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Procedimiento : 2018/2094(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0427/2018

Textos presentados :

A8-0427/2018

Debates :

PV 11/02/2019 - 20
CRE 11/02/2019 - 20

Votaciones :

PV 13/02/2019 - 8.16
CRE 13/02/2019 - 8.16
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0098

Textos aprobados
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Miércoles 13 de febrero de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Situación del debate sobre el futuro de Europa
P8_TA-PROV(2019)0098A8-0427/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa (2018/2094(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada,

–  Visto el artículo 295 del TFUE,

–  Vista la reunión informal de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno, de 29 de junio de 2016,

–  Vistas la Declaración y la Hoja de Ruta de Bratislava de los veintisiete Estados miembros, de 16 de septiembre de 2016,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro(5),

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las repercusiones constitucionales, jurídicas e institucionales de una política común de seguridad y defensa: posibilidades que ofrece el Tratado de Lisboa(6),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, y los cinco documentos de reflexión posteriores (COM(2017)2025, COM(2017)0206, COM(2017)0240, COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

–  Vista la Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017,

–  Vista la notificación del Reino Unido, de 29 de marzo de 2017, de su intención de retirarse de la Unión Europea,

–  Vista la Resolución del Comité Económico y Social Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre el «Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa y otros aspectos»(7),

–  Vista la Resolución del Comité Europeo de las Regiones, de 12 de mayo de 2017, sobre el Libro Blanco de la Comisión Europea sobre el futuro de Europa — Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025(8),

–  Vistas las distintas aportaciones de los Parlamentos nacionales sobre el Libro Blanco de la Comisión y los documentos de reflexión sobre el futuro de Europa,

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión 2018 pronunciado el 12 de septiembre de 2018 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker,

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y su hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática, de 24 de octubre de 2017 (COM(2017)0650),

–  Visto el discurso pronunciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, en la Universidad de la Sorbona el 26 de septiembre de 2017, titulado «Initiative pour l’Europe: Une Europe souveraine, unie, démocratique» («Iniciativa para Europa: una Europa soberana, unida y democrática»),

–  Vista la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno celebrada el 29 de septiembre de 2017 en Tallin,

–  Vista la Agenda de los Dirigentes refrendada en la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de octubre de 2017,

–  Vista la proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales, de 17 de noviembre de 2017, del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

–  Vista la hoja de ruta para la profundización de la Unión Económica y Monetaria de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017 (COM(2017)0821), y, en particular, la propuesta relativa a la creación del Fondo Monetario Europeo (COM(2017)0827), la propuesta de integrar el contenido del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico de la Unión (COM(2017)0824) y la comunicación sobre un ministro europeo de Economía y Finanzas (COM(2017)0823),

–  Vista la reunión del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de diciembre de 2017, así como la reunión de dirigentes y las reuniones de la Cumbre del Euro celebradas al margen de la misma,

–  Vista la carta de 20 de diciembre de 2017 firmada por veintiséis Parlamentos nacionales de veinte Estados miembros sobre la transparencia en la toma de decisiones del Consejo,

–  Vista la declaración de 10 de enero de 2018, adoptada en la Cumbre de los países del sur de la Unión Europea (Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal), titulada «Bringing the EU forward in 2018», así como la declaración sobre el futuro de Europa formulada el 26 de enero de 2018 por los países del Grupo de Visegrado (Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia) y la declaración conjunta de los ministros de Finanzas de Finlandia, Dinamarca, Estonia, Irlanda Letonia, Lituania, los Países Bajos y Suecia de 6 de marzo de 2018,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2018, titulada «Una Europa que responde: opciones institucionales para hacer más eficiente el trabajo de la Unión Europea» (COM(2018)0095),

–  Vista la Recomendación (UE) 2018/234 de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, con vistas a reforzar el carácter europeo y el desarrollo eficiente de las elecciones de 2019 al Parlamento Europeo(9),

–  Vista la reunión informal de los veintisiete jefes de Estado y de Gobierno, de 23 de febrero de 2018,

–  Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2016(10),

–  Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales(11),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027, de 2 de mayo de 2018 (COM(2018)0322),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, de 2 de mayo de 2018 (COM(2018)0325),

–  Vista la Cumbre UE-Balcanes Occidentales, de 17 de mayo de 2018,

–  Visto el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo relativo a la investigación estratégica OI/2/2017/TE sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo, de 16 de mayo de 2018,

–  Vista la Declaración de Meseberg, de 19 de junio de 2018,

–  Vista la reunión del Consejo Europeo celebrada los días 28 y 29 de junio de 2018,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 9 de octubre de 2018 titulado «Reflecting on Europe: the voice of local and regional authorities to rebuild trust in the European Union» (Reflexionar sobre Europa: la voz de las autoridades locales y regionales para recuperar la confianza en la Unión Europea),

–  Vistos los debates sobre el futuro de Europa con los jefes de Estado y de Gobierno, auspiciados por el Parlamento Europeo,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0427/2018),

A.  Considerando que la Unión Europea es un ejemplo único de integración supranacional que ha traído consigo paz, prosperidad y bienestar duraderos ya desde la revolucionaria Declaración de Schuman de 9 de mayo de 1950; que la seguridad, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y el bienestar de su población de forma compartida han estado en el centro de sus aspiraciones y de sus acciones;

B.  Considerando que la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, la moneda única, el programa Erasmus, las políticas regionales, agrícolas y de cohesión y Horizonte 2020 son logros fundamentales de la Unión, entre muchos otros, que contribuyen al bienestar de los ciudadanos europeos; que la Unión necesita contar con los recursos y las competencias adecuados para hacer frente a los retos del siglo XXI;

C.  Considerando que en los últimos años la Unión se ha enfrentado a varias crisis que han puesto a prueba su resiliencia y su capacidad para actuar con unidad y determinación;

D.  Considerando que durante el período 2014-2017 se han aplicado unas políticas monetarias y macroeconómicas más eficaces y equilibradas desde el punto de vista social que han contribuido a la recuperación económica y social de la Unión, como las políticas no convencionales del Banco Central Europeo, la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Plan de Inversiones para Europa;

E.  Considerando que, si bien Europa ha logrado contener y superar parcialmente los momentos más críticos de la crisis financiera y económica, aún quedan por delante reformas importantes y urgentes a nivel de la Unión y de los Estados miembros en el ámbito de la gobernanza económica en general y la zona del euro en particular, así como en términos de mayor refuerzo del mercado único y de recuperación y desarrollo de estándares sociales de nuestros estados de bienestar;

F.  Considerando que, a la vista de los múltiples retos actuales y futuros a los que se enfrenta la Unión tanto a nivel interno como externo en un entorno global inestable y parcialmente hostil, en particular los relativos a la migración, el declive democrático, el terrorismo, la seguridad, el cambio climático, las cuestiones medioambientales, el mantenimiento del orden mundial multilateral, la realización de la UEM, la globalización, el comercio internacional libre, justo y basado en normas, los asuntos exteriores y la defensa, el desarrollo del pilar social y la lucha contra el populismo antieuropeo, la intolerancia y la xenofobia, la Unión debe promover un espíritu renovado de cooperación y solidaridad entre sus miembros basado en los artículos 2 y 3 del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales, y que al mismo tiempo el objetivo consagrado en el Tratado de Lisboa de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa debe seguir inspirando las acciones emprendidas por la Unión, con vistas a reforzar aún más la integración europea y a abordar correctamente estos retos;

G.  Considerando que el Parlamento está muy preocupado por el incremento de los movimientos populistas, xenófobos y antieuropeos en toda Europa; que la Unión y sus Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos para defender y promover los valores democráticos, los principios fundacionales y los objetivos de la integración europea;

H.  Considerando que el referéndum celebrado en el Reino Unido en junio de 2016, que culminó con la comunicación del Reino Unido el 29 de marzo de 2017 de su intención de abandonar la Unión Europea, ha intensificado el debate sobre el futuro de la Unión; que las negociaciones sobre la retirada prevista del Reino Unido de la Unión han puesto de manifiesto el alto nivel de interdependencia de los Estados miembros, el grado en que todos dependemos de los instrumentos y las políticas comunes y los costes que conlleva la salida de la Unión;

I.  Considerando que la intensificación del debate sobre el futuro de Europa se refleja, además de en las propias Resoluciones del Parlamento sobre el futuro de Europa de 16 de febrero de 2017, en la Declaración y Hoja de Ruta de Bratislava, el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa, la Declaración de Roma, la Agenda de los Dirigentes adoptada por el Consejo Europeo en octubre de 2017, y en diversas aportaciones realizadas por los Estados miembros individualmente o agrupados entre sí, y por el Comité Económico y Social Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, al igual que en debates en el Pleno en el Parlamento Europeo sobre el futuro de Europa con jefes de Estado o de Gobierno, en reuniones de comisiones interparlamentarias y en la organización de diálogos ciudadanos y de consultas por parte de diferentes instituciones, órganos y Estados miembros;

J.  Considerando que la encuesta Parlámetro, realizada entre el 8 y el 26 de septiembre de 2018, muestra que el 62 % de los encuestados cree que la pertenencia de sus países a la Unión es positiva y que el 68 % considera que su país se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión, el resultado más elevado obtenido desde 1983;

K.  Considerando que los valores y principios en los que se fundamenta la Unión definen una esfera en la que todos los ciudadanos europeos pueden reconocerse, independientemente de las diferencias políticas o culturales ligadas a la identidad nacional;

L.  Considerando que las próximas elecciones al Parlamento Europeo brindan la oportunidad de hacer balance del debate sobre el futuro de Europa, también a la vista de las principales prioridades institucionales del Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de cara a la nueva legislatura;

M.  Considerando que la Unión encara un período especialmente importante en cuanto a su proceso de construcción, dada la naturaleza y dimensión de sus retos, y que estos solo pueden superarse trabajando conjuntamente y mediante una mayor y mejor integración y solidaridad entre Estados miembros, utilizando plenamente las actuales disposiciones del Tratado de Lisboa y, posteriormente, reformando los Tratados a fin de mejorar el proceso decisorio institucional y garantizar el equilibrio adecuado de competencias;

N.  Considerando que el objetivo de las reformas institucionales debe ser una mayor democratización de los procesos decisorios y la mejora de la transparencia en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de la Unión y sus instituciones; que, a la luz de estos objetivos, es el momento apropiado y oportuno de promover una participación cívica significativa en el proyecto europeo y de organizar consultas e incentivar un diálogo regular con los ciudadanos y las asociaciones representativas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del TUE;

O.  Considerando que la Unión precisa una estructura de gobierno más sólida, con un mayor control democrático por parte del Parlamento, para hacer frente a los retos actuales y futuros; que la transparencia y la integridad de las instituciones y organismos de la Unión constituyen condiciones indispensables para lograr la confianza de los ciudadanos;

P.  Considerando que la Declaración conjunta franco-alemana de Meseberg contiene una serie de reflexiones y propuestas para reforzar la cooperación europea, en particular en el ámbito de la gobernanza económica;

Q.  Considerando que la promoción de una dimensión europea de la cultura y la educación resulta fundamental para reforzar la ciudadanía europea, teniendo en cuenta que la Unión adolece de un déficit de conocimiento que hace que las generaciones jóvenes tiendan a dar por sentados los avances que logra;

1.  Recuerda que las Resoluciones del Parlamento sobre el futuro de Europa, de 16 de febrero de 2017, hacen hincapié en la importancia de un marco institucional único y del método comunitario y sugieren varias propuestas e iniciativas de especial importancia para la integración europea que pueden contribuir a la construcción del futuro de Europa;

2.  Subraya que la Unión debe hacer frente a los retos que plantea su futuro con una mayor y mejor integración política, respetando plenamente y promoviendo los derechos humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos, y trabajando conjuntamente; destaca que los ciudadanos quieren una Europa que proteja sus derechos, su bienestar y su modelo social sobre la base de la soberanía compartida, lo que exige una integración política adecuada; invita a los jefes de Estado y de Gobierno a que sigan por este camino con un espíritu de solidaridad y colaboración renovado;

3.  Señala que todos los jefes de Estado y de Gobierno que se dirigieron al Parlamento en sesión plenaria durante los debates sobre el futuro de Europa reconocieron la necesidad de afrontar conjuntamente los retos del futuro y de hacer mejor lo que únicamente se puede lograr juntos;

4.  Reitera su convicción de que la integración diferenciada debe continuar estando abierta a todos los Estados miembros y seguir sirviendo de método para lograr una integración y una solidaridad europeas más profundas, algo que no debe confundirse con la idea de una Europa a la carta; insiste en la necesidad de evitar cualquier percepción de la creación de Estados miembros de primera y de segunda clase dentro de la Unión en el debate en curso sobre la integración diferenciada;

5.  Recuerda que la integración diferenciada no debe servir como medio para disminuir la integración política;

6.  Hace hincapié en que la crisis ha provocado un desequilibrio entre las principales instituciones de la Unión, y en que el Consejo Europeo está ejerciendo su propia iniciativa política en detrimento del derecho de iniciativa de la Comisión y está reforzando el método intergubernamental; considera, no obstante, que el método comunitario es el más idóneo para el funcionamiento de la Unión; recuerda las numerosas resoluciones aprobadas por el Parlamento a este respecto y reitera su petición al Consejo Europeo de que respete plenamente los límites de sus competencias de conformidad con lo dispuesto, en particular, en el artículo 15 del TUE;

7.  Reitera que la unanimidad que exigen los Tratados en algunas cuestiones fundamentales supone un obstáculo casi insuperable en momentos y decisiones importantes y defiende, por lo tanto, con respecto a los procedimientos de toma de decisiones, el principio de votación por mayoría cualificada en el Consejo y, en el caso de la legislación, el uso del procedimiento legislativo ordinario en todos los ámbitos en los que sea posible; recuerda que en el marco de los Tratados actuales esto puede conseguirse mediante el uso de diversas «cláusulas pasarela» o, en el caso de la cooperación reforzada, mediante el uso del artículo 333 del TFUE;

8.  Acoge con satisfacción, a este respecto, el anuncio del presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión de 13 de septiembre de 2017 y 12 de septiembre de 2018 de la intención de proponer el uso de la mayoría cualificada en el Consejo en determinados ámbitos políticos específicos, pero lamenta que el Reglamento sobre el marco financiero plurianual no se encuentre entre las cuestiones enumeradas;

9.  Acoge con satisfacción, en especial, que la Comisión haya propuesto el uso de la mayoría cualificada en la política exterior y de seguridad común (PESC) en el caso de posiciones sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en foros internacionales, decisiones para el establecimiento de regímenes de sanciones y decisiones para la puesta en marcha o aplicación de misiones civiles en respuesta a crisis exteriores, habida cuenta de la importancia de acelerar la toma de decisiones y de mejorar su efectividad, así como la necesidad de que la Unión hable con una sola voz;

10.  Reitera su propuesta de transformar el Consejo en una verdadera cámara legislativa en pie de igualdad con el Parlamento, tal y como se destaca en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa, y de mejorar la transparencia de su proceso decisorio; señala, en este contexto, el informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Europeo sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo y la carta de las delegaciones de la COSAC de 20 de diciembre de 2017, en la que se pide mayor transparencia en la toma de decisiones políticas, en particular por parte del Consejo y órganos informales como el Eurogrupo, en consonancia con peticiones similares formuladas por el Parlamento a este respecto;

11.  Considera que existen diferentes opciones para hacer más ágil a la Comisión adaptando la estructura y los métodos de trabajo del Colegio de Comisarios, por ejemplo, con el nombramiento de vicepresidentes responsables de una agrupación de políticas o el nombramiento de comisarios senior y junior;

12.  Recuerda que, aunque el Parlamento no tiene un derecho formal de iniciativa legislativa en virtud de los Tratados actuales, puede solicitar que la Comisión presente cualquier propuesta adecuada sobre cuestiones que, en su opinión, requieran un acto de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados, y recuerda a la Comisión, de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(12), su obligación de prestar una atención rápida y detallada a las solicitudes de propuestas de actos de la Unión; recuerda, además, que este acuerdo interinstitucional también contiene disposiciones sobre la programación anual y plurianual interinstitucional, que constituyen una herramienta adicional para que el Parlamento dirija la agenda legislativa;

13.  Recuerda su propuesta de que, en caso de una posible revisión futura de los Tratados, el derecho de iniciativa legislativa también pueda atribuirse al Parlamento como representante directo de los ciudadanos de la Unión;

14.  Insiste en la obligación de reforzar el poder de control y, en particular, el derecho de investigación del Parlamento y de conferirle unas facultades específicas, reales y claramente delimitadas;

15.  Toma nota del informe del Grupo Operativo sobre Subsidiariedad, Proporcionalidad y «Hacer menos pero de forma más eficiente», de 10 de julio de 2018, en el que se presentan recomendaciones sobre una nueva forma de trabajar en materia de subsidiariedad y proporcionalidad; considera que muchas de esas recomendaciones ya han sido destacadas por el Parlamento, sobre todo en lo relativo al papel de los Parlamentos nacionales en la Unión y a la reforma deseable del sistema de alerta temprana; recuerda que dicho Grupo Operativo observó que existe valor añadido de la Unión en todos sus sectores de actividad y, por consiguiente, no identificó ninguna competencia ni ámbito de actuación del Tratado que deban ser delegados de nuevo, total o parcialmente, en los Estados miembros de forma definitiva;

16.  Acoge con satisfacción las recomendaciones de las distintas instituciones que piden un papel más activo para los Parlamentos nacionales, especialmente en el control de la acción de sus gobiernos en las instituciones europeas; recuerda asimismo el papel fundamental de las autoridades locales y, en particular, de los parlamentos regionales con competencias legislativas;

17.  Subraya la importancia de la cooperación a nivel interinstitucional, en el respeto de las prerrogativas de cada institución consagradas en los Tratados, ya que a esta cooperación se la ha dotado de un nuevo marco con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, y subraya que la simplificación es un ejercicio continuo cuyo objetivo es que los procesos y procedimientos a nivel de la Unión sean más fáciles de comprender, garantizando que se tengan en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas pertinentes y, en última instancia, facilitando la participación de los ciudadanos en la labor de la Unión Europea;

18.  Se felicita de que en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo se proclamara conjuntamente el apoyo al pilar europeo de derechos sociales firmado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión; señala que las competencias e instrumentos necesarios para cumplir con el pilar están principalmente en manos de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como de los interlocutores sociales y la sociedad civil, y que el Semestre Europeo ofrece un marco para seguir la pista a los resultados de los Estados miembros a este respecto; recuerda, asimismo, en este contexto que el diálogo social ha demostrado ser un instrumento indispensable para mejorar el proceso legislativo y de elaboración de políticas de la Unión y reforzar su legitimidad social;

19.  Observa el carácter no vinculante del pilar social, que es incapaz como tal de redirigir los esfuerzos de la Unión de las políticas económicas, de mercado interior y presupuestarias hacia objetivos sociales; señala que, en virtud de la cláusula social horizontal consagrada en el artículo 9 del TFUE, la Unión debe analizar detenidamente las repercusiones de su legislación sobre las normas sociales y el empleo, consultando debidamente a los interlocutores sociales;

20.  Destaca que la protección del medio ambiente debe convertirse en una prioridad principal para la Unión en vista del actual deterioro medioambiental, y que ha de integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión; señala que la Unión debe emprender una acción eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la proporción de energías renovables en la combinación energética y de ahorro energético hasta llegar a los niveles necesarios para alcanzar los objetivos fijados en el Acuerdo de París;

21.  Pide de nuevo a los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Carta Social Europea revisada y el Convenio Europeo de Seguridad Social (STCE n.º 78);

22.  Subraya la importancia de continuar el proceso de profundizar y completar la UEM con el fin de contribuir a preservar la estabilidad de la moneda única y mejorar la convergencia de las políticas económicas, presupuestarias y del mercado de trabajo, así como las cuestiones sociales, entre los Estados miembros; reitera que, a excepción de la exclusión voluntaria de Dinamarca, todos los Estados miembros están obligados a adoptar el euro; apoya la adopción de nuevas medidas para el desarrollo del MEDE;

23.  Destaca, en este sentido, la necesidad de un compromiso político firme, una gobernanza eficiente y responsabilidad democrática a escala europea y nacional, en particular en lo que se refiere al control parlamentario en las distintas fases del Semestre Europeo por parte del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, con el fin de conferir mayor legitimidad social, económica y democrática a la gobernanza económica y financiera de la zona del euro y mejorar el seguimiento de las recomendaciones de la Unión;

24.  Recuerda su punto de vista, plasmado en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea, de que la política presupuestaria y económica debería convertirse en una «competencia compartida» entre la Unión y los Estados miembros;

25.  Toma nota de la convergencia de las posturas adoptadas por Francia y Alemania sobre la idea de una capacidad presupuestaria para la zona del euro; reitera su opinión de que dicha capacidad debe desarrollarse dentro del marco de la Unión;

26.  Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a la Función Europea de Estabilización de las Inversiones y está debatiendo nuevas herramientas presupuestarias para lograr la estabilización;

27.  Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a un programa de apoyo a las reformas; destaca la importancia de no debilitar las facultades de codecisión y supervisión del Parlamento a la hora de gastar los fondos de la Unión; expresa su preocupación por el hecho de que en el período 2011-2017 solo se aplicaran plenamente el 9 % de las recomendaciones específicas por país (REP); toma nota del mecanismo de convergencia, que constituirá un incentivo y ayudará a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro a aplicar las reformas y a cumplir los criterios para la introducción del euro a través de políticas presupuestarias y económicas sostenibles;

28.  Se congratula por el futuro programa InvestEU y destaca que el fondo debe continuar reduciendo la brecha de inversión en la Unión; apoya las inversiones en activos materiales e inmateriales, incluido el patrimonio cultural, para fomentar el crecimiento, la inversión y el empleo, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas de pequeña y mediana capitalización y las empresas sociales, y contribuir así a la mejora del bienestar, a una distribución más justa de los ingresos, y a la cohesión económica, social y territorial de la Unión;

29.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre un ministro europeo de Economía y Finanzas; señala que la fusión de los puestos de vicepresidente de la Comisión para Asuntos Económicos y presidente del Eurogrupo podría mejorar el control parlamentario a nivel europeo;

30.  Opina que el futuro presupuesto de la Unión debe promover el valor añadido europeo en términos de impacto socioeconómico; apoyar la modernización de las políticas de la Unión; garantizar la financiación para hacer frente a los nuevos retos; seguir contribuyendo a la convergencia económica y social y a la cohesión entre los Estados miembros y dentro de ellos, a fin de reforzar la solidaridad, la estabilidad y la igualdad europeas, así como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, en particular a la luz de los compromisos de la Unión con respecto al Acuerdo de París; garantizar el respeto y la promoción de los valores fundamentales, tal como se establece en los artículos 2 y 3 del TUE; y dotarse de nuevos recursos propios, teniendo en cuenta el trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Recursos Propios;

31.  Se felicita de que la propuesta de la Comisión relativa a los recursos propios introduzca verdaderos recursos propios nuevos, tal y como había pedido el Parlamento, aunque lamenta que no se introduzcan otras posibles fuentes de ingresos; expresa su preocupación por la propuesta de la Comisión para el MFP correspondiente al período 2021-2027, ya que carece de un compromiso financiero para afrontar los retos actuales y futuros que se le plantean a la Unión; lamenta la postura adoptada por algunos Estados miembros que se niegan a aportar más recursos a la Unión, a pesar del reconocimiento unánime de la necesidad de hacer frente a nuevos retos y responsabilidades y, por tanto, la necesidad de mayores recursos financieros; señala que el gasto a nivel de la Unión puede ahorrar dinero a nivel nacional al evitar la duplicación y mediante economías de escala;

32.  Subraya la importancia de garantizar una convergencia económica y social al alza en el proceso del Semestre Europeo; reconoce la importancia del establecimiento del pilar europeo de derechos sociales; observa que el Semestre Europeo se ha reforzado y racionalizado, pero destaca que una mejor participación de los Parlamentos nacionales ayudaría a mejorar la apropiación nacional, lo que llevaría a una mejor aplicación de las recomendaciones específicas por país, mejorando así el proceso del Semestre Europeo; señala que corresponde ante todo a los Estados miembros elegir políticas presupuestarias y económicas sostenibles y adecuadas;

33.  Lamenta que hasta la fecha no se haya realizado un seguimiento concreto de su petición de un código de convergencia, que se aprobaría mediante el procedimiento de codecisión, con el fin de disponer de un marco más eficaz para la coordinación de la política económica; recuerda además que, pese a reconocer que el Semestre Europeo ya se ha simplificado, pidió la celebración de un acuerdo interinstitucional con el fin de que se confiriera al Parlamento un papel de mayor calado en el Semestre Europeo; recuerda, en este contexto, su sugerencia, plasmada concretamente en su resolución sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a los Parlamentos nacionales, de que es necesario coordinar mejor los calendarios presupuestarios a escala nacional y europea en todo el proceso, a fin de reservar una mayor participación al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales en el Semestre Europeo;

34.  Destaca la importancia del compromiso con el proceso para completar la unión bancaria y la necesidad de garantizar la apertura y la igualdad de trato de todos los Estados miembros que participen en ella; recuerda la necesidad de proseguir con la realización de la unión bancaria, en particular mediante un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos y un mecanismo de protección presupuestaria para el Fondo Único de Resolución, así como de medidas para lograr la reducción de los riesgos;

35.  Acoge con satisfacción las propuestas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales presentadas por la Comisión en el contexto de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF); anima al Consejo a concluir junto con el Parlamento las negociaciones legislativas antes de que finalice la presente legislatura, ya que las políticas contra el blanqueo de capitales deben reforzarse para evitar futuras situaciones en las que las instituciones financieras faciliten de forma activa el blanqueo de capitales;

36.  Pide a la Comisión que, con ayuda de las autoridades europeas de supervisión, determine y suprima los obstáculos al mercado interior, así como que contribuya a garantizar la protección de los consumidores; considera que una de las prioridades más importantes de la Comisión debería ser la aplicación efectiva de la legislación de la Unión;

37.  Pide a la Comisión que dé prioridad a los reglamentos frente a las directivas como instrumento legislativo para la unión bancaria y la legislación sobre servicios financieros, caso por caso y si procede, para evitar la fragmentación y que se cree una situación en la que los supervisores se tengan que ocupar de los distintos regímenes nacionales;

38.  Hace hincapié en la urgente necesidad de completar la Unión de los Mercados de Capitales; señala que unos mercados de capitales sólidos y bien integrados complementan la unión bancaria, gracias a su contribución a la distribución del riesgo privado, al aumento de la convergencia económica, a la protección de las perturbaciones futuras y a su posible promoción para una mejor asignación de fondos donde sea necesario; pide que se realice un estudio exhaustivo sobre el marco más apropiado para poder tener en cuenta mejor la rápida evolución de la naturaleza de los servicios financieros; subraya que un mejor acceso a fuentes adicionales de financiación sería especialmente de ayuda para las empresas emergentes y las pymes, promoviendo su crecimiento sólido y su desarrollo sostenible;

39.  Acoge con satisfacción el trabajo realizado hasta la fecha y considera necesario continuar la revisión exhaustiva de la legislación vigente sobre el IVA; destaca la urgente necesidad de intensificar la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales; toma nota del trabajo de la Comisión sobre una fiscalidad justa de la economía digital;

40.  Invita a todas las instituciones y órganos de la Unión, en particular a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones y al Mecanismo Único de Supervisión, a que intensifiquen aún más sus esfuerzos de comunicación para explicar mejor su trabajo y mejorar la información de que disponen los ciudadanos de la Unión;

41.  Destaca que Europa es una fuerza positiva en el mundo y que lo debe seguir siendo, defendiendo sus valores, el multilateralismo y el Derecho internacional; recuerda que la Unión y sus Estados miembros son los principales contribuyentes a la ayuda internacional para el desarrollo;

42.  Acoge con satisfacción la decisión del Consejo que establece la cooperación estructurada permanente (CEP), la revisión anual coordinada de la defensa y el Fondo Europeo de Defensa como pasos importantes hacia una política de defensa común, y señala las propuestas realizadas por determinados Estados miembros de cara a un Consejo de Seguridad de la Unión Europea y una Iniciativa de intervención europea; recuerda su petición de crear un Consejo de Ministros de Defensa, con carácter permanente, bajo la presidencia de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión (AR/VP), y subraya la importancia de un control democrático adecuado de las decisiones adoptadas en este ámbito y la necesidad de reforzar la cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales a este respecto;

43.  Aplaude el refuerzo del Mecanismo Comunitario de Protección Civil y pide una vez más la creación de un Cuerpo Comunitario de Protección Civil, teniendo en cuenta que los tratados en vigor constituyen una buena base a tal efecto;

44.  Recuerda la adhesión pendiente de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos; pide la incorporación de las disposiciones del Tratado Euratom en el TUE y en el TFUE;

45.  Lamenta la falta de acuerdo entre los Estados miembros sobre las prioridades y la aplicación de una política de inmigración integral a nivel europeo, que haría posible organizar y regular los flujos migratorios, controlar nuestras fronteras exteriores de forma más efectiva, cooperar con los países de origen y de tránsito, y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo, entre otros objetivos; subraya que es necesario subsanar las contradicciones obvias en los intereses expuestos por los Estados miembros, así como el descontento expresado por los ciudadanos, con el fin de no poner en peligro el proyecto de integración europea, que sufre directamente las consecuencias de la instrumentalización del fenómeno migratorio por los partidos euroescépticos;

46.  Recuerda su posición sobre la revisión del sistema de Dublín; subraya, además, la importancia de reforzar su asociación con África y toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, titulada «Reforzar las vías legales hacia Europa: una parte indispensable de una política de migración equilibrada y global que establezca canales legales para la migración» (COM(2018)0635);

47.  Destaca la importancia de una política agrícola común (PAC) respaldada por un presupuesto bien financiado; recuerda la importancia primordial de la PAC para la historia de la Unión; hace notar el papel fundamental que desempeña a la hora de garantizar el dinamismo de las regiones rurales y el abastecimiento seguro de alimentos; señala que la próxima reforma de la PAC constituye una oportunidad para reforzar la consecución de sus objetivos; destaca que la PAC es y debe seguir siendo una de las políticas más importantes y más integradas, y que seguirá contribuyendo a la construcción del futuro de Europa mediante una mayor integración, la preservación del medio ambiente, la seguridad alimentaria y la protección de los ciudadanos de la Unión; toma nota de que las políticas agrícola y de desarrollo rural tienen un gran potencial en términos de suministro de bienes públicos; destaca que la agricultura europea desempeña un papel fundamental en la alimentación del planeta y en la creación de empleo para 46 millones de personas; subraya el papel que desempeña la PAC en el mantenimiento del estado y la calidad del suelo, el agua y otros recursos naturales; hace hincapié en la posición crucial que ocupa la agricultura entre las prioridades de la Unión para mitigar los efectos del cambio climático y promover un desarrollo sostenible; subraya la importancia de una PAC bien financiada y reformada para encarar los múltiples retos que deberá afrontar la Unión en el futuro; pone de relieve que la PAC no se centra únicamente en la agricultura y los agricultores, sino que también pretende ayudar a las comunidades rurales más amplias en las que estos llevan a cabo sus actividades y desarrollarlas;

48.  Hace hincapié en que la política comercial común debe seguir siendo un pilar fundamental de la política exterior de la Unión, ya que repercute directamente en la vida de los ciudadanos, y en que debe ayudar a la Unión a adaptarse a su nuevo papel en un mundo de múltiples protagonistas en la esfera internacional; insta al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que cooperen en los siguientes ámbitos:

   a) afianzar la política comercial común integrándola en el marco político más amplio; asumir el liderazgo en la política comercial mundial en los ámbitos multilateral y bilateral;
   b) liderar la defensa de un sistema comercial mundial abierto, basado en normas, justo, orientado al desarrollo y sostenible, garantizar que las empresas de la Unión puedan operar mundialmente en un marco de igualdad de condiciones, normas predecibles, competencia leal y obligaciones definidas, que debe incluir trabajar de manera constructiva en una posición común de la Unión frente a las negociaciones intergubernamentales de las Naciones Unidas sobre responsabilidad por violaciones de los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas y las obligaciones vinculantes de diligencia debida de las empresas en relación con las cadenas de suministro y producción;
   c) mantener al Parlamento informado, de forma integral e inmediata, acerca de las negociaciones y el mandato del Consejo, y a lo largo de la aplicación de los acuerdos internacionales, con el fin de garantizar el ejercicio de sus competencias y prerrogativas; simplificar y acortar los procesos de negociación y reforzar el control del Parlamento a lo largo de los mismos; aumentar la transparencia ante los ciudadanos de la Unión mediante la publicación de las directrices de negociación (mandatos) para los acuerdos comerciales antes de que se inicien las negociaciones; respetar plenamente las disposiciones de los Tratados y la jurisprudencia reciente de la Unión que determinan que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión;
   d) incluir sistemáticamente capítulos sobre comercio digital, pymes, comercio vinculante y de obligado cumplimiento y desarrollo sostenible, además de disposiciones relativas a la igualdad de género, en los acuerdos comerciales, y asumir el liderazgo sobre estas cuestiones en los debates multilaterales; defender la privacidad de los datos de los ciudadanos de la Unión;
   e) reforzar la coherencia de la política comercial común con la PESC, la política europea de desarrollo y la política climática, a fin de garantizar los valores y objetivos recogidos en el artículo 3, apartado 5, del TUE y en los artículos 21, 207 y 208 del TFUE, respetando plenamente el Consenso Europeo sobre Desarrollo;

49.  Considera que la Unión debe seguir fomentando el comercio internacional, al tiempo que defiende las normas sociales, laborales y medioambientales; advierte contra las guerras comerciales, en las que solo hay perdedores y que aumentan las tensiones políticas y de seguridad;

50.  Recuerda que el artículo 17, apartado 7, del TUE establece que «teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento Europeo un candidato al cargo de Presidente de la Comisión Europea»; subraya su voluntad de seguir con el proceso de designación de cabezas de lista (Spitzenkandidaten) para la elección del próximo presidente de la Comisión, y acoge con satisfacción el apoyo de la Comisión y de determinados Estados miembros a este respecto; subraya que, en el proceso de investidura del presidente de la Comisión, las consultas adecuadas con el Parlamento son de vital importancia, ya que, tras las elecciones, determinarán el candidato que podrá contar con el respaldo de la mayoría de los miembros que lo componen y transmitirá los resultados de sus deliberaciones internas al Consejo Europeo; destaca que el candidato debe haber sido designado como cabeza de lista (Spitzenkandidat) por uno de los partidos políticos europeos y haber hecho campaña en favor del cargo de presidente de la Comisión en el período previo a las elecciones europeas; considera que esta práctica ha dado buenos resultados, reforzando la legitimidad social de las elecciones europeas y el papel supranacional del Parlamento Europeo como un exponente de la ciudadanía y democracia europeas; advierte una vez más de que el Parlamento estará preparado para rechazar, en el procedimiento de investidura del presidente de la Comisión, a cualquier candidato que no haya sido designado como cabeza de lista (Spitzenkandidat) en el período previo a las elecciones europeas;

51.  Lamenta la tentación frecuente y extendida de culpar a Bruselas de las decisiones impopulares y de eximir a las autoridades nacionales de sus responsabilidades y medidas políticas, dado que esta actitud injusta y oportunista daña a Europa, fomenta el nacionalismo y los sentimientos antieuropeístas y desacredita a las instituciones de la Unión; considera asimismo que las falsas acusaciones contravienen el imperativo de responsabilidad de la actividad gubernamental; destaca que la correcta aplicación y puesta en práctica del Derecho de la Unión es esencial para la materialización de las políticas de la Unión y para fomentar la confianza mutua entre la Unión, los Estados miembros y los ciudadanos, y expresa su preocupación por las acciones de los Estados miembros que no lo hacen deliberadamente;

52.  Destaca la necesidad de llevar a cabo una evaluación más estricta de las consecuencias sociales y medioambientales de las políticas de la Unión, teniendo en cuenta asimismo el coste de la no legislación a escala europea (el denominado «coste de la no Europa»);

53.  Subraya la necesidad de prestar especial atención al Derecho administrativo de la Unión, como se indica en su Resolución, de 9 de junio de 2016, en la que se pide una administración de la Unión Europea abierta, eficiente e independiente(13);

54.  Subraya la necesidad de reforzar el espacio público europeo como un espacio democrático supranacional; hace hincapié en que los principales retos a los que se enfrenta Europa deben abordarse y debatirse desde una perspectiva europea y no únicamente desde una perspectiva nacional, y dando pleno efecto a las disposiciones consagradas en los artículos 10 y 11 del TUE; señala que, por este motivo, la democracia europea necesita reforzar la dimensión transnacional de sus objetivos y retos, promoviendo al mismo tiempo una ciudadanía europea basada en los valores comunes de la Unión Europea y con más educación institucional europea y un marco social deliberativo y más participativo, así como una campaña más europea y menos nacional de cara a las próximas elecciones europeas de 2019;

55.  Acoge con satisfacción el enfoque adoptado por la Unión en las negociaciones sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, y subraya la excepcional unidad mostrada por las instituciones europeas y los Estados miembros; señala que la experiencia en las negociaciones celebradas ha demostrado la enorme complejidad de tales decisiones;

56.  Subraya una vez más que ni la soberanía nacional ni la subsidiariedad pueden justificar ni legitimar que un Estado miembro se aparte sistemáticamente de los valores fundamentales de la Unión Europea que inspiraron la redacción de los artículos introductorios de los Tratados europeos, que todos los Estados miembros suscribieron voluntariamente y se comprometieron a respetar; subraya, asimismo, que la defensa de estos valores es fundamental para la cohesión del proyecto europeo, los derechos de todos los europeos y la confianza mutua necesaria entre los Estados miembros; pide de nuevo a la Comisión que presente sin demora una propuesta por la que se dé efecto a su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

57.  Recuerda que, según el Tribunal de Justicia (asuntos acumulados C-8/15 P a C- 10/15 P(14)), las instituciones europeas tienen la obligación de respetar y defender las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluso cuando actúen fuera del marco jurídico de la Unión;

58.  Insiste en que, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, es necesario reflexionar sobre cómo podría reformarse el sistema presupuestario de la Unión con el fin de proporcionar un presupuesto adecuado para garantizar la financiación de las políticas previstas y mejorar el equilibrio entre la previsibilidad y la capacidad de respuesta, así como sobre cómo garantizar que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas; opina que se debe reforzar la condicionalidad previa de las políticas, en los casos necesarios, sin poner en riesgo la operatividad de los programas, con el fin de garantizar una buena gestión financiera eficaz en la ejecución del gasto de la Unión;

59.  Destaca la importancia de centrarse, en particular, en la mejora de la eficiencia de la financiación y en los mecanismos democráticos de control del presupuesto de la Unión; pide que todas las instituciones de la Unión mejoren sus procedimientos y prácticas destinados a proteger los intereses financieros de la Unión y que contribuyan activamente a un procedimiento de aprobación de la gestión orientado a los resultados; considera, en este contexto, que el procedimiento de aprobación de la gestión es un instrumento indispensable de responsabilidad democrática de cara a los ciudadanos de la Unión, y recuerda las dificultades que se han producido reiteradamente debido a la falta de cooperación del Consejo; insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, al igual que las demás instituciones; hace hincapié en que no debería haber excepciones en este sentido;

60.  Llama la atención sobre el fenómeno de la corrupción, que tiene consecuencias financieras importantes y supone una grave amenaza para la democracia, el Estado de Derecho y la inversión pública; señala la importancia de proteger el dinero de los contribuyentes de la Unión contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión;

61.  Reitera que, habida cuenta de la situación actual del proyecto de integración, la Unión debe agotar todas las vías posibles para garantizar la plena aplicación del Tratado de Lisboa; señala que la posterior revisión de los Tratados debería basarse en la celebración de un Convención que garantice la inclusividad a través de su composición de representantes y ofrezca una plataforma para la reflexión y la interacción con las partes interesadas y los ciudadanos, con vistas a debatir y extraer conclusiones de las diversas aportaciones al proceso de reflexión sobre el futuro de Europa realizadas por las instituciones y otros organismos de la Unión y las propuestas presentadas por los jefes de Estado y de Gobierno, los Parlamentos nacionales y la sociedad civil, y en las consultas a la ciudadanía;

62.  Destaca que ya ha comenzado el proceso de reflexión sobre el futuro de Europa a partir de las diversas posiciones adoptadas por el Parlamento, el Consejo Europeo y la Comisión con respecto a la reforma de la Unión; lamenta que, a pesar de estas posiciones, solo se hayan contemplado reformas mínimas; hace hincapié en que, una vez investidos el nuevo Parlamento y la nueva Comisión, deben aprovechar la labor realizada en la anterior legislatura y empezar a trabajar en las propuestas formuladas;

63.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 215 de 19.6.2018, p. 162.
(2) DO C 242 de 10.7.2018, p. 24.
(3) DO C 252 de 18.7.2018, p. 215.
(4) DO C 252 de 18.7.2018, p. 201.
(5) DO C 252 de 18.7.2018, p. 235.
(6) DO C 263 de 25.7.2018, p. 125.
(7) DO C 345 de 13.10.2017, p. 11.
(8) DO C 306 de 15.9.2017, p. 1.
(9) DO L 45 de 17.2.2018, p. 40.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0056.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0186.
(12) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(13) DO C 86 de 6.3.2018, p. 126.
(14) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising Ltd y otros / Comisión Europea y Banco Central Europeo, ECLI:EU:C:2016:701.

Última actualización: 14 de febrero de 2019Aviso jurídico