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Procedimiento : 2018/2280(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0024/2019

Textos presentados :

A8-0024/2019

Debates :

Votaciones :

PV 13/02/2019 - 16.12
CRE 13/02/2019 - 16.12

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0114

Textos aprobados
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Miércoles 13 de febrero de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018
P8_TA-PROV(2019)0114A8-0024/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018 (2018/2280(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

–  Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reflejan la importancia que el Tratado otorga al derecho de los ciudadanos y residentes de la Unión a transmitir sus preocupaciones al Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 228 del TFUE sobre la misión y las funciones del Defensor del Pueblo Europeo,

–  Visto el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativo al derecho de petición ante el Parlamento Europeo,

–  Vistas las disposiciones del TFUE relativas al procedimiento de infracción, y en particular sus artículos 258 y 260,

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 216, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8‑0024/2019),

A.  Considerando que el derecho de petición ofrece a la ciudadanía un mecanismo abierto, democrático y transparente para obtener una solución extrajudicial a las quejas que han dirigido oficialmente a sus representantes por elección directa, en particular cuando se refieren a ámbitos de actividad de la Unión Europea;

B.  Considerando que el derecho de petición debe ser un elemento clave para una democracia participativa en la que se proteja de forma efectiva el derecho de todo ciudadano a participar directamente en la vida democrática de la Unión; considerando que dicho derecho debe reforzar la capacidad de respuesta del Parlamento Europeo ante los ciudadanos y residentes de la Unión; considerando que una auténtica democracia debe garantizar la transparencia, la protección efectiva de los derechos fundamentales y la participación práctica de las personas en los procesos de toma de decisiones;

C.  Considerando que cada petición se evalúa y trata con atención; que cada peticionario tiene derecho a recibir, dentro de un plazo razonable, una respuesta e información sustanciales sobre la decisión de admisibilidad adoptada por la Comisión de Peticiones, bien en su propia lengua, bien en la lengua utilizada en la petición;

D.  Considerando que las actividades de la Comisión de Peticiones se basan en las aportaciones y contribuciones recibidas de los peticionarios;

E.  Considerando que, a juicio de la Comisión de Peticiones, la iniciativa ciudadana europea es un instrumento de suma importancia en términos de democracia directa y participativa que permite a los ciudadanos tomar parte activa en la configuración de la legislación europea;

F.  Considerando que un número considerable de peticiones se debate en las reuniones de la comisión abiertas al público (y retransmitidas por internet); que los peticionarios utilizan con frecuencia su derecho a presentar peticiones facilitando información de primera mano a los miembros de la comisión, así como a la Comisión y a los representantes de los Estados miembros, de estar estos presentes, y que, de este modo, contribuyen activamente al trabajo de la comisión; que, en 2018, 187 peticionarios asistieron a las reuniones de la comisión para participar en los debates sobre las peticiones;

G.  Considerando que las peticiones ofrecen una garantía adicional a los ciudadanos y residentes de la Unión en comparación con las denuncias que se presentan directamente ante la Comisión, puesto que hacen partícipe al Parlamento en el proceso, lo que permite un mejor control de los hechos y da pie a debates transparentes sobre el asunto en presencia de los peticionarios, los diputados al Parlamento Europeo y la Comisión, así como de otras autoridades interesadas, en su caso;

H.  Considerando que la información pormenorizada facilitada por los peticionarios y el conocimiento especializado que ofrecen la Comisión, los Estados miembros y otras instancias resultan fundamentales para el trabajo y la credibilidad de la comisión;

I.  Considerando que el Parlamento Europeo lleva mucho tiempo a la vanguardia del desarrollo del procedimiento de petición a escala internacional y dispone de un procedimiento de petición notablemente abierto y transparente, que permite la participación activa de los peticionarios en sus actividades;

J.  Considerando que en 2018 se llevaron a cabo cuatro visitas de información con arreglo al artículo 216 bis del Reglamento interno, a saber, a Lusacia (Alemania), sobre el impacto de la explotación minera de lignito en la población local, en particular la comunidad sorbia, y sobre la contaminación del río Spree y las aguas adyacentes; a Famagusta (Chipre) en relación con la devolución de la zona cerrada de la ciudad ocupada de Famagusta a sus habitantes originales; a Doñana (España). sobre la situación medioambiental y la posible degradación del espacio protegido del parque nacional de Doñana debido a un proyecto de almacenamiento de gas y a la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos; y a Valledora (Italia), sobre los daños medioambientales debidos a vertederos y canteras;

K.  Considerando que, en su Resolución de 5 de julio de 2018 sobre los efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) de los Estados Unidos sobre los ciudadanos de la Unión y, en particular, los denominados «estadounidenses accidentales»(1), el Parlamento pidió a la Comisión y al Consejo que adoptasen un enfoque común de la Unión en relación con la FATCA para proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos europeos (en particular, los de los «estadounidenses accidentales») y que mejorasen la reciprocidad en relación con el intercambio automático de información por parte de los Estados Unidos;

L.  Considerando que las peticiones admitidas a trámite suelen aportar una valiosa contribución al trabajo de las respectivas comisiones parlamentarias, puesto que señalan presuntos incumplimientos del Derecho de la Unión;

M.  Considerando que las peticiones son valiosos instrumentos para detectar incumplimientos del Derecho de la Unión y permiten al Parlamento y las demás instituciones europeas valorar la transposición y aplicación de dicho Derecho y su incidencia en los ciudadanos y residentes de la Unión;

N.  Considerando que, en virtud del Reglamento interno, la Comisión de Peticiones es competente para las relaciones con el Defensor del Pueblo Europeo, que investiga las reclamaciones por mala administración de las instituciones y órganos de la Unión; que la actual defensora del Pueblo europea, Emily O’Reilly, presentó su Informe Anual 2017 a la Comisión de Peticiones en la reunión del 16 de mayo de 2018 de esta última, y que el informe anual de la Comisión de Peticiones se basa a su vez en aquel;

O.  Considerando que la Comisión de Peticiones es miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo, la cual incluye al Defensor del Pueblo Europeo, a los Defensores del Pueblo nacionales y regionales y a otros órganos análogos de los Estados miembros, los países candidatos y otros países del Espacio Económico Europeo, y tiene por objeto promover el intercambio de información sobre legislación y políticas de la Unión y compartir las mejores prácticas;

P.  Considerando que se han introducido una serie de mejoras técnicas para que el Portal de Peticiones sea más fácil de usar y accesible para los ciudadanos, como un mayor desarrollo de la función de búsqueda, que muestra un mayor número de resultados y permite a los usuarios encontrar peticiones mediante palabras clave destacadas en el título de la petición o el resumen, y la introducción de notificaciones más específicas para los usuarios redactadas en sus propias lenguas; que las estadísticas del portal estuvieron disponibles en el segundo semestre de 2018 y que proporcionaron datos útiles sobre el tráfico del sitio web y el comportamiento de los usuarios; que se han seguido realizando mejoras técnicas, con la introducción de un nuevo editor de preguntas frecuentes y otras mejoras en el módulo administrativo; que se ha tramitado satisfactoriamente un gran número de solicitudes individuales de ayuda; y que todavía deben hacerse plenamente operativas algunas de las características que harán que el Portal sea más interactivo y una fuente de información en tiempo real para los peticionarios y los seguidores;

1.  Destaca el papel esencial que, dentro del marco de sus competencias, desempeña la Comisión de Peticiones en la defensa y la promoción de los derechos de los ciudadanos y residentes de la Unión, al garantizar el reconocimiento de las preocupaciones de los peticionarios y la resolución eficiente y en tiempo oportuno de sus reclamaciones legítimas a través del procedimiento de petición siempre que sea posible; recuerda que la Comisión y las autoridades de los Estados miembros tienen la responsabilidad de cooperar con la Comisión de Peticiones, en particular cuando se trata de facilitar un retorno adecuado acerca del intercambio de información pertinente; insiste en que esta cooperación es fundamental para satisfacer las necesidades de los peticionarios de conformidad con los Tratados y con la Carta de los Derechos Fundamentales;

2.  Destaca la oportunidad que las peticiones brindan al Parlamento Europeo y a otras instituciones de la Unión para entablar un diálogo con los ciudadanos europeos que se ven afectados por la aplicación del Derecho de la Unión; subraya la necesidad de fomentar la cooperación de las instituciones y organismos de la Unión con las autoridades nacionales, regionales y locales en cuestiones relacionadas con la aplicación del Derecho de la Unión; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que promuevan el derecho de petición de los ciudadanos y que conciencien al público en general sobre las competencias de la Unión y las posibles soluciones que el Parlamento Europeo puede brindar al tramitar las peticiones;

3.  Recuerda que las peticiones se examinan de conformidad con el artículo 227 del TFUE, que establece que cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a presentar al Parlamento Europeo, individualmente o asociado con otros ciudadanos o personas, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión Europea;

4.  Reitera la necesidad de mantener un debate público continuo sobre los ámbitos de actividad de la Unión, sus limitaciones y su futuro con miras a garantizar que los ciudadanos estén bien informados de los niveles a los que se toman las decisiones y evitar el fenómeno de «culpar a Bruselas» que utilizan algunos Estados miembros irresponsables; pide que se establezca un diálogo bianual más intensivo y estructurado entre la Comisión de Peticiones y los miembros de las Comisiones de Peticiones de los Parlamentos nacionales sobre peticiones cuyos asuntos preocupen en gran medida a los ciudadanos europeos, gracias al cual se promueva un auténtico debate entre los diputados al Parlamento Europeo y los diputados a los Parlamentos nacionales centrado en las peticiones y que sirva para concienciar en mayor medida sobre las políticas de la Unión y aportar claridad sobre las competencias de la Unión y de los Estados miembros;

5.  Insta a la Comisión a que ejerza debidamente sus facultades en calidad de guardiana de los Tratados, pues dicho cometido reviste una importancia fundamental para el funcionamiento de la Unión de cara a los ciudadanos y los legisladores europeos; pide que los procedimientos de infracción se tramiten con diligencia a fin de subsanar sin demora las situaciones de incumplimiento del Derecho de la Unión;

6.  Pide a la Comisión que garantice la transparencia y el acceso a los documentos y a la información en el marco de los procedimientos EU Pilot en relación con las peticiones recibidas y de los procedimientos EU Pilot y de infracción que ya hayan concluido;

7.  Recuerda a la Comisión que las peticiones representan un instrumento excepcional para detectar situaciones de incumplimiento del Derecho de la Unión y proceder a su investigación mediante el control político del Parlamento Europeo;

8.  Destaca las cuatro audiencias públicas celebradas sobre diversos temas, a saber, sobre los derechos de los ciudadanos tras el Brexit, junto con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, el 1 de febrero de 2018; sobre la revisión del Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea, junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales, el 21 de febrero de 2018; sobre la incidencia de los alteradores endocrinos sobre la salud pública y el medio ambiente, junto con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el 22 de marzo de 2018; y sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 9 de octubre de 2018; recuerda a los miembros de la comisión la importancia de asistir a las audiencias públicas solicitadas y organizadas por aquella; pide a la Red de Peticiones que proponga audiencias públicas y temas específicos para estudios y resoluciones del Parlamento Europeo, que reflejen la conexión entre la labor legislativa en curso, el poder de control político del Parlamento y las peticiones que versan sobre asuntos que suscitan gran preocupación entre los ciudadanos europeos; subraya que la Red de Peticiones es el foro adecuado para proponer iniciativas comunes con vistas a su tramitación como peticiones, en las que se podría plasmar de un modo exhaustivo la contribución del Parlamento a las peticiones de los ciudadanos europeos;

9.  Llama la atención sobre la participación de una delegación de miembros de la Comisión de Peticiones en una visita efectuada a Lima (Perú), los días 15 y 16 de febrero de 2018, en el contexto del apoyo a la democracia ofrecido por el Parlamento Europeo y su Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral, para intercambiar buenas prácticas sobre el procedimiento de petición con la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento peruano;

10.  Confirma la necesidad de reforzar el diálogo político y técnico con las comisiones pertinentes de los Parlamentos nacionales; acoge con satisfacción la visita de la Comisión de Peticiones del Bundestag alemán a la reunión de la comisión del 9 de octubre de 2018 para plantear cuestiones de interés común y debatir las peticiones pertinentes; destaca la reunión interparlamentaria de comisiones celebrada con los Parlamentos nacionales el 27 de noviembre de 2018, que se organizó junto con la Comisión de Asuntos Jurídicos, en cooperación con la Red Europea de Defensores del Pueblo, y en la que se abordó el tema de la ejecución y aplicación del Derecho de la Unión y, en particular, el papel de las peticiones dirigidas a los parlamentos, a este respecto;

11.  Confía en que la Red de Peticiones sea un medio para que la Comisión de Peticiones tenga más visibilidad y relevancia en los trabajos de las demás comisiones del Parlamento, de modo que las peticiones se tengan más en consideración en el trabajo legislativo; reitera su convencimiento de que las reuniones de la Red de Peticiones son vitales para reforzar la cooperación entre las comisiones parlamentarias mediante el intercambio de información y la puesta en común de las mejores prácticas entre los miembros de la red;

12.  Subraya el objetivo de la Comisión de Peticiones de sensibilizar sobre las preocupaciones de los ciudadanos en los debates en el Pleno; destaca la pregunta oral sobre la privación del derecho de sufragio en la Unión, debatida en el Pleno del 2 de octubre de 2018, la pregunta oral sobre la participación de las personas con discapacidad en las elecciones europeas, aprobada en comisión el 21 de marzo de 2018, y la pregunta oral presentada conjuntamente con la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la preocupación por las zonas protegidas Natura 2000 basada en peticiones recibidas, adoptada en comisión el 21 de noviembre de 2018; pide a la Comisión y al Consejo que respondan a las Resoluciones del Parlamento basadas en peticiones en un debate de seguimiento en el Pleno dentro de los seis meses siguientes a su aprobación, con el fin de responder oportuna y eficazmente a las preocupaciones específicas de los ciudadanos europeos;

13.  Llama la atención sobre varias propuestas de Resolución presentadas de conformidad con el artículo 128, apartado 5, o el artículo 216, apartado 2, del Reglamento interno en nombre de la comisión y aprobadas en el Pleno, en particular las que versaron sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión(2), sobre la respuesta a las peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso abusivo de los contratos de trabajo de duración determinada(3), sobre los efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) de los Estados Unidos sobre los ciudadanos de la Unión y, en particular, los denominados «estadounidenses accidentales»(4), y sobre el papel de la oficina alemana de protección de menores (Jugendamt) en los conflictos familiares de alcance transfronterizo(5);

14.  Señala que el marco de la FATCA de los Estados Unidos se aplica dentro de la Unión mediante acuerdos intergubernamentales bilaterales negociados entre los Estados Unidos y cada Estado miembro; lamenta la falta de respuesta de los Estados miembros para resolver los problemas notificados por los ciudadanos afectados por la FATCA; destaca el papel de la Unión a la hora de garantizar una aplicación efectiva de las normas en materia de protección de datos para asegurar así un elevado nivel de protección de los ciudadanos de la Unión en cuanto a los derechos fundamentales asociados; pide a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de protección de datos a fin de promover un ejercicio de investigación para aclarar la situación en los Estados miembros por lo que respecta a posibles infracciones de la legislación de la Unión en materia de protección de datos personales; pide, además, a la Comisión que inicie, en colaboración con el Comité Europeo de Protección de Datos, un estudio por países para evaluar si los acuerdos intergubernamentales relativos a la FATCA respetan el derecho a la privacidad de los ciudadanos de la Unión, y en qué medida; hace hincapié en que los Estados miembros deberían prevenir la discriminación de los consumidores que residen legalmente en la Unión, con independencia de que sean considerados o no «ciudadanos estadounidenses» y, en caso de que así sea, con independencia de lo importantes que sean sus vínculos económicos y personales con los Estados Unidos;

15.  Destaca la visita de información a Famagusta (Chipre), los días 7 y 8 de mayo de 2018, cuyo propósito era reevaluar y actualizar la información con la que contaba la comisión sobre la situación en Famagusta, y en particular en Varosha, el sector cercado de la ciudad, en el marco de la petición n.º 733/2004, presentada por Loizos Afxentiou, en nombre del Movimiento de Refugiados de Famagusta, diez años después de la anterior visita de información de la comisión; reafirma su apoyo a la recomendación del informe de misión de pedir a la Comisión, a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a todos los Estados miembros de la Unión que soliciten una nueva Resolución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se pida la imposición de sanciones políticas y económicas a Turquía por sus actos de agresión en el Mediterráneo oriental y su incumplimiento de las Resoluciones 550 (1984) y 789 (1992) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

16.  Señala que la Comisión de Peticiones ha aprobado opiniones adjuntas a informes del Parlamento sobre una amplia gama de cuestiones planteadas en las peticiones, entre otras, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2016(6), sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(7), sobre la iniciativa ciudadana europea(8), sobre el informe de aplicación con respecto al Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión(9), sobre la propuesta de modificación de la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones(10), y sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión(11); subraya que, desde el comienzo de la presente legislatura, la Comisión de Peticiones ha emitido más opiniones sobre los textos legislativos europeos en desarrollo;

17.  Subraya la fructífera cooperación del Parlamento con el Defensor del Pueblo Europeo, así como su participación en la Red Europea de Defensores del Pueblo; destaca las excelentes relaciones mantenidas en el marco interinstitucional entre el Defensor del Pueblo Europeo y la Comisión de Peticiones; aprecia en particular las contribuciones periódicas del Defensor del Pueblo Europeo al trabajo de esta comisión a lo largo del año; cree firmemente que las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben garantizar un seguimiento coherente y eficaz de las recomendaciones del Defensor del Pueblo;

18.  Destaca la labor efectuada por la Comisión de Peticiones en cuestiones de discapacidad y su papel protector dentro del marco de la Unión para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); recuerda que, en junio de 2018, se envió una carta a las representaciones permanentes de todos los Estados miembros en la que se pedían medidas concretas para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad; toma nota de las respuestas exhaustivas transmitidas por algunos Estados miembros; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que apliquen las medidas necesarias a la accesibilidad en cuanto componente esencial de la calidad de vida;

19.  Acoge con satisfacción el nuevo enfoque del Tribunal de Cuentas Europeo consistente en trabajar muy estrechamente con las comisiones del Parlamento y presentar sus informes ante estas; destaca la presentación del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la aplicación de la legislación de la Unión en la reunión de la Comisión de Peticiones del 8 de octubre de 2018; acoge con satisfacción las conclusiones y recomendaciones del informe; destaca el gran número de peticiones recibidas en relación con el Derecho de la Unión a las que todavía no se les ha dado, en todo o en parte, una respuesta adecuada en los Estados miembros;

20.  Señala que, en el contexto de la Semana de los Derechos Humanos del Parlamento, la Comisión de Peticiones examinó varias peticiones relacionadas con cuestiones relativas a los derechos humanos y presentó un estudio actualizado sobre la Directiva de ayuda y la criminalización de la asistencia humanitaria a los migrantes irregulares; pide a la Comisión que presente enmiendas al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares(12), con vistas a introducir una exención obligatoria de la criminalización de la ayuda humanitaria en los casos de entrada, tránsito o estancia;

21.  Está convencido de que la Secretaría de la Comisión de Peticiones tramita las peticiones de manera eficiente y con sumo cuidado de conformidad con las directrices de la comisión y el ciclo de vida de las peticiones en la Administración del Parlamento Europeo; pide que se siga innovando en la tramitación de las peticiones haciendo uso de los avances tecnológicos más recientes, con el fin de lograr que todo el proceso sea más claro y transparente para los ciudadanos europeos;

22.  Destaca la importancia del portal de la Comisión de Peticiones para una tramitación rápida y transparente de las peticiones; señala que una de las prioridades inmediatas es mejorar la comunicación con los peticionarios y las personas que apoyan las peticiones a través de sus cuentas, con el fin de aliviar la carga administrativa y acelerar los plazos de tramitación de las peticiones; reitera la necesidad de continuar con el desarrollo técnico del portal, de ajustarlo a las normas del sitio web del Parlamento y de aumentar su visibilidad tanto en la plataforma del Parlamento como entre los ciudadanos; subraya que deben proseguirse los esfuerzos para que el portal sea más accesible para los usuarios, en particular para las personas con discapacidad;

23.  Destaca la importancia de la red Solvit, que ofrece a los ciudadanos y a las empresas una vía para expresar sus preocupaciones sobre posibles infracciones del Derecho de la Unión por autoridades públicas de otros Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan Solvit para hacerla más útil y visible para los ciudadanos; celebra, en este sentido, el plan de acción para el refuerzo de Solvit publicado por la Comisión en mayo de 2017; pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo de los resultados del mencionado plan de acción;

24.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos de los Estados miembros y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus Comisiones de Peticiones y a sus Defensores del Pueblo u otros órganos competentes análogos.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0316.
(2) DO C 463 de 21.12.2018, p. 12.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0242.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0316.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0476.
(6) Opinión aprobada el 21 de marzo de 2018.
(7) Opinión aprobada el 24 de abril de 2018.
(8) Opinión aprobada el 16 de mayo de 2018.
(9) Opinión aprobada el 9 de octubre de 2018.
(10) Opinión aprobada el 21 de noviembre de 2018.
(11) Opinión aprobada el 21 de noviembre de 2018.
(12) DO L 328 de 5.12.2002, p. 17.

Última actualización: 14 de febrero de 2019Aviso jurídico