Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2018/2171(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0097/2019

Textos presentados :

A8-0097/2019

Debates :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Votaciones :

PV 26/03/2019 - 13.7

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0248

Textos aprobados
PDF 160kWORD 53k
Martes 26 de marzo de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la UE - Tribunal de Cuentas
P8_TA-PROV(2019)0248A8-0097/2019
Decisión
 Resolución

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección V – Tribunal de Cuentas (2018/2171(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2017 (COM(2018)0521 – C8‑0322/2018)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2017,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2017, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(4), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2017 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(6), y en particular sus artículos 59, 118, 260, 261 y 262,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0097/2019),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Tribunal de Cuentas en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2017;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Tribunal de Cuentas, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 51 de 28.2.2017.
(2) DO C 348 de 28.9.2018, p. 1.
(3) DO C 357 de 4.10.2018, p. 1.
(4) DO C 357 de 4.10.2018, p. 9.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.


2. Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de marzo de 2019, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección V – Tribunal de Cuentas (2018/2171(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, sección V – Tribunal de Cuentas,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0097/2019),

A.  Considerando que, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión subraya la especial importancia de seguir reforzando la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y de buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Observa que las cuentas anuales del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») son fiscalizadas por un auditor externo independiente, de manera que estén sometidas a los mismos principios de transparencia y rendición de cuentas que el Tribunal aplica a los organismos que él fiscaliza; toma nota de la opinión del auditor de que los estados financieros del Tribunal dan una imagen fidedigna de su posición financiera;

2.  Observa que en 2017 los créditos definitivos del Tribunal ascendieron a un total de 141 240 000 EUR (137 557 000 EUR en 2016) y que el porcentaje global de ejecución presupuestaria fue del 97,73 % (frente al 99 % de 2016);

3.  Destaca que el presupuesto del Tribunal tiene carácter exclusivamente administrativo y que en gran parte se destina a cubrir el gasto correspondiente a las personas vinculadas a la institución (título 1) y a inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento (título 2); pide al Tribunal que siga mejorando los porcentajes de ejecución de los pagos, en particular en relación con el título 2, en el que el porcentaje de pagos fue del 55,75 % para los créditos definitivos y del 57,13 % para los compromisos (frente al 52,8 % y el 53,8 % respectivamente en 2016);

4.  Observa que el porcentaje de ejecución de los créditos para las misiones de personal fue del 87,98 % de los créditos definitivos (frente al 93,76 % en 2016); acoge con satisfacción el compromiso del Tribunal de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la utilización de los créditos para las misiones cumpla estrictamente los principios de economía, eficiencia y eficacia;

5.  Se congratula de la participación del Tribunal en el proyecto interinstitucional de planificación integrada de las finanzas y la actividad, que constituye un primer paso hacia la aplicación de la presupuestación basada en el rendimiento como parte de la iniciativa de un presupuesto de la UE centrado en los resultados; pide al Tribunal que, en el próximo informe anual de actividades, informe a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento sobre los avances realizados;

6.  Celebra el lanzamiento del portal en línea «Auditoría pública en la Unión Europea», que contiene información sobre la labor y las funciones de las veintinueve entidades fiscalizadoras superiores de la Unión y de los Estados miembros; pide al Tribunal que publique informes de actividad breves en el portal en línea con datos concretos sobre los análisis llevados a cabo por el Tribunal y las entidades fiscalizadoras superiores, así como resultados concretos, incluidos los análisis coste-beneficio y los importes recuperados;

7.  Toma nota de que el Servicio de Auditoría Interna ha examinado la aplicación de la estrategia 2013-2017 del Tribunal y la estructura operativa de la Dirección de Presidencia en relación con cuestiones como las licencias de software y la gestión de riesgos; celebra que el auditor interno considere que los vigentes procedimientos de gobernanza, de gestión de riesgos y de control interno proporcionan una garantía razonable en cuanto a la consecución de los objetivos del Tribunal;

8.  Celebra que el Tribunal haya publicado sus cuentas definitivas antes del 31 de marzo de 2018, tal como recomendó el Parlamento en su anterior aprobación de la gestión; anima al Tribunal a racionalizar sus procedimientos a fin de garantizar asimismo que su informe anual de actividades se publica, a más tardar, el 31 de marzo, de modo que se optimice y agilice el procedimiento de aprobación de la gestión; propone al Tribunal que examine en sus próximos dictámenes la medida en que las soluciones propuestas permitirían acortar el procedimiento de aprobación de la gestión;

9.  Lamenta que desde 2012 el Tribunal no haya publicado ningún informe especial sobre la gestión de los conflictos de intereses en determinadas agencias de la Unión; insta al Tribunal a que publique un informe anual especial sobre la gestión de los conflictos de intereses en las agencias de la Unión que trabajan con la industria, a saber: la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA); observa que el riesgo de conflictos de intereses es mayor en el caso de las agencias de la Unión que trabajan con la industria que en el de otras agencias de la Unión;

10.  Valora positivamente la cooperación entre el Tribunal y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; celebra la presentación del programa de trabajo a la Conferencia de Presidentes de Comisión del Parlamento, con una invitación a todas las comisiones parlamentarias permanentes para que recomienden posibles tareas de auditoría; celebra que alrededor de dos terceras partes de esas recomendaciones tengan una incidencia sobre el trabajo del Tribunal; pone de relieve que se han efectuado 60 presentaciones ante el Parlamento y que se han celebrado numerosas reuniones bilaterales;

11.  Observa que el riesgo de auditoría en el ámbito del gasto administrativo es bajo y que las estimaciones del porcentaje de error han sido inferiores al nivel de importancia relativa desde hace varios años; toma nota de que, por lo tanto, el TJUE considera que el número de operaciones controladas es suficiente para extraer conclusiones para su auditoría; lamenta, no obstante, que el alcance de las consideraciones recogidas en el capítulo 10 de los informes anuales, relativo a «Administración», no permita más que un examen muy limitado de las deficiencias de los gastos administrativos en cada institución; lamenta que no se realizara el análisis por parte del TJUE de los avances realizados por el Parlamento y el Comité Económico y Social Europeo en comparación con las recomendaciones de 2014 correspondientes a «Administración», puesto que la auditoría del Tribunal para el ejercicio 2017 no incluía el examen de los gastos administrativos de estas instituciones; pide al Tribunal que aplique estas recomendaciones a la mayor brevedad, y que acelere en el futuro el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente capítulo;

12.  Se congratula de la cooperación del Tribunal con otras instituciones públicas y partes interesadas; toma nota con satisfacción de la cooperación entre los jefes de las entidades fiscalizadoras superiores y la adopción de un plan de trabajo conjunto a partir de 2018; apoya asimismo las asociaciones establecidas con diversas universidades en el marco de la política del Tribunal de Cuentas de ampliar la gama de formaciones que ofrece;

13.  Celebra que el 92 % de las recomendaciones del Tribunal emitidas en 2014 se hubieran aplicado al acabar 2017, como también se habían aplicado el 53 % de las emitidas en 2017;

14.  Toma nota de que, con arreglo al Reglamento Financiero, el Tribunal garantizará la elaboración y adopción de informes especiales en un plazo adecuado que no excederá, por regla general, de los trece meses; observa que en 2017 la duración media entre el inicio de una tarea de auditoría y la aprobación del informe especial fue de 14,6 meses y que el año anterior tampoco se cumplió el plazo previsto de trece meses para la elaboración de informes especiales; lamenta que solo ocho de los informes especiales (29 %) publicados durante 2017 cumplieran el plazo de los trece meses; observa que el tiempo transcurrido hasta la publicación fue de dieciséis meses por término medio, es decir, unos dos meses menos que en 2016 y, a la vista de ello, pide al Tribunal que siga mejorando su rendimiento, sin comprometer la calidad de los informes especiales ni el carácter específico de sus recomendaciones;

15.  Observa con interés que el Tribunal incluye cada vez en mayor medida a traductores en sus actividades básicas, creando así nuevas sinergias con los auditores; toma nota de que los traductores han prestado apoyo a los auditores en la redacción de los informes especiales y del informe anual, así como en 38 visitas de auditoría;

16.  Celebra la estrategia de comunicación del Tribunal «Transmitir mensajes claros a nuestros distintos públicos», y las actividades de comunicación encaminadas a aumentar su visibilidad y su impacto mediático, incluido el incremento de su actividad en las redes sociales; acoge favorablemente el uso de análisis extensos de las redes sociales para comprender mejor en qué medida se hace llegar el mensaje a los grupos destinatarios y si las campañas mediáticas han tenido éxito; alienta al Tribunal a seguir esforzándose por hacer el mejor uso posible de los diferentes canales de comunicación para dar a conocer su trabajo a los ciudadanos;

17.  Acoge con satisfacción el análisis pormenorizado del uso de vehículos oficiales por los miembros del Tribunal y el secretario general, desglosado por usuario, distancia recorrida y gastos pagados, que ha facilitado el Tribunal en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de 2017; toma nota de que se aplican diferentes regímenes a los desplazamientos cubiertos por una orden de misión y a los demás desplazamientos efectuados en el ejercicio de funciones oficiales, hasta un límite de reembolso de 10 000 km al año; toma nota asimismo de que en el caso de todos los demás desplazamientos, los miembros y el secretario general deben asumir todos los demás costes correspondientes; observa que el 17 % de la utilización total de vehículos oficiales corresponde a un uso no profesional; observa que, según declara el Tribunal en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión de 2017, los conductores encargados de conducir a los miembros durante misiones oficiales y viajes de protocolo también desempeñan funciones administrativas diversas; pide al Tribunal que lleve a cabo un análisis pormenorizado de los viajes de la categoría «otros desplazamientos efectuados en el ejercicio de funciones oficiales»;

18.  Celebra que la Decisión 81-2016, que redujo de 15 000 a 10 000 km el límite anual para el reembolso de los desplazamientos efectuados en el ejercicio de funciones oficiales, supusiera un ahorro de aproximadamente el 15 %; expresa su preocupación, no obstante, por el hecho de que el régimen actual siga generando una carga desproporcionada en términos de administración y documentación; pide al Tribunal que introduzca nuevas simplificaciones al tiempo que mejora la fiabilidad del sistema para las liquidaciones; propone que se abone a los miembros del Tribunal una asignación mensual, calculada en proporción al precio de catálogo de sus respectivos vehículos oficiales, en lugar del actual sistema basado en la distancia recorrida;

19.  Observa que se asignan tarjetas de combustible a determinados vehículos oficiales y que la persona que conduce dicho vehículo puede utilizarlas para pagar el carburante y los peajes durante las misiones; observa que los miembros del Tribunal y el secretario general pueden solicitar tarjetas de combustible para su propio vehículo diplomático, pero asumiendo en su totalidad el coste real del carburante;

20.  Toma nota de que el proyecto en curso del Tribunal destinado a reforzar la seguridad de la institución y del personal avanzó según lo previsto; toma nota de que el nuevo centro de control de seguridad, el centro de acreditación externa y el centro de control de acceso para el personal y los visitantes ya han empezado a funcionar;

21.  Celebra que el Tribunal haya obtenido la certificación del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS); acoge con satisfacción las medidas del Tribunal para mejorar la gestión de residuos, aumentar su eficiencia energética y reducir su huella de carbono, y le anima a que prosiga sus esfuerzos en este sentido; celebra la notable reducción de los costes energéticos;

22.  Observa que se ha logrado la reducción del personal del 5 % en el período 2013-2017 de conformidad con el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(1), con una contribución global de 45 puestos; observa que el Tribunal ha reducido un puesto más respecto al objetivo para el período 2013-2017; toma nota de que el número de agentes contractuales aumentó de 59 a 73 en el mismo período, debido principalmente al refuerzo de las medidas de seguridad en las dependencias del Tribunal; observa que el Tribunal agilizó los procedimientos recurriendo a herramientas informáticas y a la digitalización y externalizando diversas tareas a la Oficina Pagadora de la Comisión con el fin de cumplir los objetivos de reducción de personal;

23.  Toma nota de que, para ajustarse a las recomendaciones emitidas por la Federación Internacional de Contables, el Tribunal se plantea como objetivo ofrecer a sus auditores una media anual de cuarenta horas (cinco días) de formación profesional; observa que en 2017 el objetivo se superó con 6,7 días de formación profesional por auditor;

24.  Manifiesta su preocupación por el aumento de las bajas por enfermedad tomadas por el personal, que pasó de 8 636 días en total (correspondientes a 687 miembros del personal) en 2015 a 10 327 días (correspondientes a 677 miembros del personal) en 2017; saluda la transparencia del Tribunal en cuanto al número de casos de agotamiento profesional que se produjeron en 2017; pide al Tribunal que tome conciencia de esta preocupante tendencia y que prepare un plan de acción para la mejora del bienestar del personal, intensificando así sus esfuerzos para mejorar el bienestar del personal y la conciliación de la vida privada y la vida profesional;

25.  Observa que el bajo nivel de los sueldos básicos de los grados iniciales y las limitadas oportunidades de desarrollo profesional en Luxemburgo, debido al escaso número de instituciones situadas en ese país, repercuten directamente en los procedimientos de selección de personal del Tribunal; acoge con satisfacción la creación, en noviembre de 2017, de un grupo de trabajo interinstitucional que ha formulado 24 recomendaciones sobre mejores perspectivas de carrera y flexibilidad en la contratación, mejores condiciones de acogida e instalación en el país, mejor integración del personal de la institución en la sociedad local y mejora de la comunicación;

26.  Se congratula de que en 2017 el 43 % de los auditores y administradores fueran mujeres y que se haya alcanzado el equilibrio de género en el procedimiento de promoción en el contexto del plan de acción para la política de igualdad de oportunidades 2013-2017; observa que la proporción de mujeres en puestos directivos en las salas de fiscalización aumentó del 7 % en 2015 a casi el 20 % en 2017; lamenta, no obstante, que en 2017 solo dos de los once directores y siete de los veintinueve jefes de gabinete fueran mujeres; celebra la adopción de un plan de acción en materia de igualdad de oportunidades para 2018-2020 y pide al Tribunal que prosiga sus esfuerzos para promover el equilibrio de género en los puestos directivos;

27.  Lamenta que, a 1 de mayo de 2018, solo seis de los veintiocho miembros del Tribunal fueran mujeres; recuerda que el Parlamento ha hecho hincapié en la cuestión del desequilibrio de género entre los miembros del Tribunal en su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre el futuro papel del Tribunal de Cuentas – Procedimiento para el nombramiento de los miembros del Tribunal de Cuentas: consulta del Parlamento Europeo(2), e insta a los Estados miembros a que se muestren más activos a la hora de animar a las mujeres a presentar su candidatura a futuras vacantes; reitera que el Consejo debe presentar al Parlamento al menos dos candidatos, uno de los cuales ha de ser una mujer y otro un hombre, en el procedimiento de nombramiento;

28.  Observa que en 2017 no se denunció, investigó o concluyó ningún caso de acoso; acoge con satisfacción las diversas medidas adoptadas por el Tribunal para aumentar la concienciación sobre el acoso en el entorno laboral, incluida la formación para los recién llegados; observa con satisfacción que se han previsto procedimientos y sanciones para dar respuesta a las reclamaciones que se formulen contra miembros del personal y contra miembros del Tribunal; alienta al Tribunal a hacer un estrecho seguimiento de la eficacia de dicha estrategia, a seguir incrementando la concienciación sobre el acoso en el trabajo y a fomentar una cultura de tolerancia cero hacia el acoso;

29.  Toma nota de que en 2017 no se registró ningún caso de denuncia de irregularidades; observa que el Servicio Jurídico del Tribunal actúa como órgano de recepción y remisión de denuncias y asesoramiento para los denunciantes internos y externos; observa asimismo que existe una red de asesores sobre cuestiones éticas para aconsejar sobre la comunicación de información en caso de irregularidades, tal como se especifica en el Reglamento interno del Tribunal; subraya que todos los miembros del personal tienen la obligación de notificar al Servicio Jurídico del Tribunal toda irregularidad, tanto fraudulenta como no fraudulenta; pide al Tribunal que proteja la identidad de los miembros del personal que denuncian irregularidades a fin de permitir una investigación adecuada; pide al Tribunal que se asegure de que todos los miembros del personal sean debidamente informados de sus derechos, por ejemplo durante los cursos de introducción para el personal recién llegado; acoge con satisfacción el dictamen del Tribunal publicado en octubre de 2018, a raíz de la propuesta de la Comisión de una Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, de 23 de abril de 2018; subraya la importancia de la sensibilización y formación del personal para fomentar un entorno positivo y de confianza en el que la denuncia de irregularidades sea parte reconocida de la cultura corporativa;

30.  Toma nota de que, en 2017, el Tribunal comunicó trece casos de presunto fraude a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), frente a once en 2016, que se detectaron durante el trabajo de preparación de la declaración de fiabilidad para los ejercicios 2016 y 2017 y en el marco de otras tareas de auditoría; acoge con satisfacción las negociaciones en curso entre el Tribunal y la OLAF sobre un nuevo acuerdo administrativo; pide que se le mantenga informado sobre la evolución de las relaciones con la OLAF, así como sobre los preparativos para la cooperación con la futura Fiscalía Europea;

31.  Lamenta que los miembros del Tribunal puedan ausentarse del Tribunal sin justificación y sin tener que solicitar el permiso correspondiente para uno o más días; pone de relieve con satisfacción que el Tribunal ha introducido un registro de firmas para consignar la presencia de los miembros en las reuniones del Tribunal, sus salas y comités; toma nota de que el Tribunal publica un calendario de todas estas reuniones en su sitio web; pide al Tribunal que establezca procedimientos para llevar un registro de las vacaciones anuales de los miembros, las bajas por enfermedad y las ausencias del trabajo por otros motivos a fin de garantizar que todos los permisos disfrutados queden correctamente consignados; destaca que la práctica actual podría hacer que disminuya la confianza de los ciudadanos y las instituciones de la Unión en el Tribunal;

32.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 285 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia y únicamente en el interés general de la Unión; manifiesta su preocupación por el hecho de que en la actualidad se valore el cumplimiento o no de este criterio con una declaración del propio interesado, e insta al Tribunal a que desarrolle controles más rigurosos sobre las actividades exteriores de los miembros para asegurarse de que cumplimentan declaraciones de intereses en lugar de declaraciones de ausencia de conflictos de intereses; subraya que deben reforzarse los procedimientos actuales, incluido el comité de ética, para garantizar la ausencia de conflictos de intereses; acoge con satisfacción la actual evaluación por pares externa del marco ético y pide que se le mantenga informado sobre el resultado;

33.  Lamenta que la información solicitada en las órdenes de misión en el pasado fuese insuficiente y no permitiese al Tribunal evaluar si la actividad prevista por sus miembros estaba comprendida en el ámbito de interés del Tribunal; pide al Tribunal que, a fin de evitar posibles abusos, aumente la cantidad de información requerida y notifique a la autoridad de aprobación de la gestión los cambios aplicados; observa que a raíz de la revisión por parte del Tribunal de la normativa sobre las misiones oficiales de sus miembros(3), el Tribunal publica trimestralmente información sobre las misiones de sus miembros;

34.  Observa con interés, no obstante, que, desde octubre de 2016, el Tribunal ha empezado a reforzar los controles internos y los procedimientos financieros relativos a los gastos de viaje y la gestión de los vehículos oficiales adoptando nuevas normas para el uso de vehículos y conductores gestionados ahora por un equipo central(4), para los gastos de misión(5) y para los costes de representación de los miembros del Tribunal(6), con el secretario general como ordenador delegado para los gastos relacionados con las misiones de los miembros del Tribunal(7), y empleando el mismo sistema con el que se gestionan las misiones de cualquier otro miembro del personal de la institución;

35.  Toma nota de la decisión del Tribunal de llevar a cabo una auditoría interna exhaustiva de los gastos de misión y del uso de los coches oficiales de los miembros del Tribunal, el secretario general y los directores durante el período 2012-2018, con el fin de detectar posibles irregularidades y de recuperar los importes correspondientes a dichas irregularidades; pide que se le informe puntualmente de los resultados de la auditoría, una vez concluida, y pide al Tribunal que adopte rápidamente todas las medidas necesarias para abordar las posibles deficiencias detectadas en este proceso; pide, además, al Tribunal que facilite una lista anual de las misiones realizadas, incluyendo las fechas, el coste total y la finalidad de cada misión;

36.  Recuerda los criterios recomendados para el nombramiento de los miembros del Tribunal por los Estados miembros y el Consejo, respaldados por el Parlamento en su Resolución de 4 de febrero de 2014; subraya que un elevado nivel de integridad y moralidad de los candidatos es un criterio importante y que, en el momento de su nombramiento, estos no deben ocupar ningún cargo electo ni desempeñar ninguna función activa en un partido político; considera que el procedimiento de selección debe ser objeto de mayores adaptaciones para garantizar que los candidatos posean las cualificaciones pertinentes y cumplan los requisitos aplicables; sugiere que el procedimiento de preselección de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede servir de modelo para aplicar un procedimiento de preselección de los miembros del Tribunal independiente;

37.  Señala que la decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea no tendrá repercusiones importantes en la estructura y los recursos del Tribunal; acoge con satisfacción que el Tribunal haya optado por decidir caso por caso la prórroga de los contratos de los agentes temporales y contractuales británicos y que no los despida por el mero hecho de dejar de ser nacionales de un Estado miembro; pide al Tribunal que elabore con rapidez una estrategia coherente para dar seguridad a las personas afectadas; observa, además, que el miembro británico del Tribunal dejará de prestar sus servicios el 1 de abril de 2019 y que el impacto presupuestario de su marcha, ocho meses antes de que finalice su mandato, ascenderá a unos 108 000 EUR.

(1) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(2) DO C 93 de 24.3.2017, p. 6.
(3) Decisión n.º 61-2017, de 14 de diciembre de 2017, sobre los gastos de misión de los miembros del Tribunal.
(4) Acta de la 218ª reunión del Comité administrativo, celebrada el jueves 6 de octubre de 2016, punto 7.
(5) Decisión n.º 61-2017, de 14 de diciembre de 2017, sobre los gastos de misión de los miembros del Tribunal.
(6) Decisión n.º 60-2017, de 14 de diciembre de 2017, sobre las normas de gestión de los gastos de representación de los miembros.
(7) Decisión n.º 58-2017 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de diciembre de 2017, por la que se establecen las normas internas para la ejecución del presupuesto. Decisión n.º 59-2017 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 14 de diciembre de 2017, sobre la carta de funciones y responsabilidades del ordenador delegado y de los ordenadores subdelegados.

Última actualización: 28 de marzo de 2019Aviso jurídico