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Procedimiento : 2018/2219(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0088/2019

Textos presentados :

A8-0088/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Votaciones :

PV 26/03/2019 - 13.2
CRE 26/03/2019 - 13.2

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0243

Textos aprobados
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Martes 26 de marzo de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Aprobación de la gestión 2017: Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017
P8_TA-PROV(2019)0243A8-0088/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2017 (2018/2219(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas, elaborados de conformidad con el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0370/2018)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2017, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(4) presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas su Decisión, de 26 de marzo de 2019, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene las observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(6), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(7), y en particular sus artículos 69, 260, 261 y 262,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0088/2019),

A.  Considerando que, en virtud del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

B.  Considerando que los informes especiales del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») contienen información sobre aspectos importantes relacionados con la ejecución de los fondos, por lo que resultan útiles al Parlamento cuando actúa como autoridad de aprobación de la gestión;

C.  Considerando que las observaciones del Parlamento sobre los informes especiales del Tribunal forman parte integrante de la mencionada Decisión del Parlamento, de 26 de marzo de 2019, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión;

Parte I – Informe Especial n.º 15/2017 del Tribunal de Cuentas, titulado «Las condiciones ex ante y la reserva de eficacia en el ámbito de la cohesión: instrumentos innovadores pero todavía no eficaces»

1.  Toma nota de los hallazgos y las conclusiones del Tribunal y lamenta que la Comisión no los haya tenido en cuenta en la elaboración de las propuestas de los respectivos reglamentos para el próximo periodo de programación;

2.  Lamenta, en particular, que algunos de los criterios propuestos por la Comisión en su propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC) para el periodo 2021-2027 puedan no afectar a la aplicación de los objetivos específicos relacionados y entiende que no mejorarían sensiblemente la eficiencia y la eficacia de la política de cohesión, en contra de la recomendación del Tribunal en este sentido;

3.  Recuerda que las condiciones ex ante para el periodo 2014-2020 se introdujeron con el fin de facilitar la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), al garantizar el cumplimiento de los requisitos previos necesarios para un uso eficaz y eficiente de la ayuda de la Unión;

4.  Señala, no obstante, que el Tribunal cuestiona que la introducción de las condiciones ex ante haya contribuido eficazmente a cambios en la práctica, pese a que, en opinión del Tribunal, hayan proporcionado un marco para evaluar la disposición de los Estados miembros a aplicar la política de cohesión;

5.  Subraya que, si las condiciones ex ante se mantienen y se sustituyen por condiciones favorables en el próximo periodo de programación, han de resultar apropiadas para el contexto nacional y regional, tener carácter incentivador y propiciar una correcta aplicación de los objetivos de desarrollo regional, evitando los solapamientos y sin dejar margen para la ambigüedad ni para interpretaciones divergentes;

6.  Observa que, en el momento de adoptar los programas de los Fondos EIE, se había cumplido aproximadamente el 75 % de todas las condiciones ex ante aplicables, que, a principios de 2017, se había cumplido el 86 % y que, para mayo de 2018, se había cumplido el 99 %, lo cual demuestra que el cumplimiento de las condiciones ex ante ha requerido más tiempo del previsto en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 (Reglamento sobre disposiciones comunes) y que, al vencimiento del plazo de diciembre de 2016, en torno al 15 % de las condiciones ex ante seguía sin cumplirse;

7.  Admite que las condiciones ex ante han representado una carga administrativa adicional y que, como reconoce la Comisión, han sido una de las posibles razones de la demora registrada en la ejecución de los Fondos EIE 2014-2020; reconoce, asimismo, que, si bien la Comisión no había suspendido ningún pago a los programas por el incumplimiento de las condiciones ex ante a finales de 2016, las autoridades de gestión interesadas se abstuvieron de presentar solicitudes de pago, imponiendo así una especie de autosuspensión y retrasando la ejecución, de modo que la absorción al final del cuarto año del periodo actual (2017) fue significativamente inferior al coeficiente de absorción en la fecha correspondiente (finales de 2010) del periodo de programación anterior (2007-2013) (17 % y 41 %, respectivamente), lo cual pone en tela de juicio el valor añadido de las condiciones ex ante como instrumento adoptado con el objetivo de facilitar la aplicación de la política de cohesión;

8.  Subraya que, en el tiempo que queda hasta que finalice el actual periodo de programación, es fundamental que la Comisión preste la asistencia necesaria a los Estados miembros a fin de cumplir las condiciones ex ante restantes, así como para poner en práctica las disposiciones respectivas, en particular por lo que respecta a la contratación pública y las ayudas estatales;

9.  Observa que el Tribunal estima que la inclusión de la reserva de rendimiento en el marco de rendimiento tenía por objeto proporcionar un incentivo eficaz para lograr las realizaciones y los resultados pretendidos;

10.  Concuerda con la opinión del Tribunal según la cual, en conjunto, el marco de rendimiento 2014-2020 no está considerablemente más orientado a los resultados que otras disposiciones similares de periodos previos y sigue estando fundamentalmente centrado en el gasto y las realizaciones de los proyectos, siendo la inmensa mayoría de los indicadores que constituyen la base para asignar la reserva de rendimiento indicadores de las realizaciones (57,1 %), indicadores financieros (33,4 %) y etapas clave de ejecución (9,2 %), con un empleo, lamentablemente, solo marginal de indicadores de resultados (0,3 %);

11.  Observa, a este respecto, que tal como se establece en el anexo II del Reglamento sobre disposiciones comunes, los hitos para metas intermedias en la aplicación de indicadores de resultados estaban previstos para el marco de rendimiento solo cuando procediese, a diferencia de la inclusión obligatoria de los hitos relacionados con la aplicación de indicadores de realizaciones, estrechamente vinculados a las intervenciones de política respaldadas;

12.  Opina que la fijación en 2019 de la realización del examen de rendimiento de los programas de cada Estado miembro impide que países y regiones que han alcanzado sus hitos accedan a los fondos que les han sido asignados antes del último año del periodo, al haber sido bloqueados en la reserva de rendimiento; pide, por tanto, que se prevea la posibilidad de que el examen de rendimiento y el acceso a dichos fondos se realicen en una fecha anterior;

13.  Pide a la Comisión que, si la reserva de rendimiento se mantiene en el periodo posterior a 2020, base su propuesta en las enseñanzas extraídas del periodo 2014-2020 y proponga la correspondiente revisión del marco de rendimiento a fin de crear incentivos reales para un sistema orientado a los resultados; indica que dicho sistema también debe garantizar el equilibrio necesario entre una simplificación que permita la ejecución sin trabas de los proyectos y las disposiciones necesarias para una sólida gestión y control financieros;

14.  Recuerda que la política de cohesión reside, ante todo, en la solidaridad y el apoyo, por lo que los instrumentos de incentivación y de facilitación resultan más adecuados que las innovaciones bajo forma de sanciones y medidas disciplinarias;

Parte II – Informe Especial n.º 19/2017 del Tribunal de Cuentas, titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»

15.  Pide a la Comisión que proporcione información sobre el lucro cesante en la recaudación de derechos aduaneros detectado en las inspecciones de los recursos propios tradicionales de la Comisión, así como un análisis completo con arreglo a tales datos;

16.  Pide a la Comisión que facilite información sobre los importes de los derechos aduaneros reclamados a los Estados miembros y recaudados para el presupuesto de la Unión; considera que puede mejorarse el actual sistema de incentivos para los controles aduaneros;

17.  Pide a la Comisión que elabore un análisis de las acciones exigidas por los Estados miembros en las comunicaciones de asistencia mutua, así como el estado de realización del principal objetivo consistente en obtener resultados equivalentes;

18.  Pide a la Comisión que presente una evaluación de los resultados cuantitativos de la aplicación de los programas de la Unión «Aduana 2020» y «Hércules III», destinados a financiar el intercambio de información y la cooperación entre las aduanas a fin de proteger los intereses financieros de la Unión durante el actual marco financiero plurianual (MFP);

19.  Pide a la Comisión que investigue el nivel de abuso de las franquicias para envíos de mercancías de escaso valor en el comercio electrónico de mercancías con terceros países;

Parte III – Informe Especial n.º 20/2017 del Tribunal de Cuentas, titulado «Instrumentos de garantía de préstamos financiados por la UE: resultados positivos, pero es necesaria una mejor selección de los beneficiarios y coordinación con los sistemas nacionales»

20.  Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal, así como sus observaciones y recomendaciones;

21.  Acoge con satisfacción que la Comisión haya aceptado la mayor parte de las recomendaciones, y que actúe en consecuencia;

22.  Considera, junto con el Tribunal, que los instrumentos financieros solo deben utilizarse si no se pueden obtener préstamos comerciales porque el proyecto es demasiado pequeño o demasiado arriesgado, o si el prestatario no puede ofrecer las garantías necesarias; insta a la Comisión a que desarrolle una metodología para analizar el efecto de las garantías en la oferta de préstamos, la competencia entre bancos y la actividad de innovación de las empresas y para analizar la división de la subvención implícita entre proveedor y beneficiario;

23.  Llama la atención de la Comisión y del Tribunal sobre el hecho de que el Mecanismo de Garantía de Préstamos y el Instrumento de Garantía InnovFin para pymes pueden generar carteras de préstamos de intermediarios por valor de 24 420 millones de euros, sobre los cuales la autoridad de aprobación de la gestión de la Unión tiene muy poca información, ya que el sistema es muy complejo y opaco;

24.  Reitera la posición del Parlamento, expresada en su Resolución, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas:

   «20. Señala el recurso cada vez mayor a instrumentos financieros compuestos principalmente por préstamos, instrumentos de capital, garantías e instrumentos de riesgo compartido en gestión indirecta durante el período 2014-2020, y observa además que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones gestionó prácticamente todos los instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta; considera insuficiente la información disponible para evaluar lo que se ha conseguido con dichos instrumentos, sobre todo en lo tocante a su impacto social y medioambiental; subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas;»;

25.  Recuerda al comisario Oettinger su intención de reintegrar, a largo plazo, los diversos presupuestos alternativos al presupuesto de la Unión; considera que ello daría un importante espaldarazo a la rendición de cuentas democrática; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto antes de junio de 2019;

Parte IV – Informe Especial n.º 22/2017 del Tribunal de Cuentas, titulado «Misiones de observación electoral: se ha hecho un esfuerzo de seguimiento de las recomendaciones, pero hace falta más supervisión»

26.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

27.  Recuerda que las misiones de observación electoral de la Unión (MOE UE), además de un instrumento sumamente visible de la política exterior de la Unión, son un objetivo parlamentario estratégico, al ocupar los diputados al Parlamento los puestos de jefe de observadores en las MOE UE, así como una herramienta para el fomento de la democratización y la mejora de los procesos electorales;

28.  Considera que las actividades de observación electoral —ejecutadas de manera adecuada, justa y objetiva— desempeñan un papel esencial en la diplomacia pública brindando tanto una evaluación imparcial como recomendaciones constructivas que pueden ser objeto de seguimiento por las partes interesadas del país en cuestión, en particular las organizaciones de la sociedad civil;

29.  Recuerda que no existe un modelo universal para tratar adecuadamente esta cuestión y que debe plantearse la necesidad de ser flexible teniendo en cuenta las particularidades del país anfitrión de que se trate;

30.  Opina que resulta discutible la consulta directa a las partes interesadas sobre las eventuales recomendaciones de la MOE UE antes de ultimar el informe, además de ser algo que no corresponde en ningún caso al jefe de observadores a efectos de la independencia de la MOE UE;

31.  Considera que se debe avanzar en la mejora del seguimiento de las MOE UE en el marco de los diálogos políticos, en particular mediante la participación de las delegaciones ad hoc del Parlamento y, probablemente, estudiando nuevas vías como los diálogos electorales para enriquecer el proceso electoral en su conjunto, especialmente su evaluación objetiva;

32.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que, en la medida de lo posible, lleve a cabo un seguimiento de la aplicación efectiva de las recomendaciones de las MOE UE en terceros países, siempre dentro del respeto a la soberanía de estos y contando para ello con el Parlamento, así como asignando suficientes recursos humanos procedentes de las delegaciones de la Unión con los conocimientos técnicos pertinentes para esta importante tarea política, lo que resulta necesario en determinados ámbitos establecidos por la MOE UE;

33.  Estima que sería conveniente plantear la posibilidad de que el jefe de observadores participe ya desde una fase temprana en la conformación del equipo de dirección de la MOE UE (especialmente cuando se trate de determinados puestos, como los de analista político, experto electoral o subjefe de observadores) al objeto de impulsar un despliegue ágil y de mayor eficacia y coherencia de las MOE UE;

34.  Considera que la creación de una base de datos constituye en este sentido para las MOE UE una posibilidad operativa de gran valor para el afianzamiento de la credibilidad y la transparencia a medio o largo plazo de este instrumento y proceso de la Unión;

35.  Solicita que se haga en general un mayor hincapié en la perdurabilidad de las acciones financiadas por el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos, en particular en el marco de las misiones de observación electoral, las cuales disponen de amplio margen para aumentar gradualmente la transferencia de conocimientos a los agentes locales y mejorar el seguimiento de las recomendaciones;

Parte V – Informe Especial n.º 23/2017 del Tribunal de Cuentas, titulado «Junta Única de Resolución: ha comenzado la compleja tarea de construir la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer»

36.  Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y respalda sus observaciones y recomendaciones;

37.  Critica a la Junta Única de Resolución (JUR) por no haber facilitado toda la documentación solicitada durante la auditoría; recuerda a la JUR que el TFUE concede al Tribunal acceso completo a toda la documentación de la entidad auditada que sea necesaria para llevar a cabo la fiscalización;

38.  Lamenta el hecho de que la JUR haya carecido de personal suficiente desde que pasó a ser independiente desde el punto de vista operativo; exhorta a la JUR a acelerar sus esfuerzos de contratación, en particular mediante la contratación de expertos en resolución y en políticas, también para los puestos directivos;

39.  Manifiesta su preocupación por el memorando de entendimiento actual entre la JUR y el Banco Central Europeo (BCE), que no garantiza que la JUR reciba toda la información necesaria del Banco de manera uniforme y a su debido tiempo; pide a la JUR que entable un diálogo con el BCE a fin de mejorar la situación;

Parte VI – Informe Especial n.º 1/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asistencia conjunta a los proyectos en las regiones europeas (Jaspers): es hora de orientarla mejor»

40.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, sus conclusiones y la disposición de la Comisión a aplicar las recomendaciones;

41.  Celebra que, en algunos casos, los esfuerzos de Jaspers han conducido a avances en la capacidad de los Estados miembros para gestionar la preparación de proyectos y que los proyectos han sido de buena calidad, como confirma su rápida aprobación por la Comisión;

42.  Pide a la Comisión y al BEI que garanticen que el programa se aplique de modo que se obtengan mejores resultados en lo que se refiere a la capacidad administrativa de los Estados miembros;

43.  Observa que, entre 2006 y 2016, los costes reales de Jaspers y la contribución financiera de la Comisión aumentaron inicialmente y, posteriormente, se mantuvieron estables en torno a los 30 millones de euros anuales, con una contribución de la Comisión que fluctuaba entre el 70 % y el 80 %;

44.  Considera que los beneficiarios deberían participar en los costes de Jaspers en un nivel adecuado;

45.  Opina que, lógicamente, la función de Jaspers de «[...] ofrecer asesoramiento gratuito independiente a los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 o años posteriores con el fin de ayudarles a preparar propuestas de alta calidad de grandes proyectos de inversión para su financiación a través del Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la UE [...]» debería haberse aligerado al ajustarse los nuevos Estados miembros a los sistemas y procedimientos de la Unión;

46.  Está muy preocupado por la siguiente observación del Tribunal: «VIII. El BEI [Banco Europeo de Inversiones] no se mostraba dispuesto a facilitar información sobre los costes reales de Jaspers y la Comisión solo pudo demostrar parcialmente la plausibilidad de los costes estándar de Jaspers utilizados hasta 2014 para el personal facilitado por el BEI»;

47.  Insiste en que el BEI ponga a disposición del Tribunal toda la información pertinente para su trabajo de auditoría; pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el BEI coopere a este respecto;

Parte VII – Informe Especial n.º 2/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «La eficiencia operativa de la gestión por el BCE de las crisis de los bancos»

48.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal sobre la eficiencia operativa de la gestión por el BCE de las crisis de los bancos, sus recomendaciones y la disposición de la Comisión para poner en práctica todas las recomendaciones, excepto una;

49.  Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que el BCE no permitiese al Tribunal acceder a toda la documentación o información solicitada que el Tribunal estimó necesaria para cumplir su misión, y pide al BCE que corrija esta política;

50.  Opina que una plena cooperación del BCE es totalmente necesaria, debería ser inmediata y habría reforzado la transparencia y la rendición de cuentas;

51.  Recuerda con pesar que el Tribunal no es el principal auditor externo del BCE y que el Tribunal solo está facultado para examinar la eficiencia operativa de la gestión del BCE (artículo 27 del Protocolo n.º 4 anejo al TFUE);

52.  Señala un aparente desequilibrio interinstitucional: si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) desempeña una función destacada en la supervisión de las actividades del BCE (artículo 35 del Protocolo n.º 4), al Tribunal de Cuentas Europeo solo se le ha otorgado un papel modesto en la verificación de la gestión financiera del banco (examinar la eficiencia operativa de la gestión), lo que perjudica a la transparencia y la rendición de cuentas;

53.  Insta, en consecuencia, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a que amplíen el cometido del Tribunal con respecto al BCE durante la próxima revisión de los Tratados;

Parte VIII– Informe Especial n.º 3/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Fiscalización del procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM)»

54.  Toma nota del Informe Especial del Tribunal relativo al procedimiento de desequilibrio macroeconómico, sus recomendaciones y la disposición de la Comisión para seguir la mayoría de dichas recomendaciones;

55.  Señala que el PDM forma parte del ejercicio del Semestre Europeo, que comienza con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento (EPAC) y el Informe sobre el Mecanismo de Alerta (IMA) en otoño del año n-1; si el IMA, que está basado en un cuadro de indicadores y umbrales, muestra la posible aparición de un problema específico, se somete al Estado miembro correspondiente a un examen exhaustivo;

56.  Observa que la Comisión informa al Parlamento Europeo, al Consejo y al Eurogrupo si concluye que existen desequilibrios macroeconómicos a partir de los resultados del examen exhaustivo; en tal caso, el Consejo, previa recomendación de la Comisión, dirige una recomendación al Estado miembro correspondiente (con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 121, apartado 2, del TFUE); estas recomendaciones preventivas del PDM forman parte de las recomendaciones específicas por país;

57.  Determina, junto con el Tribunal, que las recomendaciones del Consejo pueden presentar un sesgo político y que esto parece ser la norma y no la excepción;

Parte IX – Informe Especial n.º 4/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asistencia de la UE a Myanmar/Birmania»

58.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

59.  Reconoce la dificultad de la situación política y la complejidad de los desafíos operativos a los que han de enfrentarse el SEAE, la Comisión y la Delegación de la Unión, en particular en los Estados de Rakáin, Kachin y Shan;

60.  Pide al SEAE y a la Comisión que sigan desarrollando un programa de cooperación al desarrollo a largo plazo, global y ambicioso que movilice todos los instrumentos a su disposición, y ayude a Myanmar/Birmania a desarrollar y perfeccionar su estrategia global de desarrollo definiendo al mismo tiempo progresivamente un marco de resultados nacional con herramientas para medir el impacto y la sostenibilidad de la ayuda;

61.  Pide que se defina una buena combinación de políticas en la lógica de la intervención de la Unión y la elección de los sectores principales de desarrollo sobre la base de una evaluación sectorial regular de las necesidades, en beneficio de la viabilidad, la complementariedad y la sostenibilidad de los proyectos; pide que los resultados de la evaluación estratégica del país que concluirá en 2018 se envíen cuanto antes al Parlamento;

62.  Considera también necesario garantizar la suficiente flexibilidad a la hora de diseñar los programas de ayuda y su puesta en práctica, en un contexto político y operativo particularmente difícil, con el fin de mejorar de manera más sistemática las capacidades nacionales y de garantizar una cobertura geográfica adecuada teniendo en cuenta la capacidad de absorción real del país;

63.  Lamenta que la Comisión no haya determinado de modo suficiente las prioridades geográficas regionales de su ayuda; toma nota de que el primer estudio sobre las necesidades específicas del Estado de Rakáin se llevó a cabo en 2017; considera que una evaluación específica de dicho Estado debía haber sido la prioridad de la delegación de la Unión a su llegada en 2013;

64.  Anima a reforzar la capacidad del sector público y de las estructuras institucionales para crear un marco de gobernanza más responsable, garantizando un apoyo más estratégico a las principales instituciones de control del país;

65.  Recuerda que el «refuerzo del Estado» debe ocupar un lugar central en la estrategia de desarrollo de la Unión, de conformidad con los principios de intervención en contextos frágiles, en particular el refuerzo institucional, la transparencia y la eficacia de la gestión de la hacienda pública, todo ello combinado con un diálogo político reforzado;

66.  Apoya el refuerzo de la cooperación sobre el terreno con los socios internacionales para aumentar la rentabilidad de las acciones multidonantes en la medida en que una coordinación eficaz de los donantes sigue siendo una condición esencial para evitar la duplicación y la fragmentación de la ayuda;

67.  Lamenta las deficiencias detectadas en materia de intercambio de información entre la DG DEVCO y la DG ECHO en los Estados de Rakáin y Kachin; lamenta que haya sido necesario esperar hasta septiembre de 2016 para que se ponga en marcha un procedimiento de intercambio de información entre ambas direcciones generales; pide a este respecto una mejor articulación de la ayuda humanitaria y de la ayuda al desarrollo, con vínculos más estrechos entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo a través de una plataforma interservicios VARD permanente; considera que, siempre que sea posible, deben aplicarse unos enfoques integrados, con objetivos de coordinación claramente establecidos, y una estrategia por país coherente entre la DG ECHO y la DG DEVCO, además del intercambio de mejores prácticas; pide, a este respecto, la inclusión sistemática del planteamiento VARD en el ciclo de financiación de las operaciones;

68.  Pide, además, a los servicios de la Comisión que consideren con mayor atención la articulación y transición de las actividades humanitarias a corto plazo hacia las intervenciones de desarrollo a largo plazo y hacia una coordinación coherente no solo entre los diferentes agentes del desarrollo sobre el terreno, sino también con las prioridades nacionales gracias a una estrategia y un marco comunes de ayuda humanitaria y de desarrollo;

69.  Recomienda que se garantice un mejor seguimiento de la ejecución de los proyectos y de las acciones ofreciendo una mejor justificación de los importes asignados por sectores prioritarios en los documentos de programación y de gestión a fin de prever, cuando proceda, cualquier posible reajuste de la ayuda para nuevas necesidades de aquí a 2020, velando al mismo tiempo por que se dé una mayor visibilidad a las actividades de la Unión; considera que la visibilidad de los donantes y la existencia de información de gestión adecuada sobre los proyectos son importantes para que se reconozcan las contribuciones de cada uno y se mantenga la obligación de rendir cuentas;

70.  Lamenta que no se dedique la parte más importante del Fondo Conjunto para la Paz al Estado de Rakáin; considera que se trata de una oportunidad perdida para esta región especialmente vulnerable; pide a la Comisión que amplíe el ámbito de aplicación de este fondo al Estado de Rakáin;

71.  Recuerda que, cuando se opte por el apoyo presupuestario como una de las modalidades de ejecución de la ayuda, la Comisión debería, en coordinación con otros donantes:

   ofrecer un apoyo adecuado al refuerzo de capacidades y centrarse en las funciones clave de gestión de las finanzas públicas, incluidos los mecanismos de responsabilización y de lucha contra la corrupción;
   apoyar la preparación oportuna de un programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas apropiado;
   definir, cuando proceda, medidas a más corto plazo para proteger los fondos de la Unión contra los despilfarros, las pérdidas y la ineficiencia;

Parte X – Informe Especial n.º 5/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Energía renovable para un desarrollo rural sostenible: posibles sinergias significativas, pero en su mayoría no materializadas en la práctica»

72.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al diseñar su futura política de energía renovable, tengan en cuenta las circunstancias y las necesidades de las comunidades y la economía rurales, estudien los posibles impactos positivos y negativos de la política y velen por que sus efectos afecten equitativamente a las zonas rurales; pide que, a este fin, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, desarrolle un mecanismo pertinente que podría inspirarse en el mecanismo de comprobación de la repercusión en las zonas rurales contemplado en la orientación política 1 de la Declaración de Cork 2.0 de 2016;

73.  Pide a la Comisión que introduzca esta herramienta en el proceso de consulta con los Estados miembros sobre los planes nacionales integrados de energía y clima, que la Comisión debe recibir antes del 1 de enero de 2019, y oriente a los Estados miembros sobre cómo aplicarla;

74.  Pide a la Comisión que, junto con los colegisladores, diseñe el futuro marco político para la bioenergía de una forma que ofrezca suficientes salvaguardias contra el suministro insostenible de biomasa para energía; considera que el marco debe reconocer y abordar los riesgos para la sostenibilidad del impulso del uso de la bioenergía mediante objetivos y regímenes de ayuda financiera, y garantizar que se mitiguen los riesgos ambientales y socioeconómicos asociados;

75.  Pide a la Comisión que defina qué deben lograr las inversiones en energías renovables del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), cómo deben aportar valor añadido a las zonas rurales; y cómo el Feader debe completar los actuales regímenes de financiación nacionales y de la Unión sin correr el riesgo de convertirse en otra fuente de financiación para las energías renovables sin que se dé prioridad al desarrollo rural al diseñar su futura política de desarrollo rural;

76.  Pide a la Comisión, en este contexto, que aproveche la experiencia de buenas prácticas constatada durante la auditoría del Tribunal (evaluación de la energía renovable en las zonas rurales, proyectos de suministro de energía a terceros financiados a través del Feader, proyectos de energía renovable para consumo propio), así como la experiencia similar descrita en el estudio de la OCDE «Linking Renewable Energy to Rural Development» (Vincular la energía renovable al desarrollo rural);

77.  Pide a los Estados miembros que, con respecto a las ayudas del Feader a la energía renovable, aporten información pertinente a la Comisión sobre los logros programáticos de los proyectos en materia de energía renovable en sus informes anuales de ejecución mejorados de 2019; esta información debería permitir a la Comisión conocer el gasto del Feader destinado a proyectos de energía renovable, la capacidad instalada o la energía generada a partir de estos proyectos; pide a la Comisión que defina con mayor precisión los distintos tipos de indicadores al preparar el periodo de programación posterior a 2020;

78.  Pide a la Comisión que recuerde a los Estados miembros que deben aplicar procedimientos de selección pertinentes con el fin de apoyar solo proyectos de energía renovable viables con un beneficio claro para el desarrollo rural sostenible;

Parte XI – Informe Especial n.º 6/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Libre circulación de trabajadores: la libertad fundamental está asegurada, pero una mejor orientación de los fondos de la UE contribuiría a la movilidad de los trabajadores»

79.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal de Cuentas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones del Tribunal;

80.  Subraya que la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental de la Unión y una de las mayores ventajas del mercado único en la medida en que constituye una ventaja para ambas partes de la relación laboral, y garantiza la protección de los derechos de los trabajadores y la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo;

81.  Observa con preocupación que en la Unión persisten numerosos obstáculos a la movilidad libre y justa de los trabajadores, y que las acciones llevadas a cabo por la Comisión y los Estados miembros no pueden abordar plenamente los problemas a los que se enfrentan los trabajadores que desean trabajar en otros Estados miembros, como la falta de información sobre los derechos de los trabajadores en relación con el empleo y las condiciones de trabajo y los derechos en materia de seguridad social, así como la falta de medidas adecuadas para evitar la discriminación de los trabajadores móviles y garantizar la aplicación eficaz de sus derechos;

82.  Toma nota de las observaciones del Tribunal que indican que la Comisión ha puesto en marcha instrumentos para informar a los ciudadanos de sus derechos y ha establecido sistemas para denunciar la discriminación contra la libertad de circulación de los trabajadores; muestra su inquietud, no obstante, por que el Tribunal considera que, pese a estos instrumentos y sistemas, la Comisión no dispone de información sobre el grado de conocimiento entre los ciudadanos de estos instrumentos ni sobre el grado de discriminación que existe contra la libertad de circulación a escala de la Unión;

83.  Observa que, a menudo, los posibles beneficiarios desconocen algunos de los instrumentos puestos en marcha por la Comisión para favorecer la movilidad laboral y expresa su preocupación por el hecho de que, en algunos Estados miembros, solo una pequeña parte de las ofertas de empleo se publican en el Portal Europeo de la Movilidad Profesional (EURES); llama la atención sobre el hecho de que estos instrumentos se financian con cargo al presupuesto y que el Fondo Social Europeo (FSE) y el programa de Empleo e Innovación Social (EaSI) dentro del MFP 2014-2020 ofrecen posibilidades de financiación para medidas y actividades relativas a la movilidad laboral a escala nacional y de la Unión, que, sin embargo, no se utilizan suficientemente;

84.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen las oportunidades de financiación disponibles para aplicar medidas que garanticen que los instrumentos proporcionan información completa acerca de los puestos vacantes y los derechos de los trabajadores, con el fin de que los ciudadanos conozcan en mayor medida estos instrumentos y la información que ofrecen, así como para supervisar en qué grado se tiene conocimiento de ellos con vistas a reforzarlo; anima, en este sentido, a la Comisión a que promueva la publicidad de los aspectos prácticos de la movilidad laboral, en concreto a través de las nuevas tecnologías, los motores de búsqueda en internet y la publicidad, e insiste en que debe reforzarse la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros; invita, en especial, a las autoridades nacionales respectivas y a los coordinadores de EURES a que colaboren más activamente con los empresarios a fin de promover EURES y las oportunidades de movilidad laboral en la Unión; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una correcta complementariedad y adicionalidad entre las acciones financiadas por el FSE y el EaSI;

85.  Comparte la opinión del Tribunal de que la información y el conocimiento sobre la magnitud y los tipos de discriminación contra la libre circulación de los trabajadores son necesarios para abordar eficazmente estos casos; insta, por tanto, a la Comisión, a que adopte medidas, en cooperación con los Estados miembros, para mejorar la eficacia de los sistemas existentes con el fin de detectar los casos de discriminación, así como a que adopte nuevas medidas para prevenir y eliminar obstáculos y discriminaciones con respecto a la movilidad laboral equitativa;

86.  Destaca que la imposibilidad de transferir las cotizaciones de seguridad social priva a los trabajadores de determinados derechos sociales y constituye un elemento disuasorio para la movilidad de los trabajadores; pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar las propuestas legislativas pertinentes y de establecer incentivos para los Estados miembros que deseen aplicar la portabilidad de los derechos de pensión, respetando plenamente el marco jurídico existente;

87.  Toma nota de que el reconocimiento mutuo de los títulos universitarios y las cualificaciones profesionales por parte de los Estados miembros sigue siendo un reto y un importante obstáculo para la movilidad laboral; subraya que este procedimiento debería ser simple, asequible y sencillo tanto para los ciudadanos como para las administraciones nacionales implicadas; insta a la Comisión a que fomente el intercambio de mejores prácticas entre los Estados dentro de los grupos de trabajo del Consejo y, cuando proceda, las plataformas de la OCDE;

88.  Manifiesta su preocupación ante la falta de comparabilidad de los datos proporcionados por los Estados miembros relativos a la movilidad laboral; pide a la Comisión que proporcione directrices a los Estados miembros sobre qué datos deben recopilarse y con qué finalidad; insiste asimismo en que la Comisión debe mejorar la recogida y la presentación de los datos estadísticos sobre la libre circulación de los trabajadores y, en particular, sobre los problemas a los que se enfrentan los trabajadores móviles en países distintos del propio;

89.  Lamenta que el equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra, así como el equilibrio entre las competencias y las necesidades del mercado laboral en los Estados miembros sigan siendo objetivos pendientes en el marco de la política de movilidad laboral; pide a los Estados miembros que exploten plenamente las posibilidades ofrecidas por el FSE, el EaSI y EURES para la promoción de la movilidad laboral, con el fin de reducir el desempleo en algunos Estados miembros y regiones, así como para hacer frente a los desequilibrios relativos a las competencias y la escasez de mano de obra en otros lugares;

90.  Observa con preocupación los problemas relacionados con los requisitos para los proyectos de movilidad transfronteriza financiados en el marco del EaSI, y pide a la Comisión que aborde estas cuestiones en sus próximas convocatorias de propuestas mediante la inclusión de indicadores de resultados obligatorios que permitan medir en la práctica el valor añadido de la financiación de la Unión y los efectos de la ayuda prestada;

91.  Pide, habida cuenta de las conclusiones del Tribunal en relación con la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para reforzar la movilidad laboral en la Unión y eliminar los obstáculos para acceder a ella, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada durante el periodo 2021-2027 para las medidas de movilidad laboral equitativa que permitan la continuación y el buen funcionamiento de los instrumentos y los sistemas pertinentes en este ámbito; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el mantenimiento y el aumento de la eficacia de las medidas y las actividades que facilitan la libre circulación de los trabajadores, tanto mediante una mejor selección de los recursos financieros como mediante el refuerzo de la cooperación y la coordinación entre los servicios competentes de la Comisión, las autoridades nacionales y todas las partes interesadas pertinentes a escala nacional y de la Unión;

Parte XII – Informe Especial n.º 7/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de preadhesión de la UE a Turquía: solo resultados limitados hasta la fecha»

92.  Estima que, a partir del programa del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) de 2018, la Comisión debe orientar mejor los fondos del IAP en ámbitos en los que las reformas han sufrido retrasos y son necesarias para lograr un avance creíble hacia la adhesión a la Unión, en particular por lo que se refiere a la independencia e imparcialidad de la justicia, la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, el refuerzo de la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el fortalecimiento de la auditoría externa y la sociedad civil;

93.  Pide a la Comisión que, en la próxima actualización de sus evaluaciones del enfoque sectorial, abarque de modo exhaustivo todas las características clave de la coordinación entre los donantes de Turquía, un análisis presupuestario por sectores y, en particular, su marco de evaluación de los resultados;

94.  Pide a la Comisión que, habida cuenta del impacto que el retroceso ya está teniendo en la sostenibilidad de los proyectos en Turquía, recurra en mayor medida a la condicionalidad política y de los proyectos, mediante:

   propuestas al comité IAP II de ajustar el total de las dotaciones del IAP II para el año «N», reconduciendo o reduciendo fondos de dicho instrumento a fin de responder a casos de retroceso en los sectores del Estado de Derecho y la gobernanza, señalados en su Informe Anual sobre Turquía en el año «N-1»;
   la decisión, antes del final de 2017 y de 2020, de conceder o no a Turquía la recompensa de resultados. Esta decisión debería reflejar de manera precisa los avances logrados hacia la ampliación, la ejecución eficiente del IAP y la consecución de buenos resultados;
   un uso cada vez mayor del modelo de gestión directa para abordar necesidades fundamentales cuando exista una falta de voluntad política, en particular, en la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, el refuerzo de la libertad de prensa, la prevención de los conflictos de intereses y el refuerzo de la sociedad civil;
   en el caso de los nuevos proyectos y cuando proceda, la determinación de condiciones en forma de requisitos mínimos para apoyar la ejecución oportuna de las realizaciones previstas y la sostenibilidad; si estas condiciones no se cumplen, ello debería suponer la aplicación de medidas correctoras (por ejemplo, la suspensión de los pagos o la cancelación del proyecto);

95.  Anima a la Comisión a que amplíe la cobertura de sus informes del seguimiento orientado a los resultados en cuanto a las operaciones cofinanciadas por la Unión en Turquía y a que mejore la pertinencia y la fiabilidad de sus indicadores de proyectos incluyendo la disponibilidad de datos de referencia, en su caso;

96.  Estima que, en el marco del IAP II, la Comisión debe aplicar de manera selectiva la gestión indirecta, teniendo en cuenta el volumen de los fondos implicados, la complejidad de los proyectos que deben preparar y licitar las autoridades turcas, y la capacidad de la agencia responsable de contratar y financiar los programas con fondos de la Unión;

Parte XIII – Informe Especial n.º 8/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Apoyo de la UE a las inversiones productivas en empresas: es preciso un mayor hincapié en la durabilidad»

97.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, en particular porque llama la atención, oportunamente, sobre la necesidad de mecanismos de seguimiento y de garantía adicionales tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros para velar por la durabilidad de los resultados de los proyectos; destaca, en este contexto, las conclusiones del Tribunal en el sentido de que en los programas operativos examinados no se determinaron debidamente las necesidades específicas de las empresas de distintos sectores o de distinta envergadura (deficiencias del mercado) y que la consecución de resultados a largo plazo no constituía una prioridad;

98.  Considera que debe reforzarse el papel de las inversiones productivas financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feader) como factor clave para el crecimiento, el empleo sostenible y la reducción de las disparidades y desigualdades en el contexto de la futura evolución de la política de cohesión con vistas al próximo periodo de programación a fin de alcanzar una convergencia al alza, además de la cohesión económica, social y territorial entre los Estados miembros y las regiones;

99.  Señala que, si bien una serie de los proyectos objeto de auditoría han respetado las normas pertinentes y han logrado los resultados previstos, no fueron capaces de aportar pruebas en cuanto a la eficacia de los proyectos y las mejoras alcanzadas de carácter permanente;

100.  Señala, a este respecto, que el Reglamento sobre disposiciones comunes para el periodo 2014-2020 (artículo 71) no incluía disposiciones que definiesen la obtención de resultados y su sostenibilidad como criterio para la durabilidad de las operaciones; llama la atención, por consiguiente, sobre la conclusión del Tribunal relativa a la diferencia sustancial entre la medición de las realizaciones y de los resultados desde el punto de vista de la medición de la durabilidad de los proyectos;

101.  Considera que, a fin de garantizar el valor añadido real de las inversiones productivas, es necesario incluir la obtención de resultados como consideración fundamental en la evaluación de la durabilidad de los proyectos; apoya firmemente, a este respecto, la definición del Tribunal de durabilidad como «la capacidad de un proyecto para mantener sus beneficios durante un tiempo prolongado después de su finalización»;

102.  Lamenta que la Comisión no haya tenido en cuenta en sus propuestas legislativas para reglamentos en el periodo 2021-2027 la recomendación explícita del Tribunal relativa a la determinación de prioridades claramente no solo en relación con las realizaciones sino, también, los indicadores necesarios para medir los resultados;

103.  Comparte la preocupación del Tribunal en lo que se refiere a velar por la durabilidad de las inversiones en las pymes habida cuenta de lo limitado de su capacidad empresarial, la tasa elevada de deficiencias y/o una vulnerabilidad particular a condiciones económicas adversas; pide, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros que hagan hincapié en maneras y medios para promover asociaciones fructíferas y duraderas entre las pymes interesadas, tomando en consideración las experiencias tanto positivas como problemáticas del pasado;

104.  Considera, asimismo, que las inversiones productivas futuras podrían lograr resultados duraderos si se integrasen en una estrategia industrial global actualizada como parte de la futura política de cohesión; es de la opinión que, de este modo, las inversiones productivas contribuirían materialmente a superar las graves disparidades en relación con los niveles de desarrollo industrial entre los Estados miembros y las regiones, tal y como se señala en el Sexto y Séptimo informes de cohesión;

105.  Pide a la Comisión que se comprometa totalmente a aplicar las recomendaciones del Tribunal y a proporcionar a los Estados miembros una orientación oportuna y adecuada, por ejemplo adoptando directrices claras y transparentes sobre la manera de definir y aplicar los criterios de durabilidad de los proyectos así como utilizando todos los mecanismos disponibles, tales como la aprobación de los programas operativos, el seguimiento y el control, con el fin de animar a los Estados miembros a asumir las responsabilidades que les corresponden, evitando al mismo tiempo una carga administrativa adicional para los beneficiarios o las autoridades nacionales respectivas;

106.  Pide, por otra parte, a la Comisión que haga mayor hincapié en la durabilidad de los proyectos en las fases preparatoria y de negociación del futuro periodo de programación, estableciendo un marco claro de afectaciones y objetivos; insta, además, a las autoridades de los Estados miembros a que respeten y apliquen las recomendaciones del Tribunal y a que colaboren con la Comisión para examinar las prácticas existentes y establecer normas y procedimientos comunes dirigidos a garantizar la durabilidad de los resultados de los proyectos;

Parte XIV – Informe Especial n.º 9/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados»

107.  Estima que la Comisión y los Estados miembros no deben promover un uso más intensivo y generalizado de las asociaciones público-privadas (APP) hasta que se aborden los problemas detectados en el presente informe y se apliquen satisfactoriamente las siguientes recomendaciones; en particular, mejorar los marcos institucionales y jurídicos y la gestión de los proyectos y aumentar la seguridad de que la elección de la opción de la APP es la que ofrece la mejor relación calidad-precio y de que los proyectos de APP se gestionarán probablemente de manera satisfactoria; destaca que no detectar y asignar correctamente los riesgos de proyectos puede conllevar implicaciones financieras para el socio público y obstaculizar el logro de los objetivos del proyecto;

108.  A fin de compartir mejor el coste de los retrasos y las renegociaciones entre los socios, con el objetivo de mitigar la repercusión financiera de los retrasos atribuibles al socio público y de las renegociaciones de contratos sobre el coste final de las APP asumido por el socio público, se recomienda que:

   los Estados miembros identifiquen y propongan disposiciones contractuales generales que limiten el importe de los posibles costes adicionales que deba abonar el socio público;
   los Estados miembros evalúen cualquier renegociación de contrato anticipada para garantizar que los costes consiguientes soportados por el socio del sector público estén debidamente justificados y sean conformes a los principios de optimización de los recursos;

109.  A fin de garantizar que la opción de la APP sea la que optimice la relación calidad-precio y alcance sus potenciales beneficios, se recomienda que:

   los Estados miembros basen la selección de la opción de la APP en análisis comparativos sólidos, como el comparador del sector público, y enfoques apropiados garanticen que la opción de la APP se seleccione únicamente si optimiza la relación calidad-precio, también incluso en hipótesis pesimistas;
   la Comisión garantice el pleno acceso del Tribunal a la información necesaria para evaluar la elección de la opción de contratación y el correspondiente procedimiento de contratación de las autoridades públicas incluso en el caso de que la financiación de la Unión se suministre directamente a entidades privadas mediante instrumentos financieros;

110.  A fin de garantizar que los Estados miembros dispongan de la capacidad administrativa necesaria y se pongan en marcha políticas y estrategias en materia de APP para ejecutar con éxito proyectos financiados por la Unión, se recomienda que:

   los Estados miembros establezcan políticas y estrategias claras en materia de APP que definan con claridad la función que se espera que desempeñen las APP en sus políticas de inversión en infraestructuras, con miras a determinar los sectores en los que las APP resulten más idóneas y a establecer posibles límites en cuanto a la medida en que estas pueden utilizarse con eficacia;
   la Comisión proponga enmiendas legislativas para concentrar el apoyo financiero a futuras APP en sectores que considere de alta relevancia estratégica y compatibles con los compromisos a largo plazo de las APP, como la red básica de RTE-T;

111.  A fin de mitigar el riesgo de sesgo hacia la selección de la opción de la APP, promover una mayor transparencia y garantizar que las APP puedan financiarse eficazmente con fondos de la Unión, se recomienda que:

   la Comisión condicione el apoyo de la Unión a los proyectos de APP a la garantía de que la selección de la opción de la APP esté justificada por consideraciones de relación calidad-precio y de ese modo no esté influida indebidamente por consideraciones relativas a limitaciones presupuestarias o a su tratamiento estadístico;
   los Estados miembros mejoren la transparencia mediante la publicación de listas periódicas de proyectos de APP, que incluyan datos suficientes y significativos sobre los activos financiados, sus compromisos futuros y el tratamiento de sus balances financieros manteniendo la protección de datos confidenciales y comercialmente sensibles;
   la Comisión evalúe la complejidad adicional de proyectos de APP combinados con la Unión con miras a futuras medidas destinadas a simplificar las normas y procedimientos pertinentes de los programas de la Unión;

Parte XV – Informe Especial n.º 10/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «El régimen de pago básico para agricultores funciona desde el punto de vista operativo, pero tiene una repercusión limitada en la simplificación, la orientación y la convergencia de los niveles de ayuda»

112.  Pide a la Comisión que garantice la aplicación adecuada de los controles clave por los Estados miembros, y que estos corrijan los derechos del RPB cuyos valores estén significativamente afectados por la no aplicación de las normas pertinentes o por la ausencia de información actualizada sobre el uso de la tierra;

113.  Pide a la Comisión que:

   revise y haga balance de la eficacia de sus sistemas a la hora de divulgar información entre los Estados miembros a fin de lograr la mayor coherencia posible en su interpretación y aplicación del marco jurídico del RPB;
   valore opciones para la futura legislación que le permitan hacer cumplir la transmisión, por parte de los Estados miembros, de información clave sobre la aplicación de los regímenes de ayudas directas;
   aclare las funciones respectivas de la Comisión y de los organismos de certificación en la comprobación de la existencia de controles clave eficaces y el cálculo centralizado de los derechos del RPB;

114.  Pide a la Comisión que, antes de formular propuestas para la futura concepción de la política agrícola común, evalúe la situación de todos los grupos de agricultores en relación con la renta y analice su necesidad de ayudas a la renta, teniendo en cuenta la distribución actual de las ayudas nacionales y de la Unión, el potencial agrícola de la tierra, las diferencias de las superficies dedicadas principalmente a la producción agrícola o al mantenimiento, el coste y la viabilidad de la agricultura, las rentas procedentes de la producción de alimentos y de otra producción agrícola y de otras fuentes no agrícolas, los factores de la eficiencia y la competitividad de las explotaciones y el valor de los bienes públicos que proporcionan los agricultores; considera que la Comisión debe vincular, desde el principio, las medidas propuestas a objetivos operativos adecuados y a valores de referencia con los que se pueda comparar el rendimiento de las ayudas;

Parte XVI – Informe Especial n.º 11/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Las nuevas opciones para la financiación de proyectos de desarrollo rural son más simples pero no se centran en los resultados»

115.  Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y respalda varias de sus observaciones y recomendaciones;

116.  Lamenta que las nuevas opciones de costes simplificados sigan siendo una parte marginal del gasto en desarrollo rural y no refuercen el potencial de esta fuente de financiación, cuando la simplificación debería ser una manera de animar a los beneficiarios a participar en proyectos;

117.  Lamenta que haya muy pocos indicadores que permitan evaluar si los objetivos de esta medida se han alcanzado o no;

118.  Pide a los Estados miembros, así como a los beneficiarios y sus asociaciones, que aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el sistema de opciones de costes simplificados en el desarrollo rural;

119.  Recuerda que la simplificación debe permitir niveles adecuados de control, cuya responsabilidad debe estar claramente delimitada;

120.  Recuerda que la simplificación debe ser beneficiosa tanto para las administraciones como para los responsables de los proyectos;

Parte XVII – Informe Especial n.º 12/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «La banda ancha en los Estados miembros de la UE: pese a los avances, no se cumplirán todos los objetivos de la Estrategia Europa 2020»

121.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones;

122.  Celebra la aspiración de la Comisión de invertir en la futura transformación digital, como se pone de manifiesto en la propuesta de MFP 2021-2027;

123.  Reconoce la importante iniciativa legislativa de la Comisión en el ámbito de la digitalización y llama la atención sobre iniciativas como «WiFi4EU», que apoya la instalación de equipos wifi de última generación en los centros de la vida comunitaria;

124.  Toma nota de los esfuerzos de la Comisión por mejorar la cobertura de la banda ancha en toda la Unión pero lamenta que muchas zonas rurales sigan siendo lagunas de banda ancha;

125.  Reconoce los esfuerzos de la Comisión para aumentar de forma significativa y diversificar las fuentes de financiación para apoyar la conectividad de banda ancha; Recuerda que para el periodo de programación 2007-2013 la Unión invirtió 2 740 millones de euros, mientras que, para el actual periodo de programación, las inversiones de la Unión ascienden a casi 15 000 millones de euros, lo que representa un aumento superior al quíntuplo;

126.  Está convencido de que las conexiones de internet de alta velocidad son un elemento esencial del mercado único digital y, por consiguiente, pueden ofrecer a los Estados miembros una ventaja competitiva en asuntos económicos, sociales y educativos; estima que una velocidad y un acceso a internet de buena calidad son cruciales para las vidas de los ciudadanos, así como para las empresas y los gobiernos nacionales;

127.  Subraya que las inversiones en banda ancha contribuirán a promover la inclusión social y la lucha contra la despoblación en las zonas rurales y aisladas; estima que las zonas rurales y más apartadas deben tener acceso a la banda ancha para crear un mercado único homogéneo;

128.  Acoge con satisfacción, a este respecto, la propuesta de la Comisión sobre la revisión de las normas de telecomunicación de la Unión, que tiene por objeto poner en marcha la inversión, en particular en zonas menos viables desde el punto de vista económico, caracterizadas por una baja densidad de población, o en las zonas rurales;

129.  Está de acuerdo con la recomendación del Tribunal de que los Estados miembros deben elaborar planes revisados para el periodo posterior a 2020;

130.  Pide, por lo tanto, a todos los Estados miembros que se aseguren de que no solo los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para la banda ancha se cumplen a su debido tiempo, sino también los objetivos de la Comisión para una sociedad del gigabit en 2025; solicita que todas las zonas urbanas y las principales vías de transporte terrestre dispongan de una cobertura 5G ininterrumpida, así como que todos los hogares europeos, las pymes y las administraciones públicas locales, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, y en particular en las zonas despobladas y escasamente pobladas, tengan acceso a una conectividad a internet que permita velocidades de descarga de, como mínimo, 100 Mbps, actualizables a velocidad gigabit;

131.  Suscribe el punto de vista del Tribunal según el cual todos los Estados miembros deberían revisar el mandato de sus autoridades reguladoras nacionales con arreglo al marco regulador del sector de las telecomunicaciones de la Unión revisado, a fin de que puedan imponer sus recomendaciones y medidas correctoras (entre ellas sanciones por incumplimiento) a los operadores;

132.  Considera que el apoyo financiero a la banda ancha debe constituir una combinación equilibrada de subvenciones e instrumentos financieros, en los que las inversiones deben guiarse por la lógica de la intervención y tener en cuenta las realidades regionales y del mercado;

133.  Está convencido de que el apoyo a la banda ancha mediante instrumentos financieros se centra principalmente en regiones económicamente viables y mercados locales bien desarrollados; observa que las subvenciones son más adecuadas para las zonas rurales, montañosas y remotas, en las que las inversiones y operaciones privadas con instrumentos financieros son más arriesgadas por defecto;

134.  Comparte la opinión del Tribunal de que la Comisión debe recopilar y difundir las mejores prácticas en el ámbito de la banda ancha, más concretamente sobre la planificación de las inversiones y la ejecución de los proyectos;

135.  Está convencido de que la Comisión seguirá aclarando a los Estados miembros la aplicación de las ayudas estatales para la banda ancha y acoge con satisfacción la intención de la Comisión de incluir información adicional en relación con los objetivos de 100 Mbps y de la sociedad del gigabit;

Parte XVIII – Informe Especial n.º 13/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Hacer frente a la radicalización que conduce al terrorismo: la Comisión respondió a las necesidades de los Estados miembros, pero con algunas deficiencias en la coordinación y la evaluación»

136.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, suscribe sus recomendaciones y formula a continuación sus propias observaciones y recomendaciones;

137.  Insta a la Comisión a que examine cómo se puede simplificar la gestión de las acciones que tienen por objeto hacer frente a la radicalización, por ejemplo, integrando el número de fondos en los que se basan esas acciones o concentrando la gestión, que actualmente llevan a cabo ocho de sus Direcciones Generales así como Europol, Eurojust y los Estados miembros, con vistas a mejorar la coordinación y la eficiencia;

138.  Reconoce que la presupuestación basada en el rendimiento puede constituir un desafío particular en el caso de las acciones destinadas a prevenir la radicalización, pero hace hincapié en que los indicadores relativos a, por ejemplo, el número de expertos que participa en reuniones no son por sí mismos suficientes para medir el rendimiento; insta a la Comisión a que examine, en particular, por qué los niveles de participación en sus actividades varían considerablemente entre los Estados miembros, así como a que se concentre en las actividades que son pertinentes para la mayoría de los Estados miembros;

139.  Insta a la Comisión a que mantenga informado al Parlamento sobre el seguimiento del informe provisional del Grupo de expertos de alto nivel de la Comisión sobre radicalización en lo que respecta a los debates con los Estados miembros sobre la mejor manera de evaluar los programas e intervenciones pertinentes;

140.  Reconoce que, a menudo, la prevención de la radicalización requiere un profundo conocimiento de la situación en el ámbito local, es decir de los barrios, y que este tipo de información no puede generalizarse, dado que cada barrio puede tener sus propios desafíos y oportunidades; señala, a este respecto, la importante función de las instituciones educativas locales, las organizaciones benéficas y sociales locales y las autoridades locales, incluidos los agentes de policía destinados a un barrio específico; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que lo tengan presente cuando intercambien buenas prácticas y a que eviten los estereotipos o las generalizaciones;

141.  Hace hincapié en que, posiblemente, la eficiencia y la efectividad de las actividades de la Comisión en lo referente a la ayuda a los Estados miembros en la prevención de la radicalización sean máximas cuando se refieren a casos transfronterizos, en particular en cuanto a la información facilitada a través de internet; apoya el procedimiento de supresión de conflictos de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet (UNCI) de Europol y la decisión de centrarla en la propaganda en línea que los terroristas utilizan para atraer al mayor número posible de seguidores; insta a la Comisión a que mejore sus métodos de medición de la efectividad de la UNCI examinando cuánto contenido terrorista han eliminado las empresas de internet solo a petición de esta Unidad sin haber sido señalado también por las unidades nacionales, la sociedad civil o las propias empresas de internet, así como a que desarrolle métodos para demostrar efectividad por lo que respecta al volumen de propaganda terrorista que sigue disponible en internet, por ejemplo, porque, simplemente, la propaganda eliminada se vuelve a subir o se traslada a otras plataformas;

Parte XIX – Informe Especial n.º 14/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Centros de excelencia químicos, biológicos, radiológicos y nucleares de la UE: se necesitan más progresos»

142.  Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y observa con satisfacción que el Tribunal, la Comisión y el SEAE están de acuerdo en la mayoría de las recomendaciones;

143.  Pide a la Comisión y al SEAE que lleven a cabo un análisis conjunto de la Unión en el que se detecten los riesgos QBRN externos a la Unión a fin de vincular completamente la acción interior y exterior;

144.  Pide a la Comisión que integre la evaluación de los riesgos sistémicos en las metodologías de evaluación de necesidades y el plan nacional de acción y que responda con rapidez a todos los países socios que soliciten asistencia para finalizar sus evaluaciones de necesidades y planes nacionales de acción;

145.  Pide a la Comisión que aumente el número de actividades regionales, como los ejercicios de simulación teórica y sobre el terreno;

146.  Pide a la Comisión que asigne responsabilidades QBRN a los centros de coordinación designados o a los funcionarios de cooperación regional del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz destinados por periodos prolongados en todas las delegaciones de la Unión, y que incluya las cuestiones QBRN en el diálogo político, normativo y sobre seguridad;

147.  Pide a la DG Cooperación Internacional y Desarrollo y el SEAE que trabajen juntos con otras direcciones generales pertinentes de la Comisión, en particular la DG Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, así como con otros donantes, para buscar posibles sinergias y fuentes de financiación disponibles que podrían utilizarse mejor para apoyar las actividades QBRN;

148.  Pide a la Comisión que traduzca el objetivo general de la Iniciativa en objetivos más específicos que puedan utilizarse en el nivel de los proyectos, posibilitando la medición de los resultados desde el nivel de los proyectos hasta el nivel nacional, regional y de la Iniciativa;

149.  Pide a la Comisión que defina también indicadores de resultados e impacto que permitan evaluar la eficacia de la Iniciativa con respecto a los objetivos fijados;

150.  Pide a la Comisión que vele por que toda la información pertinente esté disponible en su portal web con los niveles de autorización de acceso adecuados, y por que las mejores prácticas y directrices sean accesibles a través del portal QBRN;

Parte XX – Informe Especial n.º 15/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali: progresos limitados y lentos»

151.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal sobre el refuerzo de la capacidad de las fuerzas de seguridad interior en Níger y Mali, y presenta sus observaciones y recomendaciones a continuación;

152.  Subraya, en primer lugar, los esfuerzos del conjunto de partes implicadas en el establecimiento de esas dos misiones de la Unión y del personal desplegado sobre el terreno para reforzar estructuralmente las capacidades institucionales para la seguridad interior de Mali y Níger con carácter duradero, todo ello en un contexto geopolítico regional que continúa siendo crítico y muy complicado a la vista de la combinación de las amenazas existentes;

153.  Lamenta que el personal de las misiones no recibiera formación antes del despliegue ni asistencia para el aprendizaje de los procedimientos y los proyectos sobre el terreno; considera que esa insuficiencia de formación provocó sin duda retrasos en la ejecución de las operaciones;

154.  Considera que el SEAE y la Comisión deben prestar constante y particular atención a las funciones de apoyo con miras a facilitar el despliegue rápido, eficaz y coherente de las misiones de la PCSD, así como impartir antes del despliegue formaciones a todo el personal acerca de los procedimientos y las políticas de la Unión, y elaborar directrices sobre las tareas operativas (evaluación de las necesidades, planificación y supervisión de las tareas y presentación de informes); estima asimismo que las lecciones extraídas de anteriores misiones de la PCSD también deben utilizarse para mejorar la eficiencia operativa de las misiones y facilitar la transferencia de conocimientos y las sinergias entre misiones;

155.  Lamenta que en Níger se haya puesto en peligro la seguridad del personal al verse este obligado a alojarse y trabajar en hoteles durante seis meses, sin ningún dispositivo especial de seguridad;

156.  Subraya que un entorno de trabajo seguro es esencial para la ejecución eficaz de las operaciones y la contratación de personal cualificado; invita al SEAE y a la Comisión a que mantengan en los presupuestos de las misiones un nivel suficiente de gastos en materia de seguridad, a fin de garantizar la ejecución óptima del mandato de las misiones;

157.  Reitera además la necesidad de hacer un uso eficaz de todos los canales de financiación adecuados para las futuras misiones de la PCSD, a saber, el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, el Fondo Europeo de Desarrollo y el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África y la ayuda humanitaria, con el fin de garantizar la consecución de los objetivos políticos de las misiones y la buena gestión financiera;

158.  Apoya la colaboración del SEAE con los Estados miembros a fin de garantizar que las misiones actuales y futuras de la PCSD cuenten con personal suficiente para operar rápidamente en un nivel próximo a su capacidad máxima autorizada (o al número total de puestos disponibles) y, si es posible, durante un periodo correspondiente a la duración de los mandatos de las misiones;

159.  Subraya que las ineficiencias operativas de estas dos misiones han sido uno de los principales obstáculos para el buen funcionamiento de la acción de la Unión; lamenta que la misión EUCAP Sahel Níger haya tardado dieciocho meses en tener personalidad jurídica;

160.  Considera que el Consejo y la Comisión deberían velar por que las futuras misiones de la PCSD dispongan de personalidad jurídica y de los presupuestos necesarios lo antes posible;

161.  Pide al SEAE y a la Comisión que presten especial atención a los procedimientos de contratación pública y de recursos humanos a fin de garantizar que respondan a las necesidades operativas de la PCSD; observa que la ejecución de las operaciones se ha visto afectada por procedimientos de contratación pública farragosos, que han dado lugar a resultados insuficientes;

162.  Toma nota de las dificultades encontradas para cubrir los puestos vacantes; recuerda que los índices de ocupación de los puestos fueron del 72 % en Níger y del 77 % en Mali; anima al SEAE y a la Comisión a que propongan comisiones de servicio de personal procedentes de los Estados miembros de la Unión más prolongadas en las misiones, a que recurran más a personal contratado y a que preparen convocatorias de contribuciones generales que puedan utilizarse para elaborar listas de reserva de personal potencial para acelerar el despliegue cuando surjan las vacantes;

163.  Alienta al SEAE a que, con vistas a mejorar la sostenibilidad de los resultados de las misiones de la PCSD, vele por que se tengan en cuenta los aspectos de sostenibilidad durante la planificación operativa de todas las actividades de las misiones, evaluando sistemáticamente las necesidades locales y la capacidad de mantener los resultados en el ámbito local;

164.  Pide al SEAE que refuerce el seguimiento de las acciones llevadas a cabo por las misiones (suministro de formación, asesoramiento o equipamiento) mediante la realización de evaluaciones periódicas, basadas en indicadores, de los resultados obtenidos y del grado de implicación de las autoridades nacionales afectadas;

165.  Pide al SEAE y a la Comisión que coordinen las misiones de la PCSD de manera más eficaz con otras iniciativas de la Unión de ámbito regional (por ejemplo, la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia —EUBAM Libia— y G5 del Sahel), las misiones bilaterales y los esfuerzos internacionales con objetivos similares; pide a ese respecto una mayor cooperación y coordinación entre la Unión y sus Estados miembros mediante el fomento de sinergias;

166.  Pide al SEAE y a la Comisión que garanticen que el cierre de las misiones de la PCSD y la liquidación de los activos conexos se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles; considera, a ese respecto, que el SEAE y la Comisión deberían desarrollar una estrategia de salida común y global en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades al cerrar las misiones de la PCSD, reduciendo al mismo tiempo los riesgos específicos inherentes al proceso de cierre de misiones;

167.  Reafirma, en términos más generales, la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros en el marco de su política exterior y de seguridad con el fin de realizar conseguir economías de escala y de costes; subraya que es de vital importancia que los Estados miembros sean capaces de responder con decisión a los problemas de seguridad compartidos y a la gestión de los flujos migratorios en un periodo en el que esos retos están aumentando de manera clara e incomparable;

Parte XXI – Informe Especial n.º 16/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Revisión ex post de la legislación de la UE: un sistema bien asentado, pero incompleto»

168.  Acoge favorablemente el Informe Especial del Tribunal y respalda sus observaciones y recomendaciones;

169.  Observa que se iniciará en breve el ejercicio de seguimiento de 2018 relativo al Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación y que la reunión interinstitucional de alto nivel tendrá lugar a finales de año;

170.  Señala que el Tribunal ha presentado una labor de investigación muy completa y detallada (con, por ejemplo, un buen tamaño de la muestra), que podría servir de ejemplo para futuros análisis en otros ámbitos del Acuerdo interinstitucional; señala, asimismo, que debe considerarse la posibilidad de desarrollar indicadores de rendimiento adicionales para supervisar la aplicación del Acuerdo interinstitucional;

171.  Considera que la participación e implicación activa del Tribunal beneficiará al Acuerdo interinstitucional al mejorar su seguimiento; opina que un mayor uso de los documentos informativos del Tribunal también puede contribuir a la consecución de este objetivo;

172.  Señala que la creación de un vademécum interinstitucional conjunto sobre las cláusulas de seguimiento y revisión, con directrices de redacción, podría mejorar el control legislativo siempre que no socave la libertad de elección política de los colegisladores;

173.  Indica que en una futura revisión del Acuerdo interinstitucional podría estudiarse la inclusión de directrices comunes para las revisiones ex post;

174.  Señala la importancia de establecer un marco en el que los Estados miembros deban facilitar a la Comisión información sobre la transposición de la legislación de la Unión al Derecho nacional;

Parte XXII – Informe Especial n.º 17/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Las medidas de la Comisión y los Estados miembros en los últimos años de los programas del período 2007-2013 abordaron la baja absorción, pero no se centraron lo suficiente en los resultados»

175.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y la valiosa comparación entre los periodos de programación anteriores y el actual, centrando la atención en los futuros retos previstos para los Estados miembros y la Comisión en relación con la absorción sólida y orientada a los resultados de los fondos de la política de cohesión;

176.  Considera insatisfactoria la respuesta de la Comisión a la recomendación de proponer un calendario con las fechas de las etapas clave para la aprobación del marco legislativo, de modo que la ejecución de los programas operativos comience a tiempo, y pide a la Comisión que presente una propuesta concreta basada en su evaluación del marco temporal necesario para la ejecución a tiempo de los programas;

177.  Comparte la posición del Tribunal de que, aunque la absorción es importante para cumplir objetivos políticos, no es un fin en sí misma, sino una manera de lograr resultados que concuerden con los objetivos de la política de cohesión; es de la firme opinión que la optimización de recursos no tiene que ver con cuánto se gasta, sino con lo que se ha logrado con los recursos desembolsados;

178.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que la Comisión parezca subestimar el riesgo, del cual también advierte el Tribunal, de que los retrasos en la ejecución presupuestaria del periodo 2014-2020 puedan resultar superiores a los del periodo 2007-2013, generando así una presión significativa para la adecuada absorción de fondos al final del periodo de programación, y aumentando el riesgo de que no se tenga suficientemente en cuenta la optimización y el logro de resultados;

179.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión esté descuidando el riesgo, también señalado por el Tribunal, debido al nivel muy insatisfactorio de absorción a mediados del periodo de programación, que es dos veces inferior en comparación con el momento correspondiente del periodo anterior, así como a la presión sobre la absorción debido al solapamiento del final del periodo actual con los primeros años de ejecución del periodo siguiente;

180.  Pide a la Comisión que presente una previsión y evaluación sobre cada Estado miembro en relación con la acumulación de compromisos que corren el riesgo de no ser absorbidos a tiempo antes del final del periodo, y que sugiera medidas con el propósito de ayudar a los Estados miembros a reducir un posible efecto negativo derivado de la insuficiente absorción de los fondos disponibles;

181.  Pide a la Comisión que vele por que las medidas que se adopten para evitar la liberación automática por parte de los Estados miembros respeten los objetivos y los resultados perseguidos por los programas operativos y los proyectos, y que se ejecute el seguimiento y la elaboración de informes de los programas operativos modificados;

182.  Pide a la Comisión que utilice los recursos para asistencia técnica a iniciativa propia y que ayude a los Estados miembros de manera proactiva a acelerar la absorción orientada a los resultados de los fondos de la política de cohesión;

183.  Llama la atención sobre el fin último de la política de cohesión, que es apoyar la cohesión económica y social entre las diferentes regiones y países de la Unión, así como contribuir a reducir las diferencias y desigualdades en su interior; subraya que este debe ser el principio rector de los Estados miembros, la Comisión y todas las partes interesadas pertinentes a la hora de ejecutar y absorber los fondos de la Unión;

Parte XXIII – Informe Especial n.º 18/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Se cumple el objetivo principal del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?»

184.  Considera que el Informe Especial n.º 18/2018 del Tribunal ofrece un análisis muy importante y oportuno en el que se examina la manera en que la Comisión ha aplicado las disposiciones que regulan el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) desde el punto de vista de la consecución de su principal objetivo, a saber, que los Estados miembros avancen hacia la consecución de sus respectivos objetivos a medio plazo en materia de equilibrio presupuestario;

Parte XXIV – Informe Especial n.º 19/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Red ferroviaria europea de alta velocidad: no una realidad, sino un sistema fragmentado e ineficaz»

185.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal;

186.  Comparte las opiniones del Tribunal y respalda sus conclusiones;

187.  Constata con satisfacción que la Comisión aplicará la inmensa mayoría de las recomendaciones del Tribunal;

188.  Destaca que las posibilidades de mejorar la situación siguen siendo escasas, a menos que todos y cada uno de los Estados miembros muestren la voluntad política de hacerlo;

189.  Señala, en este contexto, el importante papel de los «coordinadores europeos» en este ámbito (RTE-T);

190.  Recuerda el mandato de los coordinadores europeos, que consiste en:

   elaborar el plan de trabajo pertinente para el corredor (junto con los Estados miembros interesados) o el plan de trabajo para una prioridad horizontal;
   apoyar a y supervisar la ejecución del plan de trabajo; destacar, cuando sea necesario, las dificultades y buscar soluciones adecuadas;
   consultar periódicamente el foro del corredor (organismo consultivo que reúne a los Estados miembros y a las distintas partes interesadas);
   formular recomendaciones en ámbitos tales como el desarrollo del transporte por los corredores o el acceso a fondos o fuentes de financiación;
   informar anualmente al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros interesados sobre los avances logrados;

191.  Insiste en el valor añadido europeo de los proyectos transfronterizos financiados por Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y por el Mecanismo «Conectar Europa»; destaca la importancia de seguir apostando por estos mecanismos de financiación para superar obstáculos políticos y de infraestructuras y acelerar la cohesión territorial y socioeconómica de las regiones de la Unión mediante conexiones ferroviarias de alta velocidad;

192.  Recuerda a la Comisión la importancia de promocionar, además del transporte ferroviario de pasajeros accesible y de calidad, el transporte de mercancías por ferrocarril por sus beneficios económicos, ambientales, logísticos y de seguridad;

Parte XXV– Informe Especial n.º 20/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «La Arquitectura de Paz y Seguridad de África: es necesario reorientar el apoyo de la UE»

193.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

194.  Reconoce que el SEAE y la Comisión se enfrentan a situaciones sumamente complejas en África con numerosos retos y limitaciones de carácter político y operativo en numerosos ámbitos, en particular la cooperación de las principales partes interesadas, la financiación de las instituciones y las deficiencias que presentan, y la voluntad política de intervenir, prevenir y gestionar los conflictos;

195.  Es consciente de la complejidad del marco institucional existente para tratar la prevención de conflictos y el fomento de la paz y la seguridad con la Unión Africana, el Fondo de Apoyo a la Paz para África, las organizaciones subregionales, las comunidades económicas regionales y los mecanismos regionales para la prevención, la gestión y la resolución de conflictos;

196.  Observa con preocupación que la Arquitectura de Paz y Seguridad de África (APSA) adolece de una fuerte dependencia de fuentes de financiación externas (debida a la escasa contribución de los Estados miembros al Fondo de Apoyo a la Paz y a la limitada financiación que atrae la APSA de fuentes alternativas de financiación);

197.  Lamenta que esta falta de apropiación y sostenibilidad financiera africanas, con una gran dependencia de los donantes y de los socios internacionales, dé lugar a deficiencias operativas, en particular escasez de personal, es decir, la presencia de un porcentaje reducido de personal cualificado o de expertos militares que se ocupan de las principales misiones de paz y seguridad en el continente africano;

198.  Considera que, aunque el apoyo de la Unión a la APSA se concibe sobre la base de un marco estratégico definido en las hojas de ruta, debe perseguirse constantemente una coordinación adecuada de los donantes;

199.  Lamenta asimismo que la ayuda de la Unión se centre principalmente en los costes operativos básicos y que se registre una falta de planificación a largo plazo; destaca la necesidad de que la Unión abandone los costes de apoyo de la APSA y que apoye unas perspectivas y objetivos claros a largo plazo que contribuyan a la estabilidad de África y, de manera más general, a la asociación entre la Unión Africana (UA) y la Unión Europea;

200.  Recuerda la importancia de fomentar el plan de desarrollo de capacidades, la capacidad operativa de la UA y de las organizaciones subregionales, así como un mejor marco de coordinación entre todos los agentes con vistas a optimizar en la medida de lo posible la coherencia de las actividades y los resultados de la ayuda de la Unión a largo plazo;

201.  Expresa su profunda preocupación por las insuficiencias de los sistemas de seguimiento en cuanto a su capacidad de proporcionar datos adecuados sobre los resultados de las actividades; pide a la Comisión que refuerce la capacidad del sistema de evaluación en materia de actividades y resultados para mostrar claramente que las contribuciones de la Unión pueden vincularse en su mayor parte a efectos tangibles y positivos en materia de paz y seguridad sobre el terreno;

202.  Señala, como principio fundamental, que el sistema de seguimiento debe desarrollarse para recopilar y analizar datos/indicadores a escala de actividades, producción, objetivos específicos y objetivos estratégicos a fin de evaluar la aplicación efectiva de la hoja de ruta de la APSA acordada, su pertinencia y su sostenibilidad;

203.  Pide a los servicios de la Comisión que pongan en marcha una misión de «seguimiento orientado a los resultados» y que informen al Parlamento en el plazo más breve posible;

Parte XXVI – Informe Especial n.º 21/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «La selección y el seguimiento de los proyectos del FEDER y del FSE en el período 2014-2020 todavía se orientan principalmente a las realizaciones»

204.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones del mismo;

205.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a mediados del actual periodo de programación, los bajos índices de ejecución ponen en peligro la consecución de unos resultados que se necesitan con más urgencia en los ámbitos apoyados por el FEDER y el FSE, y retrasa así el efecto esperado de las inversiones del presupuesto de la Unión para la cohesión y la reducción de las disparidades regionales;

206.  Pide, por tanto, a la Comisión que ayude a los Estados miembros a acelerar la absorción de los Fondos EIE y que refuerce su supervisión y evaluación del rendimiento de los Fondos EIE con el fin de garantizar que estos fondos contribuyan a la consecución de los objetivos de la política de cohesión y los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

207.  Insta a la Comisión a que adopte todas las medidas necesarias para subsanar las deficiencias detectadas en el actual marco de rendimiento de los Fondos EIE, y que aproveche las lecciones aprendidas del periodo 2014-2020 a fin de mejorar el marco de rendimiento para el próximo periodo y garantizar que se establezcan normas claras para los indicadores, el seguimiento y la evaluación de la consecución de resultados;

208.  Pide a la Comisión que garantice un proceso fluido e ininterrumpido de seguimiento y notificación de la consecución de resultados durante el periodo de transición a un nuevo Colegio de Comisarios, y que garantice que el rendimiento de los Fondos EIE orientado a los resultados al final del periodo de programación no se vea debilitado por una absorción acelerada acuciante;

209.  Toma nota de las respuestas de la Comisión en el sentido de que su propuesta legislativa para el periodo de programación posterior a 2020 incluye una lista de indicadores comunes de resultados para el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE;

210.  Expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que las propuestas legislativas de la Comisión para el FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE no incluyan disposiciones que permitan que acciones determinadas de conformidad con las normas específicas del sector, según lo estipulado en las definiciones de «resultado» y «producto» en el Reglamento Financiero, se identifiquen como resultados que se prevé alcanzar y que, en consecuencia, se midan con indicadores de resultados en el marco de estos fondos;

211.  Pide a la Comisión que aborde esta deficiencia y que vele por que se evite cualquier efecto negativo para el establecimiento del marco de rendimiento por parte de los Estados miembros para el periodo de programación 2021-2027;

212.  Lamenta profundamente que la Comisión no haya presentado una propuesta exhaustiva para una estrategia política de la Unión posterior a 2020 que proporcione hitos para los próximos objetivos del MFP, así como la orientación necesaria para que los Estados miembros sigan obteniendo resultados que contribuyan a las prioridades comunes de la Unión y a la consecución de una Unión más coherente y cohesionada;

Parte XXVII – Informe Especial n.º 22/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «La movilidad en Erasmus+: millones de participantes y valor añadido europeo multidimensional, pero es necesario mejorar la medición del rendimiento»

213.  Acoge con satisfacción las conclusiones del Tribunal sobre las formas adicionales de valor añadido europeo generadas por el programa Erasmus+ (2014-2020), que superan lo establecido en su base jurídica; observa que las técnicas y los indicadores de evaluación del programa Erasmus+ deben ser, en la medida de lo posible, globales y cualitativos, teniendo en cuenta el carácter multidimensional de los efectos de este tipo de acciones a largo plazo;

214.  Señala que la definición de participantes «desfavorecidos/con menos oportunidades» no está armonizada en la actualidad y varía de un Estado miembro a otro; observa que una definición común permitiría una evaluación más precisa del impacto del programa y proporcionaría una base más sólida para aumentar su alcance a dichos participantes, así como para desarrollar acciones positivas en su apoyo;

215.  Celebra la reintroducción de la movilidad individual de estudiantes escolares en el marco de la acción clave 1 de la propuesta del nuevo Programa Erasmus (2021-2027);

216.  Reconoce la importancia del apoyo lingüístico en línea (OLS); considera que dicho instrumento debe estar abierto a todos los participantes y adaptado a sus necesidades específicas mientras que, al mismo tiempo, debe complementarse con cursos presenciales de idiomas;

217.  Acoge con satisfacción la introducción de métodos de financiación simplificados (cantidades a tanto alzado, tasas únicas y costes unitarios); reconoce, no obstante, la necesidad de adaptar y revisar periódicamente los importes de las subvenciones en relación con los costes de vida y de subsistencia del país o región de acogida, a fin de garantizar un acceso más justo a la movilidad individual de Erasmus a los participantes con menos oportunidades;

218.  Considera que, con el fin de fomentar el acceso a la movilidad individual de los participantes desfavorecidos y con menos oportunidades, debe considerarse la prefinanciación en virtud de la acción clave 1 del nuevo programa Erasmus;

219.  Observa que una mejor promoción de la movilidad para los estudiantes de doctorado requeriría más flexibilidad en relación con el periodo mínimo de movilidad de tres meses previsto actualmente;

220.  Reconoce que el Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes no ha producido los resultados esperados, así como la exclusión de dicho instrumento de la propuesta del nuevo programa Erasmus (2021-2027);

Parte XXVIII – Informe Especial n.º 23/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Contaminación atmosférica: nuestra salud no tiene todavía la suficiente protección»

221.  Considera que, para emprender una actuación más eficaz con el fin de mejorar la calidad del aire, la Comisión debe:

   compartir buenas prácticas de los Estados miembros que hayan reflejado con éxito las exigencias de la Directiva sobre la calidad del aire ambiente en sus planes de calidad del aire como, entre otros, en asuntos tales como la información pertinente a los efectos de la supervisión; medidas específicas, presupuestadas y a corto plazo para mejorar la calidad del aire; y reducciones previstas en los niveles de concentración en determinadas ubicaciones;
   gestionar activamente cada fase del procedimiento de infracción para acortar el plazo antes de que los asuntos se resuelvan o se sometan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
   asistir a los Estados miembros más afectados por la contaminación atmosférica transfronteriza dentro de la Unión en su cooperación y actividades adjuntas, como la presentación de las medidas pertinentes en sus planes de calidad del aire;

222.  Pide a la Comisión que aborde las siguientes cuestiones al preparar su propuesta para el legislador:

   considerar la actualización de los valores límite y de los valores objetivo de la Unión (para las PM, el SO2 y el O3), con arreglo a las últimas directrices de la OMS; reducir el número de veces que las concentraciones pueden rebasar las normas (para las PM, el NO2, el SO2 y el O3); y establecer un valor límite a corto plazo para las PM2,5, así como los umbrales de alerta para las PM;
   mejorar los planes de calidad del aire, en especial logrando que se orienten a los resultados; y exigir la presentación de informes anuales sobre su aplicación, y su actualización, en caso necesario; debe limitarse el número de planes de calidad del aire por zona;
   precisión de los requisitos para ubicar las estaciones de medición industriales y de tráfico, con el fin de medir mejor la máxima exposición de la población a la contaminación atmosférica, y establecer un número mínimo de estaciones de medición por tipo (tráfico, industrial o de fondo);
   la posibilidad de que la Comisión exija otros puntos de control adicionales cuando lo considere necesario para medir mejor la contaminación atmosférica;
   adelantar la fecha de comunicación de datos validados (actualmente el 30 de septiembre del año n+1) al plazo mínimo del 30 de junio de n+1 y exigir expresamente a los Estados miembros que faciliten datos actualizados (en tiempo real);
   disposiciones explícitas que garanticen el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial;

223.  Pide a la Comisión que, a fin de integrar mejor la calidad del aire en las políticas de la Unión, evalúe:

   otras políticas de la Unión que contienen elementos que pueden ser perjudiciales para el aire limpio, y adopte medidas para armonizar mejor estas políticas con el objetivo referente a la calidad del aire;
   el empleo real de la correspondiente financiación disponible destinada a la consecución de los objetivos de la Unión contra las emisiones contaminantes, en concreto de PM, NOX y SOX;

224.  Pide a la Comisión que, a fin de mejorar la calidad de la información destinada a los ciudadanos:

   detecte y recopile, con ayuda de los profesionales sanitarios, la información más crítica que la Comisión y los Estados miembros deben poner a disposición de los ciudadanos (como efectos en la salud y recomendaciones de comportamiento);
   ayude a los Estados miembros a adoptar mejores prácticas para comunicarse con los ciudadanos y hacerlos partícipes de los asuntos referentes a la calidad del aire;
   publique clasificaciones de las zonas de calidad del aire con los mejores y peores avances cada año y comparta las mejores prácticas aplicadas por los lugares de mayor éxito;
   desarrolle un instrumento en línea que permita a los ciudadanos denunciar infracciones de la calidad del aire y enviar a la Comisión sus comentarios sobre cuestiones relacionadas con las medidas de calidad del aire en los Estados miembros;
   ayude a los Estados miembros a desarrollar instrumentos fáciles de usar para que los ciudadanos accedan a información y seguimiento de la calidad del aire (por ejemplo aplicaciones móviles o páginas específicas en redes sociales);
   busque, junto con los Estados miembros, un acuerdo sobre la armonización de los índices de calidad del aire;

Parte XXIX – Informe Especial n.º 24/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Demostración de captura y almacenamiento de carbono y energías renovables innovadoras a escala comercial en la UE: en los últimos diez años no se han conseguido los avances previstos»

225.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal, titulado «Demostración de captura y almacenamiento de carbono y energías renovables innovadoras a escala comercial en la UE: en los últimos diez años no se han conseguido los avances previstos» y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

226.  Se felicita de los ambiciosos compromisos adquiridos por la Unión para lograr recortar sus emisiones en al menos un 20 % con respecto a los niveles de 1990 a más tardar en 2020, y en un 40 % a más tardar en 2030, y gastar al menos el 20 % de su presupuesto para 2014-2020 en acciones relativas al clima;

227.  Celebra la aspiración de la Unión de llegar a ser un líder mundial en energías renovables; considera de suma importancia que la Comisión demuestre constantemente un compromiso y un liderazgo suficientes en los asuntos relativos al cambio climático y que consolide su credibilidad internacional y el impacto de sus instrumentos para perfilar las condiciones de la diplomacia verde y de la política climática de la Unión en los próximos años;

228.  Considera necesario aumentar las sinergias entre los distintos organismos de la Unión, los servicios pertinentes de la Comisión y los socios de la industria, así como aunar esfuerzos con objeto de alcanzar un entorno propicio para la transición a una economía hipocarbónica con tecnologías innovadoras con baja emisión de carbono, adaptando y desarrollando las condiciones y los instrumentos de inversión;

229.  Subraya que la coordinación entre los servicios de la Comisión relacionados con las cuestiones climáticas aún requiere mejoras para cumplir no solo los compromisos internacionales, sino también para permitir que la Unión siga a la vanguardia en materia de cambio climático;

230.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que intensifique la coordinación de las actividades en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones medioambientales;

231.  Señala la necesidad de que la Comisión mejore especialmente la coordinación entre los Estados miembros en lo que respecta a las políticas relacionadas con el cambio climático para poder alcanzar el objetivo de destinar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión a una sociedad hipocarbónica y resistente al cambio climático;

232.  Lamenta la falta de estrategias hipocarbónicas por parte de los Estados miembros, lo que origina un clima de incertidumbre, perjudicando las condiciones de inversión y afectando a la viabilidad financiera y el progreso de los proyectos innovadores de demostración de energías hipocarbónicas, y solo ofrece una posibilidad limitada de recuperar los fondos entregados a los proyectos sin éxito; pide a la Comisión que vele por el aumento de la participación activa de los Estados miembros con vistas a la consecución de los objetivos en materia de bajo impacto carbónico;

233.  Lamenta el, por lo general, bajo grado de viabilidad y sostenibilidad de los proyectos financiados, así como la falta de utilización de los resultados tangibles de los proyectos;

234.  Considera necesaria una mejora de las estrategias a escala nacional y de la Unión para tener éxito en este ámbito; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia global concreta sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos que conlleve planes de acción por ámbitos específicos en los que se incluyan evaluaciones, medidas e instrumentos pormenorizados, así como la metodología de las medidas y la información, y los indicadores de rendimiento;

235.  Pide a la Comisión que aumente en general la compatibilidad de los distintos ámbitos presupuestarios para complementar los programas destinados a la construcción de una economía hipocarbónica; lamenta la falta de objetivos concretos en partes sustanciales del presupuesto de la Unión;

236.  Pide a la Comisión que desarrolle rápidamente un entorno favorable a la transición a una economía hipocarbónica, adaptando sus condiciones de inversión y sus marcos de gasto e instrumentos de innovación y modernización en todos los sectores pertinentes;

Parte XXX – Informe Especial n.º 25/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Directiva sobre inundaciones: se ha avanzado en la evaluación de riesgos, pero es necesario mejorar la planificación y la ejecución»

237.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones, compruebe, al revisar los planes de gestión del riesgo de inundación del segundo ciclo y de los ciclos posteriores, que los Estados miembros fijan objetivos cuantificables y con un plazo de cumplimiento para las medidas relativas a inundaciones, permitiendo de este modo que se puedan evaluar los avances en su consecución; pide a la Comisión que comparta buenas prácticas en la fijación de objetivos con todos los Estados miembros;

238.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y a tiempo para el segundo ciclo de dicha Directiva, evalúe y notifique si los Estados miembros:

   han identificado las fuentes de financiación para cubrir las necesidades de inversión derivadas de los planes de gestión del riesgo de inundación y han establecido un calendario de aplicación acorde a la financiación disponible;
   en todas las medidas sobre inundaciones en demarcaciones hidrográficas internacionales, han tomado en consideración las inversiones transfronterizas;

239.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y con arreglo al modo de gestión compartida, cofinancie únicamente las medidas relativas a inundaciones prioritarias con arreglo a los futuros planes de gestión del riesgo de inundación, en caso de que se soliciten fondos de la Unión; considera que los Estados miembros deben establecer sus prioridades en función de criterios objetivos y pertinentes, como:

   un análisis coste-beneficio de buena calidad para obtener el mejor uso de los fondos para las inversiones; y
   en su caso, un criterio que tenga en cuenta el impacto transfronterizo de los proyectos;

240.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y la Directiva marco sobre el agua, vele por que las nuevas infraestructuras contra las inundaciones propuestas por los Estados miembros en los planes de gestión del riesgo de inundación cumplan la Directiva marco sobre el agua;

241.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones y de la Directiva marco sobre el agua, compruebe que, siempre que se solicite cofinanciación de la Unión, los Estados miembros hayan analizado la viabilidad de la aplicación de importantes medidas verdes, por sí mismas o en combinación con soluciones grises;

242.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones, compruebe que los planes de gestión del riesgo de inundación incluyen medidas para mejorar el conocimiento y la modelización del impacto del cambio climático en las inundaciones;

243.  Pide a la Comisión que, en su revisión de los documentos necesarios para el segundo ciclo de la Directiva sobre inundaciones, y en su capacidad supervisora en virtud de dicha Directiva, compruebe si los Estados miembros:

   calculan y modelizan el impacto del cambio climático en las inundaciones mediante estudios e investigación;
   desarrollan herramientas adecuadas para mejorar el análisis y la previsión de:
   a) inundaciones pluviales, incluidas las inundaciones repentinas;
   b) inundaciones costeras provocadas por la subida del nivel del mar;
   si el impacto del cambio climático no se puede cuantificar, planifican medidas flexibles para ajustar, si fuera necesario, el nivel de protección;

244.  Pide a la Comisión que, al examinar los planes de gestión del riesgo de inundación para el segundo ciclo, verifique si los Estados miembros han previsto medidas para:

   dar a conocer las ventajas de la cobertura de seguro contra los riesgos de inundación; y
   aumentar la cobertura, por ejemplo, con la cooperación entre los sectores público y privado en materia de seguros contra inundaciones;

245.  Pide a la Comisión que, en su capacidad supervisora en virtud de la Directiva sobre inundaciones:

   compruebe si los Estados miembros han utilizado sus planes de gestión del riesgo de inundación para evaluar el grado en que las normas de ordenación territorial de los Estados miembros se han diseñado adecuadamente y se cumplen de manera efectiva en zonas con riesgo de inundación; y
   difunda buenas prácticas y orientaciones para los Estados miembros;

Parte XXXI – Informe Especial n.º 26/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Una serie de retrasos en los sistemas informáticos aduaneros: ¿qué ha fallado?»

246.  Toma nota de las observaciones del Tribunal sobre la evaluación de la aplicación de los sistemas de información aduanera;

247.  Elogia el análisis realizado de la situación y las conclusiones presentadas por el Tribunal;

248.  Acoge con satisfacción las recomendaciones a la Comisión para la modernización de los procesos aduaneros, que es fundamental para el buen funcionamiento de la Unión; valora positivamente el enfoque que aboga por tener en cuenta las enseñanzas extraídas del programa Aduana 2020;

249.  Señala que la Comisión, dejando aparte algunas puntualizaciones y discrepancias en relación con una parte de las observaciones, acepta todas las recomendaciones formuladas en el Informe Especial del Tribunal;

250.  Destaca que, si bien para el siguiente programa la Comisión prevé 950 millones de euros a precios corrientes y existe un consenso con el Parlamento sobre esta cifra, es indispensable que la actuación se lleve a cabo de forma oportuna y respetando el ámbito completo y los límites financieros;

251.  Observa que es necesario contar con un plan estratégico plurianual sólido que establezca un marco estratégico e hitos para gestionar los proyectos informáticos de manera coherente y eficaz; en dicho plan deberán establecerse correctamente los objetivos, los indicadores, el calendario y los recursos financieros necesarios;

252.  Observa que, al principio del nuevo MFP, varios programas, por ejemplo el programa de lucha contra el fraude de la Unión, Fiscalis y Aduanas, así como el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras deben actuar en sinergia, por lo que es necesario evaluar el impacto negativo de los posibles retrasos en la aplicación de uno de los elementos para el funcionamiento de todo el sistema;

253.  Considera indispensable aplicar una presupuestación basada en el rendimiento a fin de mejorar los resultados y garantizar el logro de los objetivos del programa;

254.  Señala que, aunque los Estados miembros no hayan utilizado su cuota del 20 % retenido en concepto de gastos de recaudación de los derechos aduaneros para cubrir los gastos derivados de la aplicación del sistema informático aduanero, la comisión apoya la propuesta de la Comisión relativa a los recursos propios de reducir el porcentaje de los gastos de recaudación al 10 %;

Parte XXXII – Informe Especial n.º 31/2018 del Tribunal de Cuentas, titulado «Bienestar animal en la UE: reducir la diferencia entre unos objetivos ambiciosos y su aplicación práctica»

255.  Pide a la Comisión que, a fin de orientar sus futuras acciones en materia de bienestar de los animales:

   evalúe la estrategia para el bienestar animal 2012-2015 —particularmente en relación con el transporte de animales vivos— con el fin de determinar en qué medida se han cumplido sus objetivos y si las orientaciones que ha publicado se están aplicando;
   defina valores de referencia e indicadores de objetivos para medir y comparar el grado de cumplimiento en los Estados miembros en los restantes ámbitos de riesgo señalados por la evaluación;
   considere el modo de abordar las conclusiones de la anterior evaluación (por ejemplo, mediante una nueva estrategia o plan de acción o una revisión de la legislación sobre bienestar animal) y publique los resultados de su evaluación;

256.  Celebra la conclusión del Tribunal en el sentido de que las acciones de la Unión en materia de bienestar animal han mejorado el cumplimiento de los requisitos en este sentido y apoyado unos estándares más elevados, con una clara incidencia positiva en el bienestar de los animales cuando se aplican adecuadamente;

257.  Recomienda que, con miras a afrontar mejor ámbitos de riesgo y difundir buenas prácticas, la Comisión:

   desarrolle una estrategia de cumplimiento para reforzar las medidas de seguimiento de las recomendaciones de la DG Salud y Seguridad Alimentaria con el objetivo de reducir el tiempo necesario para impulsar medidas satisfactorias en respuesta a sus recomendaciones derivadas de las auditorías y cumplir las disposiciones reglamentarias, especialmente las que llevan mucho tiempo vigentes;
   determine, junto con los Estados miembros, cómo pueden contribuir las herramientas disponibles en TRACES a la elaboración de análisis de riesgos para las inspecciones en el transporte de animales vivos y difundir orientaciones sobre el uso de estas herramientas;

258.  Recomienda a la Comisión, para reforzar los vínculos entre el sistema de condicionalidad y el bienestar animal, que:

   evalúe, en sus auditorías de conformidad sobre la condicionalidad, la exhaustividad de la información presentada por los Estados miembros sobre los incumplimientos detectados durante las inspecciones oficiales efectuadas por la misma autoridad de control que se encarga de los controles de condicionalidad; para ello podría, por ejemplo, cruzar los resultados de las inspecciones oficiales con la base de datos de beneficiarios sujetos a condicionalidad;
   a partir de medidas anteriores, siga compartiendo buenas prácticas de condicionalidad e informe a los Estados miembros de los resultados relativos a la condicionalidad en los que se basan las decisiones de imponer correcciones financieras debido a los permisivos sistemas de sanción relativos al bienestar animal;

259.  Recomienda a la Comisión, a fin de fomentar el uso eficaz de las ayudas al desarrollo rural para el bienestar animal, que:

   al aprobar modificaciones en los programas de desarrollo rural existentes, y también al aprobar los nuevos documentos de programación para el periodo de programación de desarrollo rural posterior a 2020, cuestione a los Estados miembros el uso de la medida de bienestar animal en sectores donde existen pruebas de incumplimiento generalizado (como el raboteo de los cerdos) y compruebe el posible solapamiento con sistemas privados que establecen requisitos similares;
   fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en relación con los indicadores de resultados e impacto adicionales y voluntarios para la medida de bienestar animal en el marco del sistema común de seguimiento y evaluación que se establecerá en el periodo de programación posterior a 2020;
   para el periodo de programación posterior a 2020, oriente de manera estructurada a los Estados miembros sobre el uso de otras medidas de desarrollo rural para apoyar la mejora de los niveles de bienestar animal con el fin de ofrecer a los ganaderos una mayor variedad de incentivos para mejorar el bienestar animal, con vistas a la total prohibición de las crueles prácticas de ganadería industrial;

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o   o

260.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 51 de 28.2.2017.
(2) DO C 348 de 28.9.2018, p. 1.
(3) DO C 357 de 4.10.2018, p. 1.
(4) DO C 357 de 4.10.2018, p. 9.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2019)0000.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.

Última actualización: 28 de marzo de 2019Aviso jurídico