Índice 
Textos aprobados
Jueves 14 de febrero de 2019 - Estrasburgo 
La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev
 Zimbabue
 Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí
 Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo ***I
 Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia *
 Evaluación de las tecnologías sanitarias ***I
 Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea ***I
 Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión ***I
 Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro ***I
 Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en concepto de conversión de divisas ***I
 Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses ***I
 Modificación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ***I
 El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza
 Derechos de las personas intersexuales
 El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024)
 El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión
 Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores
 Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
 Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza
 Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas

La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev
PDF 132kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev (2019/2562(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0115RC-B8-0107/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Chechenia, en particular las de 8 de febrero de 2018, sobre Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial(1), y de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(2),

–  Vista la declaración realizada por los presidentes de su Comisión de Asuntos Exteriores y de su Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, de 12 de enero de 2018, en la que pedían la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos Oyub Titiev,

–  Vista la declaración de la Unión, de 19 de enero de 2018, sobre las violaciones de los derechos humanos en relación con la organización de derechos humanos Memorial en Rusia y las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 11 de enero de 2018, sobre la detención del director de la organización de derechos humanos Memorial, Oyub Titiev, en la República de Chechenia, y de 27 de junio de 2018, sobre los casos de los defensores de los derechos humanos rusos Oyub Titiev y Yuri Dmitriev,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de los que la Federación de Rusia es parte,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,

–  Vista la Constitución de la Federación de Rusia, y en particular el capítulo 2 sobre las libertades y los derechos humanos y civiles,

–  Visto el séptimo informe periódico de la Federación de Rusia, que fue examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus 3136.ª y 3137.ª reuniones de los días 16 y 17 de marzo de 2015,

–  Visto el informe del ponente de la OSCE en el marco del Mecanismo de Moscú sobre los casos de presuntas violaciones de derechos humanos y de impunidad en la República de Chechenia de la Federación de Rusia, de 21 de diciembre de 2018,

–  Vistas las directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Federación de Rusia, como signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido con los principios de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos;

B.  Considerando que los compromisos internacionales de la Federación de Rusia incluyen la obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos; que la ley de 2012 sobre «agentes extranjeros» limita gravemente la capacidad de las ONG para trabajar de manera independiente y eficaz; que, en virtud de esta ley, el Centro de Derechos Humanos «Memorial» ha sido designado como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia;

C.  Considerando que Chechenia ha experimentado un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en los últimos años, lo que impide de hecho que los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos continúen su trabajo sin poner en riesgo su vida y la vida de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo; que los numerosos informes de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos en Chechenia demuestran que las autoridades chechenas y rusas no respetan el Estado de Derecho;

D.  Considerando que Oyub Titiev, director de la oficina de Chechenia de Memorial, fue detenido el 9 de enero de 2018 y acusado formalmente y enviado a prisión preventiva por acusaciones falsas de adquisición y tenencia ilegal de estupefacientes; que estas acusaciones han sido refutadas por Oyub Titiev y denunciadas por otras ONG y defensores de los derechos humanos como inventadas y como un intento de obstruir su labor y la de su organización en materia de derechos humanos;

E.  Considerando que los tribunales prorrogaron la detención de Oyub Titiev en varias ocasiones antes de la celebración de las vistas en el Tribunal Municipal de Shali en Chechenia el 19 de julio de 2018; que el veredicto es inminente y se prevé para mediados de febrero de 2019; que Oyub Titiev corre el riesgo de ser declarado culpable de un delito que no cometió y de pasar hasta diez años en la cárcel;

F.  Considerando que los familiares de Oyub Titiev han sufrido acoso y amenazas que los han obligado a abandonar Chechenia; que Memorial fue blanco de otras acciones en 2018, incluido un incendio provocado en sus oficinas en Ingushetia el 17 de enero de 2018, un ataque contra el coche del abogado del Sr. Titiev en Daguestán el 22 de enero de 2018 y un ataque contra el jefe de la oficina de Memorial en Daguestán el 28 de marzo de 2018; que, desde el asesinato en 2009 de la predecesora de Oyub Titiev en el cargo de director de la oficina en Chechenia de Memorial, Natalia Estemirova, los autores de este delito aún no han sido llevados ante la justicia;

G.  Considerando que Memorial es una de las últimas organizaciones que siguen trabajando en Chechenia en el ámbito de los derechos humanos, a saber, documentando y denunciando las violaciones de los derechos humanos, prestando asistencia a las víctimas de tales violaciones y ayudándolas a exigir justicia, y que probablemente ha sido atacada como represalia por denunciar las violaciones de los derechos humanos y pedir justicia; que Memorial recibió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia en 2009 y que, en 2018, Oyub Titiev recibió el Premio Francoalemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho (diciembre), el Premio de Derechos Humanos Václav Havel (octubre) y el Premio del Grupo de Helsinki de Moscú de Derechos Humanos (mayo);

H.  Considerando que los funcionarios chechenos han amenazado reiteradamente a los defensores de los derechos humanos o han denunciado su trabajo y no han condenado públicamente las amenazas de violencia contra ellos, creando y perpetuando así un clima de impunidad para los autores de actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos; que, por esta razón, en la mayoría de los casos las víctimas se abstienen de reclamar justicia, al temer las represalias de las autoridades locales;

1.  Reitera su llamamiento en pro de la liberación inmediata de Oyub Titiev, director de la organización de derechos humanos Memorial en Chechenia, que fue detenido el 9 de enero de 2018 y acusado de adquisición y tenencia ilegal de drogas, y cuyo veredicto está previsto para mediados de febrero de 2019; insta a las autoridades chechenas a que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y jurídicos de Oyub Titiev, incluido su derecho a un juicio justo, el acceso sin trabas a su abogado y a una atención médica, y la protección contra el acoso judicial y la criminalización;

2.  Condena enérgicamente las reiteradas declaraciones públicas por parte de funcionarios chechenos que denuncian la labor de los defensores y las organizaciones de derechos humanos o que se dirigen a personas concretas, así como su renuencia a condenar públicamente y a investigar las amenazas y los actos de violencia contra estos grupos y personas;

3.  Expresa su profunda inquietud por la preocupante tendencia a la detención, los ataques y la intimidación de periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y sus seguidores, así como de ciudadanos de a pie, que parecen formar parte de campañas coordinadas; considera que el caso de Oyub Titiev es ilustrativo de otros numerosos casos de enjuiciamiento basados en pruebas inventadas en las que se sustenta el deficiente sistema judicial de la República de Chechenia y la Federación de Rusia; recuerda que también se han presentado cargos similares en relación con la tenencia de drogas contra Zhalaudi Gueriev, periodista de «Caucasian Knot», y contra el activista de derechos humanos Ruslan Kutaev, y pide que también se les libere;

4.  Insta a las autoridades de la República de Chechenia y de la Federación de Rusia a que pongan fin al acoso y a la persecución de sus ciudadanos y a que pongan fin al clima de impunidad para los autores de actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos, sus familiares, colegas y simpatizantes, y sus organizaciones;

5.  Pide a la Federación de Rusia que proteja a todos sus ciudadanos respetando plenamente sus derechos humanos, respete su propia Constitución y su legislación y cumpla sus compromisos internacionales de respetar el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos sus ciudadanos, incluidos los que dedican su tiempo, sus recursos y su trabajo a la defensa de los derechos de sus conciudadanos;

6.  Pide a las autoridades rusas que deroguen la Ley de 2015 sobre «organizaciones indeseables» y la Ley de 2012 sobre «agentes extranjeros», así como toda la legislación conexa, que se ha utilizado sistemáticamente para acosar y atacar a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil; expresa su preocupación por el hecho de que algunas ONG rusas hayan tenido que cerrar para evitar verse estigmatizadas como «agentes extranjeros» y evitar la persecución judicial;

7.  Pide que se ponga fin de inmediato al acoso y las detenciones de defensores de los derechos humanos en Chechenia sobre la base de acusaciones inventadas, a los ataques a sus colegas y familiares y a la intimidación de sus simpatizantes, que parecen responder al objetivo de obstaculizar y, en última instancia, poner fin al trabajo legítimo y útil de sus organizaciones;

8.  Reitera su llamamiento a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros para que sigan vigilando de cerca la situación de los derechos humanos en Chechenia, incluido el juicio de Oyub Titiev, que pidan el cese inmediato de las mencionadas violaciones de los derechos humanos, que planteen los casos de todas las personas procesadas por razones políticas en las reuniones pertinentes con representantes rusos, y que sigan ofreciendo una asistencia rápida y eficaz a las víctimas de persecución y a sus familiares, también a la hora de tramitar las solicitudes de asilo;

9.  Pide a la Comisión que colabore con las organizaciones internacionales de derechos humanos activas en la Federación de Rusia y con las organizaciones rusas de derechos humanos y la sociedad civil pese a la ley rusa sobre «agentes extranjeros», y que siga ofreciendo apoyo a Memorial y a otras organizaciones similares;

10.  Pide a las personalidades deportivas y artísticas internacionales que se abstengan de participar en actos públicos en Chechenia o en actos patrocinados por los líderes de la República de Chechenia; reitera su apoyo a una «Ley Magnitski» a escala de la Unión Europea, que debería penalizar a los autores de violaciones graves de los derechos humanos, y pide al Consejo que prosiga sus trabajos sobre este asunto sin demora; destaca, a este respecto, que los autores de violaciones de los derechos humanos en la República de Chechenia de la Federación de Rusia no deben obtener visados de la Unión ni estar autorizados a mantener activos en los Estados miembros de la Unión;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y a las autoridades chechenas.

(1) DO C 463 de 21.12.2018, p. 31.
(2) DO C 274 de 27.7.2016, p. 21.


Zimbabue
PDF 137kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre Zimbabue (2019/2563(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0116RC-B8-0110/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Zimbabue,

–  Vistos el informe final de la misión de observación electoral de la Unión en las elecciones armonizadas de Zimbabue de 2018 y la carta enviada el 10 de octubre por el jefe de dicha misión al presidente Mnangagwa en relación con las conclusiones principales del informe final,

–  Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, de 17 de enero de 2019, sobre la situación en Zimbabue,

–  Vistas las declaraciones efectuadas el 24 de julio de 2018 y el 18 de enero de 2019 por el portavoz del alto comisionado / vicepresidente de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Zimbabue,

–  Visto el comunicado conjunto emitido tras la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de la Unión Africana de los días 21 y 22 de enero de 2019,

–  Visto el informe de seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue tras la huelga general conocida como «Stay Away», del 14 al 16 de enero de 2019 y los posteriores disturbios,

–  Visto el informe de la comisión de investigación de Zimbabue sobre la violencia posterior a las elecciones del 1 de agosto,

–  Vista la declaración del portavoz de la VP/AR, de 2 de agosto de 2018, sobre las elecciones en Zimbabue,

–  Vista la declaración conjunta, de 2 de agosto de 2018, de las misiones internacionales de observación electoral desplegadas en las elecciones armonizadas de Zimbabue en la que se denunciaba el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército para acallar las protestas,

–  Vista la declaración local conjunta, de 9 de agosto de 2018, de la delegación de la Unión, los jefes de misión de los Estados miembros de la Unión presentes en Harare y los jefes de misión de Australia, Canadá y los Estados Unidos, sobre la persecución de la oposición en Zimbabue,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de la Unión, de 22 de enero de 2018, sobre la actual transición política en Zimbabue,

–  Vista la Decisión (PESC) 2017/288 del Consejo, de 17 de febrero de 2017, por la que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue(1),

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981, que ha sido ratificada por Zimbabue,

–  Vista la Constitución de Zimbabue,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el pueblo zimbabuense soportó durante muchos años un régimen autoritario dirigido por el presidente Robert Mugabe, quien conservó su poder mediante corrupción, violencia, elecciones plagadas de irregularidades y un aparato de seguridad brutal;

B.  Considerando que, el 30 de julio de 2018, Zimbabue celebró sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias tras la dimisión de Robert Mugabe en noviembre de 2017; que las elecciones ofrecieron al país la oportunidad de romper con la historia de elecciones polémicas marcadas por el abuso de los derechos políticos y humanos y la violencia promovida por el Estado;

C.  Considerando que, el 3 de agosto de 2018, la Comisión Electoral de Zimbabue declaró a Emmerson Mnangagwa ganador de las elecciones presidenciales con el 50,8 % de los votos, frente al 44,3 % del candidato de la oposición Nelson Chamisa; que la oposición impugnó inmediatamente los resultados y alegó que las elecciones fueron fraudulentas; que el Tribunal Constitucional desestimó estas acusaciones por falta de pruebas y el presidente Mnangagwa fue investido oficialmente el 26 de agosto para un nuevo mandato;

D.  Considerando que en el informe final de la misión de observación electoral de la Unión se afirma que las cifras presentadas por la Comisión Electoral de Zimbabue contienen numerosas anomalías e imprecisiones y se formularon preguntas suficientes para generar dudas sobre la exactitud y fiabilidad de las cifras presentadas;

E.  Considerando que, el día después de las elecciones, el retraso en el anuncio de los resultados ya había provocado un estallido de violencia poselectoral que dejó seis muertos y numerosos heridos en las protestas convocadas por la oposición; que los observadores internacionales, incluida la Unión, condenaron la violencia y el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y de las fuerzas de seguridad interior;

F.  Considerando que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue publicó una declaración el 10 de agosto de 2018 sobre las elecciones armonizadas de 2018 y el entorno postelectoral en el que confirmaba que fuerzas militares agredieron a manifestantes, expresaba su profunda preocupación ante la brutalidad y la conducta violenta de la policía, y afirmaba que se vulneraron los derechos fundamentales de los manifestantes; que la Comisión ha pedido al gobierno que establezca un diálogo nacional;

G.  Considerando que el 26 de agosto de 2018, al jurar su cargo en Harare, el presidente Emmerson Mnangagwa prometió un futuro más brillante, compartido por todos los zimbabuenses, más allá de los partidos, con un compromiso inquebrantable del gobierno con el constitucionalismo, un afianzamiento del Estado de Derecho, el principio de separación de poderes, la independencia del poder judicial y políticas que atraerían capital tanto nacional como mundial;

H.  Considerando que en septiembre de 2018 el presidente Mnangagwa creó una comisión de investigación que, en diciembre de 2018, concluyó que las manifestaciones que provocaron lesiones y grandes daños a bienes fueron incitadas y organizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por miembros de la Alianza MDC, y que el despliegue del ejército estaba justificado y era conforme a la Constitución; que la oposición rechazó dicho informe; que la comisión ha pedido que se investigue dentro de las fuerzas de seguridad y se procese a quienes hayan cometido delitos, y ha recomendado el pago de una indemnización a las víctimas;

I.  Considerando que las tensiones políticas han aumentado drásticamente desde las elecciones y persisten las denuncias de violencia, lo que pone en grave riesgo la trayectoria democrática iniciada en el país;

J.  Considerando que el hundimiento de la economía, la falta de acceso a los servicios sociales y el incremento del precio de los productos más básicos ha llevado a las personas a la ira; que entre el 14 y el 18 de enero de 2019 Zimbabue asistió a una oleada de protestas y manifestaciones durante una huelga nacional a iniciativa del Congreso de Sindicatos de Zimbabue tras un aumento del 150 % en el precio de los combustibles; que las protestas también respondían al aumento de la pobreza, el mal estado de la economía y la degradación de las condiciones de vida;

K.  Considerando que, ante este movimiento de protesta, el 14 de enero de 2019, el gobierno denunció un «plan deliberado de socavar el orden constitucional» y aseguró que iba a «responder adecuadamente a quienes conspiran para sabotear la paz»;

L.  Considerando que la policía antidisturbios respondió con violencia excesiva y violaciones de los derechos humanos, incluido el uso de munición real, detenciones arbitrarias, secuestros, redadas en instalaciones médicas que tratan a las víctimas de la represión, juicios rápidos y masivos de los detenidos, tortura de detenidos, casos de violación y destrucción de bienes públicos y privados;

M.  Considerando que la Comisión de Derechos Humanos designada por el gobierno hizo público un informe en el que revelaba que soldados y policía habían recurrido sistemáticamente a la tortura;

N.  Considerando que los disturbios se han saldado con 17 muertos y cientos de heridos; que alrededor de mil personas han sido detenidas, incluidos niños de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, y que se ha denegado la fianza a dos tercios de los detenidos; que muchos siguen detenidos ilegalmente y podrían haber sido objeto de palizas y agresiones durante su detención;

O.  Considerando que las pruebas demuestran que el ejército ha sido responsable en gran medida de los actos de asesinato, violación y robo a mano armada; que cientos de activistas y miembros de la oposición siguen escondiéndose;

P.  Considerando que los observadores en materia de derechos humanos y los actores locales e internacionales, incluida la Unión, han condenado ampliamente la respuesta del Gobierno a las protestas como «desproporcionada» y «excesiva»;

Q.  Considerando que la interrupción de las telecomunicaciones se ha convertido en un instrumento del régimen para bloquear la coordinación de las manifestaciones organizadas a través de las redes sociales; que se bloqueó repetidamente las comunicaciones móviles y terrestres, además de internet y los canales de las redes sociales, a fin de impedir el acceso a la información y la comunicación y de ocultar las violaciones masivas de los derechos humanos que el Estado se preparaba para cometer; que el Tribunal Supremo de Zimbabue declaró ilegal el uso de la Ley sobre la interceptación de comunicaciones para suspender las comunicaciones en línea;

R.  Considerando que las autoridades organizaron una búsqueda masiva puerta a puerta de manifestantes, arrancando de sus hogares a manifestantes pacíficos, defensores de los derechos humanos, activistas políticos, destacados dirigentes de la sociedad civil y a sus familiares;

S.  Considerando que países vecinos como Sudáfrica se han convertido en un polo de atracción para los zimbabuenses que huyen de la opresión política y de las dificultades económicas;

T.  Considerando que la policía ha utilizado continuamente la legislación de manera indebida, como por ejemplo la Ley sobre orden público y seguridad, a fin de justificar la represión de los miembros de la oposición y de los defensores de los derechos humanos, así como de prohibir manifestaciones legítimas y pacíficas;

U.  Considerando que el historial de Zimbabue con respecto a los derechos humanos y la democracia es uno de los peores del mundo; que la población de Zimbabue y los defensores de los derechos humanos siguen sufriendo ataques, incitación al odio, campañas de difamación, actos de intimidación y acoso, y que periódicamente surgen denuncias de actos de tortura;

V.  Considerando que el presidente llamó al diálogo nacional, que se inició el 6 de febrero, e invitó a todos los partidos políticos a participar, pero que el Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), el principal partido de la oposición, se negó a adherirse;

W.  Considerando que Zimbabue es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, cuyo artículo 96 establece que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación entre la ACP y la Unión;

1.  Destaca su deseo unánime de que Zimbabue se convierta en una nación pacífica, democrática y próspera en la que todos los ciudadanos reciban un trato adecuado y sean iguales ante la ley, y en la que los órganos del Estado actúen en nombre de los ciudadanos y no en su contra;

2.  Condena firmemente la violencia que se desató durante las recientes protestas en Zimbabue; cree firmemente que la protesta pacífica forma parte de un proceso democrático y que el uso excesivo de la fuerza como respuesta debe evitarse en todas las circunstancias;

3.  Insta al presidente Mnangagwa a que se mantenga fiel a sus promesas de investidura, avance rápidamente para controlar la situación y coloque otra vez al país en la senda de la reconciliación y el respeto de la democracia y del Estado de Derecho;

4.  Insta a las autoridades de Zimbabue a que pongan fin de inmediato a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y a que investiguen, de manera rápida e imparcial, todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y funcionarios estatales, a fin de esclarecer las responsabilidades individuales, con vistas a garantizar la rendición de cuentas; recuerda que la Constitución del país define un organismo independiente para investigar las reclamaciones de conducta indebida por parte de la policía y el ejército, pero que el gobierno aún debe constituirlo;

5.  Insta al gobierno de Zimbabue a que retire urgentemente todo el personal militar y la milicia juvenil desplegados en todo el país que aterrorizan a la población, lo que supone una clara violación de la Constitución de Zimbabue;

6.  Estima que la libertad de reunión, asociación y expresión son elementos esenciales de toda democracia; hace hincapié en que expresar una opinión de manera no violenta es un derecho constitucional de todos los ciudadanos de Zimbabue, y recuerda a las autoridades su obligación de proteger el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse contra el deterioro de sus condiciones sociales y económicas; pide al Gobierno que ponga fin a la persecución específica de dirigentes y miembros del Congreso de Sindicatos de Zimbabue;

7.  Destaca el papel fundamental que desempeña la oposición en una sociedad democrática;

8.  Insta a las autoridades de Zimbabue a que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos;

9.  Pide al Gobierno de Zimbabue que ponga fin inmediatamente al acoso y la criminalización de los agentes de la sociedad civil y reconozca el papel legítimo de los defensores de los derechos humanos;

10.  Pide al gobierno de Zimbabue que cumpla las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y de los instrumentos de derechos humanos que ha ratificado Zimbabue;

11.  Manifiesta su profunda preocupación ante las denuncias de violaciones de las garantías procesales mediante juicios rápidos y masivos; insiste en que el poder judicial debe respetar el Estado de Derecho y garantizar que se respeten, en todas las circunstancias, su independencia y el derecho a un juicio justo; denuncia todas las detenciones efectuadas sin presentar cargos;

12.  Pide a las autoridades de Zimbabue que emprendan una investigación rápida, exhaustiva, imparcial e independiente de las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas la violación y la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad, y que lleven a los responsables ante la justicia; pide que el acceso a los servicios médicos se proporcione universalmente a las víctimas de violencia sexual sin temor a represalias;

13.  Condena el cierre de internet que permitió a las autoridades ocultar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el ejército y las fuerzas de seguridad interior y obstaculizar la denuncia independiente y la documentación de abusos durante la represión e inmediatamente después de las elecciones; resalta que el acceso a la información es un derecho que las autoridades deben respetar con arreglo a sus obligaciones constitucionales e internacionales;

14.  Denuncia el uso abusivo y el carácter restrictivo de la Ley sobre orden público y seguridad, e insta a las autoridades de Zimbabue a que adapten la legislación a las normas internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos;

15.  Expresa su especial preocupación ante la situación económica y social de Zimbabue; recuerda que los principales problemas del país son la pobreza, el desempleo, la desnutrición crónica y el hambre; considera que estos problemas solo pueden resolverse mediante la aplicación de políticas ambiciosas en materia de empleo, educación, salud y agricultura;

16.  Pide a todos los agentes políticos que actúen con responsabilidad y mesura, y en particular que se abstengan de incitar a la violencia;

17.  Recuerda al gobierno de Zimbabue que el apoyo de la Unión Europea y sus Estados miembros en el contexto del Acuerdo de Cotonú, y para el comercio, el desarrollo y la asistencia económica, está condicionado al respeto del Estado de Derecho y de los convenios y tratados internacionales en los que es parte;

18.  Recuerda que el apoyo a largo plazo depende de reformas generales y no de meras promesas; aboga por un compromiso europeo con Zimbabue basado en valores y firme en su posición frente a las autoridades del país;

19.  Insta al gobierno a que aplique de inmediato las recomendaciones sobre la violencia postelectoral que formuló la comisión de investigación, en especial el fomento de la tolerancia política y el liderazgo responsable, y la constitución de un diálogo nacional que sea creíble, inclusivo, transparente y responsable;

20.  Toma nota de la voluntad del gobierno de cumplir los compromisos en materia de reformas; subraya, no obstante, que estas reformas deben ser tanto políticas como económicas; anima al gobierno, a la oposición, a los representantes de la sociedad civil y a los líderes religiosos a que entablen un diálogo nacional en igualdad de condiciones en el que se respeten y protejan los derechos humanos;

21.  Pide al gobierno que aplique plenamente las recomendaciones formuladas por la misión de observación electoral de la Unión, en especial en lo relativo al Estado de Derecho y a un entorno político inclusivo; subraya las diez recomendaciones prioritarias que destaca la misión de la Unión y se recogen en la carta enviada el 10 de octubre de 2018 por el jefe de misión al presidente Mnangagwa, en especial: para crear la igualdad de condiciones para todos los partidos políticos y garantizar un marco jurídico más claro y coherente; para reforzar la Comisión Electoral de Zimbabue haciendo que sea verdaderamente independiente y transparente, con lo que se recupere la confianza en el proceso electoral; para garantizar que el fortalecimiento de la independencia de dicha comisión la libere de la supervisión gubernamental a la hora de aprobar sus reglamentos; y para crear un proceso electoral más integrador;

22.  Pide a la delegación de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros en Zimbabue que sigan de cerca la evolución del país y que utilicen todos los medios adecuados para apoyar a los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos, promover los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú y respaldar a los movimientos en favor de la democracia;

23.  Pide a la Unión que intensifique su diálogo político con Zimbabue en materia de derechos humanos sobre la base del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;

24.  Pide al Consejo Europeo que revise sus medidas restrictivas contra particulares y entidades en Zimbabue, incluidas las medidas actualmente suspendidas, a la luz de las responsabilidades por la reciente violencia estatal;

25.  Insta a la comunidad internacional, en especial a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y a la Unión Africana, a que proporcione una asistencia más activa a Zimbabue a fin de hallar una solución democrática sostenible a la crisis actual;

26.  Insta a los países vecinos a que cumplan las disposiciones del Derecho internacional y a que protejan a quienes huyen de la violencia en Zimbabue brindándoles asilo, en especial a corto plazo;

27.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al SEAE, al Gobierno y al Parlamento de Zimbabue, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y de la Unión Africana, y al secretario general de la Commonwealth.

(1) DO L 42 de 18.2.2017, p. 11.


Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí
PDF 148kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí (2019/2564(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0117RC-B8-0111/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Arabia Saudí, en particular la Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre Arabia Saudí, sus relaciones con la UE y su papel en Oriente Próximo y el Norte de África(1); la Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre el caso de Raif Badawi, Arabia Saudí(2); la Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre el caso de Alí Mohamed al-Nimr(3); la Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la situación de los defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí(4); y la Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul(5),

–  Vistas las declaraciones de 29 de mayo de 2018 del portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las recientes detenciones en Arabia Saudí, y de 31 de julio de 2018, sobre las detenciones arbitrarias de defensores y activistas de los derechos humanos en Arabia Saudí, incluidos activistas de los derechos de las mujeres,

–  Vista la declaración, de 12 de octubre de 2018, de varios relatores especiales de las Naciones Unidas en la que se pedía la liberación inmediata de todos los defensores de los derechos de las mujeres,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de diciembre de 2017;

–  Vista la pertenencia de Arabia Saudí al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, así como su pertenencia al consejo ejecutivo de esta Comisión desde enero de 2019,

–  Visto el discurso pronunciado por el comisario Christos Stylianides en nombre de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en el debate del día 4 de julio de 2017 ante el Parlamento Europeo sobre la elección de Arabia Saudí como miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas,

–  Visto el discurso de apertura de la VP/AR en la 5.ª reunión ministerial UE-Liga de los Estados Árabes, en el que afirmó: «y permítanme decir que la cooperación entre Europa y el mundo árabe nunca ha sido tan importante y, según creo, nunca ha sido tan necesaria»,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

–  Vistas las conclusiones de 9 de marzo de 2009 del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre los informes periódicos tercero y cuarto de Arabia Saudí,

–  Visto el informe del Detention Review Panel sobre las activistas privadas de libertad en Arabia Saudí,

–  Vista el proyecto de ley contra el acoso aprobado por el Consejo de la Shura saudí el 28 de mayo de 2018,

–  Visto el examen periódico universal de Arabia Saudí, de noviembre de 2018,

–  Visto el índice de la libertad de prensa de 2018 de Reporteros sin Fronteras, en el que Arabia Saudí ocupa el 169.º lugar de 180 países,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vista la concesión del Premio Sájarov a la libertad de conciencia y expresión al bloguero saudí Raif Badawi en 2015,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que activistas detenidos por las autoridades saudíes por su labor en favor de los derechos de las mujeres siguen privados de libertad sin cargos; considerando que entre dichos activistas se cuentan Luyain al-Hazlul, Aziza al-Yusef, Imán al-Nafyán, Nuf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nasima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi y Hatún al-Fasi, todas ellas defensoras de los derechos de las mujeres, así como hombres que apoyan el movimiento, como Muhamad al-Rabia; que estos activistas son conocidos por su campaña contra la prohibición de que las mujeres conduzcan y su apoyo a la abolición del sistema de tutela masculina; que fueron detenidos antes del 24 de junio de 2018, fecha prevista para levantar la prohibición de que condujeran las mujeres; que, al parecer, algunos de ellos serán sometidos a juicio ante el Tribunal Penal Especializado, que se creó inicialmente para juzgar a los detenidos por delitos relacionados con el terrorismo;

B.  Considerando que la defensora de los derechos humanos Israa al-Gomgam, de la región de Qatif, sigue sujeta a detención arbitraria; que recientemente se levantó la pena de muerte que se le había impuesto, pero que siguen pesando contra ella cargos que no han sido comunicados; que existe preocupación por el bienestar físico y mental de Israa al-Gomgam;

C.  Considerando que, según determinados informes, los interrogadores saudíes han sometido a torturas, malos tratos y abusos sexuales a al menos tres de las activistas detenidas en mayo de 2018; que se han impuesto prohibiciones de viaje a familiares de las activistas, como es caso de los padres de Luyain al-Hazlul;

D.  Considerando que el Ministerio de Medios de Comunicación de Arabia Saudí ha rechazado las denuncias de tortura a presos en el reino, afirmando que se trata de informaciones sin fundamento;

E.  Considerando que la activista Luyain al-Hazlul lleva privada de libertad desde marzo de 2018, tras asistir a una sesión de examen de Arabia Saudí en el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; que estuvo en régimen de aislamiento entre mayo y septiembre de 2018, período en el que fue torturada, según sus padres;

F.  Considerando que una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí visitó a Luyain al-Hazlul tras la publicación de la información de que había sido torturada; que dicha delegación no pudo garantizar su protección; que un fiscal la visitó posteriormente para recoger su testimonio;

G.  Considerando que Luyain al-Hazlul ha sido propuesta para el edición de 2019 Premio Nobel de la Paz;

H.  Considerando que Arabia Saudí sigue imponiendo a las mujeres algunas de las restricciones más severas, a pesar de las recientes reformas del gobierno tendentes a impulsar los derechos de las mujeres en el ámbito del empleo; que el sistema político y social saudí sigue siendo discriminatorio, convirtiendo de hecho a las mujeres en ciudadanos de segunda, que no permite la libertad de religión y creencias, discrimina gravemente a la numerosa mano de obra extranjera del país y que reprime con severidad todas las voces discrepantes;

I.  Considerando que Arabia Saudí cuenta con una serie de leyes discriminatorias, en particular las disposiciones relativas al estado civil y a la situación de las trabajadoras migrantes, el Código del Estado Civil, el Código de Trabajo, la Ley de Nacionalidad y el sistema de tutela masculina, que supedita a la autorización de un tutor masculino el ejercicio por las mujeres de la mayoría de sus derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

J.  Considerando que, en el marco del sistema de tutela masculina, las mujeres saudíes están privadas del control más básico sobre sus vidas; que siguen vigentes las leyes discriminatorias relativas al matrimonio y al divorcio, y que las mujeres están obligadas por ley a obtener la autorización de un tutor masculino para matricularse en la enseñanza superior, buscar empleo, viajar o casarse; que, a diferencia de los hombres, las mujeres saudíes con cónyuges extranjeros no pueden transmitir la nacionalidad a sus hijos o sus cónyuges;

K.  Considerando que, según el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la reserva general de Arabia Saudí respecto de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es incompatible con el objeto y la finalidad de dicha Convención e inadmisible con arreglo a su artículo 28;

L.  Considerando que desde que el príncipe heredero Muhamad bin Salmán al-Saud accedió al poder en junio de 2017, numerosos defensores de los derechos humanos, activistas y críticos del régimen que expresado abiertamente su opinión han sido objeto de detención arbitraria o han sido condenados injustamente a largas penas de prisión por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión;

M.  Considerando que la agenda reformista Visión 2030, destinada a la transformación económica y social del país —también a través de la emancipación de las mujeres—, debe ofrecer a las mujeres saudíes una genuina oportunidad de conseguir su emancipación jurídica, que es absolutamente imprescindible para el pleno disfrute de los derechos que les reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; que, no obstante, la reciente oleada de detenciones y supuestas torturas de que son víctimas los activistas en favor de los derechos de las mujeres parece ser contraria a este objetivo y podría desviar la atención de la agenda de reformas; que el decreto Visión 2030 carece de un marco jurídico adecuado;

N.  Considerando que la libertad de expresión y la libertad de prensa y medios de comunicación, tanto en línea como fuera de la red, son condiciones previas imprescindibles y catalizadoras de la democracia y la reforma, y constituyen controles esenciales del poder;

O.  Considerando que Arabia Saudí tiene uno de los índices de ejecuciones más elevados del mundo; que entre 2014 y 2017 el número medio anual de ejecuciones fue de, al menos, 126; que las autoridades imponen la pena de muerte por delitos no violentos como el contrabando de drogas, la traición y el adulterio; que delitos como la apostasía, que según el Derecho internacional de los derechos humanos no deben tipificarse como delito, también han sido castigados con la pena de muerte;

P.  Considerando que el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas atribuye a Arabia Saudí en 2018 el valor de 0,853, lo que supone el 39.º puesto de un total de 138 países y territorios; que a Arabia Saudí le corresponde un valor de 0,234 en el índice de desigualdad de género de las Naciones Unidas, por lo que ocupa el puesto 39.º de un total de 189 países en el índice de 2017; que el país tiene en el índice de desarrollo en relación con el género de las Naciones Unidas un valor de 0.877 (39.º puesto en el mundo);

1.  Condena enérgicamente la detención de las defensoras de los derechos humanos que abogaban por el levantamiento de la prohibición de conducir, así como de todos los defensores pacíficos de los derechos humanos, periodistas, abogados y activistas, y manifiesta su consternación ante las noticias creíbles de que varios de ellos son objeto de tortura sistemática, incluida Luyain al-Hazlul;

2.  Pide a las autoridades saudíes que pongan en libertad, inmediata e incondicionalmente, a estos defensores de los derechos de las mujeres y a todos los defensores de los derechos humanos, abogados, periodistas y otros presos de conciencia privados de libertad y condenados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por su labor pacífica en favor de los derechos humanos, y que permitan a observadores internacionales independientes reunirse con los defensores de los derechos humanos privados de libertad;

3.  Insta a las autoridades saudíes a que faciliten el acceso de médicos independientes a las personas privadas de libertad; resalta que el trato dado a todas las personas privadas de libertad, incluidos los defensores de los derechos humanos, durante su detención, debe atenerse a las condiciones establecidas en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, aprobado mediante la Resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

4.  Insiste en que entre los observadores independientes se cuenten observadores de la Delegación de la Unión en Arabia Saudí o de las instituciones de la Unión, así como titulares de los mandatos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el relator especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, u ONG internacionales;

5.  Insiste en que las autoridades saudíes pongan término a todas las formas de acoso, también a escala judicial, contra Luyain al-Hazlul, Aziza al-Yusef, Imán al-Nafyán, Nuf Abdulaziz, Mayaa al-Zahrani, Samar Badawi, Nasima al-Sada, Shadan al-Anezi, Abir Namankani, Amal al-Harbi, Hatún al-Fasi, Israa al-Gomgam, Muhamad al-Rabia y todos los demás defensores de los derechos humanos en el país, de manera que puedan realizar sus actividades sin obstáculos injustificados ni miedo a represalias contra ellos y sus familias;

6.  Condena la represión y tortura que se practican contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos de las mujeres, en Arabia Saudí, lo que socava la credibilidad del proceso de reforma del país; denuncia la discriminación permanente y sistemática de la que son objeto las mujeres y niñas en Arabia Saudí;

7.  Insta a Arabia Saudí a que garantice públicamente la seguridad de todos los activistas detenidos, permita que las mujeres detenidas tengan acceso a abogados y que puedan ver a sus familiares, presente pruebas de que se encuentran bien y libere a las personas encarceladas únicamente por defender reformas pacíficamente;

8.  Rinde homenaje y apoya a los defensores de los derechos de las mujeres saudíes que buscan un trato equitativo y justo en su sociedad y a quienes han defendido los derechos humanos a pesar de las dificultades a que se enfrentan;

9.  Expresa su profunda preocupación por la incidencia de la violencia de género en Arabia Saudí, que sigue sin notificarse ni documentarse en gran medida y que se ha justificado aludiendo a razones retrógradas como la necesidad de imponer disciplina a las mujeres sometidas a la tutela masculina; insta las autoridades saudíes a que adopten medidas legislativas exhaustivas para tipificar y penalizar concretamente todas las formas de violencia de género contra las mujeres, en particular la mutilación genital femenina, la violación, incluida la violación conyugal, la agresión sexual y el acoso sexual, y a que eliminen todos los obstáculos al acceso de las mujeres a la justicia; manifiesta su profunda preocupación por las informaciones referidas a la prevalencia de la práctica del matrimonio infantil;

10.  Lamenta la existencia del sistema de tutela masculina, en virtud del cual sigue siendo necesaria la autorización de un tutor masculino en diversos ámbitos, como los viajes internacionales, el acceso a los servicios de asistencia sanitaria, la elección de domicilio, el matrimonio, la presentación de denuncias ante la justicia y la salida de los centros públicos de acogida para mujeres maltratadas y de los centros de detención; subraya que este sistema es un reflejo del sistema patriarcal, profundamente enraizado en el país; insta al Gobierno saudí a que suprima inmediatamente el sistema de tutela masculina y a que derogue otras leyes que discriminen a las mujeres y las niñas;

11.  Toma nota de la reciente aprobación de una ley en virtud de la cual las mujeres saudíes pueden ser informadas por un mensaje de texto sobre su divorcio para protegerlas de que se ponga fin a su matrimonio sin su conocimiento; hace hincapié en que esta ley no aborda el hecho de que las mujeres saudíes solo pueden obtener el divorcio en casos extremadamente limitados como, por ejemplo, cuando tienen el consentimiento de su marido o cuando han sido maltratadas por él;

12.  Expresa su preocupación por los servicios web gubernamentales mediante los cuales los tutores pueden hacer un seguimiento de las mujeres, indicar cuándo y cómo pueden cruzar las fronteras de Arabia Saudí y recibir mensajes SMS en tiempo prácticamente real cuando viajan;

13.  Acoge con satisfacción que se haya levantado la prohibición de que las mujeres conduzcan en el reino como uno de los elementos de la agenda Visión 2030;

14.  Pide a las autoridades saudíes que revisen la Ley sobre asociaciones y fundaciones de diciembre de 2015 a fin de permitir que las activistas se organicen de modo autónomo y trabajen con libertad e independencia sin injerencias indebidas por parte de las autoridades; insta, asimismo, a que se revise la Ley antiterrorista, la Ley de lucha contra la ciberdelincuencia y la Ley de prensa y publicaciones, que se utilizan reiteradamente para perseguir a los defensores de los derechos humanos, así como todas las disposiciones discriminatorias presentes en el ordenamiento jurídico, también en ámbitos como las herencias;

15.  Pide a las autoridades saudíes que ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, retiren las reservas formuladas en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y ratifiquen el Protocolo Facultativo a esta Convención de modo que las mujeres saudíes puedan disfrutar plenamente de los derechos consagrados en la Convención, así como que pongan fin a los matrimonios infantiles, a los matrimonios forzosos y al código de vestimenta obligatoria para las mujeres; insta a Arabia Saudí a que curse una invitación permanente a todos los titulares de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que visiten el país;

16.  Hace hincapié en que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de asociación y reunión pacíficas están protegidos por el Derecho internacional de los derechos humanos; pide a las autoridades saudíes que permitan una prensa y unos medios de comunicación independientes y que garanticen la libertad de expresión en línea y fuera de ella, así como la libertad de asociación y de reunión pacífica a todos los habitantes de Arabia Saudí; insta a las autoridades saudíes a que levanten las restricciones impuestas a los defensores de los derechos humanos, que les impiden expresarse en las redes sociales y en los medios de comunicación internacionales;

17.  Pide a las autoridades saudíes que impongan una moratoria inmediata a la aplicación de la pena de muerte como un paso hacia su abolición; pide que se revisen todas las condenas a muerte para asegurarse de que los juicios en que se impusieron dichas condenas se ajustaron a las normas internacionales;

18.  Recomienda el envío a Arabia Saudí antes de que finalice la presente legislatura de una delegación ad hoc de la Subcomisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género para visitar a las mujeres encarceladas y celebrar las reuniones que se imponen con las autoridades saudíes;

19.  Toma nota del compromiso entre la Unión y Arabia Saudí y anima a que se siga dialogando;

20.  Lamenta las declaraciones desafortunadas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de los Estados miembros sobre los casos de las defensoras de los derechos humanos detenidas desde mayo de 2018;

21.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que planteen los casos de Luyain al-Hatzlul, Imán al-Nafyán, Aziza al-Yusef, Samar Badawi, Nasima al-Sada y de todas las demás defensoras de los derechos humanos en sus conversaciones con las autoridades saudíes, y que exijan su liberación; insiste en que, a la espera de su liberación, los diplomáticos de la Unión deben pedir a las autoridades saudíes que garanticen su seguridad y que investiguen de modo exhaustivo las denuncias de tortura;

22.  Pide a la Comisión y al Parlamento que examinen la falta de listados referidos a Arabia Saudí en el Registro de transparencia de la UE;

23.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que planteen los casos de Israa al-Gomgam, su marido Musa al-Hashim y sus cuatro codefensores Ahmad al-Matrud, Alí Uwaisher, Jalid al-Ganim y Mujajba al-Muzain en sus conversaciones con las autoridades saudíes, y que exijan su liberación; pide, además, que se plantee el caso del sheij Salmánn Al-Auda y que se exija su liberación;

24.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que fijen una posición unificada para garantizar que los servicios diplomáticos europeos en Arabia Saudí utilicen sistemáticamente los mecanismos previstos en las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos, incluidas declaraciones públicas, gestiones diplomáticas, supervisión de juicios y visitas a prisiones, en relación con los defensores de los derechos de las mujeres saudíes detenidos desde mayo de 2018;

25.  Pide que en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se presente una resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Arabia Saudí; pide a la Unión que plantee, ante el próximo Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la cuestión relativa a la pertenencia de Estados con historiales cuestionables en materia de derechos humanos, también en lo que se refiere al respecto de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; pide a la Unión que proponga ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el nombramiento de un relator especial sobre los derechos humanos en Arabia Saudí;

26.  Pide, de nuevo, a las autoridades saudíes que suspendan toda nueva flagelación de Raif Badawi y que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional; insiste en que todos los altos representantes de la Unión, en particular la VP/AR y todos los comisarios, planteen sistemáticamente el caso de Raif Badawi en sus contactos con sus homólogos saudíes y soliciten reunirse con él durante sus visitas al país; se compromete a redoblar sus esfuerzos en apoyo de su liberación; pide a su presidente que viaje a Riad para plantear directamente ante las autoridades el caso de los galardonados con el Premio Sájarov;

27.  Pide a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros que velen por la plena aplicación de las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos y que extiendan su protección y su apoyo a los defensores de los derechos humanos, en particular a las mujeres que defienden los derechos humanos; pide a la VP/AR que informe sobre el estado actual de la cooperación militar y de seguridad entre los Estados miembros y el régimen saudí;

28.  Reitera su llamamiento al Consejo para que acuerde una posición común con el fin de imponer un embargo a escala de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí y para que respete la Posición Común 2008/944/CFSP(6); se manifiesta a favor de un embargo a la exportación de sistemas de vigilancia y otros productos de doble uso que pudieran utilizarse en Arabia Saudí con fines relacionados con la represión de sus ciudadanos, incluidas las defensoras de los derechos humanos; manifiesta su alarma por el uso de estas armas y de la tecnología de cibervigilancia por parte de las autoridades de Arabia Saudí; recuerda a los Estados miembros que los acuerdos de armamento que continúansocial media celebrando con Arabia Saudí son contrarios a la Posición Común de la UE sobre las exportaciones de armas; pide al SEAE que proponga la aplicación de medidas restrictivas contra Arabia Saudí en respuesta a las violaciones de los derechos humanos, incluidas la congelación de activos y la prohibición de visados, y al Consejo que las adopte;

29.  Insta a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros a que sigan dialogando con Arabia Saudí sobre derechos humanos y libertades fundamentales y el inquietante papel del país en la región; expresa su disposición a mantener un diálogo constructivo y abierto con las autoridades saudíes, en particular con parlamentarios, sobre la aplicación de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; pide que se realice un intercambio de conocimientos en materia judicial y jurídica para reforzar la protección de los derechos individuales en Arabia Saudí;

30.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al rey Salmán bin Abdulaziz al-Saud y al príncipe heredero Muhamad bin Salmán al-Saud, al Gobierno del Reino de Arabia Saudí y al secretario general del Centro para el Diálogo Nacional del Reino de Arabia Saudí.

(1) DO C 378 de 9.11.2017, p. 64.
(2) DO C 310 de 25.8.2016, p. 29.
(3) DO C 349 de 17.10.2017, p. 17.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0232.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0434.
(6) Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.


Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo ***I
PDF 241kWORD 73k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))
P8_TA(2019)0118A8-0414/2018

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Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia *
PDF 123kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia (13483/2018 – C8-0484/2018 – 2018/0813(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0119A8-0065/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (13483/2018),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8‑0484/2018),

–  Vista la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia(1), y en particular su artículo 26 bis, apartado 2,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8‑0065/2019),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.


Evaluación de las tecnologías sanitarias ***I
PDF 363kWORD 106k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE (COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD))
P8_TA(2019)0120A8-0289/2018

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Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea ***I
PDF 228kWORD 95k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea (COM(2017)0487 – C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
P8_TA-PROV(2019)0121A8-0198/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0487),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0309/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de abril de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 23 de marzo de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de diciembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0198/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto legislativo definitivo;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión

P8_TC1-COD(2017)0224


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  La inversión extranjera directa contribuye al crecimiento de la Unión▌ mediante el fortalecimiento de su competitividad, la creación de empleo y economías de escala, la aportación de capital, tecnologías, innovación y conocimientos especializados, y la apertura de nuevos mercados para las exportaciones de la Unión. Asimismo, respalda los objetivos del ▌ Plan de Inversiones para Europa y contribuye a otros proyectos y programas de la Unión.

(2)  El artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE) dispone que en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Por otra parte▌, la Unión y los Estados miembros tienen un entorno abierto a las inversiones, que está consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (▌TFUE▌) y forma parte de los compromisos internacionales de la Unión y sus Estados miembros en lo referente a la inversión extranjera directa.

(3)  Con arreglo a los compromisos internacionales contraídos en la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y en los acuerdos de comercio e inversión celebrados con terceros países, la Unión y los Estados miembros pueden adoptar, por motivos de seguridad o de orden público, medidas restrictivas ▌ relativas a la inversión extranjera directa, siempre que se respeten determinados requisitos. El marco que establece el presente Reglamento se refiere a la inversión extranjera directa en la Unión. La inversión en el extranjero y el acceso a los mercados de terceros países son el objeto de otros instrumentos de política comercial e inversión.

(4)  El presente Reglamento se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer excepciones a la libre circulación de capitales que se establece en el artículo 65, apartado 1, letra b), del TFUE. Varios Estados miembros han establecido medidas que les permiten limitar ▌tal circulación ▌por motivos de seguridad o de orden público. Dichas medidas reflejan ▌los objetivos y las preocupaciones de los Estados miembros con respecto a la inversión extranjera directa y podrían traducirse en mecanismos con diferencias entre sí en lo que respecta a su ámbito de aplicación y procedimiento. Los Estados miembros que quieran establecer tales mecanismos en el futuro podrían tener en cuenta el funcionamiento de los mecanismos existentes así como la experiencia y mejores prácticas adquiridas con ellos.

(5)  Actualmente no existe ningún marco global a escala de la Unión▌ para el control de la inversión extranjera directa por motivos de seguridad o de orden público, mientras que los principales socios comerciales de la Unión ya han elaborado tales marcos.

(6)  La inversión extranjera directa está incluida en el ámbito de la política comercial común. De conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra e), ▌ del TFUE, ▌la Unión dispone de competencia exclusiva en lo relativo a la política comercial común.

(7)  Es importante aportar seguridad jurídica en lo que se refiere a los mecanismos de control que los Estados miembros establecen por motivos de seguridad o de orden público y ▌garantizar la coordinación y cooperación a escala de la Unión ▌en materia de control de las inversiones extranjeras directas ▌que puedan afectar a la seguridad o al orden público. Ese marco común se entiende sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros de salvaguardar la ▌seguridad nacional, como dispone el artículo 4, apartado 2, del TUE. También se entiende sin perjuicio de la protección de los intereses esenciales de su seguridad, de conformidad con el artículo 346 del TFUE.

(8)  El marco para el control de las inversiones extranjeras directas y para la cooperación debe ofrecer ▌ a los Estados miembros y a la Comisión los medios para hacer frente a los riesgos para la seguridad o el orden público de una manera global, y para adaptarse a la evolución de las circunstancias, sin dejar de mantener la necesaria flexibilidad para que los Estados miembros controlen, por motivos de seguridad y de orden público, las inversiones extranjeras directas, habida cuenta de la situación y las particularidades nacionales de cada uno de ellos. La decisión de establecer un mecanismo de control o de controlar una inversión extranjera directa concreta incumbe exclusivamente al Estado miembro interesado.

(9)  El presente Reglamento debe abarcar una amplia gama de inversiones que establecen o mantienen vínculos duraderos y directos entre inversores de terceros países, incluidas entidades estatales, y empresas que realizan una actividad económica en un Estado miembro. Sin embargo, se deben excluir las inversiones de cartera.

(10)  Los Estados miembros que disponen de un mecanismo de control deben ▌ establecer las medidas necesarias, de conformidad con el Derecho de la Unión, a fin de evitar la elusión de sus mecanismos de control y decisiones de control. Dichas medidas deben abarcar las inversiones realizadas desde dentro de la Unión mediante acuerdos artificiales que no reflejen la realidad económica y eludan los mecanismos de control y las decisiones de control, cuando el inversor sea, en última instancia, propiedad de una persona física o empresa de un tercer país o esté bajo el control de estas. Todo ello se entiende sin perjuicio de la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales consagradas en el TFUE.

(11)  Los Estados miembros deben poder evaluar los riesgos para la seguridad y el orden público derivados de cambios significativos en la estructura de propiedad o las características claves de los inversores extranjeros.

(12)   A fin de orientar a los Estados miembros y a la Comisión en la aplicación ▌del presente Reglamento, es conveniente ofrecer una lista de factores que puedan tenerse en cuenta para ▌determinar si una inversión extranjera directa▌ puede afectar la seguridad o el orden público. ▌Dicha lista también mejorará la transparencia de los mecanismos de control de los Estados miembros para los inversores que se planteen realizar o hayan realizado inversiones extranjeras directas en la Unión. ▌La lista de factores que puedan afectar a la seguridad o al orden público debe seguir siendo no exhaustiva.

(13)  Para determinar si una inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público, los Estados miembros y la Comisión deben poder tener en cuenta todos los factores pertinentes, como los efectos sobre las infraestructuras críticas y las tecnologías (incluidas las tecnologías facilitadoras esenciales), así como los insumos que son esenciales para la seguridad o el mantenimiento del orden público, cuya perturbación, fallo, pérdida o destrucción tendría un impacto significativo en un Estado miembro o en la Unión. A este respecto, los Estados miembros y la Comisión también deben poder tener en cuenta el contexto y las circunstancias de la inversión extranjera directa, y en particular saber si un inversor extranjero está controlado directa o indirectamente, ▌ por ejemplo, mediante una financiación significativa, incluidos subsidios, ▌por el gobierno de un tercer país o si está desarrollando proyectos o programas de naturaleza pública en el extranjero.

(14)   Los Estados miembros o la Comisión, según proceda, podrían tomar en consideración información pertinente transmitida por los agentes económicos, organizaciones de la sociedad civil o interlocutores sociales como los sindicatos, en relación con una inversión extranjera directa que pueda afectar a la seguridad o el orden público.

(15)  Conviene establecer los elementos esenciales del marco para el control, por los Estados miembros, de las inversiones extranjeras directas, de modo que los inversores, la Comisión y los demás Estados miembros puedan entender el control al que podrán ser sometidas dichas inversiones. ▌Dichos elementos deben incluir, como mínimo, plazos para el control y la posibilidad para los inversores extranjeros de ▌ interponer recurso contra las decisiones de control. ▌Las normas y los procedimientos relativos a los mecanismos de control deben ser transparentes y no establecer discriminaciones entre terceros países.

(16)  Debe establecerse un mecanismo que permita a los Estados miembros cooperar y ayudarse mutuamente cuando una inversión extranjera directa en uno de ellos ▌ pueda afectar a la seguridad o al orden público en otros Estados miembros. Los Estados miembros deben tener la posibilidad ▌de comunicar observaciones al Estado miembro en el que ▌tal inversión se haya previsto o realizado, con independencia de que dicho Estado miembro disponga de un mecanismo de control o de que tal inversión esté siendo sometida a control.Las solicitudes de información, las respuestas y las observaciones de los Estados miembros deben remitirse asimismo a la Comisión. Si es preciso, la Comisión debe ▌poder emitir un dictamen en el sentido del artículo 288 del TFUE a la atención del Estado miembro en el que se prevea o se haya realizado la inversión. ▌Los Estados miembros también deben poder solicitar un dictamen a la Comisión u observaciones a otros Estados miembros con respecto a una inversión extranjera directa que se realiza en su territorio.

(17)   Cuando un Estado miembro reciba observaciones de otros Estados miembros o un dictamen de la Comisión, debe tomar en consideración debidamente dichas observaciones o dicho dictamen, tomando, en su caso, medidas con arreglo a su Derecho nacional o teniéndolos en cuenta en la elaboración de sus políticas en general, en consonancia con el deber de cooperación leal que establece el artículo 4, apartado 3, del TUE. En última instancia, la decisión relativa a toda inversión extranjera directa objeto de control o relativa a cualquier medida adoptada en relación con una inversión extranjera directa que no sea objeto de control incumbe exclusivamente al Estado miembro en el que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado.

(18)  El mecanismo de cooperación solo debe utilizarse para la protección de la seguridad y del orden público. Por este motivo, los Estados miembros deben justificar debidamente toda solicitud de información relativa a una inversión extranjera directa en otro Estado miembro, así como toda observación que dirijan a dicho Estado miembro. Los mismos requisitos deben aplicarse cuando la Comisión solicite información relativa a una inversión extranjera directa o emita un dictamen a la atención de un Estado miembro. El cumplimiento de dichos requisitos también es importante en los casos en que un inversor de un Estado miembro compita con inversores de terceros países para realizar una inversión en otro Estado miembro, como la adquisición de activos.

(19)  Además, la Comisión debe poder ▌emitir un dictamen con arreglo al artículo 288 del TFUE en relación con inversiones extranjeras directas que, por motivos de seguridad o de orden público, puedan afectar a los proyectos y programas de interés para la Unión. De esa manera, la Comisión dispondría de un instrumento para proteger los proyectos y programas que sirven a la Unión en su conjunto y representan una importante contribución a su crecimiento económico, al empleo y a la competitividad. Ello debe incluir, en particular, los proyectos y programas que implican una financiación sustancial ▌de la Unión o que han sido establecidos por el Derecho de la Unión ▌en materia de infraestructuras críticas, tecnologías críticas o insumos fundamentales. Dichos proyectos o programas de interés para la Unión ▌deben indicarse en una lista en el presente Reglamento. Cualquier dictamen que se dirija a un Estado miembro también debe enviarse simultáneamente a los demás Estados miembros▌.

Los Estados miembros deben tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen recibido de la Comisión, tomando, cuando corresponda, las medidas disponibles en su Derecho nacional, o teniéndolo en cuenta en la elaboración de sus políticas en general, y dar una explicación a la Comisión en caso de que no lo sigan, en cumplimiento de su deber de cooperación leal en virtud del artículo 4, apartado 3, del TUE. La decisión definitiva en relación con toda inversión extranjera directa objeto de control o con toda medida adoptada en relación con una inversión extranjera directa que no sea objeto de control incumbe exclusivamente al Estado miembro en el que se haya previsto o realizado la inversión extranjera directa.

(20)   ▌A fin de tener en cuenta las novedades relacionadas con los proyectos y programas de interés para la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, para modificar la lista de proyectos y programas de interés para la Unión recogida en el anexo del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(6). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(21)  A fin de aportar más seguridad a los inversores, los Estados miembros deben poder formular observaciones y la Comisión debe poder emitir un dictamen en relación con las inversiones realizadas que no sean objeto de control durante un período limitado de 15 meses después de haberse realizado la inversión extranjera directa. El mecanismo de cooperación no debe aplicarse a las inversiones extranjeras directas que se hayan realizado antes del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

(22)   ▌Los Estados miembros deben notificar sus mecanismos de control y toda modificación de estos a la Comisión y deben informar anualmente sobre la aplicación de dichos mecanismos de control, también sobre las decisiones que autoricen o prohíban inversiones extranjeras directas o las sometan a condiciones o medidas de reducción de riesgos y sobre las decisiones relativas a inversiones extranjeras directas que puedan afectar a los proyectos o programas de interés para la Unión. Todos los Estados miembros ▌ deben informar ▌ acerca de las inversiones extranjeras directas realizadas en su territorio, con arreglo a la información de que dispongan. Con el fin de mejorar la calidad y la comparabilidad de la información aportada por los Estados miembros y de facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de notificación e información, la Comisión debe proporcionar formularios normalizados teniendo en cuenta, entre otros, los formularios pertinentes utilizados a los efectos del envío de información a Eurostat, cuando corresponda.

(23)   ▌A fin de garantizar la eficacia del mecanismo de cooperación, también es importante garantizar un nivel mínimo de información y coordinación en lo que respecta a las inversiones extranjeras directas que entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento en todos los Estados miembros. Los Estados miembros deben facilitar dicha información para las inversiones extranjeras directas objeto de control y, previa solicitud, para otras inversiones extranjeras directas. La correspondiente información debe incluir ▌ aspectos como la estructura de propiedad del inversor extranjero y la financiación de la inversión prevista o realizada, incluyendo, en su caso, información sobre las subvenciones concedidas por terceros países. Los Estados miembros deben procurar proporcionar información exacta, exhaustiva y fidedigna.

(24)   A solicitud de un Estado miembro en el que se haya previsto o realizado una inversión extranjera directa, el inversor extranjero o la empresa afectada debe facilitar la información solicitada. En circunstancias excepcionales, cuando, a pesar de haber puesto todo su empeño, los Estados miembros no puedan obtener dicha información, deben notificar sin demora a los Estados miembros afectados o a la Comisión. En tal caso, toda observación formulada por otro Estado miembro o todo dictamen emitido por la Comisión en el marco del mecanismo de cooperación debe poder realizarse sobre la base de la información a su disposición.

(25)   Cuando los Estados miembros publiquen la información solicitada, deben cumplir el Derecho de la Unión y el Derecho nacional que cumpla el Derecho de la Unión.

(26)   Debe mejorarse la comunicación y la cooperación a escala nacional y de la Unión mediante el establecimiento de un punto ▌ de contacto para ▌ la aplicación del presente Reglamento en cada Estado miembro y en la Comisión.

(27)   Los puntos de contacto establecidos por los Estados miembros y por la Comisión deben ubicarse adecuadamente dentro de la respectiva administración y deben estar dotados del personal cualificado y las competencias necesarios para el ejercicio de sus funciones conforme al mecanismo de coordinación y para asegurar la correcta gestión de información confidencial.

(28)   El grupo de expertos de la Comisión dedicado al control de la inversión extranjera directa en la Unión Europea, establecido por la Decisión de 29 de noviembre de 2017 de la Comisión(7), formado por representantes de los Estados miembros debe apoyar la elaboración y aplicación de políticas integrales y eficaces. Dicho grupo debe debatir, en particular, asuntos relativos al control de las inversiones extranjeras directas, intercambiar mejores prácticas y lecciones extraídas, así como impresiones sobre tendencias y asuntos de interés común en relación con las inversiones extranjeras directas. La Comisión debe considerar consultar al grupo por lo que respecta a cuestiones sistémicas relacionadas con la aplicación del presente Reglamento. La Comisión debe consultar al grupo de expertos sobre los proyectos de actos delegados de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

(29)   Debe impulsarse a los Estados miembros y a la Comisión para que cooperen con las autoridades competentes de terceros países afines sobre asuntos relacionados con el control de las inversiones extranjeras directas que pueda afectar a la seguridad o al orden público. Dicha cooperación administrativa debe aspirar a reforzar la eficacia del marco de control de las inversiones extranjeras directas por parte de los Estados miembros y la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión con arreglo al presente Reglamento. La Comisión también debe poder realizar un seguimiento de la evolución que experimenten los mecanismos de control de terceros países.

(30)  Los Estados miembros y la Comisión deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la información confidencial de conformidad, en particular, con la Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión(8), la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión(9) y el Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea(10). Se incluye, en particular, la obligación de que la información clasificada no vea reducido o suprimido su nivel de clasificación sin el consentimiento escrito previo del originador de la información(11). Cualquier información sensible pero no clasificada o la información que se proporcione con carácter confidencial debe tratarse como tal por las autoridades.

(31)   Todo tratamiento de datos personales con arreglo al presente Reglamento debe cumplir las normas aplicables en materia de protección de los datos personales. El tratamiento de datos personales por parte de los puntos de contacto y otras entidades dentro de los Estados miembros debe realizarse con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(12). El tratamiento de los datos personales por la Comisión debe realizarse con arreglo al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

(32)   Sobre la base, entre otras cosas, de los informes anuales presentados por todos los Estados miembros y dentro del debido respeto a la naturaleza confidencial de cierta información incluida en dichos informes, la Comisión debe elaborar un informe anual sobre la aplicación del presente Reglamento y presentarlo al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe debe ser público para una mayor transparencia.

(33)   El Parlamento Europeo debe poder invitar a la Comisión a una reunión de la comisión parlamentaria competente, para que presente y exponga cualquier cuestión sistémica relacionada con la aplicación del presente Reglamento.

(34)   ▌ A más tardar el ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y posteriormente cada cinco años, la Comisión debe ▌ evaluar el funcionamiento y la eficacia del presente Reglamento y presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe debe incluir una evaluación de si el presente Reglamento necesita o no una modificación. En caso de que el informe proponga modificar el presente Reglamento, puede ir acompañado de una propuesta legislativa.

(35)  La aplicación del presente Reglamento por parte de la Unión y los Estados miembros debe cumplir los requisitos pertinentes para la imposición de medidas restrictivas por motivos de seguridad ▌y orden público ▌ establecidos en los acuerdos de la OMC, en particular, los artículos XIV, letra a), y XIV bis, del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios ▌(14) (AGCS). También debe cumplir el Derecho de la Unión y ser coherente con los compromisos adquiridos en otros acuerdos comerciales y de inversión en los que la Unión o los Estados miembros sean parte o disposiciones comerciales y de inversión a las que se hayan adherido una u otros.

(36)  Cuando una inversión extranjera directa constituya una concentración comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo(15), la aplicación del presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la aplicación del artículo 21, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 139/2004. El presente Reglamento y el artículo 21, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 139/2004 deben aplicarse de manera coherente. En la medida en que se solape el ámbito de aplicación respectivo de sendas normas, deben interpretarse de forma coherente los motivos del control establecidos en el artículo 1 del presente Reglamento y el concepto de interés legítimo, en el sentido del artículo 21, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (CE) n.º 139/2004, sin perjuicio de la evaluación de la compatibilidad de las medidas nacionales destinadas a proteger dichos intereses con los principios generales y otras disposiciones del Derecho de la Unión.

(37)   El presente Reglamento no afecta a las normas de la Unión relativas a la evaluación cautelar de las adquisiciones de participaciones cualificadas en el sector financiero, que es un procedimiento distinto con un objetivo específico(16).

(38)   El presente Reglamento es coherente con otros procedimientos de notificación y de control establecidos en la legislación sectorial de la Unión y se entiende sin perjuicio de estos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento establece un marco para el control, por parte de los Estados miembros, ▌ por motivos de seguridad o de orden público, de las inversiones extranjeras directas dentro de la Unión ▌ y para un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros, así como entre los Estados miembros y la Comisión, por lo que respecta a las inversiones extranjeras directas que puedan afectar a la seguridad o al orden público. Incluye la posibilidad de que la Comisión emita dictámenes sobre dichas inversiones.

2.  El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de que cada Estado miembro tenga responsabilidad exclusiva sobre su seguridad nacional, como dispone el artículo 4, apartado 2, del TUE, y del derecho de cada Estado miembro a proteger sus intereses esenciales de seguridad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE.

3.  Ninguna disposición del presente Reglamento podrá entenderse como limitación del derecho de cada Estado miembro a decidir si controla o no una determinada inversión extranjera directa en el marco del presente Reglamento.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «inversión extranjera directa»: una inversión de cualquier tipo por parte de un inversor extranjero con el objetivo de crear o mantener vínculos duraderos y directos entre el inversor extranjero y el empresario o la empresa a los que se destinen los fondos para el ejercicio de una actividad económica en un Estado miembro, incluidas las inversiones que permitan una participación efectiva en la gestión o el control de una empresa que ejerce una actividad económica;

2)  «inversor extranjero»: una persona física de un tercer país ▌ o empresa de un tercer país, que desee realizar o haya realizado una inversión extranjera directa;

3)  «control»: un procedimiento que permite evaluar, investigar, autorizar, condicionar, prohibir o anular inversiones extranjeras directas;

4)  «mecanismo de control»: un instrumento de aplicación general, como una disposición legal o reglamentaria, y los requisitos administrativos, normas o directrices de ejecución que la acompañan, en el que se establecen los términos, las condiciones y los procedimientos para la evaluación, investigación, autorización, condicionalidad, prohibición o anulación de las inversiones extranjeras directas, por motivos de seguridad u orden público;

5)   «inversión extranjera directa objeto de control»: una inversión extranjera directa que está siendo sometida a una evaluación o investigación formal con arreglo a un mecanismo de control;

6)   «decisión de control»: una medida adoptada en aplicación de un mecanismo de control;

7)   «empresa de un tercer país»: una empresa constituida u organizada de otro modo con arreglo a las leyes de un tercer país.

Artículo 3

Mecanismos de control de los Estados miembros

1.  De conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, los Estados miembros podrán mantener, modificar o adoptar mecanismos para controlar, por motivos de seguridad u orden público, las inversiones extranjeras directas en su territorio ▌.

2.   Las normas y los procedimientos relacionados con ▌ los mecanismos de control, en particular los plazos aplicables, serán transparentes y no discriminarán entre terceros países. En particular, los Estados miembros determinarán las circunstancias que deben concurrir para iniciar un control, los motivos de este y las normas de procedimiento aplicables detalladas.

3.   Los Estados miembros ▌ aplicarán plazos ▌ en el marco de sus mecanismos de control. ▌Los mecanismos de control deberán permitir ▌ a los Estados miembros tener en cuenta las observaciones de otros Estados miembros a las que se refieren los artículos 6 y 7 ▌ y los dictámenes de la Comisión a los que se hace referencia en los artículos 6, 7 y 8 ▌.

4.   ▌Se protegerá la información confidencial, incluida la información comercialmente sensible, facilitada al Estado miembro que esté efectuando el control ▌.

5.   ▌Los inversores extranjeros y las empresas interesadas tendrán la posibilidad de ▌interponer recurso contra las decisiones de control de las autoridades nacionales.

6.   Los Estados miembros que dispongan de mecanismos de control mantendrán, modificarán o adoptarán las medidas necesarias para determinar y evitar la elusión de los mecanismos de control y de las decisiones de control.

7.   ▌Los Estados miembros notificarán a la Comisión a más tardar el... [30 días después de la entrada en vigor del presente Reglamento] los mecanismos de control de que disponen. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todo mecanismo de control nuevo adoptado o toda modificación de un mecanismo de control existente en un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada en vigor del nuevo mecanismo de control adoptado o de la modificación de un mecanismo de control existente.

8.   La Comisión publicará una lista de los mecanismos de control de los Estados miembros, a más tardar tres meses después de recibir las notificaciones a que se refiere el apartado 7. La Comisión mantendrá dicha lista actualizada.

Artículo 4

Factores que pueden tener en cuenta los Estados miembros o la Comisión

1.   Para ▌determinar si una inversión extranjera directa puede afectar ▌a la seguridad o al orden público, los Estados miembros y la Comisión podrán tener en cuenta sus efectos potenciales, entre otros en:

a)   infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales, (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles), así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras;

b)   tecnologías críticas y productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo(17), incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores,▌ la ciberseguridad, las tecnologías aeroespacial, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías;

c)   el suministro de insumos fundamentales, en particular energía o materias primas, así como la seguridad alimentaria;

d)   el acceso a información sensible, en particular datos personales, o la capacidad de control de ▌ dicha información; o

e)   la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

2.   Para determinar si una inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público, los Estados miembros y la Comisión también podrán tener en cuenta, especialmente:

a)   si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno (incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas) de un tercer país, en particular mediante una estructura de propiedad o una financiación significativa;

b)   si el inversor extranjero ya ha participado en actividades que afecten a la seguridad o al orden público en un Estado miembro; o

c)   si existe un riesgo grave de que el inversor extranjero ejerce actividades delictivas o ilegales.

Artículo 5

Informes anuales

1.   A más tardar el 31 de marzo de cada año, los Estados miembros ▌presentarán a la Comisión un informe anual que cubra el año natural anterior, que incluirá información agregada sobre las inversiones extranjeras ▌directas realizadas en su territorio, con arreglo a la información de que dispongan, e información agregada sobre las solicitudes recibidas de otros Estados miembros de conformidad con el artículo 6, apartado 6, y el artículo 7, apartado 5.

2.   Para cada período de informe, los Estados miembros que mantengan mecanismos de control facilitarán, además de la información mencionada en el apartado 1, ▌información agregada sobre la aplicación de sus mecanismos de control. ▌

3.   La Comisión facilitará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la aplicación y la ejecución del presente Reglamento. Dicho informe se hará público.

4.   El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a una reunión de la comisión parlamentaria competente, para presentar y exponer cualquier cuestión sistémica relacionada con la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 6

Mecanismo de cooperación en relación con inversiones extranjeras directas objeto de control

1.  Los Estados miembros comunicarán ▌a la Comisión y a los demás Estados miembros toda inversión extranjera directa▌ en su territorio que ▌esté siendo sometida a control ▌, facilitando tan pronto como sea posible la información mencionada en el artículo 9, apartado 2, del presente Reglamento ▌. La notificación podrá incluir una lista de los Estados miembros cuya seguridad u orden público podrían verse afectados. Como parte de la ▌notificación, y cuando corresponda, el Estado miembro ▌ que esté efectuando el control velará por indicar si considera que es probable que la inversión extranjera directa objeto de control entre dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 139/2004.

2.  Si un Estado miembro considera que una inversión extranjera directa ▌objeto de control en otro Estado miembro puede afectar a su seguridad u orden público, o tiene información pertinente en relación con dicho control, podrá formular observaciones al Estado miembro que esté efectuando el control ▌. El Estado miembro que formule ▌observaciones las enviará a la Comisión simultáneamente.

La Comisión comunicará a los demás Estados miembros que se han formulado observaciones.

3.  Cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa objeto de control puede afectar a la seguridad o al orden público en ▌más de un Estado miembro, o tiene información pertinente en relación con dicha inversión extranjera directa, podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro que esté efectuando el control ▌. La Comisión podrá emitir un dictamen con independencia de que otros Estados miembros hayan formulado observaciones. La Comisión podrá emitir un dictamen a raíz de las observaciones formuladas por otros Estados miembros. La Comisión emitirá dicho dictamen cuando esté justificado, después de que al menos un tercio de los Estados miembros considere que una inversión extranjera directa puede afectar a su seguridad u orden público.

La Comisión comunicará a los demás Estados miembros que se ha emitido un dictamen.

4.   Si un Estado miembro considera debidamente que una inversión extranjera directa en su territorio puede afectar a su seguridad u orden público podrá solicitar a la Comisión que emita un dictamen o a otros Estados miembros que formulen observaciones.

5.   Las observaciones a que se refiere el apartado 2 y los dictámenes a que se refiere el apartado 3 deberán estar debidamente justificados.

6.   A más tardar 15 días naturales después de la recepción de la información mencionada en el apartado 1, otros Estados miembros y la Comisión notificarán al Estado miembro que esté efectuando el control su intención de formular observaciones al amparo del apartado 2 o de emitir un dictamen al amparo del apartado 3. La notificación podrá incluir una solicitud de información adicional a la información mencionada en el apartado 1.

Toda solicitud de información adicional deberá estar debidamente justificada, limitarse a la información necesaria para formular observaciones al amparo del apartado 2 o para emitir un dictamen al amparo del apartado 3, ser proporcionada al objeto de la solicitud y no representar una carga injustificadamente gravosa para el Estado miembro que esté efectuando el control. Las solicitudes de información y las respuestas de los Estados miembros se enviarán a la Comisión simultáneamente.

7.   Las observaciones a que se refiere el apartado 2 o los dictámenes a que se refiere el apartado 3 se dirigirán al Estado miembro que esté efectuando el control y se les enviarán en un plazo razonable, y en cualquier caso en un plazo máximo de 35 días ▌naturales después de la recepción de la información mencionada en el apartado 1 ▌.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, si se hubiera solicitado información adicional de conformidad con el apartado 6, dichas observaciones o dictámenes se emitirán en un plazo máximo de 20 días naturales después de la recepción de la información adicional o la notificación de conformidad con el artículo 9, apartado 5.

No obstante lo dispuesto en el apartado 6, la Comisión podrá emitir un dictamen a raíz de las observaciones de otros Estados miembros, en la medida de lo posible en los plazos señalados en el presente apartado, y en cualquier caso en un plazo máximo de cinco días naturales después del vencimiento de dichos plazos.

8.   En el caso excepcional de que el Estado miembro que esté efectuando el control considere que su seguridad u orden público exigen una acción inmediata, notificará a los demás Estados miembros y a la Comisión su intención de adoptar una decisión de control antes de los plazos a que se refiere el apartado 7 y justificará debidamente la necesidad de tal acción inmediata. Los demás Estados miembros y la Comisión procurarán formular observaciones o emitir un dictamen rápidamente.

9.   El▌ Estado▌ miembro▌ que esté efectuando el control ▌tendrá▌ debidamente en cuenta las observaciones de los demás Estados miembros a que se refiere el apartado 2 y el dictamen de la Comisión a que se refiere el apartado 3. La decisión de control definitiva la tomará el Estado miembro que esté efectuando el control.

10.   La cooperación ▌con arreglo al presente artículo se llevará a cabo a través de los puntos de contacto establecidos con arreglo al artículo ▌11.

Artículo 7

Mecanismo de cooperación en relación con inversiones extranjeras directas que no sean objeto de control

1.   Si un Estado miembro considera que una inversión extranjera directa prevista o realizada en otro Estado miembro que no esté siendo sometida a control en dicho Estado miembro puede afectar a su seguridad u orden público, o tiene información pertinente en relación con dicha inversión extranjera directa, podrá formular observaciones a ese otro Estado miembro. El Estado miembro que formule observaciones las enviará a la Comisión simultáneamente.

La Comisión comunicará a los demás Estados miembros que se han formulado observaciones.

2.   Cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa prevista o realizada en un Estado miembro que no esté siendo sometida a control en dicho Estado miembro puede afectar a la seguridad o al orden público en ▌más de un Estado miembro, o tiene información pertinente en relación con dicha inversión extranjera directa, podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro en que se haya previsto o realizado dicha inversión extranjera directa. La Comisión podrá emitir un dictamen con independencia de que otros Estados miembros hayan formulado observaciones. La Comisión podrá emitir un dictamen a raíz de las observaciones formuladas por otros Estados miembros. La Comisión emitirá dicho dictamen cuando esté justificado, después de que al menos un tercio de los Estados miembros considere que una inversión extranjera directa puede afectar a su seguridad u orden público.

La Comisión comunicará a los demás Estados miembros que se ha emitido un dictamen.

3.   Si un Estado miembro considera debidamente que una inversión extranjera directa en su territorio puede afectar a su seguridad u orden público podrá solicitar a la Comisión que emita un dictamen o a otros Estados miembros que formulen observaciones.

4.   Las ▌observaciones a que se refiere el apartado 1 y los dictámenes a que se refiere el apartado 2 deberán estar debidamente justificados.

5.   Cuando ▌ un Estado miembro o la Comisión consideren ▌que una inversión extranjera directa que no esté siendo sometida a control ▌puede afectar a ▌la seguridad u orden público como disponen los apartados 1 o 2, podrán solicitar al Estado miembro en el que se haya previsto o realizado la inversión extranjera directa ▌la información mencionada en el artículo 9.

Toda solicitud de información deberá estar debidamente justificada, limitarse a la información necesaria para formular ▌observaciones ▌ al amparo del ▌apartado 1 o para emitir un dictamen al amparo del ▌apartado 2, ser proporcionada al objeto de la solicitud y no representar una carga injustificadamente gravosa para el Estado miembro en el que se haya previsto o realizado la inversión extranjera directa.

Las solicitudes de información y las respuestas de los Estados miembros se enviarán a la Comisión simultáneamente.

6.   Las observaciones formuladas al amparo del apartado 1 ▌ o los dictámenes emitidos al amparo del apartado 2 ▌ se dirigirán al Estado miembro en el que se haya previsto o realizado la inversión extranjera directa y se les enviarán en un plazo razonable, y en cualquier caso en un plazo máximo de 35 ▌días naturales después de la recepción de la información mencionada en el apartado ▌ 5 o de la notificación con arreglo al artículo 9, apartado 5. En los casos en que el dictamen de la Comisión se emita a raíz de las observaciones de otros Estados miembros, la Comisión dispondrá de 15▌ días ▌naturales adicionales para emitirlo.

7.   El Estado miembro▌ en el que se haya previsto o realizado una inversión extranjera directa tendrá▌ debidamente en cuenta las observaciones de los demás Estados miembros▌ y el dictamen de la Comisión ▌.

8.  Los Estados miembros podrán formular observaciones al amparo del apartado 1 y la Comisión podrá emitir un dictamen al amparo del apartado 2 en un plazo máximo de 15 meses después de que se haya realizado la inversión extranjera directa.

9.   La cooperación ▌con arreglo al presente artículo se llevará a cabo a través de los puntos de contacto establecidos con arreglo al artículo 11.

10.   El presente artículo no se aplicará a las inversiones extranjeras directas que se hayan realizado antes del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Artículo 8

Inversiones extranjeras directas que puedan afectar a proyectos o programas de interés para la Unión

1.  Cuando la Comisión considere que una inversión extranjera directa puede afectar, por motivos de seguridad u orden público, a proyectos o programas de interés para la Unión, podrá emitir un dictamen a la atención del Estado miembro en que se haya previsto o realizado dicha inversión extranjera directa.

2.   Los procedimientos establecidos en los artículos 6 y 7 se aplicarán mutatis mutandis, con las modificaciones siguientes:

a)   como parte de la notificación a que se refiere el artículo 6, apartado 1, o las observaciones a que se refieren el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7, apartado 1, los Estados miembros podrán indicar si consideran que una inversión extranjera directa puede afectar a proyectos o programas de interés para la Unión;

b)   ▌el dictamen de la Comisión se enviará a los demás Estados miembros;

c)   el Estado miembro en el que se haya previsto o realizado la inversión extranjera directa tendrá en cuenta en la mayor medida posible el dictamen de la Comisión y facilitará a esta una explicación en caso de no seguirlo.

3.   A efectos del presente artículo, ▌entre los proyectos o programas de interés para la Unión se cuentan ▌aquellos que implican una cantidad importante o un porcentaje considerable de financiación de la Unión, o que están regulados por el Derecho de la Unión en materia de infraestructuras críticas, tecnologías críticas o insumos fundamentales que son esenciales para la seguridad o el orden público. En el anexo ▌ figura la lista de proyectos y programas de interés para la Unión.

4.   La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 16 para modificar la lista de proyectos y programas de interés para la Unión.

Artículo 9

Requisitos de información

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que la información notificada con arreglo al artículo 6, apartado 1, o solicitada por la Comisión y otros Estados miembros con arreglo al artículo 6, apartado 6, y al artículo 7, apartado 5 ▌, se ponga a disposición de la Comisión y de los Estados miembros solicitantes sin demora indebida.

2.  La información a que se refiere el apartado 1 incluirá▌:

a)  la estructura de propiedad del inversor extranjero y de la empresa en la que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado, incluyendo información sobre el inversor último y la participación en el capital▌;

b)  el valor aproximado de la inversión extranjera directa;

c)  los productos, los servicios y las operaciones comerciales del inversor extranjero y de la empresa en la que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado;

d)  los Estados miembros en los que el inversor extranjero y la empresa en la que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado llevan a cabo sus actividades empresariales pertinentes;

e)  la financiación de la inversión y su fuente, basándose en la mejor información de que disponga el Estado miembro▌;

f)   ▌la fecha en que se haya previsto realizar o se haya realizado la inversión extranjera directa.

3.   Los Estados miembros procurarán facilitar cualquier información adicional a la información a que se refieren los apartados 1 y 2, si estuviera disponible, a los Estados miembros solicitantes y a la Comisión sin demora indebida.

4.   Los Estados miembros en que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado podrán solicitar al inversor extranjero o a la empresa en la que la inversión extranjera directa se haya previsto o realizado que faciliten la información enumerada en el apartado 2. El inversor extranjero o la empresa de que se trate facilitarán la información solicitada sin demora indebida.

5.   Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión y a los demás Estados miembros de que se trate, si, en circunstancias excepcionales, no pueden, a pesar de haber puesto todo su empeño, obtener la información a que se refiere el apartado 1. En la notificación, dichos Estados miembros justificarán debidamente los motivos por los que no facilitan dicha información y explicarán todo el empeño realizado para obtener la información solicitada, incluida una solicitud con arreglo al apartado 4.

Si no se facilita información, toda observación formulada por otro Estado miembro o todo dictamen emitido por la Comisión podrá basarse en la información a su disposición.

Artículo 10

Confidencialidad de la información transmitida

1.  La información recibida en aplicación del presente Reglamento solo podrá utilizarse para el fin para el que haya sido solicitada.

2.  Los Estados miembros y la Comisión velarán por la protección de la información confidencial obtenida en aplicación del presente Reglamento de conformidad con el Derecho de la Unión y las respectivas normativas nacionales.

3.   Los Estados miembros y la Comisión velarán por que la información clasificada que se haya facilitado o intercambiado con arreglo al presente Reglamento no sufra una reducción del grado de clasificación o la desclasificación sin el consentimiento previo por escrito del originador.

Artículo 11

Puntos de contacto

1.   Cada Estado miembro y la Comisión establecerán un ▌punto de contacto ▌para la aplicación del presente Reglamento. ▌Los Estados miembros y la Comisión harán participar a dichos puntos de contacto ▌en todas las cuestiones relativas a la aplicación del presente Reglamento.

2.   La Comisión proporcionará un sistema seguro y cifrado para apoyar la cooperación directa y el intercambio de información entre los puntos de contacto.

Artículo 12

Grupo de expertos sobre el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea

El grupo de expertos sobre el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea, que ofrece asesoramiento y conocimientos especializados a la Comisión, continuará los debates sobre cuestiones relativas al control de las inversiones extranjeras directas, intercambiará mejores prácticas y lecciones extraídas, así como impresiones sobre tendencias y asuntos de interés común en relación con las inversiones extranjeras directas. La Comisión considerará asimismo la posibilidad de recabar el asesoramiento de dicho grupo por lo que respecta a cuestiones sistémicas relacionadas con la aplicación del presente Reglamento.

Los debates de dicho grupo tendrán carácter confidencial.

Artículo 13

Cooperación internacional

Los Estados miembros y la Comisión podrán cooperar con las autoridades competentes de terceros países sobre cuestiones relativas al control de las inversiones extranjeras directas por motivos de seguridad y de orden público.

Artículo 14

Tratamiento de datos personales

1.  Todo tratamiento de datos personales con arreglo al presente Reglamento se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y el Reglamento (UE) 2018/1725 y solo en la medida en que sea necesario para el control de las inversiones extranjeras directas por parte de los Estados miembros y para garantizar la eficacia de la cooperación prevista en el presente Reglamento.

2.  Los datos personales relacionados con la aplicación del presente Reglamento solo se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines para los que fueron recogidos.

Artículo 15

Evaluación

1.  A más tardar el … [tres años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará el funcionamiento y la eficacia del presente Reglamento y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo▌. Los Estados miembros participarán en este ejercicio y, en caso necesario,▌ proporcionarán a la Comisión ▌información ▌adicional para la elaboración de dicho informe.

2.  Si en el informe se recomienda modificar el presente Reglamento, dicho informe podrá ir acompañado de una propuesta legislativa adecuada.

Artículo 16

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 8, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será aplicable a partir del … (18 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento).

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en […], el […].

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Lista de proyectos o programas de interés para la Unión a que se refiere el artículo 8, apartado 3

1.   Programas europeos del GNSS (Galileo y EGNOS):

Reglamento (UE) n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 1).

2.   Copernicus:

Reglamento (UE) n.º 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se establece el Programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) n.º 911/2010 (DO L 122 de 24.4.2014, p. 44).

3.   Horizonte 2020:

Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104), incluidas las acciones relativas a las tecnologías de capacitación clave, como la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores y la ciberseguridad.

4.   Redes transeuropeas de transporte (RTE-T):

Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).

5.   Redes transeuropeas de energía (RTE-E):

Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.º 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009 (DO L 115 de 25.4.2013, p. 39).

6.   Redes transeuropeas de telecomunicaciones:

Reglamento (UE) n.º 283/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 14).

7.   Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa:

Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión (DO L 200 de 7.8.2018, p. 30).

8.   Cooperación estructurada permanente (CEP):

Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo, de 6 de marzo de 2018, por la que se establece la lista de proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP) (DO L 65 de 8.3.2018, p. 24).

__________

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

En respuesta a la petición del Parlamento Europeo, la Comisión Europea se compromete a:

–  compartir con el Parlamento Europeo, cuando estén listos, los formularios normalizados que la Comisión Europea preparará para facilitar el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones de notificación anual en virtud del artículo 5 del Reglamento, y a

–  compartir con el Parlamento Europeo estos formularios normalizados cada año, en paralelo a la presentación del informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, del Reglamento.

(1) DO C 262 de 25.7.2018, p. 94.
(2) DO C 247 de 13.7.2018, p. 28.
(3)DO C 262 de 25.7.2018, p. 94.
(4)DO C 247 de 13.7.2018, p. 28.
(5)Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(6)DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.
(7)Decisión de 29 de noviembre de 2017 de la Comisión, por la que se crea el grupo de expertos sobre el control de las inversiones extranjeras directas (no publicada en el Diario Oficial), C(2017) 7866 final.
(8)Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
(9) Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
(10)DO C 202 de 8.7.2011, p. 13.
(11)Artículo 4, apartado 1, letra a), del Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea y artículo 4, apartado 2, de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444.
(12)Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(13)Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(14)DO L 336 de 23.12.1994, p. 191.
(15)Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24 de 29.1.2004, p. 1).
(16)Según lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338); Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1); Directiva2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
(17)Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (DO L 134 de 29.5.2009, p. 1).


Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión (versión refundida) (COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD))
P8_TA-PROV(2019)0122A8-0199/2018

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0280),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0173/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de octubre de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 24 de julio de 2017 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Transportes y Turismo, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de noviembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0199/2018),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión (versión refundida)

P8_TC1-COD(2017)0128


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(6) ha sido modificada de forma sustancial. Dado que deben hacerse nuevas modificaciones y en aras de la claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)  Es conveniente establecer la generalización del despliegue de los sistemas de telepeaje de carretera en los Estados miembros y en los países vecinos y disponer, en la medida de lo posible, de sistemas fiables, fáciles de usar y rentables adaptados al futuro desarrollo de la política de tarificación a escala de la Unión y a los futuros avances tecnológicos. Por consiguiente, es necesario que los sistemas de telepeaje de carretera sean interoperables para reducir el coste y las cargas relacionados con el pago de peajes en toda la Unión.

(3)  Los sistemas de peaje electrónicos interoperables contribuyen a la consecución de los objetivos definidos por el Derecho de la Unión en materia de peajes de carretera.

(4)  La falta de interoperabilidad constituye un problema importante en los sistemas de telepeaje de carretera en los que el canon de carretera adeudado está vinculado a la distancia recorrida por el vehículo (peajes basados en la distancia) o al paso del vehículo por un punto concreto (por ejemplo, peajes de cordón). Las disposiciones relativas a la interoperabilidad de sistemas de telepeaje de carretera deben, por tanto, aplicarse únicamente a estos sistemas y no deben aplicarse a los sistemas en los que el canon de carretera adeudado está vinculado al tiempo que el vehículo ha pasado en la infraestructura de peaje (por ejemplo, sistemas basados en el tiempo como las viñetas).

(5)  control transfronterizo del cumplimiento de la obligación de pago de cánones de carretera constituye un problema importante en todo tipo de sistemas, ya sean basados en la distancia o en el tiempo o peajes de cordón, tanto electrónicos como manuales. Por tanto, a fin de hacer frente al problema del control del cumplimiento transfronterizo de la obligación en caso de impago de los cánones de carretera, deben aplicarse a todos estos sistemas las disposiciones relativas al intercambio transfronterizo de información.

(6)  En el Derecho nacional, el impago de un canon de carretera puede considerarse infracción administrativa o infracción penal. La presente Directiva debe aplicarse con independencia de la calificación de la infracción.

(7)  Al no existir una clasificación coherente de las tasas de aparcamiento para toda la Unión, y debido al carácter indirecto de la relación entre estas y la utilización de las infraestructuras, las tasas de aparcamiento deben quedar excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva.

(8)  La interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera requiere cierto grado de armonización de la tecnología utilizada y de las interfaces entre componentes de interoperabilidad.

(9)  Se debe dar apoyo a la armonización de tecnologías e interfaces mediante el desarrollo y mantenimiento de unas normas abiertas y públicas adecuadas, que estén disponibles para todos los suministradores de sistemas sobre una base no discriminatoria.

(10)  A los efectos de que satisfagan, con sus equipos instalados a bordo (EIB), las tecnologías de comunicación requeridas, debe autorizarse a los proveedores del Servicio Europeo de Telepeaje (SET) a utilizar otros equipos y sistemas informáticos de que ya disponga el vehículo, como los sistemas de navegación o los dispositivos móviles, y a conectarse con ellos.

(11)  Las características específicas de los sistemas de telepeaje de carretera que actualmente se aplican a los vehículos ligeros han de tenerse en cuenta. Habida cuenta de que ninguno de esos sistemas de telepeaje de carretera utiliza actualmente la localización por satélite ni las comunicaciones móviles, debe autorizarse a los proveedores del SET, durante un período limitado, a proporcionar a los usuarios de vehículos ligeros EIB adecuados para ser utilizados únicamente con la tecnología de microondas a 5,8 GHz. Esta excepción debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a implantar peajes por satélite para vehículos ligeros.

(12)  Los sistemas de peaje basados en la tecnología de reconocimiento automático de matrículas ("RAM") requieren más controles manuales de las transacciones de peaje en el servicio interno que los sistemas que utilizan EIB. Los sistemas que utilizan EIB son más eficientes para grandes dominios de telepeaje, y los sistemas que utilizan tecnología RAM son más adecuados para dominios reducidos, como los peajes urbanos, donde el uso de EIB generaría cargas administrativas o costes desproporcionados. La tecnología RAM puede resultar útil particularmente cuando se combina con otras tecnologías.

(13)  A la vista de los avances tecnológicos conectados con soluciones basadas en la tecnología RAM, debe alentarse a los organismos de normalización a que definan las normas técnicas necesarias.

(14)  Los derechos y obligaciones específicos de los proveedores del SET deben aplicarse a entidades que prueben el cumplimiento de determinados requisitos y estén registradas como proveedores del SET en los Estados miembros donde están establecidas.

(15)  Los derechos y obligaciones específicos de los principales agentes del SET, es decir, los proveedores del SET, los perceptores de peaje y los usuarios del SET, deben definirse claramente para garantizar que el mercado funciones de forma justa y eficaz.

(16)  Resulta particularmente importante salvaguardar determinados derechos de los proveedores del SET, como el derecho a la protección de datos sensibles desde el punto de vista comercial, sin que ello repercuta negativamente en la calidad de los servicios suministrados a los perceptores de peaje y los usuarios del SET. En especial, se le debe exigir al perceptor de peaje que no divulgue datos sensibles desde el punto de vista comercial a ninguno de los competidores del proveedor del SET. La cantidad y el tipo de datos que faciliten los proveedores del SET a los perceptores de peaje, a fin de calcular y aplicar los peajes o de cerciorarse del cálculo del peaje aplicado a los vehículos de usuarios del SET por los proveedores del SET, debe limitarse al mínimo estrictamente necesario.

(17)  Debe exigirse a los proveedores del SET que cooperen plenamente con los perceptores de peaje por lo que respecta a su labor de control efectivo del cumplimiento de la obligación de pago de cánones , de modo que se incremente la eficacia general de los sistemas de telepeaje de carretera. Por tanto, cuando se sospeche el impago de un canon de carretera, debe autorizarse a los perceptores de peaje a solicitar al proveedor del SET datos relativos al vehículo y al propietario o el titular del vehículo que sea cliente del proveedor del SET, siempre que dichos datos no se utilicen para un fin distinto del control efectivo del cumplimiento de la obligación de pago de cánones.

(18)  A fin de que los proveedores del SET puedan competir, de forma no discriminatoria, por todos los clientes en un dominio del SET determinado, es importante que tengan la posibilidad de recibir la acreditación para dicho dominio con la suficiente antelación para que puedan ofrecer servicios a los usuarios desde el primer día de funcionamiento del sistema de peaje.

(19)  Los perceptores de peaje deben dar acceso a sus dominios del SET a los proveedores del SET de forma no discriminatoria.

(20)  Para garantizar a todos los proveedores del SET la transparencia y el acceso no discriminatorio a los distintos dominios, los perceptores de peaje deben publicar toda la información necesaria relativa a los derechos de acceso en una declaración de dominio del SET.

(21)  Todos los descuentos o rebajas sobre los peajes ofrecidos a los usuarios de EIB por un Estado miembro o por un perceptor de peaje deben ser transparentes, anunciarse públicamente y ser accesibles en las mismas condiciones a clientes de proveedores del SET.

(22)  Los proveedores del SET deben tener derecho a una remuneración justa, según un método de cálculo transparente, no discriminatorio e idéntico.

(23)  Debe autorizarse a los perceptores de peaje a deducir de la remuneración de los proveedores del SET los costes adecuados incurridos para ofrecer, explotar y mantener los elementos específicos del SET del sistema de telepeaje de carretera.

(24)  Los proveedores del SET deben pagar al perceptor de peaje todo el peaje adeudado por sus clientes; no obstante, los proveedores del SET no deben ser responsables de los peajes no pagados por sus clientes cuando estos dispongan de un equipo instalado a bordo (EIB) que haya sido declarado como invalidado al perceptor de peaje.

(25)  Si una entidad jurídica proveedora de servicios de peaje también desempeña otras funciones en un sistema de telepeaje o lleva a cabo otras actividades no directamente relacionadas con el cobro de telepeajes, debe exigírsele que mantenga registros contables que permitan distinguir claramente entre los costes e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje y los costes e ingresos relacionados con otras actividades, y que facilite información sobre dichos costes e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje al órgano de conciliación u órgano judicial pertinentes. No deben permitirse las subvenciones cruzadas entre las actividades realizadas en la función de proveedor de servicios de peaje y otras actividades.

(26)  Los usuarios deben tener la posibilidad de adherirse al SET a través de un proveedor del SET, independientemente de su nacionalidad, del Estado miembro de residencia o del Estado miembro de matriculación del vehículo.

(27)  Para evitar el pago duplicado y dar al usuario seguridad jurídica, con el pago de un peaje a un proveedor del SET se debe considerar que quedan cumplidas las obligaciones del usuario respecto al perceptor de peaje pertinente.

(28)  En el marco de las relaciones contractuales entre perceptores de peaje y proveedores del SET se debe garantizar, entre otras cosas, el pago correcto de los peajes.

(29)  Debe establecerse un procedimiento de mediación para la resolución de eventuales controversias entre los perceptores de peaje y los proveedores del SET, tanto durante las negociaciones del contrato como en sus relaciones contractuales. Los perceptores de peaje y los proveedores del SET deben consultar a los órganos de conciliación nacionales para la resolución de controversias sobre el acceso no discriminatorio a los dominios del SET.

(30)  Los órganos de conciliación deben estar facultados para verificar que las condiciones contractuales impuestas a los proveedores del SET no sean discriminatorias. En concreto, deben estar facultados para verificar que la remuneración ofrecida por el perceptor de peaje a los proveedores del SET respeta los principios establecidos en la presente Directiva.

(31)  Los datos relativos al tráfico de los usuarios del SET constituyen una contribución esencial para la mejora de las políticas de transporte de los Estados miembros. Por tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de solicitar dichos datos a los proveedores de servicios de peaje, incluidos los proveedores del SET, a efectos de elaborar políticas en materia de tráfico y mejorar la gestión del tráfico, o para otros usos no comerciales del Estado, de conformidad con las normas aplicables en materia de protección de datos.

(32)  Es necesario definir un marco que establezca los procedimientos de acreditación de proveedores del SET para un dominio del SET y que garantice el acceso justo al mercado, al tiempo que salvaguarda el nivel de servicio adecuado. La declaración de dominio del SET debe describir en detalle el procedimiento de acreditación de los proveedores del SET para el dominio, en particular el procedimiento para comprobar la conformidad con las especificaciones y la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad. El procedimiento debe ser el mismo para todos los proveedores del SET.

(33)  Para garantizar que los agentes del mercado del SET accedan fácilmente a la información, debe exigirse a los Estados miembros que recopilen y publiquen todos los datos importantes relacionados con el SET en registros nacionales a disposición del público.

(34)  A fin de permitir el progreso técnico, es importante que los perceptores de peaje tengan la posibilidad de probar nuevos conceptos o tecnologías de peaje. No obstante, dichas pruebas deben tener límites, y no se debe exigir a los proveedores del SET que tomen parte en las mismas. La Comisión debe tener la posibilidad de no autorizar dichas pruebas si estas pudieran perjudicar el correcto funcionamiento del sistema regular de telepeaje de carretera.

(35)  Unas diferencias considerables en las especificaciones técnicas de los sistemas de telepeaje de carretera pueden obstaculizar el logro de la interoperabilidad de los telepeajes a escala de la Unión, contribuyendo así a la persistencia de la situación actual, en la que los usuarios deben disponer de varios aparatos instalados a bordo para pagar los peajes en la Unión. Esta situación es perjudicial para la eficiencia de las operaciones de transporte, la rentabilidad de los sistemas de peaje y la consecución de los objetivos de la política de transporte. Por tanto, es necesario abordar los problemas de base de esta situación.

(36)  Si bien la interoperabilidad transfronteriza está mejorando en toda la Unión, el objetivo a medio y largo plazo es que sea posible atravesar la Unión con un único elemento de EIB. Por lo tanto, a fin de evitar cargas y costes administrativos para los usuarios de la carretera, es importante que la Comisión establezca una hoja de ruta para alcanzar este objetivo y para facilitar la libre circulación de personas y mercancías en la Unión, sin afectar negativamente a la competencia en el mercado.

(37)  Al ser el SET un servicio basado en el mercado, no debe obligarse a los proveedores del SET a prestar sus servicios en toda la Unión. Sin embargo, en interés de los usuarios, los proveedores del SET deben cubrir todos los dominios del SET en cualquier Estado miembro en el que decidan prestar sus servicios. Además, la Comisión debe valorar si la flexibilidad ofrecida a los proveedores del SET provoca la exclusión de dominios pequeños o periféricos del SET, y adoptar medidas cuando llegue a la conclusión de que así es.

(38)  La declaración de dominio del SET debe describir en detalle las condiciones comerciales marco para las operaciones de los proveedores del SET en el dominio en cuestión, en particular, el método utilizado en el cálculo de la remuneración de los proveedores del SET.

(39)  Cuando se vaya a poner en marcha un nuevo sistema de telepeaje de carretera o se vaya a modificar sustancialmente un sistema existente, el perceptor de peaje debe publicar las declaraciones de dominio del SET nuevas o actualizadas con suficiente antelación para que los proveedores del SET puedan acreditarse o reacreditarse en el sistema al menos un mes antes de su entrada en funcionamiento. El perceptor de peaje debe concebir y seguir el procedimiento de acreditación o, respectivamente, reacreditación de proveedores del SET de forma que dicho procedimiento pueda concluir al menos un mes antes de la entrada en funcionamiento del sistema nuevo o sustancialmente modificado. Los perceptores de peaje deben respetar su parte del procedimiento previsto, definido en la declaración de dominio del SET.

(40)  Los perceptores de peaje no deben solicitar o exigir a los proveedores del SET soluciones técnicas concretas que puedan poner en peligro la interoperabilidad con otros dominios del SET y con los componentes de interoperabilidad existentes del proveedor del SET.

(41)  El SET ofrece la posibilidad de reducir considerablemente los costes y cargas administrativos de los conductores y operadores de transporte internacional por carretera.

(42)  Debe autorizarse a los proveedores del SET a emitir facturas a los usuarios. Sin embargo, debe permitirse a los perceptores de peaje solicitar que las facturas se envíen en su nombre y por su cuenta, puesto que la facturación directamente en nombre del proveedor del SET puede tener consecuencias administrativas y fiscales adversas en determinados dominios del SET.

(43)  Todos los Estados miembros con al menos dos dominios del SET deben designar una oficina de contacto para proveedores del SET que quieran ofrecer el SET en su territorio, a fin de facilitar el contacto con los perceptores de peaje.

(44)  El telepeaje y otros servicios, como las aplicaciones de servicios de transporte inteligentes cooperativos (STI cooperativos), utilizan tecnologías similares y bandas de frecuencias cercanas para la comunicación de corto alcance de vehículo a vehículo y de vehículo a infraestructura. En el futuro, convendría explorar la posibilidad de aplicar otras tecnologías emergentes al telepeaje, tras una valoración meticulosa de los costes, beneficios, obstáculos técnicos y posibles soluciones a los mismos. Es importante implantar medidas para proteger las inversiones existentes en la tecnología de microondas a 5,8 GHz de la interferencia de otras tecnologías.

(45)  Sin perjuicio de la legislación en materia de ayudas públicas y competencia, los Estados miembros deben poder desarrollar medidas para fomentar el cobro y la facturación de peajes electrónicos.

(46)  Cuando los organismos ▌de normalización revisen las normas pertinentes para el SET, deben existir disposiciones de transición adecuadas para garantizar la continuidad del SET y la compatibilidad con los sistemas de peaje de los componentes de interoperabilidad ya en uso en el momento de la revisión de las normas.

(47)  El sistema del SET debe permitir el desarrollo de la intermodalidad, cumpliendo al mismo tiempo los principios «el usuario paga” y “quien contamina paga».

(48)  Los problemas derivados de la identificación de los infractores no residentes de los sistemas de telepeaje dificultan el amplio despliegue de tales sistemas y la aplicación más generalizada de los principios «el usuario paga» y «quien contamina paga» en las carreteras de la Unión y, por tanto, es necesario encontrar la manera de identificar a dichas personas y tratar sus datos personales.

(49)  En aras de la coherencia y del uso eficiente de los recursos, el sistema de intercambio de información sobre quienes no paguen los cánones de carretera, y sobre sus vehículos, debe utilizar las mismas herramientas que el sistema para el intercambio de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial contempladas en la Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo(7).

(50)  En determinados Estados miembros el impago de un canon de carretera no queda establecido hasta que no se ha notificado al usuario la obligación de pagarlo. Dado que la presente Directiva no armoniza las legislaciones nacionales a este respecto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar la presente Directiva para identificar a usuarios y vehículos a efectos de notificación. No obstante, esta aplicación ampliada solo debe permitirse si se cumplen determinadas condiciones.

(51)  Los procedimientos de seguimiento iniciados por el impago de un canon de carretera no están armonizados en toda la Unión. A menudo, se ofrece al usuario de la carretera identificado la posibilidad de abonar el canon de carretera adeudado, o un importe fijo en su lugar, directamente a la entidad responsable de recaudar el canon de carretera, antes de que las autoridades de los Estados miembros inicien otros procedimientos administrativos o penales. Es importante que este eficaz procedimiento para poner fin al impago del canon de carretera esté disponible en condiciones similares para todos los usuarios de las carreteras. Con este fin, los Estados miembros han de poder proporcionar a la entidad responsable de recaudar el canon de carretera los datos necesarios para identificar el vehículo con respecto al que se ha producido el impago del canon de carretera, así como a su propietario o titular, siempre que se garantice una protección adecuada de los datos personales. En este contexto, los Estados miembros deben garantizar que el cumplimiento de la orden de pago emitida por la entidad en cuestión ponga fin a la situación de impago del canon de carretera.

(52)  En algunos Estados miembros, la falta de EIB, o su funcionamiento deficiente, se considera como impago de los cánones de carretera cuando dichos cánones solo puedan abonarse mediante el EIB.

(53)  ▌Los Estados miembros deben facilitar a la Comisión la información y los datos necesarios para evaluar la eficacia y la eficiencia del sistema de intercambio de información sobre quienes no paguen los cánones de carretera. ▌La Comisión debe valorar los datos y la información obtenidos, y proponer, en caso necesario, modificaciones de la presente Directiva.

(54)  Aparte de estudiar posibles medidas para facilitar aún más el control transfronterizo de la obligación de pago de cánones de carretera en la Unión, la Comisión también debe evaluar en su informe la necesidad de asistencia mutua entre los Estados miembros.

(55)  El control del cumplimiento de la obligación de pagar cánones de carretera, la identificación del vehículo y del propietario o titular del vehículo con respecto al cual se haya determinado que se ha producido el impago de un canon de carretera y la recopilación de información relativa a un usuario en cuestión para garantizar el cumplimiento por parte del perceptor de peaje de sus obligaciones para con las autoridades fiscales, implican todos ellos el tratamiento de datos personales. Dicho tratamiento debe ajustarse a normas de la Unión establecidas, entre otros, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(8), en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(10). El derecho a la protección de los datos personales está reconocido explícitamente por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(56)  La presente Directiva no afecta a la libertad de los Estados miembros de establecer el régimen de tarifación por el uso de las infraestructuras ni los temas fiscales.

(57)  A fin de ▌facilitar el intercambio transfronterizo de información sobre los vehículos y propietarios o titulares de vehículos relacionados con un impago de los cánones de carretera, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(TFUE), por lo que respecta a la modificación del anexo I para reflejar los cambios en el Derecho de la Unión. También deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al establecimiento de los pormenores de la clasificación de los vehículos a efectos del establecimiento de los regímenes tarifarios aplicables; a la definición en mayor medida las obligaciones de los usuarios del SET respecto al suministro de datos al proveedor del SET y a la utilización y manejo del EIB; al establecimiento de los requisitos de los componentes de interoperabilidad en relación con la seguridad y la salud, la fiabilidad y la disponibilidad, la protección del medio ambiente, la compatibilidad técnica, la seguridad y la privacidad, y el funcionamiento y la gestión; al establecimiento de los requisitos generales de infraestructura para los componentes de interoperabilidad; y a la fijación de los criterios mínimos de selección de los organismos notificados. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(11). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(58)  La ejecución de la presente Directiva requiere condiciones uniformes para la aplicación de especificaciones técnicas y administrativas para el desarrollo, en los Estados miembros, de procedimientos en los que participen agentes del SET e interfaces entre ellos, de modo que se facilite la interoperabilidad y se garantice que los mercados nacionales de telepeaje estén regulados por normas equivalentes. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva y de definir dichas especificaciones técnicas y administrativas, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(12).

(60)  La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho interno de las Directivas que se indican el anexo III, parte B.

(61)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la protección de los datos de carácter personal.

(62)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  En la presente Directiva se fijan las condiciones necesarias a los siguientes efectos:

a)  garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en toda la red de carreteras de la Unión, autopistas urbanas e interurbanas, carreteras de primer orden o de categoría inferior y diversas infraestructuras como túneles o puentes y transbordadores, y

b)  facilitar el intercambio transfronterizo de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos sobre los vehículos y los propietarios o titulares de vehículos relacionados con el impago de cánones de carretera de cualquier tipo en la Unión.

Con el fin de respetar el principio de subsidiariedad, la presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las decisiones adoptadas por los Estados miembros para cobrar cánones de carretera a determinados tipos de vehículos y para fijar su nivel y el propósito por el que se imponen.

2.  Los artículos 3 a 22 no son aplicables a:

a)  los sistemas de peaje distintos de los sistemas de telepeaje definidos el artículo 2, punto 10;

b)  los sistemas de peaje pequeños de carreteras estrictamente locales, para los que los costes de cumplimiento de los requisitos de los artículos 3 a 22 serían desproporcionados en relación con los beneficios.

3.   La presente Directiva no se aplicará a las tasas de aparcamiento.

4.  El objetivo de la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera de la Unión se alcanzará por medio del Servicio Europeo de Telepeaje (SET), que será complementario de los servicios nacionales de telepeaje de los Estados miembros.

5.  Cuando la legislación nacional exija la notificación al usuario de la obligación de pago para establecer que se ha producido un impago de canon de carretera, los Estados miembros podrán aplicar también la presente Directiva para identificar al propietario o titular del vehículo, y al vehículo mismo a efectos de notificación, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

siempre que:

a)  no haya otro medio de identificar al propietario o titular del vehículo, y

b)  la notificación al propietario o titular del vehículo de su obligación de pagar sea una fase obligatoria del procedimiento de pago del canon de carretera conforme a la legislación nacional.

6.  El Estado miembro que haya optado por aplicar lo dispuesto en el apartado 5 deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que todo procedimiento ulterior relacionado con la obligación de pago del canon de carretera sea tramitado por autoridades públicas. Las referencias en la presente Directiva al impago del canon de carretera incluirán los casos a que se refiere el apartado 5 cuando el Estado miembro en el que se ha producido el impago aplique dicho apartado.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)  «servicio ▌de peaje ▌»: el servicio que permite a los usuarios que hayan suscrito un único contrato y, en su caso, tengan un único elemento de EIB, utilizar un vehículo en uno o varios dominios del SET, y que incluye:

a)  en su caso, proporcionar un EIB personalizado a los usuarios y mantener sus funciones,

b)  garantizar que se paga al perceptor de peaje el peaje que debe el usuario,

c)  facilitar al usuario los medios para realizar el pago o aceptar uno ya existente,

d)  el cobro del peaje al usuario,

e)  la gestión de las relaciones comerciales con el usuario, y

f)  la aplicación y el cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad para los sistemas de peaje de carretera;

2)  «proveedor de servicios de peaje»: una entidad jurídica que presta servicios de peaje en uno o varios dominios del SET para una o varias clases de vehículos;

3)  «perceptor de peaje»: una entidad pública o privada que cobra peajes por la circulación de vehículos en un dominio del SET;

4)  «perceptor de peaje designado»: una entidad pública o privada que ha sido designada como perceptor de peaje en un futuro dominio del SET;

5)  «Servicio Europeo de Telepeaje (SET)»: servicio de peaje que un proveedor del SET presta a un usuario del SET, en virtud de un contrato, en uno o varios dominios del SET;

6)  «proveedor del SET»: una entidad que, en virtud de un contrato específico, proporciona acceso al SET a un usuario del SET, que transfiere los peajes al perceptor de peaje correspondiente, y que está registrada en el Estado miembro donde está establecida;

7)  «usuario del SET»: una persona física o jurídica que tiene un contrato con un proveedor del SET con el fin de obtener acceso al SET;

8)  «dominio del SET»: una carretera, una red de carreteras, una estructura, como un puente o un túnel, o un transbordador, donde se recaudan peajes utilizando un sistema de telepeaje;

9)  «sistema conforme al SET»: el conjunto de los elementos de un sistema de telepeaje que son específicamente necesarios para la integración de proveedores del SET en el sistema y para el funcionamiento del SET;

10)  «sistema de telepeaje de carretera»: sistema de cobro de peaje en el que la obligación del usuario de abonar el peaje está asociada a la detección automática de la presencia del vehículo en un lugar determinado, merced a la comunicación remota con el EIB del vehículo o el reconocimiento automático de su matrícula, que es el único factor que desencadena una obligación de pago;

11)  «equipo instalado a bordo (EIB)»: el conjunto de componentes (equipo y programas informáticos) que deben usarse como parte del servicio de peaje, instalado o llevado a bordo de un vehículo con el fin de registrar, almacenar, procesar y recibir o transmitir datos a distancia, y que puede ser un dispositivo independiente o estar integrado en el vehículo;

12)  «proveedor principal del servicio»: proveedor de servicios de peaje que tiene obligaciones específicas, como la obligación de firmar contratos con todos los usuarios interesados, o derechos específicos, como una remuneración específica o un contrato a largo plazo garantizado, distintos de los derechos y obligaciones de otros proveedores de servicios;

13)  «componente de interoperabilidad»: todo componente elemental, grupo de componentes, subconjunto o conjunto completo de materiales incorporados o destinados a ser incorporados en el SET, de los que depende directa o indirectamente la interoperabilidad del servicio, y que pueden consistir tanto en objetos tangibles como intangibles, tales como programas informáticos;

14)  «idoneidad para su uso»: la capacidad de un componente de interoperabilidad para alcanzar y mantener un determinado nivel de eficacia cuando está en servicio e integrado de forma representativa en el SET en relación con el sistema de un perceptor de peaje;

15)  «datos contextuales del peaje»: la información, determinada por el perceptor de peaje responsable, necesaria para establecer el peaje correspondiente a la circulación de un vehículo por un determinado dominio de peaje y para efectuar la transacción oportuna;

16)  «notificación de peaje»: una declaración realizada a un perceptor de peaje que confirma la presencia de un vehículo en un dominio del SET, en un formato acordado entre el proveedor del servicio de peaje y el perceptor de peaje;

17)  «parámetros de clasificación del vehículo»: la información relacionada con el vehículo con arreglo a la cual se calculan los peajes sobre la base de los datos contextuales del peaje;

18)  «servicio interno»: sistema electrónico central utilizado por el perceptor de peaje, por un grupo de perceptores de peaje que han creado un centro de interoperabilidad o por el proveedor del SET para registrar, procesar y transmitir información en el marco de un sistema de telepeaje;

19)  «sistema sustancialmente modificado»: un sistema de telepeaje existente que ha sido o es objeto de un cambio que requiere que los proveedores del SET realicen modificaciones de los componentes de interoperabilidad que están en funcionamiento, como la reprogramación o la adaptación de las interfaces de su servicio interno, en tal medida que es necesaria una nueva acreditación;

20)  «acreditación»: proceso definido y gestionado por el perceptor de peaje al que debe someterse un proveedor del SET antes de que se le autorice a ofrecer el SET en un dominio del SET;

21)  «peaje» o «canon de carretera»: el canon que deben abonar los usuarios de las carreteras para circular por una carretera determinada, una red de carreteras, una estructura, como un puente o un túnel, o un transbordador;

22)  «impago de un canon de carretera»: ▌infracción que consiste en el impago por parte de un usuario de la carretera de un canon de carretera en un Estado miembro, tal como se define en las disposiciones nacionales de dicho Estado miembro;

23)  «Estado miembro de matriculación»: el Estado miembro en cuyo registro esté inscrito el vehículo que está sujeto al pago del canon de carretera;

24)  «punto de contacto nacional»: una autoridad competente de un Estado miembro designada para el intercambio transfronterizo de los datos de matriculación del vehículo;

25)  «búsqueda automatizada»: un procedimiento de acceso en red para consultar las bases de datos de uno, varios o todos los Estados miembros ▌;

26)  «vehículo»: un vehículo de motor o conjunto de vehículos articulados, destinados o utilizados para el transporte de pasajeros o bienes por carretera;

27)  «titular del vehículo»: la persona a cuyo nombre está matriculado el vehículo, según la definición del Derecho del Estado miembro de matriculación;

28)  «vehículo pesado»: un vehículo ▌con una masa máxima admisible superior a 3,5 toneladas ▌;

29)  «vehículo ligero»: un vehículo con una masa máxima admisible no superior a 3,5 toneladas.

Artículo 3

Soluciones tecnológicas

1.  Todos los sistemas de telepeaje de carretera nuevos que requieran la instalación o utilización de un EIB se basarán, a efectos de realizar las transacciones de telepeaje, en la utilización de al menos una de las tecnologías siguientes:

a)  localización por satélite;

b)  comunicaciones móviles;

c)  tecnología de microondas a 5,8 GHz.

Los sistemas de telepeaje de carretera existentes que requieran la instalación o el empleo de EIB y que utilicen otras tecnologías ▌deberán satisfacer los requisitos establecidos en el párrafo primero del presente apartado si se llevan a cabo importantes mejoras tecnológicas.

2.  La Comisión, conforme al procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo(14), solicitará a los organismos de normalización correspondientes ▌que adopten rápidamente unas normas aplicables a los sistemas de telepeaje de carretera en lo que se refiere a las tecnologías enumeradas en el párrafo primero del apartado 1 y a la tecnología de RAM, y que las adapten cuando sea necesario. La Comisión deberá solicitar a los organismos de normalización que garanticen la compatibilidad continua de los componentes de interoperabilidad.

3.  Los EIB que utilicen tecnología de localización por satélite y que se introduzcan en el mercado después del… [DO: insértese la fecha correspondiente a treinta meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva] deberán ser compatibles con los servicios de localización prestados por el sistema Galileo y con el Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS).

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, los proveedores del SET deberán poner a disposición de los usuarios del SET EIB que sean adecuados para su utilización, interoperables y capaces de comunicar con los sistemas de telepeaje de carretera pertinentes en servicio en los Estados miembros que utilicen las tecnologías enumeradas en el apartado 1, párrafo primero.

5.  Los EIB podrán utilizar sus propios equipos y programas informáticos, elementos de otros equipos y programas informáticos presentes en el vehículo, o ambos. Con el fin de comunicar con otros equipos informáticos presentes en el vehículo, los EIB podrán utilizar tecnologías distintas de las enumeradas en el párrafo primero del apartado 1, a condición de que queden garantizadas la seguridad, la calidad del servicio y la privacidad.

Los EIB del SET podrán prestar otros servicios distintos del peaje, siempre que el funcionamiento de dichos servicios no produzca interferencias con los servicios de peaje en ningún dominio del SET.

6.  Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer sistemas de telepeaje de carretera para vehículos ligeros basados en la localización por satélite o las comunicaciones móviles, los proveedores del SET podrán ofrecer a los usuarios de vehículos ligeros, hasta el 31 de diciembre de 2027, EIB aptos únicamente para su utilización con la tecnología de microondas a 5,8 GHz, a fin de que los empleen en dominios del SET que no requieran tecnologías de localización por satélite o comunicaciones móviles.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4

Registro de los proveedores del SET

Cada Estado miembro establecerá un procedimiento para inscribir a los proveedores del SET en un registro. Autorizará la inscripción de las entidades establecidas en su territorio que lo soliciten y que puedan demostrar el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a)  ser titulares de una certificación EN ISO 9001 o equivalente;

b)  disponer del equipo técnico y de una declaración CE, o un certificado , que acredite la conformidad de los componentes de interoperabilidad con las especificaciones;

c)  tener competencia en la prestación de servicios de telepeaje o en otros ámbitos pertinentes;

d)  poseer la capacidad financiera apropiada;

e)  mantener un programa global de gestión del riesgo que es auditado al menos cada dos años; y

f)  gozar de buena reputación.

Artículo 5

Derechos y obligaciones de los proveedores del SET

1.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET cuyo registro hayan autorizado celebren contratos de SET que abarquen todos los dominios del SET en los territorios de al menos cuatro Estados miembros en un plazo máximo de treinta y seis meses a contar desde su registro, de conformidad con el artículo 4. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que dichos proveedores del SET suscriban contratos que abarquen todos los dominios del SET en un determinado Estado miembro en un plazo máximo de veinticuatro meses a contar desde la celebración del primer contrato en dicho Estado miembro, excepto en el caso de aquellos dominios del SET en los que los perceptores de peaje responsables no cumplan con el artículo 6, apartado 3.

2.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET cuyo registro hayan autorizado mantengan en todo momento la cobertura de todos los dominios del SET una vez suscritos los correspondientes contratos. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que el proveedor del SET que no pueda mantener la cobertura de un dominio del SET por incumplir el perceptor del peaje la presente Directiva, restablezca la cobertura del dominio en cuestión lo antes posible.

3.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET cuyo registro hayan autorizado publiquen información sobre los dominios del SET cuya cobertura garantizan y sobre cualquier modificación de los mismos, así como, en el plazo de un mes a partir del registro, planes detallados sobre cualquier ampliación de su servicio a otros dominios del SET, con actualizaciones anuales.

4.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando sea necesario, los proveedores del SET cuyo registro hayan autorizado, o que presten los servicios del SET en su territorio, faciliten a los usuarios del SET unos EIB que cumplan los requisitos establecidos en la presente Directiva, así como en las Directivas 2014/53/UE(15) y 2014/30/UE(16). Podrán pedir a los proveedores del SET de que se trate que demuestren el cumplimiento de dichos requisitos.

5.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET que presten servicios del SET en su territorio mantengan listas de los EIB invalidados relacionados con sus contratos de SET con los usuarios del SET. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que tales listas se mantengan cumpliendo estrictamente las normas de la Unión sobre protección de datos personales que figuran, en particular, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Directiva 2002/58/CE.

6.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET cuyo registro hayan autorizado hagan pública su política de contratación para con los usuarios del SET.

7.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET que presten servicios del SET en su territorio faciliten a los perceptores de peaje la información que estos necesiten, tanto para calcular y aplicar el peaje a los vehículos de los usuarios del SET como para poder verificar el cálculo del peaje aplicado a los vehículos de los usuarios del SET por los proveedores del SET.

8.  Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET que presten servicios del SET en su territorio cooperen con los perceptores de peaje en su labor de identificación de los presuntos infractores. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se sospeche que un usuario de la carretera ha incumplido su obligación de pagar un canon de carretera, el perceptor del peaje pueda obtener del proveedor del SET los datos relativos al vehículo implicado en el presunto impago del canon y al propietario o titular del vehículo que sea cliente de dicho proveedor del SET. El proveedor del SET deberá facilitar inmediatamente este tipo de datos.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje no divulgue ese tipo de datos a ningún otro proveedor de servicios de peaje. Tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que, si el perceptor de peaje está integrado en una entidad con un proveedor de servicios de peaje, los datos se utilicen únicamente para la identificación de presuntos infractores, o de conformidad con el artículo 27, apartado 3.

9.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje responsable de un dominio del SET en su territorio pueda obtener de los proveedores del SET datos relativos a todos los vehículos de los que sean propietarios o titulares los clientes del proveedor del SET y que hayan circulado en un periodo determinado en el dominio del SET del que es responsable el perceptor de peaje, así como datos relativos a los propietarios o titulares de dichos vehículos, en la medida en que el perceptor de peaje necesite tales datos para cumplir sus obligaciones con las autoridades fiscales. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el proveedor del SET facilite los datos solicitados a más tardar dos días después de recibir la solicitud. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje no comunique dichos datos a ningún otro proveedor de servicios de peaje. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que, si el perceptor de peaje está integrado en una entidad con un proveedor de servicios de peaje, los datos se utilicen únicamente para el cumplimiento por el perceptor de peaje de sus obligaciones con las autoridades fiscales.

10.  Los datos facilitados por los proveedores del SET a los perceptores de peaje se tratarán de conformidad con las normas de la Unión sobre protección de datos personales que figuran en el Reglamento (UE) 2016/679, así como con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales de transposición de la Directiva 2002/58/CE y la Directiva (UE) 2016/680.

11.  A más tardar el ... [seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión adoptará actos de ejecución para precisar las obligaciones de los proveedores del SET en lo que se refiere a:

a)  la supervisión del cumplimiento de su nivel de servicio y de la cooperación con los perceptores de peaje en las auditorías de verificación;

b)  la cooperación con los perceptores de peaje en la realización de los ensayos de los sistemas de estos;

c)  la prestación de servicio y apoyo técnico a los usuarios del SET y la personalización de los EIB;

d)  la facturación a los usuarios del SET;

e)  la información que los proveedores del SET han de facilitar a los perceptores de peaje, contemplada en el apartado 7; y

f)  la información que ha de facilitarse a los usuarios del SET en caso de que se detecte que no se ha declarado un peaje.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 2.

Artículo 6

Derechos y obligaciones de los perceptores de peaje

1.   Cuando un dominio del SET no cumpla las condiciones de interoperabilidad técnica y de procedimiento establecidas por la presente Directiva, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el dominio del SET tomará las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje responsable evalúe el problema con las partes interesadas y, si entra dentro de su esfera de responsabilidades, tome medidas correctoras para garantizar la interoperabilidad del sistema de peaje con el SET. Si fuera necesario, el Estado miembro actualizará el registro a que se refiere el artículo 21, apartado 1, respecto a la información a que se refiere su letra a).

2.  Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que todos los perceptores de peaje responsables de un dominio del SET en el territorio nacional elaboren y mantengan una declaración de dominio del SET en la que se fijen las condiciones generales de acceso de los proveedores del SET a dicho dominio, de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el apartado 9.

El Estado miembro en cuyo territorio se cree un nuevo sistema de cobro de telepeaje tomará las medidas necesarias para garantizar que el futuro perceptor de peaje responsable del sistema publique una declaración de dominio del SET con antelación suficiente para que los proveedores del SET interesados puedan obtener una acreditación al menos un mes antes de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema, teniendo debidamente en cuenta la duración del proceso de evaluación de la conformidad con las especificaciones y la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad a que se refiere el artículo 15, apartado 1.

El Estado miembro en cuyo territorio se modifique de manera sustancial un sistema de cobro de telepeaje tomará las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje responsable del sistema publique la declaración de dominio del SET actualizada con suficiente antelación para que los proveedores del SET ya acreditados puedan adaptar sus componentes de interoperabilidad a los nuevos requisitos y obtener una nueva acreditación al menos un mes antes de la entrada en funcionamiento del sistema modificado, teniendo debidamente en cuenta la duración del proceso de evaluación de la conformidad con las especificaciones y la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad a que se refiere el artículo 15, apartado 1.

3.  Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje responsables de dominios del SET en su territorio acepten sin discriminaciones a cualquier proveedor del SET que solicite prestar servicios del SET en los mencionados dominios.

La aceptación de un proveedor del SET en un dominio del SET estará sujeta al cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones y las condiciones generales establecidas en la declaración de dominio del SET.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje no exijan a los proveedores del SET el uso de soluciones o procesos técnicos concretos que dificulten la interoperabilidad de los componentes de este con los sistemas de telepeaje de carretera en otros dominios del SET.

Si un perceptor de peaje y un proveedor del SET no pudieran llegar a un acuerdo, el asunto podrá remitirse al órgano de conciliación responsable del dominio de peaje en cuestión.

4.  Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que los contratos entre perceptores de peaje y proveedores del SET referentes a la prestación de servicios del SET en el territorio nacional permitan que el proveedor del SET emita la factura de peaje directamente al usuario del SET.

El perceptor de peaje podrá solicitar que el proveedor del SET facture al usuario en su nombre y por su cuenta, y el proveedor del SET cumplirá dicha solicitud.

5.  El peaje cobrado por los perceptores de peaje a los usuarios del SET no será superior al peaje nacional o local correspondiente. Lo anterior no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer rebajas o descuentos para promover la utilización del telepeaje. Todas las rebajas o descuentos en los peajes que los Estados miembros o los perceptores de peaje ofrezcan a los usuarios de EIB deberán ser transparentes, anunciarse públicamente y ser accesibles en las mismas condiciones para los clientes de los proveedores del SET.

6.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje acepten en sus dominios del SET cualquier EIB operativo de los proveedores del SET con los que hayan establecido relaciones contractuales si ha sido certificado con arreglo al procedimiento definido en los actos de ejecución a que se refiere el artículo 15, apartado 7, y no está incluido en la lista de EIB invalidados mencionada en el artículo 5, apartado 5.

7.  En caso de deficiencias en el funcionamiento del SET imputables al perceptor de peaje, este deberá tener previsto un modo de servicio degradado que permita que los vehículos dotados del equipo a que se refiere el apartado 6 puedan circular en condiciones de seguridad y con un retraso mínimo sin que sean considerados sospechosos de impago de cánones de carretera.

8.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje colaboren sin discriminaciones con los proveedores del SET, con los fabricantes y con los organismos notificados con el fin de evaluar la idoneidad de los componentes de interoperabilidad para su uso en sus dominios del SET.

9.  A más tardar el …[seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión adoptará actos de ejecución para establecer el contenido mínimo de la declaración de dominio del SET, y en particular:

a)  los requisitos relativos a los proveedores del SET;

b)  las condiciones de procedimiento, incluidas las condiciones comerciales;

c)  el procedimiento de acreditación de los proveedores del SET; y

d)  los datos contextuales del peaje.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 2.

Artículo 7

Remuneración

1.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET tengan derecho a recibir una remuneración del perceptor de peaje.

2.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el método de definición de la remuneración de los proveedores del SET sea transparente, no discriminatorio e idéntico para todos los proveedores del SET acreditados en un mismo dominio del SET. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que el método se publique como parte de las condiciones comerciales de la declaración de dominio del SET.

3.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que en los dominios del SET en los que haya un proveedor principal del servicio, el método de cálculo de la remuneración de los proveedores del SET tenga la misma estructura que la remuneración por servicios comparables prestados por el proveedor principal del servicio. La cuantía de la remuneración de los proveedores del SET podrá diferir de la remuneración del proveedor principal del servicio, si tal diferencia está justificada por:

a)  el coste de requisitos y obligaciones específicos aplicables al proveedor principal del servicio, pero no a los proveedores del SET; y

b)  la necesidad de deducir de la remuneración de los proveedores del SET los gastos fijos repercutidos por el perceptor de peaje en razón de los costes que para él supone ofrecer, explotar y mantener en su dominio de peaje un sistema conforme al SET, incluidos los costes de acreditación, siempre y cuando dichos costes no estén incluidos en el peaje.

Artículo 8

Peajes

1.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, a efectos de la determinación de la tarifa de peaje aplicable a un vehículo determinado, si hubiera una discrepancia entre la clasificación del vehículo utilizada por el proveedor del SET y la utilizada por el perceptor de peaje, prevalezca la de este último, salvo que pueda demostrarse la existencia de un error.

2.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje tenga derecho a exigir al proveedor del SET el pago correspondiente a las notificaciones de peaje debidamente justificadas, y a las notificaciones de peaje fallidas debidamente justificadas, referentes a cualquier cuenta de usuario del SET gestionada por dicho proveedor del SET.

3.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, si un proveedor del SET ha enviado a un perceptor de peaje una lista de EIB invalidados de acuerdo con lo indicado en el artículo 5, apartado 5, dicho proveedor deje de ser responsable de cualquier futuro peaje devengado a través del uso de dichos EIB. El número de elementos en la lista de EIB invalidados, el formato de la misma y la frecuencia de actualización deberán ser consensuados entre los perceptores de peaje y los proveedores del SET.

4.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, en los sistemas de peaje basados en tecnologías de microondas, los perceptores de peaje comuniquen a los proveedores del SET las notificaciones de peaje debidamente justificadas correspondientes a peajes devengados por sus respectivos usuarios del SET.

5.  La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 30, a más tardar el… [seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], para precisar los pormenores de la clasificación de los vehículos a efectos del establecimiento de los regímenes tarifarios aplicables, incluidos los procedimientos que resulten necesarios para establecer dichos regímenes. El conjunto de parámetros de clasificación de vehículos que sustente el SET no deberá limitar la elección de regímenes tarifarios por parte de los perceptores de peaje. La Comisión se asegurará de que el conjunto de parámetros de clasificación de vehículos que sustente el SET tenga suficiente flexibilidad para poder evolucionar según las necesidades futuras previsibles. Dichos actos se entenderán sin perjuicio de la definición, que figura en la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17), de los parámetros conforme a los cuales variarán los peajes.

Artículo 9

Contabilidad

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las entidades jurídicas que presten servicios de peaje lleven una contabilidad que permita distinguir con claridad los gastos e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje de los gastos e ingresos relacionados con otras actividades. La información sobre los gastos e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje se facilitará al órgano de conciliación o al órgano jurisdiccional competente que la solicite. Los Estados miembros tomarán también las medidas necesarias para garantizar que no se permitan subvenciones cruzadas entre las actividades realizadas en calidad de proveedor de servicios de peaje y las demás actividades.

Artículo 10

Derechos y obligaciones de los usuarios del SET

1.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los usuarios del SET puedan adherirse al SET a través de cualquier proveedor del SET, independientemente de su nacionalidad, del Estado miembro de residencia o del Estado miembro en el que esté matriculado el vehículo. Al suscribir un contrato, los usuarios del SET deberán ser debidamente informados acerca de los medios de pago válidos y, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del tratamiento que se dará a sus datos personales y de los derechos que les concede la legislación vigente en materia de protección de datos personales.

2.  Con el pago de un peaje por parte de un usuario del SET a su proveedor del SET se considerará que quedan cumplidas las obligaciones de pago de dicho usuario respecto al perceptor de peaje en cuestión.

Si se instalan o transportan a bordo de un vehículo dos o más EIB, es responsabilidad del usuario del SET utilizar o activar el EIB correspondiente para el dominio específico del SET.

3.  A más tardar el …[ seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 30, para precisar las obligaciones de los usuarios del SET en lo que respecta:

a)  al suministro de datos al proveedor del SET; y

b)  a la utilización y el manejo del EIB.

CAPÍTULO III

ÓRGANO DE CONCILIACIÓN

Artículo 11

Establecimiento y funciones

1.  Cada Estado miembro que cuente con al menos un dominio del SET designará o establecerá un órgano de conciliación que facilite la mediación entre los perceptores de peaje que tengan un dominio del SET ubicado en su territorio y los proveedores del SET que hayan suscrito contratos o estén en negociaciones contractuales con dichos perceptores de peaje.

2.  Dicho órgano de conciliación estará facultado, en particular, para verificar que las condiciones contractuales impuestas por un perceptor de peaje a los proveedores del SET no sean discriminatorias. Estará facultado para comprobar que los proveedores del SET sean remunerados en consonancia con los principios previstos en el artículo 7.

3.  Los Estados miembros a que se refiere el apartado 1 tomarán las medidas necesarias para garantizar la independencia de sus órganos de conciliación, tanto desde el punto de vista de su organización como de su estructura jurídica, respecto a los intereses comerciales de los perceptores de peaje y de los proveedores de servicios de peaje.

Artículo 12

Procedimiento de mediación

1.  Cada Estado miembro a que se refiere el artículo 11, apartado 1, establecerá un procedimiento de mediación con objeto de que los perceptores de peaje o los proveedores del SET puedan solicitar al órgano de conciliación pertinente que intervenga en cualquier conflicto relativo a sus relaciones o negociaciones contractuales.

2.  El procedimiento de mediación a que se refiere el apartado 1 exigirá que el órgano de conciliación indique, en un plazo de un mes desde la recepción de la solicitud de intervención, si obran en su poder todos los documentos necesarios para la mediación.

3.  El procedimiento de mediación a que se refiere el apartado 1 exigirá que el órgano de conciliación emita su dictamen sobre el conflicto en un plazo máximo de seis meses desde la recepción de la solicitud de intervención.

4.  A fin de facilitar el desempeño de su trabajo, los Estados miembros facultarán al órgano de conciliación para solicitar la información pertinente a los perceptores de peaje, a los proveedores del SET y a los terceros implicados en la prestación del SET en el Estado miembro de que se trate.

5.  Los Estados miembros con al menos un dominio del SET y la Comisión tomarán las medidas necesarias para garantizar el intercambio entre los órganos de conciliación de información relativa a su labor, sus líneas directrices y sus prácticas.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES TÉCNICAS

Artículo 13

Servicio único y continuo

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que la prestación del SET a los usuarios constituya un servicio único y continuo. Esto significa que:

a)  una vez que los parámetros de clasificación del vehículo, incluidos los variables, han sido almacenados o declarados, o ambas cosas, ya no es necesaria ninguna otra intervención humana en el interior del vehículo en el transcurso de un viaje, salvo que se modifiquen las características del vehículo; y

b)  la interacción humana con una pieza concreta del EIB sigue siendo la misma independientemente del dominio del SET de que se trate.

Artículo 14

Elementos adicionales relativos al SET

1.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que la relación de los usuarios del SET con los perceptores de peaje dentro del marco del SET se limite, en su caso, al proceso de facturación de conformidad con el artículo 6, apartado 4, y a los procesos de control del cumplimiento de la obligación de pago de cánones. Las interacciones entre los usuarios y los proveedores del SET, o su EIB, podrán ser específicas para cada proveedor, siempre que no se comprometa la interoperabilidad del SET.

2.  Los Estados miembros podrán disponer que los proveedores de servicios de peaje, incluidos los proveedores del SET, estén obligados a facilitar, a petición de las autoridades de los Estados miembros, datos relativos al tráfico de sus clientes, a reserva de que se cumplan las normas aplicables en materia de protección de datos. Los Estados miembros solo podrán utilizar dichos datos a efectos de sus políticas de tráfico y de mejorar la gestión del tráfico, y los datos no podrán utilizarse para la identificación de los clientes.

3.  La Comisión adoptará, a más tardar el … [ seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], actos de ejecución relativos a las especificaciones de interfaces electrónicas entre los componentes de interoperabilidad de los perceptores de peaje, los proveedores del SET y los usuarios del SET, también en su caso el contenido de los mensajes intercambiados entre los agentes a través de estas interfaces. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 2.

Artículo 15

Componentes de interoperabilidad

1.  Cuando se cree un nuevo sistema de telepeaje de carretera en el territorio de un Estado miembro, dicho Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje designado responsable del sistema determine y publique en la declaración de dominio del SET la planificación detallada del proceso de evaluación de la conformidad con las especificaciones y de la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad, que permita la acreditación de los proveedores del SET interesados al menos un mes antes de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema.

Cuando se modifique sustancialmente un sistema de telepeaje de carretera en el territorio de un Estado miembro, dicho Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje responsable del sistema determine y publique en la declaración de dominio del SET, además de los elementos a que se refiere el párrafo primero, la planificación detallada de la reevaluación de la conformidad con las especificaciones y de la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad de los proveedores del SET ya acreditados para el sistema antes de la modificación sustancial. La planificación permitirá que se reacrediten los proveedores del SET en cuestión al menos un mes antes de la entrada en funcionamiento del sistema modificado.

Los perceptores de peaje estarán obligados a respetar dicha planificación.

2.  Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que cada perceptor de peaje responsable de un dominio del SET en el territorio de dichos Estados miembros cree un entorno experimental en el que el proveedor del SET o sus representantes autorizados puedan verificar que su EIB es idóneo para su uso en el dominio del SET del perceptor de peaje y obtener una certificación de que se han completado con éxito los respectivos ensayos. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para permitir que los perceptores de peaje creen un entorno experimental único para más de un dominio del SET, así como para permitir a un representante autorizado verificar la idoneidad para su uso de un tipo de EIB en nombre de más de un proveedor del SET.

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para que los perceptores de peaje puedan exigir a los proveedores del SET o sus representantes autorizados que sufraguen los costes de las respectivas pruebas.

3.  Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir o dificultar la comercialización de componentes de interoperabilidad para su utilización en el SET cuando lleven la marca «CE» o ya sea una declaración de conformidad con las especificaciones o una declaración de idoneidad para su uso, o ambas. En particular, no exigirán verificaciones que ya se hayan efectuado en el marco del procedimiento de comprobación de la conformidad con las especificaciones o de la idoneidad para su uso, o de ambos procedimientos.

4.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 30, a más tardar el …[ seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], para establecer los requisitos de los componentes de interoperabilidad, por lo que respecta a la seguridad y la salud, la fiabilidad y la disponibilidad, la protección del medio ambiente, la compatibilidad técnica, la seguridad y la privacidad y el funcionamiento y la gestión.

5.  La Comisión adoptará también actos delegados, de conformidad con el artículo 30, a más tardar el …[ seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], para establecer los requisitos generales de infraestructura en lo que se refiere a:

a)  la exactitud de los datos de la declaración de peaje con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los usuarios del SET en lo que se refiere a peajes y tasas;

b)  la identificación a través del EIB del proveedor del SET responsable;

c)  la utilización de normas abiertas para los componentes de interoperabilidad del equipo del SET;

d)  la integración del EIB en el vehículo;

e)  la notificación al conductor de la obligación de pagar un canon de carretera.

6.  La Comisión adoptará actos de ejecución, a más tardar el…[ seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], para establecer los siguientes requisitos específicos en materia de infraestructura:

a)  los requisitos relativos a los protocolos de comunicación comunes entre los equipos de los perceptores de peaje y los de los proveedores del SET;

b)  los requisitos relativos a los mecanismos de los perceptores de peaje para detectar si un vehículo que circula en su dominio SET está equipado con un EIB en vigor y en funcionamiento;

c)  los requisitos de la interfaz persona-máquina en el EIB;

d)  los requisitos aplicables específicamente a los componentes de interoperabilidad en sistemas de peaje basados en tecnologías de microondas; y

e)  los requisitos aplicables específicamente a los sistemas de peaje basados en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS).

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 2.

7.  La Comisión adoptará actos de ejecución, a más tardar el … [ seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], para establecer el procedimiento que deben aplicar los Estados miembros para evaluar la conformidad con las especificaciones y la idoneidad para su uso de componentes de interoperabilidad, incluido el contenido y el formato de las declaraciones de conformidad CE. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 31, apartado 2.

CAPÍTULO V

CLÁUSULAS DE SALVAGUARDIA

Artículo 16

Procedimiento de salvaguardia

1.  En caso de que un Estado miembro tenga motivos para pensar que determinados componentes de interoperabilidad que llevan la marca «CE» y han sido comercializados no se ajustarán probablemente, al utilizarlos para el fin a que están destinados, a los requisitos pertinentes, adoptará todas las medidas necesarias para restringir su ámbito de aplicación, prohibir su uso o retirarlos del mercado. Dicho Estado miembro informará inmediatamente a la Comisión de las medidas adoptadas e indicará las razones de su decisión, precisando, en particular, si la no conformidad se debe de:

a)  la incorrecta aplicación de las especificaciones técnicas; o

b)  la insuficiencia de las especificaciones técnicas.

2.  La Comisión consultará cuanto antes al Estado miembro, al fabricante, al proveedor del SET o a sus representantes autorizados establecidos en la Unión. Si, tras dicha consulta, la Comisión comprueba que la medida está justificada, informará de ello inmediatamente al Estado miembro interesado y a los demás Estados miembros. No obstante si, tras dicha consulta, la Comisión comprueba que la medida no está justificada, informará de ello inmediatamente al Estado miembro interesado, al fabricante o a su representante autorizado establecido en la Unión y a los demás Estados miembros.

;

3.  En caso de que determinados componentes de interoperabilidad que lleven la marca «CE» no cumplan los requisitos de interoperabilidad, el Estado miembro competente exigirá al fabricante o a su representante autorizado establecido en la Unión que restablezca el componente de interoperabilidad a un estado de conformidad con las especificaciones o de idoneidad para su uso, o de ambos, de acuerdo con las condiciones establecidas por dicho Estado miembro, e informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembro

Artículo 17

Transparencia de las evaluaciones de la conformidad

Las decisiones tomadas por un Estado miembro o por un perceptor de peaje con respecto a la evaluación de la conformidad con las especificaciones o a la idoneidad para su uso de los componentes de interoperabilidad, así como las decisiones adoptadas con arreglo al artículo 16, expondrán en detalle los motivos en que se basan, y se notificarán al fabricante, al proveedor del SET o a sus representantes autorizados en cuestión con la mayor brevedad posible, indicando los recursos que permite interponer la normativa vigente en el Estado miembro de que se trate y los plazos de presentación de los mismos.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 18

Oficina de contacto única

Cada Estado miembro con al menos dos dominios del SET en su territorio designará una oficina de contacto única para proveedores del SET. El Estado miembro hará públicos los detalles de contacto de dicha oficina, y los facilitará, previa petición, a los proveedores del SET interesados. El Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que, a petición del proveedor del SET, la oficina de contacto facilite y coordine los primeros contactos administrativos entre el proveedor del SET y los perceptores de peaje responsables de los dominios del SET en el territorio del Estado miembro. La oficina de contacto podrá ser una persona física o un organismo público o privado.

Artículo 19

Organismos notificados

1.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los organismos encargados de efectuar el procedimiento de evaluación de la conformidad con las especificaciones o la idoneidad para su uso previstos en el acto de ejecución a que se refiere el artículo 15, apartado 7, indicando para cada uno de ellos su ámbito de competencia y los números de identificación obtenidos previamente de la Comisión. Esta publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista de estos organismos con su correspondiente número de identificación, así como sus ámbitos de competencia, y se encargará de su actualización.

2.  Los Estados miembros aplicarán los criterios previstos en los actos delegados a que se refiere el apartado 5 del presente artículo para evaluar qué organismos van a ser notificado. Se considerará que cumplen dichos criterios los organismos que cumplan los criterios de evaluación previstos en las normas europeas aplicables.

3.  Los Estados miembros retirarán la acreditación a los organismos que dejen de cumplir los criterios previstos en los actos delegados a que se refiere el apartado 5 del presente artículo. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás Estados miembros.

4.  Si un Estado miembro o la Comisión considera que un organismo notificado por otro Estado miembro no cumple los criterios previstos en los actos delegados a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, someterá el asunto al Comité de Telepeaje a que se refiere el artículo 31, apartado 1, que dictaminará en un plazo de tres meses. A la vista del dictamen de dicho Comité, la Comisión informará al Estado miembro que notificó al organismo en cuestión sobre los cambios necesarios para que el organismo notificado pueda conservar el estatuto que tiene concedido.

5.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 30, a más tardar el … [6 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], para establecer los criterios mínimos de selección de los organismos notificados.

Artículo 20

Grupo de coordinación

Se creará un grupo de coordinación de los organismos notificados con arreglo al artículo 19, apartado 1 («el grupo de coordinación»), que actuará como grupo de trabajo del Comité de Telepeaje a que se refiere el artículo 31, apartado 1, de acuerdo con el reglamento interno de dicho Comité.

Artículo 21

Registros

1.  A efectos de la aplicación de la presente Directiva, cada Estado miembro llevará un registro electrónico nacional que cubra los siguientes aspectos:

a)  los dominios del SET dentro de su territorio, en particular la información relativa a:

i)  los correspondientes perceptores de peaje;

ii)  las tecnologías de peaje utilizadas;

iii)  los datos contextuales del peaje;

iv)  la declaración del dominio del SET; y

v)  los proveedores del SET con contratos de SET con los perceptores de peaje que operan en el territorio de dicho Estado miembro;

b)  los proveedores del SET a los que se ha concedido el registro de conformidad con el artículo 4; y

c)  los datos de la oficina de contacto única para el SET a que se refiere el artículo 18, incluida una dirección de correo electrónico y un número de teléfono.

Salvo disposición en contrario, los Estados miembros comprobarán al menos una vez al año que siguen cumpliéndose los requisitos establecidos en el artículo 4, letras a), d), e) y f), y actualizarán el registro en consecuencia. El registro incluirá también las conclusiones de la auditoría prevista en el artículo 4, letra e). Los Estados miembros no serán responsables de las actuaciones de los proveedores del SET que consten en sus registros.

2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la actualización y la exactitud de todos los datos contenidos en el registro electrónico nacional.

3.  Los registros podrán ser consultados electrónicamente por el público.

4.  Dichos registros estarán disponibles a partir del ... [30 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva].

5.  Al final de cada año natural, las autoridades de los Estados miembros encargadas de los registros comunicarán a la Comisión, por medios electrónicos, los registros de los dominios del SET y de los proveedores del SET. La Comisión pondrá la información a disposición de los demás Estados miembros. Cualquier incoherencia respecto a la situación en un Estado miembro será comunicada al Estado miembro de registro y a la Comisión.

CAPÍTULO VII

SISTEMAS PILOTO

Artículo 22

Sistemas piloto de peaje

1.  A fin de fomentar el avance técnico del SET, los Estados miembros podrán autorizar, de manera temporal, en partes reducidas de su dominio de peaje y en paralelo con el sistema conforme al SET, sistemas piloto de peaje que incluyan nuevas tecnologías o nuevos conceptos que no cumplan una o varias disposiciones de la presente Directiva.

2.  Los proveedores del SET no estarán obligados a participar en los sistemas piloto de peaje.

3.  Antes de iniciar un sistema piloto de peaje, el Estado miembro en cuestión solicitará autorización a la Comisión. La Comisión emitirá la autorización o la denegará en forma de Decisión, en el plazo de seis meses a partir del momento de la recepción de la solicitud. La Comisión podrá denegar la autorización si el sistema piloto de peaje pudiera perjudicar el correcto funcionamiento del sistema regular de telepeaje de carretera o del SET. El período máximo inicial de la autorización será de tres años.

CAPÍTULO VIII

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL IMPAGO DE CÁNONES DE CARRETERA

Artículo 23

Procedimiento para el intercambio de datos entre Estados miembros

1.  A fin de permitir la identificación del vehículo y del propietario o titular del vehículo con respecto al cual se haya determinado que se ha producido el impago de un canon de carretera, cada Estado miembro deberá conceder acceso únicamente a los puntos de contacto nacionales de otros Estados miembros a los siguientes datos de matriculación de vehículos, con la posibilidad de efectuar búsquedas automatizadas sobre los mismos:

(a)  datos relativos a los vehículos, y

b)  datos relativos a los propietarios o titulares de los vehículos.

Los datos contemplados en las letras a) y b) que sean necesarios para llevar a cabo una búsqueda automatizada se atendrán a lo dispuesto en el anexo I.

2.  A los fines del intercambio de los datos a que se refiere el apartado 1, cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional. Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que el intercambio de información entre los Estados miembros tenga lugar únicamente a través de los puntos de contacto nacionales. Las competencias de los puntos de contacto nacionales se regirán por la normativa aplicable del Estado miembro de que se trate. En este proceso de intercambio de datos, se debe prestar especial atención a la protección adecuada de los datos personales.

3.  Cuando se efectúe una búsqueda automatizada en forma de solicitud saliente, el punto de contacto nacional del Estado miembro en cuyo territorio se produjo un impago del canon de carretera deberá usar un número de matrícula completo.

Dichas búsquedas automatizadas se efectuarán de acuerdo con los procedimientos contemplados en el capítulo 3, puntos 2 y 3, del anexo de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo(18) y con los requisitos del anexo II de la presente Directiva.

El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera empleará los datos obtenidos para establecer quién es responsable de dicho impago.

4.  Los Estados miembros adoptarán ▌ las medidas necesarias para garantizar que el intercambio de información se efectúe a través de la aplicación informática del sistema europeo de información sobre vehículos y permisos de conducción (EUCARIS) y las versiones modificadas de dicha aplicación, de acuerdo con el anexo I de la presente Directiva y el capítulo 3, puntos 2 y 3, del anexo de la Decisión 2008/616/JAI.

5.  Cada Estado miembro asumirá sus propios costes derivados de la administración, utilización y mantenimiento de las aplicaciones informáticas a que se refiere el apartado 4.

Artículo 24

Notificación del impago de un canon de carretera

1.  El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera deberá decidir si incoa o no un procedimiento respecto al impago de dicho canon.

Cuando el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera decida incoar dicho procedimiento, deberá informar debidamente, de conformidad con su legislación nacional, al propietario, al titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunta autora del impago del canon de carretera.

Esta información deberá incluir, según proceda conforme a su legislación nacional, las consecuencias jurídicas de la infracción en el territorio del Estado miembro en el que se produjo el impago del canon de carretera con arreglo a su Derecho.

2.  Al enviar la notificación al propietario, al titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunta autora del impago del canon de carretera, el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago deberá incluir, con arreglo a su Derecho nacional, toda la información pertinente, en particular la naturaleza del impago del canon de carretera, el lugar, la fecha y la hora en que se cometió, el título de las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, el derecho a recurrir y a tener acceso a la información, así como la sanción y, cuando proceda, los datos relativos al dispositivo empleado para detectar el impago del canon de carretera. A tal efecto, el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera basará la notificación en la plantilla que figura en el anexo II.

3.  En caso de que el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera decida incoar un procedimiento respecto a dicho impago, deberá enviar, con vistas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, la notificación en la lengua del documento de matriculación del vehículo, si está disponible, o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de matriculación.

Artículo 25

Procedimiento de seguimiento por parte de las entidades responsables de la recaudación

1.  El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera podrá facilitar a la entidad responsable de recaudar el canon de carretera los datos obtenidos mediante el procedimiento contemplado en el artículo 23, apartado 1, únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:

a)  los datos transferidos se limitan a lo que dicha entidad necesita para obtener el canon de carretera que se adeuda;

b)  el procedimiento para obtener el canon de carretera que se adeuda se ajusta al procedimiento previsto en el artículo 24;

c)  la entidad de que se trata será responsable de la realización de este procedimiento; y

d)  el cumplimiento de la orden de pago emitida por la entidad que recibe los datos pone fin al impago del canon de carretera.

2.  Los Estados miembros velarán por que los datos facilitados a la entidad responsable se utilicen con el único fin de obtener el canon de carretera que se adeuda y que se supriman inmediatamente una vez que se haya abonado el canon de carretera o, si el impago persiste, dentro de un plazo razonable tras la transferencia de los datos que ha de fijar el Estado miembro.

Artículo 26

Transmisión de informes de los Estados miembros a la Comisión

Cada Estado miembro enviará un informe completo a la Comisión a más tardar el …[cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y cada tres años a partir de dicha fecha.

El informe completo deberá indicar el número de búsquedas automatizadas efectuadas por el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera dirigidas al punto de contacto del Estado miembro de matriculación, a raíz del impago de un canon de carretera que haya tenido lugar en su territorio, junto con ▌ el número de solicitudes fallidas.

El informe completo también deberá incluir una descripción de la situación a nivel nacional en lo que se refiere al seguimiento dado a los impagos de los cánones de carretera, sobre la base de la proporción de tales impagos que hayan dado lugar a notificaciones.

Artículo 27

Protección de datos

1.  Las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales de transposición de las Directivas 2002/58/CE y (UE) 2016/680 se aplicarán a los datos personales tratados en virtud de la presente Directiva.

2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos, para garantizar que:

a)  el tratamiento de los datos personales a efectos de los artículos 23, 24 y 25 se limite a los tipos de datos enumerados en el anexo I de la presente Directiva;

b)  los datos personales sean exactos, estén actualizados y que las solicitudes de rectificación o supresión se tramiten sin demora injustificada; y

c)  se establezca un plazo para la conservación de los datos personales.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que ▌ los datos personales tratados en virtud de la presente Directiva se utilicen únicamente para los siguientes fines:

a)  la identificación de presuntos infractores de la obligación de pagar cánones de carretera, dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 8;

b)  el cumplimiento, por parte del perceptor de peajes, de sus obligaciones para con las autoridades fiscales, dentro del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 9; y

c)  la identificación del vehículo y del propietario o titular del vehículo con respecto al cual se haya determinado que se ha producido el impago de un canon de carretera dentro del ámbito de aplicación de los artículos 23 y 24.

Los Estados miembros también adoptarán las medidas necesarias para velar por que los interesados tengan los mismos derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación de su tratamiento, de presentación de una reclamación ante una autoridad de supervisión de la protección de datos, de compensación y de tutela judicial efectiva que los previstos en el Reglamento (UE) 2016/679 o, cuando proceda, en la Directiva (UE) 2016/680.

3.  El presente artículo no afectará a la posibilidad que tienen los Estados miembros de limitar el ámbito de aplicación de los derechos y obligaciones previstos en determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 de conformidad con el artículo 23 del citado Reglamento a los efectos enumerados en el apartado 1 de dicho artículo.

4.  Toda persona interesada tendrá derecho a obtener sin demoras indebidas información de cuáles son sus datos personales registrados en el Estado miembro de matriculación transmitidos al Estado miembro en el que se produjo el impago de un canon de carretera, incluida la fecha de la solicitud y la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera.

CAPÍTULO IX

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28

Informe

1.  A más tardar el … [cuatro años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación y las repercusiones de la presente Directiva, en particular respecto a los progresos y la implantación del SET, así como la eficacia y eficiencia del mecanismo para el intercambio de datos en el marco de la investigación de los impagos de cánones de carretera.

El informe analizará, en particular, lo siguiente:

a)  los efectos del artículo 5, apartados 1 y 2, sobre el despliegue del SET, haciendo especial hincapié en la disponibilidad del servicio en dominios pequeños o periféricos del SET;

b)   ▌ la eficacia de los artículos 23, 24 y 25 en la reducción del número de impagos de cánones de carretera en la Unión; y

c)  los progresos realizados en los aspectos relacionados con la interoperabilidad entre los sistemas de telepeaje de carretera utilizando la tecnología de posicionamiento por satélite y la tecnología de microondas de 5,8 GHz.

2.  El informe irá acompañado, si procede, de una propuesta dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo para la revisión de la presente Directiva, en particular con respecto a los siguientes elementos:

a)  otras medidas para garantizar que el SET esté disponible en todos los dominios, incluidos los pequeños y periféricos;

b)   medidas para facilitar aún más el control del cumplimiento transfronterizo de la obligación del pago de cánones de carretera en la Unión, incluidos los mecanismos de asistencia mutua; y

c)  la ampliación de las disposiciones que facilitan el control del cumplimiento transfronterizo de la obligación a las zonas de bajas emisiones, a las zonas de acceso restringido o a otros sistemas de regulación del acceso de vehículos urbanos.

Artículo 29

Actos delegados

1.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 30 que actualicen el anexo I con el fin de tener en cuenta las modificaciones pertinentes que deban introducirse en las Decisiones 2008/615/JAI(19) y 2008/616/JAI del Consejo o cuando así lo requiera cualquier otro acto jurídico pertinente de la Unión.

Artículo 30

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refieren los artículos 8, apartado 5, 10, apartado 3, 15, apartados 4 y 5, 19, apartado 5, y 29 se otorgarán a la Comisión por un período de cinco años a partir del ……[ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poder a que se refieren los artículos 8, apartado 5, 10, apartado 3, 15, apartados 4 y 5, 19, apartado 5, y 29, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 8, apartado 5, 10, apartado 3, 15, apartado 4, 15, apartados 4 y 5, 19, apartado 5, y 29 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 31

Procedimiento de Comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité de telepeaje.

Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 32

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el …[ treinta meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 27 y en los anexos I y II. ▌ Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán tales medidas a partir del …[ treinta meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 33

Derogación

Queda derogada la Directiva 2004/52/CE, con efectos a partir del [día siguiente a la fecha establecida en el artículo 32, apartado 1, párrafo primero], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho interno de la Directiva establecidos en el anexo III, parte B.

Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IV.

Artículo 34

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 35

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

Elementos de datos necesarios para efectuar la búsqueda automatizada a que se refiere el artículo 23, apartado 1

Elemento

O/F(20)

Observaciones

Datos relativos al vehículo

O

 

Estado miembro de matriculación

O

 

Número de matrícula

O

(A(21))

Datos relativos al impago del canon de carretera

O

 

Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera

O

 

Fecha de referencia del incidente

O

 

Hora de referencia del incidente

O

 

Elementos de datos proporcionados como resultado de la búsqueda automatizada efectuada en virtud del artículo 23, apartado 1

Parte I. Datos relativos a los vehículos

Elemento

O/F(22)

Observaciones

Número de matrícula

O

 

Número de bastidor/NIV

O

 

Estado miembro de matriculación

O

 

Marca

O

(D.1(23)) por ejemplo, Ford, Opel, Renault

Modelo de vehículo

O

(D.3) por ejemplo, Focus, Astra, Megane

Código de categoría UE

O

(J)  por ejemplo, ciclomotores, motocicletas, turismos

Clase de emisiones EURO

O

por ejemplo, Euro 4, EURO 6

Parte II. Datos relativos a los propietarios o titulares de los vehículos

Elemento

O/F(24)

Observaciones

Datos relativos a los titulares del vehículo

 

(C.1(25))

Los datos se refieren al titular del certificado concreto de matriculación.

Apellidos de los titulares (Nombre de la empresa)

O

(C.1.1)

Se utilizarán campos distintos para los nombres de pila, los infijos, los títulos, etc. y se comunicarán los apellidos en formato de impresión.

Nombre

O

(C.1.2)

Se utilizarán campos distintos para los nombres de pila y las iniciales, y se comunicará el nombre en formato de impresión.

Dirección

O

(C.1.3)

Se utilizarán campos distintos para la calle, el número de la casa y el anexo, el código postal, el lugar de residencia, el país de residencia, etc., y se comunicará la dirección en formato de impresión.

Sexo

F

Masculino, femenino

Fecha de nacimiento

O

 

Entidad jurídica

O

Particular, asociación, empresa, sociedad, etc.

Lugar de nacimiento

F

 

Número de identificación

F

Un identificador que solo se aplique a la persona o empresa.

Datos relativos a los propietarios del vehículo

 

(C.2) Los datos se refieren al propietario del vehículo.

Apellidos de los propietarios (Nombre de la empresa)

O

(C.2.1)

Nombre

O

(C.2.2)

Dirección

O

(C.2.3)

Sexo

F

Masculino, femenino

Fecha de nacimiento

O

 

Entidad jurídica

O

Particular, asociación, empresa, sociedad, etc.

Lugar de nacimiento

F

 

Número de identificación

F

Un identificador que solo se aplique a la persona o empresa.

 

 

En el caso de los vehículos para desguace, vehículos o placas de matrícula robados o matrícula caducada, no se facilitará información sobre los propietarios o titulares. Se transmitirá, en su lugar, el mensaje «Información no desvelada».

ANEXO II

PLANTILLA PARA LA NOTIFICACIÓN

a que se refiere el artículo 24

[Página de cubierta]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Nombre, dirección y número de teléfono del remitente]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................

[Nombre y dirección del destinatario]

NOTIFICACIÓN

relativa al impago de un canon de carretera registrado en

[nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera].

………………………………………………………………

Página 2:

El …................................................................., un impago del canon de carretera ▌ con el vehículo con

[fecha]

número de matrícula ......... marca ................................... modelo

fue detectado por

[nombre del organismo responsable]

[Opción n.º 1] (1)

Su nombre figura en los registros como titular del permiso de circulación del vehículo mencionado.

[Opción n.º 2] (1)

El titular del permiso de circulación del vehículo mencionado ha declarado que usted conducía el vehículo en el momento de la comisión del impago del canon de carretera.

Los detalles pertinentes del impago del canon de carretera se describen a continuación (página 3).

El importe de la sanción pecuniaria debida por el impago del canon de carretera es de EUR/moneda nacional.(1)

El importe del canon de carretera impagado es de EUR/moneda nacional.(1)

El plazo de pago vence el

Se le aconseja rellenar el formulario de respuesta adjunto (página 4) y enviarlo a la dirección mencionada, en caso de no abonar la sanción pecuniaria (1) / canon de carretera (1).

La presente notificación se tramitará con arreglo al Derecho nacional de

[nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera].

Página 3

Datos pertinentes en relación con el impago del canon de carretera

a)  Datos relativos al vehículo con el que se produjo el impago del canon de carretera:

Número de matrícula: ………………………………………….

Estado miembro de matriculación: ………………………………………….

Marca y modelo: ………………………………………….

b)  Datos relativos al impago del canon de carretera:

Lugar, fecha y hora en que se produjo el impago del canon de carretera:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naturaleza y tipificación legal del impago del canon de carretera:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descripción detallada del impago del canon de carretera:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Referencia a las disposiciones legales pertinentes:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descripción o referencia de las pruebas relativas al impago del canon de carretera:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c)  Datos relativos al dispositivo utilizado para detectar el impago del canon de carretera (2):

Especificaciones del dispositivo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Número de identificación del dispositivo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fecha de vencimiento de la última calibración:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(1)   Táchese si no procede.

(2)   No procede si no se ha utilizado dispositivo alguno.

Página 4

Formulario de respuesta

(rellénese con mayúsculas)

A.  Identidad del conductor:

— Nombre y apellido(s):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Fecha y lugar de nacimiento:

………………………………………………………………………………………………………………………………

—  Número del permiso de conducción: ..............................expedido el (fecha): ........................... en (lugar): ……………….......................................………….

—  Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..............................

B.  Cuestionario:

1.   ¿El vehículo, marca , número de matrícula , está registrado a

su nombre? sí/no (1)

En caso de respuesta negativa, el titular del permiso de circulación es:

(apellido(s) y nombre, dirección)

2.   ¿Reconoce no haber pagado el canon de carretera? sí/no (1)

3.   Si no lo reconoce, explique por qué:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Se ruega enviar el formulario cumplimentado en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la presente notificación a la siguiente autoridad o entidad:

a la siguiente dirección:

INFORMACIÓN

(Cuando el envío de la notificación corra a cargo de la entidad responsable de la percepción del peaje de carretera con arreglo al artículo 25:

Si el canon de carretera adeudado no se paga dentro del plazo establecido en la presente notificación, el presente asunto se transmitirá a la autoridad competente de ... [nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera] y será examinada por esta.

Si se suspenden las actuaciones, será informado en un plazo de 60 días tras la recepción del formulario de respuesta o del justificante de pago. (1)

/

(Cuando el envío de la notificación corra a cargo de la autoridad competente del Estado miembro):

El presente expediente será examinado por la autoridad competente de

[nombre del Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera].

Si se suspenden las actuaciones, será informado en un plazo de 60 días tras la recepción del formulario de respuesta o del justificante de pago.(1)

(1)  Táchese si no procede.

Si se prosiguen las actuaciones, se aplicará el procedimiento siguiente:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[Indicación por el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera del procedimiento que se siga, con información sobre la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de proseguir las actuaciones y el procedimiento para hacerlo. En cualquier caso, la información incluirá: el nombre y la dirección de la autoridad o entidad encargada de proseguir las actuaciones; el plazo de pago; el nombre y la dirección del organismo de recurso pertinente; el plazo de recurso].

La presente notificación, en sí misma, carece de consecuencias jurídicas.

Exención de responsabilidad en materia de protección de datos

[Caso de ser aplicable el Reglamento (UE) 2016/679:

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. También tiene derecho a presentar una reclamación ante [nombre y dirección de la autoridad de control correspondiente].]

[Caso de ser aplicable la Directiva (UE) 2016/680:

De conformidad con [nombre de la ley nacional por la que se aplica la Directiva (UE) 2016/680], tiene derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, y la limitación de su tratamiento. Tiene asimismo derecho a presentar una reclamación ante [nombre y dirección de la autoridad de control correspondiente].]

_____________

ANEXO III

Parte A

Directiva derogada, con la modificación correspondiente (mencionada en el artículo 33)

Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

DO L 166 de 30.4.2004, p. 124.

Reglamento (CE) n.° 219/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo.

DO L 87 de 31.3.2009, p. 109.

Parte B

Plazo para la transposición al Derecho nacional (mencionado en el artículo 33)

Directiva

Fecha límite de transposición

Directiva 2004/52/CE

20 de noviembre de 2005

_____________

ANEXO IV

Tabla de correspondencias

Directiva 2004/52/CE

La presente Directiva

Artículo 1, apartado 1

--

Artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a)

Artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra b)

Artículo 3, apartado 2, primera frase

Artículo 1, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 1, apartado 2, frase introductoria

Artículo 1, apartado 2, frase introductoria

Artículo 1, apartado 2, letra a)

Artículo 1, apartado 2, letra a)

Artículo 1, apartado 2, letra b)

Artículo 1, apartado 2, letra c)

Artículo 1, apartado 2, letra b)

--

Artículo 1, apartado 3

Artículo 1, apartado 3

Artículo 1, apartado 4

--

Artículo 1, apartado 5

--

Artículo 1, apartado 6

Artículo 2

Artículo 2, apartado 1

Artículo 3, apartado 1, párrafo primero

Artículo 3, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 2, apartado 2, primera frase

Artículo 4, apartado 7

Artículo 3, apartado 2

Artículo 3, apartado 3

Artículo 2, apartado 2, segunda y tercera frases

Artículo 3, apartado 4

Artículo 2, apartado 2, cuarta frase

 

Artículo 3, apartado 5

Artículo 3, apartado 6

Artículo 2, apartado 3

Artículo 2, apartado 4

Artículo 2, apartado 5

Artículo 2, apartado 6

Artículo 2, apartado 7

Artículo 27

Artículo 3, apartado 1

--

Artículo 3, apartado 2, primera frase

Artículo 3, apartado 1, segunda frase

Artículo 3, apartado 2, segunda frase

Artículo 3, apartado 2, tercera frase

 

Artículo 3, apartado 3

 

Artículo 3, apartado 4

Artículo 4, apartado 1

 

Artículo 4, apartado 2

Artículo 4, apartado 3

A

Artículo 4, apartado 4

Artículo 4, apartado 5

 

Artículo 4, apartado 7

Artículo 3, apartado 2

Artículo 4, apartado 8

Artículo 5, apartado 4

 

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 26

—  Artículo 2, apartado 7

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 5

Artículo 31

Artículo 6

Artículo 32, apartado 1

Artículo 32, apartado 2

Artículo 33

Artículo 7

Artículo 34

Artículo 8

Artículo 35

Anexo

Anexo I

Anexo II

 

Anexo III

Anexo IV

_____________

(1) DO C 81 de 2.3.2018, p. 181..
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
(3)DO C 81 de 2.3.2018, p. 181.
(4)DO C 176 de 23.5.2018, p. 66.
(5) Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(6)Directiva 2004/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Comunidad (DO L 166 de 30.4.2004, p. 124).
(7)Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial (DO L 68 de 13.3.2015, p. 9).
(8)Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(9)Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
(10)Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).
(11) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(12) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(13)Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(14)Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
(15)Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos , y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62).
(16)Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (DO L 96 de 29.3.2014, p. 79).
(17) Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (DO L 187 de 20.7.1999, p. 42).
(18)Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 12).
(19)Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 1).
(20)O = obligatorio cuando esté disponible en el registro nacional, F = facultativo.
(21)Código armonizado de la Unión, véase la Directiva 1999/37/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa a los documentos de matriculación de los vehículos (DO L 138 de 1.6.1999, p. 57).
(22)O = obligatorio cuando esté disponible en el registro nacional, F = facultativo.
(23)Código armonizado de la Unión, véase la Directiva 1999/37/CE.
(24)O = obligatorio cuando esté disponible en el registro nacional, F = facultativo.
(25)Código armonizado de la Unión, véase la Directiva 1999/37/CE.


Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro (COM(2017)0796 – C8-0005/2018 – 2017/0354(COD))
P8_TA-PROV(2019)0123A8-0274/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0796),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0005/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de mayo de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de noviembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0274/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008

P8_TC1-COD(2017)0354


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías está garantizada de acuerdo con los Tratados. Están prohibidas las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, así como todas las medidas de efecto equivalente. Dicha prohibición incluye cualquier medida nacional que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio de mercancías en el interior de la Unión. La libre circulación de mercancías en el mercado interior está garantizada por la armonización a escala de la Unión de normas que establecen unos requisitos comunes para la comercialización de determinadas mercancías o por la aplicación del principio de reconocimiento mutuo tal como lo define el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de las mercancías o los aspectos de las mercancías no abarcados de forma exhaustiva por las normas de armonización de la Unión.

(2)  Un principio de reconocimiento mutuo que funcione correctamente es un complemento esencial para la armonización de normas a escala de la Unión, en especial habida cuenta de que muchas mercancías tienen aspectos armonizados y no armonizados.

(3)  Se pueden crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros si, ante la ausencia de normas de armonización de la Unión que regulen mercancías o determinados aspectos de mercancías, la autoridad competente de un Estado miembro aplica a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro normas nacionales que obliguen a dichas mercancías a cumplir determinados requisitos técnicos, por ejemplo requisitos relativos a la designación, la forma, el tamaño, el peso, la composición, la presentación, el etiquetado o el embalaje. La aplicación de tales normas a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro podría ser contraria a los artículos 34 y 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), incluso si se aplican indistintamente a todas las mercancías.

(4)  El principio de reconocimiento mutuo procede de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con arreglo a este principio, los Estados miembros no pueden prohibir la venta en su territorio de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro, ni siquiera cuando tales mercancías han sido producidas de conformidad con normas técnicas diferentes, incluso las mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación. No obstante, el principio de reconocimiento mutuo no es absoluto. Los Estados miembros pueden restringir la comercialización de mercancías que hayan sido comercializadas legalmente en otro Estado miembro, cuando las restricciones estén justificadas por alguna de las razones que figuran en el artículo 36 del TFUE o sobre la base de otras razones imperiosas de interés público, reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con la libre circulación de mercancías, y cuando dichas restricciones sean proporcionadas al objetivo perseguido. El presente Reglamento impone la obligación de justificar claramente los motivos de la restricción o denegación de acceso al mercado.

(5)  El concepto de «razones imperiosas de interés público» es un concepto en evolución, desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia en relación con los artículos 34 y 36 del TFUE. Cuando existan diferencias legítimas entre Estados miembros, dichas razones imperiosas pueden justificar la aplicación de normas técnicas nacionales por parte de las autoridades competentes. Ahora bien, las decisiones administrativas siempre deben estar debidamente justificadas, ser legítimas, apropiadas y respetar el principio de proporcionalidad, y la autoridad competente tiene que tomar la decisión menos restrictiva posible. Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior de mercancías, las normas técnicas nacionales deben ser idóneas para su propósito y no crear barreras no arancelarias desproporcionadas. Por otro lado, las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro no deben basarse en el mero hecho de que las mercancías objeto de evaluación cumplen el objetivo público legítimo perseguido por el Estado miembro de manera distinta a como lo hacen las mercancías ▌en ese mismo Estado miembro. Con el fin de ayudar a los Estados miembros, la Comisión debe proporcionar orientaciones no vinculantes en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de «razones imperiosas de interés público» y sobre la forma de aplicar el principio de reconocimiento mutuo. Las autoridades competentes deben tener la oportunidad de contribuir a esas orientaciones y de formular observaciones al respecto.

(6)  En sus Conclusiones sobre la política del mercado único, de diciembre de 2013, el Consejo de Competitividad señaló que, a fin de mejorar las condiciones marco para las empresas y los consumidores en el mercado único, debían emplearse adecuadamente todos los instrumentos pertinentes, incluido el reconocimiento mutuo. El Consejo invitó a la Comisión a informar sobre los casos en los que el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo sigue siendo inadecuado o problemático. En sus Conclusiones sobre la política del mercado único, de febrero de 2015, el Consejo de Competitividad instó a la Comisión a tomar medidas para garantizar el funcionamiento efectivo del principio de reconocimiento mutuo y a presentar propuestas al respecto.

(7)  El Reglamento (CE) n.º 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(4) se adoptó para facilitar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo estableciendo procedimientos para minimizar la posibilidad de crear obstáculos ilegales a la libre circulación de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro. Pese a la adopción de dicho Reglamento, todavía persisten muchos problemas en relación con la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. La evaluación realizada entre 2014 y 2016 puso de manifiesto que dicho principio no funciona como debería, y que el Reglamento (CE) n.º 764/2008 ha tenido un efecto limitado en la facilitación de la aplicación de dicho principio. Las herramientas y garantías procedimentales introducidas por dicho Reglamento no han logrado su objetivo de mejorar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, la red de puntos de contacto de productos que creó para proporcionar a los agentes económicos información sobre las normas nacionales aplicables y la aplicación del principio de reconocimiento mutuo apenas es conocida o utilizada por los agentes económicos. Dentro de esa red, las autoridades nacionales no cooperan lo suficiente. El requisito de notificación de las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado rara vez se cumple. Como consecuencia de ello, persisten los obstáculos a la libre circulación de mercancías en el mercado interior.

(8)  El Reglamento (CE) n.º 764/2008 presenta algunas deficiencias, por lo que debe revisarse y reforzarse. En aras de la claridad, el Reglamento (CE) n.º 764/2008 debe ser sustituido por el presente Reglamento. El presente Reglamento debe establecer procedimientos claros para garantizar la libre circulación de las mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y para velar por que la libre circulación solo pueda restringirse cuando los Estados miembros tengan razones legítimas de interés público para ello y la restricción sea justificada y proporcionada. El presente Reglamento también debe garantizar el respeto, por parte de los agentes económicos y las autoridades nacionales, de los derechos y obligaciones existentes que se derivan del principio de reconocimiento mutuo.

(9)  El presente Reglamento no debe ir en detrimento de una mayor armonización de las condiciones de comercialización de las mercancías con miras a mejorar el funcionamiento del mercado interior, cuando proceda.

(10)  Existe también la posibilidad de que los obstáculos al comercio se deriven de otro tipo de medidas comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 34 y 36 del TFUE. Entre dichas medidas pueden figurar, por ejemplo, las especificaciones técnicas establecidas para los procedimientos de contratación pública o las obligaciones de uso de lenguas oficiales en los Estados miembros. No obstante, dichas medidas no deben constituir normas técnicas nacionales en el sentido del presente Reglamento ni deben entrar en el ámbito de aplicación de este.

(11)  A veces, las normas técnicas nacionales cobran efecto en un Estado miembro por medio de un procedimiento de autorización previa que exige que, antes de poder introducir en el mercado una mercancía, se obtenga la aprobación formal de una autoridad competente. La existencia de un procedimiento de autorización previa en sí mismo limita la libre circulación de mercancías. Por tanto, para que dicho procedimiento esté justificado por lo que respecta al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado interior, debe perseguir un objetivo de interés público reconocido por el Derecho de la Unión, y ha de ser proporcionado y no discriminatorio. Para evaluar si el procedimiento es compatible con el Derecho de la Unión, se tiene en consideración la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento las decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso de una mercancía al mercado únicamente por no contar con una autorización previa válida. No obstante, cuando se presente una solicitud de autorización previa obligatoria para una mercancía, toda decisión administrativa de denegar la solicitud basándose en una norma técnica nacional aplicable en el Estado miembro en cuestión solo debe adoptarse de conformidad con el presente Reglamento, de manera que el solicitante pueda acogerse a la protección procedimental prevista en él. Lo mismo se aplica a una autorización previa voluntaria para una mercancía, si existe.

(12)  Es importante aclarar que entre los tipos de mercancías que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento se encuentran los productos agrícolas. El término «productos agrícolas» abarca también los productos de la pesca, como se establece en el artículo 38, apartado 1, del TFUE. Para ayudar a identificar los tipos de mercancías a los que es aplicable el presente Reglamento, la Comisión debe valorar la viabilidad y los beneficios de seguir desarrollando una lista indicativa de productos para el reconocimiento mutuo.

(13)  Es importante aclarar asimismo que el término «productor» no se refiere solo a los fabricantes de mercancías, sino también a quienes producen mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación, incluidos los productos agrícolas, y a quienes se presentan a sí mismos como productores de mercancías.

(14)  Deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que aprecien la legalidad de los casos en los que, debido a la aplicación de una norma técnica nacional, no se conceda acceso al mercado de un Estado miembro a mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro, así como las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que impongan sanciones.

(15)  Para beneficiarse del principio de reconocimiento mutuo, las mercancías deben comercializarse legalmente en otro Estado miembro. Debe aclararse que, para que se considere que una mercancía se comercializa legalmente en otro Estado miembro, esta ha de cumplir las normas pertinentes aplicables en ese Estado miembro y debe estar ▌disponible para los usuarios finales de dicho Estado miembro.

(16)  Para sensibilizar a las autoridades nacionales y los agentes económicos acerca del principio de reconocimiento mutuo, los Estados miembros deben considerar incluir en sus normas técnicas nacionales, «cláusulas de mercado único» claras e inequívocas, con miras a facilitar la aplicación de dicho principio.

(17)  Las pruebas que se exigen para demostrar que las mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro varían significativamente de un Estado miembro a otro. Ello es causa de cargas y retrasos innecesarios y costes adicionales para los agentes económicos e impide a las autoridades nacionales obtener la información necesaria para evaluar las mercancías en el momento oportuno. Esto puede obstaculizar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Por tanto, es fundamental que para los agentes económicos resulte más fácil demostrar que sus mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro. Los agentes económicos deben ▌disfrutar de una autodeclaración que proporcione a las autoridades competentes toda la información necesaria sobre las mercancías y su conformidad con las normas aplicables en el otro Estado miembro. El uso de declaraciones voluntarias no debe impedir a las autoridades nacionales tomar decisiones administrativas que restrinjan o denieguen el acceso al mercado, a condición de que tales decisiones sean proporcionadas, justificadas y respeten el principio de reconocimiento mutuo y de que sean conformes con el presente Reglamento.

(18)  El productor, el importador o el distribuidor deben tener la posibilidad de elaborar una declaración de comercialización legal de las mercancías a efectos de reconocimiento mutuo (en lo sucesivo, «declaración de reconocimiento mutuo»). El productor está mejor situado para proporcionar la información en la declaración de reconocimiento mutuo, ya que conoce mejor la mercancía y cuenta con las pruebas necesarias para verificar la información que figura en la declaración de reconocimiento mutuo. El productor debe poder delegar en un representante autorizado la elaboración de dichas declaraciones en nombre y bajo la responsabilidad del productor. Sin embargo, cuando un agente económico solo pueda proporcionar en la declaración información sobre la legalidad de la comercialización de las mercancías, debe ser posible que otro agente económico proporcione información que indique que dichas mercancías se han puesto a disposición de los usuarios finales en el Estado miembro de que se trate, siempre que dicho agente económico se responsabilice de la información que proporcionó en la declaración de reconocimiento mutuo y pueda aportar las pruebas necesarias para verificar dicha información.

(19)  La declaración de reconocimiento mutuo debe contener siempre información exacta y completa sobre las mercancías. Así pues, debe mantenerse actualizada para reflejar los cambios, por ejemplo los cambios en las normas técnicas nacionales.

(20)  Al objeto de garantizar la exhaustividad de la información proporcionada en una declaración de reconocimiento mutuo, debe establecerse una estructura armonizada para el uso de tales declaraciones por parte de los agentes económicos que deseen presentarlas.

(21)  Es importante velar por que la declaración de reconocimiento mutuo se complete de manera verídica y exacta. Por tanto, es necesario hacer recaer sobre los agentes económicos la responsabilidad jurídica de la información proporcionada por ellos en la declaración de reconocimiento mutuo.

(22)  A fin de mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas que operan en el ámbito de las mercancías a las que no se aplique la legislación de armonización de la Unión, debe ser posible disponer de nuevas tecnologías de la información que faciliten la presentación de la declaración de reconocimiento mutuo. Para ello, los agentes económicos deben poder poner su declaración de reconocimiento mutuo a disposición del público en línea, siempre y cuando la declaración de reconocimiento mutuo sea fácilmente accesible y en un formato fiable.

(23)  La Comisión debe garantizar que en el portal digital único se pongan a disposición una plantilla para la declaración de reconocimiento mutuo y las instrucciones para completarla, en todas las lenguas oficiales de la Unión.

(24)  El presente Reglamento también debe aplicarse a las mercancías que solo entran en el ámbito de la legislación de armonización de la Unión parcialmente. Cuando, con arreglo a la legislación de armonización de la Unión, se exija al agente económico que elabore una declaración UE de conformidad para demostrar que cumple dicha legislación, debe permitírsele adjuntar a la declaración UE de conformidad ▌ la declaración de reconocimiento mutuo prevista en el presente Reglamento.

(25)  Cuando los agentes económicos decidan no utilizar ▌la declaración de reconocimiento mutuo, debe corresponder a las autoridades competentes del Estado miembro de destino solicitar de manera claramente definida la información específica que consideren necesaria para evaluar las mercancías, respetando el principio de proporcionalidad.

(26)  El agente económico debe contar con un plazo adecuado de presentación de los documentos o cualquier otra información que solicite la autoridad competente del Estado miembro de destino, o de formulación de cualesquiera argumentos u observaciones en relación con la evaluación de las mercancías en cuestión.

(27)  De conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo(5), los Estados miembros deben comunicar a la Comisión y a los demás Estados miembros todo proyecto de reglamento técnico relativo a cualquier producto, incluidos los productos agrícolas y de la pesca, y una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de dicho Reglamento. No obstante, es necesario garantizar que, tras la adopción de ese reglamento técnico nacional, se aplique correctamente el principio de reconocimiento mutuo a mercancías específicas de manera individualizada. El presente Reglamento debe establecer procedimientos para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de manera individualizada, por ejemplo exigiendo a los Estados miembros que indiquen las normas técnicas nacionales en las que se basa la decisión administrativa y las razones legítimas de interés público que justifican la aplicación de esa norma técnica nacional con respecto a una mercancía comercializada legalmente en otro Estado miembro. La proporcionalidad de la norma técnica nacional constituye la base para demostrar la proporcionalidad de la decisión administrativa basada en dicha norma. No obstante, los medios de demostración de la proporcionalidad de la decisión administrativa deben determinarse caso por caso.

(28)  Dado que las decisiones administrativas por las que se restringe o deniega el acceso al mercado de mercancías ya comercializadas legalmente en otro Estado miembro deben ser una excepción al principio fundamental de la libre circulación de mercancías, es necesario garantizar que tales decisiones cumplan las obligaciones existentes derivadas del principio de reconocimiento mutuo. Conviene establecer, por lo tanto, un procedimiento claro para determinar si dichas mercancías están comercializadas legalmente en ese otro Estado miembro y, en tal caso, si los intereses públicos legítimos amparados por la norma técnica nacional aplicable del Estado miembro de destino están adecuadamente protegidos, conforme al artículo 36 del TFUE y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicho procedimiento debe garantizar que cualquier decisión administrativa que se adopte sea proporcionada y respete el principio de reconocimiento mutuo y que sea conforme con el presente Reglamento.

(29)  Cuando una autoridad competente evalúe unas mercancías antes de decidir si debe restringir o denegar su acceso al mercado, no debe poder tomar decisiones por las que se suspenda dicho acceso, salvo cuando sea necesaria una intervención rápida para evitar daños a la seguridad o la salud de las personas o al medio ambiente, o para impedir que las mercancías se comercialicen en los casos en que haya una prohibición general de comercialización de dichas mercancías por razones de moral o seguridad públicas, como, por ejemplo, la prevención de un delito.

(30)  El Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) establece un sistema de acreditación que garantiza la aceptación mutua del nivel de competencia de los organismos de evaluación de la conformidad. Por tanto, las autoridades competentes de los Estados miembros no deben negarse a aceptar, por razones de falta de competencia, los informes de ensayo elaborados y los certificados expedidos por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado. Por otro lado, para evitar en la medida de lo posible que se dupliquen los ensayos y procedimientos que ya se han realizado en otro Estado miembro, los Estados miembros no deben negarse a aceptar los informes de ensayo elaborados y los certificados expedidos por otros organismos de evaluación de la conformidad con arreglo al Derecho de la Unión. Las autoridades competentes deben tener debidamente en cuenta el contenido de los informes de ensayo o los certificados aportados.

(31)  La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) precisa que solo pueden introducirse en el mercado productos seguros y establece las obligaciones de los productores y los distribuidores con respecto a la seguridad de los productos. Permite a las autoridades competentes prohibir con efecto inmediato todo producto peligroso o prohibirlo temporalmente, durante el período necesario para efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad. Dicha Directiva describe, asimismo, el procedimiento que han de seguir las autoridades competentes para aplicar medidas adecuadas si los productos entrañan riesgos, como las que figuran en su artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y establece también la obligación de los Estados miembros de notificar dichas medidas a la Comisión y a los demás Estados miembros. Por tanto, las autoridades competentes deben poder seguir aplicando dicha Directiva y, en particular, su artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y apartado 3.

(32)  El Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(8) establece, entre otras cosas, un sistema de alerta rápida destinado a notificar los riesgos, directos o indirectos, para la salud humana que se deriven de alimentos o piensos. Obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión inmediatamente, a través del sistema de alerta rápida, toda medida que adopten para restringir la comercialización de alimentos o piensos, retirarlos del mercado o recuperarlos, con el fin de proteger la salud humana y que exija una acción rápida. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando dicho Reglamento y, en particular, su artículo 50, apartado 3, y su artículo 54.

(33)  El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) establece un marco armonizado de la Unión para la organización de controles oficiales y de otras actividades oficiales, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, teniendo en cuenta las normas sobre controles oficiales establecidas en el Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(10) y en la legislación sectorial de la Unión pertinente. El Reglamento (UE) 2017/625 establece un procedimiento específico para garantizar que el agente económico ponga remedio a las situaciones de incumplimiento de las normas en materia de alimentos y piensos, y de salud o bienestar de los animales. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando el Reglamento (UE) 2017/625, en particular, su artículo 138.

(34)  El Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(11) establece un marco armonizado de la Unión para la realización de controles respecto de las obligaciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n.º 882/2004 y precisa que los Estados miembros deben garantizar que los agentes económicos que cumplan tales obligaciones puedan acogerse a un sistema de controles. Las autoridades competentes deben poder seguir aplicando el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en particular, su artículo 90.

(35)  Toda decisión administrativa adoptada por las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento debe especificar las vías de recurso disponibles para los agentes económicos, de manera que estos puedan, con arreglo al Derecho nacional, interponer recurso contra la decisión o ejercitar una acción ante el órgano jurisdiccional nacional competente. Las decisiones administrativas también deben hacer referencia a la posibilidad de que los agentes económicos utilicen la Red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior (SOLVIT) y el procedimiento de resolución de problemas que se establece en el presente Reglamento.

(36)  Para garantizar la aplicación correcta y coherente del principio de reconocimiento mutuo, es esencial contar con soluciones eficaces para los agentes económicos que deseen recurrir a una alternativa propicia para las empresas, con el fin de impugnar decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso al mercado. Con objeto de garantizar tales soluciones y evitar gastos jurídicos, en particular en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), los agentes económicos deben poder recurrir a un procedimiento extrajudicial para la resolución de problemas.

(37)  SOLVIT es un servicio que presta la administración nacional de cada Estado miembro con el fin de encontrar soluciones para los particulares y las empresas cuando las autoridades públicas de otro Estado miembro hayan vulnerado sus derechos. Los principios por los que se rige el funcionamiento de SOLVIT se establecen en la Recomendación 2013/461/UE de la Comisión (13), según la cual cada Estado miembro debe disponer de un centro SOLVIT con los recursos humanos y financieros adecuados para garantizar que el centro SOLVIT participa en SOLVIT. La Comisión debe dar a conocer mejor la existencia y los beneficios de SOLVIT, especialmente entre las empresas.

(38)  SOLVIT, que es gratuito, es un mecanismo extrajudicial de resolución de problemas eficaz. Opera con plazos cortos y proporciona soluciones prácticas a los particulares y empresas cuando estos tienen dificultades para que las autoridades públicas les reconozcan los derechos que les otorga la Unión. ▌ Cuando el agente económico, el centro SOLVIT pertinente y los Estados miembros de que se trate se ponen de acuerdo en la solución apropiada, no deben ser necesarias nuevas medidas.

(39)  Sin embargo, si el enfoque informal de SOLVIT fracasa y persisten ▌ dudas acerca de la compatibilidad de la decisión administrativa con el principio de reconocimiento mutuo, deben conferirse competencias a la Comisión para que estudie la cuestión a petición de cualquiera de los centros SOLVIT implicados. Previa evaluación, la Comisión debe emitir un dictamen que se debe comunicar por medio del centro SOLVIT correspondiente al agente económico interesado y a las autoridades competentes, dictamen que debe tenerse en cuenta durante el procedimiento SOLVIT. La intervención de la Comisión debe estar sujeta a un plazo ▌de 45 días hábiles, sin incluir el tiempo necesario para que la Comisión reciba la información y los documentos adicionales que considere necesarios. Si el caso se resuelve en este período, no se debería exigir a la Comisión emitir un dictamen. Tales asuntos SOLVIT deben estar sujetos a un proceso independiente en la base de datos de SOLVIT y no estar incluidos en las estadísticas de SOLVIT ordinarias.

(40)  El dictamen de la Comisión sobre una decisión administrativa por la que se restrinja o deniegue el acceso al mercado solo debe abordar la cuestión de si la decisión administrativa es compatible con el principio de reconocimiento mutuo y con los requisitos del presente Reglamento. Ello sin perjuicio de las facultades de la Comisión con arreglo al artículo 258 del TFUE y de la obligación de los Estados miembros de cumplir el Derecho de la Unión, cuando hagan frente a problemas sistémicos detectados en cuanto a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo.

(41)  Es importante para el mercado interior de mercancías que las empresas, en particular las pymes, puedan obtener información fiable y específica sobre la normativa vigente en un determinado Estado miembro. Los puntos de contacto de productos deben desempeñar un papel importante para facilitar la comunicación entre autoridades nacionales y agentes económicos, por medio de la difusión de información acerca de las normas sobre productos específicos y sobre el modo de aplicar el principio de reconocimiento mutuo en el territorio del correspondiente Estado miembro. Por tanto, es necesario intensificar el papel de los puntos de contacto de productos como principales proveedores de información sobre todas las normas relacionadas con productos, en especial las normas técnicas nacionales que entran en el ámbito del reconocimiento mutuo.

(42)  Para facilitar la libre circulación de mercancías, los puntos de contacto de productos deben proporcionar, gratuitamente, un nivel razonable de información sobre sus normas técnicas nacionales y sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Los puntos de contacto de productos deben estar equipados adecuadamente y contar con los recursos oportunos. De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo(14), deben proporcionar esa información a través de un sitio web y estar sujetos a los criterios de calidad exigidos en dicho Reglamento. Las funciones de los puntos de contacto de productos relacionadas con la comunicación de dicha información, incluidas copias electrónicas de las normas técnicas nacionales o un acceso en línea a ellas, deben ejercerse sin perjuicio de las normas nacionales que regulen la distribución de las normas técnicas nacionales. Además, los puntos de contacto de productos no deben estar obligados a facilitar copias de normas que estén sujetas a derechos de propiedad intelectual de órganos u organizaciones de normalización ni accesos en línea a dichas normas.

(43)  La cooperación entre autoridades competentes es esencial para el buen funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y para crear una cultura del reconocimiento mutuo. Por tanto, los puntos de contacto de productos y las autoridades nacionales competentes deben cooperar e intercambiar información y conocimientos especializados para garantizar una aplicación correcta y coherente tanto del principio de reconocimiento mutuo y del presente Reglamento.

(44)  A efectos de la notificación de las decisiones administrativas por las que se restrinja o deniegue el acceso al mercado, de la comunicación entre los puntos de contacto de productos y de la garantía de cooperación administrativa, es necesario proporcionar a los Estados miembros acceso a un ▌sistema de información y comunicación.

(45)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(15).

(46)  Cuando, a los fines del presente Reglamento, sea necesario proceder al tratamiento de datos personales, este debe realizarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de datos personales en el marco del presente Reglamento estará sujeto al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(16) o al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(47)  Para proporcionar información sobre la aplicación del presente Reglamento y sobre sus repercusiones en la libre circulación de mercancías, deben establecerse unos mecanismos de seguimiento fiables y eficientes. Estos mecanismos no deben exceder de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(48)  Al objeto de aumentar la concienciación acerca del principio de reconocimiento mutuo y garantizar la aplicación correcta y coherente del presente Reglamento, conviene prever la financiación, por parte de la Unión, de campañas de concienciación, formación, intercambio de funcionarios y otras actividades relacionadas destinadas a reforzar y apoyar la confianza y la cooperación entre autoridades competentes, puntos de contacto de productos y agentes económicos.

(49)  Para poner remedio a la ausencia de datos exactos relacionados con el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, la Unión debe financiar la recogida de tales datos.

(50)  Los intereses financieros de la Unión deben ser protegidos mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras.

(51)  Conviene retrasar la aplicación del presente Reglamento para dar a las autoridades competentes y a los agentes económicos el tiempo suficiente para adaptarse a lo dispuesto en él.

(52)  La Comisión debe llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento a la luz de los objetivos que persigue. Para evaluar el presente Reglamento, la Comisión debe utilizar los datos recogidos sobre el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías, así como la información disponible en el sistema de información y comunicación. La Comisión debe poder pedir a los Estados miembros que faciliten información adicional necesaria para su evaluación. Con arreglo al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(18), la evaluación del presente Reglamento, que debe estar basada en la eficiencia, la eficacia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido, debe proporcionar la base para las evaluaciones de impacto de las opciones relativas a nuevas medidas.

(53)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, garantizar la aplicación sencilla, coherente y correcta del principio de reconocimiento mutuo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto

1.  El presente Reglamento tiene por objeto reforzar el funcionamiento del mercado interior, mediante una mejor aplicación del principio de reconocimiento mutuo y la eliminación de barreras injustificadas al comercio.

2.  El presente Reglamento establece normas y procedimientos relativos a la aplicación, por parte de los Estados miembros, del principio de reconocimiento mutuo en casos concretos, en relación con mercancías sujetas al artículo 34 del TFUE y comercializadas legalmente en otro Estado miembro, habida cuenta del artículo 36 del TFUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3.  El presente Reglamento también regula el establecimiento y mantenimiento de puntos de contacto de productos en los Estados miembros, así como la cooperación y el intercambio de información en el contexto del principio de reconocimiento mutuo.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento se aplica a las mercancías de cualquier tipo, incluidos los productos agrícolas en el sentido del artículo 38, apartado 1, párrafo segundo, del TFUE, y a las decisiones administrativas adoptadas o por adoptar por parte de una autoridad competente de un Estado miembro de destino en relación con cualquiera de esas mercancías que se haya comercializado legalmente en otro Estado miembro, cuando la decisión administrativa cumpla los criterios siguientes:

a)  se base en una norma técnica nacional aplicable en el Estado miembro de destino; y

b)  su efecto, directo o indirecto, consista en restringir o denegar el acceso al mercado en el Estado miembro de destino.

El concepto de «decisión administrativa» incluye cualquier medida administrativa que se base en una norma técnica nacional y tenga exactamente o sustancialmente el mismo efecto jurídico que el efecto al que se refiere el apartado 1, letra b).

2.  A efectos del presente Reglamento, se entiende por «norma técnica nacional» cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa de un Estado miembro que se ajuste a las características siguientes:

a)  abarque mercancías o aspectos de las mercancías que no están sujetos a armonización a nivel de la Unión;

b)  prohíba la comercialización de mercancías, o mercancías de un tipo determinado, en el mercado ▌de ese Estado miembro o haga obligatorio su cumplimiento, de hecho o de Derecho, cada vez que una mercancía, o mercancías de un tipo determinado, se comercialice en ese mercado; y

c)  se ajuste, al menos, a uno de los aspectos siguientes:

i)  establezca las características exigidas de las mercancías o de las mercancías de un tipo determinado, como los niveles de calidad, funcionamiento o seguridad, o sus dimensiones, incluidos los requisitos aplicables a esas mercancías o respecto a las denominaciones con las que se venden, la terminología, los símbolos, los ensayos y los métodos de ensayo, el embalaje, el marcado o el etiquetado, y los procedimientos de evaluación de la conformidad;

ii)  con el fin de proteger a los consumidores o el medio ambiente, imponga otros requisitos a las mercancías o mercancías de un tipo determinado, que afecten al ciclo de vida de las mercancías tras su comercialización en el mercado ▌de ese Estado miembro, como las condiciones de uso, el reciclaje, la reutilización o la eliminación, cuando tales condiciones puedan afectar significativamente a la composición o naturaleza de las mercancías, o a su comercialización en el mercado ▌de ese Estado miembro.

3.  El apartado 2, letra c), inciso i), del presente artículo, también abarca los métodos y procesos de producción utilizados con respecto a los productos agrícolas que se contemplan en el artículo 38, apartado 1, párrafo segundo, del TFUE, y con respecto a los productos destinados al consumo humano o animal, así como los métodos y procesos de producción relacionados con otros productos, cuando influyan en sus características.

4.  Si bien ▌un procedimiento de autorización previa no constituye por sí mismo una norma técnica nacional a efectos del presente Reglamento, una decisión por la que se deniegue la autorización previa sobre la base de una norma técnica nacional se considerará una decisión administrativa que entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento si cumple los demás requisitos del apartado 1, párrafo primero.

5.  El presente Reglamento no se aplica a:

a)  las resoluciones de naturaleza judicial dictadas por órganos jurisdiccionales nacionales;

b)  las decisiones de naturaleza judicial adoptadas por autoridades garantes del cumplimiento en el transcurso de la investigación o persecución de delitos por lo que se refiere a la terminología, los símbolos o cualquier referencia material a organizaciones inconstitucionales o delictivas o delitos de carácter racista, discriminatorio o xenófobo.

6.  Los artículos 5 y 6 no afectarán a la aplicación de las disposiciones siguientes:

a)  el artículo 8, apartado 1, letras b) a f), y apartado 3, de la Directiva 2001/95/CE;

b)  el artículo 50, apartado 3, letra a), y el artículo 54 del Reglamento (CE) n.º 178/2002;

c)  el artículo 90 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013; y

d)  el artículo 138 del Reglamento (UE) 2017/625.

7.  El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de la obligación establecida en la Directiva (UE) 2015/1535 consistente en notificar los proyectos de reglamento técnico nacional a la Comisión y a los Estados miembros antes de su adopción.

Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «comercializada legalmente en otro Estado miembro»: que las mercancías o mercancías de ese tipo cumplen las normas pertinentes aplicables en ese Estado miembro o no están sujetas a tales normas en ese Estado miembro, y se ponen a disposición de los usuarios finales en él;

2)  «comercialización en el mercado▌»: todo suministro, remunerado o gratuito, de una mercancía para su distribución, consumo o utilización en el mercado, dentro del territorio de un Estado miembro, en el transcurso de una actividad comercial;

3)  «restringir el acceso al mercado»: imponer el cumplimiento de condiciones para que las mercancías puedan comercializarse en el mercado ▌del Estado miembro de destino, o para que puedan mantenerse en ese mercado, exigiendo, en cualquiera de los casos, la modificación de una o varias características de dichas mercancías, tal como dispone el artículo 2, apartado 2, letra c), inciso i), o la realización de ensayos adicionales;

4)  «denegar el acceso al mercado»:

a)  prohibir que las mercancías se comercialicen en el mercado ▌del Estado miembro de destino o que se mantengan en él; o

b)  exigir la retirada o la recuperación de esas mercancías de ese mercado;

5)  «retirada»: toda medida destinada a impedir la comercialización de mercancías presentes en la cadena de suministro;

6)  «recuperación»: toda medida destinada a obtener la devolución de mercancías ya puestas a disposición del usuario final;

7)  «procedimiento de autorización previa»: un procedimiento administrativo establecido en el Derecho de un Estado miembro según el cual, a petición de un agente económico, la autoridad competente de dicho Estado miembro debe dar su aprobación formal antes de que las mercancías puedan ser comercializadas en el mercado ▌de dicho Estado miembro;

8)  «productor»:

a)  toda persona física o jurídica que fabrique mercancías o encargue su diseño o fabricación, o que produzca mercancías que no sean el resultado de un proceso de fabricación, incluidos los productos agrícolas, y las comercialice con su nombre o marca,

b)  toda persona física o jurídica que modifique mercancías ya comercializadas legalmente en un Estado miembro de modo que pueda verse afectado el cumplimiento de las normas pertinentes aplicables en dicho Estado miembro, o

c)  toda persona física o jurídica que, al poner su nombre, marca u otro rasgo distintivo en mercancías o en los documentos que acompañen a esas mercancías, se presente como productor de dichas mercancías;

9)  «representante autorizado»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que haya recibido un mandato por escrito de un productor para actuar en su nombre por lo que respecta a la comercialización de mercancías en el mercado ▌en cuestión;

10)  «importador»: toda persona física o jurídica establecida en la Unión que comercializa por primera vez en el mercado de la Unión las mercancías procedentes de un tercer país;

11)  «distribuidor»: toda persona física o jurídica en la cadena de suministro ▌, distinta del productor o el importador, que comercializa mercancías en el mercado ▌de un Estado miembro;

12)  «agente económico»: cualquiera de los siguientes agentes, en relación con las mercancías: el productor, el representante autorizado, el importador o el distribuidor;

13)  «usuario final»: toda persona física o jurídica, residente o establecida en la Unión, a cuya disposición se hayan puesto las mercancías ya sea como consumidor al margen de cualquier actividad comercial, empresarial, artesanal o profesional, o como usuario final profesional en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales;

14)  «razones legítimas de interés público»: cualquiera de las razones que figuran en el artículo 36 del TFUE u otras razones imperiosas de interés público;

15)  «organismo de evaluación de la conformidad»: un organismo de evaluación de la conformidad con arreglo a la definición del artículo 2, punto 13, del Reglamento (CE) n.º 765/2008.

Capítulo II

Procedimientos relativos a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en casos individuales

Artículo 4

Declaración de reconocimiento mutuo

1.  El productor de mercancías, o de mercancías de un tipo determinado, que hayan sido o vayan a ser comercializadas en el mercado ▌del ▌Estado miembro de destino ▌podrá elaborar una declaración voluntaria de comercialización legal de mercancías a efectos de reconocimiento mutuo (en lo sucesivo, «declaración de reconocimiento mutuo») para demostrar a las autoridades competentes del Estado miembro de destino que las mercancías, o las mercancías de ese tipo, se comercializan legalmente en otro Estado miembro.

El productor podrá mandar a su representante autorizado que elabore la declaración de reconocimiento mutuo en su nombre.

La declaración de reconocimiento mutuo deberá tener la estructura establecida en las partes I y II del anexo y contener toda la información en ellas indicada.

El productor o su representante autorizado que haya recibido el mandato para ello podrán introducir en la declaración de reconocimiento mutuo únicamente la información que figura en la parte I del anexo. En ese caso, el importador o el distribuidor completarán la información prevista en la parte II del anexo.

Asimismo, el importador o el distribuidor podrán elaborar ambas partes de la declaración de reconocimiento mutuo siempre que el firmante pueda aportar la prueba a que se refiere el artículo 5, apartado 4, letra a).

Se elaborará la declaración de reconocimiento mutuo en una de las lenguas oficiales de la Unión. Cuando dicha lengua no sea la exigida por el Estado miembro de destino, el agente económico traducirá la declaración de reconocimiento mutuo a una lengua ▌exigida por el Estado miembro de destino.

2.  Los agentes económicos que firmen una declaración de reconocimiento mutuo o parte de ella serán responsables del contenido y la exactitud de la información que faciliten en la declaración de reconocimiento mutuo, incluida la corrección de la información que traduzcan. A efectos del presente apartado, la responsabilidad jurídica conforme al Derecho nacional recaerá sobre los agentes económicos.

3.  Los agentes económicos velarán por que la declaración de reconocimiento mutuo se mantenga actualizada en todo momento y refleje cualquier cambio en la información por ellos facilitada en la declaración de reconocimiento mutuo.

4.  La declaración de reconocimiento mutuo podrá ser entregada a la autoridad competente del Estado miembro de destino para que lleve a cabo una evaluación con arreglo al artículo 5. Podrá ser entregada en papel o por medios electrónicos o puesta a disposición en línea, de conformidad con los requisitos que establezca la autoridad competente del Estado miembro de destino.

5.  Cuando los agentes económicos ▌pongan a disposición en línea la declaración de reconocimiento mutuo, se aplicarán las condiciones siguientes:

a)  el tipo de mercancías o la serie objeto de la declaración de reconocimiento mutuo serán fácilmente reconocibles ▌; y

b)  los medios técnicos utilizados garantizarán una fácil navegación y se llevará a cabo un seguimiento de ellos para garantizar la disponibilidad de la declaración de reconocimiento mutuo y el acceso a ella.

6.  Cuando las mercancías objeto de la declaración de reconocimiento mutuo que se entregue estén también sujetas a un acto de la Unión que exija una declaración UE de conformidad, la declaración de reconocimiento mutuo podrá adjuntarse a la declaración UE de conformidad.

Artículo 5

Evaluación de las mercancías

1.  Cuando una autoridad competente del Estado miembro de destino prevea evaluar mercancías sujetas al presente Reglamento a fin de determinar si las mercancías o mercancías de ese tipo se comercializan legalmente en otro Estados miembro y, de ser así, si los intereses públicos legítimos amparados por la norma técnica nacional aplicable del Estado miembro de destino están adecuadamente protegidos, habida cuenta de las características de las mercancías en cuestión, se pondrá en contacto sin demora con el agente económico de que se trate.

2.  Al ponerse en contacto con el agente económico de que se trate, la autoridad competente del Estado miembro de destino le informará de la evaluación, indicando las mercancías objeto de dicha evaluación y especificando la norma técnica nacional aplicable o el procedimiento de autorización previa. La autoridad competente del Estado miembro de destino también informará al agente económico de la posibilidad de entregar una declaración de reconocimiento mutuo de conformidad con el artículo 4 a efectos de dicha evaluación.

3.  Se permitirá al agente económico comercializar las mercancías en el mercado del Estado miembro de destino mientras la autoridad competente lleva a cabo la evaluación con arreglo al apartado 1 del presente artículo y podrá seguir haciéndolo a menos que el agente económico reciba una decisión administrativa que restrinja o deniegue el acceso al mercado de dichas mercancías. El presente apartado no se aplicará si la evaluación se lleva a cabo en el marco de un procedimiento de autorización previa, o si la autoridad competente suspende temporalmente la comercialización en el mercado de las mercancías objeto de dicha evaluación de conformidad con el artículo 6.

4.  Si se entrega una declaración de reconocimiento mutuo a una autoridad competente del Estado miembro de destino de conformidad con el artículo 4, a efectos de la evaluación con arreglo al apartado 1 del presente artículo:

a)  la autoridad competente aceptará la suficiencia de la declaración de reconocimiento mutuo, junto con cualquier prueba justificativa necesaria para verificar la información que contiene y que se haya facilitado en respuesta a una solicitud de la autoridad competente, para demostrar que las mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro; y

b)  la autoridad competente no exigirá ninguna otra información ni documentación a ningún agente económico para demostrar que las mercancías se comercializan legalmente en otro Estado miembro.

5.   Si no se entrega una declaración de reconocimiento mutuo a una autoridad competente del Estado miembro de destino de conformidad con el artículo 4, a efectos de la evaluación con arreglo al apartado 1 del presente artículo, la autoridad competente podrá pedir al agente económico de que se trate que facilite la documentación e información que sean necesarias para dicha evaluación ▌, en relación con los elementos siguientes:

a)  las características de las mercancías o del tipo de mercancías en cuestión; y

b)  ▌la comercialización legal de las mercancías en otro Estado miembro.

6.  Se concederá al agente económico de que se trate un plazo mínimo de quince días hábiles a partir de la petición de la autoridad competente del Estado miembro de destino para presentar los documentos e información a que se refiere el apartado 4, letra a), o el apartado 5, o para presentar cualquier argumento u observación que pueda tener el agente económico.

7.  A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la autoridad competente del Estado miembro de destino podrá, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, ponerse en contacto con las autoridades competentes o con los puntos de contacto de productos del Estado miembro en el que un agente económico afirme comercializar legalmente sus mercancías, si la autoridad competente necesita verificar cualquier información facilitada por el agente económico.

8.  Cuando lleve a cabo la evaluación a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes de los Estados miembros de destino tendrán debidamente en cuenta el contenido de los informes de ensayo elaborados o los certificados expedidos por un organismo de evaluación de la conformidad y facilitados por cualquier agente económico como parte de la evaluación. Las autoridades competentes de los Estados miembros de destino no podrán rechazar los informes de ensayo elaborados o los certificados expedidos por un organismo de evaluación de la conformidad acreditado para la actividad de evaluación de la conformidad en el campo adecuado con arreglo al Reglamento (CE) n.º 765/2008 por razones de competencia de dicho organismo.

9.  Cuando, al completar la evaluación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la autoridad competente de un Estado miembro de destino tome una decisión administrativa con respecto a las mercancías que haya evaluado, notificará sin demora dicha decisión administrativa al agente económico al que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo. La autoridad competente también notificará esa decisión administrativa a la Comisión y a los demás Estados miembros, a más tardar en un plazo de veinte días hábiles después de haber tomado la decisión. Para ello utilizará el sistema a que se refiere el artículo 11.

10.  En la decisión administrativa a que se refiere el apartado 9 se indicarán los motivos de la decisión de manera suficientemente detallada y razonada para facilitar que se realice una evaluación de su compatibilidad con el principio de reconocimiento mutuo y con los requisitos del presente Reglamento.

11.  En la decisión administrativa a que se refiere el apartado 9 se incluirá, en particular, la información siguiente:

a)  la norma técnica nacional en la que se basa la decisión administrativa;

b)  las razones legítimas de interés público que justifican la aplicación de la norma técnica nacional en la que se basa la decisión administrativa;

c)  las pruebas técnicas o científicas que la autoridad competente del Estado miembro de destino haya tomado en consideración, incluido, en su caso, cualquier cambio relevante en el estado de la técnica que haya tenido lugar desde que entró en vigor la norma técnica nacional;

d)  un resumen de los argumentos presentados por el agente económico interesado que sean pertinentes para la evaluación a que se refiere el apartado 1, de existir;

e)  las pruebas que demuestren que la decisión administrativa es adecuada para alcanzar el objetivo perseguido y que la decisión administrativa no excede de lo necesario para alcanzarlo.

12.  En la decisión administrativa a que se refiere el apartado 9 del presente artículo se indicarán las vías de recurso disponibles con arreglo al Derecho nacional del Estado miembro de destino y los plazos aplicables a dichas vías de recurso. Se incluirá, además, una referencia a la posibilidad para los agentes económicos de utilizar SOLVIT y el procedimiento del artículo 8.

13.  La decisión administrativa a que se refiere el apartado 9 no surtirá efectos hasta que no haya sido notificada al agente económico de que se trate conforme a dicho apartado.

Artículo 6

Suspensión temporal del acceso al mercado

1.  Cuando la autoridad competente de un Estado miembro esté llevando a cabo una evaluación de mercancías con arreglo al artículo 5 podrá suspender temporalmente la comercialización de dichas mercancías en el mercado ▌ de dicho Estado miembro, únicamente si:

a)  en condiciones de uso normales o suficientemente previsibles, las mercancías ▌entrañan un riesgo grave para la seguridad o la salud de las personas o para el medio ambiente, incluido un riesgo sin efectos inmediatos, que requiera una rápida intervención de la autoridad competente; o

b)  existe una prohibición generalizada de comercialización en el mercado ▌de ese Estado miembro de las mercancías, o de mercancías de ese tipo, por razones de moral o seguridad públicas.

2.  La autoridad competente del Estado miembro notificará inmediatamente al agente económico de que se trate, a la Comisión y a los demás Estados miembros toda suspensión temporal con arreglo al apartado 1 del presente artículo. La notificación a la Comisión y a los demás Estados miembros se realizará por medio del sistema a que se refiere el artículo 11. En los casos que entren en el ámbito de aplicación de del apartado 1, letra a), del presente artículo, la notificación irá acompañada de una justificación técnica o científica detallada que demuestre el motivo por el cual el caso entra en el ámbito de aplicación de dicha letra.

Artículo 7

Notificación a través del RAPEX o del RASFF

Si la decisión administrativa a que se refiere el artículo 5 o la suspensión temporal a que se refiere el artículo 6 constituyen también medidas que deben notificarse a través del sistema de intercambio rápido de información (RAPEX) de conformidad con la Directiva 2001/95/CE ▌o a través del Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para Animales (RASFF) de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 178/2002, no será necesario enviar a la Comisión y a los demás Estados miembros una notificación separada con arreglo al presente Reglamento, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a)  la notificación RAPEX o RASFF indique que la notificación de la medida también se considera una notificación con arreglo al presente Reglamento; y

b)  la prueba justificativa que se exige para la decisión administrativa del artículo 5 o la suspensión temporal del artículo 6 se incluya en la notificación RAPEX o RASFF.

Artículo 8

Procedimiento de resolución de problemas

1.  Cuando un agente económico afectado por una decisión administrativa la haya sometido a SOLVIT y, durante el procedimiento SOLVIT, el centro de origen o el centro responsable pida a la Comisión que emita un dictamen para ayudar a resolver el asunto, el centro de origen y el centro responsable proporcionarán a la Comisión todos los documentos pertinentes relacionados con la decisión administrativa en cuestión.

2.  Una vez recibida la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Comisión evaluará la compatibilidad de dicha decisión con el principio de reconocimiento mutuo y con los requisitos del presente Reglamento.

3.  A efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la Comisión estudiará la decisión administrativa notificada de conformidad con el artículo 5, apartado 9, y los documentos e información suministrados en el marco del procedimiento SOLVIT. Cuando, a efectos de la evaluación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, sean necesarios más información o documentos adicionales, la Comisión solicitará sin dilaciones indebidas al centro SOLVIT correspondiente que se ponga en contacto con el agente económico de que se trate o con las autoridades competentes que adoptaron la decisión administrativa, con el fin de obtener más información o documentos adicionales.

4.  En un plazo de 45 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud a que se refiere el apartado 1, la Comisión completará su evaluación y emitirá un dictamen. En su caso, el dictamen de la Comisión señalará cualesquiera problemas que ▌deban abordarse en el asunto SOLVIT o formulará recomendaciones para ayudar a resolver el asunto. El plazo de 45 días hábiles no incluirá el tiempo necesario para que la Comisión reciba la información y los documentos adicionales a que se refiere el apartado 3.

5.  Si se informa a la Comisión de que el asunto se ha resuelto durante la evaluación prevista en el apartado 2, la Comisión no estará obligada a emitir un dictamen.

6.  El dictamen de la Comisión será comunicado por medio del Centro SOLVIT correspondiente al agente económico de que se trate y a las autoridades competentes que corresponda. La Comisión notificará dicho dictamen a todos los Estados miembros mediante el sistema a que se refiere el artículo 11. El dictamen se tendrá en cuenta durante el procedimiento SOLVIT a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

Capítulo III

Cooperación administrativa, seguimiento y comunicación

Artículo 9

Funciones de los puntos de contacto de productos

1.  Los Estados miembros designarán y mantendrán puntos de contacto de productos en su territorio y se asegurarán de que estos tengan facultades suficientes y cuenten con los recursos adecuados para el correcto ejercicio de sus funciones. Garantizarán que los puntos de contacto de productos presten sus servicios de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1724.

2.  Los puntos de contacto de productos facilitarán la información siguiente en línea:

a)  información sobre el principio de reconocimiento mutuo y la aplicación del presente Reglamento en el territorio de su Estado miembro, incluida información sobre el procedimiento establecido en el artículo 5;

b)  los datos de contacto por medio de los cuales se pueda establecer contacto directo con las autoridades competentes de dicho Estado miembro, incluidos los datos de las autoridades encargadas de supervisar la aplicación de las normas técnicas nacionales aplicables en el territorio de su Estado miembro;

c)  las vías de recurso y los procedimientos disponibles en el territorio de su Estado miembro en caso de litigio entre la autoridad competente y un agente económico, incluido el procedimiento establecido en el artículo 8.

3.  Cuando resulte necesario para complementar la información facilitada en línea con arreglo al apartado 2, los puntos de contacto de productos proporcionarán, a petición de un agente económico o una autoridad competente de otro Estado miembro, cualquier información útil, como copias electrónicas de las normas técnicas nacionales o acceso en línea a estas y a los procedimientos administrativos nacionales aplicables a mercancías específicas o a mercancías de un tipo específico en el territorio en el que esté establecido el punto de contacto de productos o información sobre si esas mercancías o mercancías de ese tipo están sujetas a ▌autorización previa con arreglo al Derecho nacional.

4.  Los puntos de contacto de productos responderán en un plazo de quince días hábiles a partir de la recepción de cualquier solicitud en virtud del apartado 3.

5.  Los puntos de contacto de productos facilitarán gratuitamente la información a la que se refiere el apartado 3.

Artículo 10

Cooperación administrativa

1.  La Comisión dispondrá y garantizará una cooperación ▌eficiente entre las autoridades competentes y los puntos de contacto de productos de los distintos Estados miembros, mediante las actividades siguientes:

a)  facilitando y coordinando el intercambio y la recopilación de información y de mejores prácticas en relación con la aplicación del principio de reconocimiento mutuo;

b)  apoyando el funcionamiento de los puntos de contacto de productos y mejorando su cooperación transfronteriza;

c)  facilitando y coordinando el intercambio de funcionarios de los Estados miembros y la organización de programas comunes de formación y sensibilización para autoridades y empresas.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que sus autoridades competentes y los puntos de contacto de productos participen en las actividades a que se refiere el apartado 1.

3.  A petición de una autoridad competente del Estado miembro de destino con arreglo al artículo 5, apartado 7, las autoridades competentes del Estado miembro en el que un agente económico afirme comercializar legalmente sus mercancías proporcionarán a la autoridad competente del Estado miembro de destino ▌en un plazo de quince días hábiles, cualquier información ▌ relacionada con dichas mercancías que sea pertinente para la verificación de los datos y documentos proporcionados por el agente económico durante la evaluación con arreglo al artículo 5. Los puntos de contacto de productos podrán servir para facilitar los contactos entre las autoridades competentes correspondientes de conformidad con el plazo que figura en el artículo 9, apartado 4, para proporcionar la información solicitada.

Artículo 11

Sistema de información y ▌comunicación

1.  A efectos de los artículos 5, 6 y 10 del presente Reglamento, se utilizará el sistema de información y comunicación de la Unión establecido en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 765/2008, salvo en relación con lo dispuesto en el artículo 7 del presente Reglamento.

2.  La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se especifiquen los detalles y funcionalidades del sistema mencionado en el apartado 1 del presente artículo a los fines del presente Reglamento. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

Capítulo IV

Financiación

Artículo 12

Financiación de las actividades en apoyo del presente Reglamento

1.  La Unión podrá financiar las actividades que figuran a continuación, en apoyo del presente Reglamento:

a)  campañas de concienciación;

b)  educación y formación;

c)  intercambio de funcionarios y mejores prácticas;

d)  cooperación entre los puntos de contacto de productos y las autoridades competentes, y apoyo técnico y logístico en favor de dicha cooperación;

e)  recogida de datos relacionados con el funcionamiento del principio de reconocimiento mutuo y sus repercusiones en el mercado único de mercancías.

2.  La asistencia financiera de la Unión con respecto a las actividades en apoyo del presente Reglamento se ejecutará de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo(19), ya sea directamente o confiando tareas de ejecución del presupuesto a las entidades enumeradas en el artículo 62, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

3.  La autoridad presupuestaria determinará cada año los créditos asignados a las actividades previstas en el presente Reglamento dentro de los límites del marco financiero vigente.

Artículo 13

Protección de los intereses financieros de la Unión

1.  La Comisión adoptará las medidas adecuadas para garantizar que, cuando se realicen las actividades financiadas en el marco del presente Reglamento, los intereses financieros de la Unión queden protegidos mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras actividades ilegales, mediante controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de las cantidades abonadas indebidamente y, cuando proceda, la imposición de sanciones administrativas y financieras efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2.  La Comisión o sus representantes y el Tribunal de Cuentas estarán facultados para auditar, sobre la base de documentos e in situ, a todos los beneficiarios de subvenciones, contratistas y subcontratistas que hayan recibido fondos de la Unión en el marco del presente Reglamento.

3.  La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) podrá realizar investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con las disposiciones y los procedimientos previstos en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(20), y en el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo(21), con vistas a determinar si ha habido fraude, corrupción u otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión en relación con un convenio o decisión de subvención o con un contrato financiado conforme al presente Reglamento.

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3, los acuerdos de cooperación con terceros países y con organizaciones internacionales, así como los convenios y decisiones de subvención y los contratos, derivados de la aplicación del presente Reglamento, contendrán disposiciones que faculten expresamente a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF para llevar a cabo las auditorías y las investigaciones mencionadas, según sus respectivas competencias.

Capítulo V

Evaluación y procedimiento de comité

Artículo 14

Evaluación

1.  A más tardar el … [cinco años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], y en lo sucesivo cada cuatro años, la Comisión efectuará una evaluación del presente Reglamento a la luz de los objetivos que persigue y presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

2.  A los fines del apartado 1 del presente artículo, la Comisión utilizará la información disponible en el sistema mencionado en el artículo 11 y cualesquiera datos recogidos durante las actividades previstas en el artículo 12, apartado 1, letra e). La Comisión también podrá pedir a los Estados miembros que presenten cualquier información pertinente para la evaluación de la libre circulación de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro o para la evaluación de la eficacia del presente Reglamento, así como una valoración del funcionamiento de los puntos de contacto de productos.

Artículo 15

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Capítulo VI

Disposiciones finales

Artículo 16

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 764/2008 con efecto a partir del … [un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 17

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del … [un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Declaración de reconocimiento mutuo a los efectos del artículo 4 del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(22)(23)

Parte I

1.  Identificador único de las mercancías o del tipo de mercancías: … [Nota: indíquese el número de identificación de las mercancías u otra indicación de referencia que solo identifique las mercancías o el tipo de mercancías]

2.  Nombre y dirección del agente económico: … [Nota: indíquese el nombre y dirección del signatario de la Parte I de la declaración de reconocimiento mutuo: el productor y, cuando proceda, su representante autorizado, o el importador o el distribuidor]

3.  Descripción de las mercancías o del tipo de mercancías objeto de la declaración de reconocimiento mutuo: … [Nota: la descripción debería bastar para permitir la identificación de las mercancías con fines de trazabilidad. Podrá ir acompañada de una fotografía, cuando proceda]

4.  Declaración e información sobre la legalidad de la comercialización de las mercancías o de ese tipo de mercancías

4.1.  Las mercancías o el tipo de mercancías descritos anteriormente, en particular sus características, cumplen las siguientes normas aplicables en … [Nota: indicar el Estado miembro en el que se alega que las mercancías o ese tipo de mercancías se comercializan legalmente]:… [Nota: indíquese el título y la referencia de la publicación oficial, en cada caso, de las normas pertinentes aplicables en ese Estado miembro y la referencia de la decisión de autorización, si las mercancías estaban sujetas al procedimiento de autorización previa],

o

las mercancías o el tipo de mercancías descritos anteriormente no están sujetas a ninguna norma pertinente en … [Nota: indicar el Estado miembro en el que se alega que las mercancías o ese tipo de mercancías se comercializan legalmente].

4.2.  Referencia del procedimiento de evaluación de la conformidad aplicable a las mercancías o a ese tipo de mercancías, o referencia del informe de cualquier ensayo realizado por un organismo de evaluación de la conformidad, incluido el nombre y dirección de dicho organismo (en caso de que se haya realizado tal procedimiento o se hayan llevado a cabo tales ensayos): …

5.  Cualquier información adicional que se considere pertinente para determinar si las mercancías o ese tipo de mercancías se comercializan legalmente en el Estado miembro indicado en el punto 4.1: …

6.  Esta parte de la declaración de reconocimiento mutuo se ha realizado bajo la responsabilidad exclusiva del agente económico indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre de:

(lugar y fecha):

(nombre, cargo) (firma):

Parte II

7.  Declaración e información sobre la comercialización de las mercancías o de ese tipo de mercancías

7.1.  Las mercancías o ese tipo de mercancías están a disposición de los usuarios finales en el mercado ▌del Estado miembro indicado en el punto 4.1.

7.2.  Información de que las mercancías o ese tipo de mercancías están a disposición de los usuarios finales en el Estado miembro indicado en el punto 4.1, incluidos los detalles relativos a ▌la fecha en la que las mercancías se pusieron a disposición de los usuarios finales por primera vez en el mercado ▌ de dicho Estado miembro: …

8.  Cualquier información adicional que se considere pertinente para determinar si las mercancías o ese tipo de mercancías se comercializan legalmente en el Estado miembro indicado en el punto 4.1: …

9.  Esta parte de la declaración de reconocimiento mutuo se ha realizado bajo la responsabilidad exclusiva de … [Nota: indíquese el nombre y dirección del signatario de la parte II de la declaración de reconocimiento mutuo: el productor y, cuando proceda, su representante autorizado, o el importador o el distribuidor].

Firmado por y en nombre de:

(lugar y fecha):

(nombre, cargo) (firma):

(1) DO C 283 de 10.8.2018, p.19.
(2)DO C 283 de 10.8.2018, p. 19.
(3)Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(4)Reglamento (CE) n.º 764/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen procedimientos relativos a la aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro y se deroga la Decisión n.º 3052/95/CE (DO L 218 de 13.8.2008, p. 21).
(5)Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 241 de 17.9.2015, p. 1).
(6)Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).
(7)Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
(8)Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
(9)Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).
(10)Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1).
(11)Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
(12)Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
(13)Recomendación 2013/461/UE de la Comisión, de 17 de septiembre de 2013, sobre los principios por los que se rige SOLVIT (DO L 249 de 19.9.2013, p. 10).
(14) Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).
(15)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(16)Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(17)Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(18)DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(19)Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º  1296/2013, (UE) n.º  1301/2013, (UE) n.º  1303/2013, (UE) n.º  1304/2013, (UE) n.º  1309/2013, (UE) n.º  1316/2013, (UE) n.º  223/2014 y (UE) n.º  283/2014 y la Decisión n.º  541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
(20)Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(21)Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(22) Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de..., relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 764/2008 (DO L....).
(23)+ DO: Insértese en el texto el número y en la nota al pie de página el número, la fecha y la referencia de la publicación del documento PE-CONS 70/18 - COD 2017/0354.


Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en concepto de conversión de divisas ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de divisas (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))
P8_TA-PROV(2019)0124A8-0360/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0163),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0129/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 31 de agosto de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 19 de diciembre de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0360/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y a las comisiones por conversión de divisas

P8_TC1-COD(2018)0076


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  Desde la adopción ▌de los Reglamentos (CE) n.º 2560/2001(6) y ▌ (CE) n.º 924/2009(7) del Parlamento Europeo y del Consejo, las comisiones aplicadas a los pagos transfronterizos en euros entre los Estados miembros de la zona del euro se han reducido drásticamente hasta niveles que resultan insignificantes en la inmensa mayoría de los casos.

(2)  Los pagos transfronterizos en euros efectuados desde los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro representan, no obstante, cerca del 80 % de todos los pagos transfronterizos efectuados desde dichos Estados. Las comisiones percibidas por ese tipo de pagos transfronterizos siguen siendo excesivamente elevadas en la mayoría de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, a pesar de que los proveedores de servicios de pago radicados en Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro tienen acceso a las mismas infraestructuras eficientes que sus homólogos radicados en la zona del euro para tramitar estas operaciones a muy bajo coste.

(3)  Las elevadas comisiones que se aplican a los pagos transfronterizos siguen siendo un obstáculo para la plena integración ▌de empresas y ciudadanos de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro en el mercado interior, lo que afecta a su competitividad. Estas elevadas comisiones perpetúan la existencia de dos categorías de usuarios de servicios de pago en la Unión: ▌ los usuarios de servicios de pago, que ▌se benefician de la zona única de pagos en euros («SEPA»), y ▌los usuarios de servicios de pago que abonan costes elevados por los pagos transfronterizos en euros.

(4)  A fin de facilitar el funcionamiento del mercado interior y acabar con las desigualdades entre los usuarios de los servicios de pago en los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro con relación a los pagos transfronterizos en euros, es necesario garantizar que las comisiones por los pagos transfronterizos en euros dentro de la Unión se igualen con las percibidas por los pagos nacionales equivalentes efectuados en la moneda nacional del Estado miembro en el que esté radicado el proveedor de servicios de pago del usuario del servicio de pago. Se considera que un proveedor de servicios de pago está radicado en el Estado miembro en el que presta sus servicios al usuario de servicios de pago.

(5)  Cuando las monedas del Estado miembro del ordenante y el Estado miembro del beneficiario son distintas, las comisiones por conversión de divisas encarecen significativamente el coste de los pagos transfronterizos. El artículo 45 de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo(8) exige que las comisiones y ▌los tipos de cambio utilizados sean transparentes, su artículo 52, apartado 3, especifica los requisitos de información relativos a las operaciones de pago cubiertas por un contrato marco, y su artículo 59, apartado 2, se refiere a los requisitos de información exigibles a las partes que presten servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta. Estos requisitos de información no han generado la transparencia suficiente ni contribuido a la comparabilidad de las comisiones por conversión de divisas en situaciones en las que se ofrecen distintas opciones de conversión en los cajeros automáticos o en los puntos de venta. Esa falta de transparencia y comparabilidad impide ▌una competencia que reduciría las comisiones por conversión de divisas y aumenta el riesgo de que los ordenantes opten por ofertas con un mayor coste. Es necesario, por lo tanto, adoptar medidas adicionales para proteger a los consumidores frente a las comisiones excesivas por servicios de conversión de divisas y velar por que a los consumidores se les dé la información que necesitan para elegir la mejor opción de conversión de divisa.

(6)  Para garantizar que los agentes del mercado no se vean confrontados con la necesidad de hacer inversiones de un nivel desproporcionado para adaptar sus infraestructuras, equipos y procesos de pago con vistas a ofrecer un grado de transparencia mayor, las medidas que deben aplicarse deben ser adecuadas, apropiadas y rentables en términos de coste-beneficio. Al mismo tiempo, en los casos en que el ordenante tenga que hacer frente a diferentes opciones de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta, la información facilitada debe ser comparable, de modo que el ordenante pueda tomar una decisión informada.

(7)  Para lograr dicha comparabilidad, las comisiones por conversión de divisas para todos los pagos con tarjeta deben expresarse de la misma manera, es decir, como un margen porcentual sobre los últimos tipos de cambio de referencia del euro disponible publicados por el Banco Central Europeo (BCE). El margen podría tener que calcularse sobre un tipo de cambio derivado de dos tipos de cambio del BCE en el caso de una conversión entre dos divisas distintas del euro.

(8)  De conformidad con los requisitos generales de información relativos a las comisiones por conversión de divisas establecidos en la Directiva (UE) 2015/2366, los proveedores de servicios de conversión de divisas deben informar sobre sus comisiones por conversión de divisas antes del inicio de una operación de pago. Las partes que ofrezcan servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta debe informar sobre las comisiones que aplicará por dichos servicios de manera clara y accesible, por ejemplo, exponiendo sus comisiones en el mostrador, en formato digital a través del terminal, o en pantalla en el caso de las compras en línea. Además de la información indicada en el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, dichas partes deben facilitar, antes del inicio del pago, información explícita sobre el importe que se haya de abonar al beneficiario en la divisa utilizada por el beneficiario y el importe total que deberá abonar el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante. El importe que se haya de abonar en la divisa utilizada por el beneficiario debe reflejar el precio de los bienes y servicios que se vayan a adquirir y podrá mostrarse en la caja en lugar de hacerlo a través del terminal de pago. La divisa utilizada por el beneficiario es, en general, la divisa local, pero, según el principio de libertad contractual, en algunos casos podría ser otra divisa de la Unión. El importe total que deberá abonar el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante debe incluir el precio de los bienes o servicios y la comisión por conversión de divisas. Además, ambos importes deben documentarse en el recibo o en otro soporte duradero.

(9)  En lo que respecta al artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, cuando se ofrezca un servicio de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta, el ordenante debe tener la posibilidad de rechazar el servicio y de pagar, en su lugar, en la divisa utilizada por el beneficiario.

(10)  Para que los ordenantes puedan comparar las comisiones de las distintas opciones de conversión de divisas disponibles en un cajero automático o en el punto de venta, el proveedor de servicios de pago del ordenante no solo debe incluir información plenamente comparable sobre las comisiones aplicables a la conversión de divisas en los términos y condiciones establecidos en su contrato marco, sino que debe, asimismo, hacer pública esa información en un soporte electrónico ampliamente disponible y de fácil acceso, en particular en su sitio web transaccional, en su sitio web de banca en línea y en su aplicación de banca móvil, de manera fácilmente comprensible y accesible. Esto permitiría el desarrollo de sitios web de comparación a fin de facilitar a los consumidores la comparación de los precios al viajar o hacer compras en el extranjero. Además, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe recordar al ordenante las comisiones por conversión de divisas aplicables cuando un pago con tarjeta se haga en otra divisa, mediante el uso de canales de comunicación electrónica ampliamente disponibles y de fácil acceso, como mensajes SMS, correos electrónicos o notificaciones a través de la aplicación de banca móvil del ordenante. Los proveedores de servicios de pago deben acordar con los usuarios de servicios de pago el canal electrónico de comunicación a través del cual proporcionarán la información sobre las comisiones por conversión de divisas, teniendo en cuenta el canal más eficaz para llegar al ordenante. Los proveedores de servicios de pago deben aceptar asimismo las solicitudes de los usuarios de servicios de pago de no recibir los mensajes electrónicos que contengan información sobre las comisiones por conversión de divisas.

(11)  Los recordatorios periódicos son adecuados en situaciones en las que el ordenante permanece en el extranjero por períodos de tiempo más largos, por ejemplo cuando el ordenante se desplaza o estudia en el extranjero o cuando utiliza regularmente una tarjeta para realizar compras en línea en la divisa local. La obligación de proporcionar estos recordatorios no requeriría inversiones desproporcionadas para adaptar los procesos empresariales y las infraestructuras de procesamiento de pagos del proveedor de servicios de pago y garantizaría que el ordenante estuviera mejor informado a la hora de sopesar las diferentes opciones de conversión de divisas.

(12)  La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación de la norma que iguala el coste de los pagos transfronterizos en euros con el coste de las operaciones nacionales en monedas nacionales y la eficacia de los requisitos de información sobre conversión de divisas establecidas en el presente Reglamento. Asimismo, la Comisión debe analizar otras posibilidades, así como la viabilidad técnica de estas posibilidades de hacer extensiva la norma de igualdad de comisiones a la totalidad de las monedas de la Unión, y de seguir mejorando la transparencia y la comparabilidad de las comisiones por conversión de divisas, así como la posibilidad de desactivar y activar la opción de aceptar la conversión de divisas ofrecida por partes distintas del proveedor de servicios de pago del ordenante.

(13)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido al carácter transfronterizo de los pagos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 924/2009

El Reglamento (CE) nº 924/2009 queda modificado como sigue:

1)  El artículo 1 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. El presente Reglamento establece normas sobre los pagos transfronterizos y la transparencia de las comisiones por conversión de divisas dentro de la Unión»;

"

b)  en el apartado 2 se añade el párrafo siguiente:"

«▌No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, los artículos 3 bis y 3 ter se aplicarán a ▌los pagos nacionales y transfronterizos que se denominen en euros o en la moneda nacional de un Estado miembro distinta del euro y que conlleven la prestación de un servicio de conversión de divisas.».

"

2)   En el artículo 2, el punto 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«9) «comisión»: importe cobrado a un usuario de servicios de pago por un proveedor de servicios de pago que esté directa o indirectamente vinculado a una operación de pago, importe cobrado a un usuario de servicios de pago por un proveedor de servicios de pago o una parte que preste servicios de conversión de divisas, de conformidad con el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo*, por dicho servicio de conversión de divisas, o una combinación de ambos importes;

______________

* Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).».

"

3)  El artículo 3 se modifica como sigue:

a)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a un consumidor en relación con pagos transfronterizos en euros serán iguales a las comisiones cobradas por dicho proveedor de servicios ▌de pago por pagos nacionales equivalentes de igual cuantía ▌ en la moneda nacional del Estado miembro en el que esté radicado el proveedor de servicios de pago del usuario de servicios de pago.»;

"

b)  se inserta el apartado ▌ siguiente:"

«1 bis. Las comisiones cobradas por un proveedor de servicios de pago a un usuario de servicios de pago en relación con pagos transfronterizos en la moneda nacional de un Estado miembro, que haya comunicado su decisión de aplicar el presente Reglamento a su moneda nacional con arreglo al artículo 14, serán iguales a las comisiones cobradas por dicho proveedor de servicios de pago a los usuarios de servicios de pago en relación con pagos nacionales equivalentes de igual cuantía en la misma moneda.»;

"

c)  se suprime el apartado 3;

d)  el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. ▌ Los apartados 1 y 1 bis no se aplicarán a las comisiones por conversión de divisas.».

"

4)  Se inserta el artículo ▌siguiente:"

«Artículo 3 bis

Comisiones por conversión de divisas relacionados con operaciones de pago con tarjeta

1.  Por cuanto respecta a la información que ha de facilitarse sobre las comisiones por conversión de divisas y el tipo de cambio aplicable según lo establecido en el artículo 45, apartado 1, el artículo 52, apartado 3, y el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, los proveedores de servicios de pago y las partes que ofrezcan servicios de conversión de divisas en cajeros automáticos o en puntos de venta a los que se refiere el artículo 59, apartado 2, de dicha Directiva expresarán el total de las comisiones por conversión de divisas como un margen porcentual sobre el último tipo de cambio de referencia del euro disponible publicado por el Banco Central Europeo (BCE). Dicho margen se comunicará al ordenante con anterioridad al inicio de la operación de pago.

2.  Los proveedores de servicios de pago harán también públicos los márgenes a que se refiere el apartado 1 de forma comprensible y fácilmente accesible en un soporte electrónico ampliamente disponible y de fácil acceso.

3.  Además de la información a que se refiere el apartado 1, la parte que ofrezca un servicio de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta deberá facilitar al ordenante la siguiente información con anterioridad al inicio de la operación de pago:

   a) el importe que se abonará al beneficiario en la divisa utilizada por el beneficiario;
   b) el importe que abonará el ordenante en la divisa de la cuenta del ordenante.

4.  La parte que preste servicios de conversión de divisas en un cajero automático o en el punto de venta deberá exponer claramente la información a que se refiere el apartado 1 en el cajero automático o en el punto de venta. Con anterioridad al inicio de la operación de pago, dicha parte informará también al ordenante de la posibilidad de pagar en la divisa utilizada por el beneficiario y que la conversión de la divisa sea posteriormente efectuada por el proveedor de servicios de pago del ordenante. La información indicada en los apartados 1 y 3 se pondrá asimismo a disposición del ordenante en un soporte duradero después del inicio de la operación de pago.

5.  En cuanto el proveedor de servicios de pago del ordenante reciba una orden de pago para realizar una retirada en efectivo en un cajero automático o un pago en el punto de venta en cualquier moneda de la Unión que no sea la de la cuenta del ordenante, enviará sin demora indebida al ordenante un mensaje electrónico con la información contemplada en el apartado 1 por cada tarjeta de pago que haya expedido al ordenante y que esté vinculada a la misma cuenta.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, dicho mensaje se enviará una vez en cada mes en el que el proveedor de servicios de pago del ordenante reciba de este una orden de pago denominada en la misma moneda.

6.  El proveedor de servicios de pago acordará con el usuario de servicios de pago el canal o canales de comunicación electrónica ampliamente disponibles y de fácil acceso a través de los cuales el proveedor de servicios de pago enviará el mensaje mencionado en el apartado 5.

El proveedor de servicios de pago ofrecerá a los usuarios de servicios de pago la posibilidad de optar por no recibir los mensajes electrónicos mencionados en el apartado 5.

El proveedor de servicios de pago y el usuario de servicios de pago podrán acordar que el apartado 5 y el presente apartado no se apliquen, en su totalidad o en parte, cuando el usuario de servicios de pago no sea un consumidor.

7.  La información a que se refiere el presente artículo se facilitará de manera gratuita, neutra y comprensible.».

"

5)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 3 ter

Comisiones por conversión de divisas relacionadas con transferencias

1.  Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante ofrezca un servicio de conversión de divisas en relación con una transferencia, según se define en el artículo 4, punto 24, de la Directiva (UE) 2015/2366, que se inicie directamente en línea a través del sitio web o la aplicación de banca móvil de dicho proveedor, este último comunicará al ordenante de forma neutra y comprensible antes del inicio de la operación de pago, en lo que respecta al artículo 45, apartado 1, y el artículo 52, apartado 3, de dicha Directiva, una estimación de las comisiones por los servicios de conversión de divisas aplicables a la transferencia.

2.  Antes del inicio de la operación de pago, el proveedor de servicios de pago comunicará al ordenante, de forma neutra y comprensible, el importe total estimado de la transferencia en la divisa de la cuenta del ordenante, incluidos los gastos de la transacción y las comisiones por conversión de divisas. El proveedor de servicios de pago comunicará asimismo una estimación del importe que se transferirá al beneficiario en la divisa utilizada por el beneficiario.».

"

6)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 15

Revisión

1.  A más tardar el ... [36 meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al BCE y al Comité Económico y Social Europeo ▌un informe sobre la aplicación y el impacto del presente Reglamento, que contendrá, en particular:

   a) una evaluación del modo en que los proveedores de servicios de pago aplican el artículo 3 del presente Reglamento, modificado por el Reglamento (UE)...*(9);
   b) una evaluación de la evolución, desde la adopción del Reglamento (UE)...(10), en los volúmenes de los pagos nacionales y transfronterizos en las monedas nacionales de los Estados miembros y en euros y en las comisiones aplicadas;
   c) una evaluación de impacto del artículo 3 del presente Reglamento, modificado por el Reglamento (UE)... ++, sobre la evolución de las comisiones por conversión de divisas y otros gastos relacionados con los servicios de pago, tanto para los ordenantes como para los beneficiarios;
   d) una evaluación del impacto estimado de la modificación del artículo 3, apartado 1, del presente Reglamento, para hacerlo extensivo a todas las divisas de los Estados miembros;
   e) una evaluación del modo en que los proveedores de servicios de conversión de divisas aplican los requisitos de información establecidos en los artículos 3 bis y 3 ter del presente Reglamento y la legislación nacional por la que se aplica el artículo 45, apartado 1, el artículo 52, apartado 3, y el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366, y de si esta normativa ha mejorado la transparencia de las comisiones por conversión de divisas;
   f) una evaluación para determinar si los proveedores de servicios de conversión de divisas han tenido dificultades -y en qué medida- con la aplicación práctica de los artículos 3 bis y 3 ter del presente Reglamento y de la legislación nacional por la que se aplica el artículo 45, apartado 1, el artículo 52, apartado 3, y el artículo 59, apartado 2, de la Directiva (UE) 2015/2366;
   g) un análisis de los costes y beneficios de los canales y tecnologías de comunicación que utilizan o de los que disponen los proveedores de servicios de conversión de divisas y que puedan incrementar aún más la transparencia de las comisiones por conversión de divisa, incluida una valoración de si existen determinados canales que los proveedores de servicios de pago deberían estar obligados a ofrecer para el envío de la información a que se refiere el artículo 3 bis. El análisis incluirá asimismo una valoración de la viabilidad técnica de facilitar la información contemplada en el artículo 3 bis, apartados 1 y 3, del presente Reglamento simultáneamente, antes del inicio de una operación de pago en un cajero automático o en el punto de venta, para todas las opciones de conversión de divisas disponibles;
   h) un análisis de los costes y beneficios de introducir la posibilidad de que los ordenantes bloqueen la opción de conversión de divisa ofrecida por una parte distinta del proveedor de servicios de pago del ordenante en un cajero automático o en el punto de venta, y de que modifiquen sus preferencias al respecto;
   i) un análisis de los costes y beneficios de introducir, para el proveedor de servicios de pago del ordenante, la obligación, al ofrecer servicios de conversión de divisas en relación con una operación de pago individual, de aplicar durante la compensación y la liquidación de esta el tipo de cambio aplicable en el momento de iniciarse la operación.

2.  El informe a que se refiere el apartado 1 del presente artículo abarcará como mínimo el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2019 y el... [30 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. Tendrá en cuenta las especificidades de las distintas operaciones de pago, distinguiendo, en particular, entre las transacciones iniciadas en un cajero automático y en el punto de venta.

Durante la preparación de su informe, la Comisión podrá utilizar datos recabados por los Estados miembros en relación con el apartado 1.

_____________

* Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., sobre ... (DO...).».

"

Artículo 2

1.  El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Será de aplicación a partir del 15 de diciembre de 2019, con las siguientes salvedades:

a)  el artículo 1, punto 6, será de aplicación a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo];

b)  el artículo 1, puntos 4 y 5, en lo que respecta al artículo 3 bis, apartados 1 a 4, y al artículo 3 ter del Reglamento (CE) n.º 924/2009, será de aplicación a partir del ... [12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo];

c)  el artículo 1, punto 4, en lo que respecta al artículo 3 bis, apartados 5 y 6, del Reglamento (CE) n.º 924/2009 será de aplicación a partir del ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo];

d)  el artículo 1, punto 4, en lo que respecta al artículo 3 bis, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 924/2009, en la medida en que se refiera al artículo 3 bis, apartados 1 a 4, de dicho Reglamento, será de aplicación a partir del ... [12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo];

e)  el artículo 1, punto 4, en lo que respecta al artículo 3 bis, apartado 7, del Reglamento (CE) n.º 924/2009, en la medida en que se refiera al artículo 3 bis, apartados 5 y 6, de dicho Reglamento, será de aplicación a partir del ... [24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ▌, el …

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 382 de 23.10.2018, p. 7.
(2) DO C 367 de 10.10.2018, p. 28.
(3) DO C 382 de 23.10.2018, p. 7.
(4)DO C 367 de 10.10.2018, p. 28.
(5) Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(6)Reglamento (CE) n.º 2560/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, relativo a los pagos transfronterizos en euros (DO L 344 de 28.12.2001, p. 13).
(7)Reglamento (CE) n.° 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 2560/2001 (DO L 266 de 9.10.2009, p. 11).
(8)Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
(9)+ DO: insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento 2018/0076 (COD) e insértese el número, la fecha, el título y la referencia del DO del mismo Reglamento en la nota a pie de página.
(10)++ DO: insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento 2018/0076 (COD).


Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses ***I
PDF 239kWORD 72k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, relativo a las normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses (COM(2017)0647 – C8-0396/2017 – 2017/0288(COD))
P8_TA(2019)0125A8-0032/2019

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Modificación de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y del Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea ***I
PDF 168kWORD 51k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adaptan la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética modificada por la Directiva (UE) 2018/2002, y el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))
P8_TA-PROV(2019)0126A8-0014/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0744),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 192, apartado 1, y 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0482/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de enero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0014/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de febrero de 2019 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y el Reglamento (UE) 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, a causa de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

P8_TC1-COD(2018)0385


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, y su artículo 194, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los Tratados dejarán de ser aplicables al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de dicha notificación, es decir, el 30 de marzo de 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

(2)  El acuerdo de retirada acordado entre los negociadores contiene medidas para la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión al y en el Reino Unido más allá de la fecha en que los Tratados dejen de ser aplicables al y en el Reino Unido. Si dicho acuerdo entra en vigor, la Directiva (UE) 2018/2002(4), por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) y el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo(6), serán aplicables al y en el Reino Unido durante el periodo transitorio conforme con dicho acuerdo, y dejarán de ser aplicables al final del citado periodo.

(3)  El artículo 3, apartado 5 de la Directiva 2012/27/UE, introducido por la Directiva (UE) 2018/2002, obliga a los Estados miembros a fijar contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética para los objetivos de la Unión de al menos un 32,5 % para 2030. Al fijar dichas contribuciones, los Estados miembros deben tener en cuenta el consumo de energía de la Unión en 2030 en términos de energía primaria y/o final.

(4)  El artículo 6, apartado 1, párrafo primero del Reglamento (UE) 2018/1999 exige a los Estados miembros que tengan en cuenta el consumo de energía de la Unión en 2030 en términos de energía primaria y/o final, en sus contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética para los objetivos de la Unión. De conformidad con el artículo 29, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento, el consumo de energía a nivel de la Unión también es pertinente para la evaluación por la Comisión de los progresos realizados hacia la consecución colectiva de los objetivos de la Unión.

(5)  Debido a la retirada del Reino Unido de la Unión, es necesario modificar las cifras de consumo de energía previstas para la Unión en 2030 a fin de reflejar la Unión con veintisiete Estados miembros excluyendo al Reino Unido («UE-27»). Las proyecciones para los objetivos principales de la Unión de al menos un 32,5 % muestran que el consumo de energía primaria debe ser de 1 273 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep) y el consumo de energía final debe ser de 956 Mtep en 2030 para la Unión con veintiocho Estados miembros. Según las proyecciones equivalentes para la UE-27, en 2030 el consumo de energía primaria debe ser de 1 128 Mtep, y el consumo de energía final debe ser de 846 Mtep. Esto hace necesario modificar las cifras sobre los niveles de consumo de energía en 2030.

(6)  Las mismas proyecciones para el consumo de energía en 2030 son pertinentes para la aplicación de los artículos 6 y 29 del Reglamento (UE) 2018/1999.

(7)  De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo(7), la terminación de la aplicación de los actos fijada en una fecha determinada tendrá lugar al final de la última hora del día correspondiente a dicha fecha. Por consiguiente, la presente Decisión debe aplicarse a partir del día siguiente a aquel en que la Directiva 2012/27/UE y el Reglamento (UE) 201//1999 dejen de aplicarse al Reino Unido.

(8)  Por lo tanto, procede modificar la Directiva 2012/27/UE y el Reglamento (UE) 2018/1999 en consecuencia .

(9)  A fin de preparar sin demora la retirada del Reino Unido, la presente Decisión debe entrar en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Modificación de la Directiva 2012/27/UE

En el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. Cada Estado miembro fijará contribuciones orientativas nacionales de eficiencia energética para los objetivos de la Unión para 2030 a que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la presente Directiva de conformidad con los artículos 4 y 6 del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo*. En la fijación de esas contribuciones, los Estados miembros tendrán en cuenta que el consumo de energía de la Unión en 2030 no deberá exceder de 1 128 Mtep de energía primaria y/o de 846 Mtep de energía final. Los Estados miembros notificarán esas contribuciones a la Comisión como parte de sus planes nacionales integrados de energía y clima contemplados en, 9, y de conformidad con, el procedimiento en virtud de los artículos 3 y7 a 12 del Reglamento (UE) 2018/1999.

_________________________

* Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1). ».

"

Artículo 2

Modificaciones del Reglamento (UE) 2018/1999

El Reglamento (UE) 2018/1999 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 6, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«1. En su contribución indicativa nacional de eficiencia energética para 2030 y para el último año del período abarcado para los planes nacionales subsiguientes, en virtud del artículo 4, letra b), punto 1, del presente Reglamento cada Estado miembro tendrá en cuenta que, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2012/27/UE, el consumo de energía de la Unión para 2020 no puede ser superior a 1 483 Mtep de energía primaria o a 1 086 Mtep de energía final, y que el consumo de energía de la Unión en 2030 no puede ser superior a 1 128 Mtep de energía primaria y/o a 846 Mtep de energía final.»

"

ii)  la cifra de «956 Mtep» se sustituye por la de «846 Mtep».

2)  En el artículo 29, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«3. En el ámbito de la eficiencia energética, como parte de la evaluación a que se refiere el apartado 1, la Comisión evaluará los avances hacia la consecución colectiva de un consumo máximo de energía a nivel de la Unión de 1 128 Mtep de energía primaria y de 846 Mtep de energía final en 2030 de conformidad con el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE.».

"

Artículo 3

Plazos

Los artículos 1 y 2 de la presente Decisión se entenderán sin perjuicio de los plazos previstos en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2018/2002 y en el artículo 59 del Reglamento (UE) 2018/1999.

Artículo 4

Entrada en vigor y aplicación

1.  La presente Decisión entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Los artículos 1 y 2 se aplicarán a partir del día siguiente a aquel en que la Directiva 2012/27/UE y el Reglamento (UE) 2018/1999 dejen de aplicarse al y en el Reino Unido.

Artículo 5

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

Hecho en …, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1)DO C de , p. .
(2)DO C de , p. .
(3) Posición del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 2019.
(4) Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/CE relativa a la eficiencia energética (DO L 328 de 21.12.2018, p. 210).
(5) Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1).
(6) Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
(7) Reglamento (CEE, Euratom) n.º 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (DO L 124 de 8.6.1971, p. 1).


El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza (2019/2569(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0127B8-0103/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»),

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017(1),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres;

B.  Considerando que el Estado de Derecho es la piedra angular de la democracia y uno de los principios fundamentales de la Unión, que opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua en que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en el CEDH;

C.  Considerando que la Unión se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y de información, así como la libertad de reunión y asociación;

D.  Considerando que el artículo 11 del CEDH y el artículo 12 de la Carta establecen que «toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación con otras personas, incluido el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses»;

E.  Considerando que a tenor del artículo 11 del CEDH, «el ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros»;

F.  Considerando que el artículo 11 del CEDH establece asimismo que la libertad de reunión «[...] no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado»;

G.  Considerando que el artículo 12 de la Carta también afirma que «los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión»;

H.  Considerando que es necesario proteger la libertad de asociación; que una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación pluralistas desempeñan un papel crucial en el fomento de una sociedad abierta y plural y de la participación de los ciudadanos en el proceso democrático, así como en el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los Gobiernos;

I.  Considerando que la libertad de reunión va acompañada de la libertad de expresión, garantizada por el artículo 11 de la Carta y el artículo 10 del CEDH, que sostiene que «toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras»;

J.  Considerando que, conforme a lo indicado en el artículo 10 del CEDH, «el ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial»;

K.  Considerando que el artículo 52 de la Carta estipula que «cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades»;

L.  Considerando que, en virtud del artículo 4, apartado 2, del TUE, la Unión «respetará las funciones esenciales del Estado [de los Estados miembros], especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional»; y que, «la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro»;

M.  Considerando que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las restricciones de los derechos fundamentales y de las libertades civiles deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad;

N.  Considerando que se ha criticado a las fuerzas policiales de diversos Estados miembros por socavar el derecho a manifestarse y por emplear una fuerza excesiva;

1.  Pide a los Estados miembros que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión;

2.  Subraya que el debate público es vital para el funcionamiento de las sociedades democráticas;

3.  Condena la adopción de leyes restrictivas en materia de libertad de reunión en varios Estados miembros en los últimos años;

4.  Condena el uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las autoridades estatales durante las protestas y las manifestaciones pacíficas; anima a las autoridades competentes a que garanticen una investigación transparente, imparcial, independiente y eficaz en los casos en que existan sospechas o denuncias de uso de una fuerza desproporcionada; recuerda que las fuerzas policiales siempre deben ser responsables del cumplimiento de sus obligaciones y de su actuación en los marcos jurídicos y operativos pertinentes;

5.  Pide a los Estados miembros que garanticen que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales siempre sea legal, proporcionado, necesario y que se registre como último recurso, así como que preserve la vida humana y la integridad física; observa que el uso indiscriminado de la fuerza contra multitudes contraviene el principio de proporcionalidad;

6.  Señala el importante papel de los periodistas y los reporteros gráficos a la hora de informar acerca de casos de violencia desproporcionada y condena todos los casos en que han sido el objetivo de ataques intencionados;

7.  Cree que la violencia contra los manifestantes pacíficos no puede ser nunca una solución en un debate o en la política;

8.  Reconoce que la policía, en la que también se han producido numerosas víctimas, actúa en condiciones difíciles, debido en particular a la hostilidad de algunos manifestantes, pero también a una carga de trabajo excesiva; condena todo tipo de violencia contra personas o bienes por parte de manifestantes militantes violentos, que acuden solo con fines violentos y minan la legitimidad de las protestas pacíficas;

9.  Anima a las autoridades de los Estados miembros encargadas de hacer cumplir la ley a que participen activamente en la formación impartida por la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) sobre «Orden público: control policial de acontecimientos importantes»; anima a los Estados miembros a intercambiar mejores prácticas a este respecto;

10.  Hace hincapié en la importancia de garantizar la seguridad de los agentes de seguridad, los agentes de policía y los soldados que participan en las operaciones de mantenimiento de la seguridad durante las manifestaciones públicas de protesta;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.

(1)  Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.


Derechos de las personas intersexuales
PDF 155kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre los derechos de las personas intersexuales (2018/2878(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0128B8-0101/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 21,

–  Vista la Carta Social Europea y, en particular, su artículo 11,

–  Vista la Directiva 2012/29/UE, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos(1),

–  Visto el Informe publicado por la Comisión Europea en 2011 y titulado «Trans and Intersex People» («Personas transexuales e intersexuales»),

–  Vistos los informes finales del proyecto piloto Health4LGBTI, financiado por la Comisión Europea, sobre las desigualdades en materia de salud que sufren las personas LGBTI,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género(2),

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015(3),

–  Visto el documento publicado en mayo de 2015 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulado «The Fundamental Rights Situation for Intersex People» («La situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales»)(4),

–  Vista la publicación en línea de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de noviembre de 2017, titulada «Mapping Minimum Age Requirements Concerning The Rights of The Child in The EU »(«Cartografía de los requisitos en materia de edad mínima en relación con los derechos del niño en la UE»)(5),

–  Visto el Informe sobre los derechos fundamentales 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Visto el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Resolución 2191 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 2017, sobre el fomento de los derechos humanos de las personas intersexuales y la eliminación de su discriminación,

–  Visto el Informe de 2015 del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa titulado «Human Rights and Intersex People» («Derechos humanos y personas intersexuales»),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Visto el Informe de 2013 del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vistos los Principios de Yogyakarta («Principios y obligaciones de los Estados sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales»), aprobados en noviembre de 2006, y los diez principios complementarios («Más diez»), aprobados el 10 de noviembre de 2017,

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre los derechos de la personas intersexuales (O-000132/2015B8-0007/2015 y O-000133/2015B8-0008/2015),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los individuos intersexuales nacen con características físicas sexuales que no se ajustan a las normas médicas o sociales de los cuerpos de hombre o mujer y que estas variaciones en las características sexuales se pueden manifestar en las características primarias (como los genitales internos y externos y la estructura hormonal y cromosómica) o secundarias (como la masa muscular, la distribución del vello o la estatura);

B.  Considerando que las personas intersexuales están expuestas a numerosos tipos de violencia y discriminación en la Unión Europea y que la opinión pública y los responsables políticos desconocen, en gran medida, estas violaciones de los derechos humanos;

C.  Considerando que entre los menores intersexuales se registra una prevalencia elevada de intervenciones quirúrgicas y de tratamientos médicos pese a que, en la mayoría de los casos, no son necesarios desde el punto de vista médico; que la cirugía estética y la cirugía de urgencia se pueden proponer como un paquete, lo que impide que las personas intersexuales y sus padres tengan toda la información relativa a las consecuencias de cada una de ellas;

D.  Considerando que las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos y quirúrgicos se practican en niños intersexuales sin su consentimiento previo, personal, pleno e informado; que las mutilaciones genitales de las personas intersexuales pueden dejar secuelas de por vida, como por ejemplo traumas psicológicos o deficiencias físicas;

E.  Considerando que las personas y los niños intersexuales que pertenecen a otras minorías y grupos desfavorecidos están marginados en mayor medida, socialmente excluidos y corren el riesgo de ser objeto de violencia y discriminación debido a su cruce de identidades;

F.  Considerando que en la mayoría de los Estados miembros se puede realizar una operación quirúrgica a un niño intersexual o a una persona intersexual con discapacidad con el consentimiento de su tutor legal, independientemente de la capacidad de la persona intersexual para decidir por sí misma;

G.  Considerando que, en muchos casos, los padres o tutores legales están muy presionados para tomar decisiones sin estar completamente informados de las secuelas que puede sufrir su hijo de por vida;

H.  Considerando que numerosas personas intersexuales no disfrutan de un acceso pleno a sus historiales médicos y que, por lo tanto, no saben que son intersexuales o desconocen los tratamientos médicos a los que han sido sometidos;

I.  Considerando que las variaciones intersexuales siguen siendo clasificadas como enfermedad, como ocurre en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud, a falta de pruebas que demuestren la efectividad a largo plazo de los tratamientos existentes;

J.  Considerando que algunas personas intersexuales no se identifican con el género que se les asigna médicamente al nacer; que el reconocimiento legal de género basado en la autodeterminación solo es posible en seis Estados miembros; que muchos Estados miembros siguen exigiendo la esterilización para el reconocimiento legal de género;

K.  Considerando que la legislación contra la discriminación a escala de la Unión, y en la mayoría de los Estados miembros, no incluye la discriminación basada en características sexuales, ya sea como categoría independiente o interpretada como una forma de discriminación basada en el sexo;

L.  Considerando que numerosos niños intersexuales se enfrentan a violaciones de los derechos humanos y a la mutilación genital en la Unión cuando se someten a tratamientos normalizadores del sexo;

1.  Toma nota de la urgente necesidad de abordar las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales y pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas legislativas para abordar estas cuestiones;

Medicalización y patologización

2.  Condena firmemente los tratamientos normalizadores del sexo y las intervenciones quirúrgicas; acoge con satisfacción las leyes que prohíben las intervenciones quirúrgicas (como en el caso de Malta y Portugal) y anima a otros Estados miembros a adoptar una legislación similar en el plazo más breve posible;

3.  Subraya la necesidad de proporcionar asesoramiento y apoyo adecuados a los niños intersexuales y a las personas intersexuales con discapacidad, así como a sus padres o tutores, y de informarles plenamente sobre las consecuencias de los tratamientos normalizadores del sexo;

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las organizaciones que trabajan para acabar con el estigma del que son víctima las personas intersexuales;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la financiación de las organizaciones ciudadanas de personas intersexuales;

6.  Pide a los Estados miembros que mejoren el acceso de las personas intersexuales a su historial médico y que garanticen que nadie sea sometido a tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas innecesarios durante la infancia o la niñez, garantizando de este modo la integridad corporal, la autonomía y la autodeterminación de los niños afectados;

7.  Considera que la patologización de las variaciones intersexuales pone en peligro el pleno disfrute por parte de las personas intersexuales del derecho al grado de salud más elevado posible tal y como se consagra en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; pide a los Estados miembros que garanticen que la intersexualidad deje de ser considerada una patología;

8.  Acoge con satisfacción que en la undécima revisión de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) las identidades transexuales dejen de tratarse, aun parcialmente, como una patología; apunta, sin embargo, que la categoría de «incongruencia de género» en la infancia considera que los comportamientos no normativos de género en la infancia constituyen una patología; por tanto, pide a los Estados miembros que continúen esforzándose por eliminar esta categoría de la CIE-11 y que adapten la futura revisión de la CIE a sus sistemas nacionales de salud;

Documentos de identidad

9.  Destaca la importancia de los procedimientos flexibles de inscripción de los nacimientos; acoge con satisfacción la legislación adoptada en algunos Estados miembros que permite el reconocimiento jurídico del género sobre la base de la autodeterminación; anima a otros Estados miembros a adoptar una legislación similar, entre los que figuran procedimientos flexibles para cambiar los marcadores de género, siempre que se sigan registrando, así como los nombres que figuran en los certificados de nacimiento y en los documentos de identidad (incluida la posibilidad de utilizar nombres neutros en cuanto al género);

Discriminación

10.  Lamenta la falta de reconocimiento de las características sexuales como un motivo de discriminación en toda la Unión y, por consiguiente, destaca la importancia de este criterio para garantizar el acceso a la justicia a las personas intersexuales;

11.  Pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas a este respecto; pide a los Estados miembros que adopten las medidas legislativas que se imponen para velar por la protección, el respeto y el fomento adecuado de los derechos fundamentales de las personas intersexuales, incluidos los niños intersexuales, así como su protección plena frente a la discriminación;

Sensibilización pública

12.  Pide a todas las partes interesadas que investiguen sobre las personas intersexuales desde una perspectiva sociológica y de derechos humanos y no desde una perspectiva médica;

13.  Pide a la Comisión que se asegure de que los fondos de la Unión no apoyan proyectos de investigación o médicos que contribuyan en mayor medida a las violaciones de los derechos humanos de las personas intersexuales en el contexto de las redes europeas de referencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y financien la investigación sobre la situación de los derechos humanos de las personas intersexuales;

14.  Pide a la Comisión que adopte un enfoque holístico basado en los derechos en relación con las personas intersexuales y que coordine mejor el trabajo de la DG de Justicia y Consumidores, la DG de Educación, Juventud, Deporte y Cultura y la DG de Salud y Seguridad Alimentaria para garantizar la coherencia de las políticas y programas de apoyo a las personas intersexuales, incluida la formación de los funcionarios públicos y del cuerpo médico;

15.  Pide a la Comisión que refuerce la dimensión intersexual en su lista plurianual de acciones LGBTI para el periodo actual y que comience a preparar una renovación de esta estrategia para el próximo periodo plurianual (2019-2024);

16.  Pide a la Comisión que facilite el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros en materia de protección de los derechos humanos y de la integridad física de las personas intersexuales;

o
o   o

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO L 315, 14.11.2012, p. 57.
(2) DO C 93 de 24.3.2017, p. 21.
(3) DO C 238 de 6.7.2018, p. 2.
(4) https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights-situation-intersex-people
(5) http://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping–minimum–age–requirements–concerning–rights–child–eu


El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024)
PDF 137kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0129B8-0127/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 21,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vista la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, adoptada el 31 de marzo de 2010,

–  Vistas la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426), y la Posición del Parlamento, de 2 de abril de 2009, sobre dicha propuesta,

–  Vistas las Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), aprobadas por el Consejo de la Unión Europea en su reunión del 24 de junio de 2013,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo, de 16 de junio de 2016, sobre la igualdad de las personas LGBTI,

–  Vistos los resultados del estudio sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en la UE realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y publicado el 17 de mayo de 2013,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género(1),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017(2),

–  Vista la Resolución 2191(2017), de 12 de octubre de 2017, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la promoción de los derechos humanos de las personas intersexuales y la eliminación de su discriminación,

–  Vista la «Lista de medidas de la Comisión para promover la igualdad de las personas LGBTI», de diciembre de 2015,

–  Vistos los informes anuales de la Comisión de 2016 y 2017 sobre la aplicación de la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 5 de junio de 2019 (Relu Adrian Coman y otros v Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne)(3), así como demás jurisprudencia relevante del TJUE y del TEDR,

–  Visto el Informe de mayo de 2015 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado The fundamental rights situation for intersex people («La situación de los derechos fundamentales de las personas intersexuales»),

–  Visto el Informe de marzo de 2017 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado Current migration situation in the EU: Lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex asylum seekers («Situación migratoria actual en la UE: solicitantes de asilo lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales»),

–  Visto el Informe de 2015 del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa titulado Human Rights and Intersex People («Derechos humanos y personas intersexuales»),

–  Vista la Resolución 2048(2015), de 22 de abril de 2015, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la discriminación de las personas transgénero en Europa,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2024) (O-000006/2019 – B8-0014/2019),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las personas LGBTI siguen sufriendo discriminación y violencia en la Unión Europea; que no todos los Estados miembros brindan a estas personas protección juridica frente a la discriminación;

B.  Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 4 de febrero de 2014 sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, pidió a la Comisión que adopte una estrategia sobre la igualdad de las personas LGBTI;

C.  Considerando que el Consejo Europeo, en sus conclusiones sobre la igualdad de las personas LGBTI, de 16 de junio de 2016, pidió a los Estados miembros que trabajen junto con la Comisión en lo relativo a la lista de medidas sobre las personas LGBTI;

D.  Considerando que la Comisión ha adoptado una serie de marcos estratégicos exhaustivos en otros aspectos relacionados con los derechos fundamentales, como por ejemplo la discapacidad y la inclusión de la población romaní, pero que aún tiene pendiente tomar este tipo de medidas en relación con los derechos de las personas LGBTI;

E.  Considerando que la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI publicada por la Comisión en 2015 constituye una estrategia no vinculante y no exhaustiva;

F.  Considerando que los informes de la Comisión sobre la aplicación de la lista de medidas para promover la igualdad de las personas LGBTI demuestran que se han dado pasos importantes pero también que resta mucho por hacer para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos de la Unión, incluidas las personas LGBTI;

G.  Considerando que, si bien las orientaciones adoptadas por el Consejo Europeo para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) han sido vinculantes para la Unión y sus Estados miembros en su acción exterior desde 2013, la falta de un compromiso complementario interno por parte de la Unión plantea una amenaza para la cohesión exterior e interior;

H.  Considerando que la Directiva contra la discriminación sigue bloqueada en el Consejo;

1.  Reitera las recomendaciones de su Resolución sobre la hoja de ruta de la Unión Europea;

2.  Observa en los últimos años una involución en la Unión Europea en relación con la igualdad de género, que incide directamente sobre las personas LGBTI; pide a la Comisión que se comprometa a enfrentar esta involución, a hacer de la igualdad y de la no discriminación un ámbito prioritario y a velar por que este compromiso sea asumido también en el trabajo de la siguiente Comisión, cuyo mandato se iniciará este mismo año;

3.  Pide a la Comisión que en su programa de trabajo para 2019-2024 dé prioridad a los derechos de las personas LGBTI y que refuerce la cooperación entre las distintas direcciones generales en los ámbitos en los que estos derechos deban ser aplicados de manera transversal, como por ejemplo en la salud y en la educación, tal como se recoge en la lista de medidas para las personas LGBTI;

4.  Pide a la Comisión que apruebe otro documento estratégico para promover la igualdad de las personas LGBTI;

5.  Pide a la Comisión que supervise y haga cumplir la implantación de la legislación antidiscriminación y de las medidas para garantizar los derechos de las personas LGBTI en todos los ámbitos;

6.  Pide a la Comisión que siga trabajando en los temas ya incluidos en la lista de medidas sobre las personas LGBTI;

7.  Pide a la Comisión que involucre al Parlamento y a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su futura lista de medidas sobre las personas LGBTI;

8.  Pide a la Comisión que prosiga con sus campañas de comunicación y de sensibilización de la opinión pública en relación con las personas LGTBI y sus familias; destaca la importancia de este tipo de acciones a todos los niveles, así como de centrarse en las ventajas de la diversidad para la sociedad más que en la mera normalización de las personas LGBTI;

9.  Pide a la Comisión que dé facilidades y apoye a los Estados miembros en su aplicación de programas de educación sexual y relacional exhaustivos y de calidad que ofrezcan información y educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos sin juicios de valor y con enfoque positivo e inclusivo de las personas LGBTI;

10.  Pide a la Comisión que tome medidas concretas para garantizar la libertad de circulación de todas las familias, incluidas las de personas LGBTI, en consonancia con la resolución del TJUE en el reciente asunto Coman;

11.  Observa que ocho Estados miembros exigen la esterilización y que dieciocho Estados miembros exigen un diagnóstico de salud mental para acceder al reconocimiento jurídico del género; pide a la Comisión que valore si dichos requisitos se atienen a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

12.  Pide a la Comisión que incorpore una perspectiva interseccional en su futuro trabajo en relación con los derechos de las personas LGBTI, que tome en consideración las experiencias de discriminación interseccional vividas por personas LGBTI marginadas y que desarrolle medidas para atender a las necesidades de estas personas, habilitando, por ejemplo, financiación para redes de apoyo específico de colectivos LGBTI marginados;

13.  Pide a la Comisión que siga trabajando junto con los Estados miembros con vistas a la ejecución de sus futuras acciones en relación con los derechos de las personas LGBTI;

14.  Pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas a este respecto; pide a los Estados miembros que adopten la legislación necesaria para velar por la protección, el respeto y el fomento adecuado de los derechos fundamentales de los niños LGBTI, así como por su protección plena frente a la discriminación;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO C 93 de 24.3.2017, p. 21.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0032.
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de junio de 2018, ECLI:EU:C:2018:385.


El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión
PDF 139kWORD 55k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión (2019/2574(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0130RC-B8-0128/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la Eliminación de sus Misiles de Alcance Intermedio y de Menor Alcance (en lo sucesivo, el «Tratado INF») firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov(1),

–  Visto el informe de 2018 sobre la adhesión y el cumplimiento de los acuerdos y compromisos en materia de control de armas, no proliferación y desarme, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos,

–  Vista la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de 21 de octubre de 2018, en la que avisaba de la retirada de los Estados Unidos del Tratado INF,

–  Vista la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2019, sobre la intención de los Estados Unidos de retirarse del Tratado INF(2),

–  Vista la declaración del presidente ruso Vladimir Putin, de 2 de febrero de 2019, en la que afirmaba que también Rusia suspendería su participación en el Tratado,

–  Vista la declaración sobre el Tratado INF hecha pública por los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN el 4 de diciembre de 2018(3),

–  Vista la «Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea – Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte»,

–   Vistas las preocupaciones expresadas en 2019 por los Estados Unidos y la OTAN sobre el incumplimiento por parte de Rusia del Tratado INF, en particular en lo referente a su nuevo sistema de misiles 9M729, y más recientemente en la declaración de 1 de febrero de 2019 del Consejo del Atlántico Norte(4),

–  Vistas las observaciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) Federica Mogherini en ocasión de la Séptima Conferencia de No Proliferación y Desarme de la Unión, celebrada en Bruselas los días 18 y 19 de diciembre de 2018,

–  Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre seguridad nuclear y no proliferación(5),

–  Vista la declaración conjunta sobre la cooperación UE-OTAN, firmada el 10 de julio de 2018 en Bruselas,

–  Vista la Agenda para el Desarme de las Naciones Unidas(6),

–  Visto el objetivo de desarrollo sostenible n.º 16 de las Naciones Unidas consistente en promover sociedades pacíficas e inclusivas en el marco del desarrollo sostenible(7),

–  Visto el informe anual de situación de 2017 sobre la aplicación de la Estrategia de la Unión Europea contra la proliferación de armas de destrucción masiva de 18 de mayo de 2018,

–  Visto el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP) de 1968, que impone a todos los Estados la obligación de proseguir el desarme nuclear de buena fe y cesar la carrera armamentística nuclear,

–  Visto el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares aprobado el 7 de julio de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, relativa al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares(8),

–  Vista la estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre la Novena Conferencia de las Partes Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (8079/15),

–  Visto el Premio Nobel de la Paz de 2017 otorgado a la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), y su declaración de 1 de febrero de 2019 titulada «US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk» (La retirada estadounidense del Tratado INF pone en peligro a Europa (y al mundo)),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Tratado INF, firmado en 1987 por los Estados Unidos y la Unión Soviética, fue un acuerdo único de la época de la Guerra Fría, ya que obligaba a ambos países a destruir sus existencias de misiles balísticos y de crucero lanzados desde tierra, tanto nucleares como armados de forma convencional, con alcance entre 500 y 5 500 km, en lugar de establecer límites al respecto, y prohibía a las partes la posesión, producción y ensayos en vuelo de estos misiles;

B.  Considerando que, antes de mayo de 1991, se habían destruido unos 2 692 misiles con arreglo a las disposiciones del Tratado; que a continuación siguieron diez años de inspecciones sobre el terreno; que en última instancia más de 3 000 misiles con cabezas nucleares fueron retirados gracias al Tratado INF;

C.  Considerando que el Tratado INF ha contribuido a contener la competencia estratégica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y posteriormente la Federación de Rusia, y a construir y reforzar la estabilidad durante la época de la Guerra Fría; que Europa ha sido el principal beneficiario del Tratado INF, que ha sido fundamental para mantener su seguridad durante más de tres décadas; que el Tratado sigue siendo un pilar de la paz y la estabilidad internacional, en particular como parte de la arquitectura de seguridad europea;

D.  Considerando que en 2014 el Gobierno de Obama afirmó que Rusia incumplía sus obligaciones en virtud del Tratado INF en cuanto a la no posesión, producción o ensayo de misiles de crucero lanzados desde tierra con un alcance de entre 500 y 5 500 km, ni a la posesión ni producción de lanzadores para dichos misiles; que en informes posteriores, publicados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2015, 2016, 2017 y 2018, se reiteraron las acusaciones de los Estados Unidos acerca de la continua vulneración del Tratado por parte de Rusia;

E.  Considerando que los Estados Unidos y la OTAN han cuestionado repetidamente a Rusia acerca de sus actividades de desarrollo de misiles, en especial en cuanto al sistema de misiles 9M729, que consideran que vulnera el Tratado INF;

F.  Considerando que, en diciembre de 2017, con ocasión del 30.º aniversario del Tratado, el Gobierno del presidente Trump anunció una «estrategia integrada» de medidas diplomáticas, militares y económicas, con el fin de restablecer el cumplimiento por parte de Rusia; que estas medidas incluían esfuerzos diplomáticos a través de la Comisión Especial de Verificación, la puesta en marcha de un programa de investigación y desarrollo militar y medidas económicas contra las entidades rusas implicadas en el desarrollo y la producción de misiles no conformes;

G.  Considerando que tanto los Estados Unidos como Rusia se han abstenido de abordar sus preocupaciones mutuas mediante el diálogo diplomático; que no se ha convocado a la Comisión Especial de Verificación establecida por el Tratado para tratar, entre otros asuntos, las cuestiones relativas al cumplimiento;

H.  Considerando que, el 20 de octubre de 2018, el presidente Trump anunció que los Estados Unidos se retirarían del Tratado debido a los incumplimientos de Rusia y la no participación de China; que, el 4 de diciembre de 2018, tras la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que los Estados Unidos habían constatado que Rusia había infringido el Tratado y que, como respuesta, suspenderían sus obligaciones con efecto a los sesenta días, a menos que Rusia volviera a respetar el Tratado plenamente y de modo verificable;

I.  Considerando que, el 1 de febrero de 2019, pasado el plazo de sesenta días concedido a Rusia para volver a cumplir plenamente el Tratado, los Estados Unidos anunciaron que suspenderían sus obligaciones en virtud del Tratado INF e iniciarían el proceso de retirada del mismo a menos que Rusia, que, según los Estados Unidos, contraviene gravemente el Tratado, volviera a cumplir sus condiciones en un plazo de seis meses; que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido a Rusia que aproveche el periodo de seis meses que ofrecen los Estados Unidos para volver a cumplir plenamente el Tratado;

J.  Considerando que, el 4 de diciembre de 2018, los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN reconocieron que Rusia había infringido el Tratado INF y pidieron a Rusia que volviera a cumplir el Tratado con carácter urgente y de modo verificable;

K.  Considerando que, el 2 de febrero de 2019, Rusia anunció que suspendería el Tratado INF y desarrollaría nuevos tipos de misiles; que las autoridades rusas han mostrado reiteradamente sus preocupaciones por las instalaciones de misiles de defensa de la OTAN;

L.  Considerando que China, junto con otros países no signatarios del Tratado INF, ha llevado a cabo una proliferación generalizada de su arsenal de misiles, lo que demuestra la necesidad de un nuevo Tratado que vincule a los Estados Unidos, Rusia y China;

M.  Considerando que la posible resolución del Tratado podría generar una escalada de tensiones entre los Estados que poseen armas nucleares, malentendidos y una nueva carrera de armamentos;

N.  Considerando que el Tratado INF es uno de los cimientos que sostienen la estabilidad estratégica mundial, la paz mundial y la seguridad regional; que el mantenimiento del Tratado contribuiría a los esfuerzos por mantener, a su vez, otros acuerdos vigentes en materia de control de armas y desarme, y por crear condiciones más favorables para las negociaciones sobre limitaciones de armas, desarme y no proliferación; que los anuncios de retirada ponen en cuestión la posibilidad de que se prorroguen otros tratados importantes sobre control armamentístico, como el Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia sobre Medidas para la Ulterior Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas («nuevo START»), lo que socavaría gravemente el régimen internacional de control armamentístico que ha proporcionado décadas de estabilidad en lo que respecta a las armas nucleares, con lo que el planeta dejaría de contar con límites jurídicamente vinculantes y verificables en materia de arsenales nucleares;

O.  Considerando que, el 20 de septiembre de 2017, el secretario general de las Naciones Unidas abrió para su firma el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que hasta la fecha ha sido firmado por setenta Estados, de los que veintiuno se han convertido en Estados parte a través de la ratificación de la adhesión, entre ellos un Estado miembro de la Unión, Austria, y que probablemente Irlanda entregará sus instrumentos de ratificación al secretario general de las Naciones Unidas en los próximos meses.;

P.  Considerando que la ICAN, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha pedido a todos los Estados que ratifiquen el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares;

1.  Apoya el cumplimiento del Tratado INF, así como su continuación y refuerzo; recuerda su vital contribución a la paz y la seguridad en Europa y en el resto del mundo, así como al desarme y la no proliferación mundiales;

2.  Expresa su honda preocupación por los incumplimientos del Tratado, y el posterior anuncio de los Estados Unidos, y después de Rusia, de suspender sus obligaciones en virtud del mismo y su retirada en un plazo de seis meses; subraya que estos acontecimientos suponen una amenaza para uno de los intereses esenciales de Europa en términos de seguridad, así como para la seguridad y la paz a nivel europeo y mundial; teme que estas acciones puedan dar lugar a errores de cálculo y percepciones erróneas que provoquen un deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, una escalada de la tensión, mayores amenazas y riesgos nucleares y militares, así como un posible retorno a las carreras armamentísticas desestabilizadoras, que serían perjudiciales para la seguridad y la estabilidad estratégica de Europa;

3.  Condena a Rusia por haber seguido infringiendo los términos del Tratado;

4.  Pide a la Federación de Rusia que vuelva a un cumplimiento pleno y verificable del Tratado, con el fin de dar respuesta a las preocupaciones planteadas por los Estados Unidos y la OTAN, en respuesta al incumplimiento continuado por parte de Rusia de los términos del Tratado, e insta a Rusia a que se comprometa con el futuro a largo plazo del acuerdo;

5.  Reconoce la importancia de la transparencia plena y del diálogo en aras de generar confianza en la aplicación del Tratado INF y de cualquier otro acuerdo que apoye la estabilidad y la seguridad estratégicas; en virtud de todo lo expuesto, pide tanto a Rusia como a los Estados Unidos que resuelvan las respectivas acusaciones de incumplimiento, a fin de entablar un diálogo constructivo bajo los auspicios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión de Verificación Especial u otros foros apropiados, con el objetivo de reducir las tensiones, teniendo en cuenta los intereses y preocupaciones de ambas partes, prosigan las negociaciones de buena fe para salvaguardar el Tratado INF antes de la retirada efectiva en agosto de 2019, mejoren la transparencia y el seguimiento mutuo, y establezcan unas normas y garantías más sólidas en lo que respecta a sus respectivos misiles y sus capacidades nucleares;

6.  Insta a la VP/AR a que aproveche el período de seis meses para utilizar todos los medios políticos y diplomáticos a su disposición para entablar un diálogo con los Estados signatarios del INF, con el fin de restablecer la confianza transfronteriza, ofreciendo al mismo tiempo los conocimientos y la experiencia de mediación de la Unión, con el objetivo de evitar la retirada tanto de los Estados Unidos como de Rusia; insta a la VP/AR a que promueva la preservación y el desarrollo del Tratado INF y a que entable negociaciones para un tratado multilateral aplicable a esta categoría de misiles; pide a la VP/AR que garantice que la Unión asume un papel proactivo y creíble como garante de la seguridad, en particular por su proximidad, así como un papel sólido y constructivo en el desarrollo y el refuerzo de la arquitectura mundial basada en normas en materia de no proliferación, control armamentístico y desarme;

7.  Pone de relieve que el incierto futuro del Tratado INF no debe poner en peligro otros acuerdos sobre control armamentístico; insta a ambas partes a que prorroguen el nuevo Tratado START de 2010, antes de que expire en 2021, que limita el número de cabezas estratégicas desplegadas por cada una de las partes a 1 550;

8.  Reitera su compromiso pleno con el mantenimiento de regímenes internacionales eficaces de control de armas, desarme y no proliferación como piedra angular de la seguridad mundial y europea; opina que Europa debe predicar con el ejemplo para ser creíble y avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares; pide a los Estados miembros de la Unión que conviertan el desarme nuclear multilateral en una de las prioridades de la política exterior y de seguridad de la Unión; reitera su compromiso con la aplicación de políticas concebidas para avanzar en la reducción y eliminación de todos los arsenales nucleares;

9.  Cree que la seguridad europea debe seguir siendo indivisible; solicita a todos los Estados miembros de la Unión que son también miembros de la OTAN que actúen en consecuencia; pide a la VP/AR que desarrolle una evaluación común de la amenaza en la que se analicen las implicaciones para la seguridad de la Unión en caso de que dejen de aplicarse el Tratado INF a la Unión y a sus ciudadanos, y que informen al Parlamento con puntualidad, de conformidad con el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea, y desarrollen posteriormente una estrategia creíble y ambiciosa de desarme nuclear basada en un multilateralismo eficaz;

10.  Solicita a la VP/AR que plantee propuestas para movilizar los fondos de la Unión y reforzar la base de conocimientos y capacidades de la Unión en lo que respecta a la no proliferación, control de armas y capacidad humana para analizar las amenazas derivadas de las armas nucleares; pide a la VP/AR que presente unos planes prudentes para evitar el uso no intencionado o accidental de las armas nucleares;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la OTAN, a las Naciones Unidas, al presidente y a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, al presidente de la Federación de Rusia, y a los miembros de la Duma rusa y del Consejo de la Federación de Rusia.

(1) https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201657/v1657.pdf
(2) https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm
(3) https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm
(4) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_162996.htm
(5) DO C 215 de 19.6.2018, p. 202.
(6) https://www.un.org/disarmament/sg-agenda/es/
(7) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/
(8) DO C 349 E, 22.12.2010, p. 77.


Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores
PDF 132kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, NAIADES II – Programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores (2018/2882(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0131B8-0079/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la pregunta con solicitud de respuesta oral formulada a la Comisión sobre NAIADES II – programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores (O-000016/2014 – B7-0104/2014),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de enero de 2006, sobre el fomento del transporte por vías navegables – «NAIADES» – Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables (COM(2006)0006),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2006, sobre el fomento del transporte por vías navegables: NAIADES, Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de septiembre de 2013, titulada «Hacia la calidad del transporte por vías navegables – NAIADES II» (COM(2013)0623),

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2014, sobre NAIADES II – programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores(2),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, titulado «Informe provisional sobre la aplicación del programa de acción NAIADES II para el fomento del transporte por vías navegables interiores (para el período 2014-2017)» (SWD(2018)0428),

–  Vista la comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones» (COM(2016)0501),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre la Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por un sistema de transportes competitivo y sostenible(3),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las vías navegables interiores conectan múltiples puertos, ciudades y núcleos industriales de la Unión con sus principales regiones agrícolas, lo que supone una importante contribución a los objetivos europeos de descarbonización, crecimiento sostenible y cohesión territorial;

B.  Considerando que para alcanzar los objetivos del acuerdo de París de 2015 (COP21) es necesaria una transferencia modal desde el transporte por carretera hacia la navegación interior, y que el transporte por vías navegables interiores tiene capacidad suficiente para absorber volúmenes de mercancías y pasajeros muy superiores y con ello aliviar el congestionado sistema de transporte por carretera europeo;

C.  Considerando que el transporte por vías navegables interiores es fundamental para seguir limitando los efectos adversos del transporte mediante un uso más eficiente de la tierra y la energía y una reducción del ruido y del número de accidentes;

D.  Considerando que, si se pretende mejorar el rendimiento medioambiental, la actual flota de navegación interior necesita ser modernizada y adaptada al progreso de la técnica, lo que garantizaría a este tipo de transporte una ventaja competitiva dentro del transporte multimodal;

E.  Considerando que hasta la fecha se han destinado al sector de la navegación interior recursos financieros harto limitados, y que el acceso a la financiación sigue siendo difícil para un sector integrado fundamentalmente por pequeñas empresas;

1.  Apoya las acciones específicas emprendidas hasta la fecha y acoge favorablemente las acciones previstas en el programa de acción NAIADES II 2014-2020;

2.  Insta a la Comisión a que actualice y renueve el programa NAIADES antes de 2020 para garantizar que el potencial del transporte por vías navegables interiores como modo de transporte seguro, sostenible y eficiente dentro del sistema de transporte multimodal pueda ser explotado al máximo mediante una estrategia europea a largo plazo orientada a lograr una transferencia modal exitosa;

3.  Subraya que cuando se elaboren iniciativas de transporte, las vías navegables interiores deben considerarse desde una perspectiva holística y a largo plazo en el marco de la política de transporte sostenible e intermodal de la Unión;

4.  Destaca que la navegación interior con fines turísticos es un sector floreciente y que la competitividad de importantes sectores de la Unión depende de un transporte por vías navegables interiores fiable y rentable para su abastecimiento; pide, por consiguiente, unas políticas proactivas orientadas a apoyar un sector de la navegación interior sostenible, en particular con vistas a afrontar los retos digitales, tecnológicos y medioambientales en logística y movilidad;

5.  Destaca que para 2020 el 80 % de la población de la Unión vivirá en áreas urbanas, lo que acrecentará la demanda de transporte público y de una mejor logística urbana, y que la ampliación de las actuales infraestructuras terrestres resulta a menudo cara y complicada; pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren la navegación interior en sus políticas urbanas y portuarias y que, dado que muchas ciudades de la Unión se ubican junto a vías navegables, aprovechen todo su potencial de transporte de mercancías y pasajeros, para mejorar la calidad de vida y reducir los niveles de congestión;

6.  Recalca que los anteriores programas de acción no han alcanzado por completo sus objetivos como consecuencia de falta de recursos específicos; pide por ende a la Comisión que garantice que el programa de acción NAIADES III reciba la financiación específica adecuada para alcanzar sus objetivos, apoyada por una estrategia bien estructurada con objetivos alcanzables a corto y medio plazo y una hoja de ruta concreta que determine, entre otras cosas, los recursos para su ejecución;

7.  Pide a la Comisión que, de manera periódica, efectúe estudios de mercado y elabore previsiones para analizar más precisamente la evolución de las pautas del transporte por vías navegables interiores para mercancías y pasajeros y determinar las políticas adecuadas en función de los datos y responder mejor a las tendencias emergentes y a los nuevos mercados;

8.  Destaca la importancia de eliminar los cuellos de botella para lograr unas vías navegables de calidad como condición para el desarrollo e integración de la navegación interior y los puertos interiores en la red transeuropea de transporte (TEN-T); pide a la Comisión que otorgue prioridad de financiación, en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», a la rehabilitación, adaptación, actualización y automatización de las infraestructuras de canales, esclusas, riberas y puertos y a la mejora de las secciones transfronterizas de la red principal;

9.  Destaca, además de las obligaciones de los Estados miembros de completar la red principal para 2030, la responsabilidad de estos de incrementar el rendimiento, la resiliencia climática, la fiabilidad y la disponibilidad de las infraestructuras existentes a través de la rehabilitación, a fin de asegurar la función del transporte por vías navegables interiores como modo de transporte y de promover un uso inteligente de unos recursos financieros escasos;

10.  Celebra los trabajos previstos y en fase de ejecución en los corredores del Atlántico, Báltico-Adriático, Mediterráneo, Báltico-Mar del Norte, Mediterráneo-Mar del Norte, Oriente-Mediterráneo Oriental, Rin-Alpes y Rin-Danubio, así como el hecho de que, en general, cada vez más Estados inviertan en el desarrollo de puertos y vías navegables interiores; pide por ende a la Comisión que apoye la ejecución de proyectos en la red transeuropea de transportes (TEN-T);

11.  Señala que para un transporte sostenible y eficaz en las regiones del interior es fundamental una capacidad de esclusas suficiente y que las esclusas juegan un importante papel en la gestión segura de la regulación de los cursos de agua y en la producción de energías limpias; pide por consiguiente a la Comisión que reserve subvenciones suficientes para la rehabilitación, renovación y mejora de las esclusas;

12.  Insta a la Comisión a priorizar las subvenciones a los proyectos de vías navegables interiores en general, dado que la experiencia demuestra que los socios privados solo participan en la ejecución de los trabajos, quedando la responsabilidad de la financiación a cargo de las autoridades públicas por el carácter público y polivalente de las vías navegables;

13.  Observa que la digitalización del transporte por vías navegables interiores desempeña un importante papel en la potenciación de la eficiencia, la seguridad y el rendimiento medioambiental de la navegación interior; Pide por ende a la Comisión que elabore una estrategia de ejecución para la zona de vías navegables digital (DINA, por sus siglas en inglés) y un marco regulador adecuado para el transporte conectado y automatizado por vías acuática, incluida la revisión de la Directiva 2005/44/CE relativa a los servicios de información fluvial (SIF) armonizados en las vías navegables interiores de la Comunidad(4), teniendo en cuenta las iniciativas existentes —como por ejemplo el Sistema de Información RheinPorts (RPIS)— y creando un fundamento jurídico sólido a escala de toda la UE para el intercambio transfronterizo de información sobre canales, trayectos, mercancías y tráfico con un único punto de acceso;

14.  Destaca la importancia de integrar los servicios digitales de navegación interior dentro del flujo de datos de los otros modos de transporte para facilitar un servicio multimodal de puerta a puerta sin discontinuidad, puesto que la combinación del internet físico y la sincromodalidad potencia la agrupación de volúmenes en los corredores entre los puertos marítimos y las regiones interiores, lo que se traduce en un uso más equilibrado de las infraestructuras terrestres y en una reducción en los niveles de congestión y de otros efectos externos adversos.

15.  Destaca que para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015 (COP21), la resiliencia y descarbonización del sistema de transporte deben alcanzarse mediante una transferencia acelerada hacia el transporte hipocarbónico, la eficiencia de recursos y unos sistemas de propulsión ecológicos; señala que esta transición exige unas normas y una financiación en consonancia para incentivar una gestión innovadora de las vías navegables, una aceptación más generalizada de los buques ecológicos y de la readaptación en la medida de lo posible, así como el despliegue de las infraestructuras de repostaje necesarias;

16.  Recomienda que se exploten las sinergias entre las redes de energía limpia y las redes de vías navegables, para optimizar el uso de la energía hidroeléctrica generada en estas, la energía eólica en los puertos y otras fuentes de energía limpia en los centros de movilidad ribereños para abastecer el transporte, los hogares y la industria, al tiempo que se minimizan los costes de distribución;

17.  Destaca la importancia de ofrecer una financiación adecuada para las nuevas tecnologías, la innovación y las infraestructuras y servicios de transporte sostenibles en el marco de los actuales y futuros programas de la Unión, como por ejemplo el Mecanismo «Conectar Europa», Horizonte 2000, Horizonte Europa, el mercado único, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, para incentivar la implantación de la innovación e incrementar el rendimiento medioambiental y digital del transporte por vías navegables interiores; pide a la Comisión que establezca canales de financiación específica para realizar este objetivo;

18.  Observa que la investigación tecnológica específica debe ir acompañada de una investigación socioeconómica y prenormativa para fomentar la innovación en regulación y financiación e impulsar el compromiso de los actores del mercado para garantizar una aceptación de mercado más generalizada;

19.  Pide a los Estados miembros que sigan desarrollando estrategias nacionales para estimular y apoyar el transporte por vías navegables interiores, teniendo en cuenta los actuales programas de acción NAIADES y el próximo programa de acción europeo para el transporte por vías navegables, y que alienten a las autoridades regionales, locales y portuarias a que hagan lo propio;

20.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 313 E de 20.12.2006, p. 443.
(2) DO C 93 de 24.3.2017, p. 145.
(3) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 72.
(4) DO L 255 de 30.9.2005, p. 152.


Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión
PDF 204kWORD 76k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión (2018/2110(INI))
P8_TA-PROV(2019)0132A8-0057/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas(1),

–  Visto el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con arreglo al cual, «al formular y aplicar las políticas de la Unión [...], la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles»,

–  Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte, junto con sus anexos correspondientes, publicada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS)(2) en octubre de 2018,

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2012, sobre la protección de los animales durante el transporte(3),

–  Visto el dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), de 12 de enero de 2011, sobre el bienestar animal durante el transporte(4),

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 10 noviembre de 2011, sobre el impacto del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte (COM(2011)0700),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 15 de febrero de 2012, relativa a la estrategia de la Unión Europea para la protección y el bienestar de los animales 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  Vista su Declaración n.º 49/2011, de 15 de marzo de 2012, sobre el establecimiento de un límite máximo de ocho horas de viaje para los animales transportados en la Unión Europea con el fin de sacrificarlos(5),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 2015(6),

–  Visto el Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el bienestar animal en la UE(7),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Peticiones (A8-0057/2019),

A.  Considerando que la Unión, tal como establece el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, considera que los animales no son meros bienes, productos o posesiones, sino seres sensibles, lo que significa que son capaces de sentir placer y dolor; que la legislación de la Unión ha traducido esta idea en medidas que deben garantizar que los animales se mantengan y se transporten en condiciones en las que no sufran malos tratos, abusos, dolor ni sufrimiento; que en la Unión es donde más se respeta y defiende el bienestar de los animales, siendo un ejemplo para el resto del mundo;

B.  Considerando que cada año se transportan millones de animales entre Estados miembros y dentro de estos, así como a terceros países, a lo largo de grandes distancias, para su reproducción, cría, engorde y sacrificio; que también se transportan animales con fines de entretenimiento, para competiciones y como animales de compañía; que a la ciudadanía de la Unión le preocupa cada vez más el cumplimiento de las normas sobre bienestar animal, en especial durante el transporte de animales vivos;

C.  Considerando que, en su Resolución de 12 de diciembre de 2012, el Parlamento pidió que los tiempos de viaje de los animales destinados al sacrificio se redujeran a un máximo de ocho horas;

D.  Considerando que, según la definición de 2008 de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), «bienestar animal» significa que un animal está sano, dispone de espacio suficiente, está bien alimentado, se siente seguro, puede manifestar su comportamiento natural y no experimenta sensaciones como el miedo, el dolor o la angustia; que esto no suele darse en la amplia mayoría de los casos en que se transportan animales vivos, sobre todo en distancias largas;

E.  Considerando que el Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas se aplica al transporte de todos los animales vertebrados vivos efectuado dentro de la Unión;

F.  Considerando que compete a los Estados miembros garantizar la correcta aplicación y observancia del Reglamento a nivel nacional, incluidas las inspecciones oficiales, mientras que a la Comisión le corresponde velar por que los Estados miembros apliquen correctamente la legislación de la Unión;

G.  Considerando que los Estados miembros no están aplicando el Reglamento (CE) n.º 1/2005 de forma lo suficientemente rigurosa o estricta dentro de la Unión, y que, fuera de esta, no se preocupan en absoluto por su aplicación;

H.  Considerando que el gran número de infracciones constatadas en 2017 por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión en varios Estados miembros requeriría que se incoaran los correspondientes procedimientos de infracción con base en los Tratados;

I.  Considerando que el transporte resulta angustioso para los animales, ya que los expone a una serie de factores de estrés que atentan contra su bienestar; que, en el caso de los intercambios comerciales con terceros países, los animales soportan un sufrimiento adicional debido a unos desplazamientos muy largos, que incluyen largas paradas en las fronteras para el control de documentos, de los vehículos y de la aptitud de los animales para el transporte;

J.  Considerando que la calidad y la frecuencia de las inspecciones de los Estados miembros tienen un impacto directo en el nivel de cumplimiento de los requisitos; que un análisis de los informes de inspección de los Estados miembros revela enormes diferencias entre estos últimos en cuanto al número de inspecciones, que van desde cero a varios millones al año, y la incidencia de las infracciones, que van desde cero hasta el 16,6 %, lo que indica que los Estados miembros adoptan enfoques distintos con respecto a las inspecciones, por ejemplo, estrategias aleatorias o basadas en el riesgo; que esas diferencias de enfoque hacen imposible también la comparación de datos entre Estados miembros;

K.  Considerando que la formación y educación de los conductores para promover una conducción cuidadosa basada en los tipos de animales que se transportan mejoraría el bienestar de los animales durante el transporte(8);

L.  Considerando que una manipulación adecuada de los animales puede reducir el tiempo de carga y descarga de estos, así como la pérdida de peso y el número de lesiones y heridas, y mejorar la calidad de la carne;

M.  Considerando que hay amplios estudios que demuestran que el bienestar de los animales influye en la calidad de la carne;

N.  Considerando que la calidad en el manejo de los animales durante las operaciones de carga y descarga, así como la atención durante el tránsito, deberían seguir siendo el objetivo principal para proteger el bienestar de los animales durante el transporte;

O.  Considerando que la aptitud para el transporte es un factor importante a la hora de garantizar el bienestar de los animales durante el transporte, ya que los riesgos para el bienestar durante el transporte son mayores para los animales heridos, debilitados, gestantes, no destetados o enfermos; que puede haber incertidumbre en cuanto a la aptitud para el transporte y la fase de gestación;

P.  Considerando que el mayor porcentaje de infracciones se debe a cuestiones relativas a la aptitud, seguidas en segundo lugar por cuestiones de documentación;

Q.  Considerando que los responsables no suelen tener claro cómo se debe proceder cuando los animales son declarados no aptos para el transporte;

R.  Considerando que, a menudo, los responsables no saben con exactitud cuán avanzada está la gestación de un animal;

S.  Considerando que es especialmente problemático transportar terneros y corderos no destetados;

T.  Considerando que los ganaderos son los más interesados en mantener a sus animales aptos para el transporte y quienes tienen más que perder si el transporte no se ajusta a las normas existentes;

U.  Considerando que, con frecuencia, se producen negligencias a la hora de proveer a los animales de alimentos y agua suficientes y de respetar el período de descanso de veinticuatro horas al detenerse en un puesto de control verificado;

V.  Considerando que en los vehículos de transporte suele haber hacinamiento; que las elevadas temperaturas y una ventilación insuficiente dentro de los vehículos constituyen un grave problema;

W.  Considerando que en varios Estados miembros se han producido brotes recientes de enfermedades animales infecciosas, como la peste porcina africana, la gripe aviar y enfermedades de los pequeños rumiantes y del ganado bovino; que el transporte de animales vivos aumenta el riesgo de propagación de estas enfermedades;

X.  Considerando que el transporte de carne y de otros productos de origen animal, así como el de semen y embriones, resulta, desde el punto de vista técnico y administrativo, más fácil para los ganaderos, y, en ocasiones, más beneficioso en términos económicos, que el transporte de animales vivos para su sacrificio o reproducción; que la Federación de Veterinarios de Europa y la OIE hacen hincapié en que los animales deberían criarse lo más cerca posible de las instalaciones en las que nacen, y sacrificarse lo más cerca posible del punto de producción; que la existencia de instalaciones de sacrificio, incluidas instalaciones móviles, en los lugares de crianza o en su proximidad pueden ayudar a crear medios de vida en las zonas rurales;

Y.  Considerando que el sacrificio de los animales en el lugar más cercano posible al lugar de cría sería la mejor manera de garantizar su bienestar;

Z.  Considerando que los mataderos están distribuidos de forma desigual en el territorio de los Estados miembros;

AA.  Considerando que, para algunos Estados miembros y cadenas de suministro de la Unión, el transporte de animales vivos para su posterior producción o sacrificio es importante a fin de garantizar la competencia en el mercado;

Recomendaciones

Aplicación y observancia

1.  Observa que cada año se transportan millones de animales vivos para su sacrificio o reproducción dentro de la Unión y desde esta a terceros países; considera que, cuando el Reglamento (CE) n.º 1/2005 se aplica y observa correctamente, tiene un impacto positivo en el bienestar de los animales durante el transporte; acoge con satisfacción las directrices de la Comisión al respecto, pero lamenta que, según el Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, esas directrices y algunas de las medidas programadas por la Comisión se hayan retrasado hasta cinco años; observa que siguen existiendo problemas graves con el transporte y que la observancia del Reglamento parece ser la principal preocupación de las personas relacionadas con su aplicación;

2.  Destaca que la Comisión de Peticiones recibe un número muy elevado de peticiones sobre el bienestar de los animales durante el transporte, en las que con frecuencia se denuncian infracciones sistemáticas, continuas y graves del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo tanto por parte de los Estados miembros como de los transportistas;

3.  Subraya que el sufrimiento de los animales durante el transporte es motivo de una gran preocupación social; señala que, el 21 de septiembre de 2017, se hizo entrega a la Comisión de más de un millón de firmas en apoyo de la campaña #StopTheTrucks, en la que los ciudadanos de la Unión pedían que se pusiera fin al transporte de larga distancia;

4.  Lamenta que los progresos en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 por parte de los Estados miembros hayan sido insuficientes para cumplir el objetivo principal del Reglamento, que consiste en mejorar el bienestar de los animales durante el transporte, en particular en lo que se refiere a la comprobación de los cuadernos de a bordo u hojas de ruta y a la aplicación de sanciones; pide a los Estados miembros que mejoren de forma sustancial el cumplimiento del Reglamento; pide a la Comisión que garantice una observancia eficaz y uniforme de la legislación de la Unión existente sobre el transporte de animales en todos los Estados miembros; insta a la Comisión a que tome medidas legales e imponga sanciones a los Estados miembros que no apliquen el Reglamento debidamente;

5.  Hace hincapié en que una aplicación parcial es insuficiente para alcanzar el objetivo general del Reglamento consistente en evitar lesiones o sufrimientos indebidos a los animales o la muerte de estos durante el transporte, por lo que es necesario desplegar más esfuerzos para prevenir hechos graves que repercuten de forma significativa en el bienestar animal y para perseguir a los responsables de los mismos;

6.  Lamenta que aún no se hayan resuelto una serie de cuestiones relacionadas con el Reglamento (CE) n.º 1/2005, entre las que se incluyen: el hacinamiento; la falta de espacio libre en altura suficiente; la no realización de las paradas de descanso requeridas y el no suministro de alimentos y agua; dispositivos de ventilación y distribución de agua inadecuados; el transporte a temperaturas extremadamente altas; el transporte de animales no aptos; el transporte de terneros no destetados; la necesidad de determinar el estado de gestación de los animales vivos; la medida en que la que se comprueban los cuadernos de a bordo u hojas de ruta; la relación entre infracciones, control del cumplimiento y sanciones; el impacto «mixto» de la formación, la educación y la certificación; y la yacija insuficiente, tal y como señalan asimismo el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial n.º 31/2018 y las ONG en las denuncias presentadas a la Comisión; pide que se realicen mejoras en los ámbitos arriba mencionados;

7.  Pide a todos los Estados miembros que velen por que los viajes se planifiquen y ejecuten, desde el punto de partida hasta el de destino, conforme a los requisitos de la Unión en materia de bienestar de los animales, teniendo en cuenta los diferentes medios de transporte y las diversas condiciones geográficas de la Unión y los terceros países;

8.  Subraya que el incumplimiento sistemático de determinados ámbitos del Reglamento por parte de los Estados miembros conduce a una competencia desleal que se traduce en una desigualdad de condiciones entre los operadores de los distintos Estados miembros, lo que puede dar lugar, a su vez, a una competición a la baja en lo que se refiere a las normas de bienestar animal durante el transporte; pide a la Comisión que, habida cuenta de que la magnitud de las sanciones puede llegar a ser hasta diez veces superior en algunos Estados miembros en comparación con otros, desarrolle un sistema armonizado de sanciones de la Unión para garantizar que estas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias, teniendo en cuenta las infracciones reiteradas; pide a la Comisión que elabore un plan de trabajo para armonizar las sanciones en los Estados miembros;

9.  Lamenta que la Comisión no haya tenido en cuenta la Resolución del Parlamento de 12 de diciembre de 2012 y hace hincapié en que una aplicación estricta y armonizada, junto con unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias con arreglo al artículo 25 del Reglamento, es fundamental para mejorar el bienestar de los animales durante el transporte, y en que los Estados miembros no pueden limitarse únicamente a emitir recomendaciones e instrucciones; pide a la Comisión que atienda a la petición formulada en dicha Resolución de que se compruebe si el Reglamento presenta incompatibilidades con los requisitos legales de los distintos Estados miembros;

10.  Considera que, cuando las infracciones reiteradas se producen en circunstancias que no escapan al control del transportista, deben dar lugar a enjuiciamiento; pide a los Estados miembros que persigan las infracciones del Reglamento, especialmente las infracciones reiteradas; considera que unas sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias deberían incluir la confiscación de vehículos y el reciclaje obligatorio de los responsables del bienestar y el transporte de animales, y opina que esto debería armonizarse a través de la Unión; considera que las sanciones deberían reflejar el perjuicio, el alcance, la duración y la reiteración de la infracción;

11.  Pide a los Estados miembros que utilicen de forma más eficaz las amplias competencias de ejecución que les otorga el Reglamento, incluida la obligación de exigir a los transportistas que establezcan sistemas para impedir la reiteración de infracciones, y la de suspender o retirar la autorización a un transportista; pide a los Estados miembros que adopten suficientes medidas correctoras y sanciones para evitar el sufrimiento de los animales y para disuadir a los operadores de seguir incumpliendo la normativa; pide a los Estados miembros y a la Comisión que se fijen como objetivo lograr que no se produzca ningún incumplimiento en la aplicación y observancia del Reglamento;

12.  Pide a la Comisión que, tras consultar a los puntos de contacto nacionales, establezca una lista de los operadores que hayan cometido infracciones graves y reiteradas del Reglamento, basándose en los informes de inspección y aplicación; pide a la Comisión que publique y actualice esta lista con frecuencia, y que promueva asimismo ejemplos de buenas prácticas, tanto en materia de transporte como de gobernanza;

13.  Hace hincapié en que el incumplimiento del Reglamento por parte de los Estados miembros compromete su finalidad de prevenir la aparición y propagación de enfermedades animales infecciosas, ya que el transporte es uno de los factores que intervienen en la rápida propagación de estas enfermedades, incluidas las que pueden transmitirse a los seres humanos; observa que, a menudo, los vehículos no cumplen los requisitos del artículo 12 de la Directiva 64/432/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1964, en su versión modificada; relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina(9), considera, en particular, que el almacenamiento inadecuado de los residuos plantea riesgos para la propagación de enfermedades y el aumento de la resistencia a los antimicrobianos; pide a la Comisión que desarrolle procedimientos armonizados para conceder autorizaciones a buques y camiones y que tome medidas para evitar la propagación de enfermedades animales infecciosas a través del transporte, tanto del realizado dentro de la Unión como desde terceros países, mediante el fomento de medidas de bioseguridad y un mayor bienestar de los animales;

14.  Aboga por una mayor cooperación entre las autoridades competentes para reforzar la aplicación mediante el uso de la tecnología a fin de crear un circuito de comunicación en tiempo real entre el Estado miembro de partida, el Estado miembro de destino y los Estados atravesados en tránsito; pide a la Comisión que desarrolle sistemas de geolocalización que permitan el seguimiento de la ubicación de los animales y de la duración de sus desplazamientos en los vehículos de transporte, así como los eventuales incumplimientos de horarios de transporte; opina que el hecho de que unos animales que salieron en buenas condiciones de salud lleguen en mal estado debería dar lugar a una investigación exhaustiva y que, en caso de que esto se repita, las partes responsables de la cadena de transporte deben ser sancionadas inmediatamente con arreglo a la ley, y el agricultor propietario debe tener derecho a ser indemnizado en virtud del Derecho nacional por el lucro cesante que pueda derivarse de esa situación; considera, además, que las autoridades competentes deberían sancionar estrictamente al organizador y al agente certificador de un cuaderno de a bordo u hoja de ruta en el Estado miembro de partida en caso de que este se cumplimente de manera falsa o engañosa;

15.  Considera que es especialmente difícil garantizar la observancia del Reglamento cuando un viaje transcurre por varios Estados miembros y las distintas tareas relacionadas con dicha observancia (aprobación del cuaderno de a bordo u hoja de ruta, autorización del transportista, certificación de la competencia y de la homologación del vehículo, etc.) son realizadas por varios Estados miembros; pide a los Estados miembros que detecten infracciones que informen a los demás Estados miembros implicados, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento, para evitar que se repitan las infracciones y permitir una evaluación óptima de los riesgos;

16.  Pide a la Comisión que presente informes periódicos al Parlamento sobre la aplicación y la observancia del Reglamento en los que se incluya un desglose de las infracciones por Estado miembro, por especie y por tipo de infracción en relación con el volumen de transporte de animales vivos por Estado miembro;

17.  Celebra los casos en los que gobiernos, científicos, empresas, representantes de la industria y autoridades nacionales competentes han colaborado para definir las mejores prácticas a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación, como es el caso del sitio web «Guía sobre transporte de animales», entre otros; pide a la Comisión que difunda y promueva las mejores prácticas para los Estados miembros en relación con el transporte de ganado y que apoye la plataforma de la Unión sobre bienestar animal, promoviendo un diálogo profundo y el intercambio de buenas prácticas entre todos los actores; pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia para el bienestar de los animales para el período 2020-2024 y apoye la innovación en el transporte de animales;

18.  Pide a la Comisión que siga cooperando con la OIE, la EFSA y los Estados miembros para respaldar la aplicación y el correcto cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1/2005 con el fin de fomentar un diálogo reforzado sobre cuestiones relativas al bienestar de los animales durante el transporte, prestando especial atención a:

   una mejor aplicación de la normativa de la Unión en materia de bienestar de los animales durante el transporte, gracias al intercambio de información y mejores prácticas y a la participación directa de las partes interesadas;
   el apoyo a las actividades de formación dirigidas a los conductores y las empresas de transporte;
   una mejor difusión de las guías y fichas informativas sobre el transporte de animales, traducidas a todas las lenguas de la Unión;
   el desarrollo, por parte de las empresas, de compromisos voluntarios para seguir mejorando el bienestar de los animales durante el transporte, y acciones sobre tales compromisos;
   el aumento de los intercambios de información y un mayor recurso a las mejores prácticas entre las autoridades nacionales para reducir el número de infracciones cometidas por las empresas de transporte y los conductores;

19.  Pide a la Comisión que evalúe la compatibilidad del Reglamento con el Reglamento (CE) n.º 561/2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera(10), por lo que respecta a los tiempos de conducción y de descanso de los conductores;

20.  Subraya la importancia de distinguir entre la responsabilidad de las empresas de transporte de animales y la de los agricultores, ya que son estas empresas, y no los agricultores, las que deben ser consideradas responsables de los problemas derivados del transporte de animales; recuerda que los agricultores son los más interesados en el bienestar de los animales, por razones emocionales y afectivas, pero también por razones económicas;

21.  Recuerda que la Comisión, como guardiana de los Tratados, es responsable de controlar la correcta aplicación de la legislación de la Unión; pide al Defensor del Pueblo Europeo que investigue si la Comisión ha fracasado sistemáticamente en su obligación de garantizar el cumplimiento del Reglamento actual y si, por lo tanto, la Comisión podría ser responsable de mala administración;

22.  Lamenta la decisión adoptada por la Conferencia de Presidentes de no proponer la constitución de una comisión parlamentaria de investigación sobre el bienestar de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión, a pesar del apoyo manifestado por un gran número de diputados de diferentes grupos políticos; recomienda, por lo tanto, que el Parlamento constituya una comisión de investigación sobre el bienestar de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión desde el inicio de la próxima legislatura, con el fin de hacer un seguimiento e investigar adecuadamente las presuntas infracciones y la mala administración en la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la protección de los animales durante el transporte;

Recopilación de datos, inspecciones y seguimiento

23.  Deplora la dificultad de llevar a cabo un análisis coherente de la aplicación del Reglamento debido a los diferentes enfoques para la recopilación de datos que existen entre los Estados miembros; pide a la Comisión que establezca normas mínimas comunes para los sistemas de localización aplicables a todos los viajes, con el fin de permitir una mayor armonización en la recopilación de datos y una evaluación de los parámetros objeto de seguimiento; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para facilitar a la Comisión datos armonizados, exhaustivos y completos sobre las inspecciones de transporte y los niveles de infracción; pide a los Estados miembros que efectúen controles sin previo aviso y elaboren y apliquen una estrategia basada en el riesgo para orientar sus actividades de inspección hacia las formas de transporte de alto riesgo, con el fin de maximizar la eficacia de los limitados recursos de inspección;

24.  Señala que, según el Informe Especial del Tribunal de Cuentas de 2018 sobre el bienestar de los animales en la UE, la Comisión ha reconocido que los datos notificados por los Estados miembros no son lo suficientemente completos, coherentes, fiables o detallados para permitir extraer conclusiones sobre el cumplimiento de la legislación a escala de la Unión;

25.  Subraya que las inspecciones han de realizarse de manera uniforme en toda la Unión y sobre una proporción adecuada de los animales transportados cada año en cada uno de los diferentes Estados miembros, con el fin de garantizar y preservar el buen funcionamiento del mercado interior y evitar distorsiones de la competencia dentro de la Unión; pide a la Comisión, además, que aumente el número de inspecciones in situ sin previo aviso realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) y centradas en el bienestar y el transporte de los animales; considera que los diferentes métodos de recopilación de datos y mecanismos de control complican la definición de una visión exacta en relación con la observancia en cada Estado miembro; pide a la Comisión, por consiguiente, que adopte una estructura de comunicación de información más armonizada y siga analizando los datos generados por los informes de las inspecciones de la OAV y los resultados de los Estados miembros en relación con sus planes nacionales de control plurianual; reconoce que las auditorías de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria constituyen una importante fuente de información para que la Comisión evalúe la aplicación del Reglamento actual; pide a la Comisión que lleve a acabo al menos siete visitas sin previo aviso cada año, en consonancia con la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo;

26.  Pide a la Comisión que proporcione orientación a los Estados miembros sobre la forma en que el sistema informático veterinario integrado (Traces) puede utilizarse para apoyar la preparación de análisis de riesgo para las inspecciones del transporte de animales vivos, según lo recomendado por el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial de 2018, en el que señala que las autoridades de los Estados miembros responsables de llevar a cabo las inspecciones de transporte apenas utilizaron información procedente de Traces para orientar las inspecciones; pide un sistema de control más eficaz y transparente que incluya el acceso del público a la información recogida a través de Traces; pide, además, que se aumente el número de inspecciones anuales efectuadas por la OAV;

27.  Pide a los Estados miembros que aumenten los controles a lo largo de toda la cadena de producción y, en particular, que lleven a cabo inspecciones eficaces y sistemáticas de las partidas de animales antes de la carga, con el fin de poner fin a las prácticas que infringen el Reglamento y empeoran las condiciones de transporte, por tierra o por mar, de los animales, como permitir que los medios de transporte con exceso de carga o los animales no aptos continúen sus largos viajes o que se sigan utilizando puestos de control con instalaciones inadecuadas para el descanso, la alimentación y la provisión de agua de los animales transportados;

28.  Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de inspecciones en algunos Estados miembros y por que las infracciones notificadas sean escasas o nulas; cuestiona la exactitud de los sistemas de inspección y comunicación; pide a los Estados miembros que actualmente realizan escasas o nulas inspecciones que lleven a cabo un número suficiente de inspecciones y presenten informes de inspección exhaustivos a la Comisión;

29.  Pide a los Estados miembros que inspeccionen la carga de los animales en los vehículos también en los transportes intraeuropeos, con el fin de comprobar si se han cumplido los requisitos del Reglamento (CE) n.º 1/2005;

30.  Coincide con la Comisión en que es una buena práctica que las autoridades competentes inspeccionen todas las partidas destinadas a terceros países durante la fase de carga(11); considera que también debe inspeccionarse en la fase de carga un porcentaje de partidas intraeuropeas proporcionalmente al número de infracciones notificadas por las ONG y las inspecciones de la OAV; considera que las autoridades competentes deben comprobar durante la fase de carga que se respetan los requisitos del Reglamento en cuanto a espacio en el suelo y en altura y que los sistemas de ventilación y de distribución de agua, así como los bebederos, funcionan correctamente, y garantizar que son adecuados para las especies transportadas, que no se cargan animales no aptos y que se dispone de suficiente alimento y yacija;

31.  Pide a los Estados miembros que garanticen que existe un número suficiente de sistemas de provisión de agua accesibles, limpios, en correcto funcionamiento y adecuados para las diferentes especies, así como que el depósito de agua está lleno y que se dispone de suficientes yacijas limpias;

32.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las autoridades competentes comprueban si los cuadernos de a bordo u hojas de ruta incluyen datos realistas y, por tanto, cumplen el artículo 14, apartado 1, del Reglamento;

33.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los vehículos de transporte respetan las necesidades de espacio mínimo de acuerdo con el anexo I, capítulo VII, del Reglamento y que, cuando las temperaturas sean elevadas, la carga ganadera sea proporcionalmente más reducida;

34.  Pide a los Estados miembros que garanticen que la altura interior de los vehículos de transporte cumpla unas normas mínimas y que no haya huecos entre el suelo o la pared del vehículo y los tabiques;

35.  Reconoce que se han producido progresos en el transporte de animales en la Unión, pero expresa su preocupación por el número de informes que atestiguan el uso de vehículos inadecuados para transportar animales vivos, tanto por vía terrestre como marítima, y pide que se intensifique la supervisión de dichas prácticas y la aplicación de sanciones por ellas; reconoce que a menudo se ignoran los requisitos establecidos en los artículos 20 y 21 del Reglamento en relación con el transporte en buques destinados al transporte de ganado; pide a los Estados miembros que no autoricen el uso de vehículos y de buques destinados al transporte de ganado que no respeten los requisitos del Reglamento, y que retiren las autorizaciones ya concedidas en caso de incumplimiento; pide a los Estados miembros que sean más rigurosos en los procedimientos de certificación y aprobación de los vehículos y en la concesión de certificados de competencia a los conductores;

36.  Pide, por tanto, normas armonizadas y vinculantes para la autorización de vehículos y buques como medios de transporte de ganado, que debería expedir una autoridad central de la Unión; considera que dicha autoridad debe ser responsable de determinar la idoneidad del medio de transporte para el transporte de animales por lo que respecta al estado del vehículo y a la naturaleza de su equipamiento (por ejemplo, la existencia de un sistema de navegación por satélite adecuado);

37.  Pide a los operadores que prevean una formación integral de los conductores y los cuidadores, de conformidad con el anexo IV del Reglamento, para garantizar el correcto trato de los animales;

38.  Reconoce que algunos Estados miembros tienen buques y puertos que cumplen las normas exigidas, pero destaca que, no obstante, en el caso del transporte marítimo, prevalecen las condiciones deficientes, en particular por lo que respecta a la carga y la descarga; pide a los Estados miembros que sean más rigurosos en sus procedimientos de certificación y homologación de los buques, que mejoren los controles de los buques destinados al transporte de ganado y la aptitud de los animales antes de la carga y que inspeccionen debidamente las operaciones de carga de conformidad con el Reglamento; pide a los Estados miembros que faciliten a la Comisión planes detallados de sus instalaciones de inspección; pide a la Comisión que elabore, actualice y difunda una lista de los puertos que dispongan de instalaciones adecuadas para la inspección de animales; pide además a las autoridades competentes que no aprueben los cuadernos de a bordo u hojas de ruta en los que se prevea utilizar puertos que no dispongan de tales instalaciones; pide a los Estados miembros que adapten sus puertos y garanticen el correcto mantenimiento de sus buques, con el fin de mejorar las condiciones de bienestar de los animales en el transporte marítimo;

39.  Pide a la Comisión que apruebe alternativas innovadoras para el control de las exportaciones de conformidad con el artículo 133, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/429(12), como las inspecciones de las plataformas, que mejoran el bienestar de los animales gracias a una menor carga ganadera y no requieren que los animales sean descargados, lo que acorta los tiempos de espera;

40.  Observa que el requisito de los certificados zoosanitarios para el transporte entre Estados miembros crea un incentivo negativo para elegir destinos nacionales en detrimento del destino más cercano posible; pide a la Comisión que haga uso de las competencias que le confiere el artículo 144, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/429 para adoptar un acto delegado que establezca una excepción para los desplazamientos que supongan un riesgo bajo de propagación de la enfermedad;

Tiempos de viaje

41.  Insiste en que el tiempo de viaje para todos los animales no debe ser más largo de lo necesario, teniendo en cuenta las diferencias geográficas a nivel de Estado miembro y de acuerdo con el considerando 5 del Reglamento, que establece que «por razones vinculadas al bienestar de los animales, conviene limitar en la medida de lo posible los viajes largos», y con el considerando 18, que establece que «los viajes largos pueden ser más nocivos para el bienestar de los animales que los viajes efectuados en distancias cortas»;

42.  Insiste en que el tiempo de viaje de los animales, incluido el tiempo de carga y descarga, debe tener en cuenta las recomendaciones veterinarias específicas de cada especie, independientemente de que el transporte se realice por tierra, por mar o por aire;

43.  Lamenta las infracciones del Reglamento relativas a la mala aplicación o la ausencia de aplicación de las normas específicas sobre los animales no destetados, como los terneros, los corderos, los cabritos, los potros y los lechones que reciben alimentación láctea, y pide que se introduzcan medidas más detalladas para garantizar la plena protección del bienestar de estos animales durante su transporte;

44.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los animales no destetados se descarguen al menos durante una hora con el fin de suministrarles electrolitos o sucedáneos de la leche, y que su transporte no supere las ocho horas en total;

45.  Pide a la Comisión que establezca una definición de «animal no destetado» según las distintas especies, y que el viaje en el caso de estos animales esté limitado a una distancia máxima de cincuenta kilómetros y a una duración máxima de una hora y media, habida cuenta de la dificultad que reviste garantizar su bienestar durante el transporte;

46.  Señala que a menudo los documentos para la planificación del transporte indican únicamente el nombre del lugar y no incluyen direcciones precisas de los puestos de control y de abastecimiento y de los centros de concentración, lo que dificulta considerablemente el control;

47.  Pide, habida cuenta de su Resolución de 12 de diciembre de 2012, que los tiempos de viaje sean lo más breves posible y, en particular, que se eviten los viajes largos y muy largos y los viajes fuera de las fronteras de la Unión, recurriendo a estrategias alternativas, como las instalaciones de sacrificio locales o móviles de proximidad, económicamente viables y distribuidas de manera justa, la promoción de circuitos cortos de comercialización y la venta directa, la sustitución, cuando sea posible, del transporte de animales reproductores por el uso de esperma o embriones y el transporte de canales y productos cárnicos, así como mediante iniciativas normativas y no normativas en los Estados miembros para facilitar el sacrificio en las explotaciones; pide a la Comisión que defina claramente los tiempos de viaje específicos, según proceda, para el transporte de todas las distintas especies de animales vivos, así como para el transporte de animales no destetados;

48.  Observa que algunos requisitos, así como la evolución de las condiciones del mercado y las decisiones políticas, han hecho que los pequeños mataderos resulten inviables desde el punto de vista económico, lo que ha dado lugar a una disminución global de su número; insta a la Comisión y a las autoridades locales de los Estados miembros a que apoyen y promuevan, cuando sea necesario, las opciones de mataderos en las explotaciones, locales o móviles económicamente viables y de instalaciones de transformación de la carne en los Estados miembros, de modo que los animales sean sacrificados lo más cerca posible de su lugar de cría, lo que, además, favorece el mantenimiento del empleo en las zonas rurales; pide al Consejo y a la Comisión que desarrollen una estrategia para avanzar hacia un modelo más regional de producción ganadera en el que los animales nazcan, se engorden y se sacrifiquen en la misma región, siempre que sea posible y teniendo en cuenta las diferencias geográficas, en lugar de ser transportados a distancias extremadamente largas;

49.  Insta a la Comisión a que estudie cómo se puede incentivar a los ganaderos, los mataderos y la industria cárnica para que sacrifiquen los animales en el matadero más próximo, con el fin de evitar largos tiempos de transporte de los animales y reducir las emisiones; pide a la Comisión que facilite soluciones innovadoras a este respecto, como los mataderos móviles, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de bienestar de los animales;

50.  Considera que, en determinados casos, no sería viable una reducción de los tiempos de viaje permitidos, como se prevé actualmente en el anexo 1, capítulo V, del Reglamento, por lo que deben encontrarse soluciones para los casos en que las circunstancias geográficas y el aislamiento rural requieran el transporte de animales vivos por tierra o por mar para su posterior producción o sacrificio;

51.  Pide a los Estados miembros que, en caso de que se determine la inaptitud para el transporte, permitan, en su caso, el sacrificio de urgencia directamente en las explotaciones de cría y de ceba de animales, siempre que no puedan adoptarse medidas de primeros auxilios para evitar el sufrimiento innecesario de los animales;

52.  Observa que el valor social y económico de un animal puede repercutir en sus condiciones de transporte; destaca que las normas de transporte para los animales reproductores en el sector equino son de elevada calidad;

53.  Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia para garantizar el cambio del transporte de animales vivos a un comercio predominantemente de carne y canal y de productos reproductivos, habida cuenta de las consecuencias del transporte de animales vivos para el medio ambiente y el bienestar y la salud de los animales; considera que esa estrategia debe tener presentes los factores económicos que influyen en la decisión de transportar animales vivos; pide a la Comisión que incluya en dicha estrategia el transporte a terceros países;

54.  Pide a los Estados miembros que pongan a disposición de los mataderos programas para el sacrificio ritual de los animales, dado que una parte importante de la exportación de animales vivos se destina a los mercados de Oriente Próximo;

55.  Reconoce la actual distorsión del mercado provocada por los distintos aranceles aplicados a los animales vivos y a la carne, que incentivan en gran medida el comercio de animales vivos; insta a la Comisión a que, junto con sus socios comerciales, revise esta distorsión con el objetivo de reducir el comercio de animales vivos y, cuando proceda, sustituir dichas ventas por carne;

56.  Recuerda que, de conformidad con el Reglamento actual, ya es obligatorio hacer una pausa en un puesto de control aprobado, una vez transcurrido el tiempo máximo de transporte de équidos domésticos y de animales domésticos de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, cuando la duración del viaje sea superior a ocho horas;

Bienestar de los animales

57.  Pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que velen por que en los puntos de salida de la Unión estén presentes veterinarios oficiales encargados de comprobar que los animales están en condiciones de proseguir el viaje y que los vehículos o buques cumplen los requisitos del Reglamento; observa, en particular, que el artículo 21 del Reglamento especifica que los veterinarios deben controlar los vehículos antes de que salgan de la Unión para asegurarse de que no están abarrotados, de que disponen de suficiente espacio libre en altura, de que disponen de yacijas, de que transportan suficiente alimento y agua, y de que los dispositivos de ventilación y distribución de agua funcionan correctamente;

58.  Aboga por que se utilicen planes de contingencia para todos los viajes, que incluyan, por ejemplo, camiones de sustitución e instalaciones de acogida de emergencia, de manera que los transportistas puedan reaccionar de forma eficaz ante las emergencias y reducir el impacto de un retraso o un accidente en los animales que se transportan para la reproducción o el sacrificio, tal como ya se exige a los transportistas en el caso de los viajes largos de conformidad con el Reglamento;

59.  Insiste en que la legislación en materia de bienestar de los animales ha de basarse en la ciencia y la tecnología más reciente; lamenta que, a pesar de las claras recomendaciones de la EFSA y de la solicitud formulada por el Parlamento en su Resolución de 2012, la Comisión no haya actualizado las normas sobre el transporte de animales con las pruebas científicas más recientes; pide, por tanto, a la Comisión que actualice las normas que abordan necesidades específicas sobre la base de los conocimientos científicos y de la tecnología más recientes, en particular por lo que respecta a factores como una ventilación y un control de la temperatura y la humedad suficientes en todos los vehículos, bebederos y alimentos líquidos adecuados, en particular para los animales no destetados, una densidad de población reducida y un espacio mínimo en altura suficiente, así como la adaptación de los vehículos a las necesidades de cada especie; hace hincapié en el dictamen de la EFSA, que concluye que en el bienestar de los animales intervienen otros aspectos además de la duración del viaje, como un carga y descarga adecuada y el diseño de los vehículos;

60.  Manifiesta su preocupación por los viajes en que se abreva a los animales con agua contaminada no apta para su consumo o se priva a los animales de acceso al agua debido al mal funcionamiento o a la colocación incorrecta de los sistemas de distribución de agua; destaca la necesidad de garantizar que los vehículos utilizados para el transporte de animales vivos transporten una cantidad de agua suficiente durante los viajes y que la cantidad suministrada sea siempre adecuada a las necesidades específicas de las especies de animales transportadas y su número;

61.  Acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de desarrollar unos indicadores de bienestar animal que promuevan mejores resultados en materia de bienestar de los animales durante el transporte; considera que la Comisión debe desarrollar esos indicadores sin demora, de forma que se puedan utilizar como complemento de los requisitos legislativos actuales;

62.  Pide a la Comisión que cualquier revisión futura de la normativa sobre el bienestar de los animales durante el transporte se base en indicadores objetivos y fundamentados científicamente con el fin de evitar decisiones arbitrarias que tengan repercusiones económicas injustificadas para los sectores ganaderos;

63.  Insiste en que, en virtud de la legislación de la Unión, los agricultores tienen la responsabilidad legal de garantizar que sus animales no sufran lesiones, daños o sufrimientos indebidos durante el transporte;

64.  Subraya que las infracciones se deben con frecuencia a la inadecuación de los sistemas de ventilación de los vehículos utilizados para el transporte de animales vivos por carretera durante viajes largos, y que, en dichas situaciones, se confina a los animales en espacios reducidos caracterizados por temperaturas extremas, que exceden con creces el espectro térmico y los límites de tolerancia previstos por el Reglamento;

65.  Pide a la Comisión que garantice que en todos los Estados miembros se procede al aturdimiento, sin excepción, antes del sacrificio ritual religioso;

66.  Lamenta que los compartimentos destinados a los animales no siempre garanticen un espacio suficiente para permitir una ventilación adecuada dentro de los vehículos e impidan los movimientos naturales de los animales, lo que les obliga a menudo a adoptar posturas antinaturales durante largos períodos, en clara violación de las especificaciones técnicas a que se refieren el artículo 6 y el anexo I, capítulo II, punto 1.2, del Reglamento;

67.  Considera que es necesario convertir en obligatoria la presencia de veterinarios a bordo de los buques utilizados para el transporte de animales vivos, comunicar y llevar la cuenta del número de animales que mueren durante el viaje y preparar planes de emergencia para hacer frente a situaciones en el mar que puedan afectar negativamente al bienestar de los animales transportados;

68.  Constata que los agricultores, los transportistas y las autoridades competentes de los distintos Estados miembros interpretan y aplican de forma diferente el Reglamento (CE) n.º 1/2005, especialmente en lo que respecta a la aptitud de los animales para el transporte; pide a la Comisión que revise el Reglamento con objeto de especificar más detalladamente los requisitos de transporte cuando sea necesario; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en un contexto de igualdad de condiciones, garanticen que en el futuro el Reglamento se ejecute y aplique de forma armonizada y uniforme en toda la Unión, especialmente en lo que respecta a la aptitud de los animales para el transporte;

69.  Pide a la Comisión que establezca una definición completa de lo que supone la aptitud para el transporte de los animales y que elabore directrices prácticas para su evaluación; pide a los Estados miembros que organicen actividades de sensibilización e información, que incluyan una formación sólida, periódica y obligatoria, así como una educación y certificación para los conductores, los transportistas, los comerciantes, los centros de concentración, los mataderos, los veterinarios, los agentes de aduanas y cualquier otro operador que participe en el transporte de animales, con el fin de reducir los elevados niveles de incumplimiento en lo relativo a la aptitud para el transporte; pide a los operadores que garanticen una formación completa de los conductores y cuidadores, de conformidad con el anexo IV del Reglamento;

70.  Solicita una estricta vigilancia con el fin de evitar el transporte de animales enfermos, débiles o de escaso peso, animales lactantes, hembras preñadas y hembras para las que no se haya respetado el tiempo necesario de destete;

71.  Destaca que, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1/2005, ya es obligatorio proporcionar a los animales transportados durante viajes largos agua, alimento y períodos de descanso a intervalos suficientes y en condiciones adecuadas a su especie y edad; insta a la Comisión a que lleve a cabo un seguimiento más eficaz, con el fin de garantizar el cumplimiento integral y armonizado de estos requisitos legales por parte de todos los Estados miembros;

72.  Destaca la necesidad de que los Estados miembros garanticen que el transporte de animales se organiza adecuadamente, teniendo presentes las condiciones meteorológicas y el tipo de transporte utilizado;

73.  Hace hincapié en que, cuando sea necesario descargar a los animales en terceros países durante un período de descanso de veinticuatro horas, el organizador debe encontrar un lugar de descanso con instalaciones equivalentes a las de un puesto de control de la Unión; pide a las autoridades competentes que inspeccionen periódicamente esas instalaciones y que no aprueben los diarios de a bordo u hojas de ruta si no se ha confirmado que el lugar de descanso propuesto dispone de instalaciones equivalentes a las de la Unión;

74.  Pide a los Estados miembros que velen por que los planes de transporte incluyan comprobantes de la reserva en un puesto de control que ofrezca alimento, agua y yacijas limpias; pide a la Comisión que defina los requisitos apropiados para la ubicación y las instalaciones de los lugares de descanso;

75.  Reconoce que la reducción de la densidad de población y la interrupción de los viajes para permitir descansar a los animales tienen repercusiones económicas negativas para los operadores de transporte que pueden afectar a la manipulación adecuada de los animales transportados; pide a la Comisión que favorezca los incentivos de cara a una manipulación adecuada;

76.  Pide a los Estados miembros que velen por la mejora de los registros de las explotaciones en lo que respecta a los tiempos de gestación;

77.  Pide a la Comisión que, basándose en los conocimientos científicos, elabore directrices relativas al agua para los animales transportados en jaulas y a las condiciones de transporte de los polluelos que favorezcan un alto nivel de bienestar;

78.  Recuerda que lo Estados miembros han de encontrar soluciones que salvaguarden el bienestar de los animales que se encuentran al final de su ciclo vital y de producción;

Ayuda económica

79.  Solicita un uso más amplio de la medida de desarrollo rural «pagos en favor del bienestar de los animales», de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1305/2013(13), que prevé el apoyo a normas en materia de bienestar de los animales más exigentes que las normas obligatorias aplicables;

80.  Pide que la próxima reforma de la PAC mantenga y refuerce el vínculo entre los pagos de la PAC y mejores condiciones de bienestar de los animales que respeten plenamente o vayan más allá de las normas establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1/2005;

81.  Aboga por que se apoyen medidas destinadas a lograr una distribución equilibrada de los mataderos en los Estados miembros que garantice que se tiene en cuenta el número de animales en determinadas regiones;

Terceros países

82.  Manifiesta su preocupación por los continuos informes sobre problemas de transporte y de bienestar de los animales en determinados terceros países; observa que los sacrificios en determinados terceros países a los que la Unión envía animales conllevan un sufrimiento extremo y prolongado e infringen con regularidad las normas internacionales sobre bienestar en el momento del sacrificio establecidas por la OIE; pide a la Comisión y a los Estados miembros, aun reconociendo que la demanda en los terceros países suele ser de animales vivos, que promuevan el cambio, cuando sea posible, al transporte de carne o canales en lugar de animales vivos a terceros países, así como el transporte de esperma y embriones en lugar de animales reproductores;

83.  Critica enérgicamente las estadísticas elaboradas por la Comisión acerca del cumplimiento del Reglamento por lo que se refiere a los viajes realizados para el transporte de animales vivos a terceros países, y subraya que dichos datos se han elaborado sin llevar a cabo controles sistemáticos de los vehículos utilizados para este tipo de transporte;

84.  Pide a la Comisión que, en sus negociaciones comerciales bilaterales con terceros países, exija el respeto de las normas de la Unión en materia de bienestar de los animales y defienda la internacionalización, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, de las disposiciones de la Unión en la materia;

85.  Lamenta que las normas aplicadas por determinados terceros países no sean tan estrictas como las de la Unión; pide a la Comisión que refuerce los requisitos vigentes de cara a los socios comerciales de la Unión, especialmente en lo que respecta al comercio con animales y su transporte, hasta que sean al menos tan estrictos como las normas de la Unión; pide a los Estados miembros que exportan a terceros países que colaboren con las autoridades locales para mejorar las normas en materia de bienestar de los animales;

86.  Solicita un cumplimiento coherente e íntegro de la sentencia de 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-424/13, en la que el Tribunal dictaminó que, en el caso del transporte de animales que implique un viaje largo que empiece en el territorio de la Unión y prosiga fuera de este, para que se autorice la salida al organizador del viaje, este debe presentar un cuaderno de a bordo que sea realista por lo que respecta al cumplimiento de las normas, prestando especial atención a las previsiones meteorológicas; pide a las autoridades competentes que no aprueben los cuadernos de a bordo u hojas de ruta cuando, en consonancia con la sentencia del Tribunal, los animales deban ser descargados durante períodos de descanso de 24 horas en un tercer país, a menos que el organizador haya encontrado un lugar para ese descanso que ofrezca unas instalaciones equivalentes a las de un puesto de control; recuerda asimismo, en este contexto, que solo se dispone de una lista de los establos en las rutas por terceros países de 2009, a menudo sin una dirección precisa, lo que dificulta considerablemente la realización de las inspecciones necesarias con arreglo a la legislación de la Unión; pide a los veterinarios oficiales presentes en los puntos de salida que comprueben, tal como exige el Reglamento (CE) n.º 1/2005, que antes de que los vehículos salgan de la Unión se cumple lo dispuesto en el Reglamento;

87.  Recuerda asimismo, a este respecto, la propuesta de la Comisión de Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (denunciantes) (COM(2018)0218), en particular en el contexto de los controles veterinarios;

88.  Lamenta los retrasos a menudo prolongados en fronteras y puertos, y hace hincapié en el aumento del dolor y la angustia que provocan a los animales; pide a los Estados miembros que tienen fronteras con terceros países que habiliten espacios destinados al descanso en los que se pueda descargar a los animales y procurarles alimento, agua, descanso y atención veterinaria, de forma que se puedan cumplimentar correctamente los cuadernos de a bordo u hojas de ruta, y que abran carriles específicos en las aduanas, con suficiente personal, para los animales transportados, con el fin de reducir los periodos de espera, sin menoscabar por ello la calidad de los controles sanitarios y aduaneros en las fronteras; pide asimismo a los Estados miembros que mejoren la cooperación en lo que respecta a la planificación del transporte de animales, a fin de evitar la llegada simultánea de un número excesivo de transportes para el control en las fronteras;

89.  Pide a la Comisión que intensifique la cooperación y la comunicación, incluyendo una mayor asistencia mutua y un intercambio de información más rápido, entre las autoridades competentes de todos los Estados miembros y terceros países con el fin de reducir los problemas relativos al bienestar y las enfermedades de los animales debidos a una mala administración, garantizando que los exportadores cumplan plenamente los requisitos administrativos; pide a la Comisión que promueva el bienestar de los animales a escala internacional y que emprenda iniciativas para sensibilizar a los terceros países;

90.  Pide a la Comisión que ejerza presión sobre los países de tránsito que imponen obstáculos burocráticos y de seguridad que retrasan sin necesidad el transporte de animales vivos;

91.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten especial atención a las infracciones en materia de bienestar de los animales durante los viajes a terceros países por vías navegables y por vía marítima y que evalúen las posibles infracciones de la legislación, como la violación de la prohibición de arrojar animales muertos por la borda al mar Mediterráneo (en muchos casos tras haber cortado las marcas auriculares), dada la práctica imposibilidad de deshacerse de ellos en los puertos de destino;

92.  Hace hincapié en la Decisión del Consejo 2004/544/CE relativa a la celebración del Convenio europeo sobre protección de los animales durante el transporte internacional(14), en la que por transporte se entiende cualquiera de los siguientes: entre dos Estados miembros cuando se atraviese el territorio de un tercer país; entre un Estado miembro y un tercer país; o entre dos Estados miembros directamente;

93.  Subraya que, a menos que las normas relativas al transporte de animales en los terceros países sean conformes con las de la Unión y su aplicación sea suficiente para garantizar el pleno respeto del Reglamento, el transporte de animales vivos a terceros países debe estar sujeto a acuerdos bilaterales con el fin de atenuar esas diferencias y, en caso de que no se alcancen tales acuerdos, debe prohibirse;

94.  Recuerda a los Estados miembros que, según jurisprudencia reiterada(15), pueden establecer normas nacionales más estrictas para la protección de los animales durante el transporte, siempre que estas sean conformes con el objetivo principal del Reglamento (CE) n.º 1/2005;

95.  Pide a la Comisión que promueva el intercambio de buenas prácticas y de medidas de equivalencia reglamentaria en materia de transporte de animales vivos con terceros países;

o
o   o

96.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 3 de 5.1.2005, p. 1.
(2)http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621853/EPRS_STU(2018)621853_EN.pdf
(3) DO C 434 de 23.12.2015, p. 59.
(4) Diario Oficial de la EFSA 2011: 9(1):1966.
(5) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 116.
(6) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 23 de abril de 2015, Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten, C-424/13, ECLI:EU:C:2015:259.
(7) Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de noviembre de 2018, titulado «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica».
(8) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1966
(9) DO 121 de 29.7.1964, p. 1977.
(10) DO L 102 de 11.4.2006, p. 1.
(11) Informe final de una auditoría realizada en los Países Bajos del 20 de febrero de 2017 al 24 de febrero de 2017 con objeto de evaluar el bienestar de los animales durante el transporte a terceros países, Comisión Europea, Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, 2017.
(12) Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»).
(13) DO L 347 de 20.12.2013, p. 347.
(14) DO L 241 de 13.7.2004, p. 21.
(15) Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 14 de octubre de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas / Reino de los Países Bajos, C-113/02, y sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2008, Danske Svineproducenter / Justitsministeriet, C-491/06.


Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza (2018/2109(INI))
P8_TA-PROV(2019)0133A8-0059/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión(1), y su correspondiente acto delegado (Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015(2)), acto de ejecución (Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 2 de noviembre de 2015(3)), acto delegado transitorio (Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015(4)), y programa de trabajo (Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión, de 11 de abril de 2016(5)),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión (COM(2018)0085),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo titulada «Desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gobernanza» (COM(2016)0813),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Primer informe bianual sobre el avance en el desarrollo de la unión aduanera de la UE y de su gobernanza» (COM(2018)0524),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Segundo informe de situación sobre la aplicación de la estrategia y el plan de acción de la UE para la gestión de los riesgos aduaneros» (COM(2018)0549),

–  Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la estrategia informática para las aduanas (COM(2018)0178),

–  Vista la Posición en primera lectura del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión sobre el marco jurídico de la Unión para las infracciones y sanciones aduaneras (COM(2013)0884),

–  Vista la Decisión n.º 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio(6),

–  Vista la resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2017, sobre la respuesta a los desafíos de la aplicación del Código Aduanero de la Unión(7),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del Código Aduanero de la Unión y sobre el ejercicio de los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 284 del mismo (COM(2018)0039 final),

–  Visto el Informe Especial n.º 19/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»,

–  Visto el Informe Especial n.º 26/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Una serie de retrasos en los sistemas informáticos aduaneros: ¿qué ha fallado?»,

–  Visto el informe del Consejo (11760/2017) sobre los progresos realizados en la lucha contra el fraude en el ámbito de los impuestos especiales,

–  Visto el informe de situación de Europol y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre la falsificación y la piratería en la Unión Europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0059/2019),

A.  Considerando que la unión aduanera, que celebra su cincuenta aniversario este año, es uno de los pilares de la Unión Europea y uno de los mayores bloques comerciales del mundo, y que una unión aduanera plenamente operativa es esencial para el correcto funcionamiento del mercado único y de un comercio sin trabas dentro de la Unión, y es una parte esencial de la política comercial común frente a terceros países en beneficio tanto de las empresas como de los ciudadanos de la Unión, así como para la credibilidad de la Unión Europea, que en virtud de la unión aduanera se halla en una posición sólida en la negociación de acuerdos comerciales con países terceros;

B.  Considerando que las autoridades aduaneras deben alcanzar el equilibrio necesario entre la facilitación del comercio legítimo, los controles aduaneros diseñados para proteger la seguridad de la Unión y de sus ciudadanos, la confianza de los consumidores en los bienes que entran en el mercado único, y los intereses financieros y comerciales de la Unión, y son responsables de la aplicación de más de sesenta actos jurídicos, además del marco jurídico aduanero, para la lucha contra el comercio y el tráfico ilegales, y para la concesión del estatuto de operador económico autorizado;

C.  Considerando que la normalización de la información y de los procesos aduaneros desempeña un papel clave en la homogeneización de los controles, especialmente en lo que respecta a fenómenos como la clasificación incorrecta y la infravaloración de las importaciones y la notificación incorrecta del origen de las mercancías, que son perjudiciales para todos los operadores económicos, pero en particular para las pequeñas y medianas empresas;

D.  Considerando que las importaciones y exportaciones de la Unión ascendieron a 3 700 000 millones EUR en 2017 y que los derechos de aduana recaudados representan el 15 % del presupuesto de la Unión;

E.  Considerando que la aplicación del Código Aduanero de la Unión resulta esencial para preservar los recursos propios de la Unión, en particular los derechos de aduana, y los intereses fiscales nacionales, pero también para garantizar la seguridad de los consumidores europeos y la competencia leal en el mercado interior;

F.  Considerando que el Código Aduanero estipula que los sistemas electrónicos necesarios para su aplicación deben ser desplegados antes del 31 de diciembre de 2020; que aunque la digitalización de los procedimientos aduaneros dio comienzo ya en 2003 y se previó en 2008 con la adopción del Reglamento (CE) n.º 450/2008, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero comunitario (código aduanero modernizado)(8) y de la Decisión n.º 70/2008/CE (Decisión sobre la aduana electrónica);

G.  Considerando que la digitalización de las aduanas es un proceso en curso, siendo actualmente de tipo electrónico más del 98 % de las declaraciones de aduanas; que a día de hoy se tramitan mediante sistemas electrónicos los siguientes ámbitos: tránsitos (NCTS), control de exportaciones (ECS), datos de seguridad (ICS), gestión de riesgos (CRMS), registro de operadores económicos y números de identificación (EORI), autorizaciones (CDS), operadores económicos autorizados (AEO), información arancelaria vinculante (EBTI), cuotas y aranceles (QUOTA), suspensiones arancelarias autónomas, nomenclatura combinada (TARIC), vigilancia de importaciones y exportaciones (SURV2) y sistema de exportadores registrados para certificados de origen (REX);

H.  Considerando que el objetivo del programa aduanero propuesto en virtud del Marco Financiero Plurianual 2021-2017 es apoyar las actividades de las autoridades aduaneras de los Estados miembros y la cooperación entre las mismas;

I.  Considerando que la salida del Reino Unido de la Unión plantea un reto para el correcto funcionamiento de la Unión;

J.  Considerando que la implantación de sistemas electrónicos clave para la plena aplicación del Código Aduanero de la Unión se retrasará y postergará más allá del 31 de diciembre de 2020;

K.  Considerando que la herramienta de rendimiento de la unión aduanera opera evaluando el funcionamiento de esta, sobre la base de indicadores clave de rendimiento en una serie de ámbitos como por ejemplo la protección de los intereses financieros, la garantía de la protección y seguridad de los ciudadanos de la Unión y la evaluación de la importancia de los servicios aduaneros para la contribución al crecimiento y a la competitividad de la Unión;

L.  Considerando que la gobernanza del programa Aduana 2020 y por ende del trabajo en los sistemas informático aduaneros se comparte entre la Comisión, los Estados miembros y los representantes de los intereses comerciales, en una multitud de estructuras decisorias cuya multiplicación afecta de manera negativa y duradero a su eficacia y a la gestión de los proyectos informáticos;

M.  Considerando, tras la conclusión del actual programa Aduana 2020 y tras un análisis coste-beneficio de las diversas opciones posibles, será necesario proceder a una revisión de la gobernanza de los programas aduaneros;

1.  Subraya el trabajo realizado diariamente por las autoridades aduaneras de los Estados miembros y los servicios de la Comisión, que se esfuerzan por proteger al mercado interior frente a la competencia desleal en forma de productos falsificados y productos objeto de dúmping, por facilitar el comercio y reducir la burocracia, por recaudar ingresos para los presupuestos nacionales y de la Unión, y por proteger a la población contra las amenazas terroristas, medioambientales y para la salud, entre otras;

2.  Recuerda que la unión aduanera constituye es uno de los primeros logros de la Unión Europea y puede considerarse uno de sus principales éxitos, puesto que ha hecho posibles que las empresas establecidas en la Unión puedan vender sus bienes e invertir en toda la Unión, pero también ha permitido a la Unión eliminar las fronteras interiores y competir con el resto del mundo; destaca que el mercado único de la Unión sería imposible sin el entorno libre de aranceles que ofrece la unión aduanera y el papel que esta desempeña en la supervisión de las importaciones y exportaciones;

3.  Subraya que una unión aduanera plenamente funcional es esencial para garantizar la credibilidad y fortaleza de la Unión y su posición negociadora en la negociación de los acuerdos comerciales; hace hincapié en que una unión aduanera eficiente de la Unión ayuda a facilitar el comercio legal y a reducir las cargas administrativas para los comerciantes legítimos, consideración que es importante para el desarrollo de empresas competitivas; subraya la importancia de garantizar unos controles eficaces –entre otros medios, fomentando la cooperación con las autoridades aduaneras de terceros países– y evitar cualquier obstáculo indebido al comercio legal;

4.  Subraya que es fundamental la creación de procesos aduaneros agilizados en toda la Unión, basados en una reforma de las infraestructuras informáticas; estima que la digitalización tiene el potencial de hacer más transparentes y accesibles el intercambio de información y el pago de derechos, en particular para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los operadores económicos de terceros países, y ofrece oportunidades para la simplificación de las normas y procedimientos aduaneros;

5.  Señala que las divergencias actuales y en nivel y calidad de los controles, así como de los procedimientos aduaneros y las políticas de sanciones en los puntos de entrada en la unión aduanera, a menudo dan lugar a una distorsión de los flujos comerciales, alimentando el problema de la búsqueda del foro más favorable y poniendo en peligro la integridad del mercado único; pide encarecidamente, en este sentido, que la Comisión y los Estados miembros aborden esta cuestión;

6.  Alienta a la Comisión a que redoble sus esfuerzos por crear una ventanilla única aduanera integrada de la Unión que ayude a las empresas a presentar toda la información y documentación necesaria en un único lugar, de manera que todas puedan cumplir los requisitos normativos para la importación, exportación y tránsito de mercancías;

7.  Recuerda que el Reino Unido pasará a ser país tercero tras su salida de la Unión, alterando de este modo las fronteras exteriores de esta, y destaca que el proceso del Brexit no debería repercutir negativamente en el desarrollo y gobernanza de las aduanas de la Unión;

Digitalización de los procedimientos aduaneros

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen un planteamiento más eficiente, rentable y ágil para la gestión de los sistemas informáticos destinados a las autoridades aduaneras; pide, en particular, que se proceda a una evaluación más precisa y realista del tiempo y recursos necesarios y del alcance de los proyectos informáticos individuales que contribuirán a digitalizar los procedimientos aduaneros;

9.  Lamenta que la aplicación de los nuevos sistemas informáticos para la unión aduanera haya sufrido una serie de retrasos, debido a los cuales la Comisión ha solicitado al Parlamento y al Consejo una ampliación del período transitorio más allá del plazo fijado en 2020 establecido en el Código Aduanero de la Unión; y también deplora que la Comisión solo haya facilitado información incompleta para justificar esta nueva prórroga, en particular por lo que se refiere a su responsabilidad y a las de los Estados miembros, impidiendo así que el Parlamento Europeo pueda ejercer adecuadamente su control presupuestario y político;

10.  Hace hincapié en que, si bien se espera que el 75 % de los componentes europeos de los sistemas informáticos necesarios para la aplicación del Código Aduanero de la Unión estén listos en diciembre de 2020, eso no significa que el 75 % de los sistemas informáticos vayan a estar listos para esa fecha, ya que el 25 % de dichos sistemas dependen de componentes nacionales de los que son responsables los Estados miembros y respecto de los cuales se han observado retrasos;

11.  Considera que la Comisión y el Consejo deben garantizar, como prioridad absoluta, la aplicación del Código Aduanero y la digitalización de los procedimientos aduaneros dentro del nuevo plazo; por consiguiente, insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan todo lo necesario para evitar retrasos adicionales; opina que, a este respecto, la creación de la arquitectura informática requiere el desarrollo y el despliegue de diecisiete herramientas informáticas con importantes consecuencias a nivel de recursos financieros y humanas; considera por ello que resulta imperioso evitar la duplicación de recursos a la hora de llevar a cabo los proyectos informáticos de los Estados miembros y de la Comisión;

12.  Pide a la Comisión que actualice el calendario para su programa de trabajo en el ámbito del Código Aduanero de la Unión, para tener cuenta la prórroga del período transitorio que ella(9) misma ha propuesto conforme a lo decidido por el Parlamento Europeo y el Consejo; pide al Parlamento y al Consejo que trabajen en pos de una rápida adopción de dicha prórroga y que la doten de las condiciones necesarias para que el despliegue de la arquitectura informática aduanera sea un éxito sin perjuicio de que se lleven a cabo exámenes de seguridad globales, para evitar que los posibles problemas no pongan en peligro las los controles adecuados llevados a cabo por las autoridades aduaneras de los Estados miembros; destaca, al igual que el Tribunal de Cuentas Europeo, que puesto que las mismas causas producen los mismos efectos, el proceso de actualización del plan estratégico plurianual de 2017, al haberse concentrado la ejecución de seis herramientas informáticas en el mismo año, representa un importante desafío e implica que existe un gran riesgo de que los nuevos plazos tampoco se cumplan, y el plazo de aplicación del código de aduanero tenga que prorrogarse más allá de 2025;

13.  Pide a la Comisión que actualice su plan estratégico plurianual escalonando los proyectos a lo largo de todo el período transitorio, con el fin de evitar en la medida de lo posible la concentración de despliegues al término del período, y estableciendo hitos vinculantes, inclusiva para los Estados miembros;

14.  Pide a la Comisión que no modifique las especificaciones jurídicas y técnicas ya adoptadas para las diecisiete herramientas informáticas, dado que la envergadura de los proyectos que deben llevarse a cabo y el tiempo necesario para su despliegue no son compatibles ni con la continua evolución de las tecnologías ni con las inevitables modificaciones legislativas y reglamentarias que se producirán durante dicho período;

15.  Recuerda que, según el Tribunal de Cuentas, la Comisión era conocedora de los retrasos pero optó por excluir este dato de sus informes oficiales, lo que impidió que las partes interesadas (como el Parlamento Europeo, las demás instituciones de la Unión no representadas en la estructura de gobierno de Aduana 2020, y las empresas y los ciudadanos interesados) fueran plenamente informadas del riesgo de retrasos en tiempo real; pide, por lo tanto, a la Comisión que informe de manera regular y transparente sobre la ejecución del plan estratégico plurianual y sobre la puesta en marcha de los sistemas electrónicos aduaneros, para no repetir los errores de la programación anterior, e informar sobre posibles nuevas prórrogas período transitorio para no hacerlo sin previo aviso o sin acciones correctoras adecuadas;

16.  Solicita a la Comisión que evalúe de manera continuada el programa Aduana 2020 y que subsane las deficiencias constatadas, en particular por la infrautilización de los equipos de expertos formados con arreglo al programa, posibilitando el incremento de la cooperación entre servicios aduaneros;

17.  Subraya que el seguimiento, el análisis y la evaluación continuos de las políticas de los posibles impactos son elementos esenciales de la gobernanza de la unión aduanera; toma nota y se felicita de la labor de la Comisión en el desarrollo de una herramienta en relación con el rendimiento de la unión aduanera que permita en el futuro su evaluación sistemática, en función de los objetivos estratégicos de la unión en términos de eficiencia, eficacia y uniformidad; pide a los Estados miembros que apoyen la labor de seguir desarrollando esta herramienta;

18.  Sugiere a la Comisión que esta herramienta evalúe asimismo el rendimiento de los controles aduaneros en términos de potencial de digitalización y de flujos de datos, para crear unos controles basados en riesgos aún más eficaces al tiempo que se optimiza la carga que pesa sobre las autoridades aduaneras;

Gobernanza, presentación de informes y financiación del programa Aduana

19.  Toma nota de las acciones emprendidas por la Comisión y los Estados miembros para garantizar la aplicación uniforme y coherente del Código Aduanero, en particular en materia de formación y mediante la adopción de directrices; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos e incrementen los recursos desplegados para garantizar la plena aplicación del Código Aduanero adoptado en 2013 y de unos procedimientos aduaneros uniformes en toda la Unión; solicita, a este respecto, a la Comisión que presente un plan de acción que pueda basarse provechosamente en una revisión inter pares de las prácticas aduaneras, en el intercambio de buenas prácticas y en una cooperación reforzada entre los servicios aduaneros y un programa de formación dotado de recursos suficientes;

20.  Recuerda que la Comisión está trabajando en un entorno de Ventanilla Aduanera Única de la Unión que permitiría a los operadores económicos presentar a destinatarios diversos y en un formato normalizado los datos requeridos para un amplio abanico de fines normativos (veterinarios, sanitarios, medioambientales, etc.), a través de puntos de acceso armonizados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan esta importante labor;

21.  Toma nota del esfuerzo financiero soportado por el presupuesto europeo, que ha aumentado la dotación para el próximo programa Aduana 2021-2027 a 842 844 000 EUR, a precios de 2018; pide que los Estados miembros inviertan asimismo los recursos humanos y financieros necesarios para lograr el despliegue de los componentes nacionales, elementos esenciales estos que condicionan la aplicación del sistema electrónico aduanero europeo, y solicita a la Comisión que le presente a su debido tiempo un informe sobre el despliegue de los componentes de la Unión y de los componentes externos a la Unión desarrollados por los Estados miembros;

22.  Destaca que actualmente los servicios aduaneros tienen que hacer frente a un espectacular incremento del volumen de bienes adquiridos por internet fuera de la Unión en lo que respecta a controles y cobro de los preceptivos derechos, especialmente porque el volumen de bienes de bajo valor importados a la Unión crece anualmente a ritmo del 10-15 %; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para afrontar mejor este reto;

23.  Pide a la Comisión que proponga, al término de la implantación de los 17 sistemas informáticos relacionados con el Código Aduanero de la Unión del programa Aduana 2020, una estructura de gobernanza más eficaz para la ejecución de los proyectos informáticos aduaneros y de sus actualizaciones; subraya que, vistos los retos económicos, fiscales y de seguridad que representa el sistema informático aduanero, es esencial que la solución adoptada mantenga plenamente la soberanía europea;

24.  Destaca que el programa «Aduana 2021-2027», al apoyar a las autoridades de los Estados miembros, contribuirá no solo a incrementar los ingresos presupuestarios de la Unión, sino también a garantizar la seguridad de los productos, la protección de los consumidores europeos y la igualdad de condiciones para las empresas de la Unión;

Salida del Reino Unido de la Unión Europea

25.  Subraya que la incertidumbre que rodea la salida del Reino Unido de la Unión Europea plantea un reto de primera magnitud para las empresas europeas; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten a las partes interesadas información exhaustiva sobre las repercusiones de la salida del Reino Unido en el ámbito aduanero y en determinados tipos de impuestos indirectos como el IVA y los impuestos especiales;

26.  Hace hincapié en que, tras la salida del Reino Unido, no deben quedar en el sistema aduanero —incluyendo en las fronteras exteriores de la Unión— lagunas que allanen el camino al comercio ilegal o a la evasión de las deudas de derecho público previstas en la legislación de la Unión;

o
o   o

27.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 269 de 10.10.2013, p. 1.
(2) DO L 343 de 29.12.2015, p. 1.
(3) DO L 343 de 29.12.2015, p. 558.
(4) DO L 69 de 15.3.2016, p. 1.
(5) DO L 99 de 15.4.2016, p. 6.
(6) DO L 23 de 26.1.2008, p. 21.
(7) DO C 242 de 10.7.2018, p. 41.
(8) DO L 145 de 4.6.2008, p. 1.
(9) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013 a fin de prolongar la utilización transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrónico de datos previstas en el Código Aduanero de la Unión (COM(2018)0085),


Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control parlamentario sobre las agencias descentralizadas (2018/2114(INI))
P8_TA-PROV(2019)0134A8-0055/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las disposiciones del Tratado relativas a las agencias, y en particular los artículos 5 y 9 del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como los artículos 15, 16, 71, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 277, 282, 287, 290, 291, 298 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 41, 42, 43, 51 y 52,

–  Vistos la Declaración Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012, y el Planteamiento Común anexo a esta,

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0055/2019),

A.  Considerando que las agencias desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las políticas de la Unión a escala europea y nacional, llevando a cabo una gran variedad de cometidos para contribuir a la aplicación de las políticas de la Unión, como la creación de redes o el apoyo a la cooperación entre las autoridades nacionales y de la Unión; que una buena cooperación entre las agencias de la Unión y los Estados miembros contribuye a aumentar la eficiencia y la eficacia del trabajo de dichas agencias; que las agencias también han establecido una cooperación entre ellas a través de la Red de Agencias de la Unión Europea;

B.  Considerando que la coordinación y la colaboración entre las diferentes agencias y las comisiones parlamentarias han sido satisfactorias en líneas generales; que Europol es la única agencia sujeta al control del Parlamento Europeo conjuntamente con los Parlamentos nacionales a través el Grupo Conjunto de Control Parlamentario;

C.  Considerando que las agencias se han ido creando y han ido evolucionando con el paso del tiempo, cada una de manera diferente; que el Tratado de Lisboa ha supuesto el reconocimiento oficial de la existencia de las agencias como parte del poder ejecutivo la Unión, al incluirlas formalmente en los Tratados;

D.  Considerando que las agencias deben rendir cuentas primordialmente ante el Parlamento y el Consejo, los cuales, a su vez, deben velar por el establecimiento de mecanismos de control adecuados en los actos legislativos que regulan a dichas agencias y, posteriormente, por la correcta aplicación de estos mecanismos; que la existencia de agencias dentro del poder ejecutivo de la Unión no debe debilitar el control del Parlamento sobre dicho poder según se dispone en el artículo 14 del TUE;

E.  Considerando que los Tratados no incluyen ni una definición de las agencias descentralizadas ni una descripción general de las competencias que se les pueden atribuir;

F.  Considerando que una serie de agencias tienen su base jurídica en el artículo 352 del TFUE y otras son creadas sobre la base jurídica específica para un sector;

G.  Considerando que la Declaración Común y el Planteamiento Común de 2012 son fruto de la labor del Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias reguladoras, creado por la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo al objeto de evaluar la coherencia, eficacia, responsabilidad y transparencia de las agencias después de que la propuesta de Acuerdo interinstitucional sobre las agencias reguladoras que había presentado la Comisión en 2005 no recibiese el apoyo necesario por parte del Consejo y el Parlamento;

H.  Considerando que en el Planteamiento Común hay disposiciones relativas a la estructura y el gobierno de las agencias, así como sobre su funcionamiento, la programación de sus actividades, su financiación, la gestión de sus recursos presupuestarios, sus procedimientos presupuestarios y sobre responsabilidad, control y transparencia, todo lo cual contribuye a garantizar el control parlamentario de las agencias descentralizadas;

I.  Considerando que, a pesar de una apreciación generalmente positiva, las agencias han visto que, en ocasiones, sus dictámenes científicos y técnicos han sido recibidos con desconfianza;

Principales observaciones

1.  Observa que los Tratados, los reglamentos constitutivos de las agencias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como la Declaración Común y el Planteamiento Común, contemplan mecanismos para garantizar la rendición de cuentas por parte de las agencias; destaca que, a través de la atribución de competencias, el Parlamento tiene facultades de control sobre las agencias descentralizadas, facultades que, sin embargo, no se detallan en los Tratados; pone de relieve, a este respecto, el carácter no vinculante de la Declaración Común y el Planteamiento Común; lamenta, no obstante, que las instituciones aún no hayan acordado un marco reglamentario vinculante;

2.  Señala que el Parlamento ejerce la función de control de las agencias de distintas maneras:

   en cuanto una de las ramas de la autoridad presupuestaria al adoptar decisiones relativas a las contribuciones del presupuesto de la Unión a las agencias;
   en cuanto autoridad de aprobación de la gestión;
   mediante la designación de miembros de los consejos de administración de las agencias;
   mediante el procedimiento de nombramiento (o cese) de los directores generales;
   mediante sus consultas sobre los programas de trabajo;
   mediante la presentación de los informes anuales;
   por otros métodos (visitas de delegación, grupos o personas de contacto, intercambios de puntos de vista, audiencias, reuniones informativas, asesoramiento especializado);

3.  Observa que las disposiciones de los reglamentos constitutivos difieren en mayor o menor grado de los mecanismos de rendición de cuentas y control parlamentario que figuran en el Planteamiento Común, lo que puede deberse a las grandes diferencias en la labor y las funciones de cada agencia;

4.  Señala que las comisiones parlamentarias han desempeñado activamente su labor de control, a pesar de las grandes diferencias entre las disposiciones de los reglamentos constitutivos;

5.  Reconoce la aplicación, por parte de las agencias de la Unión, de la Declaración Común y el Planteamiento Común, así como de su hoja de ruta; destaca, en particular, las recomendaciones del Grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias descentralizadas, respaldadas por la Conferencia de Presidentes el 18 de enero de 2018; toma nota de que, con la reunión de seguimiento del 12 de julio de 2018, se dio por concluida la labor del Grupo de trabajo;

Recomendaciones

6.  Considera que podría hacerse un mayor esfuerzo por racionalizar determinadas disposiciones de los reglamentos constitutivos de las agencias en lo que respecta a sus mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas, teniendo en cuenta los distintos tipos de agencias que existen y definiendo los principios generales que han de regir la relación entre las instituciones de la Unión y las agencias; señala que todos estos aspectos también deben ser objeto de las evaluaciones de impacto que se realicen con motivo de la creación de una agencia; subraya que las agencias deben disponer de un cierto grado de flexibilidad organizativa para poder adaptarse mejor a las tareas previstas y a las necesidades que surjan en el desempeño de sus funciones; acoge con satisfacción la organización interna basada en uno o varios clústeres de las agencias que trabajan ámbitos similares;

7.  Pide, por consiguiente, una evaluación exhaustiva de la aplicación del Planteamiento Común en todos sus aspectos, con unos documentos de análisis detallados similares a los elaborados en 2010, que preste especial atención a los aspectos de gobernanza, revise en particular la compatibilidad de las disposiciones incluidas con las competencias de codecisión y control del Parlamento, y tenga en cuenta al mismo tiempo la necesidad de flexibilidad ante el variado panorama de las agencias descentralizadas;

8.  Lamenta que el Parlamento, como principal garante del respeto del principio de democracia en la Unión, no haya participado plenamente en el procedimiento de selección de la nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE); recuerda, a este respecto, su solicitud para que se revise lo antes posible la Declaración Conjunta y el Planteamiento Común de 2012, y recuerda asimismo el compromiso del Consejo de emprender dicha revisión, invitando a la Comisión a que presente, a más tardar en abril de 2019, un análisis pormenorizado de la Declaración Conjunta y el Planteamiento Común en lo que atañe a la sede de las agencias descentralizadas;

9.  Subraya que la ubicación de la sede de una agencia no debe afectar al desempeño de sus competencias y funciones, a su estructura de gobernanza, al funcionamiento de su organización principal ni a la financiación principal de sus actividades;

10.  Confía en que en las futuras decisiones sobre la ubicación o reubicación de las agencias se respeten plenamente las prerrogativas del Parlamento y del Consejo en su calidad de colegisladores; considera que se debe contar sistemáticamente con la participación del Parlamento, a lo largo de todo el proceso legislativo y en condiciones de igualdad con el Consejo y la Comisión, a la hora de definir y ponderar los criterios para la ubicación de todos los organismos y agencias de la Unión, de forma transparente; señala que, en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, el Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometieron a cooperar de manera leal y transparente, y que en dicho Acuerdo se pone de relieve el principio de igualdad entre los colegisladores, que está consagrado en los Tratados; subraya el valor que aportaría reforzar el intercambio de información desde las fases iniciales de los futuros procesos relativos a la ubicación de las agencias, ya que este intercambio temprano de información facilitaría a las tres instituciones el ejercicio de sus derechos y prerrogativas;

11.  Considera que la decisión sobre la ubicación de una agencia es de gran importancia, y que las instituciones de la Unión han de tener en cuenta, para tomar la mejor decisión posible, criterios objetivos como la accesibilidad, las sinergias administrativas y la proximidad a las partes interesadas;

12.  Pide a la Comisión, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de trabajo interinstitucional sobre los recursos de las agencias descentralizadas, que presente cuanto antes una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, aplicando un enfoque coherente para evaluar su valor añadido teniendo en cuenta los gastos que generan; pide que se adopten medidas significativas sobre la base de los resultados de esa evaluación con el fin de reducir el número de ubicaciones múltiples cuando proceda;

13.  Propone que, sobre la base de una revisión del Planteamiento Común, se vuelva a estudiar sin apriorismos la posibilidad de elaborar un acuerdo interinstitucional sobre las agencias, en el que se incluirían disposiciones relativas a la revisión quinquenal de los principios que rigen la creación y el funcionamiento de las agencias, recurriendo para ello a los conocimientos de un grupo de eminentes expertos;

14.  Considera que tal acuerdo interinstitucional debe respetar las competencias del Parlamento Europeo en los procedimientos de codecisión y debe abarcar asimismo la relación entre cada agencia y las instituciones del Estado miembro en el que está ubicada, así como medidas de transparencia, procedimientos para evitar conflictos de intereses y garantizar el equilibrio de género entre los miembros de los órganos de gobierno y de asesoramiento, y la aplicación de la integración de la perspectiva de género en todas las actividades de las agencias;

15.  Considera que, al elaborar dicho acuerdo interinstitucional, deben abordarse también varias propuestas específicas para fortalecer la supervisión democrática, mejorar la rendición de cuentas de las agencias de la Unión y reforzar el sistema de presentación de informes al Parlamento, como por ejemplo:

   fijar un plazo para que las agencias respondan a las preguntas que les sean formuladas por el Parlamento Europeo o por el Consejo;
   establecer disposiciones para la comunicación de información sensible y confidencial y para la consulta de las comisiones parlamentarias, cuando sea necesario;
   estudiar si debe o no haber un número determinado de miembros de los respectivos consejos de administración designados por el Parlamento;
   examinar el valor añadido de la participación de los representantes u observadores del Parlamento en las reuniones de las juntas de supervisores y de los grupos de partes interesadas;
   racionalizar la intervención del Parlamento en los programas de trabajo anuales y plurianuales de las agencias;
   racionalizar y armonizar las obligaciones de presentación de informes, en particular en el caso de los informes anuales de actividades, los informes de gestión presupuestaria y financiera y las cuentas definitivas;
   informar al Parlamento de forma detallada acerca de las medidas adoptadas para poner en práctica las recomendaciones de la autoridad de aprobación de la gestión (informes de seguimiento) y las del Tribunal de Cuentas;

16.  Considera asimismo que el papel del Parlamento en la supervisión de la dimensión de gobernanza de las agencias descentralizadas podría mejorarse considerablemente; sugiere, además, que se refuerce la cooperación con el Grupo de Control Parlamentario Conjunto y que se revisen las normas relativas a las misiones enviadas a las agencias, a fin de permitir un contacto mejor y más frecuente entre las comisiones parlamentarias y las agencias comprendidas en su ámbito de competencias;

17.  Propone que, en el contexto de la revisión quinquenal, sobre la base de las actividades de control de las comisiones del Parlamento referidas a las agencias comprendidas en su ámbito de competencias y con el fin de completar dichas actividades, la Comisión de Asuntos Constitucionales celebre un debate anual sobre el funcionamiento y la gobernanza de las agencias, seguido, si se considera adecuado o necesario, de un debate en el Pleno con miras a facilitar un sistema más sólido y estructurado de control de las actividades de las agencias en el seno del Parlamento; propone asimismo, habida cuenta de la función de las agencias como intermediarias entre la Unión y los Estados miembros, un período de consulta con los Parlamentos nacionales en caso de que deseen aportar su contribución en la materia;

18.  Considera que las agencias de la Unión deben aplicar las normas y principios de buena gobernanza y de mejora de la legislación, también mediante la realización de consultas públicas abiertas sobre sus proyectos de propuestas de normas derivadas y terciarias, cuando el ámbito de la agencia así lo permita; propone que las agencias estén sometidas a las mismas normas de transparencia que la Comisión, incluidas las normas y obligaciones relativas a las interacciones con representantes de intereses;

19.  Subraya que, sin dejar de velar por que todas las misiones derivadas del marco normativo se lleven a cabo en su totalidad y dentro del plazo establecido, las agencias de la Unión deben atenerse estrictamente al cumplimiento de sus cometidos y actuar de conformidad con los mandatos que les hayan sido atribuidos por el Parlamento y el Consejo; considera imperativo que las agencias de la Unión sean transparentes en el desempeño de sus mandatos;

20.  Propone que todas las agencias puedan emitir dictámenes no vinculantes sobre los expedientes en curso que estén comprendidos en su ámbito de competencias;

21.  Considera asimismo que, en caso de que se modifiquen los Tratados en el futuro, debe estudiarse la manera de fortalecer el engarce de las agencias en ellos, en particular en lo que respecta a los artículos 13 y 14 del TUE y los artículos 290 y 291 del TFUE, mediante la inclusión de una definición clara de los distintos tipos de agencias, las competencias que se les pueden atribuir y los principios generales que garanticen el control parlamentario;

Cuestiones presupuestarias

22.  Señala que la financiación de las agencias mediante tasas asciende actualmente a cerca de 1 000 millones de euros anuales, lo que puede aliviar la presión sobre el presupuesto de la Unión y puede ser una forma eficaz de financiar las actividades de las agencias en los casos en que su modelo de negocio lo permita; expresa su preocupación, no obstante, por los posibles conflictos de intereses que pueden surgir si las agencias estuvieran obligadas a depender de las contribuciones de sus miembros como principal fuente de ingresos; insiste en que deben adoptarse medidas de salvaguardia para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses;

23.  Destaca la necesidad de tener presentes las nuevas prioridades en materia de clima y sostenibilidad del próximo marco financiero plurianual (MFP), así como las misiones asignadas a determinadas agencias para la aplicación del MFP;

24.  Observa que, si bien las agencias descentralizadas presentan una serie de rasgos comunes en lo que atañe a la gestión presupuestaria, la aplicación de un mismo rasero ha ido en detrimento de la eficiencia y eficacia de la gestión de algunas agencias; considera que el objetivo de reducción de personal del 5 % y la «reserva de reasignación» entre agencias constituyen prácticas que no están destinadas a repetirse; reitera su intención de oponerse en el futuro a soluciones de este tipo;

25.  Observa con preocupación de que varias agencias tienen dificultades para atraer a personal cualificado debido a las condiciones laborales ofrecidas; considera que los organismos de la Unión deben estar en condiciones de atraer a personal cualificado para desempeñar sus cometidos de manera eficaz y eficiente; pide, por tanto, medidas concretas encaminadas a lograr estos objetivos;

26.  Toma nota de que la cooperación reforzada entre las agencias mediante el uso compartido de servicios ha permitido ahorros, como los conseguidos creando un portal común para las licitaciones; anima a que se sigan examinando las posibilidades de compartir servicios, ya sea entre las propias agencias o entre la Comisión y las agencias, a fin de crear nuevas sinergias y optimizar las existentes; considera que, en ciertos casos, podría lograrse una mayor eficiencia presupuestaria gracias a una estrecha cooperación en materia de servicios de apoyo administrativo y de gestión de instalaciones entre los organismos y agencias de la Unión que se encuentran muy próximos;

27.  Observa que los presupuestos de las agencias deben elaborarse de conformidad con el principio de presupuestación basada en el rendimiento, teniendo en cuenta los objetivos de la agencia y los resultados previstos de su labor; preconiza un enfoque temático para la presupuestación de las agencias descentralizadas a fin de priorizar mejor sus tareas, intensificar la cooperación y evitar duplicaciones, en particular en el caso de las agencias que trabajan en el mismo ámbito de actuación;

28.  Observa con preocupación que algunos requisitos administrativos son desproporcionados para las agencias de dimensiones modestas; confía en que la Comisión y el Consejo se aseguren de que tales requisitos guarden la debida proporción con los recursos financieros y humanos de todas las agencias;

29.  Recuerda que durante el procedimiento legislativo se aportan modificaciones a la propuesta original de la Comisión; observa con preocupación que los estados financieros actualizados no suelen estar disponibles hasta el final del procedimiento legislativo, si es que llegan a facilitarse; recuerda la doble función del Parlamento Europeo y del Consejo como autoridad legislativa y presupuestaria;

30.  Acoge con satisfacción el proyecto de texto revisado de la Comisión del Reglamento Financiero marco para las agencias descentralizadas y, en particular, los planes de refuerzo de la gobernanza de estas agencias incluidos en dicho proyecto;

31.  Estima, no obstante, que siguen sin resolverse una serie de cuestiones, e insta a la Comisión a que presente sin demora una evaluación de las agencias con múltiples ubicaciones, tal como recomendó el Grupo de trabajo interinstitucional, así como propuestas de posibles fusiones, cierres o transferencias de cometidos a la Comisión, basadas en un análisis detenido y minucioso y con criterios claros y transparentes, evaluación y propuestas que estaban previstas en el mandato del Grupo de trabajo interinstitucional, pero que nunca fueron examinadas de forma adecuada debido a la falta de propuestas en este sentido por parte de la Comisión;

32.  Señala que la fiscalización de las agencias descentralizadas «seguirá siendo responsabilidad del Tribunal de Cuentas, que gestionará todos los procedimientos administrativos y de contratación pública necesarios y los financiará»; reitera que las auditorías llevadas a cabo por auditores del sector privado han incrementado considerablemente la carga administrativa de las agencias y, como resultado del tiempo dedicado a la adjudicación y la administración de los contratos de auditoría, han generado gastos adicionales, aumentando la presión sobre sus recursos cada vez escasos; recalca que es imperativo resolver esta cuestión de conformidad con el Planteamiento Común, en el contexto de la revisión del Reglamento Financiero marco; pide a todas las partes implicadas en esta revisión que aporten urgentemente claridad a esta cuestión con el fin de reducir de manera significativa las cargas administrativas excesivas;

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33.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Tribunal de Cuentas Europeo y a las agencias descentralizadas de la Unión Europea.

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