Índice 
Textos aprobados
Martes 15 de enero de 2019 - EstrasburgoEdición definitiva
Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero ***I
 Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto UE-Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania ***
 Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Kirguistán (adhesión de Croacia) ***
 Acuerdo Global UE-Kirguistán
 Conducción autónoma en los transportes europeos
 Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera ***I
 Retirada temporal de las preferencias arancelarias en determinados acuerdos celebrados entre la UE y determinados terceros países ***I
 Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas ***I
 Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones *
 Integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo
 Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión
 Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público
 Directrices de la UE y mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión
 Igualdad de género y políticas fiscales en la Unión

Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 15 de enero de 2019 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero (COM(2018)0474 – C8-0273/2018 – 2018/0258(COD))(1)
P8_TA(2019)0001A8-0460/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  Las 2 140 aduanas2 existentes a lo largo de las fronteras exteriores de la Unión Europea deben estar adecuadamente equipadas para garantizar el funcionamiento de la unión aduanera. Disponer de controles aduaneros adecuados e equivalentes es más urgente que nunca, no solo por la tradicional función de las aduanas de recaudar ingresos, sino también, cada vez más, por la necesidad de reforzar significativamente el control de las mercancías que entran y salen a través de las fronteras exteriores de la Unión, en aras de la seguridad y la protección. Sin embargo, al mismo tiempo, estos controles a que se sujeta la circulación de mercancías a través de las fronteras exteriores no deben entorpecer sino facilitar el comercio legítimo con terceros países.
(1)  Las 2 140 aduanas2 existentes a lo largo de las fronteras exteriores de la Unión Europea deben estar adecuadamente equipadas para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz de la unión aduanera. Disponer de controles aduaneros adecuados e equivalentes es más urgente que nunca, no solo por la tradicional función de las aduanas de recaudar ingresos, sino también, cada vez más, por la necesidad de reforzar significativamente el control de las mercancías que entran y salen a través de las fronteras exteriores de la Unión, en aras de la seguridad y la protección. Sin embargo, al mismo tiempo, estos controles a que se sujeta la circulación de mercancías a través de las fronteras exteriores no deben entorpecer sino facilitar el comercio legítimo con terceros países, al tiempo que se respetan los criterios de seguridad.
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2 Anexo del informe anual de 2016 sobre el desempeño de la unión aduanera, consultable en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_es.
2 Anexo del informe anual de 2016 sobre el desempeño de la unión aduanera, consultable en la siguiente dirección: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_es.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  La unión aduanera es piedra angular de la Unión Europea, uno de los mayores bloques comerciales del mundo, y es vital para el correcto funcionamiento del mercado único en beneficio tanto de las empresas como de los ciudadanos. En su Resolución, de 14 de marzo de 20182 bis, el Parlamento Europeo expresó su especial preocupación por el fraude aduanero, que ha supuesto una pérdida significativa de ingresos para el presupuesto de la Unión. El Parlamento Europeo reiteró que Europa solo será más fuerte y más ambiciosa si dispone de más medios financieros y pidió, por consiguiente, un apoyo constante a las políticas existentes, un aumento de los recursos destinados a los programas emblemáticos de la Unión y que las nuevas responsabilidades fueran acompañadas de recursos financieros adicionales.
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2 bis P8_TA(2018)0075: El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Existe actualmente un desequilibrio en la ejecución de los controles aduaneros que efectúan los Estados miembros. Este desequilibrio se debe tanto a las diferencias geográficas entre los Estados miembros como a sus respectivas capacidades y recursos. La capacidad de los Estados miembros para responder a los retos de la constante evolución de los modelos de negocio y las cadenas de suministro a escala mundial depende no solo del componente humano sino también de que se disponga de equipos de control aduanero modernos y fiables. El suministro de equipo de control aduanero equivalente es, por tanto, un elemento importante a la hora de abordar el desequilibrio existente. Ello mejorará la equivalencia en la ejecución de los controles aduaneros en todos los Estados miembros, evitando así el desvío de flujos de mercancías hacia los puntos más débiles.
(2)  Existe actualmente un desequilibrio en la ejecución de los controles aduaneros que efectúan los Estados miembros. Este desequilibrio se debe tanto a las diferencias geográficas entre los Estados miembros como a sus respectivas capacidades y recursos, así como a la falta de controles aduaneros normalizados. La capacidad de los Estados miembros para responder a los retos de la constante evolución de los modelos de negocio y las cadenas de suministro a escala mundial depende no solo del componente humano sino también de que se disponga de equipos de control aduanero modernos y fiables y del funcionamiento adecuado de estos. Otros retos, como el auge del comercio electrónico, la digitalización de los registros de controles e inspecciones, la resiliencia frente a los ciberataques, los sabotajes, el espionaje industrial o la utilización ilegal de datos, también incrementarán la demanda de procedimientos aduaneros que funcionen mejor. El suministro de equipo de control aduanero equivalente es, por tanto, un elemento importante a la hora de abordar el desequilibrio existente. Ello mejorará la equivalencia en la ejecución de los controles aduaneros en todos los Estados miembros, evitando así el desvío de flujos de mercancías hacia los puntos más débiles. Todas las mercancías que entran en el territorio aduanero de la Unión deben someterse a controles exhaustivos al objeto de evitar que los defraudadores escojan puerto en función de cuál será más favorable a sus intenciones. A fin de garantizar el aumento de la fortaleza general y la convergencia en la realización de los controles aduaneros por parte de los Estados miembros, es necesaria una estrategia clara para los puntos más débiles.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  Los Estados miembros han expresado reiteradamente la necesidad de apoyo financiero y solicitado que se analice en profundidad qué equipo se necesita. El 23 de marzo de 2017, en sus conclusiones3 sobre la financiación de las aduanas, el Consejo pidió a la Comisión que «evalúe la posibilidad de financiar las necesidades de equipamiento técnico con cargo a futuros programas financieros de la Comisión y (...) mejore la coordinación y la cooperación con fines de financiación entre autoridades aduaneras y otras fuerzas y cuerpos de seguridad».
(3)  Varios Estados miembros han expresado reiteradamente la necesidad de apoyo financiero y solicitado que se analice en profundidad qué equipo se necesita. El 23 de marzo de 2017, en sus conclusiones3 sobre la financiación de las aduanas, el Consejo pidió a la Comisión que «evalúe la posibilidad de financiar las necesidades de equipamiento técnico con cargo a futuros programas financieros de la Comisión y (...) mejore la coordinación y la cooperación con fines de financiación entre autoridades aduaneras y otras fuerzas y cuerpos de seguridad».
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3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
and http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
3.https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf
and http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  Procede, por tanto, establecer un nuevo instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero.
(6)  Procede, por tanto, establecer un nuevo instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero que garantice la detección, por ejemplo, de la usurpación de marcas y otras prácticas comerciales ilegales. Deben tenerse en consideración las fórmulas ya existentes de apoyo financiero.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Dado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han ido asumiendo un número cada vez mayor de responsabilidades, que a menudo se extienden al ámbito de la seguridad y se ejercen en las fronteras exteriores, es preciso proporcionar financiación de la Unión adecuada a los Estados miembros para asegurar la equivalencia en la realización de los controles fronterizos y aduaneros en las fronteras exteriores. Es igualmente importante fomentar la cooperación interservicios en las fronteras de la Unión en lo que respecta a los controles de mercancías y de personas entre las autoridades nacionales de cada Estado miembro responsables del control fronterizo o de otros cometidos en las fronteras.
(7)  Dado que las autoridades aduaneras de los Estados miembros han ido asumiendo un número cada vez mayor de responsabilidades, que a menudo se extienden al ámbito de la seguridad y se ejercen en las fronteras exteriores, es preciso proporcionar financiación de la Unión adecuada a los Estados miembros para asegurar la equivalencia en la realización de los controles fronterizos y aduaneros en las fronteras exteriores. Es igualmente importante fomentar, teniendo en cuenta la ciberseguridad, la cooperación interservicios en las fronteras de la Unión en lo que respecta a los controles de mercancías y de personas entre las autoridades nacionales de cada Estado miembro responsables del control fronterizo o de otros cometidos en las fronteras.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  El presente Reglamento establece una dotación financiera para el instrumento, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del apartado 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera6.
(11)  El presente Reglamento establece una dotación financiera para el instrumento, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del apartado 17 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera6. A fin de garantizar la disciplina presupuestaria, los criterios para el establecimiento de prioridades en cuanto a las subvenciones deben definirse con claridad y basarse en las necesidades detectadas para llevar a cabo las labores de los puntos aduaneros.
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6.  Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1).
6.  Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1).
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  El equipo de control aduanero financiado al amparo del instrumento debe responder a estándares óptimos de seguridad, en particular en materia de ciberseguridad, protección, medio ambiente y salud.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)
(13 ter)  El personal debidamente autorizado de las autoridades ha de ser el único que pueda acceder a los datos generados por el equipo de control aduanero financiado al amparo del instrumento y que pueda procesarlos. Dichos datos también deben estar debidamente protegidos contra el acceso o la divulgación sin autorización. Los Estados miembros han de tener un control total sobre dichos datos.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quater (nuevo)
(13 quater)  Los equipos de control aduanero financiados al amparo del instrumento deben contribuir a la óptima gestión de los riesgos aduaneros.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 quinquies (nuevo)
(13 quinquies)  Cuando se sustituyan equipos de control aduanero antiguos al amparo del instrumento, los Estados miembros han de responsabilizarse de la eliminación de dichos equipos de forma respetuosa con el medio ambiente.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  En su mayoría, el equipo de control aduanero puede servir también igual u ocasionalmente para los controles de cumplimiento de otra legislación, como pueden ser las disposiciones en materia de gestión de fronteras, visados o cooperación policial. Por ello, el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras se ha concebido como dos instrumentos complementarios con ámbitos de aplicación distintos pero coherentes respecto de la adquisición de equipo. Por una parte, el instrumento para la gestión de fronteras y los visados establecido por el Reglamento [2018/XXX]10 excluye los equipos que pueden utilizarse tanto para la gestión de las fronteras como para el control aduanero. Por otra, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero que establece el presente Reglamento no solo facilitará apoyo financiero para equipo destinado principalmente al control aduanero, sino que permitirá también su uso para fines distintos, como la seguridad y los controles fronterizos. Esta distribución de funciones debe impulsar la cooperación interservicios como un componente de la gestión integrada de las fronteras europeas, tal como se contempla en el artículo 4, letra e), del Reglamento (UE) 2016/162411, permitiendo así que las autoridades de aduanas y de fronteras trabajen juntas y maximicen el impacto del presupuesto de la Unión, merced a compartir el equipo de control y a la interoperabilidad de este.
(15)  En su mayoría, el equipo de control aduanero puede servir también igual u ocasionalmente para los controles de cumplimiento de otra legislación, como pueden ser las disposiciones en materia de gestión de fronteras, visados o cooperación policial. Por ello, el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras se ha concebido como dos instrumentos complementarios con ámbitos de aplicación distintos pero coherentes respecto de la adquisición de equipo. Por una parte, el instrumento para la gestión de fronteras y los visados establecido por el Reglamento [2018/XXX]10 excluye los equipos que pueden utilizarse tanto para la gestión de las fronteras como para el control aduanero. Por otra, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero que establece el presente Reglamento no solo facilitará apoyo financiero para equipo destinado principalmente al control aduanero, sino que permitirá también su uso para otros fines conexos, como la seguridad, la protección y los controles fronterizos. Esta distribución de funciones debe impulsar la cooperación interservicios como un componente de la gestión integrada de las fronteras europeas, tal como se contempla en el artículo 4, letra e), del Reglamento (UE) 2016/162411, permitiendo así que las autoridades de aduanas y de fronteras trabajen juntas y maximicen el impacto del presupuesto de la Unión, merced a compartir el equipo de control y a la interoperabilidad de este. A fin de garantizar que cualquier instrumento o equipo financiado por el fondo esté bajo custodia permanente del punto aduanero designado al que corresponde la propiedad del equipo, el uso compartido y la interoperabilidad entre autoridades de aduanas y de fronteras debe definirse como no sistemático y no regular.
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10 COM(2018)0473.
10 COM(2018)0473.
11 Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1).
11 Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n.º 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (DO L 251 de 16.9.2016, p. 1).
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 16
(16)  No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, deben poder financiarse acciones a través de varios programas o instrumentos de la Unión, al objeto de hacer posible y respaldar, en su caso, la cooperación e interoperabilidad en diversos ámbitos. Sin embargo, en tales casos, las contribuciones no pueden sufragar los mismos costes, de conformidad con el principio de prohibición de la doble financiación que establece el Reglamento Financiero.
(16)  No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, deben poder financiarse acciones a través de varios programas o instrumentos de la Unión, al objeto de hacer posible y respaldar, en su caso, la cooperación e interoperabilidad en diversos ámbitos. Sin embargo, en tales casos, las contribuciones no pueden sufragar los mismos costes, de conformidad con el principio de prohibición de la doble financiación que establece el Reglamento Financiero. Cuando ya se hayan concedido contribuciones de otro programa de la Unión o ayuda de otro fondo de la Unión a un Estado miembro para la adquisición del mismo equipo, o el Estado miembro ya haya recibido dichas contribuciones o ayuda, estas se han de mencionar en la solicitud.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
(16 bis)   La Comisión debe incentivar entre los Estados miembros la contratación pública conjunta y la realización conjunta de pruebas de los equipos de control aduanero.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  Habida cuenta de la rápida evolución de las prioridades, amenazas y tecnologías en el ámbito aduanero, los programas de trabajo no deben abarcar largos períodos. Al mismo tiempo, la necesidad de establecer programas de trabajo anuales aumenta la carga administrativa tanto de la Comisión como de los Estados miembros sin que ello sea necesario para la ejecución del instrumento. En este contexto, los programas de trabajo deben abarcar, en principio, más de un ejercicio presupuestario.
(17)  Habida cuenta de la rápida evolución de las prioridades, amenazas y tecnologías en el ámbito aduanero, los programas de trabajo no deben abarcar largos períodos. Al mismo tiempo, la necesidad de establecer programas de trabajo anuales aumenta la carga administrativa tanto de la Comisión como de los Estados miembros sin que ello sea necesario para la ejecución del instrumento. En este contexto, los programas de trabajo deben abarcar, en principio, más de un ejercicio presupuestario. Asimismo, a fin de garantizar que se mantiene la integridad de los intereses estratégicos de la Unión, se alienta a los Estados miembros a que, al proceder a la licitación de nuevos equipos de control aduanero, consideren con detenimiento la ciberseguridad y los riesgos de una posible exposición de datos confidenciales fuera de la Unión.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del programa de trabajo en el marco del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Tales competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo12.
suprimido
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12 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 19
(19)  Si bien una ejecución centralizada es indispensable para lograr el objetivo específico de garantizar controles aduaneros equivalentes, la naturaleza técnica de este instrumento hace necesarios trabajos técnicos preparatorios. Por tanto, la ejecución debe sustentarse en evaluaciones de las necesidades cimentadas en la experiencia y los conocimientos técnicos nacionales a través de la contribución de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. Dichas evaluaciones deben basarse en una metodología clara que incluya un número mínimo de pasos que garanticen la recopilación de la información requerida.
(19)  Si bien una ejecución centralizada es indispensable para lograr el objetivo específico de garantizar controles aduaneros equivalentes, la naturaleza técnica de este instrumento hace necesarios trabajos técnicos preparatorios. Por tanto, la ejecución debe sustentarse en evaluaciones individuales de las necesidades cimentadas en la experiencia y los conocimientos técnicos nacionales a través de la contribución de las administraciones aduaneras de los Estados miembros. Dichas evaluaciones deben basarse en una metodología clara que incluya un número mínimo de pasos que garanticen la recopilación de la información pertinente requerida.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  Para garantizar el seguimiento y la presentación de informes de forma periódica, debe implantarse un marco adecuado de seguimiento de los resultados logrados por el instrumento y las acciones a él conexas. Este seguimiento y presentación de informes debe basarse en indicadores que midan los efectos de las acciones adoptadas al amparo del instrumento. La obligación de presentación de informes debe incluir una cierta información sobre el equipo de control aduanero a partir de un determinado umbral de costes.
(20)  Para garantizar el seguimiento y la presentación de informes de forma periódica, debe implantarse un marco adecuado de seguimiento de los resultados logrados por el instrumento y las acciones a él conexas. Este seguimiento y presentación de informes debe basarse en indicadores cuantitativos y cualitativos que midan los efectos de las acciones adoptadas al amparo del instrumento. Los Estados miembros deben garantizar que los procedimientos de adjudicación de contratos sean claros y transparentes. La obligación de presentación de informes debe abarcar información detallada sobre el equipo de control aduanero y el procedimiento de adjudicación del contrato a partir de un determinado umbral de costes, así como la justificación de los gastos.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
(22)  A fin de responder de manera adecuada a la evolución de las prioridades estratégicas, las amenazas y las tecnologías, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo referente a la modificación de los fines del control aduanero respecto de las acciones admisibles en el marco del instrumento y la lista de indicadores para medir la consecución de los objetivos específicos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante el trabajo preparatorio, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemático a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.
(22)  A fin de responder de manera adecuada a la evolución de las prioridades estratégicas, las amenazas y las tecnologías, procede delegar en la Comisión la facultad de adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo referente a la modificación del presente Reglamento al objeto de establecer programas de trabajo y modificar los fines del control aduanero respecto de las acciones admisibles en el marco del instrumento y la lista de indicadores para medir la consecución de los objetivos específicos. Reviste especial importancia que la Comisión realice consultas apropiadas y plenamente transparentes durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, y que dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemático a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 24
(24)  Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se aplican al presente Reglamento. Establecidas en el Reglamento Financiero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.
(24)  Las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo en virtud del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se aplican al presente Reglamento. Establecidas en el Reglamento Financiero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE. La financiación al amparo del instrumento debe respetar los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
(25)  Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir el objetivo específico de las acciones y de ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particular, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, de conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
(25)  Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir el objetivo específico de las acciones y de ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particular, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, de conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero. La mejora en la ejecución y calidad del gasto deben ser principios que orienten la consecución de los objetivos del instrumento y garanticen, al tiempo, una utilización óptima de los recursos financieros.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
1.  En el marco del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el objetivo general del instrumento es dar apoyo a la unión aduanera y a las autoridades aduaneras a fin de proteger los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, garantizar la protección y seguridad en la Unión y proteger a la Unión frente al comercio desleal e ilícito, facilitando al mismo tiempo la actividad comercial legítima.
1.  En el marco del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, y atendiendo a la meta a largo plazo de normalización de todos los controles aduaneros de la Unión, el objetivo general del instrumento es dar apoyo a la unión aduanera y a las autoridades aduaneras a fin de proteger los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, promover la cooperación entre las agencias en las fronteras de la Unión en lo que atañe a los controles de mercancías y personas, garantizar la protección y seguridad en la Unión y proteger a la Unión frente al comercio desleal e ilícito, facilitando al mismo tiempo la actividad comercial legítima.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
2.  El objetivo específico del instrumento es contribuir a la realización de controles aduaneros adecuados y equivalentes mediante la adquisición, el mantenimiento y la mejora de equipo de control aduanero avanzado y fiable.
2.  El objetivo específico del instrumento es contribuir a la realización de controles aduaneros adecuados y equivalentes mediante la adquisición, el mantenimiento y la mejora, con total transparencia, de equipo de control aduanero avanzado, protegido, ciberresiliente, seguro, respetuoso con el medio ambiente y fiable. Un objetivo adicional es mejorar la calidad de los controles aduaneros en todos los Estados miembros, a fin de evitar el desvío de mercancías hacia los puntos más débiles de la Unión.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  El instrumento contribuirá a la aplicación de la gestión europea integrada de fronteras mediante el apoyo a la cooperación entre agencias, el uso compartido y la interoperabilidad de los nuevos equipos adquiridos al amparo del instrumento.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
1.  La dotación financiera para la ejecución del instrumento durante el período 2021-2027 será de 1 300 000 000 EUR a precios corrientes.
1.  La dotación financiera para la ejecución del instrumento durante el período 2021-2027 será de 1 149 175 000 EUR a precios de 2018 (1 300 000 000 EUR a precios corrientes).
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
2.  El importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos de preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de gestión del instrumento y de evaluación de la consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos relacionados con estudios, reuniones de expertos y acciones de información y comunicación, en la medida en que estén relacionados con los objetivos del instrumento, así como los gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los instrumentos informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa necesaria en relación con la gestión del instrumento.
2.  El importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos legítimos y verificados de preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de gestión del instrumento y de evaluación de su rendimiento y de la consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos, igualmente legítimos y verificados, relacionados con estudios, reuniones de expertos, acciones de información y comunicación e intercambio de datos entre los Estados miembros interesados, en la medida en que estén relacionados con los objetivos específicos del instrumento para apoyar el objetivo general, así como los gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los instrumentos informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa necesaria en relación con la gestión del instrumento.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.   Cuando la acción a que se destina el apoyo comporte la adquisición o mejora de equipo, la Comisión establecerá garantías adecuadas y medidas de contingencia para garantizar que todo el equipo adquirido con el apoyo de los programas e instrumentos de la Unión es utilizado por las autoridades aduaneras competentes en todos los casos pertinentes.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3
3.  Cuando la acción a que se destina el apoyo comporte la adquisición o mejora de equipo, la Comisión establecerá un mecanismo de coordinación que garantice la eficiencia y la interoperabilidad entre todo el equipo adquirido con el apoyo de programas e instrumentos de la Unión.
3.  Cuando la acción a que se destina el apoyo comporte la adquisición o mejora de equipo, la Comisión establecerá un mecanismo de coordinación que garantice la eficiencia y la interoperabilidad entre todo el equipo adquirido con el apoyo de programas e instrumentos de la Unión, lo que permitirá la consulta y la participación de las agencias pertinentes de la Unión, en particular la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. El mecanismo de coordinación incluirá la participación y consulta de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas con el fin de maximizar el valor añadido de la Unión en el ámbito de la gestión de fronteras.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.   Cuando la acción a la que se destina el apoyo comporte la adquisición o mejora de equipo, la Comisión establecerá garantías adecuadas y medidas de contingencia para garantizar que todo el equipo adquirido con el apoyo de los programas e instrumentos de la Unión cumple con las normas acordadas en materia de mantenimiento periódico.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en casos debidamente justificados, las acciones podrán también extenderse a la adquisición, el mantenimiento y la mejora de equipo de control aduanero con el fin de ensayar nuevos elementos o nuevas funcionalidades en condiciones operativas.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en casos debidamente justificados, las acciones podrán también extenderse a la adquisición, el mantenimiento y la mejora de equipo de control aduanero totalmente transparentes con el fin de ensayar nuevos elementos o nuevas funcionalidades en condiciones operativas.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3
3.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 a fin de modificar los fines de control aduanero establecidos en el apartado 1, letra b), así como el anexo 1, cuando esta revisión se considere necesaria.
3.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14 a fin de modificar los fines de control aduanero establecidos en el apartado 1, letra b), así como el anexo 1, cuando esta revisión se considere necesaria y con el objetivo de mantenerse al día con los avances tecnológicos, con el cambio de patrones en el contrabando de mercancías y con soluciones nuevas, inteligentes e innovadoras para fines de control aduanero.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
4.  El equipo de control aduanero financiado al amparo del instrumento podrá utilizarse para fines distintos de dicho control, tales como el control de personas, en apoyo de las autoridades de fronteras nacionales, y la investigación.
4.  El equipo de control aduanero financiado al amparo del instrumento deberá utilizarse principalmente para controles aduaneros, pero podrá utilizarse para fines distintos de dicho control, tales como el control de personas, en apoyo de las autoridades de fronteras nacionales, y la investigación, a fin de cumplir los objetivos general y específicos establecidos en el artículo 3.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.   La Comisión incentivará la contratación pública conjunta y la realización conjunta de pruebas de equipo de control aduanero entre los Estados miembros.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   Podrá concederse una financiación superior a dicho límite en los casos de contratación pública conjunta y la realización conjunta de pruebas de equipo de control aduanero entre Estados miembros.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter.   Las circunstancias excepcionales a que se refiere el apartado 2 podrán consistir en la adquisición de nuevos equipos de control aduanero y su entrega al contingente de equipos técnicos de la Guardia Europea de Fronteras y Costas. La admisibilidad del equipo de control aduanero destinado al contingente de equipos técnicos se determinará con arreglo al artículo 5, apartado 3.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria
No serán admisibles para financiación al amparo del instrumento los siguientes gastos:
Todos los costes relacionados con las acciones a que se refiere el artículo 6 serán admisibles para financiación al amparo del instrumento, con la excepción de:
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
a bis)  gastos relacionados con la formación o mejora de las capacidades necesarias para el uso del equipo;
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra c
c)  gastos relacionados con sistemas electrónicos, a excepción de programas informáticos que sean directamente necesarios para el uso del equipo de control aduanero;
c)  gastos relacionados con sistemas electrónicos, a excepción de programas informáticos, incluidas sus actualizaciones, que sean directamente necesarios para el uso del equipo de control aduanero, y a excepción de programas informáticos electrónicos y la programación que sean necesarios para enlazar los programas informáticos existentes con el equipo de control aduanero;
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra d
d)  gastos de redes, como canales de comunicación seguros o no seguros, o de suscripciones;
d)  gastos de redes, como canales de comunicación seguros o no seguros, o de suscripciones, a excepción de las redes o suscripciones directamente necesarias para el uso del equipo de control aduanero;
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
2.  La Comisión adoptará los programas de trabajo por medio de un acto de ejecución. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15.
2.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14, por los que se modifique el anexo 2 bis para establecer programas de trabajo.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria
La preparación de los programas de trabajo a que se refiere el apartado 1 irá acompañada de una evaluación de las necesidades, que constará como mínimo de lo siguiente:
La preparación de los programas de trabajo a que se refiere el apartado 1 irá acompañada de una evaluación individual de las necesidades, que constará de lo siguiente:
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
b)  un inventario exhaustivo del equipo de control aduanero de que se dispone;
b)  un inventario exhaustivo del equipo de control aduanero de que se dispone y que está operativo;
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c
c)  una definición común de nivel mínimo y nivel óptimo de equipo de control aduanero por referencia a la categoría de pasos fronterizos, y
c)  una definición común de nivel técnico mínimo de equipo de control aduanero por referencia a la categoría de pasos fronterizos;
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
c bis)  una evaluación de un nivel óptimo de equipo de control aduanero por referencia a la categoría de pasos fronterizos, y
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d
d)  una estimación detallada de las necesidades financieras.
d)  una estimación detallada de las necesidades financieras en función de la magnitud de las operaciones aduaneras y de la carga de trabajo relativa.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
1.  Los indicadores para informar de los avances realizados en el marco del instrumento en la consecución de los objetivos general y específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo 2.
1.  En cumplimiento de su obligación de información en virtud del artículo 38, apartado 3, letra e), inciso i), del Reglamento Financiero, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre el rendimiento del programa. La información de la Comisión incluirá información tanto sobre los avances como sobre las carencias.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
2.  Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados en la consecución de los objetivos del instrumento, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14, a fin de modificar el anexo 2, con vistas a revisar o completar los indicadores cuando se considere necesario y completar el presente Reglamento con disposiciones para el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación.
2.  Los indicadores para informar de los avances realizados en el marco del instrumento en la consecución de los objetivos general y específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo 2. Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados en la consecución de los objetivos del instrumento, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 14, a fin de modificar el anexo 2, con vistas a revisar o completar los indicadores cuando se considere necesario y completar el presente Reglamento con disposiciones para el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación, con el fin de proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo información cualitativa y cuantitativa actualizada sobre el rendimiento del programa.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
3.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el seguimiento de la ejecución del instrumento y los resultados se recopilen de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos proporcionados en materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión.
3.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el seguimiento de la aplicación y los resultados del instrumento sean comparables y completos y se recopilen de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos proporcionados en materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión. La Comisión proporcionará al Parlamento Europeo y al Consejo información fiable sobre la calidad de los datos utilizados para evaluar el rendimiento.
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
c bis)   la presencia y el buen funcionamiento de los equipos financiados por el presupuesto de la Unión a los cinco años de su puesta en funcionamiento;
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c ter (nueva)
c ter)   información sobre los casos de mantenimiento del equipo de control aduanero;
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c quater (nueva)
c quater)   información sobre el procedimiento de adjudicación de los contratos;
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra c quinquies (nueva)
c quinquies)   justificación de los gastos.
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
1.  Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones.
1.  Las evaluaciones de las acciones financiadas al amparo del instrumento y a que se refiere el artículo 6 valorarán los resultados, el impacto y la eficacia del instrumento y se efectuarán en tiempo oportuno a fin de garantizar su uso eficiente en el proceso de toma de decisiones.
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
2.  La evaluación intermedia del instrumento se llevará a cabo una vez que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años después del inicio de la ejecución del instrumento.
2.  La evaluación intermedia del instrumento se llevará a cabo una vez que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, tres años después del inicio de la ejecución del instrumento.
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
La evaluación intermedia presentará las conclusiones necesarias para la adopción de una decisión sobre el seguimiento del programa después de 2027 y sobre sus objetivos.
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3
3.  Tras la conclusión de la ejecución del instrumento, pero, a más tardar, cuatro años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación final del instrumento.
3.  Tras la conclusión de la ejecución del instrumento, pero, a más tardar, tres años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación final del instrumento.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4
4.  La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
4.  La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus observaciones y de las lecciones que extraiga, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.  La Comisión incluirá evaluaciones parciales anuales en su informe «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude».
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 6, apartado 3, y el artículo 12, apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 6, apartado 3, el artículo 11, apartado 2, y el artículo 12, apartado 2, se otorgan a la Comisión hasta el 31 de diciembre de 2028.
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 6, apartado 3, y el artículo 12, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 6, apartado 3, el artículo 11, apartado 2, y el artículo 12, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en la fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 3, y del artículo 12, apartado 2, entrarán en vigor si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 6, apartado 3, del artículo 11, apartado 2, y del artículo 12, apartado 2, entrarán en vigor si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 15
Artículo 15
suprimido
Comitología
1.  La Comisión estará asistida por el «Comité del programa Aduana» a que se refiere el artículo 18 del Reglamento (CE) [2018/XXX]23.
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
__________________
23 COM(2018)0442.
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1
1.  Los perceptores de los fondos de la Unión deberán reconocer el origen de la financiación y garantizar la visibilidad en tanto que financiación de la Unión, en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información coherente, eficaz y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, especialmente los medios de comunicación y el público.
1.  Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público, de modo que se ponga de manifiesto el valor añadido de la Unión y se contribuya a la labor de recopilación de datos de la Comisión para aumentar la transparencia presupuestaria.
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
2.  La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el instrumento, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados al instrumento también contribuirán a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3.
2.  A fin de garantizar la transparencia, la Comisión facilitará con regularidad información al público en relación con el instrumento, sus acciones y sus resultados, haciendo referencia, en particular, a los programas de trabajo a que se refiere el artículo 11.
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – columna 3 – fila 1
Contenedores, camiones, vagones ferroviarios
Contenedores, camiones, vagones ferroviarios y vehículos
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – columna 3 – fila 3 bis (nueva)
Vehículos
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – columna 2 – fila 5
Arco de retrodispersión de rayos X
Arco de retrodispersión basado en rayos X
Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – columna 2 – fila 6 bis (nueva)
Escáner de seguridad basado en ondas milimétricas
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – punto 1 bis (nuevo)
1 bis.  Protección y seguridad
a)  Grado de cumplimiento de las normas de protección del equipo de control aduanero en todos los pasos fronterizos, incluida la ciberseguridad
b)  Grado de cumplimiento de las normas de seguridad del equipo de control aduanero en todos los pasos fronterizos
Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 – punto 1 ter (nuevo)
1 ter.  Salud y medio ambiente
a)  Grado de cumplimiento de las normas de salud del equipo de control aduanero en todos los pasos fronterizos
b)  Grado de cumplimiento de las normas medioambientales del equipo de control aduanero en todos los pasos fronterizos
Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 bis (nuevo)
Anexo 2 bis
Programas de trabajo
Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Anexo 2 ter (nuevo)
Anexo 2 ter
Circunstancias excepcionales en caso de exceso de financiación

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0460/2018).


Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto UE-Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania ***
PDF 111kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República de Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania (10302/2018 – C8-0433/2018 – 2018/0241(NLE))
P8_TA(2019)0002A8-0463/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10302/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República de Albania en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Albania (10290/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), el artículo 79, apartado 2, letra c), y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0433/2018),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0463/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Albania.


Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación UE-Kirguistán (adhesión de Croacia) ***
PDF 113kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12564/2017 – C8-0033/2018 – 2017/0185(NLE))
P8_TA(2019)0003A8-0443/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12564/2017),

–  Visto el proyecto del Protocolo del Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12659/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, los artículos 207 y 209, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0033/2018),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7 de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0443/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Kirguistán.


Acuerdo Global UE-Kirguistán
PDF 154kWORD 49k
Recomendación del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el Acuerdo Global entre la UE y la República Kirguisa (2018/2118(INI))
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

El Parlamento Europeo,

—  Visto el proyecto de Decisión (UE) 2017/... del Consejo, de 9 de octubre de 2017, por la que se autoriza a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones y negociar, en nombre de la Unión Europea, las disposiciones que son competencia de la Unión de un Acuerdo Global entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra (11436/1/17 REV 1),

—  Vista la Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 9 de octubre de 2017, por la que se autoriza a la Comisión Europea a entablar negociaciones y negociar, en nombre de los Estados miembros, las disposiciones que son competencia de los Estados miembros de un Acuerdo Global entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kirguistán, por otra (11438/1/17 REV 1),

—  Vistas las bases jurídicas propuestas para el nuevo Acuerdo Global, a saber, el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 91, 100, apartado 2, 207 y 209 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) existente entre la Unión Europea y Kirguistán, que está en vigor desde 1999,

—  Vistas sus Resoluciones, de 15 de diciembre de 2011, sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia Central(1), y de 13 de abril de 2016, sobre la aplicación y revisión de la Estrategia de la UE para Asia Central(2),

—  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Kirguistán, incluidas las de 15 de enero de 2015(3), de 8 de julio de 2010(4) y de 6 de mayo de 2010(5),

—  Vista la declaración de la VP/AR sobre las elecciones presidenciales en la República Kirguisa de 16 de octubre de 2017,

—  Vistas las conclusiones del Parlamento Europeo, de la misión internacional de observación de elecciones (IEOM) y de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE-OIDDH), sobre las elecciones presidenciales,

—  Vista la declaración, de 3 de mayo de 2018, adoptada por la 13.ª Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Kirguistán,

—  Vista la Decisión de la Unión Europea, de 2 de febrero de 2016, de conceder el estatuto SPG + a la República Kirguisa,

—  Vista su Posición, de 22 de octubre de 2013, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se concede una ayuda macrofinanciera a la República Kirguisa(6),

–  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0450/2018),

A.  Considerando que, en diciembre de 2017, la Unión y Kirguistán iniciaron las negociaciones de un acuerdo global para sustituir al actual Acuerdo de Colaboración y Cooperación (ACC) entre la UE y Kirguistán, con objeto de mejorar e intensificar la cooperación en ámbitos de interés común, sobre la base de los valores compartidos de la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza, dentro de un nuevo marco jurídico;

B.  Considerando que el acuerdo global requerirá la aprobación del Parlamento para entrar en vigor;

1.  Recomienda al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad:

Principios generales

Diálogo político y cooperación regional

Disposiciones institucionales

Preocupaciones e intereses comunes relativos a los ámbitos de cooperación contemplados en el Acuerdo

   a) que negocien y celebren un acuerdo entre la Unión y Kirguistán ambicioso, exhaustivo y equilibrado que sustituya al ACC de 1999 y que conforme la base de relaciones sólidas y duraderas y de un desarrollo estable, seguro y sostenible de ambas partes;
   b) que identifiquen las perspectivas estratégicas a corto y largo plazo en el acuerdo global y que establezcan una serie de objetivos bien definidos y estructurados para la cooperación con Kirguistán; que realicen más esfuerzos y profundicen la relación a fin de aumentar la visibilidad y la eficacia de la Unión en el país y en la región;
   c) que favorezcan la economía de mercado aportando beneficios sociales y económicos tangibles para los ciudadanos de ambas partes; que apoyen las normas sobre competencia y la seguridad jurídica mediante, entre otras cosas, el refuerzo de las instituciones independientes y transparentes;
   d) que garanticen un compromiso firme por ambas partes en favor del respeto y la promoción de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de Derecho desde el pleno cumplimiento de los criterios requeridos para el estatuto SPG + otorgado a la República Kirguisa, incluida la ratificación de las convenciones internacionales correspondientes y la aplicación efectiva de las conclusiones y recomendaciones de los órganos de supervisión pertinentes establecidos en virtud de estas convenciones; que faciliten y lleven a cabo un diálogo regular y orientado a los resultados sobre cuestiones de derechos humanos que interesen a ambas partes y que debería incluir a las autoridades y a la sociedad civil, con el objetivo de reforzar el marco institucional y las políticas públicas; que destaquen la pertenencia constructiva de Kirguistán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el periodo 2016-2018 y que alienten una mayor participación internacional de su parte;
   e) que contribuyan al refuerzo del multilateralismo y la cooperación internacional y desarrollen enfoques comunes de cooperación con los socios de Kirguistán con el fin de promover la seguridad internacional y de hacer frente eficazmente a los desafíos mundiales tales como el terrorismo, el cambio climático, las migraciones y la delincuencia organizada y contribuir a la aplicación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y a la nueva la estrategia nacional de desarrollo 2018-2040; y, más generalmente, que contribuyan a la estabilización y el crecimiento de Asia central;
   f) que intensifiquen el diálogo político y la cooperación sectorial; que prevean un diálogo regular y sustancial sobre todas las cuestiones relevantes, tomando como base los formatos existentes;
   g) que intensifiquen la cooperación en relación con la gestión de crisis, la prevención de conflictos, la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, la prevención de la radicalización violenta y la delincuencia transfronteriza, así como con la gestión integrada de las fronteras, desde el pleno respeto de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en consonancia con las modificaciones del Código Penal; y que garanticen que la Ley nacional n.º 150 sobre la lucha contra las actividades extremistas de 2005 es plenamente conforme con las normas internacionales;
   h) que mejoren las disposiciones aplicables al comercio y las relaciones económicas, mejorando el clima de inversión y contribuyendo a la diversificación de la economía kirguisa, beneficiando a ambas partes y fortaleciendo la seguridad jurídica y la transparencia reglamentaria; que apoyen la buena gobernanza, el funcionamiento del poder judicial y la reducción de la burocracia, así como el uso de todas las medidas disponibles para promover un desarrollo económico sostenible en aras de la consolidación y el desarrollo del sistema comercial multilateral basado en normas; que contribuyan a respaldar el establecimiento y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas; que mejoren aún más las relaciones económicas y comerciales entre la Unión y Kirguistán en lo que respecta al estatuto SPG + y que insten a Kirguistán a que aplique los compromisos internacionales derivados de dicho estatuto, con el fin de fomentar el desarrollo económico del país;
   i) que mejoren la cooperación en la lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero y la evasión fiscal; que incluyan secciones específicas que describan medidas y compromisos claros y firmes para luchar contra todas las formas de corrupción y que apliquen las normas internacionales y los convenios multilaterales contra la corrupción; que incluyan disposiciones sobre buena gobernanza fiscal y normas de transparencia que reafirmen el compromiso de las partes de aplicar normas internacionales en la lucha contra la elusión y la evasión fiscales;
   j) que contribuyan a desarrollar la pertenencia de Kirguistán a la Organización Mundial del Comercio a través de reformas adecuadas de las inversiones extranjeras, las autoridades aduaneras y el acceso a los mercados internacionales;
   k) que mejoren la coordinación entre las posiciones de la Unión y de Kirguistán en los foros internacionales;
   l) que refuercen el diálogo interparlamentario entre Kirguistán y el Parlamento Europeo;
   m) que aseguren que el acuerdo haga especial hincapié en el cambio climático, la gestión del agua, así como en la preparación y prevención de los riesgos de desastres debidos al gran peligro de catástrofes naturales, incluidos los terremotos; que presten apoyo a Kirguistán en sus esfuerzos por proteger el medio ambiente y sus decididos esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo sostenible;
   n) que garanticen la transmisión al Parlamento Europeo de las directrices de negociación, dentro del respeto de las normas de confidencialidad, para que el Parlamento pueda llevar un control adecuado del proceso de negociación, y que cumplan coherentemente las obligaciones interinstitucionales derivadas del artículo 218, apartado 10, del TFUE, según el cual se deberá informar al Parlamento plena e inmediatamente en todas las etapas del procedimiento;
   o) que compartan todos los documentos relacionados con las negociaciones, como las actas y los proyectos de textos negociados, e informen periódicamente al Parlamento;
   p) que velen por que se respete a todos los niveles la práctica habitual de no aplicar de forma provisional el nuevo Acuerdo hasta que el Parlamento no haya concedido su aprobación;
   q) que refuercen y amplíen la cooperación existente consagrada en el actual ACC, en el que ya se establecieron los siguientes órganos de cooperación y diálogo:
   el Consejo de Cooperación a nivel ministerial;
   el Comité de Cooperación a nivel de altos funcionarios, y los Subcomités de Comercio e Inversión y de Cooperación al Desarrollo;
   la Comisión Parlamentaria de Cooperación (CPC);
   r) que refuercen el control interparlamentario dentro de una CPC reforzada en el nuevo Acuerdo, concretamente en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;
   s) que garanticen la participación de la sociedad civil tanto durante las negociaciones como en la fase de ejecución del Acuerdo;
   t) que garanticen la inclusión de condiciones sobre la posible suspensión de la cooperación en caso de vulneración de elementos esenciales por cualquiera de las partes, previendo la consulta del Parlamento en tales casos;
   u) que asignen recursos adecuados tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros para la aplicación del acuerdo global, de manera que se garantice la consecución de todos los objetivos ambiciosos establecidos durante las negociaciones;
   v) que tengan en cuenta el papel de Kirguistán como una de las pocas democracias nacientes de la región, por lo que requiere el apoyo político, diplomático, financiero y técnico de la Unión a largo plazo;
   w) que prosigan los esfuerzos en favor de la consolidación de una democracia parlamentaria operativa con un auténtico sistema pluripartidista y contrapoderes constitucionales, y que garanticen el escrutinio del Parlamento del poder ejecutivo, como uno de los países piloto en recibir el apoyo de la Unión a la democracia; que expongan la inquietud del Parlamento en relación con las enmiendas constitucionales de 2016, en particular un aumento considerable de los poderes del primer ministro, la supremacía de los fallos por parte de los tribunales nacionales sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos y la pérdida de independencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo; que fomenten la participación de las ONG en el desarrollo y la reforma de la legislación y las políticas del país, en particular con respecto a los instrumentos o mecanismos que afecten directamente a la acción de las organizaciones de la sociedad civil;
   x) que reafirmen la importancia de trabajar de manera sistemática en favor de los valores de la democracia y los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y la independencia del poder judicial;
   y) que fomenten un entorno favorable para los periodistas y los medios de comunicación independientes; que aseguren que Kirguistán permita la entrada de periodistas y trabajadores de derechos humanos extranjeros vetados en el país y la continuación de su labor sin interferencias indebidas;
   z) que reconozcan los progresos realizados en relación con el desarrollo pacífico y una mayor transparencia de las elecciones parlamentarias y presidenciales, y que insten a que se apliquen de manera continuada las recomendaciones formuladas por las misiones internacionales de observación electoral;
   aa) que insten a Kirguistán a contrarrestar toda tendencia autoritaria negativa, como la instrumentalización política de la administración de la justicia, las penas injustas dictadas por tribunales, los juicios injustos y no transparentes, la interferencia en la libertad de los medios de comunicación, la impunidad de los agentes con funciones coercitivas y los presuntos malos tratos y torturas de los detenidos, las extradiciones a países en los que las personas corran peligro de tortura o maltrato, así como la discriminación de las minorías y las limitaciones de la libertad de reunión y de expresión, y que insten a Kirguistán a investigar en profundidad todas las alegaciones de falsificación de pruebas, extorsión, tortura y malos tratos; que manifiesten su preocupación por el hecho de que los líderes políticos, así como los posibles candidatos presidenciales han sido encarcelados por presunta corrupción;
   ab) que expresen insatisfacción, en este contexto, por la ratificación de la sentencia a cadena perpetua impuesta al activista de derechos humanos Azimjon Askarov, que documentó la violencia interétnica en 2010 y que soliciten su liberación inmediata, la anulación de la condena y le ofrezcan rehabilitación y reparación;
   ac) que recuerden que la corrupción socava los derechos humanos, la igualdad, el comercio y la competencia leal, además de que ahuyenta la inversión extranjera, impidiéndose con ello el crecimiento económico, a la vez que disminuye también la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales;
   ad) que fomenten un compromiso sólido a favor del progreso social, la buena gobernanza y las buenas relaciones interétnicas e interreligiosas, la enseñanza y la educación como medios para consolidar las bases de la estabilidad y la seguridad; que sigan apoyando las medidas de consolidación de la paz y seguridad, y que redoblen esfuerzos en favor de la plena integración de las minorías, tras los enfrentamientos por motivos étnicos ocurridos en Kirguistán en 2010, con el fin de evitar conflictos en el futuro;
   ae) que contribuyan a superar problemas socioeconómicos y obstáculos del tipo al que hace referencia la Recomendación 202 de la OIT; en este contexto, que presten especial atención a los jóvenes mediante la promoción de intercambios académicos, juveniles y culturales; que presten especial atención al desarrollo regional, haciendo especial hincapié en las desigualdades entre norte y sur;
   af) que apoyen, promuevan y faciliten una mayor cooperación regional en Asia Central, que es una de las regiones menos integradas del mundo, en consonancia con la positiva dinámica actual, entre otras cosas, para aumentar la estabilidad y el desarrollo de toda la región; que reconozcan la participación del país en programas de la Unión orientados en este sentido, así como la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia Central, en ámbitos de la energía, la gestión del agua y retos medioambientales, así como en diálogos políticos regulares y sobre derechos humanos con la Unión;
   ag) que reafirmen que la adhesión de Kirguistán a la Unión Económica Euroasiática (UEE) no afectará a la consolidación de sus relaciones con la Unión, como lo demuestra la ratificación reciente del ACC reforzado entre la Unión y Kazajstán;
   ah) que tengan en cuenta el desarrollo de las relaciones de Kirguistán con China y Rusia; que alienten a Kirguistán a diversificar su economía con vistas a reducir su gran dependencia política de estos dos agentes externos; que tengan en cuenta el desarrollo de esas relaciones en el contexto de la aplicación de la estrategia china «Un cinturón, una ruta» (OBOR); que garanticen la mejora significativa de la lucha contra la propaganda difundida por los medios de comunicación rusos en el país;
   ai) que contribuyan a seguir mitigando las recientes tensiones diplomáticas y económicas en la región, también entre Kazajistán y Kirguistán;
   aj) que apoyen la mejora en curso de las relaciones diplomáticas con Uzbekistán, así como un diálogo constructivo sobre la gestión de los escasos recursos hídricos de la región;
   ak) que reconozcan las inquietudes de Kirguistán en materia de seguridad en relación con el deterioro de la situación de la seguridad en Afganistán y la respuesta al aumento de la radicalización en la región de Asia Central; que presten asistencia para el retorno desde el extranjero de los combatientes islamistas y de sus familiares; que refuercen la cooperación regional con los países de Asia Central, en relación con la lucha contra los movimientos y la delincuencia transnacional de los yihadistas que se base en la aplicación de unas medidas de control fronterizo jurídico, institucional y práctico en materia de lucha contra el terrorismo y la adopción de medidas preventivas contra la creciente radicalización religiosa violenta;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la República Kirguisa.

(1) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 91.
(2) DO C 58 de 15.2.2018, p. 119.
(3) DO C 300 de 18.2.2016, p. 10.
(4) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 92.
(5) DO C 81 E de 15.3.2011, p. 80.
(6) DO C 208 de 10.6.2016, p. 177.


Conducción autónoma en los transportes europeos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la conducción autónoma en los transportes europeos (2018/2089(INI))
P8_TA(2019)0005A8-0425/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de mayo de 2018, titulada «En ruta hacia la movilidad automatizada: estrategia de la UE para la movilidad del futuro» (COM(2018)0283),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, un hito hacia la movilidad cooperativa, conectada y automatizada» (COM(2016)0766),

–  Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G(1),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre una estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos(2),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0425/2018),

A.  Considerando que la estrategia de la Unión sobre la movilidad conectada y automatizada está estrechamente vinculada a las prioridades políticas de la Comisión, especialmente las correspondientes a sus agendas de empleo, crecimiento e inversión, investigación e innovación, medio ambiente y cambio climático, movilidad y transporte limpios y seguros, seguridad vial y descongestión del tráfico, el mercado único digital y la Unión de la Energía;

B.  Considerando que el rápido ritmo del desarrollo tecnológico, tanto en el sector del transporte como en el de la robótica y la inteligencia artificial, tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad; que los vehículos autónomos cambiarán considerablemente nuestra vida cotidiana, determinarán el futuro del transporte por carretera a escala mundial, reducirán el coste del transporte, mejorarán la seguridad vial, aumentarán la movilidad y reducirán el impacto medioambiental; que el sector del transporte por carretera podría abrir la vía a nuevos servicios y modalidades de transporte, respondiendo así a la creciente demanda de movilidad de personas y mercancías, y pudiendo contribuir incluso a revolucionar la planificación urbana;

C.  Considerando que la Comisión aspira a reducir a la mitad, con respecto a 2010, la cifra anual de muertes en la carretera en la Unión de aquí a 2020, en consonancia con los objetivos de la iniciativa Visión Cero; que el progreso en la reducción del número total de víctimas mortales y heridos parece haberse estancado recientemente, en vista de que en 2016 más de 25 000 personas perdieron la vida en las carreteras de la Unión y otras 135 000 resultaron gravemente heridas; que nuestras ciudades se enfrentan a grandes problemas de movilidad que se ven agravados por la contaminación y el cambio climático;

D.   Considerando que los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el sistema de advertencia de abandono del carril o los sistemas de frenado automático de emergencia, han demostrado ser valiosos para la seguridad vial y la reducción del número de accidentes graves;

E.  Considerando que la abrumadora mayoría de los accidentes de tráfico se deben a errores humanos y, por lo tanto, existe una necesidad imperiosa de reducir las posibilidades de que ocurran esos accidentes exigiendo el uso de sistemas avanzados para los vehículos que mejoren la seguridad, a la vez que se mantiene la movilidad personal;

F.  Considerando que se ha ralentizado la tendencia positiva de la seguridad vial registrada en la Unión en la última década; que el transporte por carretera sigue siendo responsable de la mayor parte de las emisiones del transporte, en lo que se refiere a gases de efecto invernadero y a contaminantes del aire;

G.  Considerando que las necesidades de transporte, ya sea de pasajeros o de mercancías, van en aumento en todo el mundo, en un contexto de mayor toma de conciencia acerca de los recursos limitados de nuestro planeta, y que, por tanto, la eficiencia de los transportes adquirirá cada vez mayor importancia;

H.  Considerando que la Unión debería fomentar y seguir desarrollando tecnologías digitales para la movilidad automatizada a fin de contrarrestar los errores humanos y reducir los accidentes de tráfico y las víctimas mortales en las carreteras;

I.  Considerando que la automatización y el despliegue de nuevas tecnologías aumentarán la seguridad del transporte y los sistemas de transporte y eliminarán algunos de los factores humanos en juego; que, en paralelo con la automatización, deben tenerse en cuenta tanto la diversidad como la situación de los sistemas de transporte en los distintos Estados miembros; que es necesario construir nuevos sistemas de transporte y equipar los sistemas de transporte nuevos y los ya existentes con unas medidas de seguridad adecuadas antes de poder proceder con la automatización;

J.  Considerando que existen niveles de automatización y que los niveles 1 y 2 ya están disponibles en el mercado, pero los niveles de automatización condicionada, alta automatización y automatización total (vehículo sin conductor) no estarán disponibles hasta 2020-2030 y que, por tanto, los sistemas de asistencia a la conducción son importantes como tecnología de capacitación en el proceso hacia la automatización total;

K.  Considerando la necesidad de invertir tanto en la fase de investigación como en la fase de desarrollo posterior para mejorar las tecnologías disponibles y poner en marcha una infraestructura de transporte segura e inteligente;

L.  Considerando que varios países de todo el mundo (por ejemplo, los Estados Unidos, Australia, Japón, Corea y China) están avanzando rápidamente hacia la disponibilidad en el mercado tanto de la movilidad conectada como de la automatizada; que Europa ha de responder de forma mucho más proactiva a la rápida evolución de este sector, promoviendo iniciativas y requisitos de seguridad estrictos para todos los participantes en la circulación que viajen por mar, vías navegables, carretera, aire o vías férreas y que usen modos de transporte mixtos;

M.  Considerando que la Comisión espera que el nuevo mercado de vehículos automatizados y conectados crezca exponencialmente, con unos ingresos estimados en más de 620 000 millones EUR en 2025 para la industria automovilística de la Unión y más de 180 000 millones EUR para su sector de electrónica;

N.  Considerando que la Declaración de Ámsterdam (2016) define la cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la industria en el ámbito de la conducción conectada y automatizada;

O.  Considerando que el transporte autónomo abarca todas las formas pilotadas a distancia, automatizadas y autónomas de transporte por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo y por vías navegables;

P.  Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre la ruta hacia la movilidad automatizada constituye un hito importante en la estrategia de la Unión sobre movilidad conectada y automatizada;

Q.  Considerando que se debe hacer hincapié en la movilidad autónoma, ya que los vehículos completamente autónomos ofrecerán beneficios evidentes para la seguridad vial y serán capaces de operar sin funcionalidades conectadas; que es posible que las capacidades y servicios accesorios sigan necesitando la comunicación digital;

R.  Considerando que el despliegue de los vehículos autónomos, previsto ya para 2020, reportará ventajas considerables, pero también conlleva una serie de nuevos riesgos, en particular en relación con la seguridad del tráfico por carretera, la responsabilidad civil y los seguros, la ciberseguridad, los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos y el acceso a los datos, las infraestructuras técnicas, la normalización y el empleo; que todavía no se conoce por completo el efecto a largo plazo de la movilidad autónoma en el empleo y el medio ambiente; que es de vital importancia garantizar que el marco jurídico de la Unión sea apropiado para responder adecuadamente a estos retos y aumentar la sensibilización y aceptación públicas de los vehículos autónomos;

S.  Considerando que las implicaciones éticas del uso de estas tecnologías hacen necesario desarrollar unas directrices para el despliegue de la inteligencia artificial, así como sistemas de garantía para abordar con coherencia estas cuestiones éticas;

Principios generales

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la ruta hacia la movilidad automatizada, en la que se establece un planteamiento para que la Unión asuma el liderazgo mundial en el despliegue de sistemas seguros de movilidad automatizada, aumentando la eficiencia y la seguridad en la carretera, combatiendo la congestión del tráfico, reduciendo el consumo energético y las emisiones del transporte, y eliminando progresivamente los combustibles fósiles;

2.  Reconoce los primeros pasos que han dado la Comisión y los Estados miembros en materia de movilidad automatizada del futuro y toma nota de las iniciativas legislativas relativas a la Directiva de STI(3), así como de las propuestas de revisión de la Directiva sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias(4) y del Reglamento de seguridad general de los vehículos de motor(5);

3.  Confirma la importante función que desempeñan los sistemas de transporte inteligentes cooperativos (STI cooperativos) a la hora de ofrecer conectividad para los vehículos automatizados o autónomos de nivel 2, 3 y, posiblemente, 4 de la Sociedad de Ingenieros de Automoción (SAE, por sus siglas en inglés); alienta a los Estados miembros y al sector a implantar en mayor medida los STI cooperativos, y pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros y al sector en el despliegue de los servicios de los STI cooperativos, especialmente mediante el Mecanismo «Conectar Europa», los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el programa InvestEU;

4.  Destaca el potencial de innovación de todos los medios autónomos de transporte por carretera, ferroviarios, por vías navegables y aéreos; subraya la necesidad de que los actores europeos aúnen esfuerzos para alcanzar y mantener una posición de liderazgo mundial en el ámbito del transporte autónomo; señala que los avances en el terreno de la movilidad autónoma, particularmente en el transporte por carretera, exigen la cooperación sinérgica de muchos sectores de la economía europea, como los fabricantes de vehículos y los sectores digitales;

5.  Reconoce el importante potencial de la movilidad automatizada para muchos sectores, al ofrecer nuevas oportunidades de negocio a las empresas emergentes, las pequeñas y medianas empresas (pymes), y la industria y las empresas en su conjunto, en particular por lo que respecta a la creación de nuevos servicios de movilidad y de posibilidades de empleo;

6.  Subraya la necesidad de desarrollar vehículos autónomos que sean accesibles para las personas con discapacidad y con movilidad reducida (PMR);

7.  Insta a la Comisión a que presente una estrategia, especialmente en relación con los datos, el acceso a los datos y la ciberseguridad, de conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2018, sobre una estrategia europea sobre los sistemas de transporte inteligentes cooperativos, que garantice un enfoque tecnológicamente neutro y apto para el mercado; reconoce las oportunidades que ofrecerán las próximas recomendaciones de la Comisión sobre el acceso a los datos y recursos integrados en el vehículos;

8.  Subraya la necesidad de estudiar acciones legislativas para garantizar un acceso justo, seguro, en tiempo real y tecnológicamente neutro a los datos integrados en el vehículo para algunas entidades terceras; opina que tal acceso debe permitir que usuarios finales y terceros se beneficien de la digitalización, así como promover la igualdad de condiciones y la seguridad con respecto al almacenamiento de los datos integrados en el vehículo;

9.  Señala que surgirán cuestiones similares en relación con los derechos de propiedad intelectual y los correspondientes derechos de explotación por lo que se refiere a la inteligencia artificial en la movilidad autónoma, así como en otros ámbitos, tales como los derechos de propiedad y de explotación de los códigos, los datos y los inventos creados por la propia inteligencia artificial; considera, no obstante, que deben encontrarse soluciones a estas cuestiones que sean lo más generales posible;

10.  Llama la atención acerca de que, en la elaboración de un nuevo marco legislativo de regulación de la movilidad autónoma, se deberá garantizar la posibilidad de superar cualquier obstáculo en cuanto al desarrollo del progreso tecnológico, la investigación y la innovación;

11.  Señala que la Comunicación de la Comisión sobre la ruta hacia la movilidad automatizada carece de análisis y propuestas de vehículos autónomos en todos los modos de transporte; insta a la Comisión a que garantice estrategias y análisis específicos de cada modo, incluidos los ámbitos del transporte intermodal y la movilidad;

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que amplíen sus políticas relativas a la conducción autónoma para que incluyan también el transporte colectivo, así como que amplíen sus perspectivas para incluir todos los modos de transporte;

13.  Se felicita por la labor realizada en las reuniones de alto nivel del Consejo sobre la conducción autónoma y le complacería ver que estas labores se amplían para abarcar otros modos de transporte además del transporte por carretera;

14.  Subraya que las normas técnicas de los vehículos e infraestructuras (por ejemplo, señales de tráfico, marcas viales, sistemas de señalización y STI cooperativos) deberían desarrollarse y armonizarse a escala nacional, internacional y de la Unión, partiendo de los trabajos y foros ya existentes para evitar solapamientos, sobre la base de los principios de un enfoque abierto, transparente y tecnológicamente neutro, aumentando la seguridad vial y garantizando una interoperabilidad transfronteriza completa;

15.  Señala que es fundamental la presencia de datos fiables integrados en el vehículo y sobre las rutas para lograr la conducción autónoma y conectada en un espacio único europeo de transporte, así como para disponer de servicios competitivos para los usuarios finales; insta, por lo tanto, a la Comisión a que vele por que se supriman los obstáculos al uso de tales datos y se establezca un sistema sólido de regulación en este sentido antes del 1 de enero de 2020, que garantice la misma calidad de los datos y la misma disponibilidad en todos los Estados miembros;

16.  Señala que se debe ofrecer urgentemente seguridad jurídica tanto a los usuarios como a las partes interesadas por lo que respecta a la conformidad de los vehículos autónomos con los actos legislativos fundamentales en vigor, con especial referencia a la legislación sobre privacidad y comunicaciones electrónicas y al Reglamento General de Protección de Datos(6); pide a la Comisión que especifique qué categorías de información generada por los vehículos autónomos deben tratarse como datos abiertos y ponerse a disposición en tiempo real, y cuáles deben tratarse como confidenciales;

17.  Subraya la importancia de velar por que los usuarios tengan control sobre sus datos y dispongan de acceso a ellos, tanto sus datos personales como los datos integrados en los vehículos, producidos, recopilados y comunicados por vehículos autónomos; afirma que es necesario ofrecer a los consumidores el grado máximo de ciberprotección;

18.  Destaca que se prevé un aumento masivo de los datos producidos, recopilados y transmitidos por los vehículos autónomos, y subraya la necesidad de emplear dichos datos, en particular los no personales y anonimizados, a fin de facilitar el despliegue de los vehículos autónomos y para seguir desarrollando la innovación en el marco de las nuevas soluciones de movilidad; recuerda que la protección de la privacidad y los datos sensibles generados por los vehículos autónomos debe constituir una prioridad absoluta;

19.  Destaca que los vehículos completamente autónomos o altamente automatizados estarán disponibles en el mercado en los próximos años y que deben establecerse marcos reguladores apropiados lo antes posible que garanticen un funcionamiento seguro de dichos vehículos y ofrezcan un régimen claro de responsabilidad, con el fin de abordar los cambios resultantes, incluida la interacción entre los vehículos autónomos y la infraestructura, así como con otros usuarios;

20.  Señala que las normas vigentes en materia de responsabilidad, como la Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos(7) (Directiva relativa a la responsabilidad por productos defectuosos) y la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad(8) (Directiva sobre el seguro de los automóviles), no fueron diseñadas para dar respuesta a los retos que plantea el uso de vehículos autónomos y subraya que cada vez hay más pruebas de que el actual marco reglamentario, especialmente con respecto a la responsabilidad, las pólizas de seguro, el registro y la protección de los datos personales, ya no será suficiente ni adecuado cuando haya que hacer frente a los nuevos riesgos derivados del aumento de la automatización, la conectividad y la complejidad de los vehículos;

21.  Opina que, a la luz de los dinámicos cambios tecnológicos del sector, es necesario aclarar quién debe asumir la responsabilidad en caso de accidentes causados por vehículos completamente autónomos, y, cuando el nivel de autonomía implica que el vehículo puede ser conducido tanto de forma completamente autónoma como también por un conductor, es necesario poder determinar de manera inequívoca quién es el culpable en cada caso particular; subraya que debe comprobarse en particular si, habida cuenta de que hasta el momento únicamente una cantidad muy reducida de accidentes se debe a problemas técnicos, podría resultar adecuado un traspaso de la responsabilidad al productor que, como elemento constitutivo de riesgo sin relación con la responsabilidad, apela únicamente al peligro de la comercialización de un vehículo autónomo; hace hincapié, asimismo, en que debe comprobarse si este traspaso de la responsabilidad podría compensarse de forma adecuada mediante obligaciones precisas en materia de seguridad vial por parte del propietario del vehículo y obligaciones de instrucción frente al conductor correspondiente; pide, por consiguiente, a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva, que adapte el actual marco jurídico de la Unión y que introduzca, en caso necesario, nuevas normas sobre la atribución de responsabilidades; invita, asimismo, a la Comisión a que evalúe y supervise la posible implantación de instrumentos adicionales de la Unión en consonancia con la evolución de la inteligencia artificial;

22.  Subraya la importancia de las tecnologías basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) y del proyecto Galileo con el fin de mejorar la interacción y la interoperabilidad de los sistemas digitales de a bordo y de red; insta a que se ponga a punto y se lance lo antes posible el resto de los satélites para que se pueda utilizar el sistema europeo de posicionamiento Galileo como sistema de posicionamiento por defecto en los vehículos automatizados;

23.  Señala que el acceso universal a las tecnologías de movilidad automatizada no será posible sin garantizar el acceso a internet de alta velocidad y redes 5G; lamenta que existan regiones donde el proceso de implantación de la actual generación de redes 4G siga retrasado respecto a las expectativas, especialmente las zonas rurales;

Transporte por carretera

24.  Recuerda las nuevas normas de seguridad incluidas en los principios rectores de la interfaz hombre-máquina propuestos en el informe final de GEAR 2030;

25.  Subraya la necesidad de adoptar una legislación en materia de seguridad vial a escala nacional, de la Unión y la CEPE/ONU lo antes posible para respaldar las innovaciones tecnológicas y la conducción autónoma a fin de reducir los errores humanos, los accidentes de tráfico y las víctimas mortales en las carreteras;

26.  Subraya la importancia de adoptar un nuevo y ambicioso Reglamento sobre la seguridad general de los vehículos de motor, dado el potencial para salvar vidas a corto plazo que tiene la instalación obligatoria de nuevas tecnologías para la seguridad de los vehículos, que además se utilizará también para el despliegue de los vehículos conectados y automatizados en el futuro;

27.  Recuerda que el desarrollo de los vehículos conectados y automatizados se debe en gran medida al impulso tecnológico; destaca la necesidad de estudiar y reconocer los aspectos humanos y sociales del desarrollo de vehículos conectados y automatizados, y de garantizar que el despliegue de tales vehículos respete plenamente los valores y objetivos sociales, humanos y medioambientales;

28.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros, habida cuenta de la importancia de la movilidad en la Unión, a que alcancen una posición común y a que cooperen con el fin de que la Unión adopte y mantenga una posición de liderazgo en la armonización técnica internacional de los vehículos automatizados en el marco de la CEPE/ONU y el Convenio de Viena, en particular en todas las conversaciones del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de la CEPE/ONU (grupo de trabajo 29) y el Grupo de trabajo sobre vehículos automatizados/autónomos y conectados (GRVA);

29.  Subraya que los procedimientos de vigilancia del mercado relativos a los vehículos automatizados a lo largo de su vida útil deben ser lo más normalizados, transparentes y verificables como sea posible, incluidos los ensayos transfronterizos realizados en carreteras abiertas y en condiciones reales de conducción, y las inspecciones técnicas periódicas;

30.  Subraya la necesidad de una legislación clara y armonizada, revisada regularmente y actualizada cuando sea necesario, que imponga la instalación de registradores de datos de eventos en consonancia con el Reglamento revisado sobre la seguridad general de los vehículos, con el fin de mejorar las investigaciones sobre accidentes, y de aclarar y permitir la resolución de las cuestiones sobre la responsabilidad civil lo antes posible; observa que estos registradores de datos de eventos son necesarios para determinar las responsabilidades de los diferentes agentes implicados en caso de accidente;

31.  Destaca la necesidad de incorporar sistemas de salvaguardia ya desde la fase de transición, durante la cual los vehículos automatizados coexistirán con los vehículos sin ningún tipo de conectividad o automatización; hace hincapié en la importancia de los sistemas de asistencia a la conducción como un paso hacia la plena automatización de la conducción, con el fin de evitar incluso ahora los accidentes de tráfico mediante sistemas de seguridad activa o mitigar la gravedad de los accidentes mediante sistemas de seguridad pasiva;

32.  Pide a los Estados miembros que garanticen una infraestructura de carreteras segura y de alta calidad que permita el uso de vehículos automatizados y autónomos;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la interoperabilidad de todos los sistemas que incluyen información sobre tráfico vial comunicada de manera digital;

34.  Subraya las preocupaciones que están surgiendo en cuanto a la despreocupación de los usuarios al utilizar vehículos que requieren un grado de intervención del conductor; pide que se aclare mejor la definición y la diferenciación de los requisitos de los «vehículos con sistemas avanzados de ayuda al conductor» (niveles 1 a 3 de la SAE) con respecto a los «vehículos automatizados» (niveles 4 a 5 de la SAE) en la legislación sobre la seguridad vial, y que se lleven a cabo más estudios sobre la viabilidad y seguridad de los vehículos automatizados de nivel 3, especialmente en lo que respecta a la cuestión de señalar al conductor la necesidad de que intervenga y los peligros derivados de cualquier retraso en dicha intervención;

35.  Insta a la Comisión a definir unas directrices éticas claras para la inteligencia artificial;

36.  Insta a la Comisión a que desarrolle criterios de responsabilidad y sistemas de salvaguardia para proteger a las personas, a fin de abordar con coherencia las cuestiones éticas que rodean a los sistemas autónomos para los vehículos automatizados;

37.  Subraya que los aspectos éticos de los vehículos automatizados deben ser abordados y resueltos por el legislador antes de que estos vehículos puedan ser plenamente aceptados y puestos a disposición en situaciones de circulación; hace hincapié, por tanto, en que los vehículos automatizados deben ser objeto de una evaluación previa a fin de abordar estos aspectos éticos;

38.  Destaca los retos de congestión para la movilidad urbana previstos como consecuencia de la implantación generalizada de los vehículos autónomos; considera que los vehículos autónomos y las soluciones como los coches compartidos y los vehículos de transporte con conductor pueden contribuir a abordar estos retos; pide a las autoridades que elaboren políticas para garantizar que los vehículos autónomos mejoren las opciones de viaje para todos los ciudadanos, incluyendo el transporte público y otras soluciones;

39.  Subraya que el pelotón de vehículos tiene un futuro prometedor, pues se traduce en ahorros de combustible y energía e incrementa la seguridad vial, por lo que insta a los Estados miembros, a la Comisión y a la industria a que apliquen las medidas establecidas en la Declaración de Ámsterdam; pide a la Comisión que proponga un marco reglamentario para fomentar la conectividad vehículo-a-todo (V2X) para los vehículos altamente y totalmente automatizados (por ejemplo, el pelotón de vehículos), especialmente en el transporte de larga distancia por carretera;

40.  Sostiene que, en los vehículos autónomos, las funciones de seguridad tanto pasiva como activa desempeñan un papel importante en la reducción del número de colisiones, lesiones y víctimas mortales provocadas por las colisiones, ya que seguirá existiendo la posibilidad de que se produzcan colisiones, especialmente en condiciones de tráfico mixto; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la seguridad vial;

41.  Destaca los riesgos que conlleva la tendencia creciente del tráfico mixto entre los vehículos tradicionales y autónomos, lo que requerirá más ensayos sobre el terreno con el fin de apoyar la investigación y el desarrollo con perspectivas de futuro a cargo de las empresas y organismos públicos y privados, pero también para ofrecer datos concretos que ayuden a adaptar debidamente las normas de responsabilidad civil;

42.  Subraya que una posible solución para subsanar las lagunas y las deficiencias existentes podría ser la creación de un régimen de seguro sin determinación de culpabilidad en el caso de daños causados por vehículos autónomos;

43.  Subraya la necesidad de que no existan limitaciones de responsabilidad en relación con la naturaleza y alcance de la responsabilidad civil, con arreglo a lo dispuesto en su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre normas de Derecho civil sobre robótica(9), con el fin de garantizar una protección adecuada a las víctimas;

Transporte aéreo

44.  Destaca el Reglamento de la AESA(10) adoptado recientemente sobre las normas de seguridad de aviación actualizadas, en el que se incluyen, entre otras cosas, disposiciones que ofrecen un fundamento jurídico sólido para el primer conjunto exhaustivo de normas de la Unión para todo tipo de drones civiles; recuerda lo necesaria que era la adopción del Reglamento de la AESA, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías, como los vehículos aéreos no tripulados, también están apareciendo en los cielos de Europa y que se requería una adaptación del marco regulador de la Unión en vigor y las normas nacionales divergentes;

45.  Insta a la Comisión, asimismo, a que presente sin demora normas detalladas para las aeronaves automatizadas, que requieren especificaciones concretas y a medida, pues un único enfoque operativo de los vehículos aéreos no tripulados no basta para garantizar la integración segura de las aeronaves automatizadas en el espacio aéreo compartido con aeronaves tripuladas; recuerda que los vehículos aéreos no tripulados requerirán sistemas de inteligencia seguros y —cuando sea oportuno— certificados, así como un entorno de gestión del espacio aéreo específico; destaca que estas normas aplicables a los vehículos aéreos no tripulados deben tener en cuenta la naturaleza y el riesgo de la operación o la actividad, las características operativas de los vehículos aéreos no tripulados en cuestión y las características de la zona de operaciones, como la densidad de población, las características del terreno y la existencia de edificios y otras infraestructuras sensibles;

46.  Reitera la importancia de la protección de los datos personales en caso de compromiso de recursos para la conducción autónoma en el sector aéreo;

47.  Recuerda la Declaración de Varsovia de 2016 sobre drones como un impulso para el empleo y nuevas oportunidades de negocio; reitera la importancia de las acciones programadas para desarrollar el ecosistema de drones de la Unión, cuya implantación está prevista para 2019 a más tardar, y para avanzar tomando como punto de partida los principios rectores de la Declaración de Riga;

48.  Pone de manifiesto la importancia de desarrollar de forma coordinada las tecnologías y conceptos operativos que permitirán la integración segura de las aeronaves en términos de servicios de gestión del tráfico aéreo de conformidad con los objetivos del U-Space, un programa gestionado por la Empresa Común SESAR (EC SESAR); reconoce las actividades desarrolladas hasta ahora por la empresa común SESAR, las cuales deben seguir recibiendo apoyo;

49.  Recuerda que la financiación de los actuales programas de investigación y experimentación en relación con los vehículos aéreos no tripulados, como U-Space, deberá incrementarse en los próximos períodos presupuestarios; señala que estos experimentos, que permiten probar en condiciones reales el despliegue de una flota numerosa de vehículos aéreos no tripulados, garantizando al mismo tiempo una seguridad máxima en la gestión del tráfico aéreo y las condiciones de seguridad conexas, podrían servir de ejemplo para la experimentación con vehículos autónomos terrestres;

50.  Señala que es necesario crear zonas de pruebas adecuadas para las tecnologías autónomas de aeronaves, incluidos los drones, que garanticen condiciones seguras de realización de simulaciones de las nuevas soluciones tecnológicas antes de su implantación final;

Transporte por mar y por vías navegables

51.  Subraya el potencial y el valor añadido de los buques autónomos, especialmente en vías de navegación interiores y en el transporte marítimo de corta distancia, cuyo uso puede conllevar un descenso del número de accidentes por mar y por vías navegables, la mayoría de los cuales se deben a errores humanos;

52.  Subraya el potencial de la automatización para eliminar parte de los errores humanos y permitir al personal situado en la cubierta más tiempo para realizar observaciones ópticas, especialmente en las zonas portuarias y las vías marítimas estrechas; subraya, no obstante, que el intercambio de información y la comunicación son absolutamente necesarios para la seguridad, especialmente en estrecha proximidad con otros buques, por lo que las cubiertas deben contar con el personal adecuado;

53.  Acoge con satisfacción el trabajo realizado por el grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Navegación (AIPCN) sobre la navegación inteligente y la red internacional de buques autónomos;

54.  Pide a la Comisión que precise y defina los niveles de automatización tanto para la navegación interior como para la marítima, así como unas normas comunes, también para los puertos, con el fin de armonizar y estimular la implantación de buques autónomos en interacción con la infraestructura y los usuarios automatizados y no automatizados;

55.  Destaca la importancia de crear y ampliar los centros digitales y los corredores interconectados de las redes transeuropeas de transporte (RTE-T) mediante instalaciones de terminales actualizadas y sistemas eficientes de gestión del tráfico electrónico, como son los servicios de información fluvial (SIF) y el Sistema de información portuaria del Rin, con objeto de lograr un sistema completo de transporte multimodal y autónomo;

56.  Pide a la Comisión que elabore una estrategia integral dirigida a fomentar una mayor automatización en el transporte por vías navegables, su infraestructura y gestión de canales navegables y tráfico, así como el desarrollo de puertos automatizados, teniendo en cuenta la posición de los puertos interiores como centros multimodales a la hora de establecer la zona de vías navegables digital (DINA, por sus siglas en inglés);

57.  Pide un mayor respaldo y fomento de las zonas de ensayos transfronterizas, así como más proyectos como NOVIMAR y Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (Navegación marítima sin tripulación mediante la inteligencia en redes, MUNIN), cofinanciados por la Unión en el contexto de su Séptimo Programa Marco y Horizonte 2020, para seguir desarrollando la tecnología de navegación autónoma y de infraestructura automatizada en la Unión;

58.  Subraya que las normas aplicables a las embarcaciones deben desarrollarse y armonizarse con la Organización Marítima Internacional para que se establezca un marco jurídico internacional en aras del funcionamiento seguro de los buques;

Transporte por ferrocarril

59.  Pide a la Comisión que cree, en consulta y coordinación con la industria y otras partes interesadas, unas normas y protocolos comunes que permitan sistemas autónomos de trenes y ferrocarriles ligeros;

60.  Pide que se mejoren las condiciones generales de los vehículos autónomos en el transporte ferroviario y que se acelere la transición hacia un sector ferroviario digital; señala que el Sistema Europeo de Control de Trenes (ETCS) se utiliza como base para la automatización del sector ferroviario, lo que se alcanza vinculando el ETCS con la operación automática de trenes (ATO); insta a la Comisión a que acelere y priorice la implantación del ETCS en los regímenes de financiación de la Unión actuales y futuros;

61.  Subraya la importancia que tienen los enclavamientos digitales como un nuevo hito significativo para fomentar la digitalización de la infraestructura ferroviaria, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen este despliegue:

62.  Pide a la Comisión que mantenga el programa Shitf2Rail para seguir avanzando hacia una red ferroviaria digital y un funcionamiento totalmente automatizado de los trenes, en particular elaborando una norma para la ATO en el marco del ETCS y la ciberseguridad;

63.  Subraya los crecientes obstáculos para la movilidad urbana relacionados con la congestión del tráfico, así como las oportunidades para superarlos que brindan los sistemas automatizados de transporte público por ferrocarril; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y apoyen proyectos que aborden estos desafíos mediante innovaciones en materia de transporte público automatizado por ferrocarril;

Derechos de los consumidores y condiciones de competencia

64.  Pide a la Comisión que cree normas exhaustivas sobre las responsabilidades y los derechos de los fabricantes, conductores y operarios en cada nivel de automatización de todos los modos de transporte; subraya que esas responsabilidades deben comunicarse a los conductores u operarios de manera clara y evidente a través del etiquetado comercial u otras formas de comunicación; considera esencial garantizar la seguridad de los vehículos y su mantenimiento periódico a lo largo de todo su ciclo de vida, y señala la función de facilitación que ejerce un acceso justo del mercado a los datos y recursos integrados en los vehículos por lo que respecta a las actividades de las partes interesadas;

65.  Pide a la Comisión que garantice que el diseño de todos los sistemas en los vehículos autónomos permita a sus propietarios o a sus usuarios elegir libremente los proveedores de servicios competidores, sin tener que estar supeditados únicamente a los servicios ofrecidos por el fabricante del automóvil;

66.  Señala la necesidad de garantizar un acceso justo al mercado a los proveedores independientes de servicios automovilísticos de mantenimiento y reparación de vehículos autónomos; recuerda que estos actores, particularmente los productores de piezas así como los pequeños talleres y los puntos de mantenimiento, constituyen un elemento importante de competencia en el mercado automovilístico e influyen positivamente en la disponibilidad y los precios de este tipo de servicios;

67.  Señala que, en el mercado digitalizado de servicios automovilísticos, el acceso directo y puntual a datos y funciones a bordo del automóvil determinará si el mercado de servicios de movilidad automatizada y conectada estará sujeto a una competencia justa; recuerda que los operadores independientes desempeñan un papel muy importante en toda la cadena de suministro del sector automovilístico;

68.  Advierte de los peligros potenciales para la competencia en el mercado único por lo que respecta a los servicios de vehículos autónomos si los productores obstaculizan a los proveedores independientes de servicios de mantenimiento el acceso a los sistemas instalados en este tipo de vehículos; señala que este segmento de mercado debe quedar sujeto a las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 461/2010 de la Comisión(11);

69.  Destaca que los consumidores deben ser informados con antelación acerca del vehículo que van a comprar, así como sobre los servicios de reparación a los que pueden acceder;

70.  Opina que la transición a los vehículos automatizados, además de la repercusión positiva que tiene en la seguridad vial, el consumo de combustible, el medio ambiente y la creación de nuevos empleos en los sectores de las telecomunicaciones y de la automoción, también podría llevar a la pérdida de puestos de trabajo en el sector del transporte y tener consecuencias negativas en el sector de los seguros, lo cual conviene abordar lo antes posible para garantizar una transición fluida;

Necesidades de formación e investigación

71.  Recalca la necesidad de desarrollar tecnologías autónomas clave (por ejemplo, formalización y simulaciones del cerebro y la capacidad cognitiva del ser humano durante la conducción, sistemas de percepción del entorno e inteligencia artificial) en la Unión para seguir el ritmo de la competencia a escala internacional y crear nuevos puestos de trabajo;

72.  Hace hincapié en que, una vez disponibles en el mercado, los vehículos automatizados tendrán un profundo impacto en la distribución y el consumo de mercancías; considera, por lo tanto, que existe una necesidad urgente de evaluar este impacto y de garantizar medidas de apoyo a los sectores y personas afectados;

73.  Pide iniciativas para localizar y abordar los problemas derivados de los cambios en la demanda y la oferta de empleo, habida cuenta de la necesidad de capacidades nuevas y especializadas, tanto en la producción de vehículos como en el uso profesional, mediante una reconversión educativa (por ejemplo, cursos y sesiones de formación), con vistas a facilitar la transición hacia nuevas formas de movilidad;

74.  Insta a la Comisión, junto con los Estados miembros, a que proponga iniciativas que fomenten las capacidades, la educación y formación necesarias para mantener a la Unión a la cabeza del sector del transporte autónomo; hace hincapié en la importancia de que los Estados miembros tengan en cuenta estas nuevas tendencias en sus programas educativos, a fin de responder a la necesidad de contar con una mano de obra altamente cualificada y capacitada en los distintos sectores del transporte;

75.  Recuerda los 300 millones de euros dedicados, en el marco de Horizonte 2020, a programas de investigación e innovación sobre vehículos automatizados entre 2014 y 2020, y recomienda que estos programas continúen y se amplíen para todos los modos de transporte en el siguiente marco financiero plurianual 2021-2027 (Horizonte Europa);

76.  Destaca el importante papel de la investigación colaborativa a la hora de garantizar el rápido avance de la automatización del transporte mediante la participación de todo el ecosistema de la innovación;

77.  Pide a la Comisión que establezca una empresa común siguiendo el patrón de Shift2Rail para el transporte ferroviario y de CleanSky para la industria aeronáutica, con el fin de crear una iniciativa estratégica impulsada por la industria en materia de transporte autónomo, la cual debe resultar atractiva a los ciudadanos europeos, tener un sentido comercial significativo, aprovechar el potencial de investigación e innovación de la Unión sobre la base de una amplia colaboración entre los ámbitos industrial, público y académico, y fomentar el desarrollo y el despliegue de tecnologías de manera armonizada e interoperable, con el fin de crear un sistema de transporte multimodal y escalable mundialmente para el transporte autónomo;

78.  Recalca la necesidad de contar con instalaciones de ensayo en condiciones reales en toda la Unión para desarrollar y probar exhaustivamente nuevas tecnologías; insta a todos los Estados miembros a que designen, antes de 2020, zonas urbanas y extraurbanas donde puedan probarse vehículos autónomos de investigación en condiciones de tráfico reales, al tiempo que se garantiza la seguridad vial en dichas zonas, y a que velen por la creación de marcos de ensayos de la Unión interoperables y transfronterizos;

79.  Señala que algunos ciudadanos de la Unión han expresado su desconfianza respecto a la movilidad automatizada; subraya, por tanto, que los legisladores deben abordar la dimensión ética de este ámbito para mejorar la aceptación pública a este respecto; solicita que se invierta en investigaciones exhaustivas sobre la inteligencia artificial y sobre otras dimensiones de la movilidad automatizada;

80.  Pide una investigación extensa de los efectos a largo plazo del transporte autónomo en cuestiones como la adaptación de los consumidores, la aceptación social, las reacciones fisiológicas, las respuestas físicas y la movilidad social, así como la reducción de los accidentes y una mejora del transporte en general;

81.  Pide a todas las partes interesadas, en particular a los fabricantes de vehículos, los proveedores de componentes y los servicios de diseño y de programas informáticos, así como a los Estados miembros y a las autoridades pertinentes, que colaboren con vistas a fomentar la innovación, garantizar la inversión en infraestructura apropiada para la movilidad automatizada, tanto en vías urbanas como interurbanas, y facilitar la realización de ensayos transfronterizos; subraya la necesidad de aumentar la inversión destinada a adaptar las infraestructuras actuales, construir nuevas infraestructuras y mejorar la capacidad de conexión de las carreteras europeas; señala que existe desconfianza por parte de los ciudadanos europeos hacia la conducción automatizada y que es necesario poner en marcha campañas de sensibilización para aumentar la confianza de los ciudadanos; solicita que se invierta en investigaciones exhaustivas sobre la inteligencia artificial y sobre la dimensión ética del transporte autónomo y conectado;

o
o   o

82.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 307 de 30.8.2018, p. 144.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0063
(3) DO L 207 de 6.8.2010, p. 1.
(4) COM(2018)0274.
(5) COM(2018)0286.
(6) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(7) DO L 210 de 7.8.1985, p. 29.
(8) DO L 263 de 7.10.2009, p. 11.
(9) DO C 252 de 18.7.2018, p. 239.
(10) DO L 212 de 22.8.2018, p. 1.
(11) DO L 129 de 28.5.2010, p. 52.


Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera ***I
PDF 168kWORD 52k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/1/CE, relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))
P8_TA(2019)0006A8-0193/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0282),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0172/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 6 de diciembre de 2017,(1)

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0193/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de enero de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/1/CE, relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera

P8_TC1-COD(2017)0113


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) establece un nivel mínimo de apertura del mercado para la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera.

(2)  LaEsta utilización de vehículos alquilados puede reducir los costes de las empresas que transportan mercancías por cuenta propia o ajena y, al mismo tiempo, aumentar su flexibilidad operativa. En consecuencia, esta utilización de los vehículos de alquiler puede contribuir a aumentar la productividad y competitividad de esas empresas. Por otra parte, comotoda vez que los vehículos de alquiler tienden a ser más nuevos que la media de la flota, también sona menudo pueden ser más seguros y menos contaminantes. [Enm. 1]

(3)  La Directiva 2006/1/CE no permite a las empresas beneficiarse plenamente de las ventajas de utilizar vehículos de alquiler. Esa Directiva autoriza a los Estados miembros a restringir el uso por parte de suslas empresas establecidas en sus respectivos territorios de vehículos de alquiler con un peso máximo autorizado, incluida la carga, superior a seis toneladas en operaciones por cuenta propia. Por otra parte, los Estados miembros no están obligados a permitir el uso de un vehículo alquilado en sus respectivos territorios si ese vehículo está matriculado o ha sido puesto en circulación de conformidad con la legislación de un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecida la empresa arrendataria. [Enm. 2]

(4)  Para que las empresas puedan beneficiarse en mayor medida de las ventajas de utilizar vehículos de alquiler, es necesario que puedan utilizar vehículos alquilados en cualquier Estado miembro, no solo en el que estén establecidas. Así les resultaría más fácil hacer frente en particular a picos de demanda a corto plazo, estacionales o temporales o sustituir vehículos defectuosos o deteriorados.

(4 bis)  Los Estados miembros no deben estar autorizados a restringir la utilización en sus respectivos territorios de un vehículo alquilado por una empresa debidamente establecida en el territorio de otro Estado miembro siempre que dicho vehículo esté matriculado y cumpla las normas de funcionamiento y los requisitos de seguridad o se haya puesto en circulación de conformidad con la legislación de cualquier Estado miembro y esté autorizado a funcionar por el Estado miembro de establecimiento de la empresa responsable. [Enm. 3]

(5)  El nivel de imposición del transporte por carretera sigue siendo considerablemente variable dentro de la Unión. Por consiguiente, algunas restricciones, que también afectan indirectamente a la libre prestación de servicios de alquiler de vehículos, siguen estando justificadas a fin decon vistas a evitar distorsiones fiscales. Los Estados miembros deben, pues, tener la posibilidad de limitar el plazo durante el cual puede utilizarse dentro de, de conformidad con las condiciones recogidas en la presente Directiva, y en sus respectivos territorios territorios un vehículo alquilado en un Estado miembro distinto de aquel en el que esté establecida la empresa arrendatariael plazo durante el cual una empresa establecida puede utilizar un vehículo alquilado matriculado o puesto en circulación en otro Estado miembro. También han de estar autorizados a limitar el número de dichos vehículos que puede alquilar una empresa establecida en sus respectivos territorios. [Enm. 4]

(5 bis)  Con el fin de reforzar dichas medidas, la información sobre el número de matrícula del vehículo de alquiler debe recogerse en los registros electrónicos nacionales de los Estados miembros de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento a las que se les informa sobre la utilización del vehículo en el que el transportista lo ha alquilado y matriculado o puesto en circulación de conformidad con la legislación de otro Estado miembro debe informar a las autoridades competentes de este otro Estado miembro. Los Estados miembros deben utilizar a tal efecto el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI). [Am. 5]

(6)  Para que las operaciones de transporte por cuenta propia puedan llevarse a cabo de manera más eficiente, es necesario que los Estados miembros dejen de estar autorizados a restringir la posibilidad de utilizar vehículos alquilados para tales operaciones.

(6 bis)   Con el fin de mantener las normas de explotación, cumplir con los requisitos de seguridad y garantizar unas condiciones de trabajo dignas para los conductores, es importante que los transportistas tengan garantizado el acceso a los activos y las infraestructuras de apoyo directo en el país en el que desarrollan su actividad. [Enm. 6]

(7)  La aplicación y los efectos de la presente Directiva deben ser objeto de seguimiento por la Comisión y documentarse en un informe a más tardar tres años después del plazo para la transposición de la Directiva. El informe debe tener debidamente en cuenta el impacto sobre la seguridad vial, los ingresos fiscales y el medio ambiente. Por otra parte, el informe debe evaluar todas las infracciones de la presente Directiva, en particular las infracciones de carácter transfronterizo. Cualquier La necesidad de una acción futura en este ámbito debe considerarse a la luz de dicho informe. [Enm. 7]

(8)  Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros solos, sino que, debido al carácter transfronterizo del transporte por carretera y a los problemas que la Directiva pretende resolver, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(9)  Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/1/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 2006/1/CE se modifica como sigue:

1)  El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se modifica como sigue:

i)  la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Cada Estado miembro permitirá la utilización en su territorio de vehículos alquilados por empresas establecidas en el territorio de otro Estado miembro, siempre que:»,

"

ii)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) el vehículo esté matriculado o se haya puesto en circulación de conformidad con la legislación de unalgún Estado miembro, incluidas las normas de funcionamiento y requisitos de seguridad;». [Enm. 8]

"

Se inserta el apartado 1 bis siguiente:"

«1 bis. Cuando el vehículo no esté matriculado o puesto en circulación de conformidad con la legislación del Estado miembro en el que esté establecida la empresa arrendataria, los Estados miembros podrán limitar el período de uso en sus respectivos territorios del vehículo alquilado. En tal caso, sin embargo, los Estados miembros permitirán su utilización durante al menos cuatro meses en cualquier año civil.». [Enm. 9]

"

2)  El artículo 3 se sustituye por lo siguiente:"

«Artículo 3

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que suslas empresas establecidas en sus respectivos territorios puedan utilizar vehículos alquilados, para el transporte de mercancías por carretera, en las mismas condiciones que los vehículos de su propiedad, siempre que se cumplan las condiciones contempladas en el artículo 2.». [Enm. 10]

1 bis.  Cuando el vehículo esté matriculado o se haya puesto en circulación de conformidad con la legislación de otro Estado miembro, el Estado miembro de establecimiento de la empresa podrá:

   a) limitar el plazo de utilización del vehículo alquilado dentro de su territorio respectivo, siempre que permita la utilización del vehículo alquilado por la misma empresa durante al menos cuatro meses consecutivos en cualquier año civil; en tal caso, se puede exigir que el contrato de alquiler no se prolongue más allá del plazo fijado por el Estado miembro en cuestión;
   b) limitar el número de vehículos alquilados que puedan ser utilizadas por cualquier empresa, siempre que permitan la utilización de al menos un número de vehículos equivalente al 25 % de la flota total de vehículos de transporte de mercancías propiedad de la empresa a fecha de 31 de diciembre del año anterior a la solicitud de autorización; en tal caso, a una empresa que tenga un parque móvil total de más de uno y menos de cuatro vehículos se le permitirá utilizar al menos un vehículo de alquiler. [Enm. 11]

1 ter.  Los Estados miembros podrán excluir de lo dispuesto en el apartado 1 las operaciones de transporte por cuenta propia llevadas a cabo por vehículos cuyo peso total autorizado, incluida la carga, sea superior a seis toneladas. [Enm. 28 y 34]

"

2 bis)  Se inserta el artículo 3 bis siguiente:"

«Artículo 3 bis

1.  La información sobre el número de matrícula de un vehículo alquilado se consignará en el registro electrónico nacional tal como se define en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 *.

2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento de un transportista que están informadas de la utilización del vehículo que el transportista haya alquilado y que está matriculado o puesto en circulación de conformidad con la legislación de otro Estado miembro deben informar a las autoridades competentes de ese otro Estado miembro.

3.  La cooperación administrativa prevista en el apartado 2 se efectuará por medio del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), creado por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 **.

________________

* En relación con el artículo 16 del Reglamento n.° 1071/2009, teniendo en cuenta la ampliación de la información que debe registrarse como propone la Comisión.

** DO L 316 de 14.11.2012, p. 1.» [Enm. 12]

"

3)  Se inserta el artículo 5 bis siguiente:"

«Artículo 5 bis

A más tardar el ... [OP: please insert the date calculated 5 years after the deadline for transposition of the Directivetres años después de la expiración del plazo para la transposición de la Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación y los efectos de la presente Directiva. El informe incluirá información sobre la utilización de vehículos alquilados en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que está establecida la empresa arrendataria. El informe prestará particular atención al impacto sobre la seguridad vial, así como sobre los ingresos fiscales, incluidas las distorsiones fiscales, y sobre la aplicación de las normas de cabotaje de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1072/2009. Sobre la base de ese informe, la Comisión evaluará si es necesario proponer medidas adicionales.». [Enm. 13]

"

Artículo 2

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el... [OP: please insert the date calculated 18 months following the entry into forceveinte meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. [Enm. 14]

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 129 de 11.4.2018, p. 71.
(2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 14 de junio de 2018 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0264).
(3)DO C 129 de 11.4.2018, p. 71.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 15 de enero de 2019.
(5)Directiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativa a la utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (versión codificada) (DO L 33 de 4.2.2006, p. 82).


Retirada temporal de las preferencias arancelarias en determinados acuerdos celebrados entre la UE y determinados terceros países ***I
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Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se implementan las cláusulas de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de las preferencias arancelarias contenidos en determinados acuerdos celebrados entre la Unión Europea y determinados terceros países (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD))
P8_TA(2019)0007A8-0330/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0206),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0158/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de diciembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0330/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración conjunta del Parlamento y de la Comisión adjunta a la presente resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto legislativo definitivo.

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de enero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplican cláusulas bilaterales de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de preferencias, contenidos en determinados acuerdos comerciales celebrados entre la Unión Europea y terceros países

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2019/287.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DE LA COMISIÓN

El Parlamento Europeo y la Comisión convienen en la importancia de una estrecha cooperación en la aplicación de los Acuerdos enumerados en el anexo del Reglamento (UE) 2019/287 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de febrero 2019(1), por el que se implementan las cláusulas de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de las preferencias arancelarias contenidos en determinados acuerdos celebrados entre la Unión Europea y determinados terceros países. A tal efecto, acuerdan que, en caso de que el Parlamento Europeo apruebe una recomendación con miras a iniciar una investigación de salvaguardia, la Comisión examinará atentamente si se cumplen las condiciones previstas en el Reglamento para una apertura de oficio. Si la Comisión considerase que no se cumplen dichas condiciones, presentará un informe a la comisión competente del Parlamento Europeo, que incluya una explicación de todos los factores pertinentes para la apertura de una investigación de estas características.

(1) DO L 53 de 22.2.2019, p. 1.


Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 15 de enero de 2019 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  Tanto el programa Aduana 2020, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 1294/201318, como sus predecesores han contribuido considerablemente a facilitar y reforzar la cooperación aduanera. Muchas de las actividades emprendidas en el ámbito aduanero revisten carácter transfronterizo, pues implican y afectan a todos los Estados miembros y, por consiguiente, estos no pueden realizarlas por separado con eficacia y eficiencia. Un programa aduanero a escala de la Unión, ejecutado por la Comisión, ofrece a los Estados miembros un marco de la Unión para desarrollar dichas actividades de cooperación y que resulta más rentable que si cada Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación de forma bilateral o multilateral. Resulta por tanto oportuno garantizar la continuidad de la financiación de la Unión de las actividades en el ámbito de la cooperación aduanera mediante el establecimiento de un nuevo programa en el mismo ámbito, denominado programa Aduana.
(1)  Tanto el programa Aduana 2020, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 1294/2013, como sus predecesores han contribuido considerablemente a facilitar y reforzar la cooperación aduanera. Muchas de las actividades aduaneras revisten carácter transfronterizo, pues implican y afectan a todos los Estados miembros y, por consiguiente, no pueden ser realizadas con eficacia y eficiencia por cada uno de los Estados miembros individualmente. Un programa aduanero para toda la Unión, ejecutado por la Comisión, proporciona a los Estados miembros un marco a escala de la Unión para desarrollar estas actividades de cooperación, lo cual resulta más rentable que si cada Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación a nivel bilateral o multilateral. El programa aduanero desempeña igualmente un papel fundamental a la hora de salvaguardar los intereses financieros de la Unión y de los Estados miembros garantizando la recaudación efectiva de los derechos de aduana y al representar de este modo una fuente importante de ingresos para la Unión y los presupuestos nacionales, y también al prestar especial atención al refuerzo de las capacidades y una mayor cooperación en el ámbito aduanero. Por otra parte, son necesarios controles armonizados y normalizados para hacer un seguimiento de los flujos transfronterizos ilegales y luchar contra el fraude. Resulta por tanto oportuno, y en aras de la eficiencia, garantizar la continuidad de las actividades de financiación de la Unión en el ámbito de la cooperación aduanera mediante el establecimiento de un nuevo programa en el mismo ámbito, denominado programa Aduana.
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18 Reglamento (UE) n.º 1294/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece un programa de acción para la aduana en la Unión Europea para el período 2014-2020 (Aduana 2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 624/2007/CE; DO L 347 de 20.12.2013, p. 209.
18 Reglamento (UE) n.º 1294/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece un programa de acción para la aduana en la Unión Europea para el período 2014-2020 (Aduana 2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 624/2007/CE; DO L 347 de 20.12.2013, p. 209.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  Desde hace cincuenta años, la unión aduanera, realizada por las autoridades aduaneras nacionales, ha constituido una piedra angular de la Unión, uno de los mayores bloques comerciales del mundo. La unión aduanera es un ejemplo significativo de integración exitosa de la Unión, y es una de las coordenadas básicas del correcto funcionamiento del mercado único, para el bien tanto de las empresas como de los ciudadanos. En su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020, el Parlamento Europeo expresaba su particular preocupación con respecto al fraude aduanero. La Unión solo será más fuerte y ambiciosa si dispone de más medios financieros, de un apoyo continuo a las políticas existentes y de mayores recursos.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  La unión aduanera ha evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos cincuenta años y, en la actualidad, las administraciones aduaneras desarrollan con éxito una amplia variedad de tareas en las fronteras. Actuando conjuntamente, trabajan para facilitar el comercio y reducir los trámites burocráticos, recaudar ingresos para financiar los presupuestos nacionales y de la Unión, y proteger a la población frente al terrorismo y las amenazas sanitarias, medioambientales y de otro tipo. En particular, con la introducción a escala de la UE de un marco común de gestión de riesgos19 y el control aduanero de los movimientos de grandes cantidades de efectivo con vistas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las aduanas se sitúan a la vanguardia en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Habida cuenta del amplio mandato de que disponen, las aduanas constituyen ya, de hecho, la autoridad principal en materia de control de las mercancías en las fronteras exteriores de la Unión. En ese contexto, el programa Aduana no solo debe abarcar la cooperación aduanera sino ampliar su apoyo a la misión de las autoridades aduaneras en general, tal y como se establece en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, es decir, la supervisión del comercio internacional de la Unión, contribuyendo a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior y a la ejecución de la política comercial común y de las demás políticas comunes de la Unión relacionadas con el comercio, así como a la seguridad de la cadena de suministros. La base jurídica debe abarcar, por tanto, la cooperación aduanera (artículo 33 del TFUE), el mercado interior (artículo 114 del TFUE) y la política comercial (artículo 207 del TFUE).
(2)  La unión aduanera ha evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos cincuenta años y, en la actualidad, las administraciones aduaneras están realizando con éxito un amplio abanico de tareas fronterizas. Trabajando conjuntamente, se esfuerzan por facilitar el comercio ético y justo y reducir la burocracia, recaudar ingresos para financiar los presupuestos nacionales y de la Unión, y ayudan a proteger a la población frente al terrorismo y las amenazas sanitarias, medioambientales y de otro tipo. En particular, con la introducción a escala de la UE de un marco común de gestión del riesgo aduanero19 y el control de los flujos de grandes cantidades de efectivo con vistas a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades aduaneras asumen el liderazgo en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y la competencia desleal. Habida cuenta del amplio mandato de que disponen, las autoridades aduaneras ya son en realidad la autoridad principal en materia de control de las mercancías en las fronteras exteriores de la Unión. En ese contexto, el programa Aduana no solo debe abarcar la cooperación aduanera sino apoyar la misión más amplia de las aduanas, tal y como se establece en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 952/2013, es decir, la supervisión del comercio internacional de la Unión, contribuyendo a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior, a la ejecución de la política comercial común y las demás políticas comunes de la Unión que ejercen una influencia en el comercio y la seguridad de la cadena de suministros. La base jurídica del presente Reglamento debe abarcar, por tanto, la cooperación aduanera (artículo 33 del TFUE), el mercado interior (artículo 114 del TFUE) y la política comercial (artículo 207 del TFUE).
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19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  Al ofrecer un marco para las acciones que tiene como objetivo el apoyo a la unión aduanera y las autoridades aduaneras, el programa debería contribuir a proteger los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros; proteger a la Unión del comercio desleal e ilegal, apoyando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas; garantizar la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes; y facilitar el comercio legítimo, de modo que las empresas y los ciudadanos puedan beneficiarse del pleno potencial del mercado interior y del comercio mundial.
(3)  El programa debería, como objetivo general, ayudar a los Estados miembros y a la Comisión proporcionando un marco para las acciones que aspire a apoyar a la unión aduanera y a las autoridades aduaneras, con el objetivo a largo plazo de que todas las administraciones aduaneras de la Unión colaboren lo más estrechamente posible; contribuir a la protección de los intereses económicos y financieros de la UE y de sus Estados miembros; proteger a la Unión de las prácticas comerciales desleales e ilegales, incentivando al mismo tiempo las actividades económicas legítimas, garantizando la seguridad y protección de la Unión y de sus residentes, mejorando de este modo la protección de los consumidores; y facilitar el comercio legítimo, de modo que las empresas y los ciudadanos puedan beneficiarse del pleno potencial del mercado interior y del comercio mundial.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)  Dado que ha quedado patente que algunos de los sistemas a los que se refiere el artículo 278 del Código Aduanero de la Unión solo podrán implantarse parcialmente para el 31 de diciembre de 2020, lo cual significa que los sistemas no electrónicos continuarán utilizándose más allá de esta fecha, y a falta de modificaciones legislativas que amplíen ese plazo, las empresas y las autoridades aduaneras no podrán desempeñar sus funciones y obligaciones jurídicas en relación con las operaciones aduaneras, uno de los objetivos específicos del programa debe ser ayudar a los Estados miembros y a la Comisión a establecer esos sistemas electrónicos.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)
(3 ter)  La gestión y el control aduaneros constituyen un ámbito político dinámico, que se enfrenta a nuevos retos generados por la constante evolución de los modelos de negocio y las cadenas de suministro mundiales, así como a los cambios en las pautas de consumo y a la digitalización, como el comercio electrónico, incluidas la internet de las cosas, la analítica de datos, la inteligencia artificial y la tecnología de cadena de bloques. El programa debe apoyar la gestión aduanera en estas situaciones y permitir el uso de soluciones innovadoras. Estos desafíos subrayan aún más la necesidad de reforzar la cooperación entre las autoridades aduaneras y la necesidad de una interpretación y una aplicación uniformes de la legislación aduanera. Cuando las finanzas públicas se encuentran bajo presión, el volumen del comercio mundial aumenta y el fraude y el contrabando se convierten en motivo de creciente preocupación; el programa debe contribuir a abordar estos desafíos.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)
(3 quater)  Con el fin de garantizar una eficiencia máxima y de evitar los solapamientos, la Comisión debe coordinar la ejecución del programa con otros programas y fondos de la Unión conexos. Se trataría, en particular, del programa Fiscalis, el programa de la Unión de lucha contra el fraude y el programa sobre el mercado único, así como del Fondo de Seguridad Interior y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el programa de apoyo a las reformas, el programa Europa Digital, el Mecanismo «Conectar Europa» y la Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea, y de los reglamentos y medidas de ejecución.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quinquies (nuevo)
(3 quinquies)  Por lo que se refiere a la posible retirada del Reino Unido de la Unión, la dotación financiera del programa no tiene en cuenta los costes que se derivarán de la firma del acuerdo de retirada y de la posible relación futura entre el Reino Unido y la Unión. La firma de ese acuerdo, la desconexión del Reino Unido de todos los sistemas y toda la cooperación existentes en el ámbito aduanero y la anulación de sus obligaciones legales en este ámbito podrían suponer costes adicionales que no pueden estimarse con precisión en el momento del establecimiento del programa. Así pues, la Comisión debe considerar la posibilidad de reservar suficientes recursos para estos posibles costes. No obstante, dichos costes no deben cubrirse con la dotación del programa, ya que el presupuesto previsto para el programa solo alcanzará para cubrir los costes que pueden preverse de forma realista en el momento del establecimiento del programa.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros países, el programa debe estar abierto a la participación de los países adherentes y los países candidatos, así como de los candidatos potenciales y los países socios de la Política Europea de Vecindad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. También deben poder acceder a él otros terceros países, de conformidad con las condiciones fijadas en acuerdos específicos entre estos últimos y la Unión que cubran su participación en cualquier programa de la Unión.
(5)  Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros países, el programa debe estar abierto a la participación de los países adherentes y los países candidatos, así como de los candidatos potenciales y los países socios de la Política Europea de Vecindad, siempre que se cumplan todas las condiciones. También deben poder acceder a él otros terceros países, en las condiciones previstas en acuerdos específicos entre los países en cuestión y la Unión sobre la participación de estos países en cualquier programa de la Unión, si dicha participación redunda en interés de la Unión y repercute positivamente en el mercado interior, sin afectar a la protección de los consumidores.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  El Reglamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento Europeo y del Consejo21 («el Reglamento Financiero»), que se aplica al presente programa, establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, y reembolso de los expertos externos.
(6)  Debe aplicarse al programa el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo21 (en lo sucesivo «el Reglamento Financiero»). El Reglamento Financiero establece las normas para la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, y reembolso de los expertos externos.
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21 COM(2016) 605 final
21 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Las acciones que se aplicaron en el marco del programa Aduana 2020 han demostrado su idoneidad y, por tanto, deben mantenerse. A fin de que el programa pueda ejecutarse de forma más sencilla y flexible, facilitándose así el cumplimiento de sus objetivos, las acciones deben definirse únicamente en términos de categorías generales, incluyendo una lista de ejemplos ilustrativos de actividades concretas. El programa Aduana debería fomentar y apoyar asimismo, a través de la cooperación y el desarrollo de capacidades, la incorporación de la innovación y del efecto potenciador que lleva consigo para seguir mejorando la capacidad de cumplimiento de las prioridades fundamentales en materia de fiscalidad.
(7)  Las acciones que se aplicaron en el marco del programa Aduana 2020 y han demostrado su idoneidad deben, por tanto, mantenerse, mientras que debe ponerse fin a las que han demostrado ser inadecuadas. A fin de que el programa pueda ejecutarse de forma más sencilla y flexible, facilitándose así el cumplimiento de sus objetivos, las acciones deben definirse únicamente en términos de categorías generales, incluyendo una lista de ejemplos ilustrativos de actividades concretas. El programa debería fomentar y apoyar asimismo, a través de la cooperación y el desarrollo de capacidades, la incorporación de la innovación y del efecto potenciador que lleva consigo para seguir mejorando la capacidad de cumplimiento de las prioridades fundamentales en materia de fiscalidad.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
(8)  El Reglamento [2018/XXX] establece, en el marco del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, un instrumento para equipo de control aduanero22 (en lo sucesivo el «instrumento ECA»). Con el fin de preservar la coherencia y la coordinación horizontal del conjunto de las acciones de cooperación en materia de aduanas y de equipo para el control aduanero, procede aplicar todas ellas amparándose en un único acto jurídico y un único conjunto de normas, es decir el presente Reglamento. Por lo tanto, el instrumento ECA debe apoyar exclusivamente la adquisición, el mantenimiento y la modernización de los equipos admisibles, mientras que el presente programa debe apoyar todas las demás acciones conexas, como las acciones de cooperación para la evaluación de las necesidades de equipo o, en su caso, las acciones de formación en relación con el equipo adquirido.
(8)  El Reglamento [2018/XXX] establece, en el marco del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, un instrumento para equipo de control aduanero22 (en lo sucesivo el «instrumento ECA»). Con el fin de preservar la coherencia y la coordinación horizontal del conjunto de las acciones de cooperación en materia de aduanas y de equipo para el control aduanero, procede aplicar todas ellas amparándose en un único acto jurídico y un único conjunto de normas, es decir en el presente Reglamento. Por lo tanto, el instrumento ECA debe apoyar exclusivamente la adquisición, el mantenimiento y la modernización de los equipos admisibles, mientras que el presente programa debe apoyar todas las demás acciones conexas, como las acciones de cooperación para la evaluación de las necesidades de equipo o, en su caso, las acciones de formación en relación con el equipo adquirido.
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22 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero
22 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  Habida cuenta de la importancia de la globalización, el programa ha de seguir brindando la posibilidad de recurrir a expertos externos en el sentido del artículo 238 del Reglamento Financiero. Dichos expertos deben ser principalmente representantes de las autoridades públicas, incluso procedentes de terceros países no asociados, así como representantes de las organizaciones internacionales, los operadores económicos, o la sociedad civil.
(10)  Habida cuenta de la importancia de la globalización, el programa ha de seguir previendo la posibilidad de recurrir a expertos externos en el sentido del artículo 238 del Reglamento Financiero. Dichos expertos deben ser principalmente representantes de las autoridades públicas, incluso procedentes de terceros países no asociados, así como personalidades del ámbito académico y representantes de las organizaciones internacionales, los operadores económicos, o la sociedad civil.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  En cumplimiento del compromiso de garantizar la coherencia y simplificación de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE»23, los recursos necesarios deben compartirse con otros instrumentos financieros de la Unión —excluyendo, sin embargo, la doble financiación— cuando las acciones previstas en el marco del programa persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos. Las acciones emprendidas en el marco del programa deben garantizar la coherencia en el uso de los recursos de la Unión en apoyo de la unión aduanera y las autoridades aduaneras.
(11)  En cumplimiento del compromiso de garantizar la coherencia y simplificación de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE»23, los recursos necesarios deben compartirse con otros instrumentos financieros de la Unión —excluyendo, sin embargo, la doble financiación— cuando las acciones previstas en el marco del programa persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos, teniendo en cuenta que la dotación del presente programa se ha calculado sin contar con que podrían surgir gastos imprevistos. Las acciones emprendidas en el marco del programa deben garantizar la coherencia en el uso de los recursos de la Unión en apoyo de la unión aduanera y las autoridades aduaneras.
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23 COM(2010)0700
23 COM(2010)0700
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)   La adquisición del soporte lógico necesario para realizar controles estrictos en las fronteras debe poder optar a financiación en el marco del programa; Además, debe fomentarse la adquisición del soporte lógico que pueda ser utilizado en todos los Estados miembros, con el fin de facilitar el intercambio de datos.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  Se prevé que la mayor parte del presupuesto disponible en virtud del programa se destine a financiar las acciones de desarrollo de capacidad informática. Conviene adoptar disposiciones específicas que describan, respectivamente, los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos. Por otra parte, deben quedar claramente definidos el alcance de las acciones y las responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros.
(12)  Se prevé que una mayor parte del presupuesto disponible en virtud del programa se destine a financiar las acciones de desarrollo de capacidad informática. Conviene adoptar disposiciones específicas que describan, respectivamente, los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos. Por otra parte, deben quedar claramente definidos el alcance de las acciones y las responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros. Con objeto de garantizar la coherencia y coordinación de las acciones de desarrollo de capacidad informática, el programa debe prever que la Comisión desarrolle y actualice un plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas (MASP-C), con el objetivo de crear un entorno electrónico que garantice la coherencia e interoperabilidad de los sistemas aduaneros de la Unión.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)  Conforme a las conclusiones extraídas en los dos informes especiales aprobados recientemente por el Tribunal de Cuentas en el ámbito de las aduanas, concretamente el Informe Especial n.º 19/2017, de 5 de diciembre de 2017, titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE», y el Informe Especial n.º 26/2018, de 10 de octubre de 2018, titulado «Una serie de retrasos en los sistemas informáticos aduaneros: ¿qué ha fallado?», las acciones emprendidas en el marco del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas deben dirigirse a poner fin a las deficiencias señaladas.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)
(14 ter)  El 4 de octubre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la lucha contra el fraude aduanero y la protección de los recursos propios de la Unión. Las conclusiones contenidas en dicha Resolución han de tenerse en cuenta durante las acciones que se realicen en el marco del programa.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir los objetivos específicos de las acciones y de ofrecer resultados, teniendo en cuenta, en particular, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, de conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
(20)  Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en virtud del presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir los objetivos específicos de las acciones y de ofrecer los mejores resultados, teniendo en cuenta, en particular, el coste de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Ello debe incluir la consideración del recurso a cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como a una financiación no vinculada a los costes, de conformidad con el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1
1.  El programa persigue el objetivo general de apoyo a la unión aduanera y a las autoridades aduaneras a fin de proteger los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, de garantizar la protección y la seguridad en la Unión y de proteger a la Unión frente al comercio desleal e ilegal, facilitando al mismo tiempo las actividades comerciales legítimas.
1.  Para alcanzar el objetivo a largo plazo de que todas las administraciones aduaneras de la Unión colaboren lo más estrechamente posible, y con el fin de garantizar la seguridad y la protección de los Estados miembros y proteger a la Unión contra el fraude y las prácticas comerciales desleales e ilegales y, al mismo tiempo, fomentar las actividades comerciales legítimas y un elevado nivel de protección de los consumidores, el objetivo general del programa es apoyar a la unión aduanera y a las autoridades aduaneras en la protección de los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2
2.  El programa persigue el objetivo específico de apoyo a la preparación y ejecución uniforme de la legislación y las políticas en el ámbito aduanero, así como la cooperación aduanera y el desarrollo de capacidad administrativa, incluidas las competencias humanas, y el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos.
2.  El programa persigue los siguientes objetivos específicos:
1)   apoyar la preparación y ejecución uniforme de la legislación y las políticas en el ámbito aduanero, así como la cooperación aduanera;
2)  contribuir al desarrollo de capacidad informática, que consiste en desarrollar, mantener y operar los sistemas electrónicos mencionados en el artículo 278 del Código Aduanero de la Unión y posibilitar una transición fluida a un entorno y un comercio sin soporte papel de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento;
3)  financiar las acciones conjuntas, que consisten en mecanismos de cooperación que permitan a los funcionarios llevar a cabo actividades operativas conjuntas en el marco de sus principales responsabilidades, compartir conocimientos en el ámbito aduanero y aunar esfuerzos para cumplir la política aduanera;
4)  mejorar las competencias humanas, apoyando las capacidades profesionales de los funcionarios de aduanas y capacitándolos para desempeñar sus funciones de un modo uniforme;
5)  respaldar la innovación en el ámbito de la política aduanera.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  El programa ha de ser coherente con otros fondos y programas de acción de la Unión con objetivos similares en ámbitos relacionados y explotar las posibles sinergias con ellos.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter.  En la ejecución del programa se han de respetar los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 quater (nuevo)
2 quater.  El programa asegurará asimismo la evaluación y supervisión continuas de la cooperación entre las autoridades aduaneras con miras a detectar deficiencias y encontrar eventuales soluciones de mejora.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
1.  La dotación financiera destinada a la ejecución del programa para el período 2021-2027 será de 950 000 000 EUR, a precios corrientes.
1.  La dotación financiera destinada a la ejecución del programa para el período 2021-2027 será de 842 844 000 EUR a precios de 2018 (950 000 000 EUR a precios corrientes).
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
2.  El importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos de preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de gestión del programa y de evaluación de la consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos relacionados con estudios, reuniones de expertos y acciones de información y comunicación, en la medida en que estén relacionados con los objetivos del programa, así como los gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los instrumentos informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa necesaria en relación con la gestión del programa.
2.  Cuando proceda y esté debidamente justificado, el importe mencionado en el apartado 1 podrá cubrir asimismo los gastos de preparación, seguimiento, control, auditoría, evaluación y otras actividades de gestión del programa y de evaluación de su rendimiento y de la consecución de sus objetivos. Podrá cubrir, además, los gastos relacionados con estudios, reuniones de expertos y acciones de información y comunicación de la Comisión destinadas a los Estados miembros y a los operadores económicos, en la medida en que estén relacionados con los objetivos del programa, así como los gastos relacionados con las redes informáticas centradas en el tratamiento y el intercambio de información, incluidos los instrumentos informáticos institucionales y demás asistencia técnica y administrativa necesaria en relación con la gestión del programa, en la medida en que esas actividades sean necesarias para alcanzar los objetivos del programa.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  No se utilizará el programa para cubrir costes derivados de la posible retirada del Reino Unido de la Unión. La Comisión reservará, según su propia evaluación, recursos destinados a cubrir los costes relacionados con la desconexión del Reino Unido de todos los sistemas y toda la cooperación existentes en el ámbito aduanero y la anulación de sus obligaciones legales en este ámbito.
Antes de reservar dichos recursos, la Comisión realizará una estimación de los posibles costes e informará al Parlamento Europeo una vez se disponga de dicha estimación.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria
c)  otros terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo específico que abarque la participación del tercer país en cualquier programa de la Unión, siempre que dicho acuerdo:
c)  otros terceros países, en las condiciones establecidas en un acuerdo específico sobre la participación de un tercer país en cualquier programa de la Unión, siempre que dicho acuerdo:
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c – guion 2
–  establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cálculo de las contribuciones financieras a cada uno de los programas y sus costes administrativos. Estas contribuciones tendrán la consideración de ingresos afectados, de conformidad con el artículo [21(5)] del Reglamento [2018/XXX] [nuevo Reglamento Financiero];
–  establezca las condiciones de participación en los programas, incluido el cálculo de las contribuciones financieras a cada uno de los programas y sus costes administrativos; Estas contribuciones tendrán la consideración de ingresos afectados, de conformidad con el artículo 21(5) del Reglamento Financiero;
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
2.  También podrán financiarse con cargo al presente programa las acciones que complementen o apoyen las acciones de aplicación de los objetivos a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (UE) [2018/XXX] [instrumento ECA].
2.  También podrán financiarse con cargo al presente programa las acciones que complementen o apoyen las acciones de aplicación de los objetivos a que se refiere el artículo 3 del Reglamento (UE) [2018/XXX] [instrumento ECA] o que complementen o apoyen las acciones dirigidas a alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 2 del Reglamento (UE) [2018/XXX] [programa contra el fraude].
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
b)  la colaboración estructurada basada en proyectos;
b)  la colaboración estructurada basada en proyectos, tales como el desarrollo colaborativo de TI por un grupo de Estados miembros;
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d
d)  las acciones de desarrollo de capacidades y competencias humanas;
d)  las acciones de desarrollo de capacidades y competencias humanas, entre ellas la formación y el intercambio de las mejores prácticas;
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 – letra e – punto 3 bis (nuevo)
3 bis)   las actividades de seguimiento; 
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
4.  Las acciones consistentes en el desarrollo y la explotación de las adaptaciones o ampliaciones de los componentes comunes de los sistemas electrónicos europeos con vistas a la cooperación con terceros países no asociados al programa o con organizaciones internacionales podrán optar a financiación cuando revistan interés para la Unión. La Comisión adoptará las disposiciones administrativas necesarias al respecto, que podrán prever una contribución financiera a estas acciones por parte de los terceros de que se trate.
4.  Las acciones consistentes en el desarrollo, el despliegue, el mantenimiento y la explotación de las adaptaciones o ampliaciones de los componentes comunes de los sistemas electrónicos europeos con vistas a la cooperación con terceros países no asociados al programa o con organizaciones internacionales podrán optar a financiación cuando revistan interés para la Unión. La Comisión adoptará las disposiciones administrativas necesarias al respecto, que podrán prever una contribución financiera a estas acciones por parte de los terceros de que se trate.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
1.  Siempre que resulte útil para llevar a cabo las acciones destinadas a la consecución de los objetivos mencionados en el artículo 3, podrán participar en calidad de expertos externos en las acciones organizadas en el marco del programa representantes de las autoridades públicas, incluso de países terceros no asociados al programa de conformidad con el artículo 5, representantes de las organizaciones internacionales o de otras organizaciones pertinentes, de los operadores económicos y las organizaciones que los representan y de la sociedad civil.
1.  Siempre que resulte útil para llevar a cabo las acciones destinadas a la consecución de los objetivos mencionados en el artículo 3, podrán participar en calidad de expertos externos en las acciones organizadas en el marco del programa representantes de las autoridades públicas, incluso de países terceros no asociados al programa de conformidad con el artículo 5, personalidades del ámbito académico y representantes de las organizaciones internacionales o de otras organizaciones pertinentes, de los operadores económicos y las organizaciones que los representan y de la sociedad civil.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
3.  Dichos expertos serán seleccionados por la Comisión atendiendo a la pertinencia de sus competencias, experiencia y conocimientos para la acción específica de que se trate, evitando todo posible conflicto de intereses.
3.  Dichos expertos serán seleccionados por la Comisión atendiendo a sus competencias, su experiencia en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y la pertinencia de sus conocimientos sobre la acción específica que se va a llevar a cabo, evitando todo posible conflicto de intereses. La selección debe garantizar el equilibrio entre los representantes de las empresas y otros expertos de la sociedad civil, así como tener presente el principio de la igualdad de género. La lista de expertos externos se actualizará periódicamente y se pondrá a disposición del público.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
1.  Las subvenciones en el marco del programa se concederán y gestionarán de conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero.
1.  Las subvenciones en el marco del programa se concederán y gestionarán de conformidad con el título VIII del Reglamento Financiero, y específicamente con los principios de buena gestión financiera, transparencia, proporcionalidad, no discriminación e igualdad de trato.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento Financiero, el programa podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables de la acción.
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento Financiero, el programa podrá financiar hasta el 100 % de los gastos subvencionables de la acción, en función de la pertinencia de la acción y el impacto previsto.
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
1.  La Comisión y los Estados miembros garantizarán conjuntamente el desarrollo y la explotación, incluidos la concepción, las especificaciones, las pruebas de conformidad, la implantación, el mantenimiento, la evolución, la seguridad, la garantía de calidad y el control de calidad, de los sistemas electrónicos europeos que figuran en el plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a que se refiere el artículo 12.
1.  La Comisión y los Estados miembros garantizarán conjuntamente el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos incluidos en el plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas al que se refiere el artículo 12, incluidos su concepción, las especificaciones, las pruebas de conformidad, la implantación, el mantenimiento, la evolución, la modernización, la seguridad, la garantía de calidad y el control de calidad.
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b
b)  la coordinación general del desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos con vistas a su operabilidad, interconectividad y mejora continua, así como a su ejecución sincronizada;
b)  la coordinación general del desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos con vistas a su operabilidad, ciberresiliencia, interconectividad y mejora continua, así como a su ejecución sincronizada;
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
e bis)   una comunicación eficiente y rápida con y entre los Estados miembros con miras a armonizar la gobernanza de los sistemas electrónicos de la Unión;
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra e ter (nueva)
e ter)   una comunicación puntual y transparente con las partes interesadas encargadas de la puesta en marcha de los sistemas informáticos a nivel de la Unión y de los Estados miembros, en particular, sobre demoras en la realización y la ejecución del gasto de los componentes nacionales y de la Unión; 
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra d
d)  el suministro periódico de información a la Comisión sobre todas las medidas adoptadas para permitir a sus respectivas autoridades o a sus operadores económicos la plena utilización de los sistemas electrónicos europeos;
d)  el suministro de información periódica a la Comisión sobre todas las medidas adoptadas para permitir a las autoridades o a los operadores económicos afectados la utilización plena y eficaz de los sistemas electrónicos europeos;
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria
1.  La Comisión elaborará y mantendrá actualizado un plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas en el que se enumerarán todas las tareas pertinentes para el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos y en el que cada sistema, o parte del mismo, quedará clasificado como:
1.  La Comisión elaborará y actualizará un plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas en el que se enumerarán todas las tareas pertinentes para el desarrollo y la explotación de los sistemas electrónicos europeos y en el que cada sistema, o parte de un sistema, quedará clasificado como:
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a
a)   un componente común, es decir, un componente de los sistemas electrónicos europeos desarrollado a nivel de la Unión, que se encuentra a disposición de todos los Estados miembros o que la Comisión ha calificado de común por motivos de eficiencia, seguridad y racionalización;
a)  un componente común, es decir, un componente de los sistemas electrónicos europeos desarrollado a nivel de la Unión, que se encuentra a disposición de todos los Estados miembros o que la Comisión ha calificado de común por motivos de eficiencia, seguridad de racionalización y fiabilidad;
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b
b)  un componente nacional, es decir, un componente de los sistemas electrónicos europeos desarrollado a nivel nacional, que se encuentra a disposición del Estado miembro que lo ha creado o que ha contribuido a su creación conjunta;
b)  un componente nacional, es decir un componente de los sistemas electrónicos europeos desarrollado a nivel nacional, que se encuentra a disposición del Estado miembro que lo ha creado o que ha contribuido a su creación conjunta, por ejemplo, como parte de un proyecto de desarrollo informático en el que colabore un grupo de Estados miembros;
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
3.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión la finalización de cada tarea que se les haya encomendado en virtud del plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a que se refiere el apartado 1. Asimismo, informarán periódicamente a la Comisión sobre los avances realizados en sus tareas.
3.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión la finalización de cada tarea que se les haya encomendado en virtud del plan estratégico plurianual en el ámbito de las aduanas a que se refiere el apartado 1. Asimismo, informarán periódicamente a la Comisión sobre los avances realizados en sus tareas y, llegado el caso, sobre retrasos previsibles en su ejecución.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5
5.  El 31 de octubre de cada año, a más tardar, la Comisión, sobre la base de los informes anuales mencionados en el apartado 4, elaborará un informe consolidado en el que se evaluarán los avances realizados por los Estados miembros y la Comisión en la ejecución del plan a que se refiere el apartado 1 y lo publicará.
5.  El 31 de octubre de cada año, a más tardar, la Comisión, sobre la base de los informes anuales mencionados en el apartado 4, elaborará un informe consolidado en el que se evaluarán los avances realizados por los Estados miembros y la Comisión en la ejecución del plan a que se refiere el apartado 1, incluida la información sobre las adaptaciones necesarias o los retrasos en la ejecución del plan, y lo publicará.
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
1.  El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo plurianuales a que se refiere el artículo 108 del Reglamento Financiero.
1.  El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo plurianuales a que se refiere el artículo 110 del Reglamento Financiero. Los programas de trabajo plurianuales enunciarán, en particular, los objetivos que habrán de perseguirse, los resultados esperados, el método de ejecución y el importe total del plan de financiación. Además, contendrán una descripción detallada de las acciones que se deban financiar, una indicación del importe asignado a cada una de ellas y un calendario de ejecución indicativo. Los programas de trabajo plurianuales se comunicarán, cuando proceda, al Parlamento Europeo.
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
2.  La Comisión adoptará los programas de trabajo plurianuales por medio de actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartado 2.
2.  La Comisión adoptará los programas de trabajo plurianuales por medio de actos de ejecución y los comunicará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 18, apartado 2.
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   Los programas de trabajo plurianuales se basarán en las conclusiones extraídas de los programas anteriores.
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
1.  Los indicadores para informar de los avances realizados en el marco del programa en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo 2.
1.  En cumplimiento de su obligación de notificar en virtud del artículo 41, apartado 3, letra h), del Reglamento Financiero, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo información sobre el rendimiento del programa. En ella se incluirá información tanto sobre los avances como sobre las carencias.
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
2.  Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados en la consecución de los objetivos del programa, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 17, a fin de modificar el anexo 2, con vistas a revisar o complementar los indicadores cuando se considere necesario y completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación.
2.  Los indicadores para informar del rendimiento del programa en la consecución de los objetivos específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo 2. Con objeto de garantizar una evaluación eficaz de los avances realizados en la consecución de los objetivos del programa, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 17, a fin de modificar el anexo 2, con vistas a revisar o complementar los indicadores cuando se considere necesario y completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación, con el fin de proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo información cualitativa y cuantitativa actualizada sobre el rendimiento del programa.
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
3.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el seguimiento de la ejecución del programa y los resultados se recopilen de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos proporcionados en materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión.
3.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el seguimiento de la ejecución y los resultados del programa sean comparables y estén completos y que se recopilen de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, se impondrán requisitos proporcionados y pertinentes en materia de presentación de informes a los receptores de fondos de la Unión. La Comisión proporcionará al Parlamento Europeo y al Consejo información fiable sobre la calidad de los datos utilizados para evaluar el rendimiento.
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
2.  La evaluación intermedia del programa se llevará a cabo una vez que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años después del inicio de la ejecución del programa.
2.  La evaluación intermedia del programa se efectuará tan pronto como se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, tres años después del inicio de la ejecución del programa.
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   La evaluación intermedia contendrá las conclusiones necesarias para la adopción de una decisión sobre el seguimiento del programa después de 2027 y sus objetivos.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
3.  Tras la conclusión de la ejecución del programa, pero, a más tardar, cuatro años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación final del programa.
3.  Tras la conclusión de la ejecución del programa, pero, a más tardar, tres años después del plazo previsto en el artículo 1, la Comisión llevará a cabo una evaluación final del programa.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
4.  La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
4.  La Comisión presentará y comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus observaciones y de la experiencia adquirida, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1
Cuando un tercer país participe en el programa con arreglo a una decisión adoptada en el marco de un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento legal, concederá los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, esos derechos incluirán el de realizar investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Cuando un tercer país participe en el programa con arreglo a una decisión adoptada en el marco de un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento legal, concederá los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalía Europea ejerzan plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF y de la Fiscalía Europea, dichos derechos comprenderán el de realizar investigaciones, incluidos los controles sobre el terreno y las inspecciones contemplados en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y en el Reglamento del Consejo (UE) 2017/19391 ter.
__________________
1 bis Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
1 ter Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
1.  Los receptores de la financiación de la Unión mencionarán el origen de la financiación y garantizarán su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público en general).
1.  Los receptores de la financiación de la Unión mencionarán el origen de la financiación y garantizarán su máxima visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a diversos destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público en general).
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2
2.  La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el programa, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados al programa también contribuirán a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3.
2.  La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el programa, sobre las acciones financiadas con cargo al programa y sobre los resultados obtenidos con dichas acciones financiadas. Los recursos financieros asignados al programa también contribuirán a la comunicación institucional de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos establecidos en el artículo 3.

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0464/2018).


Modificación de los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones *
PDF 112kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifican los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (13166/2018 – C8-0464/2018 – 2018/0811(CNS))
P8_TA(2019)0009A8-0476/2018

(Procedimiento legislativo especial – consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta del Banco Europeo de Inversiones al Consejo con vistas a modificar los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones (13166/2018),

–  Visto el artículo 308 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8‑0464/2018),

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0476/2018),

1.  Aprueba la propuesta;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Banco Europeo de Inversiones y a los Parlamentos nacionales.


Integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo
PDF 171kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo (2018/2162(INI))
P8_TA(2019)0010A8-0429/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establecen el principio de la igualdad entre hombres y mujeres como un valor de la Unión,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 8 y 19,

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que contiene disposiciones específicas sobre el principio horizontal de la igualdad de género, y el artículo 6 del TUE, que reconoce a la Carta el mismo valor jurídico que los Tratados,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011,

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica(1),

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010), así como el documento final de la conferencia de examen Beijing+20,

–  Vistas sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009(2), de 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2010(3), de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2011(4), de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(5), y de 14 de marzo de 2017 sobre igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea en 2014-2015(6),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo(7),

–  Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre la integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones(8),

–  Vista su Resolución, de 22 de abril de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos de las comisiones y delegaciones(9),

–  Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y la consolidación de los Estados(10),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre las mujeres y la toma de decisiones(11),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(12),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre la nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después de 2015(13),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2016, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo(14),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea(15),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión(16),

–  Visto el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68(17), y en particular su artículo 1, letras c) y d),

–  Vista la edición de 2018 del folleto «Las mujeres en el Parlamento Europeo»,

–  Visto el informe anual de recursos humanos del Parlamento Europeo en 2017, publicado en agosto de 2018,

–  Vistas las orientaciones multilingües sobre un lenguaje neutral en cuanto al género en el Parlamento Europeo,

–  Visto el informe de Dimitrios Papadimoulis, vicepresidente del Parlamento Europeo y presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad, titulado «Igualdad de género en la Secretaría del Parlamento Europeo – situación actual y perspectivas para 2017-2019», presentado a la Mesa del Parlamento Europeo y aprobado en la reunión de esta de 16 de enero de 2017,

–  Vista la hoja de ruta 2017-2019 para la aplicación del informe titulado «Igualdad de género en la Secretaría del Parlamento Europeo – situación actual y perspectivas para 2017-2019»,

–  Visto el plan de acción para la promoción de la igualdad de género y la diversidad en la Secretaría del Parlamento Europeo para el período 2017-2019,

–  Visto el mandato del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad,

–  Vistas sus orientaciones en materia de igualdad para los miembros de los comités de selección,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 19 de julio de 2017, titulada «Un año después de Lisboa: de la igualdad de oportunidades a la diversidad y la inclusión» (C(2017)5300)(18) y su Carta de Inclusión y Diversidad(19),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019» (SWD(2015)0278)(20),

–  Vista la Estrategia sobre igualdad de género 2018-2023 del Consejo de Europa(21),

–  Vista la Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 19 de noviembre de 2013, sobre integración de la perspectiva de género, anexa a la resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020, adjunta al Marco Financiero Plurianual (MFP)(22),

–  Visto el informe de 2011 de la Unión Interparlamentaria titulado «Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice» (Los Parlamentos sensibles con respecto a la cuestión de género: estudio a nivel mundial de las buenas prácticas en la materia), publicado en 2011,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0429/2018),

A.  Considerando que el principio de igualdad de género es un valor fundamental de la Unión Europea que se encuentra consagrado en los Tratados de la Unión y en la Carta de los Derechos Fundamentales; considerando que el artículo 8 del TFUE estipula que en todas sus acciones la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, promover su igualdad y combatir la discriminación en la definición y ejecución de sus políticas y acciones;

B.  Considerando que la igualdad de género, como regla general, es esencial para la protección de los derechos humanos, el funcionamiento de la democracia, el respeto del Estado de Derecho y el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad y la integración de una dimensión de género en todos los ámbitos políticos de competencia de la Unión;

C.  Considerando que el derecho a la igualdad y la garantía de no discriminación son principios fundamentales que sustentan la integración de la perspectiva de género; considerando que la integración de la perspectiva de género debe englobar los derechos, las expectativas y el bienestar de las mujeres, jóvenes, personas LGBTIQ y personas de todas las identidades de género;

D.  Considerando que los avances en la consecución de la igualdad de género en la Unión Europea no solo se están estancando en el conjunto de la Unión, sino que están sufriendo notables retrocesos en algunos Estados miembros;

E.  Considerando que en el Convenio de Estambul también se hace hincapié en la importancia de promover un cambio de mentalidad y de actitud para romper el círculo vicioso de todas las formas de violencia por razones de género; considerando que a tal fin son necesarias, por tanto, medidas formativas a todos los niveles y para todos los grupos de edad sobre la igualdad entre mujeres y hombres, la desaparición de los papeles estereotipados de los géneros y el respeto de la integridad personal;

F.  Considerando que son insuficientes los fondos y recursos humanos asignados para garantizar la realización de avances reales en la integración de la perspectiva de género en las políticas, programas, iniciativas y acciones de la Unión;

G.  Considerando que, pese a la división de la población de la Unión Europea entre hombres y mujeres en partes iguales, la composición del Parlamento Europeo refleja una grave infrarrepresentación de las mujeres puesto que solo el 36,1 % de sus diputados son mujeres; considerando que esta brecha queda patente, además, en la composición de la Mesa del Parlamento, integrada por 13 hombres y 7 mujeres; considerando que la representación de género equilibrada y la diversidad en los órganos del Parlamento contribuyen a derribar estereotipos, reducen la discriminación y elevan el nivel de representación democrática de los ciudadanos de la Unión y la legitimidad de las decisiones de la institución;

H.  Considerando que, de los nombramientos de altos cargos del Parlamento (directores generales y directores) realizados en 2016, solo el 11 % fueron mujeres en 2016 y en 2017, solo el 33 %;

I.  Considerando que el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) radica en lograr la igualdad entre mujeres y hombres y empoderar a todas las mujeres y las niñas antes de 2030 y es un objetivo transversal de los 17 ODS; considerando que la integración de la perspectiva de género es una herramienta para un desarrollo equitativo que sea efectivo, duradero y sostenible y que tenga un impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza; considerando, sin embargo, que los progresos en este sentido son muy lentos y los cambios en muchos países del mundo son mínimos(23), también en Europa; considerando que la implementación del ODS 5 ha tenido resultados diversos según los Estados miembros y dentro de los mismos, y que la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales y en los puestos de toma de decisiones aún está lejos de la paridad(24);

J.  Considerando que las evaluaciones de impacto de género son necesarias para evaluar y determinar la probabilidad de que una decisión concreta tenga consecuencias negativas para la situación en materia de igualdad de género; que, por consiguiente, es esencial analizar los presupuestos desde una perspectiva de género, a fin de proporcionar información sobre los diferentes efectos que la asignación y distribución del presupuesto pueden tener en la igualdad de género y de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas;;

K.  Considerando que la integración de la perspectiva de género se considera una estrategia efectiva y aceptada a nivel mundial que tiene como objetivo lograr la igualdad de género y luchar contra la discriminación mediante la reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de políticas para que la perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, medidas reglamentarias y programas de gasto y en todos los niveles y etapas por los actores involucrados en la formulación de políticas; considerando que la integración de la perspectiva de género proporciona herramientas clave para la consideración sistemática de las diferencias entre las condiciones, las situaciones y las necesidades de todas las políticas y acciones, así como el avance de la igualdad de género y la promoción de la igualdad de derechos y una representación equilibrada desde el punto de vista del género en los diferentes niveles administrativos, políticos, sociales y económicos y en la toma de decisiones;

L.  Considerando que es necesaria una mayor cooperación interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en materia de integración de la dimensión de género, con el fin de garantizar que la perspectiva de género pueda incorporarse a todas las fases del presupuesto, de las políticas, de los programas y de las iniciativas, lo que facilitaría el trabajo del propio Parlamento en pro de la integración de la perspectiva de género;

M.  Considerando que las enmiendas para la integración de la perspectiva de género adoptadas por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y presentadas para su aprobación en otras comisiones son una herramienta eficaz para garantizar que la igualdad de género se tiene debidamente en cuenta en los informes y resoluciones del Parlamento Europeo;

N.  Considerando que un presupuesto con perspectiva de género, en forma de planificación y programación, contribuye al avance de la igualdad de género y a la realización de los derechos de la mujer y es uno de los principales instrumentos utilizados por los responsables de las políticas para fomentar la igualdad de género, pero sigue sin ser aplicado sistemáticamente por ninguna de las instituciones de la Unión;

O.  Considerando que, según los últimos datos disponibles(25), del personal del Parlamento el 59 % son mujeres, pero que estas siguen infrarrepresentadas en todos los grados de dirección; considerando que el número de mujeres en puestos superiores incluso ha disminuido desde junio de 2017 y que su presencia en los puestos intermedios aumentó solo ligeramente;

P.  Considerando que, en el informe sobre igualdad de género de 2017 del vicepresidente del Parlamento Dimitrios Papadimoulis, se fijaron tres objetivos de representación de las mujeres en los puestos de dirección de niveles intermedios y superiores que han de alcanzarse para 2019, a saber: 30 % de mujeres en el nivel de director general, 35 % de mujeres en el nivel de director y 40 % de mujeres en el nivel de jefe de unidad; y considerando que la subsiguiente hoja de ruta indica cómo se han de lograr dichos objetivos;

Q.  Considerando que para promover la integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones y delegaciones del Parlamento se designa un diputado responsable al efecto en cada comisión y en la Conferencia de Presidentes de Delegación, que comparte experiencias y mejores prácticas en la Red de integración de la perspectiva de género;

R.  Considerando que garantizar la coherencia entre las políticas internas de recursos humanos y las acciones exteriores de promoción de la igualdad de género y de los derechos de las personas LGBTIQ es fundamental para la credibilidad del Parlamento y del resto de instituciones de la Unión;

S.  Considerando que desde 2014 el Reglamento interno del Parlamento estipula que la diversidad de la institución debe reflejarse en la composición de la mesa de todas y cada una de las comisiones parlamentarias y que no es aceptable tener mesas compuestas únicamente de hombres o de mujeres;

T.  Considerando que los puestos de alta dirección del Parlamento son atribuidos exclusivamente por la Mesa;

U.  Considerando que la integración de la perspectiva de género del Parlamento Europeo debe prestar la debida atención a los derechos, las expectativas y el bienestar de las personas de todas las identidades de género y LGBTIQ; considerando que, aunque el Parlamento concede mayor importancia a las cuestiones LGBTIQ, los activistas LGBTIQ tienen una visibilidad relativamente reducida y una voz débil;

V.  Considerando que es necesario reconocer el valor social y político de las organizaciones de mujeres y los espacios de mujeres, de su historia y su trabajo, y de su papel clave en la prevención de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género, la autodeterminación de las mujeres y el diálogo intercultural; considerando que no hay una incorporación consciente de la perspectiva de género sin lugares capaces de producir la autodeterminación y autoridad de las mujeres y luchar contra la violencia contra las mujeres;

W.  Considerando que, en ocasiones, se sigue cuestionando la legitimidad de la participación de las mujeres en la esfera política, y que son víctimas de estereotipos que las disuaden de implicarse en la política, un fenómeno que es particularmente evidente allí donde están menos representadas en el ámbito político;

X.  Considerando que, si bien las mujeres en la Unión Europea tienen los mismos derechos políticos y civiles que los hombres, desde el punto de vista cultural, social o económico a menudo no gozan de igualdad;

Y.  Considerando que la igualdad de género contribuye a un debate más amplio y a una mejor toma de decisiones, ya que puede aportar puntos de vista integrales;

Z.  Considerando que las instituciones deben ser responsables de evitar la segregación vertical y horizontal de género;

AA.  Considerando que el Parlamento Europeo lleva muchos años comprometido con la promoción de la igualdad de género y que la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género tiene la responsabilidad de aplicar y desarrollar aún más la integración de la perspectiva de género en todos los sectores políticos;

AB.  Considerando que el Parlamento Europeo tiene que seguir luchando contra el acoso sexual y aplicar las medidas acordadas;

AC.  Considerando que el Parlamento Europeo tiene varios organismos diferentes que se encargan de desarrollar y aplicar la integración de la perspectiva de género y promover la igualdad y la diversidad de género, tanto a nivel político como administrativo, como el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad y Diversidad de Género, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, la Red de integración de la perspectiva de género, la Unidad de Igualdad y Diversidad, el Comité para la Igualdad de Oportunidades y la Diversidad (COPEC), Égalité, la asociación del personal LGBTI+ de las instituciones de la UE, el Comité Consultivo de Prevención y Protección en el Trabajo y el Grupo de Coordinadores sobre Igualdad y Diversidad; considerando, no obstante, que no hay una coordinación o coherencia claras entre estos organismos;

AD.  Considerando que la integración de la perspectiva de género es un proceso que requiere habilidades y conocimientos específicos, así como un compromiso, y que, como tal, solo es efectivo si se acompaña de actividades de sensibilización y creación de capacidad en las instituciones y al nivel del personal;

AE.  Considerando que el Parlamento Europeo ya se comprometió en 2003 a adoptar y aplicar un plan de políticas para la integración de la perspectiva de género con la prioridad de integrar la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones y delegaciones con herramientas concretas para la promoción, mayor sensibilización y aplicación del principio de la integración de la perspectiva de género en sus trabajos diarios;

Observaciones generales

1.  Reafirma su sólido compromiso con la igualdad de género tanto en cuanto al contenido de las políticas, iniciativas y programas de la Unión como en todos los niveles políticos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos de esta;

2.  Pide que, al igual que el último MFP, el nuevo MFP vaya acompañado de una declaración conjunta del Parlamento, de la Comisión y del Consejo, en la que se comprometan a que los procedimientos presupuestarios anuales aplicados para el MFP integren, según proceda, elementos de respuesta en materia de igualdad de género, teniendo en cuenta los modos en que el marco financiero global de la Unión contribuye al objetivo de alcanzar la igualdad y garantiza la incorporación de la perspectiva de género;

3.  Reitera su llamamiento a la Comisión Europea para que presente una verdadera Estrategia Europea de Igualdad en forma de Comunicación que contenga objetivos claros y en la medida de lo posible cuantificables, y que se traduzca a todos los idiomas oficiales de la UE a fin de garantizar una mejor difusión y comprensión entre los ciudadanos y los agentes sociales y económicos;

4.  Considera que el Parlamento debería crear y fomentar una cultura de la diversidad y la inclusión y un entorno de trabajo seguro para todos, y que las medidas transversales para garantizar el bienestar de todo el personal y los diputados deberían ir de la mano de medidas selectivas para lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres a nivel tanto político como administrativo;

5.  Insiste en que la incorporación de la perspectiva de género también puede significar la introducción de acciones específicas dirigidas a mujeres u hombres para hacer frente a las desigualdades persistentes o cambiar las políticas generales para adaptarse a una diversidad de circunstancias para individuos o grupos;

6.  Celebra los ejemplos masculinos y femeninos en materia de igualdad de género así como las iniciativas, tanto en la administración del Parlamento como a nivel político, que contribuyen activamente a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades; aboga asimismo por que se promuevan diferentes modelos de referencia para superar todo tipo de estereotipos de género;

7.  Subraya que lograr la igualdad de género no es un problema de mujeres, sino uno que debe involucrar a toda la sociedad;

8.  Lamenta que la comunicación visual del Parlamento en ocasiones recurra a estereotipos de género y a estereotipos basados en la orientación sexual y la identidad de género; recuerda, a este respecto, la importancia de representar y promover la igualdad de género en los materiales de comunicación de todos los sectores políticos;

9.  Recuerda que la integración de la perspectiva de género abarca las decisiones políticas, el proceso decisorio, los procedimientos y prácticas, así como la aplicación, el seguimiento y la evaluación; destaca, por tanto, que para valorar de manera integral la situación actual de la integración de la perspectiva de género en el Parlamento, deben tenerse en cuenta no solo los contenidos de las políticas sino también la representación de hombres y mujeres en la administración y en los puestos de decisión;

10.  Observa con preocupación que la representación femenina en los puestos claves de toma de decisiones en los niveles político y administrativo sigue siendo escasa y que el Parlamento debe garantizar un reparto equilibrado de estos puestos entre hombres y mujeres;

11.  Lamenta la falta de coherencia y de coordinación entre los diversos órganos que trabajan en pro de la igualdad de género y la diversidad en el Parlamento; reitera su llamamiento en favor de mejorar la coordinación interna para lograr un mayor grado de integración de la perspectiva de género, también en lo que respecta a la contratación de personal, la organización del trabajo, las decisiones y los procedimientos de trabajo;

12.  8. Aplaude la decisión del Parlamento de rendir tributo a Simone Veil, la primera mujer presidenta de una institución de la Unión y firme defensora de los derechos de la mujer, en concreto del aborto legal y de los derechos reproductivos, dando su nombre al Premio de la Igualdad y la Diversidad, que destaca y reconoce las buenas prácticas y los modelos de referencia en materia de igualdad de oportunidades en la Secretaría del Parlamento Europeo; recomienda que se incremente la visibilidad de este importante premio y se le otorgue una mayor difusión;

13.  Destaca la importancia del diálogo con las partes interesadas externas, como las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, los derechos de las mujeres y los grupos de igualdad de género, los movimientos de mujeres, las instituciones internacionales, el mundo académico y los parlamentos nacionales para desarrollar herramientas y recopilar datos; recuerda que su movilización es importante para mejorar los procesos de integración de la perspectiva de género en la Unión Europea y para fomentar los intercambios recíprocos para promover las mejores prácticas;

Herramientas para la integración de la perspectiva de género

14.  Solicita la adopción de medidas eficaces para garantizar una igualdad real entre hombres y mujeres en el Parlamento Europeo; subraya en este contexto que, por encima de todo, las medidas para luchar contra el acoso sexual son de vital importancia; destaca, en particular, la necesidad de medidas de sensibilización y formación;

15.  Celebra la nueva edición de las orientaciones sobre un lenguaje neutral en cuanto al género en el Parlamento Europeo, publicada en julio de 2018, que refleja mejor la evolución lingüística y cultural y ofrece consejos prácticos en todas las lenguas oficiales de la Unión sobre el uso de un lenguaje no discriminatorio e inclusivo; señala que en 2008 el Parlamento Europeo fue una de las primeras organizaciones internacionales en adoptar directrices multilingües sobre un lenguaje neutral en cuanto al género; recuerda la importancia de lograr una amplia adhesión de la opinión pública a las orientaciones y pide a todos los diputados del Parlamento, así como a los funcionarios, que las promuevan y apliquen sistemáticamente en su trabajo;

16.  Reconoce el trabajo de la Red de integración de la perspectiva de género, celebra la inclusión en la misma de representantes de la Conferencia de Presidentes de Delegación y pide que se siga desarrollando esta red;

17.  Se congratula de que la mayoría de las comisiones parlamentarias hayan adoptado planes de acción sobre integración de la perspectiva de género y de que muchas de ellas ya hayan presentado estos planes a la Red de integración de la perspectiva de género; pide, por consiguiente, al resto de comisiones que hagan lo propio; señala, sin embargo, la heterogeneidad de estos planes y la falta de aplicación de los mismos; pide la adopción de un plan de acción de género común para el Parlamento Europeo que, al menos, contenga disposiciones sobre la igualdad de representación de género en todos los trabajos parlamentarios y todos los órganos del Parlamento, la introducción de una perspectiva de género en todas sus actividades políticas y en su organización de trabajo y el uso de un lenguaje neutral en cuanto al género en todos los documentos; solicita que se modifique en consecuencia el Reglamento interno;

18.  Lamenta que en la última reforma del Reglamento interno no se incluyeran procedimientos para aplicar la integración de la perspectiva de género;

19.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en los últimos años en la adopción de planes de acción en materia de género en la mayoría de las comisiones del Parlamento;

20.  Pide una cooperación más estrecha entre las comisiones parlamentarias con el fin de aportar una auténtica dimensión de género a sus informes, y subraya la importancia de que todas las comisiones parlamentarias muestren respeto hacia las competencias de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, aceptando las enmiendas presentadas por dicha comisión en materia de integración de la perspectiva de género y colaborando para evitar conflictos de competencias;

21.  Reitera la importancia de la aplicación de la presupuestación con perspectiva de género en todos los niveles del proceso presupuestario; lamenta la ausencia de unos mecanismos de presupuestación con perspectiva de género en las instituciones de la Unión, a pesar de su firme compromiso con ellos; insta a los órganos responsables del Parlamento a que incorporen la perspectiva de género y utilicen indicadores de género al elaborar y adoptar el estado de previsiones del Parlamento, así como a lo largo de todo el proceso de aprobación de la gestión;

22.  Se congratula por la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea; pone de relieve que el acoso sexual constituye un delito grave que en la mayoría de los casos no llega a denunciarse, una forma extrema de discriminación por motivos de género y uno de los mayores obstáculos para el logro de la igualdad de género; Celebra la decisión de la Mesa, de 2 de julio de 2018, de revisar el funcionamiento del Comité Consultivo para las quejas por acoso que afectan a diputados al Parlamento Europeo y los procedimientos para la tramitación de dichas quejas, al tiempo que defiende firmemente el artículo 6 que indica que el secretario general nombrará a dos asesores expertos (un médico del Servicio Médico y un miembro del Servicio Jurídico), así como la inserción del artículo 34 bis en las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, artículo que se refiere a las consecuencias financieras derivadas de la constatación de acoso de un asistente parlamentario acreditado (APA);

23.  Acoge con satisfacción las nuevas medidas contra el acoso adoptadas por el Parlamento, conforme a la solicitud formulada en su Resolución de 26 de octubre de 2017, que entraron en vigor el 1 de septiembre de 2018, a saber:

   a) dotar al Comité Consultivo de una Secretaría propia y permanente, adjunta a la Secretaría de la Mesa y de los Cuestores, con más personal especializado y formado con más regularidad que se ocupe exclusivamente de asuntos de acoso;
   b) permitir que un segundo representante de los APA participe en las reuniones del Comité, como miembro de pleno derecho, a fin de abordar las cuestiones del quórum restrictivo y de la carga de trabajo del representante de los APA;
   c) asegurar que el Reglamento interno del Parlamento (artículos 11 y 166) incluya nuevas sanciones por acoso, así como un «Código de conducta apropiada de los diputados al Parlamento Europeo en el ejercicio de sus funciones»; que cada diputado redacte y firme una declaración al asumir el cargo, que se remitirá al presidente; que cada diputado lea el Código y confirme que cumplirá sus principios; y que todas las declaraciones (firmadas o no) se publiquen en el sitio web del Parlamento;
   d) facilitar a los asistentes parlamentarios acreditados una mejor información sobre la posibilidad de que todos sus gastos judiciales queden cubiertos por el Parlamento y de recibir apoyo durante todo el proceso;

24.  Lamenta profundamente, no obstante, el lento e insuficiente progreso en la aplicación de otras recomendaciones fundamentales contenidas en la Resolución del Parlamento; exige que el presidente y la administración del Parlamento Europeo concentren toda su atención en la plena aplicación de cada una de las medidas solicitadas, en particular, por medio del plan de trabajo 2017-2019 sobre «medidas preventivas y de ayuda rápida para tratar los conflictos y el acoso entre diputados y asistentes parlamentarios acreditados u otros miembros del personal», que debe revisarse lo antes posible a fin de incluir adecuadamente, como mínimo, las siguientes exigencias de la Resolución con un calendario claro para su aplicación:

   a) prever una formación obligatoria para los diputados y el personal;
   b) constituir un grupo de trabajo formado por expertos externos independientes con el mandato de estudiar la situación del acoso sexual en el Parlamento Europeo y el funcionamiento de sus dos comités competentes en cuestiones de acoso;
   c) fortalecer los comités de lucha contra el acoso mediante su fusión en un único comité con una composición variable dependiendo del caso objeto de examen y que incluya a expertos, como abogados y médicos, entre sus miembros permanentes;

25.  Invita en este contexto a la Comisión que siga supervisando la correcta aplicación y transposición de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(26) que, en los casos de discriminación por razón de género, prevé la inversión de la carga de la prueba;

26.  Reitera su llamamiento al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo para que lleve a cabo periódicamente investigaciones detalladas, cualitativas y cuantitativas, sobre los avances en materia de integración de la perspectiva de género en el Parlamento y el funcionamiento de la estructura organizativa dedicada a ello, también con vistas a la elaboración de evaluaciones de impacto de género y análisis basados en el género; pide una recopilación más amplia, sistemática y periódica de datos y estadísticas desglosados por género en las evaluaciones de impacto de políticas y programas, así como en el proceso de elaboración de políticas, a fin de analizar los progresos en la igualdad de género, ofrecer una imagen precisa de las brechas de género, evaluar los logros o retrocesos y contribuir a la toma de decisiones basada en datos;

27.  Reitera su llamamiento para que se organice una formación obligatoria sobre respeto y dignidad para todos los diputados y el personal del Parlamento Europeo y, en cualquier caso, al comienzo del nuevo mandato;

28.  Recuerda la importancia de desarrollar la capacidad de integración de la perspectiva de género en todas las instituciones de la Unión Europea, garantizando que la formación proporcionada sea sensible en cuanto al género y facilitar programas de formación específicos en materia de igualdad de género en todos los sectores políticos; expresa su pleno apoyo al desarrollo de capacitación orientada y regular sobre la incorporación de la perspectiva de género, y a unos programas de capacitación para mujeres con potencial de liderazgo; anima a la Dirección General de Personal a que proporcione formación sobre la integración de la perspectiva de género a los diputados, los asistentes y el personal del Parlamento Europeo, así como a los grupos políticos del Parlamento, con el fin de ofrecer a su personal una formación en materia de integración de la perspectiva de género;

29.  Acoge con satisfacción la herramienta de sensibilidad de los parlamentos en materia de género, creada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), para ayudar al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales y regionales a evaluar y mejorar su sensibilidad en materia de género; pide a la administración y a los grupos políticos del Parlamento que velen por que se realice un seguimiento adecuado de los resultados de las evaluaciones;

30.  Pide al EIGE que informe periódicamente a las comisiones parlamentarias y a la Comisión a fin de destacar la perspectiva de género en todos los ámbitos de las políticas y que facilite los datos e instrumentos que ha desarrollado, también en materia de presupuestación con perspectiva de género, en la plataforma sobre la integración de la perspectiva de género, en el marco de un ejercicio más amplio de creación de capacidad, dirigido también al personal y los asistentes parlamentarios;

Nivel político

31.  Celebra el nombramiento en 2016 de la ponente permanente sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo y la activa participación de esta en los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad; recomienda, por tanto, que el Parlamento mantenga este cargo en la legislatura 2019-2024;

32.  Considera que unas relaciones interinstitucionales más sólidas en el ámbito de la integración de la perspectiva de género pueden ayudar a desarrollar políticas de la Unión sensibles al género; lamenta que todavía no se haya establecido una cooperación estructurada sobre la perspectiva de género con otros socios institucionales, como la Comisión, el Consejo y el EIGE;

33.  Señala la importancia de aumentar la presencia de personas del sexo menos representado, que suelen ser las mujeres, en las listas electorales; alienta encarecidamente a los partidos políticos europeos y a sus miembros a garantizar una representación de candidatos equilibrada en función del género de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, mediante listas cremallera u otros métodos como las listas paritarias; aboga por una representación equilibrada entre hombres y mujeres en todos los niveles;

34.  Pide a los grupos políticos del Parlamento que, de cara a la legislatura 2019-2024, garanticen una composición equilibrada de los órganos de gobierno del Parlamento Europeo y recomienda que propongan a diputados y a diputadas para los cargos de presidente, vicepresidentes y miembros de la Mesa, así como para la presidencia de las comisiones y las delegaciones con miras a conseguir este objetivo;

35.  Recomienda que los grupos políticos del Parlamento, de cara a la legislatura 2019-2024, elijan a dos diputados, un hombre y una mujer, para el cargo de copresidentes de sus grupos;

36.  Anima a los grupos políticos del Parlamento a que, de cara a la legislatura 2019-2024, tengan en cuenta el objetivo de lograr una representación equilibrada desde el punto de vista del género a la hora de proponer a diputados como miembros de las comisiones y delegaciones y a que, en particular, propongan un número igual de diputados y diputadas como miembros titulares y suplentes de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, a fin de fomentar la participación de los varones en la política de igualdad de género;

37.  Sugiere que se exploren formas de establecer una red de mujeres en el Parlamento Europeo, integrando las redes nacionales, ya que las redes formales o informales no solo mejoran los procesos de trabajo, sino que también representan un elemento fundamental a la hora de proporcionar información, apoyo mutuo, capacitación y modelos de referencia;

38.  Alienta a los grupos políticos del Parlamento a que adopten una estrategia de integración de la perspectiva de género para garantizar que sus propuestas tengan en cuenta su impacto en la igualdad de género;

39.  Invita al secretario general y a la Mesa a que apliquen a los nombramientos de altos cargos de la administración el mismo principio que se aplica al nombramiento de jefes de unidad, es decir, establecer la obligatoriedad de que la lista final de candidatos incluya a tres personas idóneas con al menos un candidato de cada sexo, precisándose que si todos los demás criterios se satisfacen en igual medida (por ejemplo, cualificaciones o experiencia), se preferirá el sexo menos representado; señala que, de no cumplirse estos estos requisitos, la vacante deberá ser objeto de una nueva convocatoria;

40.  Condena con la máxima firmeza las manifestaciones misóginas realizadas en varias ocasiones en el hemiciclo; acoge con satisfacción las sanciones impuestas por el presidente del Parlamento Europeo y confirmadas por la Mesa contra un diputado al Parlamento Europeo por las observaciones contrarias a la dignidad de la mujer que se formularon durante la sesión plenaria del 1 de marzo de 2017; muestra su preocupación ante la resolución del Tribunal General de la Unión Europea, de 31 de mayo de 2018, por la que se anulan las decisiones del presidente y de la Mesa, basadas ambas en la interpretación de las disposiciones pertinentes del Reglamento interno y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 10 del CEDH (libertad de expresión); insta a su comisión competente para el Reglamento interno a que revise los artículos aplicables para que el respeto y la dignidad queden garantizados en el hemiciclo en todo momento, y, en particular, a que añada una cláusula que exija a los diputados que, en los debates parlamentarios, se abstengan de adoptar un lenguaje de incitación al odio o discriminatorio por motivos de sexo, raza, color, nacionalidad, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, discapacidad, edad u orientación sexual, y establezca que, en el caso de que no se respete esta cláusula, se apliquen sanciones ejemplares;

41.  Acoge con satisfacción la disponibilidad de cursos de formación profesional sobre sesgo y acoso inconscientes, destaca que dichos cursos de formación deben prestar especial atención a la igualdad de género y los problemas de las personas LGBTIQ y deben ser obligatorios para los directores y miembros de paneles de selección, y se deben recomendar encarecidamente al resto del personal;

42.  Elogia la Estrategia de Diversidad e Inclusión de la Comisión, publicada en 2017; insta al Parlamento a que utilice este buen ejemplo, adopte plenamente la gestión de la diversidad y reconozca, valore e incluya al personal de distintas orientaciones sexuales o identidades de género;

Nivel administrativo

43.  Acoge con satisfacción el informe de Dimitrios Papadimoulis titulado «Igualdad de género en la Secretaría General del Parlamento Europeo – situación actual y perspectivas para 2017-2019» y la hoja de ruta para su aplicación; celebra los progresos alcanzados en la aplicación de las acciones concretas de la hoja de ruta y su claro calendario para las medidas específicas relativas a los puestos de dirección, la formación profesional, la sensibilización sobre la igualdad de género, las medidas para la conciliación entre vida privada y vida laboral y el seguimiento periódico del equilibrio de género por medio de estadísticas; pide que se aceleren los avances para lograr los objetivos de igualdad de género fijados para 2019;

44.  Insta al Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad a que lleve a cabo una evaluación bienal de la aplicación de cada uno de los puntos de la hoja de ruta en materia de igualdad de género sobre la base de una presentación de la DG PERS;

45.  Muestra su preocupación por que, a pesar de las firmes declaraciones institucionales y políticas, los objetivos de igualdad de género no se mencionan explícitamente en los documentos presupuestarios del Parlamento ni se tienen en cuenta en todas las etapas del proceso presupuestario;

46.  Sugiere a la DG PERS que elabore un cuestionario que deben cumplimentar las mujeres con carácter voluntario, especialmente las que ocupan puesto directivos medios, en el que se les pregunte sobre la motivación, los obstáculos profesionales y las oportunidades, a fin de comprender mejor las barreras que surgen a la hora de postularse para puestos directivos superiores;

47.  Acoge con satisfacción el informe anual sobre recursos humanos elaborado por el Parlamento;

48.  Recuerda que, en lo que respecta a las medidas para mejorar el equilibrio entre vida privada y vida laboral, debe fomentarse específicamente que su uso sea aceptado por los cargos directivos y que, cuando proceda, recurran a ellas en igual medida ambos miembros de una pareja; señala que la sensibilización pública sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar en el Parlamento debe aumentarse en mayor medida mediante talleres, cursos de formación y publicaciones; indica que los diputados al Parlamento Europeo y el personal deben estar bien informados de que las medidas para mejorar el equilibrio entre la vida laboral y familiar, como el permiso de maternidad / paternidad, el permiso parental, el permiso de cuidador y las medidas de flexibilidad laboral ayudarían a lograr la igualdad de género en el Parlamento, fomentando una mejor distribución de las responsabilidades de cuidados entre hombres y mujeres, mejorar la calidad del empleo de las mujeres y su bienestar y repercutirán a largo plazo sobre el desarrollo social y económico;

49.  Recomienda que la Dirección General de Comunicación del Parlamento incluya una perspectiva de género más fuerte y más activa en su informe sobre la formulación de políticas del Parlamento y, especialmente, en la preparación de la campaña de las elecciones europeas en 2019;

50.  Celebra los progresos realizados en la Secretaría del Parlamento para mejorar la igualdad de género en los cuadros medios y superiores, pero observa que, a pesar de que la mayoría de los funcionarios del Parlamento son mujeres, su representación en puestos directivos medios o superiores sigue siendo muy reducida: a finales de 2017, el 15,4 % de los directores generales, el 30,4 % de los directores y el 36,2 % de los jefes de unidad de la Secretaría del Parlamento eran mujeres; recuerda, por tanto, que al elegir entre diversos candidatos con el mismo perfil (experiencia, cualificación, etc.) debe darse prioridad al género subrepresentado;

51.  Solicita que el conocimiento o la experiencia en materia de incorporación de la perspectiva de género se considere un activo en las convocatorias de personal y la selección de personal;

52.  Pide a las secretarías de las comisiones del Parlamento que ayuden a sus miembros a garantizar una composición equilibrada de los oradores en las audiencias de las comisiones y que, para ello, propongan una lista de expertos equilibrada en cuanto al género;

53.  Destaca que, a fin de avanzar realmente en la mejora de la igualdad de género en la Secretaría del Parlamento y en los grupos políticos, se requiere un cambio cultural para lograr, a su vez, un cambio de actitud en los conceptos y los comportamientos que refuerce el desarrollo de una cultura de igualdad en la Secretaría;

o
o   o

54.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 224 de 27.6.2018, p. 96.
(2) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 35.
(3) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 65.
(4) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 1.
(5) DO C 316 de 30.8.2016, p. 2.
(6) DO C 263 de 25.7.2018, p. 49.
(7) DO C 61 E de 10.3.2004, p. 384.
(8) DO C 244 E de 18.10.2007, p. 225.
(9) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 18.
(10) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 32.
(11) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 11.
(12) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(13) DO C 35 de 31.1.2018, p. 35.
(14) DO C 50 de 9.2.2018, p. 15.
(15) DO C 346 de 27.9.2018, p. 192.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0331.
(17) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
(18) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-equal-opportunities-diversity-inclusion-2017.pdf
(19) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/diversity-inclusion-charter-2017-07-19-en.pdf
(20) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/151203_strategic_engagement_en.pdf
(21) https://rm.coe.int/prems-093618-gbr-gender-equality-strategy-2023-web-a5/16808b47e1
(22) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0455.
(23) «The Global Gender Gap Report 2016», World Economic Forum, 2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/
(24) «Sustainable development in the European Union – monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context», Eurostat, 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
(25) Informe titulado «Las mujeres en el Parlamento Europeo», Parlamento Europeo, 8 de marzo de 2018, http://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/2018/0001/P8_PUB%282018%290001_ES.pdf
(26) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.


Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión
PDF 124kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión (2018/2222(INI))
P8_TA(2019)0011A8-0393/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2007/198/Euratom, por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas (COM(2018)0445),

–  Vista la Decisión del Consejo 2007/198/Euratom por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas(1),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo, de 13 de noviembre de 2017, sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Empresa Común,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de junio de 2017, sobre la contribución de la UE al proyecto ITER reformado (COM(2017)0319),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8‑0393/2018),

A.  Considerando que la fusión podría desempeñar un papel clave en el futuro panorama energético europeo y mundial como fuente de energía potencialmente inagotable, segura, respetuosa con el clima y con el medio ambiente, y competitiva desde un punto de vista económico;

B.  Considerando que la fusión ya ofrece oportunidades concretas para el sector y tiene un efecto positivo sobre el empleo, el crecimiento económico y la innovación que se hace notar más allá de los ámbitos de la fusión y la energía;

C.  Considerando que la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión coordina la investigación científica y tecnológica y las actividades de desarrollo en el ámbito de la fusión;

D.  Considerando que Europa ha desempeñado un papel destacado en el proyecto ITER, desarrollado en estrecha colaboración con los signatarios no europeos del Acuerdo ITER (Estados Unidos, Rusia, Japón, China, Corea del Sur e India), y que la contribución europea, canalizada a través de la Empresa Común, representa el 45 % de los costes de construcción del proyecto;

E.  Considerando que la propuesta de la Comisión de modificar la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo tiene por objeto financiar la continuación de la participación europea en el proyecto ITER durante todo el próximo marco financiero plurianual, a fin de garantizar la continuidad del proyecto en pos de avances científicos fundamentales en el desarrollo de la fusión para uso civil, lo que debería facilitar en última instancia la producción de energía segura y viable que cumpla los objetivos del Acuerdo de París;

1.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas, la cual sentará las bases para la financiación de las actividades de la Empresa Común durante el período 2021‑2027 en aplicación del Tratado Euratom;

2.  Lamenta que el Consejo no haya consultado dicha propuesta con el Parlamento y acoge con satisfacción la intención declarada por la Comisión, como parte del discurso sobre el estado de la Unión de 2018, de estudiar las «opciones de mejora del voto por mayoría cualificada y de posible reforma del Tratado Euratom»; espera que una reforma de este tipo conduzca necesariamente a poderes colegislativos para el Parlamento;

3.  Recuerda el retraso en la construcción del reactor experimental, ya que inicialmente estaba previsto que el ITER estuviera construido, a más tardar, en 2020, pero en 2016 el Consejo de la Organización ITER aprobó un nuevo calendario para alcanzar el Primer Plasma en diciembre de 2025, la fecha para la construcción del ITER más temprana técnicamente posible;

4.  Hace hincapié en que no debe superarse la contribución de Euratom a la Empresa Común para el período 2021‑2027;

5.  Subraya que, a fin de evitar sucesivas revisiones al alza del coste previsto del proyecto, evitar retrasos en las fechas previstas para los resultados intermedios de carácter operativo y garantizar el mayor grado posible de fiabilidad del calendario, la Organización Internacional de la Energía de Fusión ITER debe introducir en todo calendario revisado disposiciones en cuanto a un margen razonable para imprevistos; apoya en este sentido las disposiciones en cuanto a un margen razonable para imprevistos propuestas por la Comisión, que abarcan hasta 24 meses en cuanto al calendario y entre el 10 % y el 20 % en relación con el presupuesto;

6.  Acoge con satisfacción el nuevo enfoque de gestión de riesgos adoptado por la Organización Internacional de la Energía de Fusión ITER y alienta al Consejo de esta a reducir aún más el número de subcomités, racionalizar sus funciones y eliminar solapamientos;

7.  Pide al Consejo que apruebe la propuesta de la Comisión e introduzca las siguientes modificaciones:

   que indique la contribución de Euratom a la Empresa Común tanto a precios constantes como corrientes,
   que utilice, en aras de la claridad, la palabra «Euratom» en lugar de «Comunidad» en todo el texto,
   que incluya disposiciones claras sobre los comités que asisten al consejo de administración de la Empresa Común, en particular el Comité de Administración y Gestión, el Comité de Adquisición y Contratos, y el Grupo Consultivo Técnico, en lo relativo a su composición, carácter permanente o temporal, número de reuniones y método de remuneración de sus miembros,
   que evalúe y elimine el solapamiento de responsabilidades entre el Comité de Administración y Gestión y el Grupo Consultivo Técnico por lo que respecta a los planes de proyecto y los programas de trabajo,
   que introduzca disposiciones relativas a las contribuciones del Estado anfitrión del ITER,
   que incluya en el anexo III («Reglamento financiero: principios generales») la obligación de establecer en el reglamento financiero de la Empresa Común normas y procedimientos para evaluar las contribuciones en especie,
   que introduzca en el artículo 5 y el anexo III disposiciones que permitan a la Empresa Común recibir fondos en forma de instrumentos financieros en el marco de operaciones de financiación mixta ejecutadas de conformidad con el futuro programa InvestEU,
   que aclare el papel y la contribución del Reino Unido a la luz de su situación respecto a Euratom, y en particular en lo que se refiere a la posible participación en el ITER,
   que incluya disposiciones relativas a las sinergias y la cooperación entre el ITER y el programa de investigación y formación de Euratom para el período 2021‑2025,
   que se plantee la cooperación con pequeñas y medianas empresas privadas con capacidad disruptiva, por ejemplo, empresas emergentes que experimenten con nuevos enfoques y tecnologías, en relación con el programa de investigación y con la red de organizaciones designadas en el ámbito de la investigación científica y tecnológica sobre la fusión,
   que aclare las disposiciones relativas a las evaluaciones e informes anuales preparados por la Empresa Común,
   que incluya en la propuesta una recomendación para estudiar posibles usos posteriores de los materiales utilizados actualmente en el proyecto ITER;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 90 de 30.3.2007, p. 58.


Evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público
PDF 127kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la evaluación de la utilización del presupuesto de la UE para la reforma del sector público (2018/2086(INI))
P8_TA(2019)0012A8-0378/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el estudio Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it, publicado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión en 2016(1),

–  Vista la Estrategia Europa 2020,

–  Vistos el actual período de financiación de la UE (2014-2020) y la propuesta de la Comisión para el nuevo marco financiero plurianual (2021-2028),

–  Visto el acuerdo alcanzado por los colegisladores en julio de 2018 para aumentar el presupuesto del programa de apoyo a las reformas estructurales,

–  Visto el artículo 197 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0378/2018),

A.  Considerando que la administración pública de los Estados miembros es fundamental en la ejecución del presupuesto de la UE, y que su eficaz funcionamiento puede contribuir a la implantación de sistemas modernos que mejoren la prosperidad y el bienestar en la Unión;

B.  Considerando que la nueva propuesta de marco financiero plurianual (MFP) no incluye un objetivo específico para la administración pública en su estado actual;

1.  Señala que las competencias de administración pública están repartidas entre varios servicios de la Comisión y que esto complica la coordinación efectiva de los servicios competentes y las iniciativas y los programas financiados por la Unión; pide una mayor coordinación de todos los programas de asistencia técnica a fin de evitar duplicaciones y garantizar que las medidas no resulten ineficaces para que no anulen los esfuerzos de la Comisión por promover el uso combinado de fondos con miras a explotar las sinergias; pide a la Comisión que optimice sus sistemas de intercambio de buenas prácticas a fin de ayudar a los Estados miembros a aplicar prácticas modélicas, sin imponer políticas tendentes a la devaluación salarial o a reformas socialmente insostenibles;

2.  Pide al próximo presidente de la Comisión que asigne a un comisario la responsabilidad para las cuestiones relacionadas con la mejora de la administración pública y la gobernanza;

3.  Opina que la reforma efectiva del sector público es esencial para ayudar a los Estados miembros a adaptarse a circunstancias cambiantes, aumentar la resiliencia para evitar futuras crisis, ampliar la administración electrónica y mejorar la prestación de servicios en toda la Unión, especialmente en lo que se refiere a nuevas tecnologías y sistemas informáticos, y que esto contribuiría notablemente a reducir la cantidad de residuos y la exposición a los mismos, así como a evitar la pérdida o uso fraudulento de fondos de la Unión; pide, por lo tanto, que también en futuros periodos de programación se prevea la financiación de operaciones para el despliegue de la administración electrónica, en consonancia con los principios y las prioridades enunciados en el Plan de Acción de Administración Electrónica de la UE;

4.  Señala que, a menudo, en particular en las regiones menos desarrolladas, existen dificultades para acceder o utilizar la financiación, debido a cuestiones burocráticas, problemas de capacidad administrativa o irregularidades; espera, por tanto, que se fomenten en los Estados miembros reformas internas orientadas a una mayor materialización del principio de buena administración y a la aceleración de los procedimientos judiciales;

5.  Señala que el presupuesto de la UE proporciona aproximadamente 9 000 millones de euros de ayuda a los Estados miembros de la Unión para la reforma de la administración pública; anima a la Comisión a que haga que este apoyo financiero vaya acompañado por la puesta en común selectiva de conocimientos, experiencia y buenas prácticas entre Estados miembros;

6.  Pide a la Comisión que intensifique la cooperación con los Estados miembros, a fin de apoyar a las regiones menos desarrolladas, aumentando la capacidad y la gobernanza administrativa;

7.  Pide medidas para fomentar la ejecución de programas que promuevan el desarrollo y la aplicación de estrategias de recursos humanos, por ejemplo, a través de intercambios de mejores prácticas entre Estados miembros en los que participen también líderes y otros altos cargos;

8.  Destaca que, con frecuencia, se han observado numerosos solapamientos entre los programas operativos específicos y otros recursos financieros de la Unión, y pide que se presenten propuestas; espera, en consecuencia, que mejore la asistencia destinada a fomentar la coordinación, la complementariedad y la simplificación;

9.  Subraya la importancia de que se garantice que los programas operativos se ejecutan de la manera más efectiva y sencilla posible; considera esencial que los Estados miembros se abstengan de añadir normas que compliquen el uso de los fondos al beneficiario;

10.  Señala que la Comisión no cuenta con un marco de evaluación normalizado y compartido arraigado para la administración pública ni un método de recogida sistemática de datos; observa con preocupación que, como consecuencia de la falta de estas herramientas, la Comisión elabora análisis incompletos de cuestiones correspondientes a todos los Estados miembros; propone la reintroducción de un capítulo dedicado a la administración pública y la gobernanza en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

11.  Pide a la Comisión que evalúe previamente la capacidad administrativa de las estructuras responsables de la aplicación de las políticas de desarrollo, propiciando, para los proyectos de carácter particularmente estratégico, el recurso a estructuras y agencias nacionales capaces de mejorar y acelerar la ejecución de los programas y de operaciones individuales;

12.  Considera que el MFP debe utilizarse para incentivar programas que logren una mejor administración pública y una mejor gobernanza, en particular para ayudar a los Estados miembros en situaciones de recesión económica, reconociendo que, en tales circunstancias, las reformas en el ámbito de los sistemas de administración pública pueden ayudar a los Estados miembros afectados;

13.  Acoge con satisfacción que se hayan recogido propuestas en el próximo marco financiero plurianual con vistas a impedir que se produzcan solapamientos entre los programas y fomentar una mayor simplificación;

14.  Anima a la Comisión a que desarrolle, en colaboración con los Estados miembros, un marco de evaluación específico que refleje los aspectos cuantitativos y cualitativos de una administración pública de calidad, y a que desarrolle su propia capacidad de análisis; hace hincapié en la necesidad de evaluar las dificultades que afronta cada Estado miembro y, empleando los recursos disponibles, promover medidas dirigidas a superar estas dificultades vigorizando el criterio de la condicionalidad ex ante y fijando objetivos;

15.  Propone que la Comisión mejore el diálogo político con los Estados miembros, garantizando la creación de un foro específico;

16.  Propone prever tiempo en su calendario parlamentario para un diálogo estructurado con los Parlamentos nacionales sobre las cuestiones relacionadas con la mejora de la administración pública en toda la Unión; pide a la Unión que mejore la supervisión y la evaluación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) del objetivo temático 11, incluyendo indicadores específicos para evaluar los avances hacia los objetivos y prioridades de la Unión relativos a las reformas de la administración pública;

17.  Acoge con satisfacción el desarrollo de un valor de referencia para evaluar la capacidad de la administración pública de los países candidatos de la UE para asumir las responsabilidades de la adhesión a la Unión; espera que los Estados miembros promuevan reformas internas que materialicen en mayor medida la aplicación del principio de buena administración;

18.  Señala que la Comisión y algunos Estados miembros cofinancian el Premio del Sector Público Europeo, que reúne a los mejores, los más innovadores y los más eficientes del sector público europeo; opina que la Comisión debe garantizar un mayor intercambio de información y en el ámbito del aprendizaje, y aspirar a ampliar su alcance en toda Europa;

19.  Estima necesario promover, dentro de las administraciones públicas, procesos innovadores que favorezcan una mejor conectividad y digitalización y servicios digitales de calidad para los ciudadanos, las empresas y las autoridades públicas, manteniendo de manera constante el ritmo del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías en las zonas en cuestión; acoge con satisfacción que la nueva propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) proporcione a los futuros beneficiarios la información necesaria para permitirles utilizar los sistemas lo más rápidamente posible;

20.  Reconoce que el compromiso de la administración local es un requisito previo para la consecución de los objetivos a escala de la Unión en este ámbito; llama la atención sobre la propuesta de la Declaración de Tallin consistente en mejorar las estructuras de gobernanza conjunta con las autoridades locales y regionales a nivel nacional(2);

21.  Acoge con satisfacción las redes existentes(3) que reúnen a representantes de los Estados miembros, en particular los que reciben financiación de la UE, con el fin de mejorar la administración pública mediante el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje mutuo;

22.  Opina que las redes existentes podrían mejorar significativamente su rendimiento fijando objetivos más ambiciosos y desarrollando enfoques más proactivos tales como el aprendizaje comparativo, que combina la autoevaluación de los Estados miembros con un sistema mejorado de evaluación por pares;

23.  Considera que una administración pública de calidad es una condición previa esencial para alcanzar los objetivos políticos fijados por la UE dentro y fuera del MFP; subraya la importancia de una buena comunicación y una buena sensibilización política en la creación de un clima de confianza y el fomento de acciones y programas de reforma positivos;

24.  Considera necesario que, de forma constante, se evalúe el cumplimiento del principio de adicionalidad y complementariedad de las políticas de cohesión en lo que respecta a las operaciones financiadas con recursos ordinarios, en particular para evitar que las políticas de cohesión sustituyan a los recursos nacionales ordinarios;

25.  Señala que, a pesar de que los recursos de los Fondos EIE para el plan regional de ejecución han aumentado desde el punto de vista cuantitativo durante el último período de programación, se podría mejorar el seguimiento con el fin de evaluar la incidencia de tal financiación en ese plan;

26.  Pide que continúe el trabajo de los grupos de trabajo de la Comisión encargados de prestar asistencia a las autoridades nacionales de los Estados miembros para que ejecuten mejor los fondos de la política de cohesión en aquellos Estados miembros menos desarrollados en lo que se refiere a la absorción de los recursos de los Fondos EIE;

27.  Recalca la importancia del programa de apoyo a las reformas y espera que se fortalezca durante el próximo período de programación, gracias a una definición clara de su función de facilitador más que de asistencia técnica, y que también se mejore desde el punto de vista de su eficacia y eficiencia, sin trasladar al presupuesto de cohesión los recortes propuestos actualmente por la Comisión en el MFP 2021-2027;

28.  Observa que la Unión, a pesar de que carece de competencias jurídicas directas en el sector administrativo, tiene un efecto positivo en las administraciones públicas de los Estados miembros y, en particular, desempeña una función indirecta al establecer normas administrativas en el acervo comunitario, posibilitar el intercambio de mejores prácticas en toda la Unión y ofrecer instrumentos presupuestarios destinados a apoyar y fomentar la reforma de la administración pública mediante el refuerzo de la capacidad administrativa y la eficiencia de las administraciones y el fomento de la innovación en el sector público;

29.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Estudio — Public Sector Reform: How the EU budget is used to encourage it (Reforma del sector público: cómo se utiliza el presupuesto de la UE para fomentarla), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, Departamento D — Asuntos Presupuestarios, 2016.
(2) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration
(3) La Red Europea de Administración Pública (EUPAN), la Red Temática sobre la Administración Pública y la Gobernanza (PAG) y otras plataformas y redes centradas específicamente en la justicia, la lucha contra la corrupción, la digitalización, la contratación pública, etc.


Directrices de la UE y mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión
PDF 158kWORD 60k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre las Directrices de la UE y el mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión (2018/2155(INI))
P8_TA(2019)0013A8-0449/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la protección legal internacional de la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias que garantizan el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), de 1948, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de 1966, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981, el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 10, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la observación n.º 22 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 30 de julio de 1993, sobre el artículo 18 de la DUDH de 1948, así como su Resolución 16/18, de 12 de abril de 2011, sobre la lucha contra la intolerancia, los estereotipos negativos, la estigmatización, la discriminación, la incitación a la violencia y la violencia contra las personas basada en la religión o las creencias,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular sus artículos 2 y 21,

–  Visto el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de febrero de 2011, sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia por motivos de religión o creencias,

–  Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia, adoptados el 25 de junio de 2012 por el Consejo, y el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea, de 24 de junio de 2013, sobre la promoción y protección de la libertad de religión o creencias,

–  Vista su Recomendación, de 13 de junio de 2013, sobre el proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias(1),

–  Vistas sus Resoluciones, de 20 de enero de 2011, sobre la situación de los cristianos en relación con la libertad de religión(2), de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh»(3), y, de 14 de diciembre de 2017, sobre la situación de los rohinyás(4),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el nuevo planteamiento de la UE con respecto a los derechos humanos y la democracia – evaluación de las actividades de la Dotación Europea para la Democracia (DED) desde de su creación(5), en particular sus apartados 27 y 28,

–  Vistas sus Resoluciones, de 14 de diciembre de 2016(6) y de 23 de noviembre de 2017(7), respectivamente, sobre los informes anuales de 2015 y de 2016 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, en particular, con respecto a 2015, el apartado 14 de la Resolución de 2016, y en particular, con respecto a 2016, el apartado 8 de la Resolución de 2017,

–  Visto el «Plan de Acción Rabat», publicado el 5 de octubre de 2012 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia,

–  Visto el mandato del enviado especial para la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión fuera de la Unión,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos a escala mundial,(8)

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de mayo de 2014, sobre un planteamiento basado en los derechos a la cooperación para el desarrollo, que abarca todos los derechos humanos, y visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 30 de abril de 2014, titulado «Una caja de herramientas para un enfoque basado en los derechos que abarque todos los derechos humanos para la cooperación de la UE al desarrollo» (SWD(2014)0152 final),

–  Vista la concesión del Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2015 al bloguero y activista saudí Raif Badawi por sus notables esfuerzos para fomentar el debate abierto sobre religión y política en su país, y vista su prolongada reclusión tras haber sido condenado a diez años de cárcel, mil latigazos y una cuantiosa multa por presuntamente «insultar al islam»,

–  Visto el caso de la mujer cristiana pakistaní Asia Bibi, que fue encarcelada y condenada a muerte por blasfemia, y vista su reciente absolución,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0449/2018),

A.  Considerando que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, a la que normalmente se hace referencia en el marco de la Unión, así como en la presente Resolución, como el derecho a la libertad de religión o creencias, constituye un derecho humano inherente a todos los seres humanos y un derecho fundamental de todas las personas por igual, que no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación, tal y como se consagra en los textos constitutivos internacionales y europeos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que toda persona tiene derecho a que se respeten todos sus derechos humanos, tal como se reconocen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, sin discriminación por motivos de raza, etnia, capacidades, género, orientación sexual, creencias religiosas o ausencia de creencias religiosas; que, con arreglo al artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la acción exterior de la Unión descansa en los principios que han presidido su creación; y que, con arreglo al artículo 2 del Tratado, la Unión se fundamenta en sociedades caracterizadas por el pluralismo y la tolerancia;

B.  Considerando que el principio de separación entre Iglesia y Estado en todo el mundo y en Europa constituye un principio rector en la formación cívica;

C.  Considerando que el Parlamento Europeo ha definido el laicismo como la estricta separación de las autoridades religiosas y políticas, lo que conlleva el rechazo de cualquier injerencia religiosa en el funcionamiento de las instituciones públicas, así como de cualquier injerencia pública en materia religiosa, salvo si su objetivo es hacer respetar las normas de seguridad y preservar el orden público (incluido el respeto a la libertad de los demás) y garantizar la igualdad de la libertad de conciencia para todos, independientemente de que sean creyentes, agnósticos o ateos;

D.  Considerando que la libertad de religión o creencias implica el derecho de las personas a elegir en qué creer o no creer, el derecho a cambiar o abandonar su religión y sus convicciones sin ningún tipo de limitación, así como el derecho a practicar y manifestar el pensamiento, la conciencia, la religión y las creencias de su elección, ya sea individualmente o en comunidad, tanto en privado como en público; que la manifestación del pensamiento, la conciencia, la religión o las creencias puede expresarse a través del culto, la observancia, la práctica y la enseñanza; que la libertad de religión o creencias implica el derecho de las comunidades de creyentes y no creyentes a preservar o abandonar sus valores y a actuar de acuerdo con ellos, así como el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones religiosas, laicas y aconfesionales; que, para garantizar que las personas puedan disfrutar de la libertad de religión o creencias de forma equitativa, es primordial proteger a las personas que profesan una religión, o ninguna, y abordar efectivamente las violaciones de esta libertad, como por ejemplo la discriminación o las restricciones legales basadas en la religión o las creencias;

E.  Considerando que las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar religión ni creencia alguna, también están amparados por el artículo 18 del PIDCP; que el profesar o no una religión o creencia es un derecho absoluto que no puede limitarse en circunstancia alguna;

F.  Considerando que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, interdependientes y están interrelacionados; que la libertad de religión o creencias comprende elementos de muchos otros derechos humanos y libertades fundamentales, de los que depende, como la libertad de expresión y la libertad de reunión y de asociación, y juntos desempeñan un papel importante en la lucha contra todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias;

G.  Considerando que la libertad de religión termina cuando su práctica viola los derechos y las libertades de los demás, y que la práctica de una religión o creencia no puede jamás ni bajo ningún pretexto justificar el extremismo violento o la mutilación, ni puede usarse como salvoconducto para llevar a cabo acciones que vulneren la dignidad inherente de las personas;

H.  Considerando que el respeto de la libertad de religión o creencias contribuye directamente a la democracia, al desarrollo, al Estado de Derecho, a la paz y a la estabilidad; que las violaciones de esta libertad están generalizadas, afectan a personas en todas partes del mundo, vulneran la dignidad humana y pueden dar lugar a la intolerancia, o exacerbarla, siendo a menudo indicadores tempranos de situaciones de violencia y conflictos; que los Estados deben actuar con la diligencia debida a fin de evitar, investigar y castigar los actos de violencia, o la amenaza que representan, contra determinadas personas por motivo de su religión o sus creencias, así como exigir responsabilidades en el supuesto de que lleguen a cometerse;

I.  Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del TUE, la Unión promueve y defiende la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el respeto de la dignidad humana como parte de los principios rectores de su política exterior;

J.  Considerando que en muchos países siguen persistiendo las restricciones y los antagonismos religiosos, generados por los gobiernos o las sociedades; que algunas minorías religiosas han sido objeto de crecientes amenazas y persecuciones por parte de agentes estatales y no estatales; que los defensores de los derechos humanos de todo el mundo que luchan en favor de la libertad de religión o creencias sufren cada vez más amenazas y ataques;

K.  Considerando que, para lograr el objetivo de promover la libertad de pensamiento, conciencia y religión a través de la política exterior de la Unión, el Consejo adoptó en junio de 2013 las Directrices de la UE sobre la promoción y la protección de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y que, en mayo de 2016, la Comisión designó al primer enviado especial para la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión fuera de la Unión, con un mandato de un año que ha sido renovado desde entonces en dos ocasiones por un año más;

L.  Considerando que la Unión ha promovido la libertad de religión o creencias, a nivel internacional y a través de foros multilaterales, en particular asumiendo el liderazgo en las resoluciones temáticas sobre la libertad de religión o creencias en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) y apoyando el mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, y colaborando con él, así como colaborando con terceros países de ideas afines;

M.  Considerando que la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en particular a través del apoyo de la sociedad civil para la protección de los derechos de los creyentes y los no creyentes, especialmente los derechos de las personas que pertenecen a minorías religiosas o de creencias, del apoyo a los defensores de los derechos humanos, de la lucha contra la discriminación por motivos de religión o creencias, así como de la promoción del diálogo intercultural e interreligioso, constituye un elemento prioritario de la financiación en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para 2014-2020; que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y los instrumentos financieros de la Unión, como el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), también han apoyado proyectos que permiten mejorar el entorno para la libertad de pensamiento, conciencia y religión;

1.  Subraya que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, a la que normalmente se hace referencia en el marco de la Unión, así como en la presente Resolución, como la libertad de religión o creencias, es un derecho humano universal, un valor de la Unión y un pilar fundamental e innegable de la dignidad, que afecta en gran medida a todas las personas, a su identidad y desarrollo personales, así como a las sociedades; subraya que las personas deben tener libertad para organizar su vida personal de acuerdo con sus propias convicciones; hace hincapié en que el derecho a la libertad de religión o creencias incluye el derecho a no creer, a profesar opiniones teístas, no teístas, agnósticas o ateas, así como el derecho a la apostasía; afirma que la libertad de religión o creencias debe ser debidamente protegida, promovida y salvaguardada por todas las partes, así como fomentada a través del diálogo interreligioso e intercultural, de conformidad con el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los valores de la Unión Europea establecidos en el TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; destaca la obligación de los Estados de garantizar la libertad de religión o creencias y de tratar a todas las personas por igual, sin discriminación por motivos de religión o creencias, con el fin de preservar unas sociedades pacíficas, democráticas y pluralistas que respeten la diversidad y las creencias;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por que en los últimos años se haya producido un drástico aumento de las violaciones de la libertad de religión o creencias en todo el mundo, así como de la persecución de las personas creyentes y no creyentes; condena la instrumentalización de las cuestiones religiosas con fines políticos, así como la violencia, el acoso o las presiones sociales contra cualquier persona o grupo de personas por motivos de pensamiento, conciencia, religión o creencias; condena la persecución y los ataques contra los grupos étnicos y religiosos, los no creyentes, los ateos y cualquier otra minoría, así como la persecución de mujeres y niñas, y de cualquier persona por motivos de orientación sexual; condena, asimismo, las conversiones forzosas y las prácticas nocivas, como la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y algunas otras prácticas asociadas a manifestaciones de una religión o creencia, o percibidas como tales, y pide que se exijan responsabilidades de inmediato por tales violaciones; destaca que las violaciones de la libertad de religión o creencias son a menudo la causa del aumento de las guerras u otros conflictos armados, o contribuyen a exacerbarlos, provocando violaciones del Derecho humanitario, en particular masacres o genocidios; destaca que estas violaciones de la libertad de religión o creencias socavan la democracia, impiden el desarrollo e influyen negativamente en el disfrute de otras libertades y derechos fundamentales; destaca que esta situación obliga a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reafirmar su determinación y a reforzar sus acciones de promoción de la libertad de religión o creencias para todos;

3.  Destaca que, de conformidad con el artículo 21 del TUE, la Unión y sus Estados se han comprometido a fortalecer el respeto de los derechos humanos, como principio rector de la política exterior de la Unión; acoge con gran satisfacción que las Directrices de la Unión para 2013 integren la promoción y protección de la libertad de religión o creencias en la política exterior y las acciones exteriores de la Unión, y pide, en este sentido, que se sigan reforzando las actividades destinadas a la sensibilización y la aplicación de las Directrices;

4.  Destaca que, de conformidad con el artículo 17 del TFUE, la Unión se ha comprometido a mantener un diálogo abierto, transparente y periódico con las iglesias y con organizaciones religiosas, filosóficas y aconfesionales; destaca el impacto de estos diálogos en el respeto de otros derechos humanos; destaca que algunos socios internacionales de la Unión a menudo acogen estos diálogos interreligiosos e interculturales con mayor apertura, y que estos diálogos crean un punto de partida para realizar progresos en otros ámbitos;

5.  Subraya la importancia de llegar a los no creyentes en aquellos países en los que no pueden organizarse ni gozan de libertad de reunión;

Estrategia de la Unión para promover y proteger la libertad de religión o creencias a través de las relaciones internacionales y la cooperación

6.  Acoge con satisfacción el aumento de la promoción de la libertad de religión o creencias en la política exterior y las acciones exteriores de la Unión en los últimos años, en particular a través de la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión y el Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia 2015-2019; celebra que este fortalecimiento se esté logrando gracias a un mayor compromiso de un gran número de países socios con el cumplimiento de los respectivos artículos 18 de la DUDH y el PIDCP;

7.  Toma nota de que en 2016 el presidente de la Comisión creó el cargo de enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión, en respuesta a la resolución del Parlamento de 4 de febrero de 2016; considera que el nombramiento del enviado especial constituye un importante avance y un reconocimiento claro de la libertad de religión o creencias en la agenda de derechos humanos de la política exterior y las acciones exteriores de la Unión, tanto a nivel bilateral como multilateral, así como en el marco de la cooperación para el desarrollo; alienta al enviado especial a que mantenga su compromiso, su cooperación y la complementariedad de sus acciones con las del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos sobre esta cuestión, incluida la promoción de las directrices de la Unión; observa con satisfacción el apoyo activo por parte del comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo y de la DG DEVCO al enviado especial;

8.  Destaca la importancia de asociar los esfuerzos con vistas a promover la libertad de religión o creencias y los diálogos inter e intrarreligiosos, interconfesionales, interculturales e interfilosóficos y a prevenir el extremismo religioso sobre una base complementaria y que se refuerce mutuamente, con el fin de defender la libertad de religión o creencias en el mundo, en particular en los países vecinos y en otros países con los que la Unión mantiene relaciones especiales; subraya que las organizaciones aconfesionales, humanistas y laicas también desempeñan un importante papel en la prevención del extremismo religioso;

9.  Pide una mayor cooperación para prevenir la persecución de las minorías por motivos de pensamiento, conciencia, religión o creencias, así como para crear unas condiciones que permitan la coexistencia pacífica en las sociedades marcadas por la diversidad y para garantizar el diálogo permanente entre líderes e interlocutores religiosos, representantes del mundo académico, iglesias y otras organizaciones confesionales, agrupaciones no creyentes, instituciones nacionales de derechos humanos, defensores de derechos humanos, organizaciones juveniles y de defensa de los derechos de la mujer, representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a las delegaciones de la Unión que determinen en colaboración con sus diversos interlocutores un conjunto de objetivos comunes para fomentar la libertad de religión o creencias a través del diálogo sobre derechos humanos;

10.  Considera que el analfabetismo religioso, así como la falta de conocimiento y reconocimiento del papel que las religiones desempeñan para gran parte de la humanidad, alimentan los prejuicios y estereotipos que contribuyen a acrecentar las tensiones, los malentendidos y el trato irrespetuoso e injusto relacionado con las actitudes y el comportamiento de gran parte de la población; destaca la importancia de la educación para proteger y consolidar la libertad de religión o creencias en todo el mundo y combatir la intolerancia; pide a los responsables de los medios de comunicación y las redes sociales que participen de forma positiva y respetuosa en debates públicos, evitando los prejuicios y estereotipos negativos sobre las religiones y los creyentes, y que ejerzan su libertad de expresión de forma responsable, tal como dispone el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

11.  Lamenta que algunos países tengan, apliquen o pretendan introducir leyes penales que imponen castigos por blasfemia, conversión o apostasía, incluida la pena de muerte; lamenta que por lo general estas leyes tengan como objetivo limitar la libertad de expresión o creencias, así como la libertad de expresión, y que a menudo se usen como una forma de opresión de las minorías, así como de opresión política; llama asimismo la atención sobre la situación en que se encuentran algunos países que se enfrentan o corren el riesgo de enfrentarse a conflictos motivados por cuestiones religiosas o que instrumentalizan la religión; pide a la Unión que, en el ámbito de su política exterior, refuerce su compromiso político de dar prioridad a las acciones dirigidas a todos los países afectados por esta situación, con el fin de derogar este tipo de leyes discriminatorias y poner fin a la represión de los defensores de los derechos humanos y a la reducción del espacio de la sociedad civil en materia religiosa; insta a la Unión a que incluya un diálogo sobre derechos humanos que abarque el respeto de la libertad de religión o creencias en todas las negociaciones que se lleven a cabo con vistas a la celebración de acuerdos con países no pertenecientes a la UE;

12.  Condena que Raif Badawi, galardonado con el Premio Sájarov, siga encarcelado tras un juicio ilegítimo, e insta a las autoridades saudíes a que procedan a su liberación inmediata e incondicional;

13.  Pide a las autoridades pakistaníes que garanticen la seguridad de Asia Bibi y de su familia;

Enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión

14.  Celebra que el enviado especial haya desarrollado redes de trabajo efectivas en el seno de la Comisión, así como con el Consejo, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas; pide al enviado especial que presente un informe anual sobre sus prioridades temáticas y los países visitados;

15.  Pide al Consejo y a la Comisión que lleven a cabo una evaluación transparente y exhaustiva de la eficacia y el valor añadido del puesto de enviado especial en el proceso de renovación de su mandato; pide al Consejo y a la Comisión que, sobre la base de esta evaluación, apoyen adecuadamente el mandato institucional, la capacidad y las funciones del enviado especial, explorando la posibilidad de un mandato plurianual sujeto a una revisión anual y creando redes de trabajo en todas las instituciones pertinentes de la Unión;

16.  Subraya que las funciones del Enviado Especial deben centrarse en la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, así como de los derechos a la apostasía, a no creer y a profesar convicciones ateas, prestando atención al mismo tiempo a los no creyentes en situación de riesgo; recomienda que la labor del enviado especial incluya las siguientes tareas: aumentar la visibilidad, la eficacia, la coherencia y la responsabilización de la política de la Unión en el ámbito de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión; facilitar un informe de situación anual y un informe exhaustivo sobre el mandato del enviado especial al Parlamento Europeo, al Consejo, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a la Comisión al terminar el mandato; y trabajar en estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos;

17.  Felicita al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos por su trabajo, en particular en el ámbito de la libertad de religión o creencias; subraya que, a la hora de crear mandatos institucionales, es importante evitar la duplicación de funciones y competencias entre el enviado especial y el representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos;

18.  Señala que varios Estados miembros han creado recientemente nuevos puestos de responsabilidad en relación con la libertad de religión o creencias, cuya función es similar a la del enviado especial; subraya la necesidad de adoptar un planteamiento coherente que abarque los derechos de todas las comunidades religiosas y de las personas no creyentes; alienta la cooperación entre el enviado especial y los funcionarios nacionales encargados de la defensa de la libertad de religión o creencias fuera de su propio país, así como con el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos y el Parlamento Europeo; pide una mayor cooperación y un esfuerzo conjunto y mutuo entre las delegaciones de la Unión y las embajadas de los Estados miembros, con miras a garantizar que la libertad de religión o creencias se promueva con una sola voz y de manera coherente fuera de la Unión y a fin de prestar apoyo a las comunidades y las personas que sufren violaciones de dicha libertad;

19.  Recomienda que se estudie la posibilidad de crear un grupo de trabajo consultivo informal compuesto por representantes de las instituciones de defensa de la libertad de religión o creencias de los Estados miembros y otras instituciones pertinentes, así como representantes y expertos del Parlamento Europeo, representantes del mundo académico y representantes de la sociedad civil, incluidas las iglesias y otras organizaciones confesionales y aconfesionales;

20.  Recomienda que el enviado especial siga desarrollando la cooperación con las partes interesadas fuera de la Unión, en particular trabajando en estrecha colaboración con el representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos y con los diversos relatores especiales de las Naciones Unidas, en particular el relator especial sobre la libertad de religión o creencias, y apoyando su labor, así como estudiando la posibilidad de elaborar iniciativas conjuntas de la Unión Europea y las Naciones Unidas sobre la discriminación de que son objeto los grupos religiosos y las minorías, así como los no creyentes y las personas que cambian de religión o que critican o abandonan una religión, formulando asimismo propuestas comunes sobre cómo poner fin a dicha discriminación; toma nota de la propuesta para establecer un día internacional anual oficial auspiciado por las Naciones Unidas para conmemorar a las víctimas y a los supervivientes de la persecución religiosa;

Directrices de la Unión sobre la promoción y la protección de la libertad de religión o creencias

21.  Considera que las directrices de la Unión presentan un conjunto claro de líneas políticas, principios, normas y temas para las acciones prioritarias y proporcionan al mismo tiempo un instrumento para las acciones de control, evaluación, información y gestión llevadas a cabo por los representantes de la Unión en terceros países, lo que constituye un enfoque estratégico sólido para que la Unión y sus Estados miembros puedan desempeñar una función efectiva en la promoción de la libertad de pensamiento, conciencia y religión fuera de la Unión;

22.  Pide con carácter de urgencia la aplicación efectiva de las Directrices de la Unión sobre la libertad de religión o creencias, con el fin de aumentar la influencia de la Unión con respecto a la promoción de la libertad de religión o creencias en todo el mundo; destaca que es fundamental comprender cómo las sociedades pueden verse modeladas e influenciadas por las ideas, las religiones y otras formas de cultura y creencias, o la ausencia de ellas, para entender mejor la promoción de la libertad de religión o creencias en la política exterior y la cooperación internacional de la Unión; pide que se preste la misma atención a la situación de los no creyentes, los ateos y los apóstatas, que son víctimas de persecución, discriminación y violencia;

23.  Pide que se refuercen los conocimientos sobre la libertad de religión o creencias y acoge con satisfacción, en este sentido, los esfuerzos realizados hasta la fecha por el SEAE y la Comisión para impartir a los funcionarios de la Unión y a los diplomáticos nacionales formación sobre las religiones y la historia de la religión y las creencias, así como sobre la situación de las minorías religiosas y los no creyentes, respetando plenamente los principios de pluralismo y neutralidad; destaca, no obstante, la necesidad de unos programas de formación más amplios y sistemáticos que refuercen la sensibilización sobre las Directrices de la Unión y aumenten su uso entre los funcionarios y diplomáticos de la Unión y los Estados miembros, y que refuercen la cooperación con el enviado especial; recomienda que el mundo académico, las iglesias y las comunidades y asociaciones religiosas, en toda su diversidad, así como las organizaciones aconfesionales, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil participen en este proceso de formación; pide a la Comisión y al Consejo que asignen unos recursos adecuados a este tipo de programas de formación;

24.  Pide a la Comisión y al SEAE que garanticen la inclusión de un capítulo específico sobre la libertad de religión o creencias en los informes anuales de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, así como la elaboración de informes de situación sobre la aplicación de las Directrices de la Unión, que deberán transmitirse al Parlamento Europeo y al Consejo; observa que las Directrices de la Unión prevén una evaluación de su aplicación por parte del Grupo de Trabajo del Consejo sobre Derechos Humanos tras un periodo de tres años, y que no se ha comunicado ni hecho pública ninguna evaluación de este tipo; pide la publicación de esta evaluación sin demora; considera que la evaluación debe hacer hincapié en las mejores prácticas, determinar ámbitos susceptibles de mejoras y formular recomendaciones concretas sobre la aplicación de las Directrices con arreglo a un calendario y unos objetivos específicos, y en función de una evaluación periódica anual; pide que la evaluación se incluya en los informes anuales de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo;

25.  Destaca las responsabilidades ejercidas por los puntos de contacto en materia de derechos humanos, en particular con respecto a la libertad de religión o creencias, en todas las delegaciones de la Unión y en las misiones de la PCSD; pide que se destinen a estas delegaciones y misiones los recursos adecuados para que puedan llevar a cabo su trabajo de seguimiento, evaluación y comunicación de las situaciones preocupantes en relación con los derechos humanos, incluidas las relativas al respeto de la libertad de religión o creencias;

26.  Recuerda la importancia de las estrategias por país en materia de derechos humanos y democracia, que adaptan la acción de la Unión a la situación y las necesidades específicas de cada país; pide que se preste la debida atención a las cuestiones relacionadas con la libertad de pensamiento, conciencia y religión y que se elaboren líneas de acción de la Unión, de modo que puedan abordarse en el marco de dichas estrategias siempre que esté en peligro la libertad de pensamiento, conciencia y religión; reitera su llamamiento para que se permita a los diputados al Parlamento Europeo acceder al contenido de las estrategias por país en materia de derechos humanos y democracia;

Acciones de la UE en el ámbito de la libertad de pensamiento, conciencia y religión en los foros multilaterales

27.  Celebra el compromiso de la Unión de promover la libertad de religión o creencias en los foros multilaterales, en particular en el seno de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la OSCE y con la Organización de Cooperación Islámica (OCI); apoya, en este sentido, la cooperación de la Unión con el relator especial sobre la libertad de religión o de creencias de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; recomienda que se mantenga la práctica de la Unión de asumir el liderazgo con respecto a resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias y de intentar establecer alianzas y defender posiciones comunes con terceros países y organizaciones internacionales; pide a la Unión y a la Organización de Cooperación Islámica que examinen la posibilidad de presentar una resolución común sobre la libertad de religión o creencias en el marco de las Naciones Unidas;

Instrumentos financieros de la Unión

28.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la libertad de religión o creencias se considere una prioridad del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH); toma nota del aumento de la financiación del IEDDH destinada a proyectos en el ámbito de la libertad de religión o creencias desde la adopción de las Directrices de la Unión; pide a la Comisión y al SEAE que velen por que las labores diplomáticas de la Unión para la promoción de los derechos humanos, incluida la libertad de religión o creencias y los proyectos financiados por el IEDDH, se refuercen mutuamente, y que, al asignar los fondos, actúen dentro del respeto de los principios de neutralidad, pluralismo y equidad; destaca que la libertad de religión o creencias también se puede apoyar mediante instrumentos distintos de los fondos orientados a los derechos humanos, entre ellos los destinados a la prevención de los conflictos o a la educación y la cultura; pide a la Comisión y al Consejo que mantengan una financiación suficiente para los proyectos relacionados con la libertad de religión o creencias en el marco de los instrumentos financieros para la acción exterior de la Unión, con cargo al marco financiero plurianual (MFP) para el periodo 2021-2027; pide que se dote al IEDDH de los medios necesarios para financiar la protección o la exfiltración de librepensadores y defensores de los derechos humanos que están amenazados o son perseguidos en sus países de origen;

29.  Pide un esfuerzo por garantizar la transparencia en la asignación de las financiaciones y el control del uso de los fondos por parte de los grupos religiosos y de sus actividades;

30.  Destaca que las políticas de la Unión en los ámbitos de la paz, la seguridad, la prevención de conflictos, el desarrollo y la cooperación se enfrentan a retos para los que se pueden encontrar soluciones contando con la participación, entre otros, de iglesias, líderes religiosos, representantes del mundo académico, comunidades y asociaciones caracterizadas por su religión o sus creencias, así como organizaciones confesionales y aconfesionales, que constituyen todas ellas una parte fundamental de la sociedad civil; reconoce la importancia de ser consciente de la diversidad de iglesias, comunidades y asociaciones caracterizadas por su religión o sus creencias y organizaciones confesionales y aconfesionales que contribuyen al desarrollo real y realizan una labor humanitaria para y con las comunidades; pide al Consejo y a la Comisión que, cuando proceda, incorporen objetivos y actividades relacionados con la promoción y la protección de la libertad de religión o creencias en la programación de los instrumentos de financiación relacionados con esas políticas, en particular el FED, el ICD, el IEV, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz y el IAP, así como cualquier otro instrumento que pueda crearse en los ámbitos pertinentes después de 2020;

o
o   o

31.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al SEAE, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.

(1) DO C 65 de 19.2.2016, p. 174.
(2) DO C 136E de 11.5.2012, p. 53.
(3) TDO C 35 de 31.1.2018, p. 77.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0500.
(5) DO C 265 de 11.8.2017, p. 130.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0502.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0494.
(8) DO L 77 de 15.3.2014, p. 85.


Igualdad de género y políticas fiscales en la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (2018/2095(INI))
P8_TA(2019)0014A8-0416/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 8, 10, 11, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 23 y 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos y Democracia 2015,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2016, sobre igualdad entre mujeres y hombres (00337/2016),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) anejo a las Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 (07166/2011),

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), en particular su artículo 14, que prohíbe la discriminación,

–  Visto el Pacto Internacional sobre los Derechos económicos, sociales y culturales y el informe de las Naciones Unidas, de 15 de enero de 2016, titulado «Estudio final sobre las corrientes financieras ilícitas, los derechos humanos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales»,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Pekín +5 (2000), Pekín +10 (2005), Pekín +15 (2010) y Pekín +20 (2015),

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), y su artículo 3, en el que se define el término «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres», y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de 1994,

–  Vista la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

–  Vistos los Convenios clave de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la igualdad de género, incluidos el Convenio sobre igualdad de remuneración (n.º 100), el Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación (n.º 111), el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (n.º 156) y el Convenio sobre la protección de la maternidad (n.º 183),

–  Vista la presentación conjunta por el Center for Economic and Social Rights (CESR), Alliance Sud, Global Justice Clinical de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, Public Eye y Tax Justice Network al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer titulada «Swiss Responsibility for the Extraterritorial Impacts of Tax Abuse on Women’s Rights» («Responsabilidad suiza por el impacto extraterritorial del fraude fiscal sobre los derechos de las mujeres»), que destaca la desproporcionada carga fiscal que recae sobre las mujeres, en particular sobre las mujeres con menores ingresos y en países en desarrollo, que es consecuencia de la pérdida de ingresos públicos debida al fraude fiscal transfronterizo,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  Vista la Estrategia Europa 2020 de la Comisión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador,

–  Vistos los informes por países del Semestre Europeo de 2018 presentados por la Comisión,

–  Visto el informe de la Comisión de 2017 sobre igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea,

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition» (Tendencias fiscales en la Unión Europea - datos para los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega), edición de 2018,

–  Visto el Informe de la Comisión, de 8 de mayo de 2018, sobre el desarrollo de los servicios de atención a la infancia para niños de corta edad con vistas a incrementar la participación femenina en el mercado laboral, conseguir la conciliación de la vida privada y la vida laboral de los padres que trabajan y lograr un crecimiento sostenible e integrador en Europa (los «objetivos de Barcelona») (COM(2018)0273),

–  Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro,

–  Vista la propuesta de Directiva del Consejo, de 18 de enero de 2018, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido (COM(2018)0020),

–  Visto el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE),

–  Visto el informe de 2015 de ONU Mujeres titulado «El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos»,

–  Visto el informe final de 2005 del Grupo de especialistas del Consejo de Europa en presupuestación con perspectiva de género, en el que se define la presupuestación con perspectiva de género como una «evaluación de los presupuestos basada en el género, con la incorporación de una perspectiva de género a todos los niveles del proceso presupuestario y la reestructuración de los ingresos y los gastos con el fin de promover la igualdad de género»,

–  Visto el estudio de 2015 del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union - I - Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» (Una mayor transparencia, coordinación y convergencia en las políticas de fiscalidad de las empresas de la Unión Europea: I - evaluación de la magnitud de la planificación fiscal agresiva de las empresas),

–  Vistas las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre las obligaciones extraterritoriales relativas al impacto de género de las corrientes financieras ilícitas y de la elusión del impuesto sobre sociedades de Suiza en 2016 y de Luxemburgo en 2018(1),

–  Visto el informe político de 2016 del Instituto de Estudios de Desarrollo titulado «Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women’s Rights» (Redistribución del cuidado de personas no remunerado: la importancia de los impuestos para los derechos de la mujer),

–  Visto el estudio de abril de 2017 del Departamento Temático C del Parlamento: Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, titulado «Gender equality and taxation in the European Union» (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea),

–  Visto el informe de ONU Mujeres, de abril de 2018, titulado «Gender, taxation and equality in developing countries» (Género, fiscalidad e igualdad en los países en desarrollo),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre el papel de las mujeres en la economía verde(2),

–  Visto el informe de la OCDE sobre la aplicación de la Recomendación de Género de la OCDE (junio de 2017) y los modelos sobre fiscalidad y prestaciones de 2015,

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(3),

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre las trabajadoras domésticas y las cuidadoras en la UE(4),

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015(6),

–  Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(7),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebradas de conformidad con el artículo 55 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0416/2018),

A.  Considerando que los artículos 2 y 3 del TUE reconocen la no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres como dos de los valores y objetivos esenciales en los que se basa la Unión; que los artículos 8 y 10 del TFUE obligan a la Unión a tratar de eliminar las desigualdades, promover la igualdad de género y luchar contra la discriminación en la definición y ejecución de sus políticas y acciones; que la Carta de los Derechos Fundamentales contiene derechos y principios que hacen referencia a la prohibición de la discriminación directa e indirecta (artículo 21, apartado 1) y a la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 23); que los derechos estipulados en la Carta son directamente relevantes para los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51),

B.  Considerando que las mujeres siguen infrarrepresentadas en el mercado de trabajo en toda la Unión, con una tasa de empleo general que aún es un 12 % inferior a la de los hombres; que, en la Unión, el 31,5 % de las mujeres trabajadoras trabaja a tiempo parcial, frente al 8,2 % de los hombres;

C.  Considerando que es extremadamente importante abordar la brecha de género en el empleo y reducir la brecha de género en materia de pensiones, que se sitúa, de media, cerca del 40 % en la Unión, y que es resultado de las desigualdades acumuladas a lo largo de la vida de las mujeres y por sus períodos de ausencia del mercado de trabajo;

D.  Considerando que la brecha salarial de género en la Unión se sitúa en el 16 %, lo que supone que las mujeres en la Unión, en todos los sectores de la economía, ganan de media un 16 % menos por hora que los hombres;

E.  Considerando que el efecto acumulado de las numerosas brechas que afectan a las mujeres (brechas salariales y de empleo, interrupciones profesionales y por cuidado de hijos, el trabajo a tiempo completo frente al trabajo a tiempo parcial) contribuye sustancialmente a la brecha salarial de género y a la brecha de género en materia de pensiones, lo que provoca un mayor riesgo de exposición a la pobreza y a la exclusión social para las mujeres, con efectos negativos que también se extienden a sus hijos y sus familias;

F.  Considerando que la Plataforma de Acción de Pekín hace hincapié en la necesidad de analizar con perspectiva de género distintas políticas y programas, incluidos los relacionados con la fiscalidad, y adaptarlos cuando sea necesario para promover una distribución más equitativa de los activos productivos, el patrimonio, las oportunidades, los ingresos y los servicios;

G.  Considerando que la CEDAW requiere que las familias se basen en el principio de igualdad, justicia y realización individual de cada miembro, tratando a mujeres y hombres por igual también en la legislación fiscal, como individuos y ciudadanos autónomos en lugar de dependientes de los hombres;

H.  Considerando que los Estados miembros, como signatarios del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se han comprometido a cumplir la obligación de movilizar la mayor cantidad disponible de recursos con el fin de disponer de fondos para poner en práctica progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales;

I.  Considerando que las normativas relativas al impuesto sobre la renta de las personas físicas, que implícitamente perjudican a las mujeres en relación con el acceso y las condiciones de empleo y de las pensiones que ofrecen las empresas, podrían vulnerar el artículo 14 de la Directiva 2006/54/CE(8) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(9);

J.  Considerando que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019» identifica los ámbitos clave para la igualdad de género, como las políticas fiscales, pero carece de disposiciones vinculantes o de una petición de compromiso con la integración de la perspectiva de género a escala de los Estados miembros;

K.  Considerando que las políticas fiscales podrían tener sesgos de género explícitos o implícitos; que un sesgo explícito significa que una disposición fiscal se dirige directamente a hombres o a mujeres de una manera distinta, mientras que un sesgo implícito supone que la disposición se aplica teóricamente por igual a ambos pero, en realidad, existe una discriminación, ya que esa política interactúa con patrones de comportamiento o ingresos cuyo impacto sobre cada género es diferente; que la mayoría de los Estados miembros ha abolido las reglamentaciones fiscales que diferencian explícitamente entre hombres y mujeres, aunque todavía se mantienen sesgos fiscales implícitos en la Unión, ya que las reglamentaciones fiscales interactúan con realidades socioeconómicas;

L.  Considerando que las opciones políticas para recaudar y redistribuir ingresos pueden repercutir en los ingresos y la seguridad económica de las mujeres de manera desproporcionada y reducir su acceso a servicios públicos de calidad, mermando, por tanto, su capacidad de ejercer sus derechos económicos y sociales y el avance hacia la igualdad de género;

M.  Considerando que la falta de una perspectiva de género en la Unión y en las políticas fiscales nacionales consolida las disparidades existentes entre mujeres y hombres (empleo, ingresos, trabajo no remunerado, pensiones, pobreza, patrimonio, etc.), crea desincentivos para la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, y reproduce los roles de género tradicionales y los estereotipos;

N.  Considerando que el diseño de las políticas fiscales es un elemento fundamental de la Estrategia Europa 2020; que el principal objetivo del Semestre Europeo sigue siendo garantizar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que los aspectos de género suelen pasarse por alto en la formulación de prioridades y recomendaciones, en particular, aquellas relacionadas con la fiscalidad;

O.  Considerando que los cambios regresivos en la fiscalidad del trabajo, las empresas, el consumo y el patrimonio, constatables en las últimas décadas en todos los Estados miembros, han provocado un debilitamiento del poder de redistribución de los sistemas fiscales y han contribuido a la tendencia de aumento de la desigualdad en los ingresos; que este cambio estructural en la fiscalidad ha desplazado la carga fiscal hacia los grupos con bajos ingresos y, por lo tanto, hacia las mujeres en particular, debido a la distribución desigual de los ingresos entre mujeres y hombres, la escasa representación de mujeres entre las personas con rentas más elevadas, los ratios de consumo superiores a la media que presentan las mujeres en cuanto a bienes y servicios básicos, así como la participación relativamente alta de los rendimientos del trabajo y la pequeña proporción de los del capital en los ingresos totales de las mujeres(10);

P.  Considerando que las mujeres padecen particularmente desigualdades económicas debido a la distribución desigual de los ingresos entre mujeres y hombres, la escasa representación de mujeres entre las personas con rentas más elevadas y la participación relativamente alta de los rendimientos del trabajo y la pequeña proporción de los del capital en los ingresos totales de las mujeres(11);

Q.  Considerando que, de media, han disminuido drásticamente los tipos del impuesto de sociedades desde la década de los ochenta, desde más del 40 % hasta el 21,9 % en 2018, en contraste con los impuestos sobre el consumo (en los que el IVA constituye una parte importante), que han aumentado desde 2009 hasta alcanzar el 20,6 % en 2016(12);

R.  Considerando que las políticas macroeconómicas actuales deben reflejar mejor la importancia del trabajo asistencial y doméstico no remunerado y que las pruebas muestran que el 80 % de los cuidados en la Unión están a cargo de cuidadores informales no remunerados, de los cuales el 75 % son mujeres; que algunas políticas fiscales, la infrafinanciación de los servicios públicos y del acceso a los servicios sociales afectan de forma desproporcionada a grupos de bajos ingresos, y especialmente a las mujeres, dado que ellas a menudo cubren las carencias en cuidados, educación y otros tipos de ayuda familiar, por lo general sin remuneración, perpetuando la responsabilidad desproporcionada de las mujeres en los cuidados; que son las mujeres más pobres y más vulnerables en los países de la Unión quienes se enfrentan a la doble carga que suponen los cuidados informales y el trabajo precario y mal remunerado(13);

S.  Considerando que casi todos los Estados miembros han desdoblado sus sistemas del impuesto sobre la renta al aplicar un tipo impositivo marginal más elevado a los ingresos del segundo trabajador y al introducir tipos impositivos uniformes para la mayoría de los tipos de rendimientos del capital; que la carga impositiva desproporcionadamente elevada para el segundo trabajador en la mayoría de los Estados miembros, como consecuencia de los regímenes impositivos directamente progresivos aplicados a los rendimientos del trabajo, es uno de los principales elementos que disuaden a las mujeres de participar en el mercado laboral(14), aparte de otras disposiciones conjuntas fiscales y en materia de prestaciones y de los costes y la falta de servicios de guardería universales;

T.  Considerando que los niveles de trampas de inactividad (actualmente en el 40 %) y bajos salarios que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las disuaden de tomar parte plenamente en el empleo vienen determinados en gran medida por las disposiciones sobre impuestos directos, además de la pérdida de prestaciones;

U.  Considerando que en algunos Estados miembros las familias aún disponen de deducciones fiscales al tener un cónyuge a cargo, subsidios para parejas casadas o créditos fiscales para parejas con una sola fuente de ingresos, que perpetúan las asimetrías con las familias monoparentales, formadas en su mayoría por mujeres, y no reconocen la diversidad de situaciones familiares que existen en la Unión; que dichas ventajas fiscales suelen desincentivar el acceso de las mujeres casadas al mercado laboral y provocan directa o indirectamente que el tiempo de las mujeres para el trabajo remunerado se reasigne a otro no remunerado;

V.  Considerando que el impacto de la fiscalidad en las brechas de género en materia de patrimonio social, patrimonio personal y propiedad es un ámbito de investigación poco desarrollado y que existe una necesidad urgente de garantizar la disponibilidad de datos desglosados por género en estos ámbitos;

1.  Pide a la Comisión que apoye la igualdad de género en todas las políticas fiscales y que formule directrices y recomendaciones específicas para los Estados miembros a fin de eliminar los sesgos de género relacionados con los impuestos y de garantizar que no se creen nuevos impuestos, leyes en materia de gasto, programas o prácticas que aumenten las disparidades entre mujeres y hombres en el mercado o en la renta después de impuestos;

2.  Hace hincapié en que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, según se define en el artículo 5, apartado 3, del TUE, los Estados miembros tienen libertad para establecer las normas relativas a sus políticas fiscales, siempre que cumplan las normas de la Unión; destaca, además, que las decisiones de la Unión sobre asuntos fiscales requieren un acuerdo unánime de todos los Estados miembros;

3.  Pide a la Comisión que promueva la ratificación por parte de la Unión de la CEDAW, al igual que hizo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y está haciendo con el Convenio de Estambul;

4.  Anima a la Comisión a consolidar el estatus del Compromiso estratégico para la igualdad de género adoptándolo como una comunicación(15), y a incluir objetivos claros y acciones clave para aumentar la igualdad entre mujeres y hombres mediante un análisis sectorial, que incluya los aspectos fiscales, de todas las acciones de la Unión; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación adecuada de la legislación de la Unión contra la discriminación indirecta y directa por razón de género, así como el seguimiento sistemático de su progreso, con el fin de garantizar que los hombres y las mujeres sean actores en condiciones de igualdad;

Fiscalidad directa

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

5.  Señala que las políticas fiscales repercuten de forma diferente en distintos tipos de hogares (por ejemplo, hogares con dos perceptores de ingresos y hogares con una mujer o un hombre como único perceptor de ingresos); subraya las consecuencias negativas derivadas de no incentivar el empleo femenino y la independencia económica de las mujeres y llama la atención sobre la elevada brecha de género en materia de pensiones resultado de la imposición conjunta; insiste en que los sistemas fiscales deben dejar de basarse en la asunción de que los hogares agrupan y comparten sus recursos por igual, y que la imposición individual es decisiva para lograr la justicia fiscal para las mujeres; considera esencial que los hombres y las mujeres sean perceptores de ingresos y cuidadores en condiciones de igualdad; insta a todos los Estados miembros a introducir progresivamente la imposición individual, garantizando la conservación plena de todas las prestaciones económicas y de otro tipo ligadas a la parentalidad en los sistemas fiscales actuales; reconoce que, en algunos Estados miembros, pueden ser necesarios períodos transitorios hacia dicho sistema de imposición individual; pide que, durante esos períodos transitorios, se eliminen todos los gastos fiscales basados en los ingresos conjuntos y señala la necesidad de garantizar que todos los beneficios fiscales, prestaciones en efectivo y servicios gubernamentales en especie se concedan a las personas para asegurar su autonomía financiera y social;

6.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, titulada «Plan de Acción de la UE 2017-2019 – Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres» (COM(2017)0678), que reconoce ocho líneas de acción y pide a los Estados miembros que incrementen sus esfuerzos para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres con el fin de mejorar la situación económica de las mujeres y salvaguardar su independencia económica;

7.  Observa que los tipos impositivos medios del impuesto sobre la renta para los segundos trabajadores con dos hijos alcanzaron de media el 31 % para los Estados miembros que pertenecen a la OCDE y el 28 % para todos los países de la OCDE en 2014; pide a la Comisión que supervise y refuerce continuamente la aplicación del principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor entre mujeres y hombres en los Estados miembros, para garantizar la erradicación de las desigualdades tanto en el mercado laboral como en el ámbito de la fiscalidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la segregación horizontal y vertical en el mercado de trabajo eliminando las desigualdades y la discriminación de género en el empleo y, en particular, mediante la educación y la concienciación, estimulando que las niñas y las mujeres se embarquen en estudios, empleos y carreras profesionales en sectores de crecimiento innovadores, entre los que se incluyen las TIC y los ámbitos CTIM;

8.  Pide a los estados miembros que garanticen que los incentivos fiscales relacionados con el empleo y la actividad por cuenta propia no discriminen en función del género y que estudien incentivos fiscales y otros beneficios o servicios fiscales para segundos trabajadores y progenitores solos; pide, asimismo, a los Estados miembros que examinen diferentes formas de combatir el problema de la escasa representación de las mujeres en el mercado laboral y que aborden los posibles desincentivos económicos para que segundos trabajadores accedan al mercado laboral; señala que los sesgos de género pueden aparecer también en deducciones y exenciones fiscales relacionadas con el trabajo, como el trato fiscal favorable de las horas extra, que beneficia en su mayoría a profesiones ocupadas actualmente por hombres;

9.  Pide a los Estados miembros que no reduzcan la progresividad de sus sistemas de impuesto sobre la renta de las personas físicas, por ejemplo, al intentar simplificar dichos sistemas;

10.  Pide que el impuesto sobre la renta de las personas físicas (estructura de los tipos, exenciones, deducciones, desgravaciones, créditos, etc.) se conciba para fomentar activamente un reparto equitativo del trabajo remunerado y no remunerado, de los ingresos y los derechos de jubilación entre mujeres y hombres, y para eliminar los incentivos que perpetúan los roles de género desiguales;

11.  Considera que, debido a las desigualdades del mercado laboral, las mujeres pueden verse afectadas de forma desproporcionada por determinadas políticas fiscales; considera que la forma adecuada de afrontar este problema es mediante una reforma de los instrumentos del mercado laboral para tratar la cuestión de la independencia económica de las mujeres; pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que promuevan estudios sobre los efectos de la brecha de género en las pensiones y la independencia económica de las mujeres, teniendo en cuenta cuestiones como el envejecimiento de la población, las diferencias de género en el estado de salud y la esperanza de vida, el hecho de que las estructuras familiares han cambiado y el número de hogares unipersonales ha aumentado, así como las diferentes situaciones personales de las mujeres;

Impuesto de sociedades

12.  Pide a los Estados miembros identificados en el Semestre Europeo por sus disposiciones sobre planificación fiscal agresiva que enmienden su normativa y retiren dichas disposiciones a la mayor brevedad posible(16); manifiesta su preocupación por el riesgo de que, al coordinar las bases impositivas de sus empresas, los Estados miembros puedan encontrar nuevas disposiciones que faciliten la planificación fiscal agresiva por parte de las empresas, dejando que los Estados miembros identifiquen otras fuentes de tributación (como los impuestos sobre el consumo), que tienen un efecto desproporcionado en las mujeres;

13.  Pide a los Estados miembros que racionalicen los incentivos o desgravaciones fiscales que conceden a las empresas, que garanticen que dichos incentivos y desgravaciones benefician en su mayoría a las pequeñas empresas y favorecen la innovación real, y que evalúen ex ante y a posteriori el impacto potencial de tales incentivos en la igualdad de género;

Imposición del capital y del patrimonio

14.  Observa que los impuestos sobre sociedades y sobre el patrimonio desempeñan un papel crucial en la reducción de la desigualdad a través de la redistribución dentro del sistema fiscal y en la generación de ingresos para financiar las disposiciones y transferencias sociales;

15.  Señala que la falta de disponibilidad, el coste prohibitivo y la ausencia de infraestructuras suficientes de servicios de atención infantil de calidad siguen siendo un obstáculo importante, sobre todo, para la participación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el empleo; pide a los Estados miembros que reformen las políticas fiscales para mejorar la disponibilidad y la accesibilidad de servicios de atención infantil asequibles y de alta calidad, mediante incentivos fiscales que reduzcan los obstáculos para que las mujeres asuman empleos remunerados y contribuyan a una distribución más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado en los hogares, minimizando así la brecha de género en materia de salarios y pensiones; hace hincapié en que estas políticas deben permitir la integración de las mujeres en el mercado de trabajo y deben centrarse en familias con bajos ingresos, familias monoparentales y otros grupos desfavorecidos;

16.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, y que, entre otras cosas, aborda y prohíbe la discriminación por razón de sexo en el suministro de bienes y servicios financieros en el sector de los seguros y ámbitos conexos; pide que se recopilen datos con el fin de obtener una información precisa sobre las posibles lagunas en el proceso de aplicación; hace hincapié en que los derechos de propiedad están sujetos al principio de subsidiariedad y en que en la Unión no existe ninguna ley sobre los derechos de propiedad que discrimine a las mujeres o a los hombres, puesto que el derecho a la propiedad recae en el propietario;

17.  Deplora que, en general, la contribución de los impuestos basados en el patrimonio a los ingresos fiscales totales se haya mantenido bastante limitada, alcanzando el 5,8 % de los ingresos fiscales totales en la UE-15 y el 4,3 % en la UE-28(17);

18.  Lamenta profundamente que la proporción de los impuestos sobre el capital haya mostrado una tendencia decreciente desde 2002 como consecuencia de, entre otros aspectos, la tendencia general observable en muchos Estados miembros de no seguir aplicando el régimen regular del impuesto sobre la renta a los rendimientos del capital, sino gravarlos a tipos uniformes relativamente moderados(18);

Impuestos indirectos

19.  Observa que la proporción del componente de impuestos sobre el consumo ascendió en la Unión entre 2009 y 2016; observa que el IVA representa normalmente entre dos tercios y tres cuartos de los impuestos sobre el consumo en los Estados miembros y que el IVA ha alcanzado una proporción cercana por término medio a una quinta parte de los ingresos fiscales totales en la Unión(19);

20.  Señala que se da un sesgo de género cuando la legislación fiscal se cruza con las relaciones de género, sus normas y su comportamiento económico; observa que el IVA ejerce un sesgo de género debido a las pautas de consumo de las mujeres, que difieren de las de los hombres en tanto que adquieren más bienes y servicios con el objetivo de favorecer la salud, la educación y la nutrición(20); expresa su preocupación por que esto, unido a los ingresos inferiores de las mujeres, lleva a que las mujeres soporten una mayor carga del IVA; pide a los Estados miembros que concedan exenciones del IVA, tipos reducidos y tipo cero para los productos y servicios que tienen un efecto positivo para la sociedad, la salud o el medio ambiente, en sintonía con la revisión en curso de la Directiva de la Unión sobre el IVA;

21.  Considera que la pobreza menstrual es una cuestión presente en la Unión, con estimaciones de que una de cada diez niñas no puede permitirse productos sanitarios, según la organización Plan International UK; lamenta que los productos higiénicos femeninos y los productos y servicios para el cuidado de niños, personas mayores o personas con discapacidad no se consideren aún productos básicos en todos los Estados miembros; pide a todos los Estados miembros que eliminen los llamados «impuestos por cuidados y tampones» aprovechando la flexibilidad introducida en la Directiva sobre el IVA y aplicando exenciones o un tipo de IVA del 0 % a dichos bienes básicos esenciales; reconoce que una reducción del precio debido a una exención del IVA en estos productos supondría un beneficio inconmensurable para las mujeres jóvenes; apoya los movimientos emprendidos para fomentar la disponibilidad generalizada de productos sanitarios y anima a los Estados miembros a ofrecer productos complementarios de higiene femenina en determinados espacios (públicos), como escuelas, universidades y refugios para personas sin hogar, y para mujeres procedentes de entornos de bajos ingresos, con el objetivo de erradicar completamente la pobreza menstrual en los aseos públicos de la Unión;

Impacto de la evasión y la elusión fiscales en la igualdad de género

22.  Observa que la evasión y la elusión fiscales son algunos de los principales factores que contribuyen a la desigualdad de género en la Unión y a nivel mundial, dado que limitan los recursos de que disponen los Gobiernos para aumentar la igualdad a escala nacional e internacional(21);

23.  Recuerda sus recomendaciones, de 13 de diciembre de 2017, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(22), y las de las comisiones especiales anteriores (TAX y TAX2) elaboradas con vistas a luchar contra la evasión y la elusión fiscales en la Unión; pide a los Estados miembros que adopten la publicación de informes por país, una BICCIS a escala de la Unión y una revisión de la Directiva relativa al pago de intereses y cánones a la mayor brevedad posible;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan reformas fiscales igualitarias entre mujeres y hombres en todos los foros internacionales, incluidas la OCDE y las Naciones Unidas, y que apoye la creación de un organismo fiscal intergubernamental de las Naciones Unidas que incluya una composición universal, derechos de votación igualitaria y la participación igualitaria de mujeres y hombres; insiste en que este organismo debe tener los medios adecuados para desarrollar conocimientos específicos para una fiscalidad con perspectiva de género;

25.  Observa que los convenios de doble imposición entre los Estados miembros y los países en desarrollo no suelen promover la imposición en origen, lo cual beneficia a las empresas multinacionales en detrimento de la movilización de los recursos nacionales por parte de los países en desarrollo; observa que la falta de movilización de los recursos nacionales impide la plena financiación de los servicios públicos, tales como la atención sanitaria o la educación en estos países, lo cual tiene un efecto desproporcionado sobre las mujeres y las niñas; insta a los Estados miembros a que autoricen a la Comisión a revisar los convenios de doble imposición vigentes para examinar y resolver estos problemas, así como a garantizar que los futuros convenios de doble imposición incluyan disposiciones sobre igualdad de género además de disposiciones generales contra las prácticas abusivas;

26.  Pide a la comisión especial TAX3 que incluya una perspectiva de género en la formulación de sus recomendaciones;

La integración de la perspectiva de género en las políticas fiscales

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que efectúen evaluaciones periódicas del impacto de género de las políticas fiscales desde una perspectiva de igualdad de género, centrándose en el efecto multiplicador y el sesgo implícito para garantizar que no exista ningún rasgo discriminatorio directo o indirecto en ninguna política fiscal de la Unión;

28.  Pide a los Estados miembros que compartan buenas prácticas en el diseño de sus mercados laborales y sistemas fiscales para contribuir a la reducción de la brecha salarial de género y la brecha de género en materia de pensiones, lo que, por consiguiente, fomentará una mayor igualdad y equidad en el trato fiscal entre hombres y mujeres;

29.  Recuerda a la Comisión que, desde que el Tratado de Lisboa incorporó la Carta de los Derechos Fundamentales en el Derecho primario, tiene una obligación jurídicamente vinculante de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en sus políticas y acciones;

30.  Reconoce que muchos grupos de presión y de la sociedad civil se sienten marginados del debate sobre política fiscal debido a la falta de conocimientos y que los grupos del sector industrial y financiero cuentan con una representación mucho mayor en los procesos de consulta presupuestaria en muchos Estados miembros; pide a los Estados miembros que aborden esta cuestión proporcionando formación sobre los procesos presupuestarios, además de oportunidades reales de consulta a la sociedad civil;

31.  Pide a la Comisión que cumpla su obligación legal de promover la igualdad de género, también en sus evaluaciones del diseño de políticas fiscales fundamentales; subraya que las revisiones de los sistemas fiscales de los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo, así como las recomendaciones específicas por país, requieren análisis exhaustivos a ese respecto;

32.  Pide a la Comisión que utilice las prioridades de la Estrategia Europa 2020 para abordar las debilidades estructurales en la economía europea, combatir la brecha salarial de género y la brecha de género en materia de pensiones, mejorar la competitividad y la productividad de la Unión y apoyar una economía social de mercado sostenible que beneficie a todas las mujeres y los hombres;

33.  Recuerda su posición sobre la propuesta de Directiva sobre la presentación pública de información desglosada por países(23), que propone medidas ambiciosas para mejorar la transparencia fiscal y el control público de las empresas multinacionales, ya que esto permitiría que el público en general tuviera acceso a información sobre los beneficios obtenidos, las subvenciones recibidas y los impuestos pagados en las jurisdicciones en las que operan; recomienda situar los análisis de género exhaustivos en el núcleo de todos los niveles actuales y futuros de investigación y políticas en materia de justicia fiscal, con el objetivo de alcanzar una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ámbito fiscal; insta al Consejo a que alcance un acuerdo común sobre la propuesta de entablar negociaciones con las demás instituciones con miras a la adopción de un requisito de información pública desglosada por países, una de las medidas clave orientadas a una mayor transparencia sobre la información fiscal de las empresas para todos los ciudadanos; recuerda la necesidad de que los Estados miembros efectúen análisis periódicos de los efectos indirectos del impacto material de estas medidas sobre otros Estados miembros y países en desarrollo, incluidos análisis de los sesgos de género de las políticas fiscales y de su capacidad para aumentar los ingresos nacionales para financiar los derechos de las mujeres, al tiempo que reconozcan que se ha realizado un trabajo a este respecto en el marco de la Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva y la Doble Imposición;

34.  Observa que la igualdad entre hombres y mujeres no es solo un derecho humano fundamental, sino que alcanzarla contribuiría a un crecimiento más integrador y sostenible; hace hincapié en que el análisis de los presupuestos desde la perspectiva de género permitiría disponer de mejor información sobre el impacto distributivo de la inversión pública sobre los hombres y las mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la presupuestación con perspectiva de género de un modo que analice expresamente la proporción de fondos públicos que se destina a las mujeres y garantice que todas las políticas de movilización de recursos y asignación de gastos fomenten la igualdad de género;

35.  Pide a la Comisión que promueva buenas prácticas en materia de políticas fiscales que tengan en cuenta el impacto de género y promuevan la igualdad de género, particularmente en el ámbito del impuesto sobre la renta de los hogares y del IVA; pide a la Comisión que incluya un análisis de género en su informe anual titulado «Taxation Trends in the European Union» (Tendencias fiscales en la Unión Europea);

36.  Recuerda que, pese a la declaración conjunta sobre la integración de la perspectiva de género, adjunta al Reglamento del MFP 2014-2020, no se han registrado avances significativos en ese ámbito, y que la Comisión no ha tenido en cuenta su aplicación en la revisión intermedia del MFP; pide que en los procedimientos presupuestarios anuales se evalúe e integre el impacto de las políticas de la Unión en la igualdad de género (presupuestación con perspectiva de género); confía en que el Parlamento, el Consejo y la Comisión renueven su compromiso en favor de la integración de la perspectiva de género en el próximo MFP, así como su seguimiento efectivo, también durante la revisión intermedia del MFP, teniendo debidamente en cuenta el principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

37.  Pide a los Estados miembros que cumplan su obligación legal con arreglo a la Carta de los Derechos Fundamentales de promover la igualdad de género al aplicar el Derecho de la Unión y al aplicar políticas nacionales regidas por el Derecho de la Unión;

38.  Subraya que hace falta una mayor investigación y una mejor recogida de datos desglosados por género en lo referente a los efectos diferenciados por género de las asignaciones y distribuciones de recursos del sistema fiscal; pide, en particular, a los Estados miembros que recopilen datos fiscales sobre una base individual y no solo basándose en el hogar, y que reduzcan las brechas de género en cuanto a la información sobre patrones de consumo y el uso de tipos reducidos, sobre la distribución de las rentas empresariales y los pagos fiscales relacionados y sobre la distribución del patrimonio neto, los rendimientos del capital y los pagos fiscales relacionados;

39.  Lamenta que la mayoría de los Estados miembros no recopilen ni evalúen datos individualizados relativos al impuesto sobre la renta y que muchos Estados miembros aún recopilen los datos a nivel de los hogares mediante disposiciones fiscales conjuntas;

40.  Anima a los Estados miembros a diseñar una estructura de incentivos de impuestos y beneficios mediante diferentes medidas políticas que anime a las mujeres migrantes a inscribirse o retomar una formación o aceptar desempleo;

o
o   o

41.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) CEDAW/C/CHE/CO/4-5, apartados 40-43 (Suiza 2016); CEDAW/C/LUX/CO/6-7, apartados 10, 15 y 16 (Luxemburgo 2018).
(2) DO C 353E de 3.12.2013, p. 38.
(3) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(4) DO C 66 de 21.2.2018, p. 30.
(5) DO C 76 de 28.2.2018, p. 93.
(6) DO C 263 de 25.7.2018, p. 49.
(7) DO C 369 de 11.10.2018, p. 132.
(8) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(9) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(10) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(11) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(12) Comisión Europea, DG de Fiscalidad y Unión Aduanera: «Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition» (Tendencias fiscales en la Unión Europea - datos para los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega), edición de 2018,
(13) Instituto de Estudios de Desarrollo: «Redistributing Unpaid Care Work – Why Tax Matters for Women’s Rights» (Redistribución del cuidado de personas no remunerado: la importancia de los impuestos para los derechos de la mujer). Documento informativo. Número 109. Enero de 2016.
(14) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(15) Tal como se pedía en las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio de 2016, sobre igualdad entre mujeres y hombres,
(16) Comisión Europea: «European Semester: Country Reports» (Semestre Europeo 2018: informes por países), de 7 de marzo de 2018.
(17) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(18) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(19) Departamento Temático C del Parlamento Europeo: Gender equality and taxation in the European Union (Igualdad de género y fiscalidad en la Unión Europea), 2007.
(20) La Fiscalidad en España desde una Perspectiva de Género (2016) - Institut per a l’estudi i la transformació d ela vida quotidiana / Ekona Consultoría.
(21) «Final study on illicit financial flows, human rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Estudio final sobre los flujos financieros ilícitos, los derechos humanos y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible) del experto independiente de las Naciones Unidas relativo a los efectos de la deuda exterior y otras obligaciones financieras internacionales afines de los Estados sobre el pleno disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, 2016.
(22) DO C 369 de 11.10.2018, p. 132.
(23) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0284.

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