicidas reaccionan de forma diferente a los antibióticos clínicamente pertinentes; toma nota de la frecuencia de los cambios en la resistencia a los antibióticos inducidos por el uso de antibióticos y herbicidas autorizados, así como del hecho de que los efectos de estos cambios escapan a la supervisión normativa;

42.  Pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas para hacer frente al vertido de productos farmacéuticos, incluidos los antimicrobianos, en el medio ambiente a través de las aguas residuales y las depuradoras de aguas residuales, como un factor esencial en la aparición de la resistencia a los antimicrobianos;

43.  Pide que se revisen las evaluaciones del riesgo medioambiental como parte del proceso de autorización de la comercialización de antimicrobianos y de productos más antiguos que ya están en el mercado; pide que se cumplan rigurosamente las prácticas correctas de fabricación de la Unión y las normas de adquisición ecológicas en relación con la producción y distribución de productos farmacéuticos y el vertido de antibióticos en el medio ambiente;

44.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden el rápido aumento de los niveles de hongos multirresistentes mediante la revisión del uso de fungicidas en el sector agrícola e industrial;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen progresivamente el uso de compuestos o productos químicos antimicrobianos en entornos no clínicos, como por ejemplo los productos de limpieza diaria y otros bienes de consumo;

46.  Destaca la urgente necesidad de llevar a cabo una investigación profunda sobre el impacto que la presencia de sustancias antimicrobianas en los cultivos alimentarios y en el pienso animal tiene en el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos, así como sobre la comunidad microbiana en el suelo;

47.  Señala, en este sentido, que es necesaria una evaluación ex ante escrupulosa de los costes que comportaría para la sociedad un enfoque de tipo final de proceso;

48.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen sus códigos de buenas prácticas agrarias y las mejores técnicas disponibles correspondientes en el marco de la Directiva sobre las emisiones industriales(26) para incluir disposiciones sobre el tratamiento de abonos que contengan antibióticos o microorganismos resistentes a los antimicrobianos;

49.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el desarrollo de medicamentos sostenibles con un impacto mínimo en el medio ambiente y el agua, y que promuevan más innovaciones en este ámbito en el sector farmacéutico;

50.  Pone de relieve que no todos los Estados miembros disponen de recursos suficientes para concebir y aplicar estrategias nacionales integrales en materia de resistencia a los antimicrobianos; urge a la Comisión a que proporcione a los Estados miembros información clara sobre los recursos disponibles a escala de la Unión para abordar la resistencia a los antimicrobianos y a que destine más financiación específica a este fin;

51.  Pide a la Comisión que examine y revise los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles (BREF) con arreglo a la Directiva sobre las emisiones industriales en relación con las emisiones de las fábricas de antibióticos;

52.  Insta a la Comisión a que aplique eficazmente la legislación vigente en todos los ámbitos relacionados con la resistencia a los antimicrobianos para garantizar que esta amenaza se aborda en todas las políticas;

53.  Subraya la importancia de un planteamiento que evalúe el ciclo de vida, desde la producción y la prescripción hasta la gestión de los residuos farmacéuticos; pide a la Comisión que aborde la cuestión de la eliminación de los antibióticos, respecto de la cual deberían examinarse alternativas a la incineración, como la gasificación;

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las cuestiones medioambientales se incorporen al sistema de farmacovigilancia para productos farmacéuticos de uso humano y se refuercen en el caso de los productos farmacéuticos veterinarios, en particular en relación con la resistencia a los antimicrobianos;

55.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan normas de calidad (valores umbral) o requisitos para las evaluaciones del riesgo a fin de asegurar que las concentraciones de antibióticos y microorganismos resistentes a los antimicrobianos pertinentes en los abonos, los lodos de depuración y el agua de riego son seguras antes de que puedan propagarse en los campos agrícolas;

56.  Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, lance una campaña informativa a escala de la Unión para los consumidores y las empresas sobre la acuicultura en general y, en particular, sobre las diferencias entre las normas estrictas e integrales del mercado de la Unión y las que se exigen a los productos importados de terceros países, haciendo especial hincapié en los problemas que para la seguridad alimentaria y la salud pública pueden provocar la introducción en la Unión de microorganismos especialmente resistentes y la resistencia a los antimicrobianos;

57.  Pide que se suprima gradualmente el uso sistemático de antimicrobianos con fines profilácticos y metafilácticos en grupos de animales de explotación, y aboga por que se prohíba por completo el uso de antibióticos de último recurso en animales destinados a la producción de alimentos; hace hincapié en que unas buenas prácticas zootécnicas y de higiene, una gestión adecuada de las explotaciones y las inversiones en estos ámbitos contribuyen a la prevención de las infecciones y, por ende, a la reducción del uso de antibióticos; insta a la Comisión a que presente una nueva estrategia de la Unión sobre bienestar animal, conforme a lo ya preconizado por el Parlamento, con el objetivo a largo plazo de crear una legislación en materia de bienestar animal; insta a la Comisión a que lleve a la práctica sin dilación los puntos pendientes de la Estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015;

58.  Subraya que la salud y el bienestar de los animales destinados a la producción de alimentos se sustentan en la buena gestión de las explotaciones, la bioseguridad y unos sistemas adecuados de cría de animales y que, cuando todo ello se aplica debidamente, se minimiza la susceptibilidad a las enfermedades bacterianas y la necesidad de utilizar antibióticos en los animales;

59.  Opina que se debe fomentar una financiación adecuada de las inversiones en las explotaciones, como, por ejemplo, en viviendas de calidad, ventilación, limpieza, desinfección, vacunación y bioseguridad, y que dicha financiación no debería verse socavada en la futura política agrícola común (PAC); reconoce, en este sentido, la importancia de que los agricultores y ganaderos estén concienciados sobre el bienestar animal, la salud animal y la seguridad alimentaria; toma nota de la importancia de promover y aplicar buenas prácticas en todas las fases de la producción y transformación de los productos alimentarios, así como de la importancia de unos piensos seguros y nutricionalmente equilibrados, de unas estrategias específicas de alimentación, y de la composición, formulación y procesamiento de los piensos;

60.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros —también en el contexto de la reforma de la PAC— que creen mayores sinergias y que, de conformidad con las conclusiones del Plan de Acción «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, prevean un apoyo y unos incentivos financieros eficaces para aquellos ganaderos que puedan demostrar que han reducido de forma significativa el uso de antibióticos y conseguido un alto grado de vacunación de su ganado;

61.  Pone de relieve que un buen saneamiento e higiene de las explotaciones resulta fundamental; pide a la Comisión que elabore directrices sobre el uso de antibióticos en animales y las condiciones higiénicas de las explotaciones; pide a los Estados miembros que elaboren planes específicos y refuercen el control de las condiciones sanitarias;

62.  Recuerda las medidas preventivas que deben tomarse antes de recurrir a tratamientos antimicrobianos de grupos enteros (metafilaxis) de animales destinados a la producción de alimentos:

   el uso de animales reproductores sanos que crezcan de forma natural, con una diversidad genética adecuada;
   condiciones que respeten las necesidades de comportamiento de las especies, incluidas las interacciones y las jerarquías sociales;
   el mantenimiento de una concentración de animales que no aumente el riesgo de transmisión de enfermedades;
   el aislamiento de los animales enfermos con respecto al resto del grupo;
   (en el caso de pollos y animales pequeños) la subdivisión en grupos más pequeños, separados físicamente;
   la aplicación de las normas vigentes sobre bienestar animal que ya son objeto de condicionalidad, tal y como establecen los requisitos legales de gestión (RLG) 11, 12 y 13 del anexo II al Reglamento (UE) n.º 1306/2013(27);

63.  Considera que los requisitos para garantizar que el etiquetado mencione el uso de antibióticos mejorarían el conocimiento de los consumidores y les permitirían tomar decisiones más fundamentadas; pide a la Comisión que cree un sistema armonizado para el etiquetado basado en normas sobre bienestar animal y buenas prácticas de zootecnia, conforme a lo ya previsto en 2009(28);

64.  Destaca asimismo los recientes resultados de estudios científicos (febrero de 2018), que demuestran que la betalactamasa de espectro ampliado (BLEA) solo se transmite a las personas a muy pequeña escala debido a la explotación de ganado o el consumo de carne, y que su transmisión se produce mayoritariamente de una persona a otra(29);

65.  Subraya que la ganadería intensiva puede conllevar la administración inadecuada y rutinaria de antibióticos en pienso para el ganado y las aves para promover un crecimiento más rápido, así como su uso generalizado con fines profilácticos para prevenir la propagación de enfermedades derivadas de las condiciones de falta de espacio, confinamiento y estrés en que se mantiene a los animales y que inhiben sus sistemas inmunitarios, y para compensar las condiciones de insalubridad en que son criados;

66.  Considera que nuestro entendimiento de la propagación de la resistencia a los antimicrobianos desde los animales de las explotaciones a los humanos ya es bastante sólido, pero no ha quedado reflejado adecuadamente en el Plan de Acción; observa que el Plan de Acción solo pide una mayor investigación y la subsanación de las lagunas de conocimiento sobre esta cuestión, lo cual podría posponer una actuación muy necesaria;

67.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan una distinción entre ganadería y animales de compañía, en particular en lo relativo al diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación del uso de antimicrobianos en la medicina veterinaria y al desarrollo de medidas para abordar su uso;

68.  Subraya que se ha desarrollado un sistema integral de seguimiento de los antibióticos en la agricultura en colaboración con veterinarios, el cual documenta ampliamente el uso de los antibióticos y mejora en mayor medida su aplicación; lamenta que no exista por el momento un sistema semejante en el ámbito de la medicina humana;

69.  Observa que la existencia de una correlación entre la resistencia a los antibióticos encontrada en animales destinados a la producción de alimentos (por ejemplo, los pollos de engorde) y una gran proporción de infecciones bacterianas en humanos, procedentes del manejo, la preparación y el consumo de la carne de estos animales, también ha sido confirmada por las agencias de la Unión(30);

70.  Subraya que las investigaciones demuestran que las medidas que restringen el uso de antibióticos en animales destinados a la producción de alimentos se vinculan a una reducción de la presencia en estos animales de bacterias resistentes a los antibióticos(31);

71.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en vista de este reciente estudio(32), den muestra de prudencia y proporcionalidad a la hora de adoptar medidas, y lleven a cabo una evaluación y clasificación escrupulosas de los antibióticos y de la resistencia a los antimicrobianos en toda la legislación pertinente, a fin de evitar que se limite de manera innecesaria la disponibilidad de medios para combatir determinados protozoarios, como los coccidianos, en el sector ganadero europeo y se provoque de este modo sin quererlo un aumento del riesgo de contagio de personas con bacterias peligrosas, como la salmonela y los microbios de los alimentos;

72.  Lamenta que no se haya asignado ningún recurso al Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos y que no se haga un uso más ambicioso de las herramientas legislativas; pide a la Comisión que sea más ambiciosa en cualquier futuro plan de acción que elabore y que realice esfuerzos más decididos para aplicarlo en su totalidad;

73.  Lamenta que el enfoque estratégico de la Comisión, que es fundamentalmente correcto, se reduzca a menudo a declaraciones de intenciones y pide a la Comisión que concrete dicho enfoque;

74.  Pide a la Comisión que coordine y supervise las estrategias nacionales para permitir el intercambio de las mejores prácticas entre Estados miembros;

75.  Insta a los Estados miembros a que elaboren estrategias nacionales ambiciosas para hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos en el sector de la producción de animales y que incluyan metas cuantitativas para la reducción del uso veterinario de antimicrobianos, teniendo en cuenta las circunstancias locales; subraya que deberían participar en su aplicación todos los sectores a lo largo de toda la cadena alimentaria;

76.  Observa que algunos Estados miembros han definido jurídicamente la figura de los asesores profesionalmente cualificados en materia de medicina animal y autorizados por las autoridades competentes para prescribir determinados medicamentos veterinarios; subraya que los planes de acción nacionales sobre resistencia a los antimicrobianos no deberían prohibir que estas personas prescriban y administren, cuando sea necesario, determinados medicamentos veterinarios, dada la importante función que desempeñan en las comunidades rurales aisladas;

77.  Hace hincapié en la importancia de que se intercambien las mejores prácticas entre los Estados miembros y de que la Comisión coordine dichos intercambios; acoge con satisfacción, en este sentido, la disminución del consumo de antibióticos en el sector ganadero en los Países Bajos con cifras de hasta un 64,4 % entre 2009 y 2016, así como la intención expresada por dicho país de seguir reduciéndolo hasta 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten también este modelo de colaboración público-privada entre las autoridades públicas, la industria, los científicos y los veterinarios en otras partes de la Unión;

78.  Insta a los Estados miembros a que consideren la aplicación de incentivos fiscales positivos (exenciones fiscales para los agricultores) y negativos (impuestos sobre las ventas de antibióticos, como los que se aplican actualmente con éxito en Bélgica y Dinamarca) a los antibióticos utilizados en la cría de animales para fines no terapéuticos;

Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en relación con la resistencia a los antimicrobianos

79.  Señala que, con una inversión de 1 300 millones de euros en resistencia a los antimicrobianos, la Unión es líder en este campo, y que entre sus logros se encuentran la puesta en marcha del programa «New Drugs for Bad Bugs» (ND4BB)(33) y la Iniciativa de Programación Conjunta en materia de resistencia a los antimicrobianos (JPIAMR)(34); subraya la necesidad de que las acciones de investigación sean eficaces y estén coordinadas; celebra, por consiguiente, iniciativas tales como ERA-NET para el establecimiento de sinergias entre la JPIAMR y Horizonte 2020; destaca que, hasta la década de los sesenta del siglo pasado, se desarrollaron más de veinte clases de antibióticos nuevas y observa con preocupación que, en los últimos años, no se han introducido clases de antimicrobianos realmente novedosas;

80.  Insta a la Comisión a que considere un nuevo marco legislativo para estimular el desarrollo de antimicrobianos nuevos para uso humano, tal y como ya solicitó el Parlamento el 10 de marzo de 2016 en sus enmiendas a la propuesta de Reglamento sobre medicamentos veterinarios y en su Resolución de 19 de mayo de 2015; observa que, en el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, la Comisión se comprometió asimismo a «[analizar] los instrumentos e incentivos reguladores de la Unión —en particular la legislación relativa a los huérfanos y pediatría— con el fin de utilizarlos para lograr nuevos antimicrobianos»;

81.  Celebra que la EFSA y la EMA hayan examinado y debatido recientemente una serie de alternativas al uso de los antimicrobianos en los animales destinados a la producción de alimentos, algunas de las cuales han demostrado arrojar resultados prometedores en la mejora de los parámetros de salud animal durante los estudios experimentales; recomienda, por consiguiente, que se dé un nuevo impulso a la investigación científica de alternativas y se conciba un marco legislativo de la Unión que estimule su desarrollo y aclare el camino para su autorización;

82.  Recuerda que la generación clásica de antibióticos, que se basa en una serie de técnicas de modificación de los antibióticos obtenidos de la naturaleza, se ha agotado y que las inversiones en I+D para la creación de una nueva generación deberían romper este paradigma tradicional de los antibióticos; acoge con satisfacción las nuevas técnicas que ya han sido desarrolladas como, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que reducen la virulencia de las bacterias, no matándolas, sino inutilizándolas;

83.  Observa que la ciencia y la investigación desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de normas para combatir la resistencia a los antimicrobianos;

84.  Acoge con satisfacción los recientes proyectos de investigación de tratamientos antibióticos alternativos, tales como la fagoterapia, entre los que se halla el proyecto Phagoburn financiado por la Unión; observa que, hasta la fecha, no se ha autorizado ninguna terapia fágica en la Unión; pide a la Comisión que proponga un marco para la fagoterapia sobre la base de las últimas investigaciones científicas;

85.  Toma nota de los últimos estudios sobre el desarrollo de probióticos de nueva generación para uso concomitante con tratamientos antibióticos en entornos clínicos, que han demostrado reducir las infecciones nosocomiales causadas por bacterias sumamente resistentes a los antibióticos(35);

86.  Observa que la I+D de planteamientos novedosos en relación con el tratamiento y la prevención de infecciones es igual de importante y que entre estos planteamientos puede incluirse el uso de sustancias para reforzar la respuesta inmune a la infección bacteriana, como por ejemplo los prebióticos y los probióticos;

87.  Alienta a la EMA a que, en colaboración con la EFSA y el ECDC, revise toda la información disponible sobre las ventajas y los riesgos de los agentes antimicrobianos más antiguos, incluida la combinación de varios antibióticos, y a que evalúe si se precisa algún cambio de sus usos autorizados; destaca que debería fomentarse el diálogo entre los innovadores y las autoridades reguladoras en las fases iniciales para adaptar, cuando sea necesario, el marco regulador a fin de priorizar y agilizar el desarrollo de medicamentos antimicrobianos y permitir un acceso más rápido a los mismos;

88.  Anima a la Comisión a que introduzca un procedimiento acelerado para poder prohibir temporalmente el uso de antimicrobianos autorizados para fines industriales o agrícolas cuando exista la sospecha de que tienen efectos negativos graves sobre la resistencia microbiana y hasta que se realicen nuevos estudios de su repercusión;

89.  Recuerda que la calidad deficiente de los medicamentos para personas o animales con bajas concentraciones de principios activos o su uso prolongado favorece la aparición de microbios resistentes; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que legislen o mejoren las leyes para velar por que los medicamentos tengan una calidad garantizada, sean seguros y eficaces y se utilicen de conformidad con unos principios estrictos;

90.  Pide a la Comisión que aumente la financiación destinada a una I+D temprana y de carácter intersectorial e interdisciplinario en materia de epidemiología e inmunología de los patógenos resistentes a los antimicrobianos y de detección de infecciones nosocomiales, en particular las vías de transmisión entre animales y humanos y el medio ambiente; pide a la Comisión que apoye la investigación sobre la higiene de manos y el efecto de los diferentes métodos de lavado y secado de manos en la transmisión de agentes patógenos potenciales;

91.  Pide a la Comisión que invierta por igual en el desarrollo de alternativas no antibióticas para la salud animal, incluidos los promotores del crecimiento, y en el desarrollo de nuevas moléculas para el desarrollo de antibióticos nuevos; destaca que los antibióticos nuevos no se deben utilizar para promocionar la salud animal o su crecimiento, y que aquellas industrias que reciban fondos públicos para el desarrollo de antibióticos nuevos tendrán que dejar de distribuir y/o utilizar antibióticos para la promoción de la salud o el crecimiento de los animales;

92.  Acoge con satisfacción los últimos proyectos de investigación transfronterizos sobre la gestión de antimicrobianos y la prevención de infecciones, como el proyecto i-4-1-Health Interreg financiado por la Unión; pide a la Comisión que incremente la financiación destinada a la investigación de medidas para prevenir las infecciones nosocomiales;

93.  Pide a la Comisión que siga apoyando las labores de I+D sobre la resistencia a los antimicrobianos, incluidas las infecciones mundiales relacionadas con la asistencia sanitaria definidas en los ODS, en especial la tuberculosis farmacorresistente, así como el paludismo, el VIH y las enfermedades tropicales desatendidas, en el contexto del próximo programa marco de investigación e innovación de la Unión, dedicando, entre otras cosas, una misión específica de dicho programa a la lucha mundial contra la resistencia a los antimicrobianos;

94.  Pide a la Comisión que aplique restricciones al transporte de animales vivos procedentes de zonas donde el actual sistema de seguimiento haya detectado cepas de bacterias resistentes a los antimicrobianos;

95.  Toma nota de que algunos productos fitosanitarios también pueden presentar propiedades antimicrobianas, lo que influiría en la propagación de la resistencia a los antimicrobianos; pide que se continúe investigando el posible vínculo entre la exposición a fórmulas comerciales de plaguicidas y herbicidas y el desarrollo de la resistencia a los antimicrobianos; reconoce que los herbicidas son objeto de pruebas sistemáticas en lo que respecta a su toxicidad, pero no a sus efectos subletales en los microbios, e insiste, por los motivos aducidos, en la importancia de plantearse la realización de estas pruebas con carácter sistemático;

96.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan un diálogo temprano y continuo con todas las partes interesadas al objeto de desarrollar incentivos adecuados a la I+D en el campo de la resistencia a los antimicrobianos; reconoce que no existe un planteamiento único para todos; insta a la Comisión a que incluya formalmente a la sociedad civil en los debates sobre «Una sola salud», por ejemplo mediante la creación y financiación de una red específica de partes interesadas;

97.  Subraya la necesidad de diferentes modelos de colaboración liderados por el sector público y en los que participe la industria; reconoce que la capacidad de la industria desempeña un papel crucial en la I+D en el ámbito de la resistencia a los antimicrobianos; insiste en que, a pesar de lo anterior, se requiere una mayor priorización y coordinación pública a nivel de I+D en este ámbito apremiante; pide, por tanto, a la Comisión que ponga en marcha una plataforma pública para proyectos de I+D en materia de resistencia a los antimicrobianos financiados con fondos públicos, así como para la coordinación de todas las acciones de I+D;

98.  Destaca a este respecto que el marco actual de innovación no permite estimular eficazmente la I+D sobre la resistencia a los antimicrobianos, y pide que se adapte y armonice el régimen de propiedad intelectual a escala europea, en particular para que la duración de la protección coincida mejor con el periodo solicitado para el medicamento innovador en cuestión;

99.  Considera que la investigación en materia de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos ya se lleva a cabo en muy diversos sitios de la Unión, sin que se disponga por el momento de una visión general apropiada del estado de la investigación en la Unión en su conjunto; sugiere por ello que se establezca una plataforma especial a nivel de la Unión para que los recursos en materia de investigación puedan utilizarse de forma más eficiente en el futuro;

100.  Recuerda la importancia de desarrollar coaliciones entre el mundo académico y las empresas biofarmacéuticas por lo que respecta al desarrollo de antibióticos nuevos, diagnósticos rápidos y terapias novedosas;

101.  Se congratula de las conclusiones del simposio técnico celebrado conjuntamente entre la OMS, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la resistencia a los antimicrobianos: Cómo promover la innovación, el acceso y un uso apropiado en materia de antibióticos(36), en el que se debatieron los nuevos modelos de I+D a fin de incentivarla y de desvincular, al mismo tiempo, los beneficios de los antibióticos de los volúmenes vendidos;

102.  Recuerda que el Reglamento sobre los ensayos clínicos(37) contribuirá a fomentar la investigación acerca de nuevos agentes antimicrobianos en la Unión; insta a la Comisión y a la EMA a que apliquen sin más dilación el Reglamento sobre los ensayos clínicos;

103.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden el desarrollo y la aceptación de nuevos modelos económicos, proyectos piloto y distintas medidas incentivadoras y disuasorias que estimulen el desarrollo de nuevas terapias, diagnósticos, antibióticos, productos sanitarios, vacunas y alternativas al uso de antimicrobianos; considera que estos instrumentos son significativos cuando, en el largo plazo, son sostenibles, se amoldan a las necesidades y se basan en pruebas, así como cuando se centran en prioridades públicas clave y respaldan un uso médico adecuado;

104.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de los actuales hábitos higiénicos y métodos de saneamiento de los hospitales y entornos sanitarios; pide a la Comisión que estudie el uso de probióticos y de otras tecnologías higiénicas sostenibles como enfoques de saneamiento eficaces para prevenir y reducir el número de infecciones nosocomiales atribuidas a la resistencia a los antimicrobianos;

105.  Alienta la adopción de tecnologías rentables que reduzcan los efectos de las infecciones nosocomiales en los hospitales y ayuden a prevenir la propagación de microorganismos multirresistentes;

106.  Anima a los Estados miembros a que promuevan sistemas de reembolso alternativos para facilitar la adopción de tecnologías innovadoras en los sistemas de salud nacionales;

107.  Observa que el modelo de negocio habitual para el desarrollo de medicamentos no es apto para el desarrollo de antibióticos ya que, con el tiempo, se puede generar resistencia y ya que se supone que estos deben utilizarse temporalmente y como último recurso; recuerda a la industria su responsabilidad empresarial y social de contribuir a la labor de luchar contra la resistencia a los antimicrobianos encontrando formas de ampliar la vida de los antibióticos y logrando así que el suministro de antibióticos eficaces sea sostenible, y pide que se creen incentivos a la investigación en este campo y se defina una vía normativa;

108.  Recuerda que tanto el Parlamento como el Consejo han solicitado que se revisen los incentivos actuales (es decir, los establecidos en el Reglamento sobre los medicamentos huérfanos(38)), debido a la mala utilización de estos y al elevado precio final; pide, por consiguiente, a la Comisión que analice el actual modelo de incentivos en I+D, así como el modelo de transferencia de mercados exclusivos, a fin de concebir modelos nuevos y definir la vía normativa;

109.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con los investigadores y la industria, desarrollen nuevos modelos de incentivos que desvinculen los pagos de las cantidades recetadas y que estimulen la inversión en todo el período de desarrollo y producción de los productos; destaca que el objetivo final de los incentivos a la I+D ha de ser garantizar un acceso asequible a antibióticos de calidad;

110.  Reconoce el papel fundamental que desempeñan los farmacéuticos a la hora de concienciar sobre el uso adecuado de los antimicrobianos, y de prevenir la resistencia a los antimicrobianos; anima a los Estados miembros a que amplíen sus responsabilidades y permitan la dispensación de cantidades exactas y la administración de determinadas vacunas y pruebas de diagnóstico rápido en las farmacias;

111.  Pide que los modelos de transferencia de mercados exclusivos o de recompensa por entrada en el mercado se consideren posibles incentivos sostenibles;

112.  Pide a la Comisión que lidere a nivel mundial la defensa de los modelos de mejores prácticas basados en pruebas para el diagnóstico precoz a fin de hacer frente a la resistencia a los antimicrobianos;

Configuración de la agenda mundial

113.  Subraya que, sin una acción armonizada e inmediata a escala internacional, el mundo va camino de una era posantibióticos en la que las infecciones comunes podrían volver a ser mortales;

114.  Recuerda que, debido a la complejidad del problema, su dimensión transfronteriza, las graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana y animal, y la elevada carga económica, la resistencia a los antimicrobianos exige una acción de la Unión urgente y coordinada, de carácter global e intersectorial; pide, por consiguiente, un compromiso claro por parte de la Unión y de los Estados miembros para establecer alianzas internacionales y europeas y para presentar una estrategia global transversal de lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, que abarque ámbitos políticos como el comercio internacional, el desarrollo y la agricultura;

115.  Se congratula de la lista de la OMS de los veinte patógenos más peligrosos resistentes a los antibióticos(39); pide que se lleven a cabo proyectos de I+D urgentes sobre esta lista de bacterias prioritarias resistentes a los antibióticos a fin de crear fármacos para luchar contra ellas; destaca, no obstante, que la investigación de nuevos fármacos no es la única acción requerida y que debe abordarse su uso indebido o excesivo tanto en seres humanos como en animales;

116.  Reconoce que la resistencia a los antimicrobianos es un problema transfronterizo y que en Europa entran productos procedentes de todo el mundo; insta a la Comisión a que colabore con terceros para reducir el uso de antibióticos en la cría de animales y la contaminación ambiental conexa; pide asimismo a la Comisión que ponga en práctica programas de investigación colaborativa con terceros países para reducir el uso excesivo de antibióticos; pide a la Comisión que, en el contexto de los acuerdos de libre comercio, prohíba la importación de productos de animales destinados a la producción de alimentos cuando estos animales no se hayan criado de acuerdo con las normas de la Unión, en particular de acuerdo con la prohibición del uso de antibióticos promotores del crecimiento;

117.  Toma nota del informe titulado «Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations»(40) (Abordar las infecciones resistentes a los fármacos a nivel mundial: informe final y recomendaciones), que estima que el coste de emprender medidas en materia de resistencia a los antimicrobianos a nivel mundial ascendería a 40 000 millones de dólares estadounidenses en un periodo de diez años, cifra que resulta insignificante en comparación con el coste de la inacción y que, además, representa un porcentaje muy pequeño de lo que los países del G-20 gastan en sanidad hoy en día (alrededor de un 0,05 %); pide a la Comisión que analice la posibilidad de imponer a la industria un impuesto sobre salud pública en el marco de su responsabilidad social;

118.  Declara que la resistencia a los antimicrobianos debe abordarse en cualquier futuro acuerdo comercial con el Reino Unido posterior al Brexit, y que debe establecerse una condición conforme a la cual cualquier avance en la acción de la Unión para atajar la resistencia a los antimicrobianos habrá de ser seguido por el Reino Unido, a fin de proteger a los consumidores y trabajadores, tanto del Reino Unido como de la Unión;

119.  Acoge con satisfacción el Plan de Acción Mundial de la OMS sobre la resistencia a los antimicrobianos, que fue adoptado por unanimidad en mayo de 2015 por la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud; subraya la necesidad de poner en consonancia los planes de acción nacionales, de la Unión y mundiales con dicho Plan de Acción Mundial;

120.  Acoge con satisfacción las nuevas Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos(41); destaca que, en algunos países, aproximadamente el 50-70 % del consumo total de los antibióticos importantes a nivel médico tiene lugar en el sector animal, sobre todo para estimular el crecimiento en animales sanos; pide, en el marco del enfoque «Una sola salud», que esta cuestión se incluya en la política comercial de la Unión y en las negociaciones con las organizaciones internacionales, como la OMC, o con los Estados asociados y los países terceros, para conformar así una política global que prohíba el uso de antibióticos para el engorde de animales sanos;

121.  Señala que la resistencia a los antimicrobianos es un motivo de grave preocupación en el caso de muchas enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza, en particular el VIH/sida, el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades relacionadas con epidemias y pandemias; destaca que aproximadamente el 29 % de las muertes originadas por la resistencia a los antimicrobianos se deben a la tuberculosis farmacorresistente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen urgentemente su apoyo a la investigación y aplicación de instrumentos sanitarios que aborden las enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza afectadas por la resistencia a los antimicrobianos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen asociaciones, siguiendo el modelo de la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) y de la Cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos (EDCTP), para proyectos internacionales de I+D en materia de salud que comprendan diferentes regiones geográficas y abarquen los temas de salud más relevantes, como la resistencia a los antimicrobianos, las vacunas, el cáncer y el acceso a los medicamentos;

122.  Subraya la importancia de las iniciativas de la Unión tales como los programas del ECDC relativos a enfermedades infecciosas, en particular el sida, la tuberculosis o el paludismo; señala que estas iniciativas constituyen ejemplos de buenas prácticas que demuestran la capacidad de respuesta y el buen funcionamiento de la Unión ante la necesidad de disponer de antibióticos nuevos, y que el ECDC debería desempeñar un papel clave en la priorización de las necesidades en I+D, en la coordinación de las acciones y en la implicación de todos los actores, así como en la mejora del trabajo intersectorial y en el desarrollo de la capacidad a través de las redes de I+D;

123.  Pone de relieve el problema que supone la aparición de bacterias multirresistentes, es decir, resistentes a varios antibióticos al mismo tiempo, y que pueden llegar a convertirse en superbacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles, incluidos los de última línea; destaca la necesidad de crear una base de datos sobre estas bacterias multirresistentes, que incluya el sida, la tuberculosis, el paludismo, la gonorrea, la Escherichia coli y otras bacterias farmacorresistentes;

124.  Señala que al ganado criado con fines alimentarios en los Estados Unidos se le administra una cantidad de antibióticos cinco veces superior a la administrada al ganado del Reino Unido; subraya, por tanto, la importancia de los controles de la carne importada a la Unión;

125.  Pide a la Comisión que, en los acuerdos comerciales, defienda las normas y medidas de la Unión para combatir la resistencia a los antimicrobianos y en favor de un uso apropiado de los antibióticos, y que colabore con la OMC para plantear la cuestión de la resistencia a los antimicrobianos; observa que el uso de los antibióticos como promotores del crecimiento en animales destinados a la producción de alimentos está prohibido en la Unión desde 2006, pero que en países que no pertenecen a la Unión sí que pueden seguir utilizándose en los piensos como promotores del crecimiento; pide a la Comisión que incluya una cláusula en todos los acuerdos de libre comercio que estipule que los alimentos importados de terceros países no deberán haber sido producidos utilizando antibióticos promotores del crecimiento, con vistas a garantizar unas condiciones de competencia equitativas para la ganadería y la acuicultura de la Unión y a fin de mitigar la resistencia a los antimicrobianos; pide a la Comisión que prohíba todas las importaciones de productos alimentarios de terceros países que provengan de animales tratados con antibióticos o grupos de antibióticos reservados en la Unión al tratamiento de determinadas infecciones en el ser humano;

126.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas de lucha contra las prácticas ilegales relacionadas con la producción, comercialización, utilización y eliminación de antimicrobianos; subraya que todos los actores implicados en la cadena del ciclo de vida de los antimicrobianos deben asumir la responsabilidad de sus acciones;

127.  Señala el impacto de la universalidad y asequibilidad de los antibióticos existentes, así como del amplio acceso a estos; considera que el tratamiento selectivo, utilizando antibióticos específicos, debería estar disponible para todos a fin de evitar el uso indebido de antibióticos inadecuados y el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro; pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan más enérgicamente la venta de grandes partidas de agentes antimicrobianos a precios irrisorios, en especial de antibióticos críticos para la salud humana;

128.  Pide que se controle de forma exhaustiva a los fabricantes de antibióticos para que los períodos de espera se adapten a la realidad, con el fin de asegurar que no haya presencia de antibióticos en los productos alimentarios;

129.  Pide a la Comisión que trabaje en pos de una atención y un compromiso políticos permanentes de alto nivel sobre la resistencia a los antimicrobianos, incluida la actuación en los foros de las Naciones Unidas, el G-7 y el G-20; destaca la oportunidad de que los organismos científicos de la Unión, como el ECDC, asuman funciones de gestión a escala mundial; pide a la Comisión que abogue por la colaboración entre la Unión y las organizaciones internacionales, incluida la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE); se congratula de la Declaración de Davos para combatir la resistencia a los antimicrobianos, firmada en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2016, en la que las industrias farmacéuticas, biotecnológicas y de diagnóstico abogan por una acción colectiva para crear un mercado sostenible y predecible para los antibióticos, las vacunas y los diagnósticos, que favorezca el mantenimiento de los tratamientos nuevos y de los ya existentes;

130.  Defiende la promoción, la potenciación y la transición a un modo de producción basado en la agroecología;

o
o   o

131.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, a la Agencia Europea de Medicamentos, a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a la Agencia Europea de Medio Ambiente, a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Mundial de Sanidad Animal.

(1) Federación de Veterinarios de Europa, «Antimicrobial use in food-producing animals: Replies to EFSA/EMA questions on the use of antimicrobials in food-producing animals in EU and possible measures to reduce antimicrobial use» (El uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos: respuestas a las preguntas de la EFSA y la EMA sobre el uso de antimicrobianos en animales destinados a la producción de alimentos y posibles medidas para reducir el uso de antimicrobianos), 2016.
(2) DO C 353 de 27.9.2016, p. 12.
(3) DO C 434 de 23.12.2015, p. 49.
(4) DO L 293 de 5.11.2013, p. 1.
(5) DO C 366 de 27.10.2017, p. 149.
(6) https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_es.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0061.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180227
(9) https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
(10) EFSA, ECDC, «The European Union Summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from human, animal and food in 2014» (Informe de síntesis de la Unión Europea sobre la resistencia a los antimicrobianos de bacterias zoonóticas e indicadoras de seres humanos, animales y alimentos en 2014), 2016.
(11) Organización Mundial de la Salud, «Global guidelines on the prevention of surgical site infection» (Directrices mundiales para la prevención de infecciones quirúrgicas), 2016. Disponible en: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(12) Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, «Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in Dutch healthcare organisations» (Coste-eficacia de las políticas destinadas a limitar la resistencia a los antimicrobianos en las organizaciones sanitarias de los Países Bajos), enero de 2016. Disponible en: https://goo.gl/wAeN3L
(13) http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf
(14) Organización Mundial de la Salud, «Global guidelines on the prevention of surgical site infection» (Directrices mundiales sobre la prevención de la infección del sitio quirúrgico), 2016. Disponible en: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(15) https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
(16) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/
(18) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
(19) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
(20) Artículo 8 quater de la Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (DO L 226 de 24.8.2013, p. 1).
(21) Como el desarrollado conjuntamente en los Países Bajos por el Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua, el Instituto Nacional de Salud Pública y Protección del Medio Ambiente, el sector hídrico y los organismos de administración de las aguas.
(22) Artículo 78 del futuro Reglamento sobre medicamentos veterinarios.
(23) Comisión Europea, Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, junio de 2017, p. 10.
(24) Ibídem, p. 12.
(25) Ibídem, p. 15
(26) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).
(27) Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549), que aplica normas recogidas en la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23); Directiva 91/630/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos (DO L 340 de 11.12.1991, p. 33); Directiva 91/629/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1991, relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (DO L 340 de 11.12.1991, p. 28).
(28) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf
(29) Mevius, D., y otros: ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans, 2018. Disponible en: http://www.1health4food.nl/esblat
(30) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf
(31) http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf
(32) Mevius, D., y otros: ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans, 2018. Disponible en: http://www.1health4food.nl/esblat
(33) http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb
(34) http://www.jpiamr.eu
(35) Pamer, E. G., Resurrecting the intestinal microbiota to combat antibiotic-resistant pathogens, Science, vol. 352(6285), 2016, pp. 535-538.
(36) http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4197.
(37) Reglamento (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE (DO L 158 de 27.5.2014, p. 1).
(38) Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO L 18 de 22.1.2000, p. 1).
(39) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/es/.
(40) https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf
(41) http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre Europa en movimiento: una agenda para el futuro de la movilidad en la Unión (2017/2257(INI))
P8_TA(2018)0355A8-0241/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa en movimiento: una agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos» (COM(2017)0283),

–  Visto el Acuerdo de París sobre cambio climático, ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 4 de octubre de 2016(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de octubre de 2017, sobre una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos(3),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 5 de julio de 2017, sobre «Implicaciones de la digitalización y robotización del transporte en la formulación de políticas de la UE»(4),

–  Vista su Resolución, de 23 de abril de 2009, sobre el Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes(5),

–  Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre CARS 2020: hacia una industria europea del automóvil fuerte, competitiva y sostenible(6),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2015, sobre la creación de sistemas integrados de expedición de billetes multimodales en Europa(7),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la aplicación del Libro Blanco de 2011 sobre el transporte: hacer balance y avanzar hacia una movilidad sostenible(8),

–  Vista la Declaración de La Valeta sobre la mejora de la seguridad vial, de 29 de marzo de 2017,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

–  Visto su estudio de 2016 titulado «Self-piloted cars: the future of road transport?» («¿Son los coches autopilotados el futuro del transporte por carretera?»),

–  Visto su estudio de 2017 titulado «Desafíos de financiación de infraestructuras en la economía colaborativa»,

–  Visto el estudio del Comité Económico y Social Europeo, de 2017, sobre el impacto de la digitalización y de la economía a la carta en los mercados laborales y las consecuencias para el empleo y las relaciones laborales»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0241/2018),

A.  Considerando que en el sector del transporte se están registrando cambios estructurales y que el futuro del transporte en la Unión se encuentra en una encrucijada entre las prioridades principales del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, el Programa «Aire Puro» para Europa y las orientaciones políticas de la Unión sobre seguridad vial 2011-2020;

B.  Considerando que la descarbonización del transporte y el uso de tecnologías de bajas emisiones ofrecen oportunidades para el futuro de la movilidad y el crecimiento económico sostenible;

C.  Considerando que la economía colaborativa está transformando la industria del transporte en todo el mundo; que el valor de las transacciones de esta economía colaborativa en el sector del transporte en Europa en 2015 se calculó en 5 100 millones de euros, lo que representa un incremento del 77 % frente al año anterior, mientras que las interacciones no monetarias de la economía colaborativa superan esta situación, lo que pone de manifiesto la importancia de este fenómeno;

D.  Considerando que se calcula que el transporte de pasajeros crecerá en torno al 42 % entre 2010 y 2050 y que el transporte de mercancías crecerá un 60 % durante el mismo período;

E.  Considerando que el Libro Blanco de 2011 sobre el Transporte pedía transferir el 30 % del transporte de mercancías entre los principales corredores del transporte por carretera a modos de transporte más sostenibles, como el ferrocarril, antes de 2030, y el 50 % para 2050, instando al desarrollo de infraestructuras verdes adecuadas;

F.  Considerando que la aplicación del principio de que el usuario y el que contamina pagan en todos los modos de transporte, incluido el transporte por carretera, el ferrocarril, el transporte marítimo y la aviación, contribuirá a crear una igualdad de condiciones entre todos los modos de transporte;

G.  Considerando que los nuevos servicios de movilidad tienen el objetivo y el potencial de mejorar de forma significativa el transporte urbano mediante la reducción de las emisiones y de la congestión y la creación de una alternativa a los automóviles privados, ya que el automóvil privado sigue siendo el principal medio de transporte en términos de viajes realizados; que pueden permitir el paso a un transporte multimodal y compartido, y por tanto más sostenible, que complemente los modos de transporte públicos y activos;

H.  Considerando que el sector del transporte desempeña un papel esencial en el funcionamiento de la economía de la UE, representando cerca del 4 % del PIB y más del 5 % del empleo total de la UE(9); que las mujeres representan solamente un 22 % de la mano de obra del sector y que una tercera parte del total de los trabajadores del sector son mayores de 50 años;

I.  Considerando que se prevé que los vehículos conectados y autónomos contribuyan a que en el futuro el transporte por carretera sea más eficiente y más seguro, ya que la conducta errónea humana es la causa principal de los accidentes de tráfico en las carreteras europeas;

J.  Considerando que en las pasadas décadas se ha logrado un enorme progreso que sitúa a la UE como la región más segura del mundo del transporte por carretera; que el elevado número de víctimas de accidentes, con 25 500 muertos y 135 000 heridos graves en las carreteras europeas el año pasado sigue causando gran sufrimiento humano y costes económicos inaceptables, estimados en 100 000 millones de euros anuales, y que los objetivos para 2020 de reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico con respecto a 2010 no se están cumpliendo y que el porcentaje de heridos graves y muertes de usuarios vulnerables de las carreteras, como los peatones, los ciclistas o los conductores de vehículos a motor de dos ruedas de menores dimensiones está creciendo considerablemente;

K.  Considerando que el transporte es la principal fuente de contaminación atmosférica en las zonas urbanas y que genera más del 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión, en las que el transporte por carretera representa más del 70 %, porcentaje que sigue aumentando;

L.  Considerando que las investigaciones y estimaciones recientes revelan un fuerte vínculo entre la exposición a la contaminación atmosférica y mayores riesgos para la salud pública, como las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas y el cáncer, y que se estima que las partículas causan en la UE 399 000 muertes prematuras al año, en el caso de los óxidos de nitrógeno, la cifra asciende a 75 000 y a 13 600, en el caso del ozono; que las personas que viven en entornos urbanos están particularmente expuestas a este peligro;

M.  Considerando que actualmente se están realizando a nivel mundial esfuerzos importantes hacia un sector del transporte más integrador, más seguro y más justo, incluida la introducción de objetivos ambiciosos y normas vinculantes, y que la Unión no debería perder la oportunidad de estar al frente de estas innovaciones sociales;

El impacto de la transición en el ámbito del transporte en las capacidades y los métodos de trabajo

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Europa en movimiento: una agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos», en la que se reconoce que se están registrando cambios de gran calado en el sector de la movilidad y se hace hincapié en que la revolución digital de la movilidad debe desembocar en un sector del transporte por carretera más integrado, sostenible, justo, competitivo y limpio, interconectado con otros modos de transporte más sostenibles; acoge favorablemente el planteamiento estratégico de la Comunicación para alcanzar un marco regulador coherente para el ámbito cada vez más complejo del transporte por carretera;

2.  Señala que el sector de la movilidad de la Unión debe aprovechar las oportunidades creadas por las tecnologías digitales; considera que deben desarrollarse y fomentarse nuevos modelos empresariales que den lugar a servicios de movilidad compartida, entre los que se incluyen las nuevas plataformas en línea para las operaciones de transporte de mercancías, el uso compartido de vehículos y bicicletas, o las aplicaciones para teléfonos inteligentes que ofrecen análisis e información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico;

3.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a proponer y aplicar medidas de sistemas de transporte inteligentes cooperativos, conforme a los objetivos e iniciativas declarados en el Libro Blanco de 2011 sobre el transporte, así como en el Acuerdo de París sobre cambio climático, de diciembre de 2015;

4.  Destaca que el sector automovilístico de la Unión da empleo a 8 millones de personas y supone el 4 % del valor añadido bruto de la Unión, aportando un superávit comercial de 120 000 millones de euros;

5.  Destaca que los cambios en la industria del automóvil ligados a la digitalización, la automatización o los vehículos limpios exigirán nuevos conocimientos y métodos de trabajo; subraya que estos cambios deben suponer nuevas oportunidades para hacer el sector del transporte más atractivo y acabar con la escasez de mano de obra característica del sector; pone de relieve que la producción de vehículos más limpios, mejor conectados y más automatizados tendrá un impacto en la fabricación, el desarrollo, el mantenimiento y el servicio, y exigirá nuevas capacidades, por ejemplo en relación con el montaje de motores eléctricos o la fabricación de baterías de segunda generación, pilas de combustible y equipos informáticos o de detección; destaca que ya en la actualidad la industria se enfrenta a enormes retos a la hora de reclutar a nuevo personal con las capacidades apropiadas y, aunque se espera que continúe el crecimiento del empleo en puestos de ingeniería, las capacidades de software son un requisito nuevo que las empresas están buscando; pide a la Comisión y a los Estados miembros que la continua formación y capacitación de los transportistas de la UE se adapte y vaya en línea con estos nuevos retos;

6.  Subraya que la agenda para el futuro del transporte debe tener como prioridad la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres; destaca que el sector del transporte está mayoritariamente dominado por hombres, quienes suponen las tres cuartas partes del total de la mano de obra, y que es necesario promover un equilibrio de género; acoge con satisfacción la creación de «La mujer en el transporte - Plataforma de la UE para el cambio» destinada a fomentar el empleo femenino y la igualdad de oportunidades en el sector del transporte; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en conjunto con esta plataforma para que la creación del empleo femenino y la digitalización del sector vayan de la mano;

7.  Destaca que la revolución digital reconfigurará la cadena de valor de la industria del automóvil, la investigación y las prioridades de inversión y las oportunidades tecnológicas, que deben ser transparentes, coherentes y conformes a las normas legales, lo que repercutirá en su posición competitiva a escala mundial;

8.  Recuerda que la conducción automatizada conlleva un impacto significativo en la mano de obra del sector del transporte y exige una nueva cualificación en el marco de las profesiones afectadas; pide a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas en previsión de este cambio en el mercado laboral, que deberán ir acompañadas de un diálogo social reforzado; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia a nivel de la UE que incluya las nuevas oportunidades que la digitalización del transporte creará y que tenga en cuenta las mejores prácticas de los Estados miembros, con el objetivo de fomentar la creación de empleo en el sector del transporte, incluida como prioridad una transición justa de los empleados cuyos puestos de trabajo queden obsoletos con la digitalización del sector del transporte;

9.  Destaca que la conducción automatizada finalmente planteará dudas sobre la interpretación de la legislación vigente de la Unión sobre tiempos de conducción y períodos de descanso; pide a la Comisión que controle continuamente si es necesario actuar a nivel legislativo;

10.  Atrae la atención sobre el impacto positivo de la digitalización del transporte, ya que ayudará a reducir la carga administrativa y a simplificar los procedimientos para las autoridades y las empresas, y facilitará el control del cumplimiento de la legislación relativa a los tiempos de conducción y descanso y de las normas en materia de cabotaje con la introducción de los tacógrafos digitales, mejorando de este modo las condiciones para los conductores profesionales y ayudando a crear una condiciones equitativas para todos los operadores de transporte;

11.  Acoge con satisfacción la nueva Agenda de Capacidades para Europa de la Comisión e iniciativas como el Plan general de cooperación sectorial sobre capacidades y la Coalición por las capacidades y los empleos digitales, que promueven la cooperación entre los sindicatos, centros de formación y agentes del sector privado con el fin de anticipar, detectar y abordar la inadecuación de las capacidades;

12.  Acoge con satisfacción que el sector del automóvil sea uno de los seis sectores piloto del Plan de cooperación sectorial para los que se ha facilitado financiación mediante la acción de la alianza de competencias sectoriales dentro del programa Erasmus+;

13.  Pide a la Comisión que presente una evaluación intermedia de los proyectos iniciados en relación con las capacidades en el sector del automóvil, incluido el proyecto de investigación trienal SKILLFULL y las recomendaciones elaboradas por el grupo de alto nivel GEAR 2030; opina que, sobre la base de los resultados del proyecto SKILLFULL, será posible evaluar la adecuación de los requisitos de formación y cualificación vigentes para los conductores del transporte por carretera, especialmente a la luz de las nuevas profesiones y capacidades;

14.  Pide a los Estados miembros que, en vez de reaccionar ante desafíos concretos, adopten un enfoque proactivo en respuesta a la digitalización y decisiones de carácter global y estratégico basadas en la neutralidad tecnológica y destinadas a maximizar los beneficios potenciales, así como que trabajen en pro de un acuerdo sobre un enfoque de la Unión en relación con cuestiones fundamentales;

15.  Destaca el papel fundamental que los usuarios y consumidores pueden desempeñar para impulsar la transición del transporte y pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la transparencia y la disponibilidad pública de información pertinente con el fin de aumentar la concienciación pública y permitir que los consumidores tomen decisiones bien informadas;

La transición a través de avances en la investigación y la innovación

16.  Destaca que Europa es el líder mundial tanto en la fabricación como en las operaciones de transporte y destaca que es fundamental que el sector del transporte europeo siga desarrollándose, invirtiendo, innovando y renovándose de manera sostenible, con el fin de mantener su liderazgo tecnológico y su posición competitiva;

17.  Recuerda el objetivo fundamental de la creación de un espacio único europeo de transporte sin obstáculos, en el que tenga cabida cada modo de transporte en el marco de una comodalidad eficiente y aumente la interacción entre los modos de transporte, y pide a los Estados miembros, por tanto, que creen condiciones marco adecuadas basadas en incentivos que hagan posible un aumento de la eficiencia de los modos de transporte y liberen el camino de los actuales obstáculos como las cargas administrativas innecesarias;

18.  Recuerda que, para reforzar la seguridad vial y limitar el cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono, la contaminación atmosférica y la congestión, serán necesarias tecnologías del transporte y soluciones de movilidad sostenibles e innovadoras y que es necesario un marco regulador europeo que estimule la innovación; pide, en este contexto, una mayor financiación para la investigación y el desarrollo intersectoriales interrelacionados por lo que respecta a los vehículos conectados y automatizados, la electrificación de las infraestructuras ferroviarias y viales, los combustibles alternativos, el diseño y la fabricación de vehículos, la gestión de la red y del tráfico y los servicios e infraestructuras de movilidad inteligentes, sin dejar de lado los sistemas existentes en otros sectores; señala que estas innovaciones esenciales van a necesitar la aplicación de una amplia gama de conocimientos técnicos industriales para su desarrollo eficaz; en este sentido, señala que los vehículos cooperativos, automatizados y conectados pueden potenciar la competitividad de la industria europea y reducir el consumo de energía y las emisiones del transporte, así como contribuir a la reducción de muertes por accidentes en carretera; hace hincapié, por lo tanto, en que se deberán establecer requisitos de infraestructura para garantizar que estos sistemas puedan operar de manera segura;

19.  Señala que, para seguir el ritmo de los avances tecnológicos y ofrecer a los ciudadanos europeos las mejores soluciones posibles de transporte y movilidad y, al mismo tiempo, garantizar que las empresas europeas pueden mantener y expandir su ventaja competitiva, Europa necesita un mejor marco de acción conjunta en materia de investigación e innovación en el ámbito del transporte; opina que los objetivos ambiciosos para nuestro futuro sistema de transporte solo pueden alcanzarse si pueden desarrollarse, probarse y aplicarse nuevas ideas y conceptos en una interacción cercana con las agendas políticas y normativas;

20.  Pide que se prevea una ayuda financiera transparente adicional en favor de la investigación, la innovación y la formación, como ocurrió en el marco de las estrategias de especialización inteligente, en las que la cofinanciación a cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional brindó apoyo en ámbitos como los grupos motopropulsores o los sistemas de transporte inteligentes;

21.  Recuerda que la financiación europea durante el próximo marco financiero plurianual 2021-2027 será vital para completar infraestructuras transfronterizas y eliminar estrangulamientos en los principales corredores de la RTE-T, y señala que la financiación de infraestructuras impulsa las inversiones privadas y públicas en servicios y tecnologías de transporte de alta calidad y sostenibles; pide, por consiguiente, fuentes de financiación, dentro del próximo MFP, para apoyar el rápido desarrollo y despliegue de sistemas, servicios y soluciones digitales para el transporte en el futuro;

22.  Subraya que deben reducirse los obstáculos financieros y que debe simplificarse el acceso a la financiación, puesto que los costes burocráticos y administrativos suponen un precio proporcionalmente más elevado para las pymes, debido a su carencia de competencias y capacidad; pide a la Comisión que vele por que la licitación pública de los Estados miembros relacionada con las Infraestructuras Inteligentes del Transporte cumpla las disposiciones en materia de mejora del acceso de las pequeñas y medianas empresas previstas en la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública.

23.  Señala que Europa debe mejorar el ecosistema de innovación desde la investigación tecnológica básica hasta la investigación de nuevos servicios y modelos empresariales que den lugar a innovación social (una vez que estén ampliamente implantados en el mercado); destaca que el apoyo público al ecosistema de innovación debe centrarse en los fallos del mercado para la investigación y la innovación, así como en políticas favorables a la innovación, permitiendo que la normalización y la reglamentación europeas y los instrumentos financieros impulsen la inversión del sector privado en innovación;

24.  Señala que la investigación a escala de la Unión, en particular a través de Horizonte 2020, será clave en la consecución de resultados, como han demostrado asociaciones público-privadas como la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno y la Iniciativa Europea para los Coches Ecológicos, y aboga por una asociación público privada específica en el ámbito de la conducción conectada y automatizada; apoya el trabajo de la Comisión para la creación de la Alianza Europea de las Baterías y pide un mayor apoyo financiero para el desarrollo de baterías sostenibles y la producción y el reciclado de células de baterías en la UE para los futuros vehículos de bajas emisiones o cero emisiones, así como un enfoque de comercio justo a nivel mundial en la importación de materiales tales como el litio y el cobalto, toda vez que el desarrollo de estas tecnologías desempeñará un papel en el futuro de la movilidad sostenible y limpia;

25.  Insiste en la importancia de prever estrategias de desarrollo económico e industrial que guarden coherencia entre los objetivos perseguidos, como la continuación del crecimiento de la producción y la utilización de vehículos de bajas emisiones, y el despliegue de recursos para alcanzar dichos objetivos, en términos de infraestructuras y componentes para su uso, como las baterías, que podrían ser objeto de especial atención por parte de la Comisión y los Estados miembros y merecer la elaboración de una estrategia de producción europea de baterías; subraya la importancia de incentivar a los fabricantes y la difusión en el mercado para reducir costes;

26.  Celebra que la Comisión también haya establecido un vínculo con la economía circular, prestando especial atención a los materiales escasos y las baterías; anima, en este sentido, a la Comisión a que siga evaluando la huella medioambiental de la fabricación y el reciclado de baterías para obtener una visión completa de las repercusiones medioambientales de los vehículos eléctricos con batería a fin de facilitar la comparación de la sostenibilidad del ciclo de vida de distintos sistemas de conducción;

27.  Destaca los posibles beneficios de las aplicaciones de segundo uso para las baterías de vehículos, por ejemplo, en soluciones de redes inteligentes o de almacenamiento doméstico inteligente, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los proyectos de investigación y piloto en este ámbito a través de regímenes de financiación;

28.  Apoya el creciente uso de las tecnologías digitales en la aplicación del principio de «quien contamina paga», como el peaje electrónico y el billetaje electrónico, basados en el comportamiento medioambiental de los vehículos; acoge favorablemente las directrices de la Comisión para las ciudades en relación con la reglamentación relativa al acceso de los vehículos a las zonas urbanas; destaca, sin embargo, que es necesario hacer más a escala europea para evitar la fragmentación del espacio único de transporte; señala, en este sentido, la importancia que reviste la financiación para los proyectos de infraestructura de transporte y una inversión considerable en los combustibles hipocarbónicos más respetuosos con el medio ambiente con el fin de promover la transformación del sistema de transporte y de garantizar la integración de activos energéticos y de transporte como un medio para acelerar la transición hacia una combinación de combustibles más sostenible; considera que, por lo que respecta a la financiación de la Unión para el transporte, la aptitud para la consecución de los objetivos climáticos debe ser uno de los criterios de subvencionabilidad de los proyectos;

29.  Reitera los compromisos de la Unión respecto a la lucha contra el cambio climático en el marco del Acuerdo de París, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030; acoge favorablemente las medidas adoptadas, como el ciclo de ensayo del procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial y los paquetes de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE), destinados a reducir la brecha entre los objetivos de descarbonización establecidos y las emisiones en carretera reales; pide a la Comisión que supervise la eficacia de estas medidas y, si es necesario, sugiera mejoras adicionales; considera que el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizado a nivel mundial constituye un avance en la dirección correcta al tener en cuenta la medición del consumo de combustible y de las emisiones de CO2 de los turismos;

30.  Observa que el suministro de información sobre turismos a los consumidores es imprescindible para acelerar la descarbonización del transporte, y pide, por tanto, que se proporcione una información mejor, fiable y más accesible sobre las emisiones y el consumo de combustible de los vehículos, incluido el etiquetado normalizado, visible y claro de los vehículos, a fin de permitir a los consumidores elegir con conocimiento de causa, favorecer la modificación de los comportamientos de empresas y particulares, y promover una movilidad más limpia; destaca que una información más precisa también facilitará y permitirá a las autoridades públicas de los Estados miembros, las regiones y las ciudades hacer uso de la contratación pública ecológica; acoge favorablemente la Recomendación (UE) 2017/948 de la Comisión(10), y pide a la Comisión que considere revisar la Directiva 1999/94/CE sobre etiquetado de turismos(11);

31.  Toma nota de las actuales barreras tanto financieras como no financieras a las que se enfrentan los consumidores al adquirir un vehículo de bajas emisiones; recuerda que la aceptación por parte de los usuarios finales de los vehículos con bajas emisiones depende en gran medida de la disponibilidad de infraestructuras amplias y transfronterizas y la accesibilidad a las mismas; acoge favorablemente, en este sentido, las iniciativas privadas y públicas existentes para permitir la itinerancia entre operadores de infraestructuras de recarga; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para facilitar la itinerancia y la accesibilidad de las infraestructuras de recarga dentro de Europa; pide a la Comisión que ofrezca un mayor apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros por expandir sus infraestructuras de combustible alternativo para alcanzar lo antes posible una cobertura central a nivel de la Unión;

32.  Considera que, a fin de impulsar la penetración en el mercado de los combustibles con bajas emisiones y aprovechar al máximo sus beneficios climáticos, es necesario incentivar su uso y el desarrollo de vehículos compatibles; reitera, no obstante, que para respetar el Acuerdo de París, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) procedentes del transporte tendrán que aproximarse claramente a un nivel de cero emisiones para mediados de siglo; subraya que no puede transformarse el sector del transporte por carretera europeo de forma que aumente la sostenibilidad ecológica y económica mediante el mantenimiento de un enfoque tecnológico de «talla única» y que, por tanto, es necesaria una transición hacia una evaluación verdaderamente neutral desde el punto de vista tecnológico de los sistemas de conducción en relación con el desarrollo de futuros vehículos que respondan a diferentes necesidades de movilidad; destaca que es necesario un esfuerzo intersectorial para impulsar la inversión en infraestructuras para los combustibles con bajas emisiones, que constituye una condición previa para una mayor aceptación y despliegue de vehículos de propulsión alternativa;

33.  Destaca que la Directiva sobre vehículos limpios(12) debe considerar las necesidades y los recursos disponibles de los municipios y las autoridades regionales para alcanzar todo su potencial, en particular en lo que se refiere a la complejidad y las cargas administrativas;

34.  Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de presentar, a más tardar el 2 de mayo de 2018, una propuesta legislativa sobre el establecimiento de normas de emisiones de CO2 y consumo de combustible para los vehículos pesados, que debe ser ambiciosa y realista y estar basada en datos recopilados mediante la herramienta de cálculo del consumo de energía de los vehículos (VECTO) a fin de asegurar una legislación sobre vehículos pesados coherente; destaca que es necesario actualizar la herramienta VECTO de forma rápida y periódica, a fin de permitir que se tenga debidamente en cuenta a las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de los vehículos con suficiente antelación;

35.  Subraya que la ambición de los objetivos de CO2 para vehículos pesados debe ser coherente con futuras ambiciones de reducir las emisiones de contaminantes, por ejemplo con Euro 7, así como con los requisitos que se establecen en la Directiva (UE) 2015/719 sobre pesos y dimensiones(13);

36.  Recuerda los terribles experimentos de exposición al humo sobre humanos y animales del grupo de investigación europeo del medio ambiente y la salud en el sector del transporte (EUGT, por sus siglas en inglés), organismo financiado por importantes empresas automovilísticas; recuerda que este no es el primer escándalo de este tipo en la industria automovilística; pide que todas las investigaciones sobre las que se basa la política de la Unión sean completamente independientes de la industria automovilística, también en términos de financiación y subcontratación;

Una transición en el ámbito del transporte que funcione para todos los usuarios

37.  Destaca que la conectividad entre los vehículos autónomos, entre los vehículos y la infraestructura, entre los vehículos, las bicicletas y los peatones, así como la red en sí misma, debe ser un objetivo crucial a largo plazo para garantizar un tráfico fluido; pide, por consiguiente, a la Comisión que aborde las cuestiones relativas a la utilización y la gestión de los datos, prestando especial atención a la protección de los datos, y que evalúe todas las aplicaciones previstas de las tecnologías de diseño asistido por ordenador, que incluyen niveles avanzados de autonomía y prestación de servicios de valor añadido; hace hincapié en la necesidad de desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones y de satélite para unos servicios de posicionamiento y de comunicación mejores entre vehículos e infraestructura y pide a la Comisión que fije objetivos mensurables en el espacio y en el tiempo relacionados con la adaptación de las infraestructuras del transporte existentes a los estándares de las Infraestructuras Inteligentes del Transporte;

38.  Señala que la conducción autónoma y los vehículos limpios exigirán que se planifiquen infraestructuras integradas y se invierta para dotar a las carreteras de la necesaria infraestructura de telecomunicación y carga, por ejemplo para los coches eléctricos, así como para proporcionar datos viarios de gran calidad, por ejemplo mapas digitales de alta definición y equipos instalados a bordo plenamente interoperables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la inversión para financiar mejoras innovadoras y sostenibles para las infraestructuras de transporte;

39.  Recuerda a la Comisión que, para obtener una conectividad adecuada del transporte y una gestión apropiada de las herramientas de seguridad, señalización, automatización y digitales para los consumidores y una gestión segura de los datos, debe garantizarse lo antes posible la plena cobertura 5G de los corredores de la RTE-T para vías ferroviarias, carreteras y vías navegables interiores; pide que se desarrollen proyectos de autopistas inteligentes y se creen corredores de transporte inteligentes; considera que las principales carreteras han de disponer de instalaciones de fibra, estaciones inalámbricas y estaciones de base 5G;

40.  Recuerda que el principal objetivo debe ser la reducción a cero del número de muertes en las carreteras y destaca la necesidad de garantizar una coexistencia segura de los modos de transporte antiguos y nuevos, cuya transición se verá facilitada por la instalación obligatoria de determinados sistemas de ayuda al conductor y la garantía de infraestructuras adecuadas; pide a la Comisión que realice una evaluación exhaustiva y tecnológicamente neutra de las implicaciones para la seguridad derivadas del uso de sistemas automatizados con un enfoque holístico del análisis de las repercusiones de seguridad en todos los sistemas de transporte intermodales;

41.  Resalta que todavía no se han cumplido los objetivos de reducción del número de víctimas mortales y heridos graves en los accidentes en carretera, y que la política europea de transporte debe, por tanto, centrarse en la reducción de estas cifras; subraya la importancia de una legislación adecuada en materia de seguridad con el fin de obtener un sector del transporte por carretera más seguro; a fin de reducir los accidentes y las víctimas en las carreteras europeas, recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que deben garantizar condiciones de aparcamiento y descanso adecuadas en todo el territorio de la Unión;

42.  Señala que el desarrollo de vehículos conectados y automatizados ha sido guiado en gran medida por la tecnología; pide, por tanto, que se investigue y se reconozca su impacto social, y considera que debe garantizarse que la introducción de vehículos conectados y automatizados sea plenamente compatible con los valores y objetivos sociales, humanos y medioambientales; destaca que, en caso de accidente de uno o varios vehículos autónomos, debe quedar claro sobre quien recae responsabilidad, véase, las empresas del software, el fabricante del vehículo, el conductor, o las compañías aseguradoras.

43.  Destaca que estos cambios en ciernes no deben ir en detrimento de la inclusión social y de la conectividad en los Estados miembros y en las zonas en las que se registran carencias de movilidad; señala la necesidad de aumentar la capacidad de la red, aprovechando la infraestructura de redes existente y las innovaciones futuras significativas, para permitir un mayor grado de integración de las tecnologías digitales y para abordar las grandes diferencias en materia de conectividad entre los Estados miembros y, por otra parte, entre las zonas urbanas y rurales, centrales y remotas, para lo cual debería desarrollarse una serie de soluciones contextualmente apropiadas con el apoyo de los sectores público y privado y sobre la base de la coordinación entre ellos; subraya que los modos convencionales de transporte como los autobuses siguen desempeñando un papel importante en las zonas remotas y de montaña y no deben ser ignorados en este proceso; recuerda que la experiencia en diversos países de la Unión muestra que estructurar las redes de transporte colectivo y público en el marco de contratos sobre obligaciones de servicio público que combinen líneas rentables y no rentables puede ofrecer resultados óptimos para los ciudadanos, las finanzas públicas y la competencia del mercado;

44.  Recuerda la necesidad de favorecer los medios de transporte colectivos y más seguros para el transporte de mercancías y pasajeros en los principales corredores transfronterizos y zonas metropolitanas, con el fin de reducir la contaminación, los atascos y las víctimas y de proteger la salud de los ciudadanos y de los usuarios de la carretera;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen planes de movilidad urbana sostenible y planes de movilidad rural sostenible justificados por el interés público y que integren todos los modos de transporte nuevos, apoyando el despliegue de un sistema de transporte multimodal para pasajeros, mejorando la movilidad y la calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, incluidos los ciudadanos de mayor edad y los ciudadanos con discapacidad, ofreciéndoles alternativas e internalizando y reduciendo los costes sanitarios y medioambientales para las ciudades, además de fomentando el turismo; señala que dichos planes deben favorecer la inclusión, la participación y el empleo de los ciudadanos que viven en las zonas más remotas, con el fin de luchar contra la amenaza de la despoblación de las zonas rurales, de mejorar la accesibilidad y la comunicación con las zonas periféricas y las regiones transfronterizas; destaca que la movilidad rural difiere sustancialmente de la movilidad urbana no solo en términos de distancias y disponibilidad de transporte público, sino también con respecto a factores medioambientales y económicos, como la menor presión sobre el medio ambiente de las emisiones contaminantes, la renta media más baja y el mayor número de barreras a la inversión en infraestructuras;

46.  Observa que la experiencia de proyectos anteriores y en curso, como el programa de trabajo de transporte, el Mecanismo «Conectar Europa» y el proyecto «Movilidad sostenible compartida interconectada con el transporte público en zonas rurales europeas» contribuyen a crear pueblos inteligentes, incluyendo una logística de puerta a puerta más eficiente e inteligente, conceptos innovadores en favor de la movilidad como servicio, infraestructuras de transporte inteligentes de próxima generación, transporte conectado y automatizado y movilidad urbana inteligente (transporte desde y hacia ciudades);

47.  Destaca que la movilidad se considera cada vez más como un servicio y que, por ello, debería ser posible un transporte puerta a puerta armonioso, multimodal y transfronterizo, y pide a los Estados miembros, por tanto, que faciliten servicios de información y reserva de viaje multimodal, con información en tiempo real, y pide a la Comisión que, a más tardar a finales de 2018, presente una propuesta legislativa sobre los derechos de los pasajeros del transporte multimodal; sostiene que estos nuevos servicios de transporte deben tratarse, por ejemplo en el contexto de la tarificación vial, como modos de transporte al menos tan buenos como los vehículos de turismo e incluso preferibles a estos, y que su despliegue no debe verse retrasado por obstáculos legislativos;

48.  Pide a la Comisión que promueva las mejores prácticas reglamentarias existentes a escala nacional y local que integren las nuevas formas de movilidad y las tradicionales, que apoyen la elección de los consumidores poniendo a su disposición los servicios de información y de compra de billetes, y fomentando el uso del transporte público en vez del privado, o apoyando las ofertas de la economía colaborativa en materia de transporte, que proporcionan el impulso y el apoyo necesario a la promoción turística y del patrimonio medioambiental y cultural, favoreciendo en particular a las pymes y centrándose en los Estados miembros y las zonas en los que se registran lagunas en términos de movilidad;

49.  Reitera que los viajes constituyen uno de los sectores más afectados por la digitalización y que este nuevo entorno digital más influyente está capacitando a los consumidores para desempeñar un papel más activo cuando buscan, compran, reservan y pagan sus viajes; subraya que es necesario hacer cumplir las normas vigentes que protegen la transparencia y la neutralidad, de tal forma que los consumidores puedan tomar decisiones con conocimiento de causa basadas en información fiable;

50.  Señala la importancia de orientar la movilidad; considera que es importante alentar a las personas a que adopten hábitos de movilidad sostenible por medio de incentivos económicos, así como sensibilizándoles acerca del impacto de los modos de transporte individuales en el medio ambiente y coordinando y desarrollando servicios de transporte con bajas emisiones de carbono, como el transporte público y la creación o la mejora de infraestructuras para la movilidad «blanda» (a pie, en bicicleta, etc.), con el fin de ofrecer a los ciudadanos una alternativa al transporte por carretera; señala la necesidad de financiar proyectos para facilitar la movilidad local y regional con bajas emisiones de carbono, como por ejemplo los sistemas de bicicletas urbanas;

51.  Pide a la Comisión que promueva una logística verde y eficiente para gestionar mejor el aumento previsto en la demanda de transporte de mercancías mediante una mejor optimización de la capacidad de carga de los camiones, y reducir el número de camiones vacíos o parcialmente cargados; pide, además, a la Comisión que redoble los esfuerzos por mejorar la transición multimodal y que promueva plataformas multimodales para la coordinación de las demandas de transporte, y pide a los Estados miembros que utilicen por norma documentos electrónicos de transporte a nivel europeo, con el fin de reducir la carga administrativa y aumentar la eficiencia;

52.  Destaca la importante contribución que pueden aportar el «platooning» (trenes de carretera) y el uso de camiones largos al aumento de la eficiencia y al ahorro de combustible en el transporte de mercancías por carretera, y pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan los objetivos de la Declaración de Ámsterdam y creen incentivos para aumentar el uso de camiones largos;

53.  Anima a la Comisión a apoyar iniciativas que contribuyan a reducir y evitar la congestión de las carreteras sin transferir volumen de transporte hacia secciones de carreteras alternativas, como los ejemplos de buenas prácticas en cuanto a las «tasas por congestión» y las medidas exitosas de transición modal;

54.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación en profundidad de las cuestiones relacionadas con la privacidad de los datos y la responsabilidad que pudiera derivarse del desarrollo de los vehículos automatizados;

55.  Señala el potencial que poseen los modelos de economía colaborativa para mejorar la eficiencia del sistema de transporte y reducir externalidades indeseadas del tráfico, como la congestión y las emisiones; de acuerdo con el principio de subsidiariedad, pide a las autoridades que sopesen integrar plenamente los servicios verdaderamente colaborativos de transporte en el sistema convencional de transporte, con miras a favorecer la creación de cadenas de transporte completas y con un funcionamiento fluido y la introducción de nuevas modalidades de movilidad sostenible;

56.  Destaca que, en el contexto de la economía colaborativa, las cuestiones más urgentes son las relativas a la protección de los consumidores, la atribución de responsabilidades, la fiscalidad, los regímenes de seguro, la protección social de los trabajadores (ya sean empleados o autónomos) y la protección de los datos, y espera una intervención reguladora a este respecto; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la economía colaborativa no dé lugar a una competencia desleal, no cause dumping social y fiscal y no suponga una práctica de intrusismo profesional frente al transporte público regulado.

57.  Opina que, teniendo en cuenta la sentencia del TJUE en el asunto C-434/15(14) de 20 de diciembre de 2017, es necesario definir claramente la línea que separa la mera intermediación a través de plataformas en línea de la prestación de un servicio de transporte; considera que un servicio no forma parte de la sociedad de la información cuando la actividad cubre una parte sustancial de la provisión de servicios profesionales y, en todo caso, cuando la plataforma tecnológica determina de manera directa o indirecta los precios, la cantidad o la calidad del servicio prestado;

58.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para reducir el riesgo y la posibilidad de que se produzca elusión fiscal en relación con servicios de la economía colaborativa, exigiendo que se paguen impuestos donde se generen beneficios y donde se presten los servicios;

o
o   o

59.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 282 de 19.10.2016, p. 1.
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO C 81 de 2.3.2018, p. 195.
(4) DO C 345 de 13.10.2017, p. 52.
(5) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 50.
(6) DO C 468 de 15.12.2016, p. 57.
(7) DO C 265 de 11.8.2017, p. 2.
(8) DO C 316 de 22.9.2017, p. 155.
(9) EU Transport in Figures- Statistical pocketbook 2015, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2015.
(10) DO L 142 de 2.6.2017, p. 100.
(11) DO L 12 de 18.1.2000, p. 16.
(12) DO L 120 de 15.5.2009, p. 5.
(13) DO L 115 de 6.5.2015, p. 1.
(14) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala), de 20 de diciembre de 2017, Asociación Profesional Elite Taxi v Uber Systems España, SL, asunto C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.


Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (2017/2128(INI))
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006(3),

–  Vista la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas(4),

–  Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico(5),

–  Vista la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 18 de febrero de 2016, en el asunto 12/2013/MDC sobre las prácticas de la Comisión Europea en materia de autorización y comercialización de productos fitosanitarios (plaguicidas)(6),

–  Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y sus anexos pertinentes publicada por la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS)(7) en abril de 2018,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de noviembre de 2016, en los asuntos C-673/13 P (Comisión/Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe) y C-442/14 (Bayer CropScience /College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2018, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación alimentaria general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG], el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º 2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 [materiales en contacto con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 [productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos](8),

–  Visto el mandato y los trabajos de la Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas (PEST) del Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0268/2018),

A.  Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 (en lo sucesivo, «el Reglamento») ha puesto de manifiesto que los objetivos de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente no se alcanzan plenamente y que podrían introducirse mejoras para conseguir todos los objetivos del Reglamento;

B.  Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento debe considerarse en relación con la política general de los plaguicidas de la UE, incluidas las normas establecidas en la Directiva 2009/128/CE (Directiva sobre el uso sostenible), el Reglamento (UE) n.º 528/2012 (Reglamento sobre biocidas), el Reglamento (CE) n.º 396/2005 (Reglamento sobre los límites máximos de residuos) y el Reglamento (CE) n.º 178/2002 (Reglamento general de legislación alimentaria);

C.  Considerando que la aplicación del Reglamento no está siendo satisfactoria y debe ajustarse a las políticas de la Unión correspondientes, en particular en el ámbito de los plaguicidas;

D.  Considerando que las pruebas disponibles indican que la aplicación práctica de los tres instrumentos principales del Reglamento –aprobaciones, autorizaciones y cumplimiento de las decisiones reguladoras– puede mejorarse y que no garantiza el pleno cumplimiento de los objetivos del Reglamento;

E.  Considerando que la Comisión no ha aplicado en absoluto determinadas disposiciones del Reglamento, en particular el artículo 25 sobre la aprobación de protectores y sinergistas y el artículo 27 sobre una lista negativa de coformulantes inaceptables;

F.  Considerando que otras disposiciones clave, como la aplicación de los criterios de exclusión para las sustancias activas que son disruptores endocrinos, se han retrasado considerablemente debido al comportamiento ilícito de la Comisión;

G.  Considerando que las partes interesadas han expresado su inquietud en relación con el enfoque de evaluación según lo establecido por la ley, en particular en lo referente a quién debe aportar los estudios científicos y las pruebas para las evaluaciones de las sustancias activas y el uso de un enfoque basado en el peligro durante estas evaluaciones;

H.  Considerando que la carga de la prueba debe recaer sobre el solicitante, a fin de garantizar que el dinero público no se utiliza para estudios que al final benefician a intereses privados; considerando que, al mismo tiempo, debe garantizarse la transparencia en cada fase del procedimiento de autorización de manera completamente acorde con los derechos de propiedad intelectual, mientras se asegura que se respetan sistemáticamente los principios de las buenas prácticas de laboratorio en toda la Unión;

I.  Considerando que la aplicación en la práctica del enfoque de evaluación establecido suscita preocupación; en particular, existen importantes motivos de preocupación en relación con la incompleta armonización de los requisitos en materia de datos y de métodos utilizados, lo que puede entorpecer el proceso de evaluación;

J.  Considerando que la actuación de las autoridades nacionales competentes ha resultado ser uno de los factores que más influyen en la evaluación de las sustancias activas; que existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros en lo que respecta a los conocimientos y al personal disponible; que el Reglamento y los requisitos legales correspondientes no están siendo aplicados de modo uniforme en todos los Estados miembros, lo que puede tener consecuencias importantes en materia de salud y medio ambiente;

K.  Considerando que la transparencia debe mejorarse en todas las etapas del procedimiento de aprobación, y que una mayor transparencia puede ayudar a potenciar la confianza general en el sistema que regula los productos fitosanitarios; que la transparencia de las actividades de las autoridades competentes en relación con la autorización también es en muchos casos insatisfactoria; que la Comisión propuso cambios en la legislación alimentaria general, con el objetivo de abordar las preocupaciones relacionadas con los datos y las pruebas aportados durante el proceso de evaluación, y de aumentar la transparencia;

L.  Considerando que la autorización de los productos fitosanitarios, que tiene lugar exclusivamente en el plano nacional, suele sufrir retrasos en la decisiones sobre gestión del riesgo; que a consecuencia de lo anterior se produce, en algunos casos, un incremento de las autorizaciones concedidas por los Estados miembros al amparo del régimen excepcional del artículo 53 del Reglamento; que se dan casos en que se hace uso de estas excepciones de forma contraria a la voluntad original del legislador;

M.  Considerando que el Reglamento introduce una disposición por la que la gestión integrada de plagas hubiera debido ser uno de los requisitos obligatorios de gestión según lo previsto por las normas de condicionalidad de la política agrícola común; que esto no ha sucedido todavía;

N.  Considerando que la información disponible muestra que este texto normativo de la Unión refuerza los esfuerzos y actuaciones nacionales y les aporta valor añadido;

O.  Considerando que muchas veces solo se tienen realmente en cuenta las posibles alternativas una vez modificados los requisitos legales, que, por ejemplo, en el caso de la ampliación de la prohibición de neonicotinoides la evaluación más reciente (30 de mayo de 2018)(9) permitió constatar que existen alternativas no químicas fácilmente disponibles para el 78 % de los usos de los neonicotinoides;

P.  Considerando que desde el 31 de mayo de 2016 no se han presentado nuevas sustancias activas para su aprobación; que la innovación y el desarrollo de productos nuevos, en particular productos de bajo riesgo, son importantes;

Q.  Considerando que la disponibilidad de plaguicidas falsificados en el mercado constituye un problema real; que los plaguicidas falsificados pueden resultar dañinos para el medio ambiente y comprometer la eficacia del Reglamento;

Conclusiones principales

1.  Considera que la Unión es el nivel idóneo en el que debe continuar desarrollándose la actividad normativa en el ámbito de los plaguicidas;

2.  Señala que todas las actuaciones actuales y futuras deben seguir centrándose en adoptar medidas ambientales destinadas a evitar, limitar y contener la propagación de agentes patógenos y de plagas;

3.  Considera que la aprobación y aplicación del Reglamento representa un importante paso hacia adelante en lo que respecta al tratamiento de los productos fitosanitarios en la Unión en comparación con el pasado;

4.  Destaca que debe prestarse una atención especial al papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el desarrollo de nuevos productos, dado que con frecuencia no cuentan con los importantes recursos que son necesarios para el proceso del desarrollo y aprobación de nuevas sustancias;

5.  Muestra su preocupación ante el hecho de que el Reglamento no se haya aplicado efectivamente y que, por ello, no se estén alcanzando en la práctica sus objetivos en lo que respecta a la producción y la innovación agrícolas; destaca el hecho de que, en parte debido al bajo nivel de innovación, el número de sustancias activas plaguicidas está disminuyendo;

6.  Recuerda que un enfoque integrado es muy necesario, y que el Reglamento (CE) n.º 1185/2009 relativo a las estadísticas de plaguicidas(10) debe formar parte de la evaluación, utilizándose sus resultados para reducir la cantidad y, como consecuencia, minimizar los riesgos y su impacto negativo en la salud y el medio ambiente;

7.  Señala que los objetivos e instrumentos del Reglamento y de su aplicación no siempre están suficientemente armonizados con las políticas de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, la calidad del agua, el cambio climático, el uso sostenible de plaguicidas y los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos;

8.  Expresa su preocupación a la vista de que, por lo que respecta a la experimentación con animales para determinar el peligro y evaluar el riesgo, la aplicación del Reglamento no se ajusta a los denominados requisitos 3R —a saber, los principios de reemplazo, reducción y refinamiento—, contemplados en la Directiva 2010/63/UE sobre la experimentación con animales, y de que el ensayo biológico de dos años sobre la carcinogenicidad puede dar resultados controvertidos(11);

9.  Recuerda que el principio de cautela es un principio general de la Unión recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la adopción de decisiones preventivas;

10.  Considera inaceptable que los requisitos de aprobación para los protectores o sinergistas aún no se hayan aplicado, en contra de lo que establece el artículo 25 del Reglamento;

11.  Considera inaceptable que la lista negativa de coformulantes aún no se haya aprobado, sobre todo tras la prohibición de las tallowaminas polietoxiladas en combinación con el glifosato, que ha puesto de manifiesto los efectos adversos que determinados coformulantes pueden provocar;

12.  Toma nota de la evaluación REFIT del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 que está llevando a cabo actualmente la Comisión y de que está previsto finalizarla para noviembre de 2018; confía en que sus conclusiones constituirán una base adecuada para que los colegisladores debatan sobre el futuro desarrollo del Reglamento;

13.  Manifiesta su preocupación por el aumento sostenido y los casos detectados de recurso indebido a las autorizaciones de emergencia concedidas al amparo del artículo 53 en algunos Estados miembros; señala que algunos Estados miembros recurren al artículo 53 muchos más que otros; toma nota de la asistencia técnica prestada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento, para examinar el uso de autorizaciones de emergencia; toma nota de los resultados de la investigación de la EFSA sobre las autorizaciones de emergencia en 2017 de tres neonicotinoides, que mostraban que, mientras algunas autorizaciones de emergencia eran necesarias y se ajustaban a los parámetros establecidos en la legislación, otras no estaban justificadas; considera esencial que los Estados miembros faciliten los datos necesarios para que la EFSA pueda ejercer de forma eficaz su mandato;

14.  Destaca la importancia de que la elaboración de las políticas se base en la ciencia reglamentaria, produciendo pruebas verificables y reproductibles mediante principios científicos acordados a escala internacional por lo que se refiere a aspectos como las directrices, las buenas prácticas de laboratorio y la investigación validada por los homólogos;

15.  Le preocupa que la armonización incompleta de los datos y los requisitos de ensayo en algunos campos científicos se traduzca en la ineficacia de los métodos de trabajo, la falta de confianza entre las autoridades nacionales y los retrasos en el proceso de autorización, lo que puede repercutir negativamente sobre la salud humana y animal, el medio ambiente y la producción agrícola;

16.  Lamenta la limitada disponibilidad pública de información sobre el procedimiento de evaluación y autorización, así como el limitado acceso a la información; lamenta que el nivel de transparencia de los Estados miembros ponentes sea reducido (cuando actúan en el marco del procedimiento de aprobación), sugiere que la accesibilidad y la facilidad de consulta de la información en la fase de actuación de la EFSA pueden mejorarse, y que la transparencia en la fase de gestión del riesgo presente deficiencias y también sea considerada problemática por las partes interesadas; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) por aumentar la transparencia y la facilidad de consulta a través de su sitio web, y considera que este modelo podría utilizarse en el futuro para mejorar la transparencia;

17.  Destaca que la credibilidad del sistema de autorización de productos fitosanitarios depende en gran medida de la confianza del público en las agencias europeas que facilitan los dictámenes científicos en los que se basan las aprobaciones y la gestión del riesgo; subraya que la transparencia del proceso de evaluación científica es importante para mantener la confianza del público; pide, por consiguiente, que las agencias pertinentes se financien adecuadamente y dispongan del personal necesario para garantizar un proceso de autorización independiente, transparente y oportuno; celebra, asimismo, los continuos esfuerzos de la EFSA por mejorar el sistema que garantiza su independencia y la gestión de potenciales conflictos de intereses, que fue alabado por el Tribunal de Cuentas por tratarse del sistema más avanzado de las agencias auditadas en 2012 y que ha sido actualizado recientemente, en junio de 2017; pide a la Comisión que proponga mejoras para aumentar aún más la transparencia del proceso de reglamentación, incluido el acceso a los datos de los estudios sobre seguridad presentados por los productores como parte de sus solicitudes para la autorización de comercialización de productos fitosanitarios en la Unión; reconoce la necesidad de revisar el procedimiento utilizado para mejorar las evaluaciones, reforzar la independencia de las autoridades encargadas de llevar a cabo los estudios, evitar conflictos de intereses y reforzar la transparencia del procedimiento;

18.  Pide a la Comisión que cree un catálogo de usos a escala europea, para mejorar la armonización del Reglamento;

19.  Muestra su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, los productos fitosanitarios comercializados y su aplicación por los usuarios no se ajusten necesariamente a las condiciones de autorización pertinentes en lo que a su composición y utilización se refiere; hace hincapié en que el uso no profesional debe limitarse cuando sea posible a fin de reducir los usos indebidos;

20.  Subraya la importancia de la formación continua para los usuarios a fin de garantizar el uso adecuado e idóneo de los productos fitosanitarios; considera oportuna la distinción entre usuarios profesionales y aficionados; observa que los productos fitosanitarios se utilizan en jardines privados, en líneas ferroviarias y en parques públicos;

21.  Afirma que el derecho de los Estados miembros a rechazar productos fitosanitarios autorizados no se ve afectado;

22.  Destaca que el Reglamento debe reflejar mejor la necesidad de promover las prácticas agrícolas basadas en la gestión integrada de las plagas, por ejemplo el desarrollo de sustancias de bajo riesgo; subraya que la escasa disponibilidad de productos fitosanitarios de bajo riesgo dificulta el desarrollo de la gestión integrada de plagas; observa con preocupación que solo diez sustancias están aprobadas como productos fitosanitarios de bajo riesgo, de las casi 500 presentes en el mercado de la Unión;

23.  Hace hincapié en que la autorización y la promoción de plaguicidas de bajo riesgo y no químicos constituyen una medida importante para respaldar la gestión de plagas con un uso reducido de plaguicidas; reconoce la necesidad de investigar más estos productos, ya que su composición y funcionamiento son totalmente diferentes de los de los productos convencionales; subraya también la necesidad de contar con mayores conocimientos especializados en la EFSA y las autoridades nacionales para evaluar estas sustancias activas biológicas; destaca que los productos fitosanitarios de origen biológico deben estar sujetos a las mismas evaluaciones rigurosas que las otras sustancias; en consonancia con su Resolución de 15 de febrero de 2017 sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico, pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa específica para modificar el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 con vistas a establecer un proceso rápido de evaluación, autorización y registro de plaguicidas de bajo riesgo, al margen de la revisión general en relación con la iniciativa REFIT;

24.   Considera que el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 también debe adaptarse para tener mejor en cuenta las sustancias que no se consideran productos fitosanitarios y que, cuando se utilizan para la protección de las plantas, se rigen por ese mismo Reglamento; observa que dichas sustancias constituyen alternativas interesantes en cuanto a los métodos de producción integrados y a determinados productos de control biológico;

25.  Hace hincapié en que debe prestarse especial atención y apoyo a los productos fitosanitarios para usos menores, ya que actualmente hay pocos incentivos económicos para que las empresas desarrollen tales productos; celebra la creación del dispositivo de coordinación de usos menores como un foro para mejorar la coordinación entre los Estados miembros, las organizaciones de productores y la industria en el desarrollo de soluciones para usos menores;

26.  Subraya que muchos productos fitosanitarios autorizados llevan más de 15 años sin ser evaluados con arreglo a las normas de la Unión, como consecuencia de retrasos del procedimiento de autorización;

27.  Destaca la importancia de crear un marco reglamentario favorable a la innovación que permita la sustitución de los agentes químicos más antiguos por productos fitosanitarios nuevos y mejores; subraya la importancia de disponer de una amplia gama de productos fitosanitarios con diferentes mecanismos de acción para evitar el desarrollo de resistencias y mantener la efectividad de la aplicación de los productos fitosanitarios;

28.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que aún no se haya consolidado la armonización de las orientaciones;

29.  Pone de relieve que la falta de orientaciones o su carácter incompleto son deficiencias graves que tienen consecuencias negativas para la aplicación del Reglamento y, por tanto, para la consecución de sus objetivos;

30.  Resalta que los documentos de orientación existentes no son jurídicamente vinculantes, lo que crea incertidumbre jurídica para los solicitantes y pone en entredicho los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco de los procedimientos de aprobación;

31.  Acoge con satisfacción el concepto de sistema de zonas y su objetivo de facilitar la autorización eficaz de los productos fitosanitarios; considera que el procedimiento de reconocimiento mutuo es esencial para compartir la carga de trabajo y ayudar a que se cumplan los plazos; lamenta los problemas de aplicación relacionados con el principio de reconocimiento mutuo; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para mejorar el funcionamiento del sistema de zonas; subraya que la plena aplicación de la legislación existente debe tener por objeto evitar la duplicación del trabajo y poner nuevas sustancias a disposición de los agricultores sin demoras innecesarias;

32.  Subraya la necesidad de intercambiar conocimientos y adquirir competencias en relación con las alternativas a los plaguicidas químicos y la gestión integrada de plagas, incluida la identificación de la rotación de cultivos óptima para la situación comercial y climática de los agricultores; observa, además, que esto ya se ha previsto en el Reglamento horizontal de la PAC, en particular los servicios de asesoramiento agrícola financiados en el marco del desarrollo rural;

33.  Manifiesta su preocupación por el reducido número de nuevas sustancias que han sido aprobadas ; subraya la importancia de una «caja de herramientas» adecuada de productos fitosanitarios para que los agricultores puedan garantizar el suministro de alimentos de la Unión;

34.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en recientes debates, se está cuestionando cada vez más el actual sistema de evaluación científica de la Unión para los productos fitosanitarios; hace hincapié en la importancia de mantener y reforzar aún más un sistema científicamente sólido, objetivo y basado en pruebas revisadas por homólogos y derivadas de un enfoque científico abierto, independiente, holístico y multidisciplinar para la autorización de cualquier sustancia activa, en consonancia con los principios de análisis de riesgos y de cautela de la Unión, tal como se establece en el Reglamento general de la legislación alimentaria; insiste en que el procedimiento para la renovación de la aprobación de cualquier sustancia activa debe tener en cuenta el uso efectivo de los productos fitosanitarios y los avances científicos y tecnológicos; señala que las complejidades del actual sistema de evaluación y autorización provocan el incumplimiento de los plazos previstos y podrían apuntar al mal funcionamiento general de todo el sistema; destaca, por tanto, la necesidad de revisar y simplificar ese régimen;

35.  Destaca el desequilibrio en el número de solicitudes entre algunos Estados miembros de la misma zona y de tamaño y condiciones agrícolas similares;

36.  Considera que los productos importados de fuera de la Unión que han sido cultivados utilizando productos fitosanitarios deben someterse a los mismos criterios estrictos a los que se someten los productos producidos dentro de la Unión; manifiesta su preocupación por que, en la elaboración de productos importados, puedan utilizarse productos fitosanitarios no registrados en la Unión;

Recomendaciones

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva del Reglamento en sus cometidos respectivos dentro de los procedimientos de aprobación y autorización;

38.  Pide a los Estados miembros que mejoren la grave y crónica falta de personal en las autoridades nacionales competentes, que ocasiona retrasos en la fase de identificación de peligros y de evaluación inicial de riesgos realizada por los Estados miembros;

39.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la prórroga del periodo de validez de la aprobación durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento, no se utilizará para las sustancias activas que sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción y, por lo tanto, pertenezcan a las categorías 1A o 1B, ni para las sustancias activas que presenten propiedades de alteración endocrina y sean perjudiciales para los seres humanos o los animales, como ocurre actualmente con sustancias como la flumioxazina, el thiacloprid, el clortoluron y la dimoxiestrobina(12);

40.  Se ha de prohibir inmediatamente el uso de las sustancias activas que sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción y, por lo tanto, pertenezcan a las categorías 1A o 1B, y de las sustancias activas con propiedades de alteración endocrina y perjudiciales para los seres humanos o los animales que ya hayan obtenido una o varias prórrogas del periodo de validez de la aprobación durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento;

41.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan que la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente son objetivos clave de la legislación, mejorando al mismo tiempo la producción agrícola y salvaguardando la competitividad del sector agrícola;

42.  Pide a la industria que aporte todos los datos y estudios científicos en un formato electrónico uniforme y legible por máquina a los Estados miembros ponentes y a las agencias de la Unión; pide a la Comisión que desarrolle un modelo armonizado para la presentación de datos, a fin de facilitar el intercambio de datos entre Estados miembros en todas las fases del proceso; reconoce que estos datos deben tratarse siguiendo los criterios de la protección de datos y la legislación sobre propiedad intelectual de la Unión;

43.  Pide a los Estados miembros que apliquen de manera estricta el artículo 9 del Reglamento sobre admisibilidad de las solicitudes y que solo acepten solicitudes completas para la evaluación de la sustancia activa;

44.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, siguiendo las orientaciones armonizadas existentes, velen por la aplicación plena y uniforme de los criterios de exclusión por razón del peligro de las sustancias y que se aseguren de que solo se evalúe el riesgo de las sustancias si se acredita que estas no presentan propiedades peligrosas (que justifican la exclusión), como requiere el Reglamento;

45.  Pide a la Comisión que, finalmente, aplique las disposiciones sobre coformulantes, protectores y sinergistas, que elabore una lista de coformulantes inaceptables y normas para que se analicen los protectores y sinergistas a escala de la Unión, y que garantice que solo las sustancias químicas que cumplan los criterios de aprobación de la Unión puedan comercializarse;

46.  Celebra la interpretación de la Comisión del principio de cautela, según se expresa en la evaluación REFIT del Reglamento general de legislación alimentaria(13), en concreto de que no se trata de una alternativa al enfoque de gestión de riesgos, sino de una forma concreta de gestión de riesgos; recuerda que la jurisprudencia de la Unión también respalda esta postura(14);

47.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando actúen como gestores del riesgo en los procedimientos de aprobación y autorización, apliquen debidamente el principio de cautela y presten especial atención a la protección de grupos vulnerables de la población tal y como se los define en el artículo 3, apartado 14, del Reglamento;

48.  Pide a la Comisión, a las agencias y las autoridades competentes que examinen y mejoren su comunicación relativa a los procedimientos de evaluación de riesgos y las decisiones sobre gestión de riesgos a fin de mejorar la confianza pública en el sistema de autorización;

49.  Pide a los Estados miembros que apliquen mejor los procedimientos nacionales de autorización a fin de limitar las excepciones y las prórrogas en virtud del artículo 53 del Reglamento a situaciones de emergencia real; pide a la Comisión que utilice plenamente sus derechos de control en virtud del artículo 53, apartados 2 y 3; pide, además, a los Estados miembros que cumplan plenamente con su obligación de informar a otros Estados miembros y a la Comisión según lo establecido en el artículo 53, apartado 1, en particular en lo que se refiere a las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los usuarios, los grupos vulnerables y los consumidores;

50.  Pide a la Comisión que ponga a punto métodos para determinar cuándo procede aplicar determinadas excepciones, en particular en lo que se refiere a la «exposición insignificante» o al «riesgo grave fitosanitario», sin modificar la letra o el espíritu de la ley; advierte a la Comisión de que cualquier reinterpretación del término «exposición insignificante» por «riesgo insignificante» iría en contra de la letra y el espíritu de la ley;

51.  Pide más inversión de la Comisión y de los Estados miembros para incentivar las iniciativas de investigación en relación con las sustancias activas —incluidas las sustancias de bajo riesgo biológico— y con los productos fitosanitarios en el ámbito de Horizonte Europa y el marco financiero plurianual 2021-2027; subraya la importancia de un marco normativo sobre productos fitosanitarios a escala de la Unión que proteja el medio ambiente y la salud humana pero también promueva la investigación y la innovación destinadas a desarrollar unos productos fitosanitarios eficaces y seguros asegurando a un tiempo unas prácticas agrícolas y una gestión integrada de plagas sostenibles; destaca que se necesita una amplia variedad de herramientas seguras y efectivas para proteger la fitosanidad; destaca el potencial de las técnicas de la agricultura de precisión y la innovación tecnológica pueden para ayudar a los agricultores europeos a optimizar de forma más especializada y sostenible el control de plagas;

52.  Pide a la Comisión que limite estrictamente el uso del procedimiento de la información confirmatoria a su finalidad, tal como se establece en el artículo 6, letra f, del Reglamento, en concreto cuando se establezcan nuevos requisitos durante el proceso de evaluación o como resultado de nuevos conocimientos científicos y técnicos; subraya que es importante que los expedientes estén completos para las aprobaciones de sustancias activas; lamenta que el procedimiento de excepción por información confirmatoria haya llevado a permanecer en el mercado durante un período de tiempo prolongado a productos fitosanitarios que, de otro modo, habrían estado prohibidos;

53.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen la transparencia general de los procedimientos, incluso aportando actas detalladas sobre los debates en comité entre responsables políticos y sus respectivas posiciones, en particular explicando y justificando las decisiones del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (Comité PAFF);

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor coherencia del Reglamento y su aplicación con la legislación y las políticas conexas de la Unión, en particular con la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas y que ofrezcan incentivos, por ejemplo poniendo a disposición suficientes recursos, que fomenten y estimulen a corto plazo el desarrollo y el uso de alternativas seguras y no tóxicas a los productos fitosanitarios; observa que el marco reglamentario no tiene en cuenta el impacto inevitable sobre especies no objetivo, en especial sobre las abejas y otros polinizadores e insectos que son beneficiosos para la agricultura por ser depredadores de plagas; señala el reciente estudio científico que ilustra el «apocalipsis de los insectos» con la extinción de un 75 % de los insectos voladores a nivel regional en Alemania, incluso en reservas naturales donde no se utilizó ningún plaguicida en la agricultura; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor coherencia de la PAC con la legislación relativa a los productos fitosanitarios, en particular manteniendo las obligaciones en virtud del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 y la Directiva 2009/128/CE en la lista de requisitos legales de gestión (RLG 12 y RLG 13), tal como propone la Comisión en la propuesta de Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC(15);

55.  Pide a los Estados miembros que garanticen el cumplimiento efectivo del Reglamento, en especial en lo que se refiere a los controles de los productos fitosanitarios comercializados en la Unión, con independencia de que se hayan producido en esta o se hayan importado de terceros países;

o
o   o

56.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) DO L 70 de 16.03.2005, p. 1.
(3) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(4) DO L 309 de 24.11.2009, p. 71.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES: agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Francia) — Conclusiones de 2018.
(10) DO L 324 de 10.12.2009, p. 1.
(11) Fuente: Datos basados en la información y las conclusiones de la evaluación de la ejecución a escala europea, estudio EPRS de abril de 2018, p. 36 y II-33.
(12) https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) Por ejemplo, la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011, República Francesa contra Comisión Europea, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.
(15) Propuesta de Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC - COM(2018)0392.


Calidad dual de los productos en el mercado único
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la calidad dual de los productos en el mercado único (2018/2008(INI))
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2006/2004(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de septiembre de 2017, relativa a la aplicación de la normativa de la UE en materia alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual de los productos: caso específico de los alimentos,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, titulado «Guía para la implementación/aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales» (SWD(2016)0163),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, sobre un enfoque global dirigido a estimular el comercio electrónico transfronterizo para las empresas y los ciudadanos europeos (COM(2016)0320),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2018 – Un Programa para una Europa más unida, más fuerte y más democrática» (COM(2017)0650),

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,

–  Vistas las Conclusiones del presidente del Consejo Europeo de 9 de marzo de 2017, y en particular su apartado 3,

–  Visto el resultado de la reunión extraordinaria n.º 3 524 del Consejo Europeo de Agricultura y Pesca del 6 de marzo de 2017,

–  Vista el acta de la reunión n.º 2 203 de la Comisión del 8 de marzo de 2017,

–  Visto el briefing sobre las prácticas de envasado engañosas elaborado por su Departamento Temático A en enero de 2012,

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre una nueva agenda de política de los consumidores europeos(4),

–  Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2012, relativa a una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables(5), y en particular su apartado 6,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales(6),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario(7),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE(8), y en particular su apartado 14,

–  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la Unión(9), y en particular su apartado 178,

–  Vista su interpelación mayor, de 15 de marzo de 2017, sobre las diferencias en materia de declaraciones, composición y sabor de los productos en los mercados del centro/este de la Unión y en los del oeste(10),

–  Visto el briefing del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de junio de 2017, titulado «La calidad dual de los productos alimenticios de marca: cómo gestionar la posible brecha este-oeste»,

–  Visto el estudio sobre los productos alimenticios y los consumidores checos llevado a cabo por la Autoridad de Inspección Agrícola y Alimentaria checa en febrero de 2016,

–  Visto el estudio especial sobre la cuestión de la calidad dual y la composición de los productos comercializados en el mercado único de la Unión Europea desde la perspectiva de la legislación en materia de protección de los consumidores (en particular, las prácticas comerciales desleales), la legislación en materia de competencia (en particular, la competencia desleal) y los derechos de propiedad industrial, elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad Palacký, Olomouc, en 2017,

–  Vistos los diferentes estudios, encuestas y ensayos realizados en los últimos años por las autoridades de inspección alimentaria en varios Estados miembros de Europa Central y Oriental,

–  Visto el informe Nielsen, de noviembre de 2014, sobre la situación de las marcas blancas en todo el mundo;

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de abril de 2018, titulada «Un Nuevo Marco para los Consumidores» (COM(2018)0183),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2018, sobre la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE (COM(2018)0185),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria(11),

–  Visto el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo a la protección de la propiedad intelectual,

–  Vista la carta enviada el 23 de marzo de 2018 por la República de Croacia, la República Checa, Hungría, Lituania, la República de Polonia y la República Eslovaca a la Comisión en relación con la calidad dual de los productos en el contexto del Nuevo Marco para los Consumidores,

–  Vistos los resultados de los estudios comparativos realizados por las autoridades y organizaciones de protección de los consumidores de diversos Estados miembros de la Unión,

–  Vista la propuesta de la Comisión de actualizar la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales para indicar de forma explícita que las autoridades nacionales han de poder evaluar y atajar las prácticas comerciales engañosas que consisten en comercializar como idénticos en varios países de la Unión productos cuya composición o características difieren considerablemente,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0267/2018),

A.  Considerando que, cuando promocionen, vendan o suministren productos, las empresas deben proporcionar a los consumidores información precisa y de fácil comprensión sobre la composición exacta del producto, también en el caso de productos y recetas locales, que les permita tomar una decisión de compra con conocimiento de causa;

B.  Considerando que la confianza de los consumidores en la composición, el valor y la calidad de un producto debe ser uno de los principios fundamentales de las marcas; que, por consiguiente, los fabricantes tienen la obligación de garantizar que se cumplen esas expectativas;

C.  Considerando que los consumidores no saben que los productos de una misma marca y con el mismo envase están adaptados a las preferencias y los gustos locales, y que las diferencias de calidad entre los productos suscitan preocupaciones en cuanto a la diferencia de trato de algunos Estados miembros con respecto a otros; que la Unión ya ha desarrollado etiquetas para satisfacer las expectativas concretas de los consumidores y tener en cuenta las particularidades de la producción reconocidas mediante el uso de menciones de calidad;

D.  Considerando que la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales (DPCD) es el principal instrumento legislativo de la Unión para velar por que los consumidores no se vean expuestos a publicidad engañosa y otras prácticas desleales en las transacciones entre empresas y consumidores, incluida la comercialización de productos de marca idéntica de un modo que pueda inducir a error a los consumidores;

E.  Considerando que las prácticas comerciales desleales pueden formularse en la DPCD de forma que queden prohibidas bajo cualquier circunstancia o en ciertas circunstancias; que, según las conclusiones de la Comisión, la inclusión de una práctica concreta en el anexo I de la DPCD, cuando proceda, contribuye a una mayor seguridad jurídica y, por ende, a una competencia más leal entre los fabricantes presentes en el mercado;

F.  Considerando que los consumidores asocian marca, producto y calidad, y que esperan, por tanto, que los productos de una misma marca o de apariencia idéntica sean también de idéntica calidad, independientemente de si se venden en su país o en otro Estado miembro;

G.  Considerando que los consumidores también asocian la marca y la etiqueta o el envase de un producto agrícola o alimenticio con la calidad, y que esperan, por tanto, que los productos de una misma marca que se comercializan con la misma etiqueta o una apariencia idéntica sean también idénticos en lo que se refiere a la calidad y la composición, independientemente de si se venden en su país o en otro Estado miembro; que todos los agricultores de la Unión producen siguiendo las mismas normas estrictas, y que los clientes esperan que esta uniformidad de la calidad se amplíe a otros productos de la cadena alimentaria, con independencia de la jurisdicción en que residan;

H.  Considerando que todos los ciudadanos de la Unión merecen ser tratados por igual en lo que respecta a los productos alimenticios y no alimenticios vendidos en el mercado único;

I.  Considerando que debe acabarse con las prácticas desleales en este sentido para evitar engaños entre los consumidores, y que solo una sinergia sólida a nivel de la Unión puede remediar este problema transfronterizo;

J.  Considerando que, a fin de determinar si una práctica comercial es desleal con arreglo a la DPCD, los Estados miembros deben llevar a cabo una evaluación de cada caso concreto, salvo para las prácticas que se enumeran en el anexo I;

K.  Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, el presidente Juncker hizo hincapié en que es inadmisible que en algunas regiones de Europa se vendan a los consumidores alimentos de menor calidad que los vendidos en otros países, a pesar de que las marcas y los envases son idénticos;

L.  Considerando que se han constatado diferencias significativas en la aplicación de la DPCD en los distintos Estados miembros, y que los enfoques metodológicos y la eficacia de la aplicación y el cumplimiento de la DPCD difieren considerablemente entre los Estados miembros;

M.  Considerando que la marca es a menudo lo que más cuenta en las decisiones sobre el valor de un producto;

N.  Considerando que un marco de cooperación para la aplicación reforzado y más eficiente impulsaría la confianza de los consumidores y reduciría los perjuicios que sufren;

O.  Considerando que todos los consumidores de la Unión tienen los mismos derechos y que los análisis demuestran que algunos productores y fabricantes han vendido productos de calidad diferente con una misma marca y con una apariencia idéntica engañosa, y que algunos productos contienen una menor cantidad de los principales ingredientes o ingredientes de menor calidad que sustituyen a los de calidad superior; que este problema está más extendido en los Estados miembros que se han adherido a la Unión desde 2004; que los análisis han detectado casos de venta de los mismos productos o de productos con una apariencia idéntica engañosa y menor calidad o con un sabor, consistencia u otras características sensoriales diferentes a unos precios que varían considerablemente de un país a otro; que, incluso si ello no supone un incumplimiento de los principios de la economía de mercado ni infringe las normas en vigor sobre etiquetado u otra legislación alimentaria, se trata no obstante de una violación de la identidad de marca que pone trabas al principio de que todos los consumidores deben recibir un mismo trato;

P.  Considerando que ha habido casos de diferencias considerables en productos tales como alimentos infantiles que cuestionan los principios y las pretensiones de los fabricantes, quienes alegan que adaptan sus productos para ajustarse a las preferencias locales; que los resultados de algunos laboratorios confirman que los productos de calidad inferior pueden contener combinaciones menos saludables de ingredientes, poniendo trabas, de este modo, al principio de que todos los consumidores deben recibir un mismo trato; que algunos representantes de los productores y los fabricantes han acordado modificar las recetas de sus productos en algunos países, de modo que se ofrezcan productos idénticos en el mercado único;

Q.  Considerando que recurren a estas prácticas inaceptables conocidas multinacionales del sector agroalimentario que tratan de maximizar sus márgenes de beneficio aprovechando la diferencia de poder adquisitivo existente entre los distintos Estados miembros;

R.  Considerando que, en su propuesta sobre un Nuevo Marco para los Consumidores, que consiste en una revisión específica de las directivas de la Unión relativas a los consumidores a raíz del control de la adecuación de la legislación de la Unión en materia de consumidores y comercialización, la Comisión propuso una actualización de la DPCD con el fin de prever explícitamente que las autoridades nacionales puedan evaluar y hacer frente a las prácticas comerciales engañosas consistentes en comercializar como idénticos en diferentes Estados miembros productos cuya composición o características son en realidad considerablemente diferentes;

S.  Considerando que, aunque no se debe inducir a error a los consumidores, tampoco deben limitarse en sí mismas la diferenciación de los productos y la innovación;

T.  Considerando que el mercado único ha reportado beneficios importantes a los agentes de la cadena alimentaria, y que el comercio de productos alimenticios está adquiriendo una dimensión cada vez más transfronteriza y reviste especial importancia para el funcionamiento del mercado único;

U.  Considerando que para obtener todos los beneficios del mercado interior es fundamental mejorar la aplicación de la legislación de la Unión vigente en materia de alimentos y consumidores, con el fin de detectar y abordar los casos injustificados de aplicación de un doble rasero y, por consiguiente, proteger a los consumidores frente a la información y a las prácticas comerciales engañosas;

V.  Considerando que existe una necesidad permanente de reforzar el papel de las asociaciones de consumidores a este respecto; que las asociaciones de consumidores desempeñan un papel excepcional a la hora de garantizar la confianza de los consumidores y deben seguir recibiendo apoyo en forma de medidas jurídicas y económicas adicionales y desarrollo de capacidades;

W.  Considerando que, a largo plazo, las diferencias comprobadas entre los ingredientes de productos comparables podrían presentar riesgos para la salud de los consumidores, en particular en el caso de los consumidores vulnerables, como los niños o las personas con problemas alimentarios y/o de salud, y contribuir así a deteriorar el bienestar de los ciudadanos; que esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el nivel de grasa y/o de azúcar es mayor de lo previsto, cuando se sustituyen grasas de origen animal por grasas de origen vegetal o viceversa, cuando se sustituye el azúcar por edulcorantes artificiales, o cuando se incrementa el contenido de sal; que un etiquetado que no relacione correctamente los aditivos utilizados o los diversos sucedáneos que sustituyen a los ingredientes básicos induce a error a los consumidores y puede representar un riesgo para su salud;

X.  Considerando que, dado que no existen normas legislativas sobre la calidad dual al nivel de la Unión, es imposible comparar o detectar casos de calidad dual y no existen instrumentos que puedan utilizarse para solucionar la situación; que los servicios de la Dirección de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentarios de la Comisión Europea informan periódicamente de fallos en la aplicación y la garantía del cumplimiento de los requisitos que impone la legislación alimentaria aplicable de la Unión, por ejemplo en el etiquetado de la carne separada mecánicamente(12) o en el uso de aditivos alimentarios(13);

Y.  Considerando que se constatan diferencias en la composición que podrían afectar a la salud de los consumidores no solo en los alimentos, sino también en los cosméticos, los productos de higiene y los productos de limpieza;

Z.  Considerando que muchos países de Europa Central, Oriental y Sudoriental van a la zaga en las actividades de reformulación destinadas a reducir el contenido en grasas, azúcares y sal;

1.  Subraya que los resultados de numerosos ensayos y estudios realizados en varios Estados miembros, principalmente en Europa Central y Oriental, con metodologías divergentes para los ensayos en laboratorio, han demostrado que existen diferencias de diversos grados, en particular en la composición y los ingredientes utilizados, entre productos que se anuncian y distribuyen en el mercado único con marcas y envases aparentemente idénticos, en detrimento de los consumidores; observa que, según una encuesta realizada para una autoridad nacional competente, esas diferencias preocupan a una gran mayoría de los consumidores; señala, por consiguiente, que, sobre la base de los resultados de dichos ensayos y encuestas, los consumidores se inquietan por la discriminación entre los diferentes mercados de los Estados miembros; subraya que cualquier tipo de discriminación de esta índole es inadmisible y que todos los consumidores de la Unión deben tener acceso a productos de un nivel de calidad equivalente;

2.  Hace hincapié en que los casos en que se dan diferencias tan importantes no afectan solo a productos alimenticios, sino con frecuencia también a productos no alimenticios tales como detergentes, cosméticos, artículos de higiene y productos para bebés;

3.  Recuerda que, en 2013, el Parlamento pidió a la Comisión que llevase a cabo una investigación para valorar si era necesario adaptar la legislación vigente en la Unión y que informara al Parlamento y a los consumidores de los resultados de dicha investigación;

4.  Acoge con satisfacción, por consiguiente, las iniciativas anunciadas recientemente por la Comisión para abordar esta cuestión, y en particular su compromiso de desarrollar una metodología de ensayo común, de asignar un presupuesto a la preparación y ejecución de este proyecto y a la recopilación de datos adicionales fiables y comparables, de actualizar la DPCD, y de poner en marcha el Centro de Conocimiento sobre el Fraude Alimentario y la Calidad de los Alimentos;

5.  Toma nota del mandato otorgado por el Consejo Europeo al Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria para que aborde la cuestión de la calidad dual; anima a los Estados miembros y a sus autoridades competentes a que participen activamente en las iniciativas en curso, en particular en el desarrollo y la integración en sus prácticas laborales de una metodología de ensayo común y la recopilación de datos adicionales; destaca la necesidad de que las partes que representan los intereses de los consumidores, incluidos los representantes de las organizaciones de consumidores, de los fabricantes y de las organizaciones de investigación que han llevado a cabo ensayos de productos en los Estados miembros, participen activamente y estén autorizadas a emitir opiniones en su nombre; considera que el Parlamento debe participar en todas las iniciativas en curso que puedan influir en los intentos de resolver el problema de la calidad dual;

6.  Recomienda a los Estados miembros afectados que efectúen una evaluación propia de la metodología y la eficacia de la aplicación de la DPCD, y de otros actos legislativos existentes relativos a la cuestión de la calidad dual de los alimentos y otros productos, y que la presenten a la Comisión, de manera que se pueda hacer una evaluación objetiva de la gravedad de este problema;

7.  Celebra que el Parlamento haya aprobado un proyecto piloto para 2018 consistente en la realización de investigaciones de mercado en varias categorías de productos de consumo con objeto de evaluar diferentes aspectos de la calidad dual; confía en que el proyecto se lleve a cabo y se publique a tiempo, conforme al calendario previsto inicialmente; opina que el proyecto debe prolongarse en 2019 con el fin de ampliar los conocimientos y abarcar también el sector no alimentario; pide que se permita a los diputados al PE participar en mayor medida en la supervisión del proyecto; anima al Parlamento, a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen todos los instrumentos disponibles, incluidos los proyectos piloto y nacionales, para evaluar ulteriormente los distintos aspectos de la calidad dual de los productos;

8.  Destaca que proporcionar información exhaustiva sobre la autoridad pública competente para la adopción de medidas y sobre los procedimientos administrativos o judiciales pertinentes, incluida la posibilidad de que los ciudadanos presenten una denuncia en línea, es fundamental para la aplicación efectiva de la DPCD; percibe de forma negativa, por consiguiente, la falta de información en los Estados miembros afectados que, a pesar de haberse inquietado por la necesidad de hacer frente al fenómeno de la calidad dual de los productos, no facilitan esta información en los sitios web de las autoridades competentes;

9.  Destaca que ya se han comunicado a la Comisión las nuevas medidas nacionales en materia de etiquetado destinadas a advertir a los consumidores de las diferencias en la composición de los productos alimenticios;

10.  Celebra que, a fin de seguir mejorando la protección de los consumidores en la Unión y de apoyar a las empresas, la Comisión haya puesto en marcha un programa de formación en línea que ayudará a las empresas a comprender mejor y hacer respetar los derechos de los consumidores en la Unión;

Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa de la UE en materia alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual de los productos

11.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de la normativa de la UE en materia alimenticia y de protección de los consumidores a la cuestión de la calidad dual de los productos; señala que dicha Comunicación tiene por objeto ayudar a las autoridades nacionales a determinar si una empresa infringe la normativa de la Unión en materia alimenticia y de protección de los consumidores al vender productos de calidad dual en diferentes países, así como asesorarlas sobre las modalidades de cooperación mutua; teme que, en la práctica, las autoridades no estén aplicando actualmente el planteamiento gradual expuesto en la Comunicación para que las autoridades nacionales determinen si los productores están infringiendo la normativa de la Unión, lo que puede suponer una vulneración de los derechos de los consumidores;

12.  Conviene con la Comisión en que, en el mercado único, en el que los consumidores entienden que existe libre circulación de mercancías y se garantiza la igualdad de acceso a estas, los consumidores no esperan a priori que los productos de marca vendidos en distintos países presenten diferencias; recuerda que, según la Comisión, los estudios sobre fidelidad a las marcas demuestran que estas actúan en la mente de los consumidores como un certificado de calidad controlada y constante; conviene asimismo con la Comisión en que esto explica por qué algunos consumidores pueden esperar que los productos de marca tengan una calidad equivalente, si no exactamente la misma, al margen de dónde y cuándo los compren y que los propietarios de las marcas les informen cuando deciden cambiar la composición de sus productos;

13.  Considera, por lo tanto, que la presentación de información adicional, incluso en el campo visual principal del envase, resulta insuficiente a menos que los consumidores entiendan claramente que el producto en cuestión difiere de productos aparentemente idénticos de la misma marca vendidos en otro Estado miembro;

14.  Conviene asimismo con la Comisión, en este contexto, en que los productores no tienen por que ofrecer obligatoriamente productos idénticos en distintas áreas geográficas y que la libre circulación de bienes no conlleva que todos los productos deban ser idénticos en todos los rincones del mercado único; destaca que los operadores de empresas pueden comercializar y vender mercancías que tengan una composición y características diferentes, debido a factores legítimos, siempre que respeten plenamente la legislación de la Unión; hace hincapié, no obstante, en que esos productos no deben presentar diferencias de calidad cuando se ofrecen a los consumidores en diferentes mercados;

15.  Considera que ofrecer información exacta y fácil de comprender a los consumidores es fundamental para abordar la cuestión de la calidad dual de los productos; expresa su convencimiento de que, si una empresa pretende comercializar en varios Estados miembros un producto con características diferentes, ese producto no puede llevar etiquetas ni marcas aparentemente idénticas;

16.  Observa que la composición de los productos de una misma marca puede presentar diferencias aceptables y que los productos pueden ser diferentes debido a las preferencias de los consumidores locales, la procedencia de los ingredientes locales, los requisitos impuestos por la legislación nacional, o los objetivos de reformulación; destaca que no se trata de establecer o armonizar los requisitos de calidad de los alimentos, y que no resulta conveniente imponer a los fabricantes la composición exacta de los distintos productos; considera, aun así, que no se deben utilizar las preferencias de los consumidores como pretexto para reducir la calidad u ofrecer diferentes categorías de calidad en mercados diferentes; hace hincapié en que los consumidores deben recibir información clara y ser conscientes de las adaptaciones de este tipo, para cada producto y no únicamente en términos generales, y conocer la existencia de esta práctica establecida;

17.  Considera que la Comunicación parece referirse principalmente a los productos alimenticios; opina que las disposiciones sobre la aplicación de la legislación de protección de los consumidores deben aplicarse a todos los productos alimenticios y no alimenticios disponibles en el mercado único en general, y que las etiquetas de los productos deben ser legibles para los consumidores y contener una información completa;

18.  Recuerda la Guía de la Comisión de 2016 para la implementación/aplicación de la DPCD, que dispone que los productos de la misma marca y con el mismo envasado o un envasado similar pueden diferir en cuanto a composición en función del lugar de fabricación y el mercado de destino, es decir, pueden variar de un Estado miembro a otro, y que, en virtud de la DPCD, las prácticas comerciales por las que se comercializan productos con una composición diferente no son de por sí desleales; destaca la importancia que revisten los documentos de orientación de la Comisión para facilitar la aplicación correcta y coherente de la DPCD; pide, por consiguiente, a la Comisión, que aclare la relación entre la comunicación, la guía y el proyecto de documento del subgrupo sobre mercado interior del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria;

19.  Observa que los métodos de control de las autoridades nacionales competentes pueden regirse por requisitos diferentes; subraya que ya se han realizado varios análisis en los que podría basarse la concepción y aplicación de la metodología de ensayo común, incluso si sus metodologías eran diferentes y los resultados no se han evaluado de la misma forma; considera que debe especificarse claramente el objetivo de los trabajos dirigidos por el Centro Común de Investigación (CCI) para desarrollar una metodología de ensayo, con el fin de garantizar una interpretación armonizada de la metodología resultante, incluida una definición de «diferencia significativa», y de que las autoridades competentes puedan utilizarla; observa que determinar cuál de los distintos productos es el más estándar y, en consecuencia, el «producto de referencia», podría entorpecer de hecho la evaluación global, puesto que puede resultar demasiado difícil determinar cuál es ese producto;

20.  Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión para ayudar a las autoridades nacionales responsables del cumplimiento a detectar las prácticas comerciales desleales en la comercialización de productos; pide a la Comisión que coordine a las autoridades nacionales competentes en este ámbito; destaca que el objetivo de la metodología consiste en garantizar que los Estados miembros recopilan datos fiables y comparables sobre una base común, así como contribuir a la evaluación global de la gravedad y el alcance del problema de la calidad dual en el mercado único; recuerda que es probable que la naturaleza real de las prácticas desleales se siga valorando solo de forma individualizada, dado que el alcance del acto consistente en inducir a error al consumidor es una cuestión que siempre será objeto de una valoración subjetiva por parte de la autoridad o el tribunal competente;

21.  Acoge favorablemente la decisión de la Comisión de pedir a las autoridades competentes que realicen ensayos de mercado que conlleven comparaciones de productos entre diferentes regiones y países; señala, no obstante, que, según la Comisión, dichos ensayos deben llevarse a cabo con una metodología de ensayo común cuyo desarrollo no ha finalizado aún; destaca la necesidad de cumplir el calendario previsto para que los resultados de los ensayos que se lleven a cabo con arreglo a una metodología de ensayo común se hayan completado, publicado en todas las lenguas oficiales de la Unión en una base de datos pública, y analizado lo antes posible, pero a más tardar a finales de 2018; destaca, por otra parte, la necesidad de divulgar rápidamente esos resultados con el fin de informar y concienciar a los consumidores y productores y contribuir así a reducir los casos de calidad dual de los productos;

Otros aspectos de la calidad dual

22.  Subraya que las marcas blancas se han convertido en un elemento básico de la cesta de la compra de los consumidores y que su cuota de mercado ha aumentado en la mayoría de las categorías de productos en la mayor parte de los Estados miembros a lo largo de la última década; cree que las marcas blancas no deben dar la impresión de ser un producto de marca, a fin de no confundir a los consumidores; afirma una vez más que la cuestión de las marcas blancas merece una atención especial por parte de la Comisión a fin de eliminar la confusión entre las marcas blancas y los productos de marca; observa que los productores y los fabricantes tienen acceso al mercado único, pero que este es también muy competitivo, y que algunas marcas se conocen o están bien consideradas de manera generalizada en toda la Unión;

23.  Recuerda que el Parlamento ha pedido en reiteradas ocasiones a la Comisión que determine si la calidad dual tiene efectos negativos en la producción local y regional, en especial para las pymes; lamenta que hasta el momento la Comisión no haya presentado datos al respecto;

24.  Hace hincapié en que la falsificación de productos de marca expone a los consumidores a riesgos para su salud y su seguridad, debilita la confianza de los consumidores en las marcas y provoca una pérdida de ingresos de los productores; observa que la gama de productos falsificados recuperados en la Unión sigue siendo amplia y engloba casi todos los tipos de mercancías;

25.  Muestra su preocupación ante las restricciones impuestas a los comerciantes a la hora de adquirir productos, que pueden tener un efecto negativo en las posibilidades de elección de los consumidores; insta a la Comisión a que determine cuáles son los factores que contribuyen a la fragmentación del mercado único de mercancías y limitan de forma ilegítima la capacidad de los consumidores para obtener todos los beneficios del mercado único, en particular las restricciones territoriales de suministro y sus consecuencias; pide a la Comisión que, cuando proceda, recurra a la legislación en materia de competencia para hacer frente a esas prácticas;

26.  Señala que las autoridades nacionales competentes solo pueden tomar muestras y efectuar ensayos en el territorio del Estado miembro correspondiente; destaca la necesidad de contar con una cooperación transfronteriza reforzada, eficaz, transparente y rápida y con el intercambio de datos, incluido el intercambio de información sobre posibles productos no conformes y sobre posibles prácticas desleales, entre las autoridades nacionales en materia alimenticia y de protección de los consumidores, las asociaciones de consumidores y la Comisión, con el fin de hacer frente al fenómeno de la calidad dual y mejorar y armonizar la aplicación de la legislación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen esa cooperación; acoge favorablemente la adopción del Reglamento revisado sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, que refuerza las facultades de investigación y de ejecución, mejora el intercambio de datos e información y el acceso a la información pertinente, y establece normas armonizadas en relación con los procedimientos de coordinación de las medidas de investigación y de ejecución en este ámbito;

27.  Reconoce la utilidad de los «barridos», que constituyen una forma importante de coordinación de la aplicación en virtud del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que los refuercen ulteriormente y amplíen su ámbito de aplicación;

Recomendaciones y próximos pasos

28.  Resalta el valor de un debate público extenso y oportuno que sirva para concienciar a los consumidores sobre los productos y sus características; observa que algunos fabricantes y propietarios de marcas blancas ya han anunciado que modificarán sus recetas o que utilizarán un único estándar de producción a escala de la Unión; destaca el importante papel que desempeña el sector en la mejora de la transparencia y la claridad en cuanto a la composición de los productos, su calidad y las posibles modificaciones al respecto; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear un código de conducta a este respecto; pide que se permita una participación aún mayor de los productores y los vendedores minoristas, por su propio interés, para ayudarles a encontrar cuanto antes una solución eficaz para la situación actual sin necesidad de recurrir a acciones ejecutivas, y para hacer que los consumidores europeos dispongan de productos de la misma calidad en todo el mercado único; pide a los fabricantes que examinen la posibilidad de colocar en el envase un logotipo que indique que el contenido y la calidad de un producto de la misma marca son idénticos en todos los Estados miembros;

29.  Pide a las organizaciones de consumidores, a las organizaciones de la sociedad civil y a los órganos nacionales notificados responsables de hacer cumplir la DPCD y otros actos legislativos pertinentes que se impliquen más activamente en el debate público y en la labor de informar a los consumidores; expresa su convencimiento de que las organizaciones de consumidores podrían contribuir de forma significativa a resolver el problema de la calidad dual; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a las organizaciones nacionales de consumidores, mediante mecanismos financieros y jurídicos, de modo que puedan consolidar sus capacidades, desarrollar sus actividades de ensayo, realizar ensayos comparativos y contribuir, junto con las autoridades competentes, a la detección y a la revelación de casos de diferencias desleales entre productos; considera, además, que debe fomentarse la mejora del intercambio transfronterizo de información entre las asociaciones de consumidores;

30.  Opina que, a la luz de las experiencias anteriores, las autoridades competentes han sido incapaces, por sí solas, de abordar con eficacia a escala nacional los casos específicos de calidad dual o de imponer el cumplimiento de la legislación vigente, o lo han intentado de forma insuficiente, en parte debido a la inexistencia de disposiciones jurídicas explícitas a escala de la Unión; recuerda que los Estados miembros son responsables de garantizar el cumplimiento de la DPCD, y que por lo tanto deben velar por ello con el fin de garantizar que no se induce a error a los consumidores mediante prácticas comerciales desleales; hace hincapié en que los Estados miembros deben garantizar que las autoridades nacionales competentes cuentan con capacidades adecuadas a nivel técnico, financiero y de recursos humanos para garantizar la aplicación efectiva; pide a los Estados miembros que pongan a disposición de los consumidores un espacio para la presentación de reclamaciones y su posterior investigación y que, en la mayor medida posible, informen a los consumidores sobre sus derechos y opciones con relación a la aplicación de la legislación vigente y sobre las obligaciones de los vendedores de informarles sobre la composición y, en su caso, el origen de los productos;

31.  Advierte de que la cuestión de la calidad dual está íntimamente ligada a la esencia del funcionamiento del mercado único y a la confianza de los consumidores, ambos en entredicho, por lo que requiere, en particular, una solución a escala de la Unión a través de medidas de aplicación directa; expresa su convencimiento de que, dada la posibilidad de adoptar medidas a nivel nacional, la intervención a escala de la Unión permitiría salvaguardar la integridad del mercado único; pide a la Comisión que haga un inventario de las normas nacionales vigentes en la Unión para los productos alimenticios y no alimenticios y que evalúe su pertinencia en relación con los casos de calidad dual en el mercado único;

32.  Pide que se desarrollen urgentemente capacidades y mecanismos a nivel de la Unión en una entidad de control y supervisión especializada existente en un órgano de la Unión (CCI, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria u otro), evitando en la medida de lo posible las cargas burocráticas, para supervisar la coherencia de la composición y la proporción de los ingredientes utilizados en productos alimenticios con idéntica marca y envasado y para evaluar análisis de laboratorio comparativos que permitan detectar las prácticas comerciales desleales en la comercialización de productos alimenticios;

33.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un Nuevo Marco para los Consumidores, con el que se abordará la cuestión de la calidad dual de los productos modificando el artículo 6 de la DPCD para incluir como práctica comercial engañosa la comercialización de un producto como idéntico al mismo producto comercializado en otros Estados miembros pero con una composición o unas características diferentes; señala, no obstante, que la propuesta también contiene algunas disposiciones ambiguas que deben aclararse para garantizar una interpretación y aplicación correcta;

34.  Se muestra, sin embargo, firmemente convencido de que una enmienda al anexo I de la DPCD que introduzca un elemento adicional en la «lista negra» que define las prácticas prohibidas bajo cualquier circunstancia que mencione de forma explícita la calidad dual de los productos de marca idéntica cuando resulte discriminatoria o no respete las expectativas de los consumidores eliminaría de la manera más eficaz los casos injustificados de calidad dual;

35.  Destaca que el resultado del proceso legislativo debe ser una definición clara de lo que puede considerarse calidad dual y de la forma en que las autoridades competentes deben evaluar y abordar cada caso; hace hincapié, a este respecto, en que una lista abierta de los llamados «factores legítimos» podría poner en peligro la capacidad de las autoridades competentes para realizar evaluaciones y aplicar la legislación; muestra su preocupación por que el uso del concepto de «preferencias definidas de los consumidores» a la hora de evaluar si una diferenciación en la composición del producto puede estar justificada o no pueda conducir a interpretaciones encontradas entre las autoridades competentes;

36.  Pide a la Comisión que amplíe el mandato otorgado al CCI para que este elabore una metodología armonizada a escala europea que permita comparar las características de los productos no alimenticios, así como unas directrices que permitan mejorar la transparencia de los productos en el plazo de un año, y evalúe los resultados de los ensayos; señala que, con miras al intercambio de buenas prácticas en este ámbito, el CCI también debe procurar cooperar con las autoridades de los Estados miembros que ya han llevado a cabo sus propios ensayos de productos pero aún no han comunicado los resultados a las autoridades nacionales de los otros Estados miembros;

37.  Señala que la seguridad y la calidad de los alimentos, así como evitar que se engañe a los consumidores, tienen prioridad absoluta; recuerda a la Comisión su compromiso de mejorar el control y reforzar la correcta aplicación de la legislación de la Unión; opina que las autoridades nacionales competentes deben controlar eficazmente el cumplimiento de la legislación aplicable en estos ámbitos;

38.  Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de mejorar la transparencia de los estudios científicos en el ámbito de la seguridad alimentaria en respuesta a las expresiones de preocupación pública, con el fin de mejorar el acceso a la información necesaria para tomar decisiones de compra respaldadas por una evaluación de riesgo fiable con base científica;

39.  Pide a las autoridades nacionales alimentarias que determinen, caso por caso, si las supuestas prácticas discriminatorias son efectivamente ilegales sobre la base de las disposiciones de la DPCD y su interacción con los requisitos sobre información leal contemplados en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;

40.  Señala que las prácticas de calidad dual afectan a todos los ciudadanos de la Unión, también cuando se desplazan entre Estados miembros;

41.  Destaca, no obstante, que no se pueden justificar diferencias significativas en los productos para bebés, como los alimentos destinados a los lactantes y niños de corta edad, basándose exclusivamente en gustos y preferencias regionales;

42.  Rechaza enérgicamente las afirmaciones de algunos productores de que los cambios de la composición o la calidad se hacen para que los precios respondan a las expectativas de los consumidores; señala que varios estudios han demostrado que los productos de calidad inferior suelen ser más caros que los productos equivalentes de calidad superior en otro lugar de la Unión;

43.  Aboga firmemente por que se aplique el principio de la economía circular al envasado de los productos, y subraya que si el envasado de los productos en un Estado miembro respeta este principio, el productor debe realizar esfuerzos concertados para garantizar que así sea para todos sus demás productos comercializados con la misma marca y el mismo tipo de envase, tanto dentro de la Unión como fuera de ella;

44.  Subraya que algunos casos de productos de calidad dual se deben a una aplicación deficiente de la legislación de la Unión; pide a las autoridades de los Estados miembros que apliquen urgentemente la normativa vigente de la Unión sobre el etiquetado de los productos alimenticios, en particular en el caso de la carne separada mecánicamente;

o
o   o

45.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
(2) DO L 345 de 27.12.2017, p. 1.
(3) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(4) DO C 65 de 19.2.2016, p. 2.
(5) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 11.
(6) DO C 93 de 24.3.2017, p. 27.
(7) DO C 86 de 6.3.2018, p. 40.
(8) DO C 11 de 12.1.2018, p. 2.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

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