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Procedimiento : 2018/2086(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0378/2018

Textos presentados :

A8-0378/2018

Debates :

PV 14/01/2019 - 20
CRE 14/01/2019 - 20

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PV 15/01/2019 - 8.12
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Textos aprobados :

P8_TA(2019)0012

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Martes 15 de enero de 2019 - Estrasburgo Edición definitiva
Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público
P8_TA(2019)0012A8-0378/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público (2018/2086(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el estudio Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión en 2016(1),

–  Vista la Estrategia Europa 2020,

–  Vistos el actual período de financiación de la UE (2014-2020) y la propuesta de la Comisión para el nuevo marco financiero plurianual (2021-2028),

–  Visto el acuerdo alcanzado por los colegisladores en julio de 2018 para aumentar el presupuesto del programa de apoyo a las reformas estructurales,

–  Visto el artículo 197 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0378/2018),

A.  Considerando que la administración pública de los Estados miembros es fundamental en la ejecución del presupuesto de la UE, y que su eficaz funcionamiento puede contribuir a la implantación de sistemas modernos que mejoren la prosperidad y el bienestar en la Unión;

B.  Considerando que la nueva propuesta de marco financiero plurianual (MFP) no incluye un objetivo específico para la administración pública en su estado actual;

1.  Señala que las competencias de administración pública están repartidas entre varios servicios de la Comisión y que esto complica la coordinación efectiva de los servicios competentes y las iniciativas y los programas financiados por la Unión; pide una mayor coordinación de todos los programas de asistencia técnica a fin de evitar duplicaciones y garantizar que las medidas no resulten ineficaces para que no anulen los esfuerzos de la Comisión por promover el uso combinado de fondos con miras a explotar las sinergias; pide a la Comisión que optimice sus sistemas de intercambio de buenas prácticas a fin de ayudar a los Estados miembros a aplicar prácticas modélicas, sin imponer políticas tendentes a la devaluación salarial o a reformas socialmente insostenibles;

2.  Pide al próximo presidente de la Comisión que asigne a un comisario la responsabilidad para las cuestiones relacionadas con la mejora de la administración pública y la gobernanza;

3.  Opina que la reforma efectiva del sector público es esencial para ayudar a los Estados miembros a adaptarse a circunstancias cambiantes, aumentar la resiliencia para evitar futuras crisis, ampliar la administración electrónica y mejorar la prestación de servicios en toda la Unión, especialmente en lo que se refiere a nuevas tecnologías y sistemas informáticos, y que esto contribuiría notablemente a reducir la cantidad de residuos y la exposición a los mismos, así como a evitar la pérdida o uso fraudulento de fondos de la Unión; pide, por lo tanto, que también en futuros periodos de programación se prevea la financiación de operaciones para el despliegue de la administración electrónica, en consonancia con los principios y las prioridades enunciados en el Plan de Acción de Administración Electrónica de la UE;

4.  Señala que, a menudo, en particular en las regiones menos desarrolladas, existen dificultades para acceder o utilizar la financiación, debido a cuestiones burocráticas, problemas de capacidad administrativa o irregularidades; espera, por tanto, que se fomenten en los Estados miembros reformas internas orientadas a una mayor materialización del principio de buena administración y a la aceleración de los procedimientos judiciales;

5.  Señala que el presupuesto de la UE proporciona aproximadamente 9 000 millones de euros de ayuda a los Estados miembros de la Unión para la reforma de la administración pública; anima a la Comisión a que haga que este apoyo financiero vaya acompañado por la puesta en común selectiva de conocimientos, experiencia y buenas prácticas entre Estados miembros;

6.  Pide a la Comisión que intensifique la cooperación con los Estados miembros, a fin de apoyar a las regiones menos desarrolladas, aumentando la capacidad y la gobernanza administrativa;

7.  Pide medidas para fomentar la ejecución de programas que promuevan el desarrollo y la aplicación de estrategias de recursos humanos, por ejemplo, a través de intercambios de mejores prácticas entre Estados miembros en los que participen también líderes y otros altos cargos;

8.  Destaca que, con frecuencia, se han observado numerosos solapamientos entre los programas operativos específicos y otros recursos financieros de la Unión, y pide que se presenten propuestas; espera, en consecuencia, que mejore la asistencia destinada a fomentar la coordinación, la complementariedad y la simplificación;

9.  Subraya la importancia de que se garantice que los programas operativos se ejecutan de la manera más efectiva y sencilla posible; considera esencial que los Estados miembros se abstengan de añadir normas que compliquen el uso de los fondos al beneficiario;

10.  Señala que la Comisión no cuenta con un marco de evaluación normalizado y compartido arraigado para la administración pública ni un método de recogida sistemática de datos; observa con preocupación que, como consecuencia de la falta de estas herramientas, la Comisión elabora análisis incompletos de cuestiones correspondientes a todos los Estados miembros; propone la reintroducción de un capítulo dedicado a la administración pública y la gobernanza en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

11.  Pide a la Comisión que evalúe previamente la capacidad administrativa de las estructuras responsables de la aplicación de las políticas de desarrollo, propiciando, para los proyectos de carácter particularmente estratégico, el recurso a estructuras y agencias nacionales capaces de mejorar y acelerar la ejecución de los programas y de operaciones individuales;

12.  Considera que el MFP debe utilizarse para incentivar programas que logren una mejor administración pública y una mejor gobernanza, en particular para ayudar a los Estados miembros en situaciones de recesión económica, reconociendo que, en tales circunstancias, las reformas en el ámbito de los sistemas de administración pública pueden ayudar a los Estados miembros afectados;

13.  Acoge con satisfacción que se hayan recogido propuestas en el próximo marco financiero plurianual con vistas a impedir que se produzcan solapamientos entre los programas y fomentar una mayor simplificación;

14.  Anima a la Comisión a que desarrolle, en colaboración con los Estados miembros, un marco de evaluación específico que refleje los aspectos cuantitativos y cualitativos de una administración pública de calidad, y a que desarrolle su propia capacidad de análisis; hace hincapié en la necesidad de evaluar las dificultades que afronta cada Estado miembro y, empleando los recursos disponibles, promover medidas dirigidas a superar estas dificultades vigorizando el criterio de la condicionalidad ex ante y fijando objetivos;

15.  Propone que la Comisión mejore el diálogo político con los Estados miembros, garantizando la creación de un foro específico;

16.  Propone prever tiempo en su calendario parlamentario para un diálogo estructurado con los Parlamentos nacionales sobre las cuestiones relacionadas con la mejora de la administración pública en toda la Unión; pide a la Unión que mejore la supervisión y la evaluación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) del objetivo temático 11, incluyendo indicadores específicos para evaluar los avances hacia los objetivos y prioridades de la Unión relativos a las reformas de la administración pública;

17.  Acoge con satisfacción el desarrollo de un valor de referencia para evaluar la capacidad de la administración pública de los países candidatos de la UE para asumir las responsabilidades de la adhesión a la Unión; espera que los Estados miembros promuevan reformas internas que materialicen en mayor medida la aplicación del principio de buena administración;

18.  Señala que la Comisión y algunos Estados miembros cofinancian el Premio del Sector Público Europeo, que reúne a los mejores, los más innovadores y los más eficientes del sector público europeo; opina que la Comisión debe garantizar un mayor intercambio de información y en el ámbito del aprendizaje, y aspirar a ampliar su alcance en toda Europa;

19.  Estima necesario promover, dentro de las administraciones públicas, procesos innovadores que favorezcan una mejor conectividad y digitalización y servicios digitales de calidad para los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas, manteniendo de manera constante el ritmo del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías en las zonas en cuestión; acoge con satisfacción que la nueva propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) proporcione a los futuros beneficiarios la información necesaria para permitirles utilizar los sistemas lo más rápidamente posible;

20.  Reconoce que el compromiso de la administración local es un requisito previo para la consecución de los objetivos a escala de la Unión en este ámbito; llama la atención sobre la propuesta de la Declaración de Tallin consistente en mejorar las estructuras de gobernanza conjunta con las autoridades locales y regionales a nivel nacional(2);

21.  Acoge con satisfacción las redes existentes(3) que reúnen a representantes de los Estados miembros, en particular los que reciben financiación de la UE, con el fin de mejorar la administración pública mediante el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo;

22.  Opina que las redes existentes podrían mejorar significativamente su rendimiento fijando objetivos más ambiciosos y desarrollando enfoques más proactivos tales como el aprendizaje comparativo, que combina la autoevaluación de los Estados miembros con un sistema mejorado de evaluación por pares;

23.  Considera que una administración pública de calidad es una condición previa esencial para alcanzar los objetivos políticos fijados por la UE dentro y fuera del MFP; subraya la importancia de una buena comunicación y una buena sensibilización política en la creación de un clima de confianza y el fomento de acciones y programas de reforma positivos;

24.  Considera necesario que, de forma constante, se evalúe el cumplimiento del principio de adicionalidad y complementariedad de las políticas de cohesión en lo que respecta a las operaciones financiadas con recursos ordinarios, en particular para evitar que las políticas de cohesión sustituyan a los recursos nacionales ordinarios;

25.  Señala que, a pesar de que los recursos de los Fondos EIE para el plan regional de ejecución han aumentado desde el punto de vista cuantitativo durante el último período de programación, se podría mejorar el seguimiento con el fin de evaluar la incidencia de tal financiación en ese plan;

26.  Pide que continúe el trabajo de los grupos de trabajo de la Comisión encargados de prestar asistencia a las autoridades nacionales de los Estados miembros para que ejecuten mejor los fondos de la política de cohesión en aquellos Estados miembros menos desarrollados en lo que se refiere a la absorción de los recursos de los Fondos EIE;

27.  Recalca la importancia del programa de apoyo a las reformas y espera que se fortalezca durante el próximo período de programación, gracias a una definición clara de su función de facilitador más que de asistencia técnica, y que también se mejore desde el punto de vista de su eficacia y eficiencia, sin trasladar al presupuesto de cohesión los recortes propuestos actualmente por la Comisión en el MFP 2021-2027;

28.  Observa que la Unión, a pesar de que carece de competencias jurídicas directas en el sector administrativo, tiene un efecto positivo en las administraciones públicas de los Estados miembros y, en particular, desempeña una función indirecta al establecer normas administrativas en el acervo comunitario, posibilitar el intercambio de mejores prácticas en toda la Unión y ofrecer instrumentos presupuestarios destinados a apoyar y fomentar la reforma de la administración pública mediante el refuerzo de la capacidad administrativa y la eficiencia de las administraciones y el fomento de la innovación en el sector público;

29.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Estudio — Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it (Reforma del sector público: cómo se utiliza el presupuesto de la UE para fomentarla), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, Departamento D — Asuntos Presupuestarios, 2016.
(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(3) La Red Europea de Administración Pública (EUPAN), la Red Temática sobre la Administración Pública y la Gobernanza (PAG) y otras plataformas y redes centradas específicamente en la justicia, la lucha contra la corrupción, la digitalización, la contratación pública, etc.

Última actualización: 13 de diciembre de 2019Aviso jurídico