Índice 
Textos aprobados
Jueves 14 de marzo de 2019 - EstrasburgoEdición provisional
Situación de los derechos humanos en Kazajistán
 Irán, en especial el caso de los defensores de los derechos humanos
 Situación de los derechos humanos en Guatemala
 Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores *
 Aplicación del Reglamento relativo al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
 Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas ***I
 Defensa de la competencia en el transporte aéreo ***I
 Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
 Equilibrio de género en las designaciones en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión
 Nombramiento de Sebastiano Laviola como nuevo miembro de la Junta Única de Resolución
 Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
 Nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea
 Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos
 Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva contra el blanqueo de capitales
 Cambio climático
 Creación del Fondo Monetario Europeo
 Situación en Nicaragua
 Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Situación de los derechos humanos en Kazajistán
PDF 141kWORD 49k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Kazajistán (2019/2610(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0203RC-B8-0204/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra(1), y su Resolución, de 10 de marzo de 2016, sobre la libertad de expresión en Kazajistán(2),

–  Vista su Resolución legislativa, de 12 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra(3),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Kazajistán, incluidas sus Resoluciones de 18 de abril de 2013(4) y 15 de marzo de 2012(5), así como la de 17 de septiembre de 2009, sobre el caso de Yevgeny Zhovtis en Kazajistán(6),

–  Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada firmado el 21 de diciembre de 2015,

–  Vistas sus Resoluciones, de 15 de diciembre de 2011, sobre los progresos alcanzados en la aplicación de la Estrategia de la UE para Asia Central(7), y de 13 de abril de 2016, sobre la aplicación y revisión de la Estrategia de la UE para Asia Central(8),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 22 de junio de 2015 y de 19 de junio de 2017 sobre la Estrategia de la Unión para Asia Central,

–  Vistos los diálogos anuales UE-Kazajistán sobre derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, el 21 de diciembre de 2015, la Unión Europea y Kazajistán firmaron un Acuerdo de colaboración y cooperación reforzada destinado a ofrecer un marco amplio para un diálogo político y una cooperación reforzados en materia de justicia y asuntos de interior, y en muchos otros ámbitos; que en este acuerdo se insiste particularmente en la democracia y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios de la economía de mercado y el desarrollo sostenible, así como en la cooperación de la sociedad civil, en particular la participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas;

B.  Considerando que Kazajistán se adhirió a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) en marzo de 2012;

C.  Considerando que el Gobierno de Kazajistán aparentemente no ha tomado ninguna medida para revisar la amplia formulación de las disposiciones del artículo 174 del Código penal, que prohíbe la «incitación» a la discordia social o nacional o de otra índole, y del artículo 274, que prohíbe la «divulgación deliberada de información falsa», sino que continúa sirviéndose de estas disposiciones como base para imputar y encarcelar a activistas de la sociedad civil y periodistas;

D.  Considerando que ha aumentado el número de presos políticos en Kazajistán; que en 2016 se celebraron manifestaciones pacíficas contra las modificaciones del Código de la propiedad inmobiliaria en diferentes regiones de Kazajistán, que se saldaron con la detención de más de mil participantes (incluidos 55 periodistas), de los que más de 30 quedaron privados de libertad; que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria reconoció el carácter arbitrario de la detención y la falta de un proceso justo, así como graves violaciones de los derechos humanos en algunos casos; que el activista de la sociedad civil Maks Bokayev está cumpliendo una pena de prisión por su participación legítima en esta gran concentración pacífica;

E.  Considerando que el Gobierno de Kazajistán cooperó con la misión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a aplicar un programa de trabajo para atender a los motivos de inquietud de la OIT, pero no ha tomado medidas de mayor importancia para llevar a la práctica puntos del programa de trabajo, como la modificación de la legislación en materia de sindicatos; que tampoco ha ejecutado las recomendaciones anteriores de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT de que se revisara la legislación en materia de sindicatos y el Código de trabajo, y se tomaran todas las medidas necesarias para garantizar que la Confederación de Sindicatos Independientes de Kazajistán (CITUK) y sus afiliados pudieran ejercer plenamente sus derechos sindicales;

F.  Considerando que los sindicalistas Nurbek Kushakbaev y Amin Eleusinov fueron puestos en libertad condicional en mayo de 2018, pero siguen bajo la prohibición de desarrollar actividades sindicales; que la sindicalista Larisa Kharikova se enfrenta a restricciones similares, así como a un acoso judicial constante, y Erlan Baltabay, sindicalista de Shymkent, es objeto de investigación penal bajo acusaciones cuestionables;

G.  Considerando que la nueva legislación en materia de ONG ha hecho más estrictas las normas de contabilidad aplicables a las organizaciones de la sociedad civil; que las organizaciones de derechos humanos sufren presión fiscal en relación con las subvenciones que reciben de donantes internacionales;

H.  Considerando que la libertad de religión y de creencias se ha visto gravemente comprometida; que las autoridades están tomando las creencias religiosas como pretexto para detenciones arbitrarias; que Saken Tulbayev fue encarcelado tras haber sido acusado de «incitar al odio por motivos religiosos»;

I.  Considerando que el 13 de marzo de 2018, las autoridades prohibieron el movimiento pacífico Opción Democrática de Kazajistán (ODK) y que más de 500 personas expresaran diferentes formas de apoyo a la ODK; que los activistas civiles Almat Zhumagulov y el poeta Kenzhebek Abishev han sido víctima de la lucha de las autoridades de Kazajistán contra la ODK y han sido sentenciados a 8 y 7 años de prisión, respectivamente; que Ablovas Dzhumayev ha sido sentenciado a tres años de prisión y Aset Abishev a cuatro por criticar en línea a las autoridades y apoyar a la ODK;

J.  Considerando que a pesar de estar protegido en la Constitución de Kazajistán, el derecho a la libre asociación sigue muy restringido en el país, y la Ley sobre asociación pública sigue obligando a todas las asociaciones públicas a registrarse ante el Ministerio de Justicia; que, en diciembre de 2015, mediante nuevas modificaciones de dicha ley se impusieron onerosas obligaciones de información y la regulación estatal de la financiación a través de un órgano designado por el Gobierno; que quienes desarrollan actividades a través de organizaciones no registradas pueden ser objeto de sanciones administrativas y penales;

K.  Considerando que la sociedad civil y los activistas pro derechos humanos continúan siendo objeto de represalias y restricciones en sus actividades, como la activista pro derechos humanos Elena Semenova, sometida a prohibición de viajar por «divulgación deliberada de información falsa», y que la activista, basada en Shykment, Ardak Ashim fue acusada de «incitación al desorden» por sus publicaciones críticas en los medios sociales y sometida a internamiento psiquiátrico forzoso; que el 10 de mayo de 2018, durante la visita de una delegación del Parlamento Europeo a Kazajistán, la policía hizo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos que trataban de encontrarse con diputados al Parlamento Europeo; que más de 150 personas fueron detenidas por la policía y más de 30 manifestantes fueron objeto de detención administrativa; que los días 17 y 18 de septiembre de 2018, la policía kazaja detuvo a varios activistas que querían reunirse con miembros de la delegación del Parlamento Europeo;

L.  Considerando que en abril de 2018 entraron en vigor nuevas modificaciones restrictivas de la ley de medios de comunicación y de información, que sigue bloqueado el acceso a la información en los medios sociales, y que Forbes Kazakhstan y Ratel.kz son objeto de una investigación penal abierta contra ellos por «divulgación deliberada de información falsa»; que el uso de redes sociales está controlado y restringido por las autoridades; que han sido condenados a prisión blogueros y otros usuarios de redes sociales, como Ruslan Ginatullin, Igor Chupina e Igor Sychev; que Muratbek Tungishbayev fue extraditado de Kirguistán a Kazajistán, en violación palmaria de la ley, y fue sometido a malos tratos en Kazajistán;

M.  Considerando que siguen siendo normales la impunidad de las torturas y los malos tratos a presos y sospechosos, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a adoptar una posición de tolerancia cero hacia la tortura; que las autoridades no han llevado a cabo una investigación digna de crédito sobre las acusaciones de tortura durante la prolongada huelga del sector petrolero en Zhanaozen en 2011;

N.  Considerando que la Fiscalía de Almaty no encontró pruebas creíbles que respaldasen las acusaciones de tortura en relación con el empresario Iskander Yerimbetov, condenado a siete años de prisión acusado de fraude a gran escala en octubre de 2018; que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyó en 2018 que su detención y encarcelamiento fueron arbitrarios, pidió su liberación y manifestó preocupación por las acusaciones de tortura durante su prisión preventiva;

O.  Considerando que los elevados niveles de violencia contra las mujeres, así como las normas patriarcales y los estereotipos tradicionales, obstaculizan considerablemente la igualdad de género en Kazajistán; que organizaciones no gubernamentales afirman que la violencia contra las mujeres no se denuncia lo suficiente y que es baja la tasa de enjuiciamiento en los casos de violencia contra las mujeres, así como en los casos de acoso sexual;

P.  Considerando que las personas LGBTI en Kazajistán se enfrentan a dificultades jurídicas y son objeto de discriminación; que en Kazajistán las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, ya sea masculino o femenino, son legales, pero las parejas del mismo sexo y los hogares en los que conviven parejas del mismo sexo no pueden optar a la misma protección jurídica que se aplica a las parejas casadas de distinto sexo;

Q.  Considerando que Kazajistán ocupa el puesto 143, de un total de 167, en el índice de democracia mundial, por lo que el país es considerado como un régimen autoritario;

1.  Insta a Kazajistán a que cumpla sus obligaciones internacionales y respete los derechos humanos y las libertades fundamentales; pide a las autoridades kazajas que pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y a todas las formas de represión política, de conformidad con los principios de los artículos 1, 4, 5 y 235 del Acuerdo de colaboración y cooperación reforzado;

2.  Subraya que el refuerzo de las relaciones políticas, económicas y culturales entre la Unión y Kazajistán debe basarse en compromisos compartidos en favor de valores universales, en particular, la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y el respeto de los derechos humanos; espera que el Acuerdo de colaboración y cooperación reforzado promueva un fortalecimiento del Estado de Derecho y de la participación democrática de todos los ciudadanos, un panorama político más diversificado, un poder judicial independiente e imparcial que funcione mejor, una mayor transparencia y rendición de cuentas del Gobierno, y mejoras de la legislación laboral;

3.  Celebra la liberación de varios presos políticos, a saber: Vladimir Kozlov, Gyuzyal Baydalinova, Seytkazy Matayev, Edige Batyrov, Yerzhan Orazalinov, Sayat Ibrayev, Aset Matayev, Zinaida Mukhortova, Talgat Ayan y los trabajadores del sector petrolífero de Zhanaozen, así como los sindicalistas Amin Eleusinov y Nurbek Kushakbayev, cuya libertad, no obstante, sigue estando sujeta a restricciones; acoge con satisfacción la decisión de poner en libertad a Ardak Ashim, retenida en una clínica psiquiátrica; condena el uso de una medida tan brutal como la psiquiatría de castigo y pide que se ponga fin al tratamiento psiquiátrico ambulatorio impuesto a Ashim y a todas las medidas médicas obligatorias contra la activista Natalia Ulasik;

4.  Pide la plena rehabilitación y la liberación inmediata de todos los activistas y presos políticos actualmente en prisión, en particular de Mukhtar Dzhakishev, Maks Bokayev, Iskander Yerimbetov, Aron Atabek, Sanat Bukenov, Makhambet Abzhan y Saken Tulbayev, así como el levantamiento de las restricciones impuestas al desplazamiento de otros de ellos;

5.  Insta al Gobierno de Kazajistán a que modifique el artículo 174 del Código penal relativo a la «incitación a la discordia social, nacional, entre clanes, racial, entre clases o religiosa», restringiéndolo con el fin de evitar enjuiciamientos arbitrarios que violen las normas en materia de derechos humanos, así como el artículo 274 del Código penal, que prohíbe en términos generales «la divulgación deliberada de información falsa», y que ponga en libertad a los activistas, periodistas y otras personas críticas que se encuentran actualmente detenidas en virtud de dichos artículos;

6.  Insta al Gobierno de Kazajistán a que ponga fin a la represión de los sindicatos independientes y levante las restricciones a las que están sujetas sus actividades, a que ponga fin a los procesos penales por motivos políticos a los que se enfrentan los líderes sindicales, y a que anule las condenas de Larissa Kharkova, Nurbek Kushakbaev y Amin Eleusinov y les permita reanudar sus actividades sindicales sin interferencias ni acoso; insta, asimismo, al Gobierno a que responda a las preocupaciones del Parlamento Europeo en relación con la investigación judicial contra Erlan Baltabay, y a que revise la Ley de Sindicatos de 2014 y el Código del Trabajo de 2015 con el fin de adaptarlos a las normas de la OIT;

7.  Insta al Gobierno de Kazajistán a que aplique las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de reunión pacífica y libertad de asociación, y a que revise la Ley sobre asociación pública y las condiciones de acceso a la financiación;

8.  Insta al Gobierno de Kazajistán a que ponga fin a todas las formas de detención arbitraria, represalias y acoso contra los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de oposición política, en particular contra los partidarios, reales o supuestos, de la ODK;

9.  Insta al Gobierno de Kazajistán a que revise las modificaciones de la ley de medios de comunicación y de información que entraron en vigor este año, establezca una moratoria sobre el delito penal de libelo, tome todas las medidas necesarias para derogar los artículos pertinentes del nuevo Código penal relativos al delito penal de libelo, establezca un límite máximo para las sanciones por difamación civil, ponga fin al acoso y las represalias contra los periodistas críticos con el Gobierno y deje de bloquear el acceso a la información, tanto en línea como fuera de línea;

10.  Pide que se tomen medidas en relación con las comunicaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura; pide que se proteja a las víctimas de la tortura, que se les proporcione asistencia médica adecuada y que se investiguen adecuadamente los casos de tortura; solicita que se ponga fin al recurso abusivo a los procedimientos de extradición de Interpol y al acoso contra los políticos de la oposición; insta al Gobierno de Kazajistán a que cumpla sus promesas de tolerancia cero con la tortura y a que vele por que se investiguen en profundidad las denuncias de tortura, en particular las que se han formulado en el contexto de los acontecimientos ocurridos en Zhanaozen; insta al Gobierno a que revise el caso de Iskander Yerimbetov a la luz de las conclusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y a que vele por que se investiguen debidamente las acusaciones de tortura;

11.  Toma nota del carácter multiétnico y multirreligioso de Kazajistán y subraya la necesidad de proteger a las minorías y sus derechos, en particular en lo que respecta al uso de las lenguas, la libertad de religión o de creencias, la no discriminación y la igualdad de oportunidades; celebra la coexistencia pacífica de las distintas comunidades en Kazajistán; insta a Kazajistán a que deje de perseguir a las personas por ejercer su derecho legítimo a la libertad de conciencia y de religión; exige la liberación inmediata de las personas condenadas por tener una determinada creencia;

12.  Pide a las autoridades que luchen contra todas las formas de violencia contra las mujeres; pide, además, que se adopten medidas para garantizar la existencia de canales de denuncia eficaces y accesibles y medidas de protección que tengan en cuenta las necesidades de las víctimas y su confidencialidad; insta a que se ponga fin a la impunidad y a que se tomen medidas para garantizar que se impongan sanciones penales adecuadas a los autores;

13.  Insiste en que se respeten plenamente los derechos de la comunidad LGBTI; pide al Gobierno de Kazajistán que garantice que la comunidad LGBTI no sea objeto de ningún tipo de discriminación;

14.  Pide a Kazajistán que aplique plenamente las recomendaciones de la misión internacional de la OSCE/OIDDH de observación de las elecciones celebradas el 20 de marzo de 2016, según las cuales el país aún tiene mucho por hacer para cumplir los compromisos contraídos en el marco de la OSCE en materia de elecciones democráticas; insta a las autoridades kazajas a que eviten restringir la actividad de los candidatos independientes; insta, asimismo, a que se respeten los derechos electorales de los ciudadanos;

15.  Reitera la importancia de la cooperación de la Unión y de la OSCE en la mejora de las prácticas de gobernanza democrática en el país, en particular en el ámbito de los derechos humanos y el Estado de Derecho; insta, por tanto, a las autoridades kazajas a que amplíen el mandato de la OSCE en el país y, en particular, a que restablezcan el mandato del Centro de la OSCE en Astana como condición importante para una mayor cooperación entre la Unión y Kazajistán;

16.  Pide a la Unión y, en particular, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), que supervisen atentamente la evolución en Kazajistán, que transmitan sus preocupaciones a las autoridades kazajas de ser necesario, que ofrezcan asistencia y que informen periódicamente al Parlamento; pide a la Delegación de la Unión en Astana que siga desempeñando un papel activo en el seguimiento de la situación y que plantee la cuestión de la libertad de expresión en todas las reuniones bilaterales pertinentes; insta al SEAE a que participe activamente en misiones de observación de juicios, con el fin de supervisar los juicios delicados desde el punto de vista político y los enjuiciamientos por motivos políticos, y que se asegure de que el derecho a un juicio justo se aplica a todos;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la §Comisión, así como a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para Asia Central, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Kazajistán.

(1) DO C 369 de 11.10.2018.
(2) DO C 50 de 9.2.2018, p. 38.
(3) DO C 369 de 11.10.2018, p. 179.
(4) DO C 45 de 5.2.2016, p. 85.
(5) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 93.
(6) DO C 224 E de 19.8.2010, p. 30.
(7) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 91.
(8) DO C 58 de 15.2.2018, p. 119.


Irán, en especial el caso de los defensores de los derechos humanos
PDF 134kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre Irán, en especial el caso de los defensores de los derechos humanos (2019/2611(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0204RC-B8-0186/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán, en particular la de 13 de diciembre de 2018, sobre Irán, en particular el caso de Nasrín Sotudé(1), y la de 25 de octubre de 2016, sobre la estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 4 de febrero de 2019, sobre Irán,

–  Vistos el informe del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, de 30 de enero de 2019, y sus declaraciones sobre el país el 29 de noviembre de 2018,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 17 de diciembre de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Irán es parte,

–  Vista la Carta de los Derechos de los Ciudadanos del presidente iraní,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las declaraciones por parte de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2018 bajo el título «Iran must protect women’s rights advocates» (Irán ha de proteger a los defensores de los derechos de las mujeres),

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 12 de abril de 2018, por la que prorroga doce meses más sus medidas restrictivas en respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos en Irán,

–  Vistas las declaraciones de la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 12 de marzo de 2019 sobre la condena de la abogada iraní defensora de los derechos humanos Nasrín Sotudé,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, en Irán, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los abogados y los activistas en línea siguen sufriendo acoso, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y enjuiciamiento por ejercer su labor; que el Ministerio de Inteligencia iraní y otros poderes han emprendido estos últimos meses una dura represión de la sociedad civil;

B.  Considerando que, en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la estrategia de la UE en relación con Irán tras el acuerdo nuclear, destaca la importancia de respetar las directrices sobre derechos humanos de la Unión, incluidos los defensores de los derechos humanos, en el contexto de las relaciones entre la Unión e Irán;

C.  Considerando que la renombrada abogada defensora de los derechos humanos Nasrín Sotudé fue hace poco sentenciada a, como mínimo, siete años de prisión; que a lo largo de los dos juicios se ha indicado que su pena combinada podría ser considerablemente superior, si bien sigue sin saberse a cuánto tiempo se le condenará exactamente; que el verdadero motivo de su encarcelamiento parece ser su defensa pacífica de los derechos humanos en Irán; que en dichos juicios no se respetaron las normas básicas internacionales en materia de garantías procesales;

D.  Considerando que el marido de Nasrín Sotudé, Reza Jandan, fue encarcelado por su apoyo a las mujeres que han hecho campaña de forma pacífica contra la obligación de llevar hiyab y por la liberación de su esposa; que el Tribunal Revolucionario de Teherán lo sentenció en enero de 2019 a seis años de prisión;

E.  Considerando que los activistas medioambientales Taher Ghadirian, Niloufar Bayani, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Sam Rajabi, Sepideh Kashani, Abdolreza Kouhpayeh y Morad Tahbaz, del equipo de la Persian Wildlife Heritage Foundation, fueron detenidos en enero y febrero de 2018 y encarcelados sin acceso a asistencia letrada, y estas últimas semanas han sido enjuiciados en procedimientos que no cumplen las normas internacionales en materia de juicio justo; que otro miembro de este grupo, el catedrático iranocanadiense Kavous Seyed‑Emami, falleció el año pasado bajo custodia en extrañas circunstancias;

F.  Considerando que entre 2018 y 2019 se detuvo a los militantes sindicales Esmaeil Bakhshi, Sepideh Gholian y Mohammad Habibi por encabezar acciones de protesta en favor de los derechos de los trabajadores y los docentes; que la defensora de los derechos humanos Maryam Akbari Montared fue sentenciada en 2010 a quince años de prisión por la denominada «hostilidad hacia Dios» y se le ha denegado asistencia médica a pesar de padecer varias enfermedades;

G.  Considerando que se han impuesto largas penas de prisión a los activistas Arash Sadeghi, Narges Mohammadi y Farhad Meysami por sus campañas a favor de los derechos de la mujer, la abolición de la pena de muerte y los derechos humanos;

H.  Considerando que los juicios no acostumbran a ser imparciales en los tribunales iraníes, en los cuales se emplean como prueba las confesiones obtenidas bajo tortura; que las autoridades siguen criminalizando el activismo en favor de los derechos humanos y se basan en el artículo 48 de la Ley de enjuiciamiento criminal iraní para limitar el acceso de los detenidos a asistencia letrada; que dentro del poder judicial no se dispone de mecanismos independientes para garantizar la rendición de cuentas;

I.  Considerando que la persistente práctica de detener a ciudadanos que poseen la doble nacionalidad iraní y de un Estado miembro de la Unión, incluida la iranobritánica Nazanin Zaghari‑Ratcliffe, tiene como continuación la retención en régimen de aislamiento e interrogatorios, la falta de respeto de las garantías procesales y la imposición de penas de prisión prolongadas basadas en acusaciones vagas o indeterminadas sobre «seguridad nacional» y «espionaje», así como campañas de difamación promovidas por el Estado contra las personas encarceladas;

J.  Considerando que hay noticia de múltiples casos de condiciones inhumanas y degradantes en los centros penitenciarios y de falta de un acceso adecuado a la atención médica durante el encarcelamiento, en contravención de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos;

K.  Considerando que en un informe de la ONG Iran Human Rights se calcula que en 2018 Irán ejecutó a 273 personas, la segunda cifra más elevada del mundo ese año;

L.  Considerando que miles de personas organizaron en 2018 manifestaciones y huelgas pacíficas en protesta por el impago de salarios, las malas condiciones de trabajo, la corrupción, la represión política y otros motivos de queja; que las autoridades detuvieron a cientos de ellas, muchas de las cuales fueron sentenciadas a penas de prisión y flagelación;

M.  Considerando que el poder judicial iraní sigue reprimiendo los actos pacíficos de resistencia por parte de los defensores de los derechos de las mujeres que protestan contra el uso obligatorio del hiyab; que, en 2018, al menos 39 mujeres fueron detenidas en relación con las protestas y otras 55 fueron detenidas por sus actividades por los derechos de las mujeres;

N.  Considerando que la libertad de prensa, tanto en internet como fuera de internet, la libertad de asociación y la libertad de conciencia sufren represión en Irán;

O.  Considerando que las autoridades iraníes han perseguido sistemáticamente a los periodistas, también a los que trabajan para el servicio de la BBC iraní, y a sus familias, mediante el uso de investigaciones penales, congelación de activos, detenciones arbitrarias, encarcelamiento, vigilancia, acoso, y difusión de publicidad falsa, maliciosa y difamatoria; que en la actualidad al menos ocho periodistas están encarcelados en Irán;

P.  Considerando que el presidente iraní Hasán Rohaní puso en marcha una Carta de los Derechos de los Ciudadanos en diciembre de 2016; que dicha Carta no es jurídicamente vinculante;

Q.  Considerando que los miembros de minorías religiosas y étnicas, incluidos la fe bahaí, las comunidades azerí, kurda, árabe y beluchuán, los musulmanes suníes, los cristianos, y quienes no profesan religión alguna, sufren discriminación en materia de empleo, educación, libertad de culto y actividades políticas en Irán;

1.  Pide a las autoridades iraníes que liberen de inmediato e incondicionalmente a todos los defensores de los derechos humanos, los presos de conciencia y los periodistas detenidos y sentenciados por el mero ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica; destaca que las autoridades iraníes deben garantizar en todo momento que los defensores de los derechos humanos, los abogados y los periodistas puedan llevar a cabo su trabajo libres de amenazas, intimidación o impedimento;

2.  Reitera su llamamiento al Gobierno de Irán para que libere de inmediato y de manera incondicional a Nasrín Sotudé, galardonada con el Premio Sájarov, y elogia el valor y el compromiso de esta última con los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Irán; considera, además, que en el juicio manifiestamente injusto y la condena de Nasrín Sotudé nos encontramos ante un grave error judicial, y acoge con satisfacción la declaración de la portavoz del SEAE de 12 de marzo de 2019 al respecto;

3.  Pide a las autoridades iraníes que modifiquen el artículo 48 de la Ley de enjuiciamiento criminal del país con objeto de garantizar el derecho de todos los acusados a un juicio justo y a estar representados por un abogado de su elección, de conformidad con los compromisos de Irán en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

4.  Insta a las autoridades iraníes a que garanticen la seguridad y el bienestar de todos los detenidos, y también el acceso a una asistencia médica adecuada; pide asimismo una investigación independiente sobre la muerte bajo custodia de Kavous Seyed‑Emami, así como sobre las acusaciones de tortura de otros activistas en prisión, y condena la práctica de negar deliberadamente la asistencia médica a los presos políticos;

5.  Pide que las autoridades de Irán pongan fin con carácter de urgencia a la vigilancia, la detención, el acoso y el enjuiciamiento de los periodistas, los activistas en línea y sus familias, y que pongan fin a la censura en línea, y pide que se creen condiciones que toleren la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, tanto en internet como fuera de internet;

6.  Pide al Gobierno de Irán que coopere con el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, en particular permitiéndole la entrada en el país;

7.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que sigan planteando los casos de los defensores de los derechos humanos detenidos ante sus interlocutores iraníes, así como en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra;

8.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que siga incluyendo los derechos humanos, y en particular la situación de los defensores de los derechos humanos, en el contexto del diálogo de alto nivel UE‑Irán; pide asimismo a la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) que reafirme públicamente que el respeto de los derechos humanos es un componente fundamental del desarrollo de las relaciones entre la Unión e Irán;

9.  Insta a la AR/VP y al Consejo a que estudien la posibilidad de establecer un diálogo formal sobre derechos humanos con Irán de conformidad con las Directrices de la Unión Europea en materia de diálogo sobre derechos humanos;

10.  Insta a los cargos públicos de la Unión a que pidan a las autoridades iraníes que garanticen la seguridad y el bienestar de los activistas de los derechos humanos bajo custodia y que investiguen en profundidad las denuncias de torturas;

11.  Insta a todos los Estados miembros con presencia diplomática en Teherán a que utilicen los mecanismos previstos en las Directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos, con objeto de apoyar y proteger a dichas personas, también mediante declaraciones públicas, gestiones diplomáticas, seguimiento de juicios y visitas en las prisiones;

12.  Insta a Irán a dejar de criminalizar la labor de los defensores de los derechos de las mujeres, en particular quienes protestan pacíficamente contra el uso obligatorio del hiyab, y pide que se elimine esta práctica discriminatoria y humillante;

13.  Pide al Gobierno de Irán que proteja los derechos de todas las personas pertenecientes a minorías religiosas y étnicas y que aborde todas las formas de discriminación contra ellas;

14.  Acoge con satisfacción las modificaciones de la normativa sobre tráfico de drogas, que han llevado a la reducción del número de condenas a pena capital, y pide que se revisen todas las sentencias de muerte con objeto de garantizar el respeto de las normas internacionales; pide a las autoridades iraníes que establezcan una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte como un paso hacia la abolición de esta;

15.  Recomienda el envío a Irán antes de que finalice la presente legislatura de una delegación ad hoc de la Subcomisión de Derechos Humanos a fin de visitar a los defensores de los derechos humanos encarcelados y de celebrar las reuniones que se imponen con las autoridades iraníes;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al líder supremo de la República Islámica de Irán, al presidente de la República Islámica de Irán, y a los miembros del Parlamento de la República Islámica de Irán.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0525.
(2) DO C 215 de 19.6.2018, p. 86.


Situación de los derechos humanos en Guatemala
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala (2019/2618(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0205RC-B8-0182/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones, de 15 de marzo de 2007 sobre Guatemala(1), de 11 de diciembre de 2012 sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro(2), y de 16 de febrero de 2017 sobre Guatemala, en particular la situación de los defensores de los derechos humanos(3),

–  Vista la visita de su Subcomisión de Derechos Humanos a México y Guatemala de febrero de 2016 y su informe final al respecto,

–  Visto el informe de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central tras su visita a Guatemala y Honduras del 16 al 20 de febrero de 2015,

–  Visto el informe de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central tras su visita a Guatemala del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2018,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(4),

–  Visto el Programa Indicativo Plurianual para Guatemala 2014-2020, y su compromiso para contribuir a la solución de los conflictos, la paz y la seguridad,

–  Vistos los programas de apoyo de la Unión en favor del sector de la justicia en Guatemala, en especial SEJUST,

–  Vistas las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos y el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos, que se compromete a colaborar con los defensores de los derechos humanos,

–  Visto el Programa de acción anual de la Unión en favor de Guatemala de 2018 para el crecimiento económico sostenible e integrador de la zona fronteriza de Guatemala y sus inmediaciones, y en apoyo de la ampliación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),

–  Vista la firma del acuerdo de asesoramiento entre la CICIG y la Corte Suprema de Guatemala en agosto de 2017,

–  Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 2 de septiembre de 2018, acerca de la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la CIGIC,

–  Vista la carta conjunta, dirigida al presidente de Guatemala el 6 de abril de 2018 por el presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición,

–  Vista la declaración, de 10 de septiembre de 2018, de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativa a la decisión del Gobierno guatemalteco de no renovar el mandato de la CICIG,

–  Vista la declaración, de 6 de marzo de 2019, de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativa a la ley guatemalteca sobre las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo,

–  Visto el último informe de Human Rights Watch sobre Guatemala,

–  Vista la Constitución de Guatemala,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, debido en gran parte a la colaboración entre la oficina de la fiscal general guatemalteca y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el respaldo de las Naciones Unidas, creada en 2007 para investigar la delincuencia organizada y reforzar las iniciativas locales para fortalecer el Estado de Derecho, Guatemala ha logrado algunos avances en el procesamiento de casos de derechos humanos y de corrupción;

B.  Considerando que el número de asesinatos y ataques contra defensores, organizaciones y comunidades que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales ha aumentado en Guatemala en los últimos años; que, en 2018, el número total de ataques contra defensores de los derechos humanos y poblaciones indígenas, en particular ataques contra quienes trabajan por los derechos sobre la tierra y el territorio, fue de 391, según un informe de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), incluidos 147 casos de criminalización y 26 asesinatos, un aumento del 136 % con respecto a 2017;

C.  Considerando que los defensores de los derechos humanos también se enfrentan a amenazas, intimidación, estigmatización, campañas de difamación de agentes privados y de las autoridades guatemaltecas, y persecución judicial; que el abuso de los procedimientos penales contra los defensores de los derechos humanos para evitar o sancionar su trabajo sigue despertando preocupaciones;

D.  Considerando que el número de ataques contra periodistas es asimismo preocupante, con 93 ataques, incluidos 4 asesinatos, registrados en 2017; que, habida cuenta de la concentración en curso de la propiedad de los medios de comunicación en manos de pocas empresas, los medios de comunicación y los periodistas independientes siguen siendo objeto de ataques y amenazas;

E.  Considerando que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en Guatemala, como pone de manifiesto el hecho de que las muertes violentas de mujeres hayan aumentado un 8 % hasta los 662 casos; que, en el Día Internacional de la Mujer de 2017, murieron 41 jóvenes que habían sido encerradas después de una protesta contra los abusos de los guardias, cuando se produjo un incendio en un centro estatal de menores; que el índice de impunidad por los crímenes es del 97 % en Guatemala;

F.  Considerando que, desde 2007, la CICIG ha combatido la corrupción y la impunidad a invitación del Gobierno guatemalteco y en estrecha colaboración con las instituciones nacionales del país, a fin de detectar y ayudar a desmantelar instituciones paraestatales, y ha contribuido a reforzar las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad del país;

G.  Considerando que, tras cuatro ampliaciones de los sucesivos mandatos de dos años de la CICIG, el Gobierno guatemalteco solicitó al secretario general de las Naciones Unidas que su mandato se renovara una vez más hasta septiembre de 2019, con lo que se reforzaría ulteriormente la gobernanza gracias a las investigaciones de gran repercusión de la CICIG y el apoyo al Estado de Derecho en Guatemala, y se consolidarían sus logros en la reducción significativa de la corrupción y cuestionando la impunidad de las actividades no estatales con vínculos con el Estado (CIACS);

H.  Considerando que, en abril de 2018, el CICIG y el Ministerio Público presentaron los resultados de nuevas investigaciones sobre la financiación ilegal durante la campaña electoral del partido FCN, actualmente en el poder; que, en julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia planteó una investigación sobre las actividades del presidente Jimmy Morales en relación con la financiación ilegal de su campaña electoral;

I.  Considerando que a finales de agosto de 2018, el Gobierno guatemalteco anunció la cancelación del mandato de la CICIG a partir de septiembre de 2019; que, poco después, el Gobierno prohibió también el regreso al país del director de la CICIG, Iván Velásquez, y posteriormente canceló los visados de 11 empleados de la CICIG que habían investigado casos de corrupción de alto nivel; que, en enero de 2019, el Gobierno canceló unilateralmente el acuerdo con las Naciones Unidas relativo a la CICIG con efectos inmediatos y solicitó que esta abandonara el país; que Iván Velásquez también se enfrenta a cargos y es objeto de campañas de difamación;

J.  Considerando que la Corte Constitucional de Guatemala ha impugnado y anulado estas medidas; que la Corte Constitucional ordenó, por unanimidad, que el Gobierno debía permitir a Iván Velásquez entrar en el país; que el Gobierno ha hecho caso omiso de estas sentencias; que el Congreso ha preparado acciones contra la Corte Constitucional y sus miembros, lo que supone un conflicto flagrante con el Estado de Derecho;

K.  Considerando que la iniciativa 5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional, que aprobó el Congreso en la segunda de tres lecturas a principios de marzo de 2019, ampliaría la amnistía para todos los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad nacionales y por personas que actuaban en nombre del Gobierno, incluidos los crímenes contra la humanidad, tales como tortura, desapariciones forzosas y genocidio; que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación sobre la iniciativa y han pedido que no se enmiende la ley vigente;

L.  Considerando que, según la CIDH, la iniciativa de reforma 5377 no cumple los compromisos internacionales de Guatemala, supuestamente vulnera el Derecho internacional, e infringe el artículo 171, letra g), de la Constitución de Guatemala, pues todas aquellas personas encarceladas como culpables de crímenes políticos y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado y condenadas por ellos, quedarían libres en unas horas;

M.  Considerando que la población de Guatemala tiene que soportar unos niveles de inseguridad extremadamente elevados, y que la Policía Nacional Civil (PNC) se ha visto gravemente mermada en los últimos años; que se han registrado acusaciones de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces, fiscales y agentes judiciales que han cooperado con la CICIG;

N.  Considerando que el acceso a la justicia, las condiciones de reclusión, la conducta policial y las denuncias de tortura, así como la corrupción, colusión e impunidad generalizadas, siguen siendo un motivo de honda preocupación;

O.  Considerando que el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, cuyo presupuesto ha sido recortado, el Ministerio Público y la judicatura han tomado medidas importantes contra la impunidad y en favor del reconocimiento de los derechos humanos; que existen intentos claros de las autoridades de Guatemala para perjudicar la lucha contra la corrupción, la impunidad y el Estado de Derecho;

P.  Considerando que, según la UDEFEGUA, las víctimas de ataques han sido sobre todo líderes indígenas que defienden el derecho a la tierra y al territorio; que el relator especial de las Naciones Unidas manifestó su preocupación sobre los derechos de los indígenas a raíz de las quejas sobre proyectos hidroeléctricos, mineros y agroindustriales, cuyas licencias y funcionamiento han provocado la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas; que el relator especial de las Naciones Unidas también afirmó que es preocupante que el Estado y los terceros implicados traten las protestas pacíficas de las comunidades como situaciones de conflictos criminales que afectan a la seguridad pública; que Aura Lolita Chávez, la defensora indígena guatemalteca de los derechos ambientales y finalista del Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017, abandonó el país tras graves ataques, amenazas de muerte y difamaciones, y se enfrentaría a varios procesos judiciales si regresara;

Q.  Considerando que el 9 de octubre de 2018, agentes antidisturbios de la PNC atacaron a miembros de la Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, entre otras, y causaron heridas a seis manifestantes;

R.  Considerando que el embajador sueco en Guatemala ha sido declarado persona non grata (declaración anulada posteriormente por la Corte Constitucional) presuntamente por apoyar la actividad de la CICIG en el país;

S.  Considerando que las elecciones generales y presidenciales en Guatemala están previstas para el 16 de junio y el 11 de agosto de 2019;

T.  Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación concluido en 2012 entre la Unión y los países de Centroamérica; que este acuerdo incluye una cláusula democrática, que es un elemento esencial del mismo; que Guatemala es el tercer mayor receptor de ayuda bilateral al desarrollo de la Unión en América Central, con un importe de 167 millones de euros durante el periodo 2014-2020 y centrada en la seguridad alimentaria, la resolución de conflictos, la paz, la seguridad y la competitividad;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por el aumento del número de asesinatos y actos de violencia y por la falta de seguridad para todos los ciudadanos y, más concretamente, para las mujeres y los defensores de los derechos humanos; recuerda la importancia de un sistema judicial independiente y eficaz y la necesidad de poner fin a la impunidad; lamenta que el Gobierno guatemalteco siga violando el Estado de Derecho y la separación de poderes; recuerda que un principio esencial de las democracias liberales es la separación de poderes y el respeto del Estado de Derecho;

2.  Pide a las autoridades guatemaltecas que cesen todos los actos de intimidación contra la sociedad civil guatemalteca y las organizaciones de derechos humanos en particular, que respeten el ordenamiento constitucional y que garanticen los derechos humanos de todos los ciudadanos guatemaltecos; subraya que una sociedad civil dinámica es esencial para que el Estado sea más responsable, reactivo, inclusivo y eficaz a todos los niveles y, por tanto, cuente con mayor legitimidad; insiste en que todas las instituciones que defienden la democracia constitucional y los derechos humanos en Guatemala necesitan apoyo y refuerzo; recuerda que es esencial garantizar un poder judicial independiente y el respeto a su independencia, así como asegurar un sistema jurídico imparcial; destaca que esto es esencial para consolidar los esfuerzos de lucha contra la corrupción y la impunidad; considera que las acusaciones de intimidación y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales deben llevar a actuaciones inmediatas para proteger las instituciones judiciales del país y a sus representantes; insta al poder ejecutivo de Guatemala a asegurar de forma inmediata la independencia del poder judicial y a garantizar la libertad de prensa y de los medios de comunicación;

3.  Está convencido de que la CICIG ha desempeñado un papel vital en Guatemala y que su labor de lucha contra la impunidad y la corrupción y de preparación de investigaciones para juicios que llevarán a cabo las instituciones guatemaltecas es esencial para mantener el Estado de Derecho; expresa su profunda preocupación por la situación actual a que se enfrenta la CICIG en Guatemala y pide al Gobierno guatemalteco que cese todos los ataques ilegales contra la CICIG y su personal nacional e internacional;

4.  Acoge con satisfacción, en este sentido, la Decisión de Ejecución de la Comisión, de septiembre de 2018, en apoyo del mandato ampliado de la CICIG, con una dotación adicional de 5 millones de euros del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) para el programa de acción anual para Guatemala en 2018; pide a la Comisión que desembolse con carácter urgente los 5 millones de euros acordados y que continúe todos los programas aprobados con la CICIG; solicita que la Comisión esté dispuesta para continuar su cooperación con la CICIG y para financiarla después de septiembre de 2019 y apoya activamente esa prórroga;

5.  Se muestra convencido de que la reforma propuesta a la Ley de reconciliación nacional plantea una amenaza considerable para el Estado de Derecho en Guatemala y socavaría gravemente el importante progreso logrado mediante el trabajo de los tribunales nacionales en su lucha contra la impunidad; comparte la opinión del alto comisionado de la Naciones Unidas de que la amnistía prevista en el proyecto de ley para los violadores de los derechos humanos, los autores de crímenes contra la humanidad y los criminales de guerra alimentaría aún más la violencia en el país; señala que dicha acción podría incluir represalias por parte de presos liberados, lo que podría provocar una desestabilización de la sociedad; insta, por tanto, al Congreso guatemalteco a no aprobar el proyecto de ley;

6.  Pide que se realice un estudio independiente, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, que refleje la repercusión final del trabajo de la CICIG en el sistema judicial de Guatemala y su contribución a la estabilidad política del país, así como el resultado del acuerdo firmado entre la CICIG y el Tribunal Supremo Electoral;

7.  Expresa su preocupación por la proposición de ley sobre las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo; pide al Congreso guatemalteco, en consonancia con el asesoramiento técnico facilitado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se abstenga de aprobar este proyecto de ley que, si se aprobara, podría restringir la libertad de expresión y la libertad de reunión de las ONG, podría limitar su acceso a financiación y limitar su definición, reduciendo su ámbito de actuación y obstaculizando sus actividades, y podría abrir la puerta a su prohibición arbitraria; recuerda a las autoridades e instituciones de Guatemala la necesidad de crear y mantener para las ONG un entorno seguro y favorable a la expresión libre de sus opiniones y a la realización de su trabajo en beneficio de la sociedad en general;

8.  Manifiesta su preocupación por las denuncias relativas a la ausencia de consultas libres, previas e informadas (Convenio 169 de la OIT); recuerda la recomendación del relator especial de las Naciones Unidas de que se respeten plenamente los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con las normas internacionales, lo que incluye el derecho a la consulta libre, previa e informada; recuerda que existen tratados y otras normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos y derechos ambientales que vinculan directamente a las empresas nacionales e internacionales a lo largo de sus cadenas de valor y que, si se demuestra que las empresas han causado o contribuido a causar un perjuicio, deben establecer procedimientos de reparación efectivos, o participar en ellos, para las personas y las comunidades afectadas; señala que esto incluye la restitución, la indemnización y la rehabilitación, así como garantías de no repetición; recuerda que los Gobiernos tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos y de llevar ante la justicia a aquellos que los violen;

9.  Reitera su petición de protección para los defensores de los derechos humanos, en particular para las mujeres; acoge con satisfacción y apoya la actuación llevada a cabo hasta el momento por las embajadas europeas y la Delegación de la Unión Europea en Guatemala; pide que la Unión mantenga y, si fuera necesario, amplíe los proyectos de apoyo al trabajo de organizaciones nacionales e internacionales en Guatemala;

10.  Insiste en que las autoridades guatemaltecas deben proclamar y garantizar la seguridad jurídica y física de la finalista del Premio Sájarov Aura Lolita Chávez, en caso de que decidiera regresar a su país de origen;

11.  Insta a que las elecciones en Guatemala se desarrollen de un modo pacífico y transparente y a que se proporcione seguridad a todos los candidatos; hace hincapié en que el Tribunal Supremo Electoral debe actuar de forma independiente y sin interferencias de las instituciones o agentes del Estado; ofrece el envío de una misión de expertos en materia electoral de la Unión;

12.  Lamenta que, tras más de veinte años, aún no se hayan aplicado los Acuerdos de Paz de Guatemala y que, de hecho, corran el riesgo de ser desmantelados; anima encarecidamente a todos los actores nacionales e internacionales a hacer todo lo posible para acelerar su aplicación plena; pide, con este fin, al Gobierno guatemalteco que garantice el control democrático y político y la profesionalización de la Policía Nacional Civil y de otras instituciones, como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), con objeto de evitar su militarización y la canalización de los fondos humanitarios a través del ejército, ya que esto no es coherente con los objetivos de los Acuerdos de Paz;

13.  Recuerda al Gobierno guatemalteco que el Acuerdo de Asociación de la Unión con Centroamérica incluye una cláusula de derechos humanos como elemento esencial y que su violación puede conllevar la suspensión de la participación en el acuerdo; pide que la Unión y sus Estados miembros utilicen los mecanismos establecidos en el Acuerdo de Asociación y en el Acuerdo de diálogo político y cooperación para animar vivamente a Guatemala a aplicar un programa ambicioso de derechos humanos y luchar contra la impunidad;

14.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al presidente, al Gobierno y al Congreso de la República de Guatemala, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), al Parlamento Centroamericano y a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

(1) DO C 301 E de 13.12.2007, p. 257.
(2) DO C 434 de 23.12.2015, p. 181.
(3) DO C 252 de 18.7.2018, p. 196.
(4) DO C 215 de 19.6.2018, p. 125.


Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (versión refundida) (15401/2018 – C8-0023/2019 – 2016/0190(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0206A8-0056/2019

(Procedimiento legislativo especial – nueva consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (15401/2018),

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0411),

–  Vista su Posición de 18 de enero de 2018(1),

–  Visto el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0023/2019),

–  Vistos los artículos 78 quater y 78 sexies de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0056/2019),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su proyecto o sustituirlo por otro texto;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0017.


Aplicación del Reglamento relativo al Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 978/2012, relativo al SPG (2018/2107(INI))
P8_TA-PROV(2019)0207A8-0090/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.º 732/2008 del Consejo(1),

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 607/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, que deroga el Reglamento (CE) n.º 552/97 del Consejo, por el que se retira temporalmente a Myanmar/Birmania el beneficio de las preferencias arancelarias generalizadas(2), y su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre el restablecimiento del acceso de Myanmar/Birmania a las preferencias arancelarias generalizadas(3),

–  Vistos la evaluación intermedia del Reglamento actual relativo al SPG de julio de 2018(4) y el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 978/2012(5), acompañado del documento de trabajo de los servicios de la Comisión del 4 de octubre de 2018(6),

–  Vistos los informes de la Comisión, de 28 de enero de 2016 y 19 de enero de 2018, sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas durante el periodo 2014-2015(7) y 2016-2017(8), respectivamente, en los que se evalúan los efectos del SPG centrándose en el rendimiento de los beneficiarios del SPG+,

–  Vistos la audiencia pública sobre el SPG organizada por la Comisión de Comercio Internacional (INTA), de 16 de febrero de 2016, el intercambio de puntos de vista sobre la concesión del SPG+ a Sri Lanka, de 21 de marzo de 2017, y el intercambio de puntos de vista sobre la aplicación del Reglamento relativo al SPG, de 19 de febrero de 2018,

–  Vistos los artículos 5 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo en el asunto 1409/2014/MHZ sobre la abstención de la Comisión Europea de realizar una evaluación previa de impacto en materia de derechos humanos relativa al Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam(9),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas(10),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto(11),

–  Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección(12),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés(13),

–  Vistas las asociaciones específicas voluntarias con varios países, como el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y la iniciativa sobre los derechos laborales con Myanmar/Birmania,

–  Vista la Estrategia conjunta de la Unión y sus Estados miembros de 2007, titulada «Ayuda al comercio: Aumento del apoyo de la UE para las necesidades del sector del comercio en los países en desarrollo»,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030 (en lo sucesivo, «ODS»),

–  Vistos los Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación, libertad de asociación y negociación colectiva,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la UE y las cadenas de valor mundiales responsables,

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales(14),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa(15),

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo (A8-0090/2019),

A.  Considerando que la Unión fue la primera en aplicar un SPG en 1971, tras la recomendación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en cuyo marco los países industrializados concederían preferencias comerciales generalizadas, no recíprocas y no discriminatorias a los países en desarrollo, de modo que les ayudarían a generar ingresos suplementarios a través del comercio internacional con el fin de reducir la pobreza, promover la buena gestión de gobierno y fomentar el desarrollo sostenible;

B.  Considerando que, en el artículo 207 del TFUE, se establece que la política comercial de la Unión debe basarse en los principios y en los objetivos de la política exterior de la Unión y promover los valores defendidos por esta, contemplados en el artículo 2 del TUE, y contribuir a alcanzar los objetivos que se enumeran en su artículo 21, como son el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, los derechos y libertades fundamentales, la igualdad, el respeto de la dignidad humana y la protección del medio ambiente y de los derechos sociales;

C.  Considerando que, en sus conclusiones, el Defensor del Pueblo Europeo concluyó que la buena administración requiere necesariamente la observancia y el respeto de los derechos fundamentales; cuando no se respetan los derechos fundamentales, no puede haber buena administración; las instituciones y organismos de la Unión siempre deben tener en cuenta la adecuación de sus acciones con los derechos fundamentales y también deben aspirar a promover la causa de los derechos humanos en los países socios;

D.  Considerando que el SPG actual se estableció de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 978/2012, adoptado sobre la base del artículo 207 del TFUE, de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario y con el Parlamento Europeo, que cumplía por primera vez la función de colegislador de un Reglamento relativo al SPG;

E.  Considerando que, en virtud del artículo 40 del Reglamento relativo al SPG, la Comisión debe presentar un informe sobre la aplicación del Reglamento relativo al SPG al Parlamento Europeo y al Consejo cinco años después de su adopción, y que debe servir de base para el próximo Reglamento relativo al SPG que se adoptará en 2022; que dicho Reglamento está en vigor desde el 1 de enero de 2014; que se ha llevado a cabo una evaluación independiente y a fondo del funcionamiento del presente Reglamento con el objetivo de facilitar información para la revisión de la Comisión, y que se ha elaborado una lista de recomendaciones concretas;

F.  Considerando que el sistema incluye tres regímenes: el SPG general, el régimen de incentivos SPG+ y el régimen «Todo menos armas» (TMA); que los beneficiarios del SPG estándar, 18 países actualmente, se benefician de una reducción de los derechos de aduana para el 66 % de todas las categorías de productos de la Unión; que 8 beneficiarios del SPG+ exportan aproximadamente el 66 % de todas las categorías de productos exentos de aranceles a cambio de su compromiso de aplicar en la práctica 27 convenios internacionales fundamentales que abarcan los derechos laborales, los derechos humanos, el buen gobierno y las inquietudes medioambientales; que al menos 49 países menos desarrollados acogidos al sistema TMA del SPG cuentan con acceso libre de derechos a todos los productos de la Unión, a excepción de las armas y las municiones; que todos los países beneficiarios están obligados por convenios internacionales en los ámbitos de los derechos humanos y de los derechos laborales en el marco del Reglamento relativo al SPG, mientras que los países que se benefician del SPG+ también están obligados por convenios internacionales en materia medioambiental y de buen gobierno; que solo el régimen SPG+ establece un diálogo estructurado que evalúa la aplicación efectiva de esos convenios por parte de los países beneficiarios; que, los países beneficiarios del SPG también deben estar en condiciones de aplicar pautas y normas internacionales, lo que incluye preparar, aplicar y hacer cumplir la legislación pertinente, especialmente en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

G.  Considerando que los objetivos principales de la reforma del SPG de 2012 eran centrarse más en los países necesitados (los países menos adelantados y otros países de renta baja y de ingresos más bajos), seguir promoviendo los principios básicos del desarrollo sostenible y el buen gobierno, y mejorar la estabilidad y predictibilidad, así como la certidumbre, para los actores económicos;

H.  Considerando que diversos convenios, directrices y normas internacionales tienen como fin evitar las violaciones de los derechos humanos; que los países beneficiarios del SPG en particular tienen la obligación de aplicar dichas directrices y de crear las condiciones jurídicas y económicas adecuadas para que puedan operar las empresas y encontrar un lugar en las cadenas mundiales de suministro;

I.  Considerando que la Unión debe dar una respuesta aún más eficaz al dumping social y ambiental y a la competencia desleal y las prácticas comerciales desleales, además de garantizar la igualdad de condiciones;

J.  Considerando que, en varios países, las zonas francas industriales están exentas de la legislación laboral, lo que impide el pleno derecho a ejercer una actividad sindical o a interponer un recurso judicial; que ello constituye una violación de las normas fundamentales de la OIT y podría comportar efectos negativos para los derechos humanos;

K.  Considerando que la igualdad de género en todas las políticas de la Unión está consagrada en el artículo 8 del TFUE; que los acuerdos comerciales y de inversión afectan de forma diferente a las mujeres y a los hombres debido a desigualdades estructurales de género; que, según la OIT, en 2012 fueron víctimas de trabajos forzosos 21 millones de personas en todo el mundo (un 55 % de las cuales eran mujeres y niñas), un 90 % de ellas en el sector privado de la economía;

L.  Considerando que el artículo 19, apartado 6, del Reglamento relativo al SPG requiere que la Comisión tenga en cuenta «toda la información pertinente» para determinar si los países beneficiarios del SPG cumplen debidamente sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la información suministrada por la sociedad civil; que la participación de la sociedad civil y los interlocutores sociales en la aplicación del régimen SPG puede favorecer la legitimidad y la eficacia de la política comercial común de la Unión;

M.  Considerando que el Reglamento relativo al SPG permite a la Unión suspender las preferencias en los casos más graves de violaciones de los derechos humanos, en virtud del capítulo V, artículo 19, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que prevé la retirada temporal de regímenes preferenciales por una serie de razones, entre las que se encuentran las violaciones sistemáticas de los principios establecidos en los convenios enumerados en la parte A del anexo VIII;

N.  Considerando que la Comisión ha iniciado el proceso en el caso de Camboya y está en proceso de abrir investigaciones en el caso de Myanmar/Birmania por violaciones de los derechos humanos en el marco de posibles retiradas de la iniciativa «Todo menos Armas»;

Principales conclusiones y recomendaciones

1.  Acoge con satisfacción la evaluación intermedia sobre la aplicación del vigente Reglamento relativo al SPG, que analiza si es probable que se alcancen los objetivos establecidos en él; celebra que el nuevo Reglamento haya propiciado un aumento de las exportaciones de los beneficiarios de la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) y del régimen del SPG+, lo que constituye un importante factor en la lucha para la erradicación de la pobreza;

2.  Observa con satisfacción que en 2016 entraron en la Unión mercancías importadas por un valor total de 62 600 millones de euros con arreglo al SPG (lo que representa una tendencia al alza), desglosado como sigue: 31 600 millones de euros procedentes de los beneficiarios del SPG estándar, alrededor de 7 500 millones de euros procedentes de los beneficiarios del SPG+, y 23 500 millones de euros procedentes de los beneficiarios del TMA (datos de Eurostat, septiembre de 2017);

3.  Recuerda que el SPG ayuda a las industrias de los países en desarrollo a superar las dificultades que estos encuentran en los mercados de exportación debido a los elevados costes iniciales; insiste en que, según la UNCTAD, los objetivos del SPG son aumentar los ingresos de exportación, fomentar la industrialización de los países en desarrollo y, por consiguiente, de los PMA, y acelerar su crecimiento con el fin de erradicar la pobreza;

4.  Subraya que el SPG+ es un instrumento clave de la política comercial de la Unión que ofrece un mejor acceso al mercado y está acompañado de un estricto mecanismo de control destinado a promover los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza en los países en desarrollo vulnerables;

5.  Observa que el Reglamento actual relativo al SPG ha estado en vigor durante tres años, desde el inicio del proceso de evaluación intermedia, que ya ha detectado elementos cuya reforma debe considerarse en el próximo Reglamento relativo al SPG; acoge con satisfacción las recomendaciones que figuran en el informe final de la evaluación intermedia;

6.  Hace hincapié en que el SPG, como parte de la política comercial de la Unión, debe basarse en los principios de su política exterior (eficacia, transparencia y valores), tal como se recoge en el artículo 21 del TUE; subraya que el artículo 208 del TFUE establece el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y fija como objetivo principal la erradicación de la pobreza; destaca que la Comunicación de la Comisión «Comercio para todos» reafirma estos principios;

7.  Reconoce que el SPG+ desempeña un papel importante en la promoción de los derechos laborales internacionales, los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de protección del medio ambiente en sus países beneficiarios, no solo ofreciendo incentivos para cumplir estas normas, sino también estableciendo una plataforma para mantener un diálogo periódico en los ámbitos cubiertos por los convenios, y promoviendo la participación en reformas esenciales;

8.  Reconoce que el SPG ha aportado beneficios económicos a los países beneficiarios y a la Unión, ya que han aumentado las exportaciones a la Unión y han mejorado los índices de utilización de las preferencias de los beneficiarios del TMA y el SPG+; insta a la Unión a que trabaje para incrementar la sensibilización con respecto a las normas del SPG en los países beneficiarios, con objeto de promover un uso aún mejor del sistema; pide a la Comisión que evalúe la distribución de los beneficios en lo relativo al régimen del SPG, cuando sea posible, sobre la base de los datos disponibles; toma nota de que, en algunos casos, el aumento de las exportaciones y de las oportunidades económicas ha generado efectos negativos no deseados para los derechos fundamentales y el desarrollo social, por ejemplo al dar lugar al acaparamiento de tierras o al incumplimiento de los derechos laborales; hace hincapié, por tanto, en que las preferencias comerciales deben ir acompañadas de la aplicación de convenios internacionales y de reformas a fin de evitar que los programas del SPG conlleven un aumento de los niveles de dumping ambiental y social;

9.  Acoge con satisfacción la simplificación del mecanismo de acceso al SPG+, encaminada a incrementar su atractivo para los países beneficiarios del SPG estándar; subraya que muchos de los países candidatos a beneficiarse del SPG+ han ratificado varios de los convenios internacionales necesarios para la admisión en el SPG+; destaca que el seguimiento constante y sistemático del proceso de aplicación tiene una importancia fundamental, y que este puede lograrse intensificando la cooperación entre todas las partes a fin de mejorar la recopilación de información y el análisis en profundidad utilizando toda la información y los recursos disponibles, por ejemplo, los informes de los organismos internacionales de supervisión, entre ellos, las Naciones Unidas, la OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), e incluyendo la participación directa de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en el proceso; resalta que ello es necesario para garantizar el pleno potencial del SPG+ a la hora de mejorar la situación de los derechos laborales, promover la igualdad de género y abolir el trabajo infantil y el trabajo forzado únicamente mediante el cumplimiento efectivo de los 27 convenios;

10.  Insta a la Comisión a que, en su relación con los países beneficiarios del SPG+ y del compromiso reforzado del TMA, aborde las cuestiones relativas a la reducción del espacio a disposición de la sociedad civil y la protección de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo, ya que estas cuestiones están relacionadas directamente con las obligaciones jurídicas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las disposiciones pertinentes de los convenios fundamentales de la OIT, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión «Comercio para todos»; pide asimismo a la Comisión que estudie nuevas opciones para la participación estructurada, formal e independiente de la sociedad civil, representantes de los sindicatos y el sector privado, que podrían servir como posibles vías para reforzar el proceso de supervisión;

11.  Destaca que, en general, el SPG parece haber creado incentivos para ratificar los convenios internacionales y, como consecuencia, ha establecido un mejor marco para que se produzcan avances; subraya la importancia de poner en marcha nuevas medidas exhaustivas para garantizar que el SPG promueve el desarrollo ambiental positivo; recomienda que el Acuerdo de París se incluya en la lista de los 27 convenios internacionales fundamentales que deben respetar los países beneficiarios del SPG+; destaca que aún queda mucho por hacer en los países beneficiarios para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible;

12.  Reconoce el progreso logrado en cuanto a la aplicación real a través de un mayor seguimiento y el diálogo entre la Unión y los países beneficiarios, en especial en la supervisión de la aplicación de los 27 convenios fundamentales; hace hincapié en la necesidad de una mayor coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), las Delegaciones de la Unión, las misiones diplomáticas de los Estados miembros, los gobiernos de los países beneficiarios, las organizaciones internacionales, las empresas, los interlocutores sociales y la sociedad civil con el fin de mejorar la recogida de información y profundizar en el análisis del seguimiento; recomienda, en la medida de lo posible, mayor transparencia y mejor comunicación entre los colegisladores y las partes interesadas en el marco de los procesos de retirada del SPG, en especial durante el procedimiento de investigación de la Comisión;

13.  Reconoce que la ratificación y los avances en la aplicación efectiva de los convenios pertinentes son puntos de referencia importantes para lograr los progresos necesarios en el marco del sistema; pide a la Comisión que vele por que las medidas que se adopten a fin de supervisar la aplicación efectiva de los convenios por parte los países beneficiarios se ajusten plenamente a los documentos de estrategia del país, con miras a garantizar la coherencia, la consistencia y la incorporación de los derechos humanos en la política comercial;

14.  Destaca la necesidad de un compromiso continuo y de una mayor transparencia en el seguimiento del SPG+, al tiempo que se garantiza que la Unión conserva su plena capacidad de influencia en los países beneficiarios en este diálogo, en especial en el marco del cuadro de indicadores; pide a la Comisión que estudie nuevas medidas en este ámbito y en el del diálogo con los países beneficiarios a fin de aumentar la transparencia, la supervisión y la eficacia del régimen;

15.  Considera que cualquier decisión de suspensión de las preferencias debe ser plenamente coherente con el objetivo general de reducir la pobreza, y hace hincapié en que los actos de Derecho derivado de la Unión deben diseñarse e interpretarse con arreglo al Derecho primario de la Unión y a los principios generales de Derecho de la Unión a este respecto; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de mantener el enfoque específico actual en cuanto a la retirada de las preferencias y de garantizar que esta se limita a sectores específicos y se concibe de manera que se minimicen los efectos negativos para la población local; pide a la Comisión que recurra a las retiradas graduales de las preferencias comerciales u otras medidas de retirada acotadas en el tiempo, cuando proceda; destaca, finalmente, que la retirada de preferencias comerciales debe considerarse una medida de último recurso aplicada solo en casos de graves deficiencias en la aplicación efectiva de los convenios internacionales y una clara falta de voluntad y compromiso por parte del país beneficiario para abordarlos; destaca, al mismo tiempo, el carácter condicional de los regímenes y que tal condicionalidad debe utilizarse para preservar la credibilidad de cada sistema y garantizar la acción en casos de violaciones graves y sistemáticas de los convenios;

16.  Acoge con satisfacción las recientes decisiones de la Comisión de poner en marcha el proceso de retirada de las preferencias en el marco de la iniciativa TMA a Camboya y de enviar una misión de emergencia de alto nivel de la Unión a Myanmar/Birmania en respuesta a la situación de los derechos humanos en ambos países; espera que la Comisión mantenga al Parlamento puntualmente informado y le haga partícipe de futuras medidas, en particular en lo que respecta a la suspensión de las preferencias;

17.  Observa que ha disminuido considerablemente el número de países beneficiarios a causa de la reforma de los criterios de admisión que, junto con la graduación de productos, ha dado lugar a una reducción general del volumen de las importaciones de la Unión procedentes de países que se benefician del SPG; reconoce que estas reformas permiten que las preferencias se centren en los países más necesitados; pide a la Comisión que garantice la coherencia y la congruencia entre los regímenes SPG y ALC en la evaluación de impacto para el próximo Reglamento, con el objetivo de preservar por completo el papel central del SPG para los países en desarrollo dentro de la política comercial de la Unión; observa, en este sentido, que los países beneficiarios del TMA se enfrentan a una presión competitiva cada vez mayor de los países que han firmado ALC con la Unión; señala además que algunos países que anteriormente estaban sujetos al seguimiento del SPG+ hoy quedan bajo ALC que incluyen capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, que deben ser efectivos y aplicables;

18.  Lamenta que el régimen del SPG, en especial en el caso de los 29 países de la iniciativa TMA, no haya comportado ningún cambio en sus perfiles de diversificación de exportaciones a escala de producto y, en algunos casos, incluso haya producido un deterioro; lamenta además que no haya contribuido lo suficiente a la diversificación económica; pide que se adopten más medidas para mejorar la diversificación de las exportaciones de los países del SPG; lamenta que la diversificación entre los beneficiarios parezca haberse visto obstruida por la eliminación de la posibilidad de acumulación con los países que han abandonado el SPG, pues ya no pueden beneficiarse de las normas de origen para los beneficiarios del SPG; exige enérgicamente que se reintroduzca esa posibilidad, especialmente para los países más vulnerables; señala la disminución significativa de la diversificación de las exportaciones para los beneficiarios del SPG estándar en todos los niveles del sector; pide a la Comisión que considere reformar y ampliar la lista de productos en el ámbito de aplicación del Reglamento, en particular en lo que se refiere a productos semielaborados y acabados, y, cuando sea necesario, suavizar las normas de origen para los países más vulnerables; alienta a los países beneficiarios del SPG a que introduzcan medidas efectivas dirigidas a diversificar los productos; subraya, en este sentido, la necesidad de crear acceso a los conocimientos y la tecnología para diversificar productos de forma que las exportaciones puedan sostenerse por sí mismas en el marco de la competencia mundial, en especial en Europa;

19.  Pide a los países beneficiarios del SPG que pongan en marcha y apliquen de forma efectiva medidas jurídicas para proteger la propiedad intelectual;

20.  Observa con satisfacción que el índice de utilización de las preferencias para los beneficiarios de la iniciativa TMA es elevado; destaca la importancia del desarrollo de capacidades en los países beneficiarios a fin de apoyarles para que saquen el máximo provecho del sistema; pide que se utilicen más eficazmente a este respecto las medidas en el marco de la iniciativa sobre ayuda al comercio; opina que debería considerarse incluir los servicios en el próximo Reglamento relativo al SPG con miras a seguir fomentando una mayor diversificación; destaca además, en este contexto, la importancia de un enfoque interempresarial; aboga por el establecimiento de plataformas sectoriales y multilaterales y de servicios en línea, que reúnan a empresas exportadoras de los países beneficiarios del SPG, empresas importadoras de la Unión y posibles nuevos operadores en ambas partes (aquellos que actualmente no exportan ni importan), con el objetivo de intercambiar mejores prácticas y dar a conocer las normas del SPG, sus condiciones y las perspectivas económicas que ofrece;

21.  Acoge con satisfacción la conclusión de la primera investigación de salvaguardia en el marco del Reglamento, y considera que esta cláusula debería garantizar la protección de los intereses financieros, económicos, sociales y ambientales de la Unión; destaca que, al ofrecer preferencias para productos sensibles, es necesario permitir que reciban un trato especial con objeto de evitar poner en peligro a determinados sectores;

22.  Hace hincapié en que todas las partes del territorio de los países beneficiarios, incluidas las zonas francas industriales, quedan cubiertas por el régimen y las obligaciones que se derivan de la ratificación de los convenios pertinentes; insta a los países beneficiarios a que apliquen de manera efectiva las normas laborales, e insta a la Comisión a que aborde las violaciones de las normas de la OIT, incluidas la negociación colectiva y la libertad de asociación en las zonas francas industriales de los actuales o potenciales países beneficiarios, y a que garantice que se elimine cualquier exclusión; pide a la Comisión que estudie vías para garantizar que los productos de las zonas francas industriales no queden dentro del sistema de preferencias en tanto que están exentas de la legislación nacional e incumplen los convenios internacionales pertinentes;

23.  Hace hincapié en que el SPG ha incrementado el dinamismo del sector empresarial, ha contribuido al empoderamiento económico de las mujeres en cierta medida y ha favorecido su participación en la mano de obra, en especial de las industrias de los países exportadores que comercian con la Unión; subraya en este sentido que es importante crear entornos empresariales adecuados para que las mujeres aprovechen estas nuevas capacidades y experiencias con el objetivo de poder ascender en las estructuras empresariales o poder establecer sus propias empresas nuevas; observa, no obstante, que las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, y expresa su preocupación por las condiciones de trabajo de las mujeres, en especial en el sector textil y de la confección; reitera su resolución, de 27 de abril de 2017, y pide a la Comisión que efectúe un seguimiento al respecto;

24.  Acoge con satisfacción el efecto que ha tenido el SPG en la adopción de tecnologías más limpias y seguras y de iniciativas voluntarias en materia de responsabilidad social de las empresas, lo que tiene un impacto positivo directo sobre los trabajadores y el medio ambiente; considera que deben planearse medidas para seguir fomentando este desarrollo y evaluarlo de manera creíble; reconoce la necesidad de encontrar el equilibrio adecuado entre la acción reguladora y la acción voluntaria en la diligencia debida de las empresas a este respecto, y pide a la Comisión que estudie vías para establecer obligaciones en materia de diligencia debida;

25.  Considera que la Unión debe garantizar la coherencia política alentando a otros actores internacionales, como las empresas multinacionales, a participar plenamente en la mejora de los derechos humanos, los derechos sociales y las normas medioambientales en todo el mundo, en particular obligando a los operadores económicos a aplicar prácticas de diligencia debida de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; pide a la Comisión que muestre liderazgo para garantizar el respeto de los derechos humanos y los derechos laborales en las cadenas de valor mundiales, y que informe sobre la aplicación de la Resolución del Parlamento de 2016 sobre la aplicación de sus recomendaciones sobre las normas sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad empresarial, incluido su llamamiento para insertar la responsabilidad social de las empresas (RSE) en el Reglamento y reformar las normas de la OMC a fin de establecer requisitos de diligencia debida y transparencia de la cadena de suministro, basándose en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos;

26.  Recuerda que la Unión debe fomentar, por coherencia con las políticas seguidas por otros actores internacionales, como las empresas multinacionales, la plena participación en la mejora del respeto de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de los derechos sociales, de los derechos ambientales y de la higiene pública en el mundo; pide a la Unión que vele por el respeto de los derechos humanos en la legislación laboral en las cadenas de valor mundiales, es decir, a lo largo de toda la cadena de suministro;

27.  Pide a la Comisión que, en relación con el nuevo Reglamento relativo al SPG, examine nuevas posibilidades para introducir preferencias arancelarias para productos cuya producción sostenible sea verificable; considera que las mercancías deben ser, con carácter voluntario, objeto de un proceso de certificación en cuanto a su modo sostenible de producción, y se deben presentar las correspondientes pruebas cuando se importen a la Unión;

o
o   o

28.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1. 1.
(2) DO L 181 de 29.6.2013, p. 13.
(3) DO C 55 de 12.2.2016, p. 112.
(4) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf
(5) COM(2018)0665.
(6) SWD(2018)0430.
(7) COM(2016)0029.
(8) COM(2018)0036.
(9) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64308
(10) DO C 101 de 16.3.2018, p. 19.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.
(12) DO C 298 de 23.8.2018, p. 100.
(13) DO C 331 de 18.9.2018, p. 100.
(14) DO C 337 de 20.9.2018, p. 33.
(15) http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_ES.doc


Cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas (COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))
P8_TA-PROV(2019)0208A8-0440/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0134),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0117/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 12 de julio de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de enero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0440/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejopor el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas

P8_TC1-COD(2018)0060


(Texto pertinente a efectos del EEE) ▌

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El establecimiento de una estrategia global para hacer frente a las exposiciones dudosas constituye un objetivo importante para la Unión en sus esfuerzos por aumentar la resiliencia del sistema financiero. Si bien esta cuestión compete principalmente a los bancos y a los Estados miembros, la reducción del elevado volumen actual de las exposiciones dudosas y la prevención de su acumulación excesiva en el futuro y de la aparición de riesgos sistémicos en el sector no bancario son problemas que se prestan también claramente a una intervención de la Unión. Dada la interconexión de los sistemas bancarios y financieros en toda la Unión, y teniendo en cuenta que los bancos operan en múltiples Estados miembros y territorios, existe un importante riesgo de efectos de contagio para los Estados miembros y la Unión en su conjunto, tanto en términos de crecimiento económico como de estabilidad financiera.

(2)   La crisis financiera dio lugar a una acumulación de exposiciones dudosas en el sector bancario. A su vez, los consumidores se vieron muy afectados por la posterior recesión y la caída de los precios en el sector de la vivienda. Al abordar la cuestión de las exposiciones dudosas, es fundamental proteger los derechos del consumidor de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión, como las Directivas 2008/48/CE(6) y 2014/17/UE(7) del Parlamento Europeo y del Consejo. La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), que contiene disposiciones destinadas a promover el pago puntual tanto por las empresas como por las autoridades públicas, ayuda a prevenir el tipo de acumulación de exposiciones dudosas que se ha producido durante los años de la crisis financiera.

(3)  Un sistema financiero integrado reforzará la resiliencia de la Unión Económica y Monetaria ante perturbaciones adversas, al facilitar la distribución transfronteriza de riesgos en el sector privado, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de que el sector público comparta los riesgos. Para alcanzar estos objetivos, la Unión debe completar la unión bancaria y seguir desarrollando la unión de los mercados de capitales. Es imprescindible hacer frente a ▌ la posible acumulación futura de exposiciones dudosas para fortalecer la unión bancaria, ya que es esencial a efectos de garantizar la competencia en el sector bancario, mantener la estabilidad financiera y fomentar la concesión de préstamos, a fin de generar empleo y crecimiento en la Unión.

(4)  En su «Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa» de 11 de julio de 2017, el Consejo instó a las diversas instituciones a adoptar las medidas adecuadas para seguir haciendo frente al elevado número de exposiciones dudosas en la Unión y evitar su acumulación futura. El plan de acción establece un planteamiento global centrado en una combinación de medidas complementarias en cuatro ámbitos: i) la supervisión; ii) las reformas estructurales de los marcos aplicables a la insolvencia y al cobro de deudas; iii) el desarrollo de mercados secundarios para los activos devaluados; iv) el fomento de la reestructuración del sistema bancario. Se debe actuar en estos ámbitos a escala de la Unión y nacional, según proceda. La Comisión anunció un propósito similar en su «Comunicación sobre la culminación de la unión bancaria», de 11 de octubre de 2017, en la que se propugnaba un paquete global para luchar contra el problema de los préstamos dudosos en la Unión.

(5)  El Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) constituye, junto con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10), el marco jurídico que establece las normas prudenciales para las entidades de crédito y las empresas de inversión (en lo sucesivo, «entidades»). El Reglamento (UE) n.º 575/2013 contiene, entre otras cosas, disposiciones directamente aplicables a las entidades para la determinación de sus fondos propios. Por lo tanto, es necesario completar las normas prudenciales vigentes contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 relativas a los fondos propios con disposiciones que exijan una deducción de los fondos propios cuando las exposiciones dudosas no estén suficientemente cubiertas mediante provisiones u otros ajustes. Ello equivaldría en la práctica a crear un mecanismo de protección prudencial para las exposiciones dudosas que se aplicase de manera uniforme a todas las entidades de la Unión, y que incluiría, asimismo, a las entidades activas en el mercado secundario.

(6)  El mecanismo de protección prudencial no debe impedir que las autoridades competentes ejerzan sus facultades de supervisión de conformidad con la Directiva 2013/36/UE. En el caso de que las autoridades competentes comprueben en un caso concreto que, a pesar de la aplicación del mecanismo de protección prudencial establecido en el presente Reglamento, las exposiciones dudosas de una determinada entidad no están suficientemente cubiertas, debe ser posible hacer uso de las facultades de supervisión previstas en la Directiva 2013/36/UE, incluida la facultad de exigir que las entidades apliquen una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de fondos propios. Por consiguiente, es posible que, atendiendo a las circunstancias de cada caso, las autoridades competentes vayan más allá de los requisitos establecidos en el presente Reglamento con el fin de velar por que las exposiciones dudosas estén suficientemente cubiertas.

(7)  A efectos de aplicar el mecanismo de protección prudencial, conviene introducir en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 una serie de condiciones claras para la clasificación de las exposiciones dudosas. Puesto que el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión(11) ya establece criterios relativos a las exposiciones dudosas a efectos de la comunicación de información con fines de supervisión, es conveniente que la clasificación de las exposiciones dudosas se base en el marco ya establecido en dicho Reglamento. El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 hace referencia a las exposiciones en situación de impago, tal como se definen a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgo de crédito, y a las exposiciones deterioradas con arreglo al marco contable aplicable. Dado que las medidas de reestructuración o refinanciación podrían influir en si una exposición se clasifica como dudosa, los criterios de clasificación se complementan con criterios claros sobre la incidencia de las medidas de reestructuración o refinanciación. Las medidas de reestructuración o refinanciación deben tener como fin devolver al prestatario a una situación sostenible de realización de reembolsos y deben cumplir los requisitos del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores y en particular las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE, pero pueden tener distintas justificaciones y consecuencias. Por ello, es conveniente disponer que una medida de reestructuración o refinanciación concedida respecto de una exposición dudosa no dé a lugar a que dicha exposición deje de estar clasificada como dudosa, salvo que se cumplan determinados criterios estrictos para tal cambio de clasificación.

(8)  Cuanto más tiempo lleve una exposición clasificada como dudosa, menor es la probabilidad de recuperar su valor. Por lo tanto, la parte de la exposición que debe estar cubierta mediante provisiones, otros ajustes o deducciones debe aumentar con el paso del tiempo, siguiendo un calendario predefinido. De este modo, las exposiciones dudosas adquiridas por una entidad deben ceñirse a un calendario que comience desde la fecha en la que la exposición dudosa se clasificó originalmente como dudosa, y no desde la fecha de su adquisición. A tal fin, el vendedor debe proporcionar al comprador información sobre la fecha en la que la exposición se clasificó como dudosa.

(9)   Las bajas parciales por traspaso a fallidos deben tomarse en consideración a la hora de calcular los ajustes por riesgo de crédito específico. Para evitar dobles cómputos de la baja por traspaso a fallidos , es necesario emplear el valor original de la exposición previo a la baja parcial por traspaso a fallidos. La inclusión de las bajas parciales por traspaso a fallidos dentro de la lista de elementos que se pueden utilizar para cumplir los requisitos del mecanismo de protección debe fomentar el reconocimiento oportuno de las bajas por traspaso a fallidos por parte de las entidades. En las exposiciones dudosas adquiridas por una entidad a un precio inferior al importe adeudado por el deudor, el comprador debe tratar la diferencia entre el precio de compra y el importe adeudado por el deudor como si fuera una amortización parcial a los efectos del mecanismo de protección prudencial.

(10)  Se considera en general que las exposiciones dudosas garantizadas darán lugar a una pérdida menos significativa que las exposiciones dudosas no garantizadas, ya que la cobertura del riesgo de crédito que garantiza la exposición dudosa confiere a la entidad un derecho de crédito específico sobre un activo o frente a un tercero, además del derecho de crédito general que tiene la entidad frente al prestatario en situación de impago. En el caso de las exposiciones dudosas no garantizadas, solo dispondría del derecho de crédito general frente al prestatario en situación de impago. Dado que las exposiciones dudosas no garantizadas llevan aparejadas mayores expectativas de pérdidas, debe aplicarse un calendario más estricto.

(11)   Una exposición cubierta solo parcialmente mediante coberturas del riesgo de crédito admisibles debe considerarse garantizada por la parte cubierta, y no garantizada por la parte no cubierta por coberturas del riesgo de crédito admisibles. Con el fin de determinar qué partes de una exposición dudosa se deben tratar como garantizadas o no garantizadas, los criterios de admisibilidad de la cobertura del riesgo de crédito y la garantía completa y total de las hipotecas empleados para calcular los requisitos de fondos propios deben aplicarse de conformidad con el correspondiente enfoque en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013, incluido el ajuste de valoración aplicable.

(12)  Debe aplicarse el mismo calendario con independencia de cual sea el motivo de que la exposición se considere dudosa. El mecanismo de protección prudencial debe aplicarse para cada nivel de exposición. Asimismo, se debe aplicar un calendario de tres años a las exposiciones dudosas no garantizadas. Con el fin de que las entidades y los Estados miembros puedan mejorar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración o ejecución, y para tener en cuenta el hecho de que las exposiciones dudosas garantizadas con bienes inmuebles como garantía y los préstamos para la adquisición de vivienda garantizados por un proveedor de cobertura admisible, tal como se define en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, tendrán un valor residual durante un período de tiempo más prolongado después de que el préstamo haya sido clasificado como dudoso, es apropiado prever un calendario de nueve años. Para las demás exposiciones dudosas garantizadas, se debe aplicar un calendario de siete años hasta la constitución efectiva de una cobertura plena.

(13)   Debe ser posible tener en cuenta las medidas de reestructuración o refinanciación a efectos de la aplicación del factor de cobertura relevante. Más precisamente, la exposición debe continuar clasificada como dudosa, pero el requisito de cobertura debe permanecer estable durante un año adicional. Por consiguiente, el factor que sería aplicable durante el año en el que se haya concedido la medida de reestructuración o refinanciación debe ser aplicable durante dos años, en lugar de uno. En caso de que, al término de ese año adicional, la exposición siga siendo dudosa, el factor aplicable debe determinarse como si no se hubiera concedido ninguna medida de reestructuración o refinanciación, teniendo en cuenta la fecha en que la exposición se haya clasificado inicialmente como dudosa. Dado que la concesión de medidas de reestructuración o refinanciación no debe llevar a arbitrajes, dicho año adicional solo se debe permitir respecto de la primera medida de reestructuración o refinanciación que se haya concedido desde la clasificación de la exposición como dudosa. Asimismo, el período de un año durante el que el factor de cobertura no sufre cambios no debe llevar a la extensión del calendario de provisiones. En consecuencia, las medidas de reestructuración o refinanciación concedidas en el tercer año siguiente a la clasificación de una exposición no garantizada como exposición dudosa, o en el séptimo año siguiente a la clasificación de una exposición garantizada como exposición dudosa, no deberían retrasar la cobertura plena de la exposición dudosa.

(14)  A fin de garantizar que la valoración de las exposiciones dudosas de las entidades a efectos de cobertura del riesgo de crédito se ajuste a un criterio prudente, es conveniente que la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) reflexione sobre la necesidad de contar con una metodología común, y que la desarrolle si ha lugar, en particular por lo que se refiere a los supuestos relativos a la recuperabilidad y la fuerza ejecutiva, y posiblemente incluir requisitos mínimos de calendario para volver a evaluar la cobertura del riesgo de crédito.

(15)  Para facilitar una transición fluida hacia este nuevo mecanismo de protección prudencial, no deben aplicarse las nuevas normas respecto de exposiciones originadas antes del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

(16)  A fin de garantizar que las enmiendas al Reglamento (UE) n.º 575/2013, realizadas por el presente Reglamento, se apliquen en tiempo oportuno, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(17)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (UE) n.º 575/2013 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 36, apartado 1, se añade la letra siguiente:"

«m) el importe aplicable correspondiente a la insuficiencia de la cobertura de las exposiciones dudosas.».

"

2)  Se insertan los siguientes artículos:"

«Artículo 47 bis

Exposiciones dudosas

1.  A efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), el concepto de «exposición» comprenderá cualquiera de los siguientes elementos, siempre que no estén incluidos en la cartera de negociación de la entidad:

   a) los instrumentos de deuda, incluidos los títulos de deuda, los préstamos, los anticipos ▌ y los depósitos a la vista;
   b) los compromisos de préstamo concedidos, las garantías financieras concedidas o cualesquiera otros compromisos concedidos, con independencia de si son revocables o irrevocables, excepto líneas de crédito no utilizadas que puedan cancelarse sin condiciones en cualquier momento y sin aviso previo, o que prevean de manera efectiva la cancelación automática en caso de deterioro de la solvencia del prestatario.

2.  A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), el valor de exposición de un instrumento de deuda será su valor contable determinado sin tener en cuenta los ajustes por riesgo de crédito específico, los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105, los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), ▌otras reducciones de fondos propios relacionadas con la exposición ni las bajas parciales por traspaso a fallidos realizadas por la entidad desde la última vez que la exposición se clasificó como dudosa.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), el valor de exposición de un instrumento de deuda adquirido a un precio inferior al importe que adeuda el deudor incluirá la diferencia entre el precio de compra y el importe que adeuda el deudor.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), el valor de exposición de los compromisos de préstamo concedidos, las garantías financieras concedidas o cualquier otro compromiso concedido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letra b), del presente artículo será su valor nominal, que representará la exposición máxima de la entidad al riesgo de crédito sin tener en cuenta las coberturas del riesgo de crédito con garantías reales o personales. El valor nominal del compromiso de préstamo dado será el importe no utilizado que la entidad se haya comprometido a prestar y :

el valor nominal de una garantía financiera concedida será el importe máximo que la entidad podría tener que pagar si se ejecutase la garantía.

El valor nominal a que se hace referencia en el párrafo tercero del presente apartado no tendrá en cuenta los ajustes por riesgo de crédito específico, los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105, los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), ni otras reducciones de fondos propios relacionadas con la exposición.

3.  A efectos de lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), las siguientes exposiciones se clasificarán como dudosas:

   a) las exposiciones con respecto a las cuales se considere que se ha producido impago de conformidad con el artículo 178;
   b) las exposiciones que se consideren deterioradas conforme al marco contable aplicable.
   c) las exposiciones en período de prueba de conformidad con el apartado 7, en el caso de que se concedan medidas de reestructuración o refinanciación adicionales o de que la exposición tenga importes vencidos más de 30 días;
   d) las exposiciones que adopten la forma de un compromiso que, en caso de disposición o utilización de cualquier otro modo, probablemente no daría lugar a un reembolso íntegro sin la realización de la garantía real;
   e) las exposiciones que adopten la forma de una garantía financiera cuando sea probable que esta sea ejecutada por su titular, y, en cualquier caso, cuando la exposición garantizada subyacente cumpla los criterios para ser considerada dudosa.

A efectos de la letra a), cuando una entidad tenga frente a un deudor exposiciones en balance que estén vencidas desde hace más de 90 días y que representen más del 20 % del total de las exposiciones en balance frente a ese deudor, todas las exposiciones, tanto en balance como fuera de balance, frente a ese deudor se considerarán dudosas.

4.  Las exposiciones que no hayan sido objeto de medidas de reestructuración o refinanciación dejarán de estar clasificadas como dudosas a efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) que la exposición reúna los criterios de salida aplicados por la entidad para dejar de estar clasificada como deteriorada con arreglo al marco contable aplicable y como en situación de impago con arreglo al artículo 178;
   b) que la situación del deudor haya mejorado de tal modo que la entidad considere probable que efectúe el reembolso íntegro y de modo oportuno;
   c) que el deudor no tenga ningún importe vencido más de 90 días.

5.  La clasificación de una exposición dudosa como activo no corriente mantenido para la venta de conformidad con el marco contable aplicable no implicará que deje de clasificarse como exposición dudosa a efectos del artículo 36, apartado 1, letra m).

6.  Las exposiciones dudosas que hayan sido objeto de medidas de reestructuración o refinanciación dejarán de estar clasificadas como dudosas a efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) que las exposiciones hayan dejado de estar en una situación que dé lugar a su clasificación como dudosas con arreglo al apartado 3;
   b) que haya transcurrido al menos un año desde la fecha en que se hayan concedido las medidas de reestructuración o refinanciación, o desde la fecha en que las exposiciones hayan sido clasificadas como dudosas, si esta última fuese posterior;
   c) que no haya ningún importe vencido tras las medidas de reestructuración o refinanciación y que la entidad, basándose en el análisis de la situación financiera del deudor, considere probable el reembolso íntegro y oportuno de la exposición.

El reembolso íntegro y a tiempo no será considerado probable a menos que el deudor haya efectuado pagos regulares y oportunos de alguno de los siguientes importes:

   a) el importe que se encontrara vencido antes de la concesión de la medida de reestructuración o refinanciación, en caso de que hubiese importes vencidos;
   b) el importe que se haya amortizado en virtud de las medidas de reestructuración o refinanciación concedidas, en caso de que no hubiese importes vencidos.

7.  Cuando una exposición dudosa haya dejado de estar clasificada como dudosa en virtud del apartado 6, dicha exposición estará en período de prueba hasta que se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) que hayan pasado al menos dos años desde la fecha en que la exposición reestructurada o refinanciada se reclasificó como no dudosa;
   b) que se hayan realizado pagos regulares y oportunos durante al menos la mitad del período de prueba de la exposición, dando lugar al pago de un importe agregado significativo del principal o los intereses;
   c) que el deudor no tenga importes vencidos más de 30 días.

Artículo 47 ter

Medidas de reestructuración o refinanciación

1.  4El concepto de «medida de reestructuración o refinanciación» incluye las concesiones realizadas por una entidad a un deudor que esté teniendo o que sea probable que vaya a tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Las concesiones podrán comportar pérdidas para el prestamista y se referirán a cualquiera de las siguientes acciones:

   a) modificación de las condiciones de una deuda, en caso de que tal modificación no se hubiera concedido ▌ de no haber tenido el deudor dificultades para cumplir con sus compromisos financieros;
   b) refinanciación total o parcial de una deuda, en caso de que tal refinanciación no se hubiera concedido ▌ de no haber tenido el deudor dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

2.  Se considerarán medidas de reestructuración o refinanciación al menos las situaciones en que:

   a) se concedan nuevas condiciones contractuales que sean más favorables para el deudor que las anteriores, en caso de que el deudor esté teniendo o probablemente vaya a tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros;
   b) se concedan nuevas condiciones contractuales que sean más favorables para el deudor que las condiciones contractuales ofrecidas por la misma entidad a deudores con un perfil de riesgo similar en ese momento, en caso de que el deudor esté teniendo o probablemente vaya a tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros;
   c) la exposición bajo las condiciones iniciales del contrato se haya clasificado como dudosa antes de la modificación de las condiciones contractuales, o se habría clasificado como dudosa de no haberse modificado las condiciones contractuales;
   d) la medida dé lugar a una baja total o parcial de la deuda;
   e) la entidad apruebe la aplicación de cláusulas que permitan al deudor modificar las condiciones del contrato y la exposición haya sido clasificada como dudosa antes de la aplicación de dichas cláusulas, o se habría clasificado como dudosa de no haberse aplicado dichas cláusulas;
   f) en el momento de la concesión del crédito o en un momento cercano, el deudor haya realizado pagos de principal o de intereses respecto de otra deuda, frente a la misma entidad, que estuviera clasificada como exposición dudosa o que se habría clasificado como dudosa de no haberse realizado dichos pagos;
   g) la modificación de las condiciones contractuales implique reembolsos efectuados mediante la adjudicación o adquisición de las garantías reales, cuando tal modificación constituya una concesión.

3.  Las siguientes circunstancias son indicadores de que podrían haberse adoptado medidas de reestructuración o refinanciación:

   a) el contrato inicial estuvo vencido durante más de 30 días al menos una vez en los tres meses anteriores a su modificación, o estaría vencido desde hace más de 30 días de no haberse producido la modificación;
   b) en el momento de la celebración del contrato de crédito o en un momento cercano, el deudor realizó pagos de principal o de intereses respecto de otra deuda, frente a la misma entidad, que había estado vencida durante más de 30 días al menos una vez en los tres meses anteriores a la concesión del nuevo crédito;
   c) la entidad aprueba la aplicación de cláusulas que permiten al deudor modificar las condiciones del contrato, y la exposición lleva más de 30 días vencida o habría llevado más de 30 días vencida si no se hubiesen aplicado dichas cláusulas.

4.  A efectos del presente artículo, las dificultades encontradas por un deudor para cumplir con sus compromisos financieros se evaluarán a escala del deudor, teniendo en cuenta todas las personas jurídicas del grupo del deudor incluidas en la consolidación contable del grupo y las personas físicas que controlen dicho grupo.

Artículo 47 quater

Deducción por exposiciones dudosas

1.  A efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), las entidades deberán determinar, por separado para cada una de las exposiciones dudosas, el importe aplicable correspondiente a la insuficiencia de la cobertura que se ha de deducir de los elementos del capital de nivel 1 ordinario restando el importe determinado en la letra b) del presente apartado del importe determinado en la letra a) del presente apartado, si el importe al que se hace referencia en la letra a) es superior al importe al que se hace referencia en la letra b):

   a) la suma de:
   i) la parte no garantizada de cada exposición dudosa, si la hubiera, multiplicada por el factor aplicable indicado en el apartado 2;
   ii) la parte garantizada de cada exposición dudosa, si la hubiera, multiplicada por el factor aplicable indicado en el apartado 3;
   b) la suma de los elementos siguientes, siempre que se refieran a la misma exposición dudosa:
   i) los ajustes por riesgo de crédito específico;
   ii) los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105;
   iii) otras reducciones de fondos propios;
   iv) para las entidades que calculen los importes ponderados por riesgo de las exposiciones utilizando el método basado en calificaciones internas, el valor absoluto de los importes deducidos en virtud del artículo 36, apartado 1, letra d), que se refieran a exposiciones dudosas; el valor absoluto atribuible a cada exposición dudosa se determinará multiplicando los importes deducidos en virtud del artículo 36, apartado 1, letra d), por la contribución del importe de la pérdida esperada respecto de la exposición dudosa a los importes totales de las pérdidas esperadas respecto de las exposiciones que se encuentren o no en situación de impago, según proceda;
   v) si una exposición dudosa se adquiere a un precio inferior al importe que adeuda el deudor, la diferencia entre el precio de compra y el importe que adeuda el deudor;
   vi) los importes dados de baja por la entidad por traspaso a fallidos desde que la exposición se clasificó como dudosa.

La parte garantizada de una exposición dudosa será la parte de dicha exposición que, a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios de conformidad con el título II de la parte tercera, se considere cubierta por coberturas del riesgo de crédito con garantías reales o personales, o total y completamente garantizadas por hipotecas.

La parte no garantizada de una exposición dudosa corresponderá a la diferencia, si la hubiera, entre el valor de la exposición a que se refiere el artículo 47 bis, apartado 1, y la parte garantizada de la exposición, si la hubiera.

2.  A efectos del apartado 1, letra a), inciso i), se aplicarán los siguientes factores:

   a) 0,35 para la parte no garantizada de una exposición dudosa durante el período comprendido entre el primer y el último día del tercer año ▌ desde su clasificación como dudosa ▌;

   b) 1 para la parte no garantizada de una exposición dudosa a partir del primer día del cuarto año desde su clasificación como dudosa ▌.

3.  A efectos del apartado 1, letra a), inciso ii), se aplicarán los siguientes factores:

   a) 0,25 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período comprendido entre el primer y el último día del cuarto año ▌ desde su clasificación como dudosa ▌;
   b) 0,35 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período comprendido entre el primer y el último día del quinto año ▌ desde su clasificación como dudosa ▌;
   c) 0,55 para la parte garantizada de una exposición dudosa durante el período comprendido entre el primer y el último día del sexto año desde su clasificación como dudosa ▌;
   d) 0,70 para la parte ▌de una exposición dudosa que esté garantizada por bienes inmuebles de conformidad con el título II de la parte tercera o que sea un préstamo para la adquisición de una vivienda garantizado por un proveedor de cobertura admisible a que se refiere el artículo 201, durante el período comprendido entre el primer y el último día del séptimo año desde su clasificación como dudosa ▌;
   e) 0,80 para la parte ▌ de una exposición dudosa garantizada por otra cobertura del riesgo de crédito con garantías reales o personales de conformidad con el título II de la parte tercera, durante el período comprendido entre el primer y el último día del séptimo año desde su clasificación como dudosa ▌;
   f) 0,80 para la parte ▌de una exposición dudosa que esté garantizada por bienes inmuebles de conformidad con el título II de la parte tercera o que sea un préstamo para la adquisición de una vivienda garantizado por un proveedor de cobertura admisible a que se refiere el artículo 201, durante el período comprendido entre el primer y el último día del octavo año desde su clasificación como dudosa ▌;
   g) 1 para la parte ▌ de una exposición dudosa garantizada por otra cobertura del riesgo de crédito con garantías reales o personales de conformidad con el título II de la parte tercera, a partir del primer día del octavo año desde su clasificación como dudosa ▌;
   h) 0,85 para la parte ▌de una exposición dudosa que esté garantizada por bienes inmuebles de conformidad con el título II de la parte tercera o que sea un préstamo para la adquisición de una vivienda garantizado por un proveedor de cobertura admisible a que se refiere el artículo 201, durante el período comprendido entre el primer y el último día del noveno año desde su clasificación como dudosa ▌;
   i) 1 para la parte ▌de una exposición dudosa que esté garantizada por bienes inmuebles de conformidad con el título II de la parte tercera o que sea un préstamo para la adquisición de una vivienda garantizado por un proveedor de cobertura admisible a que se refiere el artículo 201, a partir del primer día del décimo año desde su clasificación como dudosa ▌.

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 3, se aplicarán los siguientes factores a la parte de la exposición dudosa garantizada o asegurada por un organismo oficial de crédito a la exportación:

   a) 0 para la parte garantizada de la exposición dudosa durante el período comprendido entre el primer y el séptimo año desde su clasificación como dudosa; y
   b) 1 para la parte garantizada de la exposición dudosa a partir del primer día del octavo año desde su clasificación como dudosa.

5.  La ABE evaluará el conjunto de prácticas aplicadas para la valoración de las exposiciones dudosas garantizadas y podrá elaborar directrices para especificar una metodología común, en particular posibles requisitos mínimos para una nueva valoración en lo que se refiere al calendario y métodos ad hoc, para la valoración prudencial de las formas admisibles de cobertura del riesgo de crédito mediante garantías reales y personales, especialmente por lo que se refiere a los supuestos relativos a su recuperabilidad y fuerza ejecutiva. Dichas directrices podrán incluir también una metodología común para determinar la parte garantizada de una exposición dudosa, tal como se recoge en el apartado 1.

Dichas directrices se emitirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

6.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en caso de que, durante el período comprendido entre el primer y el segundo año desde su clasificación como dudosa, se haya otorgado para una exposición una medida de reestructuración o refinanciación el factor aplicable, de conformidad con el apartado 2, en la fecha en la que se concede la medida de reestructuración o refinanciación será aplicable durante un período adicional de un año;

No obstante lo dispuesto en el apartado 3, en caso de que, durante el período comprendido entre el segundo y el sexto año desde su clasificación como dudosa, se haya otorgado para una exposición una medida de reestructuración o refinanciación el factor aplicable, de conformidad con el apartado 3, en la fecha en la que se concede la medida de reestructuración o refinanciación será aplicable durante un período adicional de un año.

El presente apartado solo se aplicará en relación con la primera medida de reestructuración o refinanciación que se haya concedido desde la clasificación de la exposición como exposición dudosa.».

"

3)  En el artículo 111, apartado 1, párrafo primero, la introducción se sustituye por el texto siguiente:"

«1. El valor de exposición de una partida del activo será su valor contable restante tras la aplicación de los ajustes por riesgo de crédito específico de conformidad con el artículo 110, los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105, los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), y otras reducciones de fondos propios relacionadas con dicha partida del activo. El valor de exposición de una partida fuera de balance enumerada en el anexo I será el siguiente porcentaje de su valor nominal, reducido por los ajustes por riesgo de crédito específico y los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m):».

"

4)  En el artículo 127, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La parte no garantizada de cualquier elemento en relación con el cual el deudor esté en situación de impago de conformidad con el artículo 178, o, en el caso de las exposiciones minoristas, la parte no garantizada de cualquier línea de crédito en situación de impago de conformidad con el artículo 178, recibirá una ponderación de riesgo del:

   a) 150 %, cuando la suma de los ajustes por riesgo de crédito específico y de los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), sea inferior al 20 % de la parte no garantizada del valor de la exposición sin tales ajustes y deducciones;
   b) 100 %, cuando la suma de los ajustes por riesgo de crédito específico y de los importes deducidos de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m), sea igual o superior al 20 % de la parte no garantizada del valor de la exposición sin tales ajustes y deducciones.».

"

5)  El artículo 159 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 159

Tratamiento de las pérdidas esperadas

Las entidades restarán el importe de las pérdidas esperadas calculado de conformidad con el artículo 158, apartados 5, 6 y 10, de los ajustes por riesgo de crédito general y específico de conformidad con el artículo 110, los ajustes de valoración adicionales con arreglo a los artículos 34 y 105 y otras reducciones de fondos propios relacionadas con dichas exposiciones, salvo las deducciones efectuadas de conformidad con el artículo 36, apartado 1, letra m). Los descuentos sobre las exposiciones de elementos del balance adquiridas en situación de impago de conformidad con el artículo 166, apartado 1, recibirán el mismo tratamiento que los ajustes por riesgo de crédito específico. Los ajustes por riesgo de crédito específico sobre exposiciones en situación de impago no se utilizarán para cubrir los importes de las pérdidas esperadas sobre otras exposiciones. No se incluirán en dicho cálculo las pérdidas esperadas por las exposiciones titulizadas ni los ajustes por riesgo de crédito general y específico asociados a dichas exposiciones.».

"

6)  En el artículo 178, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que el deudor mantenga importes vencidos durante más de 90 días con respecto a cualquier obligación crediticia significativa frente a la entidad, la empresa matriz o cualquiera de sus filiales. Las autoridades competentes podrán sustituir los 90 días por 180 días para las exposiciones garantizadas mediante bienes inmuebles residenciales o bienes inmuebles comerciales de las pymes en la categoría de exposiciones minoristas, así como en las exposiciones frente a entes del sector público. No se aplicarán los 180 días a efectos del artículo 36, apartado 1, letra m), o del artículo 127.».

"

7)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 469 bis

Excepción relativa a las deducciones de los elementos del capital de nivel 1 ordinario en el caso de las exposiciones dudosas

No obstante lo dispuesto en el artículo 36, apartado 1, letra m), las entidades no deducirán de los elementos del capital de nivel 1 ordinario el importe aplicable correspondiente a la insuficiencia de la cobertura de las exposiciones dudosas cuando la exposición se haya originado antes del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Cuando la entidad modifique las condiciones de una exposición originada antes del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo] de modo que aumente la exposición de la entidad frente al deudor, la exposición se considerará originada en la fecha en que resulte aplicable la modificación y dejará de poder acogerse a la excepción prevista en el párrafo primero.».

"

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 79 de 4.3.2019, p. 1.
(2) DO C 367 de 10.10.2018, p. 43.
(3)DO C 79 de 4.3.2019, p. 1.
(4)DO C 367 de 10.10.2018, p. 43.
(5)Posición del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2019.
(6)Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
(7)Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).
(8)Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 48 de 23.2.2011, p. 1).
(9)Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(10)Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
(11)Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 191 de 28.6.2014, p. 1).


Defensa de la competencia en el transporte aéreo ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 868/2004 (COM(2017)0289 – C8-0183/2017 – 2017/0116(COD))
P8_TA-PROV(2019)0209A8-0125/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0289),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 100, apartado 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0183/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de enero de 2018(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 12 de diciembre de 2018, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0125/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de marzo de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la defensa de la competencia en el transporte aéreo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 868/2004

P8_TC1-COD(2017)0116


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 100, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  La aviación desempeña un papel vital en ▌la economía de la Unión y en la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión, al ser uno de los sectores con mejor rendimiento y más dinámicos de la economía de la Unión, donde representa un factor decisivo para el impulso del crecimiento económico, el empleo, el comercio y el turismo, así como la conectividad y la movilidad para empresas y ciudadanos por igual, y en particular en el marco del mercado interior de la aviación de la Unión. En las últimas décadas, el crecimiento de los servicios de transporte aéreo ha contribuido de forma significativa a mejorar la conectividad en el seno de la Unión y con terceros países y ha sido un importante motor para la economía de la Unión ▌.

(2)  Las compañías aéreas de la Unión constituyen el núcleo de una red global que conecta Europa tanto a nivel interno como con el resto del mundo. Es necesario permitirles que compitan con las compañías aéreas de terceros países en un entorno de competencia abierta y leal ▌. Esto es necesario para aportar beneficios a los consumidores, mantener condiciones propicias para un alto nivel de ▌ conectividad aérea en la Unión y para garantizar la transparencia, la igualdad de condiciones y la continuidad de la competitividad de las compañías aéreas de la Unión, así como unos altos niveles de empleo de calidad en el sector de la aviación de la Unión.

(3)  En el contexto del aumento de la competencia a escala mundial entre los distintos actores del transporte aéreo, la competencia leal ▌es un principio general indispensable en la explotación de servicios de transporte aéreo internacionales. Dicho principio está reconocido, en particular, en el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional, de 7 de diciembre de 1944 (en lo sucesivo, «Convenio de Chicago»), cuyo preámbulo reconoce la necesidad de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades. El artículo 44 del Convenio de Chicago dispone también que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tendrá como fin fomentar el desarrollo del transporte aéreo internacional para asegurar ▌que cada Estado contratante tenga oportunidad equitativa de explotar empresas de transporte aéreo internacional y para evitar discriminación entre Estados contratantes.

(4)  El principio de la competencia leal está bien establecido en el seno de la Unión, donde las prácticas distorsionadoras del mercado están sujetas al Derecho de la Unión, que garantiza la igualdad de oportunidades y condiciones de competencia leal para todas aquellas compañías aéreas, tanto de la Unión como de terceros países , que operan en la Unión.

(5)  Con todo, a pesar de los esfuerzos continuos realizados por la Unión y algunos terceros países, ▌los principios de la competencia leal todavía no han sido definidos mediante normas multilaterales específicas, en particular, ni en el marco de los acuerdos de la OACI ni en el de los de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) y su anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo, de cuyo ámbito de aplicación han quedado excluidos en gran medida ▌ los servicios de transporte aéreo(4).

(6)  Por consiguiente, es necesario intensificar los esfuerzos en el contexto de la OACI y de la OMC para apoyar activamente la elaboración de normas internacionales que garanticen unas condiciones de competencia leal entre todas las compañías aéreas.

(7)  La competencia leal entre compañías aéreas debe abordarse preferentemente en el marco de los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos con terceros países. Sin embargo, la mayoría de los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos celebrados entre la Unión o sus Estados miembros, o ambos, por una parte, y terceros países por otra, no contienen hasta la fecha normas adecuadas en materia de competencia leal. En consecuencia, es preciso intensificar los esfuerzos para negociar la inclusión de cláusulas de competencia leal en los acuerdos, existentes y futuros, de transporte aéreo o de servicios aéreos celebrados con terceros países.

(8)  La competencia leal entre compañías aéreas también puede garantizarse mediante la adecuada legislación de la Unión, como el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo(5) y la Directiva 96/97/CE del Consejo(6). En la medida en que la competencia leal supone la protección de las compañías aéreas de la Unión frente a determinadas prácticas adoptadas por terceros países o por compañías aéreas de terceros países, esta cuestión se abordaba anteriormente en el Reglamento (CE) n.º 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(7). Sin embargo, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 ha demostrado ser ineficaz en lo que respecta a su objetivo general subyacente de competencia leal. Así ha ocurrido en particular con algunas de sus normas que se refieren ▌a la definición de las prácticas en cuestión, además de las subvenciones, y a los requisitos relativos a la apertura y desarrollo de las investigaciones. Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 868/2004 no ha logrado la complementariedad con los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos en los que la Unión es parte ▌. Dada la cantidad e importancia de las modificaciones que serían necesarias para resolver dichas cuestiones, procede sustituir el Reglamento (CE) n.º 868/2004 por un nuevo acto.

(9)  La competitividad del sector de la aviación de la Unión depende de la competitividad de cada parte de la cadena de valor de la aviación y solo puede mantenerse a través de un conjunto complementario de políticas. La Unión debe entablar un diálogo constructivo con terceros países para encontrar una base para la competencia leal. En este sentido sigue siendo necesaria una legislación efectiva, proporcionada y disuasoria con el fin de mantener condiciones propicias para un alto nivel de conectividad en la Unión y para garantizar una competencia leal con las compañías aéreas de terceros países. A tal fin, debe facultarse a la Comisión para realizar investigaciones y tomar medidas en caso necesario. Dichas medidas deben estar a su disposición ▌cuando las prácticas que distorsionan la competencia ▌causen perjuicio a las compañías aéreas de la Unión.

(10)  La discriminación podría incluir situaciones en las que las compañías aéreas de la Unión sean objeto de un trato diferenciado sin justificación objetiva, especialmente en lo que se refiere a: los precios y el acceso a los servicios de asistencia en tierra; las infraestructuras aeroportuarias; los servicios de navegación aérea; la asignación de franjas horarias; los procedimientos administrativos, como los relativos a la asignación de visados para el personal de compañías extranjeras; las disposiciones detalladas de venta y distribución de servicios aéreos; o cualquier otro asunto «de práctica ordinaria», como procedimientos gravosos de despacho de aduana o cualquier otra práctica desleal de tipo financiero u operativo.

(11)  Los procedimientos ▌deben concluirse sin medidas correctoras en virtud del presente Reglamento, cuando la adopción de estas últimas vaya a ir en detrimento del interés de la Unión, teniendo especialmente en cuenta sus repercusiones en otras personas, en particular los consumidores o empresas en la Unión, así como sus repercusiones en los altos niveles de conectividad en toda la Unión. Para evaluar el interés de la Unión, se debe prestar especial atención a la situación de los Estados miembros que dependen exclusivamente o de forma significativa del transporte aéreo para su conectividad con el resto del mundo y se debe asegurar la coherencia con otras políticas de la Unión. Los procedimientos también deben concluirse sin medidas cuando los criterios para dichas medidas no se cumplan o hayan dejado de cumplirse.

(▌12) Para determinar si la adopción de medidas correctoras sería contraria a los intereses de la Unión, la Comisión debe tener en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas. Para organizar consultas con todas las partes interesadas y darles la oportunidad de ser oídas, el anuncio de apertura de la investigación debe especificar los plazos para facilitar información o para solicitar audiencia . Las partes interesadas deben tener conocimiento de las condiciones de divulgación de la información que facilitan y deben tener derecho a responder a las observaciones de otras partes.

(13)  Con el fin de que la Comisión pueda estar adecuadamente informada de los posibles elementos que justifiquen la apertura de una investigación, cualquier Estado miembro, compañía aérea de la Unión o asociación de compañías aéreas de la Unión tendrá derecho a presentar una denuncia, que debe tramitarse en un plazo razonable.

(14)  En aras de lograr la eficacia del presente Reglamento, es esencial que la Comisión pueda iniciar un procedimiento basándose en una denuncia que presente indicios suficientes de la existencia de una amenaza de perjuicio.

(15)  Durante la investigación, la Comisión debe analizar las prácticas que distorsionen la competencia en el contexto pertinente. Dada la diversidad de posibles prácticas, es posible que la práctica y sus efectos se limiten en algunos casos a las actividades de transporte aéreo de una ruta entre dos ciudades, mientras que en otros podría ser pertinente analizar la práctica y sus efectos en toda la red de transporte aéreo.

(16)  Es importante garantizar que la investigación pueda ser lo más amplia posible en lo relativo a los elementos pertinentes. A tal fin, ▌la Comisión debe estar facultada para llevar a cabo investigaciones en terceros países, con el consentimiento de las entidades afectadas del tercer país y cuando dichos terceros países no presenten objeciones. Por las mismas razones y para los mismos fines, los Estados miembros deben estar obligados a apoyar a la Comisión con el máximo de su capacidad. La Comisión debe concluir la investigación sobre la base de las mejores pruebas disponibles.

(17)  ▌Durante la investigación, la Comisión puede considerar si las prácticas que distorsionan la competencia constituyen también una vulneración de un acuerdo internacional de transporte aéreo o de servicios aéreos o de cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, en el que sea parte la Unión. De ser así, la Comisión podría considerar que aquellas prácticas que distorsionan la competencia que también constituyan una vulneración de un acuerdo internacional de transporte aéreo o de servicios aéreos o de cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, en el que sea parte la Unión, se abordarían de manera más adecuada mediante la aplicación de procedimientos de solución de diferencias establecidos en dicho acuerdo. En este caso, la Comisión debe estar facultada para suspender la investigación iniciada en virtud del presente Reglamento. Cuando la aplicación de los procedimientos de solución de diferencias establecidos en el acuerdo internacional de transporte aéreo o de servicios aéreos o en cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, en el que sea parte la Unión, no sea suficiente para subsanar la situación, la Comisión debe tener la posibilidad de reabrir la investigación.

(18)  Los acuerdos de aviación y el presente Reglamento deben facilitar el diálogo con los terceros países afectados para resolver las diferencias de manera eficaz y restablecer la competencia leal. Cuando la investigación realizada por la Comisión afecte a operaciones a las que sea aplicable un acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos o cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, celebrado con un tercer país y en el cual la Unión no sea parte, debe garantizarse que la Comisión actúa con pleno conocimiento de cualquier procedimiento previsto o llevado a cabo por el Estado miembro afectado en virtud de dicho acuerdo y referido a la situación objeto de la investigación de la Comisión. Por lo tanto, los Estados miembros deben estar obligados a informar a la Comisión en consecuencia. En tal caso, todos los Estados miembros afectados deben tener el derecho de notificar a la Comisión su intención de tratar la práctica que distorsiona la competencia exclusivamente con arreglo a los procedimientos de solución de diferencias contenidos en sus respectivos acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos o en cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, celebrado con un tercer país y en el cual la Unión no sea parte. Si todos los Estados miembros afectados notifican a la Comisión y no se presenta ninguna objeción, la Comisión debe suspender temporalmente su investigación.

(19)  Si los Estados miembros afectados tienen la intención de tratar la práctica que distorsiona la competencia exclusivamente por medio de procedimientos de solución de diferencias aplicables en virtud de los acuerdos de transporte aéreo, de los acuerdos de servicios aéreos, o de cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, que hayan celebrado con el tercer país de que se trate para cumplir sus obligaciones en virtud de dichos acuerdos, los Estados miembros deben esforzarse por tramitar con rapidez los procedimientos bilaterales de solución de diferencias y deben informar de ello con exhaustividad a la Comisión. Cuando persista la práctica que distorsiona la competencia y la Comisión reabra la investigación, es preciso tener en cuenta las averiguaciones a las que se haya llegado durante la aplicación de dicho acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos o de cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, para garantizar el restablecimiento de la competencia leal lo antes posible.

(20)  Deben tenerse en cuenta las averiguaciones a las que se haya llegado durante la aplicación de procedimientos de solución de diferencias previstos en un acuerdo internacional de transporte aéreo o de servicios aéreos o en cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, en el que sean parte la Unión o un Estado miembro.

(21)  Por motivos de eficiencia administrativa y en vista de una posible conclusión sin adopción de medidas, debe ser posible suspender el procedimiento si el tercer país o la entidad del tercer país afectado ha tomado medidas decisivas para eliminar la práctica en cuestión que distorsiona la competencia o para eliminar el perjuicio o amenaza de perjuicio consiguiente.

(22)  Las conclusiones respecto del perjuicio o amenaza de perjuicio a las compañías aéreas de la Unión afectadas deben reflejar una evaluación realista de la situación y deben estar basadas, por lo tanto, en todos los factores pertinentes, en particular en referencia a la situación de dichas compañías y a la situación general del mercado del transporte aéreo afectado.

(23)  Es necesario establecer las condiciones en las que un procedimiento debe concluirse, con o sin imposición de medidas correctoras.

(24)  Las medidas correctoras en relación con las prácticas que distorsionan la competencia tienen como objetivo contrarrestar el perjuicio provocado por dichas prácticas. Por consiguiente, deben adoptar la forma de obligaciones financieras o de otras medidas que, por representar un valor monetario mensurable, puedan lograr el mismo efecto. Con objeto de atenerse al principio de proporcionalidad, las medidas de cualquier tipo deben limitarse a lo necesario para contrarrestar el perjuicio concreto. La medida correctora debe procurar el correcto funcionamiento del mercado aéreo de la Unión y no debe tener como resultado un ventaja indebida para ninguna compañía aérea o grupo de compañías aéreas.

(25)  El presente Reglamento no tiene como objetivo imponer normas a las compañías aéreas de terceros países, por ejemplo en lo que respecta a las subvenciones, mediante la introducción de obligaciones más restrictivas que las aplicadas a las compañías aéreas de la Unión.

(26)  Las situaciones investigadas en virtud del presente Reglamento y sus posibles repercusiones en los Estados miembros pueden diferir en función de las circunstancias. Por tanto, debe ser posible aplicar ▌ medidas correctoras, dependiendo del caso, a una o más compañías aéreas de terceros países, a una área geográfica específica o a un período específico de tiempo, o establecer una fecha en el futuro a partir de la cual dichas medidas sean de aplicación.

(27)  Las medias correctoras no deben consistir en la suspensión o limitación de los derechos de tráfico concedidos por un Estado miembro a un tercer país.

(28)  De acuerdo con el mismo principio de proporcionalidad, las medidas correctoras referentes a prácticas que distorsionan la competencia deben seguir en vigor solamente el tiempo y en la medida en que sea necesario a la luz de dichas prácticas y del perjuicio de ellas derivado. Por consiguiente, debe preverse su reconsideración, cuando las circunstancias lo hagan necesario.

(29)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(8).

(30)  La Comisión debe informar periódicamente al Parlamento Europeo y ▌al Consejo de la aplicación del presente Reglamento mediante informes. Dichos informes deben incluir información sobre los extremos siguientes: la aplicación de medidas correctoras, la conclusión de investigaciones sin medidas correctoras, las reconsideraciones de las medidas correctoras, y la cooperación con los Estados miembros, las partes interesadas y los terceros países. La redacción y el tratamiento de los informes deben respetar el nivel de confidencialidad adecuado.

(31)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la protección eficaz - igual para todas las compañías aéreas de la Unión y basada en criterios y procedimientos uniformes - contra los perjuicios o las amenazas de perjuicio causados a una o varias compañías aéreas de la Unión por prácticas que distorsionan la competencia, adoptadas por terceros países o por entidades de terceros países, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(32)  Dado que el presente Reglamento sustituye al Reglamento (CE) n.º 868/2004, este último ha de ser derogado.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

1.  El presente Reglamento establece normas sobre la realización de investigaciones por parte de la Comisión y sobre la adopción de medidas correctoras, en relación con ▌prácticas que distorsionen la competencia entre compañías aéreas de la Unión y compañías aéreas de terceros países, o que causen o amenacen con causar perjuicio a las compañías aéreas de la Unión.

2.  El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CEE) n.º 95/93 y en el artículo 20 de la Directiva 96/67/CE.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «compañía aérea», una compañía aérea conforme a la definición del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(9);

2)  «servicio de transporte aéreo», un vuelo o una serie de vuelos para el transporte de pasajeros, carga o correo, a cambio de una remuneración o del pago de un alquiler;

3)  «parte interesada», cualquier persona física o jurídica u organismo oficial, con o sin personalidad jurídica propia, que pueda tener un interés significativo en el resultado del procedimiento, incluidas, entre otras, las compañías aéreas;

4)  «Estado miembro afectado», todo Estado miembro:

a)  que haya concedido la licencia de explotación a la compañía aérea de la Unión afectada, en virtud del Reglamento (CE) n.º 1008/2008; o

b)  en virtud de cuyo acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos, o de cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, celebrado con el tercer país afectado, opere la compañía aérea de la Unión afectada;

5)  «entidad de un tercer país», cualquier persona física o jurídica, con o sin fines de lucro, u organismo oficial, con o sin personalidad jurídica propia, que esté bajo la jurisdicción de un tercer país, controlado o no por el gobierno de un tercer país, y que participe de forma directa o indirecta en la prestación de servicios de transporte aéreo o servicios conexos o en el suministro de infraestructura o prestación de servicios utilizados para prestar servicios de transporte aéreo o servicios conexos;

6)  «prácticas que distorsionan la competencia», la discriminación y las subvenciones;

7)  «amenaza de perjuicio», toda amenaza cuya transformación en perjuicio sea claramente previsible, muy probable e inminente, y que se pueda atribuir, más allá de cualquier duda razonable, a actos o decisiones de un tercer país o de una entidad de un tercer país;

8)  «discriminación», la diferenciación de cualquier tipo sin justificación objetiva respecto al suministro de mercancías o prestación de servicios, incluidos los servicios públicos, practicada en la explotación de servicios de transporte aéreo, o respecto al trato de estos por parte de las autoridades públicas competentes para dichos servicios, incluidas las prácticas relativas a la navegación aérea o a las instalaciones y servicios aeroportuarios, el combustible, la asistencia en tierra, la seguridad, los sistemas informatizados de reserva, la asignación de franjas horarias, las tasas y el uso de otras instalaciones o servicios empleados para la explotación de servicios de transporte aéreo;

9)  «subvención», una participación financiera:

a)  concedida por un gobierno u otro organismo público de un tercer país en cualquiera de las formas siguientes:

i)  una práctica de un gobierno u otro organismo público que implique una transferencia directa de fondos, posibles transferencias directas de fondos u obligaciones (como subvenciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías de préstamos, compensación de pérdidas por explotación o compensación de las cargas impuestas por los poderes públicos),

ii)  ingresos de un gobierno u otro organismo público que en otro caso se percibirían, y que se condonan o no se recaudan (como trato fiscal preferente o incentivos fiscales como los créditos fiscales),

iii)  un gobierno u otro organismo público, incluidas las empresas de control público, aporta bienes o servicios, o adquiere bienes o servicios,

iv)  un gobierno u otro organismo público realiza pagos a un mecanismo de financiación o encomienda u ordena a una entidad privada que ejecute una o varias de las funciones mencionadas en los incisos i), ii) y iii), que normalmente incumbirían a la administración pública y, en la práctica, no difiere, en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por las administraciones públicas;

b)  que otorga un beneficio, y

c)  limitada, de hecho o de Derecho, a una entidad o sector o a un grupo de entidades o sectores dentro de la jurisdicción del organismo que las conceda;

10)  «compañía aérea de la Unión», toda compañía aérea que posea una licencia de explotación válida concedida por un Estado miembro de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1008/2008;

11)  «compañía aérea de la Unión afectada», la compañía aérea a la que presuntamente se cause un perjuicio o se amenace con causar un perjuicio con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b).

Artículo 3

Interés de la Unión

1.  A efectos del artículo 13, apartado 2, letra b), la Comisión determinará el interés de la Unión basándose en una evaluación del conjunto de los distintos intereses que sean pertinentes en una situación específica. Para determinar el interés de la Unión, se dará prioridad a la necesidad de proteger los intereses de los consumidores y de mantener un alto nivel de conectividad para los viajeros y para la Unión. En el contexto de toda la cadena de la aviación, la Comisión también podrá tener en cuenta factores sociales pertinentes. La Comisión también considerará la necesidad de eliminar la práctica que distorsione la competencia, restablecer la competencia efectiva y leal y evitar toda distorsión del mercado interior.

2.  El interés de la Unión se determinará sobre la base de un análisis económico de la Comisión. La Comisión fundamentará dicho análisis en la información recabada de las partes interesadas. Para determinar el interés de la Unión, la Comisión también recopilará cualquier otra información pertinente que considere necesaria y se considerarán, en particular, los factores indicados en el artículo 12, apartado 1. La información solo será tenida en cuenta cuando se funde en pruebas concretas que demuestren su validez.

3.  La determinación del interés de la Unión a efectos del artículo 13, apartado 2, letra b), solo se realizará cuando todas las partes interesadas hayan tenido la oportunidad de darse a conocer, presentar sus observaciones por escrito, aportar información a la Comisión o solicitar ser oídas por la Comisión, de conformidad con los plazos indicados en el artículo 4, apartado 8, letra b). Las solicitudes de audiencia deberán indicar los motivos relativos al interés de la Unión por los que las partes desean ser oídas.

4.  Las partes interesadas mencionadas en los apartados 2 y 3 del presente artículo podrán solicitar que se les faciliten los hechos y consideraciones que sirvan de base probable a las decisiones. Dicha información se facilitará en la medida de lo posible, con arreglo al artículo 8, y sin perjuicio de cualquier decisión posterior que adopte la Comisión.

5.  El análisis económico mencionado en el apartado 2 se transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo, con fines informativos.

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES COMUNES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Artículo 4

Inicio del procedimiento

1.  Se abrirá una investigación tras la presentación de una denuncia escrita por un Estado miembro, una o varias compañías aéreas de la Unión o una asociación de compañías aéreas de la Unión o por iniciativa propia de la Comisión, si hay pruebas suficientes de la existencia de todas las circunstancias siguientes:

a)  una práctica, adoptada por un tercer país o entidad de un tercer país, que distorsione la competencia;

b)  un perjuicio o amenaza de perjuicio causado a una o varias compañías aéreas de la Unión; y

c)  un nexo causal entre la supuesta práctica y el supuesto perjuicio o amenaza de perjuicio.

2.  Cuando reciba una denuncia en virtud del apartado 1, la Comisión informará a todos los Estados miembros.

3.  La Comisión ▌ valorará en tiempo oportuno la exactitud y suficiencia de las pruebas que se aporten en la denuncia o a disposición de la Comisión, con el fin de determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen iniciar una investigación de conformidad con el apartado 1.

4.  La Comisión decidirá no iniciar una investigación si ▌ los hechos alegados en la denuncia no plantean un problema sistémico ni tienen repercusiones significativas en una o varias compañías aéreas de la Unión.

5.  Si la Comisión decidiera no iniciar una investigación, informará a la parte denunciante y a todos los Estados miembros. La información proporcionada incluirá los motivos de la decisión. Dicha información también será comunicada al Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 17.

6.  Cuando las pruebas aportadas sean insuficientes a los efectos del apartado 1, la Comisión informará de ello a la parte denunciante en un plazo de 60 días a partir de la fecha de presentación de la denuncia. La parte denunciante contará con 45 días para aportar pruebas adicionales. Cuando la parte denunciante no aporte más pruebas dentro de dicho plazo, la Comisión podrá decidir no iniciar la investigación.

7.  A reserva de lo dispuesto en los apartados 4 y 6, la Comisión decidirá si inicia una investigación de conformidad con el apartado 1 en un plazo máximo de cinco meses a partir de la fecha de presentación de la denuncia.

8.  A reserva de lo dispuesto en el apartado 4, cuando la Comisión considere que las pruebas aportadas son suficientes para iniciar una investigación, la Comisión tomará las siguientes medidas:

a)  iniciar el procedimiento y notificar al respecto a los Estados miembros y al Parlamento Europeo;

b)  publicar un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea; se indicará en el anuncio la apertura de la investigación y su alcance, el tercer país o entidad de un tercer país presuntamente implicados en prácticas que distorsionen la competencia y el presunto perjuicio o amenaza de perjuicio, las compañías aéreas de la Unión afectadas, y se señalará un plazo para que las partes interesadas se den a conocer, presenten sus observaciones por escrito, aporten información o soliciten ser oídas por la Comisión. Dicho plazo tendrá una duración mínima de 30 días;

c)  lo notificará oficialmente a los representantes del tercer país y de la entidad del tercer país afectados por la apertura de la investigación;

d)  informará a la parte denunciante y al comité previsto en el artículo 16, de la apertura de la investigación.

9.  Si la denuncia fuese retirada antes de la apertura de la investigación, se la considerará no presentada. La presente disposición se entiende sin perjuicio del derecho de la Comisión a iniciar una investigación por iniciativa propia con arreglo al apartado 1.

Artículo 5

Investigación

1.  Tras el inicio del procedimiento, la Comisión abrirá una investigación.

2.  El fin de la investigación será determinar si una práctica que distorsiona la competencia, adoptada por un tercer país o una entidad de un tercer país, ha causado un perjuicio o amenaza de perjuicio a las compañías aéreas de la Unión afectadas.

3.  Si, durante la investigación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la Comisión recaba pruebas de que una práctica podría tener repercusiones negativas en la conectividad aérea de una región concreta, de un Estado miembro o de un grupo de Estados miembros y, por tanto, podría afectar negativamente a los viajeros, se tendrán en cuenta dichas pruebas para determinar el interés de la Unión mencionado en el artículo 3.

4.  La Comisión solicitará toda la información que considere necesaria para realizar la investigación y comprobará la exactitud de la información recibida o recabada con las compañías aéreas de la Unión afectadas, o con el tercer país, una parte interesada o la entidad de un tercer país afectados.

5.  Si la información suministrada de conformidad con el apartado 4 fuera incompleta, se tendrá en cuenta, siempre que no sea falsa ni engañosa.

6.  Si no se aceptan determinadas pruebas o informaciones, la parte que las haya facilitado será informada inmediatamente de los motivos y se le ofrecerá la oportunidad de presentar nuevas explicaciones en un plazo determinado.

7.  La Comisión podrá solicitar a los Estados miembros afectados que la apoyen en la investigación. En particular, previa solicitud de la Comisión, los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para apoyar a la Comisión en la investigación mediante la aportación de información pertinente y disponible. Previa solicitud de la Comisión, los Estados miembros se esforzarán por contribuir a la verificación y realización de los análisis pertinentes.

8.  Si se considera necesario, la Comisión podrá realizar investigaciones en el territorio de un tercer país ▌, a condición de que la entidad del tercer país afectada haya dado su consentimiento y que el gobierno del tercer país haya sido notificado oficialmente y este último no haya presentado ninguna objeción.

9.  Las partes que se hayan dado a conocer dentro de los plazos fijados en el anuncio de apertura serán oídas siempre que hayan presentado, dentro del plazo oportuno, una solicitud de audiencia que muestre que son parte interesada.

10.  Las partes denunciantes, las partes interesadas, los Estados miembros y los representantes del tercer país o de la entidad del tercer país afectados podrán consultar toda la información a disposición de la Comisión, a excepción de los documentos internos que sean para uso de la Comisión y de las administraciones de la Unión y de los Estados miembros afectados, siempre que dicha información no sea confidencial con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 y siempre que hayan dirigido una petición por escrito a la Comisión.

Artículo 6

Suspensión

1.  La Comisión podrá suspender su investigación si resulta más adecuado tratar la práctica que distorsiona la competencia exclusivamente con arreglo a los procedimientos de solución de diferencias establecidos mediante un acuerdo aplicable de transporte aéreo o de servicios aéreos del que la Unión sea parte, o a cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo del que la Unión sea parte. La Comisión notificará a los Estados miembros la suspensión de la investigación.

La Comisión podrá reabrir la investigación en cualquiera de los siguientes casos:

a)  cuando el procedimiento llevado a cabo en virtud del acuerdo aplicable de transporte aéreo o de servicios aéreos o de cualquier otro acuerdo aplicable que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo haya determinado que existe una infracción del acuerdo de la otra parte o partes, que dicha conclusión se haya convertido en definitiva y vinculante para esta o estas, pero no se haya tomado ninguna medida correctora de forma oportuna ni dentro de los plazos establecidos en los correspondientes procedimientos;

b)  cuando la práctica que distorsiona la competencia no se haya eliminado en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de suspensión de la investigación.

2.  La Comisión suspenderá la investigación si 15 días después de la fecha de notificación de la apertura de la investigación:

a)  todos los Estados miembros afectados a que se refiere el artículo 2, punto 4, letra b), han notificado a la Comisión su intención de tratar la práctica que distorsiona la competencia exclusivamente en virtud de los procedimientos de solución de diferencias aplicables con arreglo al acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos, o a cualquier otro acuerdo que contenga disposiciones en materia de servicios de transporte aéreo, que hayan celebrado con el tercer país de que se trate, y

b)  ningún Estado miembro afectado a que se refiere el artículo 2, punto 4, letra a), ha formulado objeciones.

En estos casos de suspensión, se aplicará el artículo 7, apartados 1 y 2.

3.  La Comisión podrá reabrir la investigación en cualquiera de los casos siguientes:

a)  cuando los Estados miembros afectados a que se refiere el artículo 2, punto 4, letra b), no hayan iniciado el procedimiento de solución de diferencias en virtud del acuerdo internacional pertinente en los tres meses siguientes a la fecha de notificación indicada en el apartado 2, letra a);

b)  cuando los Estados miembros afectados a que se refiere el artículo 2, punto 4, letra b), notifiquen a la Comisión que el resultado de los procedimientos de solución de diferencias mencionados en el apartado 2 del presente artículo no se ha aplicado correcta y rápidamente;

c)  cuando todos los Estados miembros afectados pidan a la Comisión que reabra la investigación;

d)  cuando la Comisión llegue a la conclusión de que la práctica que distorsiona la competencia no se ha eliminado en el plazo de 12  meses a partir de la fecha de la notificación indicada en el apartado 2, letra a), por parte de los Estados miembros afectados;

e)  cuando, en los casos de urgencia previstos en el artículo 11, apartado 3, la práctica que distorsiona la competencia no se haya eliminado en el plazo de nueve meses a partir de la fecha de la notificación indicada en el apartado 2, letra a), del presente artículo, por parte de los Estados miembros afectados a que se refiere el artículo 2, punto 4, letra b); a petición de un Estado miembro afectado, la Comisión podrá prorrogar dicho plazo, en casos debidamente justificados, por un máximo de tres meses.

Artículo 7

Cooperación con los Estados miembros en relación con los procedimientos pertinentes para los casos correspondientes al capítulo III

1.  El Estado miembro afectado ▌ informará a la Comisión de todas las reuniones pertinentes programadas en el marco del acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos, o de cualquier disposición en materia de servicios de transporte aéreo incluida en cualquier otro acuerdo celebrado con el tercer país afectado, para debatir las cuestiones objeto de la investigación. El Estado miembro afectado transmitirá a la Comisión el orden del día y toda información pertinente que permita comprender las cuestiones que van a tratarse en esas reuniones.

2.  El Estado miembro afectado mantendrá a la Comisión informada del desarrollo de cualquier procedimiento de solución de diferencias establecido en un acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos o en cualquier disposición en materia de servicios de transporte aéreo incluida en cualquier otro acuerdo celebrado con el tercer país afectado y, si procede, invitará a la Comisión a asistir a dicho procedimiento. A este respecto, la Comisión podrá pedir más información al Estado miembro afectado.

Artículo 8

Confidencialidad

1.  Previa justificación suficiente al respecto, la Comisión tratará como confidencial toda información de naturaleza confidencial, incluida, aunque no solo, la información cuya divulgación significaría una ventaja sensible para un competidor o tendría un efecto claramente desfavorable para la persona que proporcione la información o para el tercero del que la hubiera recibido o que las partes faciliten con carácter confidencial en el marco de una investigación.

2.  Las partes interesadas que faciliten información confidencial estarán obligadas a suministrar resúmenes no confidenciales de esta. Tales resúmenes serán lo suficientemente exhaustivos para permitir una comprensión razonable del contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, las partes interesadas podrán indicar que la información confidencial no puede ser resumida. En tales circunstancias, expondrán las razones por las que no es posible resumirla.

3.  La información recibida en aplicación del presente Reglamento únicamente podrá utilizarse para el fin para el que fue solicitada. El presente apartado no impedirá la utilización de la información recibida en el contexto de una investigación a efectos de la apertura de otra investigación con arreglo al presente Reglamento.

4.  La Comisión y los Estados miembros, así como sus funcionarios respectivos, no divulgarán, sin la autorización expresa de la parte que la haya facilitado, ninguna información de carácter confidencial que hayan recibido en aplicación del presente Reglamento o les haya sido facilitada confidencialmente por una de las partes durante una investigación. El intercambio de información entre la Comisión y los Estados miembros, o cualquier documento interno preparado por las autoridades de la Unión o los Estados miembros, no serán divulgados excepto en los casos específicamente previstos en el presente Reglamento.

5.  Cuando resulte que una solicitud de tratamiento confidencial no está justificada y si quien haya facilitado la información no desea hacerla pública ni autorizar su divulgación en términos generales o en forma resumida, dicha información podrá no ser tenida en cuenta.

6.  El presente artículo no obstará a la divulgación, por parte de las autoridades de la Unión, de informaciones generales y, en particular, a la divulgación de los motivos en que se fundamenten las decisiones adoptadas en virtud del presente Reglamento, ni a la divulgación de pruebas en las que las autoridades de la Unión se apoyen, en la medida en que sea necesario, para justificar dichos motivos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación deberá tener en cuenta el legítimo interés de las partes interesadas en no ver revelados sus secretos comerciales o de naturaleza pública.

7.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la confidencialidad de la información que sea pertinente para la aplicación del presente Reglamento y siempre que sean compatibles con sus términos.

Artículo 9

Base de las conclusiones en caso de no cooperación

En los casos en los que se deniegue el acceso a la información necesaria o se niegue a facilitarla dentro de los plazos previstos en el presente Reglamento, u obstaculice de forma significativa la investigación, podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, afirmativas o negativas, sobre la base de los hechos y las pruebas disponibles. Si la Comisión comprueba que se ha proporcionado información falsa o engañosa, no se tendrá en cuenta dicha información.

Artículo 10

Divulgación de la información

1.  La Comisión comunicará al tercer país, la entidad del tercer país y la compañía aérea de un tercer país afectados, así como a la parte denunciante, las partes interesadas, los Estados miembros y las compañías aéreas de la Unión afectadas los principales hechos y consideraciones sobre la base de los cuales pretenda adoptar medidas correctoras, o dar por concluido el procedimiento sin adoptar medidas correctoras, a más tardar un mes antes de que se realice la consulta al comité a que se refiere el artículo 16, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, o el artículo 14, apartado 1 ▌.

2.  La divulgación mencionada en el apartado 1 no prejuzgará las decisiones ulteriores que la Comisión pueda adoptar. Cuando la Comisión quiera basar una de estas decisiones en hechos o consideraciones diferentes o adicionales, estos serán divulgados lo más rápidamente posible.

3.  La información adicional facilitada después de la divulgación solo podrá tomarse en consideración cuando se haya recibido en el plazo que la Comisión fije en cada caso, teniendo debidamente en cuenta la urgencia del asunto; dicho plazo no podrá ser inferior a 14 días. Podrá fijarse un plazo más breve cuando deba hacerse una divulgación final adicional.

Artículo 11

Duración del procedimiento y suspensión

1.  El procedimiento deberá concluirse en un plazo de veinte meses. Dicho plazo podrá prorrogarse en casos debidamente justificados. En caso de suspensión del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4, dicho período de suspensión no se computará a los efectos de la duración del procedimiento.

2.  La investigación deberá concluirse en un plazo de doce meses. Dicho plazo podrá prorrogarse en casos debidamente justificados. En caso de suspensión de la investigación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, dicho período de suspensión no se computará a los efectos de la duración de la investigación. Cuando se prorrogue el plazo de la investigación, la duración de la prórroga se sumará a la duración total del procedimiento establecido en el apartado 1 del presente artículo.

3.  En casos de urgencia, es decir, en situaciones en las que, previa presentación de pruebas claras por la parte denunciante o por las partes interesadas, el perjuicio a las compañías aéreas de la Unión pueda ser irreversible, podrá acortarse el procedimiento a nueve meses.

4.  La Comisión suspenderá el procedimiento si el tercer país o la entidad del tercer país afectados ha tomado medidas decisivas para eliminar ▌ las prácticas que distorsionen la competencia o el perjuicio o la amenaza de perjuicio para las compañías aéreas de la Unión afectadas.

5.  En los casos mencionados en el apartado 4, la Comisión reabrirá el procedimiento si la práctica que distorsiona la competencia, el perjuicio o la amenaza de perjuicio para las compañías aéreas de la Unión afectadas no han sido eliminados después de un período de tiempo razonable, el cual no superará en ningún caso los seis meses.

CAPÍTULO III

PRÁCTICAS QUE DISTORSIONAN LA COMPETENCIA

Artículo 12

Determinación del perjuicio o la amenaza del perjuicio

1.  A los efectos del presente capítulo, la determinación de la existencia del perjuicio se basará en pruebas y tendrá en cuenta los factores pertinentes, en particular:

a)  la situación de las compañías aéreas de la Unión afectadas, en particular en cuanto a aspectos tales como la frecuencia de los servicios, la utilización de la capacidad, el efecto de red, las ventas, la cuota de mercado, los beneficios, el rendimiento del capital, la inversión y el empleo;

b)  la situación general de los mercados de servicios de transporte aéreos afectados, en particular en cuanto al nivel de las tarifas o tasas, la capacidad y la frecuencia de los servicios de transporte aéreo o el uso de la red.

2.  La determinación de que existe una amenaza de perjuicio se basará en pruebas claras y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. La evolución en perjuicio debe ser claramente previsible, muy probable e inminente, y capaz de poderse atribuir, más allá de cualquier duda razonable, a la acción o decisión de un tercer país o de una entidad de un tercer país.

3.  ▌A la hora de determinar la existencia de una amenaza de perjuicio, se tomarán en consideración factores como:

a)  la evolución previsible de la situación de las compañías aéreas de la Unión afectadas, en particular, en cuanto a la frecuencia de los servicios, la utilización de la capacidad, el efecto de red, las ventas, la cuota de mercado, los beneficios, el rendimiento del capital, la inversión y el empleo;

b)  la evolución previsible de la situación general de los mercados de servicios de transporte aéreos potencialmente afectados, en particular, en cuanto al nivel de las tarifas o tasas, la capacidad y la frecuencia de los servicios de transporte aéreo o el uso de la red.

Aunque ninguno de los factores mencionados en las letras a) y b), por sí solo, puede ser determinante, considerados en conjunto deberán llevar a la conclusión de que son inminentes otras prácticas que distorsionan la competencia y de que, a menos que se adopten medidas, se producirá un perjuicio.

4.  La Comisión escogerá un período de investigación que incluirá, sin limitarse a él, el período durante el cual se suponga que ha tenido lugar el perjuicio y analizará las pruebas pertinentes a lo largo de dicho período.

5.  Cuando el perjuicio o la amenaza de perjuicio para las compañías aéreas de la Unión afectadas hayan sido causados por factores distintos de la práctica que distorsiona la competencia, no se atribuirán a la práctica que se esté examinando y no se tendrán en cuenta.

Artículo 13

Conclusión sin medidas correctoras

1.  La Comisión dará por concluida la investigación sin que se adopten medidas correctoras cuando la denuncia sea retirada, a menos que la Comisión continúe con la investigación por iniciativa propia.

2.  La Comisión adoptará actos de ejecución, en los que se dará por concluida la investigación realizada con arreglo al artículo 5 sin adoptar medidas correctoras cuando:

a)  la Comisión concluya que no se ha demostrado alguno de los elementos siguientes:

i)  la existencia de una práctica, adoptada por un tercer país o entidad de un tercer país, que distorsione la competencia;

ii)  la existencia de un perjuicio o amenaza de perjuicio para las compañías aéreas de la Unión afectadas;

iii)  la existencia de un nexo causal entre el perjuicio o amenaza de perjuicio y la práctica considerada;

b)  la Comisión concluya que la adopción de medidas correctoras con arreglo al artículo 14 iría en contra del interés de la Unión;

c)  el tercer país o la entidad del tercer país afectados hayan eliminado las prácticas que distorsionan la competencia; o

d)  el tercer país o la entidad del tercer país afectados hayan eliminado el perjuicio o la amenaza de perjuicio para las compañías aéreas de la Unión afectadas.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

3.  La decisión de dar por concluida la investigación de conformidad con el apartado 2 irá acompañada de un documento exponiendo las razones para ello y será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Medidas correctoras

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, la Comisión adoptará actos de ejecución, en los que se establezcan medidas correctoras si la investigación realizada con arreglo al artículo 5 determina que una práctica que distorsiona la competencia, adoptada por un tercer país o una entidad de un tercer país, ha causado un perjuicio a las compañías aéreas de la Unión afectadas.

Los actos de ejecución que establezcan las medidas correctoras mencionadas en el apartado 3, letra a), del presente artículo, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Los actos de ejecución que establezcan las medidas correctoras mencionadas en el apartado 3, letra b), del presente artículo, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartados 2 y 3.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución, en los que se establezcan medidas correctoras si la investigación realizada con arreglo al artículo 5 determina que una práctica que distorsiona la competencia, adoptada por un tercer país o una entidad de un tercer país, causa una amenaza de perjuicio, de conformidad con el artículo 12, apartados 2 y 3, a las compañías aéreas de la Unión afectadas. Dichas medidas correctoras no entrarán en vigor hasta que la amenaza de perjuicio se haya convertido en un perjuicio real.

Los actos de ejecución que establezcan las medidas correctoras mencionadas en el apartado 3, letra a), del presente artículo, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Los actos de ejecución que establezcan las medidas correctoras mencionadas en el apartado 3, letra b), del presente artículo, se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartados 2 y 3.

3.  Las medidas correctoras a que se refieren los apartados 1 y 2 se impondrán a las compañías aéreas de terceros países que se benefician de las prácticas que distorsionan la competencia y podrán tomar la forma de cualquiera de los elementos siguientes:

a)  obligaciones financieras;

b)  cualquier medida operativa de igual o menor valor, como la suspensión de concesiones, de servicios debidos o de otros derechos de la compañía aérea del tercer país. Se dará prioridad a las medidas operativas recíprocas, siempre que no sean contrarias al interés de la Unión o incompatibles con el Derecho de la Unión o con las obligaciones internacionales.

4.  Las medidas correctoras a que se refieren los apartados 1 y 2 no excederán de lo necesario para contrarrestar el perjuicio ▌ a las compañías aéreas de la Unión afectadas. Para ello, dichas medidas correctoras ▌podrán estar limitadas a un área geográfica específica o ser limitadas en el tiempo.

5.   Las medidas correctoras no consistirán en la suspensión o limitación de los derechos de tráfico concedidos por un Estado miembro a un tercer país en virtud de un acuerdo de transporte aéreo o de servicios aéreos, o en virtud de alguna disposición en materia de servicios de transporte aéreo incluida en ▌cualquier otro acuerdo celebrado con ese tercer país ▌.

6.  Las medidas correctoras mencionadas en los apartados 1 y 2 no llevarán a la Unión o a los Estados miembros afectados a vulnerar los acuerdos de transporte aéreo o de servicios aéreos, ni ninguna disposición en materia de servicios de transporte aéreo incluida en un acuerdo comercial o en cualquier otro acuerdo celebrado con el tercer país de que se trate.

7.  La decisión de concluir la investigación con la adopción de las medidas correctoras mencionadas en los apartados 1 y 2 irá acompañada de un documento que exponga las razones para ello y será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 15

Reconsideración de las medidas correctoras

1.  Las medidas correctoras a que se hace referencia en el artículo 14 seguirán en vigor solamente el tiempo y en la medida en que ello sea necesario a la luz de la persistencia de la práctica que distorsiona la competencia y del perjuicio de ellas derivado ▌. A tal fin, se aplicará el procedimiento de reconsideración establecido en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo. La Comisión facilitará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe escrito sobre la eficacia y las repercusiones de las medidas correctoras.

2.  Cuando sea necesario, podrá reconsiderarse la necesidad de mantener las medidas correctoras en su forma inicial, bien a instancia de la Comisión o de la parte denunciante o previa petición motivada de los Estados miembros, del tercer país o de la entidad del tercer país afectado.

3.  En el transcurso de su examen, la Comisión evaluará la persistencia de la práctica que distorsiona la competencia, del perjuicio ▌ y del nexo causal entre la práctica y el perjuicio ▌.

4.  La Comisión adoptará actos de ejecución, con los que se derogarán, modificarán o mantendrán, según convenga, las medidas correctoras previstas en el artículo 14. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3.  Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 17

Información y evaluación

1.  De forma periódica, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación y ejecución del presente Reglamento. Teniendo debidamente en cuenta la protección de la información confidencial en el sentido del artículo 8, el informe incluirá información sobre la aplicación de las medidas correctoras, la conclusión de investigaciones sin medidas correctoras, las reconsideraciones de las medidas correctoras y la cooperación con los Estados miembros, las partes interesadas y los terceros países.

2.  El Parlamento Europeo y el Consejo podrán invitar a la Comisión a exponer y explicar cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 18

Derogación

Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 868/2004. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 19

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en…,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 197 de 8.6.2018, p. 58.
(2)DO C 197 de 8.6.2018, p. 58.
(3)Posición del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2019.
(4)
(5)Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO L 14 de 22.1.1993, p. 1).
(6)Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996, relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad (DO L 272 de 25.10.1996, p. 36).
(7)Reglamento (CE) n.º 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 162 de 30.4.2004, p. 1).
(8)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(9)Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (DO L 293 de 31.10.2008, p. 3).


Orientaciones para el presupuesto 2020 - sección III
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2020, sección III – Comisión (2019/2001(BUD))
P8_TA-PROV(2019)0210A8-0172/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.° 283/2014, y la Decisión n.º 541/2014/UE, y se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012(1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre el MFP»),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3)

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(4),

–  Vistos el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019(5) y las declaraciones conjuntas acordadas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que lo acompañan,

–  Vista la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», que entró en vigor el 1 de enero de 2016, y el documento de reflexión presentado recientemente «Hacia una Europa sostenible en 2030» de la Comisión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de febrero de 2019, sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2020 (06323/2019),

–  Visto el artículo 86 bis de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0172/2019),

A.  Considerando que las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión 2020 se desarrollarán en paralelo con las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) y la reforma del propio sistema de recursos de la Unión; que en 2019 se cumple el séptimo año del MFP 2014-2020;

B.  Considerando que el Consejo se ha contradicho repetidamente a lo largo de los últimos años al presentar nuevas prioridades políticas para la Unión pero mostrándose reacio a proporcionar nuevos créditos para su financiación; que las nuevas prioridades políticas y los próximos desafíos a los que se enfrenta la Unión deben financiarse con créditos nuevos y no reduciendo el importe de los créditos de los programas actuales;

C.  Considerando que, al acercarse el final del periodo de programación financiera actual, la ejecución de los programas plurianuales requerirá recursos financieros adecuados y, por tanto, anticipar los pagos necesarios en 2020 para prevenir otra crisis de los pagos en los primeros años del MFP 2021-2027;

Presupuesto 2020: un puente hacia la Europa del futuro — Invertir en la innovación, el desarrollo sostenible y en la protección y seguridad de los ciudadanos

1.  Destaca que el presupuesto de la Unión para 2020 es el puente hacia el próximo (MFP) para el periodo 2021-2027 y que debe contribuir a la creación de una visión común a largo plazo de las futuras prioridades políticas de la Unión y aportar valor añadido europeo; espera que, cuando se adopte el presupuesto 2020, se comprometa con el Consejo en unas negociaciones propiamente dichas sobre el MFP, tras un acuerdo político en el Consejo Europeo; opina que un presupuesto sólido, responsable y con visión de futuro facilitará un acuerdo y la transición hacia el próximo MFP; tiene la intención, por lo tanto, de hacer pleno uso de la flexibilidad existente y de otras disposiciones establecidas en el Reglamento sobre el MFP y el Reglamento Financiero, con el fin de reforzar los programas clave de la Unión en el presupuesto 2020, teniendo debidamente en cuenta el enfoque en relación con la presupuestación basada en el rendimiento en el marco del presupuesto de la Unión;

2.  Pide que los programas específicos para la agricultura promuevan, por una parte, las cadenas de comercialización cortas, unos precios justos para la producción, una renta estable y digna para los agricultores y, por otra, la redistribución de los pagos, a fin de garantizar una distribución equitativa entre países, tipos de producción y productores, que acabe con las disparidades actuales y beneficie, en términos relativos, a los Estados miembros con los mayores déficits de producción, así como a los pequeños y medianos productores;

3.  Considera, por lo tanto, que el presupuesto de la Unión para el próximo ejercicio debe definir unas prioridades políticas claras y permitir a la Unión generar un crecimiento económico y crear puestos de trabajo de carácter sostenible e inclusivo, invertir en mayor medida en capacidades de innovación e inversión con vistas a soluciones futuras, impulsar la competitividad, velar por una Europa segura y pacífica, reforzar las condiciones laborales y de vida de los ciudadanos, impulsar la cohesión económica, social y territorial, fortalecer a la Unión en su lucha contra los retos ambientales y el cambio climático para que cumpla sus obligaciones en el marco del Acuerdo de París, contribuir a la realización plena de los objetivos de desarrollo sostenible y aplicar el pilar europeo de derechos sociales;

4.  Señala que al ser 2020 el último año del actual MFP, la aplicación de los programas de la Unión, y en particular de los programas en régimen de gestión compartida en el ámbito de la política de cohesión, la política agrícola común y la política pesquera, debe acelerarse en mayor medida para compensar los retrasos anteriores y alcanzar la fase final; espera que esto se refleje en un aumento considerable de las solicitudes de pago y prevé, por tanto, un punto álgido en el nivel anual de los créditos de pago para 2020; hace hincapié en el compromiso del Parlamento de asegurar los pagos necesarios en 2020 y evitar una nueva crisis en relación con los pagos en los primeros años del MFP 2021-2027, como ya ha sido el caso durante el periodo en curso; pone de relieve la necesidad de mejorar constantemente los mecanismos de control y corrección a fin de garantizar una aplicación adecuada y rápida de los programas de la Unión;

5.  Se remite a la importancia de las agencias descentralizadas para garantizar la aplicación de las prioridades de la legislación europea y cumplir así los objetivos políticos de la Unión, como los relacionados con la competitividad, el crecimiento sostenible y el empleo y con la gestión de los actuales flujos migratorios y de los refugiados; confía en que las negociaciones sobre el presupuesto 2020 conduzcan a la financiación operativa y administrativa adecuada de las agencias de la Unión a fin de que puedan cumplir sus tareas cada vez más numerosas y obtener los mejores resultados posibles; reitera su posición de que 2018 fue el último año de aplicación de la reducción de personal del 5 % y de la llamada «reserva de redistribución»; espera que la Comisión y el Consejo se abstengan de reducir aún más los recursos de las agencias en el presupuesto de 2020;

Innovación e investigación para soluciones futuras: apoyar un crecimiento económico sostenible e inclusivo para anticipar los cambios e impulsar la competitividad

6.  Destaca la importancia de la reivindicación de Europa en cuanto a su liderazgo en tecnologías clave en ámbitos como el espacio, la asistencia sanitaria, el medio ambiente, la agricultura, la seguridad y el transporte; destaca la necesidad de garantizar que las actividades en el ámbito de la investigación y la innovación sigan ofreciendo soluciones a las necesidades, los retos y a la competitividad de Europa y recuerda, en este contexto, el importante papel de la investigación fundamental; destaca que la de Horizonte 2020 a Horizonte Europa ha de ser fluida y garantizar la estabilidad de las empresas, los centros de investigación y el mundo académico; se muestra alarmado por la importante infrafinanciación de Horizonte 2020 durante todo el periodo, lo que se ha traducido en un porcentaje muy reducido de aprobación de solicitudes excelentes; tiene la intención, por lo tanto, de garantizar la asignación anual más elevada posible en favor de Horizonte 2020 en el presupuesto del próximo ejercicio, haciendo pleno uso de las disposiciones vigentes del Reglamento sobre el MFP y del Reglamento Financiero en materia de flexibilidad; destaca , por otra parte, la importancia de reforzar las sinergias con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

7.  Pone de relieve el potencial en términos de crecimiento económico derivado de la transformación tecnológica en Europa y pide que el presupuesto de la Unión haga una contribución adecuada en apoyo de la digitalización de la industria europea y el fomento de las competencias digitales y el emprendimiento; subraya la importancia de realizar inversiones adicionales en las capacidades estratégicas, como la ciberseguridad de alto rendimiento de la Unión, la inteligencia artificial y la ciberseguridad; destaca que se espera que el programa Europa Digital garantice una asignación significativamente más elevada en el MFP 2021-2027 y se propone, por lo tanto, aumentar la financiación en este ámbito en el presupuesto del próximo ejercicio;

8.  Destaca el éxito del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en la activación de inversiones adicionales en la Unión con el objetivo de alcanzar un objetivo de inversión de al menos 500 000 millones EUR en el horizonte 2020, tras la prolongación de su vigencia; hace referencia, no obstante, a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo en el sentido de seguir mejorando su aplicación con respecto a la adicionalidad de los proyectos seleccionados; recuerda que el Fondo de Garantía del FEIE se financió parcialmente mediante reasignaciones procedentes de Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa», y confirma una vez más su posición conocida desde hace tiempo en el sentido de que las nuevas iniciativas deben financiarse en su totalidad con fondos nuevos;

9.  Expresa su pleno convencimiento de que para el desarrollo sostenible de la Unión es imprescindible mejorar la equidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el marco de la economía social de mercado europea; tiene la intención de garantizar fondos suficientes para programas como COSME y Tecnologías Futuras y Emergentes, que contribuyen significativamente al éxito de empresas emergentes y pymes, que son la columna vertebral de la economía europea y motores clave del crecimiento económico, la creación de empleo, la innovación y la integración social; destaca el elevado nivel de ejecución de estos programas y señala su capacidad para absorber incluso más;

Seguridad y paz para los ciudadanos europeos

10.  Considera que la protección de las fronteras exteriores de la Unión y la seguridad interior con el apoyo de una Guardia Europea de Fronteras y Costas reforzada y de Europol, una Unión Europea sin fronteras internas, el correcto funcionamiento del espacio Schengen y la libertad de circulación en el seno de la Unión están íntimamente ligadas y brindan ventajas mutuas; subraya, asimismo, la importancia de unas inversiones importantes de la Unión en el ámbito de la seguridad interior con vistas, entre otras cosas, a mejorar la respuesta judicial y de los servicios de seguridad de la Unión a la amenaza delictiva transfronteriza y promover el intercambio de información, con un apoyo reforzado de Eurojust y de la Fiscalía Europea; considera obligatorio garantizar que todas las agencias que operan en el ámbito de la seguridad, la justicia y el control fronterizo dispongan de una financiación, un nivel de personal y una formación del mismo adecuados habida cuenta de que el nivel de financiación actual es insuficiente teniendo en cuenta el notable incremento de sus responsabilidades, la importancia de que cooperen entre sí, la necesidad de innovación y mantenimiento tecnológicos, así como el papel fundamental que desempeñan en el refuerzo de la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros;

11.  Hace hincapié, asimismo, en la responsabilidad que recae en la Unión en términos humanitarios en relación con la política de inmigración y reconoce el papel fundamental de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo y de la Agencia de los Derechos Fundamentales en el desarrollo y aplicación de las prácticas de asilo comunes en los Estados miembros; considera que es obligatorio garantizar que todas las agencias que operan en el ámbito de la inmigración, el asilo y los derechos humanos dispongan de una financiación, un nivel de personal y una formación del mismo adecuados y que cuenten con recursos financieros y humanos adecuados para desempeñar adecuadamente su papel;

12.  Celebra el compromiso de los Estados miembros de renovar el programa de defensa de la Unión y su disposición a reforzar la cooperación europea en materia de defensa; destaca la importancia de poner en marcha el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, que constituirá una primera fase del Fondo Europeo de Defensa; solicita un nuevo incremento del presupuesto de defensa de la Unión, que se financiará exclusivamente con nuevos créditos, con el fin de mejorar la competitividad y la innovación de la industria europea de la defensa;

13.  Apoya firmemente la intensificación de los esfuerzos de la Unión para abordar las crecientes amenazas a la seguridad, como la radicalización y el extremismo violento en Europa y en los países vecinos, así como la mejora de la coordinación de dichos programas a escala de la Unión;

14.  Destaca que la ciberseguridad es esencial para la prosperidad y la seguridad de la Unión, así como para la privacidad de sus ciudadanos; que los ciberataques, la ciberdelincuencia y la manipulación amenazan a las sociedades abiertas; y que el espionaje económico está obstaculizando el funcionamiento del mercado único digital y poniendo en peligro la competitividad de las empresas europeas; solicita recursos financieros adecuados para equipar a todas las agencias pertinentes con fondos adecuados para realizar sus tareas operativas y administrativas con el fin de ayudar a garantizar sistemas de información y redes, reforzar la ciberresiliencia y combatir la ciberdelincuencia; apoya, en este contexto, la cooperación estratégica entre la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) y Europol;

15.  Recuerda que la paz y la estabilidad son valores fundamentales que apoya el presupuesto de la Unión Europea y destaca, a este respecto, la importante contribución de la Unión a la paz y la reconciliación en la isla de Irlanda, en particular a través de su apoyo al Acuerdo del Viernes Santo y financiando los programas PEACE e INTERREG; subraya la importancia de mantener la financiación para estos programas en el contexto posterior a la salida del Reino Unido de la Unión;

16.  Considera, en relación con su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el impacto en la protección de los datos(6), que la lucha contra la desinformación, en particular el rastreo y la revelación de desinformación y de cualquier otro tipo de interferencia externa es una prioridad para garantizar unas elecciones justas y democráticas, en particular en el año en que se van a celebrar elecciones europeas; solicita recursos de financiación adicionales para mejorar el uso sistemático de los instrumentos de comunicación y así posibilitar una respuesta coordinada sólida de la Unión; apoya las orientaciones que la Comisión ha establecido sobre cómo se deben utilizar las normas existentes de la Unión para abordar el uso de datos personales para dirigirse a los ciudadanos en las redes sociales durante los periodos electorales y garantizar la equidad del proceso electoral;

17.  Expresa su preocupación por la posibilidad de que sean pocos los ciudadanos europeos los que tengan la impresión de que la Unión Europea trabaja para ellos y les aporta beneficios importantes; pide recursos financieros adecuados para que la Comisión invierta en instrumentos como las recientes iniciativas del Parlamento «Lo que Europa hace por mí» y «Citizens’ App» para informar a los ciudadanos sobre el trabajo de la Unión y poner de manifiesto los esfuerzos realizados para promover la paz, la democracia, el Estado de Derecho y la libertad de expresión; considera que tales instrumentos deben difundirse mejor a escala nacional;

18.  Señala que la política agrícola común y la política pesquera común son pilares de la integración europea, que aspiran a garantizar un abastecimiento de productos alimentarios seguros y de alta calidad para los ciudadanos europeos, el correcto funcionamiento del mercado único agrícola, la sostenibilidad de las regiones rurales durante muchos años y la gestión sostenible de los recursos naturales; recuerda que dichas políticas contribuyen a la viabilidad y estabilidad de la Unión; pide a la Comisión que siga ayudando a los productores de toda Europa a hacer frente a la volatilidad imprevista de los mercados y a garantizar un abastecimiento de productos alimentarios seguros y de alta calidad; pide que se preste especial atención a la agricultura minifundista y a las pequeñas industrias de pesca;

Refuerzo de la solidaridad y la comprensión mutua

19.  Solicita recursos financieros adicionales para hacer frente a la demanda futura de Erasmus+, principal programa para la educación y la formación —incluidas las profesionales—, la juventud y el deporte en Europa, teniendo asimismo en cuenta su dimensión externa; destaca que se precisan recursos adecuados para «democratizar» el programa, haciendo que su financiación sea accesible a personas de todos los entornos y trabajando en pro del Marco Europeo para una formación de Aprendices de Calidad y Eficaz como medio para combatir el desempleo juvenil; recuerda que el Parlamento pidió que la dotación financiera de este programa triplicara en el próximo MFP; pide que se refuerce la cooperación entre educación, períodos de prácticas, cultura e investigación;

20.  Recuerda que, en un momento en el que se cuestiona el proyecto europeo, es fundamental renovar el compromiso firme con Europa a través de la cultura, el conocimiento, la creación y la innovación; considera, por lo tanto, que deben apoyarse los programas Europa Creativa y MEDIA a un nivel apropiado;

21.  Subraya que la lucha contra el desempleo juvenil requiere importantes esfuerzos financieros adicionales para crear oportunidades de educación, formación y empleo; destaca, en este sentido, el impacto positivo de la Iniciativa de Empleo Juvenil, que hasta finales de 2017 había prestado apoyo a aproximadamente 1,7 millones de jóvenes; acoge con satisfacción que, ante la petición insistente del Parlamento y como resultado de las negociaciones sobre el presupuesto 2019, la Iniciativa de Empleo Juvenil contara con un importe total de 350 millones EUR en 2019; espera que el proyecto de presupuesto 2020 demuestre una gran ambición para que este programa garantice una transición sin sobresaltos hacia el programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el próximo MFP; destaca la necesidad de acelerar la ejecución de este programa y de seguir mejorando su eficiencia, para garantizar que aporte más valor añadido europeo a las políticas nacionales de empleo;

22.  considera que la cohesión social en Europa debe contribuir a encontrar soluciones sostenibles a la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, a la mejora de la inclusión de las personas con discapacidad y al cambio demográfico estructural a largo plazo; destaca la necesidad de recursos financieros para los programas de la Unión que contribuyen a proporcionar a una población europea en proceso de envejecimiento un apoyo adecuado en términos de acceso a la movilidad, atención sanitaria y servicios públicos;

23.  Recuerda la necesidad de que los Estados miembros sean solidarios y compartan responsabilidades en el ámbito de la migración y el asilo, y les pide que hagan un buen uso del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en sus programas nacionales; pide que se destine un presupuesto adecuado a este Fondo para 2020 con el fin de apoyar la acogida de solicitantes de asilo en los Estados miembros, estrategias de devolución eficaces, programas de reasentamiento, políticas de migración y fomento de la integración efectiva de nacionales de terceros países; considera que debe reforzarse el apoyo de las ciudades y los municipios en el sistema de asilo europeo;

24.  Recuerda que la solución duradera al actual fenómeno migratorio reside en el desarrollo político, económico, social y medioambiental de los países de origen de los flujos migratorios ; pide que se dote al Instrumento Europeo de Vecindad y al Instrumento de Cooperación al Desarrollo de suficientes recursos financieros para apoyar esta prioridad y promover el continuo desarrollo de asociaciones sostenibles y mutuamente beneficiosas con, por ejemplo, países africanos; en este contexto, reitera la necesidad de ofrecer a las organizaciones internacionales —incluidas la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS)— apoyo financiero suficiente y continuado; pide que se refuerce el apoyo financiero y organizativo de los programas que contribuyen a los intercambios entre la Unión y los países socios en áreas como la formación profesional, la creación de empresas, el apoyo a las pymes, la atención sanitaria y la educación, así como de las políticas relacionadas con el agua limpia y el tratamiento de residuos y aguas residuales;

25.  Estima que la discriminación por motivos de género es intolerable e incompatible con los valores de la Unión; señala que el índice de éxito de las solicitudes para el programa Daphne y otros fondos destinados a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas es alarmantemente bajo, y se propone garantizar fondos suficientes para este programa; considera, asimismo, que la integración de la perspectiva de género es una estrategia efectiva para lograr la igualdad de género y luchar contra la discriminación, y pide que se integre la perspectiva de igualdad de género en las políticas y los programas de gasto pertinentes de la Unión; espera que la Comisión presente lo antes posible un marco para la integración de la perspectiva de género en el presupuesto de la Unión;

26.  Reitera la importancia de que la Política Europea de Vecindad fortalezca las relaciones con los países vecinos, apoye los procesos de paz e impulse el crecimiento económico y social y la cooperación transfronteriza sostenible; señala que las sólidas relaciones entre la Unión y los Balcanes Occidentales son fundamentales para la estabilización de la zona y su proceso de preadhesión; recuerda que la financiación procedente del presupuesto de la Unión debe adaptarse para reforzar la capacidad de los países para dar continuidad a las reformas legales, políticas, sociales y económicas, en particular mejorando el buen funcionamiento de la administración pública y apoyando la estabilidad y resiliencia de las instituciones democráticas y la aplicación del Estado de Derecho;

Abordar los retos medioambientales y el cambio climático

27.  Subraya que el presupuesto de 2020 debe contribuir significativamente a abordar los retos medioambientales y el cambio climático para compensar el retraso existente y cumplir los compromisos de la Unión; recuerda el compromiso de la Unión de ser pionera en la transición hacia una economía circular con bajas emisiones de carbono y climáticamente neutra, pero lamenta que la Unión no esté alcanzando sus objetivos climáticos, en particular por lo que respecta a destinar un 20 % del gasto a las cuestiones climáticas en el período 2014-2020; considera, por tanto, que un incremento significativo del gasto relacionado con el clima es esencial para avanzar hacia los objetivos de la política climática de la Unión y del Acuerdo de París; considera que la integración de la lucha contra el cambio climático en todos los sectores de la política de la Unión debe ser objeto de mayor impulso y optimización, y que, en su caso, debe introducirse una evaluación de impacto en materia de clima y de sostenibilidad; pide un aumento de los recursos financieros destinados a todos los programas relevantes de la Unión para apoyar proyectos con valor añadido europeo que contribuyan a una transición energética limpia y a la eficiencia de los recursos, al fomento de una economía sostenible verde y azul y a la conservación de la naturaleza, centrándose en la biodiversidad, los hábitats y las especies amenazadas;

28.  Subraya que, con vistas a un enfoque coherente y eficaz en relación con la lucha contra el cambio climático, la ratificación y aplicación del Acuerdo de París debe ser una condición de la Unión para futuros acuerdos comerciales; recuerda, en este sentido, su resolución de 3 de julio de 2018 sobre la diplomacia en materia de clima(7) y su petición a la Comisión de una evaluación exhaustiva de la coherencia entre los acuerdos de libre comercio vigentes y los compromisos del Acuerdo de París; considera que en caso de que estos acuerdos no los cumpliera un socio de la Unión, la Comisión podría imponer una suspensión temporal de los compromisos de liberalización comercial de la Unión contraídos con tales socios;

Cuestiones pendientes para el procedimiento presupuestario 2020

29.  Espera que la retirada del Reino Unido de la Unión en marzo de 2019 no repercuta directamente en el presupuesto para el ejercicio 2020, ya que el Reino Unido contribuirá, y participará, en la ejecución del presupuesto; pide, no obstante, a la Comisión que evalúe todos los escenarios posibles y se prepare para ellos, con el fin de garantizar la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y un plan de contingencia, definir compromisos claros y perfilar mecanismos, y proteger el presupuesto de la Unión en caso de que el Reino Unido no contribuya o participe en la ejecución del presupuesto de la Unión para 2020;

30.  Recuerda que, tras la declaración conjunta del Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre el refuerzo de la rúbrica 1 bis a través de un presupuesto de enmienda emitido en las conclusiones conjuntas sobre el presupuesto de 2019, la Comisión presentará un presupuesto de enmienda que eleve los niveles de los créditos para Erasmus+ y H2020 en cuanto finalice el ajuste técnico del MFP para 2020 en primavera de 2019, para que el Consejo y el Parlamento lo tramiten rápidamente;

31.  Destaca que el artículo 15, apartado 3, del Reglamento Financiero permite que los importes liberados como resultado de la no aplicación total o parcial de los proyectos de investigación correspondientes se pongan de nuevo a disposición del público para programas de investigación en el procedimiento presupuestario anual, y no fija ninguna condición previa en su ejecución; pide a la Comisión que informe específicamente sobre los importes liberados para programas de investigación y que proporcione toda la información y todos los detalles pertinentes en relación con este artículo; pide a la presidencia del Consejo que aclare si los Estados miembros entienden ahora perfectamente este artículo; solicita, en cualquier caso, que esta disposición y su correspondiente procedimiento se movilicen en el contexto del procedimiento presupuestario 2020, empezando por su inclusión en el proyecto de presupuesto;

32.  Considera que como rama de la autoridad presupuestaria directamente elegida por los ciudadanos, el Parlamento debe desempeñar su papel político y presentar propuestas respecto a proyectos piloto y acciones preparatorias que expresen su visión política para el futuro; se compromete, en este contexto, a proponer un paquete de proyectos piloto y acciones preparatorias elaborado en estrecha cooperación con cada una de las comisiones para encontrar el equilibrio perfecto entre la voluntad política y la viabilidad técnica evaluada por la Comisión;

o
o   o

33.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

(1) DO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
(5) DO L 67 de 7.3.2019.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0433.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0280.


Equilibrio de género en las designaciones en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre el equilibrio de género en las candidaturas propuestas en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios de la Unión (2019/2614(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0211RC-B8-0171/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 de la Comisión,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 11 de febrero de 2019, relativa al nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE),

–  Visto el artículo 283, apartado 2, párrafo segundo, del TFUE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo Europeo,

–  Visto el Protocolo n.º 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8‑0144/2019),

–  Vista la selección por parte de la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea, de 19 de febrero de 2019, de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea,

–  Visto el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión(1),

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8‑0146/2019),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 30 de enero de 2019, relativa al nombramiento de Sebastiano Laviola como miembro de la Junta Única de Resolución,

–  Visto el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(2),

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8‑0148/2019),

–  Vistas las cartas de 5 de marzo de 2019 enviadas por el presidente del Parlamento Europeo al presidente de la Comisión y al presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea,

–  Vistas la carta de 5 de marzo de 2019 enviada por el presidente del Parlamento Europeo al presidente de la Comisión y la respuesta del presidente de la Comisión, de 11 de marzo de 2019,

–  Vista la carta de 23 de marzo de 2018 enviada por el presidente del Parlamento Europeo al presidente del Consejo,

–  Vista la carta de 8 de marzo de 2018 enviada por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo al presidente del Eurogrupo,

–  Visto el índice de igualdad de género de 2017 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE),

–  Vistos el artículo 123, apartados 2 y 4, y el artículo 228 bis de su Reglamento interno,

A.  Considerando que en el artículo 8 del TFUE se establece la inclusión de la perspectiva de género como principio horizontal y que en el artículo 2 del TUE se establece el principio de igualdad de género como uno de los valores de la Unión;

B.  Considerando que la igualdad de acceso a las oportunidades y la no discriminación forman parte de los valores de la Unión Europea;

C.  Considerando que, el 7 de marzo de 2011, el Consejo adoptó el Pacto Europeo por la Igualdad de Género para el período 2011-2020;

D.  Lamentando que las mujeres sigan estando menos representadas en los puestos ejecutivos en el ámbito de la banca y los servicios financieros; considerando que todos los órganos e instituciones nacionales y de la Unión deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

E.  Considerando que los presidentes de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, en nombre de los grupos políticos, han informado en múltiples ocasiones a lo largo de los años a los presidentes del Consejo, el Eurogrupo y la Comisión, así como a los presidentes en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, de la falta de diversidad de género en el BCE, pero también en las demás instituciones económicas, financieras y monetarias de la Unión;

F.  Considerando que el índice de igualdad de género de 2017 elaborado por el EIGE ha señalado que la toma de decisiones económicas sigue siendo el ámbito en el que la Unión obtiene los peores resultados en términos de igualdad de género y representación de las mujeres;

G.  Considerando que entre los seis miembros del Comité Ejecutivo del BCE solo hay una mujer; que solo hay dos mujeres entre los veinticinco miembros del Consejo de Gobierno del BCE;

H.  Considerando que los presidentes de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) son hombres;

I.  Considerando que el presidente del Mecanismo Único de Supervisión acaba de ser sustituido por un hombre, lo que supone que la Junta Única de Resolución es el único órgano de la Unión en el ámbito más amplio de las instituciones financieras y económicas presidido por una mujer;

J.  Considerando que, pese a los numerosos llamamientos del Parlamento al Consejo para que corrigiera la falta de equilibrio de género en el Comité Ejecutivo del BCE, el Consejo no se ha tomado en serio esta petición;

K.  Considerando que, pese a los numerosos llamamientos del Parlamento en relación con anteriores designaciones para que se respetara el equilibrio de género al presentar una lista de candidatos, todos los candidatos a la presidencia de la ABE eran hombres;

L.  Considerando que, si bien en los procedimientos de selección para los puestos de presidente, vicepresidente y miembros de la Junta Única de Resolución hasta ahora se ha tenido en cuenta, por lo general, el principio de equilibrio de género, en este caso la lista restringida presentada al Parlamento estaba compuesta exclusivamente por hombres, pese a las obligaciones establecidas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014;

M.  Considerando que, pese a que no puede excluirse la posibilidad de que en un único procedimiento de selección basado en solicitudes individuales no haya candidatos cualificados de ambos sexos, debe respetarse el principio general de equilibrio de género en la composición de los órganos de dirección del BCE y de las autoridades de supervisión;

N.  Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento ha considerado que los candidatos actuales a los puestos de economista jefe del BCE, la presidencia de la ABE y miembro de la Junta Única de Resolución poseen la experiencia y las cualificaciones necesarias y que han sido aprobados por una mayoría significativa en votaciones secretas;

O.  Considerando que lograr la igualdad de género no es un problema de mujeres, sino una cuestión que atañe al conjunto de la sociedad;

1.  Destaca que el equilibrio de género en los órganos de dirección y en los gobiernos es garantía de mayor competencia y amplitud de perspectivas, y que la falta de equilibrio de género significa que las instituciones se exponen a desaprovechar candidaturas potencialmente excelentes;

2.  Lamenta que la Comisión y la gran mayoría de los Gobiernos de la Unión no hayan promovido hasta ahora un mayor equilibrio de género en las instituciones y órganos de la Unión, en particular en lo que se refiere a los nombramientos de alto nivel en los asuntos económicos, financieros y monetarios; confía en que los Estados miembros y las instituciones de la Unión mejoren rápidamente el equilibrio de género en los altos cargos;

3.  Pide a los Gobiernos de los Estados miembros, al Consejo Europeo, al Consejo, al Eurogrupo y a la Comisión que trabajen activamente en pro del equilibrio de género en sus próximas propuestas de listas restringidas y nombramientos, procurando incluir al menos una candidata y un candidato por procedimiento de nombramiento;

4.  Hace hincapié en que, en el futuro, el Parlamento se compromete a no tomar en consideración las listas de candidatos para las que no se haya respetado el principio de equilibrio de género junto con los requisitos relativos a las cualificaciones y la experiencia en el procedimiento de selección;

5.  Sugiere que en el Plan de acción en materia de género que se adopte en un futuro próximo, previsto en el artículo 228 bis de su Reglamento interno, se incluya el requisito de no aprobar los nombramientos para los consejos de administración y otros órganos de las agencias de la Unión si la lista restringida de candidatos propuestos por la institución u organismo en cuestión no respeta el equilibrio en cuanto al género;

6.  Reconoce que el propio Parlamento no ha respetado estas normas, y se compromete a mejorar su propio historial de promoción del equilibrio de género en el ámbito de los asuntos económicos y monetarios;

7 Reconoce que para lograr el equilibrio de género al nivel de los puestos ejecutivos en los órganos e instituciones de la Unión es necesario contar con candidatos cualificados de los Estados miembros; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que adopten medidas concretas para mejorar el equilibrio de género en las instituciones nacionales, preparando así el terreno para candidatos y candidatas muy cualificados a los altos cargos de la Unión en el ámbito de la banca y los servicios financieros;

8.  Pide a la Comisión y al Consejo que aumenten la transparencia de los procedimientos de contratación y nombramiento de los directores ejecutivos de las agencias de la Unión mediante la publicación de la lista de solicitantes y de la lista de los candidatos preseleccionados, así como las razones de su preselección, a fin de permitir el control público de la apertura, la competitividad y la sensibilidad de género de estos procesos;

9.  Solicita una cooperación más estrecha entre las instituciones de la Unión para velar por que estas medidas sean eficaces;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Banco Central Europeo, al Mecanismo Único de Supervisión, a la Junta Única de Resolución, a la Autoridad Bancaria Europea, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, a la Autoridad Europea de Valores y Mercados y a las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.
(2) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.


Nombramiento de Sebastiano Laviola como nuevo miembro de la Junta Única de Resolución
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Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019. Informe sobre la propuesta de la Comisión relativa al nombramiento de un miembro de la Junta Única de Resolución (N8-0021/2019 – C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0212A8-0148/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 30 de enero de 2019, relativa al nombramiento de Sebastiano Laviola como miembro de la Junta Única de Resolución (N8-0021/2019),

–  Visto el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(1),

–  Visto el artículo 122 bis de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0148/2019),

A.  Considerando que el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 establece que los miembros de la Junta Única de Resolución a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento serán nombrados sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de los asuntos bancarios y financieros y su experiencia en materia de supervisión y regulación financieras y de resolución bancaria;

B.  Considerando que, pese a las obligaciones contempladas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 806/2014 y a los numerosos llamamientos del Parlamento Europeo para que se respete el equilibrio de género al presentar una lista de candidatos, todos los candidatos eran hombres; que el Parlamento lamenta que las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en los puestos ejecutivos en el ámbito de los servicios bancarios y financieros, y que esta solicitud debe respetarse cuando se proceda al próximo nombramiento; que todas las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, la Comisión adoptó, el 7 de diciembre de 2018, una lista restringida de candidatos para la función de miembro de la Junta Única de Resolución a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 6, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, dicha lista se transmitió al Parlamento;

E.  Considerando que, el 30 de enero de 2019, la Comisión adoptó la propuesta de nombrar a Sebastiano Laviola miembro de la Junta y director de Desarrollo y Coordinación de la Política de Resolución de la Junta Única de Resolución, y transmitió esta propuesta al Parlamento;

F.  Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo evaluó las cualificaciones del candidato propuesto para la función de miembro de la Junta Única de Resolución, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014;

G.  Considerando que el 26 de febrero de 2019 dicha comisión celebró una audiencia con Sebastiano Laviola, durante la cual este realizó una declaración preliminar, para después responder a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión de nombrar a Sebastiano Laviola miembro de la Junta Única de Resolución por un período de cinco años;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.


Nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo
PDF 121kWORD 48k
Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la Recomendación del Consejo relativa al nombramiento de un miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (05940/2019 – C8-0050/2019 – 2019/0801(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0213A8-0144/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación del Consejo de 11 de febrero de 2019 (05940/2019)(1),

–  Visto el artículo 283, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo Europeo (C8-0050/2019),

–  Visto el Protocolo n.º 4 sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, y en particular su artículo 11.2,

–  Visto el artículo 122 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0144/2019),

A.  Considerando que, mediante carta de 18 febrero 2011, el Consejo Europeo consultó al Parlamento Europeo sobre el nombramiento de Philip R. Lane para el cargo de miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo para un mandato de ocho años, contados a partir del 1 de junio de 2019;

B.  Considerando que su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como con respecto al imperativo de independencia total del BCE que se deriva del artículo 130 de dicho Tratado; y considerando que, en el marco de dicha evaluación, la comisión recibió de parte del mencionado candidato su currículum vitae y sus respuestas al cuestionario que se le había remitido por escrito;

C.  Considerando que, posteriormente, dicha comisión celebró, el 26 de febrero de 2019, una audiencia con el candidato, durante la cual este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;

D.  Considerando que, a pesar de la numerosas solicitudes del Parlamento Europeo al Consejo para que volviera a abordar la falta de equilibrio de género en el Comité Ejecutivo del BCE, el Parlamento lamenta que el Consejo Europeo no haya tomado en serio esta petición y pide que se respete para la próxima designación; que las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en puestos ejecutivos en el ámbito de los servicios bancarios y financieros; que todas las instituciones y órganos de la Unión y nacionales deben adoptar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

1.  Emite dictamen favorable sobre la recomendación del Consejo de nombrar a Philip R. Lane miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo, al Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) Pendiente de publicación en el DO.


Nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea
PDF 121kWORD 48k
Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la propuesta de nombramiento del presidente de la Autoridad Bancaria Europea (N8-0028/2019 – C8-0052/2019 – 2019/0902(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0214A8-0146/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la selección de la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea, de 19 de febrero de 2019, de José Manuel Campea como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (C8-0052/2019),

–  Visto el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión(1),

–  Visto el artículo 122 bis de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0146/2019),

A.  Considerando que en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 se prevé que el presidente de la Autoridad Bancaria Europea será nombrado sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de las entidades y mercados financieros, y su experiencia en materia de supervisión y regulación financieras, tras un procedimiento de selección abierto;

B.  Considerando que la Autoridad Bancaria Europea publicó el 12 de diciembre de 2018 un anuncio de puesto vacante para el cargo de presidente de la Autoridad; que el plazo para la presentación de solicitudes expiró el 11 de enero de 2019;

C.  Considerando que el 5 de febrero de 2019 la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea adoptó una lista reducida de candidatos para el cargo de presidente de la Autoridad;

D.  Considerando que, el 19 de febrero de 2019, la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea seleccionó a José Manuel Campa como presidente de la Autoridad e informó al Parlamento al respecto;

E.  Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo evaluó las cualificaciones del candidato propuesto por la Junta de Supervisores de la Autoridad Bancaria Europea, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010;

F.  Considerando que el 26 de febrero de 2019 la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios celebró una audiencia con José Manuel Campa, en la que este realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de dicha comisión;

G.  Considerando que, pese a los numerosos llamamientos del Parlamento Europeo en anteriores nombramientos para que se respete el equilibrio de género al presentar una lista de candidatos, el Parlamento lamenta que todos los candidatos fueran hombres y pide que se respete esta petición para el próximo nombramiento; que las mujeres siguen estando menos representadas en los puestos ejecutivos en el ámbito de la banca y los servicios financieros; que todas las instituciones y organismos de la Unión y de los Estados miembros deben aplicar medidas concretas para garantizar el equilibrio de género;

1.  Concede su aprobación al nombramiento de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea por un período de cinco años;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, a la Autoridad Bancaria Europea y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.


Un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos
PDF 142kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre un régimen europeo de sanciones para las violaciones de los derechos humanos (2019/2580(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0215RC-B8-0177/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones en las que pide un mecanismo a escala de la Unión para imponer sanciones selectivas contra personas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos, incluidas su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto(1), y su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre la erradicación de la tortura en el mundo(2),

–  Vistas sus anteriores resoluciones presentadas de conformidad con el artículo 135 de su Reglamento interno, en las que se pedía la imposición de sanciones selectivas contra las personas implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, entre ellas las de 19 de enero de 2017, sobre la situación en Burundi(3), de 5 de julio de 2018, sobre Burundi(4), de 18 de mayo de 2017, sobre Sudán del Sur(5), de 14 de junio de 2017, sobre la situación en la República Democrática del Congo(6), de 18 de enero de 2018, sobre la República Democrática del Congo(7), de 14 de septiembre de 2017 sobre la represión de la oposición en Gabón(8), de 5 de octubre de 2017, sobre la situación en Maldivas(9), de 5 de octubre de 2017, sobre los casos de los líderes tártaros de Crimea Ajtem Chiygoz e Ilmi Umerov, y del periodista Mykola Semena(10), de 30 de noviembre de 2017(11) y 4 de octubre de 2018(12), sobre la situación en Yemen, de 14 de diciembre de 2017, sobre Camboya, en particular sobre la disolución del Partido de Salvación Nacional de Camboya (PSNC)(13), de 14 de diciembre de 2014;sobre la situación de los rohinyás (14), de 15 de marzo de 2018, sobre la situación en Siria(15), de 25 de octubre de 2019, sobre la situación en Venezuela(16), de 13 de septiembre de 2018, sobre Myanmar/Birmania, en particular el caso de los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo(17), de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en el mar de Azov(18), 25 de octubre de 2018, sobre el asesinato del periodista Yamal Jashogui en el consulado saudí de Estambul(19), y de 14 de febrero de 2019, sobre la situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev(20),

–  Vista su recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Serguéi Magnitski(21),

–  Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto(22),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países(23),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2019, sobre el estado de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Rusia(24),

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh»(25),

–  Visto el título V, capítulo 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) relativo a la adopción de sanciones en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC),

–  Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo a la adopción de sanciones contra terceros países y contra personas, grupos o entidades no estatales,

–  Vista la Declaración n.º 25 del Tratado de Lisboa sobre la necesidad de garantizar los derechos procesales de las personas o entidades afectadas por las medidas restrictivas de la Unión Europea o las medidas de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los protocolos al mismo,

–  Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia 2015-2019,

–  Vista la declaración del presidente Jean-Claude Juncker con ocasión del discurso sobre el estado de la Unión el 12 de septiembre de 2018, en la que proponía que los Estados miembros hicieran uso de las normas de la Unión existentes para pasar de la unanimidad al voto por mayoría cualificada en determinados ámbitos de la PESC de la Unión, como la respuesta colectiva a las violaciones de los derechos humanos y la aplicación de sanciones efectivas,

–  Vista la declaración, de 10 de diciembre de 2018, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, posterior al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de diciembre de 2018,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 22 de enero de 2019, sobre Serguéi Magnitski y más allá – luchar contra la impunidad mediante sanciones selectivas,

–  Visto su estudio, de abril de 2018, titulado «Targeted sanctions against individuals on grounds of grave human rights violations – impact, trends and prospects at EU level» (Sanciones selectivas impuestas a personas físicas por violaciones graves de los derechos humanos – Repercusiones, tendencias y perspectivas a nivel de la Unión),

–  Vista la propuesta, de 14 de noviembre de 2018, de crear una comisión europea para la prohibición de entrada por motivos de derechos humanos,

–  Vista la reunión, celebrada el 20 de noviembre de 2018 en los Países Bajos, sobre el régimen de sanciones de la Unión en favor de los derechos humanos en el mundo,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el artículo 21 del TUE establece que las acciones de la Unión se guiarán por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»;

B.  Considerando que la Unión Europea se comprometió a aplicar sistemáticamente las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de la las Naciones Unidas, de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y que, al mismo tiempo, impone sanciones autónomas en ausencia de un mandato del Consejo de Seguridad cuando este no está facultado para actuar o no puede hacerlo por falta de acuerdo entre sus miembros;

C.  Considerando que, a lo largo de las dos últimas décadas, las sanciones de la Unión Europea (también conocidas como medidas restrictivas) se han convertido en una parte integrante del conjunto de instrumentos de relaciones exteriores de la Unión, con más de cuarenta medidas restrictivas diferentes actualmente en vigor contra 34 países; que se estima que dos tercios de las sanciones específicas de la Unión por país se han impuesto en apoyo de objetivos en materia de derechos humanos y democracia;

D.  Considerando que las sanciones dirigidas contra personas específicas están concebidas para reducir al mínimo las consecuencias adversas para quienes no son responsables de las políticas o de las acciones que han dado lugar a su adopción, en particular la población civil local y las actividades legítimas en el país afectado o con él; que afectan directamente a los responsables y que actúan como elemento disuasorio;

E.  Considerando que todas las sanciones adoptadas por la Unión cumplen plenamente las obligaciones derivadas del Derecho internacional, incluidas las relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales; que las sanciones deben revisarse periódicamente, a fin de garantizar que contribuyen a la consecución de sus objetivos declarados;

F.  Considerando que, además de las sanciones específicas por país, destinadas a lograr cambios en el comportamiento de los Estados, la Unión ha introducido recientemente medidas restrictivas contra la proliferación y el uso de armas químicas y ataques cibernéticos, así como medidas específicas de lucha contra el terrorismo;

G.  Considerando que las sanciones de la Unión en vigor se dirigen contra agentes estatales y no estatales, como terroristas y grupos terroristas;

H.  Considerando que en los últimos meses ha habido numerosos casos en los que empresas europeas o incluso Estados miembros de la Unión han contravenido las sanciones de la Unión Europea; que estos ejemplos ilustran la necesidad de aclarar en mayor medida el ámbito y el alcance de las sanciones actualmente en vigor, así como el grado en que los países y las empresas son responsables de garantizar que la utilización o el destino finales de sus bienes y servicios no estén siendo objeto de sanciones;

I.  Considerando que las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión son responsables de la aplicación de las sanciones, mientras que estas medidas se deciden a nivel europeo;

J.  Considerando que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 2016 la Ley Global Magnitski, basada en la Ley sobre la responsabilidad del Estado de Derecho Serguéi Magnitski de 2012, que tenía por objeto sancionar a las personas responsables de la muerte de Serguéi Magnitski durante su detención preventiva en una cárcel rusa después de haber sufrido condiciones inhumanas, negligencia deliberada y torturas;

K.  Considerando que Estonia, Letonia, Lituania, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos han adoptado leyes relativas al régimen de sanciones en materia de derechos humanos, es decir, leyes de tipo Magnitski; que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones el establecimiento de un régimen mundial similar de sanciones para las violaciones de los derechos humanos que garantice la coherencia y la eficacia de la inmovilización de activos individuales, la prohibición de visados y otras sanciones impuestas a personas y entidades por los Estados miembros y a escala de la Unión;

L.  Considerando que el Gobierno neerlandés abrió un debate entre los Estados miembros de la Unión en noviembre de 2018 sobre la oportunidad política de un régimen de sanciones específicas en materia de derechos humanos a escala de la Unión; que prosiguen en el Consejo los debates preliminares en el seno de un grupo de trabajo;

1.  Condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo; pide al Consejo que establezca con rapidez un régimen de sanciones autónomo, flexible y reactivo a escala de la Unión que permita perseguir selectivamente a toda persona, agente estatal o no estatal u otra entidad responsable de graves violaciones de los derechos humanos o que haya participado en ellos;

2.  Destaca que un régimen de sanciones de las violaciones de los derechos humanos de la Unión debería seguir basándose en las propuestas de resoluciones anteriores en las que se pedía un mecanismo a escala de la Unión para imponer sanciones selectivas; considera que un régimen de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos dirigido selectivamente a las personas implicadas en violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo debe llevar de forma simbólica el nombre de Serguéi Magnitski; acoge con satisfacción el hecho de que se haya promulgado en numerosos países una legislación similar dirigida a los violadores de los derechos humanos en todo el mundo; destaca la necesidad de una cooperación transatlántica a la hora de exigir responsabilidades a los violadores de los derechos humanos; alienta a otras países a que desarrollen sistemas similares;

3.  Cree firmemente que este régimen es una parte esencial de los actuales instrumentos de la Unión en materia de derechos humanos y política exterior, y que reforzaría el papel de la Unión como agente mundial en favor de los derechos humanos, en particular en su lucha contra la impunidad y su apoyo a las víctimas de abusos y a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo;

4.  Resalta que ese régimen debe permitir la imposición de medidas restrictivas, en especial la inmovilización de activos y la prohibición de entrada en la Unión, contra toda persona o entidad responsable de graves violaciones de los derechos humanos, abusos y actos de corrupción sistémica relacionados con graves violaciones de los derechos humanos, o que participe o ayude en ellos, los financie o contribuya a su planificación, organización o comisión; destaca la necesidad de definir claramente el alcance de las infracciones, así como de establecer vías legales adecuadas a través de las cuales pueda impugnarse su inclusión;

5.  Está convencido de que este nuevo régimen influirá positivamente en el comportamiento de las personas y entidades concernidas, así como de su efecto disuasorio; subraya, en este sentido, la necesidad de que todos los Estados miembros de la Unión interpreten, expliquen y hagan cumplir la aplicación de sanciones de forma coherente; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que intensifiquen su cooperación y su intercambio de información y presenten un mecanismo europeo de supervisión y ejecución;

6.  Celebra la propuesta del presidente de la Comisión de ir más allá de la unanimidad en la toma de decisiones del Consejo en ámbitos de la PESC, e insta al Consejo a que adopte este nuevo instrumento de sanciones de modo que la imposición de sanciones en materia de derechos humanos pueda adoptarse por mayoría cualificada en el Consejo;

7.  Apoya los debates preliminares en el Consejo sobre la creación de dicho instrumento de sanciones; insta a la VP/AR y a sus servicios a que adopten un enfoque constructivo y proactivo para llevar estos debates a una conclusión satisfactoria antes del final de la presente legislatura, y espera que informe al Parlamento Europeo; subraya la importancia de la función de control del Parlamento sobre este futuro régimen, en particular en lo que se refiere al alcance y la definición de los criterios de inclusión en la lista, así como las posibilidades de recurso judicial;

8.  Pide a todos los Estados miembros que garanticen que tanto sus autoridades como las empresas y otros agentes registrados en sus territorios cumplen plenamente las decisiones del Consejo relativas a las medidas restrictivas contra personas y entidades y, en particular, la inmovilización de activos de las personas que figuran en la lista y las restricciones a la admisión en sus respectivos territorios como resultado de violaciones de los derechos humanos; manifiesta su preocupación por los recientes informes de incumplimientos de estas decisiones y recuerda a los Estados miembros su obligación en virtud del Derecho internacional de velar por la detención y enjuiciamiento de quienes se encuentren en su territorio y sean sospechosos de haber cometido delitos que conlleven atrocidades;

9.  Subraya que el aumento de la cooperación y el intercambio de información entre estas autoridades, así como un mecanismo de aplicación europeo, son esenciales de cara a garantizar una aplicación e interpretación uniformes de las medidas restrictivas de la Unión en vigor y que las empresas europeas puedan operar en igualdad de condiciones;

10.  Insiste en la importancia de que el futuro régimen de sanciones en materia de derechos humanos de la Unión sea coherente y complementario con las políticas de la Unión vigentes y con las medidas restrictivas horizontales y específicas por país ya existentes; reitera, a este respecto, que este nuevo régimen de sanciones no debe sustituir al ámbito de aplicación en materia de derechos humanos de las medidas específicas por país en vigor; considera, además, que cualquier futuro régimen debe ser plenamente complementario y coherente con el marco internacional vigente en materia de sanciones, especialmente en relación con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

11.  Subraya que la credibilidad y la legitimidad de este régimen dependen de que cumpla plenamente las normas más exigentes en materia de protección y respeto de los derechos procesales de las personas o entidades afectadas; insiste, a este respecto, en que las decisiones de incluir a personas o entidades en las listas o de suprimirlas deben basarse en criterios claros, transparentes y precisos y en un vínculo directo con el delito cometido, con el fin de garantizar una revisión judicial exhaustiva y derechos de recurso; pide la inclusión sistemática de unos parámetros de referencia claros y específicos y de una metodología para el levantamiento de las sanciones y la supresión de nombres de las listas;

12.  Hace hincapié en que el enjuiciamiento penal de los autores de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes atroces a través de jurisdicciones nacionales o internacionales debe seguir siendo el objetivo principal de todos los esfuerzos de la Unión Europea y de los Estados miembros para combatir la impunidad; reitera, a este respecto, el principio de la jurisdicción universal; pide al Consejo que incluya las violaciones transfronterizas en el ámbito de este régimen; destaca la necesidad de una cooperación multilateral coordinada a fin de evitar la elusión de sanciones;

13.  Pide a la Comisión que dedique recursos y conocimientos especializados adecuados a hacer cumplir y supervisar ese régimen una vez entre en funcionamiento, así como que preste especial atención a la publicación de las listas, tanto en la Unión como en los países afectados;

14.  Rinde homenaje a los denodados esfuerzos de los activistas de la sociedad civil en apoyo de este régimen; alienta la creación de un comité consultivo a escala de la Unión;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario general del Consejo de Europa.

(1) DO C 169 E de 15.6.2012, p. 81.
(2) DO C 378 de 9.11.2017, p. 52.
(3) DO C 242 de 10.7.2018, p. 10.
(4) Textos aprobados, P8_TA(2018)0305.
(5) DO C 307 de 30.8.2018, p. 92.
(6) DO C 331 de 18.9.2018, p. 97.
(7) DO C 458 de 19.12.2018, p. 52.
(8) DO C 337 de 20.9.2018, p. 102.
(9) DO C 346 de 27.9.2018, p. 90.
(10) DO C 346 de 27.9.2018, p. 86.
(11) DO C 356 de 4.10.2018, p. 104.
(12) Textos aprobados, P8_TA(2018)0383.
(13) DO C 369 de 11.10.2018, p. 76.
(14) DO C 369 de 11.10.2018, p. 91.
(15) Textos aprobados, P8_TA(2018)0090.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0345.
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0435.
(19) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0434.
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0115.
(21) DO C 408 de 30.11.2017, p. 43.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.
(23) DO C 337 de 20.9.2018, p. 82.
(24) Textos Aprobados, P8_TA-PROV(2019)0157.
(25) DO C 35 de 31.1.2018, p. 77.


Necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva contra el blanqueo de capitales
PDF 132kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la necesidad urgente de una lista negra de la UE de terceros países en consonancia con la Directiva contra el blanqueo de capitales (2019/2612(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0216B8-0176/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.° .../... de la Comisión, de 13 de febrero de 2019, por el que se complementa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo determinando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (cuarta Directiva antiblanqueo), y en particular sus artículos 9, apartado 2, y 64, apartado 5(1), y modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (quinta Directiva antiblanqueo), en particular el artículo 1, apartado 5(2),

–  Vista la hoja de ruta de la Comisión hacia una nueva metodología para la evaluación a nivel de la Unión de los terceros países de alto riesgo en virtud de la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo(3),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 22 de junio de 2018, titulado ««Methodology for identifying high risk third countries under Directive (EU) 2015/849» (Metodología para la identificación de terceros países de alto riesgo con arreglo a la Directiva (UE) 2015/849) (SWD(2018)0362), que define, entre otras cosas, los países terceros de prioridad 1 y de prioridad 2,

–  Vista la carta enviada el 25 de febrero de 2019 por el presidente de la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales (TAX3) a la comisaria Jourová sobre el acto delegado relativo a los terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

–  Vista la carta enviada el 5 de marzo de 2019 por el presidente de la TAX3 sobre la posición del Consejo relativa a la lista de la Comisión de terceros países de alto riesgo que presentan deficiencias por lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,

–  Visto el intercambio de puntos de vista mantenido el 6 de marzo de 2019 entre la comisaria Jourová y la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE),

–  Vista la declaración del Consejo 6964/1/19 sobre el Reglamento Delegado de la Comisión, de 13 de febrero de 2019, por el que se completa la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando a los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas (C(2019)1326),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Reglamento Delegado y su anexo y los Reglamentos Delegados modificativos tienen por objeto identificar a los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que representan una amenaza para el sistema financiero de la Unión y que exigen unas medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en las entidades de la Unión obligadas con arreglo a la cuarta Directiva sobre la lucha contra el blanqueo;

B.  Considerando que un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 9 solo entrará en vigor en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en el plazo de un mes tras la notificación del acto al Parlamento Europeo y al Consejo o si, antes de que expire dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no formularán ninguna objeción;

C.  Considerando que el Parlamento rechazó dos de los cinco Reglamentos Delegados modificativos propuestos (C(2016)07495 y C(2017)01951) debido a la insuficiente autonomía del proceso aplicado por la Comisión para la identificación de terceros países de alto riesgo;

D.  Considerando que el Parlamento apoya el establecimiento por la Comisión de una nueva metodología que no dependa únicamente de fuentes de información externas para identificar a los países y territorios que presentan deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

E.  Considerando que el objetivo de la lista es proteger la integridad del sistema financiero de la Unión y el mercado interior; que la inclusión de un país en la lista de terceros países de alto riesgo no da lugar a la imposición de ninguna sanción económica o diplomática, sino que exige más bien a las entidades obligadas, como los bancos, los casinos y las agencias inmobiliarias, que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida en las transacciones en las que participen estos países, y que se aseguren de que el sistema financiero de la UE está equipado para evitar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo procedentes de terceros países;

F.  Considerando que los países podrían ser eliminados de la lista en caso de subsanar sus deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

G.  Considerando que, el 13 de febrero de 2019, la Comisión adoptó su acto delegado, que incluye una lista de 23 países y territorios: Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, República Popular Democrática de Corea, Etiopía, Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudí, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Yemen;

H.  Considerando que, en su declaración de 7 de marzo de 2019, el Consejo formuló objeciones al acto delegado, dado que la propuesta no se ha establecido mediante un proceso transparente y resiliente que incentive activamente a los países afectados a adoptar medidas firmes y que respete al mismo tiempo el derecho de esos países a ser oídos;

I.  Considerando que la nueva metodología se estableció en un documento de trabajo de los servicios de la Comisión publicado el 22 de junio de 2018, que aplica los criterios revisados para la identificación de terceros países de alto riesgo;

J.  Considerando que la Comisión comenzó a consultar a los terceros países enumerados en el acto delegado a partir del 23 de enero de 2019 y se reunió con todos esos países que solicitaron más información sobre los motivos de su inclusión en la lista;

K.  Considerando que, el 7 de marzo de 2019, el Consejo rechazó el acto delegado en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior;

1.  Acoge con satisfacción el hecho de que, el 13 de febrero de 2019, la Comisión adoptara una nueva lista de terceros países con deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

2.  Lamenta que el Consejo formulara objeciones al acto delegado propuesto por la Comisión;

3.  Anima a la Comisión a que tenga en cuenta todas las preocupaciones expresadas y a que presente un nuevo acto delegado lo antes posible;

4.  Elogia el trabajo realizado por la Comisión para adoptar una lista autónoma basada en criterios rigurosos acordados por los colegisladores; subraya la importancia que reviste para la Unión el hecho de contar con una lista autónoma de países terceros de alto riesgo que presentan deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y acoge con satisfacción la nueva metodología de la Comisión para la identificación de países de alto riesgo con arreglo a las Directivas antiblanqueo cuarta y quinta;

5.  Recuerda que el artículo 9, apartado 2, de la Directiva (EU) 2015/849 modificada por la quinta Directiva antiblanqueo obliga a la Comisión a evaluar de forma independiente las deficiencias estratégicas en varios ámbitos;

6.  Considera que, para salvaguardar la integridad de la lista de países de alto riesgo, el proceso de selección y de toma de decisiones debe llevarse a cabo únicamente sobre la base de la metodología y no debe estar influenciado por consideraciones que vayan más allá del ámbito de las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

7.   Señala que los grupos de presión y la presión diplomática por parte de los países que figuran en la lista han formado y formarán parte del proceso de identificación de los países de alto riesgo; subraya que esta presión no debe socavar la capacidad de las instituciones de la UE de hacer frente al blanqueo de capitales y de luchar de manera efectiva y autónoma contra la financiación del terrorismo vinculada a la UE;

8.  Pide a la Comisión que publique sus evaluaciones de los países incluidos en la lista con el fin de garantizar un control público de modo que no puedan ser objeto de abusos;

9.   Pide a la Comisión que garantice un proceso transparente con valores de referencia claros y concretos para los países que se comprometan a llevar a cabo reformas para evitar figurar en la lista;

10.  Señala que la evaluación de la Federación de Rusia aún está en curso; espera que la Comisión incluya en su evaluación las últimas revelaciones sobre la «Troika Laundromat»; recuerda que el trabajo de las Comisiones ECON, LIBE y TAX3 durante la presente legislatura ha suscitado preocupación por lo que respecta a los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de la Federación de Rusia;

11.  Pide a la Comisión que se colabore con los Estados miembros para lograr que el Consejo se identifique en mayor medida con la metodología propuesta por la Comisión;

12.  Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que transpongan las Directivas antiblanqueo cuarta y quinta a sus respectivas legislaciones nacionales;

13.  Pide que se destinen más recursos humanos a la unidad competente de la Dirección General de la Comisión, es decir, a la Dirección General de Justicia y Consumidores (DG JUST);

14.  Pide a la Comisión que avance sustancialmente en la fase de evaluación de los países terceros de prioridad 2;

15.  Recuerda que el acto delegado de la UE es un proceso separado de la lista del GAFI y debe seguir siendo competencia exclusiva de la UE;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
(2) DO L 156 de 19.6.2018, p. 43.
(3) Véase: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11189-2017-INIT/en/pdf


Cambio climático
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre el cambio climático – una visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra de conformidad con el Acuerdo de París (2019/2582(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0217RC-B8-0195/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773),

–  Visto el análisis en profundidad en apoyo de la Comunicación de la Comisión(1),

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en la CMNUCC y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–  Vistos la 24.ª Conferencia de las Partes (COP24) en la CMNUCC, el 14.º periodo de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP14) y la tercera parte del primer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA1.3), celebrada en Katowice (Polonia), del 2 de diciembre al 14 de diciembre de 2018,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia)(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 22 de marzo de 2018,

–  Visto el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) titulado «Global Warming of 1.5 ºC» (Calentamiento global de 1,5 ºC), su quinto informe de evaluación y su informe de síntesis,

–  Visto el noveno informe sobre la disparidad en las emisiones publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aprobado el 27 de noviembre de 2018,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

1.  Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», en la que, además de ponerse de relieve las oportunidades y los retos que para los ciudadanos y la economía europeos entraña la transformación hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, se asientan las bases para un amplio debate que ha de contar con la participación de las instituciones de la Unión, los Parlamentos nacionales, el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, las ciudades, las comunidades y la ciudadanía; respalda el objetivo de un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050, e insta a los Estados miembros a que hagan lo mismo como parte del debate sobre el futuro de Europa en la cumbre especial de la Unión que se celebrará en Sibiu en mayo de 2019; pide a los Estados miembros que se comprometan con la ambición necesaria para alcanzar este objetivo;

2.  Observa que los graves riesgos de cambio climático ocupan el centro de las preocupaciones de nuestros conciudadanos; celebra que los ciudadanos de toda Europa, en especial las generaciones jóvenes, sean cada vez más activos al manifestarse a favor de la justicia climática; acoge con satisfacción las peticiones de estos activistas en favor de una acción más ambiciosa y rápida a fin de no superar el límite del aumento de la temperatura global de 1,5 ºC; considera que los gobiernos nacionales, regionales y locales, así como la Unión, deben prestar atención a dichas exigencias;

3.  Destaca que los ciudadanos europeos ya tienen que enfrentarse a los efectos directos del cambio climático; subraya que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, las pérdidas medias anuales causadas por los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en la Unión ascendieron a unos 12 800 millones de euros entre 2010 y 2016, y que, de no tomarse medidas adicionales, el daño climático en la Unión podría ascender, como mínimo, a 190 000 millones de euros en 2080, lo que supone una pérdida neta de bienestar del 1,8 % de su PIB actual; hace hincapié en que, de cumplirse la hipótesis de emisiones elevadas, los costes anuales causados por las inundaciones en la Unión podrían ascender a un billón de euros para 2100, y que las catástrofes provocadas por fenómenos meteorológicos podrían afectar aproximadamente a dos tercios de los ciudadanos europeos para 2100, frente al 5 % actual; hace hincapié asimismo en que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el 50 % de las zonas pobladas de la Unión se verán afectadas por una grave escasez de agua de aquí a 2030;

4.  Subraya que el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC representa la evaluación científica más completa y actualizada de las vías para lograr la mitigación en consonancia con el Acuerdo de París;

5.  Hace hincapié en que, según el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC, limitar el calentamiento global a 1,5 ºC con un rebasamiento nulo o limitado implica alcanzar a más tardar en 2067 un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero, así como reducir las emisiones anuales de tales gases de aquí a 2030 a un máximo de 27,4 GtCO2eq al año en todo el mundo; subraya, en vista de dichas conclusiones, que, en calidad de líder mundial y con objeto de tener una oportunidad segura de mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 ºC para 2100, la Unión debe esforzarse por lograr un nivel neto de cero emisiones de gases de efecto invernadero lo antes posible y para 2050 a más tardar;

6.  Manifiesta su preocupación ante el informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018 publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que concluye que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional sin condiciones sobrepasan con creces el límite de calentamiento del Acuerdo de París, situado muy por debajo de 2 ºC, y que conducirían a un calentamiento estimado de 3,2 ºC(3) para 2100; destaca la urgencia de que todas las Partes en la CMNUCC actualicen su ambición en materia de lucha contra el cambio climático de aquí a 2020;

Vías para la estrategia europea de cero emisiones para mediados de siglo

7.  Considera que Europa puede abanderar la búsqueda de la neutralidad climática invirtiendo en sistemas tecnológicos innovadores, capacitando a la ciudadanía y armonizando las acciones adoptadas en ámbitos clave como la energía, la política industrial y la investigación, velando al mismo tiempo por la justicia social de modo que la transición resulte equitativa;

8.  Observa que la estrategia presenta ocho vías con vistas a la transformación económica, tecnológica y social necesaria para que la Unión cumpla el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París; observa que solo dos de dichas vías permitirían a la Unión alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 a más tardar; pone de relieve que para ello se requiere una acción rápida, además de esfuerzos considerables no solo a escala local y regional, sino también nacional y de la Unión, en que participen también todos los agentes no pertenecientes al sector público; recuerda la obligación de los Estados miembros de adoptar estrategias nacionales a largo plazo, según lo establecido en el Reglamento relativo a la gobernanza; pide, por tanto, a los Estados miembros que establezcan objetivos y políticas claros, a corto y largo plazo, coherentes con los objetivos del Acuerdo de París, y que presten apoyo a las inversiones en las vías para lograr un nivel neto de cero emisiones;

9.  Destaca que la primera categoría de vías presentada en la estrategia tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero solo en torno al 80 % de aquí a 2050 en comparación con los niveles de 1990; observa con preocupación que esta ambición se sitúa en la parte inferior de las aspiraciones a mantener el aumento del calentamiento mundial por debajo de 2 ºC y que, por lo tanto, no está en consonancia con el objetivo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial holgadamente por debajo de los 2 ºC, por no hablar del objetivo de mantenerlo por debajo de los 1,5 ºC;

10.  Señala que, de acuerdo con las previsiones de la Comisión, se espera que el PIB de la Unión aumente más de cumplirse las hipótesis que comportan cero emisiones que de hacerlo las hipótesis con una menor reducción de las emisiones, si bien en ambos casos los efectos se distribuirían de forma desigual en la Unión debido a la diferencia entre Estados miembros en materia de, entre otras cosas, PIB per cápita e intensidad de carbono de la combinación energética; considera que la inacción sería con mucha diferencia la hipótesis más gravosa y no solo daría lugar a una pérdida notable de PIB en Europa, sino que también agudizaría las desigualdades económicas entre los Estados miembros y las regiones y en su interior, ya que se espera que las consecuencias de la inacción afecten a algunos más que a otros;

11.  Señala con preocupación que actualmente la Unión depende en un 55 % de la importación de energía; subraya que, de cumplirse una hipótesis de cero emisiones netas, la dependencia se reduciría a un 20 % de aquí a 2050, lo que tendría efectos positivos en la balanza comercial y la posición geopolítica de la Unión; observa que el ahorro acumulado de los costes derivados de la importación de combustible fósil entre 2031 y 2050 rondaría los dos o tres billones de euros, los cuales podrían destinarse a otras prioridades para los ciudadanos europeos;

12.  Acoge con satisfacción la inclusión de dos vías destinadas a alcanzar el nivel cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, así como el apoyo de la Comisión a las mismas, y considera que este objetivo para mediados de siglo es el único compatible con los compromisos de la Unión en el marco del Acuerdo de París; lamenta que en la estrategia no se considerara ninguna vía para lograr un nivel cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2050;

13.  Señala que las vías propuestas en la estrategia comportan el uso de una serie de tecnologías de eliminación de carbono, en particular la captura y el almacenamiento o la captura y utilización del carbono y la captura directa del aire, que aún deben desplegarse a gran escala; estima, no obstante, que la estrategia de cero emisiones netas de la Unión debe dar prioridad a las reducciones directas de las emisiones y a las acciones orientadas a la conservación y mejora de los sumideros y depósitos naturales de la Unión, y que debe apostar por el uso de tecnologías de eliminación de carbono únicamente cuando no se disponga de opciones para la reducción directa de emisiones; considera necesario llevar a cabo actuaciones adicionales de aquí a 2030 para evitar que la Unión dependa de tecnologías de eliminación de carbono que entrañan riesgos significativos para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, como confirma también el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 ºC;

Aspectos sociales del cambio climático y una transición justa

14.  Celebra la evaluación de la Comisión en el sentido de que es posible alcanzar el nivel cero neto de emisiones sin pérdidas netas de empleo, y toma nota favorablemente de la detallada evaluación de la transición de las industrias de gran consumo de energía; destaca la conclusión de que, si se gestiona bien con el apoyo adecuado para las regiones, los sectores y las personas más vulnerables, una transición justa hacia cero emisiones netas de gases de efecto invernadero podría redundar en un aumento neto del empleo en la Unión: en el conjunto de la economía, el empleo aumentaría en 2,1 millones de puestos de trabajo adicionales para 2050 de cumplirse una hipótesis de cero emisiones netas, frente a un aumento del empleo de 1,3 millones de puestos de trabajo adicionales de cumplirse una hipótesis de reducción de las emisiones del 80 %; considera, por tanto, que la Comisión debe llevar a cabo un balance de competencias renovado en el marco del Panorama de cualificaciones de la UE con datos regionales sobre las capacidades necesarias para lograr una Europa climáticamente neutra para apoyar a las regiones, los sectores y las personas más vulnerables a fin de actualizar y mejorar sus capacidades con vistas a un empleo de calidad, preparado para el futuro, en las mismas regiones;

15.  Pone de relieve los numerosos beneficios concomitantes que supondrá para la salud pública una sociedad climáticamente neutra, también en cuanto al ahorro de costes sanitarios y la menor presión sobre los regímenes de seguros y los sistemas públicos de salud, así como al bienestar general de los ciudadanos europeos debido al refuerzo de la biodiversidad, la reducción de la contaminación atmosférica y la mitigación de la exposición a contaminantes; señala que, de cumplirse dicha hipótesis, los costes de los daños ocasionados a la salud se reducirían en unos 200 000 millones de euros anuales;

16.  Destaca la importancia de crear un fondo de transición justa, especialmente para las regiones más afectadas por la descarbonización, tales como las regiones mineras, combinado con una consideración general de los aspectos sociales en la financiación actual de la lucha contra el cambio climático; destaca, a este respecto, la necesidad de una amplia aceptación pública de la estrategia a largo plazo, dadas las transformaciones necesarias en algunos sectores;

17.  Hace hincapié en que en algunas regiones de la Unión, como las regiones mineras, se requieren más acciones y esfuerzos más decididos de cara a una transición energética limpia; reitera, en este contexto, su llamamiento para que en el marco financiero plurianual 2021-2027 se introduzca una asignación específica por un importe de 4 800 millones de euros para un nuevo Fondo de transición de la energía justa para apoyar a los trabajadores y las comunidades de esas regiones que se ven afectados negativamente por esta transición;

18.  Recalca la necesidad de que se adopte un enfoque anticipatorio al objeto de garantizar una transición justa para los ciudadanos de la Unión y apoyar a aquellas regiones más afectadas por la descarbonización; opina que la transición climática europea debe ser ecológica, económica y socialmente sostenible; subraya que, a fin de garantizar la aceptación política por parte de todos los ciudadanos, es importante tener en cuenta los efectos distributivos de las políticas relativas al clima y la descarbonización, en particular para las personas con ingresos bajos; considera, por tanto, que, en todas las políticas climáticas nacionales y de la Unión, deben tenerse plenamente en cuenta las repercusiones sociales con miras a garantizar la transformación social y ecológica en Europa; subraya, a este respecto, que deberán concebirse estrategias a medida y con financiación suficiente a todos los niveles, sobre la base de unos procesos inclusivos y en estrecha colaboración con las autoridades públicas locales y regionales, los sindicatos, las instituciones educativas, las organizaciones de la sociedad civil, y el sector privado, a fin de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos europeos durante dicha transición;

19.  Recuerda que aproximadamente entre 50 y 125 millones de ciudadanos europeos corren el riesgo de sufrir pobreza energética(4); destaca que la transición energética puede afectar de forma desproporcionada a las personas con ingresos bajos y aumentar aún más la pobreza energética; pide a los Estados miembros que evalúen el número de hogares en situación de pobreza energética en sus planes nacionales integrados en materia de clima y energía, y que adopten medidas de seguimiento en caso necesario, tal como exige el Reglamento relativo a la gobernanza; pide a los Estados miembros que emprendan acciones prospectivas para velar por una transición energética justa y el acceso a la energía para todos los ciudadanos de la Unión;

20.  Considera que los jóvenes tienen una conciencia social y medioambiental cada vez mayor, lo que tiene la capacidad de transformar nuestras sociedades con vistas a un futuro resiliente respecto del clima, y que la educación de los jóvenes constituye uno de los instrumentos más eficaces para combatir el cambio climático; subraya la necesidad de implicar activamente a las generaciones más jóvenes en el establecimiento de relaciones internacionales, interculturales e intergeneracionales que sustenten el cambio cultural que respaldará los esfuerzos mundiales en pos de un futuro más sostenible;

Objetivos intermedios

21.  Reconoce que la década que va de 2020 a 2030 revestirá una importancia fundamental en cuanto a la consecución por parte de la Unión de un nivel cero neto de emisiones para 2050; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen un objetivo a medio plazo sólido para 2030, pues es necesario para lograr una estabilidad de inversiones suficiente en el mercado, aprovechar plenamente el potencial de la innovación tecnológica y aumentar las posibilidades de las empresas europeas de convertirse en líderes mundiales en el mercado en materia de producción de bajas emisiones;

22.  Destaca que, para alcanzar un nivel cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050 de la forma más rentable, es necesario aumentar el nivel de ambición para 2030 y adaptarlo a la hipótesis de un nivel cero neto de emisiones para 2050; considera sumamente importante que la Unión envíe un mensaje claro, a más tardar durante la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en septiembre de 2019, acerca de su inclinación a revisar su contribución al Acuerdo de París;

23.  Apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero del 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990, en todos los sectores de la economía; pide, por tanto, a los líderes de la Unión que apoyen una mayor ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional durante la cumbre especial de la Unión que se celebrará en Sibiu en mayo de 2019, con vistas a la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas en septiembre de 2019;

24.  Estima que la Comisión debe, a más tardar durante las revisiones del paquete de medidas sobre el clima para 2030 y demás legislación pertinente del periodo 2022-2024, presentar propuestas legislativas que eleven el nivel de ambición en consonancia con las contribuciones determinadas a nivel nacional actualizadas y con el objetivo de cero neto emisiones; opina que un nivel de ambición insuficiente para 2030 limitaría las opciones futuras y quizás incluiría la disponibilidad de determinadas opciones de descarbonización rentable; considera que estas revisiones constituyen un hito importante a la hora de garantizar los compromisos de la Unión en materia de lucha contra el cambio climático;

25.  Considera que, para seguir garantizando una mayor estabilidad de los mercados, también será beneficioso que la Unión establezca un objetivo adicional de reducción de las emisiones para 2040 que pueda aportar más estabilidad y garantizar el cumplimiento del objetivo a largo plazo para 2050;

26.  Opina que la estrategia de la Unión para alcanzar el nivel cero neto de emisiones debe basarse en el balance mundial quinquenal establecido en el Acuerdo de París y tener en cuenta los avances tecnológicos y sociales, y las aportaciones de agentes no estatales y del Parlamento Europeo;

Contribuciones sectoriales

27.  Hace hincapié en que las emisiones netas deberán reducirse casi a cero en todos los sectores de la economía, que deben contribuir a los esfuerzos conjuntos en materia de reducción de emisiones; pide, así pues, a la Comisión que desarrolle vías hacia la neutralidad climática de todos los sectores; subraya, a este respecto, la importancia del principio de «quien contamina paga»;

28.  Destaca la importancia de las distintas medidas y leyes en materia de clima que se han implantado en varios ámbitos de actuación, si bien advierte de que, si se sigue un planteamiento fragmentado, pueden surgir incoherencias y no lograrse en la Unión para 2050 una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero; considera que debe adoptarse un enfoque global;

29.  Pide a la Comisión que valore la posibilidad de armonizar la tarificación del carbono y de la energía en la Unión para respaldar la transición hacia una economía de cero emisiones netas, en particular por lo que respecta a sectores no incluidos en el RCDE de la Unión; pide a la Comisión que examine la mejor manera posible de evitar casos de penuria e insiste en que no debe aumentar la carga total para los ciudadanos;

30.  Es consciente del papel que se concede a la captura y almacenamiento de carbono en la mayoría de hipótesis con un aumento de temperaturas de 1,5 ºC del informe especial del GIECC sobre la cuestión; subraya la necesidad de que la Unión muestre mayor ambición en este sentido; destaca asimismo los objetivos fijados por los Estados miembros en el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) para aplicar la captura y almacenamiento de carbono a escala comercial en los sectores energético e industrial europeos durante la década de 2020; considera necesario incrementar el uso, en los procesos industriales, de la captura y almacenamiento de carbono y la captura y utilización de carbono seguros para el medio ambiente, que generen una reducción neta de las emisiones mediante la evitación de emisiones o el almacenamiento permanente de CO2; observa con preocupación que, en la actualidad, muchas tecnologías de captura y utilización de carbono no consiguen reducciones permanentes de emisiones; pide, por tanto, a la Comisión que elabore criterios técnicos que garanticen apoyo únicamente a aquellas tecnologías que produzcan resultados verificables;

31.  Señala que la estrategia confirma que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector del transporte siguen en aumento, y que las políticas actuales no bastarán para descarbonizar este sector de aquí a 2050; subraya la importancia de garantizar una transición modal del transporte aéreo al transporte por ferrocarril, incluida la rápida realización de una red ferroviaria interoperable intraeuropea y la movilización de mayores inversiones, y hacia el transporte público y la movilidad compartida; observa que el transporte por carretera contribuye a aproximadamente un quinto del total de emisiones de CO2 de la Unión; pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas decisivas para permitir el acceso de los consumidores a vehículos de cero y bajas emisiones en todos los Estados miembros, evitando al mismo tiempo una mayor recurso a vehículos más viejos y contaminantes en los Estados miembros de rentas más bajas; pone asimismo de relieve el papel de las tecnologías inteligentes, como las infraestructuras de carga inteligente, para establecer sinergias entre la electrificación del transporte y el despliegue de las fuentes de energía renovables;

32.  Subraya que, a fin de lograr la neutralidad climática en la economía de la Unión en su conjunto, todos los sectores deben contribuir a ello, incluidas la aviación y la navegación internacionales; observa que, según muestra el análisis de la Comisión, los objetivos y medidas globales actuales previstos respectivamente por la Organización Marítima Internacional y la Organización de Aviación Civil Internacional, incluso si se aplicaran íntegramente, no lograrían las reducciones necesarias de las emisiones, y que se precisan actuaciones adicionales significativas coherentes con el objetivo de cero emisiones netas en todos los sectores de la economía; recalca la necesidad de invertir en tecnologías y combustibles de emisión cero y de baja emisión de carbono en dichos sectores; pide a la Comisión que aplique en estos sectores el principio de «quien contamina paga»; recuerda que se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero de la navegación internacional aumenten hasta en un 250 % de aquí a 2050; celebra que el sector de la navegación internacional se haya fijado un objetivo de reducción absoluta de las emisiones de gases de efecto invernadero; señala con preocupación la falta de avances en cuanto a la traducción de este objetivo en medidas a corto y medio plazo y otras acciones concretas; toma nota de la distinta carga que tienen que soportar los distintos modos de transporte; pide que el aumento en los ingresos del RCDE se emplee para promover modos de transporte ecológicos como los autobuses o los trenes;

33.  Señala que aproximadamente el 60 % del metano mundial es emitido por fuentes como la agricultura, los vertederos y las aguas residuales, y por la producción y el transporte por tubería de combustibles fósiles; recuerda que el metano es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global de 100 años, 28 veces superior al del CO2(5); reitera su llamamiento a la Comisión para que explore lo antes posible opciones para llevar a cabo políticas que aborden rápidamente las emisiones de metano como parte de un plan estratégico de la Unión para el metano, y para que presente propuestas legislativas al Parlamento y al Consejo a tal efecto;

34.  Subraya que la agricultura será una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en 2050 debido, en particular, a las emisiones de metano y óxido nitroso; subraya el potencial del sector agrario para afrontar los retos del cambio climático, por ejemplo mediante innovaciones ecológicas y tecnológicas, así como mediante la captura de carbono en los suelos; aboga por una política agrícola común que contribuya a las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de acuerdo con la transición a una economía neutra desde el punto de vista climático; pide a la Comisión que garantice que las políticas agrícolas, en particular los fondos nacionales y de la Unión, están en consonancia con los objetivos y metas del Acuerdo de París;

35.  Recalca la necesidad de integrar la ambición en materia de cambio climático en todas las políticas de la Unión, incluida la política comercial; insta a la Comisión a que garantice que todos los acuerdos comerciales firmados por la Unión sean plenamente compatibles con el Acuerdo de París, pues esto no solo reforzaría la acción global por el clima, sino que además garantizaría una igualdad de condiciones para los sectores afectados;

36.  Apoya una gestión forestal activa y sostenible a escala nacional, que se sume a medios concretos para incentivar una bioeconomía de la Unión eficiente y sostenible, dado el considerable potencial que tienen los bosques a la hora de contribuir a consolidar los esfuerzos de Europa por el clima (mediante los efectos de retención, almacenamiento y sustitución) y alcanzar el objetivo de cero emisiones de aquí a 2050 a más tardar; reconoce la necesidad de adaptarse al cambio climático y de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la Unión de aquí a 2020, así como la necesidad de desarrollar políticas basadas en hechos que ayuden a aplicar y financiar las medidas de conservación de la biodiversidad de la Unión;

37.  Pone de relieve que hay más carbono almacenado en los suelos que en la biosfera y la atmósfera juntas; subraya, así pues, la importancia de detener la degradación del suelo en la Unión y de garantizar una actuación común de la Unión para preservar y mejorar la calidad de los suelos y su capacidad para almacenar carbono

Política energética

38.  Resalta la contribución de la eficiencia energética a la seguridad del suministro, la competitividad económica, la protección del medio ambiente, la reducción de la factura energética y la mejora de la calidad de las viviendas; confirma el importante papel que desempeña la eficiencia energética en la creación de oportunidades empresariales y de empleo, así como sus beneficios en los ámbitos mundial y regional; recuerda, en este sentido, la introducción del principio de «primero, la eficiencia energética» mediante el Reglamento relativo a la gobernanza, y que debe aplicarse plenamente en toda la cadena de la energía, de una manera rentable, además de considerarse el punto de partida de toda vía hacia el objetivo de cero emisiones netas para 2050;

39.  Destaca el papel central que desempeña la energía en la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero; recuerda que la Unión ha logrado estas últimas décadas buenos resultados en la desvinculación de las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico y ha reducido las emisiones, en particular gracias a la eficiencia energética y la penetración de las energías renovables; hace hincapié en que la transición a la energía limpia debe seguir impulsando la modernización de la economía europea, dinamizando el crecimiento económico sostenible y aportando beneficios sociales y ambientales a los ciudadanos europeos;

40.  Considera que el liderazgo de la Unión en materia de energías renovables y eficiencia energética demuestra a otras partes del mundo que la transición a la energía limpia es posible y beneficiosa más allá de la lucha contra el cambio climático;

41.  Señala que, para lograr una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, harán falta importantes inversiones adicionales en el sistema energético de la Unión y las infraestructuras conexas, de entre 175 000 y 290 000 millones de euros al año, con respecto a la situación de referencia actual;

42.  Subraya que, dados los distintos puntos de partida para la transición energética, el despliegue de esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero para conseguir la neutralidad climática a escala de la Unión puede quedar repartida de manera desigual dentro de esta;

43.  Pide a los Estados miembros que apliquen el paquete sobre energía limpia en el plazo más breve posible; recuerda que los Estados miembros son competentes para decidir su combinación energética dentro el marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía;

44.  Aboga por un sistema energético altamente eficiente y basado en las energías renovables, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias a este respecto, ya que tendrán efectos indirectos en todos los sectores económicos; destaca que todas las vías presentadas por la Comisión presumen una reducción drástica de los combustibles fósiles y un fuerte aumento de las energías renovables;

45.  Subraya que la Directiva sobre el diseño ecológico(6) ha contribuido de forma significativa a los objetivos climáticos de la Unión al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 320 millones de toneladas equivalentes de CO2 anuales, y que se calcula que para 2020 los consumidores de la Unión ahorrarán un total de hasta 112 000 millones de euros, o unos 490 euros anuales por unidad familiar, como consecuencia de dicha Directiva; pide que se regulen más productos en el marco de esta Directiva, en particular las tabletas y los teléfonos inteligentes, y que se mantengan actualizadas las normas vigentes con objeto de reflejar los avances tecnológicos;

46.  Subraya la necesidad de garantizar una mayor integración del mercado europeo de la energía con el fin de descarbonizar el sector de la energía de la manera más eficaz, facilitar las inversiones allá donde sea posible una mayor producción de energía de fuentes renovables y fomentar la participación activa de los ciudadanos de modo que se acelere la transición energética hacia una economía sostenible y neutra en cuanto al carbono; estima fundamental elevar el nivel de interconexión entre los Estados miembros e impulsar más sistemas de ayuda transfronterizos;

47.  Señala que el sector europeo de la construcción es actualmente responsable del 40 % del consumo final de energía y del 36 % de las emisiones de CO2(7); pide que se aprovechen las posibilidades que encierra este sector en cuanto al ahorro energético y la reducción de la huella de carbono, en consonancia con el objetivo de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios(8) de lograr un parque inmobiliario descarbonizado y muy eficiente desde el punto de vista energético a más tardar en 2050; recalca que un consumo de energía más eficiente en los edificios alberga un potencial considerable para la reducción adicional de las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa; considera, además, que el logro de unos edificios de bajo uso energético, plenamente abastecidos de energía renovable, es una condición indispensable del Acuerdo de París y de una agenda de la Unión para el crecimiento, el empleo local y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de toda Europa;

48.  Pide a todos los niveles de gobierno, ya sea nacional, regional o local, que implanten medidas tendentes al fomento de la participación de los ciudadanos en la transición energética y al impulso del intercambio de buenas prácticas; recalca que la participación de los ciudadanos en el sistema energético por medio de la autogeneración descentralizada de energía renovable, el almacenamiento de electricidad y la participación en programas de respuesta de la demanda y eficiencia energética será crucial durante la transición hacia el nivel cero neto de emisiones de gases de efecto invernadero; pide, por tanto, la plena integración de la participación activa de los ciudadanos en estas vías, en particular en el lado de la demanda;

Política industrial

49.  Considera que la prosperidad económica, la competitividad industrial mundial y la política climática se retroalimentan; insiste en que la transición hacia una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero entraña retos y oportunidades para la Unión, y en que harán falta inversiones en innovación industrial, incluidas las tecnologías digitales y la tecnología limpia, para estimular el crecimiento, reforzar la competitividad, fomentar las futuras capacidades y crear millones de puestos de trabajo, por ejemplo, en el marco de una economía y una bioeconomía circulares en crecimiento;

50.  Destaca que un marco de actuación en materia de clima y energía estable y previsible resulta fundamental a la hora de dar la tan necesaria confianza a los inversores y hacer posible que la industria europea adopte decisiones de inversión a largo plazo en Europa, dado que la vida útil de las instalaciones industriales es superior a veinte años en la mayoría de los casos;

51.  Pone de relieve la importancia de las industrias de gran consumo de energía para lograr reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo en la Unión; considera que, para mantener en la Unión tanto el liderazgo industrial con bajas emisiones de carbono como la producción industrial, preservar la competitividad de las industrias europeas, reducir lo más posible la dependencia de los combustibles fósiles y, por ende, la exposición a los precios volátiles y en aumento que entrañan su importación, y prevenir el riesgo de fuga de carbono, se requieren marcos políticos inteligentes y específicos; pide a la Comisión que presente una nueva estrategia industrial integrada de la Unión en materia de clima para las industrias de gran consumo de energía que respalde una transición competitiva de la industria pesada hacia un nivel cero neto de emisiones;

52.  Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia industrial con medidas que permitan a la industria de la Unión competir en la esfera mundial en igualdad de condiciones; estima que, como parte de esta política, la Comisión debe examinar la eficacia y la compatibilidad con las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio, así como con las medidas adicionales para proteger las industrias en riesgo de fuga de carbono en relación con las importaciones de productos que sustituyan, adapten o complementen cualquier medida existente sobre la fuga de carbono;

53.  Señala que una serie de mercados emergentes se están posicionando de tal modo que desempeñarán un importante papel a la hora de cubrir las necesidades del mercado mundial durante la transición hacia una economía de cero emisiones netas, por ejemplo, en lo que respecta al transporte de cero emisiones y a la energía renovable; recalca que la Unión debe seguir siendo la economía líder en innovación ecológica y en inversiones en tecnología ambiental;

54.  Toma nota de que el informe de la Comisión de 2018 sobre los precios y costes de la energía en Europa (COM(2019)0001)(9) subraya la elevada exposición actual de la Unión a los precios volátiles y en aumento de los combustibles fósiles, así como que está previsto que en el futuro los costes de la producción de electricidad aumenten en el caso de los combustibles fósiles y disminuyan en el de las renovables; destaca que los costes de la importación de energía a la Unión aumentaron en 2017 en un 26 % y ascendieron a 266 000 millones de euros, principalmente como consecuencia de la subida de los precios del petróleo; señala asimismo que en el informe se calcula que el aumento del precio del petróleo ha tenido en la Unión un efecto adverso para el crecimiento (– 0,4 % del PIB en 2017) y la inflación (+ 0,6 %);

Investigación e innovación

55.  Subraya que los programas de investigación e innovación nacionales y de la Unión prestan un apoyo fundamental a la Unión en su liderazgo en relación con la lucha contra el cambio climático, y es de la opinión que la dimensión climática ha de integrarse adecuadamente en la preparación y ejecución de los programas de investigación e innovación;

56.  Considera que en las dos próximas décadas serán necesarios importantes esfuerzos en materia de investigación e innovación para lograr que las soluciones hipocarbónicas o sin carbono estén al alcance de todos y sean social y económicamente viables, así como para obtener nuevas soluciones tendentes a una economía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero;

57.  Subraya su posición en el sentido de que Horizonte Europa debe destinar como mínimo el 35 % de su gasto a los objetivos climáticos como corresponda y como parte del objetivo general de la Unión de integrar la lucha contra el cambio climático;

Financiación

58.  Pide la rápida aplicación del Fondo de Innovación del RCDE y el inicio de la primera convocatoria de propuestas en 2019, con el fin de impulsar las inversiones en la demostración de tecnologías industriales de vanguardia con bajas emisiones de carbono en una amplia gama de sectores, no solo la producción de electricidad, sino también la calefacción urbana y los procesos industriales; pide que el marco financiero plurianual 2021-2027 y todos sus programas guarden plena coherencia con el Acuerdo de París;

59.  Considera que, para que la Unión alcance un nivel cero neto de emisiones de aquí a 2050 a más tardar, es necesario movilizar cuantiosas inversiones privadas; opina que ello requerirá una planificación a largo plazo, estabilidad normativa y previsibilidad para los inversores, y que, por tanto, la futura normativa de la Unión debe tenerlo debidamente en cuenta; subraya, en este sentido, que debe darse prioridad a la aplicación del Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles, adoptado en marzo de 2018;

60.  Considera que el MFP 2021-2027 debe ser evaluado antes de su adopción a la luz del objetivo de alcanzar una economía climáticamente neutra de aquí a 2050, y que debe establecerse una prueba normalizada para garantizar que los gastos con cargo al presupuesto de la Unión sean resilientes al cambio climático;

61.  Lamenta que las subvenciones a los combustibles fósiles aún sigan aumentando y asciendan a unos 55 000 millones de euros al año(10); pide a la Unión y a los Estados miembros que eliminen inmediatamente todas las subvenciones europeas y nacionales a los combustibles fósiles;

62.  Destaca la importancia de una transición justa a una economía neutra en emisiones de carbono y pide a los Estados miembros que establezcan financiación y políticas adecuadas al respecto; subraya que el gasto de la Unión procedente de los fondos pertinentes podría proporcionar un apoyo adicional, cuando proceda;

El papel de los consumidores y la economía circular

63.  Destaca el impacto significativo que ha tenido el cambio de comportamiento a la hora de lograr reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero; pide a la Comisión que explore opciones políticas cuanto antes, incluidos los impuestos ambientales, que fomenten un cambio de comportamiento; subraya la importancia de las iniciativas ascendentes, como el Pacto de los Alcaldes, a la hora de fomentar un cambio de comportamiento;

64.  Subraya que una gran parte del uso energético y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero guardan una relación directa con la adquisición, el tratamiento, el transporte, la transformación, el uso y la eliminación de los recursos; resalta que podrían lograrse ahorros muy significativos en cada etapa de la cadena de gestión de recursos; recalca, por consiguiente, que el aumento de la productividad de los recursos mediante la mejora de la eficiencia y la reducción del despilfarro de recursos con medidas como la reutilización, el reciclado y la reelaboración pueden reducir significativamente tanto el consumo de recursos como las emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que se desarrolla la competitividad y se crean oportunidades de negocio y de empleo; destaca la rentabilidad de las medidas de la economía circular; subraya que una mejor eficiencia de los recursos y los enfoques de la economía circular, junto al diseño circular de productos, contribuirán a lograr un cambio en las pautas de producción y consumo y a reducir la cantidad de residuos;

65.  Subraya la importancia de la política de productos, como la contratación pública ecológica y el diseño ecológico, que pueden contribuir de forma significativa al ahorro de energía y la reducción de la huella de carbono de los productos, mejorando a la vez la huella de los materiales utilizados y el impacto medioambiental general; insiste en la necesidad de establecer requisitos de economía circular como parte de las normas de diseño ecológico de la Unión, así como de ampliar la metodología actual de diseño ecológico a otras categorías de productos aparte de los productos relacionados con la energía;

66.  Considera que se debe seguir trabajando en un modelo fiable para medir el impacto climático basado en el consumo; toma nota de la conclusión del análisis en profundidad de la Comisión en el sentido de que los esfuerzos de la Unión por reducir las emisiones de su producción se ven contrarrestados de algún modo por las importaciones de bienes con una mayor huella de carbono, pero que de todos modos la Unión ha contribuido significativamente a la reducción de las emisiones en otros países a causa del aumento de los flujos comerciales y la mejora de la eficiencia en materia de carbono de sus exportaciones;

La Unión en la acción mundial por el clima

67.  Subraya la importancia de aumentar las iniciativas y el diálogo en los foros internacionales pertinentes, y de una diplomacia climática eficaz, con el objetivo de estimular decisiones políticas similares que aumenten el nivel de ambición de otras regiones y terceros países en materia de lucha contra el cambio climático; pide a la Unión que aumente su propia financiación en materia de lucha contra el cambio climático y que trabaje activamente para animar a los Estados miembros a aumentar su ayuda financiera en favor del clima (preferiblemente en forma de ayuda al desarrollo en vez de préstamos) en terceros países, la cual debe sumarse a la ayuda exterior al desarrollo en lugar de contabilizarse por partida doble como ayuda financiera al desarrollo y como ayuda financiera a la lucha contra el cambio climático;

68.  Hace hincapié en que la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas de septiembre de 2019 será el momento ideal para que los líderes anuncien una mayor ambición en relación con las contribuciones determinadas a nivel nacional; opina que la Unión debe adoptar con suficiente antelación una posición sobre la actualización de estas contribuciones, a fin de llegar a la Cumbre bien preparada y en estrecha cooperación con una coalición internacional de las Partes para apoyar una mayor ambición en cuanto al clima;

69.  Destaca las ventajas de reforzar la interoperabilidad entre los instrumentos políticos de la Unión y los equivalentes en los terceros países, en particular los mecanismos de tarificación del carbono; pide a la Comisión que prosiga e intensifique la cooperación y el apoyo en el desarrollo de mecanismos de tarificación del carbono fuera de Europa para lograr mayores reducciones de las emisiones y la mejora de la igualdad de condiciones a escala mundial; subraya la importancia de establecer salvaguardias ambientales a fin de garantizar reducciones reales y adicionales de los gases de efecto invernadero; pide, por tanto, a la Comisión que abogue por unas normas internacionales estrictas a fin de evitar lagunas en la contabilidad o el doble cómputo de las reducciones de emisiones;

o
o   o

70.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0430.
(3) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: «The Emissions Gap Report 2018» (Informe sobre la disparidad en las emisiones en 2018), p. 10.
(4) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563472/IPOL_STU(2015)563472_EN.pdf
(5) Van Dingenen, R., Crippa, M., Maenhout, G., Guizzardi, D., Dentener, F., Global trends of methane emissions and their impacts on ozone concentrations (Tendencias globales de las emisiones de metano y su impacto en las concentraciones de ozono), EUR 29394 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2018, ISBN 978-92-79-96550-0, DOI: 10.2760/820175, JRC113210.
(6) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).
(7) https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
(8) Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO L 156 de 19.6.2018, p. 75).
(9) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1548155579433&uri=CELEX:52019DC0001
(10) Precios y costes de la energía en Europa, páginas 10 y 11.


Creación del Fondo Monetario Europeo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo (COM(2017)08272017/0333R(APP))
P8_TA-PROV(2019)0218A8-0087/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo (COM(2017)0827),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre posibles modificaciones y ajustes de la actual configuración institucional de la Unión Europea(1),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa(2),

–  Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 5 de julio de 2018, sobre las propuestas de reforma de la Unión Económica y Monetaria (UEM),

–  Vistas la carta del presidente del Eurogrupo al presidente del Consejo Europeo, de 25 de junio de 2018, sobre la profundización de la UEM, y la declaración de la Cumbre del Euro, de 29 de junio de 2018, sobre la reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad,

–  Visto el informe del Eurogrupo a los dirigentes sobre la profundización de la UEM, de 4 de diciembre de 2018,

–  Vista la declaración de la Cumbre del Euro, de 14 de diciembre de 2018,

–  Vista la posición conjunta sobre la futura cooperación entre la Comisión y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, de 14 de noviembre de 2018,

–  Visto el Dictamen del Banco Central Europeo (BCE), de 11 de abril de 2018, sobre una propuesta de Reglamento relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo(3),

–  Visto el Dictamen n.º 2/2018 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 18 de septiembre de 2018, titulado «Consideraciones sobre la auditoría y la rendición de cuentas en relación con la propuesta del 6 de diciembre de 2017 de creación de un Fondo Monetario Europeo inscrito en el marco jurídico de la Unión»,

–  Vistos el informe de los cinco presidentes, de 22 de junio de 2015, titulado «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea», el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el futuro de Europa, y el documento de reflexión de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria,

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre el refuerzo de la democracia europea en la futura UEM(4),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la investigación relativa al papel y las actividades de la Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa(5),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro(6),

–  Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios(7),

–  Visto el artículo 99, apartado 5, de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

–  Vistos el informe provisional de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0087/2019),

A.  Considerando que la introducción del euro constituye uno de los logros políticos más importantes del proyecto europeo y un elemento fundamental de la construcción de la UEM;

B.  Considerando que la crisis económica y financiera ha puesto de manifiesto las deficiencias de la arquitectura del euro, poniendo de relieve la urgente necesidad de profundizar rápidamente la UEM y de reforzar su rendición de cuentas democrática y su transparencia;

C.  Considerando que el euro brinda protección y oportunidades a los ciudadanos de la Unión; que una zona del euro fuerte y estable es esencial para sus miembros y para la Unión en su conjunto;

D.  Considerando que la pertenencia a una zona monetaria común requiere el respeto de unas reglas y obligaciones comunes, como las establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, así como unas herramientas comunes que permitan responder a graves perturbaciones económicas y financieras y promover la responsabilidad, la solidaridad y una convergencia socioeconómica al alza; que el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (Tratado del MEDE) prevé un vínculo claro con los mecanismos europeos de supervisión macroeconómica, y en particular el respeto de la normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidas sus cláusulas de flexibilidad, y la aplicación de reformas estructurales sostenibles e integradoras; que la reducción y el reparto de los riesgos deben ir de la mano en la profundización de la UEM;

E.  Considerando que la creación de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) y su posterior transformación en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) representaron un paso importante hacia la creación de un mecanismo europeo de gestión de crisis al ayudar a reforzar la UEM y proporcionar ayuda financiera a varios países europeos afectados por la crisis;

F.  Considerando que el carácter intergubernamental del MEDE repercute en su proceso de toma de decisiones y, en particular, en su capacidad para responder rápidamente a las perturbaciones económicas y financieras;

G.  Considerando que la futura incorporación del MEDE al marco jurídico de la Unión debe entenderse como parte del proyecto de realización de la UEM;

H.  Considerando que el debate en curso sobre el futuro de Europa y la UEM ha puesto de manifiesto los distintos puntos de vista políticos de los Estados miembros sobre el futuro del MEDE a largo plazo, pero también constituye una buena base para un primer paso importante hacia el refuerzo de su papel, el desarrollo de sus instrumentos financieros y la mejora de su eficiencia y rendición de cuentas democrática como parte de la reforma del MEDE; que el debate sobre la profundización de la UEM debe aportar una solución política para la reforma del MEDE;

I.  Considerando que, a corto plazo, la reforma del MEDE debe contribuir a la unión bancaria, proporcionando un mecanismo adecuado de protección presupuestaria común para el Fondo Único de Resolución (FUR);

1.  Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, de un Reglamento del Consejo relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo y considera que constituye una contribución útil al debate en curso sobre el futuro de Europa, la profundización de la UEM y la reforma del MEDE; acoge con especial satisfacción la propuesta de la Comisión de integrar el MEDE en el ordenamiento jurídico de la Unión;

2.  Observa que las funciones que realizará el MEDE reformado se inscribirán en el ámbito de la política económica y que la denominación «Fondo Monetario Europeo» podría inducir a error; observa que en su dictamen de 11 de abril de 2018 el BCE sugirió que se conservara la denominación «MEDE» para su sucesor; pide, en vista de lo que antecede, que se evalúen de forma adecuada y exhaustiva las implicaciones de la elección de una denominación para el MEDE reformado, con el fin de garantizar que el impacto en el correcto funcionamiento del MEDE reformado sea mínimo; propone que se mantenga la denominación actual del MEDE, que está reconocida en el mercado de capitales, dejando claro que la política monetaria de la zona del euro sigue siendo competencia del BCE;

3.  Destaca que el buen funcionamiento de la UEM se apoya en la existencia de una institución que actúe como «prestamista de última instancia»; toma nota, en este contexto, de la contribución positiva del MEDE a la hora de abordar las deficiencias del marco institucional de la UEM, en particular al proporcionar ayuda financiera a varios Estados miembros afectados por la crisis financiera mundial y la crisis de la deuda soberana;

4.  Recuerda sus posiciones anteriores en favor de la incorporación del MEDE al marco jurídico de la Unión, lo que lo convertiría en un auténtico órgano de esta; insiste en que esta incorporación también debería tener en cuenta el papel de los Parlamentos nacionales y seguir entendiéndose como parte del proyecto de realización de la UEM; considera que tal integración permitiría una gestión conforme al método comunitario, garantizaría la plena coherencia de las normas y obligaciones fiscales, facilitaría la coordinación de las políticas económicas y fiscales y reforzaría la legitimidad democrática y la rendición de cuentas a través del Parlamento Europeo;

5.  Destaca que, si en el futuro se han de destinar recursos presupuestarios de la Unión, el Parlamento debe contar con poderes políticos para ejercer todos los derechos de control presupuestario aplicables con respecto al MEDE en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión; señala que, en tal caso, debe considerarse que el Tribunal de Cuentas Europeo es el auditor externo independiente y se le debe atribuir un papel claro y formal en el procedimiento de aprobación de la gestión;

6.  Recuerda las prerrogativas de supervisión presupuestaria y democrática de los Parlamentos nacionales; considera que se debe seguir mejorando el control del MEDE reformado por los Parlamentos nacionales y por el Parlamento Europeo; opina que los Parlamentos nacionales deben tener derecho a recibir información sobre las actividades del MEDE reformado y a entablar un diálogo con el director gerente del MEDE reformado;

7.  Señala que la propuesta de la Comisión ha suscitado un animado debate sobre sus implicaciones políticas, financieras y jurídicas; subraya, no obstante, que ese debate sobre la visión a largo plazo del marco institucional del MEDE no debe retrasar las medidas que se requieren urgentemente para reforzar y poner en práctica la rendición de cuentas democrática de la UEM y su capacidad para promover la estabilidad y convergencia financiera y responder a las perturbaciones económicas; solicita, por consiguiente, una reforma significativa del MEDE a corto plazo mediante una revisión del Tratado del MEDE, sin perjuicio de una evolución más ambiciosa en el futuro;

8.  Subraya que la misión principal del MEDE reformado debe seguir siendo proporcionar ayuda financiera transitoria a los Estados miembros que lo necesiten, sobre la base de unas condiciones específicas acordadas en los programas de ajuste y teniendo presentes las lecciones aprendidas con los programas de asistencia financiera precedentes gestionados por la Comisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BCE; destaca que el MEDE reformado debe disponer de una capacidad adecuada a tal efecto; se opone, por tanto, a cualquier intento de convertir el MEDE reformado en un instrumento destinado exclusivamente a los bancos, o de reducir su capacidad financiera para apoyar a los Estados miembros;

9.  Recuerda que debe mejorarse y ponerse a disposición del MEDE reformado la gama de instrumentos financieros de que dispone el MEDE, incluida la posibilidad de prestar una asistencia financiera precautoria suficiente que permita a los Estados miembros acceder a la asistencia antes de enfrentarse a grandes dificultades para obtener fondos en los mercados de capitales; aboga por que el acceso a la línea de crédito precautoria condicionada esté disponible sobre la base de una carta de intenciones y supeditado a los criterios aplicables; señala que estos instrumentos financieros deben utilizarse para ayudar a los Estados miembros en caso de graves perturbaciones económicas y financieras; recuerda que la asistencia financiera prestada a los Estados miembros puede complementarse con un futuro instrumento presupuestario de convergencia y competitividad con el fin de promover la estabilización económica y financiera, la inversión y la convergencia socioeconómica al alza en la zona del euro;

10.  Subraya que la UEM engloba a todos los Estados miembros de la Unión, todos los cuales, excepto Dinamarca y el Reino Unido, están obligados a adoptar el euro y adherirse a la zona del euro, y que, por consiguiente, cualquier tipo de MEDE debe estar abierto a la participación de todos los Estados miembros de la Unión;

11.  Considera que el MEDE reformado debe desempeñar un papel más destacado en la gestión de los programas de asistencia financiera, junto con la Comisión y en estrecha cooperación con el BCE, garantizando que el marco institucional de la Unión disponga de más autonomía siempre que sea necesario, sin perjuicio de asociaciones adecuadas con otras instituciones, en particular el FMI;

12.  Destaca que el MEDE reformado debe contar con sus propios conocimientos especializados para producir y evaluar los elementos requeridos por su estatuto; subraya, sin embargo, que la evaluación de las solicitudes de asistencia financiera por parte del MEDE, así como su toma de decisiones sobre el diseño de los programas de ajuste, en cooperación con otras instituciones, no debe sustituir, duplicar ni solaparse con la supervisión macroeconómica y presupuestaria normal prevista en las normas y reglamentos de la Unión en materia de presupuesto, que debe seguir siendo competencia exclusiva de la Comisión;

13.  Considera que en los programas de ajuste que puedan elaborarse en el futuro se ha de tener en cuenta el impacto social de las medidas propuestas, también en comparación con el impacto a largo plazo del mantenimiento de las políticas actuales, a la luz de una evaluación del impacto social previa y significativa;

14.  Subraya la necesidad de garantizar un procedimiento eficaz de toma de decisiones en el MEDE reformado, en particular en situaciones de urgencia; solicita, en este contexto, una evaluación de la configuración de gobernanza actual;

15.  Solicita una rápida reforma del MEDE que también redefina su papel y sus funciones e instrumentos financieros, de modo que el MEDE reformado pueda proporcionar aportes de liquidez en caso de resolución y servir de mecanismo de protección presupuestaria para el FUR; pide que el mecanismo de protección común esté operativo lo antes posible, en 2020, con arreglo a las condiciones acordadas, y, en cualquier caso, antes de 2024;

16.  Subraya el riesgo que conlleva el retraso en la profundización de la unión bancaria; acoge favorablemente las conclusiones del informe del Eurogrupo a los dirigentes sobre la profundización de la UEM, de 4 de diciembre de 2018, que fueron aprobadas íntegramente por la Cumbre del Euro de 14 de diciembre de 2018; celebra, en particular, que se haya adelantado la introducción de la protección común para el FUR, siempre que se hayan hecho suficientes progresos en el ámbito de la reducción de riesgos, que se evaluarán en 2020, y que se haya refrendado la ficha descriptiva sobre la reforma del MEDE; recuerda su posición previa sobre la necesidad de completar el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD), en la que reconocía que la reducción y el reparto de los riesgos deben ir de la mano; señala que no se han obtenido resultados inmediatos en lo que respecta al futuro presupuesto de la zona del euro y la función de estabilización, pero toma nota del mandato otorgado para trabajar sobre el instrumento presupuestario de convergencia y competitividad; subraya que se han logrado avances significativos en el ámbito de la reducción de riesgos; recuerda que el Parlamento ha aportado contribuciones sustanciales para que esto fuera posible, en particular en el llamado paquete bancario y el mecanismo de protección prudencial para préstamos dudosos;

17.  Propone que se elabore un protocolo para un memorándum provisional de cooperación entre el MEDE y el Parlamento Europeo, con efecto inmediato, con el fin de mejorar el diálogo institucional y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas del MEDE, en el que se especifiquen los derechos del Parlamento y sus diputados en cuanto a la formulación de preguntas al MEDE reformado, audiencias periódicas, derechos de designación y derechos adecuados de control presupuestario; recuerda su petición de que se llegue a un acuerdo interinstitucional en materia de gobernanza económica; destaca que, a propuesta del Consejo, el director gerente del MEDE reformado debe ser elegido por el Parlamento Europeo y debe responder ante este último; insta a que se garantice el equilibrio de género en la composición de los órganos de gobierno del MEDE reformado;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente del Consejo Europeo, a la Comisión, al Consejo, al Eurogrupo, al Banco Central Europeo, al director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 252 de 18.7.2018, p. 201.
(2) DO C 252 de 18.7.2018, p. 215.
(3) DO C 220 de 25.6.2018, p. 2.
(4) DO C 65 de 19.2.2016, p. 96.
(5) DO C 378 de 9.11.2017, p. 182.
(6) DO C 252 de 18.7.2018, p. 235.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0226.


Situación en Nicaragua
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre la situación en Nicaragua (2019/2615(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0219RC-B8-0165/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Nicaragua, y en particular las de 18 de diciembre de 2008(1), 26 de noviembre de 2009(2), 16 de febrero de 2017(3) y 31 de mayo de 2018(4),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica de 2012,

–  Vistos el Documento de Estrategia Nacional y el Programa Indicativo Plurianual 2014-2020 de la Unión sobre Nicaragua,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos, de junio de 2004,

–  Vista la Constitución de Nicaragua,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 21 de enero de 2019 sobre Nicaragua,

–  Vistas las declaraciones efectuadas por la alta representante en nombre de la Unión sobre la situación en Nicaragua, los días 2 de octubre de 2018, 15 de mayo de 2018, 22 de abril de 2018 y 15 de diciembre de 2018, y sobre la reanudación del diálogo nacional, el 1 de marzo de 2019,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre las prioridades de la UE para 2019 en los foros de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, adoptadas el 18 de febrero de 2019,

–  Visto el Informe titulado «Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua», aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 21 de junio de 2018,

–  Visto el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos y los abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, de 18 de abril a 18 de agosto de 2018,

–  Visto el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de 20 de diciembre de 2018, sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua,

–  Vista la declaración de Michelle Bachelet (alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), de 22 de febrero de 2019, sobre la criminalización de la disidencia en Nicaragua,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, el 31 de mayo de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la crisis en Nicaragua en la que condena firmemente la situación; que, para dar seguimiento a dicha resolución, una delegación de once diputados al Parlamento Europeo visitó el país del 23 al 26 de enero de 2019 con objeto de evaluar la situación sobre el terreno;

B.  Considerando que la delegación pudo seguir su propio programa y que el Gobierno nicaragüense autorizó todo acceso a instalaciones solicitado por los diputados, incluidos dos centros penitenciarios; que el Gobierno de Nicaragua ofreció garantías de que no se ejercerían represalias contra quienes denunciaran la situación actual; que la delegación fue testigo de la campaña de acoso, difamación e intimidación dirigida contra los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil con los que mantuvo intercambios de puntos de vista; que muchas organizaciones declinaron las invitaciones para reunirse con la delegación debido a intimidaciones y amenazas dirigidas por el Gobierno; que la represión se ha intensificado desde la visita de la delegación al país;

C.  Considerando que la delegación rechazó públicamente la posición oficial del Gobierno de Nicaragua, según la cual han sido víctimas de un golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos, así como de campañas de desinformación; que el principal motivo que alimenta las manifestaciones ha sido la profunda crisis democrática, institucional y política que, durante la última década, ha afectado al Estado de Derecho y ha restringido las libertades fundamentales en el país, libertades como las de asociación, manifestación y reunión;

D.  Considerando que muchas personas están viendo gravemente restringidas sus libertades de expresión, reunión y manifestación, incluida la utilización del himno nacional; que existe un considerable número de presos políticos que han sido encarcelados por el mero ejercicio de sus derechos; que, según diversas informaciones preocupantes, la situación de los detenidos ha empeorado, también con tratos inhumanos;

E.  Considerando que los procedimientos judiciales contra esas personas detenidas infringen las normas internacionales, en particular las garantías procesales y penales del derecho a un juicio justo; que las condiciones carcelarias tampoco cumplen adecuadamente las normas internacionales; que existe una falta clara de separación de poderes en Nicaragua;

F.  Considerando que el derecho a la información está gravemente amenazado; que se está deteniendo y amenazando a periodistas, que también se ven abocados al exilio; que se están produciendo cierres y registros sin autorización judicial previa de medios audiovisuales; que la publicación de periódicos se ve amenazada por la falta de papel y tinta, confiscados por el Gobierno de Nicaragua;

G.  Considerando que el Gobierno de Nicaragua ha expulsado del país a organizaciones internacionales tales como el GIEI y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que buscaban la solución pacífica del conflicto y la reconciliación nacional; que la represión contra las organizaciones de la sociedad civil se ha intensificado, al verse estas privadas de su estatuto jurídico en un país con un marco institucional deficiente, lo que constituye un doble castigo para las víctimas de la represión;

H.  Considerando que la libertad académica también se ve amenazada; que casi 200 estudiantes universitarios han sido expulsados de las universidades por su participación en manifestaciones en favor de la democracia, de una mayor libertad y de los derechos humanos;

I.  Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, deben formar parte integrante de las políticas exteriores de la Unión, incluido el Acuerdo de Asociación celebrado en 2012 entre la Unión Europea y los países de Centroamérica; que este acuerdo incluye una cláusula democrática, que es un elemento esencial del acuerdo;

J.  Considerando que el diálogo nacional iniciado el 16 de mayo de 2018 entre el presidente Ortega y la oposición y grupos cívicos nicaragüenses, con la mediación de la Iglesia Católica, ha sido incapaz de hallar una solución a la crisis; que el 27 de febrero de 2019 se reanudaron las conversaciones exploratorias para un diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica; que la Alianza Cívica ha establecido sus tres objetivos principales que deben alcanzarse durante las negociaciones, a saber: la liberación de los presos políticos y el respeto de las libertades individuales, las reformas electorales necesarias, que deben culminar en la celebración de elecciones, y la justicia; que el Gobierno de Nicaragua ha liberado a 100 presos políticos, aceptando conmutar sus penas de cárcel por el arresto domiciliario; que la mayoría de ellos está sufriendo acoso, y que prosiguen las detenciones; que el número de presos que siguen encarcelados es elevado (más de 600); que el 10 de marzo de 2019 se detuvo un diálogo nacional, tras la retirada de la Alianza Cívica de las negociaciones;

1.  Subraya que Nicaragua está sufriendo una grave vulneración de la democracia, de la observancia de los derechos humanos y del Estado de Derecho a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar en abril y mayo de 2018; reitera la importancia de su Resolución de 31 de mayo de 2018;

2.  Condena todas las acciones represivas del Gobierno de Nicaragua; declara que la visita realizada por su delegación permitió conocer la situación real actual; que, sin duda alguna, en los últimos meses, y en particular tras dicha visita, se ha producido un aumento de la represión de la oposición y de las limitaciones impuestas a las libertades fundamentales; condena, a este respecto, la represión generalizada y la restricción de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación, la ilegalización de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, la expulsión de organizaciones internacionales del país, el cierre y las agresiones contra medios de comunicación, las limitaciones del derecho a la información, la expulsión de estudiantes de las universidades y el empeoramiento de la situación en las cárceles y el recurso a tratos inhumanos;

3.  Considera que estas acciones emprendidas por el Gobierno, sus instituciones y sus organizaciones parapolíticas obedecen a una estrategia planificada para destruir la oposición política que lideró las protestas del año pasado; que dicha estrategia se aplica de forma metódica, sistemática y selectiva contra todos los líderes, ONG, medios de comunicación y movimientos sociales que aspiran a expresar sus demandas legítimas de libertad y democracia;

4.  Expresa su preocupación por los enormes riesgos democráticos, políticos y económicos a los que se enfrentan las personas y el país, que aumentarán si no se adoptan medidas urgentes, habida cuenta de los enfrentamientos internos, la fractura social y el declive económico actuales; pide, con carácter de urgencia, un diálogo interno significativo para hallar una solución sostenible y pacífica que permita a todos los actores de la sociedad disponer de un espacio de actuación y expresión libre, y restablezca sus derechos civiles, como el derecho a la manifestación pacífica; reitera que toda solución debe lograr que rindan cuentas todos los responsables de las violaciones; solicita a todos los partidos políticos, los movimientos sociales, los líderes, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil que mantengan y reiteren su compromiso inquebrantable con una vía pacífica de resolución de la crisis; reitera su pleno apoyo a la reforma del sistema judicial y la ley electoral, y solicita que la VP/AR actúe en consecuencia; pide a la VP/AR y a la Delegación de la UE que supervisen de cerca las negociaciones que se están llevando a cabo en el país entre el Gobierno y la Alianza Cívica, y que sigan abordando los problemas humanos derivados de la situación creada en el país en relación con los presos, los estudiantes, los manifestantes o los periodistas, entre otros;

5.  Lamenta la suspensión del MESENI y la finalización del mandato del GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; condena enérgicamente la persecución, la detención y la intimidación de que son víctimas las personas que cooperan con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales;

6.  Pide al Gobierno nicaragüense que ponga en marcha tres medidas urgentes como señal de su buena voluntad en el diálogo en curso: la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el cese inmediato de todas las formas de represión contra los ciudadanos nicaragüenses, incluidos el acoso, la intimidación, el espionaje y la persecución de líderes opositores, y la posterior eliminación de todas las restricciones a las libertades mencionadas anteriormente, y la restitución de la personalidad jurídica y los bienes de las organizaciones de derechos humanos y el retorno de las organizaciones internacionales al país;

7.  Señala que, bajo estas condiciones, el proceso debe conducir a la cancelación de los procedimientos judiciales contra los presos políticos y a garantías relativas a su integridad física y moral, su privacidad y el respeto de las garantías procesales, el retorno de los exiliados, incluidos periodistas y estudiantes, la desmilitarización de las calles y el desarme de los grupos paramilitares, y el establecimiento de una hoja de ruta clara para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo, con la presencia de observadores internacionales;

8.  Pide la extradición inmediata a Italia de Alessio Casimirri, que vive ahora en Managua protegido por el Gobierno de Nicaragua, condenado definitivamente en Italia a seis cadenas perpetuas por el secuestro de Aldo Moro, expresidente de la Democracia Cristiana, además de presidente del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo, y por el asesinato de miembros de su escolta, hechos acaecidos en Roma el 16 de marzo de 1978;

9.  Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros apliquen, sin perjudicar a la población nacional, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos, de conformidad con las Conclusiones del Consejo de 21 de enero de 2019, hasta que se observe y se restablezca plenamente en el país el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal y como se solicita en el diálogo; insta por tanto, en estas circunstancias, a que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, del que Nicaragua es signataria, suspendiendo la participación de Nicaragua en dicho acuerdo;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima y al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.

(1) DO C 45 E de 23.2.2010, p. 89.
(2) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 74.
(3) DO C 252 de 18.7.2017, p. 189.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0238.


Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
PDF 206kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2019, sobre el Informe estratégico anual sobre la implementación y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2018/2279(INI))
P8_TA-PROV(2019)0220A8-0160/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York,

–  Vistas la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Acuerdo de París, aprobado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015, y la presentación por parte de Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC, el 6 de marzo de 2015, de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) de la Unión y sus Estados miembros,

–  Vista la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Adís Abeba del 13 al 16 de julio de 2015,

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 7 del TFUE, que reafirma que «la Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»,

–  Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, de 7 de junio de 2017, titulada «El nuevo consenso europeo en materia de desarrollo – Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible – Acción europea para la sostenibilidad» (COM(2016)0739),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», publicado el 30 de enero de 2019,

–  Vista la plataforma multilateral de alto nivel sobre la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible y su contribución conjunta del 11 de octubre de 2018, que recomienda que la Unión desarrolle y aplique una estrategia global, visionaria y transformadora para una Europa sostenible en 2030, que oriente todas las políticas y los programas de la Unión, incluidos los objetivos intermedios y a largo plazo, y que defina la visión de la Unión para una Europa sostenible más allá de la Agenda 2030,

–  Visto el informe de la UE de 2019 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, publicado el 28 de enero de 2019,

–  Visto el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 titulado «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(2),

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo(3),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030(4),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(5),

–  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo(6),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre la acción de la UE en favor de la sostenibilidad(7),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018(8),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras(9),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2017, sobre la respuesta de la Unión a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (10502/17),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+), presentada por la Comisión Europea el 30 de mayo de 2018 (COM(2018)0382),

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales,

–  Vista la declaración conjunta, de 20 de noviembre de 2018, de la Organización Mundial de la Salud y el Parlamento Europeo titulada «United to accelerate progress to health related Sustainable Development Goals – leaving no one behind» (Unidos para acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud – sin dejar a nadie atrás),

–  Visto el informe de seguimiento 2018 de Eurostat sobre los avances hacia los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto de la Unión,

–  Vista la Estrategia Europa 2020,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de septiembre de 2018, titulado «Indicadores más adaptados para evaluar los ODS – Contribución de la sociedad civil»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 18 de octubre de 2018 (EUCO13/18), en las que se expone que la Unión y sus Estados miembros están plenamente comprometidos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su aplicación, y en las que el Consejo Europeo acoge con satisfacción la intención de la Comisión de publicar en 2018 su documento de reflexión, en el que se pide que allane el camino para una estrategia de aplicación global en 2019,

–  Vistas las prioridades de la Unión ante las Naciones Unidas y la 73.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre de 2018 – septiembre de 2019), adoptadas por el Consejo el 25 de junio de 2018,

–  Vista la contribución de la plataforma multilateral sobre los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) al documento de reflexión de la Comisión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», publicado el 12 de octubre de 2018,

–  Vistos el Pacto Mundial para la Migración y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018,

–  Visto el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, el 18 de marzo de 2015,

–  Visto el comunicado conjunto de la Unión Europea y las Naciones Unidas, de 27 de septiembre de 2018, titulado «A renewed partnership in development» (Una asociación renovada en materia de desarrollo)(10),

–  Visto el comunicado conjunto publicado tras la tercera reunión trilateral Unión Africana - Unión Europea - Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el 23 de septiembre de 2018(11),

–  Vista la declaración de prensa conjunta de la Unión y las Naciones Unidas, de 23 de septiembre de 2018(12),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0160/2019),

A.  Considerando que la Agenda 2030 puede llegar a ser transformadora y establece objetivos universales, ambiciosos, amplios, indivisibles e interconectados, destinados a erradicar la pobreza, luchar contra las crecientes desigualdades y la discriminación, promover la prosperidad, la sostenibilidad, la responsabilidad medioambiental, la inclusión social, la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos, así como a garantizar la cohesión económica, social y territorial y consolidar la paz y la seguridad; que una actuación inmediata, a todos los niveles, junto con una estrategia europea de aplicación efectiva y un mecanismo de supervisión y revisión son esenciales para la consecución de los ODS;

B.  Considerando que la Agenda 2030 y los ODS representan una visión ambiciosa para un mundo más próspero, inclusivo y resiliente; que la Agenda 2030 se basa en los valores fundamentales de la Unión de democracia, participación, buena gobernanza, justicia social, solidaridad y sostenibilidad y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, en la Unión, en sus Estados miembros y en todo el mundo; que los esfuerzos por alcanzar los ODS, por tanto, se derivan del plan de la Unión de crear un futuro mejor, más sano y más sostenible para Europa, que debe figurar entre las prioridades estratégicas de la Unión;

C.  Considerando que la Agenda 2030 y la consecución de los ODS suponen un desafío; que los 17 objetivos y las 169 metas requieren una coordinación entre la Unión y sus Estados miembros, el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y las autoridades regionales y locales, así como una estrategia de gobernanza a varios niveles, también basada en una participación activa y amplia del sector público, la sociedad civil y el sector privado;

D.  Considerando que la participación de los interlocutores sociales ha sido fundamental en la Agenda 2030 y en los ODS desde el inicio, fomentando la inclusión de prioridades como el trabajo decente, la lucha contra las desigualdades y la participación de la sociedad civil; que su participación activa en el proceso de revisión de los progresos y la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS es fundamental;

E.  Considerando que la Comisión todavía no ha establecido una estrategia global para aplicar la Agenda 2030 que abarque los ámbitos de la política interior y exterior de la Unión con un calendario detallado hasta 2030, y objetivos y medidas concretas, como han solicitado el Parlamento, el Consejo y el Consejo Europeo, ni ha incluido los ODS como marco general en las directrices revisadas para legislar mejor, publicadas en 2017; que se requieren indicadores y puntos de referencia comunes para medir y supervisar sistemáticamente la aplicación de dicha estrategia y para identificar las deficiencias, tanto ahora como en el futuro;

F.  Considerando que la sostenibilidad y la transición hacia una economía climáticamente neutra, circular y socialmente inclusiva son fundamentales para garantizar el crecimiento y la competitividad a largo plazo de la Unión, que solo serán posibles si se respetan plenamente las fronteras planetarias;

G.  Considerando que el Consenso Europeo en materia de Desarrollo reconoce que la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) es una parte fundamental de la contribución de la Unión a la consecución de los ODS y que el desarrollo sostenible requiere un enfoque político holístico e intersectorial, que en última instancia es una cuestión de gobernanza que debe perseguirse en colaboración con todas las partes interesadas y a todos los niveles; que una aplicación efectiva de la CPD es esencial para llevar a cabo la Agenda 2030;

H.  Considerando que el marco político y de gobernanza de la Unión ya incluye una serie de objetivos políticos, puntos de referencia e indicadores vinculantes y no vinculantes, en ámbitos como el presupuestario, de asuntos sociales, energético y climático, sin que consista en una estrategia política global, coherente y conjunta;

I.  Considerando que la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere una mayor sensibilización por parte de los ciudadanos;

J.  Considerando que las evaluaciones ex ante y ex post son instrumentos cruciales para garantizar que las políticas de la Unión no tengan un impacto negativo en el desarrollo sostenible, en particular en los países en desarrollo, así como para maximizar su impacto positivo; que las evaluaciones deben publicarse para garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas;

K.  Considerando que la Agenda 2030 es una agenda universal que debe aplicarse en todos los países; que el principio de universalidad exige que cada país considere el impacto de sus acciones en relación con los demás, a fin de garantizar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, lo que, dada la complejidad y la fragmentación de las políticas de la Unión, representa un gran reto para la Unión;

L.  Considerando que, en el marco del séptimo programa de acción en materia de medio ambiente, la Comisión tiene que evaluar el impacto medioambiental, en un contexto mundial, del consumo de alimentos y de productos no alimentarios de la Unión;

M.  Considerando que la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo podría desempeñar un papel importante en los aspectos basados en pruebas de la supervisión y la rendición de cuentas en lo que respecta a los principios de eficacia para la consecución de los ODS y en el apoyo a su aplicación más plena por parte de todos los actores a nivel nacional; que la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo debe proporcionar canales claramente definidos para la cooperación entre los actores específicos del desarrollo más allá de los donantes de la OCDE, incluidos donantes emergentes, organizaciones de la sociedad civil, filántropos privados, entidades financieras y empresas privadas;

N.  Considerando que la financiación de los ODS plantea un enorme desafío que no solo requiere un gran compromiso político por parte de la Unión y de sus Estados miembros, sino también una asociación sólida a escala mundial y el uso de todo tipo de financiación (nacional, internacional, pública, privada, así como fuentes de financiación innovadoras); que la financiación privada es fundamental pero no debe sustituir a la financiación pública;

O.  Considerando que la consecución de los ODS no depende únicamente de una financiación suficiente, sino también de acciones no financieras, como se reconoce en la Agenda 2030;

P.  Considerando que la movilización eficaz de recursos internos es un factor indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030; que los países en desarrollo se ven especialmente afectados por la evasión y la elusión fiscales del impuesto sobre sociedades;

Q.  Considerando que el artículo 208 del TFUE establece que la política de cooperación para el desarrollo tendrá como objetivo principal la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza;

R.  Considerando que el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas se reunirá en una cumbre, bajo los auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de 2019, para hacer balance de la aplicación de la Agenda 2030 en su conjunto, revisando el progreso en todos los ODS de manera global, y también se reunirá a nivel ministerial, en julio de 2019, para examinar los avances en el ámbito de los ODS 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 10 (Reducción de las desigualdades), 13 (Acción por el clima), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos), y que, a partir de entonces, celebrará reuniones anuales para llevar a cabo revisiones de los progresos en los objetivos no examinados en el marco de la revisión temática de 2019;

S.  Considerando que la Cumbre de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los ODS ofrece una oportunidad para que la Unión y sus Estados miembros pongan de relieve sus avances en la promoción de la Agenda 2030 y de los ODS de manera global;

T.  Considerando que en el proceso de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 en las Naciones Unidas, la Unión no siempre ha estado unida en su comportamiento de voto, en particular en el ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

U.  Considerando que el Foro Político de Alto Nivel ofrece un espacio oportuno para que la Unión y sus Estados miembros revisen sus avances en la promoción de la Agenda 2030 a través de revisiones nacionales voluntarias y desempeñen un papel de liderazgo como mayor proveedor de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y como fuerza motora de las políticas en materia de sostenibilidad y medioambiente; que estas revisiones nacionales voluntarias sirven para evaluar los avances en relación con los ODS y señalar las lagunas y los retos actuales;

V.  Considerando que la AOD desempeñará un papel clave en la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular en los países de renta baja y en la lucha contra la pobreza y la desigualdad extremas, siempre y cuando respete los principios de eficacia del desarrollo, es decir, la apropiación por los países, la transparencia y la rendición de cuentas, la atención a los resultados y la inclusión;

W.  Considerando que el principio de «no dejar a nadie atrás» está en el centro de la Agenda 2030; que en 2017 alrededor del 22,5 % de la población de la Unión se encontraba en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social y el 6,9 % de su población seguía sufriendo graves privaciones materiales(13); que las desigualdades tienen múltiples consecuencias sociales, como grandes diferencias en el bienestar y la calidad de vida, en particular en lo que se refiere a las oportunidades profesionales y a la asistencia sanitaria;

X.  Considerando que existe un nivel persistentemente elevado de pobreza infantil y exclusión social en la Unión (26,4 % en 2017); que el pilar europeo de derechos sociales establece que los niños tienen derecho a la protección contra la pobreza y que los niños de entornos desfavorecidos tienen derecho a medidas específicas para mejorar la igualdad de oportunidades; que la inversión temprana en la infancia resulta en importantes beneficios para estos niños y para la sociedad en su conjunto y es crucial para romper el círculo vicioso de la desventaja en los primeros años;

Y.  Considerando que, en los últimos cinco años, la Unión ha avanzado en la consecución de casi todos los ODS; que siete de los veintisiete Estados miembros de la Unión se encuentran entre los diez primeros países en la clasificación del Índice Global de ODS, y que los veintisiete Estados miembros se encuentran entre los 50 primeros (de un total de 156)(14); que algunos Estados miembros ya están liderando la aplicación de los ODS; que, no obstante, la Unión sigue sin tener una estrategia de aplicación de los ODS;

Z.  Considerando que la elevada y creciente desigualdad entre los países y dentro de ellos puede suponer costes sociales y económicos considerables; que la desigualdad contradice claramente el objetivo de desarrollo sostenible;

AA.  Considerando que en una comunicación de la Comisión se mencionaba explícitamente la mejora de la legislación como otra forma para garantizar una mayor integración del desarrollo sostenible en las políticas de la Unión(15);

AB.  Considerando que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de julio de 2018, sobre la lucha contra el VIH/SIDA, la hepatitis vírica y la tuberculosis en la Unión Europea y los países vecinos (SWD(2018)0387) destaca las deficiencias y limitaciones de los datos de vigilancia de la hepatitis vírica, que dificultan la evaluación de la distancia que los Estados miembros de la Unión deben cubrir para alcanzar el objetivo del ODS;

AC.  Considerando que el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el Futuro de Europa (COM(2017)2025), no incluía el desarrollo sostenible ni la Agenda 2030 como visión o descripción del futuro de la Unión;

AD.  Considerando que el informe de Unicef titulado «Progreso para todos los niños en la era de los ODS», publicado en marzo de 2018, encontró una alarmante falta de datos en 64 países, así como un progreso insuficiente en la consecución de los ODS en otros 37 países; que más de 500 millones de niños viven en países que no pueden medir el progreso de los ODS;

AE.  Considerando que el trabajo decente es la base de un crecimiento justo e inclusivo y un motor del desarrollo y del progreso social; que, junto con la protección social para las personas que no pueden encontrar un empleo o que no pueden trabajar, aborda la desigualdad y ejerce una gran influencia en el progreso social y económico;

Liderazgo europeo para los valores universales en un marco multilateral para las personas, el planeta y la prosperidad

1.  Destaca que los complejos retos mundiales a los que se enfrenta el mundo requieren una respuesta holística e integrada que la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene el potencial de aportar;

2.  Destaca que el objetivo de la Agenda 2030 es lograr un mayor bienestar para todos, respetando los límites del planeta, y un mundo justo, sin dejar a nadie atrás, y que los cuatro pilares esenciales del desarrollo sostenible (social, medioambiental, económico y en materia de gobernanza) deben abordarse de manera global, a fin de lograr los ODS; subraya que el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión, tal como se establece en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y debe desempeñar un papel central en el debate sobre el futuro de Europa; destaca, además, que la aplicación de los ODS debe conducir a un cambio de paradigma y convertirse en el modelo económico global a largo plazo de la Unión para suceder a la actual Estrategia Europa 2020;

3.  Subraya que la aplicación de la Agenda 2030 está estrechamente vinculada a los valores e intereses europeos y representa una innovación importante que tiene el potencial de revitalizar el orden mundial basado en el multilateralismo y la cooperación internacional;

4.  Recuerda la necesidad de desglosar sistemáticamente los datos sobre todos los indicadores pertinentes de todos los objetivos y metas por sexo y otras características;

5.  Destaca que la Unión debe renovar su compromiso de encabezar a escala mundial la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS, junto con sus Estados miembros y las autoridades locales y regionales, en consonancia con el principio de subsidiariedad y en estrecha cooperación con sus socios internacionales; recuerda que el compromiso político de la Unión debe reflejarse en el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027; subraya que la Agenda 2030 debe catalizar aún más un enfoque coordinado entre la acción exterior e interior de la Unión y sus otras políticas y la coherencia entre los instrumentos de financiación de la Unión en favor de una respuesta global y un compromiso con el crecimiento y el desarrollo sostenibles;

6.  Insiste en que la aplicación de los ODS requiere una cooperación efectiva a escala de la Unión, nacional, regional y local, respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; destaca el importante papel de los consejos consultivos para el medio ambiente y el desarrollo sostenible en esta cooperación, y considera que debe reforzarse su participación a todos los niveles de gobernanza;

7.  Acoge con satisfacción que muchos Estados miembros y terceros países socios hayan realizado esfuerzos considerables para diseñar mecanismos y estrategias para aplicar los ODS e integrarlos en sus políticas y marcos de gobernanza; insta a los Estados miembros que aún no han desarrollado estos mecanismos a que lo hagan; subraya que la Unión, al ayudar y animar a terceros países a seguir acciones similares, contribuye a alcanzar la igualdad de condiciones; reconoce que siguen siendo necesarias nuevas mejoras a nivel de la Unión;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un enfoque horizontal de los ODS en sus políticas;

9.  Reconoce que en 2015 todos los países europeos, tanto Estados miembros como terceros países, se comprometieron con la Agenda 2030; considera que, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, debe tenerse en cuenta el desarrollo de un marco paneuropeo para la consecución de los ODS entre los Estados miembros de la Unión, el EEE, los firmantes de acuerdos de asociación con la Unión, los países candidatos a la Unión y, después de su salida, el Reino Unido; subraya la importancia de promover los debates parlamentarios a todos los niveles;

10.  Acoge con satisfacción el documento de reflexión de la Comisión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», que establece tres escenarios sobre cómo la Unión podría abordar los ODS; respalda el primer escenario, que propone una estrategia global para la aplicación de los ODS por parte de la Unión y los Estados miembros; considera que, en el contexto del futuro de Europa, una Europa sostenible es la vía para garantizar el bienestar y la prosperidad de sus ciudadanos y del planeta;

11.  Lamenta que la Comisión aún no haya desarrollado una estrategia de aplicación de los ODS integrada y holística;

12.  Subraya la importancia de la AOD como instrumento fundamental para erradicar la pobreza; recuerda los respectivos compromisos de la Unión y de los Estados miembros en materia de AOD, en particular el compromiso con el objetivo de destinar el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) a la AOD, y de destinar a los países menos desarrollados entre un 0,15 % y un 0,20 % de la RNB para AOD; pide a la Unión y a sus Estados miembros que renueven sin demora su compromiso con el objetivo de destinar el 0,7 % de la RNB a la AOD, y que aumenten gradualmente la AOD en aras de alcanzar ese objetivo siguiendo un calendario claramente definido; pide a los Estados miembros que establezcan planes de acción anuales verificables para alcanzar los objetivos individuales de la AOD; subraya, en vista de la responsabilidad de la Unión y de los Estados miembros de cumplir el objetivo del 0,7 % de la RNB para la AOD, que los Estados miembros son responsables tanto ante los Parlamentos nacionales como ante el Parlamento Europeo;

13.  Reconoce que deben protegerse los beneficios sanitarios y que el progreso debe acelerarse para alcanzar los ODS; afirma que, aunque el mundo ha logrado avances notables en varios aspectos relativos a la salud, aún quedan muchos desafíos, entre ellos, abordar las disparidades entre la salud de las poblaciones de países estables y de las que viven en entornos frágiles y vulnerables, así como las disparidades relativas a la salud dentro de los propios países;

14.  Reconoce que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha reforzado la salud mundial como prioridad política; afirma que para el desarrollo sostenible es fundamental que las poblaciones gocen de buena salud, para poner fin a la pobreza, promover sociedades pacíficas e inclusivas y proteger el medio ambiente; insiste en que la salud es también un resultado y un indicador del progreso que refleja el éxito de muchos objetivos y de la Agenda 2030 en su conjunto;

15.  Subraya que, en general, la Unión ha conseguido reducir sus propias emisiones de gases de efecto invernadero y desvincularlas del crecimiento económico, contribuyendo así firmemente al esfuerzo mundial, teniendo también en cuenta las emisiones incorporadas a las importaciones y exportaciones de la Unión(16); observa, no obstante, que se necesitan más esfuerzos tanto a nivel de la Unión como a nivel mundial;

Mejora de la acción estratégica y conjunta de la Unión para alanzar los objetivos globales

16.  Pide a la Comisión que establezca un análisis en profundidad de las lagunas de las políticas existentes y de su aplicación, con el fin de determinar las áreas críticas de sinergias e incoherencias; pide a la Comisión que identifique claramente, sin más demora, los pasos que deben seguirse antes de 2030 en lo que respecta a políticas y legislación, a estadísticas y recopilación de datos desglosados, y a gobernanza y ejecución, con el fin de establecer, para finales de 2019, una estrategia global para la consecución de la Agenda 2030;

17.  Insta a la Comisión a elaborar una estrategia ambiciosa, general y global para la aplicación de la Agenda 2030, que integre plenamente los ODS en las políticas y la gobernanza de la Unión, que proporcione orientación tanto a las instituciones de la Unión como a los Estados miembros en la aplicación, el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030, y que defina hojas de ruta detalladas, y objetivos y plazos concretos; pide a la Comisión que garantice que esta estrategia aborde las interrelaciones de los ODS;

18.  Pide a la Comisión que refuerce su colaboración con las Naciones Unidas y a los Estados miembros de la Unión que apoyen su reforma en curso, adaptando la aplicación de la Agenda 2030 a los objetivos;

19.  Recuerda que todos los ODS son relevantes para el cumplimiento de los derechos de los niños; subraya la importancia de aplicar las Directrices de la Unión para la promoción y protección de los derechos del niño en el contexto de las relaciones exteriores de la Unión; pide a la Comisión que supervise e informe sobre el progreso de los derechos del niño en los programas exteriores de la Unión;

20.  Pide a la Comisión, como base fundamental para la construcción de una Europa sostenible, que lidere el desarrollo de un modelo sostenible de producción y consumo de alimentos que proteja y elimine la presión de los sistemas alimentarios sobre la salud y el medio ambiente y aporte beneficios económicos a los agricultores, las empresas y los ciudadanos;

21.  Pide a la Comisión que trabaje, en colaboración con las principales partes interesadas a todos los niveles, para garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades, en particular con vistas a lograr que la asistencia sanitaria sea más accesible, asequible, eficaz y sostenible, abordando los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles de una manera más holística, intercambiando las mejores prácticas y reforzando la capacidad de prevenir y gestionar las amenazas para la salud mundiales, como la resistencia a los antimicrobianos;

22.  Pide a la Comisión que armonice las políticas, los enfoques y las metodologías programáticas, financieras y operacionales en los casos en que pueda aumentar la eficiencia y la eficacia, con las Naciones Unidas y sus socios, a fin de mejorar la eficacia en una serie de prioridades comunes, como la igualdad de género, la salud reproductiva, la salud de las madres, los recién nacidos, los niños y los adolescentes, el cambio climático y el medio ambiente, y la lucha contra las desigualdades y la pobreza;

23.  Subraya que garantizar la justicia y la transparencia fiscales, luchar contra la evasión y la elusión fiscales, erradicar los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales, y aumentar la movilización de los recursos internos es crucial para financiar la Agenda 2030; reitera su llamamiento para que se evalúe el impacto indirecto de las políticas fiscales nacionales y de la Unión en los países en desarrollo, garantizando la coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

24.  Subraya la importancia de abordar las desigualdades sociales y económicas y de promover la igualdad de género en la Unión y en todo el mundo; recuerda el principio subyacente de la Agenda 2030 de «no dejar a nadie atrás»; pide, por tanto, a la Comisión que preste especial atención a los grupos más marginados y vulnerables de la sociedad, garantizando una plena integración;

25.  Pide a la Comisión que promueva cadenas de valor mundiales sostenibles con la introducción de sistemas de diligencia debida para las empresas centrados en sus cadenas completas de suministro, lo que animaría a las empresas a invertir de manera más responsable y estimularían una aplicación más eficaz de los capítulos de sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio, en particular en materia de lucha contra la corrupción, transparencia, lucha contra la evasión fiscal y buena conducta empresarial;

26.  Considera que los ODS deben ocupar una posición central en la estrategia de la Unión para el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo; subraya la necesidad de establecer claramente indicadores, valores de referencia y objetivos comunes, analizar los esfuerzos que aún hacen falta para alcanzar las metas y los objetivos, y determinar las acciones y los medios de aplicación necesarios para alcanzarlos; destaca que la estrategia 2030 de la Unión debe indicar también cuándo y cómo llevará a cabo la Unión evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad para abordar las lagunas existentes, reorientar las políticas actuales y desarrollar nuevas propuestas legislativas o revisiones de la legislación de la Unión, garantizando al mismo tiempo la coherencia y la coordinación tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión y al Consejo, en todas sus formaciones, que prosigan esta labor sin demora;

27.  Considera que el Semestre Europeo debe contar con la participación del Parlamento y debe ajustarse a la Agenda 2030, y que se ha de incluir un control de la sostenibilidad en el proceso; pide, por tanto, a la Comisión que adapte en mayor medida el actual proceso del Semestre Europeo; subraya que para ello sería necesario, en particular, que el Semestre Europeo tenga en cuenta todas las dimensiones de los ODS de manera global;

28.  Insta a la Comisión a desarrollar una estrategia global para apoyar la inversión que mejore la sostenibilidad medioambiental y que garantice un vínculo adecuado entre los ODS y el Semestre Europeo;

29.  Destaca la necesidad de determinar claramente las medidas que deben adoptarse en cada nivel de gobernanza para la aplicación de las metas y los objetivos, siguiendo el principio de subsidiariedad; pide el establecimiento de vías de desarrollo sostenible claras y coherentes al nivel adecuado (nacional, regional o local) en aquellos Estados miembros que no lo hayan hecho ya; subraya que la Comisión debe orientar este proceso a fin de garantizar un enfoque coherente; pide un enfoque multinivel con el fin de crear una mejor comprensión, un alto grado de compromiso y una responsabilidad compartida en torno a la aplicación de los ODS;

30.  Acoge con satisfacción la publicación del segundo informe de seguimiento de Eurostat sobre el desarrollo sostenible en la Unión, que representa un paso adelante hacia la creación de un auténtico mecanismo de seguimiento de la Unión;

31.  Subraya la necesidad de que la Comisión desarrolle un marco de supervisión, rendición de cuentas y revisión integrado, eficaz y participativo para la aplicación y la integración de los ODS y de la Agenda 2030, que sea coherente con el Marco de Indicadores Globales de las Naciones Unidas y que recopile información y datos desglosados pertinentes a nivel nacional y subnacional, reconociendo al mismo tiempo que Eurostat no puede captar por sí solo todas las dimensiones del avance en los ODS; subraya la necesidad de tener en cuenta los efectos indirectos y el carácter interdependiente e indivisible de los objetivos y pide que se encargue a Eurostat que también informe sistemáticamente sobre los resultados de los ODS para todos y cada uno de los Estados miembros, sobre la base de un conjunto uniforme de indicadores;

32.  Destaca la necesidad de una amplia gama de indicadores que no sean de carácter puramente económico y que reflejen el carácter transformador de los ODS, en particular por lo que se refiere a la lucha contra la pobreza en todas sus formas, y que deben medirse a través de datos desglosados que sean pertinentes para la consecución de los ODS; subraya la necesidad de que Eurostat establezca un conjunto de indicadores de progreso específicos para la aplicación interna de los ODS en la Unión en sus niveles de gobernanza respectivos;

33.  Recuerda el papel clave de la Unión en la mejora de las normas de transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad de las cadenas de valor mundiales; subraya que la Unión es una potencia normativa y económica y que, por tanto, debe erigirse como líder en las buenas prácticas y el establecimiento de normas mundiales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las negociaciones para un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos;

34.  Pide a los Estados miembros de la Unión que proporcionen datos para el control efectivo de la hepatitis vírica conforme a los indicadores establecidos por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y pide a la Comisión Europea que supervise de cerca este proceso de acuerdo con el compromiso asumido en su Comunicación titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible», de noviembre de 2016;

35.  Subraya la importancia de aumentar la concienciación sobre el potencial transformador de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos; recuerda la necesidad de comprometerse con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en todos los procesos de ejecución y supervisión; destaca el importante papel desempeñado por el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

36.  Destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas democrática en la supervisión de los progresos de la Agenda 2030 y, en consecuencia, pone de relieve el papel de los colegisladores en este proceso; considera que la celebración de un acuerdo interinstitucional vinculante en virtud del artículo 295 del TFUE proporcionaría un acuerdo de cooperación adecuado a este respecto;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen mejorando la información disponible y la conciencia ciudadana sobre la necesidad de llevar a término la Agenda 2030;

38.  Destaca que el MFP debe orientarse hacia la Agenda 2030 y garantizar una mejor integración del desarrollo sostenible en todos sus mecanismos de financiación y líneas presupuestarias; pide, por tanto, a la Comisión que mejore la rendición de cuentas en la obtención de resultados colectivos a través de su MFP; reitera su posición sobre el futuro MFP, que requiere una revisión intermedia obligatoria tras una revisión del funcionamiento del MFP y teniendo en cuenta una evaluación de los avances realizados en relación con los ODS; subraya la necesidad de comprobar las dotaciones financieras previstas de las políticas existentes para garantizar la coherencia con el desarrollo sostenible;

39.  Considera que es necesaria una aceleración significativa de la inversión, la innovación y el crecimiento ecológicos en la Unión para la aplicación oportuna y satisfactoria de la Agenda 2030 y subraya la importancia de un mayor uso de instrumentos de financiación innovadores y existentes, como la contratación pública ecológica, así como la necesidad urgente de adoptar diferentes enfoques de la política de inversión actual, en particular la supresión gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente;

40.  Acoge con satisfacción la creciente cantidad de capital institucional y privado asignado a la financiación de los ODS y subraya la importancia de un marco financiero sostenible sólido, que incluya una calibración de los requisitos de capital de los bancos y un tratamiento prudencial de los activos con alta emisión de carbono, normas cautelares para las compañías de seguros y una actualización de las obligaciones de los inversores institucionales y de los gestores de activos;

Coherencia de las políticas, coordinación e integración de los ODS

41.  Subraya la importancia de una mejor coordinación y cooperación entre los órganos decisorios, las diferentes organizaciones y las partes interesadas pertinentes, incluidas administraciones locales y organizaciones de la sociedad civil, a fin de aplicar la Agenda 2030 y lograr una mayor coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible (CPDS);

42.  Acoge con satisfacción la adopción del informe de la Comisión de 2019 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) y el intento de integrar mejor la CPD en el enfoque de la Unión para la aplicación de los ODS; recuerda que la CPD es un principio establecido en el artículo 208 del TFUE y que también es fundamental para la consecución de los ODS;

43.  Reconoce los avances realizados por los instrumentos de la CPD para influir en la elaboración de las políticas de la Unión; pide que se redoblen los esfuerzos para asegurarse de que las políticas que no son de desarrollo tengan en cuenta los objetivos de desarrollo como resultado de los mecanismos de CPD;

44.  Subraya que la CPD constituye un elemento fundamental y una contribución a la CPDS; recomienda encarecidamente que las buenas prácticas y las lecciones sacadas de la CPD se apliquen en el desarrollo y el funcionamiento futuros de la CPDS;

45.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reafirmen su compromiso con la CPD como contribución importante para lograr una mayor CPDS en sus actuaciones para la aplicación de la Agenda 2030; hace hincapié en la necesidad de mejorar los mecanismos de coherencia de las políticas en el seno de todas las instituciones de la Unión y en los procesos de formulación de sus políticas y de garantizar que el principio se respete adecuadamente en la evaluaciones de impacto ex ante periódicas y mediante la introducción de mecanismos adecuados de rendición de cuentas y mitigación;

46.  Opina que la CPDS significa que todas las políticas pertinentes y todos los instrumentos financieros y no financieros a escala de la Unión deben diseñarse, aplicarse y supervisarse en el futuro con vistas a alcanzar ODS de las Naciones Unidas, y que, por lo tanto, la Comisión debe desarrollar rápidamente las capacidades políticas necesarias a todos los niveles;

47.  Insta a la Comisión a que adopte un plan de acción de seguimiento en consonancia con las recomendaciones de la evaluación externa de la CPD en la que se pide la adopción de un conjunto claro de normas para la aplicación del concepto; reitera su llamamiento para que se definan claramente las responsabilidades de cada institución de la Unión en el cumplimiento de los compromisos de CPD;

48.  Reitera su petición de que la CPD se debata a nivel del Consejo Europeo con el fin de dar un impulso a la aplicación de sus mecanismos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; considera que, como se ha señalado en la evaluación externa de la CPD, solo con voluntad política por parte de la Unión se producirá un impacto significativo en la promoción y la eficiencia del enfoque de la CPD;

49.  Destaca la necesidad, habida cuenta del compromiso jurídico de promover la CPD expresado en el artículo 208 del TFUE, de que la Unión entable un diálogo proactivo con los países y regiones en desarrollo para debatir y considerar las principales iniciativas políticas que puedan afectarles;

50.  Subraya que la Unión ya cuenta con unas normas medioambientales que se encuentran entre las más estrictas del mundo, y que sus empresas están a la vanguardia en comparación con sus competidores mundiales, razón por la cual también se considera que la Unión es un baluarte de la libertad y la democracia, con instituciones estables basadas en el Estado de Derecho y una sociedad civil dinámica; considera que la Unión podría, por tanto, decidir promover con mayor firmeza sus actuales normas medioambientales, sociales y de gobernanza;

51.  Celebra la creación de un grupo de trabajo sobre la Agenda 2030 en el Consejo de Asuntos Generales; pide la creación de mecanismos de coordinación y cooperación sobre los ODS en el Parlamento, el Consejo y la Comisión, así como entre ellos, para garantizar la coherencia de las políticas; subraya que dichos mecanismos deben estar claramente enmarcados y definidos en un acuerdo interinstitucional para una Europa sostenible de aquí a 2030, ya que los procesos políticos coherentes entre las tres instituciones serán fundamentales para el éxito de la aplicación de la Agenda 2030; pide la participación de las tres instituciones en el trabajo futuro de la plataforma multilateral sobre los ODS y destaca la importancia de incluir en esta plataforma a todos los agentes pertinentes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil;

52.  Considera que, en consonancia con el ODS 17 sobre las alianzas, el papel de la actual plataforma multilateral sobre los ODS debe actualizarse y convertirse en un marco de consulta formal e interinstitucional;

53.  Destaca el papel de la cooperación para el desarrollo en el apoyo a la aplicación de la Agenda 2030 en los países en desarrollo; acoge con satisfacción la integración de los ODS en el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo; recuerda que la erradicación de la pobreza (ODS 1) debe seguir siendo el objetivo principal de la cooperación de la Unión para el desarrollo; recuerda que el ODS 1 y el ODS 2 están intrínsecamente relacionados; reitera que, a pesar de los progresos realizados, es poco probable que el ritmo y el alcance actuales de la aplicación promuevan el cambio transformador necesario para alcanzar los objetivos del ODS 2; pide que se redoblen los esfuerzos para dar seguimiento a las recomendaciones del examen temático del ODS 2 del Foro Político de Alto Nivel de 2017;

54.  Reitera su llamamiento para que se integre el cumplimiento de los ODS en todas los ámbitos políticos; se felicita por el compromiso de la Comisión de integrar los ODS en su Programa de Mejora de la Legislación y subraya el potencial del uso estratégico de los instrumentos de mejora de la legislación en las evaluaciones independientes de la Comisión sobre la coherencia de las políticas de la Unión para la Agenda 2030 y su política de cooperación para el desarrollo; pide a la Comisión que revise rápidamente las directrices del Programa de Mejora de la Legislación y que siga reforzando y supervisando sus evaluaciones ex ante periódicas para garantizar la plena coherencia de las políticas en la ejecución de los ODS, promoviendo a la vez sinergias, aprovechando los beneficios secundarios y evitando compromisos, tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros;

55.  Pide una coordinación entre comisiones en el Parlamento, con el fin de supervisar y realizar un seguimiento de la aplicación por parte de la Unión de los compromisos que figuran en la Agenda 2030;

56.  Pide a la Conferencia de Presidentes y a la Conferencia de Presidentes de Comisión del Parlamento Europeo que evalúen la idoneidad de la estructura actual del Parlamento con vistas a garantizar su capacidad para supervisar de manera eficaz y exhaustiva en todos los sectores políticos los trabajos encaminados a la consecución de los ODS en las políticas internas y externas de la Unión;

57.  Pide al Parlamento, a la Comisión y al Consejo que trabajen en favor de una declaración conjunta sobre la sostenibilidad, anclando los ODS entre las prioridades interinstitucionales plurianuales de la próxima legislatura;

58.  Hace hincapié en el papel de la realización de evaluaciones de impacto ex ante periódicas y adecuadas, así como de evaluaciones ex post, para garantizar una mejor integración de la Agenda 2030 y la producción de resultados; subraya la importancia de evaluar las consecuencias a corto y largo plazo de las políticas y su posible contribución al desarrollo sostenible; recuerda la obligación contemplada en el Tratado de tener en cuenta los objetivos de cooperación para el desarrollo en todas las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo;

59.  Recuerda la gran importancia de la movilización de recursos internos para los países en desarrollo con el fin de alcanzar los ODS; destaca que el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCED) titulado «Informe sobre las inversiones en el mundo 2015 — Reforma de la gobernanza internacional en materia de inversiones»(17) calcula que los países en desarrollo pierden al menos 100 000 millones de dólares al año en ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades debido a la elusión fiscal por parte de las grandes empresas; acoge con satisfacción, en este sentido, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 15 de octubre de 2015, titulado «Collect More – Spend Better: Achieving Development in an Inclusive and Sustainable Way» (Recaudar más – Gastar mejor: alcanzar el desarrollo de forma inclusiva y sostenible, SWD(2015)0198) y destinado a abordar esta cuestión; lamenta, no obstante, que no se hayan adoptado medidas concretas para garantizar la aplicación de la estrategia de la Comisión mencionada anteriormente; pide a la Comisión que proponga un programa emblemático sobre la movilización de recursos internos para garantizar la recaudación de más ingresos fiscales y permitir la financiación de los ODS;

60.  Insiste en la necesidad de fortalecer a los actores locales como agentes del desarrollo sostenible y pide una mayor participación de los parlamentos nacionales y de las autoridades regionales y locales en todas las etapas de la aplicación de los ODS, desde la planificación y la programación hasta la evaluación y el seguimiento; pide, además, a la Comisión que refuerce su apoyo a las ciudades y a las administraciones locales para que desarrollen, apliquen y supervisen iniciativas y estrategias políticas eficaces para alcanzar los ODS;

61.  Acoge con satisfacción la creciente participación del sector privado para ayudar a alcanzar los ODS; destaca la importancia de crear un entorno que facilite nuevas iniciativas y asociaciones entre los sectores público y privado, y que anime a las empresas a armonizar sus estrategias empresariales con los objetivos de desarrollo sostenible;

62.  Recuerda que las Naciones Unidas estiman que se necesitan inversiones de entre 5 y 7 billones de dólares anuales para alcanzar los ODS; insiste, por tanto, en la necesidad de movilizar las inversiones y acoge con satisfacción el potencial del Plan de Inversiones Exteriores de la UE a este respecto;

Revisiones nacionales voluntarias e informes de la Unión para el Foro Político de Alto Nivel de 2019 de la Asamblea General de las Naciones Unidas

63.  Anima a los Estados miembros a que lleven a cabo revisiones periódicas e integradoras de los avances, y anima a los Estados miembros que aún no se hayan comprometido a realizar una revisión nacional voluntaria a que lo hagan de conformidad con la Agenda 2030, y a los Estados miembros que ya hayan presentado una revisión nacional voluntaria a que establezcan un calendario para las futuras revisiones nacionales voluntarias periódicas;

64.  Pide a la Comisión que realice un análisis periódico de las revisiones nacionales voluntarias de los Estados miembros con el fin de evaluar sus progresos y buenas prácticas; pide asimismo un análisis de las revisiones nacionales voluntarias de los países menos desarrollados para identificar las necesidades, colmar las lagunas y mejorar el apoyo y la cooperación, y una estrecha cooperación con la OCDE en el desarrollo de mecanismos de revisión inter pares para llevar a buen término estrategias de aplicación de los ODS y la adopción de medidas en el ámbito de las políticas internas y externas, así como para mejorar el intercambio de buenas prácticas y un seguimiento de los efectos indirectos negativos;

65.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión a que amplíen la programación conjunta y la ejecución conjunta de la cooperación al desarrollo, sobre la base de los diálogos políticos de los ODS con los países socios, los planes nacionales de desarrollo y las revisiones nacionales voluntarias, teniendo debidamente en cuenta su apropiación por los países y otros principios de la eficacia del desarrollo;

66.  Destaca el papel del Foro Político de Alto Nivel en el seguimiento y la revisión de los ODS; apoya firmemente el compromiso de la Unión de completar una revisión voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel; pide a la Comisión que respete el papel de liderazgo de la Unión en el diseño y la aplicación de la Agenda 2030 y que presente un informe global conjunto sobre todos los ODS; subraya que la información de la Unión, incluido el próximo Informe de síntesis conjunto sobre el apoyo de la Unión a los países en desarrollo, debe incluir un análisis de la situación y las deficiencias y lagunas actuales;

67.  Pide a la Comisión que se posicione como un modelo a seguir en el proceso del Foro Político de Alto Nivel; invita a la Comisión a que colabore con terceros países para avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030, incluso a través de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa;

68.  Pide que se organice un foro europeo anual de los ODS, en preparación del Foro Político de Alto Nivel, para permitir la participación y el diálogo entre las partes interesadas externas y las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentarios sobre la aplicación de los ODS;

69.  Acoge con satisfacción la reunión del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en una cumbre, que tuvo lugar bajo los auspicios de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, y posteriormente en futuras cumbres, como una oportunidad para hacer balance de la aplicación de la Agenda 2030 en su conjunto y espera que la Unión desempeñe un papel de liderazgo en la cumbre; observa que los progresos realizados por los Estados miembros varían, dependiendo, entre otros factores, del ODS en cuestión y de los objetivos y metas nacionales prioritarios; subraya que los ODS están estrechamente interrelacionados y que debe perseguirse un enfoque sistémico integrado y global para su aplicación;

Atención a los ODS en la próxima revisión en profundidad en el Foro Político de Alto Nivel de 2019

70.  Acoge con satisfacción la próxima revisión en profundidad de los ODS 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 10 (Reducción de las desigualdades), 13 (Acción por el clima), 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) y 17 (Alianzas para lograr los objetivos), y espera que la Unión contribuya de forma general a su revisión completa; espera con interés futuras revisiones exhaustivas de todos los demás ODS en los próximos años, subrayando al mismo tiempo la indivisibilidad de la Agenda 2030 y la interconexión de los objetivos;

71.  Reitera que la educación de calidad y el acceso a la educación primaria para todos (ODS 4) son esenciales para lograr un desarrollo sostenible y sociedades autónomas, así como para garantizar la capacitación y la empleabilidad de los jóvenes; reconoce que la educación de calidad es un ámbito de gran interés en muchos Estados miembros y destaca que la formación técnica y profesional son esenciales para la empleabilidad de los jóvenes y su acceso a puestos de trabajo cualificados; lamenta, sin embargo, que las disparidades en la educación en función de las diferencias entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres, sigan prevaleciendo tanto dentro y fuera de la Unión; pide, por tanto, más inversiones para mejorar la calidad de la educación y las infraestructuras correspondientes, con especial atención a las regiones menos desarrolladas en el interior y a los países menos desarrollados en el exterior;

72.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden de manera más sistemática los objetivos del ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) en el marco de sus políticas de cooperación al desarrollo y de su programación (conjunta); pide que se realicen nuevas contribuciones para lograr el ODS 8, desde la mejora de las capacidades productivas, la generación de ingresos, la industrialización, el consumo sostenible y los patrones de producción hasta el comercio, el desarrollo del sector privado, los entornos empresariales, las infraestructuras y el turismo;

73.  Reconoce el papel de las microempresas, las pymes, las cooperativas, los modelos empresariales integradores y los institutos de investigación como motores del crecimiento, del empleo y de la innovación local; pide que se fomenten unas condiciones de competencia equitativas para la inversión sostenible, la industrialización y la actividad empresarial, incluidas una conducta empresarial responsable, financiación y fiscalidad, ciencia, tecnología e investigación e innovación, con el fin de estimular y acelerar el desarrollo interno económico y humano y contribuir al crecimiento sostenible a largo plazo, en consonancia con los ODS y el Acuerdo de París; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aparición de nuevos modelos empresariales y aprovechen las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial;

74.  Subraya el papel fundamental del sector privado para avanzar hacia los ODS, en particular en relación con inversiones responsables y sostenibles y el aumento del crecimiento inclusivo, así como promoviendo y comprometiéndose con una conducta empresarial responsable; destaca, en este sentido, la necesidad de marcos políticos favorables a la inversión, incluidos indicadores de resultados en materia de sostenibilidad y requisitos que permitan la integración de los riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión y el Estado de Derecho;

75.  Reconoce que los centros de investigación, desarrollo e innovación de la Unión son importantes para apoyar estructuras de desarrollo sostenible; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan vínculos más estrechos entre la investigación y las empresas, de modo que se permita el intercambio de buenas prácticas y estimular la innovación; subraya que la financiación de la investigación y la innovación debe complementarse con un enfoque estratégico de la inversión que permita que las soluciones innovadoras lleguen al mercado, ya que a menudo requieren inversiones que requieren mucho capital y de alto riesgo;

76.  Pide al Consejo que tenga en cuenta los ODS a la hora de desarrollar su posición sobre el futuro FSE+ y la asignación de las dotaciones financieras necesarias; subraya que el éxito de los ODS en la Unión depende de políticas ambiciosas respaldadas por recursos suficientes;

77.  Lamenta que sigan existiendo diferencias notables en los avances realizados por los Estados miembros en la consecución del ODS 10 en lo que se refiere a la reducción de las desigualdades de ingresos y de las basadas en la edad, el sexo, la discapacidad, la etnia, el origen, la religión, la situación económica y otros factores que pueden mejorar la cohesión social, y que las desigualdades persistan y aumenten dentro de los países y entre ellos, tanto dentro como fuera de la Unión; pide que se acelere el progreso hacia la reducción de las crecientes disparidades y la promoción de la igualdad de oportunidades para todos, ayudando directamente a los grupos vulnerables y a los más necesitados, con el fin de lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible, así como el desarrollo humano; Pide a la Comisión que incluya, entre otras cosas, criterios mejorados sobre desigualdad económica en su revisión del ODS 10;

78.  Reconoce que la Unión y todos sus Estados miembros han firmado y ratificado el Acuerdo de París y que la mayoría de los Estados miembros mencionan el Acuerdo de París como un pilar clave de sus políticas de cooperación internacional junto con la Agenda 2030, mientras que algunos han dado prioridad al objetivo de luchar contra el cambio climático y sus repercusiones (ODS 13); pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen estrategias y actividades de comunicación con el fin de aumentar el apoyo público y político para la lucha contra el cambio climático y para aumentar la concienciación sobre los beneficios secundarios de la lucha contra el cambio climático, como la mejora de la calidad del aire y la salud pública, la conservación de los recursos naturales, el crecimiento económico y el aumento del empleo, el aumento de la seguridad energética y la reducción de los costes de las importaciones de energía;

79.  Pide que la Agenda 2030 se aplique en su totalidad y de modo coordinado y coherente con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, también en lo relativo a la necesidad de subsanar con carácter urgente las lagunas existentes entre las medidas necesarias para limitar el calentamiento global y para redoblar los esfuerzos para la adaptación y su financiación; recuerda el compromiso contraído por la Unión de dedicar al menos el 20 % de su presupuesto correspondiente al período 2014-2020, unos 180 000 millones de euros, para luchar contra el cambio climático, también a través de su política exterior y de cooperación al desarrollo;

80.  Lamenta que, a pesar de las pruebas científicas claras y exhaustivas presentadas por el informe especial del GIECC sobre el calentamiento global de 1,5 °C, que detalla los efectos perjudiciales de dicho aumento de la temperatura y la diferencia significativa en la gravedad con los relacionados con un aumento de 2° C, algunas Partes en el Acuerdo de París no hayan aumentado aún su ambición en materia de protección del clima; acoge con satisfacción la colaboración internacional sobre el comercio de derechos de emisión y la vinculación de los mercados de carbono de terceros países y los regionales; pide a la Unión que fomente el establecimiento de sistemas de reducción de emisiones basados en el mercado en las economías emergentes y en los países en desarrollo; observa que esto servirá para reducir las emisiones globales, producir ahorros de costes y eficiencias operativas, y limitar el riesgo de fuga de carbono mediante la creación de unas condiciones de competencia equitativas a escala mundial;

81.  Subraya la necesidad mundial de mitigar el cambio climático y adaptarse y hace hincapié en el papel fundamental que desempeñan los países en desarrollo en el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Adís Abeba, así como la urgente necesidad de ayudar a estos países a conseguir sus contribuciones determinadas a nivel nacional; acoge con satisfacción, a este respecto, que luchar contra el cambio climático sea un una prioridad para el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), creado recientemente con el fin de movilizar las inversiones de los sectores público y privado en los países socios de África y en el vecindario de la Unión;

82.  Subraya que la Unión debe seguir su camino de transición a una economía hipocarbónica, neutra desde el punto de vista climático, eficiente en el uso de los recursos y con diversidad biológica que cumpla plenamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 ODS, a fin de reducir las tendencias insostenibles de la sobreexplotación de los recursos naturales, así como la pérdida de biodiversidad causada por modelos de consumo y producción insostenibles; destaca la importancia de que la Unión intensifique sus iniciativas destinadas a promover un consumo y una producción responsables y sostenibles, a la vez que desempeña un papel de liderazgo en el trabajo hacia una economía circular;

83.  Reitera los valores universales de la democracia, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y los derechos humanos como condiciones previas para el desarrollo sostenible, tal como se define en el ODS 16 (sociedades pacíficas e inclusivas); lamenta profundamente, sin embargo, que a nivel mundial sigan prevaleciendo los conflictos armados y la violencia; expresa su preocupación por la falta de progresos en la mejora del Estado de Derecho y el acceso a la justicia en muchos países; recuerda el compromiso de la Unión y de los Estados miembros, expresado en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de adoptar un enfoque global de los conflictos y las crisis, centrado en la fragilidad y la seguridad humana, al tiempo que reconoce el nexo entre el desarrollo sostenible, la acción humanitaria, la paz y la seguridad y la atención especial a los Estados frágiles y afectados por conflictos; hace hincapié en que el objetivo de unas sociedades pacíficas e inclusivas, que incluyan el acceso a la justicia para todos, debería integrarse en la acción exterior de la Unión que, mediante el apoyo a las partes interesadas locales, puede ayudar a generar resiliencia, promover la seguridad humana, reforzar el Estado de Derecho y aborde los complejos retos de la inseguridad, la fragilidad y la transición democrática;

84.  Subraya que la lucha contra las desigualdades dentro de los países y entre ellos, la eliminación de la discriminación y la promoción de la paz, la democracia participativa, la buena gobernanza, el Estado de Derecho y los derechos humanos deben ser objetivos transversales a la política de desarrollo de la Unión;

85.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Unión por maximizar la coherencia y crear sinergias entre las diferentes políticas a fin de reforzar los medios de aplicación y revitalizar la cooperación mundial para el desarrollo sostenible;

86.  Insiste en que la educación inclusiva y equitativa, la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas especialmente importantes para la aplicación de los ODS y reconoce la necesidad de mejorar la gobernanza en este sector; lamenta que la contribución potencial de la comunidad científica no se haya extendido plenamente hasta la fecha; destaca la necesidad de que Horizonte 2020 y los futuros programas marco de investigación integren mejor el concepto de desarrollo sostenible y los desafíos sociales; recuerda la necesidad de facilitar mecanismos significativos de transferencia de tecnología a los países en desarrollo;

87.  Pide a la Comisión que añada datos relacionados con los ODS a los conjuntos de datos de alto valor definidos en la Directiva sobre datos abiertos e información del sector público y que anime a los Estados miembros a que publiquen todos los informes sobre los ODS bajo una licencia gratuita;

88.  Subraya la importancia de utilizar plenamente los programas e instrumentos de la Unión existentes y futuros, como los programas Horizonte y LIFE, que permiten la participación de terceros países en los ámbitos de la energía, el cambio climático y el desarrollo sostenible;

89.  Pide un presupuesto de la Unión que otorgue al desarrollo sostenible el estatus de objetivo principal; recuerda que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal es una cuestión de desarrollo solidario;

90.  Subraya que la consecución de los ODS en los ámbitos de la alimentación, la agricultura, la energía, los materiales, las ciudades y la salud y el bienestar podría abrir oportunidades de mercado por valor de más de 10 billones de euros(18); subraya, no obstante, que para cumplir la ambición de la Unión de lograr una economía eficiente en el uso de los recursos, la Unión y sus Estados miembros deben liderar el camino de la ciencia, la tecnología y las infraestructuras modernas;

91.  Destaca que, dada la creciente complejidad y globalización de las cadenas de suministro, es importante promover la aplicación de normas de sostenibilidad elevadas, también en terceros países;

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92.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la OCDE y a las Naciones Unidas.

(1) DO C 210 de 30.6.2017, p. 1.
(2) Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
(3) DO C 353 de 27.9.2016, p. 2.
(4) DO C 76 de 28.2.2018, p. 45.
(5) DO C 86 de 6.3.2018, p. 2.
(6) DO C 224 de 27.6.2018, p. 36.
(7) DO C 334 de 19.9.2018, p. 151.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0077.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0279.
(10) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5927_en.htm
(11) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5882_en.htm
(12) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-5870_en.htm
(13) Eurostat 2017, datos del 16 de octubre de 2018.
(14) Documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», página 7. (https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf).
(15) Comunicación de la Comisión titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible – Acción europea para la sostenibilidad» (COM(2016)0739).
(16) Análisis en profundidad que respalda la Comunicación de la Comisión titulada «Un planeta limpio para todos – La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra» (COM(2018)0773).
(17) http://unctad.org/en/PublicationChapters/wir2015ch0_KeyMessage_en.pdf
(18) Informe de la Comisión sobre Empresas y Desarrollo Sostenible: Better Business, Better World (Una mejor actividad empresarial y un mundo mejor), enero de 2017.

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