Índice 
Textos aprobados
Jueves 29 de noviembre de 2018 - BruselasEdición provisional
Aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos ***I
 Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ***I
 Fondo de asilo, migración e integración: Renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos ***I
 Adhesión de Samoa al Acuerdo de Asociación Interino UE-Estados del Pacífico ***
 Nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Grecia - EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores ***I
 Normas comunes para la explotación de servicios aéreos ***I
 Autorización para determinados usos del dicromato de sodio
 El escándalo de los «archivos cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas del actual marco jurídico
 El papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo
 OMC: el camino a seguir
 Informe de 2018 sobre Serbia
 Informe de 2018 sobre Kosovo
 Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia
 Informe de 2018 sobre Albania
 Informe de 2018 sobre Montenegro
 Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión
 La situación de las mujeres con discapacidad

Aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos ***I
PDF 307kWORD 54k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TA-PROV(2018)0466A8-0346/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0137),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0120/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Vistos el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 14 de noviembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0346/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 29 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que se refiere a
la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos

P8_TC1-COD(2018)0065


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  Sobre la base del informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo basado en el estudio completo de los efectos de la fase medioambiental Euro 5 para los vehículos de categoría L (en lo sucesivo, «estudio de los efectos»), elaborado de conformidad con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(4) y teniendo en cuenta los problemas que encontraron las autoridades de homologación y los interesados en la aplicación de dicho Reglamento, deben introducirse determinados cambios y aclaraciones en el Reglamento (UE) n.º 168/2013 a fin de garantizar su correcta aplicación.

(2)  Por lo que respecta al requisito de instalar un sistema de diagnóstico a bordo (DAB) de la fase II que detecte y notifique los fallos o cualquier deterioro del sistema de control de las emisiones, la Comisión concluyó, sobre la base del estudio de los efectos, que hay limitaciones técnicas que afectan al control de los catalizadores de determinados vehículos, y que es preciso desarrollarlo más para asegurar su correcta aplicación. Es previsible que el control de los catalizadores no esté listo para la primera ronda de la fase de emisiones Euro 5, pero sí está previsto para 2025. Por tanto, conviene que el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 168/2013 conceda tiempo suficiente para garantizar la aplicación correcta del requisito relativo al sistema DAB de la fase II.

(3)  Dado que los vehículos de las categorías L1e y L2e ya están excluidos del requisito de estar equipados con un sistema DAB de la fase I, los vehículos de la categoría L6e, que estén diseñados y construidos conforme a especificaciones próximas a las de los ciclomotores y producidos en volúmenes relativamente pequeños, también deben quedar exentos de dicho requisito.

(4)  Es necesario aclarar la exención de los vehículo de las categorías L1e y L2e del requisito de estar eauipados con un sistema DAB de la fase II y ampliar dicha exención a los cuatriciclos ligeros (categoría L6e) y a las subcategorías de motocicletas enduro (L3e-AxE) y trial (L3e-AxT).

(5)  Las motocicletas enduro y trial tienen una vida útil corta y son muy similares en naturaleza y uso a los quads todo terreno pesados (L7e-B), que están exentos del requisito de estar equipados con un sistema DAB de la fase II. Por tanto, conviene ampliar dicha exención a las motocicletas enduro y trial.

(6)  La Comisión concluyó en el estudio de los efectos que el procedimiento de durabilidad matemático establecido en el artículo 23, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.º 168/2013, en virtud del cual los vehículos se someten a ensayo después de 100 km de uso, no refleja la degradación real del sistema de control de las emisiones de un vehículo durante su vida útil. Dicho método debe dejar de utilizarse y, por consiguiente, procede eliminarlo gradualmente de aquí a 2025, a fin de dar tiempo suficiente a los interesados para adaptarse. En el período que va hasta 2025 debe incrementarse la distancia acumulada requerida que debe recorrer el vehículo antes de ser sometido a ensayo para garantizar que los resultados de los ensayos sean fiables.

(7)  La tecnología necesaria para cumplir los límites Euro 5 ya está disponible. No obstante, la Comisión concluyó en el estudio de los efectos que la fecha de aplicación de los límites de emisiones Euro 5 a determinados vehículos de categoría L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT y L3e-AxE) debe aplazarse del 2020 al 2024 para mejorar la relación coste-beneficio con respecto a la situación de partida. Por otra parte, los fabricantes de esos vehículos, que son principalmente pymes, piden más tiempo para asegurarse de que la transición hacia sistemas de propulsión con emisiones cero, como la propulsión eléctrica, puede lograrse de manera eficaz en relación con los costes.

(8)  El artículo 30, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 168/2013 exige que el certificado de homologación de tipo UE contenga, como anexo, los resultados de los ensayos. En aras de la claridad, esa disposición debe modificarse para aclarar que se refiere a la hoja de resultados de los ensayos.

(9)  Es preciso aclarar algunas incoherencias del anexo IV del Reglamento (UE) n.º 168/2013 en lo que respecta a la fecha de aplicación de los valores límite del nivel de ruido para Euro 5, a fin de garantizar que los límites existentes (Euro 4) sigan siendo aplicables hasta que puedan establecerse los nuevos límites para Euro 5.

(10)  El Reglamento (UE) n.º 168/2013 facultó a la Comisión para adoptar actos delegados durante un período de cinco años que expiró el 21 de marzo de 2018. Teniendo en cuenta la continua necesidad de adaptar elementos de la legislación sobre homologación de tipo al progreso técnico o introducir otras modificaciones acordes con las delegaciones de poderes, debe modificarse dicho Reglamento a fin de prorrogar la delegación por otros cinco años, con la posibilidad de una prórroga tácita.

(11)  En interés de la seguridad jurídica, se debe procurar una mayor claridad y precisión a la delegación de poderes a la Comisión para adoptar actos delegados en lo relativo a los requisitos técnicos sobre el diagnóstico a bordo.

(12)  Dado que el presente Reglamento modifica el Reglamento (UE) n.º 168/2013 sin ampliar su contenido normativo y dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(13)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 168/2013 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (UE) n.º 168/2013 se modifica como sigue:

1)  El artículo 21 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 21

Requisitos técnicos de los sistemas de diagnóstico a bordo

1.  Los vehículos de categoría L, con excepción de los vehículos L1e, L2e y L6e, estarán equipados con un sistema DAB que cumpla los requisitos funcionales y los procedimientos de ensayo establecidos en los actos delegados a que se refiere el apartado 8 y de acuerdo con el calendario de aplicación previsto en el anexo IV.

2.  A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.1 del anexo IV, los vehículos de las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e-A y L7e-A estarán equipados con un sistema DAB de la fase I (en lo sucesivo «DAB I») que detecte cualquier fallo del circuito eléctrico o de los componentes electrónicos del sistema de control de las emisiones, y que notifique dichos fallos cuando, a consecuencia de los mismos, se superen los umbrales de emisiones establecidos en la parte B1 del anexo VI.

3.  A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.2 del anexo IV, los vehículos de las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e y L7e estarán equipados con un sistema DAB I que detecte cualquier fallo del circuito eléctrico o de los componentes electrónicos del sistema de control de las emisiones, y que active una notificación cuando se superen los umbrales de emisiones establecidos en la parte B1 del anexo VI. Los sistemas DAB I para dichas categorías o subcategorías de vehículos notificarán asimismo la activación de cualquier modo de funcionamiento que reduzca significativamente el par motor.

4.  A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.3 del anexo IV, los vehículos de las categorías L3e, L4e, L5e y L7e estarán equipados con un sistema DAB I que detecte cualquier fallo del circuito eléctrico o de los componentes electrónicos del sistema de control de las emisiones, y que active una notificación cuando se superen los umbrales de emisiones establecidos en la parte B2 del anexo VI. Los sistemas DAB I para dichas categorías de vehículos notificarán asimismo la activación de cualquier modo de funcionamiento que reduzca significativamente el par motor.

5.  A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.4 del anexo IV, los vehículos de las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e-A y L7e-A estarán, además, equipados con un sistema DAB de la fase II (en lo sucesivo, «DAB II») que detecte y notifique los fallos o cualquier deterioro del sistema de control de las emisiones, con excepción del control de los catalizadores, a consecuencia de los cuales se superen los umbrales de emisiones para los DAB establecidos en la parte B1 del anexo VI.

6.  A partir de las fechas previstas en el punto 1.8.5 del anexo IV, los vehículos de las categorías o subcategorías L3e, L4e, L5e-A y L7e-A estarán además equipados con un sistema DAB II que detecte y notifique los fallos o cualquier deterioro del sistema de control de las emisiones a consecuencia de los cuales se superen los umbrales de emisiones para los DAB establecidos en la parte B2 del anexo VI.

7.  Los apartados 5 y 6 no se aplicarán a las motocicletas enduro de la subcategoría L3e-AxE ni a las motocicletas trial de la subcategoría L3e-AxT.

8.  A fin de armonizar el modo en que el sistema DAB notifica los fallos relativos a la seguridad funcional o al sistema de control de las emisiones y facilitar una reparación eficaz y eficiente de los vehículos, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 75 a fin de completar el presente Reglamento, por los que se establezcan los requisitos técnicos detallados sobre el diagnóstico a bordo para las categorías y subcategorías de vehículos establecidas en el anexo II, parte C1 (Requisitos relativos a la fabricación del vehículo y requisitos generales relativos a la homologación de tipo), la fila relativa al n.° 11, incluidos los requisitos de funcionamiento del DAB y los procedimientos de ensayo relativos a los elementos enumerados en los apartados 1 a 7 del presente artículo, y los requisitos técnicos detallados sobre el tipo de ensayo VIII contemplado en el anexo V.».

"

2)  En el artículo 23, apartado 3, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) procedimiento de durabilidad matemático:

Hasta el 31 de diciembre de 2024, para cada componente de las emisiones, el producto de multiplicar los factores de deterioro establecidos en la parte B del anexo VII y los resultados de los ensayos de eficacia medioambiental de un vehículo que haya acumulado más de 100 km después de haber sido puesto en marcha por primera vez al término de la cadena de producción deberá ser inferior al límite de los ensayos de eficacia en materia medioambiental establecido en la parte A del anexo VI.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, con respecto a los nuevos tipos de vehículos a partir del 1 de enero de 2020 y con respecto a los tipos de vehículos existentes a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2024, para cada componente de las emisiones, el producto de multiplicar los factores de deterioro establecidos en la parte B del anexo VII y los resultados de los ensayos de eficacia medioambiental de un vehículo que haya acumulado más de 2 500 km, si la velocidad máxima del vehículo por construcción es < 130 km/h, y 3 500 km, si la velocidad máxima del vehículo por construcción es ≥ 130 km/h, después de haber sido puesto en marcha por primera vez al término de la cadena de producción, deberá ser inferior al límite de emisión del tubo de escape establecido en la letra A del anexo VI.».

"

3)  En el artículo 30, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) la hoja de resultados de los ensayos;»;

"

4)   En el artículo 44, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«El párrafo primero se aplicará únicamente dentro del territorio de la Unión a aquellos vehículos que, en el momento de su fabricación, contasen con una homologación de tipo UE válida, pero que no se hubieran matriculado o puesto en servicio antes de que dicha homologación de tipo UE perdiera su validez.»;

"

5)  En el artículo 75, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 18, apartado 3, el artículo 20, apartado 2, el artículo 21, apartado 8, el artículo 22, apartados 5 y 6, el artículo 23, apartados 6 y 12, el artículo 24, apartado 3, el artículo 25, apartado 8, el artículo 32, apartado 6, el artículo 33, apartado 6, el artículo 50, apartado 4, el artículo 54, apartado 3, el artículo 57, apartado 12, el artículo 65 y el artículo 74, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 22 de marzo de 2013. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de cinco años, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar el 22 de junio de 2022 y nueve meses antes del final de cada período de cinco años siguiente.».

"

6)  Los anexos II, IV, V y VI se modifican de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Los anexos II, IV, V y VI se modifican como sigue:

1)  En el anexo II, sección C1, en la fila relativa al n.° 11, el signo «X» se suprime para las subcategorías L6e-A y L6e-B;

2)  En el anexo IV, el cuadro se modifica como sigue:

a)  los puntos 1.1.2.1, 1.1.2.2 y 1.1.2.3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.1.2.1.

Euro 4: Anexo VI A1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

31.12.2020; para L2e-U y L6e-B: 31.12.2024

1.1.2.2.

Euro 4: Anexo VI A1

L3e, L4e, L5e

L7e

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020; para L3e-AxE y L3e-AxT: 31.12.2024

1.1.2.3.

Euro 5: Anexo VI A2

L1e - L7e

1.1.2020;

para L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT y L6e-B: 1.1.2024

1.1.2021;

para L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT y L6e-B: 1.1.2025

»;

b)  los puntos 1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.8.1.

Requisitos de funcionamiento relativos al DAB fase I

L3e, L4e,

L5e-A, L7e-A

1.1.2016

1.1.2017

31.12.2020

Procedimiento de ensayo ambiental relativo al DAB fase I (tipo de ensayo VIII)

Umbrales de ensayo ambiental relativos al DAB fase I, anexo VI (B1)

1.8.2.

Requisitos funcionales del DAB fase I, incluido cualquier modo de funcionamiento que reduzca significativamente el par motor

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

Procedimiento de ensayo ambiental relativo al DAB fase I (tipo de ensayo VIII)

Umbrales de ensayo ambiental relativos al DAB fase I, anexo VI (B1)

1.8.3.

Requisitos funcionales del DAB fase I, incluido cualquier modo de funcionamiento que reduzca significativamente el par motor

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2024

1.1.2025

»;

Procedimiento de ensayo ambiental relativo al DAB fase I (tipo de ensayo VIII)

Umbrales de ensayo ambiental relativos al DAB fase I, anexo VI (B2)

c)  se insertan los puntos siguientes:

«1.8.4.

Requisitos de funcionamiento relativos al DAB fase II

con excepción del control de los catalizadores

L3e (excepto L3e-AxE y L3e-AxT), L4e,

L5e-A, L7e-A

1.1.2020

1.1.2021

31.12.2024

Procedimientos de ensayo ambiental relativos al DAB fase II (tipo de ensayo VIII)

Umbrales de ensayo ambiental relativos al DAB fase II, anexo VI (B1)

1.8.5.

Requisitos de funcionamiento relativos al DAB fase II

L3e (excepto L3e-AxE y L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

1.1.2024

1.1.2025

»;

Procedimientos de ensayo ambiental relativos al DAB fase II (tipo de ensayo VIII)

Umbrales de ensayo ambiental relativos al DAB fase II, anexo VI (B2)

d)  los puntos 1.9.1 y 1.9.2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.9.1.

Procedimiento de ensayo relativo al nivel de ruido y valores límite, anexo VI (D)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017

1.1.2018

 

1.9.2.

Procedimiento de ensayo relativo al nivel de ruido y valores límite (3), anexo VI (D)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016

1.1.2017

»;

e)  el punto 1.9.4 se sustituye por el texto siguiente:

«1.9.4.

Reglamentos n.os 9, 41, 63 y 92 de la CEPE y nuevos valores límite correspondientes propuestos por la Comisión

L1e - L7e

 

 

».

3)  En el anexo V, sección B, el contenido de la casilla de la primera columna, segunda fila, se sustituye por el texto siguiente:

«Tipo de ensayo I(19) Masa de partículas (solo Euro 5)»;

4)  El anexo VI se modifica como sigue:

«a) en la sección B1, se suprime la primera fila, relativa a la categoría de vehículos «L6e-A»;

b)  en la sección B2, primera fila:

i)  los términos: «L3e-L7e (6)» se sustituyen por los términos:

«L3e, L4e, L5e, L7e»,

ii)  los términos: «Todos los vehículos de categoría L excepto los de categoría L1e y L2e» se sustituyen por los términos:

«Todos los vehículos de categoría L excepto los de categoría L1e, L2e y L6e».

(1) DO C 367 de 10.10.2018, p. 32.
(2) DO C 367 de 10.10.2018, p. 32.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2018.
(4)Reglamento (UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos (DO L 60 de 2.3.2013, p. 52).


Comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ***I
PDF 928kWORD 560k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (codificación) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TA-PROV(2018)0467A8-0387/2018

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0316),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0210/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(1),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0387/2018),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 29 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (versión codificada)

P8_TC1-COD(2018)0160


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(2),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Reglamento (CE) n° 1236/2005 del Consejo(3) ha sido modificado en varias ocasiones(4) y de forma sustancial. En aras de la claridad y la racionalidad, conviene proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)  En virtud del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el respeto de los derechos humanos constituye uno de los valores comunes a los Estados miembros. La Comunidad Europea decidió en 1995 hacer del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales un elemento esencial en sus relaciones con terceros países. Por ello, decidió insertar una cláusula con este fin en todo nuevo acuerdo comercial, de cooperación y asociación de tipo general, celebrados con terceros países.

(3)  El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales prohíben de forma incondicional y completa la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Otras disposiciones, en especial la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas que sean objeto de torturas(5) y la Convención de las Naciones Unidas de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes imponen a los Estados la obligación de prevenir la tortura.

(4)  El artículo 2, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta) dispone que nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. El 22 de abril de 2013, el Consejo aprobó las «Directrices de la Unión sobre sobre la pena de muerte» y resolvió que la Unión trabajaría en pro de la abolición universal de la pena de muerte.

(5)  El artículo 4 de la Carta dispone que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El 20 de marzo de 2012, el Consejo aprobó las «Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Una actualización de las directrices)». De acuerdo con dichas directrices se debe exhortar a los terceros países para que prevengan el uso, la producción y el comercio de materiales diseñados para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y prevenir el uso indebido de cualquier otro material con esos fines. Además, las directrices sientan el principio de que la prohibición de las penas crueles, inhumanas o degradantes deben imponer unos límites claros al uso de la pena de muerte. Por ello, la pena de muerte no será considerada, en ningún caso, una sanción legítima.

(6)  Por lo tanto, es preciso establecer normas de la Unión que regulen el comercio con terceros países de productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas contribuyen a promover el respeto de la vida humana y de los derechos humanos fundamentales, y responden, por lo tanto, al propósito de proteger la moral pública. Estas normas deben garantizar que los operadores económicos de la Unión no obtengan ningún beneficio del comercio que promueva o facilite de otro modo la aplicación de políticas relacionadas con la pena de muerte, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incompatibles con las directrices pertinentes de la Unión, la Carta y los convenios y tratados internacionales.

(7)  A los efectos del presente Reglamento, se considera apropiado aplicar la definición de tortura establecida en la Convención de las Naciones Unidas de 1984 contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en la Resolución 3452 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta definición debe interpretarse teniendo en cuenta la jurisprudencia sobre la interpretación de los términos correspondientes del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y en los textos pertinentes adoptados por la Unión o por sus Estados miembros. La definición de «otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», que no figura en dicha Convención, debe estar en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El significado del término «sanciones legítimas» en las definiciones de «tortura» y de «otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes», debe tener en cuenta la política de la Unión respecto de la pena de muerte.

(8)  Se considera necesario prohibir la exportación e importación de productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como prohibir la prestación de asistencia técnica con respecto a dichos productos.

(9)  Cuando tales productos se encuentren en terceros países, es necesario prohibir a los intermediarios de la Unión que presten servicios de intermediación en relación con esos productos.

(10)  A fin de contribuir a la abolición de la pena de muerte en terceros países y a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se considera necesario prohibir la prestación a terceros países de asistencia técnica relacionada con productos que no tienen otro uso práctico que el de aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(11)  También conviene prohibir a los intermediarios y prestadores de asistencia técnica que impartan formación sobre la utilización de estos productos a terceros países y prohibir, asimismo, tanto la promoción de dichos productos en ferias o exposiciones que tengan lugar en la Unión, como la compraventa de espacios publicitarios en medios de comunicación impresos, en internet, en televisión o en radio relacionados con estos productos

(12)  Con el fin de evitar que los agentes económicos obtengan beneficios del transporte de productos que están destinados a ser utilizados para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que pasan por el territorio aduanero de la Unión en su camino hacia un tercer país es necesario prohibir el transporte de esos productos en el interior de la Unión si se enumeran en el anexo II del presente Reglamento.

(13)  Debe ser posible para los Estados miembros aplicar medidas restrictivas a la prestación de determinados servicios cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las normas de la Unión aplicables.

(14)  El presente Reglamento establece un régimen de licencias de exportación destinado a evitar que determinados productos sean utilizados para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(15)  Es, por consiguiente, necesario imponer controles a las exportaciones de determinados productos que puedan utilizarse no solo para infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sino también para fines legítimos. Estos controles deben aplicarse a los productos que se utilizan principalmente para hacer cumplir la ley y, salvo que tales controles sean desproporcionados, a cualquier otro material o producto que, dado su diseño y características técnicas, pueda utilizarse indebidamente para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(16)  En lo que respecta al material destinado a hacer cumplir la ley, cabe señalar que el artículo 3 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(6) establece que los encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990, establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, deben utilizar en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.

(17)  En este sentido, dichos Principios Básicos abogan por la fabricación de armas no letales incapacitantes, que deben utilizarse en las situaciones apropiadas, admitiendo al mismo tiempo que el uso de tales armas debe controlarse cuidadosamente. En este contexto, determinados materiales utilizados tradicionalmente por la policía con fines de autodefensa y de control de disturbios han sido modificados para poder ser utilizados para aplicar descargas eléctricas y sustancias químicas incapacitantes. Existen indicios de que, en varios países, se hace un uso abusivo de tales armas para infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(18)  Los mencionados Principios Básicos hacen hincapié en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley vayan equipados con equipos autoprotectores. Por lo tanto, el presente Reglamento no debe aplicarse al comercio de material utilizado tradicionalmente para la autodefensa, como los escudos.

(19)  El presente Reglamento debe aplicarse al comercio de algunas sustancias químicas específicas, utilizadas para incapacitar a las personas.

(20)  Es preciso señalar, por lo que respecta a las esposas para tobillos, cadenas colectivas y grilletes, que el artículo 33 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos(7) dispone que los instrumentos de coerción nunca deben aplicarse como sanción. Asimismo, las cadenas y grilletes no deben utilizarse como medios de coerción. Además, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen que no deben utilizarse otros medios de coerción, excepto como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, o por razones médicas siguiendo las indicaciones de un funcionario médico, o, si fracasan los demás métodos de control, para impedir que un preso se autolesione o lesione a otros, o produzca daños materiales.

(21)  Con el fin de proteger a trabajadores y otros agentes contra los escupitajos, se obliga a veces a los presos a llevar capuchas antiescupitajos. Dado que tales capuchas cubren la boca y a menudo también la nariz, presentan un riesgo inherente de asfixia. Si se combina con sujeciones del tipo de esposas, también existe un riesgo de lesión de cuello. Por lo tanto, es preciso someter a control las exportaciones de capuchas antiescupitajos.

(22)  Además de las armas portátiles, el ámbito de aplicación del control de las exportaciones debe incluir armas de descarga eléctrica fijas o desmontables que cubran una amplia área y puedan alcanzar a varias personas. A menudo se describe este tipo de armas como armas no letales, pero presentan como mínimo el mismo riesgo de ocasionar dolor o sufrimiento severos que las armas portátiles de descarga eléctrica.

(23)  Dado que se están comercializando dispositivos fijos para la difusión de sustancias químicas irritantes en el interior de un edificio, y que el uso en el interior de este tipo de sustancias presenta el riesgo de causar un dolor o sufrimiento severos no asociados a su uso en el exterior, deben controlarse las exportaciones de este tipo de dispositivos.

(24)  Los controles de las exportaciones deben también aplicarse a equipos fijos o desmontables para la difusión de sustancias incapacitantes o irritantes que cubran una amplia área, cuando tales equipos todavía no estén sujetos a controles de exportación, de conformidad con la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo(8). A menudo se califica de tecnología no mortífera a este tipo de equipos, pero presentan como mínimo el mismo riesgo de causar un dolor o sufrimiento severos que las armas y dispositivos portátiles. Aunque el agua no constituye un agente químico incapacitante o irritante, los cañones de agua pueden usarse para diseminar tales agentes en forma líquida, por lo que es preciso someter a control su exportación.

(25)  El control de las exportaciones de oleorresina capsicum (OC) y vanillilamida del ácido pelargónico (PAVA) debe complementarse con controles de la exportación de determinadas mezclas que contengan estas sustancias que pueden ser administradas como agentes incapacitantes o irritantes por sí mismas o utilizadas para la fabricación de tales agentes. Siempre que sea apropiado, debe interpretarse que las referencias a los agentes químicos incapacitantes o irritantes incluyen la oleorresina capsicum y las mezclas que la contengan.

(26)  Procede disponer unas exenciones específicas para los controles a las exportaciones con objeto de no impedir el funcionamiento de las fuerzas de policía de los Estados miembros y la ejecución de operaciones de mantenimiento de la paz o de gestión de crisis.

(27)  Teniendo en cuenta que algunos Estados miembros ya han prohibido la exportación y la importación de dichos productos, es oportuno otorgar a los Estados miembros el derecho de prohibir la exportación y la importación de esposas para tobillos, cadenas colectivas y aparatos portátiles para provocar descargas eléctricas, excepto los cinturones inmovilizadores. Asimismo, los Estados miembros deben ser competentes para aplicar controles de la exportación de esposas de un tamaño general, incluida la cadena, superior a los 240 mm cerradas, si así lo desean.

(28)  Con el fin de limitar la carga administrativa para los exportadores, se debe permitir a las autoridades competentes que concedan una licencia global a un exportador en relación con los productos enumerados en el anexo III del presente Reglamento para evitar que los productos de que se trata puedan utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(29)  En algunos casos los medicamentos exportados a terceros países han sido desviados y utilizados para aplicar la pena de muerte, en particular administrando una sobredosis letal mediante una inyección. La Unión desaprueba la pena de muerte en cualesquiera circunstancias y se esfuerza por alcanzar su abolición universal. Los exportadores se opusieron a su involuntaria asociación con dicho uso de los productos que desarrollaron para ser utilizados con fines médicos.

(30)  Por ello es necesario imponer controles a las exportaciones de determinados productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte, a fin de impedir la utilización de determinados medicamentos a tal efecto y garantizar que todos los exportadores de medicamentos de la Unión estén sujetos a condiciones uniformes a este respecto. Los medicamentos pertinentes fueron desarrollados, entre otras cosas, para la anestesia y la sedación.

(31)  El régimen de licencias de exportación no debe ir más allá de lo que es proporcionado. Por lo tanto, no debe impedir la exportación de medicamentos utilizados para fines terapéuticos legítimos.

(32)  La lista de productos cuya exportación requiere una licencia con el fin de evitar que tales productos sean utilizados para aplicar la pena de muerte debe incluir únicamente productos que hayan sido utilizados para aplicar la pena de muerte en un tercer país que no la haya abolido, así como productos cuya utilización para aplicar la pena de muerte haya sido aprobada en cualquier tercer país, aunque todavía no hayan sido utilizados con ese propósito. No debe incluir productos no letales que no sean esenciales para ejecutar a una persona condenada, como mobiliario corriente que también pueda encontrarse en la cámara de ejecuciones.

(33)  Teniendo en cuenta las diferencias entre la pena de muerte, por un lado, y la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por otro, es conveniente establecer un régimen de licencias de exportación específico a fin de evitar la utilización de determinados productos para aplicar la pena de muerte. Un sistema de estas características debe tener en cuenta que varios países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y han suscrito un compromiso internacional al respecto. Dado que existe un riesgo de reexportación hacia países que aún no han abolido la pena de muerte, deben imponerse determinadas condiciones y requisitos al autorizar las exportaciones a países que la han abolido. Procede, por tanto, conceder una licencia general de exportación para las exportaciones a los países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos y han confirmado esa abolición mediante un compromiso internacional.

(34)  Si un país no ha abolido la pena de muerte para todos los delitos y no ha confirmado esa abolición mediante un compromiso internacional, las autoridades competentes deben comprobar, al examinar una solicitud de licencia de exportación, si existe el riesgo de que el usuario final en el país de destino utilice los productos exportados para ese tipo de pena. Deben imponerse condiciones y requisitos adecuados para controlar las ventas o las transmisiones a terceros por parte del usuario final. Si se producen envíos múltiples, entre el mismo exportador y el usuario final, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de examinar periódicamente la situación del usuario final, por ejemplo, cada seis meses, en lugar de cada vez que se concede una licencia de exportación para un envío, sin perjuicio del derecho de las autoridades competentes a anular, suspender, modificar o revocar una licencia de exportación si procede.

(35)  Con el fin de limitar la carga administrativa para los exportadores, se debe permitir a las autoridades competentes que concedan una licencia global a un exportador para todos los envíos de medicamentos del exportador a un usuario final específico por un período de tiempo determinado, en la que se especifique, cuando sea necesario, una cantidad correspondiente al uso normal de tales productos por parte del usuario final. Esa licencia debe ser válida por un período de uno a tres años, con una posible prórroga por otros dos años.

(36)  Conceder una licencia global también resultaría adecuado cuando un fabricante tenga la intención de exportar medicamentos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento a un distribuidor de un país en el que no se ha abolido la pena de muerte, siempre que el exportador y el distribuidor hayan suscrito un acuerdo jurídicamente vinculante por el que se exija del distribuidor que aplique un conjunto adecuado de medidas que garanticen que los medicamentos no se utilizarán para aplicar la pena de muerte.

(37)  Los medicamentos que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento pueden estar sujetos a controles con arreglo a los convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, como el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971. Dado que dichos controles no se aplican para evitar que los medicamentos de que se trata sean utilizados a fin de aplicar la pena de muerte, sino para evitar el tráfico ilícito de drogas, los controles a la exportación del presente Reglamento deben aplicarse además de esos controles internacionales. Ahora bien, debe animarse a los Estados miembros a utilizar un procedimiento único para aplicar ambos sistemas de control.

(38)  Los controles a la exportación con arreglo al presente Reglamento no deben aplicarse a los productos cuya exportación esté controlada con arreglo a la Posición Común 2008/944/PESC, al Reglamento (CE) n° 428/2009 del Consejo(9) y al Reglamento (UE) n° 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

(39)  La prestación de servicios de intermediación y de asistencia técnica con respecto a los productos enumerados en los anexos III o IV del presente Reglamento deben ser objeto de licencia previa a fin de evitar que los servicios de intermediación o la asistencia técnica contribuyan al uso de los productos a los que se refieren con la intención de aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(40)  Los servicios de intermediación y la asistencia técnica que el presente Reglamento somete a licencia previa son aquellos que se prestan desde dentro de la Unión, es decir, desde dentro de los territorios que forman parte del ámbito de aplicación territorial de los Tratados, incluido el espacio aéreo y cualquier aeronave o buque que se encuentre dentro del ámbito de competencia territorial de un Estado miembro.

(41)  A la hora de autorizar la prestación de asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo III del presente Reglamento, las autoridades competentes deben esforzarse por garantizar que la asistencia técnica y cualquier formación sobre la utilización de estos productos que se preste o se ofrezca junto con la asistencia técnica para la que se ha solicitado la licencia se presten de forma que promuevan las normas de aplicación de la ley que respetan los derechos humanos y contribuyan a evitar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(42)  Con el fin de evitar que los agentes económicos obtengan beneficios del transporte de productos y que están destinados a ser utilizados para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que pasan por el territorio aduanero de la Unión en su camino hacia un tercer país es necesario prohibir el transporte de esos productos en el interior de la Unión, si se enumeran en los anexos III o IV del presente Reglamento, siempre que el agente económico tenga conocimiento del uso previsto de los productos.

(43)  Las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecen, entre otras cosas, que los Jefes de Misión en terceros países incluirán en sus informes periódicos un análisis de los casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el Estado de su acreditación, y las medidas tomadas para combatirlos. Procede que las autoridades competentes tomen en consideración estos y otros informes similares elaborados por organizaciones internacionales y de la sociedad civil pertinentes cuando se pronuncien sobre solicitudes de licencias. Tales informes también deben describir cualquier material utilizado en terceros países para aplicar la pena de muerte o infligir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(44)  Al igual que las autoridades aduaneras deben compartir cierta información con otras autoridades aduaneras a través del sistema de gestión del riesgo aduanero, de acuerdo con la legislación aduanera de la Unión, las autoridades competentes a las que se refiere el presente Reglamento deben compartir cierta información con otras autoridades competentes. Es conveniente exigir que las autoridades competentes utilicen un sistema seguro y cifrado para el intercambio de información sobre denegaciones. A tal efecto, la Comisión debe poner a disposición una nueva función en el actual sistema, creado en virtud del artículo 19, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 428/2009.

(45)  En la medida en que se refiera a datos de carácter personal, el tratamiento y el intercambio de información debe ajustarse a las normas aplicables en la materia de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(11) y el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo(12).

(46)  A fin de adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a las modificaciones de los anexos I a IX del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(13). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47)  A fin de permitir a la Unión responder con rapidez en caso de que se desarrollen nuevos productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en caso de que exista un riesgo claro e inmediato de que esos productos vayan a ser utilizados con fines que comporten ese tipo de violaciones de los derechos humanos, conviene disponer la aplicación inmediata del correspondiente acto de la Comisión cuando, en caso de modificación de los anexos II o III del presente Reglamento, existan razones imperiosas de urgencia para dicha modificación. A fin de permitir a la Unión responder con rapidez en caso de que uno o más terceros países aprueben la utilización de determinados productos para aplicar la pena de muerte, o bien acepten o incumplan un compromiso internacional de abolir la pena de muerte para todos los delitos, conviene disponer la aplicación inmediata del acto pertinente de la Comisión cuando, en caso de modificación de los anexos IV o V del presente Reglamento, razones imperiosas de urgencia lo requieran. Siempre que se recurra al procedimiento de urgencia, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos.

(48)  Procede establecer un grupo de coordinación. Este grupo debe actuar como plataforma para que los expertos de los Estados miembros y la Comisión intercambien información relativa a las prácticas administrativas y aborden las cuestiones relacionadas con la interpretación del presente Reglamento, los aspectos técnicos sobre los productos enumerados, los progresos relacionados con el presente Reglamento y todas las demás cuestiones que pudieran surgir. En particular, el grupo ha de poder abordar los aspectos relacionados con la naturaleza y el efecto perseguido de los productos, su disponibilidad en terceros países y la cuestión relativa a si los productos están diseñados o modificados específicamente para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si la Comisión decidiera consultar al grupo con respecto a la elaboración de actos delegados, debe hacerlo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

(49)  La Comisión no adquiere material con el fin de hacer cumplir la ley, dado que no es responsable del mantenimiento de la ley y el orden, de los procedimientos judiciales en materia penal ni de la ejecución de las resoluciones judiciales en el ámbito penal. Por lo tanto, debe establecerse un procedimiento para garantizar que la Comisión reciba información sobre el material destinado a hacer cumplir la ley y los productos comercializados en la Unión que no figuran en las listas, a fin de garantizar que las listas de productos cuyo comercio está prohibido o controlado se actualicen para tener en cuenta nuevos cambios. Cuando un Estado miembro presente una solicitud a la Comisión para añadir productos a los anexos II, III o IV del presente Reglamento, el Estado miembro solicitante debe remitir su solicitud a los demás Estados miembros.

(50)  Las medidas del presente Reglamento tienen como finalidad prevenir tanto la pena de muerte como la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en terceros países. Comprenden restricciones del comercio con terceros países de productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura y otros tratos o penas crueles, degradantes o inhumanos. No se considera necesario establecer controles similares de las transacciones en la Unión, ya que en los Estados miembros no existe la pena de muerte y los Estados miembros habrán adoptado las medidas apropiadas para prohibir y prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

(51)  Las directrices sobre la política de la Unión frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes establecen, que, para alcanzar el objetivo de tomar medidas eficaces contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es preciso tomar medidas para impedir el uso, la producción y el comercio de material concebido para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A los Estados miembros corresponde imponer y aplicar las necesarias restricciones de la utilización y producción de ese tipo de material.

(52)  La Comisión y los Estados miembros deben comunicarse mutuamente las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento, así como cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con él.

(53)  Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y velar por que se aplique. Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Objeto y definiciones

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece las normas de la Unión que rigen el comercio con terceros países de productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las normas que rigen la prestación de servicios de intermediación, asistencia técnica, formación y publicidad en relación con dichos productos.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a)  «tortura»: todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que ella o un tercero haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Sin embargo, no se incluyen los dolores o sufrimientos que son consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a estas. La pena de muerte no se considera, en ningún caso, una sanción legítima;

b)  «otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes»: cualquier acto por el cual se inflige a una persona dolores o sufrimientos que alcancen un mínimo de gravedad, físicos o mentales, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. Sin embargo, no se incluyen los dolores o sufrimientos que son consecuencia únicamente de sanciones legítimas, inherentes o incidentales a estas. La pena de muerte no se considera, en ningún caso, una sanción legítima;

c)  «autoridad encargada de hacer cumplir la ley»: toda autoridad responsable de prevenir, detectar, investigar, combatir y sancionar delitos, incluida, sin carácter limitativo, la policía, los fiscales, las autoridades judiciales, las autoridades penitenciarias públicas o privadas y, en su caso, las fuerzas de seguridad del Estado y las autoridades militares;

d)  «exportación»: toda salida de productos del territorio aduanero de la Unión, incluida la salida de productos que requiere una declaración de aduana y la salida de productos tras haber estado almacenados en una zona franca en el sentido del Reglamento (UE) n° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(14);

e)  «importación»: toda entrada de productos en el territorio aduanero de la Unión, incluido el depósito temporal, el depósito en una zona franca, el depósito en régimen especial y el despacho a libre práctica en el sentido del Reglamento (UE) n° 952/2013;

f)  «asistencia técnica», todo apoyo técnico referido a reparaciones, desarrollo, fabricación, pruebas, mantenimiento, ensamblaje o cualquier otro servicio técnico, que podrá revestir la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de técnicas de trabajo o conocimientos especializados o servicios de consulta. La asistencia técnica incluye la ayuda verbal y la ayuda prestada por medios electrónicos;

g)  «museo», toda institución sin ánimo de lucro y permanente, a servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y expone con fines de estudio, educación y disfrute, pruebas materiales del ser humano y su entorno;

h)  «autoridad competente»: autoridad de uno de los Estados miembros que figura mencionada en el anexo I y que, de conformidad con el artículo 20, esté autorizada para decidir sobre una solicitud de licencia o prohibir a un exportador utilizar la licencia general de exportación de la Unión;

i)  «solicitante»:

1)  el exportador, en el caso de las exportaciones a que se refieren los artículos 3, 11 o 16,

2)  la persona física o jurídica, entidad u organismo que transporte los productos dentro del territorio aduanero de la Unión, en el caso del tránsito a que se refiere el artículo 5,

3)  el prestador de la asistencia técnica, en el caso de las prestaciones de asistencia técnica a que se refiere el artículo 3,

4)  el museo que vaya a exponer los productos, en el caso de las importaciones y prestaciones de asistencia técnica a que se refiere el artículo 4,

5)  el prestador de la asistencia técnica o los servicios de intermediación, respectivamente, en el caso de las prestaciones de asistencia técnica a que se refiere el artículo 15 o servicios de intermediación a que se refiere el artículo 19;

j)  «territorio aduanero de la Unión»: el territorio según se establece en el artículo 4 del Reglamento (UE) n° 952/2013;

k)  «servicios de intermediación»:

1)  la negociación u organización de transacciones para la compraventa o suministro de los productos de que se trata desde un tercer país a cualquier otro tercer país, o

2)  la compraventa de los productos de que se trata que se encuentren en un tercer país para su envío a otro tercer país.

A efectos del presente Reglamento, queda excluida de la presente definición la prestación exclusiva de servicios auxiliares. Son servicios auxiliares el transporte, los servicios financieros, el seguro o reaseguro y la publicidad o promoción generales;

l)  «intermediario»: toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, que resida o esté establecido en un Estado miembro, que preste servicios definidos en la letra k), desde dentro de la Unión; toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado miembro, con independencia de dónde resida, que preste este tipo de servicios desde dentro de la Unión; y toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido en virtud del Derecho de un Estado miembro, con independencia de dónde esté establecido, que preste este tipo de servicios desde dentro de la Unión;

m)  «prestador de asistencia técnica»: toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, que resida o esté establecido en un Estado miembro, que preste servicios definidos en la letra f) desde dentro de la Unión; toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado miembro, con independencia de dónde resida, que preste este tipo de asistencia desde dentro de la Unión; y toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido en virtud del Derecho de un Estado miembro, con independencia de dónde esté establecido, que preste este tipo de asistencia desde dentro de la Unión;

n)  «exportador»: toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, por cuenta del cual se efectúe la declaración de exportación, es decir, la persona, entidad u organismo que, en el momento en que se acepte la declaración de exportación, disponga de un contrato con el destinatario del tercer país de que se trate y esté debidamente facultado para decidir la expedición de los productos fuera del territorio aduanero de la Unión. En caso de que no se haya celebrado tal contrato o de que la persona en cuyo poder obre el contrato no actúe en nombre propio, se entenderá por exportador la persona, entidad u organismo que esté debidamente facultado para decidir la expedición de los productos fuera del territorio aduanero de la Unión. Cuando, de acuerdo con el contrato, el ejercicio de un derecho de disposición de los productos corresponda a una persona, entidad u organismo que resida o esté establecido fuera de la Unión, se considerará exportador a la parte contratante que resida o esté establecida en la Unión;

o)  «licencia general de exportación de la Unión»: una licencia para las exportaciones, tal como se definen en la letra d), a determinados países, que esté a disposición de todos los exportadores que respeten las condiciones y requisitos de uso mencionados en el anexo V;

p)  «licencia individual»: una licencia concedida a:

1)  un exportador determinado para las exportaciones, tal como se definen en la letra d), a un usuario final o destinatario en un tercer país y relativa a uno o varios productos,

2)  un intermediario determinado para la prestación de servicios de intermediación, tal como se definen en la letra k), a un usuario final o destinatario en un tercer país y relativa a uno o varios productos, o

3)  una persona física o jurídica, entidad u organismo que transporte productos dentro del territorio aduanero de la Unión con fines de tránsito, tal como se define en la letra s);

q)  «licencia global»: una licencia concedida a un exportador o intermediario específico para un tipo de producto enumerado en los anexos III o IV, que pueda ser válida para:

1)  las exportaciones, tal como se definen en la letra d), a uno o varios usuarios finales determinados en uno o varios terceros países determinados,

2)  las exportaciones, tal como se definen en la letra d), a uno o varios distribuidores determinados en uno o varios terceros países determinados, en caso de que el exportador sea un fabricante de productos incluidos en los puntos 3.2 o 3.3 del anexo III o en la sección 1 del anexo IV,

3)  la prestación de servicios de intermediación relacionados con la transferencia de productos que se encuentran en un tercer país a uno o varios usuarios finales determinados en uno o varios terceros países determinados,

4)  la prestación de servicios de intermediación relacionados con la transmisión de productos que se encuentran en un tercer país a uno o varios distribuidores determinados en uno o varios terceros países determinados, en caso de que el intermediario sea un fabricante de productos incluidos en los puntos 3.2 o 3.3 del anexo III o en la sección 1 del anexo IV;

r)  «distribuidor»: un agente económico que realiza actividades al por mayor relacionadas con productos enumerados en los puntos 3.2 o 3.3 del anexo III o en la sección 1 del anexo IV, como la adquisición de esos productos de los fabricantes o la tenencia, el suministro o la exportación de dichos productos; las actividades al por mayor relacionadas con esos productos no incluyen la adquisición por un hospital, un farmacéutico o un profesional sanitario con el único propósito de suministrar esos productos al público;

s)  «tránsito»: el transporte dentro del territorio aduanero de la Unión de productos no pertenecientes a la Unión que pasan por el territorio aduanero de la Unión con destino fuera de este.

CAPÍTULO II

Productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Artículo 3

Prohibición de las exportaciones

1.  Se prohibirá toda exportación de los productos enumerados en el anexo II, independientemente de su origen.

El anexo II comprenderá productos cuyo único uso práctico sea aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se prohibirá a un prestador de asistencia técnica prestar asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo II a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente podrá autorizar la exportación de productos enumerados en el anexo II y la prestación de la asistencia técnica relacionada, si se demuestra que, en el tercer país al cual se exportarán los productos, estos serán utilizados exclusivamente para su exposición pública en un museo debido a su significado histórico.

Artículo 4

Prohibición de las importaciones

1.  Se prohibirá toda importación de los productos enumerados en el anexo II, independientemente de su origen.

Se prohibirá a toda persona, entidad u organismo de la Unión la aceptación de asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo II, prestada desde un tercer país, con contrapartida o sin ella, por cualquier persona, entidad u organismo.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente podrá autorizar la importación de productos enumerados en el anexo II y la prestación de la asistencia técnica relacionada, si se demuestra que, en el Estado miembro de destino, estos serán utilizados exclusivamente para su exposición pública en un museo debido a su significado histórico.

Artículo 5

Prohibición de tránsito

1.  Se prohibirá el tránsito de los productos enumerados en el anexo II.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente podrá autorizar el tránsito de los productos enumerados en el anexo II si se demuestra que, en el país de destino, estos serán utilizados exclusivamente para su exposición pública en un museo debido a su significado histórico.

Artículo 6

Prohibición de servicios de intermediación

Se prohibirá a un intermediario proporcionar a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, servicios de intermediación en relación con los productos enumerados en el anexo II, independientemente de su origen.

Artículo 7

Prohibición de formación

Se prohibirá a un prestador de asistencia técnica o a un intermediario proporcionar u ofrecer a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, formación sobre la utilización de los productos enumerados en el anexo II.

Artículo 8

Ferias

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya resida o esté establecido en un Estado miembro o no, mostrar o poner a la venta cualquiera de los productos enumerados en el anexo II en una exposición o feria que tenga lugar en la Unión, a menos que se demuestre que, dada la naturaleza de la exposición o feria, su muestra o venta no conlleva ni promociona la venta o suministro de los productos en cuestión a ninguna persona, entidad u organismo de un tercer país.

Artículo 9

Publicidad

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, que resida o esté establecido en un Estado miembro y que venda o compre espacios publicitarios desde dentro de la Unión, a toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado miembro y que venda o compre espacios publicitarios o tiempo publicitario desde dentro de la Unión, y a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido en virtud del Derecho de un Estado miembro que venda o compre espacios publicitarios desde dentro de la Unión, comprar o vender a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país espacios publicitarios en medios de comunicación impresos, en internet, en televisión o en radio relacionados con los productos enumerados en el anexo II.

Artículo 10

Medidas nacionales

1.  Sin perjuicio de las normas de la Unión aplicables, incluida la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad, los Estados miembros podrán adoptar o mantener medidas nacionales que restrinjan el transporte, los servicios financieros, el seguro o reaseguro, o la publicidad o promoción generales en relación con los productos enumerados en el anexo II.

2.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda medida adoptada en aplicación del apartado 1 o de las modificaciones y derogaciones antes de su entrada en vigor.

CAPÍTULO III

Productos que pueden utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Artículo 11

Exigencia de una licencia de exportación

1.  Se requerirá una licencia para cualquier importación de los productos enumerados en el anexo III, independientemente de su origen. No obstante, no se requerirá licencia para los productos que se limiten a pasar por el territorio aduanero de la Unión, es decir, aquellos a los que no se dé más tratamiento aduanero que el régimen de tránsito externo en virtud del artículo 226 del Reglamento (UE) n° 952/2013, incluido el almacenamiento de productos que no proceden de la Unión en una zona franca.

El anexo III incluirá exclusivamente los siguientes productos que pueden utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

a)  productos que se utilizan principalmente con el fin de hacer cumplir la ley;

b)  productos que, por su diseño y sus características técnicas, presentan un riesgo importante de uso para tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El anexo III no incluirá los productos siguientes:

a)  las armas de fuego controladas en virtud del Reglamento (UE) n° 258/2012;

b)  los productos de doble uso controlados por el Reglamento (CE) n° 428/2009;

c)  los productos controlados de conformidad con la Posición Común 2008/944/PESC.

2.  El apartado 1 no será de aplicación a las exportaciones a aquellos territorios de los Estados miembros que están enumerados en el anexo VI y a la vez no forman parte del territorio aduanero de la Unión, siempre y cuando los productos vayan a ser utilizados por una autoridad encargada de hacer cumplir la ley tanto en el país o territorio de destino como en la parte metropolitana del Estado miembro al cual pertenece dicho territorio. Las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes tendrán derecho a verificar si se cumple esta condición y podrán decidir que dicha exportación no se produzca hasta tanto se lleve a cabo dicha verificación.

3.  El apartado 1 no será de aplicación a las exportaciones a terceros países, siempre que los productos vayan a ser utilizados por personal militar o civil de un Estado miembro , si dicho personal participa en una operación de mantenimiento de la paz o de gestión de crisis de la Unión o de las Naciones Unidas en el tercer país afectado, o en una operación conforme a acuerdos entre los Estados miembros y terceros países en el ámbito de la defensa. Las autoridades aduaneras u otras autoridades competentes tendrán derecho a verificar si se cumple esta condición. La exportación no sé producirá hasta tanto se lleve a cabo dicha verificación.

Artículo 12

Criterios para la concesión de licencias de exportación

1.  Las decisiones sobre solicitudes de licencia de exportación de los productos enumerados en el anexo III serán tomadas por las autoridades competentes, atendiendo a todas las consideraciones pertinentes, incluida en particular la de que durante los tres años anteriores otro Estado miembro haya denegado la solicitud de licencia de una exportación esencialmente idéntica, y consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desvío.

2.  La autoridad competente no concederá la licencia cuando haya motivos razonables para pensar que los productos enumerados en el anexo III podrían ser utilizados por una autoridad encargada de hacer respetar la ley o por cualquier persona física o jurídica en un tercer país para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluidas las penas corporales dictadas por un tribunal.

La autoridad competente tendrá en cuenta:

a)  las sentencias de los tribunales internacionales de que se disponga,

b)  las conclusiones de los órganos competentes de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Unión Europea, y los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa y del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

También podrá tenerse en cuenta otras informaciones pertinentes, entre ellas las sentencias de los tribunales nacionales de que se disponga, los informes u otras informaciones elaboradas por organizaciones de la sociedad civil y la información relativa a las restricciones a la exportación de los productos enumerados en los anexos II y III aplicadas por el país de destino.

3.  Se aplicarán las normas establecidas en los párrafos segundo y tercero a la comprobación del uso final previsto y al riesgo de desvío:

Si el fabricante de productos enumerados en los puntos 3.2 o 3.3 del anexo III solicita una licencia para la exportación de dichos productos a un distribuidor, la autoridad competente examinará las disposiciones contractuales suscritas por el fabricante y el distribuidor y las medidas que estén adoptando para garantizar que esos productos y, en su caso, los productos en los que serán incorporados no van a utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Si se solicita una licencia para la exportación de los productos enumerados en los puntos 3.2 o 3.3 del anexo III a un usuario final, la autoridad competente, al valorar el riesgo de desvío, podrá tener en cuenta las disposiciones contractuales aplicables y la declaración relativa al uso final firmada por el usuario final, en caso de que se proporcione tal declaración. En caso de que no se proporcione una declaración relativa al uso final, corresponderá al exportador demostrar quién va a ser usuario final y qué uso se va a hacer los productos. Si el exportador no puede proporcionar datos suficientes relativos al uso final y al usuario final, la autoridad competente considerará que tiene motivos razonables para creer que los productos puedan utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

4.  Además de los criterios establecidos en el apartado 1, al examinar una solicitud de licencia global, la autoridad competente tendrá en cuenta la aplicación, por parte del exportador, de medios y procedimientos proporcionados y adecuados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos del presente Reglamento, así como los términos y las condiciones de la licencia.

Artículo 13

Prohibición de tránsito

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya resida o esté establecido en un Estado miembro o no, proceder al tránsito de productos enumerados en el anexo III en caso de que tenga conocimiento de que cualquier parte de un envío de tales productos está o puede estar destinado a utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en un tercer país.

Artículo 14

Medidas nacionales

1.  No obstante lo dispuesto en los artículos 11 y 12, un Estado miembro podrá adoptar o mantener la prohibición de exportar esposas para tobillos, cadenas colectivas y aparatos portátiles para provocar descargas eléctricas.

2.  Un Estado miembro podrá imponer la obligación de licencia para la exportación de esposas de un tamaño general, incluida la cadena, superior a los 240 mm cerradas, medidas desde el borde exterior de una de las esposas al borde exterior de la otra. El Estado miembro de que se trate aplicará los Capítulos III y V a dichas esposas.

3.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda medida adoptada en aplicación de los apartados 1 y 2 con anterioridad a su entrada en vigor.

Artículo 15

Requisito de licencia para determinados servicios

1.  Se requerirá una licencia para toda prestación, por parte de un prestador de asistencia técnica o de un intermediario, respectivamente, de uno de los servicios que figuran a continuación a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella:

a)  asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo III, independientemente del origen de tales productos, y

b)  servicios de intermediación relacionados con productos enumerados en el anexo III, independientemente del origen de tales productos.

2.  Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de servicios de intermediación en relación con los productos enumerados en el anexo III, el artículo 12 se aplicará mutatis mutandis.

Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo III, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 12 para considerar:

a)  si la asistencia técnica se prestaría a una persona, entidad u organismo que pueda utilizar los productos a los que la asistencia técnica se refiere para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y

b)  si la asistencia técnica se utilizaría para reparar, desarrollar, fabricar, probar, mantener o ensamblar productos enumerados en el anexo III o para prestar asistencia técnica a una persona, entidad u organismo que pueda utilizar los productos a los que se refiere la ayuda técnica para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

3.  El apartado 1 no se aplicará a la prestación de asistencia técnica en caso de que:

a)  la asistencia técnica se preste a una autoridad encargada de hacer cumplir la ley o al personal militar o civil de un Estado miembro, tal como se describe en el artículo 11, apartado 3, primera frase;

b)  la asistencia técnica consista en facilitar información que sea del dominio público, o

c)  la asistencia técnica sea el mínimo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o la reparación de los productos enumerados en el anexo III cuya exportación ha sido autorizada por una autoridad competente de conformidad con el presente Reglamento.

4.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, un Estado miembro podrá mantener una prohibición de prestación de servicios de intermediación en relación con esposas para tobillos, cadenas colectivas y aparatos portátiles para provocar descargas eléctricas. En caso de que un Estado miembro mantenga dicha prohibición, informará a la Comisión en caso de que las medidas adoptadas y notificadas con anterioridad de acuerdo con el artículo 7 bis, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 1236/2005 se modifiquen o se deroguen.

CAPÍTULO IV

Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte

Artículo 16

Requisito de una licencia de exportación

1.  Para cualquier exportación de los productos enumerados en el anexo IV, se requerirá una licencia independientemente del origen de tales productos. No obstante, no se requerirá licencia para los productos que se limiten a pasar por el territorio aduanero de la Unión, es decir, aquellos a los que no se dé más tratamiento aduanero que el régimen de tránsito externo en virtud del artículo 226 del Reglamento (UE) n° 952/2013, incluido el almacenamiento de productos que no proceden de la Unión en una zona franca.

El anexo IV solamente incluirá productos que puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte y hayan sido aprobados, o efectivamente utilizados, para aplicar la pena de muerte por uno o varios terceros países que no han abolido la pena de muerte. No incluirá:

a)  las armas de fuego controladas en virtud del Reglamento (UE) n° 258/2012;

b)  los productos de doble uso controlados en virtud del Reglamento (CE) n° 428/2009, y

c)  los productos controlados de conformidad con la Posición Común 2008/944/PESC.

2.  Cuando la exportación de medicamentos requiera una licencia de exportación con arreglo al presente Reglamento y la exportación esté asimismo sujeta a requisitos de licencia de conformidad con convenios internacionales que controlen los estupefacientes y las sustancias sicotrópicas, como el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, los Estados miembros podrán utilizar un procedimiento único para cumplir las obligaciones que les imponen tanto el presente Reglamento como el correspondiente convenio.

Artículo 17

Criterios para la concesión de licencias de exportación

1.  Las decisiones sobre solicitudes de licencia de exportación de los productos enumerados en el anexo IV serán tomadas por las autoridades competentes, atendiendo a todas las consideraciones pertinentes, incluida en particular la de que durante los tres años anteriores otro Estado miembro haya denegado la solicitud de licencia de una exportación esencialmente idéntica, y las consideraciones relativas al uso final previsto y al riesgo de desvío.

2.  La autoridad competente no concederá ninguna licencia si existen razones fundadas para creer que los productos enumerados en el anexo IV puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte en un tercer país.

3.  Se aplicarán las normas de los párrafos segundo y tercero a la comprobación del uso final previsto y al riesgo de desvío.

Si el fabricante de los productos citados en la sección 1 del anexo IV solicita una licencia para la exportación de dichos productos a un distribuidor, la autoridad competente procederá a un examen de las disposiciones contractuales suscritas por el fabricante y el distribuidor y de las medidas que estén adoptando para garantizar que los productos no se utilizarán para aplicar la pena de muerte.

Si se solicita una licencia para la exportación de productos mencionados en la sección 1 del anexo IV a un usuario final, la autoridad competente podrá tener en cuenta, al evaluar el riesgo de desvío, los acuerdos contractuales aplicables y la declaración relativa al uso final firmada por el usuario final, en caso de que se proporcione tal declaración. En caso de que no se proporcione una declaración relativa al uso final, corresponderá al exportador demostrar quién va a ser el usuario final y qué uso que va a hacer de los productos. Si el exportador no puede proporcionar datos suficientes relativos al usuario final y al uso final, la autoridad competente considerará que tiene motivos razonables para creer que los productos puedan utilizarse para aplicar la pena de muerte.

La Comisión, en cooperación con las autoridades competentes de los Estados miembros, podrá adoptar directrices relativas a las mejores prácticas en materia de examen del uso final y de la finalidad para la que se utilizaría la asistencia técnica.

4.  Además de los criterios establecidos en el apartado 1, al examinar una solicitud de licencia global la autoridad competente tendrá en cuenta la aplicación, por parte del exportador, de medios y procedimientos proporcionados y adecuados para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y los objetivos del presente Reglamento, así como los términos y las condiciones de la licencia.

Artículo 18

Prohibición de tránsito

Se prohibirá a toda persona física o jurídica, entidad u organismo, incluidas las asociaciones, ya resida o esté establecido en un Estado miembro o no, proceder al tránsito de productos enumerados en el anexo IV en caso de que tenga conocimiento de que cualquier parte de un envío de tales productos está destinado a utilizarse para aplicar la pena de muerte en un tercer país.

Artículo 19

Requisito de licencia para determinados servicios

1.  Se requerirá una licencia para toda prestación, por parte de un prestador de asistencia técnica o un intermediario, respectivamente, de uno de los servicios que figuran a continuación a cualquier persona, entidad u organismo de un tercer país, con contrapartida o sin ella:

a)  asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo IV, independientemente del origen de estos productos, y

b)  servicios de intermediación relativos a productos enumerados en el anexo IV, independientemente del origen de estos productos.

2.  Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de servicios de intermediación en relación con productos enumerados en el anexo IV, el artículo 17 se aplicará mutatis mutandis.

Al decidir sobre solicitudes de licencia de prestación de asistencia técnica relacionada con productos enumerados en el anexo IV, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 17 para considerar:

a)  si la asistencia técnica se prestaría a una persona, entidad u organismo que pueda utilizar los productos a los que se refiere la asistencia técnica para aplicar la pena de muerte, y

b)  si la asistencia técnica se utilizaría para reparar, desarrollar, fabricar, probar, mantener o ensamblar productos enumerados en el anexo IV o para prestar asistencia técnica a una persona, entidad u organismo que pueda utilizar los productos a los que se refiere la asistencia técnica para aplicar la pena de muerte.

3.  El apartado 1 no se aplicará a la prestación de asistencia técnica en caso de que:

a)  la asistencia técnica consista en facilitar información que es del dominio público, o

b)  la asistencia técnica sea el mínimo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o la reparación de los productos enumerados en el anexo IV cuya exportación ha sido autorizada por una autoridad competente de conformidad con el presente Reglamento.

CAPÍTULO V

Procedimientos de concesión de licencias

Artículo 20

Tipos de licencias y autoridades expedidoras

1.  El presente Reglamento establece, para determinadas exportaciones, una licencia general de exportación de la Unión, que figura en el anexo V.

La autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el exportador podrá prohibir al exportador el uso de esa licencia si existen sospechas justificadas en relación con la capacidad del exportador de cumplir las condiciones de la licencia o las disposiciones de la legislación relativa al control de las exportaciones.

Las autoridades competentes de los Estados miembros intercambiarán información sobre todos los exportadores a los que se haya privado del derecho de uso de una licencia general de exportación de la Unión, salvo que se cercioren de que un determinado exportador no va a intentar exportar productos enumerados en el anexo IV a través de otro Estado miembro. Se utilizará a tal efecto un sistema seguro y cifrado para el intercambio de información.

2.  La autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el exportador, que figura mencionada en el anexo I, concederá una licencia para las exportaciones distintas de las mencionadas en el apartado 1, que requieran una licencia en virtud del presente Reglamento. Dicha licencia podrá ser individual o global, si se refiere a productos enumerados en los anexos III o IV. Las licencias para productos enumerados en el anexo II serán licencias individuales.

3.  Las licencias para el tránsito de productos enumerados en el anexo II serán concedidas por la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecida la persona física o jurídica, entidad u organismo que transporte los productos en el territorio aduanero de la Unión, que figura mencionada en el anexo I. Si esa persona, entidad u organismo no reside o no está establecido en un Estado miembro, las licencias serán concedidas por la autoridad competente del Estado miembro en que tenga lugar la entrada de los productos en el territorio aduanero de la Unión. Esas licencias tendrán carácter de licencia individual.

4.  La autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el museo, que figura mencionada en el anexo I, concederá una licencia para las importaciones que requieran una licencia en virtud del presente Reglamento. Las licencias para productos enumerados en el anexo II serán licencias individuales.

5.  Las licencias para prestar asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en el anexo II serán concedidas por:

a)  la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el prestador de asistencia técnica, que figura mencionada en el anexo I o, a falta de tal Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro del que el prestador de asistencia técnica sea nacional o en virtud de cuyo Derecho se haya establecido o constituido, si la asistencia ha de prestarse a un museo de un tercer país, o

b)  la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el museo, que figura mencionada en el anexo I, si la asistencia ha de prestarse a un museo de la Unión.

6.  Las licencias para el prestación de asistencia técnica relacionada con los productos enumerados en los anexos III o IV las concederá la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el prestador de asistencia técnica, que figura mencionada en el anexo I o, a falta de tal Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro del que el prestador de asistencia técnica sea nacional o en virtud de cuyo Derecho se haya establecido o constituido.

7.  Las licencias para la prestación de servicios de intermediación en relación con los productos enumerados en los anexos III o IV las concederá la autoridad competente del Estado miembro en el que resida o esté establecido el intermediario, que figura mencionada en el anexo I, o, a falta de tal Estado miembro, la autoridad competente del Estado miembro del que el intermediario sea nacional o en virtud de cuyo Derecho se haya establecido o constituido. Esas licencias se concederán para la circulación de una cantidad fija de productos entre dos o más terceros países. Se indicarán claramente la ubicación de los productos en el tercer país de origen, así como el usuario final y su ubicación exacta.

8.  Los solicitantes facilitarán a la autoridad competente toda la información pertinente requerida para su solicitud de licencia individual o global de exportación o de servicios de intermediación, de licencia para prestar asistencia técnica, de licencia individual de importación o de licencia individual de tránsito.

En el caso de las exportaciones, las autoridades competentes recibirán información completa, en particular sobre el usuario final, el país de destino y el uso final de los productos.

En lo relativo a servicios de intermediación, las autoridades competentes recibirán, en particular, precisiones sobre la ubicación de los productos en el tercer país de origen, una descripción clara de los productos y su cantidad, los terceros implicados en la transacción, el tercer país de destino, el usuario final en dicho país y su ubicación exacta.

La concesión de una licencia podrá estar supeditada a una declaración relativa al uso final, si procede.

9.  No obstante lo dispuesto en el apartado 8, si un fabricante o un representante de un fabricante tiene intención de exportar o vender y de transferir productos incluidos en el punto 3.2 o 3.3 del anexo III o en la sección 1 del anexo IV a un distribuidor en un tercer país, el fabricante proporcionará información sobre las disposiciones adoptadas y las medidas tomadas para impedir que los productos incluidos en el punto 3.2 o 3.3 del anexo III se utilicen para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o para impedir que los productos incluidos en la sección 1 del anexo IV se utilicen para aplicar la pena de muerte, en el país de destino, y, si se dispone de ella, información sobre el uso final y los usuarios finales de los productos.

10.  Previa solicitud de un mecanismo nacional de prevención previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención de 1984 de Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las autoridades competentes podrán decidir que la información que han recibido de un solicitante sobre el país de destino, el consignatario, el uso final y los usuarios finales o, en su caso, el distribuidor y las disposiciones y medidas a que se refiere el apartado 9, se ponga a disposición del mecanismo nacional de prevención solicitante. Las autoridades competentes oirán al solicitante antes de que se ponga a disposición la información y podrá imponer restricciones sobre el uso que pueda hacerse de la información. Las autoridades competentes adoptarán sus decisiones de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

11.  Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de licencias individuales o globales en un plazo que ha de determinar la legislación o la práctica nacionales.

Artículo 21

Licencias

1.  Las licencias de exportación, importación o tránsito se expedirán en un formulario conforme con el modelo establecido en el anexo VII. Las licencias relativas a los servicios de intermediación se expedirán en un formulario conforme con el modelo establecido en el anexo VIII. Las licencias relativas a la asistencia técnica se expedirán en un formulario conforme con el modelo establecido en el anexo IX. Dichas licencias serán válidas en toda la Unión. El período de validez de una licencia será de tres a doce meses, con una posibilidad de prórroga de hasta doce meses. El período de validez de una licencia global será de uno a tres años, con una posible prórroga de hasta dos años.

2.  Las licencias de exportación concedidas de conformidad con el artículo 12 o el artículo 17 implican una licencia concedida al exportador para prestar asistencia técnica al usuario final en la medida en que dicha asistencia sea necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o las reparaciones de aquellos productos cuya exportación está autorizada.

3.  Las licencias podrán expedirse por medios electrónicos. Los procedimientos específicos serán establecidos en cada país. Los Estados miembros que se acojan a esta posibilidad informaran de ello a la Comisión.

4.  Las licencias de exportación, importación y tránsito, la prestación de asistencia técnica o de servicios de intermediación estarán sujetas a los requisitos y condiciones que la autoridad competente considere apropiados.

5.  Las autoridades competentes, en aplicación del presente Reglamento, podrán denegar la concesión de una licencia y podrán anular, suspender, modificar o revocar una licencia de exportación que ya hayan concedido.

Artículo 22

Trámites aduaneros

1.  Al completar los trámites aduaneros, el exportador o el importador deberá presentar el formulario debidamente cumplimentado establecido en el anexo VII como prueba de haber obtenido la necesaria licencia para la exportación o importación de que se trate. En caso de que el documento no se haya cumplimentado en una lengua oficial del Estado miembro en que se hayan completado los trámites aduaneros, se podrá exigir al exportador o al importador que facilite una traducción en esa lengua oficial.

2.  En caso de que se efectúe una declaración en aduana relativa a productos enumerados en los anexos II, III o IV y se confirme que no se ha concedido ninguna licencia de conformidad con el presente Reglamento para la exportación o importación prevista, las autoridades aduaneras retendrán los productos declarados y señalarán al exportador o importador la posibilidad de solicitar una licencia con arreglo al presente Reglamento. Si no se presenta una solicitud de licencia dentro de un plazo de seis meses a partir de la retención, o si la autoridad competente deniega la solicitud, las autoridades aduaneras dispondrán de los productos retenidos de conformidad con el Derecho nacional aplicable.

Artículo 23

Requisito de notificación y consulta

1.  Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro que figuran mencionadas en el anexo I adopten una decisión por la que se deniegue una solicitud de licencia en virtud del presente Reglamento o anulen una licencia que hayan concedido, el Estado miembro de que se trate lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión. Dicha notificación deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la decisión o de la anulación.

2.  La autoridad competente, a través de canales diplomáticos cuando así se requiera o sea adecuado, consultará a la autoridad o autoridades que, durante los tres años anteriores, hayan denegado una solicitud de licencia para una exportación, tránsito, prestación de asistencia técnica a una persona, entidad u organismo en un tercer país o la prestación de servicios de intermediación en virtud del presente Reglamento, cuando reciba una solicitud de licencia relacionada con una importación, tránsito, prestación de asistencia técnica a una persona, entidad u organismo en un tercer país o la prestación de servicios de intermediación relativos a una transacción esencialmente idéntica mencionada en una de esas solicitudes anteriores y, no obstante, considere se debe conceder una licencia.

3.  Si, tras efectuar las consultas mencionadas en el apartado 2, la autoridad competente decide conceder una licencia, el Estado miembro de que se trate informará inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión sobre su decisión e indicará las razones que la han motivado, presentando la información justificativa que convenga.

4.  Cuando una denegación de concesión de una licencia se base en una prohibición nacional según lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, o en el artículo 15, apartado 4, no constituirá una denegación de solicitud a los efectos del apartado 1 del presente artículo.

5.  Todas las notificaciones exigidas en virtud del presente artículo se harán mediante un sistema seguro y cifrado para el intercambio de información.

CAPÍTULO VI

Disposiciones generales y finales

Artículo 24

Modificación de los anexos

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 29, por los que se modifiquen los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX. Los datos del anexo I sobre las autoridades competentes de los Estados miembros se modificarán en función de la información proporcionada por los Estados miembros.

En caso de modificación de los anexos II, III, IV o V, cuando así lo exijan razones imperiosas de urgencia, el procedimiento previsto en el artículo 30 se aplicará a los actos delegados adoptados en virtud del presente artículo.

Artículo 25

Solicitudes de inclusión de productos en una de las listas de productos

1.  Cada Estado miembro podrá dirigir una solicitud debidamente motivada a la Comisión para añadir productos diseñados o comercializados con el fin de hacer cumplir la ley en los anexos II, III o IV. Dicha solicitud incluirá información sobre:

a)  el diseño y las características de los productos;

b)  todos los fines para los que pueden utilizarse, y

c)  las normas internacionales o nacionales que podrían infringirse si los productos se utilizaran con el fin de hacer cumplir la ley.

Cuando presente su solicitud a la Comisión, el Estado miembro solicitante remitirá asimismo dicha solicitud a los demás Estados miembros.

2.  La Comisión podrá, en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la solicitud, pedir al Estado miembro solicitante que aporte información complementaria, si considera que la solicitud no responde a uno o varios puntos pertinentes o que es necesaria información adicional sobre uno o varios puntos pertinentes. Comunicará los puntos para los que sea necesario facilitar información complementaria. La Comisión transmitirá sus preguntas a los demás Estados miembros. Los demás Estados miembros también podrán facilitar a la Comisión información adicional para examinar la solicitud.

3.  Cuando considere que no hay ninguna necesidad de pedir información complementaria o, en su caso, a partir de la recepción de la información adicional solicitada, la Comisión podrá iniciar en el plazo de veinte semanas a partir de la recepción de la solicitud o de la recepción de la información suplementaria, respectivamente, el procedimiento para la adopción de la modificación solicitada o informar al Estado miembro solicitante de los motivos para no hacerlo.

Artículo 26

Intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros y la Comisión

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, la Comisión y los Estados miembros deberán comunicarse mutuamente, cuando así se les solicite, las medidas adoptadas en virtud del presente Reglamento, así como cualquier otra información pertinente de que dispongan en relación con el mismo, en particular la información sobre las licencias concedidas y denegadas.

2.  La información pertinente relativa a las licencias concedidas y denegadas incluirá al menos el tipo de decisión, los motivos de la decisión y un resumen de ellos, los nombres de los destinatarios y, si no son los mismos, los de los usuarios finales, así como los productos afectados.

3.  Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión si es posible, elaborarán un informe público anual de actividad en el que constarán el número de solicitudes recibidas, los productos y los países a los que se refieren tales solicitudes y las decisiones que ha tomado acerca de esas solicitudes. Dicho informe no incluirá información cuya revelación se considere por un Estado miembro contraria a los intereses esenciales de su seguridad.

4.  La Comisión elaborará un informe anual compuesto por los informes anuales de actividad a que se refiere el apartado 3. Dicho informe anual se pondrá a disposición del público.

5.  Salvo por lo que respecta al suministro de la información mencionada en el apartado 2 a las autoridades del otro Estado miembro y a la Comisión, el presente artículo se entenderá sin perjuicio de las normas nacionales aplicables sobre confidencialidad y secreto profesional.

6.  La denegación de una licencia, cuando se base en una prohibición nacional según lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, no constituirá un rechazo de solicitud en el sentido del presente artículo, apartados 1, 2 y 3.

Artículo 27

Tratamiento de datos personales

Los datos personales se tratarán e intercambiarán de conformidad con las normas que establecen el Reglamento (UE) 2016/679 y el Reglamento (UE) 2018/1725.

Artículo 28

Utilización de la información

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), y en la legislación nacional sobre acceso del público a los documentos, la información recibida en virtud del presente Reglamento será utilizada exclusivamente para los fines para los que se haya solicitado.

Artículo 29

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 24 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 16 de diciembre de 2016. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 24 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 24 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 30

Procedimiento de urgencia

1.  Los actos delegados adoptados de conformidad con el presente artículo entrarán en vigor inmediatamente y serán aplicables en tanto no se formule ninguna objeción con arreglo al apartado 2. La notificación de un acto delegado al Parlamento Europeo y al Consejo expondrá los motivos por los cuales se ha aplicado el procedimiento de urgencia.

2.  Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 29, apartado 6. En tal caso, la Comisión derogará el acto inmediatamente tras la notificación de la decisión del Parlamento Europeo o del Consejo de formular objeciones.

Artículo 31

Grupo de coordinación contra la tortura

1.  Se crea un Grupo de coordinación contra la tortura, presidido por un representante de la Comisión. Cada Estado miembro nombrará un representante en este Grupo.

2.  El Grupo de coordinación contra la tortura examinará cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento, incluido, sin carácter limitativo, el intercambio de información sobre prácticas administrativas y cualquier pregunta que puedan plantear tanto la presidencia como el representante de un Estado miembro.

3.  Siempre que lo considere necesario, el Grupo de coordinación contra la tortura consultará a los exportadores, los intermediarios, prestadores de asistencia técnica y otros interesados a quienes concierna el presente Reglamento.

4.  La Comisión presentará por escrito un informe anual al Parlamento Europeo sobre las actividades, exámenes y consultas del Grupo de coordinación contra la tortura.

El informe anual se elaborará teniendo debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales de las personas físicas o jurídicas. Los debates del Grupo de coordinación contra la tortura tendrán carácter confidencial.

Artículo 32

Revisión

1.  A más tardar el 31 de julio de 2020, y posteriormente cada cinco años, la Comisión revisará la aplicación del presente Reglamento y remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe exhaustivo de aplicación y de evaluación de impacto, que podrá incluir propuestas para su modificación. La revisión considerará la necesidad de incluir las actividades de los ciudadanos de la Unión en el extranjero. Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión toda la información apropiada para la elaboración del informe.

2.  En secciones especiales del informe se tratarán los aspectos siguientes:

a)  el Grupo de coordinación contra la tortura y sus actividades. El informe se elaborará teniendo debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales de las personas físicas o jurídicas. Las discusiones del Grupo tendrán carácter confidencial,

b)  información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros de con arreglo al artículo 33, apartado 1, y notificadas a la Comisión con arreglo a su apartado 2.

Artículo 33

Sanciones

1.  Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión sin demora cualquier modificación posterior que afecte al régimen de sanciones notificado de acuerdo con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 1236/2005.

Artículo 34

Ámbito territorial

1.  El presente Reglamento tendrá el mismo ámbito territorial de aplicación que los Tratados, con excepción del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, los artículos 5, 11, 13, 14, 16 y 18, el artículo 20, apartados 1 a 4, y el artículo 22, que se aplicarán:

—  en el territorio aduanero de la Unión,

—  en los territorios españoles de Ceuta y Melilla,

—  en el territorio alemán de Helgoland.

2.  A los efectos del presente Reglamento, Ceuta, Helgoland y Melilla serán considerados parte del territorio aduanero de la Unión.

Artículo 35

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) n° 1236/2005.

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo XI.

Artículo 36

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

Lista de autoridades a que se refieren los artículos 20 y 23 y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea

A.  Autoridades de los Estados miembros

BÉLGICA

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel.: +32 22776713, +32 22775459

Fax: +32 22775063

Correo electrónico: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel.: +359 29407771

Fax: +359 29880727

Correo electrónico: exportcontrol@mi.government.bg

REPÚBLICA CHECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 224907638

Fax: +420 224214558

Correo electrónico: dual@mpo.cz

DINAMARCA

Anexo III, no 2 y 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel.: +45 72268400

Fax: +45 33933510

Correo electrónico: jm@jm.dk

Anexo II y anexo III, no 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel.: +45 35291000

Fax: +45 35291001

Correo electrónico: eksportkontrol@erst.dk

ALEMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6196 908 2217

Fax: +49 6196 908 1800

Correo electrónico: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel.: +372 6377192

Fax: +372 6377199

Correo electrónico: stratkom@vm.ee

IRLANDA

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel.: +353 16312121

Fax: +353 16312562

Correo electrónico: exportcontrol@djei.ie

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel.: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax: +30 2103286094

Correo electrónico: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ESPAÑA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

Correo electrónico: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

FRANCIA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel.: +33 1 57 53 43 98

Fax: +33 1 57 53 48 32

Correo electrónico: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROACIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tel.: +385 1 6444 625 (626)

Fax: + 385 1 6444 601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Tel.: +39 0659932439

Fax: +39 0659647506

Correo electrónico: polcom4@mise.gov.it

CHIPRE

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel.: +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax: +357 22375443

Correo electrónico: ts@mcit.gov.cy, pevgeniou@mcit.gov.cy,

LETONIA

Ārlietu ministrija

K.  Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel.: +371 67016426

Fax: +371 67828121

Correo electrónico: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767

Fax: +370 52719976

Correo electrónico: leidimai.pd@policija.lt

LUXEMBURGO

Ministère de l’Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel.: +352 22 61 62

Fax: +352 46 61 38

Correo electrónico: office.licences@eco.etat.lu

HUNGRÍA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel.: +36 14585599

Fax: +36 14585885

Correo electrónico: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel.: +356 21242270

Fax: +356 25690286

PAÍSES BAJOS

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel.: +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel.: +43 1711008341

Fax: +43 1711008366

Correo electrónico: post.c29@bmwfw.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Tel.: +48 226935553

Fax: +48 226934021

Correo electrónico: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTUGAL

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel.: +351 218813843

Fax: +351 218813986

Correo electrónico: dsl@at.gov.pt

RUMANÍA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel.: +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Fax: +40 214010568, +40 213150454

Correo electrónico: adrian.berezintu@dce.gov.ro

ESLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

The Republic of Slovenia

Tel.: +386 1 400 3564;

Fax.: +386 1 400 3588

ESLOVAQUIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel.: +421 248542163

Fax: +421 243423915

Correo electrónico: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Tel.: +358 295 480 171

Fax: +358 9 160 44635

Correo electrónico: kirjaamo@intermin.fi

SUECIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel.: +46 86904800

Fax: +46 8306759

Correo electrónico: registrator@kommers.se

REINO UNIDO

Importación de mercancías del anexo II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Correo electrónico: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Exportación de mercancías de los anexos II y III y prestación de asistencia técnica relacionada con las mercancías del anexo II con arreglo al artículo 3, apartado 1, y al artículo 4, apartado 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

Correo electrónico: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B.  Dirección de la Comisión Europea a la que deben enviarse las notificaciones

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Correo electrónico: relex-sanctions@ec.europa.eu

__________________

ANEXO II

Lista de productos a que se refieren los artículos 3 y 4

Nota introductoria:

Los «códigos NC» del presente anexo se refieren a los códigos especificados en la parte Dos del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo(16).

Cuando se antepone un «ex» al código NC, los productos contemplados por el presente Reglamento solo constituyen una parte del ámbito de aplicación del código NC y se determinan tanto por la descripción dada en el presente anexo como por el ámbito de aplicación del código NC.

Notas:

1.  Los artículos 1.3 y 1.4 de la sección 1 referidos a productos diseñados para la ejecución de seres humanos no incluyen los productos médico-técnicos.

2.  El objeto de los controles contenidos en el presente anexo no deberá quedar sin efecto por la exportación de productos no controlados (incluidas las plantas) que contengan uno o más componentes controlados, cuando el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos exportados y sea viable separarlos o emplearlos para otros fines.

Nota: A la hora de juzgar si el componente o componentes controlados deben considerarse el elemento principal, se habrán de ponderar los factores de cantidad, valor y conocimientos tecnológicos involucrados, así como otras circunstancias especiales que pudieran determinar que el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos suministrados.

Código NC

Descripción

 

1.  Productos diseñados para la ejecución de seres humanos, según se indica:

1 ex44219097

ex82089000

1 1.1. Horcas, guillotinas y cuchillas para guillotinas

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

1.2.  Sillas eléctricas para ejecutar a seres humanos

ex94060038

ex94060080

1.3.  Cámaras herméticas, por ejemplo de acero y vidrio, diseñadas con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de un gas o sustancia química letal

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

1.4.  Sistemas automáticos de inyección de droga diseñados con el fin de ejecutar a seres humanos mediante la administración de una sustancia química letal

 

2.  Productos no idóneos para el uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad para inmovilizar a seres humanos, según se indica:

ex85437090

2.1.  Dispositivos para provocar descargas eléctricas destinados a ser llevados sobre el cuerpo por un individuo inmovilizado, como cinturones, manguitos y manillas, diseñados para la inmovilización de seres humanos mediante la administración de descargas eléctricas

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

2.2.  Esposas para pulgares, esposas para dedos, empulgueras y prensadedos,

Nota:

Esta partida incluye utensilios dentados y no dentados.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.3.  Grillos con barra, sujeciones de pierna con peso y cadenas colectivas que incluyan grillos con barra de sujeciones de pierna con peso

Notas:

1.  Los grillos con barra son grillos o tobilleras provistos con un mecanismo de cierre y unidos por una barra rígida normalmente de metal

2.  Esta partida incluye los grillos con barra y las sujeciones de pierna con peso atados a esposas normales mediante una cadena

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.4.  Manillas para la inmovilización de seres humanos, diseñadas para ser ancladas en una pared, suelo o techo

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

2.5.  Sillas de sujeción: sillas equipadas con grilletes u otros dispositivos para inmovilizar a un ser humano.

Nota:

Esta partida no prohíbe las sillas equipadas únicamente con correas o cinturones

ex94029000

ex94032020

ex94032080

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.6.  Planchas y camas de inmovilización: planchas y camas equipadas con grilletes u otros dispositivos para inmovilizar a un ser humano

Nota:

Esta partida no prohíbe las planchas o camas equipadas únicamente con correas o cinturones

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.7.  Camas-jaula: camas que comprenden una jaula (cuatro lados y un techo) o estructura similar que confina a un ser humano dentro de los límites de la misma, cuyo techo o uno o más de los lados están fabricados con barras de metal o de otro tipo y que solo pueden abrirse desde el exterior

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.8.  Camas-red: camas que comprenden una jaula (cuatro lados y un techo) o estructura similar que confina a un ser humano dentro de los límites de la misma, cuyo techo o uno o más de los lados están fabricados con redes, y que solo pueden abrirse desde el exterior

 

3.  Dispositivos portátiles no idóneos para su uso por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad como material antidisturbios o de autodefensa, según se indica:

ex93040000

3.1.  Porras o porras cortas hechas de metal u otro material compuesto por un eje con púas metálicas

ex39269097

ex73269098

3.2.  Escudos con púas metálicas

 

4.  Látigos, según se indica:

ex66020000

4.1.  Látigos de múltiples colas o bridas, del tipo de los knuts o «cats o'nine tails»

ex66020000

4.2.  Látigos con una o más colas o bridas provistas de garfios, ganchos, púas, alambres u objetos similares para aumentar el impacto de la cola o correa

__________________

ANEXO III

Lista de productos a que se refiere el artículo 11

Nota introductoria:

Los «códigos NC» del presente anexo se refieren a los códigos especificados en la parte Dos del anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87.

Cuando se antepone un «ex» al código NC, los productos contemplados por el presente Reglamento solo constituyen una parte del ámbito de aplicación del código NC y se determinan tanto por la descripción dada en el presente anexo como por el ámbito de aplicación del código NC.

Notas:

1.  El objeto de los controles contenidos en el presente anexo no deberá quedar sin efecto por la exportación de productos no controlados (incluidas las plantas) que contengan uno o más componentes controlados, cuando el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos exportados y sea viable separarlos o emplearlos para otros fines.

Nota: A la hora de juzgar si el componente o componentes controlados deben considerarse el elemento principal, se habrán de ponderar los factores de cantidad, valor y conocimientos tecnológicos involucrados, así como otras circunstancias especiales que pudieran determinar que el componente o componentes controlados sean elementos principales de los productos suministrados.

2.  En algunos casos, los productos químicos se enumeran por nombre y número CAS. La lista se aplica a los productos químicos de la misma fórmula estructural (incluidos los hidratos) independientemente del nombre o del número CAS. Los números CAS se muestran para ayudar a identificar un producto químico o una mezcla independientemente de su nomenclatura. Los números CAS no pueden ser utilizados como identificadores únicos porque algunas formas de los productos químicos enumerados tienen números CAS diferentes y, además, algunas mezclas que contienen un producto químico enumerado pueden tener un número CAS diferente.

Código NC

Descripción

 

1.  Productos diseñados para la inmovilización de seres humanos, según se indica:

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.1.  Grilletes y cadenas colectivas

Notas:

1.  Losgrilletes son sujeciones compuestas por dos manillas o anillos provistos con un mecanismo de cierre y unidos por una cadena o barra

2.  Esta partida no se aplica a los dispositivos de sujeción de las piernas y cadenas colectivas prohibidos por la partida 2.3 del anexo II.

3.  Esta partida no se aplica a las «esposas normales». Las esposas normales son aquellas que reúnen todas las condiciones siguientes:

—  su dimensión total incluida la cadena, medida desde el borde externo de una manilla al borde externo de la otra, es de entre 150 y 280 mm en posición cerrada,

—  la circunferencia interior de cada manilla es de un máximo de 165 mm cuando el trinquete se fija en la última muesca del mecanismo de cierre,

—  la circunferencia interior de cada manilla es de un mínimo de 200 mm cuando el trinquete se fija en la primera muesca del mecanismo de cierre, y

—  las manillas no han sido modificados para causar dolor o sufrimiento.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.2.  Manillas o aros individuales provistos con un mecanismo de cierre cuya circunferencia interior supera los 165 mm cuando el trinquete se fija en la última muesca del mecanismo de cierre

Nota:

Esta partida incluye sujeciones de cuello y otras manillas o aros individuales provistos con un mecanismo de cierre y unidos a las esposas normales por una cadena

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

1.3.  Capuchas anti escupitajos: capuchas, incluidas las hechas de red, que incluyen una cubierta para la boca que impide escupir

Nota:

Esta partida incluye capuchas anti escupitajos unidas a esposas normales mediante una cadena

 

2.  Armas y dispositivos diseñados para su uso como material antidisturbios o de autodefensa, según se indica:

ex85437090

ex93040000

2.1.  Armas de descarga eléctrica portátiles que pueden dirigirse solo contra una persona cada vez que se administra una descarga eléctrica, en particular, pero no exclusivamente, las porras eléctricas, escudos eléctricos, armas aturdidoras y pistolas de descarga eléctrica

Notas:

1.  Esta partida no se aplica a los cinturones de electrochoque y demás dispositivos descritos en la partida 2.1 del anexo II.

2.  Esta partida no se aplica a los dispositivos individuales portátiles para provocar descargas eléctricas que lleve su usuario para su defensa personal.

ex85439000

ex93059900

2.2.  Kits que contienen todos los elementos esenciales para el ensamblaje de armas portátiles de descarga eléctrica a las que se aplica la partida 2.1

Nota:

Las siguientes mercancías se consideran componentes esenciales:

—  la unidad de produce el electrochoque,

—  el interruptor, incluso en un mando a distancia, y

—  los electrodos o, en su caso, los cables, a través de los cuales se administra el electrochoque

ex85437090

ex93040000

2.3.  Armas de descarga eléctrica fijas o portátiles que cubren un amplio área y que pueden alcanzar a varias personas

 

3.  Armas y equipo de diseminación de sustancias químicas incapacitantes o irritantes para su uso como material antidisturbios o de autodefensa y sustancias relacionadas, según se indica:

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.1.  Armas y equipos portátiles que administran una dosis de una sustancia química incapacitante o irritante a una persona o una dosis de dicha sustancia que afecte a una superficie reducida, por ejemplo, en forma de niebla de pulverización o nube, cuando la sustancia química es administrada o diseminada

Notas:

1.  Esta partida no se aplica a los equipos a los que se aplica la partida ML7(e) de la Lista Común Militar de la Unión Europea(17)

2.  Esta partida no se aplica a los equipos portátiles individuales, aunque contengan una sustancia química, cuando acompañan a su usuario para la defensa personal

3.  Además de las sustancias químicas pertinentes, como los agentes antidisturbios o PAVA, los productos contemplados en las partidas 3.3 y 3.4 se considerarán sustancias químicas incapacitantes o irritantes

ex29242998

3.2.  Vanillilamida del ácido pelargónico (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex33019030

3.3.  Oleorresina Capsicum (OC) (no CAS 8023-77-6)

ex29242998

ex29399900

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249097

3.4.  Mezclas que contengan al menos un 0,3 % en peso de PAVA u OC y un disolvente (como el etanol, 1-propanol o hexano), que puedan ser administradas como agentes incapacitantes o irritantes en sí mismas, en particular en aerosoles y en forma líquida, o utilizadas para la fabricación de agentes incapacitantes o irritantes

Notas:

1.  Esta partida no se aplica a las preparaciones para salsas y salsas preparadas, sopas o caldos, preparados y mezclas de condimentos o sazonadores, siempre que la PAVA o la OC no sean el único componente saborizante

2.  Esta partida no se aplica a los medicamentos para los que se ha concedido una autorización de comercialización de conformidad con el Derecho de la Unión(18)

ex84242000

ex84248900

3.5.  Equipos fijos para la difusión de sustancias químicas incapacitantes o irritantes que puedan fijarse en una pared o en el techo de un edificio, incluyan un filtro de agentes químicos irritantes o incapacitantes y se activen por medio de un sistema de control a distancia

Nota:

Además de las sustancias químicas pertinentes, como los agentes antidisturbios o PAVA, los productos contemplados en las partidas 3.3 y 3.4 se considerarán sustancias químicas incapacitantes o irritantes

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.6.  Equipos fijos o desmontables para la diseminación de agentes químicos incapacitantes o irritantes que cubran una superficie amplia y que no estén diseñados para ser fijados en una pared o en el techo en el interior de un edificio

Notas:

1.  Esta partida no se aplica a los equipos a los que se aplica la partida ML7(e) de la Lista Común Militar de la Unión Europea

2.  Esta partida también se aplica a los cañones de agua

3.  Además de las sustancias químicas pertinentes, como los agentes antidisturbios o PAVA, los productos contemplados en las partidas 3.3 y 3.4 se considerarán sustancias químicas incapacitantes o irritantes

__________________

ANEXO IV

Productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte a que se refiere el artículo 16

Código NC

Descripción

 

1.  Productos que pueden utilizarse para la ejecución de seres humanos mediante inyección letal, como sigue:

 

1.1.  Agentes anestésicos barbitúricos de acción corta o intermedia, que incluyan, sin carácter limitativo:

ex29335390 [a) a f)]

ex29335995 [g) y h)]

a)  amobarbital (n° CAS 57-43-2)

b)  sal sódica de amobarbital (n° CAS 64-43-7)

c)  pentobarbital (n° CAS 76-74-4)

d)  sal sódica de pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)  secobarbital (n° CAS 76-73-3)

f)  sal sódica de secobarbital (no CAS 309-43-3)

g)  tiopental (n° CAS 76-75-5)

h)  sal sódica de tiopental (n° CAS 71-73-8), también conocida como tiopentona sódica

ex30039000

ex30049000

ex38249096

Nota:

Esta partida también se aplica a los productos que contienen uno de los agentes anestésicos enumerados entre los agentes barbitúricos anestésicos de acción corta o intermedia.

_________________

ANEXO V

Licencia general de exportación de la Unión n° EU GEA [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]

Parte 1 — Productos

La presente licencia general de exportación se refiere a los productos enumerados en las rúbricas del anexo IV del Reglamento (UE) [DO: insértese el número del DO del presente Reglamento] del Parlamento Europeo y del Consejo(19).

Cubre asimismo la prestación de asistencia técnica al usuario final en la medida en que dicha asistencia sea necesaria para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o las reparaciones de aquellos productos cuya exportación está autorizada, si es el exportador quien presta dicha asistencia.

Parte 2 — Destinos

No se requerirá ninguna licencia de exportación en virtud del Reglamento (UE) [DO: insértese el número del DO del presente Reglamento] para los suministros destinados a un país o territorio situado en el territorio aduanero de la Unión que, a efectos del presente Reglamento, incluye Ceuta, Helgoland y Melilla (artículo 34, apartado 2).

La presente licencia general de exportación es válida en toda la Unión para las exportaciones a los siguientes destinos:

Territorios daneses fuera del territorio aduanero:

—  Groenlandia,

—  Islas Feroe.

Territorios franceses fuera del territorio aduanero:

—  Nueva Caledonia y sus dependencias,

—  Polinesia francesa,

—  San Bartolomé,

—  San Pedro y Miquelón,

—  Tierras australes y antárticas francesas,

—  Wallis y Futuna.

Territorios neerlandeses fuera del territorio aduanero:

—  Aruba,

—  Bonaire,

—  Curazao,

—  Saba,

—  San Eustaquio,

—  San Martín.

Territorios británicos pertinentes fuera del territorio aduanero:

—  Anguila,

—  Bermudas,

—  Georgia del Sur e Islas Sandwich del Sur,

—  Gibraltar,

—  Islas Malvinas,

—  Islas Turcas y Caicos,

—  Montserrat,

—  Santa Elena y sus dependencias.

Albania

Andorra

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Argentina

Australia

Benín

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Cabo Verde

Canadá

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Filipinas

Gabón

Georgia

Guinea-Bisáu

Honduras

Islandia

Kirguistán

Liberia

Liechtenstein

México

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Namibia

Nepal

Nicaragua

Noruega

Nueva Zelanda

Panamá

Paraguay

República Dominicana

Ruanda

San Marino

Santo Tomé y Príncipe

Serbia

Seychelles

Sudáfrica

Suiza (incluidos Büsingen y Campione d'Italia)

Timor Oriental

Togo

Turkmenistán

Turquía

Ucrania

Uruguay

Uzbekistán

Venezuela

Yibuti

Parte 3 — Condiciones y requisitos para el uso de la presente licencia general de exportación

1)  La presente licencia general de exportación no podrá ser utilizada si:

a)  se ha prohibido al exportador utilizar la presente licencia general de exportación de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento];

b)  las autoridades competentes del Estado miembro en que el exportador resida o esté establecido han informado al exportador de que los productos en cuestión están o pueden estar destinados, en su totalidad o en parte, a reexportación a un tercer país o a su utilización para aplicar la pena de muerte en un tercer país;

c)  el exportador sabe, o tiene motivos razonables para creer que los productos en cuestión están destinados, en su totalidad o en parte, a la reexportación a un tercer país o a la aplicación de la pena de muerte en un tercer país;

d)  los productos en cuestión son exportados a una zona franca o depósito franco situado en uno de los destinos a que se refiere la presente licencia general de exportación;

e)  el exportador es el fabricante de los medicamentos en cuestión y no ha celebrado un acuerdo jurídicamente vinculante con el distribuidor, por el que se requiera de este último supeditar todos los suministros y transmisiones a la celebración de un acuerdo jurídicamente vinculante que exija del cliente, preferiblemente con sujeción a una sanción contractual disuasoria:

i)  no utilizar ninguno de los productos recibidos del distribuidor para aplicar la pena de muerte,

ii)  no suministrar o transferir ninguno de esos productos a un tercero, si el cliente sabe o tiene motivos razonables para creer que los productos están destinados a ser utilizados con el fin de aplicar la pena de muerte, e

iii)  imponer los mismos requisitos a cualquier tercero al que el cliente pudiera suministrar o transferir alguno de esos productos;

f)  el exportador no es el fabricante de los medicamentos en cuestión y no ha obtenido una declaración de uso final firmada por el usuario final en el país de destino;

g)  el exportador de medicamentos no ha celebrado un acuerdo jurídicamente vinculante con el distribuidor o usuario final que exija del distribuidor o, si el usuario final celebró dicho acuerdo, del usuario final, preferiblemente con sujeción a una sanción contractual disuasoria, la obtención de una licencia previa del exportador para:

i)  cualquier transmisión o suministro de cualquier parte del envío a una autoridad encargada de hacer cumplir la ley en un país o territorio que no haya abolido la pena de muerte,

ii)  cualquier transmisión o suministro de cualquier parte del envío a una persona física o jurídica, entidad u organismo que suministre productos o preste servicios que impliquen la utilización de dichos productos a tal autoridad encargada de hacer cumplir la ley, y

iii)  cualquier reexportación o transmisión de cualquier parte del envío a un país o territorio que no haya abolido la pena de muerte, o

h)  el exportador de productos que no sean medicamentos no ha celebrado un acuerdo jurídicamente vinculante contemplado en la letra g) con el usuario final.

2)  Los exportadores que utilicen la presente licencia general de exportación n° EU GEA [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] notificarán a las autoridades competentes del Estado miembro en que residan o estén establecidos el primer uso de dicha licencia general de exportación en un plazo máximo de treinta días después de la primera exportación.

Asimismo, los exportadores harán constar en la declaración aduanera el hecho de que están utilizando la presente licencia general de exportación EU GEA [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] indicando en la casilla 44 el correspondiente código que figura en la base de datos TARIC.

3)  Los Estados miembros definirán los requisitos de notificación vinculados al uso de la presente licencia general de exportación y cualquier información complementaria que pueda requerir el Estado miembro desde el cual se efectúa la exportación acerca de los productos exportados al amparo de dicha licencia.

El Estado miembro de que se trate podrá exigir a los exportadores que residan o estén establecidos en él que se registren antes de hacer uso de la presente licencia general de exportación por primera vez. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento], el registro será automático; las autoridades competentes acusarán recibo al exportador sin demora y, en todo caso, en los diez días hábiles siguientes al registro.

_____________

ANEXO VI

Lista de los territorios de los Estados miembros a que se refiere el artículo 11, apartado 2

DINAMARCA:

—  Groenlandia

FRANCIA:

—  Nueva Caledonia y sus dependencias

—  Polinesia francesa

—  Tierras australes y antárticas francesas

—  Islas Wallis y Futuna

—  San Pedro y Miquelón.

ALEMANIA:

—  Büsingen

_________________

ANEXO VII

Formulario de licencia de exportación o importación a que se refiere el artículo 21, apartado 1

Nota técnica:

El siguiente formulario medirá 210 × 297 mm, con una tolerancia máxima de 5 mm de menos y 8 mm de más. Las casillas se basan en una unidad de medida de un décimo de pulgada horizontalmente y de un sexto de pulgada verticalmente. Las subdivisiones se basan en una unidad de medida de un décimo de pulgada horizontalmente.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_ES-p0000002.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_ES-p0000003.png

[DO: Insértese el número de DO del presente Reglamento en todos los lugares en los que se hace referencia al Reglamento 1236/2005: casilla situada a la derecha de la casilla 1 y casilla 15.]

Notas explicativas del formulario

«Licencia de exportación e importación de productos que pueden utilizarse para infligir tortura (Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento])»

El presente formulario de licencia se utilizará para expedir una licencia de exportación o importación de productos de conformidad con el Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento y complétese la nota a pie de página correspondiente](20). No debe utilizarse para autorizar la prestación de asistencia técnica.

La autoridad competente para expedir la licencia es la autoridad definida en el artículo 2, letra h), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] que figura en el anexo I de dicho Reglamento.

Las licencias se expedirán en este formulario de una sola página, que deberá estar impreso por las dos caras. El despacho de aduana competente reducirá las cantidades exportadas de la cantidad total disponible. Tendrá que asegurarse que los diferentes artículos sujetos a la licencia están claramente separados a tal fin.

Cuando los procedimientos nacionales de los Estados miembros exijan más copias del formulario (como por ejemplo para la solicitud) este formulario de licencia podrá incluirse en un conjunto de formularios que contengan las necesarias copias con arreglo a las normas nacionales en vigor. En la casilla situada sobre la casilla 3 de cada ejemplar y al margen izquierdo deberá figurar claramente el fin al que está destinado cada copia (por ejemplo, instancia, copia para solicitante). Un solo ejemplar será el formulario de licencia del anexo VII del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Casilla 1

Solicitante

Indíquese el nombre y la dirección completa del solicitante.

También podrá indicarse el número de aduana del solicitante (optativo en la mayoría de los casos).

El tipo de solicitante deberá indicarse (optativo) en la casilla correspondiente, utilizando los números 1, 2 o 4 relativos a los puntos de la definición del artículo 2, letra i), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Casilla 3

No de licencia

Rellénese el número y márquese la casilla de exportación o la de importación. Para las definiciones de los términos «exportación» e «importación» 1 véase el artículo 2, letras d) y e), y el artículo 34 del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Casilla 4

Fecha de expiración

Consígnese día (dos cifras), mes (dos cifras) y año (cuatro cifras).

Casilla 5

Agente/representante

Indíquese el nombre de un representante debidamente autorizado o agente (de aduanas) que actúe en nombre del solicitante, si la solicitud no la presenta el solicitante. Véase también el artículo 18 del Reglamento (UE) n° 952/2013.

Casilla 6

País en el que se encuentran los productos

Consígnese el nombre del país interesado y del país correspondiente de los códigos establecidos en virtud del Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(21) (1 Véase el Reglamento (UE) n° 1106/2012 de la Comisión(22) .

Casilla 7

País de destino

Consígnese el nombre del país interesado y del país correspondiente de los códigos establecidos en virtud del Reglamento (CE) no 471/2009. Véase el Reglamento (CE) no 1106/2012.

Casilla 10

Descripción del artículo

Considérese la inclusión de los datos en el embalaje de los productos. Nótese que en la casilla 10 puede indicarse también el valor de los productos.

Si el espacio de la casilla 10 no es suficiente, prosígase en una hoja en blanco anexa, haciendo mención del número de licencia. Consígnese en la casilla 16 el número de apéndices.

Este formulario está concebido hasta para tres tipos diferentes de productos (véanse los anexos II y III del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]). Si fuera necesario dar licencia para la exportación o importación de más de tres tipos de productos, conceder dos licencias.

Casilla 11

No de artículo

Esta casilla debe cumplimentarse solo al dorso del formulario. Compruébese que el número de artículo corresponde al número de artículo impreso de la casilla 11 hallado junto a la descripción del artículo correspondiente en el anverso.

Casilla 14

Exigencias y condiciones específicas

Si el espacio de la casilla 14 no es suficiente, prosígase en una hoja en blanco anexa, haciendo mención del número de licencia. Consígnese en la casilla 16 el número de apéndices.

Casilla 16

Número de apéndices

Consígnese el número de apéndices, en su caso (véanse explicaciones sobre las casillas 10 y 14).

__________________

ANEXO VIII

Formulario de licencia para la prestación de servicios de intermediación a efectos del artículo 21, apartado 1

Nota técnica:

El siguiente formulario medirá 210 × 297 mm, con una tolerancia máxima de 5 mm de menos y 8 mm de más. Las casillas se basan en una unidad de medida de un décimo de pulgada horizontalmente y de un sexto de pulgada verticalmente. Las subdivisiones se basan en una unidad de medida de un décimo de pulgada horizontalmente.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_ES-p0000004.png20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_ES-p0000005.png

[DO: Insértese el número de DO del presente Reglamento en todos los lugares en los que se hace referencia al Reglamento 1236/2005: casilla situada a la derecha de la casilla 1, casilla situada a la izquierda de la casilla 1 (texto en vertical), casilla 19, casilla situada a la derecha de la casilla «Informe sobre el uso de las cantidades autorizadas»]

Notas explicativas del formulario

«Licencia de prestación de servicios de intermediación en relación con productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura o (Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento y complétese la nota a pie de página] del Parlamento Europeo y del Consejo(23))»»

El presente formulario de licencia se utilizará para expedir una licencia de servicios de intermediación de conformidad con el Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

La autoridad competente para expedir la licencia es la autoridad definida en el artículo 2, letra h), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]. Se trata de una autoridad incluida en la lista de autoridades competentes del anexo I de dicho Reglamento.

Casilla 1

Intermediario solicitante

Indíquese el nombre y la dirección completa del intermediario que presenta la solicitud. «Intermediario» se define en el artículo 2, letra l), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Casilla 3

N.o de licencia

Rellénese el número y márquese la casilla pertinente para indicar si la licencia es individual o global (para las definiciones, véase el artículo 2, letras p) y q), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]

Casilla 4

Fecha de expiración

Consígnese día (dos cifras), mes (dos cifras) y año (cuatro cifras). El período de validez de una licencia individual es de tres a doce meses, y el de una licencia global es de uno a tres años. Al concluir el período de validez, puede solicitarse una prórroga, cuando sea necesario.

Casilla 5

Consignatario

Indíquese, además del nombre y la dirección, si el consignatario en el tercer país de destino es un usuario final, un distribuidor tal como se contempla en el artículo 2, letra r), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] o un interesado con otra función en la transacción.

Si el consignatario es un distribuidor pero también utiliza parte del envío para un uso final específico, márquese tanto «Distribuidor» como «Usuario final» e indíquese el uso final en la casilla 11.

Casilla 6

Tercer país en el que se encuentran los productos

Consígnese el nombre del país de que se trate y el correspondiente código de país que figura en la lista de códigos establecida con arreglo al Reglamento (CE) n° 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(24). Véase el Reglamento (UE) n° 1106/2012 de la Comisión(25).

Casilla 7

Tercer país de destino

Consígnese el nombre del país de que se trate y el correspondiente código de países que figura en la lista de códigos establecida con arreglo al Reglamento (CE) n° 471/2009. Véase el Reglamento (UE) n° 1106/2012.

Casilla 9

Estado miembro emisor

Consígnese en la línea pertinente el nombre del Estado miembro de que se trate y el correspondiente código de país que figura en la lista de códigos establecida con arreglo al Reglamento (CE) n° 471/2009. Véase el Reglamento (UE) n° 1106/2012.

Casilla 11

Uso final

Facilítese una descripción precisa del uso que se hará de los productos e indique además si el usuario final es una autoridad encargada de hacer cumplir la ley tal como se define en el artículo 2, letra c), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] o un proveedor de formación sobre el uso de los productos objeto de intermediación.

Déjese en blanco si los servicios de intermediación se prestan a un distribuidor, a menos que el propio distribuidor utilice parte de los productos para un uso final específico.

Casilla 12

Ubicación exacta de los productos en el tercer país desde el que se van a exportar

Descríbase la ubicación de los productos en el tercer país desde el que se van a suministrar a la persona, entidad u organismo mencionados en la casilla 2. La ubicación debe ser una dirección en el país mencionado en la casilla 6 o una información similar que describa el paradero de los productos. Téngase en cuenta que no está permitido indicar un apartado de correos o una dirección postal similar.

Casilla 13

Descripción del artículo

La descripción de los productos debe incluir una referencia al elemento específico del anexo III o IV al Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]. Considérese incluir datos en el embalaje de los productos.

Si el espacio de la casilla 13 no es suficiente, prosígase en una hoja en blanco anexa, haciendo mención del número de licencia. Consígnese en la casilla 20 el número de apéndices.

Casilla 14

N.o de artículo

Esta casilla debe cumplimentarse solo al dorso del formulario. Compruébese que el número de artículo corresponde al número de artículo impreso de la casilla 14 hallado junto a la descripción del artículo correspondiente en el anverso.

Casilla 15

Código SA

El código SA es un código aduanero asignado a los productos en el Sistema Armonizado. Si se conoce el código de la nomenclatura combinada de la UE, puede utilizarse este último. Véase el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión (26) para obtener la versión vigente de la nomenclatura combinada.

Casilla 17

Divisa y valor

Indíquese el valor y la divisa utilizando el precio pagadero (sin convertirlo). Si no se conoce dicho precio, debe indicarse el valor estimado, precedido de la mención VE. Debe consignarse la divisa utilizando el código alfabético (ISO 4217:2015).

Casilla 18

Requisitos y condiciones específicos

La casilla 18 hace referencia a los artículos 1, 2 o 3 (especifíquese cuando proceda) descritos en las casillas 14 a 16 precedentes. Si el espacio de la casilla 18 no es suficiente, prosígase en una hoja en blanco anexa, haciendo mención del número de licencia. Consígnese en la casilla 20 el número de apéndices.

Casilla 20

Número de apéndices

Consígnese, en su caso, el número de apéndices (véanse explicaciones sobre las casillas 13 y 18).

____________________

ANEXO IX

Formulario de licencia para la prestación de asistencia técnica a efectos del artículo 21, apartado 1.

Nota técnica:

El siguiente formulario medirá 210 × 297 mm, con una tolerancia máxima de 5 mm de menos y 8 mm de más. Las casillas se basan en una unidad de medida de un décimo de pulgada horizontalmente y de un sexto de pulgada verticalmente. Las subdivisiones se basan en una unidad de medida de un décimo de pulgada horizontalmente.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_ES-p0000006.png

[DO: Insértese el número de DO del presente Reglamento en todos los lugares en los que se hace referencia al Reglamento 1236/2005: casilla situada a la derecha de la casilla 1, casilla situada a la izquierda de la casilla 1 (texto en vertical) y casilla 15.]

Notas explicativas del formulario

«Licencia de prestación de asistencia técnica relacionada con productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura (Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento y complétese la nota a pie de página] del Parlamento Europeo y del Consejo(27)

El presente formulario de licencia se utilizará para expedir una licencia de asistencia técnica de conformidad con el Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]. Si la asistencia técnica acompaña una exportación para la cual se ha concedido una licencia mediante el Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] o de conformidad con este, no debe utilizarse el presente formulario, salvo en los casos siguientes:

—  la asistencia técnica se refiere a los productos enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] (véase el artículo 3, apartado 2), o

—  la asistencia técnica relativa a los productos enumerados en el anexo III o el anexo IV del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] va más allá de lo necesario para la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento o las reparaciones de los productos exportados (véase el artículo 21, apartado 2, y, en cuanto a los productos enumerados en el anexo IV, la parte 1 de la licencia general de exportación de la Unión no EU GEA [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] del anexo V del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]).

La autoridad competente para expedir la licencia es la autoridad definida en el artículo 2, letra h), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento]. Se trata de una autoridad incluida en la lista de autoridades competentes del anexo I de dicho Reglamento.

Las licencias se expedirán en este formulario de una sola página, con los apéndices que sean necesarios.

Casilla 1

Prestador de asistencia técnica solicitante

Indíquese el nombre y la dirección completa del solicitante. El término «prestador de asistencia técnica» se define en el artículo 2, letra m), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Si la asistencia técnica acompaña una exportación para la cual se ha concedido una licencia, indíquese también el número de aduana del solicitante, si es posible, y el número de la correspondiente licencia de exportación en la casilla 14.

Casilla 3

N.o de licencia

Rellénese el número y márquese la correspondiente casilla para indicar el artículo del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] en el que se basa la licencia.

Casilla 4

Fecha de expiración

Consígnese día (dos cifras), mes (dos cifras) y año (cuatro cifras). El período de validez de una licencia es de tres a doce meses. Al concluir el período de validez, puede solicitarse una prórroga, cuando sea necesario.

Casilla 5

Actividad de la persona física o jurídica, la entidad o el organismo mencionado en 2.

Indíquese la actividad principal de la persona, entidad u organismo a los que se va a prestar la asistencia técnica. El término «autoridad encargada de hacer cumplir la ley» se define en el artículo 2, letra c), del Reglamento (UE) n° [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Si la actividad principal no figura en la lista, marque «Ninguna de las anteriores» y describa la actividad principal en términos genéricos (por ejemplo, «venta al por mayor», «minorista», «hospital»).

Casilla 6

Tercer país o Estado miembro en el que se va a prestar la asistencia técnica

Consígnese el nombre del país en cuestión y el correspondiente código de país que figura en la lista de códigos establecida con arreglo al Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(28). Véase el Reglamento (UE) no 1106/2012 de la Comisión(29).

Obsérvese que en la casilla 6 solo puede mencionarse un Estado miembro, si la licencia se basa en el artículo 4 del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Casilla 7

Tipo de licencia

Indíquese si la asistencia técnica se presta durante un período en particular y, de ser así, especifíquese el período en días, semanas o meses durante los cuales el prestador de asistencia técnica debe responder a peticiones de asesoramiento, apoyo o formación. Una única prestación de asistencia técnica está vinculada a una única solicitud de asesoramiento o apoyo o una formación específica (incluso si tiene que ver con un curso impartido durante varios días).

Casilla 8

Estado miembro emisor

Consígnese en la correspondiente línea el nombre del Estado miembro de que se trate y el correspondiente código de país que figura en la lista de códigos establecida con arreglo al Reglamento (CE) no 471/2009. Véase el Reglamento (UE) n° 1106/2012.

Casilla 9

Descripción del tipo de productos a los que se refiere la asistencia técnica

Descríbase el tipo de productos que cubre la asistencia técnica. La descripción debe incluir una referencia a un elemento específico de los anexos II, III o IV al Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Casilla 10

Descripción de la asistencia técnica autorizada

Descríbase la asistencia técnica de manera clara y precisa. Incluya una referencia a la fecha y el número de un acuerdo celebrado por el prestador de asistencia técnica o bien incluya dicho acuerdo, cuando proceda.

Casilla 11

Modo de prestación

La casilla 11 no debe completarse si la licencia se basa en el artículo 4 del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento].

Si la asistencia técnica se presta desde un tercer país que no sea el tercer país en el que reside o está establecido el receptor, consígnese el nombre del país de que se trate y el correspondiente código de país que figura en la lista de códigos establecida con arreglo al Reglamento (CE) n° 471/2009. Véase el Reglamento (UE) n° 1106/2012.

Casilla 12

Descripción de la formación sobre el uso de los productos a los que se refiere la asistencia técnica

Indíquese si el apoyo técnico o el servicio técnico incluidos en la definición de asistencia técnica del artículo 2, letra f), del Reglamento (UE) [DO: insértese el número de DO del presente Reglamento] se acompaña de formación para los usuarios de los productos en cuestión. Especifíquese qué tipo de usuario recibirá tal formación y detállense los objetivos y el contenido del programa de formación.

Casilla 14

Requisitos y condiciones específicas

Si el espacio de la casilla 14 no es suficiente, prosígase en una hoja en blanco anexa, haciendo mención del número de licencia. Consígnese en la casilla 16 el número de apéndices.

Casilla 16

Número de apéndices

Consígnese el número de apéndices, en su caso (véanse explicaciones sobre las casillas 10 y 14).

_________________

ANEXO X

Reglamento derogado y lista de sus sucesivas modificaciones

Reglamento (CE) n° 1236/2005 del Consejo

(DO L 200 de 30.7.2005, p. 1)

 

 

Reglamento (CE) n° 1377/2006 de la Comisión

(DO L 255 de 19.9.2006, p. 3)

 

 

Reglamento (CE) n° 1791/2006 del Consejo

(DO L 363 de 20.12.2006, p. 1)

Únicamente el artículo 1, apartado 1, decimotercer guión, del Reglamento (CE) n° 1236/2005, y el punto 13, apartado 5, del anexo

 

Reglamento (CE) n° 675/2008 de la Comisión

(DO L 189 de 17.7.2008, p. 14)

 

 

Reglamento (CE) n° 1226/2010 de la Comisión

(DO L 336 de 21.12.2010, p. 13)

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) n° 1352/2011 de la Comisión

(DO L 338 de 21.12.2011, p. 31)

 

 

Reglamento (CE) n° 517/2013 del Consejo

(DO L 158 de 10.6.2013, p. 1)

Únicamente el artículo 1, apartado 1, letra n), cuarto guión, y el punto 16, apartado 4, del anexo

 

Reglamento (UE) n° 585/2013 de la Comisión

(DO L 169 de 21.6.2013, p. 46)

 

 

Reglamento (UE) n° 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo

(DO L 18 de 21.1.2014, p. 1)

Únicamente el punto 12 del anexo

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 775/2014 de la Comisión

(DO L 210 de 17.7.2014, p. 1)

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1113 de la Comisión

(DO L 182 de 10.7.2015, p. 10)

 

 

Reglamento (UE) 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo

(DO L 338 de 13.12.2016, p. 1)

 

 

Reglamento Delegado (UE) 2018/181 de la Comisión

(DO L 40 de 13.2.2018, p. 1)

 

_____________

ANEXO XI

Tabla de correspondencias

Reglamento (CE) n° 1236/2005

Presente Reglamento

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4 letra a)

Artículo 5

Artículo 4, letra b)

Artículo 6

Artículo 4, letra c)

Artículo 7

Artículo 4, letra d)

Artículo 8

Artículo 4, letra e)

Artículo 9

Artículo 4, letra f)

Artículo 10

Artículo 5

Artículo 11

Artículo 6, apartado 1

Artículo 12, apartado 1

Artículo 6, apartado 2, párrafo primero

Artículo 12, apartado 2, párrafo primero

Artículo 6, apartado 2, párrafo segundo, frase introductoria

Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo, frase introductoria

Artículo 6, apartado 2, párrafo segundo, primer guión

Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo letra a)

Artículo 6, apartado 2, párrafo segundo, segundo guión

Artículo 12, apartado 2, párrafo segundo letra b)

Artículo 6, apartado 2, párrafo tercero

Artículo 12, apartado 2, párrafo tercero

Artículo 6, apartado 3, frase introductoria

Artículo 12, apartado 3, párrafo primero

Artículo 6, apartado 3, punto 3.1

Artículo 12, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 6, apartado 3, punto 3.2

Artículo 12, apartado 3, párrafo tercero

Artículo 6 bis

Artículo 13

Artículo 7

Artículo 14

Artículo 7 bis

Artículo 15

Artículo 7 ter

Artículo 16

Artículo 7 quater, apartado 1

Artículo 17, apartado 1

Artículo 7 quater, apartado 2

Artículo 17, apartado 2

Artículo 7 quater, apartado 3 frase introductoria

Artículo 17, apartado 3, párrafo primero

Artículo 7 quater, apartado 3, punto 3.1

Artículo 17, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 7 quater, apartado 3, punto 3.2

Artículo 17, apartado 3, párrafo tercero

Artículo 7 quater, apartado 3, punto 3.3

Artículo 17, apartado 3, párrafo cuarto

Artículo 7 quater, apartado 4

Artículo 17, apartado 4

Artículo 7 quinquies

Artículo 18

Artículo 7 sexies

Artículo 19

Artículo 8

Artículo 20

Artículo 9

Artículo 21

Artículo 10

Artículo 22

Artículo 11

Artículo 23

Artículo 12

Artículo 24

Artículo 12 bis

Artículo 25

Artículo 13, apartados 1, 2 y 3

Artículo 26, apartados 1, 2 y 3

Artículo 13, apartado 3bis

Artículo 26, apartado 4

Artículo 13, apartado 4

Artículo 26, apartado 5

Artículo 13 apartado 5

Artículo 26, apartado 6

Artículo 13 bis

Artículo 27

Artículo 14

Artículo 28

Artículo 15 bis

Artículo 29

Artículo 15 ter

Artículo 30

Artículo 15 quater

Artículo 31

Artículo 15 quinquies

Artículo 32

Artículo 17

Artículo 33

Artículo 18

Artículo 34

-

Artículo 35

Artículo 19

Artículo 36

Anexo I

Anexo I

Anexo II

Anexo II

Anexo III

Anexo III

Anexo III bis

Anexo IV

Anexo III ter

Anexo V

Anexo IV

Anexo VI

Anexo V

Anexo VII

Anexo VI

Anexo VIII

Anexo VII

Anexo IX

-

Anexo X

-

Anexo XI

_____________

(1) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2018.
(3)Reglamento (CE) n° 1236/2005 del Consejo de 27 de junio de 2005 sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DO L 200 de 30.7.2005, p. 1).
(4)Véase el anexo X.
(5)Resolución 3452 (XXX) de 9 de diciembre de 1975 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(6)Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(7)Aprobadas por las Resoluciones 663 C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
(8)Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).
(9)Reglamento (CE) n° 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, la intermediación y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).
(10)Reglamento (UE) n° 258/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se aplica el artículo 10 del Protocolo de las Naciones Unidas contra la falsificación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada, y por el que se establecen licencias de exportación y medidas de importación y tránsito para las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (DO L 94 de 30.3.2012, p. 1).
(11)Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(12) Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(13)DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(14)Reglamento (UE) n° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1).
(15)Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(16)Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L 256 de 7.9.1987, p. 1).
(17)Última versión adoptada por el Consejo el 26 de febrero de 2018 (DO C 98 de 15.3.2018, p. 1).
(18)Véase, en particular, el Reglamento (CE) no 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1) y la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
(19)Reglamento (UE) no […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DO L […] de […], p […].
(20)Reglamento (UE) n° […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DO L […] de […], p. […]). [DO: complétese esta nota a pie de página].
(21)Reglamento (CE) n° 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de mayo de 2009 sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1172/95 del Consejo (DO L 152 de 16.6.2009, p. 23).
(22)Reglamento (UE) n° 1106/2012 de la Comisión de 27 de noviembre de 2012 por el que se aplica el Reglamento (CE) n° 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328 de 28.11.2012, p. 7).
(23)Reglamento (UE) no […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DO L […] de […], p. […]).
(24)Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1172/95 del Consejo (DO L 152 de 16.6.2009, p. 23).
(25)Reglamento (UE) no 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328 de 28.11.2012, p. 7).
(26)Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1821 de la Comisión, de 6 de octubre de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común ( DO L 294 de 28.10.2016, p. 1).
(27)Reglamento (UE) no […] del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (DO L […] de […], p. […]).
(28)Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1172/95 del Consejo (DO L 152 de 16.6.2009, p. 23).
(29)Reglamento (UE) no 1106/2012 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros países, en lo que concierne a la actualización de la nomenclatura de países y territorios (DO L 328 de 28.11.2012, p. 7).


Fondo de asilo, migración e integración: Renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 29 de noviembre de 2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la renovación del compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, o a su asignación a otras acciones en el marco de los programas nacionales (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0468A8-0370/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  El objetivo del presente Reglamento es permitir que se renueve el compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 previsto en el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo8 o la asignación de dichos importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales, en consonancia con las prioridades de la Unión y en función de las necesidades de los Estados miembros en los ámbitos de la migración y el asilo.
(1)  El objetivo del presente Reglamento es permitir que se renueve el compromiso del remanente de los importes comprometidos para sustentar la aplicación de las Decisiones del Consejo (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 previsto en el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo8 o la asignación de dichos importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales, en consonancia con las prioridades de la Unión y en función de las necesidades de los Estados miembros en ámbitos específicos de la migración y el asilo. Otro objetivo es el de garantizar que ese compromiso renovado y esa asignación tengan lugar de manera transparente.
_____________
__________________
8.  Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).
8.  Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los mencionados importes para seguir aplicando la política de reubicación, renovando los compromisos de los importes destinados a la misma acción en los programas nacionales. Además, debe preverse la posibilidad, previa justificación en la revisión de los programas nacionales de los Estados miembros, de utilizar también estos fondos para hacer frente a otros desafíos en el ámbito de la migración y el asilo, en consonancia con el Reglamento sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración. Las necesidades de los Estados miembros en esos ámbitos siguen siendo significativas. La renovación de los compromisos de los importes mencionados para la misma acción, o su transferencia a otras acciones contempladas en el programa nacional debe ser posible una sola vez y previa aprobación de la Comisión.
(4)  Los Estados miembros deben tener la posibilidad de utilizar los mencionados importes para seguir aplicando la política de reubicación, renovando los compromisos de los importes destinados a la misma acción en los programas nacionales. Como mínimo, los Estados miembros deben volver a comprometer el 20 % de esos importes para acciones en programas nacionales con fines de reubicación de solicitantes de protección internacional o beneficiarios de protección internacional, o de reasentamiento u otras formas de admisión humanitaria ad hoc. Respecto del remanente de esos importes, debe preverse la posibilidad, cuando se justifique debidamente en la revisión de los programas nacionales de los Estados miembros, de financiar acciones específicas previstas en los capítulos II y III en el ámbito de la migración y el asilo, en consonancia con el Reglamento sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración, especialmente para desarrollar aspectos del Sistema Europeo Común de Asilo, en particular la reagrupación familiar, o para apoyar la migración legal a los Estados miembros y promover la integración efectiva de los nacionales de terceros países. Las necesidades de los Estados miembros en esos ámbitos siguen siendo significativas. La renovación de los compromisos de los importes mencionados para la misma acción, o su transferencia a otras acciones contempladas en el programa nacional debe ser posible una sola vez y previa aprobación de la Comisión. Los Estados miembros deben velar por que en la asignación de fondos se respeten plenamente los principios establecidos en el Reglamento Financiero, en particular los de eficiencia y transparencia.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  El grupo de destinatarios que pueden optar a la reubicación debe ampliarse con el fin de dar a los Estados miembros una mayor flexibilidad en sus operaciones de reubicación.
(5)  El grupo de destinatarios que pueden optar a la reubicación, así como los países desde los que tiene lugar la reubicación, deben ampliarse con el fin de dar a los Estados miembros una mayor flexibilidad en sus operaciones de reubicación. Debe darse prioridad a la reubicación de menores no acompañados, otros solicitantes vulnerables y los miembros de la familia de beneficiarios de protección internacional.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Los Estados miembros deben también disponer del tiempo suficiente para utilizar los importes cuyo compromiso se haya renovado para la misma acción o que se hayan transferido a otras acciones antes de que se produzca la liberación de dichos importes. Por lo tanto, cuando esas renovaciones de los compromisos o esas transferencias de los importes con arreglo al programa nacional sean aprobadas por la Comisión, los importes deberán considerarse comprometidos en el año de la revisión del programa nacional que apruebe la renovación de compromisos o la transferencia de que se trate.
(7)  Los Estados miembros deben también disponer del tiempo suficiente para utilizar los importes cuyo compromiso se haya renovado para la misma acción o que se hayan transferido a otras acciones específicas antes de que se produzca la liberación de dichos importes. Por lo tanto, cuando esas renovaciones de los compromisos o esas transferencias de los importes con arreglo al programa nacional sean aprobadas por la Comisión, los importes deberán considerarse comprometidos en el año de la revisión del programa nacional que apruebe la renovación de compromisos o la transferencia de que se trate.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo con periodicidad anual sobre la aplicación de los recursos destinados a los traslados de solicitantes de protección internacional y beneficiarios de protección internacional, en particular en lo que respecta a las transferencias a otras acciones en el marco del programa nacional y las renovaciones de compromisos.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  Si antes de que concluya 2018 no se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014, los fondos correspondientes dejarán de estar disponibles para su uso por los Estados miembros en el marco de los programas nacionales que reciben apoyo del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Dada la urgencia de modificar el citado Reglamento, resulta oportuno establecer una excepción al plazo de ocho semanas previsto en el artículo 4 del Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – título
-1)  El título se sustituye por el texto siguiente:
Recursos para el traslado de beneficiarios de protección internacional
Recursos para el traslado de solicitantes de protección internacional o beneficiarios de protección internacional
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 1
1)  En el apartado 1, las palabras «beneficiario de protección internacional» se sustituyen por las palabras «solicitante de protección internacional o beneficiario de protección internacional»;
suprimido
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 1
1 bis)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
1.  Con miras a la aplicación del principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, y a la luz de la evolución de la actuación de la Unión durante el período de aplicación del Fondo, los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), un importe adicional de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra b), basado en una cantidad a tanto alzado de 6 000 EUR por cada beneficiario de protección internacional trasladado desde otro Estado miembro.
«1. Con miras a la aplicación del principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, y a la luz de la evolución de la actuación de la Unión durante el período de aplicación del Fondo, los Estados miembros recibirán, además de su asignación calculada de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), un importe adicional de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra b), basado en una cantidad a tanto alzado de 10 000 EUR por cada solicitante de protección internacional y beneficiario de protección internacional trasladado desde otro Estado miembro.».
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 3
3.  Los importes adicionales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se asignarán a los Estados miembros por primera vez en las decisiones individuales de financiación por las que se apruebe su programa nacional de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 514/2014 y posteriormente en una decisión de financiación que se adjuntará a las decisiones por las que se apruebe su programa nacional. La renovación del compromiso de esos importes para la misma acción en el marco del programa nacional o su transferencia a otras acciones en el marco del programa nacional serán posibles cuando estén debidamente justificadas en la revisión del programa nacional correspondiente. Cada importe podrá ser objeto de tal renovación del compromiso o transferencia una sola vez. La Comisión aprobará la renovación del compromiso o la transferencia mediante la revisión del programa nacional.
3.  Los importes adicionales a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se asignarán a los Estados miembros por primera vez en las decisiones individuales de financiación por las que se apruebe su programa nacional de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 514/2014 y posteriormente en una decisión de financiación que se adjuntará a las decisiones por las que se apruebe su programa nacional. La renovación del compromiso de esos importes para la misma acción en el marco del programa nacional o su transferencia a otras acciones específicas previstas en el capítulo II y el capítulo III del presente Reglamento en el marco del programa nacional serán posibles cuando estén debidamente justificadas en la revisión del programa nacional correspondiente. Cada importe podrá ser objeto de tal renovación del compromiso o transferencia una sola vez. La Comisión aprobará la renovación del compromiso o la transferencia mediante la revisión del programa nacional. La financiación se asignará de forma transparente y eficiente, en consonancia con los objetivos del programa nacional.
Por lo que respecta a los importes derivados de las medidas provisionales establecidas por las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601, al menos el 20 % de los importes cuyo compromiso deba renovarse volverán a comprometerse para acciones en el marco de los programas nacionales de reubicación de solicitantes de protección internacional o reubicación de beneficiarios de protección internacional o de reasentamiento u otras formas de admisión humanitaria ad hoc.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 3 bis
3 bis.  A efectos del artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 514/2014, cuando se renueve el compromiso de los importes derivados de las medidas provisionales establecidas por las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 para la misma acción en el marco del programa nacional o cuando esos importes se transfieran a otras acciones en el marco del programa nacional conforme al apartado 3, se considerará que dichas cantidades han sido comprometidas el año de la revisión del programa nacional que apruebe la renovación del compromiso o la transferencia de que se trate.
3 bis.  A efectos del artículo 50, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 514/2014, cuando se renueve el compromiso de los importes derivados de las medidas provisionales establecidas por las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 para la misma acción en el marco del programa nacional o cuando esos importes se transfieran a otras acciones específicas en el marco del programa nacional conforme al apartado 3, se considerará que dichas cantidades han sido comprometidas el año de la revisión del programa nacional que apruebe la renovación del compromiso o la transferencia de que se trate.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 3 quater (nuevo)
3 quater.  La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo con periodicidad anual sobre la aplicación del presente artículo, en particular en lo que respecta a las transferencias de importes a otras acciones en el marco de los programas nacionales y las renovaciones de compromisos.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 4
4)  En el apartado 4, las palabras «beneficiarios de protección internacional» se sustituyen por las palabras «solicitantes de protección internacional o beneficiarios de protección internacional».
suprimido
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 516/2014
Artículo 18 – apartado 4
4 bis)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
4.  A fin de obrar eficazmente por los objetivos de solidaridad y reparto de responsabilidad entre los Estados miembros contemplados en el artículo 80 del TFUE, y dentro de los límites de los recursos disponibles, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 del presente Reglamento, con objeto de ajustar la cantidad a tanto alzado a que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo, en particular teniendo en cuenta las tasas de inflación del momento, la evolución pertinente en el ámbito del traslado de beneficiarios de protección internacional de un Estado miembro a otro, y los factores que puedan optimizar el uso del incentivo financiero aportado por la cantidad a tanto alzado.
4.  A fin de obrar eficazmente por los objetivos de solidaridad y reparto de responsabilidad entre los Estados miembros contemplados en el artículo 80 del TFUE, y dentro de los límites de los recursos disponibles, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 del presente Reglamento, con objeto de ajustar la cantidad a tanto alzado a que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo, en particular teniendo en cuenta las tasas de inflación del momento, la evolución pertinente en el ámbito del traslado de solicitantes de protección internacional y beneficiarios de protección internacional de un Estado miembro a otro y del reasentamiento y otras formas de admisión humanitaria ad hoc, y los factores que puedan optimizar el uso del incentivo financiero aportado por la cantidad a tanto alzado.

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0370/2018).


Adhesión de Samoa al Acuerdo de Asociación Interino UE-Estados del Pacífico ***
PDF 243kWORD 43k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de Samoa al Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0469A8-0376/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12281/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0434/2018),

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2011, sobre el Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra(2),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (en lo sucesivo, «Acuerdo de Cotonú»)(3),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0376/2018),

1.  Concede su aprobación a la adhesión de Samoa al Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Samoa.

(1) DO C 215 de 19.6.2018, p. 2.
(2) DO C 136E de 11.5.2012, p. 19.
(3) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.


Nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo
PDF 239kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la propuesta relativa al nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, (09827/2018 – C8-0129/2018 – 2018/0905(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0470A8-0380/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta del Banco Central Europeo, de 7 de noviembre de 2018, relativa al nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (C8‑0466/2018),

–  Visto el artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito(1),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática y de la supervisión del ejercicio de las tareas encomendadas al Banco Central Europeo en el marco del mecanismo único de supervisión(2),

–  Visto el artículo 122 bis de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0380/2018),

A.  Considerando que el artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo establece que el Banco Central Europeo presentará al Parlamento Europeo una propuesta relativa al nombramiento del presidente del Consejo de Supervisión y que el presidente será elegido mediante un procedimiento abierto de selección de entre personas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos bancarios y financieros y que no sean miembros del Consejo de Gobierno;

B.  Considerando que el artículo 26, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo establece que los nombramientos para el Consejo de Supervisión con arreglo al presente Reglamento respetarán los principios de equilibrio entre los sexos, experiencia y cualificación;

C.  Considerando que, mediante carta de 7 de noviembre de 2018, el Banco Central Europeo presentó al Parlamento una propuesta relativa al nombramiento de Andrea Enria como presidente del Consejo de Supervisión;

D.  Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento procedió entonces a evaluar las credenciales del candidato propuesto, teniendo en cuenta, en particular, los requisitos establecidos en el artículo 26, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo; que, al realizar dicha evaluación, la comisión recibió un curriculum vitae del candidato propuesto;

E.  Considerando que dicha comisión celebró, el 20 de noviembre de 2018, una audiencia con el candidato propuesto en la que este, tras una intervención introductoria, respondió a las preguntas de los miembros de la comisión;

1.  Concede su aprobación al nombramiento de Andrea Enria como presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Banco Central Europeo, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.
(2) DO L 320 de 30.11.2013, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud de Grecia - EGF/2018/003 EL/Attica publishing
PDF 280kWORD 49k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Grecia – EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))
P8_TA-PROV(2018)0471A8-0377/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1) (Reglamento del FEAG),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013), y en particular su apartado 13,

–  Visto el procedimiento de negociación tripartita contemplado en el apartado 13 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0377/2018),

A.  Considerando que la Unión ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral;

B.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a su disposición de la manera más rápida y eficaz posible;

C.  Considerando que Grecia presentó la solicitud «EGF/2018/003 EL/Attica publishing», relativa a una contribución financiera del FEAG, a raíz de los despidos de 550 trabajadores en el sector económico clasificado en la división 58 de la NACE Rev. 2 (Edición) en la región de nivel NUTS 2 de Ática (EL30), en Grecia;

D.  Considerando que la solicitud se basa en el criterio de intervención del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento del FEAG, que requiere que se haya despedido como mínimo a quinientos trabajadores durante un período de referencia de nueve meses en empresas que operen en un mismo sector económico definido en una división de la NACE Revisión 2 y estén situadas en una región o en dos regiones contiguas, o en más de dos regiones contiguas, de nivel NUTS 2, siempre que los trabajadores afectados en dos de las regiones combinadas de un Estado miembro sumen más de quinientos;

1.  Conviene con la Comisión en que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento del FEAG y en que Grecia tiene derecho a una contribución financiera de 2 308 500 EUR en virtud del citado Reglamento, lo que representa el 60 % del coste total de 3 847 500 EUR;

2.  Observa que las autoridades griegas presentaron la solicitud el 22 de mayo de 2018 y que, tras recibir la información adicional facilitada por Grecia, la Comisión finalizó su evaluación el 4 de octubre de 2018 e informó al respecto al Parlamento el mismo día, es decir, dentro del plazo previsto de doce semanas;

3.  Observa que Grecia sostiene que los despidos están vinculados a la crisis financiera y económica mundial, y especialmente a sus repercusiones en la economía griega, como la disminución del PIB real per cápita, el aumento del desempleo, la disminución de los salarios y la reducción de la renta de los hogares, junto con la rápida evolución digital, que, unida a los recortes en los gastos de publicidad por parte de importantes anunciantes, está transformando el sector editorial; señala que el sector se enfrenta a una caída de los ingresos tanto por publicidad como por ventas;

4.  Recuerda que se prevé que los despidos, que han tenido lugar en tres empresas que operan en el sector editorial griego, tengan importantes efectos adversos sobre la economía local, y que el impacto de los despidos está relacionado con las dificultades de reconversión, debidas a la escasez de puestos de trabajo, la falta de cursos de formación profesional que correspondan a las necesidades reconocidas del mercado laboral, y el alto número de demandantes de empleo;

5.  Subraya con preocupación que en la región del Ática se concentra una parte importante del desempleo y del desempleo de larga duración de Grecia, país cuya tasa de desempleo sigue siendo elevada;

6.  Recuerda que esta es la segunda solicitud presentada por Grecia referente a una contribución financiera del FEAG en relación con despidos en el sector editorial de la región del Ática, tras la solicitud EGF/2014/018 presentada en 2014, que obtuvo una decisión favorable(4);

7.  Toma nota de que la solicitud se refiere a 550 trabajadores despedidos, de los cuales el 41,82 % son mujeres; señala, además, que el 14,73 % de los trabajadores despedidos tienen más de 55 años de edad, y el 1,6 % menos de 30; reconoce, en este contexto, la importancia de las medidas activas del mercado laboral cofinanciadas por el FEAG para mejorar las oportunidades de integración en el mercado laboral de estos grupos vulnerables;

8.  Celebra que la oferta de formación prevista refleje las conclusiones extraídas de la solicitud EGF-2014-018 GR/Attica, con la que, de acuerdo con la evaluación que se está llevando a cabo, se han alcanzado unos índices de inserción satisfactorios;

9.  Observa que no se han previsto medidas para los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (nini), pese a que el porcentaje de este sector de la población sigue siendo elevado en Grecia;

10.  Subraya que las asignaciones financieras están supeditadas a la participación activa de los beneficiarios y pueden constituir un incentivo real en el contexto económico específico de Grecia;

11.  Señala que las asignaciones financieras y los incentivos, es decir, los incentivos a la contratación y las asignaciones de búsqueda de empleo y de formación, se acercan al porcentaje máximo del 35 % fijado por el Reglamento del FEAG;

12.  Señala que Grecia tiene previstos cinco tipos de acciones destinadas a los trabajadores despedidos cubiertos por esta solicitud: i) orientación profesional y apoyo a la búsqueda de empleo, ii) formación, reciclaje y formación profesional acorde con las necesidades del mercado laboral, iii) contribución a la creación de empresas, iv) asignación de búsqueda de empleo y asignación de formación, y v) incentivos a la contratación;

13.  Reconoce que el paquete coordinado de servicios personalizados se ha elaborado en el marco de una consulta con representantes de la Unión de Periodistas de Periódicos Diarios Atenienses (ΕΣΗΕΑ), la Asociación de Trabajadores de la Prensa Diaria Ateniense (ΕΠΗΕΑ) y el Ministerio de Trabajo;

14.  Destaca que las autoridades griegas han confirmado que las acciones subvencionables no reciben asistencia de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión y que se evitará toda doble financiación;

15.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, la elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados debe anticipar las perspectivas futuras en el mercado laboral y las competencias exigidas, y el paquete debe ser compatible con la transición hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y que sea sostenible;

16.  Reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras medidas que sean responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni tampoco a las medidas de reestructuración de empresas o sectores, y acoge favorablemente la confirmación de Grecia en este sentido;

17.  Pide a la Comisión que inste a las autoridades nacionales a que, en futuras propuestas, faciliten más detalles sobre los sectores que tienen perspectivas de crecimiento y en los que, por tanto, es probable que se pueda contratar a trabajadores, y recaben datos fundamentados sobre el impacto de la financiación del FEAG, en particular en la calidad del empleo y la tasa de reinserción laboral alcanzada mediante intervenciones de este Fondo;

18.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que garantice el acceso del público a todos los documentos relacionados con casos del FEAG;

19.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

20.  Encarga a su presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

21.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO: DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud de Grecia – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(5), y en particular su artículo 15, apartado 4,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(6), y en particular su apartado 13,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene por finalidad apoyar a los trabajadores que han sido despedidos y a los trabajadores por cuenta propia que han tenido que poner fin a su actividad a causa de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, la continuación de la crisis financiera y económica mundial o a una nueva crisis económica y financiera mundial, así como ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El FEAG no puede superar la cantidad máxima anual de 150 millones EUR (a precios de 2011), de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo(7).

(3)  El 22 de mayo de 2018, Grecia presentó una solicitud para movilizar el FEAG a raíz de los despidos en empresas del sector de la edición en la región del Ática. Dicha solicitud se completó con información adicional aportada de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1309/2013. La solicitud cumple los requisitos para determinar una contribución financiera del FEAG, según establece el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1309/2013.

(4)  Procede, por tanto, movilizar el FEAG para asignar una contribución financiera por un importe de 2 308 500 EUR en respuesta a la solicitud presentada por Grecia.

(5)  Con el fin de reducir al mínimo el tiempo necesario para movilizar el FEAG, la presente Decisión debe aplicarse a partir de la fecha de su adopción.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar la cantidad de 2 308 500 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del [fecha de su adopción](8).

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Decisión (UE) 2015/644 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de abril de 2015, relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting, de Grecia) (DO L 106 de 24.4.2015, p. 29-30).
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(6) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(7) Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
(8)* El Parlamento deberá insertar la fecha antes de la publicación en el DO.


Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores ***I
PDF 467kWORD 61k
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 29 de noviembre de 2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a las normas aplicables al restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0472A8-0356/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)
(-1)  La creación de un espacio en el que se garantiza la libre circulación de las personas es uno de los principales logros de la Unión. El funcionamiento normal y la consolidación de dicho espacio, que se basa en la confianza y la solidaridad, debe ser un objetivo común de la Unión y de los Estados miembros que hayan acordado formar parte de él. Asimismo es necesario dar una respuesta común a situaciones que afecten gravemente al orden público o a la seguridad interior de dicho espacio, o de alguna de sus partes, permitiendo el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores en circunstancias excepcionales y como último recurso, a la vez que se intensifica la cooperación entre los Estados miembros afectados.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  El restablecimiento de controles fronterizos en las fronteras interiores debe seguir siendo excepcional en un espacio de libre circulación de personas. El restablecimiento de controles en las fronteras interiores debe decidirse únicamente como medida de último recurso, durante un periodo limitado y en la medida en que los controles sean necesarios y proporcionados a las amenazas graves detectadas para el orden público o la seguridad interior.
(1)  El restablecimiento de controles fronterizos en las fronteras interiores debe seguir siendo excepcional en un espacio de libre circulación de personas. Dado que la libre circulación de personas resulta afectada por el restablecimiento temporal de controles en las fronteras interiores, este debe restablecerse únicamente como medida de último recurso, durante un periodo limitado y en la medida en que los controles sean necesarios y proporcionados a las amenazas graves detectadas para el orden público o la seguridad interior. Se deben abandonar cualesquiera medidas de ese tipo tan pronto como dejen de existir las razones subyacentes que las motivan.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  La migración y el cruce de las fronteras exteriores por un gran número de nacionales de terceros países no deben considerarse por sí mismos una amenaza para el orden público o la seguridad interior.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Las amenazas graves detectadas pueden abordarse a través de diferentes medidas, dependiendo de su naturaleza y escala. Los Estados miembros tienen a su disposición también competencias de policía, según figura en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)8, que, bajo ciertas condiciones, pueden utilizarse en las zonas fronterizas. La Recomendación de la Comisión sobre los controles policiales proporcionados y la cooperación policial en el espacio Schengen9 facilita orientaciones a los Estados miembros a tal efecto.
(2)  Las amenazas graves detectadas pueden abordarse a través de diferentes medidas, dependiendo de su naturaleza y escala. Si bien queda claro que las competencias de policía se diferencian de los controles fronterizos por su naturaleza y finalidad, los Estados miembros tienen a su disposición dichas competencias de policía, según figura en el artículo 23 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen)8, que, bajo ciertas condiciones, pueden utilizarse en las zonas fronterizas. La Recomendación de la Comisión sobre los controles policiales proporcionados y la cooperación policial en el espacio Schengen9 facilita orientaciones a los Estados miembros a tal efecto.
__________________
__________________
8 DO L 77 de 23.3.2016, p.1.
8 DO L 77 de 23.3.2016, p.1.
9 C(2017) 3349 final de 12.5.2017.
9 C(2017) 3349 final de 12.5.2017.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  Antes de recurrir al restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores, los Estados miembros deben dar prioridad a medidas alternativas. En particular, el Estado miembro afectado debe, cuando sea necesario y esté justificado, considerar la posibilidad de utilizar con mayor eficacia o intensificar los controles policiales dentro de su territorio —también en las zonas fronterizas y las principales vías de transporte—, sobre la base de una evaluación del riesgo, garantizando al mismo tiempo que dichos controles policiales no tengan como objetivo el control de las fronteras. Las tecnologías modernas sirven para hacer frente a las amenazas para el orden público o la seguridad interior. Los Estados miembros deben valorar si se puede tratar adecuadamente la situación intensificando la cooperación transfronteriza, desde el punto de vista tanto operativo como de intercambio de información entre los servicios de policía y los de inteligencia.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Sin embargo, la experiencia ha demostrado que determinadas amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, como las amenazas terroristas transfronterizas o casos específicos de movimientos secundarios de migrantes irregulares dentro de la Unión que justifican el restablecimiento de los controles fronterizos, pueden persistir más allá de los periodos mencionados. Es por tanto necesario y justificado ajustar los plazos aplicables al restablecimiento temporal de controles fronterizos a las necesidades actuales, garantizando al mismo tiempo que no se abuse de esta medida y que siga siendo excepcional, utilizándose solo como último recurso. A tal fin, el plazo general aplicable con arreglo al artículo 25 del Código de fronteras Schengen debe ampliarse a un año.
(4)  Sin embargo, la experiencia ha demostrado que pocas veces es necesario restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores por períodos superiores a dos meses. Solo en circunstancias excepcionales determinadas amenazas graves para el orden público o la seguridad interior podrían persistir más allá de los períodos máximos de seis meses autorizados actualmente para el restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores. Es por tanto necesario ajustar los plazos aplicables al restablecimiento temporal de controles fronterizos, garantizando al mismo tiempo que no se abuse de esta medida y que siga siendo excepcional, utilizándose solo como último recurso.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Toda excepción al principio fundamental de libre circulación de las personas debe interpretarse en sentido estricto, y el concepto de orden público presupone la existencia de una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a uno de los intereses fundamentales de la sociedad.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  Con el fin de garantizar que estos controles en las fronteras interiores sigan siendo una excepción, los Estados miembros deben presentar una evaluación de riesgos sobre el restablecimiento previsto de los controles fronterizos o la prórroga de los mismos. La evaluación de riesgos debe, en particular, evaluar durante cuánto tiempo se espera que persista la amenaza detectada y qué secciones de las fronteras interiores se ven afectadas, demostrar que la prórroga de los controles fronterizos es una medida de último recurso y explicar de qué manera el control de las fronteras podría contribuir a abordar la amenaza detectada. En el caso de controles en las fronteras interiores que vayan más allá de seis meses, la evaluación de riesgos también deberá demostrar de forma retroactiva la eficacia del restablecimiento de los controles fronterizos para abordar la amenaza detectada y explicar con detalle la forma en que cada Estado miembro vecino afectado por dicha prórroga fue consultado y participó en la determinación de las modalidades operativas menos gravosas.
(5)  Con el fin de garantizar que estos controles en las fronteras interiores sean una medida de último recurso y sigan siendo una excepción, los Estados miembros deben presentar una evaluación de riesgos sobre la prórroga prevista de más dos meses de los controles fronterizos. La evaluación de riesgos debe, en particular, evaluar durante cuánto tiempo se espera que persista la amenaza detectada y qué secciones de las fronteras interiores se ven afectadas, demostrar que la prórroga de los controles fronterizos es una medida de último recurso, concretamente mostrando que cualesquiera medidas alternativas han resultado ser o son consideradas insuficientes, y explicar de qué manera el control de las fronteras podría contribuir a abordar la amenaza detectada. La evaluación de riesgos también debe demostrar de forma retroactiva la eficacia y eficiencia del restablecimiento de los controles fronterizos para abordar la amenaza detectada y explicar con detalle la forma en que cada Estado miembro vecino afectado por dicha prórroga fue consultado y participó en la determinación de las modalidades operativas menos gravosas. Los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de clasificar, caso de ser necesario, la totalidad o parte de la información facilitada.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   Cuando el restablecimiento de los controles en las fronteras interiores guarde relación con eventos previstos concretos, cuya naturaleza y duración tengan un carácter excepcional (como las actividades deportivas), la duración de los controles debería ser muy precisa, limitada y vinculada a la duración real del evento.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  La calidad de la evaluación de riesgos presentada por el Estado miembro será muy importante para la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad del restablecimiento o prórroga previstos de los controles fronterizos. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y Europol deben participar en dicha evaluación.
(6)  La calidad de la evaluación de riesgos presentada por el Estado miembro será muy importante para la evaluación de la necesidad y la proporcionalidad del restablecimiento o prórroga previstos de los controles fronterizos. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben participar en dicha evaluación.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  La facultad de la Comisión de emitir un dictamen de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Código de fronteras Schengen debe modificarse para reflejar las nuevas obligaciones de los Estados miembros relacionadas con la evaluación de riesgos, en particular la cooperación con los Estados miembros afectados. Cuando los controles fronterizos en las fronteras interiores se lleven a cabo durante más de seis meses, la Comisión está obligada a emitir un dictamen. También el procedimiento de consulta previsto en el artículo 27, apartado 5, del Código de fronteras Schengen debe modificarse a fin de reflejar el papel de las Agencias (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y Europol) y centrarse en la aplicación práctica de los diferentes aspectos de la cooperación entre los Estados miembros, incluida la coordinación, en su caso, de medidas diferentes a ambos lados de la frontera.
(7)  El procedimiento de consulta previsto en el artículo 27, apartado 5, del Código de fronteras Schengen debe modificarse a fin de reflejar el papel de las Agencias de la Unión y centrarse en la aplicación práctica de los diferentes aspectos de la cooperación entre los Estados miembros.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
(8)  Con el fin de hacer que las normas revisadas se adapten mejor a los retos relacionados con la persistencia de las amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, debería preverse la posibilidad de prorrogar los controles en las fronteras interiores más allá de un año. Dicha prórroga debería ir acompañada de la adopción de medidas nacionales excepcionales proporcionales también en el territorio para hacer frente a la amenaza, tales como el estado de emergencia. En cualquier caso, dicha posibilidad no debe dar lugar a la posibilidad de prorrogar los controles fronterizos internos temporales más allá de dos años.
(8)  Con el fin de hacer que las normas revisadas se adapten mejor a los retos relacionados con la persistencia de las amenazas graves para el orden público o la seguridad interior, debería preverse la posibilidad de prorrogar los controles en las fronteras interiores más allá de seis meses con carácter excepcional. Dicha prórroga debería ir acompañada de la adopción de medidas nacionales excepcionales proporcionales también en el territorio para hacer frente a la amenaza, tales como el estado de emergencia. En cualquier caso, dicha posibilidad no debe dar lugar a la posibilidad de prorrogar los controles fronterizos internos temporales más allá de un año.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)   Es conveniente valorar la necesidad y la proporcionalidad del restablecimiento de controles en las fronteras interiores en función de la amenaza para el orden público o la seguridad interior que haya dado lugar a dicho restablecimiento; ha de procederse del mismo modo por lo que se refiere a las medidas alternativas que puedan adoptarse en el ámbito nacional, en el de la Unión o en ambos, así como por lo que se refiere a las repercusiones de dichos controles en la libre circulación de las personas dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  La referencia al artículo 29 en el artículo 25, apartado 4, debe modificarse con el fin de aclarar la relación entre los periodos de tiempo aplicables de conformidad con el artículo 29 y el artículo 25 del Código de fronteras Schengen.
suprimido
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  La posibilidad de realizar controles temporales en las fronteras interiores en respuesta a una amenaza para el orden público o la seguridad interior que persista más allá de un año debe someterse a un procedimiento específico.
(10)  La posibilidad de realizar controles temporales en las fronteras interiores en respuesta a una amenaza para el orden público o la seguridad interior que persista más allá de seis meses debe someterse a un procedimiento específico que requiere una recomendación del Consejo.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  Para ello, la Comisión debe emitir un dictamen sobre la necesidad y la proporcionalidad de dicha prórroga, y en su caso sobre la cooperación con los Estados miembros vecinos.
(11)  Para ello, la Comisión debe emitir un dictamen sobre la necesidad y la proporcionalidad de dicha prórroga. Se debe informar de inmediato al Parlamento Europeo de la prórroga propuesta. Los Estados miembros afectados deben tener la posibilidad de formular observaciones a la Comisión antes de que esta emita su dictamen.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  El Consejo, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión, podrá recomendar esta prórroga adicional extraordinaria y, cuando proceda, determinar las condiciones para la cooperación entre los Estados miembros afectados, con el fin de garantizar que se trata de una medida excepcional aplicable únicamente durante el tiempo que sea necesario y esté justificado, y que es coherente con las medidas adoptadas a nivel nacional en el territorio para hacer frente a la misma amenaza específica para el orden público o la seguridad interior. La recomendación del Consejo debe constituir un requisito previo para cualquier nueva prórroga más allá del plazo de un año, y por tanto, debe ser de la misma naturaleza que la prevista en el artículo 29.
(13)  El Consejo, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión, podrá recomendar esta prórroga adicional extraordinaria y, cuando proceda, establecer las condiciones para la cooperación entre los Estados miembros afectados, con el fin de garantizar que se trata de una medida excepcional aplicable únicamente durante el tiempo que sea necesario y esté justificado, y que es coherente con las medidas adoptadas a nivel nacional en el territorio para hacer frente a la misma amenaza específica para el orden público o la seguridad interior. La recomendación del Consejo debe constituir un requisito previo para cualquier nueva prórroga más allá del plazo de seis meses. Se debe transmitir de inmediato al Parlamento Europeo la recomendación del Consejo.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  Las medidas adoptadas en el marco del procedimiento específico aplicable en caso de circunstancias excepcionales que pongan en peligro el funcionamiento general del espacio sin control en las fronteras interiores no deben prorrogarse en virtud de medidas adoptadas en el marco de otro procedimiento de restablecimiento o prórroga de los controles en las fronteras interiores previsto en el Reglamento (UE) 2016/399, ni combinarse con ellas.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)
(13 ter)  Cuando la Comisión considere que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, debe, en calidad de guardiana de los Tratados que supervisa la aplicación del Derecho de la Unión, adoptar las medidas adecuadas de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre ellas dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 2016/399
Artículo 25 – apartado 1
1.  Cuando en el espacio sin controles en las fronteras interiores se presente una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro, este podrá restablecer los controles fronterizos en partes específicas o en la totalidad de sus fronteras interiores, con carácter excepcional y durante un periodo limitado no superior a 30 días, o mientras se prevea que persista la amenaza grave cuando su duración sobrepase el plazo de 30 días pero no exceda de seis meses. La amplitud y la duración del restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores no excederán de lo que sea estrictamente necesario para responder a la amenaza grave.
1.  Cuando en el espacio sin controles en las fronteras interiores se presente una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior de un Estado miembro, este podrá restablecer los controles fronterizos en partes específicas o en la totalidad de sus fronteras interiores, con carácter excepcional y durante un periodo limitado, como medida de último recurso. La amplitud y la duración del restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores no excederán de lo que sea estrictamente necesario para responder a la amenaza grave.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 2016/399
Artículo 25 – apartado 2
2.  Los controles fronterizos en las fronteras interiores solo se restablecerán como último recurso y de acuerdo con lo previsto en los artículos 27, 27bis, 28 y 29. Los criterios enumerados en los artículos 26 y 30, respectivamente, deberán tenerse en cuenta cada vez que se considere la decisión de restablecer controles fronterizos en las fronteras interiores con arreglo a lo dispuesto en los artículos 27, 27bis, 28 y 29, respectivamente.
suprimido
Enmiendas 22 y 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 2016/399
Artículo 25 – apartado 3
3.  Cuando la amenaza grave para el orden público o la seguridad interior en el Estado miembro interesado persista más allá del periodo estipulado en el apartado 1 del presente artículo, dicho Estado miembro podrá prolongar los controles fronterizos en sus fronteras interiores, teniendo en cuenta los criterios enumerados en el artículo 26 y de conformidad con el artículo 27, por las mismas razones que las indicadas en el apartado del presente artículo, y, teniendo en cuenta posibles nuevos datos, durante periodos renovables correspondientes a la duración previsible de la amenaza grave y que no superen los seis meses.
suprimido
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 2016/399
Artículo 25 – apartado 4
La duración total del restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores, incluido el periodo inicial contemplado en el apartado 3, del presente artículo, no podrá superar un año.
suprimido
En los casos excepcionales contemplados en el artículo 27 bis, el periodo total podrá prolongarse hasta una duración máxima de dos años, conforme a lo previsto en dicho artículo.
Cuando se den las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 29, el periodo total podrá prolongarse hasta una duración máxima de dos años, conforme a lo previsto en el apartado 1 de dicho artículo.».
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 26
(1 bis)  El artículo 26 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 26
«Artículo 26
Criterios para el restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores
Criterios para el restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores
Cuando un Estado miembro decida, como último recurso, restablecer temporalmente los controles fronterizos en una o varias fronteras interiores o en partes de ellas, o decida prolongar dicho restablecimiento, de conformidad con el artículo 25 o el artículo 28, apartado 1, evaluará la medida en que dicho restablecimiento puede responder correctamente a la amenaza para el orden público o la seguridad interior y la proporcionalidad de la medida en relación con dicha amenaza. En esa evaluación, el Estado miembro tendrá en cuenta, en particular, las consideraciones siguientes:
Antes de que un Estado miembro decida, como medida de último recurso, restablecer temporalmente los controles fronterizos en una o varias fronteras interiores o en partes de ellas, o decida prolongar dicho restablecimiento temporal:
a)  evaluará si parece probable que el restablecimiento temporal del control fronterizo en las fronteras interiores puede responder de manera suficiente a la amenaza para el orden público o la seguridad interior;
b)  evaluará si se puede responder de manera suficiente a la amenaza para el orden público o la seguridad interior con medidas que no sean el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores, por ejemplo mediante el refuerzo de la cooperación policial transfronteriza o la intensificación de los controles policiales;
c)  evaluará la proporcionalidad del restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores en relación con la amenaza para el orden público o la seguridad interior, teniendo en cuenta en particular:
a)   las repercusiones probables de cualquier amenaza para el orden público o la seguridad interior en el Estado miembro interesado, incluidas las derivadas de actos o amenazas terroristas, y las que conlleven las amenazas relacionadas con la delincuencia organizada;
i)   las repercusiones probables de cualquier amenaza para el orden público o la seguridad interior en el Estado miembro interesado, incluidas las derivadas de actos o amenazas terroristas, y las que conlleven las amenazas relacionadas con la delincuencia organizada; y
b)   las repercusiones probables del restablecimiento de los controles en la libre circulación de las personas dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores.
ii)   las repercusiones probables del restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores en la libre circulación de las personas dentro del espacio sin controles en las fronteras interiores.
Cuando un Estado miembro llegue a la conclusión, en virtud de la letra a) del párrafo primero, de que no es probable que el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores responda de manera suficiente a la amenaza para el orden público o la seguridad interior, no restablecerá los controles fronterizos en las fronteras interiores.
Cuando un Estado miembro llegue a la conclusión, en virtud de la letra b) del párrafo primero, de que otras medidas que no sean el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores pueden responder de manera suficiente a la amenaza para el orden público o la seguridad interior, no deberá restablecer o prolongar los controles en las fronteras interiores y adoptará estas otras medidas.
Cuando un Estado miembro llegue a la conclusión, en virtud de la letra c) del párrafo primero, de que el restablecimiento previsto de los controles en las fronteras interiores no es proporcional a la amenaza, no deberá restablecer o prolongar los controles en las fronteras interiores.»
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso -i (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – título
-i)  El título se sustituye por el siguiente:
Procedimiento para el restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores en virtud del artículo 25
«Procedimiento para el restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores en caso de amenaza grave previsible para el orden público o la seguridad interior».
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso -i bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado -1 (nuevo)
-i bis) En el artículo 27, antes del apartado 1, se inserta el siguiente apartado:
«-1. Cuando en el espacio sin controles en las fronteras interiores se presente una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior en un Estado miembro, este podrá, como medida de último recurso y según los criterios establecidos en el artículo 26, restablecer los controles fronterizos en partes específicas o en la totalidad de sus fronteras interiores durante un período limitado de un máximo de 30 días o, en caso de que la amenaza grave persista más allá de 30 días, durante la duración previsible de la amenaza grave pero en ningún caso por un período superior a dos meses.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso -i ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria
-i ter) En el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:
1.  Cuando un Estado miembro se proponga restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores en virtud del artículo 25, se lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión con al menos cuatro semanas de antelación con respecto al restablecimiento previsto, o en un plazo más corto si las circunstancias que dan lugar a la necesidad de restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores se conocen en un plazo inferior a cuatro semanas con respecto a la fecha prevista del restablecimiento. En dichas circunstancias, el Estado miembro facilitará la información siguiente:
«1. A efectos del apartado -1, el Estado miembro afectado se lo notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión con al menos cuatro semanas de antelación con respecto al restablecimiento previsto, o en un plazo más corto si las circunstancias que dan lugar a la necesidad de restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores se conocen en un plazo inferior a cuatro semanas con respecto a la fecha prevista del restablecimiento. En dichas circunstancias, el Estado miembro facilitará la información siguiente:
Enmiendas 28 y 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso i
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 – letra a bis
i)  En el apartado 1, se añade la letra a bis) siguiente:
suprimido
a bis)  una evaluación de riesgos que evalúe durante cuánto tiempo se espera que persista la amenaza detectada y qué secciones de las fronteras interiores se ven afectadas, demuestre que la prórroga de los controles fronterizos es una medida de último recurso y explique de qué manera el control de las fronteras podría contribuir a abordar la amenaza detectada. En los casos en que ya se hayan restablecido los controles fronterizos durante más de seis meses, la evaluación de riesgos deberá explicar también de qué forma el restablecimiento de estos controles ha contribuido a poner remedio a la amenaza detectada.
La evaluación de riesgos incluirá asimismo un informe detallado de la coordinación que tuvo lugar entre el Estado miembro afectado y el Estado miembro o los Estados miembros con los que comparte fronteras interiores en cuyas fronteras se realizaron los controles.
La Comisión compartirá la evaluación de riesgos con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y Europol, según proceda.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso -i bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 – letra a ter (nueva)
i bis)  En el apartado 1, se añade la letra a ter siguiente:
«a ter) cualquier medida distinta del restablecimiento propuesto, adoptada o prevista por el Estado miembro para hacer frente a amenaza para el orden público o la seguridad interior, así como el motivo basado en pruebas por el que se consideran insuficientes las medidas alternativas, como la cooperación policial transfronteriza reforzada o los controles policiales;
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso ii
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 – letra e
e)  cuando proceda, las medidas que deban adoptar los demás Estados miembros conforme a lo acordado con anterioridad al restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores de que se trate.».
e)  cuando proceda, las medidas que deban adoptar los demás Estados miembros conforme a lo acordado con anterioridad al restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores pertinentes.».
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iii
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo último
«En caso necesario, la Comisión podrá solicitar información adicional al Estado o a los Estados miembros en cuestión, en particular sobre la cooperación con los Estados miembros afectados por la prórroga prevista de los controles fronterizos en las fronteras interiores, así como la información adicional que sea necesaria para evaluar si se trata de una medida de último recurso.
Si es necesario, la Comisión podrá solicitar información adicional al Estado o a los Estados miembros en cuestión, incluida sobre la cooperación con los Estados miembros afectados por el restablecimiento o la prórroga previstos de los controles fronterizos en las fronteras interiores, así como la información adicional que sea necesaria para evaluar es una medida de último recurso.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iii bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)
iii bis)  se añade el apartado 1 bis siguiente:
«1 bis) Cuando la amenaza grave para el orden público o la seguridad interior en el Estado miembro interesado persista más allá de dos meses, dicho Estado miembro podrá prolongar los controles fronterizos en sus fronteras interiores, teniendo en cuenta los criterios enumerados en el artículo 26, por las mismas razones que las indicadas en el apartado -1 del presente artículo, y, teniendo en cuenta posibles nuevos datos, durante un periodo que corresponderá a la duración previsible de la amenaza grave y que no superará, en ningún caso, los cuatro meses. El Estado miembro de que se trate se lo notificará a la Comisión y a los demás Estados miembros en el plazo previsto en el apartado 1.»
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iii ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 1 ter (nuevo)
iii ter)  se añade el apartado 1 ter siguiente:
«1 ter. A efectos del apartado 1 bis, además de la información facilitada en virtud del apartado 1, el Estado miembro afectado presentará una evaluación de riesgos que deberá:
i)  evaluar durante cuánto tiempo se prevé que persista la amenaza detectada y qué sección de sus fronteras interiores se ve afectada;
ii)  describir las acciones o medidas alternativas ya aplicadas para hacer frente a la amenaza detectada;
iii)  explicar por qué las acciones o medidas alternativas mencionadas en el inciso ii) no han subsanado suficientemente la amenaza detectada;
iv)  demostrar que la prórroga de los controles fronterizos es una medida de último recurso; y
v)  explicar de qué manera el control de las fronteras contribuirá a afrontar mejor la amenaza detectada.
La evaluación de riesgos a que se refiere el párrafo primero incluirá asimismo un informe detallado de la cooperación que tuvo lugar entre el Estado miembro en cuestión y el Estado o Estados miembros directamente afectados por el restablecimiento de los controles fronterizos, incluidos aquellos Estados miembros con los que el Estado miembro de que se trate comparte fronteras interiores en las que se realizan los controles.
La Comisión compartirá la evaluación de riesgos con la Agencia y Europol y podrá solicitar, si procede, su parecer al respecto.».
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 37 por los que se complemente el presente Reglamento mediante la adopción de la metodología de evaluación de riesgos.»;
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iii quater (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 2
iii quater)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  La información del apartado 1 será transmitida al Parlamento Europeo y al Consejo al mismo tiempo que se notifica a los demás Estados miembros y a la Comisión en virtud de dicho apartado.
2.  La información de los apartados 1 y 1 ter será transmitida al Parlamento Europeo y al Consejo al mismo tiempo que se notifica a los demás Estados miembros y a la Comisión en virtud de dichos apartados.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iii quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 3
iii quinquies)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
3.  Cuando sea necesario y de conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros que lleven a cabo una notificación en cumplimiento del apartado 1 podrán decidir clasificar parte de la información. El tratamiento de la información como clasificada no excluirá que la Comisión la ponga a disposición del Parlamento Europeo. La transmisión y tratamiento de la información y los documentos que se transmitan al Parlamento Europeo en virtud del presente artículo se ajustarán a las normas aplicables a la transmisión y la gestión de información clasificada entre el Parlamento Europeo y la Comisión.
«3. Cuando sea necesario y de conformidad con el Derecho nacional, los Estados miembros que presenten una notificación podrán clasificar la totalidad o parte de la información a que se refieren los apartados 1 y 1 ter. El tratamiento de la información como clasificada no impedirá el acceso a la información, a través de cauces apropiados y seguros de cooperación policial, por parte de los demás Estados miembros afectados por el restablecimiento temporal de los controles fronterizos en las fronteras interiores y no excluirá que la Comisión facilite información al Parlamento Europeo. La transmisión y tratamiento de la información y los documentos que se transmitan al Parlamento Europeo en virtud del presente artículo se ajustarán a las normas aplicables a la transmisión y la gestión de información clasificada entre el Parlamento Europeo y la Comisión.».
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iv
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 1
Tras la notificación por parte de un Estado miembro conforme al apartado 1 y con miras a la consulta a que se refiere el apartado 5, la Comisión o cualquier otro Estado miembro podrán emitir un dictamen, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72 del TFUE.
Tras la notificación por parte de un Estado miembro conforme a los apartados 1 y 1 bis y con miras a la consulta a que se refiere el apartado 5, la Comisión o cualquier otro Estado miembro podrán emitir un dictamen, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 72 del TFUE.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iv
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 2
Cuando la Comisión albergue dudas respecto de la necesidad o la proporcionalidad del restablecimiento previsto de los controles fronterizos en las fronteras interiores, o cuando considere conveniente efectuar una consulta sobre cualquier aspecto de la notificación, emitirá un dictamen a tal efecto.
Cuando, basándose en la información contenida en la notificación o en cualquier información adicional que haya recibido, la Comisión albergue dudas respecto de la necesidad o la proporcionalidad del restablecimiento previsto de los controles fronterizos en las fronteras interiores, o cuando considere conveniente efectuar una consulta sobre cualquier aspecto de la notificación, emitirá un dictamen a tal efecto sin demora.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso iv
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 3
En los casos en que los controles fronterizos en las fronteras interiores ya se hayan restablecido durante seis meses, la Comisión emitirá un dictamen.
suprimido
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – inciso v
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 – apartado 5
La información mencionada en el apartado 1 y cualquier dictamen de la Comisión o de los Estados miembros a que se refiere el apartado 4 serán objeto de una consulta llevada a cabo por la Comisión. Cuando proceda, la consulta incluirá reuniones conjuntas entre el Estado miembro que prevé restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores, los demás Estados miembros, en especial los directamente afectados por dichas medidas, y las agencias pertinentes. Se examinará la proporcionalidad de las medidas previstas, la amenaza detectada para el orden público o la seguridad interior, así como las maneras de garantizar la cooperación mutua entre los Estados miembros. El Estado miembro que prevea restablecer o prorrogar los controles en las fronteras interiores deberá tener en cuenta en la mayor medida posible los resultados de tal consulta al realizar los controles fronterizos.».
La información mencionada en los apartados 1 y 1 ter y cualquier dictamen de la Comisión o de los Estados miembros a que se refiere el apartado 4 serán objeto de una consulta. La consulta incluirá:
i)  reuniones conjuntas entre el Estado miembro que prevé restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores, los demás Estados miembros, en especial los directamente afectados por dichas medidas, y la Comisión, que se celebrarán con objeto de organizar, si procede, una cooperación mutua entre los Estados miembros y examinar la proporcionalidad de las medidas en relación con las circunstancias que requieren el restablecimiento de los controles fronterizos, incluidas las posibles medidas alternativas, y las amenazas para el orden público o la seguridad interior;
ii)  cuando proceda, visitas sobre el terreno sin previo aviso de la Comisión a las fronteras interiores pertinentes y, en su caso con el apoyo de expertos de los Estados miembros y de la Agencia, de Europol o de cualquier otro organismo, oficina o agencia pertinentes de la Unión, para evaluar la eficacia de los controles fronterizos en dichas fronteras interiores y el cumplimiento del presente Reglamento; los informes de dichas visitas sobre el terreno sin previo aviso se transmitirán al Parlamento Europeo.
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 bis – título
Procedimiento específico en caso de que la amenaza grave para el orden público o la seguridad interior exceda de un año
Procedimiento específico en caso de que la amenaza grave para el orden público o la seguridad interior exceda de seis meses
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 bis – apartado 1
«1. En casos excepcionales, cuando el Estado miembro se enfrente a la misma amenaza grave para el orden público o la seguridad interior más allá del periodo a que se refiere el artículo 25, apartado 4, primera frase, y cuando también se adopten medidas nacionales excepcionales proporcionadas en el territorio para hacer frente a esta amenaza, los controles fronterizos restablecidos temporalmente para responder a dicha amenaza podrán prorrogarse de conformidad con el presente artículo.
1.  En circunstancias excepcionales, cuando el Estado miembro se enfrente a la misma amenaza grave para el orden público o la seguridad interior más allá del periodo a que se refiere el artículo 27, apartado 1 bis, y cuando también se adopten medidas nacionales excepcionales proporcionadas en el territorio para hacer frente a esta amenaza, los controles fronterizos restablecidos temporalmente para responder a dicha amenaza podrán prorrogarse de conformidad con el presente artículo.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 bis – apartado 2
2.  A más tardar seis semanas antes de que finalice el plazo a que se refiere el artículo 25, apartado 4, primera frase, el Estado miembro notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión que solicita una prórroga adicional de acuerdo con el procedimiento específico establecido en el presente artículo. La notificación incluirá la información exigida en el artículo 27, apartado 1, letras a) a e). Será de aplicación el artículo 27, apartados 2 y 3.
2.  A más tardar tres semanas antes de que finalice el plazo a que se refiere el artículo 27, apartado 1 bis, el Estado miembro notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión que solicita una prórroga adicional de acuerdo con el procedimiento específico establecido en el presente artículo. Esta notificación incluirá toda la información exigida en virtud del artículo 27, apartados 1 y 1 ter. Será de aplicación el artículo27, apartados2 y 3.
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 bis – apartado 3
3.  La Comisión emitirá un dictamen.
3.  La Comisión emitirá un dictamen en el que indicará si la prórroga propuesta cumple los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2, así como la necesidad y la proporcionalidad de dicha prórroga. Los Estados miembros afectados deben poder formular observaciones a la Comisión antes de que esta emita el citado dictamen.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 27 bis – apartado 4
4.  El Consejo, teniendo debidamente en cuenta el dictamen de la Comisión, podrá recomendar que el Estado miembro decida prorrogar de nuevo los controles fronterizos en las fronteras interiores por un periodo de hasta seis meses. Ese periodo podrá prorrogarse en tres ocasiones como máximo, por nuevos periodos de hasta seis meses. En su recomendación, el Consejo enumerará al menos la información contemplada en el artículo 27, apartado 1, letras a) a e). En su caso, fijará las condiciones para la cooperación entre los Estados miembros afectados.»
4.  El Consejo, una vez que haya tenido en cuenta el dictamen de la Comisión, podrá, como último recurso, recomendar que el Estado miembro de que se trate prorrogue de nuevo los controles fronterizos en sus fronteras interiores por un periodo de hasta seis meses. En su recomendación, el Consejo enumerará la información contemplada en el artículo 27, apartados 1 y 1 ter, y establecerá las condiciones para la cooperación entre los Estados miembros afectados.
Enmiendas 45 y 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 28 – apartado 4
3 bis)  En el artículo 28, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 4, la duración total del restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores, sobre la base del período inicial contemplado en el apartado 1 del presente artículo y de cualquier prórroga en virtud del apartado 3 del presente artículo, no podrá superar los dos meses.
«4. La duración total del restablecimiento de los controles fronterizos en las fronteras interiores, sobre la base del período inicial contemplado en el apartado 1 del presente artículo y de cualquier prórroga en virtud del apartado 3 del presente artículo, no podrá superar los dos meses.».
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 ter (nueva)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 28 bis (nuevo)
3 ter)  Se añade el siguiente artículo 28 bis:
«Artículo 28 bis
Cálculo de la duración del periodo de restablecimiento o de prórroga de los controles fronterizos como consecuencia de una amenaza previsible para el orden público o la seguridad interior, en caso de que dicha amenaza grave para el orden público o la seguridad interior exceda de seis meses y en los casos que requieran una actuación inmediata
Todo restablecimiento o prórroga de los controles fronterizos en las fronteras interiores anterior a [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] se incluirá el cálculo de los períodos a que se refieren los artículos 27, 27 bis y 28.»;
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)
Reglamento (UE) 2016/399
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
(3 quater)  En el artículo 29, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
Los criterios enumerados en el artículo 30 deberán tenerse en cuenta cada vez que se considere la decisión de restablecer temporalmente o prorrogar controles fronterizos en las fronteras interiores con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27.».
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 3 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n° 2016/399
Artículo 29 – apartado 5
3 quinquies)  En el artículo 29, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
5.  El presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los Estados miembros en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior en virtud de los artículos 25, 27 y 28.
«5. El presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los Estados miembros en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior en virtud de los artículos 27, 27 bis y 28. No obstante, la duración total del periodo de restablecimiento o prórroga de los controles fronterizos en las fronteras interiores con arreglo al presente artículo no podrá prolongarse en virtud de las medidas adoptadas de conformidad con los artículos 27, 27 bis o 28 ni combinarse con estas.».
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Artículo 1 bis
El presente Reglamento se aplicará a las notificaciones realizadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 27 del Código de fronteras Schengen a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Todo periodo de notificación en curso para el restablecimiento o la prórroga de los controles de fronteras en las fronteras interiores que se haya aprobado antes del ... [entrada en vigor del presente Reglamento] se tendrá en cuenta a los efectos del cálculo del período a que se refiere el artículo 28, apartado 4.

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0356/2018).


Normas comunes para la explotación de servicios aéreos ***I
PDF 259kWORD 49k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0818),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0531/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 5 de julio de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 23 de octubre de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0150/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 29 de noviembre de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad

P8_TC1-COD(2016)0411


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 100, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Reglamento (CE) n.º 1008/2008 establece disposiciones que autorizan acuerdos de arrendamiento de aeronaves matriculadas en terceros países, en particular acuerdos de arrendamiento con tripulación.

(2)  Dichos acuerdos están permitidos en circunstancias excepcionales, tales como la carencia de aeronaves adecuadas en el mercado de la Unión. Han de ser de duración estrictamente limitada en el tiempo y atenerse a normas de seguridad equivalentes a las establecidas en el Derecho de la Unión y en los Derechos nacionales.

(3)  El 25 de abril de 2007 se firmó el Acuerdo de Transporte Aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos, por otra(4) (en lo sucesivo, «ATA»), posteriormente modificado por un Protocolo de 24 de junio de 2010. El ATA refleja el compromiso de las Partes de alcanzar el objetivo compartido de seguir eliminando barreras de acceso a los mercados, a fin de potenciar al máximo las ventajas para los consumidores, las líneas aéreas, los trabajadores y las sociedades de ambos lados del Atlántico.

(4)  El ATA establece un régimen abierto de arrendamiento con tripulación entre sus Partes. Las disposiciones pertinentes que figuran en el artículo 10 del ATA permiten los acuerdos de arrendamiento con tripulación en el transporte aéreo internacional, a condición de que todas las Partes en ellos estén debidamente habilitadas para concertarlos y reúnan las condiciones establecidas en las leyes y reglamentaciones que las Partes del ATA apliquen normalmente a tales acuerdos.

(5)  Los avances en el ámbito pertinente y los debates celebrados en el Comité Mixto creado en virtud del ATA han puesto de manifiesto que sería beneficioso para las Partes del ATA disponer de un acuerdo específico de arrendamiento con tripulación que definiera con precisión las disposiciones pertinentes del ATA.

(6)  Puesto que dicho acuerdo de arrendamiento con tripulación exigiría la flexibilización de los actuales límites de tiempo, sus efectos repercutirían en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, que establece límites de tiempo para los casos en que las compañías de la Unión arrienden aeronaves con tripulación de compañías de terceros países.

(7)  Por tanto, procede modificar el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 a fin de permitir la flexibilización de los límites de duración de los arrendamientos con tripulación que se vayan a pactar en acuerdos internacionales celebrados por la Unión con terceros países.

(8)  Habida cuenta de que la Comisión está revisando actualmente el Reglamento (CE) n.º 1008/2008, incluidas sus disposiciones relativas al arrendamiento con tripulación y su posible repercusión en los trabajadores y consumidores, y que la revisión de la Comisión podría llevar a una revisión general del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, el presente Reglamento se limita a armonizar el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 con las obligaciones internacionales correspondientes. El acuerdo internacional sobre arrendamiento con tripulación debe incluir derechos y obligaciones recíprocos para ambas partes y debe basarse en un acuerdo de transporte aéreo existente.

(9)  Por tanto, el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 debe modificarse en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el artículo 13, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1008/2008, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«se cumple, salvo que se disponga otra cosa en un acuerdo internacional de arrendamiento con tripulación firmado por la Unión que se base en un acuerdo de transporte aéreo en el que sea parte la Unión y que se haya celebrado antes del 1 de enero de 2008, una de las siguientes condiciones:»

"

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 345 de 13.10.2017, p. 126.
(2)DO C 345 de 13.10.2017, p. 126.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 29 de noviembre de 2018.
(4) DO L 134 de 25.5.2007, p. 4.


Autorización para determinados usos del dicromato de sodio
PDF 285kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del dicromato de sodio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0474B8-0548/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede autorización para determinados usos del dicromato de sodio con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión(1) («Reglamento REACH»), en particular su artículo 64, apartado 8,

–  Vistos los dictámenes del Comité de evaluación del riesgo (CER) y del Comité de análisis socioeconómico (CASE)(2), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento REACH,

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(3),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el dicromato de sodio está incluido en el anexo XIV del Reglamento REACH debido a tres propiedades intrínsecas: la carcinogenicidad, la mutagenicidad y la toxicidad para la reproducción (categoría 1B); que el dicromato de sodio se añadió a la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH en 2008(4), debido a su clasificación como carcinógena, mutágena y tóxica para la reproducción (categoría 1B), de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(5);

B.  Considerando que la entidad molecular que da lugar a la carcinogenicidad de dicromato de sodio es el cromo (VI) que contiene ion, que se libera cuando el dicromato de sodio se solubiliza y se disocia; que el cromo (VI) provoca tumores pulmonares en seres humanos y animales por vía de inhalación y tumores en el tracto gastrointestinal en animales por vía oral;

C.  Considerando que ya en 1997, en el marco del Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo(6), el dicromato de sodio se determinó como sustancia prioritaria para su evaluación de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 143/97 de la Comisión(7); que, en 2008, la Comisión emitió una recomendación para reducir el riesgo derivado de la exposición al dicromato de sodio(8);

D.  Considerando que Ilario Ormezzano Sai S.R.L (en lo sucesivo «el solicitante») presentó una solicitud de autorización para utilizar dicromato de sodio en el teñido de la lana; que la solicitud se describe en los dictámenes del CER y del CASE como una solicitud «ascendente»; que el solicitante suministra dicromato de sodio a once usuarios «descendentes» que o fabrican tintes o son ellos mismos tintoreros;

E.  Considerando que la finalidad del Reglamento REACH es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sustancias y la libre circulación de sustancias en el mercado interior, promoviendo al mismo tiempo la competitividad y la innovación; que el objetivo principal del Reglamento REACH es el primero de estos tres objetivos, en consonancia con el considerando (16) del preámbulo del Reglamento, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia(9);

F.  Considerando que el Reglamento REACH no prevé un régimen de autorización especial para las denominadas «solicitudes ascendentes»; que todo aquel que solicite autorización, independientemente de su función o posición en la cadena de suministro, debe facilitar la información enumerada en el artículo 62 del Reglamento REACH;

G.  Considerando que el CER confirmó que no es posible determinar un nivel sin efecto derivado para las propiedades carcinogénicas del dicromato de sodio y que el dicromato de sodio se considera, por tanto, una «sustancia sin umbral» a efectos del artículo 60, apartado 3, letra a), del Reglamento REACH; que esto significa que no es posible establecer un «nivel de exposición seguro» teórico para esta sustancia que pueda utilizarse como referencia para evaluar si el riesgo de su utilización está adecuadamente controlado;

H.  Considerando que el considerando (70) del Reglamento REACH establece que «por lo que respecta a toda otra sustancia para la que no ha sido posible establecer un nivel de exposición seguro, deben adoptarse siempre medidas destinadas a minimizar, en la medida en que sea técnica y prácticamente posible, la exposición y las emisiones, con miras a minimizar la posibilidad de que se produzcan efectos perjudiciales»;

I.  Considerando que el CER concluyó que las condiciones de funcionamiento y las medidas de gestión del riesgo descritas en la solicitud no eran adecuadas ni eficaces para limitar el riesgo(10);

J.  Considerando que el artículo 55 del Reglamento REACH establece que la sustitución de sustancias altamente preocupantes por sustancias o tecnologías alternativas más seguras es un objetivo central del capítulo relativo a la autorización;

K.  Considerando que el artículo 64, apartado 4, del Reglamento REACH establece que el mandato del CASE consiste en evaluar «la disponibilidad, idoneidad y viabilidad técnica de alternativas asociadas al uso o usos de la sustancia y descritos en la solicitud […] así como las contribuciones presentadas por terceros en virtud del apartado 2 del presente artículo»;

L.  Considerando que el artículo 62, apartado 4, letra e), del Reglamento REACH exige que en la solicitud de autorización se incluya «un análisis de las alternativas, en el que se consideren sus riesgos, así como la viabilidad técnica y económica de la sustitución»;

M.  Considerando que el artículo 60, apartado 4, del Reglamento REACH establece que solo se podrá conceder una autorización para utilizar una sustancia cuyos riesgos no estén adecuadamente controlados si no existen sustancias o tecnologías alternativas adecuadas;

N.  Considerando que el CASE señaló muchas deficiencias en la solicitud de autorización en lo que respecta al análisis de las alternativas; que, según el CASE, el solicitante no aborda algunas cuestiones clave, lo que obstaculiza la evaluación de la viabilidad técnica por parte del Comité, y se limita a abordar brevemente algunos aspectos tan importantes como la viabilidad económica de las alternativas(11);

O.  Considerando que el principal argumento utilizado por el solicitante para concluir que no existen alternativas adecuadas es que los clientes (es decir, los fabricantes y los vendedores de ropa) no aceptarían la calidad de la coloración de la materia textil en caso de que fuese teñida de una forma alternativa;

P.  Considerando que, no obstante, estos supuestos requisitos por parte de los clientes no se respaldan con ninguna prueba, y no está claro si la referencia a «la preferencia de los clientes» se hace con pleno conocimiento de los riesgos del dicromato de sodio(12);

Q.  Considerando que, además, pese a las consultas adicionales que se le hicieron al solicitante, el CASE observa que la cuestión sobre si un producto alternativo terminaría siendo aceptado por los clientes de sus usuarios descendentes sigue siendo un tanto subjetiva e incierta(13), e indica en su conclusión que, tras haber recibido aclaraciones por parte del solicitante, el Comité sigue encontrando una serie de incertidumbres en el análisis;

R.  Considerando que, pese a estas lagunas e incertidumbres en la solicitud, el CASE llegó a la conclusión de que no se dispone de alternativas adecuadas, indicando sencillamente que estas incertidumbres son inherentes a este tipo de uso (la cuestión de la calidad de los productos puede verse empañada por la subjetividad de las tendencias de la moda y los gustos estéticos de los consumidores)(14);

S.  Considerando, en este sentido, que el dictamen del CASE pone de manifiesto que el solicitante no ha presentado un análisis exhaustivo de las alternativas disponibles en el mercado para sustituir el uso del dicromato de sodio en los usos solicitados, pero no consigue extraer las conclusiones adecuadas;

T.  Considerando que este resultado no puede conciliarse con el hecho de que se sabe que hace muchos años que existen alternativas disponibles(15), que algunas de las principales marcas contribuyen al programa de vertido cero de sustancias químicas peligrosas (ZDHC), que no permite el uso del cromo (VI) en la fabricación textil(16), y que algunas empresas del sector textil tienen políticas explícitas que no permiten el uso del cromo (VI) (por ejemplo, H&M)(17), incluidas empresas de los mercados de la moda de alta gama (como Armani(18) y Lanificio Ermenegildo Zegna(19));

U.  Considerando que Gruppo Colle y Ormezzzano han sido los únicos que han solicitado autorización con arreglo al Reglamento REACH para los colorantes con cromo;

V.  Considerando que el Reglamento REACH establece que es el solicitante quien debe probar que se cumplen las condiciones para la concesión de una autorización; que el CASE tiene el deber de proporcionar «asesoramiento científico fundado en los principios de excelencia, independencia y transparencia», que «constituye una garantía de procedimiento importante para asegurar la objetividad científica de las medidas y evitar la adopción de medidas arbitrarias»(20);

W.  Considerando que no está claro por qué, a pesar de las deficiencias o incertidumbres detectadas en relación con el análisis de las alternativas, el CASE concluyó que se disponía de suficiente información para llegar a una conclusión sobre la idoneidad de las alternativas; que tampoco queda claro por qué no se rechazaron las alegaciones relativas a las preferencias subjetivas a pesar de la ausencia de pruebas detalladas objetivas y verificables, ni por qué dichas alegaciones no se evaluaron con respecto a las mejores prácticas de mercado;

X.  Considerando que no es aceptable tolerar los numerosos casos potenciales de infertilidad, cáncer y efectos mutagénicos, a pesar de la disponibilidad de alternativas al cromato de sodio, sobre la base de la hipótesis de que los fabricantes de ropa no aceptarían alternativas debido a sus «gustos» subjetivos;

Y.  Considerando que esta interpretación del concepto de soluciones alternativas y el nivel de prueba exigido al solicitante no están en consonancia con el objetivo de sustituir las sustancias altamente preocupantes por alternativas, ni con el objetivo principal del Reglamento REACH de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente;

Z.  Considerando que la Comisión es consciente de la disponibilidad de alternativas adecuadas, en particular gracias a la información facilitada durante la consulta pública y el diálogo tripartito(21) organizado por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas en el contexto del asunto Gruppo Colle(22);

AA.  Considerando que no es apropiado que la Comisión ignore información crítica que demuestra la disponibilidad de alternativas adecuadas en este caso paralelo;

AB.  Considerando que el artículo 61, apartado 2, letra b), del Reglamento REACH otorga competencias a la Comisión para revisar una autorización en cualquier momento si «se dispone de nueva información sobre posibles sustitutos»;

AC.  Considerando que la concesión de una autorización para el uso de una sustancia sin umbral para aplicaciones para las que se sabe claramente que existen alternativas no se ajusta a las condiciones establecidas en las disposiciones del Reglamento REACH, recompensaría indebidamente a los rezagados y sentaría un peligroso precedente para las futuras decisiones de autorización en el marco del Reglamento REACH;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006, al no respetar las condiciones establecidas en dicho Reglamento para la concesión de una autorización;

2.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución y que presente un nuevo proyecto por el que se deniegue la solicitud de autorización para determinados usos del dicromato de sodio (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(2) Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3);Dictamen titulado «Repackaging of sodium dichromate to be supplied as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3).
(3) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(4) Decisión del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 28 de octubre de 2008, sobre la inclusión de sustancias altamente preocupantes en la lista de sustancias candidatas.
(5) Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008, p. 1).
(6) Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control del riesgo de las sustancias existentes (DO L 84 de 5.4.1993, p. 1).
(7) Reglamento (CE) n.º 143/97 de la Comisión, de 27 de enero de 1997, relativo a la tercera lista de sustancias prioritarias prevista en el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo (DO L 25 de 28.1.1997, p. 13).
(8) Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2008, sobre las medidas de reducción del riesgo de las sustancias siguientes: cromato de sodio, dicromato de sodio y 2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropilidendifenol (tetrabromobisfenol A) (DO L 158 de 18.6.2008, p. 62).
(9) Asunto C-558/07, S.P.C.M. SA y otros / Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, apartado 45.
(10) Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 19, pregunta 6.
(11) Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 24-25.
(12) El análisis del solicitante sobre las posibles alternativas está disponible en: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400.
(13) Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 24.
(14) Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as a mordant in the dyeing of wool as sliver and/or yarn with dark colours in industrial settings» (CE n.º 234-190-3), p. 26.
(15) Véase: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44.
(16) Véase: https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/.
(17) Véase: H&M Group Chemical Restrictions 2018 Manufacturing Restricted Substances List (MRSL).
(18) Véase: Armani’s Restricted Substances List Version 9 - Effective as of the Season SS 18.
(19) Véase la presentación de Huntsman titulada «Turning risks into opportunities - How to dye wool sustainably» (Transformar los riesgos en oportunidades - Cómo teñir la lana de forma sostenible) (p. 18).
(20) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health SA / Consejo de la Unión Europea, asunto T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Como se explica en el dictamen del CER y el CASE en el asunto Gruppo Colle: Dictamen titulado «Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing» (CE n.º 234-190-3), (p. 21 en referencia a dos alternativas: Lanasol and Realan).
(22) Dictámenes aprobados de la ECHA y consultas previas sobre las solicitudes de autorización - Gruppo Colle.S.r.l. - «Use of sodium dichromate as mordant in wool dyeing» (CE n.º 234-190-3).


El escándalo de los «archivos cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas del actual marco jurídico
PDF 184kWORD 59k
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el escándalo «cum-ex»: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico (2018/2900(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0475RC-B8-0551/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las revelaciones «cum-ex» realizadas por un consorcio de periodistas de investigación encabezado por la organización alemana de medios de comunicación sin ánimo de lucro CORRECTIV, el 18 de octubre de 2018,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(1) (Reglamento AEVM),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión(2) (Reglamento ABE),

–  Vista la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad (DCA2)(3),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (DCA6)(4),

–  Vista la cuarta comisión de investigación del Bundestag alemán sobre el escándalo, que culminó en un informe(5) en junio de 2017,

–  Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2015(6) y de 6 de julio de 2016(7), sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares,

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión(8),

–  Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(9),

–  Vista su Decisión, de 1 de marzo de 2018, sobre la constitución, las competencias, la composición numérica y la duración del mandato de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) (10),

–  Visto su debate en la sesión plenaria del 23 de octubre de 2018 sobre el escándalo «cum-ex»,

–  Vista la reunión conjunta de las comisiones ECON/TAX3 del 26 de noviembre de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el «cum-ex» y el «cum-cum» —o mecanismos comerciales de arbitraje de dividendos— hace referencia a la práctica de negociar acciones de forma que se oculte la identidad del propietario real y se permita que las dos –o múltiples— partes implicadas reclamen la retención de devoluciones fiscales del el impuesto sobre las plusvalías que solo se han abonado una vez;

B.  Considerando que el escándalo «cum-ex» se reveló al público a través de una investigación colaborativa entre diecinueve medios de comunicación europeos en la que participaron 12 países y 38 periodistas;

C.  Considerando que, según informaciones, 11 Estados miembros han perdido hasta 55 200 millones EUR en ingresos fiscales como consecuencia de los mecanismos «cum-ex» y «cum-cum»;

D.  Considerando que, no obstante, es difícil calcular el importe máximo de los daños sufridos, dado que muchas actuaciones se iniciaron a finales de la década de 1990 y han prescrito desde hace mucho tiempo;

E.  Considerando que la investigación realizada por el consorcio de periodistas europeos identifica a Alemania, Dinamarca, España, Italia y Francia como los presuntos mercados principales en los que se han desarrollado las prácticas comerciales «cum-ex», seguidos de Noruega, Finlandia, Polonia, Dinamarca, los Países Bajos, Austria y la República Checa, y que estas prácticas pueden implicar a un número desconocido de Estados miembros de la Unión, así como a países de la Asociación Europea de Libre Comercio (por ejemplo, Suiza);

F.  Considerando que las investigaciones en los Estados miembros de la Unión más afectados siguen su curso;

G.  Considerando que los mecanismos «cum-ex» y «cum-cum» presentan algunos de los signos distintivos del fraude fiscal, y que conviene evaluar si se ha dado una infracción de la legislación nacional o de la Unión;

H.  Considerando que se ha informado de que en estas prácticas delictivas están implicadas entidades financieras de Estados miembros de la Unión, entre ellas varios grandes bancos comerciales de renombre;

I.  Considerando que, en algunos casos, las autoridades competentes no llevaron a cabo investigaciones en profundidad sobre la información compartida por otros Estados miembros en relación con las revelaciones «cum-ex»;

J.  Considerando que el hecho de que los inversores extranjeros tengan derecho a reclamar el reembolso de impuestos abonados sobre dividendos desempeña un papel central en las revelaciones;

K.  Considerando que, desde septiembre de 2017, la segunda Directiva sobre cooperación administrativa (DCA2) exige a los Estados miembros de la Unión que recaben información de sus instituciones financieras y la intercambien anualmente con el Estado miembro de residencia de los contribuyentes;

L.  Considerando que la sexta Directiva sobre cooperación administrativa (DCA6) exige a cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, ponga a disposición para su ejecución o gestione la ejecución de un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación de información que se ajuste a las características predefinidas, que notifique dichos mecanismos a las autoridades tributarias nacionales;

M.  Considerando que el mandato de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) cubre explícitamente todo hecho pertinente que entre en el ámbito de sus competencias que surja durante su mandato;

N.  Considerando que la función de los denunciantes de irregularidades en los últimos 25 años ha resultado ser esencial a la hora de revelar información confidencial de gran interés público, como ha sido el caso de las revelaciones «cum-ex»(11);

1.  Condena enérgicamente el fraude y la elusión fiscales que han salido a la luz y que han dado lugar a unas pérdidas comunicadas públicamente en los ingresos fiscales de los Estados miembros, que ascienden a 55 200 millones EUR según algunas estimaciones de los medios de comunicación, lo que supone un duro golpe para la economía social de mercado europea;

2.  Destaca que, con arreglo a la Directiva de la Unión contra el blanqueo de capitales(12), los «delitos fiscales» relacionados con los impuestos directos e indirectos están incluidos en la amplia definición de «actividad delictiva» y se consideran delitos principales a efectos del blanqueo de capitales; recuerda que las entidades de crédito y las entidades financieras, al igual que los asesores fiscales, los contables y los abogados, se consideran «entidades obligadas» en virtud de la Directiva contra el blanqueo de capitales y, por lo tanto, deben cumplir una serie de obligaciones para prevenir, detectar y notificar las actividades de blanqueo de capitales;

3.  Observa con preocupación que el escándalo «cum-ex» ha socavado la confianza de los ciudadanos en los sistemas fiscales y hace hincapié en la importancia crucial de restablecer la confianza pública y garantizar que no se repitan los daños causados;

4.  Lamenta que el comisario responsable de la fiscalidad no reconociera la necesidad de ampliar el actual sistema de intercambio de información entre las autoridades tributarias nacionales;

5.  Solicita a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a la Autoridad Bancaria Europea que lleven a cabo una investigación sobre los mecanismos comerciales de arbitraje de dividendos, tales como «cum-ex» o «cum-cum», con el fin de evaluar las posibles amenazas para la integridad de los mercados financieros y los presupuestos nacionales; que determinen la naturaleza y la magnitud de los agentes de estos mecanismos; que evalúen si se han dado infracciones de la legislación nacional o de la Unión; que evalúen las medidas adoptadas por los supervisores financieros de los Estados miembros; y que formulen las recomendaciones pertinentes de actuación y reformas destinadas a las autoridades competentes pertinentes;

6.  Subraya que estas revelaciones no afectan a la estabilidad del sistema financiero de la Unión;

7.  Recomienda que la investigación determine qué falló en la coordinación y la vigilancia de los supervisores financieros, los mercados de valores y las autoridades tributarias de los Estados miembros, que ha permitido que estos mecanismos de fraude fiscal siguieran funcionando durante años a pesar de haberse detectado;

8.  Pide que se dé mandato a las autoridades de supervisión nacionales y europeas para que examinen las prácticas de elusión fiscal, ya que pueden constituir un riesgo para la integridad del mercado interior;

9.  Subraya que estas nuevas revelaciones parecen apuntar a posibles deficiencias en las legislaciones fiscales nacionales y en los actuales sistemas de intercambio de información y cooperación entre las autoridades de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que apliquen efectivamente el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad;

10.  Pide que se refuerce el intercambio de información entre las autoridades fiscales con el fin de prevenir los conflictos relacionados con la confidencialidad fiscal que se han detectado en algunos Estados miembros;

11.  Insta a las autoridades tributarias de todos los Estados miembros a que designen puntos de contacto únicos inspirados en la Red Internacional Conjunta de Información y Colaboración de la OCDE, y pide a la Comisión que garantice y facilite la cooperación entre ellos, con el fin de asegurarse de que los Estados miembros compartan la información sobre los casos de importancia transfronteriza de manera rápida y eficaz;

12.  Pide, asimismo, a las autoridades nacionales competentes que, cuando proceda, pongan en marcha investigaciones penales, utilicen instrumentos jurídicos para congelar activos sospechosos, sometan a investigación a los consejos de administración potencialmente implicados en este escándalo e impongan las sanciones disuasorias pertinentes a las partes implicadas; considera que tanto los autores como los facilitadores de estos delitos, entre los que se encuentran no solo asesores fiscales, sino también abogados, contables y bancos, deben ser llevados ante la justicia; subraya la necesidad imperiosa de poner fin a la impunidad de la delincuencia de cuello blanco y de garantizar una mejor aplicación de las normativas financieras;

13.  Pide a las autoridades de la Unión y de los Estados miembros que investiguen el papel que han desempeñado los fondos de seguros y los inspectores de seguros en el escándalo;

14.  Pide a las autoridades tributarias nacionales que aprovechen plenamente el potencial de la DCA6 por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, incluido el uso de las solicitudes de grupo; pide, además, que se refuerce la DCA6 con el fin de exigir la divulgación obligatoria de los mecanismos de arbitraje de dividendos y de toda la información sobre plusvalías, incluida la concesión de reembolsos de dividendos y plusvalías;

15.  Insta a todos los Estados miembros identificados como los presuntos mercados principales en los que se han desarrollado las prácticas comerciales de arbitraje de dividendos a que investiguen y analicen exhaustivamente las prácticas de pago de dividendos en sus jurisdicciones, identifiquen las lagunas en su legislación fiscal que generan oportunidades de utilización abusiva por parte de los defraudadores y evasores de impuestos, analicen cualquier posible dimensión transfronteriza de estas prácticas y pongan fin a todas estas prácticas fiscales perniciosas;

16.  Subraya la necesidad de una acción coordinada entre las autoridades nacionales a fin de garantizar la recuperación de los recursos obtenidos por medios ilícitos de las cuentas públicas;

17.  Insta a la Comisión a que evalúe y a los Estados miembros a que revisen y actualicen los acuerdos fiscales bilaterales entre los Estados miembros y con terceros países para colmar las lagunas que incentivan las prácticas comerciales basadas en la fiscalidad con fines de elusión fiscal;

18.  Pide a la Comisión que empiece a trabajar de inmediato en una propuesta para la creación de una Policía Financiera Europea en el marco de Europol que cuente con competencias de investigación propias, así como en un marco europeo para las investigaciones fiscales transfronterizas;

19.  Pide a la Comisión que revise la Directiva relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, a fin de atajar las prácticas de arbitraje de dividendos;

20.  Pide a la Comisión que evalúe el papel de las sociedades y entidades con fines especiales (EFE) que han salido a relucir a través de los documentos «cum-ex» y que, en su caso, limite el recurso a este tipo de instrumentos;

21.  Pide a la Comisión que considere la necesidad de un marco europeo para la tributación de las rentas del capital que reduzca los incentivos que desestabilizan los flujos financieros transfronterizos, generan una competencia fiscal entre los Estados miembros y socavan las bases imponibles que garantizan la sostenibilidad de los Estados del bienestar europeos;

22.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de una propuesta legislativa relativa a una unidad de información financiera de la Unión, un centro europeo de trabajo conjunto de investigación y un mecanismo de alerta temprana;

23.  Observa que la crisis financiera de 2008 ha dado lugar a reducciones generalizadas de los recursos y del personal en las administraciones tributarias; pide a los Estados miembros que prevean inversiones y modernizaciones en los instrumentos de que disponen las autoridades fiscales, y que asignen los recursos humanos necesarios para mejorar la vigilancia y reducir los desfases de planificación temporal y de información; pide a los Estados miembros que mejoren las capacidades y aptitudes de sus autoridades financieras a fin de asegurarse de que son plenamente funcionales a la hora de detectar casos de fraude fiscal;

24.  Subraya la necesidad de proteger a los denunciantes que divulguen información, por ejemplo, sobre el fraude y la evasión fiscales a escala nacional y de la Unión; invita a cualquiera que disponga de información valiosa para el interés público a que la notifique, ya sea a escala interna, a las autoridades nacionales o, en su caso, al público; pide que se adopte con rapidez la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, teniendo en cuenta las opiniones aprobadas por las distintas comisiones del Parlamento Europeo;

25.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, de modificar, entre otros, el Reglamento por el que se crea la Autoridad Bancaria Europea (ABE), con el fin de reforzar el papel de la ABE en la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales del sector financiero (COM(2018)0646); destaca que, de conformidad con el Mecanismo Único de Supervisión, el BCE tiene la misión de llevar a cabo las acciones de intervención temprana establecidas en la legislación pertinente de la Unión; opina que el BCE debe desempeñar un papel a la hora de alertar a las autoridades nacionales competentes y debe coordinar cualquier actuación en relación con las sospechas de incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en bancos o grupos supervisados;

26.  Opina que el trabajo de las Comisiones TAXE, TAX2, PANA y TAX3 debe proseguir en la próxima legislatura en una estructura permanente dentro del Parlamento, como una subcomisión dentro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON);

27.  Pide a la Comisión Especial TAX3 que lleve a cabo su propia evaluación de las revelaciones «cum-ex» y que incluya los resultados y las recomendaciones pertinentes en su informe final;

28.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Autoridad Bancaria Europea y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
(2) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.
(3) DO L 359 de 16.12.2014, p. 1.
(4) DO L 139 de 5.6.2018, p. 1.
(5) Bundestag alemán, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.
(6) DO C 366 de 27.10.2017, p. 51.
(7) DO C 101 de 16.3.2018, p. 79.
(8) DO C 399 de 24.11.2017, p. 74.
(9) DO C 369 de 11.10.2018, p. 132.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0048.
(11) Audiencia de las Comisiones ECON y TAX3 del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2018, «Escándalo “cum-ex”: delincuencia financiera y lagunas en el actual marco jurídico».
(12) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).


El papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo (2018/2856(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0476B8-0546/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 81, apartado 3, del TFUE,

–  Visto el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 24,

–  Vistos los artículos 8 y 20 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que destaca la obligación de los gobiernos de proteger la identidad del menor, incluidas sus relaciones familiares,

–  Vista la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, en particular su artículo 37, letra b),

–  Visto el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (Reglamento «Bruselas II bis»)(1), en particular sus artículos 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 y 57,

–  Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1348/2000 del Consejo(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de febrero de 2011, titulada «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» (COM(2011)0060),

–  Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en particular su sentencia de 22 de diciembre de 2010 en el asunto C-497/10 PPU, Mercredi/Chaffe(3), y su sentencia de 2 de abril de 2009 en el asunto C-523/07, procedimiento iniciado por A(4),

–  Visto el estudio de los sistemas de protección de menores realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el gran número de peticiones recibidas en relación con el papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo,

–  Vistas las recomendaciones formuladas en el informe sobre la misión de investigación a Alemania (23-24 de noviembre de 2011) para investigar las peticiones relativas al papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt),

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre la protección del interés superior del menor en toda la Unión sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo(5),

–  Vistas las recomendaciones, de 3 de mayo de 2017, del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Relativos al Bienestar Infantil de la Comisión de Peticiones,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Comisión de Peticiones del Parlamento lleva más de 10 años recibiendo peticiones en las que un gran número de progenitores no alemanes denuncian la discriminación sistemática y las medidas arbitrarias adoptadas en su contra por la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en conflictos familiares de alcance transfronterizo que afectan a menores en cuestiones relativas, entre otras cosas, a la responsabilidad parental y la custodia de menores;

B.  Considerando que la Comisión de Peticiones se basa principalmente en el informe subjetivo del peticionario y, en general, no tiene acceso a las resoluciones judiciales, que ofrecen una descripción completa y objetiva de la situación y contienen testimonios de los padres, de los hijos y de los testigos;

C.  Considerando que el Jugendamt desempeña un papel fundamental en el Derecho de familia alemán, ya que es una de las partes en todos los conflictos familiares que afectan a menores;

D.  Considerando que en los conflictos familiares que afectan a menores el Jugendamt envía una recomendación a los jueces, de naturaleza prácticamente vinculante, y puede adoptar medidas temporales, como la «Beistandschaft» (curatela), que no son impugnables;

E.  Considerando que el Jugendamt es responsable de la aplicación de las decisiones adoptadas por los tribunales alemanes; que la amplia interpretación de estas decisiones por parte del Jugendamt ha sido a menudo, según los peticionarios, perjudicial para la protección efectiva de los derechos de los progenitores no alemanes;

F.  Considerando que el no reconocimiento y la no ejecución, por parte de las autoridades alemanas competentes, de las decisiones y las sentencias adoptadas por otras autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión en conflictos familiares de alcance transfronterizo pueden constituir una violación del principio de reconocimiento mutuo y de confianza mutua entre los Estados miembros, lo que pone en peligro la protección efectiva del interés superior del menor;

G.  Considerando que los peticionarios denunciaron que, en los conflictos familiares de alcance transfronterizo, las autoridades alemanas competentes interpretan sistemáticamente la protección del interés superior del menor como la necesidad de garantizar que los menores permanezcan en territorio alemán, incluso en casos en los que se han denunciado abusos y violencia doméstica contra el progenitor no alemán;

H.  Considerando que los progenitores no alemanes denunciaron en sus peticiones la escasez o la falta de asesoramiento y apoyo jurídico proporcionado por las autoridades nacionales de sus países de origen en casos en los que las autoridades alemanas, entre ellas el Jugendamt, han adoptado procedimientos judiciales y administrativos supuestamente discriminatorios o desventajosos en contra de ellos en conflictos familiares que afectan a menores;

I.  Considerando que, según la información facilitada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se han presentado diecisiete casos contra ante el Tribunal Alemania, por parte de peticionarios no alemanes, sobre responsabilidad parental o custodia de menores en conflictos familiares transfronterizos, todos ellos considerados inadmisibles;

J.  Considerando que todas las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben garantizar plenamente la protección de los derechos del menor consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que el interés superior del niño, realizado principalmente y de mejor forma dentro de su propia familia, es un principio fundamental que debe respetarse en cuanto norma rectora de todas las decisiones relacionadas con la tutela de menores a todos los niveles;

K.  Considerando que el aumento de la movilidad dentro de la Unión ha dado lugar a un número creciente de conflictos de alcance transfronterizo en materia de responsabilidad parental y custodia de menores; que la Comisión debe redoblar sus esfuerzos por promover en todos los Estados miembros, incluida Alemania, la aplicación coherente y concreta de los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los Estados miembros de la Unión;

L.  Considerando que el ámbito y los objetivos del Reglamento «Bruselas II bis» están basados en el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad entre ciudadanos de la Unión y en el principio de confianza mutua entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros;

M.  Considerando que las disposiciones del Reglamento «Bruselas II bis» no deben permitir en modo alguno el abuso de sus objetivos subyacentes, que consisten en garantizar el respeto y el reconocimiento mutuos, evitar la discriminación por motivos de nacionalidad y, ante todo, proteger verdaderamente el interés superior del menor de manera objetiva;

N.  Considerando que la ausencia de controles precisos y detallados sobre la naturaleza no discriminatoria de los procedimientos y las prácticas adoptadas por las autoridades alemanas competentes en los conflictos familiares de alcance transfronterizo que afectan a menores puede tener efectos perjudiciales para el bienestar de los menores y dar lugar a un aumento de la violación de los derechos de los progenitores no alemanes;

O.  Considerando que el principio de subsidiariedad se aplica en todas las cuestiones relacionadas con el Derecho de familia sustantivo;

P.  Considerando que el Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictaminó que un tribunal puede pedir oír a un menor que aún no haya cumplido los tres años de edad en el momento de la decisión; que en otros Estados miembros de la Unión los menores de esta edad se consideran demasiado jóvenes y no lo suficientemente maduros para ser consultados en los conflictos que afectan a sus padres;

Q.  Considerando que el derecho del menor a la vida familiar no debe verse amenazado por el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de circulación y de residencia;

R.  Considerando que la jurisprudencia del TJUE establece en el Derecho de la Unión el concepto autónomo de «residencia habitual» del menor, así como la pluralidad de los criterios que deben utilizar las jurisdicciones nacionales para determinar la residencia habitual;

S.  Considerando que del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se desprende que, a menos que sea contrario a los intereses del menor, los menores tienen derecho a mantener regularmente una relación personal y un contacto directo con sus padres cuando estos ejerzan su derecho a la libre circulación;

1.  Observa con gran preocupación que siguen sin resolverse los problemas relacionados con el Derecho de familia alemán, incluido el controvertido papel del Jugendamt, que ha sido denunciado en numerosas peticiones de progenitores no alemanes; subraya que la Comisión de Peticiones recibe constantemente peticiones de progenitores no alemanes en las que se denuncian graves discriminaciones como consecuencia de los procedimientos y las prácticas adoptadas concretamente por las autoridades alemanas competentes en conflictos familiares de alcance transfronterizo que afectan a menores;

2.  Observa con preocupación todos los supuestos casos de discriminación contra progenitores no alemanes por parte del Jugendamt;

3.  Señala el trabajo que la Comisión de Peticiones ha llevado a cabo durante mucho tiempo en relación con la tramitación de peticiones relativas al papel del Jugendamt; toma nota de las respuestas proporcionadas por el ministerio alemán competente sobre el funcionamiento del Derecho de familia alemán, pero subraya que la Comisión de Peticiones sigue recibiendo de forma continuada peticiones relativas a las supuestas discriminaciones en contra del progenitor no alemán;

4.  Destaca la obligación de las autoridades nacionales, establecida en el Reglamento «Bruselas II bis», de reconocer y ejecutar las sentencias dictadas en otro Estado miembro en casos que afecten a menores; manifiesta su preocupación por que, en los conflictos familiares de alcance transfronterizo, las autoridades alemanas, supuestamente, puedan negarse sistemáticamente a reconocer las decisiones judiciales adoptadas en otros Estados miembros en casos en los que no se haya oído a los menores que aún no hayan cumplido los tres años de edad; subraya que esta práctica menoscaba el principio de confianza mutua con otros Estados miembros cuyos ordenamientos jurídicos establecen límites de edad diferentes para la audiencia de un menor;

5.  Deplora el que la Comisión lleve años sin realizar unos controles fiables de los procedimientos y prácticas seguidos en virtud del Derecho de familia alemán, y en particular por el Jugendamt, en los conflictos familiares de alcance transfronterizo, con lo que ha omitido proteger de manera eficaz el interés superior del menor y todos los demás derechos conexos;

6.  Recuerda la respuesta de la Comisión con respecto a las peticiones sobre el papel del Jugendamt en los conflictos familiares transfronterizos; reitera que la Unión no tiene competencias generales para actuar en asuntos relacionados con el Derecho de familia; que el Derecho de familia sustantivo sigue siendo responsabilidad exclusiva de los Estados miembros y no puede ser controlado por la Comisión; que, en caso de preocupación por el funcionamiento del Jugendamt, han de buscarse vías de recurso a nivel nacional, y que si los progenitores consideran que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, una vez agotadas las vías de recurso nacionales, pueden presentar una reclamación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo;

7.  Insiste en la importancia de que los Estados miembros recopilen datos estadísticos sobre los procedimientos administrativos y judiciales relativos a la custodia de menores y relacionados con progenitores extranjeros, en particular sobre el resultado de las sentencias, a fin de permitir un análisis detallado de las tendencias existentes a lo largo del tiempo y proporcionar índices de referencia;

8.  Destaca, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, el concepto autónomo de «residencia habitual» del menor en la legislación de la Unión y la pluralidad de los criterios que deben utilizar las jurisdicciones nacionales para determinar la residencia habitual;

9.  Pide a la Comisión que vele por que la residencia habitual del menor haya sido determinada adecuadamente por las jurisdicciones alemanas en los casos mencionados en las peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones;

10.  Critica enérgicamente la ausencia de datos estadísticos sobre el número de casos en Alemania en los que las sentencias judiciales no se ajustaron a las recomendaciones del Jugendamt y sobre los resultados de conflictos familiares relacionados con hijos de parejas binacionales, a pesar de las reiteradas solicitudes cursadas a lo largo de muchos años para que estos datos se recopilaran y se pusieran a disposición del público;

11.  Pide a la Comisión que evalúe en las peticiones en cuestión si las jurisdicciones alemanas han respetado debidamente las disposiciones del Reglamento «Bruselas II bis» al establecer sus competencias, y si han tomado en consideración las sentencias o resoluciones dictadas por jurisdicciones de otros Estados miembros;

12.  Condena el hecho de que, en los casos de visitas supervisadas de los progenitores, el hecho de que los progenitores no alemanes no cumplieran con el procedimiento de los funcionarios del Jugendamt adoptando el alemán como lengua durante las conversaciones con sus hijos haya dado lugar a la interrupción de las conversaciones y a la prohibición del contacto entre los progenitores no alemanes y sus hijos; considera que este procedimiento adoptado por los funcionarios del Jugendamt constituye una clara discriminación basada en el origen y la lengua contra los progenitores no alemanes;

13.  Subraya que el Jugendamt permite generalmente el uso de una lengua materna común y, si fuera necesario para el bienestar y la protección del menor, como en casos de posible sustracción, procuran la presencia de un intérprete para asegurarse de que los funcionarios del Jugendamt comprenden el contenido de la conversación;

14.  Está firmemente convencido de que, en los casos de visitas supervisadas de los progenitores, las autoridades alemanas deben permitir todas las lenguas de los progenitores durante las conversaciones entre estos y sus hijos; pide que se establezcan mecanismos para garantizar que los progenitores no alemanes y sus hijos puedan comunicarse en su lengua común, ya que el uso de esta lengua desempeña un papel crucial en el mantenimiento de unos vínculos emocionales sólidos entre los progenitores y sus hijos y garantiza una protección eficaz del patrimonio y del bienestar culturales de los niños;

15.  Cree firmemente que debe llevarse a cabo un seguimiento coherente y eficaz de las recomendaciones del informe final de 3 de mayo de 2017 de la Comisión de Peticiones sobre cuestiones relativas al bienestar infantil y, en particular, de aquellas relacionadas directa o indirectamente con el papel del Jugendamt y del Derecho de familia alemán;

16.  Recuerda a Alemania sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, incluido su artículo 8; considera que todas las autoridades competentes alemanas deben realizar importantes mejoras para salvaguardar adecuadamente el derecho de los hijos de parejas binacionales a conservar su identidad, incluidas las relaciones familiares, reconocidas por la ley sin injerencias ilícitas;

17.  Considera que, a la luz del artículo 81 del TFUE, la Comisión puede y debe desempeñar un papel activo a la hora de garantizar unas prácticas no discriminatorias equitativas y coherentes hacia los padres en el tratamiento de los casos transfronterizos de custodia de menores en toda la Unión;

18.  Pide a la Comisión que garantice que se lleven a cabo unos controles minuciosos del carácter no discriminatorio de los procedimientos y prácticas utilizados en el Derecho de familia alemán, por el Jugendamt entre otros, en el marco de los conflictos familiares de alcance transfronterizo;

19.  Reitera que el principio de subsidiariedad se aplica a asuntos fundamentales de Derecho de familia;

20.  Pide a la Comisión que aumente la formación y los intercambios internacionales de funcionarios de los servicios sociales con el fin de aumentar la sensibilización sobre el funcionamiento de sus homólogos de otros Estados miembros y de intercambiar buenas prácticas;

21.  Hace hincapié en la importancia de una estrecha cooperación y de una comunicación eficaz entre las diferentes autoridades nacionales y locales implicadas en los procedimientos de tutela de menores, desde los servicios sociales a las autoridades jurisdiccionales y centrales;

22.  Subraya la necesidad de mejorar la cooperación judicial y administrativa mutua entre las autoridades alemanas y las autoridades de los demás Estados miembros de la Unión, a fin de garantizar la confianza mutua en los asuntos relativos al reconocimiento y la ejecución en Alemania de las decisiones y sentencias adoptadas por las autoridades de otros Estados miembros de la Unión en los conflictos familiares que tengan elementos transfronterizos relacionados con menores;

23.  Recuerda la importancia de que, desde el principio y en todas las fases de los procedimientos relacionados con menores, se facilite sin demora a los progenitores no alemanes información completa y clara sobre los procedimientos y sobre las posibles consecuencias de los mismos, en una lengua que los progenitores en cuestión comprendan plenamente, con el fin de evitar que los progenitores den su consentimiento sin entender plenamente las implicaciones de sus compromisos; pide a los Estados miembros que apliquen medidas específicas destinadas a mejorar la asistencia jurídica, el apoyo, el asesoramiento y la información a sus nacionales en los casos en los que estos denuncien la adopción, en contra de sus intereses, de unos procedimientos judiciales y administrativos discriminatorios o desventajosos por parte de las autoridades alemanas en litigios familiares transfronterizos relacionados con menores;

24.  Subraya que los casos denunciados en los que se impide a los progenitores no alemanes comunicarse con sus hijos en su lengua materna común durante las visitas constituyen una discriminación por razón de lengua y también son contrarios al objetivo de fomentar el multilingüismo y la diversidad de entornos culturales en la Unión y violan los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;

25.  Pide a Alemania que intensifique sus esfuerzos para garantizar que se permita a los padres el uso de una lengua materna común con sus hijos durante las visitas supervisadas;

26.  Expresa su preocupación por los casos planteados por los peticionarios en relación con la brevedad de los plazos fijados por las autoridades competentes alemanas y el envío de documentos por parte de las autoridades competentes alemanas que no fueron facilitados en la lengua del peticionario no alemán; hace hincapié en el derecho que tienen los ciudadanos de negarse a aceptar documentos que no estén redactados o traducidos a una lengua que comprendan según lo establecido en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 relativo a la notificación y al traslado de documentos; pide a la Comisión que evalúe exhaustivamente la aplicación en Alemania de las disposiciones de dicho reglamento con el fin de abordar adecuadamente todas las posibles violaciones;

27.  Pide a la Comisión que compruebe el cumplimiento de los requisitos lingüísticos durante los procedimientos ante las jurisdicciones alemanas en los casos mencionados en las peticiones presentadas al Parlamento Europeo;

28.  Pide a los Estados miembros que apliquen medidas específicas destinadas a mejorar la asistencia jurídica, la ayuda, el asesoramiento y la información para sus ciudadanos en los litigios familiares transfronterizos en los que estén implicados menores; toma nota, en este sentido, de que los ministerios alemanes competentes a nivel federal han creado el punto central de contacto en Alemania para conflictos familiares de alcance transfronterizo con el fin de proporcionar asesoramiento e información en los litigios familiares de alcance transfronterizo que impliquen responsabilidad parental;

29.  Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que cofinancien y promuevan la creación de una plataforma de asistencia a los ciudadanos de terceros países en los procedimientos familiares;

30.  Recuerda a los Estados miembros la importancia de aplicar sistemáticamente las disposiciones de la Convención de Viena de 1963 y de velar por que las embajadas o representaciones consulares sean informadas desde el inicio de todos los procedimientos de tutela de menores que impliquen a sus nacionales y tengan pleno acceso a la documentación pertinente; subraya la importancia de una cooperación consular fiable en este ámbito y sugiere que se permita a las autoridades consulares asistir a todas las fases del procedimiento;

31.  Recuerda a los Estados miembros la necesidad de proporcionar al menor cualquier tipo de acogimiento necesario y justificado, de conformidad con lo estipulado en los artículos 8 y 20 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y en particular para permitir una atención continua a los menores que tenga en cuenta su identidad étnica, religiosa, lingüística y cultural;

32.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
(2) DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 22 de diciembre de 2010, Barbara Mercredi contra Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
(4) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 2 de abril de 2009, A, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
(5) DO C 66 de 21.2.2018, p. 2.


OMC: el camino a seguir
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la OMC: el camino a seguir (2018/2084(INI))
P8_TA-PROV(2018)0477A8-0379/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Marrakech, de 15 de abril de 1994, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC),

–  Vista la declaración ministerial de Doha de la OMC, de 14 de noviembre de 2001(1),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la OMC, en particular la de 24 de abril de 2008, sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio(2), y la de 15 de noviembre de 2017, sobre las negociaciones multilaterales con vistas a la undécima Conferencia Ministerial de la OMC(3),

–  Visto el documento final aprobado por consenso el 10 de diciembre de 2017 en la sesión anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC celebrada en Buenos Aires(4),

–  Vistos los resultados, que incluyen una serie de decisiones ministeriales, de la undécima Conferencia Ministerial celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017, en la que no fue posible adoptar una declaración ministerial(5),

–  Visto el sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en Ginebra del 11 al 13 de julio de 2017(6),

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas(7),

–  Visto el Acuerdo de París en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en vigor desde noviembre de 2016,

–  Visto el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado el 8 de octubre de 2018, donde se señala que todavía es posible limitar el calentamiento global a 1,5 °C si los países incrementan sus contribuciones determinadas a nivel nacional para 2020,

–  Visto el apartado 16 de las Conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018(8),

–  Vista la Declaración conjunta de la reunión trilateral de los ministros de Comercio de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, adoptada el 31 de mayo de 2018(9),

–  Vista la Declaración conjunta de la 20.ª Cumbre UE-China, por la que se crea un grupo de trabajo conjunto sobre la reforma de la OMC, presidido a nivel viceministerial(10),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, sobre la modernización de la OMC(11),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0379/2018),

A.  Considerando que, desde su creación, la OMC ha desempeñado un papel crucial en la consolidación del multilateralismo y la promoción de un orden económico mundial inclusivo y de un sistema de comercio multilateral abierto, basado en normas y no discriminatorio; que los países en desarrollo representan actualmente en torno a la mitad del comercio mundial, frente al 33 % del año 2000, mientras el número de personas que viven en situación de pobreza extrema se ha reducido en un 50 % desde 1990, situándose en algo menos de mil millones de personas; que la OMC se basa en un sistema de derechos y obligaciones, que obliga a los miembros a abrir sus propios mercados y a no discriminar;

B.  Considerando que la OMC debe seguir siendo la principal referencia para los gobiernos y las empresas por lo que respecta a la fijación de normas y los litigios comerciales;

C.  Considerando que la Unión ha defendido siempre un enfoque sólido, multilateral y basado en normas en lo que al comercio se refiere, ya que la economía de la Unión, así como sus trabajadores y consumidores y sus socios, están cada vez más integrados en las cadenas de valor mundiales y dependen de una evolución previsible del comercio internacional tanto para las importaciones como para las exportaciones, así como de los avances en las condiciones sociales y medioambientales;

D.  Considerando que los resultados de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017 fueron decepcionantes y mostraron claramente que la función negociadora de la Organización está paralizada;

E.  Considerando que el sistema de comercio multilateral basado en normas está afrontando su crisis más profunda desde la creación de la OMC, poniendo en peligro las funciones básicas de la organización, es decir, el establecimiento de las normas y la estructura esenciales para el comercio internacional y la puesta a disposición del mecanismo de solución de diferencias más eficaz y desarrollado de cualquier organización multilateral;

F.  Considerando que, pese a excepciones importantes como el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, la reforma del comercio de la OMC se ha venido retrasando desde la primera década del siglo XXI;

G.  Considerando que el Órgano de Apelación es la «joya de la corona» de la OMC debido al carácter vinculante de sus decisiones y su consideración como instancia de apelación independiente e imparcial; que el Órgano de Apelación de la OMC no ha logrado reunir el número mínimo de jueces que necesita para su funcionamiento después de que finalizase el mandato del juez Shree Baboo Chekitan Servansing, lo que redujo dicho número a tres; que esta situación de punto muerto, provocada por la administración estadounidense, podría dar lugar al colapso de un sistema que es esencial para la gestión de las diferencias entre todos los miembros de la OMC;

1.  Reitera su pleno compromiso con el valor perdurable del multilateralismo y reclama la elaboración de un programa para el comercio sobre la base de un comercio libre y basado en normas, que redunde en beneficio de todos y que contribuya a la paz, la seguridad y la agenda de desarrollo sostenible mediante la inclusión y la mejora de los derechos humanos, sociales y medioambientales, y velando por que las normas armonizadas y acordadas de forma multilateral se apliquen de manera uniforme para todos y se defiendan eficazmente; resalta que la OMC también debe contribuir a promover un comercio justo y a luchar contra las prácticas desleales; subraya que el comercio no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para alcanzar los objetivos de desarrollo definidos a escala mundial;

2.  Considera urgente proceder a la modernización de la OMC a la luz de los últimos acontecimientos, pero también por la prolongada falta de avances en el Programa de Doha para el Desarrollo, y a la revisión en profundidad de diversos aspectos de su funcionamiento con el fin de aumentar tanto su eficacia como su legitimidad; estima esencial que, desde esta perspectiva, la Secretaría de la OMC genere oportunidades para que todos los miembros de la OMC participen en el debate desde su inicio; pide a la Comisión y a los Estados miembros que forman parte de la OMC que se pongan en contacto con los demás miembros de la Organización, en particular con nuestros principales socios comerciales, como los Estados Unidos, Japón, China, Canadá, Brasil e India, para acordar posiciones comunes; considera alentadoras las declaraciones iniciales sobre la reforma de la OMC realizadas tras la cumbre UE-China;

3.  Se congratula, en este sentido, del mandato otorgado por el Consejo Europeo a la Comisión los días 28 y 29 de junio de 2018 y toma nota del enfoque expuesto en las conclusiones, así como del documento de reflexión de la Comisión sobre la modernización de la OMC, de 18 de septiembre de 2018, y las propuestas de Canadá sobre la reforma de la OMC, de 25 de septiembre de 2018; espera con interés la publicación de más propuestas, especialmente de los países en desarrollo, así como de los grupos de trabajo ya constituidos entre Estados miembros de la OMC;

4.  Manifiesta su gran preocupación por que solo tres puestos del Órgano de Apelación estén cubiertos, lo que socava seriamente el funcionamiento adecuado del proceso de solución de diferencias en la actualidad, y hace un firme llamamiento a los Estados Unidos para que resuelvan esta situación de un modo que permita cubrir los puestos vacantes de dicho Órgano con rapidez; se congratula de las propuestas iniciales presentadas por la Comisión en su documento de reflexión sobre la modernización de la OMC para resolver la situación de punto muerto abordando algunas de las preocupaciones planteadas, por ejemplo, disposiciones transitorias para los miembros salientes o cambios en la duración de los mandatos en el Órgano de Apelación o en el tiempo máximo permitido antes de la publicación de un informe, así como en el establecimiento de nueva jurisprudencia por dicho Órgano; observa que las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos en relación con el Órgano de Apelación van más allá de cambios en el procedimiento e implican reformas de calado en las sentencias de los jueces del Órgano;

5.  Opina que la decisión de los Estados Unidos, de 31 de mayo de 2018, de imponer aranceles sobre los productos de acero y aluminio por razones de «seguridad nacional» con arreglo a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 no se justifica, y estima que no aborda el problema que supone el exceso de acero en los mercados mundiales ni respeta las normas de la OMC; alienta a la Comisión a trabajar junto con los Estados Unidos para resolver las desavenencias comerciales y eliminar los obstáculos al comercio en el marco del mecanismo de solución de diferencias basado en normas de la OMC;

6.   Opina que, como medio para abordar las causas profundas de la crisis actual, es necesario que la OMC se adapte a un mundo cambiante, al tiempo que se resuelven algunos de los asuntos pendientes del Programa de Doha para el Desarrollo, especialmente en lo que concierne a la seguridad alimentaria; considera, por tanto, necesario:

   a) hacer frente a las actuales lagunas del código normativo, a fin de establecer unas condiciones de competencia equitativas en lo que respecta a las subvenciones distorsionadoras del mercado y a las empresas de propiedad estatal, así como de mantener al día la protección de la propiedad intelectual y el acceso al mercado de inversión; abordar también las cuestiones de la protección y la divulgación obligatoria del código fuente y otras actividades estatales que generan un exceso de capacidad, así como las barreras reglamentarias a los servicios y las inversiones, incluidas las transferencias de tecnología, los requisitos de las empresas conjuntas y los requisitos de contenido local; y supervisar la aplicación, la administración y el funcionamiento de los acuerdos existentes;
   b) crear el marco regulador necesario para hacer frente a la evolución tecnológica, abarcando el comercio electrónico, las cadenas de valor mundiales, la contratación pública, la actualización de la reglamentación nacional en el sector de los servicios, y las microempresas y pymes;
   c) dominar los retos medioambientales y sociales mundiales más acuciantes, garantizando una coherencia política sistémica entre las agendas comercial, laboral y medioambiental;
   d) celebrar, a este respecto, las declaraciones conjuntas que se adoptaron en Buenos Aires en relación con el comercio electrónico, la reglamentación nacional, la facilitación de la inversión y el empoderamiento económico de la mujer, así como el trabajo realizado sobre estas cuestiones desde entonces;

7.  Destaca la oportunidad para la Unión de mejorar la visibilidad de sus normas en materia de protección de la vida privada y de protección de datos a fin de promoverlas a escala internacional y de que se conviertan en una referencia en la elaboración de normas internacionales y multilaterales;

8.  Recuerda que el acceso a la contratación pública forma parte de las prioridades de la Unión en estas negociaciones comerciales y que, en este sentido, se esperan la realización de los compromisos de los miembros de la OMC de sumarse al Acuerdo sobre Contratación Pública y mejoras en el funcionamiento, así como el respeto de las disposiciones de dicho Acuerdo, en un espíritu de reciprocidad y de beneficios mutuos; observa que la plena efectividad de las potenciales mejoras en el marco de las ayudas estatales y el papel de las empresas públicas depende en buena parte de los progresos en este ámbito; pide a la Comisión que trabaje con los miembros inmersos en el proceso de adhesión al ACP para que redoblen sus esfuerzos a fin de ampliar los beneficios de la liberalización de la contratación entre los miembros de la OMC;

9.  Está convencido de que la actual diferenciación entre los países desarrollados y los países en desarrollo no refleja la realidad económica ni la situación efectiva en la OMC y que ello ha sido un obstáculo para el avance de la Ronda de Doha, en detrimento de los países más necesitados; insta a los países en desarrollo avanzados a que asuman su parte de responsabilidad y realicen contribuciones acordes con su nivel de desarrollo y competitividad (sectorial); toma nota de que el documento de reflexión de la Comisión pide que se creen normas conforme a las cuales los países en desarrollo abandonen su condición de países de renta baja conforme se enriquecen; considera que el mecanismo de trato especial y diferenciado debe reexaminarse de manera que refleje mejor los índices de desarrollo humano, en su calidad de herramienta política para que los países en desarrollo puedan vincular la ejecución de acuerdos multilaterales con la recepción de ayuda proveniente de países más ricos y organizaciones de donantes;

10.  Acoge con suma satisfacción la ratificación por parte de dos tercios de los miembros de la OMC del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) en febrero de 2017; muestra su convencimiento de que el AFC supone un ejemplo relevante y podría ser un modelo para futuros acuerdos de la OMC, teniendo en cuenta las diferencias en cuanto a desarrollo y necesidades de los miembros de la OMC; anima a los miembros de la OMC a asumir la responsabilidad y a mantener sus compromisos de acuerdo con su poder y capacidades reales en materia económica; considera que los próximos retos serán la completa ratificación del acuerdo, en especial por parte de los miembros de África que se prevé que se beneficien más del acuerdo, la ejecución efectiva del AFC y la notificación de la ayuda al desarrollo con arreglo al acuerdo;

11.  Reconoce que, en conjunto, la adhesión de China a la OMC en 2001 ha aumentado el acceso a su mercado nacional, lo que ha supuesto un beneficio para la economía mundial; expresa su preocupación por que China no aplique el espíritu y los principios de los postulados relativos al trato nacional de la OMC;

12.  Opina que es necesario revisar el funcionamiento del proceso de negociación introduciendo más flexibilidad que en la actualidad en el marco de la norma del consenso, al tiempo que reconoce que el enfoque del «todo único» ha limitado la eficacia de la gobernanza comercial multilateral; expresa su apoyo al concepto de multilateralismo flexible, por el que los miembros de la OMC interesados en proseguir con una determinada cuestión en la que aún no es posible el pleno consenso deben poder avanzar y celebrar acuerdos multilaterales, bien mediante los denominados acuerdos OMC del anexo 4, de conformidad con el artículo II, apartado 3, el artículo III, apartado 1, y el artículo X, apartado 9, del Acuerdo de Marrakech, o mediante acuerdos de «masa crítica» que amplíen las concesiones negociadas a los miembros de la OMC sobre una base de nación más favorecida (NMF); anima a la Comisión a que no use estos artículos como alternativa al diálogo constructivo con los miembros de la OMC para abordar los obstáculos al comercio y la reforma de la OMC y sus funciones; considera en este sentido que sus miembros deberían impulsar la capacitación de la OMC para garantizar que esté dotada de los recursos financieros y humanos adecuados a sus necesidades ampliadas, de manera que se mantenga la misma calidad de su trabajo; considera que, en general, las contribuciones monetarias de los miembros nuevos deben añadirse al presupuesto de la OMC y no derivar en la aplicación de cuotas inferiores a los miembros actuales;

13.  Reconoce que, si bien el multilateralismo basado en normas sigue siendo el elemento fundamental de la estructura de la OMC, hay margen para una cooperación plurilateral más flexible y profunda entre los Estados interesados en aquellos ámbitos en que el consenso se ha demostrado difícil de alcanzar; observa que dichos acuerdos deben complementar, y no socavar, la agenda multilateral y que no deben usarse como foros alternativos para hacer frente a los obstáculos al comercio sino como peldaños hacia el progreso a escala multilateral; solicita que se reanuden las negociaciones multilaterales, en particular el Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS), y pide normas especiales para las pymes en los acuerdos multilaterales y plurilaterales; destaca la importancia de que la OMC persevere y profundice en su labor de cooperación internacional con otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la OCDE, la Organización Mundial de Aduanas y la OIT, por citar solo algunas;

14.   Destaca el papel que el comercio puede y debe jugar en la contribución al desarrollo y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y de los compromisos del Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático; lamenta que el ABA se bloquease en 2016 y recuerda su potencial para ofrecer un acceso mejorado a las tecnologías ecológicas y ayudar a cumplir los citados compromisos; subraya que, más allá de las negociaciones sobre subvenciones en el sector pesquero, la OMC debe definir ahora la acción más concreta que debe adoptarse a este respecto para proteger la vida marina; recuerda que el concepto de la OMC de métodos de elaboración y producción ofrece posibilidades para establecer diferencias entre los llamados «productos similares» por lo que respecta a su repercusión medioambiental; sugiere que se dé un nuevo impulso al Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) con el mandato de elaborar criterios para luchar contra el parasitismo medioambiental y establecer vínculos más estrechos con la Secretaría de la CMNUCC;

15.  Reitera el vínculo existente entre la igualdad de género y el desarrollo inclusivo, como se señala también en el ODS n.º 5, recalcando que el empoderamiento de la mujer es indispensable para erradicar la pobreza y que la eliminación de los obstáculos a la participación de la mujer en el comercio es crucial para el desarrollo económico; acoge con satisfacción la atención creciente de la OMC a los asuntos relacionados con el comercio y las cuestiones de género, y anima a los 121 signatarios de la Declaración de Buenos Aires sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres de 2017 a que cumplan sus compromisos; hace hincapié en la necesidad de que exista un enfoque de género sistémico aplicable a todos los ámbitos para los que la OMC establece normas a modo de evaluaciones de impacto según el género; toma nota de la importancia de iniciativas como SheTrades para destacar el papel positivo de la mujer en el comercio y promover una mayor participación de la mujer en el comercio internacional en todo el mundo;

16.  Llama la atención sobre el sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en Ginebra en julio de 2017, titulado «Promover el comercio inclusivo y la conectividad para el desarrollo sostenible»; respalda la opinión de que esto debería traducirse en medidas concretas para facilitar el comercio electrónico, y convertir las oportunidades digitales, como la cadena de bloques, en realidades comerciales, también para los países en desarrollo; señala, a este respecto, que la inversión tanto en infraestructuras tanto físicas como digitales, crucial para la consecución de avances en este ámbito, sigue siendo un reto clave; pide, por lo tanto, a los miembros de la OMC que promuevan la inversión en infraestructuras tanto físicas como digitales, alentando, entre otras iniciativas, las asociaciones público-privadas;

17.  Reitera su petición a la Unión de que garantice que sus actividades con países en desarrollo, tanto en el ámbito del desarrollo como el del comercio, se basan en un marco equilibrado entre socios en pie de igualdad, se ajustan al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo consagrado en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y están dirigidas a promover y respetar los derechos humanos;

18.  Lamenta que la 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC no haya logrado avances en asuntos de fundamental importancia para los países en desarrollo; acoge con satisfacción, sin embargo, el refuerzo del trato preferente anteriormente conseguido en la OMC para los países menos desarrollados, incluyendo normas de origen preferenciales y un trato preferente para los proveedores de servicios, y destaca la necesidad de adoptar medidas de desarrollo de capacidades que permitirían que los proveedores de los países menos desarrollados se beneficiasen de la exención relativa a los servicios para los países menos desarrollados;

19.  Hace hincapié en que la transparencia es un elemento clave para garantizar un entorno de comercio y de inversión estable y previsible; cree que es importante aumentar la transparencia de los procedimientos de supervisión mediante el aumento de los incentivos para que los miembros de la OMC cumplan los requisitos de notificación, reduciendo su complejidad y gravámenes y proporcionando capacitación en caso necesario, a la vez que se debe proceder ante los incumplimientos intencionados y oponerse a ellos;

20.  Subraya que el papel de la Secretaría de la OMC en cuanto a la promoción y defensa de un enfoque ascendente aplicable a la participación activa de todos los miembros es fundamental y que debe reforzarse y flexibilizarse en apoyo de los diferentes procesos de negociación, así como en las funciones de ejecución y vigilancia; estima necesario el refuerzo de los medios y de los recursos financieros y humanos de la Secretaría de la OMC, e insta a los miembros de la OMC a cumplir con sus responsabilidades de manera recíproca a este respecto; opina que también debe darse un nuevo impulso al trabajo regular de los comités de la OMC dotando a sus presidentes de un papel más activo en el desarrollo y la propuesta de soluciones y acuerdos, que vaya por tanto más allá de simplemente moderar las contribuciones de los miembros, y que esta función ampliada debe contar con el apoyo de la Secretaría;

21.  Insta a los miembros de la OMC a que garanticen la legitimidad democrática y la transparencia, reforzando la dimensión parlamentaria de la OMC, y apoyen un memorando de entendimiento que establezca una relación de trabajo formal con la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC; destaca, a este respecto, la necesidad de garantizar que los diputados dispongan de un acceso pleno a las negociaciones comerciales y participen en la formulación y la aplicación de las decisiones de la OMC, y que las políticas comerciales se sometan a un control adecuado en interés de los ciudadanos;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y al director general de la OMC.

(1) Declaración ministerial de Doha (WT/MIN (01)/DEC/1) de 14 de noviembre de 2001 – https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm.
(2) DO C 259E de 29.10.2009, p. 77.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/spanish/news_s/news17_s/mc11_10dec17_s.htm
(6) https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/a4t_s/gr17_s/gr17programme_s.htm
(7) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
(8) http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


Informe de 2018 sobre Serbia
PDF 207kWORD 64k
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Serbia (2018/2146(INI))
P8_TA-PROV(2018)0478A8-0331/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia tras la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2003,

–  Vistos la declaración de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018, y su Programa de Prioridades de Sofía,

–  Vista la Decisión 2008/213/CE del Consejo(1), de 18 de febrero de 2008, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea con Serbia y por la que se deroga la Decisión 2006/56/CE,

–  Vistos el dictamen de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, sobre la solicitud de adhesión de Serbia a la Unión Europea (SEC(2011)1208), la decisión del Consejo Europeo de 2 de marzo de 2012 de conceder a Serbia el estatuto de país candidato y la decisión del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013 de entablar las negociaciones con Serbia,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Serbia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2013,

–  Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, y la Resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y acoge con satisfacción la disposición de la Unión a facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo,

–  Visto el Proceso de Berlín puesto en marcha el 28 de agosto de 2014,

–  Vistas la declaración y las recomendaciones adoptadas en la octava reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia, celebrada los días 13 y 14 de junio de 2018,

–  Visto el informe final de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH) sobre su misión de observación electoral limitada en las elecciones parlamentarias anticipadas celebradas en Serbia el 29 de julio de 2016,

–  Vista la misión de evaluación electoral de la OSCE/OIDDH sobre las elecciones presidenciales celebradas en Serbia el 2 de abril de 2017,

–  Visto el Informe de 2018 de la Comisión sobre Serbia, de 17 de abril de 2018 (SWD(2018)0152),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo», de 6 de febrero de 2018 (COM(2018)0065),

–  Vistas las conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero entre la Unión y los Balcanes Occidentales y Turquía, de 23 de mayo de 2017 (9655/17),

–  Vista la cuarta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Serbia, celebrada el 16 de noviembre de 2017,

–  Vista la octava reunión de la Conferencia de Adhesión con Serbia a nivel ministerial, celebrada el 25 de junio de 2018,

–  Vistos el informe de julio de 2015 del organismo de lucha contra la corrupción del Consejo de Europa (GRECO) sobre Serbia, y el informe de la Cuarta Ronda de Evaluación del GRECO sobre «Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales», de 20 de octubre de 2017,

–  Vistas la evaluación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, del programa de reforma económica de Serbia 2018-2020 (SWD(2018)0132) y las Conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero entre la UE y los Balcanes Occidentales adoptadas por el Consejo el 25 de mayo de 2018,

–  Visto el Dictamen de la Comisión de Venecia sobre el proyecto de enmienda a las disposiciones constitucionales relativas al poder judicial, de 25 de junio de 2018,

–  Visto el resultado de la encuesta de 2017 sobre la población romaní marginada en los Balcanes Occidentales, respaldada por la Comisión y realizada por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión titulado «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)»,

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia(2),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0331/2018),

A.  Considerando que Serbia, como todos los países que aspiran a adherirse a la UE, ha de ser juzgada por sus propios méritos en lo que se refiere al cumplimiento, aplicación y conformidad respecto al mismo conjunto de criterios, y que la calidad de las reformas necesarias, así como la dedicación prestada a estas, determina el calendario de adhesión; que la adhesión es, y seguirá siendo, un proceso basado en los méritos, totalmente dependiente de los progresos objetivos realizados por cada país, incluida Serbia;

B.  Considerando que desde el inicio de las negociaciones con Serbia se han abierto catorce capítulos, dos de los cuales se han cerrado provisionalmente;

C.  Considerando que Serbia ha demostrado un compromiso consecuente con la normalización de las relaciones con Kosovo, que se ha traducido en el Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, de 19 de abril de 2013, y en los acuerdos de agosto de 2015; que Serbia ha seguido participando en el diálogo;

D.  Considerando que Serbia ha contribuido a reforzar la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad, así como la paz y la estabilidad, la reconciliación y un clima propicio para abordar los problemas bilaterales pendientes del pasado;

E.  Considerando que Serbia ha mantenido su compromiso de crear una economía de mercado viable y ha seguido su trayectoria de cumplimiento de las obligaciones del AEA;

F.  Considerando que el Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales en los que se basa la UE y ocupa un lugar central tanto en el proceso de ampliación como en el proceso de estabilización y de asociación; que se precisan reformas para hacer frente a los importantes retos pendientes en este ámbito, en particular para garantizar un poder judicial independiente, imparcial, eficaz y que rinda cuentas, y para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, y proteger los derechos fundamentales;

G.  Considerando que Serbia ha ratificado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidos, en particular, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 (n.º 87), el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 (n.º 98) y el Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930 (n.º 29);

H.  Considerando que la situación relativa a la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación sigue siendo un motivo de especial preocupación que es preciso abordar de forma decidida y eficaz con carácter prioritario;

I.  Considerando que Serbia se beneficia de la ayuda de preadhesión en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II), con una dotación indicativa total de 722 millones de euros para el período 2014-2020; que una asignación indicativa revisada del IPA II para Serbia para el período 2018-2020 asciende a 728 millones de euros; que se ha concedido a Serbia una remuneración de rendimiento a medio plazo;

1.  Acoge con satisfacción el compromiso continuo de Serbia con la integración en la Unión Europea; pide a Serbia que, con el apoyo de la Comisión, promueva activamente esta decisión estratégica entre la opinión pública serbia y que siga aumentando la información oportuna y transparente y la visibilidad de la Unión y de los proyectos y programas que financia;

2.  Subraya que la aplicación rigurosa de las reformas y las políticas es un indicador clave del éxito del proceso de integración; pide a Serbia que mejore la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas políticas; celebra la adopción de una tercera revisión del programa nacional para la adopción del acervo de la UE y advierte de las consecuencias de transponer de forma inadecuada leyes importantes de la Unión relativas a la adaptación al acervo; acoge con satisfacción la evaluación de la Comisión que figura en su Comunicación titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales», según la cual, con una firme voluntad política, con la aplicación de reformas reales y sostenidas y soluciones definitivas a los conflictos con los países vecinos, Serbia podría adherirse a la Unión; pide al Consejo y a la Comisión que, siempre y cuando lo avalen los necesarios avances, en particular en el ámbito fundamental del Estado de Derecho, apoyen la apertura de los capítulos que ya estén preparados desde el punto de vista técnico y que agilicen el proceso general de negociaciones de adhesión;

3.  Celebra que haya concluido con éxito el proceso de programación del IPA 2018 y la firma del acuerdo de financiación para el IPARD II; pide a la Comisión que, al diseñar el nuevo Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA III), incluya disposiciones adecuadas para prever la posible adhesión de Serbia a la Unión;

4.  Acoge con satisfacción los progresos realizados por Serbia para desarrollar una economía de mercado operativa, garantizar el crecimiento económico y preservar la estabilidad macroeconómica y monetaria; destaca que Serbia ha realizado importantes avances para corregir algunas de las deficiencias políticas que han constituido un problema en el pasado, en particular a través de la consolidación presupuestaria; destaca, no obstante, que el desempleo, la fuga de cerebros y la inactividad económica siguen siendo elevados; pide a Serbia que desarrolle un plan sostenible para el futuro de las empresas públicas; pone de relieve la importancia capital de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para la economía serbia y pide un entorno empresarial más transparente y menos gravoso; apoya la adhesión de Serbia a la Organización Mundial del Comercio (OMC);

5.  Expresa su preocupación por el persistente desempleo y subraya la importancia de la formación y del desarrollo de las competencias empresariales entre los jóvenes; pide a Serbia que mejore la situación de las mujeres en el mercado de trabajo; pide a Serbia que refuerce el diálogo tripartito; pide que se modifique la ley sobre las contribuciones al seguro social obligatorio y la ley sobre el seguro de enfermedad para evitar la discriminación de los pequeños productores agrícolas;

6.  Toma nota de las elecciones presidenciales del 2 de abril de 2017; acoge con satisfacción el desarrollo general de las elecciones y pide a las autoridades que garanticen la aplicación de las normas internacionales; pide a las autoridades que aborden y apliquen en su totalidad las recomendaciones de la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH, en particular para garantizar la igualdad de condiciones durante el periodo de campaña, y que entablen un diálogo con las misiones nacionales independientes de observación electoral; pide a las autoridades que investiguen de manera apropiada las denuncias de irregularidades, violencia e intimidación registradas durante procesos electorales en el pasado; observa con preocupación la falta de transparencia en la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales; señala que la financiación de los partidos políticos ha de ser transparente y respetar las normas internacionales;

7.  Pide a Serbia una mayor adaptación a la política exterior y de seguridad de la Unión, incluida su política sobre Rusia, también en el seno de las Naciones Unidas; se felicita de la importante contribución y continua participación de Serbia en varias misiones y operaciones en el marco de la política común de seguridad y defensa (PCSD) de la Unión (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), con la participación de Serbia en cuatro de las seis misiones u operaciones militares llevadas a cabo actualmente por la Unión; expresa su preocupación, sin embargo, por la continuada cooperación militar de Serbia con Rusia y Bielorrusia;

8.  Alaba el enfoque constructivo de Serbia en la gestión de los efectos de la crisis migratoria y de los refugiados, así como los importantes esfuerzos realizados por el país para proporcionar refugio y ayuda humanitaria, principalmente con el apoyo de la Unión; celebra la adopción, por Serbia, de la nueva ley de asilo, la ley de extranjería y la ley de control de fronteras; insta a Serbia a que adapte progresivamente su política de visados a la de la Unión; observa con preocupación que la política de visados no armonizada de Serbia ha abierto una posibilidad de migración ilegal y contrabando hacia países de la UE, así como hacia terceros países vecinos; insta a Serbia a que establezca un mecanismo de retorno de los migrantes en situación irregular que se ajuste al acervo de la Unión y que siga mejorando su capacidad para atender a las necesidades de los menores no acompañados; pide a Serbia que encuentre una solución viable para los refugiados procedentes de países vecinos, también por lo que se refiere a sus necesidades de alojamiento y acceso al trabajo y a la educación;

Estado de Derecho

9.  Urge a Serbia a que intensifique sus esfuerzos de reforma en el ámbito del Estado de Derecho, y en particular para garantizar la independencia y la eficacia global del sistema judicial; subraya que debe prestarse especial atención a que la reforma en este ámbito se lleve a cabo de forma eficaz; observa que, aunque se ha avanzado en la reducción de la acumulación de antiguos asuntos de ejecución, y en la adopción de medidas para armonizar la práctica judicial, la independencia judicial en Serbia no está plenamente garantizada y el alcance de la influencia política sobre el poder judicial sigue siendo motivo de preocupación; pide a Serbia que refuerce la rendición de cuentas, la imparcialidad, la profesionalidad y la eficacia general del poder judicial, y que establezca un sistema de asistencia jurídica gratuita que garantice una amplia gama de proveedores de asistencia jurídica sin cargo; pide que se apliquen todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

10.  Insiste en la importancia de intensificar la lucha contra la corrupción, e insta a Serbia a que dé muestras de su compromiso claro de atajar este problema; celebra la adopción de la ley sobre la organización y la jurisdicción de las autoridades gubernamentales para suprimir la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción; acoge con satisfacción que se hayan aprobado las modificaciones del capítulo relativo a los delitos económicos del Código Penal serbio y anima a Serbia a que las aplique plenamente, incluida la modificación relativa al abuso de poder, a fin de evitar todo abuso; pide la aplicación continua de la estrategia y el plan de acción nacionales de lucha contra la corrupción; reitera su llamamiento a Serbia para que adopte sin demora una nueva ley sobre su Agencia de Lucha contra la Corrupción con el fin de mejorar la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas políticas, así como de las ya vigentes; subraya que es fundamental que la Agencia reciba y mantenga los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su mandato de manera independiente; subraya que los miembros de la Agencia deben ser elegidos con arreglo a los principios de transparencia y ausencia de conflicto de intereses o de afiliación política; pide a las autoridades que cubran todas las vacantes de la Agencia; pide a Serbia que siga mejorando su historial en lo que respecta a la instrucción, acusación y condena final de los casos de corrupción de alto nivel y que publique regularmente estadísticas sobre los resultados de las investigaciones en todos los casos de presunta corrupción de funcionarios;

11.  Pide a las autoridades serbias que apliquen las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO); pide al Parlamento serbio que atienda a las recomendaciones sobre la prevención de la corrupción y los conflictos de intereses, y que adopte el Código de Conducta;

12.  Reconoce que se han realizado algunos progresos en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y celebra el papel activo de Serbia en la cooperación policial y judicial internacional y regional; pide a Serbia que muestre un mayor compromiso y aporte resultados tangibles en esta lucha, especialmente a través de un historial convincente de investigaciones, enjuiciamientos y condenas en casos de delincuencia organizada, incluida la trata ilegal y el tráfico de migrantes de Serbia a la UE y a países terceros, asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, ciberdelincuencia, flujos financieros en apoyo de actividades terroristas y blanqueo de dinero; pide a Serbia que siga aplicando en su totalidad el plan de acción acordado con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); llama la atención sobre el creciente número de agresiones delictivas y pide su resolución a través de la plena cooperación con las autoridades judiciales;

Democracia y diálogo social

13.  Destaca que el Parlamento serbio todavía no realiza una supervisión efectiva del poder ejecutivo, y que la transparencia, la inclusividad y la calidad del proceso legislativo deben seguir mejorándose; acoge con satisfacción el hecho de que haya disminuido el recurso a los procedimientos de urgencia para la adopción de legislación; hace hincapié, no obstante, en que los procedimientos de urgencia todavía se usan y dificultan el control parlamentario y público; destaca que debe evitarse toda actuación que limite la capacidad del Parlamento serbio para debatir eficazmente sobre la legislación y ejercer un control sobre esta; subraya la importancia del trabajo de la oposición en una democracia y destaca que sus políticos no deben ser objeto de calumnias y difamaciones; manifiesta su preocupación por el hecho de que algunos políticos están haciendo un mal uso del discurso público para alimentar el creciente radicalismo; pide medidas adicionales para garantizar el diálogo entre los partidos y la participación efectiva de la sociedad civil; pide al Parlamento serbio que revise la práctica del obstruccionismo y si esta frena el debate democrático; acoge con satisfacción los continuos esfuerzos del Parlamento serbio para mejorar la transparencia a través de debates sobre las posiciones de negociación de Serbia sobre los capítulos de adhesión a la Unión, así como de los intercambios con el equipo negociador principal y con la Convención Nacional sobre la Unión Europea; pone de relieve que debe reconocerse y respaldarse plenamente el papel de los organismos reguladores independientes, como el Defensor del Pueblo serbio, la Agencia de Lucha contra la Corrupción, la Autoridad Nacional de Auditoría y el Comisionado de Información de Importancia Pública y Protección de Datos Personales; pide al Parlamento serbio que se comprometa con la aplicación de las conclusiones y recomendaciones de los organismos reguladores independientes, en particular las del Defensor del Pueblo; recuerda que uno de los pilares del modelo social europeo es el diálogo social y que la consulta periódica entre el Gobierno y los interlocutores sociales es fundamental para prevenir tensiones y conflictos sociales; subraya que es esencial que el diálogo social vaya más allá del intercambio de información y que debe consultarse a las partes interesadas sobre las leyes importantes antes de ser sometidas al procedimiento parlamentario;

14.  Acoge con satisfacción la presentación del proyecto de reforma constitucional del poder judicial de Serbia a la Comisión de Venecia para recabar su opinión; subraya la importancia de aplicar plenamente las recomendaciones de la Comisión de Venecia; anima a las autoridades serbias a que participen en un debate público amplio, inclusivo y significativo, llevado a cabo de manera constructiva, a fin de mejorar el grado de conocimiento del proceso de reforma constitucional en el país; pide una amplia consulta pública antes de que el proyecto definitivo se presente al Parlamento serbio;

15.  Celebra los progresos de Serbia en la reforma de su administración pública, en particular mediante la adopción de varias leyes nuevas sobre los salarios de la función pública y las relaciones laborales, sobre los gobiernos locales y los salarios de las provincias autónomas, y sobre la academia nacional de formación; destaca que la influencia política en la designación de altos cargos directivos sigue siendo un asunto preocupante; pide a Serbia que modifique la ley de la función pública para garantizar la neutralidad de la administración pública; toma nota de que el refuerzo de las capacidades administrativas a todos los niveles es importante para el éxito en la aplicación de reformas clave; se congratula de la creación de un Ministerio de Integración Europea que incorpora las estructuras de la antigua Oficina de Integración Europea de Serbia, que ha continuado ofreciendo orientación política para la integración europea;

Derechos humanos

16.  Subraya la existencia de un marco legislativo e institucional para la defensa de los derechos humanos; insiste en que ese marco debe aplicarse de forma coherente y eficaz en todo el país; pide a Serbia que adopte la nueva ley de protección de datos y garantice que esté en plena consonancia con las normas y mejores prácticas de la Unión; observa que es necesario hacer continuos esfuerzos adicionales para mejorar la situación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, como los menores, las personas con discapacidad, las personas afectadas por el VIH/sida y el colectivo LGBTI; condena la persistencia de los delitos motivados por el odio contra romaníes y personas LGBTI; pide a Serbia que prosiga activamente la instrucción, enjuiciamiento y condena de los delitos motivados por el odio; pide a las autoridades serbias que fomenten un clima de tolerancia y condenen todas las formas de incitación al odio y de aprobación pública y negación del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra;

17.  Insta a Serbia a que refuerce el papel y la capacidad de sus autoridades respecto a la protección de los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, y a que garantice una mejor cooperación entre la policía, los fiscales y los servicios sociales a este respecto; acoge con satisfacción la ratificación por parte de Serbia del Convenio de Estambul y la reciente evolución de las medidas para la protección de los niños frente a la violencia, incluido el anuncio del Gobierno de la creación de un defensor del pueblo para los niños, y pide a las autoridades que supervisen los efectos de la legislación y otras medidas; subraya que aún persisten deficiencias en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, e insta al Gobierno a que adopte una estrategia nacional sobre las personas con discapacidad;

18.  Insta encarecidamente a las autoridades serbias a que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar la libertad de expresión y de los medios de comunicación; acoge con satisfacción el establecimiento del nuevo grupo de trabajo dedicado a la elaboración del proyecto de estrategia de medios de comunicación; destaca que las amenazas, la violencia y la intimidación de que son víctimas los periodistas y los medios de comunicación, incluido el acoso administrativo y la intimidación a través de procedimientos judiciales, siguen siendo un asunto preocupante; pide a los funcionarios que sean coherentes a la hora de condenar públicamente cualquier forma de intimidación de los periodistas y que se abstengan de toda injerencia en las actividades de los medios de comunicación y de los periodistas, también en el marco de las elecciones; observa a este respecto que, si bien se han resuelto varios casos y formulado algunas acusaciones penales, las condenas siguen siendo poco frecuentes; acoge con satisfacción la labor del grupo de trabajo permanente que se creó en virtud del Acuerdo sobre cooperación y medidas para aumentar la seguridad de los periodistas y pide a las autoridades que demuestren su pleno compromiso de investigar y enjuiciar los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación; solicita que se apliquen plenamente las leyes sobre los medios de comunicación y sobre el refuerzo de la independencia del organismo serbio regulador de los medios de comunicación electrónicos; acoge con satisfacción los renovados esfuerzos para adoptar una estrategia de medios de comunicación para crear un entorno mediático plural, y destaca, a este respecto, la importancia de una consulta transparente e inclusiva con las partes interesadas; subraya la necesidad de absoluta transparencia por lo que respecta a la propiedad y la financiación de los medios de comunicación; pide que se adopten políticas que protejan los medios de comunicación y programas en las lenguas de las minorías nacionales que viven en Serbia;

19.  Pide a las autoridades serbias que refuercen la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres y los grupos de defensa de los derechos humanos, cuyo papel es clave para el buen funcionamiento de la democracia; condena las campañas negativas y las restricciones contra determinadas organizaciones de la sociedad civil; pide la adopción de una estrategia nacional y un plan de acción conexo para regular el entorno en el que operan las organizaciones de la sociedad civil; considera que se requieren mayores esfuerzos para garantizar una cooperación sistemática entre el Gobierno y la sociedad civil y pide que se preste mayor atención a la elaboración y aplicación de la legislación en ámbitos que afectan a la sociedad civil;

20.  Observa algunos avances en los supuestos de demolición ilegal de propiedades privadas y la privación de la libertad de movimiento en el barrio de Belgrado de Savamala en abril de 2016; pide que se resuelvan y que se coopere plenamente con las autoridades judiciales en las investigaciones para llevar a los autores ante la justicia;

Respeto y protección de las minorías

21.  Celebra la adopción de un plan de acción para la concretización de los derechos de las minorías nacionales, así como la adopción de un decreto relativo a la creación de un fondo para las minorías nacionales; pide al Gobierno serbio que aplique plenamente todos los tratados internacionales que guardan relación con los derechos de las minorías; hace hincapié en que el progreso en el ámbito de la salvaguardia de los derechos de las minorías nacionales no es satisfactorio, y solicita la plena aplicación del plan de acción, así como la mejora de la coordinación y la inclusión de las partes interesadas, incluidos los países vecinos con respecto a las necesidades de transporte y comunicación; observa que el fondo para las minorías nacionales está operativo, y que su financiación se ha incrementado; acoge con satisfacción la adopción de leyes cruciales sobre el marco de los derechos de las minorías; reitera su llamamiento a Serbia para que garantice la aplicación coherente de la legislación relativa a la protección de las minorías, en particular en relación con la educación y la cultura, el uso de las lenguas minoritarias, la representación en la administración pública y el poder judicial, y el acceso continuo a los medios de comunicación y los servicios religiosos en las lenguas minoritarias; reconoce la activa participación de las minorías nacionales del país en los ciclos electorales, y pide la adopción de políticas que garanticen su justa representación política en la Asamblea Nacional de Serbia; pide que se aplique plenamente el derecho a la inscripción oportuna de los nacimientos; subraya que la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos los de las minorías nacionales, es un requisito previo para adherirse a la Unión;

22.  Destaca que la diversidad cultural de Voivodina contribuye a la identidad de Serbia; destaca que debe preservarse la autonomía de Voivodina y que es necesario aprobar, sin demora, la ley sobre los recursos para su financiación, tal como prescribe la Constitución;

23.  Celebra la adopción de la nueva estrategia 2016-2025 para la integración social de la población romaní, junto con un plan de acción que abarca la educación, la sanidad, la vivienda y el empleo; celebra que la estrategia reconozca que las mujeres romaníes se enfrentan a una discriminación especial; insta a Serbia a que establezca objetivos e indicadores claros para supervisar la aplicación de la nueva estrategia; expresa su preocupación por la elevada tasa de abandono escolar de las niñas romaníes; observa que la mayoría de los romaníes sufre exclusión social y se enfrenta a violaciones sistemáticas de sus derechos; pide la plena aplicación de la nueva estrategia para la integración social de la población romaní, así como del plan de acción; destaca la importancia de formular políticas que combatan la discriminación contra la población romaní y el antigitanismo; pide que se permita una participación pública y política significativa y en todos los niveles de la población romaní;

Cooperación regional y relaciones de buena vecindad

24.  Celebra que Serbia mantenga su compromiso de desarrollar relaciones bilaterales constructivas con otros países candidatos y Estados miembros vecinos; acoge con satisfacción que Serbia haya mantenido su compromiso en una serie de iniciativas de cooperación regional, como el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental, el Consejo de Cooperación Regional, el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, la Iniciativa Adriático-Jónica, las estrategias macrorregionales de la Unión Europea para la región del Danubio, la Estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico, el Proceso de Brdo-Brijuni, la iniciativa de los Balcanes Occidentales de los Seis, junto con su agenda de conectividad, y el Proceso de Berlín; celebra los resultados de la iniciativa de los Balcanes Occidentales de los Seis hasta la fecha y pide que se siga desarrollando el espacio económico regional; reitera su llamamiento a Serbia para que aplique las medidas de reforma en materia de conectividad que conlleva la agenda de conectividad; acoge con satisfacción los esfuerzos de Serbia para dar prioridad a las inversiones en infraestructuras y subraya la importancia de incrementar la conectividad en la región; señala que es necesario redoblar los esfuerzos para el desarrollo económico y social de las regiones fronterizas a fin de evitar su despoblación; respalda la propuesta de reducir las tarifas de itinerancia en los Balcanes Occidentales; destaca que los litigios bilaterales pendientes no deben repercutir negativamente en el proceso de adhesión; apoya firmemente el compromiso de los socios de los Balcanes Occidentales de seguir reforzando las relaciones de buena vecindad, la estabilidad regional y la cooperación mutua; recuerda que la UE está decidida a reforzar e intensificar su compromiso de apoyo a la transformación de la región;

25.  Celebra la adopción de una estrategia nacional para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra; toma nota de la adopción de la estrategia para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra e insta a Serbia a que ponga en práctica todas las actividades previstas; acoge con satisfacción el nombramiento, en mayo de 2017, de un nuevo fiscal para los crímenes de guerra; pide una vez más la aplicación de esta estrategia, en particular a través de la formulación de acusaciones, y la adopción de una estrategia operativa de procesamiento; pide a Serbia que investigue efectivamente todos los casos de crímenes de guerra, en particular los que sean de primer orden, y que coopere con sus socios regionales en estos casos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen esfuerzos adicionales para resolver esta cuestión en el proceso de negociación entre la Unión y Serbia; insta a las autoridades a que sigan abordando el problema de las personas desaparecidas durante las guerras de la década de 1990; solicita a Serbia que coopere plenamente con el actual Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales; insta a las autoridades serbias a que sigan trabajando en la cuestión del paradero de las personas desaparecidas, incluida la apertura de los archivos estatales relacionados con el período de guerra; insta a Serbia a que prepare un sistema de compensación para las víctimas y sus familias; reitera su apoyo a la iniciativa de establecer una comisión regional para determinar los hechos relativos a los crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia; destaca la importancia de la labor llevada a cabo por la Oficina Regional de Cooperación Juvenil y sus secciones locales en el fomento y la reconciliación entre los jóvenes; pide que se introduzcan nuevas modificaciones de la ley de restitución y destaca la importancia de que el trato de los solicitantes de restitución no sea discriminatorio respecto del dispensado a otros beneficiarios, en particular en el ámbito del registro de propiedad pública;

26.  Lamenta la denegación reiterada del genocidio de Srebrenica por parte de algunas autoridades serbias; les recuerda que el hecho de cooperar plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y su sucesor, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, también implica la plena aceptación y aplicación de sus sentencias y decisiones; destaca que el reconocimiento del genocidio de Srebrenica es un paso fundamental en el camino de Serbia hacia la adhesión a la Unión Europea;

27.  Celebra la participación continua de Serbia en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, así como su compromiso con la aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo facilitado por la Unión; acoge con satisfacción el hecho de que el presidente serbio haya puesto en marcha un diálogo interno en Kosovo; reitera su llamamiento para que se avance en la plena aplicación, de buena fe y de forma oportuna, de todos los acuerdos ya alcanzados, incluidos los acuerdos en materia de energía, y anima a ambas partes a proseguir con determinación el proceso de normalización; destaca la importancia de crear una asociación/comunidad de municipios de mayoría serbia; insiste en que ha de agilizarse el trabajo relativo a una nueva fase del diálogo para lograr la normalización general de las relaciones entre Serbia y Kosovo, que deberá definirse en el marco de un acuerdo jurídicamente vinculante; reitera su llamamiento al SEAE para que lleve a cabo una evaluación de la actuación de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones; condena sin reservas el asesinato del político serbokosovar Oliver Ivanović, y hace hincapié en la necesidad de una verdadera cooperación entre los investigadores kosovares y serbios, así como de apoyo internacional, a fin de que los autores sean llevados ante la justicia;

28.  Toma nota del debate en curso y las declaraciones públicas sobre las posibles modificaciones de la frontera entre Serbia y Kosovo, incluidos los intercambios de territorios; subraya la naturaleza multiétnica tanto de Kosovo como de Serbia y que el objetivo de la región no debe ser la consecución de Estados étnicamente homogéneos; apoya el diálogo facilitado por la Unión como marco para alcanzar un acuerdo global de normalización entre Serbia y Kosovo; considera que cualquier acuerdo solo será admisible si lo aceptan ambas partes, teniendo en cuenta la estabilidad general de la región y el Derecho internacional;

29.  Expresa su preocupación por las reiteradas declaraciones de políticos de alto rango que ponen en tela de juicio la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina, y condena toda forma de retórica nacionalista encaminada a favorecer su desintegración;

Energía y transporte

30.  Pide a Serbia que aplique plenamente las medidas de reforma en materia de conectividad en el sector de la energía; anima a Serbia a que sea más competitiva en el mercado del gas y a que cumpla las obligaciones correspondientes relativas a la desagregación según lo contemplado en el tercer paquete energético; pide a Serbia que desarrolle su política energética para reducir la dependencia de las importaciones de gas ruso; se congratula de los esfuerzos del país para fomentar las inversiones en los ámbitos de la eficiencia energética y la energía renovable; recuerda que la legislación sobre el uso eficiente de la energía no se ajusta plenamente a las correspondientes Directivas de la Unión; pide a Serbia que diversifique sus fuentes de energía reorientándolas hacia otras renovables;

31.  Pide al Gobierno serbio que adopte las medidas necesarias para preservar las zonas protegidas en relación, en particular, con el desarrollo de centrales hidroeléctricas en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, como el Parque Natural de Stara Planina; pide, en este contexto, que se realicen evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas basadas en las normas de la Unión contempladas en las Directivas sobre aves y hábitats y en la Directiva marco sobre el agua; Insta al Gobierno serbio a que aumente la transparencia de los proyectos previstos a través de una participación y consulta públicas en las que participen todas las partes interesadas;

32.  Se felicita por el compromiso conjunto firmado entre Serbia y Bulgaria el 17 de mayo de 2018, con ocasión de la cumbre de líderes de los Balcanes Occidentales celebrada en Sofía, para construir un interconector de gas entre ambos países y la adopción del paquete IPA 2018, que incluye el proyecto de infraestructura de importancia estratégica «Autopista de la paz Nis-Merdare-Pristina», que permitirá una mejor conexión de transporte entre Serbia central y Kosovo y que tiene una importancia simbólica para las relaciones en la región;

33.  Manifiesta su profunda preocupación por el alarmante nivel de contaminación atmosférica de Serbia, a raíz del cual, según datos de la Organización Mundial de la Salud, fallecieron en 2016 unas 6 500 personas a causa de enfermedades respiratorias; pide a las autoridades serbias, a este respecto, que emprendan las medidas necesarias a corto plazo para hacer frente a esta situación y que reformen eficazmente a medio y largo plazo las políticas de transporte y movilidad en las grandes ciudades;

o
o   o

34.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Serbia.

(1) DO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
(2) DO C 331 de 18.9.2018, p. 71.


Informe de 2018 sobre Kosovo
PDF 205kWORD 61k
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Kosovo (2018/2149(INI))
P8_TA-PROV(2018)0479A8-0332/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vistos la Declaración de Sofía de la Cumbre UE‑Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018, y el Programa de Prioridades de Sofía anejo,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo, en vigor desde el 1 de abril de 2016,

–  Visto el programa europeo de reforma para Kosovo, presentado en Pristina el 11 de noviembre de 2016,

–  Visto el acuerdo marco con Kosovo sobre su participación en los programas de la Unión, en vigor desde el 1 de agosto de 2017,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de febrero de 2018, titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales» (COM(2018)0065),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, sobre la política de ampliación de la Unión (COM(2018)0450) y el documento de trabajo que la acompaña, el Informe de 2018 sobre Kosovo (SWD(2018)0156),

–  Vistos el primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones entre los Gobiernos de Serbia y Kosovo, de 19 de abril de 2013, y otros acuerdos de Bruselas celebrados en el marco del diálogo facilitado por la Unión para la normalización de las relaciones, en particular el protocolo sobre la gestión integrada de las fronteras, el marco jurídico relativo a la Asociación o Comunidad de municipios de mayoría serbia y los acuerdos sobre energía y sobre el puente de Mitrovica,

–  Vista la integración en el sistema judicial kosovar de jueces, fiscales y personal administrativo serbokosovares, en consonancia con el acuerdo en materia de justicia alcanzado en febrero de 2015,

–  Vista la Decisión (PESC) 2018/856 del Consejo, de 8 de junio de 2018, por la que se modifica la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX KOSOVO)(1), que también prorrogó la duración de la misión hasta el 14 de junio de 2020,

–  Vistos el informe anual de 2017 sobre las misiones y operaciones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y el informe de evolución de EULEX en materia de pactos de 2017,

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre las actividades en curso de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), incluido el informe más reciente, de 1 de mayo de 2018, y el informe sobre las operaciones de la Fuerza de Kosovo (KFOR), de 7 de febrero de 2018,

–  Vistas la evaluación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, del programa de reforma económica de Kosovo 2018‑2020 (SWD(2018)0133) y las Conclusiones conjuntas del Consejo del diálogo económico y financiero entre la UE y los Balcanes Occidentales y Turquía, de 25 de mayo de 2018,

–  Vistos sendos informes finales de las correspondientes misiones de observación electoral de la Unión sobre las elecciones legislativas del 11 de junio de 2017 en Kosovo y sobre las elecciones a la alcaldía y municipales del 22 de octubre de 2017 en Kosovo,

–  Vista la cuarta reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE‑Kosovo, celebrada en Estrasburgo los días 17 y 18 de enero de 2018,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de mayo de 2016, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo) (COM(2016)0277), así como el cuarto informe de la Comisión, de 4 de mayo de 2016, sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2016)0276),

–  Vista la ratificación del acuerdo de delimitación de la frontera entre Kosovo y Montenegro por los Parlamentos de Montenegro y Kosovo,

–  Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, y la Resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, en la que se reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y se acoge con satisfacción la disposición de la Unión a facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo,

–  Vistos los resultados de la encuesta de 2017 sobre la población romaní marginada en los Balcanes Occidentales, elaborada por la Comisión, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016‑2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la Unión (2016‑2020)) (SWD(2015)0182),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Kosovo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8‑0332/2018),

A.  Considerando que es necesario un esfuerzo sustancial y constante, respaldado por un diálogo constructivo entre las distintas fuerzas políticas, así como con los países vecinos, a fin de prepararse para los retos que conlleva la adhesión a la Unión;

B.  Considerando que cada país candidato es juzgado caso por caso en función de sus propios méritos y que la rapidez y la calidad de las reformas son los factores que determinan el calendario de adhesión;

C.  Considerando que 114 países, incluidos 23 de los 28 Estados miembros de la Unión, reconocen la independencia de Kosovo;

D.  Considerando que la Unión ha demostrado reiteradamente su voluntad de colaborar en el progreso económico y político de Kosovo sobre la base de una perspectiva europea clara, al mismo tiempo que Kosovo ha mostrado su deseo de proseguir la senda hacia la integración europea;

E.  Considerando que, debido a una persistente polarización entre los partidos políticos del país, los avances de Kosovo han sido discretos en lo que respecta a las reformas relacionadas con la Unión, las cuales son de vital importancia para seguir avanzando en el proceso de adhesión a esta;

F.  Considerando que el auge de la economía informal en Kosovo impide el establecimiento de una economía viable en el conjunto del país;

G.  Considerando que las Salas Especializadas y Fiscalía Especializada para Kosovo de La Haya son plenamente operativas en el ámbito judicial desde el 5 de julio de 2017;

H.  Considerando que el 8 de junio de 2018 el Consejo decidió reorientar y prorrogar el mandato de la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho (EULEX) en Kosovo poniendo término a la parte judicial ejecutiva del mandato de la misión; que se estableció como nueva fecha de fin del mandato el 14 de junio de 2020;

I.  Considerando que Kosovo es el único país de los Balcanes Occidentales cuyos ciudadanos siguen necesitando visado para acceder al espacio Schengen;

1.  Acoge con satisfacción los importantes actos legislativos aprobados en el marco del programa europeo de reforma y pide su plena aplicación; considera que debe alcanzarse un consenso entre los partidos para aprobar reformas fundamentales relacionadas con la Unión; espera con interés la adopción de un nuevo programa europeo de reforma en 2019;

2.  Señala, no obstante, la lentitud observada en la ejecución de reformas fundamentales a causa de la falta de consenso entre los partidos y la continua polarización política; observa que esta situación ha mermado la capacidad de la Asamblea y del Gobierno de llevar a cabo reformas duraderas y sostenibles; condena el obstruccionismo de algunos parlamentarios; pide a todos los partidos políticos que entablen un diálogo político integrador; hace hincapié en la necesidad de mejorar la supervisión eficaz del poder ejecutivo por parte de la Asamblea, así como la transparencia y la calidad de la legislación, en particular garantizando una participación activa y constructiva y limitando el uso de procedimientos urgentes a la hora de aprobar leyes; insta al consenso en lo que respecta a las reformas relacionadas con la adhesión a la Unión;

3.  Celebra que se hayan producido algunos avances en lo que a las administraciones públicas respecta, si bien subraya la necesidad de más reformas; pide en especial que se despolitice y reestructure la Administración del Estado;

4.  Celebra que en marzo de 2018 se ratificase por fin el acuerdo de delimitación de la frontera con Montenegro de agosto de 2015, lo que supone un avance en la senda de las relaciones de buena vecindad; subraya la importancia de esta medida con vistas a la liberalización del régimen de visados;

5.  Insta a las autoridades kosovares a que aborden de forma exhaustiva las deficiencias detectadas anteriormente en materia electoral, en particular la falta de transparencia y rendición de cuentas en lo relativo a la financiación de los partidos políticos y las campañas, así como las denuncias de intimidación generalizada a los votantes, en especial en muchas comunidades serbokosovares, mediante la promulgación de medidas legislativas y administrativas oportunas para dar seguimiento a las recomendaciones pendientes tanto de las misiones de observación electoral de la Unión y del Parlamento Europeo como de la Comisión de Venecia con suficiente antelación respecto de la próxima ronda de elecciones, a fin de garantizar que están plenamente armonizadas con las normas internacionales; acoge con satisfacción los avances en la Administración electoral en materia de igualdad de género y pide a Kosovo que redoble sus esfuerzos por elevar la participación política femenina y reforzar el marco jurídico general;

6.  Manifiesta su profunda preocupación por la financiación insuficiente del poder judicial de Kosovo y su corrupción generalizada, así como los elementos de captura del Estado, el ejercicio de influencia política indebida y la falta de respeto del principio de juicio justo y las garantías procesales, también en casos de extradición; subraya la importancia que revisten los procesos de reforma en relación con el Estado de Derecho, con especial hincapié en la independencia, la eficacia y la necesidad de seguir reforzando la protección de testigos;

7.  Recalca que un poder judicial representativo y una aplicación uniforme del Derecho de Kosovo constituyen requisitos indispensables para la corrección del funcionamiento incoherente, lento e ineficaz de la Justicia; celebra la integración en el sistema judicial kosovar de jueces, fiscales y personal administrativo serbokosovares, en consonancia con el acuerdo en materia de justicia alcanzado en 2015 entre Serbia y Kosovo; estima que el poder judicial sigue siendo vulnerable a injerencias políticas indebidas y que es preciso seguir trabajando al objeto de reforzar la capacidad y garantizar la responsabilidad disciplinaria de jueces y fiscales, en particular sometiendo a una revisión funcional de calado del sistema judicial a todos los jueces, fiscales, altos cargos de la Policía e investigadores penales; acoge con satisfacción la creación en noviembre de 2017 de la Comisión Gubernamental de Reconocimiento y Verificación de su Condición de las Víctimas de Violencia Sexual durante el Conflicto de Kosovo;

8.  Señala que la corrupción y la criminalidad organizada, en particular la trata de seres humanos, el narcotráfico y la delincuencia informática, siguen siendo problemas preocupantes para los que es necesario coordinar esfuerzos; acoge con satisfacción los primeros avances logrados en la mejora del balance en lo que respecta a la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción de alto nivel y de delincuencia organizada; espera que se desplieguen esfuerzos de manera decidida y sostenida en el marco de las obligaciones que conlleva el proceso de adhesión a la Unión; acoge con satisfacción el constante empeño del Defensor del Pueblo por reforzar su capacidad para examinar casos;

9.  Pide que se establezca un mejor marco jurídico y se refuerce la capacidad y eficacia en materia de procesamiento al objeto de poder aplicar un enfoque global a las investigaciones y los enjuiciamientos, lo que debería reflejarse en la inmovilización, confiscación y recuperación de activos, así como en condenas firmes en casos de corrupción de alto nivel, de delincuencia organizada, y de delitos económicos, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; solicita garantías de independencia en la actuación policial y judicial, así como medidas preventivas de lucha contra la corrupción en distintos sectores; considera que son necesarias más medidas para garantizar una mejor cooperación y coordinación entre las instituciones policiales y judiciales, así como para dotar al poder judicial de las mayores independencia y rendición de cuentas posibles; pide a Kosovo que respete los procedimientos internacionales y las normas sobre la extradición de extranjeros, estableciendo las medidas necesarias para impedir casos como el de los seis nacionales turcos deportados de Kosovo a Turquía a finales de marzo de 2018; acoge con satisfacción, a este respecto, la decisión de la Asamblea de Kosovo de crear una comisión de investigación para investigar este caso;

10.  Pide una auténtica cooperación judicial y policial de carácter constructivo entre las autoridades de Kosovo y de Serbia; considera que la pertenencia de Kosovo a la Interpol y una mayor cooperación con la Europol contribuirían a aumentar la eficacia de las medidas contra la delincuencia transfronteriza; anima entretanto a una mayor cooperación en la lucha contra el terrorismo;

11.  Considera indispensable aplicar, de forma oportuna y exhaustiva, las recomendaciones del Defensor del Pueblo de Kosovo, del Auditor General, de la Agencia Anticorrupción y de la Comisión Reguladora de los Procedimientos de Contratación Pública; subraya la necesidad de corregir las deficiencias del sistema de contratación pública y de mejorar la cooperación interinstitucional y el intercambio de información; recomienda encarecidamente que se refuercen las capacidades de seguimiento, evaluación y auditoría, así como que se apruebe y aplique una estrategia de lucha contra el fraude para proteger los intereses financieros de Kosovo y de la Unión;

12.  Celebra que la Comisión Europea confirmase el 18 de julio de 2018 que se han cumplido los indicadores establecidos para la liberalización del régimen de visados; considera esencial conceder la liberalización del régimen de visados a Kosovo sin demoras indebidas; estima que con dicha liberalización se reforzará la estabilidad y se acercará Kosovo a la Unión al facilitar los viajes y los negocios, contribuyendo al mismo tiempo a la lucha contra el tráfico ilegal de personas y la corrupción; pide al Consejo que adopte con rapidez su mandato para avanzar hacia la adopción de un régimen de exención de visado;

13.  Observa que, independientemente de los avances logrados en el cumplimiento de los requisitos para la liberalización de visados, no ha de cejarse en el empeño por combatir la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas y la corrupción, ni tampoco en las iniciativas específicas al objeto de gestionar los flujos de migración irregular y reducir el número de solicitudes de asilo carentes de fundamento;

14.  Toma nota con satisfacción tanto de la drástica reducción del número de solicitudes de asilo y de readmisión de ciudadanos de Kosovo, y de solicitudes de acuerdos de readmisión, como de la nueva estrategia de reintegración, la cual pide que se ponga en práctica plenamente;

15.  Elogia los esfuerzos desplegados por Kosovo para contener el flujo de combatientes extranjeros, en su práctica totalidad yihadistas, y luchar contra las amenazas terroristas; pide una cooperación activa a escala regional para combatir las posibles actividades terroristas y detener los flujos financieros destinados a la financiación del terrorismo; insta a Kosovo a que luche contra la radicalización en internet y las influencias extremistas exteriores; hace hincapié en la importancia de prevenir el terrorismo y de enjuiciar a los presuntos combatientes, así como de rehabilitar, educar y reintegrar en la sociedad a estos y a sus familias; subraya la necesidad de evitar la radicalización de los presos, en especial de los jóvenes vulnerables, y trabajar en pos de su desradicalización;

16.  Condena sin reservas el asesinato del político serbokosovar Oliver Ivanović; considera que con su asesinato se ha asestado un gran golpe a las voces constructivas y moderadas de la comunidad serbokosovar; subraya de manera urgente la necesidad de una verdadera cooperación entre los investigadores de Kosovo y de Serbia, así como de apoyo internacional, de modo que los autores del asesinato y los que lo ordenaron sean entregados a la justicia sin más dilación;

17.  Lamenta la reticencia a tratar casos de crímenes de guerra y subraya la importancia de un compromiso político claro con el enjuiciamiento de dichos casos; insta a las autoridades de Kosovo a que demuestren su compromiso firme y constante con sus obligaciones internacionales relativas a las Salas Especializadas y Fiscalía Especializada para Kosovo de La Haya; expresa su profunda preocupación por el hecho de que miembros de la Asamblea de Kosovo intentasen en diciembre de 2017 derogar la Ley de las Salas Especializadas y Fiscalía Especializada para Kosovo; lamenta profundamente que, como consecuencia de estos intentos, no se hayan adoptado recomendaciones conjuntas tras el aplazamiento de la cuarta reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE‑Kosovo a los días 17 y 18 de enero de 2018; pide un enfoque constructivo en lo que respecta a la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE‑Kosovo y el refuerzo de la cooperación parlamentaria en este sentido;

18.  Insta a las autoridades de Kosovo y de Serbia a que intensifiquen la cooperación jurídica entre sus correspondientes ministerios públicos y apoyen la creación de una comisión regional (RECOM) para determinar los hechos relativos a los crímenes de guerra y otras violaciones manifiestas de los derechos humanos cometidos en la antigua Yugoslavia entre los años 1991 y 2001;

19.  Toma nota de la importante función desempeñada por EULEX por lo que respecta al refuerzo de la independencia de los sistemas judicial, policial y aduanero; es por otra parte consciente del papel preventivo y reconciliador de EULEX en relación con el enjuiciamiento y la resolución de casos de crímenes de guerra, corrupción y delincuencia organizada, así como de su constante empeño por hallar desaparecidos y abrir fosas al objeto de resolver completamente los casos; recomienda que se evalúen las fortalezas y debilidades de la misión;

20.  Reitera su llamamiento a EULEX para que sea más eficaz y defienda las normas más estrictas de transparencia y un enfoque de tolerancia cero en materia de corrupción, mala administración, faltas, y presión e injerencias políticas;

21.  Subraya la necesidad de informar rápidamente a la Asamblea de Kosovo acerca de las actividades de EULEX y de cualquier cambio en su estatuto jurídico;

22.  Toma nota del nuevo mandato de la EULEX y de su fecha de fin; destaca, sin embargo, que reviste más importancia lograr avances concretos en Kosovo que las fechas que establezca el calendario;

23.  Pide que se conceda máxima prioridad al refuerzo del marco de los derechos humanos y que este se respalde con una coordinación y una financiación convenientes y satisfactorias, especialmente en el ámbito de la igualdad de género, la protección de los niños y en materia laboral, la exclusión social, y la discriminación de las personas con discapacidad, y de las minorías y comunidades étnicas y lingüísticas, así como de las personas LGBTI; subraya la necesidad de reforzar la Agencia para la Igualdad de Género y el Coordinador Nacional para la Protección frente a la Violencia Doméstica, así como de intensificar la prevención y la aplicación de la justicia en aquellos delitos conexos; reitera que es necesario aprobar el proyecto de ley sobre la libertad de religión;

24.  Manifiesta su gran preocupación por la desigualdad y la violencia por motivos de género; insta a Kosovo a que vele por la aplicación plena y oportuna de la legislación en materia de igualdad de género y contra la discriminación; expresa su profunda preocupación por la falta de avances en la aplicación de la estrategia y el plan de acción para la lucha contra la violencia doméstica y pide a las autoridades que adopten medidas más estrictas y eficaces a la hora de combatir la violencia de género, en particular reforzando la Agencia para la Igualdad de Género y el Coordinador Nacional para la protección frente a la violencia doméstica; manifiesta su preocupación por la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones; insta a las autoridades de Kosovo a que aborden la integración de la perspectiva de género con carácter prioritario, también en el marco del programa europeo de reforma y junto con la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres; anima a Kosovo a que siga abordando la cuestión de la justicia y el apoyo para aquellas mujeres que fueron víctimas de violencia sexual durante la guerra; insta a Kosovo a que aplique las disposiciones del Convenio de Estambul;

25.  Pide a la Asamblea de Kosovo que, durante la elaboración de la Ley de protección infantil, tenga en cuenta el documento de posición firmado conjuntamente por la Unión, Unicef, la Coalición de ONG para la Protección del Menor en Kosovo (KOMF) y Save the Children;

26.  Observa con preocupación que los avances de Kosovo han sido escasos en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad; pide a Kosovo que salvaguarde la no discriminación y la igualdad de oportunidades de estas personas;

27.  Pide a las autoridades de Kosovo que den prioridad a los problemas de las minorías, en particular en relación con sus derechos tanto culturales como lingüísticos y las posibilidades a su alcance; lamenta que minorías como los romaníes, ashkalíes y egiptanos sigan teniendo problemas a la hora de obtener documentos personales, lo que va en menoscabo de su capacidad para acceder a la ciudadanía, la atención sanitaria y la asistencia social, y pide a las autoridades de Kosovo que den solución a estos problemas; celebra la disposición de las autoridades a reconocer los derechos de la población de las regiones de Gora y Zhupa cuya etnia sea históricamente la búlgara; acoge con satisfacción la aprobación de la nueva Estrategia y Plan de Acción para la Inclusión de las Comunidades Romaníes y Ashkalíes en la Sociedad de Kosovo 2017‑2021 y pide a Kosovo que desempeñe un papel activo en la cooperación regional en el proyecto Integración de los Romaníes 2020, ejecutado por el Consejo de Cooperación Regional;

28.  Lamenta la discriminación de la que siguen siendo objeto las personas LGBTI, así como el aumento de la incitación al odio en línea en relación con la celebración del Orgullo Gay en Pristina;

29.  Hace hincapié en la necesidad de aprobar el nuevo proyecto de ley sobre la libertad de asociación de las ONG; pide que, al redactar y aplicar legislación en ámbitos que afectan al espacio de la sociedad civil, se preste mayor atención al objeto de garantizar que esta legislación ni imponga cargas desproporcionadas o resulte discriminatoria para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), ni reduzca dicho espacio; subraya la necesidad de disponer de financiación pública para las OSC;

30.  Hace hincapié en la necesidad de garantizar la libertad editorial, la sostenibilidad financiera y la independencia del servicio público de radiodifusión de Kosovo, así como la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación privados, en consonancia con las recomendaciones del informe anual de la Comisión; insta a que se apliquen todas las leyes pertinentes en este sentido; solicita que haya mejoras en cuanto a la transmisión multilingüe y la calidad de la información ofrecida a todas las comunidades de Kosovo; se muestra preocupado por el aumento del número de agresiones y amenazas a periodistas e insta a las autoridades de Kosovo a que investiguen y enjuicien con prontitud a los responsables; acoge con satisfacción la aprobación del proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes de irregularidades por parte del Gobierno de Kosovo;

31.  Pide que no se ceje en el empeño por lograr una normalización general de las relaciones entre Serbia y Kosovo; considera que la plena normalización de las relaciones con Serbia en el marco de un acuerdo jurídicamente vinculante y sus normas de desarrollo, la cual no será posible sin una aplicación integral y recíproca de los acuerdos en vigor, es un aspecto fundamental de la senda de ambas partes hacia la integración europea;

32.  Toma nota del debate en curso y las declaraciones públicas sobre las posibles modificaciones de la frontera entre Serbia y Kosovo, incluidos los intercambios de territorios; subraya la naturaleza multiétnica tanto de Kosovo como de Serbia y que el objetivo de la región no debe ser la creación de Estados étnicamente homogéneos; apoya el diálogo facilitado por la Unión como marco para alcanzar un acuerdo global de normalización entre Serbia y Kosovo; considera que no resultará admisible acuerdo alguno si no es aceptado por ambas partes, teniendo en cuenta la estabilidad general de la región y el Derecho internacional;

33.  Observa que cinco Estados miembros siguen sin reconocer a Kosovo y les pide que lo hagan; subraya que este reconocimiento favorecería la normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia;

34.  Opina que el diálogo entre Belgrado y Pristina debe tener lugar de forma abierta y transparente y que los responsables de este deben consultar periódicamente la evolución del mismo con la Asamblea de Kosovo;

35.  Lamenta que muchos de los acuerdos firmados hasta la fecha no hayan sido aplicados o hayan sido pospuestos, como es el caso de los acuerdos sobre energía y sobre la Asociación de municipios de mayoría serbia; insta a ambas partes a que apliquen todos los acuerdos plenamente y de buena fe; pide de nuevo al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que lleve a cabo una evaluación de la actuación de ambas partes en el cumplimiento de sus obligaciones al objeto de abordar todas las dificultades en cuanto a la aplicación; insta a los Gobiernos de Serbia y de Kosovo a que eviten todo acto que pueda socavar la confianza entre las partes y poner en riesgo la continuación constructiva del diálogo;

36.  Expresa su gran preocupación por el número cada vez mayor de incidentes interétnicos; condena enérgicamente todo acto de intimidación y violencia; espera que las autoridades de Kosovo se distancien inmediatamente de tales actos y pide que se establezca la identidad de los responsables y que sean llevados ante la justicia; pide a las autoridades nacionales y locales que redoblen los esfuerzos para aplicar la legislación al objeto de avanzar en el fomento de una sociedad multiétnica; lamenta el auge de la retórica nacionalista y extremista en la región y pide a la Comisión que apoye en mayor medida la reconciliación a través de proyectos culturales;

37.  Pide, una vez más, la apertura pronta y sin trabas del puente de Mitrovica como paso importante hacia la reunificación de la ciudad; pide la plena aplicación del acuerdo sobre libertad de circulación; pide a las autoridades serbias y kosovares que impulsen los contactos interpersonales entre las comunidades locales, a fin de reforzar el diálogo también a nivel no gubernamental; acoge con satisfacción, en este sentido, el programa de cooperación recíproca entre Peja y Sabac y pide a la Comisión que apoye y promueva iniciativas similares; celebra la construcción de proyectos de infraestructura que hacen posible una intensificación de los contactos, como la autopista Nis‑Merdare‑Pristina;

38.  Celebra el empeño de Kosovo por mantener unas relaciones de vecindad constructivas con el resto de la región y por adaptarse de manera proactiva a la política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión, y solicita más avances en este ámbito; considera que la pertenencia de Kosovo a organismos internacionales le conferiría derechos y obligaciones que conllevarían la aplicación de normas internacionales; aboga por un enfoque positivo con respecto a la participación de Kosovo en las organizaciones internacionales;

39.  Destaca la necesidad urgente de adoptar y aplicar medidas tendentes a garantizar procedimientos de privatización transparentes y competitivos, y de investigar las presuntas irregularidades; manifiesta su preocupación por el hecho de que las remesas de los migrantes constituyan un importante motor de la demanda interna; expresa su inquietud por la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo a lo largo del proceso de contratación;

40.  Expresa su preocupación por lo calamitoso tanto de los procedimientos de registro médico como de la calidad de los medicamentos, así como por la corrupción en el conjunto del sector sanitario; insta al Ministerio de Sanidad de Kosovo a que ponga mayor diligencia en investigar estos delitos y abordar los problemas de registro y calidad lo antes posible; pide una reforma profunda del sector sanitario que englobe la aplicación de un régimen de seguro de enfermedad universal, a fin de garantizar el acceso universal a la asistencia sanitaria; subraya la necesidad de que el sistema sanitario público cuente con financiación suficiente;

41.  Pide a la Comisión que elabore una estrategia regional para abordar el persistente desempleo juvenil y la fuga de cerebros resolviendo el problema de la inadecuación de las cualificaciones entre el sistema educativo y el mercado laboral, mejorando la calidad de la enseñanza y garantizando suficiente financiación para que haya políticas activas de empleo y programas de formación profesional, así como servicios aceptables de guardería y educación preescolar; lamenta la falta de avances en lo que respecta a la mejora de la calidad de la educación; pide a los agentes pertinentes que busquen la participación de personas pertenecientes a grupos minoritarios en la concepción y aplicación de medidas laborales;

42.  Insta a Kosovo a que aproveche plenamente las posibilidades que ofrecen los programas de la Unión; acoge con satisfacción la firma del acuerdo sobre la participación de Kosovo en los programas Erasmus+ y Europa Creativa; pide a las autoridades de Kosovo y a la Comisión Europea que sigan apoyando a las pymes en aras del establecimiento de una economía viable en Kosovo; respalda la propuesta de reducir las tarifas de itinerancia en los Balcanes Occidentales;

43.  Llama la atención sobre la pésima calidad del aire de Pristina y de otras ciudades extremadamente contaminadas; pide el establecimiento de sistemas de control de la calidad del aire y del agua, la mejora de las infraestructuras de tratamiento de las aguas, y la puesta a disposición de datos fiables y fácilmente accesibles sobre la contaminación en tiempo real; expresa su preocupación por la mala gestión de los residuos, los vertimientos insostenibles y la generalización de los vertidos ilegales; insta a las autoridades a que adopten objetivos de separación y reciclado de residuos, mejoren las instalaciones de recogida, eliminación y reciclado, y hagan que los contaminadores rindan cuentas; pide a las Naciones Unidas que proporcionen con prontitud la asistencia necesaria a las personas que han enfermado de saturnismo en determinados campamentos de refugiados establecidos en Kosovo, en particular a través del fondo fiduciario previsto;

44.  Observa que no se han aplicado la mayoría de las recomendaciones en materia de política energética del informe del año pasado; destaca la necesidad de abandonar el uso de lignito para la generación de energía no sostenible y hace hincapié en la urgencia que reviste tanto desmantelar la central eléctrica Kosovo A como garantizar una capacidad de generación e importación de energía suplementaria y duradera; toma nota de los logros parciales en lo que respecta al tercer paquete energético y hace hincapié en la necesidad de garantizar la independencia del regulador de la energía de Kosovo; pide que se redoblen los esfuerzos en pos de la eficiencia energética y el ahorro de energía, en particular en el sector de la construcción; observa que, si bien se ha aprobado en primera lectura el proyecto de ley sobre la eficiencia energética, esta se ve obstaculizada por la falta de avances en cuanto a la aplicación del Acuerdo sobre Energía entre Kosovo y Serbia; pide a las autoridades que creen el fondo de eficiencia energética;

45.  Hace hincapié en que las centrales hidroeléctricas previstas deben cumplir las normas medioambientales de la Unión; acoge con satisfacción, en este sentido, la decisión del ministro de Medio Ambiente de evaluar y suspender los permisos expedidos para proyectos de energía hidroeléctrica;

46.  Lamenta la falta de avances en lo que respecta al aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las fuentes de energía renovables; pide a las autoridades que adopten el Plan de Acción para la Estrategia Energética 2017‑2026 al objeto de alcanzar el objetivo vinculante de un 25 % de energías renovables en 2020; solicita a la Comisión a que aumente la asistencia a tal efecto;

47.  Insta a las autoridades de Kosovo a que adopten políticas de transporte público y movilidad creíbles y sostenibles, a fin de abordar las persistentes deficiencias en materia de infraestructuras;

48.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Servicio Europeo de Acción Exterior, y al Gobierno y a la Asamblea de Kosovo.

(1) DO L 146 de 11.6.2018, p. 5.


Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia
PDF 213kWORD 60k
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia (2018/2145(INI))
P8_TA-PROV(2018)0480A8-0341/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la decisión del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 2005, de conceder al país el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra,

–  Visto el acuerdo final sobre la solución de diferencias, tal como se describe en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 817 (1993) y 845 (1993), la Terminación del Acuerdo Provisional de 1995 y el establecimiento de una asociación estratégica entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia —también conocida como acuerdo de Prespa— el 17 de junio de 2018,

–  Visto el Acuerdo Marco celebrado en Ohrid y firmado en Skopie el 13 de agosto de 2001 («Acuerdo Marco de Ohrid»),

–  Vistas las prioridades de reforma urgentes para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de la Comisión, de junio de 2015,

–  Vistos el acuerdo político («Acuerdo de Pržino») alcanzado entre los cuatro principales partidos políticos en Skopie el 2 de junio y el 15 de julio de 2015, y el acuerdo cuatripartito sobre su aplicación de 20 de julio y 31 de agosto de 2016,

–  Vistas las Recomendaciones del Grupo de expertos de alto nivel sobre cuestiones sistemáticas relativas al Estado de Derecho, de 14 de septiembre de 2017,

–  Visto el Proceso de Berlín puesto en marcha el 28 de agosto de 2014,

–  Vistos los informes finales de la OSCE/OIDDH en relación con las elecciones parlamentarias anticipadas de 11 de diciembre de 2016, a las que también envió observadores el Parlamento Europeo, y las elecciones municipales de 15 de octubre y 29 de octubre de 2017,

–  Vistos la declaración de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018, y su Programa de Prioridades de Sofía,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 28 de junio de 2018, en las que se refrendan las conclusiones sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación adoptadas por el Consejo el 26 de junio de 2018,

–  Vista la decisión de los jefes de Estado y de Gobierno en la reunión de la OTAN de los días 11 y 12 de julio de 2018, para invitar al país a iniciar conversaciones para la adhesión y unirse a la Alianza,

–  Vista la decimocuarta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, celebrada el 13 de julio de 2018,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de febrero de 2018, titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales» (COM(2018)0065),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, titulada «Comunicación sobre la política de ampliación de la UE en 2018» (COM(2018)0450), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Informe de 2018 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia» (SWD(2018)0150), en el que se recomienda la apertura de negociaciones de adhesión teniendo en cuenta los progresos realizados y en vista del compromiso continuado con las reformas,

–  Vistos el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el programa de reforma económica de la Antigua República Yugoslava de Macedonia (SWD(2018)0134) y las Conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero entre la UE y los Balcanes Occidentales y Turquía, de 25 de mayo de 2018,

–  Vistas las recomendaciones adoptadas en la decimocuarta reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, celebrada en Estrasburgo los días 7 y 8 de febrero de 2018,

–  Visto el proceso del «Diálogo Jean Monnet» con los líderes parlamentarios y los partidos políticos de la Asamblea (Sobranie), iniciado en Ohrid los días 17 y 18 de mayo de 2018,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el país,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0341/2018),

A.  Considerando que, al aplicar reformas democráticas sólidas e integradoras y mejorar activamente las relaciones de vecindad, el nuevo Gobierno está demostrando una continuidad con la senda europea y euroatlántica del país; que los esfuerzos de reforma deben ir de la mano de un apoyo continuado de la Unión a la aplicación de las prioridades de reforma urgentes y resultados cuantificables; que las expectativas de adhesión a la Unión Europa representan un poderoso incentivo para las reformas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia, sobre todo en la materia del Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción; que la Antigua República Yugoslava de Macedonia se considera el país candidato que ha hecho más progresos en el alineamiento de la legislación nacional con el acervo de la Unión;

B.  Considerando que el Acuerdo de Prespa de 17 de junio de 2018 sobre la solución de diferencias y el establecimiento de una asociación estratégica entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Grecia envía una señal positiva muy necesaria para la estabilidad y la reconciliación en toda la región de los Balcanes Occidentales, mejora el espíritu de las relaciones de buena vecindad y de cooperación regional y allana el camino para la integración europea del país;

C.  Considerando que se acordaron once medidas para restablecer la confianza entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, principalmente en los ámbitos de los asuntos políticos y de la Unión, la educación y la cultura, el comercio y la cooperación económica, la conectividad, la justicia y los asuntos de interior, y la cooperación sanitaria; que estas medidas ya han dado resultados tangibles;

D.  Considerando que todos los partidos políticos e instituciones estatales tienen el deber de contribuir a una atmósfera política más integradora y abierta, que permita seguir avanzando en el proceso de adhesión a la Unión;

E.  Considerando que el país tiene que seguir fortaleciendo, entre otras cosas, su capacidad parlamentaria, legislativa y de supervisión, su poder judicial, el respeto del Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación y la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción; que son necesarios esfuerzos sostenidos de reforma en los ámbitos de la administración pública, la economía y el empleo, así como una revisión completa de la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid;

F.  Considerando que la adhesión a la OTAN de la Antigua República Yugoslava de Macedonia contribuirá a la paz y la estabilidad de toda la región;

G.  Considerando que el 28 de junio de 2018 el Consejo Europeo aprobó las Conclusiones del Consejo de 26 de junio de 2018, en las que se fijaba el camino hacia la apertura de las negociaciones de adhesión en junio de 2019;

H.  Considerando que el 18 de julio de 2018 la Comisión firmó un acuerdo sobre el estatuto con la Antigua República Yugoslava de Macedonia para permitir que los equipos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) llevasen a cabo operaciones conjuntas con el país —y dentro de este— a efectos de la gestión de los flujos migratorios y de las fronteras, como elemento central de la estrategia de la Comisión para los Balcanes Occidentales;

I.  Considerando que la contaminación atmosférica es un gran problema que tienen las ciudades macedonias y, según un reciente estudio realizado por el Instituto de Meteorología de Finlandia y el Instituto Macedonio de Salud Pública, Skopie y Tetovo tienen la mayor concentración de partículas finas ambientales (PM 2.5) de entre todas las ciudades europeas;

J.  que la región de los Balcanes es muy importante desde un punto de vista estratégico;

K.  Considerando que cada país candidato es juzgado individualmente en función de sus propios méritos y que la rapidez y la calidad de las reformas son los factores que determinan el calendario para la adhesión y el ritmo de las negociaciones;

L.  Considerando que, tras un proceso judicial exhaustivo y transparente, Nikola Gruevski fue considerado culpable de abuso de poder por los tribunales de Macedonia y condenado a dos años de prisión; que múltiples tribunales confirmaron esta condena y que la decisión entró en vigor después de que se hubieran agotado todos los recursos; que también ha sido acusado en otros cuatro asuntos penales pendientes y está implicado en otras cinco investigaciones penales en curso;

Reformas generales y relaciones de buena vecindad

1.  Acoge con satisfacción el firme compromiso político del Gobierno de aplicar plenamente el Acuerdo de Pržino y las prioridades de reforma urgentes, que conducen al aumento del esfuerzo para introducir las reformas relacionadas con la Unión, basadas en la cooperación interpartidista e interétnica y en las consultas con la sociedad civil y subraya la importancia de seguir en ese camino para el futuro europeo del país; anima al nuevo Gobierno a que mantenga el impulso positivo, garantice el progreso y acelere y aplique plenamente las reformas relacionadas con la Unión de manera transparente e inclusiva; insta al apoyo a la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a las organizaciones euroatlánticas con el fin de aumentar la seguridad en la región;

2.  Se congratula vivamente de la diplomacia positiva y los esfuerzos activos de creación de confianza que conducen a un compromiso y a la solución de las cuestiones bilaterales pendientes y al fomento de relaciones de buena vecindad; destaca que las cuestiones bilaterales no deben obstaculizar el proceso de adhesión; acoge con gran satisfacción la entrada en vigor el 14 de febrero de 2018 del tratado de amistad con Bulgaria, que debería garantizar unas relaciones de buena vecindad duraderas y conciliadoras entre ambos países;

3.  Acoge con satisfacción el acuerdo de Prespa celebrado el 17 de junio de 2018 entre Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia y elogia a ambas partes por haber realizado importantes esfuerzos para alcanzar una solución satisfactoria para ambas con respecto a la cuestión de la denominación; acoge con satisfacción su ratificación por el Parlamento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia el 20 de junio y el 5 de julio de 2018; considera que en interés de los ciudadanos del país todos los agentes políticos y la sociedad civil deben actuar de una manera constructiva y asumir sus responsabilidades históricas; insta a las partes a que antepongan los intereses de sus países frente a los intereses políticos y a que informen debidamente a sus ciudadanos sobre el contenido y las implicaciones del acuerdo y a que completen con diligencia todos los procedimientos internos de ratificación y aplicación de este acuerdo importante desde un punto de vista estratégico que pone fin a un prolongado limbo geopolítico y constituye un buen ejemplo para la paz y la estabilidad en la región; subraya la importancia que reviste el referéndum del 30 de septiembre de 2018 sobre la integración de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en la Unión y la OTAN;

4.  Toma nota de los resultados del referéndum del 30 de septiembre de 2018; destaca la necesidad de apoyos renovados al futuro euroatlántico del país y a la aplicación del Acuerdo de Prespa de 17 de junio de 2018; anima al Gobierno de Skopje a dar todos los pasos necesarios y posibles para el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Prespa, que abre la puerta a las negociaciones de adhesión a la Unión y a la OTAN;

5.  Se felicita de la votación celebrada el 19 de octubre de 2018 en la Asamblea (Sobranie) para iniciar el proceso de reforma constitucional con vistas a la aplicación de las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Prespa; pide a todos los partidos políticos que sigan cooperando en un espíritu de responsabilidad compartida en la próximas etapas del procedimiento de reforma; reitera su firme apoyo al futuro europeo y euroatlántico del país e insta al Gobierno y al Parlamento a que prosigan su trabajo sobre las reformas que allanarán el camino para la adhesión a la Unión; insta al fiscal del Ministerio Público y a los tribunales a que efectúen investigaciones independientes sobre todos los casos pendientes de irregularidades políticas y penales y a que lleven a los responsables ante la justicia;

6.  Aplaude los esfuerzos diplomáticos del país por fomentar la cooperación bilateral y regional con Albania y establecer nuevas relaciones cualitativas en diversos ámbitos, como el comercio, la aplicación de las leyes, la lucha contra el fraude y la prevención del terrorismo;

7.  Recuerda que el país ya ha alcanzado un elevado nivel de adaptación al acervo; lamenta, no obstante, que parte de esta legislación no se haya aplicado aún; toma nota de los avances en su adaptación a las declaraciones de la Unión y a las decisiones del Consejo sobre política exterior y de seguridad común, y subraya la importancia de alcanzar paulatinamente la plena adaptación, que es un requisito previo para el futuro euroatlántico del país;

8.  Reconoce el progreso realizado en el sector público al adoptar la estrategia de reforma de la administración pública y el programa de reforma de la gestión financiera; pide al Gobierno que garantice una aplicación plena de estas reformas; anima al país a que siga reforzando la profesionalidad a través de la mejora de la transparencia y la representación equitativa y de la garantía de que se respete plenamente el sistema basado en los méritos de adjudicación de puestos en la administración pública;

9.  Condena en los términos más enérgicos el atentado cometido el 27 de abril de 2017 contra el Parlamento del país, que constituye un ataque a la democracia y en el que varios diputados y periodistas sufrieron lesiones graves, y pide que los organizadores y los autores comparezcan ante la justicia; acoge con satisfacción la investigación en curso y el correspondiente juicio; destaca que la rendición de cuentas por estos actos de violencia debe seguir aplicándose con arreglo a la legislación y de una manera transparente, independiente y proporcionada; condena toda forma de obstrucción y de abuso de los procedimientos parlamentarios o de los poderes presidenciales contraria a la Constitución;

10.  Respalda plenamente la Recomendación de la Comisión y la consiguiente Decisión del Consejo por la que se fija junio de 2019 como fecha para la apertura de las negociaciones de adhesión en reconocimiento de los alentadores esfuerzos de reforma; considera que una rápida apertura del proceso de examen y de las negociaciones de adhesión apoyará y profundizará el impulso de las reformas; considera que la apertura de las negociaciones ofrecerá más incentivos en favor de la democratización y mejorará el control y la rendición de cuentas;

11.  Acoge con satisfacción la invitación formal que el 11 de julio de 2018 realizó la OTAN al país para iniciar las negociaciones de adhesión a la organización;

12.  Considera que la adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a la OTAN podría contribuir a lograr una mayor seguridad y estabilidad en Europa Sudoriental; pide a todos los Estados miembros de la Unión que también son miembros de la OTAN que respalden activamente la adhesión del país a esta organización;

13.  Acoge con satisfacción el inminente acceso del país a la segunda etapa del Acuerdo de Estabilización y Asociación y su inclusión en la Iniciativa del Adriático-Jónico, y pide al Consejo que incluya al país en la Estrategia de la Unión Europea para la región del Adriático y del Jónico;

Democratización

14.  Acoge con satisfacción las medidas iniciales tomadas para restablecer los controles y los equilibrios y aumentar la integración con medidas destinadas a mejorar el entorno en el que operan las instituciones de supervisión independientes, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil; acoge con satisfacción el diálogo constructivo entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil y el papel que estas últimas han desempeñado a la hora de garantizar un mejor nivel de controles y equilibrios; destaca que los cambios fundamentales subyacentes deben realizarse de manera inclusiva y en un ambiente político abierto;

15.  Aprecia los esfuerzos del Gobierno por evitar el retroceso y eliminar los elementos que siguen en manos del Estado y le anima a que redoble dichos esfuerzos; recuerda que el país estuvo en la vanguardia del proceso de adhesión en la década de 2000;

16.  Acoge con satisfacción la mejora de la legislación electoral, aunque subraya la necesidad de una revisión oportuna del código electoral abordando de forma exhaustiva las restantes recomendaciones de la OSCE/ODIHR, de la Comisión de Venecia y de GRECO con respecto a la financiación de la campaña y a los partidos políticos; destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos para evitar toda forma de intimidación a los votantes e investigar los casos denunciados; insta a los partidos políticos a que democraticen sus procedimientos internos de toma de decisiones;

17.  Anima a las autoridades a que ultimen el censo interrumpido a fin de obtener una estadística precisa de los datos de población que sirva de base para los programas de desarrollo estatales y la planificación adecuada del presupuesto, además de la organización de elecciones y el cómputo de los resultados electorales;

18.  Se congratula de la reanudación de las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, y alienta a proseguir el trabajo constructivo dentro de este marco interparlamentario;

19.  Acoge con satisfacción el lanzamiento del proceso del «Diálogo Jean Monnet» en Ohrid los días 17 y 18 de mayo de 2018 y la consiguiente aprobación, con un apoyo interpartidista unánime, del código ético; alienta al Grupo de trabajo sobre las reformas y el funcionamiento de la Asamblea que revise el reglamento de la misma y presente propuestas de modificación y plazos para su aprobación en los ámbitos prioritarios señalados en las conclusiones de Ohrid; pide a todas las partes involucradas en el proceso político que sigan fortaleciendo la cultura del pacto y del diálogo político constructivo, especialmente entre los parlamentarios, y que se abstengan de plantear obstáculos que impidan el funcionamiento eficaz de la Asamblea;

20.  Recomienda que la Asamblea haga pleno uso de sus funciones legislativas y de supervisión, limitando estrictamente la utilización de los procedimientos de urgencia que debilitan el control parlamentario y público; pide que se establezca un historial fidedigno relativo a la vigilancia de los servicios de inteligencia y a la vigilancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país;

21.  Acoge con satisfacción las importantes medidas que el Gobierno ha tomado para restablecer gradualmente una cultura del compromiso llegando a todas las partes interesadas, incluida la oposición, con objeto de reforzar la democracia y el Estado de Derecho y el deseo genuino de realizar las reformas de manera inclusiva y transparente;

22.  Pide que se empiece a aplicar de manera efectiva la estrategia de reforma de la administración pública y que se establezcan líneas claras de responsabilidad; subraya la importancia del sistema de contratación basado en los méritos y de una convocatoria abierta para todos los procedimientos de contratación, y pide un aumento de capacidad en la gestión de los recursos humanos; pide que se refuercen las medidas para mejorar la capacidad de planificación financiera y sectorial en toda la administración pública;

23.  Acoge con satisfacción el fortalecimiento de los procesos de descentralización por parte del Gobierno a través de la adopción del plan de acción de descentralización y desarrollo (2018-2020) como paso decisivo para remediar la escasez de financiación y de servicios a escala municipal;

24.  Acoge con satisfacción los esfuerzos en curso para promover la buena gobernanza, la rendición de cuentas y un entorno mediático abierto, aumentar la transparencia y mejorar el acceso a la información pública, también a través de la publicación del gasto de las instituciones estatales; pide más medidas para garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública; pide que prosigan los esfuerzos por aumentar el carácter integrador del proceso de toma de decisiones y por mejorar la coordinación interinstitucional;

25.  Pide que se sigan haciendo más progresos para digitalizar la información pública y hacerla más accesibles, y anima a las autoridades a que busquen soluciones electrónicas innovadoras que ayuden a aumentar aún más la transparencia y la facilidad de acceso a la información pública y a reducir la burocracia asociada;

Estado de Derecho

26.  Recuerda que el buen funcionamiento del sistema judicial y unas medidas eficaces de lucha contra la corrupción son de suma importancia en el proceso de adhesión a la Unión;

27.  Acoge con satisfacción la estrategia de reforma judicial encaminada a restablecer la independencia, la responsabilidad y la profesionalidad judiciales y acabar con la interferencia política y la justicia selectiva, y pide al Gobierno del país y a otras partes interesadas que redoblen sus esfuerzos para aplicar adecuadamente la estrategia de reforma judicial implantando sólidos mecanismos de supervisión y evaluación; subraya la necesidad de completar la armonización legislativa en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia; pide la adopción y aplicación continuas de las medidas previstas en la estrategia de reforma judicial; subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para blindar el poder judicial frente a toda interferencia política;

28.  Acoge con satisfacción el establecimiento del Consejo de Ética Judicial en enero de 2018, así como la organización por parte de la Academia de Jueces y Fiscales de cursos de formación sobre el comportamiento ético dirigidos a los jueces para evitar los conflictos de intereses y establecer medidas anticorrupción;

29.  Sigue preocupado por la corrupción generalizada y acoge con satisfacción los logros iniciales de prevención y represión; expresa su preocupación por la limitación de las resoluciones judiciales firmes sobre casos de corrupción de alto nivel, pero toma nota de las primeras condenas judiciales sobre casos de corrupción y abuso de poder, y sobre los acontecimientos del 27 de abril de 2017; pide que prosigan los esfuerzos para establecer un historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en los casos de corrupción y de delincuencia organizada de alto nivel; elogia el trabajo llevado a cabo por la Fiscalía Especial en circunstancias difíciles y sigue manifestando su preocupación por los ataques y la obstrucción de su labor y la falta de cooperación por parte de otras instituciones;

30.  Pide a las autoridades que intensifiquen la lucha contra el blanqueo de capitales y los conflictos de intereses mediante el establecimiento y el refuerzo de las capacidades de lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia y las investigaciones financieras, así como mediante la congelación, el decomiso, la recuperación y la gestión de activos; insta a las autoridades a que establezcan un historial de investigaciones y enjuiciamientos con objeto de incrementar el número de condenas en los casos de blanqueo de capitales y delitos financieros de alto nivel; acoge con satisfacción la aprobación de la ley sobre la protección de los denunciantes de irregularidades, lo que garantiza una mejor protección de estos denunciantes y refuerza las políticas gubernamentales de lucha contra la corrupción; pide una revisión urgente de las leyes sobre la lucha contra la corrupción y sobre el control financiero y las contrataciones públicas; anima a que se lleve a cabo una reforma del marco jurídico general a fin de que la Comisión Estatal de Prevención de la Corrupción tenga claras competencias y pueda trabajar con plena independencia, y de que el Ministerio Fiscal contra la delincuencia organizada y la corrupción pueda realizar investigaciones regulares;

31.  Señala que la corrupción y la delincuencia organizada son fenómenos generalizados en la región y representan, además, un obstáculo para el desarrollo democrático, social y económico del país; considera que una estrategia regional y una cooperación reforzada entre todos los países de la región son factores esenciales para solucionar de manera eficaz estos problemas;

32.  Pide que se garantice estrictamente la responsabilidad política y jurídica por los delitos penales, incluso en lo que se refiere a los derivados del escándalo de las escuchas telefónicas; insta al Parlamento a que complete la reforma de los servicios de información, garantizando una supervisión externa adecuada de las agencias de seguridad e información;

33.  Insta a las autoridades a que actúen con determinación en el desmantelamiento de las redes delictivas que se dedican al tráfico de drogas y armas y a la trata de seres humanos, y a que trabajen en aras de un aumento de la capacidad institucional y de la cooperación interinstitucional entre los servicios de seguridad y mejoren el historial de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes;

34.  Reconoce los esfuerzos realizados y el papel constructivo desempeñado por el país en la respuesta a los retos de la crisis migratoria y de los refugiados; toma nota de este esfuerzo sostenido y pide nuevas mejoras en el sistema de asilo y en la gestión de la migración; anima al país a que intensifique y siga profundizando en la cooperación regional, beneficiosa para ambas partes, y la asociación con Frontex en virtud de un nuevo acuerdo sobre el estatuto con vistas a desmantelar las redes de trata de seres humanos;

35.  Subraya la necesidad de garantizar que los migrantes y los refugiados, especialmente las mujeres y los niños, que solicitan asilo en el país o que viajan a través de su territorio, sean tratados de conformidad con el Derecho internacional y de la Unión;

36.  Considera necesario que las autoridades prosigan e intensifiquen sus esfuerzos para luchar contra la radicalización islámica y los combatientes terroristas extranjeros; pide que esta política se aplique a través de una mayor cooperación entre los organismos de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil, los líderes religiosos, las comunidades locales y otras instituciones estatales en los sectores de la educación, la salud y los servicios sociales; pide el seguimiento permanente por los servicios de seguridad de los combatientes extranjeros que regresan al país y el intercambio constante de información con las autoridades de la Unión y de los Estados vecinos;

37.  Pide nuevas mejoras en el sistema de justicia para menores; pide a las autoridades competentes que asignen suficientes partidas presupuestarias para aplicar la Ley de justicia para menores y que mejoren los servicios de apoyo a las niñas y niños víctimas de la violencia y los abusos, y a los niños en conflicto con la ley;

38.  Pide a las autoridades húngaras que faciliten toda la información pertinente y las explicaciones necesarias sobre el caso del antiguo primer ministro macedonio Gruevski, que huyó de su país con ayuda diplomática secreta de Hungría para evitar una pena de prisión; considera que se trata de un acto de injerencia en los asuntos internos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y, en particular, de un acto de desprecio hacia el poder judicial y el Estado de Derecho de este país; toma nota de la solicitud de extradición emitida por las autoridades de Skopie y espera que Hungría actúe en estricta consonancia con la legislación nacional e internacional pertinente respondiendo favorablemente a esta solicitud;

Derechos fundamentales y sociedad civil

39.  Acoge con satisfacción las medidas para mejorar la confianza interétnica, y pide una revisión integradora y transparente de los aspectos pendientes de la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid; considera esencial garantizar la plena afirmación de las minorías étnicas en la vida pública; pide más medidas de fomento de la inclusión educativa de las minorías para reforzar la cohesión social y la integración de las comunidades;

40.  Considerando que los procedimientos judiciales de Macedonia deben continuar con arreglo a los procedimientos establecidos en el país y que Nikola Gruevski debe rendir cuentas en el sistema de justicia macedonio; pide a Hungría que respete la independencia del sistema judicial macedonio y el Estado de Derecho en el país, reevalúe el asilo político concedido a Nikola Gruevski y proceda a su extradición a Skopje; espera que todas las partes interesadas actúen estrictamente de conformidad con la legislación nacional e internacional pertinente; subraya que estos procedimientos judiciales no se deben politizar;

41.  Acoge con satisfacción las reformas y los esfuerzos realizados para adaptar gradualmente el marco legal a las normas de la Unión, la decisión del país de convertirse en observador de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la ratificación de la mayoría de los instrumentos internacionales de derechos humanos; anima a que se efectúe la plena aplicación de las normas sobre derechos humanos y los documentos políticos como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), prestando especial atención al derecho a un juez imparcial, la libertad de reunión y de asociación, el derecho a la vida, la libertad de expresión y el respeto de la vida privada y familiar;

42.  Observa que la aprobación de la ley sobre el uso de las lenguas constituye un logro importante y lamenta las tácticas perturbadoras dirigidas a socavar su aprobación en plena conformidad con los procedimientos normales;

43.  Acoge con satisfacción la ratificación por el país, el 23 de marzo de 2018, del Convenio de Estambul y le insta a que complete las reformas jurídicas para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, las niñas y los menores y a que siga luchando por erradicar la violencia doméstica y de género, que siguen estando muy extendidas;

44.  Subraya la necesidad de garantizar a los organismos de supervisión independientes la autonomía y los recursos humanos y financieros adecuados; elogia el papel de la Oficina del Defensor del Pueblo en el control del respeto de los derechos humanos y subraya la necesidad de garantizar un seguimiento sistemático de las decisiones del Defensor del Pueblo;

45.  Sigue preocupado por la terrible situación de las personas con discapacidad y la persistente discriminación contra ellas; pide que se apliquen de manera efectiva los instrumentos y las estrategias ya existentes;

46.  Acoge con satisfacción las primeras medidas adoptadas para mejorar la prevención de la discriminación e insta a las autoridades a que en la Ley de Prevención y Protección contra la Discriminación se incluyan la orientación sexual y la identidad de género como motivos de discriminación; pide a las autoridades que asignen el presupuesto adecuado para aplicar la Estrategia nacional en materia de igualdad y no discriminación (2016-2020); insta a las autoridades a que aborden eficazmente los delitos motivados por el odio y la incitación al odio contra las minorías, incluidos grupos vulnerables como la población romaní y la comunidad LGBTI, y a que penen los actos de violencia homofóbica y transfóbica y de incitación a la violencia; sigue preocupado por que persistan los prejuicios sociales y que predomine el discurso de incitación al odio contra las personas LGBTI en los medios de comunicación, internet y las redes sociales; pide a las autoridades que garanticen la protección efectiva y la aplicación de sanciones disuasorias y proporcionadas por los discursos de incitación al odio y las acciones y agresiones homofóbicas/transfóbicas; subraya la necesidad de permitir el acceso a la atención sanitaria a las personas transgénero; lamenta la persistencia de deficiencias en el trabajo de la Comisión para la protección contra la discriminación; acoge con satisfacción la creación del grupo parlamentario interpartidista para los derechos de la comunidad LGBTI y también del grupo parlamentario interpartidista para los derechos de la comunidad romaní;

47.  Pide la adopción de estrategias y legislación sobre los derechos de las personas que pertenecen a grupos minoritarios y que su protección se aplique plenamente y reciba financiación púbica; insiste en que deben tomarse medidas para seguir mejorando la educación, la tasa de empleo, la salud, la vivienda, el acceso a los bienes y servicios, y las condiciones de vida de la comunidad romaní, y deben condenarse la segregación escolar y otras formas de discriminación;

48.  Acoge con satisfacción la mejora sustancial del entorno operativo y las consultas con las organizaciones de la sociedad civil, incluido el establecimiento del Consejo para la cooperación con la sociedad civil; hace hincapié en la necesidad de mejorar el marco jurídico, financiero, administrativo y político, en particular mediante la legislación sobre las fundaciones y las donaciones; destaca la importancia de una participación estructurada de las organizaciones de la sociedad civil a través de un proceso consultivo más regular, global y predecible;

49.  Reitera su apoyo a la iniciativa de crear la Comisión Regional para el establecimiento de datos sobre todas las víctimas de crímenes de guerra y otras vulneraciones graves de los derechos humanos cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia (RECOM); insta al Gobierno a que lidere dicho establecimiento; subraya la importancia que revisten este proceso y la participación activa de todos los dirigentes políticos regionales para que la RECOM dé comienzo a dicha labor sin demora; llama la atención sobre la propuesta de plan de acción para la RECOM, presentada por la Coalición para la RECOM, con plazos y puntos de referencia claramente definidos;

50.  Acoge con satisfacción los renovados esfuerzos del Gobierno para intensificar el proceso de desinstitucionalización y la reforma del sector social; elogia el compromiso de poner fin a los ingresos de niños en grandes instituciones públicas y de establecer en su lugar servicios asistenciales basados en la familia y la comunidad; pide a las autoridades que tomen medidas urgentes para invertir la creciente tasa de mortalidad perinatal y que establezcan un sistema para analizar las causas de esta tendencia alarmante;

51.  Acoge con satisfacción la asociación entre el Gobierno y el Consejo Nacional de Jóvenes del país para la aplicación de la Garantía Juvenil como un buen mecanismo de cooperación entre los jóvenes y los responsables políticos para formular y aplicar las políticas de juventud; pide al Gobierno que aumente el apoyo financiero a las organizaciones de jóvenes y a los jóvenes a fin de resolver la cuestión de la fuga de cerebros;

Medios de comunicación

52.  Destaca el papel decisivo que tienen los medios de comunicación independientes para lograr un entorno democrático y favorable; observa modestas mejoras en el entorno de los medios de comunicación y en las condiciones de notificación independiente; pide iniciativas para crear un clima favorable a la conducta profesional de todas las partes implicadas de los medios de comunicación, libre de influencias internas y externas, así como al periodismo de investigación; acoge con satisfacción el fin de la publicidad patrocinada por el Estado en los medios de comunicación basada en el favoritismo político como una importante medida para fomentar la igualdad de condiciones en el sector, y pide mayores garantías contra la politización de los medios de comunicación; destaca la necesidad de reforzar la independencia y la capacidad del organismo regulador de los medios de comunicación y del servicio público de radiodifusión; pide que se tomen medidas para reforzar la protección de los derechos laborales y sociales de los periodistas y para garantizar que no haya impunidad en los casos de violencia y abuso de amenazas contra periodistas, lo que también contribuiría a minimizar la autocensura que prevalece en los medios;

53.  Acoge con satisfacción las mejoras para garantizar el acceso a la información; destaca la necesidad de actualizar la normativa sobre los servicios de comunicación y el acceso a la información pública; destaca la necesidad de una política de tolerancia cero frente a las amenazas, la intimidación y los ataques a los periodistas, así como de hacer un seguimiento efectivo de los mismos, a través del registro adecuado y la investigación exhaustiva de estos incidentes; condena toda forma de incitación al odio y de lenguaje incendiario; pide medidas efectivas para contrarrestar estas manifestaciones así como las violaciones del código ético periodístico que se produzcan en la red; destaca asimismo la necesidad de una reforma urgente del sector mediático con vistas a reforzar la Agencia de Servicios de Medios Audiovisuales y a garantizar una cobertura informativa objetiva y profesional;

Economía

54.  Destaca la necesidad de mejorar el entorno empresarial garantizando la consolidación fiscal y la transparencia y la fiabilidad reglamentarias, al tiempo que aborda las deficiencias que siguen existiendo en lo que respecta al Estado de Derecho, los engorrosos procedimientos reglamentarios y las inspecciones arbitrarias;

55.  Insta a las autoridades a que aborden el importante sector de la economía sumergida, así como la persistencia de problemas de evasión fiscal y la escasa ejecución de los contratos que siguen desalentando la inversión extranjera directa; destaca la necesidad de aplicar medidas en materia de contratación pública y de control financiero interno; toma nota de la necesidad de mejorar la transparencia de los datos sobre el gasto público, la contratación pública, las ayudas estatales y la utilización de los fondos de la Unión; pide que se adopten medidas para mejorar la capacidad de planificación, programación y gestión de las estructuras del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP) nacionales;

56.  Pide al Gobierno que haga de la digitalización una de sus prioridades transversales fundamentales; insta a que se elabore sin demora una agenda digital a largo plazo que incluya, entre otros aspectos, una estrategia de gobernanza electrónica, una estrategia de las TIC y una estrategia de ciberseguridad nacional; subraya que una agenda digital global mejorará el entorno y rendimiento económicos y aumentará la transparencia y la eficiencia de la administración pública y los servicios públicos;

57.  Agradece los esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones de los jóvenes y para intensificar la participación de los jóvenes en la política, por ejemplo mediante la Estrategia Nacional para la Juventud (2016-2025); anima al Gobierno a que ponga remedio a la elevada tasa de desempleo juvenil, superando la falta de correspondencia que existe entre las cualificaciones de los jóvenes graduados y las necesidades que tienen las empresas privadas;

58.  Insta al Gobierno a poner remedio al paro de larga duración, el paro juvenil y la baja tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo de una manera global e innovadora; pide que se lleven a cabo reformas urgentes en el ámbito de la educación para garantizar que las competencias adquiridas se ajusten a las necesidades del mercado laboral y evitar así la fuga de cerebros; anima al Gobierno a que elabore una estrategia en materia de cibercapacidades con objeto de aumentar la alfabetización digital entre la población;

59.  Recuerda que la Antigua República Yugoslava de Macedonia realizó su último censo de población en 2002; subraya la importancia de llevar a cabo un censo de población nuevo y pendiente desde hace tiempo con el fin de obtener una estadística demográfica actualizada y realista conforme a las normas de la Unión;

60.  Acoge con satisfacción la aprobación por el Parlamento macedonio de la nueva Ley de Energía que transpone el tercer paquete energético de la Unión y es totalmente compatible con el Tratado de la Comunidad de la Energía; pide a las autoridades que se centren en las reformas del mercado de la energía, y que garanticen al mismo tiempo la seguridad del suministro y la diversificación de las fuentes de energía, especialmente mediante las renovables;

61.  Toma nota de una serie de proyectos de infraestructuras planificados en zonas protegidas que podrían tener un impacto significativo en futuros espacios Natura 2000; pide, en este sentido, que se respete la Recomendación (n.°°184(2015)) del Comité Permanente del Convenio de Berna suspendiendo la ejecución de los proyectos en el territorio del parque nacional de Mavrovo hasta que se realice una evaluación medioambiental estratégica que cumpla estrictamente la legislación medioambiental de la Unión; pide asimismo que se respete la Decisión (40COM 7B.68) del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO relativa al patrimonio natural y cultural de la región de Ohrid y que se lleve a cabo una evaluación medioambiental estratégica (EME) global y una evaluación del impacto patrimonial antes de emprender cualquier trabajo adicional; insta a que se elabore una estrategia nacional en materia de energía hidroeléctrica conforme con la legislación de la Unión en materia de medio ambiente;

62.  Anima a Macedonia a desarrollar la competencia en los mercados del gas y la energía en pos de una desagregación completa de los servicios de acuerdo con el tercer paquete energético; insta a realizar mejoras sustanciales en cuanto a eficiencia energética, producción de energías renovables y lucha contra el cambio climático;

63.  Elogia a la Antigua República Yugoslava de Macedonia por ratificar el Acuerdo de París el 9 de enero de 2018, dado que la lucha contra el cambio climático solo se alcanza aunando esfuerzos;

64.  Acoge con satisfacción el enfoque positivo del Gobierno sobre la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad y su participación activa en las iniciativas regionales, como el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental, el Consejo de Cooperación Regional, el Espacio Centroeuropeo de Libre Comercio, los Seis Balcanes Occidentales, el Tratado de la Comunidad de la Energía, el Acuerdo sobre una Zona Europea Común de Aviación, la Iniciativa Centroeuropea, la Iniciativa Regional sobre Migración, Asilo y Refugiados, así como el «proceso Brdo-Brijuni»;

65.  Acoge con satisfacción el compromiso del país de cara a los proyectos de conectividad llevados a cabo en el marco del Proceso de Berlín; toma nota de la necesidad de diversificar el transporte por carretera mediante la aplicación de medidas de reforma del ferrocarril, también mediante la actualización o la construcción de enlaces ferroviarios de Skopie a las capitales de los países vecinos; pide un mayor progreso en la finalización de las conexiones por ferrocarril y carretera en los corredores VIII y X;

66.  Pide que se faciliten en mayor medida el comercio y el control aduanero, así como la diversificación de las exportaciones, incluso utilizando el potencial del comercio intrarregional; pide a la Comisión que exima al país de adoptar medidas de salvaguardia relativas al acero y el aluminio;

67.  Expresa su preocupación por los alarmantes niveles de contaminación en Skopje y otras ciudades, y pide a las autoridades estatales y locales que tomen con urgencia las medidas adecuadas para afrontar esta situación de emergencia, mediante acciones eficaces y específicamente orientadas al seguimiento y mejora de la calidad del aire, entre otras la mejora del transporte público y la puesta en marcha de planes de movilidad eficaces; insta al país a que armonice con urgencia la legislación en el ámbito de la protección del medio ambiente, la naturaleza y el clima con el acervo de la Unión; insta al desarrollo del sistema de gestión de residuos;

o
o   o

68.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y el Parlamento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.


Informe de 2018 sobre Albania
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Albania (2018/2147(INI))
P8_TA-PROV(2018)0481A8-0334/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Albania,

–  Vista las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2003 y el Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales,

–  Vista la decisión del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014 de conceder a Albania el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión,

–  Vista la decisión del Consejo de Asuntos Generales de 26 de junio de 2018,

–  Vista la decisión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2018,

–  Vistas las recomendaciones del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre el proyecto de legislación derivada para la protección de las minorías nacionales en Albania,

–  Vistos la declaración de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018, y su Programa de Prioridades de Sofía,

–  Vista la novena reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Albania, celebrada el 15 de noviembre de 2017,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de febrero de 2018, titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales» (COM(2018)0065),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, titulada «Comunicación de 2018 sobre la política de ampliación de la UE» (COM(2018)0450), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Albania 2018 Report» (Informe de 2018 sobre Albania) (SWD(2018)0151),

–  Vistas las recomendaciones adoptadas en la duodécima reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania, celebrada en Tirana los días 12 y 13 de febrero de 2018,

–  Visto el resultado de la encuesta de 2017 sobre la población romaní marginada en los Balcanes Occidentales, respaldada por la Comisión y realizada por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

–  Visto el documento de trabajo conjunto titulado «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)»,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Albania,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8‑0334/2018),

A.  Considerando que el proceso de ampliación de la Unión sigue constituyendo una inversión estratégica en la paz, la democracia, la prosperidad, la seguridad y la estabilidad de Europa;

B.  Considerando que Albania ha seguido haciendo progresos constantes para cumplir los criterios políticos y las cinco prioridades clave para la apertura de las negociaciones de adhesión, así como para consolidar las instituciones y prácticas democráticas;

C.  Considerando que la Comisión ha recomendado la apertura de las negociaciones de adhesión con Albania, habida cuenta de los notables avances realizados en el cumplimiento de las cinco prioridades clave; que las negociaciones de adhesión permitirán un control más estrecho por parte de la Unión y son un potente catalizador para la aplicación de nuevas reformas y la consolidación de las instituciones y las prácticas democráticas;

D.  Considerando que, el 28 de junio de 2018, el Consejo Europeo aprobó las Conclusiones del Consejo de 26 de junio de 2018, en las que se fijaba el camino hacia la apertura de las negociaciones de adhesión en junio de 2019;

E.  Considerando que persisten problemas a los que se debe responder de forma rápida y eficaz con un espíritu de diálogo y cooperación;

F.  Considerando que un diálogo constructivo entre el Gobierno y la oposición sobre las reformas relacionadas con la Unión sigue siendo crucial para avanzar en el programa de reformas en beneficio de los ciudadanos y para acercar el país a la Unión;

G.  Considerando que en Albania hay un amplio apoyo popular a la adhesión del país a la Unión;

H.  Considerando que el Estado de Derecho es uno de los valores fundamentales en los que se basa la Unión y ocupa un lugar central tanto en el proceso de ampliación como en el proceso de estabilización y de asociación; que se precisan reformas para hacer frente a los importantes retos pendientes en este ámbito, en particular para garantizar un poder judicial independiente, imparcial, eficaz y que rinda cuentas, y para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada y proteger los derechos fundamentales;

I.  Considerando que la protección de la libertad religiosa, el patrimonio cultural y los derechos de las minorías son algunos de los valores fundamentales de la Unión;

J.  Considerando que Albania ha ratificado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, incluidos, en particular, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de 1948 (n.º 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949 (n.º 98);

K.  Considerando que cada país candidato es juzgado individualmente en función de sus propios méritos, y que la velocidad y la calidad de las reformas son los factores que determinan el calendario para la adhesión;

L.  Considerando que la cooperación regional y unas buenas relaciones de vecindad son esenciales para el progreso de Albania en su camino hacia la adhesión a la Unión;

1.  Se congratula de los intensos esfuerzos realizados por Albania a este respecto, que se han traducido en progresos constantes en la aplicación de reformas relacionadas con la Unión, especialmente en la reforma global de la justicia; pide a Albania que consolide las reformas efectuadas y continúe preparándose de cara a las obligaciones que conlleva la adhesión a la Unión en todos los capítulos;

2.  Apoya plenamente la recomendación de la Comisión de iniciar las negociaciones de adhesión en reconocimiento de la labor de reforma realizada por Albania; toma nota de la decisión del Consejo de volver a evaluar la situación en junio de 2019; acoge con satisfacción el claro camino que se ha trazado con vistas a iniciar las negociaciones de adhesión en 2019 y destaca que el proceso de evaluación preparatorio ya ha comenzado; recuerda que la decisión de iniciar las negociaciones de adhesión dependerá de los progresos realizados en el proceso de reforma; pide al Consejo que evalúe de manera objetiva y justa los progresos logrados por el país y que convoque la primera Conferencia Intergubernamental antes de finales de ese año; alienta a Albania a que mantenga la dinámica de reformas; considera que el inicio de las negociaciones contribuiría de forma positiva a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, ya que ofrecería más incentivos en favor del proceso de reformas y mejoraría su control;

3.  Pide a la Comisión que aplique el enfoque reforzado para la negociación de los capítulos 23 (poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (justicia, libertad y seguridad);

4.  Recuerda la necesidad de reforzar las competencias de control del Parlamento albanés, en particular en el proceso de adhesión a la Unión; pide un uso más eficiente de los diversos mecanismos e instituciones de control, incluidas las comisiones de investigación; acoge con satisfacción la adopción del Código de Conducta por el Parlamento albanés, lo que permitirá aumentar la integridad y la transparencia del proceso parlamentario y la confianza pública en la institución; subraya la necesidad de un mecanismo de aplicación, incluidas sanciones, para lograr que el Código sea efectivo; subraya el papel central de la Comisión para la Integración en la Unión Europea y la responsabilidad del Consejo Nacional para la Integración Europea como foro de consulta sobre los preparativos para la adhesión; pide una mayor cooperación con el Parlamento de Albania en el marco del programa de apoyo del Parlamento Europeo a los parlamentos de los países de la ampliación, con objeto de mejorar su capacidad de producir una legislación de calidad en consonancia con el acervo de la Unión y de ejercer su papel de supervisión;

5.  Destaca la importancia de concienciar a la población general sobre el proceso de adhesión a la Unión y el papel de las instituciones de la Unión y de Albania involucradas;

6.  Pide que se adopten medidas legislativas y administrativas para dar respuesta a las recomendaciones pendientes de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE); subraya la necesidad de una reforma inclusiva y oportuna con miras a aumentar la confianza de la opinión pública en el proceso electoral; recuerda la necesidad de que se preste la debida atención a las acusaciones de financiación ilegal y no declarada de los partidos políticos; se congratula del trabajo realizado por la Comisión ad hoc para la Reforma Electoral del Parlamento albanés en relación con la independencia y la despolitización de la administración electoral, la transparencia en la financiación de las campañas, el registro de los votantes, la compra de votos, el uso de las nuevas tecnologías de votación y el voto en el extranjero, y la insta a que alcance un consenso acerca de las reformas necesarias y las adopte a tiempo para su aplicación en las elecciones locales de 2019;

7.  Acoge con satisfacción la revisión de la ley albanesa sobre la financiación de los partidos políticos; reitera su llamamiento a los partidos políticos del país para que cumplan con su obligación de garantizar la exclusión de las personas con antecedentes penales de cualquier cargo público en todos los ámbitos y niveles de gobierno;

8.  Reitera que un diálogo político constructivo, la voluntad de acuerdo, la cooperación sostenible entre partidos y el mantenimiento de un compromiso inquebrantable con la aplicación y la consolidación de las reformas en relación con las cinco prioridades clave resultan fundamentales para avanzar en el proceso de adhesión a la Unión y para el adecuado funcionamiento de un régimen democrático; acoge con satisfacción la creciente colaboración de los dos partidos y el gran consenso entre los partidos que se alcanzó en la negociación de ciertas reformas clave; anima a todas las fuerzas políticas a que se esfuercen más por lograr un auténtico diálogo político y lograr una cooperación constructiva, apoyando así el proceso de reforma; reitera su firme creencia de que el diálogo político debe tener lugar dentro de las instituciones democráticas; manifiesta su gran preocupación por el boicot de facto del proceso parlamentario por parte de la oposición tras el receso veraniego de 2018;

9.  Hace hincapié en que la reforma del sistema judicial es una importante demanda de los ciudadanos de Albania y un requisito previo para el restablecimiento de la confianza en el Estado de Derecho, las instituciones públicas y los representantes políticos; reitera que la credibilidad y la eficacia del proceso global de reformas, en particular por lo que respecta a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y a la aplicación de los derechos de propiedad, dependen del éxito del proceso de verificación de la idoneidad y del mantenimiento de una firme aplicación de la reforma judicial;

10.  Celebra los progresos realizados en la reforma judicial con miras a aumentar la independencia, la responsabilidad, la profesionalidad y la eficacia de las instituciones judiciales y a reforzar la confianza de los ciudadanos en los órganos judiciales; lamenta que la administración de justicia siga siendo lenta e ineficiente; observa que el proceso de reevaluación de todos los jueces y fiscales está dando sus primeros resultados tangibles; acoge con satisfacción que ya se hayan tramitado la mayoría de los expedientes prioritarios; insta a las autoridades albanesas, no obstante, a que sigan avanzando en el proceso de verificación de la idoneidad, sin que la calidad ni la equidad queden comprometidas; destaca la importancia de que el proceso de verificación de la idoneidad se ejecute en consonancia con las normas internacionales más estrictas e insta a Albania a que continúe cooperando estrechamente con la Operación de Vigilancia Internacional; toma nota de los primeros despidos y las dimisiones voluntarias de candidatos antes de la celebración de sus audiencias; considera en este contexto que la preparación de la siguiente generación de jueces y fiscales es aún más importante, y lamenta, por lo tanto, que los partidos políticos de Albania aún no hayan llegado a un acuerdo sobre las modificaciones necesarias de la legislación relativa al estatuto de los jueces y fiscales con respecto a una formación y un proceso de selección de mayor capacidad; alienta a que se pongan a disposición de forma continua recursos financieros y humanos suficientes para las instituciones de verificación de la idoneidad;

11.  Insta a las autoridades albanesas a que concluyan lo antes posible la creación de nuevos órganos judiciales y restablezcan el funcionamiento del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo; subraya la necesidad de apoyar el buen funcionamiento de estas instituciones a través de recursos humanos y financieros adecuados;

12.  Acoge con satisfacción los continuos progresos realizados en aras de una administración pública más próxima al ciudadano, transparente, profesional y despolitizada, también a nivel local; insta a que se apliquen plenamente las recomendaciones de las instituciones de control y del Defensor del Pueblo; toma nota, asimismo, de los avances realizados en relación con la reforma territorial y la mayor consolidación administrativa y financiera de los nuevos municipios creados, así como de la creación del Consejo Consultivo con vistas a mejorar la coordinación entre los gobiernos central y locales; se congratula del establecimiento de oficinas locales de la Unión y de coordinadores de la Unión;

13.  Pide un mayor refuerzo de la capacidad administrativa de las instituciones y órganos responsables de la aplicación de las reformas relacionadas con la adhesión, de la transposición de la legislación europea en el Derecho nacional y de los preparativos que han de realizarse de cara a las negociaciones de adhesión a la Unión;

14.  Celebra las mejoras significativas que se han llevado a cabo en el marco jurídico e institucional para prevenir y erradicar la corrupción en las instituciones públicas, pues la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones; pide que se realicen mayores esfuerzos para reducir la corrupción que afecta a la vida diaria de los ciudadanos albaneses, a fin de mejorar el clima de inversión y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones; subraya que los altos funcionarios no deben beneficiarse de un trato diferente al de los ciudadanos comunes en el caso de que se les acuse de algún delito; pide a Albania que recurra en mayor medida a las investigaciones financieras y establezca un historial de incautaciones, decomisos y recuperaciones de activos de origen delictivo resultantes de delitos relacionados con la corrupción y que muestren resultados tangibles en la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales;

15.  Acoge con satisfacción las recientes revisiones de la legislación albanesa en materia de lucha contra la corrupción; hace hincapié en la necesidad de completar el proceso de creación de la Oficina Nacional de Investigación, el Tribunal Especial y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada; pide que se siga mejorando la cooperación interinstitucional y el intercambio de información entre la policía y la fiscalía; se felicita de la reevaluación de los miembros de las fuerzas policiales en el marco de la legislación sobre verificación de la idoneidad de la policía;

16.  Pide que se preste más atención a la corrupción política y en los sectores público y privado; pide que se refuerce el historial de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas firmes en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, también en los casos de alto nivel;

17.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, en particular las recientes detenciones de miembros del grupo delictivo Bajri, y pide que se sigan persiguiendo resultados tangibles y sostenibles, incluso en el ámbito específico de la lucha contra el cultivo y el tráfico de drogas, mediante la aplicación de planes de acción contra el cultivo de cannabis; acoge con satisfacción que las fuerzas policiales albanesas sean cada vez más activas en la lucha contra la delincuencia organizada y considera alentador el refuerzo de la cooperación policial internacional por parte de Albania —que conduce a eficaces operaciones contra las redes delictivas—, incluso en grupos de trabajo conjuntos con los Estados miembros; considera que la cooperación entre la policía, la fiscalía y otras agencias y organismos relevantes debe seguir consolidándose;

18.  Insta a las autoridades albanesas a que actúen con determinación en el desmantelamiento de las redes delictivas que se dedican al tráfico de drogas y armas de fuego y a la trata de seres humanos, y que aumenten el número de investigaciones y enjuiciamientos, así como el de condenas firmes, especialmente de los miembros de alto nivel de las organizaciones delictivas; señala la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenir la trata de seres humanos, prestando una atención particular a los menores no acompañados y a los niños víctimas de la trata, especialmente entre los niños de la calle;

19.  Reitera su llamamiento a las autoridades albanesas para que garanticen efectivamente el respeto y el progreso hacia la protección de los derechos de propiedad de un modo eficaz y transparente, teniendo en cuenta al mismo tiempo el registro de las propiedades y los derechos de restitución e indemnización; pide que se realicen los progresos necesarios en la digitalización y la cartografía de propiedades; insta a las autoridades albanesas a que informen debidamente a los ciudadanos sobre sus derechos y las vías para hacerlos valer; subraya la importancia de un régimen de derechos de propiedad eficaz a la hora de garantizar el Estado de Derecho y un entorno empresarial atractivo;

20.  Acoge con satisfacción las nuevas medidas adoptadas para reforzar la protección de los derechos humanos, los derechos de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación, incluida la igualdad de trato de todas las minorías; acoge con satisfacción la adopción de una ley marco sobre minorías, que abolió la distinción entre minorías nacionales y comunidades etnolingüísticas e introdujo el principio de autoidentificación, la prohibición de la discriminación y el derecho a preservar culturas, tradiciones y lenguas maternas; pide su plena aplicación en la práctica e insta a Albania a que prosiga sus esfuerzos mediante la adopción de la legislación derivada necesaria en relación con la ley marco sobre minorías nacionales, en consonancia con las normas europeas, de modo que garantice la participación de todas las partes interesadas pertinentes en su elaboración; insiste en que se tomen medidas para seguir mejorando la educación, la sanidad, las tasas de empleo y las condiciones de vida de los romaníes, los egipcios y otras minorías étnicas;

21.  Toma nota de las tensiones derivadas de un incidente que dio lugar a la muerte de Konstantinos Katsifas, miembro de la minoría nacional griega y ciudadano de doble nacionalidad (albanesa y griega), que fue abatido por las Fuerzas Especiales de Policía de Albania (RENEA), el 28 de octubre de 2018, durante una conmemoración en memoria de los soldados griegos caídos en Bularat en la Segunda Guerra Mundial; pide moderación a todas las partes y espera que las autoridades albanesas investiguen y aclaren las circunstancias que provocaron esta muerte;

22.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en el aumento de la participación y la representación de las mujeres en la política, en particular por medio de la introducción del sistema de cuotas de género, así como la representación equitativa de mujeres en el nuevo Gobierno; reitera, sin embargo, su preocupación por la discriminación y la falta de medidas adecuadas para la protección de las mujeres y las niñas pertenecientes a grupos desfavorecidos y marginados, como las mujeres romaníes(1) y las mujeres con discapacidad, por las disposiciones discriminatorias desde el punto de vista del género, aún presentes en varias leyes, la dificultad de acceso a la justicia para las mujeres, la proporción de mujeres en el mercado laboral informal y el elevado número de casos de violencia doméstica contra las mujeres y los niños, especialmente los pertenecientes a grupos vulnerables; pide una respuesta adecuada a estas cuestiones y elogia la adopción de una resolución sobre la lucha contra la violencia de género y la creación de una subcomisión parlamentaria para la igualdad de género;

23.  Observa con preocupación que las mujeres que viven en zonas rurales y remotas, y las mujeres romaníes y egipcias siguen teniendo un acceso limitado a la atención primaria de la salud y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a menudo desconocen la disponibilidad de dichos servicios; pide, por lo tanto, a las autoridades albanesas que garanticen una mejor información sobre dichos servicios y sean accesibles, asequibles y de calidad.

24.  Acoge con satisfacción el refuerzo del marco legislativo sobre los derechos del menor por medio de la aprobación de la ley de protección de los derechos del menor, el Código de justicia penal para los menores y la «Children’s Agenda 2020»; recuerda que los mecanismos institucionales para proteger los derechos de los niños aún deben mejorarse; insta a las autoridades a que apliquen legislación derivada sobre la protección de los derechos del menor y la justicia juvenil, y pide un aumento significativo de las dotaciones financieras para el sistema de protección del menor, en particular las unidades de protección de la infancia a nivel local y regional;

25.  Elogia el ambiente de tolerancia y cooperación reinante entre las comunidades religiosas del país; pide a las autoridades albanesas que combatan con eficacia la incitación al odio y la exclusión y discriminación de las minorías, incluidas las personas LGBTI; acoge con satisfacción los planes de acción de igualdad de género adoptados recientemente en cinco municipios albaneses, en consonancia con la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local;

26.  Pide a las autoridades albanesas que refuercen la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, garantizando la participación y consulta efectivas de la opinión pública a lo largo del proceso de toma de decisiones, también a nivel nacional y local, reforzando así la democracia y la transparencia; llama la atención sobre la necesidad de reformar el marco jurídico y fiscal de las organizaciones de la sociedad civil, así como de la financiación pública disponible para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los ámbitos de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, incluidas las organizaciones de vigilancia y defensa de intereses y las pequeñas organizaciones de base, ya que la sostenibilidad financiera sigue suponiendo un reto considerable para un número significativo de estas organizaciones, dado que el actual proceso de registro se caracteriza por procedimientos largos y costes elevados y el actual sistema fiscal impone una carga considerable a las organizaciones de la sociedad civil y dificulta las donaciones empresariales e individuales; recuerda que una sociedad civil empoderada es una característica fundamental de una democracia dinámica y es estratégicamente importante para la transformación de Albania en un Estado miembro de la Unión;

27.  Acoge con satisfacción la firma del acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Albania y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, lo que permitirá que esta última ayude a localizar e identificar a personas desaparecidas durante el régimen comunista;

28.  Pide a las autoridades albanesas que refuercen sus políticas destinadas a las personas con discapacidad, que siguen tropezando con dificultades para acceder a la educación, el empleo, la atención sanitaria y los servicios sociales y para participar en la toma de decisiones;

29.  Lamenta el retraso en la creación de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil en Tirana; insta a las autoridades a que brinden un apoyo flexible a las actividades de dicha Oficina de manera que pueda beneficiarse de su labor el mayor número posible de jóvenes;

30.  Reitera la suma importancia de unos medios de comunicación profesionales e independientes, tanto públicos como privados; observa el progreso parcial obtenido en el refuerzo de la independencia de la autoridad de medios audiovisuales y el organismo público de radiodifusión albaneses; pide que se adopten medidas de mejora de la transparencia financiera de la publicidad estatal en los medios de comunicación; pide asimismo que se tomen medidas de refuerzo de la protección de los derechos laborales y sociales de los periodistas;

31.  Acoge con satisfacción la creación del Consejo de Medios de Comunicación albanés, y subraya su papel a la hora de establecer estrictas normas éticas y profesionales para los periodistas y los medios de comunicación a la vez que promueve su independencia y libertad; acoge con satisfacción la adopción del código de ética periodística revisado, así como las directrices de ética para los medios de comunicación en línea, y pide que se fortalezcan sus principios para mantener la confianza del público, la veracidad, la imparcialidad, la integridad, la independencia y la rendición de cuentas;

32.  Insta a las autoridades albanesas a que refuercen las reformas encaminadas a aumentar la competitividad y abordar la economía informal existente; destaca que la corrupción, las deficiencias del Estado de Derecho y los complejos procedimientos normativos siguen desincentivando la inversión y el desarrollo sostenible de Albania; pide que se siga mejorando el entorno empresarial y de inversión garantizando un marco reglamentario y legislativo previsible, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos de propiedad y el refuerzo de la ejecución de los contratos, persiguiendo firmemente la consolidación fiscal y el refuerzo de la administración tributaria;

33.  Subraya la necesidad de asegurar una convergencia positiva en materia de normas sociales durante el proceso de adhesión; acoge con satisfacción la adopción del Programa de Prioridades de Sofía, en particular la atención prestada al desarrollo socioeconómico y a la juventud; insta a las autoridades albanesas a que reconsideren el papel de las colaboraciones público-privadas y su impacto en los recursos comunes y en los bienes de interés público, como las carreteras, la sanidad, la naturaleza y el patrimonio cultural, en consonancia con las obligaciones de la Unesco; pide a Albania que publique los criterios para la concesión de asistencia social;

34.  Teme posibles repercusiones negativas en las políticas sociales y de empleo como consecuencia del desmantelamiento del Ministerio de Asuntos Sociales de Albania a raíz de la reestructuración gubernamental; insta a las autoridades albanesas a que fomenten la colaboración con los sindicatos y consoliden el diálogo social; insta a la adopción de medidas eficaces para hacer frente a la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, y prevenir el trabajo infantil; pide que se siga mejorando la calidad de la educación, garantizando al mismo tiempo que esta siga siendo accesible a toda la población;

35.  Elogia el hecho de que, de acuerdo con el Instituto de Estadística de Albania (Instat), el nivel de desempleo en Albania ha disminuido; destaca la necesidad de mejorar la calidad del sistema educativo, en particular de aumentar las capacidades para equipar mejor a las personas con competencias y cocimientos acordes con las necesidades del mercado laboral; subraya la necesidad de apoyar el crecimiento a largo plazo por medio del desarrollo de las capacidades necesarias para la absorción, la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológicas;

36.  Insta al Gobierno a que modernice el sistema educativo para construir una sociedad más inclusiva, reducir las desigualdades y la discriminación y equipar mejor a los jóvenes con competencias y conocimientos;

37.  Acoge con satisfacción el compromiso de Albania de cara a la aplicación de la Agenda de Conectividad en el marco del Proceso de Berlín y la adopción del paquete del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) 2018, que incluye el proyecto de infraestructura estratégicamente importante para la reconstrucción del puerto de Durrës, que refuerza las conexiones de Albania con Croacia e Italia y proporciona a los vecinos de Albania sin costa —Kosovo y Macedonia— el acceso a rutas de transporte marítimas; insta a las autoridades albanesas a que aceleren la planificación y la construcción de las secciones albanesas de las redes transeuropeas y prosigan con la armonización del marco jurídico con el acervo de la Unión; respalda la propuesta de reducir las tarifas de itinerancia en los Balcanes Occidentales a fin de promover un buen entorno para el mercado y la inversión en dirección a una economía digital; observa que el 40 % de la población albanesa vive en zonas rurales, pero solo el 1 % de estas personas tiene conexión a internet;

38.  Reitera la importancia de mejorar la infraestructura pública dentro de los países de los Balcanes Occidentales y con los Estados miembros de la Unión; recomienda a las autoridades que aceleren la construcción de los principales proyectos de infraestructura, como el enlace ferroviario y la moderna autovía entre Tirana y Skopie como parte del corredor VIII;

39.  Expresa su honda preocupación por algunas actividades económicas que han causado graves daños al medio ambiente en zonas protegidas, como complejos turísticos a gran escala y las centrales hidroeléctricas situadas a lo largo de los ríos Viosa y Valbona; recomienda a Albania que revise su estrategia en materia de energías renovables y reduzca su dependencia de la energía hidroeléctrica para la generación de electricidad; pide, por tanto, a las autoridades que examinen la posibilidad de realizar inversiones en proyectos de energías renovables distintos de la energía hidroeléctrica; insta a las autoridades a que intensifiquen la calidad de las evaluaciones estratégicas medioambientales, las evaluaciones de impacto ambiental y las consultas públicas sobre tales proyectos, teniendo en cuenta los puntos de vista de la comunidad local; insta al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que revisen su apoyo a los proyectos de centrales hidroeléctricas cuando carezcan de evaluaciones estratégicas medioambientales previas sólidas y de evaluaciones de impacto ambiental; destaca la necesidad de garantizar que el proyecto de gasoducto transadriático (TAP) se ajuste a los aspectos medioambientales y sociales del acervo ; reitera su llamamiento a Albania para que aplique las medidas pertinentes de gestión de residuos y se ajuste al acervo medioambiental de la Unión;

40.  Expresa su preocupación por que Albania siga siendo el país de los Balcanes Occidentales desde el que se registra el mayor número de entradas y estancias ilegales, así como de solicitudes de asilo infundadas, en los Estados miembros; pide que se aumenten las medidas adoptadas estos últimos meses para abordar de forma efectiva el fenómeno de las solicitudes de asilo infundadas en la Unión, así como las entradas de menores no acompañados, en particular sus causas profundas; anima a que se adopten medidas concretas para impulsar el empleo, especialmente en para los jóvenes, la educación, las condiciones de vida y la salud; pide a las autoridades albanesas que establezcan sistemas para ayudar a la reintegración efectiva de las familias y los niños al regresar al país;

41.  Acoge con satisfacción los avances realizados para alcanzar el acuerdo de cooperación operativa entre la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y Albania, el primer país de la región con el que se ha firmado un acuerdo de ese tipo, e insta a que haya más cooperación a nivel operativo;

42.  Pide al Gobierno de Albania que cumpla las disposiciones del artículo 3 del Convenio Europeo de Extradición, emitido por el Consejo de Europa, y del artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y no permita ninguna extradición por delitos políticos o en los casos en los que la persona pueda ser sometida a tortura o trato inhumano por parte del país que solicita la extradición;

43.  Elogia el éxito de Albania a la hora de contener el flujo de combatientes extranjeros; acoge con satisfacción la cooperación regional alcanzada en la lucha contra posibles amenazas terroristas; reitera la necesidad de que se adopten más medidas para interrumpir los flujos financieros destinados a financiar el terrorismo, a fin de reforzar los mecanismos de prevención y supervisión relacionados con la sociedad civil y las comunidades religiosas, y para luchar contra la radicalización en línea; reitera la necesidad de mejorar aún más los programas para reinsertar a aquellos que retornen y a sus familias, así como para evitar la radicalización en las prisiones, también a través del refuerzo de la participación de la sociedad civil y las comunidades religiosas;

44.  Pide una mayor cooperación entre Albania y la Unión en la lucha contra la ciberdelincuencia y la ciberdefensa;

45.  Se congratula de la participación activa de Albania en el Proceso de Berlín, la iniciativa de los Seis de los Balcanes Occidentales y otras iniciativas regionales, así como de su contribución al refuerzo del perfil del Consejo de Cooperación Regional; acoge con satisfacción la firma de una declaración conjunta sobre cooperación regional y relaciones de buena vecindad en el marco del Proceso de Berlín; celebra el constructivo papel de Albania en el fomento de la cooperación regional y las relaciones de buena vecindad con otros países candidatos a la adhesión y con los Estados miembros vecinos y señala que las buenas relaciones son una parte esencial del proceso de ampliación; recibe con agrado la puesta en marcha oficial del Fondo de los Balcanes Occidentales, que debe promover valores comunes y desarrollar una cooperación regional entre ciudadanos, sociedad civil e instituciones de la región de los Balcanes Occidentales; acoge con satisfacción el establecimiento de la Cámara de comercio común de Albania y Serbia en Tirana e insta a fortalecer la cooperación comercial y empresarial en la región; acoge con satisfacción los continuos esfuerzos para mejorar la cooperación regional, especialmente en el ámbito de la protección medioambiental, como se describe en la Iniciativa Trilateral del Adriático; recuerda que deben evitarse las declaraciones y acciones que puedan influir negativamente en las relaciones de buena vecindad;

46.  Reitera su apoyo a la iniciativa de crear una comisión regional encargada de determinar los hechos relativos a todas las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia (RECOM); insta al Gobierno albanés a que lidere su creación; subraya la importancia de este proceso y la participación activa de todos los líderes políticos regionales para comenzar con su labor sin más dilación; pide que se preste atención a la propuesta de la coalición de la RECOM en relación con un plan de acción con fechas y datos de referencia claros;

47.  Felicita vivamente a Albania por sumarse íntegramente y de manera continuada a todas las posiciones y declaraciones de la Unión en el contexto de la política exterior y de seguridad común; pide a Albania que haga suya la Posición Común de la Unión sobre la integridad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y renuncie a su acuerdo bilateral de inmunidad con los Estados Unidos; felicita a Albania por su participación activa en las misiones militares de gestión de crisis en virtud de la política común de seguridad y defensa, así como por su contribución a misiones de la OTAN con importancia estratégica para la Unión;

48.  Insta a las autoridades albanesas a que hagan el uso más eficaz posible de los fondos de la Unión en todas las regiones del país; pide a la Comisión que garantice la estricta condicionalidad de los fondos del IAP y evalúe, en el marco de sus informes por país, la eficacia de la ayuda del IAP destinada a Albania, especialmente en relación con las prioridades clave y los proyectos correspondientes;

49.  Toma nota del clima constructivo reinante en la duodécima reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania, celebrada en Tirana los días 12 y 13 de febrero de 2018; constata la mejora de la cooperación entre los representantes de la mayoría y de la oposición en dicha comisión; subraya la importancia de continuar la colaboración entre los diferentes partidos en el proceso de reformas en curso de cara a la adhesión a la Unión;

50.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno y al Parlamento de Albania.

(1) La palabra «romaní» se utiliza como término genérico para incluir a diferentes grupos relacionados, sedentarios o no, como los romaníes, los ashkalíes, los egipcios, etc., que pueden ser diversos en cuanto a cultura y estilos de vida.


Informe de 2018 sobre Montenegro
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Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Montenegro (2018/2144(INI))
P8_TA-PROV(2018)0482A8-0339/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Montenegro, en vigor desde el 1 de mayo de 2010,

–  Vistos la declaración de la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018, y su Programa de Prioridades de Sofía,

–  Vista la novena reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Montenegro celebrada el 25 de junio de 2018,

–  Vista la adhesión de Montenegro a la OTAN el 5 de junio de 2017,

–  Vista la ratificación por los Parlamentos de Montenegro y Kosovo del acuerdo de delimitación de la frontera entre Montenegro y Kosovo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de febrero de 2018, titulada «Una perspectiva creíble de ampliación y un mayor compromiso de la UE con los Balcanes Occidentales» (COM(2018)0065),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, titulada «Comunicación sobre la política de ampliación de la UE en 2018» (COM(2018)0450), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Informe de 2018 sobre Montenegro» (SWD(2018)0150),

–  Vistas la evaluación de la Comisión, de 17 de abril de 2018, del programa de reforma económica de Montenegro (2018-2020) (SWD(2018)0131) y las Conclusiones conjuntas del Consejo, de 25 de mayo de 2018, del diálogo económico y financiero entre la UE y los Balcanes Occidentales,

–  Vistos los informes de la misión de observación electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y la declaración de la Delegación del Parlamento Europeo para la observación de las elecciones sobre las elecciones presidenciales del 15 de abril de 2018,

–  Vista la declaración y las recomendaciones de los copresidentes de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, adoptadas en su décimo quinta reunión celebrada en Podgorica los días 16 y 17 de julio de 2018,

–  Vistos los resultados de la encuesta de 2017 sobre la población romaní marginada en los Balcanes Occidentales, elaborada por la Comisión, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

–  Visto el paquete sobre el Proceso de Berlín puesto en marcha el 28 de agosto de 2014,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Montenegro,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8‑0339/2018),

A.  Considerando que cada país candidato es juzgado individualmente en función de sus propios méritos y que la velocidad y la calidad de las reformas son los factores que determinan el calendario para la adhesión;

B.  Considerando que Montenegro es actualmente el más avanzado en el proceso de negociación, que ha abierto 31 de los 35 capítulos del acervo comunitario de la Unión y ha cerrado de forma provisional las negociaciones sobre tres de ellos;

C.  Considerando que un diálogo constructivo entre las fuerzas políticas internas y con los países vecinos será fundamental para seguir avanzando en el proceso de adhesión a la Unión;

D.  Considerando que Montenegro ha mantenido su compromiso de crear una economía de mercado viable y ha seguido su trayectoria de cumplimiento de las obligaciones del Acuerdo de estabilización y asociación (AEA);

E.  Considerando que Montenegro se beneficia de la ayuda a la preadhesión en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II);

F.  Considerando que Montenegro tiene que seguir fortaleciendo, entre otras cosas, su capacidad parlamentaria, legislativa y de supervisión, la transparencia institucional, el respeto al Estado de Derecho y la independencia del poder judicial, el tratamiento interno de los casos de crímenes de guerra, la integridad del proceso electoral, la libertad de los medios de comunicación y la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y la economía informal;

1.  Celebra el compromiso continuado de Montenegro en el proceso de integración en la Unión y sus continuos buenos resultados generales, basados en un amplio respaldo de la opinión pública a esta decisión estratégica;

2.  Subraya que la ejecución y aplicación de reformas sigue siendo un indicador clave del éxito de la integración; pide a Montenegro que mejore la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas políticas y pide la oportuna aplicación de parámetros provisionales para los capítulos 23 y 24;

3.  Acoge con satisfacción la evaluación de la Comisión que figura en su Comunicación, de 6 de febrero de 2018, sobre la estrategia para los Balcanes Occidentales, según la cual, con una fuerte voluntad política, la materialización de reformas reales y sostenidas, y soluciones definitivas a los conflictos con sus vecinos, Montenegro podría estar potencialmente listo para la adhesión en 2025;

4.  Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen una provisión adecuada en el próximo marco financiero plurianual (MFP) para hacer frente a esta posible adhesión de Montenegro a la Unión Europea, tal como se indica en la Estrategia para los Balcanes Occidentales;

Democratización

5.  Recuerda a todos los partidos políticos que el compromiso político constructivo depende de un Parlamento que funcione plenamente en el que todos los políticos asuman sus responsabilidades hacia los electores ocupando sus escaños en el Parlamento; acoge con satisfacción que la mayor parte de los partidos de oposición hayan vuelto al Parlamento tras un prolongado boicot parlamentario; insta al resto de partidos políticos a volver al Parlamento y a realizar esfuerzos más concertados para llevar a cabo un auténtico diálogo político con el fin de garantizar que cuente con los medios para desempeñar plenamente su papel de legislador y supervisor, restableciendo así un proceso democrático eficiente;

6.  Pide la aplicación de la legislación sobre la participación pública y política de las mujeres y las minorías, en particular de la población romaní(1), lo que incluye permitir que las mujeres pertenecientes a minorías tengan una participación significativa en los procesos de toma de decisiones y que asuman cargos en la administración pública y en otras instituciones públicas;

7.  Pide a los dirigentes políticos de Montenegro que se centren en los retos pendientes en el tratamiento de los problemas con el Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación, la corrupción, el blanqueo de capitales, la delincuencia organizada y la violencia que lleva asociada, y que aborden estas cuestiones con carácter prioritario;

8.  Observa que las libertades fundamentales se respetaron en las elecciones presidenciales de abril de 2018; pide al Gobierno que trabaje con los partidos de la oposición y la sociedad civil para abordar de forma global las deficiencias detectadas por la OSCE/OIDDH y que aplique plenamente sus Recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral, con la aprobación de la legislación nacional pendiente, y que refuerce la transparencia y la profesionalización de la administración electoral, con el fin de aumentar la confianza pública en el proceso electoral; pide que las elecciones locales se celebren simultáneamente en todo el país y que se mejore su calidad y la transparencia; insta al refuerzo de las disposiciones sobre la transparencia de la financiación de los partidos políticos;

9.  Pide investigaciones completas de todas las supuestas irregularidades electorales; insiste una vez más en que se realice un adecuado seguimiento del asunto de las grabaciones de audio de 2012; pide a la agencia de lucha contra la corrupción que establezca un control de los posibles abusos de recursos públicos para fines de los partidos políticos;

10.  Expresa su preocupación por la decisión del Parlamento montenegrino de destituir a Vanja Ćalović Marković del Consejo de la Agencia para la prevención de la corrupción; insta a que este caso se trate con total transparencia;

Estado de Derecho

11.  Observa el papel central desempeñado por la autoridad de auditoría, la agencia de lucha contra la corrupción, la Comisión de Control de Contratación Pública, la agencia de la competencia y la autoridad de ayuda estatal en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción; acoge con satisfacción las reformas continuadas destinadas a mejorar la capacidad y la independencia de estas instituciones, pero señala la necesidad de aumentar su eficiencia, establecer mejores registros, fomentar la prevención de la corrupción, incluso mediante sanciones adecuadas, y eliminar los obstáculos que quedan para lograr su plena independencia;

12.  Observa los progresos realizados en el fortalecimiento de la capacidad de la agencia de lucha contra la corrupción en lo que se refiere a la investigación de la financiación de las campañas; subraya, no obstante, la necesidad de mejorar la confianza en la agencia de lucha contra la corrupción y su reputación, lo que podría lograrse distanciando aún más su trabajo de toda influencia política;

13.  Celebra los esfuerzos realizados para mejorar la transparencia de la administración pública y el intercambio de información, aunque alienta la creación de una administración pública más cercana a los ciudadanos, más profesional y despolitizada; elogia la labor más eficaz del defensor del pueblo; pide mejores evaluaciones de impacto de la legislación, informes exhaustivos sobre auditorías y consultas públicas inclusivas sobre las propuestas de ley; destaca la importancia de la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y de disponer de un acceso abierto a la información con el propósito de luchar eficazmente contra la corrupción, y anima a revisar los cambios legislativos realizados en mayo de 2017; recomienda la optimización de los recursos y del capital humano en la administración pública;

14.  Acoge con satisfacción los avances considerables realizados por Montenegro en materia de administración electrónica y de participación electrónica, ámbitos en los que el país se ha colocado entre los 25 mejores resultados según la Encuesta de Gobierno Electrónico 2016 de las Naciones Unidas; pide al Gobierno de Montenegro que mantenga este ritmo de reforma en este ámbito para seguir mejorando la eficiencia de la administración pública y la accesibilidad a la misma;

15.  Celebra los progresos moderados realizados en el aumento de la independencia, la transparencia, la responsabilidad, el profesionalismo y la eficacia de las instituciones judiciales; pide salvaguardias contra la interferencia política y una aplicación coherente de códigos éticos y medidas disciplinarias; acoge con satisfacción que los nuevos jueces y fiscales hayan sido nombrados por primera vez utilizando el nuevo sistema de contratación;

16.  Señala la necesidad de avanzar en los procedimientos judiciales sobre el supuesto intento de golpe de Estado de octubre de 2016, garantizando la plena cooperación judicial con terceros países; celebra la decisión de retransmitir públicamente el juicio en interés de la transparencia;

17.  Acoge con satisfacción las enmiendas a la Ley del Consejo del Poder Judicial aprobadas el 29 de junio de 2018, que permiten el funcionamiento ordinario del Consejo del Poder Judicial; observa que estas enmiendas se han adoptado de conformidad con las recomendaciones de la Comisión de Venecia; destaca que estos cambios con respecto a la elección de los miembros legos del Consejo representan solo una solución temporal; insta al recién creado grupo de trabajo ad hoc del Parlamento a que resuelva rápidamente esta cuestión;

18.  Manifiesta su preocupación por los crecientes casos de violencia y asesinatos ligados a la delincuencia organizada, que tienen un efecto perjudicial sobre la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie; celebra que las autoridades hayan detectado este problema, aunque pide acciones preventivas más enérgicas, incluido el uso del decomiso de activos no basado en condena; elogia la investigación, enjuiciamiento e imposición de condenas en casos de corrupción de alto nivel; reconoce, no obstante, que se debe continuar esta tendencia, en particular en casos de blanqueo de capitales y tráfico de seres humanos;

19.  Pide avances en la prevención de conflictos de intereses y del enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, también a nivel municipal; pide a las autoridades que intensifiquen el decomiso de activos de origen delictivo, que avancen en las investigaciones sobre enriquecimiento injustificado y que adopten otras medidas para el desmantelamiento de bandas criminales, cortando los vínculos entre la delincuencia organizada, la actividad económica y la política; denuncia, al mismo tiempo, la práctica de imponer sanciones por debajo del mínimo legal, ya que tiene un efecto contraproducente en la prevención de los delitos de corrupción;

20.  Recuerda que Montenegro debe hacer esfuerzos adicionales para garantizar la protección efectiva del derecho a la propiedad, de conformidad con el acervo de la Unión y las normas internacionales de derechos humanos; insta a las autoridades estatales a que prevean procesos justos dentro de un plazo razonable en la aplicación del marco jurídico nacional existente, en particular por lo que respecta a los derechos de propiedad y la restitución de bienes; señala que un régimen sólido, no discriminatorio y estable de derechos de propiedad es un requisito previo para la confianza de los ciudadanos y de los inversores externos y para la seguridad de las empresas;

Gestión de fronteras y migración

21.  Observa que Montenegro se ha mostrado hasta el momento capaz de tratar las solicitudes de asilo, aunque subraya que debe hacer más progresos; anima a Montenegro a trabajar en estrecha cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para mejorar la gestión de las fronteras de acuerdo con las normas europeas, tratar la migración irregular y acabar con las redes de tráfico de migrantes; pide que se intensifiquen los esfuerzos y la cooperación transfronteriza para prevenir y desmantelar las redes de delincuencia organizada relacionadas con el tráfico de personas, así como con el contrabando de drogas y tabaco; hace hincapié en las persistentes preocupaciones relacionadas con el comercio ilícito de tabaco en Montenegro, en particular las relacionadas con sus zonas de libre comercio; pide a la Comisión que siga apoyando a Montenegro en el control sus zonas de libre comercio y en la lucha contra el comercio ilícito;

22.  Lamenta la falta de avances en relación con el problema del tráfico de personas e insta a prestar una atención particular a la prevención de la prostitución organizada forzada y de la mendicidad infantil; subraya que es necesario redoblar los esfuerzos en la identificación de las víctimas y en que puedan acceder a asistencia, indemnización y medidas de protección; pide a Montenegro que proporcione protección eficaz a las víctimas de trata y que preste especial atención a la rehabilitación de los menores víctimas de trata y a las mujeres y niñas romaníes, por las circunstancias de vulnerabilidad en que se encuentran como resultado de la pobreza y la marginalización;

Medios de comunicación

23.  Manifiesta su preocupación creciente por la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, para lo que tres informes sucesivos de la Comisión han señalado «sin avances»; recuerda que el capítulo 23 correspondiente se abrió en diciembre de 2013 y que los avances en este capítulo y en el 24 son lo que determina el ritmo general de las negociaciones; condena en los términos más enérgicos posibles la intimidación, las campañas de difamación y los ataques verbales y físicos contra periodistas; observa que en 2017 hubo siete denuncias de casos de ataques contra periodistas; insta al Gobierno a garantizar que se proteja a los periodistas en la práctica; pide la adopción de más medidas para garantizar la independencia de los medios de comunicación y los periodistas y anima a la recogida sistemática de datos sobre amenazas contra periodistas; observa que la Delegación de la Unión en Montenegro sigue de cerca la situación;

24.  Se muestra particularmente preocupado por el ataque, el 8 de mayo de 2018, contra Olivera Lakić, periodista del periódico Vijesti, y pide una investigación plena del caso; considera inaceptable que no se hayan producido nuevos avances en las investigaciones de antiguos casos de violencia contra periodistas; pide a las autoridades que condenen con firmeza todos los ataques contra periodistas y que promuevan medidas para protegerlos y erradicar la impunidad;

25.  Deplora la actual presión financiera y editorial sobre la radiotelevisión pública de Montenegro (RTGC) y la Agencia de medios de comunicación electrónicos (AEM); insta a que se establezcan salvaguardias contra las injerencias políticas y empresariales indebidas y que se garantice la plena transparencia en cuestiones de publicidad institucional en los medios de comunicación; reitera la necesidad de proteger a la RTCG y a todos los demás medios de comunicación de influencias políticas indebidas; insta a las autoridades públicas a proporcionar a los reguladores de los medios de comunicación y al organismo público de radiodifusión los fondos suficientes para asegurar la autonomía financiera y la independencia de la RTCG y la AEM, algo esencial para disponer de un entorno de comunicación sólido durante las campañas electorales; lamenta el cambio en la composición del consejo de administración de la RTCG y la destitución de su directora general, Andrijana Kadija; cree que las destituciones prematuras deben permitirse solo en circunstancias limitadas;

26.  Advierte que la falta de autonomía financiera de los medios de comunicación fomenta su dependencia política y la polarización; considera que es necesaria una asignación transparente y no discriminatoria de los fondos públicos para publicidad institucional y pide a las autoridades que estudien formas alternativas de subvenciones indirectas para fomentar la independencia de los medios de comunicación;

27.  Subraya el papel de la AEM y de una autorregulación eficaz para garantizar las normas éticas más exigentes en los medios de comunicación montenegrinos y para reducir el número de casos de difamación; señala que la situación precaria de los periodistas socava la calidad y el profesionalismo de los medios de comunicación;

Sociedad civil y derechos humanos

28.  Subraya el papel esencial de las organizaciones de la sociedad civil en la mejora del funcionamiento de las instituciones del Estado y en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; condena enérgicamente la reciente intimidación y la campaña de difamación inaceptable contra las organizaciones de la sociedad civil críticas con los lentos avances en general, o con la ausencia de ellos, en ámbitos clave del Estado de Derecho;

29.  Pide que se preste mayor atención al redactar y aplicar legislación en ámbitos que afectan al espacio de la sociedad civil, al objeto de garantizar que esta legislación ni imponga cargas desproporcionadas o resulte discriminatoria para las organizaciones de la sociedad civil (OSC), ni reduzca su espacio; subraya la necesidad de que reciban financiación pública las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, incluidas las organizaciones de defensa de intereses ciudadanos, las organizaciones de apoyo, así como las pequeñas organizaciones de base; las organizaciones de la sociedad civil deben tener libertad para recibir financiación de otros donantes, como donantes privados y organizaciones, organismos o agencias internacionales;

30.  Toma nota de los cambios introducidos en la ley sobre las ONG, cuyo objetivo es mejorar su financiación pública, y recomienda una rápida adopción de la legislación secundaria necesaria; reitera su petición de consultas sistemáticas, inclusivas, oportunas y auténticas con la sociedad civil y el público en general sobre reformas legislativas fundamentales relacionadas con la Unión, incluida su aplicación a nivel local, con el fin de mejorar el carácter democrático de la toma de las decisiones y aumentar la transparencia; recomienda la mejora del marco financiero regulador de la organizaciones de la sociedad civil, proporcionándoles recursos adicionales y estableciendo normas claras relativas a los mecanismos gubernamentales para la consulta a dichas organizaciones;

31.  Acoge con satisfacción la adaptación legislativa en curso sobre derechos fundamentales; insta a que se refuerce el marco institucional que permite una protección eficaz de los derechos, también en el caso de malos tratos por parte de las fuerzas del orden, intimidación y agresiones físicas; pide que se actualice la ley sobre libertad de creencias religiosas;

32.  Acoge con satisfacción los esfuerzos emprendidos hasta el momento para la aplicación del Convenio de Estambul, aunque insta a mejorar los mecanismos de aplicación y seguimiento de la protección de los derechos humanos, también abordando la violencia contra mujeres y niños; pide, en este sentido, una aplicación efectiva de políticas de derechos fundamentales, en particular en materia de igualdad de género, derechos de inclusión social de las personas con discapacidad, derechos de los niños y derechos de los romaníes, garantizando dotaciones presupuestarias y recursos adecuados para aplicar las políticas y desarrollar la capacidad de las instituciones responsables; pide a las autoridades que adopten las medidas necesarias para evitar los matrimonios infantiles forzados;

33.  Insta a Montenegro a que salvaguarde la aplicación plena y oportuna de la legislación en materia de igualdad de género y de lucha contra la discriminación y a que supervise sus efectos sobre las mujeres procedentes de grupos sociales desfavorecidos y marginados; pide a Montenegro que asegure el acceso sin trabas de todas las mujeres a la justicia y que proporcione asistencia jurídica gratuita a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, con especial atención a las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad y las mujeres que viven en zonas rurales y remotas; pide a Montenegro que fortalezca la función y la capacidad de sus autoridades correspondientes, de modo que estén mejor equipadas para abordar la protección y la rehabilitación de las víctimas y para trabajar de forma proactiva con los hombres para que no ejerzan violencia contra las mujeres; insta a Montenegro a aumentar el número y la capacidad de sus centros de acogida estatales;

34.  Pide a las autoridades montenegrinas que continúen mejorando el clima de inclusión social y tolerancia y que adopten medidas eficaces contra el discurso de odio, la exclusión social y la discriminación de minorías; observa que Montenegro aún no se ha adaptado plenamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; anima a las autoridades competentes a que continúen redoblando sus esfuerzos para proteger los derechos de las personas LGBTI; sigue estando preocupado por las dificultades para aceptar la diversidad sexual en la sociedad montenegrina; manifiesta su preocupación por la discriminación a que se enfrentan las mujeres y niñas de la comunidad romaní y porque la población romaní marginalizada en Montenegro tiene un acceso limitado a oportunidades en todos los aspectos del desarrollo humano, como prueban los resultados de una encuesta de 2017 sobre esta cuestión; destaca la importancia de reforzar el sector de las pymes y respaldarlas mediante una mejor legislación y la aplicación de una política industrial;

35.  Toma nota de ciertos avances continuos en la mejora de la situación de las minorías; pide respeto y esfuerzos adicionales para proteger la identidad multiétnica de la región de la Bahía de Kotor;

36.  Insta a Montenegro a que ponga en marcha campañas de sensibilización pública para luchar contra la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI, y a que garantice la investigación y el enjuiciamiento justos de los delitos cometidos contra ellas;

37.  Insta a Montenegro a que ponga en marcha campañas de sensibilización pública para fomentar la denuncia de la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas, que aumente el número de jueces bien formados y que tengan en cuenta las cuestiones de género, que garantice la investigación y el enjuiciamiento adecuados de los delitos y que garantice la prestación de servicios de asistencia, asesoramiento y reintegración a las víctimas;

Economía, política social, empleo y educación

38.  Acoge con satisfacción los avances realizados por Montenegro para garantizar la estabilidad macroeconómica y la consolidación presupuestaria y pide transparencia presupuestaria y un buen entorno laboral y empresarial; destaca que la corrupción, la economía informal, las deficiencias del Estado de Derecho y los complejos procedimientos normativos siguen desincentivando el crecimiento y la inversión; subraya que el modelo social europeo requiere un diálogo con todos los agentes económicos, incluidos los sindicatos;

39.  Insta a que se aproveche todo el potencial ofrecido por las herramientas digitales en el ámbito del registro catastral, la facturación y la concesión de permisos de construcción; señala la necesidad de acelerar el despliegue del acceso de banda ancha para las empresas y los hogares; subraya la necesidad de un marco de interoperabilidad a escala gubernamental para apoyar una mayor digitalización y simplificación de los procedimientos administrativos y empresariales; acoge con satisfacción el desarrollo en curso del registro electrónico de empresas en línea;

40.  Celebra los cambios normativos en el ámbito de la educación y los esfuerzos por aumentar las tasas de escolarización en la enseñanza preescolar, también de los niños de entornos desfavorecidos, y destaca la importancia de adoptar un enfoque integral del desarrollo del niño en la primera infancia; insta a las autoridades a ocuparse de la alta tasa de desempleo de larga duración entre los jóvenes y las mujeres, también mediante evaluaciones de impacto en materia de género, cuando sea necesario; observa la preparación de un libro blanco para promover el empleo juvenil, en cooperación con la Organización Internacional del Trabajo; subraya la necesidad de intervenir de forma activa en el mercado laboral, en especial para las mujeres afectadas negativamente por la supresión de sus prestaciones sociales;

41.  Señala que los interlocutores sociales deben ser consultados de manera efectiva y sistemática sobre las cuestiones relativas al empleo y los asuntos sociales; subraya la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades del Consejo Social; acoge con satisfacción la adopción de normas en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, pero sigue estando preocupado por el elevado porcentaje de accidentes mortales en el trabajo y el escaso número de inspectores de trabajo;

42.  Acoge con satisfacción la mayor participación de Montenegro en el programa Erasmus+ y manifiesta su apoyo a la propuesta de la Comisión de duplicar el presupuesto del programa; aboga por una mayor coordinación en cuestiones transversales que afectan al empleo juvenil, la inclusión, la ciudadanía activa, el voluntariado y la educación;

Medio ambiente, energía y transporte

43.  Manifiesta su satisfacción por que, de conformidad con el artículo 1 de su Constitución, Montenegro es un Estado ecológico; celebra la posible apertura del capítulo 27 del acervo en las negociaciones con Montenegro este año; pide a las autoridades que protejan mejor las zonas más valiosas, en particular en lo que se refiere a la biodiversidad, y que revisen los proyectos de construcción de hoteles y centrales hidroeléctricas;

44.  Señala que el desarrollo de energía hidroeléctrica adicional y de capacidades turísticas, en particular en zonas protegidas, debe cumplir las normas medioambientales de la Unión; manifiesta su preocupación por el desarrollo insostenible de la energía hidroeléctrica, ya que muchos de los proyectos de las ochenta centrales hidroeléctricas no se están planificando de acuerdo con las convenciones internacionales o la legislación de la Unión, a pesar de las exigencias del capítulo 27; insta a explotar más el potencial de las energías renovables y de medidas de eficiencia energética y a mejorar la gestión del agua y de los residuos; acoge con satisfacción la adaptación lograda entre la Ley de Montenegro de 2016 sobre el intercambio transfronterizo de electricidad y gas natural y el tercer paquete energético; elogia la mejora de la adaptación legislativa de Montenegro sobre eficiencia energética y energías renovables, aunque insta a las autoridades a adaptar plenamente la legislación nacional a la Directiva sobre energías renovables y la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios;

45.  Insta al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a que revisen su apoyo a los proyectos de centrales hidroeléctricas y a que retiren la financiación a todos los proyectos emprendidos en zonas protegidas o que carezcan de evaluaciones de impacto ambiental ex ante adecuadas;

46.  Subraya la necesidad de facilitar oportunamente al gran público información exacta sobre las repercusiones de la construcción de la autopista sobre el río Tara y de poner fin a todas las actividades de vertido de residuos y de alteración del lecho de los ríos, en consonancia con los compromisos contraídos por Montenegro para preservar zonas de especial protección nacional e internacional;

47.  Expresa su preocupación por el plan de ordenación territorial especial para el parque nacional del lago Skadar; subraya la necesidad de abandonar los grandes proyectos de energía hidroeléctrica en el río Morača, dado que tienen importantes efectos adversos en el lago Skadar y el río Tara, ambos protegidos en virtud de la legislación nacional e internacional;

48.  Acoge con satisfacción la evolución positiva en la adaptación al acervo de la legislación nacional de Montenegro en materia de medio ambiente y cambio climático; insta al Gobierno montenegrino a que proteja la salina de Ulcinj tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo con las recomendaciones del estudio financiado por la Unión sobre la protección de la salina de Ulcinj; subraya la necesidad acuciante de garantizar la integración de la salina de Ulcinj en la red Natura 2000 de la Unión; pide la identificación y declaración de zonas marinas protegidas;

49.  Destaca la participación proactiva de Montenegro y su papel constructivo en la cooperación regional e internacional, así como en el proceso de reconciliación regional a través del Proceso de Berlín y la iniciativa de los seis de los Balcanes Occidentales; acoge con satisfacción los resultados de la cumbre UE-Balcanes Occidentales de 2018, celebrada en Sofía, y la adopción del paquete IAP para 2018, que incluye financiación para dos importantes proyectos de infraestructura: la circunvalación de Budva en el Corredor Adriático-Jónico y el tramo ferroviario Vrbnica-Bar en el Corredor Oriente-Mediterráneo oriental; destaca la importancia de las rutas de tráfico que constituyen un vínculo directo entre los países balcánicos y los mercados de la Unión;

50.  Elogia la intención de Montenegro de establecer el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión (RCDE UE) en los próximos tres años y la adopción de legislación secundaria sobre el ahorro de combustible y las emisiones de los vehículos nuevos; señala la importancia de incorporar en la legislación nacional de Montenegro los elementos del RCDE UE, del Reglamento sobre el reparto del esfuerzo y del Mecanismo de supervisión y presentación de informes;

51.  Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos para mejorar la cooperación regional, en particular en la protección medioambiental, como se describe en la Iniciativa Trilateral del Adriático;

Cooperación regional y relaciones de buena vecindad

52.  Acoge con satisfacción los esfuerzos continuados de Montenegro por una cooperación regional constructiva y unas buenas relaciones bilaterales de vecindad; respalda la propuesta de reducir las tarifas de itinerancia en los Balcanes Occidentales;

53.  Celebra la ratificación del acuerdo sobre las fronteras estatales entre Montenegro y Kosovo; pide la conclusión rápida de acuerdos para resolver las disputas fronterizas pendientes con otros países vecinos;

54.  Acoge con satisfacción la firma de una declaración conjunta de Montenegro y Albania y de doce acuerdos relativos a la asistencia mutua en diferentes ámbitos y lo considera un ejemplo de cooperación positiva en la región;

55.  Exhorta a Montenegro a intensificar sus esfuerzos para priorizar de forma proactiva y castigar los crímenes de guerra y aclarar el destino de las personas desaparecidas; acoge con satisfacción los esfuerzos para reintegrar a las personas desplazadas en el marco del programa regional de vivienda; subraya que, pese a la adopción de cuatro documentos que tratan de la estrategia de la investigación de crímenes de guerra, el Ministerio fiscal no ha abierto nuevas investigaciones, no ha iniciado procedimientos nuevos ni ha formulado nuevas actas de acusación; manifiesta su preocupación por que la Fiscalía Especial abriera ocho nuevas causas en 2016, seis de las cuales están todavía en fase de investigación preliminar; reitera su apoyo a la iniciativa de crear la comisión regional encargada de determinar los hechos relativos a todas las víctimas de crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas en el territorio de la antigua Yugoslavia (RECOM); subraya la importancia de este proceso y la participación activa de todos los dirigentes políticos regionales; acoge con satisfacción el apoyo público del primer ministro a la RECOM;

56.  Felicita a Montenegro por sumarse un año más íntegramente y de manera continuada a todas las posiciones y declaraciones de la Unión en el contexto de la política exterior y de seguridad común y acoge con satisfacción su participación activa en misiones de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD); valora el modo en que se ha llevado la política exterior de Montenegro; pide a Montenegro que haga suya la posición común de la Unión sobre la integridad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y sus principios rectores sobre los acuerdos bilaterales de inmunidad;

57.  Pide una mayor cooperación entre Montenegro y la Unión en la lucha contra la ciberdelincuencia y en la ciberdefensa;

58.  Recuerda la importancia estratégica de la adhesión de Montenegro a la OTAN para garantizar la estabilidad y la paz en los Balcanes Occidentales;

o
o   o

59.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Montenegro.

(1) La palabra «romaní» se utiliza como un término genérico que incluye a diferentes grupos relacionados, sedentarios o no; no solo la población romaní, sino también los ashkalíes, los egipcios y otros, que pueden tener culturas y modos de vida diversos.


Defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión
PDF 186kWORD 51k
Recomendación del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la defensa de la libertad académica en la acción exterior de la Unión (2018/2117(INI))
P8_TA-PROV(2018)0483A8-0403/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 13,

–  Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia (11855/2012), adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en línea o no, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de mayo de 2014,

–  Vistos el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2016, y la política de la Unión Europea al respecto,

–  Vista la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su 29.ª reunión, celebrada del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997,

–  Vista la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, aprobada por el Servicio Universitario Mundial en septiembre de 1988,

–  Vista la Resolución 29/7 sobre el derecho a la educación, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 42.ª reunión, celebrada el 2 de julio de 2015,

–  Vista la Observación General n.º 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, aprobada el 8 de diciembre de 1999 en su vigésimo primera sesión,

–  Visto el Dictamen n.º 891/2017 de la Comisión de Venecia,

–  Vistos los informes de organizaciones no gubernamentales nacionales, europeas e internacionales y, en particular, los principios de la responsabilidad del Estado en materia de protección de la enseñanza superior frente a los ataques,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre los derechos fundamentales,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0403/2018),

A.  Considerando que la Unesco define la libertad académica como «la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas»;

B.  Considerando que el derecho a la educación tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos humanos y para alcanzar un desarrollo sostenible; que este derecho solo se puede disfrutar en un ambiente de libertad académica y con la autonomía de las instituciones de educación superior;

C.  Considerando que la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior define la libertad académica como la libertad de los miembros de la comunidad académica —entendiendo como tal al conjunto de personas que enseñan, estudian, investigan y trabajan en instituciones de educación superior— para buscar, desarrollar y transmitir conocimientos, individual o colectivamente, a través de la investigación, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación, la enseñanza, la divulgación y la escritura;

D.  Considerando que esta definición debe basarse en valores democráticos fundamentales, como los principios de acceso equitativo y de lucha contra la discriminación, la responsabilidad, el pensamiento crítico e independiente, la autonomía institucional y la responsabilidad social; que no puede haber democracia sin una libertad académica que haga posible un debate informado;

E.  Considerando que la libertad académica es un elemento clave para avanzar hacia el desarrollo sostenible, y en particular hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consagrados en la Agenda 2030, en la que la educación de calidad, la investigación científica y la innovación ocupan un lugar central;

F.  Considerando que la autonomía es una condición previa necesaria para que los centros de educación puedan desempeñar sus funciones; que la libertad académica requiere una protección permanente y atenta contra presiones indebidas por parte del Estado o de intereses comerciales;

G.  Considerando que la libertad académica —que incluye las libertades de pensamiento, opinión, expresión, asociación, viaje e instrucción— contribuye a crear el espacio en el que cualquier sociedad pluralista abierta y estable es libre de pensar, cuestionar, compartir ideas y producir, consumir y diseminar conocimientos;

H.  Considerando que los ataques a la libertad académica socavan la investigación, el estudio, la enseñanza, el discurso público y el derecho a la educación, y perjudican a la calidad académica y al desarrollo social, político, económico y cultural; Considerando que las respuestas a los problemas de la sociedad deben encontrarse utilizando la razón, a través de pruebas y de persuasión;

I.  Considerando que el derecho a la educación, la enseñanza y la investigación solo se puede disfrutar plenamente en un ambiente de libertad académica;

J.  Considerando que existe una necesidad imperiosa de abordar adecuadamente la cuestión de la libertad académica durante el proceso de adhesión a la Unión Europea con el fin de evitar que se produzcan ataques en los Estados miembros de la Unión, como los intentos de cerrar la Universidad Centroeuropea (CEU) en Budapest, que darán lugar al traslado de las admisiones de estudiantes a Viena a partir de 2019, así como el bloqueo de los estudios de género en Hungría; considerando que los países candidatos deben comprometerse con los valores fundamentales de la educación superior, incluida la libertad académica y la autonomía institucional;

K.  Considerando que la comunidad académica y los centros de educación son cada vez más vulnerables a la intromisión, la presión o la represión por parte de los Estados, el sector empresarial y otros agentes no estatales; que cada año se notifican cientos de ataques contra universidades, centros de educación superior y sus miembros en todo el mundo, entre ellos asesinatos, actos de violencia y desapariciones, detenciones y encarcelamientos injustificados, enjuiciamientos injustificados, pérdidas de cargos, despidos y expulsiones de los estudios injustificados, restricciones de viaje o de circulación y otras amenazas extremas o sistémicas; que las violaciones de las libertades académicas también tienen lugar en Estados miembros de la Unión y en sus socios más cercanos;

L.  Considerando que los recortes en la financiación pública de la educación, incluida la educación superior, con la consiguiente necesidad de fuentes de ingresos alternativas, ponen en riesgo a los académicos, especialmente cuando dicha financiación externa proviene de regímenes autocráticos extranjeros o de empresas multinacionales;

M.  Considerando que los centros de educación extranjeros en la Unión están sufriendo ataques por parte de los Gobiernos nacionales y son víctimas de violaciones de su libertad académica;

N.  Considerando que los intentos de controlar o silenciar a los centros de educación superior o a sus académicos, sus estudiantes y su personal se extienden mucho más allá de las personas y los centros directamente atacados y afectan a la sociedad en su conjunto al reducir el espacio para la participación democrática inclusiva, la libertad de expresión y la capacitación de todos los ciudadanos y al privar a las generaciones futuras de académicos e investigadores de gran valía;

O.  Considerando que la aplicación efectiva del derecho a la educación y la garantía de la libertad académica requieren que los Estados aseguren un nivel adecuado y fiable de financiación para la educación; que las políticas de austeridad financiera y económica han socavado gravemente la libertad académica y siguen haciéndolo en todo el mundo, incluso dentro de la Unión;

P.  Considerando que las violaciones de la libertad académica raramente se tratan dentro del marco de los derechos humanos, lo que refleja, por un lado, la falta de familiaridad con las cuestiones de libertad académica entre los defensores de los derechos humanos y, por otro, el hecho de que las denuncias a menudo hacen referencia a la violación de otros derechos, como la libertad de expresión o de opinión; que, como consecuencia de ello, las normas en este ámbito no están suficientemente desarrolladas y las violaciones de la libertad académica no siempre se notifican;

Q.  Considerando que existe una necesidad general de sensibilizar en mayor medida sobre la importancia de la libertad académica como herramienta para promover la democracia, el respeto del Estado de Derecho y la rendición de cuentas, y de crear oportunidades para reforzar la capacidad de promoción y defensa de la libertad académica;

R.  Considerando que es importante identificar los ataques a la libertad académica como parte de un fenómeno mundial y fomentar el reconocimiento de los académicos y de los estudiantes que son objeto de los ataques, no solo como personas cuyos derechos están siendo violados, sino también como defensores de los derechos humanos que están siendo atacados; que se requiere una respuesta firme a escala nacional e internacional, tanto desde la propia educación superior como desde la sociedad civil y el público en general;

S.  Considerando que muchos académicos y estudiantes en situación de riesgo no tienen la posibilidad de acceder a las oportunidades que ofrecen los programas de la Unión para la movilidad académica y los defensores de los derechos humanos, por no cumplir los criterios para la presentación de solicitudes o por tener grandes dificultades para respetar los procedimientos, los requisitos y los plazos generales de solicitud;

T.  Considerando que las limitaciones de financiación en los programas de la Unión restringen las acciones de las organizaciones y las universidades de la Unión que ya prestan apoyo a estudiantes y académicos que corren el riesgo de huir de sus países debido a la amenaza de ser perseguidos por su compromiso académico; que estas organizaciones y universidades requieren una mayor asistencia en sus acciones e iniciativas;

U.  Considerando que la Unión está comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en todo el mundo; que el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia exige una política de apoyo a la democracia y a los derechos humanos de la Unión que sea más eficaz, en particular aumentando la eficacia de los diálogos sobre derechos humanos, mejorando la visibilidad y el impacto de las estrategias por país en materia de derechos humanos, centrándose en la aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre derechos humanos y mejorando la diplomacia pública y las comunicaciones sobre derechos humanos;

1.  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que:

   a) reconozcan explícitamente la importancia de la libertad académica en sus declaraciones públicas, políticas y acciones relacionadas con la acción exterior de la Unión, incluido el reconocimiento de los principios que sostienen que las ideas no son delitos y que el discurso crítico no constituye deslealtad, sino que es una parte esencial de toda sociedad democrática y de su desarrollo, que la autonomía de los centros de educación debe protegerse en todo momento, y que la libertad académica desempeña un papel esencial en el progreso educativo y en el desarrollo del ser humano y de la sociedad moderna;
   b) reconozcan que las denuncias relacionadas con la libertad académica entran dentro del ámbito de aplicación de la legislación vigente sobre derechos humanos y se derivan del derecho a la educación y de los derechos a la libertad expresión y de opinión; recuerden que la libertad académica se extiende a la libertad de los académicos de divulgar información, realizar investigaciones, difundir el conocimiento y la verdad sin restricciones y expresar sus ideas y opiniones (incluso si estas son controvertidas o impopulares) en los ámbitos de su competencia profesional y de investigación, lo que puede incluir que el funcionamiento de las instituciones públicas de un sistema político determinado sea analizado o criticado;
   c) pongan de manifiesto públicamente los problemas de los ataques a la libertad académica, incluidas sus consecuencias negativas; expresen preocupación con respecto a la vulnerabilidad de la comunidad académica frente a las injerencias indebidas por parte de las autoridades nacionales, los agentes privados o los intereses corporativos; recuerden la responsabilidad de los Estados de garantizar la libertad académica, actuar de acuerdo con ella y proteger proactivamente de estos ataques a los centros, los académicos y los estudiantes de la enseñanza superior, independientemente de su origen o su condición;
   d) garanticen que se informe a los representantes de las instituciones europeas y de los Estados miembros que visiten terceros países sobre la situación de la libertad académica;
   e) demuestren su apoyo a los centros, el personal y los estudiantes que estén en situación de riesgo o que hayan sido víctimas de coerción o ataques violentos y que condenen públicamente estos ataques elevando el asunto a todas las instancias, en particular mediante declaraciones, visitas, invitaciones a manifestaciones públicas y seguimientos de juicios y encarcelamientos, así como a través de referencias específicas a casos particulares de miembros de la comunidad de la enseñanza superior en situación de riesgo;
   f) apoyen la igualdad de acceso a la comunidad académica, sin tener en cuenta etnias, castas, discapacidades, nacionalidades, creencias religiosas, identidades de género, orientaciones sexuales ni cualquier otra condición; presten especial atención, en sus relaciones con terceros países, al apoyo de la eliminación de la discriminación en función del género y de cualquier forma de violencia, y que ayuden a hacer realidad la igualdad de género y el derecho a la educación para todos;
   g) pongan de manifiesto que los ataques a la libertad académica también pueden darse en forma de ciberataques, puesto que los académicos hacen cada vez más uso de internet y de las redes sociales para expresar sus ideas y opiniones;
   h) eleven la libertad académica a diferentes instancias del diálogo político, incluidos los diálogos y las consultas en materia de derechos humanos con los países socios; intensifiquen los esfuerzos diplomáticos con los países socios mediante un compromiso bilateral y multilateral en relación con los incidentes que impliquen amenazas o ataques a la libertad académica, especialmente los ataques violentos contra centros y miembros de la comunidad de la educación superior, así como las políticas o prácticas discriminatorias, las restricciones indebidas a la investigación o a la expresión, las detenciones o los enjuiciamientos injustificados y las restricciones al derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos; animen a los países socios a establecer un marco para la libertad académica y la autonomía institucional, así como a supervisar la aplicación de estos derechos fundamentales; garanticen que cualquier acuerdo de cooperación internacional con países socios respete estos principios;
   i) incluyan la defensa y la protección de la libertad académica y la autonomía institucional en los criterios de Copenhague para el proceso de adhesión a la Unión Europea, con miras a prevenir los ataques a la libertad académica en los Estados miembros, como los que se han observado en el caso de la CEU en Hungría;
   j) animen a todos los Estados a que respalden y apliquen, como ya han hecho la mayoría de Estados miembros de la Unión, la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus Directrices para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado, que constituyen una guía sobre la responsabilidad de proteger valores fundamentales, y en particular la libertad académica y la autonomía institucional, en el contexto de ataques violentos y coercitivos a la educación superior;
   k) trabajen en colaboración con las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, las agencias internacionales, la sociedad civil y las comunidades de la educación superior para crear mecanismos de seguimiento y notificación de ataques, amenazas y restricciones indebidas a la educación superior y a los académicos y refuercen y promuevan el seguimiento con vistas a aumentar la sensibilización, garantizar que los autores asuman la responsabilidad de sus actos y mejorar los esfuerzos de prevención y respuesta frente a los ataques a la libertad académica;
   l) inicien y alienten un diálogo regular con las comunidades universitarias y con las organizaciones cuya misión consiste en proteger a las comunidades de la enseñanza superior y promover la libertad académica, a fin de desarrollar los mejores marcos políticos, iniciativas y estrategias de promoción en favor de la libertad académica;
   m) contribuyan al desarrollo de capacidades para llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas y transparentes de las violaciones de la libertad académica, especialmente en situaciones que impliquen ataques violentos; mejoren los esfuerzos de prevención y respuesta frente a los ataques a la libertad académica, y hagan todos los esfuerzos posibles por que los autores asuman la responsabilidad de sus actos;
   n) fomenten los trabajos de investigación y promoción destinados a reformar la legislación y los reglamentos que imponen restricciones indebidas a la libertad académica o a la autonomía académica de los centros de enseñanza superior; promuevan la autonomía institucional como una forma de proteger los sistemas de enseñanza superior de las injerencias o los ataques por parte del Estado, el sector empresarial u otros agentes no estatales, y de preservar la educación superior de la politización y la manipulación ideológica;
   o) intensifiquen los esfuerzos diplomáticos con los países socios mediante un compromiso bilateral y multilateral en relación con los incidentes que impliquen amenazas o ataques a la libertad académica, especialmente los ataques violentos contra centros y miembros de la comunidad de la educación superior, así como las políticas o prácticas discriminatorias, las restricciones indebidas a la investigación o a la expresión, y las detenciones o los enjuiciamientos injustificados;
   p) revisen los mecanismos de apoyo y protección existentes para que los defensores de los derechos humanos desarrollen la capacidad de identificación y asistencia, incluida la protección y el apoyo de emergencia, en casos de ataques contra la libertad académica, en particular mediante la protección física, el apoyo jurídico y en materia de visados, el apoyo médico, el seguimiento de juicios y encarcelamientos, la promoción y defensa de los intereses, y el apoyo a largo plazo durante el exilio; pidan, en particular, que la promoción de la libertad académica y el apoyo a los miembros de la comunidad académica en situación de riesgo se incluyan entre las prioridades del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos;
   q) revisen los programas existentes y los recursos para la movilidad académica y otras formas de cooperación para la educación y la investigación, incluidos sus criterios, procedimientos de solicitud, requisitos, calendarios y plazos, con el fin de eliminar los obstáculos que podrían impedir que los académicos o los estudiantes cualificados en situación de riesgo puedan acceder a las oportunidades que ofrecen los programas, las colocaciones u otros recursos; promuevan los proyectos existentes financiados por la Unión, como el «Refugio Académico», con el que se pretende aumentar la sensibilización sobre la importancia de la libertad académica en el sector de la enseñanza superior, así como sobre las consecuencias que la represión de esta libertad tiene para la sociedad en general;
   r) garanticen que los programas de ayuda macrofinanciera de la Unión para terceros países y las políticas de las instituciones financieras europeas no socaven la libertad académica apoyando políticas que reduzcan la asignación de presupuesto nacional al sector educativo;
   s) creen nuevas iniciativas en el marco de programas existentes y futuros (posiblemente como sinergias desarrolladas y financiadas por la Unión mediante recursos presupuestarios no relacionados con la educación y la investigación), como el instrumento de preadhesión (IPA III), Horizonte 2020, Erasmus + y las acciones Marie Skłodowska-Curie, para poner en marcha nuevos programas y acciones financiados por la Unión para apoyar la colocación de académicos, investigadores y estudiantes de titulación completa en situación de riesgo con estatuto de protección internacional en centros europeos de enseñanza superior e investigación;
   t) apoyen los esfuerzos normativos en curso a escala regional e internacional, en particular mediante la adopción de una declaración internacional sobre la libertad académica y la autonomía de los centros de enseñanza superior; animen a la Unión y a sus Estados miembros a adoptar iniciativas en materia de libertad académica en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
   u) aseguren un apoyo constante y de alto nivel al Centro Interuniversitario Europeo y al Campus Mundial de Derechos Humanos y Democracia, como rasgo distintivo del apoyo de la Unión a la educación sobre derechos humanos a nivel mundial;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.


La situación de las mujeres con discapacidad
PDF 202kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres con discapacidad (2018/2685(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0484B8-0547/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y su entrada en vigor el 21 de enero de 2011, de acuerdo con la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad(1), en especial, su artículo 6, relativo a las mujeres y niñas con discapacidad,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y su Protocolo Facultativo (1999),

–  Vista la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores(2),

–  Vistos los artículos 10, 19 y 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(3),

–  Vista la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426) y la posición del Parlamento, de 2 de abril de 2009(4),

–  Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión del Parlamento Europeo titulado «Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability» («Discriminación provocada por la confluencia de género y discapacidad»),

–  Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) titulado «Pobreza, género y desigualdades transversales en la UE», y en particular su capítulo 8 sobre «Género y discapacidad»,

–  Visto el Índice de igualdad de género 2017 del EIGE,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la situación de las mujeres con discapacidad (O-000117/2018 – B8‑0418/2018),

–  Vista la propuesta de resolución de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que en la Unión viven más de 80 millones de personas con discapacidad. que uno de cada cuatro europeos tiene un familiar con discapacidad; y que en la Unión hay aproximadamente 46 millones de mujeres y niñas con discapacidad, lo que corresponde aproximadamente al 16 % de su población femenina total y representa el 60 % de la población total de las personas con discapacidad;

B.  Considerando que la palabra «discapacidad» engloba una amplia variedad de situaciones personales temporales, a corto plazo o a largo plazo que requieren respuestas políticas personalizadas e incluyen problemas de salud mental;

C.  Considerando que la demografía cambiante y el envejecimiento de la población implican que hay más personas que pasan a tener una discapacidad en una fase más avanzada de su vida;

D.  Considerando que a las personas con discapacidad se les niegan diariamente derechos fundamentales, debido a la perpetuación de las dificultades de acceso al empleo remunerado que confiere derechos, tanto en el sector público como en el privado; que la formación profesional de las personas con discapacidad está muy por debajo de las necesidades y podría lograrse con el fin de permitir la adquisición de conocimientos, capacidades y competencias necesarias para la inclusión en la vida laboral;

E.  Considerando que solo el 18,8 % de las mujeres con discapacidad tiene un empleo en la Unión Europea; y que el 45 % de las mujeres en edad de trabajar (es decir, de 20 a 64 años) con discapacidad están inactivas y que la proporción equivalente para los hombres es del 35 %;

F.  Considerando que el 75 % de las personas con discapacidad grave no tienen la oportunidad de participar plenamente en el mercado laboral europeo, y que las mujeres con discapacidad tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de ser víctimas de la violencia que las mujeres sin discapacidad;

G.  Considerando que el 34 % de las mujeres con un problema de salud o una discapacidad han sufrido a lo largo de su vida violencia física o sexual por parte de una pareja;

H.  Considerando que la esterilización de las mujeres con discapacidad sin su conocimiento o consentimiento es una forma generalizada de violencia, que afecta en particular a personas pertenecientes a minorías étnicas como las mujeres romaníes;

I.  Considerando que se da una falta de visibilidad de las personas con discapacidad en la vida pública y los medios de comunicación;

J.  Considerando que aproximadamente dos terceras partes de los cuidadores europeos son mujeres; que el 80 % de los cuidados prestados en la Unión corresponde a cuidadores informales no remunerados, y que el 75 % de estas personas son mujeres; y que el valor económico de los cuidados no profesionales no remunerados en la Unión, como porcentaje del coste total de la prestación de servicios asistenciales profesionales a largo plazo, varía entre el 50 y el 90 %;

K.  Considerando que la participación social y económica de las mujeres con discapacidad es esencial para el éxito de la estrategia económica y social general de Europa;

L.  Considerando que las mujeres con discapacidad se enfrentan a menudo a múltiples formas de discriminación por razón de su identidad de género, su expresión de género y sus características sexuales, entre otros factores, lo que contribuye a la feminización de la pobreza;

M.  Considerando que las personas con discapacidad y, en particular, las mujeres con discapacidad, tienen un nivel de ingresos más bajo y corren un mayor riesgo de pobreza y exclusión social; que las situaciones de pobreza y exclusión se perpetúan allí donde la protección social es manifiestamente insuficiente; y que la situación de las mujeres trabajadoras con discapacidad se ha deteriorado con el tiempo en comparación con la de los hombres (la cifra correspondiente a las mujeres con trabajo en situación de pobreza fue del 10 % en 2007 y del 12 % en 2014);

N.  Considerando que los avances tecnológicos presentan un sinfín tanto de oportunidades como de desafíos, especialmente para las mujeres con discapacidad, ya que la mano de obra mundial utiliza cada vez más herramientas digitales;

O.  Considerando que siguen existiendo dificultades para acceder a los centros de salud, a la asistencia hospitalaria, a los productos de apoyo, a los medicamentos y a las terapias esenciales para el seguimiento y la rehabilitación; que persisten graves problemas de movilidad, tanto por las barreras arquitectónicas que impiden el tráfico en las calles y los espacios públicos, como por el acceso limitado al transporte público y colectivo; que siguen existiendo obstáculos de comunicación (como la falta de intérpretes de lengua de signos en los servicios públicos y la escasa accesibilidad a la televisión por parte de las personas sordas), que limitan e impiden el acceso a los servicios públicos y a la información; que los servicios de apoyo, protección, comunicación, atención y asistencia sanitaria, como los relacionados con la salud primaria, la violencia contra las mujeres, el cuidado de los niños y la maternidad, deben ser plenamente accesibles en todas las lenguas, formas y formatos para todas las mujeres, y en particular para las mujeres y las niñas con discapacidad;

P.  Considerando que la plena participación de las personas con discapacidad, tal como se contempla en el artículo 29 de la CDPD, en la vida política y pública, en la que a menudo están infrarrepresentadas, seguirá siendo una esperanza vana y, en particular, para las mujeres, si no se aborda adecuadamente esta cuestión;

Q.  Considerando que, a pesar de los numerosos convenios internacionales y disposiciones del Derecho de la Unión, además de la actual Estrategia Europea sobre Discapacidad, las personas con discapacidad siguen sin disfrutar plenamente de sus derechos cívicos y sociales; que la igualdad de acceso a la cultura, el deporte y el ocio, así como la igualdad de participación en la vida social y política no están garantizadas; que los profesionales que trabajan en estos ámbitos están infravalorados; que todos los convenios y disposiciones mencionados se pasan por alto sistemáticamente, y se siguen negando los derechos fundamentales a los trabajadores y las personas con discapacidad; y que las mujeres y las niñas con discapacidad permanecen al margen del proceso de toma de decisiones y de los avances en materia de igualdad de género;

R.  Considerando que la igualdad de género no se integró horizontalmente en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020;

S.  Considerando que los artículos 21 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíben expresamente la discriminación por razón de discapacidad y hacen un llamamiento a la participación en la sociedad, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad; y que la igualdad de trato se puede garantizar poniendo en práctica medidas y políticas positivas para las mujeres con discapacidad y las madres de niños con discapacidad;

T.  Considerando que la incorporación de una dimensión de género en la Estrategia Europea sobre Discapacidad posterior a 2020 contribuirá a un enfoque integrado para eliminar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad;

U.  Considerando que el salario mensual de los hombres con discapacidad es superior al de las mujeres con discapacidad, mientras que ambos salarios son generalmente más bajos que los de los demás trabajadores, en una realidad discriminatoria que persiste;

V.  Considerando que el actual mercado laboral es inestable y precario, y que el aumento del desempleo supone una disminución de las oportunidades de acceso al empleo para las personas con discapacidad;

W.  Considerando que existe una falta de recursos humanos, materiales y pedagógicos en el sistema escolar estatal que impide el acompañamiento adecuado y la inclusión efectiva de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales; que la plena integración en la sociedad se consigue principalmente mediante un empleo de calidad y una educación accesible; que el empleo no solo se considera como una fuente de ingresos, si no que se ha convertido también en un mecanismo de integración social, ya que crea un vínculo con la sociedad, las relaciones interpersonales y un sentimiento de participación en la vida social, cultural y económica;

X.  Considerando que las mujeres con discapacidad pueden experimentar formas únicas de abuso que son difíciles de reconocer, como la eliminación o destrucción de los dispositivos de movilidad de una persona o la denegación del acceso a recursos relacionados con la discapacidad en la comunidad o a citas en los servicios de atención sanitaria;

Y.  Considerando que la incidencia del cáncer de mama entre las mujeres con discapacidad es muy superior a la de la población femenina en general, debido a la falta de equipos adaptados de detección y diagnóstico;

Z.  Considerando que el Índice de igualdad de género 2017 del EIGE muestra que, por término medio, el 13 % de las mujeres con discapacidad tiene necesidades médicas no satisfechas y un 12 % necesidades odontológicas no satisfechas, mientras que, en el caso de las mujeres sin discapacidad, el 5 % tiene necesidades médicas no satisfechas;

Recomendaciones generales

1.  Insiste en que todas las personas con discapacidad deben poder disfrutar plenamente de sus derechos y de su inclusión y participación plena en la sociedad; destaca que esto solo es posible mediante la aplicación de políticas públicas y activas y la supresión de todos los obstáculos a la participación;

2.  Pide a los Estados miembros que apliquen políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad y de apoyo a sus familias, y que asuman la responsabilidad de la materialización efectiva de sus derechos, sin perjuicio de los derechos y deberes de los padres o tutores; pide asimismo que se desarrolle una pedagogía que sensibilice a la sociedad con respecto a los deberes de respeto y solidaridad para con las personas con discapacidad, con el fin de luchar contra la discriminación social a la que están sometidas;

3.  Pide a los Estados miembros que cumplan sus compromisos en materia de ratificación de la CDPD y que adopten todas las medidas necesarias para garantizar los derechos y libertades, así como las responsabilidades consagradas en ella, en particular en ámbitos como el empleo, la educación, la salud, la protección social, la vivienda, la movilidad, el acceso a la justicia, la cultura, el deporte, el ocio y la participación en la vida social y política, así como las responsabilidades específicas definidas en la CDPD por lo que respecta a los derechos de las mujeres y los niños con discapacidad;

4.  Destaca el hecho de que las mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación debido a la confluencia de género y discapacidad, y que a menudo pueden incluso estar expuestas a múltiples formas de discriminación derivadas de la confluencia de género y discapacidad con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, las características sexuales, el país de origen, la clase, la situación migratoria, la edad, la religión o la etnia;

5.  Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que integren a las mujeres y las niñas con discapacidad en su estrategia, políticas y programas en materia de igualdad de género, incorporen una perspectiva de género en sus estrategias de discapacidad y una perspectiva de género y de discapacidad en todas las demás políticas;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la investigación y la innovación en el desarrollo de productos y servicios para apoyar a las personas con discapacidad en sus actividades cotidianas;

7.  Hace hincapié en que el número de personas mayores va en aumento y en que, según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de la discapacidad es mayor entre las mujeres, quienes se ven especialmente afectadas por este fenómeno debido a que su esperanza de vida es mayor; destaca que, por lo tanto, va a registrarse un aumento proporcional en el número de mujeres con discapacidad;

8.  Insiste en que deben recopilarse datos desglosados por género para determinar las formas de discriminación múltiple y transversal a la que se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad en todos los ámbitos que abarca el Convenio de Estambul, y siempre que ello sea pertinente;

9.  Pide al EIGE que siga proporcionando análisis y contribuciones a escala de la Unión y de los Estados miembros en lo que respecta a la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad, prestando especial atención a la discriminación múltiple;

10.  Insiste en que las mujeres con discapacidad se enfrentan a menudo a retos y peligros aún mayores en los países con conflictos y en las zonas en conflicto; subraya, por tanto, la necesidad de proteger a las mujeres con discapacidad en las políticas exteriores de la Unión;

Derechos de las mujeres con discapacidad

11.  Subraya que debe garantizarse a las mujeres con discapacidad el pleno disfrute de sus derechos en lo que se refiere al acceso a una educación accesible, asequible y de calidad, a la asistencia sanitaria, incluida la asistencia sanitaria específica para las personas trans, así como a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el empleo, la movilidad, la vida familiar, la autonomía corporal, la sexualidad y el matrimonio, así como las salvaguardias que garantizan dichos derechos;

12.  Recuerda que las autoridades de todos los niveles y las partes interesadas pertinentes deben respetar y defender el derecho a una vida independiente y, por consiguiente, facilitar los instrumentos y el apoyo necesarios para que las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, puedan disfrutar de la libertad de elección y el control de su vida y su estilo de vida;

13.  Hace hincapié en que las mujeres y las niñas con discapacidad deben ser informadas de sus derechos y de los servicios para los ciudadanos que tienen a su disposición; subraya que esta información debe facilitarse de forma sencilla y segura, teniendo en cuenta los diferentes métodos, medios y formatos de comunicación elegidos y adaptados a ellas; subraya que el derecho a la información no debe confundirse con la conceptualización de la necesidad de buscar activamente el acceso a los derechos (trasladando la responsabilidad de la materialización de los derechos a las personas necesitadas), ya que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de llegar a todas las personas con discapacidad y asegurarles y garantizarles los derechos establecidos por ley o por un convenio internacional;

14.  Pide la integración de las personas con discapacidad en las estructuras regulares de la sociedad a todos los niveles, incluyendo la salud, la educación y el empleo, teniendo en cuenta que el uso persistente y generalizado de estructuras o servicios especiales conduce a la segregación y reduce la igualdad de oportunidades;

15.  Reconoce la necesidad de que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios seguros, por ejemplo en forma de clubes y asociaciones;

16.  Pide a la Unión Europea que elimine los obstáculos al derecho de voto de las personas con discapacidad, especialmente de cara a las elecciones europeas de 2019;

17.  Insta a los Estados miembros a que apliquen el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo, a que luchen contra la discriminación salarial y a que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres, también en lo que respecta a las personas con discapacidad;

Accesibilidad

18.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apliquen políticas que promuevan la accesibilidad como un paso esencial hacia la inclusión y una condición indispensable para la integración y la participación de las personas con discapacidad; destaca asimismo la importancia del respeto de los principios de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades en relación con la accesibilidad y la movilidad;

19.  Insiste en la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el transporte, la planificación urbana y la vivienda;

20.  Muestra su gran preocupación por que con demasiada frecuencia se priva a las mujeres y niñas con discapacidad del acceso a las instalaciones en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos; considera preocupante que se niegue a las niñas y mujeres con discapacidad el consentimiento informado en relación con el uso de anticonceptivos, y que estas incluso se ven expuestas al riesgo de sufrir esterilizaciones forzadas; pide a los Estados miembros que apliquen medidas legislativas para proteger la integridad física, la libertad de elección y la autodeterminación en relación con la vida sexual y reproductiva de las niñas y mujeres con discapacidad;

21.  Expresa su preocupación por el hecho de que pocos países cuenten con disposiciones que garanticen el derecho de las personas con discapacidad a acceder a un reconocimiento jurídico de género; señala que el reconocimiento jurídico de género, incluso en caso de estar permitido, podría ser inaccesible para las mujeres y las niñas bajo tutela legal; señala que la evaluación psiquiátrica obligatoria para acceder a un reconocimiento jurídico de género dificulta el acceso de mujeres y niñas con problemas de salud mental; pide a los Estados miembros que adopten una legislación sobre el reconocimiento jurídico de género basada en la autodeterminación y que tenga en cuenta las necesidades de accesibilidad de las personas con discapacidad;

22.  Señala la necesidad, en materia de transporte, de que los Estados miembros desarrollen unas políticas de transporte público que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad, junto con la supresión de las barreras arquitectónicas; pide al Consejo y a la Comisión que asignen los fondos necesarios de la Unión para apoyar el desarrollo de dichas políticas;

Relaciones laborales y en el lugar de trabajo con miras a un empleo de calidad y un equilibrio justo entre la vida profesional y la vida privada

23.  Pide a los Estados miembros que desarrollen unas políticas que promuevan la integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral; considera que estas políticas deben alentar el acceso al empleo como condición para la inclusión social, promoviendo la igualdad de oportunidades;

24.  Pide a los Estados miembros que garanticen modalidades específicas de regulación del trabajo que aborden e integren las necesidades específicas de las personas con discapacidad, especialmente en lo que se refiere a la regulación de las horas de trabajo; hace hincapié en la necesidad de definir una legislación laboral específica que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres con discapacidad en relación con el embarazo y la maternidad, protegiendo la permanencia en el mercado laboral y garantizando la protección laboral;

25.  Pide a los Estados miembros que evalúen la necesidad de adoptar medidas que garanticen que la aplicación del permiso de maternidad, paternidad y parental y el horario flexible se adapten a las necesidades diversas relacionadas con los nacimientos múltiples, los nacimientos prematuros, los progenitores adoptivos, la coparentalidad, los progenitores con discapacidad, los progenitores con problemas de salud mental y los progenitores con hijos con una discapacidad, una enfermedad crónica o un problema de salud mental;

26.  Pide que se promueva el derecho a la salud y a la rehabilitación y que se adopten políticas para prevenir y paliar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales para las personas con discapacidad;

27.  Pide a la Comisión que proporcione a los Estados miembros conocimientos especializados sobre las maneras de avanzar para abordar la discriminación múltiple;

28.  Pide a la Comisión que apoye y anime a los Estados miembros a hacer frente a la discriminación generada por la confluencia de la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, las características sexuales y la discapacidad, mediante la formación sobre diversidad y la cooperación con los empleadores en la elaboración de medidas en el lugar de trabajo, por ejemplo, el fomento de procedimientos de contratación anónimos;

Educación

29.  Insta a los Estados miembros a que, a la hora de proporcionar atención preescolar, no solo hagan hincapié en la accesibilidad, sino también en la calidad y asequibilidad de los cuidados prestados, especialmente en el caso de niños con discapacidad y teniendo en cuenta las necesidades de los progenitores con discapacidad; pide asimismo a los Estados miembros que mejoren la inversión pública en educación y atención de la primera infancia para estos grupos de personas;

30.  Subraya la importancia de integrar a las mujeres con discapacidad en los sistemas educativos y profesionales generales;

31.  Destaca que un nivel y una calidad más altos de la educación y la formación conducirá a una mayor capacitación de las mujeres con discapacidad, ya que la educación es una de las herramientas que más influyen en el progreso de la sociedad, proporcionando los conocimientos y los valores necesarios para lograr unos niveles más elevados de bienestar y crecimiento económico y personal; subraya la especial importancia de una educación y formación de calidad para las personas con discapacidad;

32.  Pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de oportunidades efectiva en el acceso a la educación garantizando la integración efectiva de los niños y jóvenes con discapacidad en sus sistemas educativos a todos los niveles; pide que se apoyen las necesidades educativas especiales y el material educativo especial, con el respaldo de escuelas inclusivas a fin de garantizar la igualdad de acceso, pero también el éxito, en el sistema educativo;

33.  Pide a los Estados miembros que inviertan en una educación de calidad para los niños y adultos con discapacidad como parte de la educación general, facilitando así su acceso, especialmente entre las capas más desfavorecidas de la población;

34.  Pide unas políticas educativas que propugnen la eliminación de los numerosos obstáculos que persisten para las personas con discapacidad; insta a los Estados miembros a que, en sus principales centros educativos, logren las condiciones físicas o pedagógicas que permitan a las personas con discapacidad acceder a ellos; subraya, por tanto, la necesidad de aumentar la plantilla de profesores que acompañan a niños con discapacidad;

35.  Pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias para combatir el acoso y el hostigamiento, también en contextos educativos y en línea, contra niños y jóvenes por motivos de discapacidad, identidad o expresión de género, orientación sexual, situación migratoria, clase, edad, religión o etnia;

36.  Recuerda la importancia de tener en cuenta las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad en el diseño y la aplicación de programas e iniciativas de la Unión, en particular en los sectores de la educación, la movilidad y las acciones en el ámbito de la juventud, así como de emprender todas las acciones pertinentes para garantizar su participación en tales oportunidades;

Salud

37.  Considera que las mujeres y niñas con discapacidad deben tener pleno acceso a los cuidados médicos y odontológicos que satisfagan sus necesidades particulares, en ámbitos como las consultas ginecológicas, los reconocimientos médicos, la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar y el apoyo adaptado durante el embarazo, así como la asistencia sanitaria específica para las personas trans; insta a los Estados miembros a que garanticen la inversión pública en este ámbito y a que su prestación de asistencia sanitaria pública nacional incluya un acceso adecuado a estos servicios;

38.  Subraya que las mujeres y las niñas con discapacidad deben recibir toda la información adecuada para poder tomar decisiones libremente en relación con su salud; hace hincapié en la importancia de que los Estados miembros tomen todas las medidas necesarias para luchar contra las esterilizaciones forzadas;

39.  Pide a la Comisión que introduzca objetivos para los servicios asistenciales destinados a las personas con discapacidad, similares a los objetivos de Barcelona, con herramientas de seguimiento que midan la calidad, accesibilidad y asequibilidad de estos servicios;

40.  Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan igualdad de acceso tanto a la asistencia sanitaria adaptada a sus necesidades como a los servicios generales;

41.  Pide a la Comisión que proporcione a los Estados miembros conocimientos especializados sobre las maneras de avanzar para abordar la discriminación múltiple;

Violencia de género

42.  Se congratula de la decisión del Consejo de que la Unión Europea firme el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), como un paso importante para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad; pide a la Unión Europea que ratifique rápidamente el Convenio de Estambul e insta a los Estados miembros que aún no lo hayan ratificado a que lo hagan; anima al Consejo a que proceda a la conclusión de la adhesión de la Unión Europea lo antes posible;

43.  Destaca con preocupación que las mujeres y las niñas con discapacidad tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de violencia de género, especialmente de violencia doméstica y explotación sexual; señala que esto también afecta a la esterilización forzada y al aborto forzado; pide a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas y presten servicios de alta calidad, accesibles y a medida para poner fin a la violencia contra las mujeres y los niños y apoyar a las víctimas de la violencia, proporcionando personal formado para ofrecer asesoramiento especializado, así como una protección y un apoyo jurídicos adecuados;

44.  Anima a los Estados miembros a que proporcionen a todos los profesionales de la salud y la educación una formación adecuada para prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad;

45.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que presente una estrategia europea integral para combatir la violencia contra las mujeres, con una propuesta de acto normativo por el que se prevenga y combata la violencia de género, prestando especial atención a las mujeres y las niñas con discapacidad; pide asimismo la creación de un observatorio de la violencia de género, de la Unión;

46.  Pide medidas políticas específicas para abordar la violencia y el abuso a que se enfrentan las personas con discapacidad y dificultades para el aprendizaje, en especial las mujeres y las niñas, incluidas la intimidación, el acoso y el hostigamiento en línea, así como la violencia en contextos de cuidados formales e informales;

La inclusión digital y de los medios de comunicación

47.  Recalca que se deben realizar más esfuerzos para superar los estereotipos y prejuicios sobre la discapacidad, y que las mujeres y las niñas con discapacidad han de tener una mayor visibilidad en los medios de comunicación, con el fin de cambiar las normas sociales de exclusión prevalentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la igualdad de género en las organizaciones de medios de comunicación, los órganos representativos y los centros de formación, especialmente en sus consejos de administración, que inviertan en iniciativas de sensibilización pública, y que realicen asimismo una supervisión y un seguimiento atentos de los progresos realizados;

48.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen programas y servicios para las mujeres con discapacidad, centrándose en su inclusión digital y haciendo hincapié en el enorme potencial de la digitalización para las mujeres con discapacidad;

49.  Subraya la necesidad de aumentar la accesibilidad a los servicios de comunicación, con unos servicios de Internet plenamente accesibles que cumplan los más altos niveles de excelencia adaptados a las personas con discapacidad;

50.  Pide a los Estados miembros que animen a los organismos de radiodifusión a implicar plenamente a las mujeres con discapacidad como participantes y presentadoras en los medios de difusión de todo tipo;

Legislación y aplicación

51.  Lamenta que la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 vigente no haya impulsado la adopción de actos legislativos, medidas y políticas eficaces para afrontar la segregación y el rechazo de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral, la vida política, las escuelas y los entornos de aprendizaje;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan políticas que permitan y fomenten la participación de las mujeres y niñas con discapacidad en la vida pública, social, cultural, económica y política, en particular reduciendo los obstáculos a la movilidad y alentando a las mujeres con discapacidad a formar y unirse a organizaciones y redes, así como mediante programas de formación y tutoría;

53.  Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que desarrollen acciones positivas destinadas a las mujeres con discapacidad, con el fin de promover la formación, las colocaciones, el acceso al empleo, la permanencia en el empleo, la igualdad de trayectorias profesionales, la adaptación en el lugar de trabajo y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada;

54.  Pide a la Comisión que desarrolle acciones positivas para promover los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, que establezca un mecanismo para supervisar los progresos y que financie la recopilación de datos y la investigación sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, de conformidad con los principios de la CDPD;

55.  Pide a la Comisión que presente una propuesta para la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020-2030, que incorpore plenamente las disposiciones de la CDPD en la legislación, las políticas y los programas futuros de la Unión y que sea acorde con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019, con el fin de garantizar que las mujeres y las niñas con discapacidad puedan disfrutar plenamente de sus derechos como cualquier otra persona;

56.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que integren las normas de la CDPD en sus marcos jurídicos y políticos, a fin de garantizar que el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos quede plenamente reflejado en la legislación y la formulación de políticas;

57.  Subraya que las mujeres y niñas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, deben ser consultadas estrechamente y participar activamente en el desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas a fin de garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades, así como el control de su eficacia; pide un diálogo auténtico y estructurado entre la Unión y las organizaciones que representan a las personas con discapacidad cuando se elabore la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020-2030;

58.  Subraya que las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en la preparación, la ejecución y la evaluación ex post de los proyectos emprendidos en el marco de la política de cohesión de la Unión Europea;

Financiación

59.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que optimicen los Fondos Estructurales de la Unión, incluido el Fondo Social Europeo, a fin de promover la accesibilidad y la no discriminación de las mujeres con discapacidad y aumentar la visibilidad de las oportunidades de financiación, por ejemplo, para la creación de empresas y el fomento del espíritu empresarial en general;

o
o   o

60.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

(1) DO L 23 de 27.1.2010, p. 35.
(2) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
(3) DO C 303 de 2.12.2000, p. 16.
(4) DO C 137 E de 27.5.2010, p. 68.

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