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Textos aprobados
Jueves 28 de marzo de 2019 - Estrasburgo 
Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo) ***I
 Calidad de las aguas destinadas al consumo humano ***I
 Aumento de la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración ***I
 Ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión ***I
 Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027) ***I
 Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte ***I
 Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles ***I
 Estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2020 – Sección I – Parlamento Europeo
 Situación de emergencia en Venezuela
 Situación del Estado de Derecho y lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia
 Evolución reciente del escándalo del «Dieselgate»
 Decisión por la que se crea un Fondo Europeo de Apoyo a la Paz

Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo) ***I
PDF 118kWORD 43k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Kosovo*) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD))
P8_TA(2019)0319A8-0261/2016

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Calidad de las aguas destinadas al consumo humano ***I
PDF 379kWORD 117k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) (COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD))
P8_TA-PROV(2019)0320A8-0288/2018

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0753),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0019/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Diputados checa, el Parlamento irlandés, el Consejo Federal austriaco y la Cámara de los Comunes del Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de julio de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 16 de mayo de 2018(2),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos (3),

–  Vista la carta dirigida el 18 de mayo de 2018 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0288/2018),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en ella, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(4), teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmiendas 161, 187, 206 y 213
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  La Directiva 98/83/CE establece el marco legal para proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. La presente Directiva debe perseguir el mismo objetivo. A tal efecto, se hace necesario el establecimiento a escala de la Unión de los requisitos mínimos que deben cumplir las aguas destinadas a este fin. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano están libres de todo tipo de microorganismos y parásitos y de sustancias que, en determinados casos, representan un posible peligro para la salud humana, así como para garantizar que estas aguas cumplen tales requisitos mínimos.
(2)  La Directiva 98/83/CE establece el marco legal para proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza. La presente Directiva debe perseguir el mismo objetivo y promover el acceso universal a las aguas destinadas al consumo humano para todos en la Unión. A tal efecto, se hace necesario el establecimiento a escala de la Unión de los requisitos mínimos que deben cumplir las aguas destinadas a este fin. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que las aguas destinadas al consumo humano están libres de todo tipo de microorganismos y parásitos y de sustancias que, en determinados casos, representan un posible peligro para la salud humana, así como para garantizar que estas aguas cumplen tales requisitos mínimos.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)   En consonancia con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular», la presente Directiva debe tratar de fomentar la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos hídricos, cumpliendo así los objetivos de la economía circular.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)
(2 ter)   El derecho humano al agua y al saneamiento fue reconocido como un derecho humano por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio de 2010, razón por la cual el acceso al agua potable limpia no debe restringirse aunque el usuario final no pueda pagarla.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)
(2 quater)   Es necesario que exista una coherencia entre la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis y la presente Directiva.
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1 bis Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 2 quinquies (nuevo)
(2 quinquies)   Los requisitos establecidos en la presente Directiva deben reflejar la situación y las condiciones nacionales de los distribuidores de agua en los Estados miembros.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las aguas minerales naturales y las aguas que son productos medicinales, pues estos tipos de aguas ya están regulados, respectivamente, por la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo68 y por la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo69. No obstante, la Directiva 2009/54/CE comprende tanto las aguas minerales naturales como las aguas de manantial, y únicamente la primera categoría debe quedar excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2009/54/CE, las aguas de manantial han de cumplir las disposiciones de la presente Directiva. En el caso de las aguas destinadas al consumo humano que se envasen en botellas u otros recipientes para su venta o para su uso en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos, estas deben ajustarse a las disposiciones de la presente Directiva hasta el punto de cumplimiento (esto es, el grifo), a partir del que pasan a considerarse alimentos, de conformidad con el artículo 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo70.
(3)  Es necesario excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las aguas minerales naturales y las aguas que son productos medicinales, pues estos tipos de aguas ya están regulados, respectivamente, por la Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo68 y por la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo69. No obstante, la Directiva 2009/54/CE comprende tanto las aguas minerales naturales como las aguas de manantial, y únicamente la primera categoría debe quedar excluida del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Según lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2009/54/CE, las aguas de manantial han de cumplir las disposiciones de la presente Directiva. No obstante, dicha obligación no debe extenderse a los parámetros microbiológicos que figuran en el anexo I, parte A, de la presente Directiva. En el caso de las aguas destinadas al consumo humano, procedentes del suministro público o de fuentes privadas, que se envasen en botellas u otros recipientes para su venta o para su uso en la fabricación, preparación o tratamiento comercial de los alimentos, deben seguir ajustándose en principio a las disposiciones de la presente Directiva hasta el punto de cumplimiento, a partir del cual pasan a considerarse alimentos, de conformidad con el artículo 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. Cuando se cumplan los requisitos de seguridad alimentaria aplicables, las autoridades competentes de los Estados miembros deben estar facultadas para autorizar la reutilización del agua en las industrias alimentarias.
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68 Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (Versión refundida) (DO L 164 de 26.6.2009, p. 45).
68 Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales (versión refundida) (DO L 164 de 26.6.2009, p. 45)
69 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
69 Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
70 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
70 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua («Right2Water»)71, se organizó una consulta pública a escala de la Unión y se llevó a cabo una evaluación de la Directiva 98/83/CE desde el punto de vista de la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT)72. Se hizo evidente en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la Directiva 98/83/CE. Se identificaron cuatro ámbitos que presentaban un margen de mejora, a saber, la lista de valores paramétricos basados en la calidad, el escaso uso de un enfoque basado en los riesgos, la imprecisión de las disposiciones relativas a la información para los consumidores, y las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Además, en la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua se identificó como un claro problema el hecho de que parte de la población, en concreto los grupos marginados, carezca de acceso a agua destinada al consumo humano, lo que constituye también un compromiso en virtud del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Una última cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación sobre las fugas de agua, que son el resultado de una inversión insuficiente en el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras hídricas, tal y como se señaló también en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las infraestructuras hídricas73.
(4)  Una vez concluida la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua («Right2Water»), que pedía a la Unión que redoblase sus esfuerzos para lograr el acceso universal al agua, se organizó una consulta pública a escala de la Unión y se llevó a cabo una evaluación de la Directiva 98/83/CE desde el punto de vista de la adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT)72. Se hizo evidente en este ejercicio la necesidad de actualizar determinadas disposiciones de la Directiva 98/83/CE. Se identificaron cuatro ámbitos que presentaban un margen de mejora, a saber, la lista de valores paramétricos basados en la calidad, el escaso uso de un enfoque basado en los riesgos, la imprecisión de las disposiciones relativas a la información para los consumidores, y las disparidades entre los sistemas de homologación de los materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano, así como las repercusiones de esta situación en la salud humana. Además, en la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua se identificó como un claro problema el hecho de que parte de la población, entre los grupos vulnerables y marginados, careciese de acceso o tuviese un acceso limitado al agua destinada al consumo humano a un precio asequible, lo que constituye también un compromiso asumido en virtud del objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En este contexto, el Parlamento Europeo reconoció el derecho de acceso al agua destinada al consumo humano para todos en la Unión. Una última cuestión identificada es la falta generalizada de concienciación sobre las fugas de agua, que son el resultado de una inversión insuficiente en el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras hídricas, tal y como se señaló también en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las infraestructuras hídricas73, así como de un conocimiento a veces insuficiente de los sistemas de distribución de agua.
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71 COM(2014)0177.
71 COM(2014)0177.
72 SWD(2016)0428.
72 SWD(2016)0428.
73 Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 12/2017: «Aplicación de la Directiva sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen siendo considerables».
73 Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 12/2017: «Aplicación de la Directiva sobre el agua potable: la calidad del agua y el acceso a ella mejoran en Bulgaria, Hungría y Rumanía, pero las necesidades de inversión siguen siendo considerables».
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)   Con objeto de cumplir las ambiciosas metas establecidas en el objetivo de desarrollo sostenible n.º 6 de las Naciones Unidas, los Estados miembros han de estar obligados a aplicar planes de acción para garantizar el acceso universal y equitativo a un agua potable segura y asequible para todos de aquí a 2030.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)
(4 ter)   El 8 de septiembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el derecho al agua.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   El agua destinada al consumo humano desempeña un papel fundamental en el empeño puesto por la Unión en reforzar la protección de la salud humana y del medio ambiente frente a los perturbadores endocrinos. La regulación de los perturbadores endocrinos en la presente Directiva constituye un paso prometedor hacia la actualización de la estrategia de la Unión sobre los alteradores endocrinos, que la Comisión Europea está obligada a presentar sin más demora.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  Cuando los conocimientos científicos no sean suficientes para determinar el riesgo, o la ausencia de riesgo, para la salud humana de una sustancia presente en el agua destinada al consumo humano, o el valor admisible para dicha sustancia, conviene, como principio de precaución, poner esa sustancia bajo vigilancia hasta que se disponga de datos científicos más claros. En consecuencia, los Estados miembros deben efectuar una vigilancia específica de estos nuevos parámetros.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)   Los parámetros indicadores no tienen una incidencia directa en la salud pública. No obstante, resultan importantes a la hora de determinar el funcionamiento de las instalaciones de producción y distribución de agua y de evaluar la calidad de esta. Pueden ayudar a detectar las deficiencias en el tratamiento del agua y desempeñan asimismo un papel importante a la hora de aumentar y conservar la confianza de los consumidores en la calidad del agua. Por lo tanto, deben ser controlados por los Estados miembros.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 7
(7)  En los casos en que sea necesario para proteger la salud humana en sus territorios respectivos, debería exigirse a los Estados miembros que fijen valores para parámetros adicionales a los incluidos en el anexo I .
(7)  En los casos en que sea necesario para aplicar plenamente el principio de precaución y proteger la salud humana en sus territorios respectivos, debe exigirse a los Estados miembros que fijen valores para parámetros adicionales a los incluidos en el anexo I.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 8
(8)  La planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en el riesgo no se contemplaban sino de forma limitada en la Directiva 98/83/CE. Los primeros elementos correspondientes a un enfoque basado en los riesgos ya se introdujeron en 2015 con la Directiva (UE) 2015/1787, por la que se modificó la Directiva 98/83/CE a fin de autorizar a los Estados miembros a establecer excepciones a sus programas de control, siempre y cuando se realicen evaluaciones de riesgos verosímiles, que pueden basarse en las Guías para la calidad del agua potable76 de la OMS. Dichas guías, en las que se establece el denominado enfoque de «planes de seguridad del agua», junto con la norma EN 15975-2 sobre la seguridad en el suministro de agua potable, son principios internacionalmente reconocidos en los que se basan la elaboración, la distribución, el control y el análisis de los parámetros relativos al agua destinada al consumo humano. Deben mantenerse en la presente Directiva. A fin de garantizar que estos principios no se limitan a los aspectos relacionados con el control, destinar el tiempo y los recursos a los riesgos que son preocupantes y a medidas en origen que sean rentables, y evitar que se realicen análisis y esfuerzos con respecto a cuestiones que no sean pertinentes, conviene introducir un enfoque completo basado en los riesgos, a lo largo de la cadena de suministro, desde las zonas de extracción hasta la distribución por el grifo. Tal enfoque debe constar de tres componentes: en primer lugar, una evaluación por parte del Estado miembro de los peligros ligados a la zona de extracción («evaluación del peligro»), en sintonía con las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS77; en segundo lugar, la posibilidad para el distribuidor de agua de adaptar el control a los riesgos principales («evaluación del riesgo en el suministro»); y, en tercer lugar, una evaluación por parte del Estado miembro de los riesgos que puedan entrañar los sistemas de distribución domiciliaria (por ejemplo, Legionella o presencia de plomo) («evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria»). Las evaluaciones deben revisarse periódicamente, entre otros motivos, a raíz de amenazas relacionadas con condiciones climáticas extremas, cambios conocidos de la actividad humana en la zona de captación o incidentes relacionados con la fuente. El enfoque basado en los riesgos garantiza un intercambio continuo de información entre las autoridades competentes y los distribuidores de agua.
(8)  La planificación de la seguridad preventiva y los elementos basados en el riesgo no se contemplaban sino de forma limitada en la Directiva 98/83/CE. Los primeros elementos correspondientes a un enfoque basado en los riesgos ya se introdujeron en 2015 con la Directiva (UE) 2015/1787, por la que se modificó la Directiva 98/83/CE a fin de autorizar a los Estados miembros a establecer excepciones a sus programas de control, siempre y cuando se realicen evaluaciones de riesgos verosímiles, que pueden basarse en las Guías para la calidad del agua potable76 de la OMS. Dichas guías, en las que se establece el denominado enfoque de «planes de seguridad del agua», junto con la norma EN 15975-2 sobre la seguridad en el suministro de agua potable, son principios internacionalmente reconocidos en los que se basan la elaboración, la distribución, el control y el análisis de los parámetros relativos al agua destinada al consumo humano. Deben mantenerse en la presente Directiva. A fin de garantizar que estos principios no se limitan a los aspectos relacionados con el control, destinar el tiempo y los recursos a los riesgos que son preocupantes y a medidas en origen que sean rentables, y evitar que se realicen análisis y esfuerzos con respecto a cuestiones que no sean pertinentes, conviene introducir un enfoque completo basado en los riesgos, a lo largo de la cadena de suministro, desde las zonas de extracción hasta la distribución por el grifo. Tal enfoque debe basarse en los conocimientos adquiridos y en las acciones efectuadas en el marco de la Directiva 2000/60/CE y debe tener en cuenta de forma más efectiva el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos. El enfoque basado en los riesgos debe constar de tres componentes: en primer lugar, una evaluación por parte del Estado miembro de los peligros ligados a la zona de extracción («evaluación del peligro»), en sintonía con las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS77; en segundo lugar, la posibilidad para el distribuidor de agua de adaptar el control a los riesgos principales («evaluación del riesgo en el suministro»); y, en tercer lugar, una evaluación por parte del Estado miembro de los riesgos que puedan entrañar los sistemas de distribución domiciliaria (por ejemplo, Legionella o presencia de plomo), poniendo especial atención en los locales prioritarios («evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria»). Las evaluaciones deben revisarse periódicamente, entre otros motivos, a raíz de amenazas relacionadas con condiciones climáticas extremas, cambios conocidos de la actividad humana en la zona de captación o incidentes relacionados con la fuente. El enfoque basado en los riesgos garantiza un intercambio continuo de información entre las autoridades competentes, los distribuidores de agua y otras partes interesadas, incluidos los responsables de las fuentes de contaminación o del riesgo de contaminación. Excepcionalmente, la aplicación del enfoque basado en los riesgos debe adaptarse a las limitaciones específicas de los buques marítimos que desalinizan agua y transportan pasajeros. Los buques marítimos que enarbolan pabellón europeo se rigen por el marco regulador internacional cuando navegan por aguas internacionales. Además, el transporte y la producción a bordo de agua destinada al consumo humano presentan unas dificultades específicas que implican una adaptación en consencuencia de lo dispuesto en la presente Directiva.
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76 Organización Mundial de la Salud: Guías para la calidad del agua potable, cuarta edición (en inglés), 2011 [http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html].
76 Organización Mundial de la Salud: Guías para la calidad del agua potable, cuarta edición (en inglés), 2011 [http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html].
Organización Mundial de la Salud: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo, 2009 [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75142/1/9789243562636_spa.pdf?ua=1].
Organización Mundial de la Salud: Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo, 2009 [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75142/1/9789243562636_spa.pdf?ua=1].
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)   El uso ineficaz de los recursos hídricos, en particular las fugas en la infraestructura de suministro del agua, conduce a la sobreexplotación de los escasos recursos de agua destinada al consumo humano. Esto dificulta gravemente que los Estados miembros alcancen los objetivos establecidos en la Directiva 2000/60/CE.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 9
(9)  La evaluación del peligro ha de estar orientada a reducir el nivel de tratamiento necesario para producir agua destinada al consumo humano, por ejemplo, mediante la reducción de las presiones que dan lugar a la contaminación de las masas de agua de las que se capta el agua destinada al consumo humano. A tal efecto, los Estados miembros deben identificar los peligros y las posibles fuentes de contaminación ligados a estas masas de agua y hacer un seguimiento de los contaminantes que identifiquen como pertinentes, ya sea debido a los peligros detectados (por ejemplo, microplásticos, nitratos, plaguicidas o medicamentos contemplados en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo78), debido a la presencia natural de contaminantes en la zona de captación (por ejemplo, arsénico), o sobre la base de la información facilitada por los distribuidores de agua (por ejemplo, aumento repentino de un parámetro específico en el agua sin tratar). Los parámetros han de servir de indicadores que desencadenen la adopción de medidas por parte de las autoridades competentes con el objetivo de reducir la presión sobre las masas de agua, por ejemplo, medidas preventivas o atenuantes (incluida la investigación para comprender las repercusiones en la salud, en caso de ser necesario), así como con el objetivo de proteger estas masas de agua y atajar la fuente de contaminación, en colaboración con los distribuidores de agua y las partes interesadas.
(9)  La evaluación del peligro debe adoptar un enfoque holístico con respecto a la evaluación del riesgo, basado en el objetivo explícito de reducir el nivel de tratamiento necesario para producir agua destinada al consumo humano, por ejemplo, mediante la reducción de las presiones que dan lugar a la contaminación, o al riesgo de contaminación, de las masas de agua de las que se capta el agua destinada al consumo humano. A tal efecto, los Estados miembros deben identificar los peligros y las posibles fuentes de contaminación ligados a estas masas de agua y hacer un seguimiento de los contaminantes que identifiquen como pertinentes, ya sea debido a los peligros detectados (por ejemplo, microplásticos, nitratos, plaguicidas o medicamentos contemplados en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo78), debido a la presencia natural de contaminantes en la zona de captación (por ejemplo, arsénico), o sobre la base de la información facilitada por los distribuidores de agua (por ejemplo, aumento repentino de un parámetro específico en el agua sin tratar). De conformidad con la Directiva 2000/60/CE, los parámetros han de servir de indicadores que desencadenen la adopción de medidas por parte de las autoridades competentes con el objetivo de reducir la presión sobre las masas de agua, por ejemplo, medidas preventivas o atenuantes (incluida la investigación para comprender las repercusiones en la salud, en caso de ser necesario), así como con el objetivo de proteger estas masas de agua y atajar la fuente o el riesgo de contaminación, en colaboración con todas las partes interesadas, incluidos los responsables de las fuentes o posibles fuentes de contaminación. Cuando un Estado miembro compruebe, a través de la evaluación del peligro, que un parámetro no está presente en una zona de extracción determinada (por ejemplo, porque esa sustancia nunca se encuentra en aguas subterráneas o superficiales), debe informar de ello a los distribuidores de agua pertinentes y puede permitirles reducir la frecuencia de control de ese parámetro o eliminarlo de la lista de parámetros que deben controlarse, sin llevar a cabo una evaluación del riesgo en el suministro.
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78 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
78 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 11
(11)  Los valores paramétricos empleados para evaluar la calidad de las aguas destinadas al consumo humano deben cumplirse en el punto en que las aguas destinadas al consumo humano están a disposición del consumidor. No obstante, la calidad de las aguas destinadas al consumo humano puede verse afectada por el sistema de distribución domiciliaria. La OMS señala que, en la Unión, la Legionella es, de entre todos los patógenos presentes en el agua, el que mayor carga sanitaria genera. Se transmite por inhalación a través de los sistemas de distribución de agua caliente, por ejemplo, durante la ducha. Así pues, es un patógeno claramente vinculado al sistema de distribución domiciliaria. Dado que la imposición de una obligación unilateral de someter a control todos los locales públicos y privados para detectar este patógeno conllevaría unos costes injustificadamente elevados, la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria es la opción más apropiada para hacer frente a esta cuestión. Además, también los posibles riesgos derivados de los productos y materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano deben contemplarse en la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria. Por consiguiente, la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria debe incluir, entre otros aspectos, un control centrado en los locales prioritarios, la evaluación de los riesgos derivados del sistema de distribución domiciliaria y de los productos y materiales relacionados, y la verificación de las prestaciones de los productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano sobre la base de la declaración de prestaciones correspondiente, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo79. Junto con la declaración de prestaciones, también se ha de facilitar la información a que se hace referencia en los artículos 31 y 33 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo80. A partir de la evaluación, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para garantizar, entre otros aspectos, que se cuenta con las medidas de control y gestión apropiadas (por ejemplo, en caso de brotes), en sintonía con las directrices de la OMS81, y que la migración de sustancias procedentes de los productos de construcción no pone en peligro la salud humana. Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 305/2011, si tales medidas implican restricciones de la libre circulación de productos y materiales en la Unión, las medidas han de estar debidamente justificadas, ser estrictamente proporcionadas y no tratarse de un medio de discriminación arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros.
(11)  Los valores paramétricos empleados para evaluar la calidad de las aguas destinadas al consumo humano deben cumplirse en el punto en que las aguas destinadas al consumo humano están a disposición del consumidor. No obstante, la calidad de las aguas destinadas al consumo humano puede verse afectada por el sistema de distribución domiciliaria. La OMS señala que, en la Unión, la Legionella es, de entre todos los patógenos presentes en el agua, el que mayor carga sanitaria genera, en particular la bacteria Legionella pneumophila, responsable de la mayoría de los casos de legionelosis en la Unión. Se transmite por inhalación a través de los sistemas de distribución de agua caliente, por ejemplo, durante la ducha. Así pues, es un patógeno claramente vinculado al sistema de distribución domiciliaria. Dado que la imposición de una obligación unilateral de someter a control todos los locales públicos y privados para detectar este patógeno conllevaría unos costes injustificadamente elevados y obraría en contra del principio de subsidiariedad, la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria es la opción más apropiada para hacer frente a esta cuestión, especialmente en los locales prioritarios. Además, también los posibles riesgos derivados de los productos y materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano deben contemplarse en la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria. Por consiguiente, la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria debe incluir, entre otros aspectos, un control centrado en los locales prioritarios, la evaluación de los riesgos derivados del sistema de distribución domiciliaria y de los productos y materiales relacionados en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Junto con la declaración de prestaciones, también se ha de facilitar la información a que se hace referencia en los artículos 31 y 33 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo80. A partir de la evaluación, los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias para garantizar, entre otros aspectos, que se cuenta con las medidas de control y gestión apropiadas (por ejemplo, en caso de brotes), en sintonía con las directrices de la OMS81, y que la migración de sustancias y materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano no pone en peligro la salud humana.
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79 Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
80 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
80 Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
81 Organización Mundial de la Salud: Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007 [http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf].
81 Organización Mundial de la Salud: Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007 [http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf].
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  Las disposiciones de la Directiva 98/83/CE sobre la garantía de la calidad del tratamiento, los equipos y los materiales no lograron superar los obstáculos para el mercado interior en lo que respecta a la libre circulación de productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano. Las homologaciones de los productos siguen realizándose a escala nacional, y los requisitos difieren entre los Estados miembros. En consecuencia, resulta difícil y costoso para los fabricantes comercializar sus productos en toda la Unión. Únicamente se conseguirá eliminar de manera eficaz los obstáculos técnicos fijando unas especificaciones técnicas armonizadas para los productos en contacto con las aguas destinadas al consumo humano en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011. Este Reglamento permite el desarrollo de normas europeas que armonicen los métodos de evaluación para los productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano y con respecto a los niveles umbral y las clases que se deben establecer en relación con el nivel de prestación de una característica esencial. En este sentido, en el programa de trabajo en materia de normalización para el año 201782, se ha incluido una petición que exige, en concreto, que se lleve a cabo un ejercicio de normalización con respecto a la higiene y la seguridad en el caso de los productos y materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano, en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011, y se emitirá una norma antes de 2018. La publicación de esta norma armonizada en el Diario Oficial de la Unión Europea garantizará una toma de decisiones racional con respecto a la comercialización o introducción en el mercado de productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano que sean seguros. En consecuencia, conviene suprimir las disposiciones sobre los equipos y materiales en contacto con las aguas destinadas al consumo humano, sustituirlas parcialmente por disposiciones relacionadas con la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria y complementarlas con las normas armonizadas pertinentes en virtud del Reglamento (UE) n.º 305/2011.
(12)  Las disposiciones de la Directiva 98/83/CE sobre la garantía de la calidad del tratamiento, los equipos y los materiales no lograron superar los obstáculos para el mercado interior en lo que respecta a la libre circulación de productos de construcción en contacto con las aguas destinadas al consumo humano ni proteger suficientemente la salud humana. Las homologaciones de los productos siguen realizándose a escala nacional, y los requisitos difieren entre los Estados miembros. En consecuencia, resulta difícil y costoso para los fabricantes comercializar sus productos en toda la Unión. Esta situación se debe a la ausencia de normas mínimas europeas en materia de higiene para el conjunto de los productos y materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano, normas que resultan fundamentales para el logro pleno del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros. La eliminación de los obstáculos técnicos y la conformidad del conjunto de productos y materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano a escala de la Unión podrán conseguirse únicamente por tanto de manera eficaz fijando unas exigencias mínimas de calidad a escala de la Unión. En consecuencia, conviene reforzar esas disposiciones mediante un procedimiento de armonización de dichos productos y materiales. Esta labor debe basarse en la experiencia adquirida y en los avances realizados por una serie de Estados miembros que han estado colaborando durante varios años, en un esfuerzo concertado, para lograr una convergencia normativa.
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82 SWD(2016)0185.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Considerando 13
(13)  Cada Estado miembro debe garantizar que se establecen programas de control para comprobar si las aguas destinadas al consumo humano cumplen los requisitos de la presente Directiva. Son los distribuidores de agua los responsables de llevar a cabo la mayor parte de las actividades de control previstas en el marco de la presente Directiva. Se ha de conceder una cierta flexibilidad a los distribuidores de agua en cuanto a los parámetros sometidos a control a efectos de la evaluación del riesgo en el suministro. En caso de no detectar un parámetro, los distribuidores de agua deben tener la posibilidad de reducir la frecuencia de los controles de ese parámetro o, directamente, dejar de someterlo a control. La evaluación del riesgo en el suministro ha de aplicarse a la mayoría de los parámetros. No obstante, es conveniente que haya una lista de parámetros básicos que se sometan siempre a control con una frecuencia mínima determinada. La presente Directiva establece principalmente disposiciones sobre la frecuencia de los controles a efectos de la garantía del cumplimiento y un número limitado de disposiciones sobre controles con fines operativos. A fin de garantizar el correcto funcionamiento del tratamiento de las aguas, es posible que se requiera realizar controles adicionales con fines operativos, a discreción de los distribuidores de agua. En este sentido, los distribuidores de agua pueden remitirse a las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS.
(13)  Cada Estado miembro debe garantizar que se establecen programas de control para comprobar si las aguas destinadas al consumo humano cumplen los requisitos de la presente Directiva. Son los distribuidores de agua los responsables de llevar a cabo la mayor parte de las actividades de control previstas en el marco de la presente Directiva, pero, en caso necesario, los Estados miembros deben aclarar en qué autoridades competentes recaen las obligaciones derivadas de la transposición de la presente Directiva. Se ha de conceder una cierta flexibilidad a los distribuidores de agua en cuanto a los parámetros sometidos a control a efectos de la evaluación del riesgo en el suministro. En caso de no detectar un parámetro, los distribuidores de agua deben tener la posibilidad de reducir la frecuencia de los controles de ese parámetro o, directamente, dejar de someterlo a control. La evaluación del riesgo en el suministro ha de aplicarse a la mayoría de los parámetros. No obstante, es conveniente que haya una lista de parámetros básicos que se sometan siempre a control con una frecuencia mínima determinada. La presente Directiva establece principalmente disposiciones sobre la frecuencia de los controles a efectos de la garantía del cumplimiento y un número limitado de disposiciones sobre controles con fines operativos. A fin de garantizar el correcto funcionamiento del tratamiento de las aguas, es posible que se requiera realizar controles adicionales con fines operativos, a discreción de los distribuidores de agua. En este sentido, los distribuidores de agua pueden remitirse a las Guías para la calidad del agua potable y el Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua de la OMS.
Enmienda 188
Propuesta de Directiva
Considerando 14
(14)  El enfoque basado en los riesgos debe ser aplicado gradualmente por todos los distribuidores de agua, incluidos los pequeños distribuidores, pues la evaluación de la Directiva 98/83/CE puso de relieve que había deficiencias en la aplicación de dicho enfoque por parte de estos distribuidores, en algunos casos debido al coste que implica llevar a cabo actividades innecesarias de control. La aplicación de ese enfoque debería tener en cuenta las preocupaciones relativas a la seguridad del agua.
(14)  El enfoque basado en los riesgos debe ser aplicado por todos los distribuidores de agua, incluidos los distribuidores muy pequeños, pequeños y medianos, pues la evaluación de la Directiva 98/83/CE puso de relieve que había deficiencias en la aplicación de dicho enfoque por parte de estos distribuidores, en algunos casos debido al coste que implica llevar a cabo actividades innecesarias de control, abriéndose al mismo tiempo la posibilidad de exenciones para los distribuidores muy pequeños. La aplicación de ese enfoque debería tener en cuenta las preocupaciones relativas a la seguridad del agua y al principio de «quien contamina paga». En el caso de los pequeños distribuidores, la autoridad competente debe respaldar las medidas de control ofreciendo la ayuda de expertos.
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)   A fin de ofrecer la máxima protección de la salud pública, los Estados miembros deben garantizar una distribución clara y equilibrada de las responsabilidades para la aplicación del enfoque basado en los riesgos de acuerdo con su marco institucional y jurídico nacional.
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Considerando 15
(15)  En caso de incumplimiento de las normas de la presente Directiva los Estados miembros deben investigar inmediatamente la causa subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad de las aguas. Cuando el suministro de agua pueda representar un peligro para la salud humana, ha de prohibirse el suministro de esa agua o restringirse su utilización. Además, es importante aclarar que los Estados miembros deben considerar automáticamente que el incumplimiento de los requisitos mínimos aplicables a los valores relacionados con los parámetros microbiológicos y químicos puede representar un peligro para la salud humana. Cuando resulte necesario adoptar medidas correctivas para restablecer la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, de conformidad con el artículo 191, apartado 2, del Tratado, debe darse prioridad a las medidas encaminadas a rectificar el problema en la fuente.
(15)  En caso de incumplimiento de las normas de la presente Directiva los Estados miembros deben investigar inmediatamente la causa subyacente y garantizar que se apliquen lo antes posible las medidas correctivas necesarias para restablecer la calidad de las aguas. Cuando el suministro de agua pueda representar un peligro para la salud humana, ha de prohibirse el suministro de esa agua o restringirse su utilización, e informar debidamente al respecto a los ciudadanos potencialmente afectados. Además, en caso de incumplimiento de los requisitos mínimos aplicables a los valores relacionados con los parámetros microbiológicos y químicos, los Estados miembros deben determinar si la superación de los valores constituye o no un riesgo potencial para la salud humana. Para ello, los Estados miembros deben tener en cuenta, en particular, el grado de incumplimiento de los requisitos mínimos, así como el tipo de parámetro afectado. Cuando resulte necesario adoptar medidas correctivas para restablecer la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, de conformidad con el artículo 191, apartado 2, del Tratado, debe darse prioridad a las medidas encaminadas a rectificar el problema en la fuente.
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)
(15 bis)   Es importante impedir que las aguas contaminadas puedan ser causa de peligro para la salud humana. Por tanto, debe prohibirse el suministro de estas aguas o restringirse su utilización.
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Considerando 16
(16)  No conviene seguir autorizando a los Estados miembros a establecer excepciones a la presente Directiva. Inicialmente, las excepciones se empleaban para conceder a los Estados miembros un plazo de hasta nueve años para poner solución al incumplimiento de un valor paramétrico. Este procedimiento demostró ser gravoso tanto para los Estados miembros como para la Comisión. Además, en algunos casos provocó retrasos en la adopción de medidas correctivas, puesto que la posibilidad de establecer excepciones se consideraba un período transitorio. Por consiguiente, se hace necesario suprimir la disposición relativa al establecimiento de excepciones. Por motivos de protección de la salud humana, si se supera un valor paramétrico, deben aplicarse inmediatamente medidas correctivas sin posibilidad de conceder una excepción con respecto al valor paramétrico de que se trate. Ahora bien, las excepciones concedidas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, deben seguir siendo aplicables hasta el final de la excepción, pero no deben ser renovadas.
(16)  Conviene autorizar a los Estados miembros a establecer excepciones a la presente Directiva. Inicialmente, las excepciones se empleaban para conceder a los Estados miembros un plazo de hasta nueve años para poner solución al incumplimiento de un valor paramétrico. La utilidad de este procedimiento para los Estados miembros ha quedado patente dado el grado de ambición de la Directiva. Sin embargo, cabe señalar que, en algunos casos, este procedimiento ha provocado retrasos en la adopción de medidas correctivas, puesto que la posibilidad de establecer excepciones se asimilaba en ocasiones a un período transitorio. No obstante, en vista, en primer lugar, del necesario refuerzo de los parámetros de calidad previstos en la presente Directiva, y, en segundo lugar, de la detección cada vez más frecuente de nuevos contaminantes que requieren mayores medidas de evaluación, control y gestión, sigue siendo necesario mantener un procedimiento de excepción adaptado a esas circunstancias, a condición de que estas no constituyan un riesgo potencial para la salud humana y de que el suministro de agua destinada al consumo humano en la zona en cuestión no pueda mantenerse por ningún otro medio razonable. Por consiguiente, lo dispuesto en la Directiva 98/83/CE en materia de excepciones debe modificarse para garantizar un cumplimiento más rápido y efectivo de los requisitos de la presente Directiva por parte de los Estados miembros. Ahora bien, las excepciones concedidas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva deben seguir siendo aplicables de acuerdo con las modalidades definidas por las disposiciones en vigor en el momento en que se concedió la excepción.
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  La Comisión, en su respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» de 201483, invitó a los Estados miembros a que garantizaran el acceso a un suministro de agua mínimo para todos los ciudadanos, de conformidad con las recomendaciones de la OMS. Asimismo, se comprometió a seguir «mejorando el acceso al agua potable segura [...] de toda la población a través de las políticas medioambientales»84. Este compromiso está en sintonía con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos». El concepto de un acceso equitativo abarca una amplia variedad de aspectos, como la disponibilidad (por ejemplo, por motivos geográficos, por la falta de infraestructuras o por la situación específica de determinados sectores de la población), la calidad, la aceptabilidad o la asequibilidad financiera. En lo referente a la asequibilidad del agua, es importante recordar que, al fijar las tarifas del agua, de conformidad con el principio de recuperación de costes dispuesto en la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros pueden tener en cuenta las diferencias en cuanto a la situación económica y social de la población y, en consecuencia, adoptar tarifas sociales o medidas que protejan a la población que se encuentra en una situación socioeconómica desfavorable. La presente Directiva trata, en concreto, los aspectos del acceso al agua relacionados con la calidad y la disponibilidad. A fin de abordar estos aspectos, en el marco de la respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea, y con miras a contribuir a la aplicación del principio n.º 20 del pilar europeo de derechos sociales85, según el que «toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua», se debe exigir a los Estados miembros que afronten la cuestión del acceso al agua a nivel nacional, si bien otorgándoles un cierto grado de discreción con respecto al tipo exacto de medidas que se adopten. A este respecto, pueden aplicarse medidas dirigidas, entre otros objetivos, a mejorar el acceso de todos al agua destinada al consumo humano, por ejemplo, instalando fuentes gratuitas en las ciudades o fomentando el uso del agua destinada al consumo humano mediante su suministro gratuito en los edificios públicos y restaurantes.
(17)  La Comisión, en su respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water» de 201483, invitó a los Estados miembros a que garantizaran el acceso a un suministro de agua mínimo para todos los ciudadanos, de conformidad con las recomendaciones de la OMS. Asimismo, se comprometió a seguir «mejorando el acceso al agua potable segura [...] de toda la población a través de las políticas medioambientales»84. Todo ello está en consonancia con los artículos 1 y 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos». El concepto de un acceso equitativo abarca una amplia variedad de aspectos, como la disponibilidad (por ejemplo, por motivos geográficos, por la falta de infraestructuras o por la situación específica de determinados sectores de la población), la calidad, la aceptabilidad o la asequibilidad financiera. En lo referente a la asequibilidad del agua, es importante recordar que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE, al fijar las tarifas del agua, de conformidad con el principio de recuperación de costes dispuesto en dicha Directiva, los Estados miembros pueden tener en cuenta las diferencias en cuanto a la situación económica y social de la población y, en consecuencia, adoptar tarifas sociales o medidas que protejan a la población que se encuentra en una situación socioeconómica desfavorable. La presente Directiva trata, en concreto, los aspectos del acceso al agua relacionados con la calidad y la disponibilidad. A fin de abordar estos aspectos, en el marco de la respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea, y con miras a contribuir a la aplicación del principio n.º 20 del pilar europeo de derechos sociales85, según el cual «toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua», se debe exigir a los Estados miembros que afronten la cuestión del acceso al agua a un coste asequible a nivel nacional, si bien otorgándoles cierto grado de discreción con respecto al tipo exacto de medidas que se adopten. A este respecto, pueden aplicarse medidas dirigidas, entre otros objetivos, a mejorar el acceso de todos al agua destinada al consumo humano, por ejemplo, evitando reforzar injustificadamente los requisitos de calidad del agua por motivos de salud pública, lo que aumentaría el precio del agua para los ciudadanos, instalando fuentes gratuitas en las ciudades o fomentando el uso del agua destinada al consumo humano mediante su suministro gratuito en edificios públicos, restaurantes, centros comerciales y recreativos, así como en zonas de tránsito y de gran afluencia de público, como las estaciones de trenes y los aeropuertos. Los Estados miembros deben tener libertad para determinar la combinación adecuada de tales instrumentos en función de sus circunstancias nacionales específicas.
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83 COM(2014)0177.
83 COM(2014)0177.
84COM(2014)0177, p. 12.
84COM(2014)0177, p. 12.
85 Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales (2017/C 428/09) de 17 de noviembre de 2017 (DO C 428 de 13.12.2017, p. 10).
85 Proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales (2017/C 428/09) de 17 de noviembre de 2017 (DO C 428 de 13.12.2017, p. 10).
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Considerando 18
(18)  El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europa «Right2Water»86, señaló que «los Estados miembros deben prestar especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad»87. La situación específica de culturas minoritarias como los gitanos o romanís (sinti, ambulantes, raza calé, gens du voyage, etc.), independientemente de si son sedentarios o no, y en concreto su falta de acceso a agua potable, también se reconoció en el informe de la Comisión sobre la aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos88 y en la Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros89. En vista de este contexto general, conviene que los Estados miembros presten especial atención a los grupos vulnerables y marginados adoptando las medidas necesarias para garantizar que estos grupos tienen acceso al agua. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a definir tales grupos, estos deberían incluir, como mínimo, a los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los gitanos o romanís (sinti, ambulantes, raza calé, gens du voyage, etc.), independientemente de si son sedentarios o no. Entre las medidas destinadas a garantizar el acceso al agua, que se dejan a discreción de los Estados miembros, se cuentan, por ejemplo, la facilitación de sistemas de suministro alternativos (equipos individuales de tratamiento), el suministro de agua mediante cisternas (camiones y cisternas), o la garantía de la disponibilidad de la infraestructura necesaria en los campamentos.
(18)  El Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europa «Right2Water»86, señaló que «los Estados miembros deben prestar especial atención a las necesidades de los grupos vulnerables de la sociedad»87. La situación específica de culturas minoritarias como los gitanos o romanís y los ambulantes, independientemente de si son sedentarios o no, y en concreto su falta de acceso a agua potable, también se reconoció en el informe de la Comisión sobre la aplicación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos88 y en la Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros89. En vista de este contexto general, conviene que los Estados miembros presten especial atención a los grupos vulnerables y marginados adoptando las medidas necesarias para garantizar que estos grupos tienen acceso al agua. Teniendo en cuenta el principio de recuperación de costes establecido en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros deben mejorar el acceso al agua de los grupos vulnerables y marginados sin poner en peligro el suministro universal de agua de calidad y asequible. Sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a definir tales grupos, estos deben incluir, como mínimo, a los refugiados, las comunidades nómadas, las personas sin hogar y las culturas minoritarias como los gitanos o romanís y los ambulantes, independientemente de si son sedentarios o no. Entre las medidas destinadas a garantizar el acceso al agua, que se dejan a discreción de los Estados miembros, se cuentan, por ejemplo, la facilitación de sistemas de suministro alternativos (equipos individuales de tratamiento), el suministro de agua mediante cisternas (camiones y cisternas), o la garantía de la disponibilidad de la infraestructura necesaria en los campamentos. Cuando las autoridades públicas locales sean responsables del cumplimiento de dichas obligaciones, los Estados miembros han de velar por que dispongan de recursos financieros y capacidades técnicas y materiales suficientes, y deben apoyarlas en consecuencia, por ejemplo, ofreciendo la ayuda de expertos. En particular, la distribución de agua para los grupos vulnerables y marginados no debe ocasionar costes desproporcionados para las autoridades públicas locales.
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86 P8_TA(2015)0294
86 P8_TA(2015)0294
P8_TA(2015)0294, punto 62.
P8_TA(2015)0294, punto 62.
88 COM(2014)0209
88 COM(2014)0209
89 Recomendación del Consejo (2013/C 378/01), de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (DO C 378 de 24.12.2013, p. 1).
89 Recomendación del Consejo (2013/C 378/01), de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (DO C 378 de 24.12.2013, p. 1).
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Considerando 19
(19)  El 7.º Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»27 exige que el público tenga acceso a información clara sobre el medio ambiente a nivel nacional. La Directiva 98/83/CE únicamente preveía un acceso pasivo a la información, es decir, los Estados miembros tan solo tenían que garantizar la disponibilidad de la información. Así pues, estas disposiciones deberían reemplazarse para garantizar que se puede acceder fácilmente a información actualizada, por ejemplo, a través de un sitio web cuyo enlace se difunda activamente. La información actualizada no solo debe incluir los resultados de los programas de control, sino también información adicional que pueda ser útil para el público, por ejemplo, sobre los indicadores (hierro, dureza, minerales, etc.), que suelen influir en la percepción que tienen los consumidores del agua del grifo. A tal efecto, los parámetros indicadores de la Directiva 98/83/CE que no proporcionaban información relacionada con la salud deberían ser sustituidos por información en línea sobre tales parámetros. En el caso de los muy grandes distribuidores de agua, también debe haber información disponible en línea sobre aspectos como la eficiencia energética, la gestión, la gobernanza, la estructura de costes y los tratamientos aplicados. Se presume que el mayor conocimiento por parte de los consumidores y la mejora de la transparencia contribuirán al aumento de la confianza de los ciudadanos en el agua que se les suministra. A su vez, se espera que esto conlleve un incremento del uso del agua del grifo, que contribuirá a la reducción de los residuos plásticos y las emisiones de gases de efecto invernadero, y que tenga una repercusión positiva en la mitigación del cambio climático y en el medio ambiente en su conjunto.
(19)  El 7.º Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»27 exige que el público tenga acceso a información clara sobre el medio ambiente a nivel nacional. La Directiva 98/83/CE únicamente preveía un acceso pasivo a la información, es decir, los Estados miembros tan solo tenían que garantizar la disponibilidad de la información. Así pues, estas disposiciones deben reemplazarse para garantizar que se puede acceder fácilmente a información actualizada, comprensible y pertinente para los consumidores, por ejemplo, en un folleto o a través de un sitio web o una aplicación inteligente. La información actualizada no solo debe incluir los resultados de los programas de control, sino también información adicional que pueda ser útil para el público como, por ejemplo, los resultados de las medidas de control de los distribuidores de agua en lo relativo a los parámetros de calidad del agua y la información sobre los parámetros indicadores enumerados en el anexo I, parte B bis. En el caso de los muy grandes distribuidores de agua, también debe haber información disponible en línea sobre aspectos como la gestión, la estructura de las tarifas y los tratamientos aplicados. El mayor conocimiento de información pertinente por parte de los consumidores y la mejora de la transparencia deben tener como finalidad el aumento de la confianza de los ciudadanos en el agua que se les suministra y en los servicios relacionados con el agua, y debe conllevar un incremento del uso del agua del grifo en cuanto agua potable, lo que podría contribuir a la reducción del uso de plásticos y de sus residuos, así como de las emisiones de gases de efecto invernadero, y tener una repercusión positiva en la mitigación del cambio climático y en el medio ambiente en su conjunto.
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90 Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
90 Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta» (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Considerando 20
(20)  Por los mismos motivos, y a fin de concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del consumo de agua, también se les debería proporcionar información (por ejemplo, a través de las facturas o de aplicaciones inteligentes) sobre el volumen consumido, sobre la estructura de costes de la tarifa aplicada por el distribuidor de agua, incluidos los costes fijos y variables, así como sobre el precio por litro del agua destinada al consumo humano, de manera que se pueda establecer una comparación con el precio del agua embotellada.
(20)  Por los mismos motivos, y a fin de concienciar en mayor medida a los consumidores sobre las implicaciones del consumo de agua, también se les debe proporcionar información fácilmente accesible (por ejemplo, en las facturas o a través de aplicaciones inteligentes) sobre el volumen anual consumido, la evolución del consumo, una comparación con el consumo medio de los hogares —cuando dicha información esté a disposición del distribuidor de agua—, la estructura de la tarifa aplicada por el distribuidor de agua, incluidos los componentes fijos y variables, así como sobre el precio por litro del agua destinada al consumo humano, de manera que se pueda establecer una comparación con el precio del agua embotellada.
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Considerando 21
(21)  Los principios que se han de tener en cuenta a la hora de fijar las tarifas del agua, en concreto, la recuperación de costes por los servicios relacionados con el agua y el principio de «quien contamina paga», se disponen en la Directiva 2000/60/CE. No obstante, la sostenibilidad financiera de la prestación de servicios relacionados con el agua no siempre está garantizada, lo que, en ocasiones, conduce a que la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras hídricas sea insuficiente. La mejora de las técnicas de control ha llevado a que las tasas de fuga, como resultado principalmente de esta falta de inversión, sean cada vez más evidentes, y es conveniente fomentar la reducción de las pérdidas de agua a nivel de la Unión con el objetivo de mejorar la eficiencia de las infraestructuras hídricas. De conformidad con el principio de subsidiariedad, esta cuestión se debería abordar mediante el aumento de la transparencia y el suministro de más información dirigida a los consumidores sobre las tasas de fuga y la eficiencia energética.
(21)  Los principios fundamentales que se han de tener en cuenta a la hora de fijar las tarifas del agua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, de la Directiva 2000/60/CE, en concreto, la recuperación de costes por los servicios relacionados con el agua y el principio de «quien contamina paga», se encuentran recogidos en dicha Directiva. No obstante, la sostenibilidad financiera de la prestación de servicios relacionados con el agua no siempre está garantizada, lo que, en ocasiones, conduce a que la inversión en el mantenimiento de las infraestructuras hídricas sea insuficiente. La mejora de las técnicas de control ha llevado a que los niveles de fuga, como resultado principalmente de esta falta de inversión, sean cada vez más evidentes, y es conveniente fomentar la reducción de las pérdidas de agua a nivel de la Unión con el objetivo de mejorar la eficiencia de las infraestructuras hídricas. De conformidad con el principio de subsidiariedad, a fin de concienciar sobre esta cuestión, la información correspondiente debe compartirse con los consumidores de manera más transparente.
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Considerando 25
(25)  Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, la Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva en un plazo de tiempo determinado a partir de la fecha fijada para su transposición. La evaluación ha de basarse en la experiencia acumulada y los datos recabados durante la aplicación de la Directiva, en datos científicos, analíticos y epidemiológicos pertinentes, y en toda recomendación de la OMS disponible.
(25)  Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, la Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva en un plazo de tiempo determinado a partir de la fecha fijada para su transposición. La evaluación ha de basarse en la experiencia acumulada y los datos recabados durante la aplicación de la Directiva, en toda recomendación de la OMS disponible y en datos científicos, analíticos y epidemiológicos pertinentes.
Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Considerando 28
(28)  Con el objetivo de adaptar la presente Directiva a los avances científicos y técnicos o especificar los requisitos del control pertinentes para la evaluación del peligro y la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado a efectos de la modificación de los anexos I a IV de la presente Directiva. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Además, los poderes otorgados en el anexo I, parte C, nota 10, de la Directiva 98/83/CE para fijar la frecuencia de control y los métodos de control de las sustancias radiactivas han quedado obsoletos por la adopción de la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo96 y, por tanto, deben suprimirse. Los poderes otorgados en el anexo III, parte A, párrafo segundo, de la Directiva 98/83/CE con respecto a la modificación de la Directiva ya no son necesarios y, por tanto, deben suprimirse.
(28)  Con el objetivo de adaptar la presente Directiva a los avances científicos y técnicos o especificar los requisitos del control pertinentes para la evaluación del peligro y la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, debe delegarse en la Comisión el poder para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado a efectos de la modificación de los anexos I a IV de la presente Directiva y emprender las medidas necesarias en virtud de los cambios establecidos en el artículo 10 bis. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Además, los poderes otorgados en el anexo I, parte C, nota 10, de la Directiva 98/83/CE para fijar la frecuencia de control y los métodos de control de las sustancias radiactivas han quedado obsoletos por la adopción de la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo96 y, por tanto, deben suprimirse. Los poderes otorgados en el anexo III, parte A, párrafo segundo, de la Directiva 98/83/CE con respecto a la modificación de la Directiva ya no son necesarios y, por tanto, deben suprimirse.
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96 Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano (DO L 296 de 7.11.2013, p. 12).
96 Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano (DO L 296 de 7.11.2013, p. 12).
Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
1.  La presente Directiva se refiere a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
1.  La presente Directiva se refiere a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano para todos en la Unión.
Enmiendas 163, 189, 207 y 215
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
2.  La presente Directiva tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza.
2.  La presente Directiva tiene por objeto proteger la salud de las personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de las aguas destinadas al consumo humano garantizando su salubridad y limpieza y proporcionar un acceso universal a las aguas destinadas al consumo humano.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
1.  «aguas destinadas al consumo humano», todas las aguas, ya sea en su estado original, ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar o producir alimentos u otros usos domésticos , en locales tanto públicos como privados , sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren a través de una red de distribución, a partir de una cisterna o, en el caso de las aguas de manantial, envasadas en botellas;
1.  «agua o aguas destinadas al consumo humano», todas las aguas, ya sea en su estado original, ya sea después de tratamiento, para beber, cocinar, preparar o producir alimentos o para otros fines alimentarios u otros usos domésticos, en locales tanto públicos como privados, incluidas las empresas alimentarias, sea cual fuere su origen e independientemente de que se suministren a través de una red de distribución, a partir de una cisterna o envasadas en botellas u otros recipientes.
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
2.  «sistema de distribución domiciliaria», las tuberías, conexiones y aparatos instalados entre los grifos que normalmente se utilizan para el consumo humano en locales tanto públicos como privados y la red de distribución, pero únicamente en caso de que no sea responsable de ellos el distribuidor de aguas en su carácter de tal, conforme a la legislación nacional pertinente;
(No afecta a la versión española.)
Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
3.  «distribuidor de agua», la entidad que suministre, como mínimo, una media diaria de 10 m3 de agua destinada al consumo humano;
3.  «distribuidor de agua», una entidad jurídica que suministre, como mínimo, una media diaria de 10 m3 de agua destinada al consumo humano;
Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
3 bis.  «muy pequeño distribuidor de agua », un distribuidor de agua que suministre menos de 50 m3 al día o preste servicio a menos de 250 personas;
Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
4.  «pequeño distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre menos de 500 m3 al día o preste servicio a menos de 5 000 personas;
4.  «pequeño distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre menos de 500 m3 al día o preste servicio a menos de 2 500 personas;
Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
4 bis.  «distribuidor de agua mediano», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 500 m3 al día o preste servicio como mínimo a 2 500 personas;
Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
5.  «gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 500 m3 al día o preste servicio como mínimo a 5 000 personas;
5.  «gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 5 000 m3 al día o preste servicio como mínimo a 25 000 personas;
Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6
6.  «muy gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 5 000 m3 al día o preste servicio como mínimo a 50 000 personas;
6.  «muy gran distribuidor de agua», el distribuidor de agua que suministre como mínimo 20 000 m3 al día o preste servicio como mínimo a 100 000 personas;
Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7
7.  «locales prioritarios», los grandes locales con un elevado número de usuarios que pueden verse expuestos a riesgos relacionados con el agua, como hospitales, instituciones de atención sanitaria, edificios en los que se ofrecen servicios de alojamiento, establecimientos penitenciarios y zonas de acampada, según los determinen los Estados miembros;
7.  «locales prioritarios», los grandes locales , distintos de las viviendas, en los que un elevado número de personas, en particular personas vulnerables, pueden verse expuestas a riesgos relacionados con el agua, como hospitales, instituciones de atención sanitaria, residencias de la tercera edad, escuelas, universidades y otros centros educativos, guarderías y jardines de infancia, instalaciones deportivas, recreativas y de ocio, centros de exposiciones, edificios en los que se ofrecen servicios de alojamiento, establecimientos penitenciarios y zonas de acampada, según los determinen los Estados miembros;
Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
8 bis.   «empresa alimentaria», una empresa alimentaria según se define en el artículo 3, punto 2), del Reglamento (CE) n.º 178/2002.
Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  A las aguas utilizadas en cualquier empresa alimentaria con fines de fabricación, tratamiento, conservación o comercialización de productos o sustancias destinados al consumo humano, solo se les aplicarán los artículos 4, 5, 6 y 11 de la presente Directiva. No obstante, no se aplicará ninguno de los artículos de la presente Directiva cuando un operador de una empresa alimentaria pueda demostrar satisfactoriamente ante las autoridades nacionales competentes que la calidad del agua que emplea no afecta a la higiene de los productos o sustancias resultantes de su actividad, y que dichos productos o sustancias cumplen lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO L 139 de 30.4.2004, p. 1).
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)
1 ter.  No se considerará distribuidores de agua a los productores de agua destinada al consumo humano y envasada en botellas u otros recipientes.
Lo dispuesto en la presente Directiva se aplicará a las aguas destinadas al consumo humano que estén envasadas en botellas u otros recipientes en la medida en que no estén cubiertas por obligaciones derivadas de otros actos legislativos de la Unión.
Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 quater (nuevo)
1 quater.  Los buques marítimos que desalinicen agua, transporten pasajeros y actúen como distribuidores de agua solo estarán sujetos a los artículos 1 a 7 y 9 a 12 de la presente Directiva y a sus anexos.
Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra c
c)  los Estados miembros han adoptado todas las demás medidas necesarias para cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5 a 12 de la presente Directiva.
c)  los Estados miembros han adoptado todas las demás medidas necesarias para cumplir los requisitos establecidos:
i)   en los artículos 4 a 12 de la presente Directiva, para el agua destinada al consumo humana suministrada a los consumidores finales a través de una red de distribución o a partir de una cisterna;
ii)  en los artículos 4, 5 y 6 de la presente Directiva, para el agua destinada al consumo humano que haya sido envasada en botellas u otros recipientes en una industria alimentaria;
iii)  en los artículos 4, 5, 6 y 11 de la presente Directiva, para el agua destinada al consumo humano producida y utilizada en la industria alimentaria para la producción, transformación y distribución de alimentos.
Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2
2.  Los Estados miembros velarán por que las medidas que se tomen en aplicación de la presente Directiva no puedan tener en ningún caso el efecto de permitir, directa o indirectamente, la degradación de la calidad actual de las aguas destinadas al consumo humano ni de aumentar la contaminación de las aguas destinadas a la producción de agua destinada al consumo humano .
2.  Los Estados miembros velarán por que las medidas que se tomen en aplicación de la presente Directiva se ajusten plenamente al principio de precaución y no puedan tener en ningún caso el efecto de permitir, directa o indirectamente, la degradación de la calidad actual de las aguas destinadas al consumo humano ni de aumentar la contaminación de las aguas destinadas a la producción de agua destinada al consumo humano.
Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Los Estados miembros adoptarán medidas para garantizar que las autoridades competentes lleven a cabo una evaluación de los niveles de fuga de agua en su territorio y del potencial de mejora de reducción de las fugas de agua en el sector del agua potable. Dicha evaluación tendrá en cuenta los aspectos medioambientales, técnicos, económicos y de salud pública pertinentes. A más tardar el 31 de diciembre de 2022, los Estados miembros adoptarán objetivos nacionales a fin de reducir los niveles de fuga de los distribuidores de agua en su territorio para el 31 de diciembre de 2030. Los Estados miembros podrán establecer incentivos significativos para garantizar que los distribuidores de agua de su territorio cumplan esos objetivos nacionales.
Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter.  Si una autoridad competente encargada de la producción y distribución de agua destinada al consumo humano transfiere la gestión de la totalidad o de parte de las actividades de producción o suministro de agua a un distribuidor de agua, el contrato entre la autoridad competente y el distribuidor de agua especificará las responsabilidades de cada parte en virtud de la presente Directiva.
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1
1.  Los Estados miembros establecerán valores aplicables a las aguas destinadas al consumo humano en relación con los parámetros que figuran en el anexo I. Estos valores no serán menos restrictivos que los dispuestos en dicho anexo .
1.  Los Estados miembros establecerán valores aplicables a las aguas destinadas al consumo humano en relación con los parámetros que figuran en el anexo I.
Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Los valores establecidos con arreglo al apartado 1 no serán menos restrictivos que los que figuran en las partes A, B y B bis del anexo I. Con respecto a los parámetros contemplados en la parte B bis del anexo I, los valores se fijarán exclusivamente a efectos de control y para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 12.
Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que los agentes de tratamiento, los materiales y los procedimientos desinfectantes utilizados en los sistemas de suministro de agua no perjudican la calidad del agua destinada al consumo humano. Se minimizará toda contaminación del agua destinada al consumo humano por el uso de estos agentes, materiales y procedimientos sin comprometer, no obstante, la eficacia de la desinfección.
Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria
Los valores paramétricos establecidos de acuerdo con el artículo 5 para los parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B, deberán cumplirse:
Los valores paramétricos establecidos de acuerdo con el artículo 5 para los parámetros que figuran en el anexo I, partes A, B y C, deberán cumplirse:
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c
c)  para las aguas de manantial , en el punto de envasado.
c)  para el agua destinada al consumo humano que esté envasada en botellas u otros recipientes, en el punto de embotellado o envasado;
Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
c bis)  para el agua utilizada en empresas alimentarias en las que el suministro de agua corre a cargo de un distribuidor de agua, en el punto en que se suministra el agua en la empresa.
Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  En el caso de las aguas a que se refiere el apartado 1, letra a), se considerará que los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del presente artículo cuando pueda demostrarse que el incumplimiento de los parámetros previstos en el artículo 5 se debe al sistema de distribución domiciliaria o a su mantenimiento, excepto en los locales prioritarios.
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a
a)  una evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano, de conformidad con el artículo 8;
a)  una evaluación del peligro vinculado a las masas de agua o a parte de las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano, realizada por los Estados miembros de conformidad con el artículo 8;
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b
b)  una evaluación del riesgo en el suministro realizada por los distribuidores de agua a efectos del control de la calidad del agua que suministran, de conformidad con el artículo 9 y el anexo II, parte C;
b)  una evaluación del riesgo en el suministro realizada por los distribuidores de agua en cada sistema de suministro de agua a efectos de salvaguardar y controlar la calidad del agua que suministran, de conformidad con el artículo 9 y el anexo II, parte C;
Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Los Estados miembros podrán adaptar la aplicación del enfoque basado en el riesgo, sin comprometer el objetivo de la presente Directiva en lo relativo a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano y la salud de los consumidores, cuando existan limitaciones especiales debidas a circunstancias geográficas como la lejanía o la accesibilidad de la zona de abastecimiento de agua.
Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)
1 ter.  Los Estados miembros garantizarán un reparto claro y adecuado de las responsabilidades entre las partes interesadas, conforme a la definición de los Estados miembros, para la aplicación del enfoque basado en los riesgos por lo que respecta a las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano y para los sistemas de distribución domiciliaria. Dicho reparto de responsabilidades se adaptará a su marco jurídico e institucional.
Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
2.  Las evaluaciones del peligro se llevarán a cabo a más tardar [tres años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán cada tres años y se actualizarán según sea necesario.
2.  Las evaluaciones del peligro se llevarán a cabo a más tardar [tres años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán cada tres años teniendo en cuenta el requisito establecido en el artículo 7 de la Directiva 2000/60/CE de que los Estados miembros especifiquen las masas de agua, y se actualizarán según sea necesario.
Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
3.  Las evaluaciones del riesgo en el suministro serán realizadas por los grandes y muy grandes distribuidores de agua a más tardar [tres años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva], y por los pequeños distribuidores de agua a más tardar [seis años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán a intervalos periódicos no superiores a seis años y se actualizarán según sea necesario.
3.  Las evaluaciones del riesgo en el suministro serán realizadas por los distribuidores de agua a más tardar [seis años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán a intervalos periódicos no superiores a seis años y se actualizarán según sea necesario.
Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  Con arreglo a los artículos 8 y 9 de la presente Directiva, los Estados miembros adoptarán las medidas correctivas necesarias en el marco de los programas de medidas y de los planes hidrológicos de cuenca previstos en los artículos 11 y 13 de la Directiva 2000/60/CE, respectivamente.
Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4
4.   Las evaluaciones del riesgo en la distribución domiciliaria se llevarán a cabo a más tardar [tres años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán cada tres años y se actualizarán según sea necesario.
4.   Las evaluaciones del riesgo de la distribución domiciliaria en los locales previstos en el artículo 10, apartado 1 se llevarán a cabo a más tardar [tres años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva]. Estas evaluaciones se revisarán cada tres años y se actualizarán según sea necesario.
Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – título
Evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano
Evaluación, control y gestión del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano
Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros garantizarán que se lleva a cabo una evaluación del peligro que comprenda las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano que produzcan como media más de 10 m3 diarios. Dicha evaluación del peligro estará integrada por los elementos siguientes:
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE, en particular en sus artículos 4 a 8, los Estados miembros, en colaboración con sus autoridades competentes en materia de agua, garantizarán que se lleva a cabo una evaluación del peligro que comprenda las masas de agua utilizadas para la captación de agua destinada al consumo humano que produzcan como media más de 10 m3 diarios. Dicha evaluación del peligro estará integrada por los elementos siguientes:
Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a
a)  identificación y referencias geográficas de todos los puntos de captación en las masas de agua objeto de la evaluación del peligro;
a)  identificación y referencias geográficas de todos los puntos de captación en las masas de agua o parte de las masas de agua objeto de la evaluación del peligro. Dado que los datos a que se refiere la presente letra tienen un carácter potencialmente sensible, en particular en el marco de la protección de la salud pública, los Estados miembros garantizarán que estén protegidos y se comuniquen exclusivamente a las autoridades pertinentes;
Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b
b)  elaboración de mapas de los perímetros de protección, en aquellos casos en que se hayan establecido tales perímetros de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE, y de las zonas protegidas a que se refiere el artículo 6 de dicha Directiva;
b)  elaboración de mapas de los perímetros de protección, en aquellos casos en que se hayan establecido tales perímetros de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2000/60/CE;
Enmienda 216
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c
c)  identificación de los peligros y las posibles fuentes de contaminación que afecten a las masas de agua objeto de la evaluación del peligro; para ello, los Estados miembros podrán emplear el estudio del impacto ambiental de la actividad humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la información sobre las presiones significativas recopilada de conformidad con el anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva;
c)  identificación de los peligros y las posibles fuentes de contaminación que afecten a las masas de agua objeto de la evaluación del peligro. La investigación y la identificación de las fuentes de contaminación se actualizarán periódicamente para detectar nuevas sustancias que afectan a los microplásticos, especialmente las PFAS. para ello, los Estados miembros podrán emplear el estudio del impacto ambiental de la actividad humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la información sobre las presiones significativas recopilada de conformidad con el anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva;
Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d – parte introductoria
d)  control periódico realizado en las masas de agua objeto de la evaluación del peligro en relación con los contaminantes pertinentes seleccionados de las listas siguientes:
d)  control periódico realizado en las masas de agua o en parte de las masas de agua objeto de la evaluación del peligro en relación con los contaminantes que sean pertinentes para el suministro de agua y se hayan seleccionado de entre las listas siguientes:
Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra d – inciso iv
iv)  otros contaminantes pertinentes, como los microplásticos, o contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas determinados por los Estados miembros sobre la base del estudio del impacto ambiental de la actividad humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la información sobre las presiones significativas recopilada de conformidad con el anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva.
iv)  los parámetros a efectos de control que figuran exclusivamente en el anexo I, parte C bis, u otros contaminantes pertinentes, como los microplásticos, siempre que se haya establecido una metodología para medir microplásticos conforme a lo previsto en el artículo 11, apartado 5 ter, o contaminantes específicos de las cuencas hidrográficas determinados por los Estados miembros sobre la base del estudio del impacto ambiental de la actividad humana efectuado con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2000/60/CE y la información sobre las presiones significativas recopilada de conformidad con el anexo II, punto 1.4, de dicha Directiva.
Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los muy pequeños distribuidores de agua podrán quedar exentos de los requisitos contemplados en las letras a), b) y c) del presente apartado siempre que la autoridad competente tenga conocimiento documentado previo y actualizado de los parámetros correspondientes a que se refieren dichas letras. Esta exención será revisada por la autoridad competente al menos cada tres años y se actualizará según sea necesario.
Enmienda 217
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3
A efectos del control periódico, los Estados miembros podrán valerse de los controles que se lleven a cabo en virtud de otros actos legislativos de la Unión.
A efectos del control periódico, así como para que la detección de nuevas sustancias perjudiciales a través de nuevas investigaciones, los Estados miembros podrán valerse de la capacidad de investigación y los controles que se lleven a cabo en virtud de otros actos legislativos de la Unión.
Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3
3.  Los Estados miembros informarán a los distribuidores de agua que utilicen la masa de agua objeto de la evaluación del peligro de los resultados del control realizado en virtud del apartado 1, letra d), y, en función de tales resultados, podrán:
suprimido
a)   exigir a los distribuidores de agua que lleven a cabo controles o tratamientos adicionales en relación con determinados parámetros;
b)   autorizar a los distribuidores a reducir la frecuencia de los controles de determinados parámetros, sin necesidad de llevar a cabo una evaluación del riesgo en el suministro, siempre y cuando no se trate de parámetros básicos en el sentido del anexo II, parte B, punto 1, y no exista la probabilidad de que un factor que pueda preverse razonablemente cause un deterioro de la calidad de las aguas.
Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4
4.  Cuando se autorice a un distribuidor de agua a reducir la frecuencia de los controles según se menciona en el apartado 2, letra b), el Estado miembro correspondiente seguirá realizando controles periódicos de esos parámetros en la masa de agua objeto de la evaluación del peligro.
suprimido
Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria
Sobre la base de la información recabada con arreglo a los apartados 1 y 2 y en virtud de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros adoptarán, en colaboración con los distribuidores de agua y otras partes interesadas, las medidas que se indican a continuación, o bien garantizarán que los propios distribuidores de agua adoptan tales medidas:
Sobre la base de la información recabada con arreglo a los apartados 1 y 2 y en virtud de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros adoptarán, en colaboración con los distribuidores de agua y otras partes interesadas, las medidas que se indican a continuación:
Enmienda 178
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a
a)  medidas preventivas destinadas a reducir el nivel de tratamiento requerido y proteger la calidad del agua, incluidas las medidas que se mencionan en el artículo 11, apartado 3, letra d), de la Directiva 2000/60/CE;
suprimido
Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
a bis)  garantizar que los responsables de la contaminación, en cooperación con los distribuidores de agua y otras partes interesadas pertinentes, adopten medidas preventivas para evitar o reducir el nivel de tratamiento requerido y salvaguardar la calidad del agua, incluidas las medidas a que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra d), de la Directiva 2000/60/CE, así como las medidas adicionales que se consideren necesarias sobre la base del control efectuado con arreglo al apartado 1, letra d), del presente artículo;
Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 8– apartado 5 – párrafo 1 – letra b
b)  las medidas de atenuación que se consideren necesarias sobre la base de los controles realizados en virtud del apartado 1, letra d), a fin de identificar y atajar la fuente de contaminación.
b)  las medidas de atenuación que se consideren necesarias sobre la base de los controles realizados en virtud del apartado 1, letra d), a fin de identificar y atajar la fuente de contaminación y de evitar cualquier tratamiento adicional, cuando las medidas de prevención no se consideren lo suficientemente viables ni eficaces para atajar la fuente de contaminación de forma oportuna;
Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
b bis)  cuando las medidas contempladas en las letras a bis) y b) no se hayan considerado suficientes para proporcionar una protección adecuada de la salud humana, exigir a los distribuidores de agua que lleven a cabo un control adicional de determinados parámetros en el punto de captación o tratamiento, siempre que sea estrictamente necesario para evitar riesgos para la salud.
Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  Los Estados miembros informarán a los distribuidores de agua que utilicen la masa de agua o parte de la masa de agua objeto de la evaluación del peligro de los resultados del control realizado en virtud del apartado 1, letra d), y, en función de tales resultados y de la información recopilada con arreglo a los apartados 1 y 2 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros podrán:
a)  autorizar a los distribuidores de agua a reducir la frecuencia de los controles de determinados parámetros o el número de parámetros sometidos a control, sin necesidad de llevar a cabo una evaluación del riesgo en el suministro, siempre y cuando no se trate de parámetros básicos en el sentido del anexo II, parte B, punto 1, y no exista la probabilidad de que un factor que pueda preverse razonablemente cause un deterioro de la calidad de las aguas;
b)  cuando se autorice a un distribuidor de agua a reducir la frecuencia de los controles según se menciona en la letra a), seguir realizando controles periódicos de esos parámetros en la masa de agua objeto de la evaluación del peligro.
Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título
Evaluación del riesgo en el suministro
Evaluación, control y gestión del riesgo en el suministro
Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros garantizarán que los distribuidores de agua llevan a cabo una evaluación del riesgo en el suministro, previendo para ello la posibilidad de ajustar la frecuencia de los controles de cualquiera de los parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B, en función de su presencia en las aguas sin tratar, siempre y cuando no se trate de parámetros básicos de conformidad con el anexo II, parte B.
De conformidad con el anexo II, parte C, los Estados miembros garantizarán que los distribuidores de agua llevan a cabo una evaluación del riesgo en el suministro, previendo para ello la posibilidad de ajustar la frecuencia de los controles de cualquiera de los parámetros que figuran en el anexo I, partes A, B y B bis, en función de su presencia en las aguas sin tratar, siempre y cuando no se trate de parámetros básicos de conformidad con el anexo II, parte B.
Enmienda 88
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2
Con respecto a estos parámetros, los Estados miembros permitirán a los distribuidores de agua apartarse de las frecuencias de muestreo establecidas en el anexo II, parte B, según las especificaciones dispuestas en el anexo II, parte C.
Con respecto a estos parámetros, los Estados miembros permitirán a los distribuidores de agua apartarse de las frecuencias de muestreo establecidas en el anexo II, parte B, según las especificaciones dispuestas en el anexo II, parte C, y en función de su presencia en las aguas sin tratar y del plan de tratamiento.
Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3
A tal efecto, se exigirá a los distribuidores de agua que tengan en cuenta los resultados de la evaluación del peligro realizada de conformidad con el artículo 8 de la presente Directiva y de los controles realizados con arreglo al artículo 7, apartado 1, y el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE.
A tal efecto, los distribuidores de agua tendrán en cuenta los resultados de la evaluación del peligro realizada de conformidad con el artículo 8 de la presente Directiva y de los controles realizados con arreglo al artículo 7, apartado 1, y el artículo 8 de la Directiva 2000/60/CE.
Enmienda 90
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Los Estados miembros podrán eximir de lo dispuesto en el apartado 1 a los muy pequeños distribuidores de agua siempre que la autoridad competente tenga conocimiento documentado previo y actualizado de los parámetros pertinentes y considere que dichas exenciones no entrañan un riesgo para la salud humana, sin perjuicio de las obligaciones de la autoridad con arreglo al artículo 4.
Las exenciones serán revisada por la autoridad competente cada tres años o cuando se detecte cualquier nuevo peligro de contaminación en la zona de captación, y se actualizarán según sea necesario.
Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
2.  Las evaluaciones del riesgo en el suministro deberán ser aprobadas por las autoridades competentes.
2.  Las evaluaciones del riesgo en el suministro serán responsabilidad de los distribuidores de agua, quienes velarán por que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva. Para ello, los distribuidores de agua podrán solicitar la ayuda de las autoridades competentes.
Los Estados miembros podrán exigir a las autoridades competentes que aprueben o controlen las evaluaciones del riesgo en el suministro de los distribuidores de agua .
Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Sobre la base de los resultados de la evaluación del riesgo en el suministro llevada a cabo en virtud del apartado 1, los Estados miembros se asegurarán de que los distribuidores de agua establezcan un plan de seguridad del agua adaptado a los riesgos detectados y proporcionado al tamaño del distribuidor de agua. A modo de ejemplo, dicho plan de seguridad del agua puede referirse a los materiales utilizados que estén en contacto con el agua, los productos de tratamiento del agua, posibles riesgos derivados de fugas en las tuberías o medidas de adaptación a los retos actuales y futuros, como el cambio climático, y los Estados miembros deberán especificar dicho plan en mayor medida.
Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – título
Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria
Evaluación, vigilancia y gestión del riesgo en la distribución domiciliaria
Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Los Estados miembros garantizarán que se lleva a cabo una evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria compuesto de los elementos siguientes:
1.  Los Estados miembros garantizarán que se lleva a cabo una evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria en locales prioritarios compuesto de los elementos siguientes:
Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra a
a)  Una evaluación de los posibles riesgos vinculados a los sistemas de distribución domiciliaria y a los productos y materiales relacionados con los sistemas, así como de si afectan a la calidad del agua en el punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el consumo humano, especialmente cuando el agua se suministre al público en locales prioritarios.
a)  Una evaluación de los posibles riesgos vinculados a los sistemas de distribución domiciliaria y a los productos y materiales relacionados con los sistemas, así como de si afectan a la calidad del agua en el punto en el cual surge de los grifos que son utilizados habitualmente para el consumo humano.
Enmienda 96
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b – párrafo 1
b)  El control periódico de los parámetros que figuran en el anexo I, parte C, en los locales en que se considere que el posible peligro para la salud humana es mayor. Los parámetros y locales pertinentes a efectos del control se seleccionarán sobre la base de la evaluación realizada en virtud de la letra a).
b)  El control periódico de los parámetros que figuran en el anexo I, parte C, en los locales prioritarios en los que se han identificado riesgos específicos para la calidad del agua durante la evaluación realizada en virtud de la letra a).
Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra b – párrafo 2
En lo que respecta al control periódico a que se refiere el párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer una estrategia de control centrada en los locales prioritarios.
En lo que respecta al control periódico, los Estados miembros garantizarán el acceso a las instalaciones en los locales prioritarios con fines de muestreo y podrán establecer una estrategia de control, en particular por lo que se refiere a la bacteria Legionella pneumophila.
Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra c
c)  Una verificación de la idoneidad de las prestaciones de los productos de construcción que están en contacto con las aguas destinadas al consumo humano en relación con las características fundamentales ligadas al requisito básico para las obras de construcción que se especifica en el anexo I, punto 3, letra e), del Reglamento (UE) n.º 305/2011.
c)  Una verificación de la idoneidad de las prestaciones de los productos y materiales que están en contacto con las aguas destinadas al consumo humano en relación con la protección de la salud humana.
Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
c bis)  Una verificación para constatar que los materiales utilizados son adecuados para estar en contacto con el agua destinada al consumo humano y que se cumplen los requisitos especificados en el artículo 11.
Enmienda 100
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2
2.  Si un Estado miembro considera, en función de la evaluación llevada a cabo con arreglo al apartado 1, letra a), que hay un riesgo para la salud humana derivado del sistema de distribución domiciliaria o de los productos y materiales relacionados con el sistema, o si los controles realizados de conformidad con el apartado 1, letra b), ponen de manifiesto que no se cumplen los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C, el Estado miembro:
2.  Si un Estado miembro considera, en función de la evaluación llevada a cabo con arreglo al apartado 1, letra a), que hay un riesgo para la salud humana derivado del sistema de distribución domiciliaria de los locales prioritarios o de los productos y materiales relacionados con el sistema, o si los controles realizados de conformidad con el apartado 1, letra b), ponen de manifiesto que no se cumplen los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C, el Estado miembro garantizará que se han adoptado las medidas apropiadas para eliminar o reducir el riesgo de incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C.
a)  adoptará las medidas oportunas para eliminar o reducir el riesgo de incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C;
b)  adoptará las medidas necesarias para garantizar que la migración de sustancias o sustancias químicas procedentes de los productos de construcción empleados en la preparación o distribución de agua destinada al consumo humano no pone en peligro, directa o indirectamente, la salud humana;
c)  adoptará otras medidas, como técnicas de acondicionamiento apropiadas, en colaboración con los distribuidores de agua, para modificar la naturaleza o las propiedades del agua antes de su suministro, con el fin de reducir o eliminar el riesgo de que el agua incumpla los valores paramétricos después del suministro;
d)  informarán debidamente y asesorarán a los consumidores sobre las condiciones de consumo y utilización del agua y sobre las posibles medidas para evitar el riesgo de que se repita la situación;
e)  organizará actividades de formación para fontaneros y otros profesionales que intervengan en los sistemas de distribución domiciliaria y la instalación de productos de construcción;
f)  en el caso de la Legionella, garantizará que se cuenta con medidas eficaces de control y gestión para evitar y hacer frente a los posibles brotes de la enfermedad.
Enmienda 101
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Con vistas a reducir los riesgos relacionados con la distribución domiciliaria en todos los sistema de distribución domiciliaria, los Estados miembros:
a)  fomentarán la evaluación del riesgo vinculado a la distribución domiciliaria por parte de los propietarios de locales tanto públicos como privados;
b)  informarán a los consumidores y los propietarios de locales tanto públicos como privados de las medidas destinadas a eliminar o reducir el riesgo de incumplimiento de las normas de calidad del agua destinada al consumo humano debido al sistema de distribución domiciliaria;
c)  informarán debidamente y asesorarán a los consumidores de las condiciones de consumo y utilización del agua y sobre las posibles medidas para evitar el riesgo de que se repita la situación;
d)  organizarán actividades de formación para fontaneros y otros profesionales que intervengan en los sistemas de distribución domiciliaria y la instalación de productos y materiales en contacto con el agua; y
e)  en el caso de las bacterias Legionella, en particular la Legionella pneumophila, garantizarán que se cuente con medidas eficaces de control y gestión proporcionadas al riesgo para evitar y hacer frente a los posibles brotes de la enfermedad.
Enmienda 102
Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)
Artículo 10 bis
Requisitos mínimos de higiene para las sustancias y materiales de los productos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano
1.   Los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que las sustancias y los materiales para la fabricación de nuevos productos en contacto con el agua destinada al consumo humano que se comercializan y se utilizan para la captación, el tratamiento o la distribución, o que las impurezas asociadas a dichas sustancias:
a)  no reduzcan directa o indirectamente la protección de la salud humana prevista en la presente Directiva;
b)  no afecten al olor ni el sabor del agua destinada al consumo humano;
c)  no estén presentes en el agua destinada al consumo humano en un nivel de concentración superior al nivel necesario para alcanzar el objetivo para el que se utilizan; y
d)  no favorezcan el desarrollo microbiológico.
2.   Con el fin de garantizar la aplicación armonizada del apartado 1, a más tardar el … [tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión adoptará actos delegados, de conformidad con el artículo 19, con el fin de completar la presente Directiva, estableciendo los requisitos mínimos en materia de higiene y la lista de sustancias utilizadas para la fabricación de los materiales que están en contacto con el agua destinada al consumo humano autorizados dentro de la Unión, incluidos los límites de migración específicos y las condiciones de uso especiales, cuando proceda. La Comisión revisará y actualizará periódicamente dicha lista, de acuerdo con los últimos avances científicos y tecnológicos.
3.  Con el fin de apoyar a la Comisión a la hora de adoptar y modificar los actos delegados con arreglo al apartado 2, se establecerá una comisión permanente formada por representantes designados por los Estados miembros, que podrán solicitar la asistencia de expertos o asesores.
4.  Los materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano cubiertos por otros actos legislativos de la Unión, como el Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, cumplirán los requisitos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
______________
1 bis Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo (DO L 88 de 4.4.2011, p. 5).
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 103
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1
1.  Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para garantizar que se lleve a cabo un control regular de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, con objeto de comprobar si las aguas suministradas a los consumidores cumplen los requisitos de la presente Directiva, en particular los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5. Deberán tomarse muestras que sean representativas de la calidad del agua consumida a lo largo del año. Además, los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para que, en los casos en que la desinfección forme parte del proceso de preparación o distribución de las aguas destinadas al consumo humano, se verifique la eficacia del tratamiento desinfectante, y para que cualquier contaminación generada por productos derivados de la desinfección sea lo más baja posible, sin poner en peligro la desinfección.
1.  Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para garantizar que se lleve a cabo un control regular de la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, con objeto de comprobar que cumplen los requisitos de la presente Directiva, en particular los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5. Deberán tomarse muestras que sean representativas de la calidad del agua consumida a lo largo del año. Además, los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones necesarias para que, en los casos en que la desinfección forme parte del proceso de preparación o distribución de las aguas destinadas al consumo humano, se verifique la eficacia del tratamiento desinfectante, y para que cualquier contaminación generada por productos derivados de la desinfección sea lo más baja posible, sin poner en peligro la desinfección.
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 104
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los resultados del control efectuado conforme a los controles de parámetros enumerados en la parte C bis del anexo I el ... [tres años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y, posteriormente, una vez al año.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 19 con el fin de modificar la presente Directiva mediante la actualización de las sustancias incluidas en la lista de observación establecida en la parte C bis del anexo I. La Comisión podrá decidir añadir sustancias cuando exista el riesgo de que dichas sustancias se encuentren presentes en el agua destinada al consumo humano y supongan un riesgo potencial para la salud humana, pero para los cuales los conocimientos científicos no han demostrado un riesgo para la salud humana. Para ello, la Comisión se basará, en particular, en las investigaciones científicas de la OMS. La adición de una nueva sustancia estará debidamente justificada con arreglo al artículo 1 de la presente Directiva.
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 105
Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 ter (nuevo)
5 ter.  A más tardar el … [un año después de la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 19 con el fin de completar la presente Directiva mediante la adopción de una metodología para medir los microplásticos incluidos en la lista de observación establecida en la parte C bis del anexo I.
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 106
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
1.  Los Estados miembros velarán por que se investigue inmediatamente todo incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5 para determinar su causa.
1.  Los Estados miembros velarán por que se investigue inmediatamente todo incumplimiento de los valores paramétricos establecidos de conformidad con el artículo 5 en el punto de cumplimiento determinado con arreglo al artículo 6 para determinar su causa.
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 107
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2
En caso de incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C, las medidas correctivas incluirán las medidas dispuestas en el artículo 10, apartado 2, letras a) a f).
En caso de incumplimiento de los valores paramétricos establecidos en el anexo I, parte C, las medidas correctivas incluirán las medidas dispuestas en el artículo 10, apartado 2 bis.
Enmienda 108
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2
Los Estados miembros considerarán automáticamente que todo incumplimiento de los requisitos mínimos relativos a los valores paramétricos establecidos en el anexo I, partes A y B, puede representar un peligro para la salud humana.
Los Estados miembros considerarán que un incumplimiento de los requisitos mínimos relativos a los valores paramétricos establecidos en el anexo I, partes A y B, puede representar un peligro para la salud humana, excepto cuando las autoridades competentes consideren insignificante el incumplimiento de los valores paramétricos.
Enmienda 109
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – parte introductoria
4.  En los casos que se describen en los apartados 2 y 3, los Estados miembros adoptarán, tan pronto como sea posible, las medidas siguientes:
4.  En los casos que se describen en los apartados 2 y 3, cuando el incumplimiento de los valores paramétricos se considere un peligro potencial para la salud humana, los Estados miembros adoptarán, tan pronto como sea posible, las medidas siguientes:
Enmienda 110
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
Las medidas a las que hacen referencia las letras a), b) y c) se adoptarán en cooperación con el distribuidor de agua de que se trate.
Enmienda 111
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5
5.  Las autoridades u organismos competentes decidirán qué actuación deberá llevarse a cabo de conformidad con el apartado 3, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana que se derivarían de una interrupción del suministro o de una restricción de la utilización del agua destinada al consumo humano.
5.  Cuando el incumplimiento se detecte en el punto de cumplimiento, las autoridades u organismos competentes decidirán qué actuación deberá llevarse a cabo de conformidad con el apartado 3, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana que se derivarían de una interrupción del suministro o de una restricción de la utilización del agua destinada al consumo humano.
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 112
Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)
Artículo 12 bis
Excepciones
1.  Los Estados miembros podrán establecer excepciones con respecto a los valores paramétricos fijados en la parte B del anexo I o fijados de conformidad con el artículo 5, apartado 2, hasta un valor máximo por ellos determinado, siempre que esas excepciones no constituyan un peligro para la salud humana y allí donde el suministro de agua destinada al consumo humano no se pueda mantener de ninguna otra forma razonable. Dichas excepciones se limitarán a los casos siguientes:
a)  una nueva zona de abastecimiento;
b)  una nueva fuente de contaminación detectada en una zona de abastecimiento de agua o parámetros nuevos o detectados recientemente.
Las excepciones deberán estar limitadas a una duración lo más breve posible y no excederán de tres años, hacia el final de los cuales los Estados miembros deberán realizar un estudio para determinar si se han logrado progresos suficientes.
En circunstancias excepcionales, un Estado miembro podrá conceder una segunda excepción con respecto a las letras a) y b) del párrafo primero. Cuando un Estado miembro tenga intención de conceder esta segunda excepción, remitirá a la Comisión el estudio junto con una exposición de los motivos que justifiquen su decisión de conceder una nueva excepción. Dicha segunda excepción no será superior a tres años.
2.  Toda excepción autorizada con arreglo al apartado 1 especificará lo siguiente:
a)  los motivos de la excepción;
b)  los parámetros afectados, los resultados pertinentes de controles anteriores y el valor máximo admisible de acuerdo con la excepción;
c)  la zona geográfica, la cantidad de agua suministrada por día, la población afectada y si se vería afectada o no alguna empresa alimentaria pertinente;
d)  un mecanismo de control adecuado que prevea una mayor frecuencia de los controles cuando sea preciso;
e)  un resumen del plan con las medidas correctivas necesarias, que incluirá un calendario de trabajo, una estimación de costes y disposiciones para la revisión del plan; y
f)  el plazo de vigencia de la excepción.
3.  Si las autoridades competentes consideran que el incumplimiento de un valor paramétrico es insignificante y si las medidas correctivas adoptadas de conformidad con el artículo 12, apartado 2, pueden resolver el problema en un plazo máximo de treinta días, las informaciones previstas en el apartado 2 del presente artículo no deberán indicarse en la excepción.
En tal caso, las autoridades u otros organismos competentes solo tendrán que fijar en la excepción el valor máximo admisible para el parámetro y el plazo que se concede para resolver el problema.
4.  Si el incumplimiento de un valor paramétrico concreto en un suministro de agua dado se ha producido durante más de treinta días en total a lo largo de los últimos doce meses, no se podrá seguir aplicando lo dispuesto en el apartado 3.
5.  Todo Estado miembro que haya aplicado las excepciones a que se refiere el presente artículo velará por que la población afectada por la excepción sea informada sin demora de esta y de sus condiciones de forma adecuada. Además, el Estado miembro procurará que, cuando sea necesario, se formulen recomendaciones a grupos de población particulares para los que la excepción pudiera representar un riesgo especial.
Las obligaciones a las que hace referencia el párrafo primero no se aplicarán en las circunstancias descritas en el apartado 3, a menos que las autoridades competentes decidan lo contrario.
6.  Con la salvedad de las excepciones concedidas de conformidad con el apartado 3, los Estados miembros informarán a la Comisión en el plazo de dos meses de las excepciones establecidas con respecto a todo suministro de agua individual que supere los 1 000 m3 al día como media o que abastezca a más de 5 000 personas, adjuntando la información especificada en el apartado 2.
7.  El presente artículo no se aplicará a las aguas destinadas al consumo humano comercializadas en botellas u otros recipientes.
Enmiendas 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 y 220
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros adoptarán toda medida necesaria para mejorar el acceso de todos a las aguas destinadas al consumo humano y promover su uso en su territorio. Lo anterior comprenderá todas las medidas que se indican a continuación:
1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE y de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, los Estados miembros adoptarán, a la vez que tienen en cuenta las perspectivas locales y regionales y las circunstancias de la distribución del agua, toda medida necesaria para mejorar el acceso universal de todos a las aguas destinadas al consumo humano y promover su uso en su territorio.
a)  identificar a las personas sin acceso al agua destinada al consumo humano y las causas de esa falta de acceso (como la pertenencia a un grupo vulnerable o marginado), evaluar las posibilidades para mejorar el acceso de estas personas al agua destinada al consumo humano e informarles de las posibilidades para conectarse a la red de distribución o de los medios alternativos para acceder al agua destinada al consumo humano;
a)  identificar a las personas sin acceso, o con un acceso limitado, al agua destinada al consumo humano, incluidos los grupos vulnerables y marginados, y las causas de esa falta de acceso, evaluar las posibilidades y adoptar las medidas para mejorar el acceso de estas personas al agua destinada al consumo humano e informarles de las posibilidades para conectarse a la red de distribución o de los medios alternativos para acceder al agua destinada al consumo humano;
a bis)   garantizar el suministro público de agua destinada al consumo humano;
b)   instalar y mantener equipos de exterior e interior para el acceso gratuito al agua destinada al consumo humano en los espacios públicos;
b)  instalar y mantener equipos de exterior e interior, incluidos puntos de abastecimiento, para el acceso gratuito al agua destinada al consumo humano en los espacios públicos, en especial en zonas muy transitadas; esto se hará donde sea técnicamente viable, de modo que sea proporcionado a la necesidad de dichas medidas y teniendo en cuenta las condiciones locales específicas, como el clima y la geografía;
c)  promover el agua destinada al consumo humano a través de lo siguiente:
c)  promover el agua destinada al consumo humano a través de lo siguiente:
i)  organización de campañas destinadas a informar a los ciudadanos de la calidad de esta agua;
i)  organización de campañas destinadas a informar a los ciudadanos de la elevada calidad del agua del grifo y a sensibilizar sobre el punto de abastecimiento designado más cercano;
i bis)  organización de campañas destinadas a fomentar el uso por parte del público en general de botellas reutilizables y lanzamiento de iniciativas para informar al público general de la ubicación de los puntos de abastecimiento de agua;
ii)  fomento del suministro de esta agua en las administraciones y los edificios públicos;
ii)  garantía del suministro gratuito de esta agua en las administraciones y los edificios públicos, así como disuasión del consumo de agua en botellas de plástico de un solo uso o en contenedores en dichas administraciones y edificios;
iii)  fomento del suministro gratuito de esta agua en restaurantes, cantinas y servicios de comidas.
iii)  fomento del suministro de esta agua de manera gratuita o por una pequeña tasa de servicio, para los consumidores en restaurantes, cantinas y servicios de comidas.
Enmienda 114
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1
Sobre la base de la información recabada en virtud del apartado 1, letra a), los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso de los grupos vulnerables y marginados al agua destinada al consumo humano.
Sobre la base de la información recabada en virtud del apartado 1, letra a), los Estados miembros adoptarán las medidas que consideren necesarias y apropiadas para garantizar el acceso de los grupos vulnerables y marginados al agua destinada al consumo humano.
Enmiendas 173, 199 y 209
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   En los casos en que las obligaciones establecidas en el presente artículo incumban a las autoridades públicas locales con arreglo a la legislación nacional, los Estados miembros velarán por que dichas autoridades dispongan de los medios y recursos necesarios para garantizar el acceso al agua destinada al consumo humano y por que toda medida a tal efecto sea proporcionada respecto de las capacidades y el tamaño de la red de suministro afectada.
Enmiendas 174, 200 y 210
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter.   Teniendo en cuenta los datos recopilados de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 15, apartado 1, letra a), la Comisión colaborará con los Estados miembros y con el Banco Europeo de Inversiones para ayudar a los municipios de la Unión que carezcan del capital necesario, al objeto de permitirles acceder a la asistencia técnica, la financiación disponible de la Unión y los préstamos a largo plazo a un tipo de interés preferente, en especial con el fin de mantener y renovar la infraestructura hídrica para garantizar el suministro de agua de alta calidad, así como ampliar los servicios de agua y saneamiento a los grupos vulnerables y marginados de la población.
Enmienda 116
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1
1.  Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad, para todas las personas abastecidas, de información adecuada y actualizada sobre las aguas destinadas al consumo humano, de conformidad con el anexo IV.
1.  Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad en línea, o bien por otros medios igualmente fáciles de usar, para todas las personas abastecidas, de información actualizada y accesible sobre las aguas destinadas al consumo humano, de conformidad con el anexo IV.
Enmienda 117
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria
Los Estados miembros garantizarán que todas las personas abastecidas reciben con carácter periódico, y como mínimo una vez al año, de la forma más apropiada (por ejemplo, a través de su factura o mediante aplicaciones inteligentes) y sin necesidad de solicitarla, la información siguiente:
Los Estados miembros garantizarán que todas las personas abastecidas reciben con carácter periódico, y como mínimo una vez al año, de la forma más apropiada y fácilmente accesible (por ejemplo, a través de su factura o mediante aplicaciones inteligentes) determinada por las autoridades competentes, la información siguiente:
Enmienda 118
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria
a)  información sobre la estructura de costes de la tarifa que se aplica por metro cúbico de agua destinada al consumo humano, incluidos los costes fijos y variables, con la especificación, como mínimo, de los costes relativos a los aspectos siguientes:
a)  cuando los costes se recuperen mediante un sistema de tarificación, información sobre la estructura de costes de la tarifa que se aplica por metro cúbico de agua destinada al consumo humano, incluida la distribución de los costes fijos y variables;
Enmienda 119
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i
i)  medidas adoptadas por los distribuidores de agua a efectos de la evaluación del riesgo con arreglo al artículo 8, apartado 5;
suprimido
Enmienda 120
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii
ii)  tratamiento y distribución del agua destinada al consumo humano;
suprimido
Enmienda 121
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iii
iii)  recogida y tratamiento de las aguas residuales;
suprimido
Enmienda 122
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
iv)  medidas adoptadas con arreglo al artículo 13, en caso de que los distribuidores de agua las hayan adoptado;
suprimido
Enmienda 123
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
a bis)  información relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, incluidos los parámetros indicadores;
Enmienda 124
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b
b)  el precio por litro y metro cúbico de agua destinada al consumo humano que se suministre;
b)  cuando los costes se recuperen mediante un sistema de tarificación, el precio por metro cúbico del suministro de agua destinada al consumo humano que se suministre y el precio facturado expresado por litro de agua; en caso de que los costes no se recuperen mediante un sistema de tarificación, los costes anuales totales soportados por el sistema de agua para garantizar el cumplimiento de la presente Directiva, acompañados de información de contexto y pertinente sobre cómo se suministra agua destinada al consumo humano a la zona;
Enmienda 125
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
b bis)   el tratamiento y la distribución del agua destinada al consumo humano;
Enmienda 126
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
c)  el volumen consumido por hogar, como mínimo por año o por período de facturación, junto con las tendencias anuales de consumo;
c)  el volumen consumido por hogar, como mínimo por año o por período de facturación, junto con las tendencias anuales de consumo doméstico, siempre que esto sea técnicamente viable y solo si dichos datos se ponen a disposición del distribuidor de agua;
Enmienda 127
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d
d)  comparación entre el consumo anual de agua del hogar y el consumo medio de un hogar de la misma categoría;
d)  comparación entre el consumo anual de agua del hogar y el consumo medio de un hogar cuando sea de aplicación de acuerdo con la letra c);
Enmienda 128
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 – párrafo 2
La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe facilitarse en virtud del párrafo primero. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 20, apartado 2.
Los Estados miembros estipularán una clara división de las responsabilidades en relación con la facilitación de información en virtud del párrafo primero entre los distribuidores de agua, las partes interesada y los organismos locales. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 19 por los que se complete la presente Directiva en los que se especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe facilitarse en virtud del párrafo primero.
Enmienda 129
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d
d)  en caso de haberse producido un incidente relacionado con el agua potable que haya podido representar un peligro para la salud humana, independientemente de si se ha incumplido alguno de los valores paramétricos, y que haya durado más de diez días consecutivos y afectado, como mínimo, a mil personas, establecerán, y posteriormente actualizarán con carácter anual, un conjunto de datos que contendrá la información sobre el incidente, incluidas sus causas y las medidas correctivas adoptadas con arreglo al artículo 12.
d)  en caso de haberse producido un incidente relacionado con el agua potable que haya podido representar un riesgo para la salud humana, independientemente de si se ha incumplido alguno de los valores paramétricos, y que haya durado más de diez días consecutivos y afectado, como mínimo, a mil personas, establecerán, y posteriormente actualizarán con carácter anual, un conjunto de datos que contendrá la información sobre el incidente, incluidas sus causas y las medidas correctivas adoptadas con arreglo al artículo 12.
Enmienda 130
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1
4.  La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en los que se especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe facilitarse de conformidad con los apartados 1 y 3, incluidos los requisitos detallados en relación con los indicadores, los mapas generales a escala de la Unión y los informes generales sobre los Estados miembros mencionados en el apartado 3.
4.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 19 por los que se complete la presente Directiva en los que se especifiquen el formato y las modalidades de presentación de la información que debe facilitarse de conformidad con los apartados 1 y 3, incluidos los requisitos detallados en relación con los indicadores, los mapas generales a escala de la Unión y los informes generales sobre los Estados miembros mencionados en el apartado 3.
Enmienda 131
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2
Los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 20, apartado 2.
suprimido
Enmienda 132
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra b
b)  las disposiciones relacionadas con el acceso al agua que figuran en el artículo 13;
b)  las disposiciones relacionadas con el acceso al agua que figuran en el artículo 13 y el porcentaje de la población sin acceso al agua;
Enmienda 133
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra c
c)  las disposiciones relativas a la información que se debe facilitar al público en virtud del artículo 14 y el anexo IV.
c)  las disposiciones relativas a la información que se debe facilitar al público en virtud del artículo 14 y el anexo IV, incluido un resumen fácilmente comprensible a escala de la Unión de la información enumerada en el punto 7 del anexo IV.
Enmienda 134
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar... [cinco años después de la fecha límite de transposición de la presente Directiva], y más adelante cuando resulte apropiado, un informe sobre el riesgo potencial que suponen para las fuentes de agua destinada al consumo humano los microplásticos, los medicamentos y, en su caso, los nuevos contaminantes que puedan aparecer, así como sobre los riesgos potenciales para la salud asociados a ello. La Comisión estará facultada para adoptar, en caso de ser necesario, actos delegados de conformidad con el artículo 19, con el fin de completar la presente Directiva, por los que se determinen los valores máximos de microplásticos, medicamentos y otros contaminantes que puedan aparecer en el agua destinada al consumo humano.
Justificación
Es importante vigilar la aparición de nuevas sustancias en el agua potable y, en caso de detectar un riesgo para la salud, poder introducir valores paramétricos. Es necesario establecer una forma de proceder uniforme a nivel de la Unión para determinar o modificar los valores máximos, a fin de garantizar la misma protección en toda la Unión.
Enmienda 135
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.   A más tardar el … [cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión examinará si el artículo 10 bis ha dado lugar a un nivel de armonización adecuado de los requisitos higiénicos aplicables a los productos y materiales en contacto con el agua destinada al consumo humano y, en caso necesario, adoptará las medidas correspondientes.
Enmienda 136
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2
2.  Las excepciones concedidas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en [la fecha límite para la transposición de la presente Directiva], seguirán siendo aplicables hasta el final de la excepción. Estas excepciones no se podrán renovar.
2.  Las excepciones concedidas por los Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 98/83/CE y que aún sean aplicables en [la fecha límite para la transposición de la presente Directiva], seguirán siendo aplicables hasta el final de la excepción.
Enmienda 179
Propuesta de Directiva
Anexo I – parte A – cuadro

Texto de la Comisión

Parámetro

Valor paramétrico

Unidad

Esporas de Clostridium perfringens

0

Número/100 ml

Bacterias coliformes

0

Número/100 ml

Enterococos

0

Número/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Número/100 ml

Recuento heterotrófico en placas (HPC) 22 °C

Sin cambios anómalos

 

Colifagos somáticos

0

Número/100 ml

Turbidez

< 1

UNF

Enmienda

Parámetro

Valor paramétrico

Parámetro

Esporas de Clostridium perfringens

0

Número/100 ml

Enterococos

0

Número/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Número/100 ml

Colifagos somáticos

0

Número/100 ml

Nota

Los parámetros establecidos en esta parte no se aplicarán a las aguas de manantial ni a las aguas minerales, de conformidad con la Directiva 2009/54/CE.

Enmiendas 138 y180
Propuesta de Directiva
Anexo I – parte B – cuadro

Texto de la Comisión

Parámetros químicos

Parámetro

Valor paramétrico

Unidad

Notas

Acrilamida

0,10

mg/l

El valor paramétrico se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.

Antimonio

5,0

mg/l

 

Arsénico

10

mg/l

 

Benceno

1,0

mg/l

 

Benzo(a)pireno

0,010

mg/l

 

β-estradiol (50-28-2)

0,001

mg/l

 

Bisfenol A

0,01

mg/l

 

Boro

1,0

mg/l

 

Bromato

10

mg/l

 

Cadmio

5,0

mg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorito

0,25

mg/l

 

Cromo

25

mg/l

El valor se cumplirá, a lo sumo, [a los diez años de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del cromo será de 50 μg/l.

Cobre

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

mg/l

 

1,2-dicloroetano

3,0

mg/l

 

Epiclorhidrina

0,10

mg/l

El valor paramétrico se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Ácidos haloacéticos (AHA)

80

mg/l

Suma de las siguientes nueve sustancias representativas: ácido monocloroacético, dicloroacético y tricoloroacético, ácido monobromoacético y dibromoacético, ácido bromocloroacético, ácido bromodicloroacético, ácido dibromocloroacético y ácido tribromoacético.

Plomo

5

mg/l

El valor se cumplirá, a lo sumo, [a los diez años de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del plomo será de 10 μg/l.

Mercurio

1,0

mg/l

 

Microcistina-LR

10

mg/l

 

Níquel

20

mg/l

 

Nitrato

50

mg/l

Los Estados miembros deberán velar por que a la salida de las instalaciones de tratamiento de aguas se respete la cifra de 0,10 mg/l para los nitritos y se cumpla la condición de [nitrato]/50 + [nitrito]/3 ≤ 1, donde los corchetes significan la concentración en mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).

Nitrito

0.50

mg/l

Los Estados miembros deberán velar por que a la salida de las instalaciones de tratamiento de aguas se respete la cifra de 0,10 mg/l para los nitritos y se cumpla la condición de [nitrato]/50 + [nitrito]/3 ≤ 1, donde los corchetes significan la concentración en mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).

Nonilfenol

0,3

mg/l

 

Plaguicidas

0,10

mg/l

Por «plaguicidas» se entiende:

 

 

 

insecticidas orgánicos,

 

 

 

herbicidas orgánicos,

 

 

 

fungicidas orgánicos,

 

 

 

nematocidas orgánicos,

 

 

 

acaricidas orgánicos,

 

 

 

alguicidas orgánicos,

 

 

 

rodenticidas orgánicos,

 

 

 

molusquicidas orgánicos,

 

 

 

productos relacionados (entre otros, reguladores de crecimiento) y los metabolitos pertinentes según se definen en el artículo 3, punto 32, del Reglamento (CE) n.º 1107/20091.

 

 

 

El valor paramétrico se aplica a cada uno de los plaguicidas.

 

 

 

En el caso de la aldrina, la dieldrina, el heptacloro y el heptaclorepóxido, el valor paramétrico es de 0,030 μg/l.

Total plaguicidas

0,50

mg/l

Por «Total plaguicidas» se entiende la suma de todos los plaguicidas, según se definen en la fila anterior, detectados y cuantificados en el procedimiento de control.

PFAS

0,10

mg/l

Por «PFAS» se entiende cada una de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (fórmula química: CnF2n+1−R).

Total PFAS

0,50

mg/l

Por «Total PFAS» se entiende la suma de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (fórmula química: CnF2n+1−R).

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

0,10

mg/l

Suma de concentraciones de los compuestos especificados siguientes: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno.

Selenio

10

mg/l

 

Tetracloroeteno y tricloroeteno

10

mg/l

Suma de concentraciones de los parámetros especificados

Total trihalometanos

100

mg/l

Cuando sea posible sin que afecte a la desinfección, los Estados miembros deberán procurar obtener un valor más bajo.

 

 

 

Suma de concentraciones de los compuestos especificados siguientes: cloroformo, bromoformo, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

30

mg/l

 

Cloruro de vinilo

0,50

mg/l

El valor paramétrico se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.

__________________

1.   Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

Enmienda

Parámetros químicos

Parámetro

Valor paramétrico

Unidad

Notas

Acrilamida

0,10

mg/l

El valor paramétrico se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.

Antimonio

5,0

mg/l

 

Arsénico

10

mg/l

 

Benceno

1,0

mg/l

 

Benzo(a)pireno

0,010

mg/l

 

β-estradiol (50-28-2)

0,001

mg/l

 

Bisfenol A

0,1

mg/l

 

Boro

1,5

mg/l

 

Bromato

10

mg/l

 

Cadmio

5,0

mg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorito

0,25

mg/l

 

Cromo

25

mg/l

El valor se cumplirá, a lo sumo, [a los diez años de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del cromo será de 50 μg/l.

Cobre

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

mg/l

 

1,2-dicloroetano

3,0

mg/l

 

Epiclorhidrina

0,10

mg/l

El valor paramétrico se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Ácidos haloacéticos (AHA)

80

mg/l

Suma de las siguientes nueve sustancias representativas: ácido monocloroacético, dicloroacético y tricoloroacético, ácido monobromoacético y dibromoacético, ácido bromocloroacético, ácido bromodicloroacético, ácido dibromocloroacético y ácido tribromoacético.

Plomo

5

mg/l

El valor se cumplirá, a lo sumo, [a los diez años de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del plomo será de 10 μg/l.

Mercurio

1,0

mg/l

 

Microcistina-LR

10

mg/l

 

Níquel

20

mg/l

 

Nitrato

50

mg/l

Los Estados miembros deberán velar por que a la salida de las instalaciones de tratamiento de aguas se respete la cifra de 0,10 mg/l para los nitritos y se cumpla la condición de [nitrato]/50 + [nitrito]/3 ≤ 1, donde los corchetes significan la concentración en mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).

Nitrito

0.50

mg/l

Los Estados miembros deberán velar por que a la salida de las instalaciones de tratamiento de aguas se respete la cifra de 0,10 mg/l para los nitritos y se cumpla la condición de [nitrato]/50 + [nitrito]/3 ≤ 1, donde los corchetes significan la concentración en mg/l para el nitrato (NO3) y para el nitrito (NO2).

Nonilfenol

0,3

mg/l

 

Plaguicidas

0,10

mg/l

Por «plaguicidas» se entiende:

 

 

 

insecticidas orgánicos,

 

 

 

herbicidas orgánicos,

 

 

 

fungicidas orgánicos,

 

 

 

nematocidas orgánicos,

 

 

 

acaricidas orgánicos,

 

 

 

alguicidas orgánicos,

 

 

 

rodenticidas orgánicos,

 

 

 

molusquicidas orgánicos,

 

 

 

productos relacionados (entre otros, reguladores de crecimiento) y los metabolitos pertinentes según se definen en el artículo 3, punto 32, del Reglamento (CE) n.º 1107/20091.

 

 

 

El valor paramétrico se aplica a cada uno de los plaguicidas.

 

 

 

En el caso de la aldrina, la dieldrina, el heptacloro y el heptaclorepóxido, el valor paramétrico es de 0,030 μg/l.

Total plaguicidas

0,50

mg/l

Por «Total plaguicidas» se entiende la suma de todos los plaguicidas, según se definen en la fila anterior, detectados y cuantificados en el procedimiento de control.

PFAS

0,10

mg/l

Por «PFAS» se entiende cada una de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (fórmula química: CnF2n+1−R).

 

 

 

La fórmula introducirá asimismo una diferenciación entre PFAS «de cadena larga» y PFAS «de cadena corta». La Directiva se aplicará únicamente a las PFAS «de cadena larga».

 

 

 

Este valor paramétrico para cada sustancia PFAS solamente se aplicará a aquellas sustancias PFAS que pueden estar presentes y que son nocivas para la salud humana, conforme a la evaluación del peligro contemplada en el artículo 8 de la presente Directiva.

Total PFAS

0,50

mg/l

Por «Total PFAS» se entiende la suma de las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (fórmula química: CnF2n+1−R).

 

 

 

Este valor paramétrico para el Total PFAS solamente se aplicará a aquellas sustancias PFAS que pueden estar presentes y que son nocivas para la salud humana, conforme a la evaluación del peligro contemplada en el artículo 8 de la presente Directiva.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

0,10

mg/l

Suma de concentraciones de los compuestos especificados siguientes: benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(ghi)perileno e indeno (1,2,3-cd)pireno.

Selenio

10

mg/l

 

Tetracloroeteno y tricloroeteno

10

mg/l

Suma de concentraciones de los parámetros especificados

Total trihalometanos

100

mg/l

Cuando sea posible sin que afecte a la desinfección, los Estados miembros deberán procurar obtener un valor más bajo.

 

 

 

Suma de concentraciones de los compuestos especificados siguientes: cloroformo, bromoformo, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

30

mg/l

 

Cloruro de vinilo

0,50

mg/l

El valor paramétrico se refiere a la concentración monomérica residual en el agua, calculada con arreglo a las especificaciones de la migración máxima procedente del polímero correspondiente en contacto con el agua.

__________________

1.   Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

Enmienda 139
Propuesta de Directiva
Anexo I – parte B bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Parámetros indicadores

Parámetro

Valor paramétrico

Unidad

Notas

Aluminio

200

mg/l

 

Amonio

0,50

mg/l

 

Cloruro

250

mg/l

Nota 1

Color

Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos

 

 

Conductividad

2 500

μS cm–1 a 20 °C

Nota 1

Concentración de iones hidrógeno

≥6,5 y ≤9,5

Unidades pH

Notas 1 y 3

Hierro

200

mg/l

 

Manganeso

50

mg/l

 

Olor

Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos

 

 

Sulfato

250

mg/l

Nota 1

Sodio

200

mg/l

 

Sabor

Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos

 

 

Recuento de colonias a 22 °C

Sin cambios anómalos

 

 

Bacterias coliformes

0

Número/100 ml

 

Carbono orgánico total (COT)

Sin cambios anómalos

 

 

Turbidez

Aceptable para los consumidores y sin cambios anómalos

 

 

Nota 1:

El agua no deberá contener materias corrosivas.

Nota 2:

Este parámetro solamente será necesario medirlo si las aguas provienen de aguas superficiales o sufren su influencia. En caso de incumplimiento de este valor paramétrico, el Estado miembro afectado investigará el suministro para asegurarse de que de la presencia de microorganismos patógenos como, por ejemplo, el cryptosporidium no se desprende peligro potencial alguno para la salud humana.

Nota 3:

Para el agua sin gas envasada en botellas u otros recipientes, el valor mínimo podrá reducirse a 4,5 unidades pH.

Para el agua envasada en botellas u otros recipientes que sea naturalmente rica en dióxido de carbono o con adición artificial de este, el valor mínimo podrá ser inferior.

Enmienda 140
Propuesta de Directiva
Anexo I – parte C

Texto de la Comisión

Parámetros pertinentes a efectos de la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria

Parámetro

Valor paramétrico

Unidad

Notas

Legionella

< 1 000

Número/l

En caso de no cumplirse el valor paramétrico < 1 000/l para la Legionella, se deberá realizar una nueva toma de muestras para la Legionella pneumophila. Si la Legionella pneumophila no está presente, el valor paramétrico para la Legionella será de < 10 000/l.

Plomo

5

mg/l

El valor se cumplirá, a más tardar el... [a los diez años de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del plomo será de 10 μg/l.

Enmienda

Parámetros pertinentes a efectos de la evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria

Parámetro

Valor paramétrico

Unidad

Notas

Legionella pneumophila

< 1 000

Número/l

 

Legionella

< 10 000

Número/l

Si la Legionella pneumophila, cuyo valor paramétrico es <1 000/l, no está presente, el valor paramétrico para la Legionella será de <10 000/l.

Plomo

5

mg/l

El valor se cumplirá, a más tardar el... [diez años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Hasta esa fecha, el valor paramétrico del plomo será de 10 μg/l.

Enmienda 141
Propuesta de Directiva
Anexo I – parte C bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

Parámetros emergentes durante el control

Microplásticos

El control se realizará de conformidad con la metodología para medir microplásticos establecida por el acto delegado a que se refiere el artículo 11, apartado 5 bis.

Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 142
Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – punto 1 – apartado 1
La Escherichia coli (E. coli), las esporas de Clostridium perfringens y los colifagos somáticos se considerarán «parámetros básicos» y podrán no estar sujetos a una evaluación del riesgo en el suministro de conformidad con la parte C del presente anexo. Se controlarán siempre de acuerdo con las frecuencias que se indican en el cuadro 1 del punto 2.
La Escherichia coli (E. coli) y los enterococos se considerarán «parámetros básicos» y podrán no estar sujetos a una evaluación del riesgo en el suministro de conformidad con la parte C del presente anexo. Se controlarán siempre de acuerdo con las frecuencias que se indican en el cuadro 1 del punto 2.
Enmienda 186
Propuesta de Directiva
Anexo II – parte B – punto 2

Texto de la Comisión

Frecuencias de muestreo

Todos los parámetros fijados de conformidad con el artículo 5 se controlarán, como mínimo, según las frecuencias que se establecen en el cuadro a continuación, salvo que se determine una frecuencia de muestreo diferente sobre la base de una evaluación del riesgo en el suministro realizada según lo previsto en el artículo 9 y en la parte C del presente anexo:

Cuadro 1

Frecuencia mínima de muestreo y análisis para el control del cumplimiento

Volumen (m3) de agua distribuida o producida cada día en una zona de abastecimiento

Número mínimo de muestras por

año

≤ 100

> 100 ≤ 1 000

> 1 000 ≤ 10 000

>10 000 ≤ 100 000

>100 000

10a

10a

50b

365

365

a: todas las muestras han de tomarse cuando el riesgo de que haya pátogenos intestinales que sobrevivan al tratamiento sea alto.

b: han de tomarse al menos diez muestras cuando exista un riesgo elevado de que haya patógenos intestinales que sobrevivan al tratamiento.

Nota 1: Una zona de abastecimiento es un área geográficamente definida en la que las aguas destinadas al consumo humano provienen de una o varias fuentes y en la que la calidad de las aguas puede considerarse aproximadamente uniforme.

Nota 2: Los volúmenes se calcularán como medias en un año natural. Para determinar la frecuencia mínima, se puede utilizar el número de habitantes de una zona de abastecimiento en lugar del volumen de agua, considerando un consumo de agua de 200 l diarios* por persona.

Nota 3: Los Estados miembros que hayan decidido eximir fuentes de suministro individual de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la presente Directiva aplicarán esas frecuencias solo en las zonas de abastecimiento que distribuyan entre 10 y 100 m3 diarios.

Enmienda

Frecuencias de muestreo

Todos los parámetros fijados de conformidad con el artículo 5 se controlarán, como mínimo, según las frecuencias que se establecen en el cuadro a continuación, salvo que se determine una frecuencia de muestreo diferente sobre la base de una evaluación del riesgo en el suministro realizada según lo previsto en el artículo 9 y en la parte C del presente anexo:

Cuadro 1

Frecuencia mínima de muestreo y análisis para el control del cumplimiento

Volumen de agua distribuida o producida cada día en una zona de abastecimiento

(Véanse las notas 1 y 2) m3

Parámetro del grupo A (parámetro microbiológico) -

número de muestras por año

(Véase la nota 3)

Parámetro del grupo B (parámetro químico) -

número de muestras por año

 

≤ 100

> 0

(Véase la nota 4)

> 0

(Véase la nota 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+3

por cada 1 000 m3/d y fracción del volumen total

1

+1

por cada 1 000 m3/d y fracción del volumen total

> 10 000

 

≤ 100 000

3

+ 1

por cada 10 000 m3/día y

fracción del volumen total

> 100 000

 

12

+ 1

por cada 25 000 m3/día y fracción del volumen total

Nota 1: Una zona de abastecimiento es un área geográficamente definida en la que las aguas destinadas al consumo humano provienen de una o varias fuentes y en la que la calidad de las aguas puede considerarse aproximadamente uniforme.

Nota 2: Los volúmenes se calcularán como medias en un año natural. Para determinar la frecuencia mínima, se puede utilizar el número de habitantes de una zona de abastecimiento en lugar del volumen de agua, considerando un consumo de agua de 200 l diarios* por persona.

Nota 3: La frecuencia indicada se calculará como sigue: por ejemplo, 4 300 m3/día = 16 muestras (cuatro para los primeros 1 000 m3/día + 12 para los 3 300 m3/día adicionales).

Nota 4: Los Estados miembros que hayan decidido eximir fuentes de suministro individual de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la presente Directiva aplicarán esas frecuencias solo en las zonas de abastecimiento que distribuyan entre 10 y 100 m3 diarios.

Enmienda 144
Propuesta de Directiva
Anexo II – parte D – punto 2 bis (nuevo)
2 bis.  Las muestras de Legionella en los sistemas de distribución domiciliaria se tomarán en puntos de riesgo de proliferación de la Legionella pneumophila o de exposición a la misma. Los Estados miembros establecerán orientaciones para los métodos de muestreo de Legionella.
Justificación
Esta enmienda es de imperiosa necesidad para preservar la lógica interna de la propuesta y en aras de una mayor claridad.
Enmienda 145
Propuesta de Directiva
Anexo II bis (nuevo)
Requisitos mínimos en materia de higiene relativos a las sustancias y materiales para la elaboración de nuevos productos que entran en contacto con el agua destinada al consumo humano:
a)  una lista de sustancias autorizadas para su uso en la elaboración de materiales, incluidos, entre otros, la materia orgánica, los elastómeros, la silicona, los metales, el cemento, las resinas de cambio iónico y los materiales compuestos, así como los productos elaborados con estos;
b)  condiciones específicas para la utilización de sustancias en materiales y los productos elaborados con estas;
c)  limitaciones específicas para la migración de determinadas sustancias al agua destinada al consumo humano;
d)  normas de higiene relativas a otras propiedades, necesarias para el cumplimiento de la normativa;
e)  normas básicas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las letras a) a d);
f)  normas relativas al muestreo y los métodos de análisis para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las letras a) a d).
Enmiendas 177 y 224
Propuesta de Directiva
Anexo III – Parte B – punto 1 – cuadro 1 – fila 28

Texto de la Comisión

PFAS

50

 

Enmienda

PFAS

20

 

Enmienda 146
Propuesta de Directiva
Anexo IV – título
INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO QUE DEBE FACILITARSE EN LÍNEA
INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO
Enmienda 147
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – parte introductoria
La información que se menciona a continuación será accesible en línea, de manera intuitiva y personalizada, para los consumidores:
La información que se menciona a continuación será accesible en línea, o de manera igualmente intuitiva y personalizada, para los consumidores:
Enmienda 148
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 1
(1)  Identificación del distribuidor de agua pertinente.
(1)  identificación del distribuidor de agua pertinente, la zona y el número de personas que reciben el suministro, y el método de producción de agua;
Enmienda 149
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 2 – parte introductoria
(2)  Resultados más recientes en relación con los parámetros que figuran en el anexo I, partes A y B, incluidas la frecuencia y la ubicación de los puntos de muestreo, pertinentes con respecto a la zona de interés para la persona que recibe el suministro, junto con el valor paramétrico establecido de conformidad con el artículo 5. Los resultados de los controles no deberán ser anteriores a:
(2)  Una revisión de los resultados más recientes por distribuidor de agua en relación con los parámetros que figuran en el anexo I, partes A, B y B bis, incluidas la frecuencia y el valor paramétrico establecido de conformidad con el artículo 5. Los resultados de los controles no deberán ser anteriores a:
Enmienda 202
Propuesta de Directiva
Anexo IV – párrafo 1 – punto 2 – letra b
b)  seis meses en el caso de los grandes distribuidores de agua;
b)  seis meses en el caso de los medianos y grandes distribuidores de agua;
Enmienda 203
Propuesta de Directiva
Anexo IV – párrafo 1 – punto 2 – letra c
c)  un año en el caso de los pequeños distribuidores de agua.
c)  un año en el caso de los muy pequeños distribuidores de agua;
Enmienda 150
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 3
(3)  Si se superan los valores paramétricos establecidos con arreglo al artículo 5, la información sobre el posible peligro para la salud humana y las recomendaciones sanitarias y de consumo al respecto, o un hipervínculo que permita acceder a tal información.
(3)  Si existe un peligro potencial para la salud humana determinado por las autoridades competentes como consecuencia de una superación de los valores paramétricos establecidos con arreglo al artículo 5, la información sobre el posible peligro para la salud humana y las recomendaciones sanitarias y de consumo al respecto, o un hipervínculo que permita acceder a tal información.
Enmienda 151
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 4
(4)  Resumen de la evaluación del riesgo en el suministro pertinente.
suprimido
Enmienda 152
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 5
(5)  Información sobre los parámetros indicadores y los valores paramétricos relacionados que se mencionan a continuación:
(5)  Información sobre los parámetros indicadores enumerados en la parte B bis del anexo I, y los valores paramétricos relacionados;
a)  color;
b)  pH (concentración en iones hidrógeno);
c)  conductividad;
d)  hierro;
e)  manganeso;
f)  olor;
g)  sabor;
h)  dureza;
i)  minerales, aniones/cationes disueltos en el agua:
—  borato BO3-,
—  carbonato CO32-,
—  cloruro Cl-,
—  fluoruro F-,
—  hidrogenocarbonato HCO3-,
—  nitrato NO3-,
—  nitrito NO2-,
—  fosfato PO43-,
—  silicato SiO2,
—  sulfato SO42-,
—  sulfuro S2-,
—  aluminio Al,
—  amonio NH4+,
—  calcio Ca,
—  magnesio Mg,
—  potasio K,
—  sodio Na.
Estos valores paramétricos y otros compuestos y oligoelementos no ionizados podrán mostrarse junto con un valor de referencia o una explicación.
Enmienda 153
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 6
(6)  Asesoramiento dirigido a los consumidores, especialmente sobre el modo de reducir el consumo de agua.
(6)  Asesoramiento dirigido a los consumidores, especialmente sobre el modo de reducir el consumo de agua, cuando proceda, y el uso responsable del agua de conformidad con las condiciones locales.
Enmienda 154
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 7
(7)  En el caso de los muy grandes distribuidores de agua, información anual sobre:
(7)  En el caso de los grandes y muy grandes distribuidores de agua, información anual sobre:
Enmienda 155
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 7 – letra a
a)  los resultados globales del sistema de agua desde el punto de vista de la eficacia, incluidos las tasas de fuga y el consumo de energía por metro cúbico de agua suministrada;
a)  los resultados globales del sistema de agua desde el punto de vista de la eficacia, incluidos los niveles de fuga determinados por los Estados miembros;
Enmienda 156
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 7 – letra b
b)  información sobre la gestión y la gobernanza del distribuidor de agua, incluida la composición de su junta directiva;
b)  información sobre el modelo de gestión y sobre la estructura de propiedad del suministro de agua por parte del distribuidor de agua;
Enmienda 157
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 7 – letra d
d)  información sobre la estructura de costes de la tarifa que se aplica a los consumidores por metro cúbico de agua, incluidos los costes fijos y variables, con la indicación, como mínimo, de los costes relacionados con el uso de energía por metro cúbico de agua suministrada, las medidas adoptadas por los distribuidores de agua a efectos de la evaluación del peligro con arreglo al artículo 8, apartado 4, el tratamiento y distribución de las aguas destinadas al consumo humano, la recogida y tratamiento de las aguas residuales, y los costes relacionados con las medidas previstas en el artículo 13, en caso de que los distribuidores de agua las hayan adoptado;
d)  en caso de que los costes se recuperen mediante un sistema de tarificación, información sobre la estructura de la tarifa por metro cúbico de agua, incluidos los costes fijos y variables, así como los costes relacionados con las medidas adoptadas por los distribuidores de agua a efectos de la evaluación del peligro con arreglo al artículo 8, apartado 4, el tratamiento y distribución de las aguas destinadas al consumo humano, y los costes relacionados con las medidas previstas en el artículo 13, en caso de que los distribuidores de agua las hayan adoptado;
Enmienda 158
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 7 – letra e
e)  el importe de las inversiones que el distribuidor considera necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios de distribución de agua (incluido el mantenimiento de la infraestructura) y el importe de las inversiones efectivamente recibido o recuperado;
e)  el importe de las inversiones realizadas, en curso y previstas, así como el plan de financiación;
Enmienda 159
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 7 – letra g
g)  resumen y estadísticas de las reclamaciones de los consumidores y de la oportunidad e idoneidad de las respuestas a los problemas.
g)  resumen y estadísticas de las reclamaciones de los consumidores y de cómo se resuelven.
Enmienda 160
Propuesta de Directiva
Anexo IV – apartado 1 – punto 8
(8)  Acceso, previa petición, a datos históricos de hasta diez años de antigüedad a efectos de la información en virtud de los puntos 2 y 3.
(8)  Acceso, previa petición, a datos históricos de hasta diez años de antigüedad y no antes de la transposición de la presente Directiva a efectos de la información en virtud de los puntos 2 y 3.

(1) DO C 367 de 10.10.2018, p. 107.
(2) DO C 361 de 5.10.2018, p. 46.
(3) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
(4) Esta posición se corresponde con las enmiendas aprobadas el 23 de octubre de 2018 (Textos aprobados, P8_TA(2018)0397).


Aumento de la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración, y por la que se modifica la Directiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 – C8-0475/2016 – 2016/0359(COD))
P8_TA-PROV(2019)0321A8-0269/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0723),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 53 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0475/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de Representantes irlandesa y el Senado irlandés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 29 de marzo de 2017(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 12 de julio de 2017(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 19 de diciembre de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0269/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 28 de marzo de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneraciónde deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)

P8_TC1-COD(2016)0359


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 53 y 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y los procedimientos nacionales en materia de reestructuración preventiva, insolvencia, exoneración de deudas e inhabilitación. La presente Directiva pretende eliminar tales obstáculos sin que ello afecte a los derechos fundamentales y libertades de los trabajadores, garantizando que: las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración.

(2)  La reestructuración debe permitir a los deudores en dificultades financieras continuar su actividad empresarial, en su totalidad o en parte, modificando la composición, las condiciones o la estructura del activo y del pasivo o de cualquier otra parte de su estructura de capital - en su caso mediante la venta de activos o de parte de la empresa o, cuando así lo prevea el Derecho nacional, de la empresa en su conjunto - así como realizando cambios operativos. Salvo que se disponga específicamente otra cosa en la normativa nacional, los cambios operativos, como la resolución o modificación de contratos o la venta u otra forma de enajenación de activos, deben cumplir los requisitos generales que establece la normativa nacional para tales medidas, en particular las normas de Derecho civil y de Derecho laboral. Toda conversión de deuda en capital debe cumplir asimismo las garantías previstas en la normativa nacional. Los marcos de reestructuración preventiva deben permitir, ante todo, la reestructuración efectiva de los deudores en un momento temprano y evitar la insolvencia, limitando así la liquidación innecesaria de empresas viables. Tales marcos deben ayudar a evitar la pérdida de puestos de trabajo y de conocimientos y competencias y maximizar el valor total para los acreedores - en comparación con lo que habrían recibido en caso de liquidación de los activos de la empresa o en caso de aplicarse la mejor solución alternativa en ausencia de un plan de reestructuración -, así como para los propietarios y para la economía en su conjunto ▌.

(3)  Los marcos de reestructuración preventiva deben evitar, asimismo, la acumulación de préstamos dudosos. La disponibilidad de marcos eficaces de reestructuración preventiva permitiría tomar medidas antes de que las empresas dejen de poder hacer frente a sus préstamos, lo que contribuye a reducir el riesgo de que los préstamos se conviertan en préstamos no productivos durante las recesiones cíclicas, reduciendo así las repercusiones negativas en el sector financiero. Se podría salvar un porcentaje significativo de empresas y puestos de trabajo si existiesen marcos preventivos en todos aquellos Estados miembros en los que las empresas tienen establecimientos, activos o acreedores. En los marcos de reestructuración deben protegerse los derechos de todos los implicados, incluidos los trabajadores, de manera equilibrada. Al mismo tiempo, las empresas no viables sin perspectivas de supervivencia deben liquidarse lo antes posible. Cuando un deudor en dificultades financieras no es económicamente viable o no puede recuperar fácilmente la viabilidad económica, los esfuerzos de reestructuración pueden provocar la aceleración y la acumulación de las pérdidas en detrimento de los acreedores, los trabajadores y otros interesados, así como de la economía en su conjunto.

(4)  Existen diferencias entre los Estados miembros en cuanto al abanico de procedimientos de que disponen los deudores en dificultades financieras para reestructurar sus empresas. Algunos Estados miembros tienen una serie limitada de procedimientos que permiten la reestructuración de empresas solo en un momento relativamente tardío, en el marco de procedimientos de insolvencia. En otros Estados miembros, la reestructuración es posible en un momento más temprano, pero los procedimientos disponibles no son tan eficaces como deberían o son muy formales, en particular porque limitan el recurso a soluciones extrajudiciales. Las soluciones preventivas son una tendencia creciente en la normativa en materia de insolvencia. Se tiende a favorecer planteamientos que, a diferencia del clásico que consiste en la liquidación de las empresas en dificultades financieras, tengan por objeto la recuperación de estas o al menos el rescate de aquellas de sus unidades que sigan siendo económicamente viables. Dicho planteamiento, además de aportar otros beneficios a la economía, a menudo contribuye a mantener los puestos de trabajo o a reducir las pérdidas de puestos de trabajo. Por otra parte, el grado de participación de las autoridades judiciales o administrativas o de las personas nombradas por ellos varía desde la ausencia total de participación o la participación mínima, en algunos Estados miembros, a la plena participación, en otros. Del mismo modo, las normas nacionales que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios, en particular mediante la exoneración de las deudas contraídas en el curso de su actividad empresarial, varían de un Estado miembro a otro en lo que respecta a la duración del plazo de exoneración y las condiciones en que puede concederse dicha exoneración.

(5)  En muchos Estados miembros, son necesarios más de tres años para que los empresarios que sean insolventes pero de buena fe puedan obtener una exoneración de sus deudas y empezar de nuevo. La ineficiencia de los marcos de exoneración de deudas y de inhabilitación tiene como consecuencia que los empresarios se vean obligados a trasladarse a otros territorios con objeto de disfrutar de una nueva oportunidad en un período razonable de tiempo, lo que conlleva un elevado coste adicional tanto para sus acreedores como para los propios empresarios. La inhabilitación prolongada que suele ir aparejada a los procedimientos encaminados a la exoneración de deudas supone un obstáculo a la libertad de emprender y ejercer una actividad empresarial por cuenta propia.

(6)  La excesiva duración que presentan en varios Estados miembros los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas constituye un factor importante que da lugar a unos porcentajes de recuperación bajos y disuade a los inversores de ejercer actividades empresariales en aquellos países en los que los procedimientos pueden ser excesivamente largos e indebidamente costosos.

(7)  Las diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta a los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas se traducen en costes adicionales para los inversores a la hora de evaluar el riesgo de que los deudores vayan a sufrir dificultades financieras en uno o más Estados miembros o el riesgo de invertir en empresas viables en dificultades financieras, y el riesgo de los costes de la reestructuración de empresas con establecimientos, activos o acreedores en otros Estados miembros. Ese es principalmente el caso de la reestructuración de grupos internacionales de empresas. Los inversores mencionan la incertidumbre sobre las normas en materia de insolvencia o el riesgo de largos o complejos procedimientos de insolvencia en otro Estado miembro como una de las razones principales para no invertir o no mantener una relación comercial con un socio fuera del Estado miembro en el que tengan su base. Esa incertidumbre tiene un efecto disuasorio que obstaculiza la libertad de establecimiento de las empresas y el fomento del espíritu empresarial y perjudica el correcto funcionamiento del mercado interior. En particular, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (conjuntamente, en lo sucesivo, «pymes») no disponen, por lo general, de los recursos necesarios para evaluar los riesgos relacionados con las actividades transfronterizas.

(8)  Las diferencias entre los Estados miembros por lo que respecta a los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas dan lugar a disparidades en las condiciones de acceso al crédito y a disparidades en los porcentajes de recuperación de los Estados miembros. Un mayor grado de armonización en materia de reestructuración, insolvencia, exoneración de deudas e inhabilitación es, por lo tanto, esencial para el buen funcionamiento del mercado interior en general y de la Unión de los Mercados de Capitales en particular, así como para la resiliencia de las economías europeas, y, en particular, para el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo.

(9)  También se deben reducir los costes adicionales de evaluación de riesgos y de ejecución transfronteriza de reclamaciones causados a los acreedores de empresarios sobreendeudados que se trasladan a otro Estado miembro con el fin de obtener una exoneración de deudas en un período de tiempo mucho más breve. Asimismo, deben reducirse los costes adicionales para los empresarios derivados de la necesidad de trasladarse a otro Estado miembro para poder disfrutar de la exoneración de deudas. Por otra parte, los obstáculos resultantes dela inhabilitación prolongada vinculada a la insolvencia o al sobreendeudamiento de un empresario inhibe el espíritu empresarial.

(10)  Toda operación de reestructuración, en particular cuando es de gran envergadura que conlleva repercusiones importantes, debe basarse en un diálogo con los interesados. Dicho diálogo debe abordar tanto la elección de las medidas previstas en relación con los objetivos de la operación de reestructuración como las opciones alternativas, y debe existir una adecuada participación de los representantes de los trabajadores tal como se dispone en Derecho de la Unión y nacional.

(11)  Los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales no se limitan a las situaciones de naturaleza estrictamente transfronteriza. Un mercado interior cada vez más interconectado, en el que las mercancías, los servicios, los capitales y los trabajadores circulan libremente, y con una dimensión digital cada vez mayor supone que muy pocas empresas son estrictamente nacionales si se tienen en cuenta todos los elementos pertinentes, como la clientela, la cadena de suministro, el ámbito de actividad, los inversores y el capital. Incluso las insolvencias estrictamente nacionales pueden incidir en el funcionamiento del mercado interior a través del denominado «efecto dominó» de las insolvencias, mediante el cual la insolvencia de un deudor puede dar lugar a la insolvencia de otros eslabones de la cadena de suministro.

(12)  El Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) regula las cuestiones de competencia judicial, reconocimiento y ejecución, Derecho aplicable y cooperación en los procedimientos transfronterizos de insolvencia así como la interconexión de los registros de insolvencia. Su ámbito de aplicación abarca los procedimientos preventivos que promueven el rescate de los deudores económicamente viables y los procedimientos de exoneración para los empresarios y otras personas físicas. Sin embargo, dicho Reglamento no aborda las disparidades en las normativas nacionales que regulan dichos procedimientos. Además, un instrumento que se limita a las insolvencias transfronterizas no permite eliminar todos los obstáculos a la libre circulación y tampoco es viable que los inversores determinen de antemano la naturaleza nacional o transfronteriza de las posibles dificultades financieras del deudor en el futuro. Es necesario, por tanto, ir más allá de las cuestiones de cooperación judicial y establecer unas normas sustantivas mínimas para los procedimientos de reestructuración preventiva y para los procedimientos de exoneración de deudas de los empresarios.

(13)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/848. El propósito es que sea totalmente compatible y complementaria con dicho Reglamento, para lo cual se exige a los Estados miembros que establezcan procedimientos de reestructuración preventiva que cumplan determinados principios mínimos de eficiencia. No altera el planteamiento adoptado en dicho Reglamento, consistente en permitir a los Estados miembros que mantengan o introduzcan procedimientos que no cumplan el requisito de publicación para la notificación con arreglo al anexo A de dicho Reglamento. Aunque la presente Directiva no exige que los procedimientos incluidos en su ámbito de aplicación cumplan todos los requisitos de notificación con arreglo a dicho anexo, sí pretende facilitar el reconocimiento transfronterizo de esos procedimientos y el reconocimiento y la ejecutabilidad de las resoluciones judiciales.

(14)  La ventaja de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/848 es que ofrece salvaguardias para prevenir el traslado fraudulento del centro de intereses principales del deudor durante el procedimiento de insolvencia transfronterizo. En los procedimientos no regulados por el citado Reglamento también deben aplicarse ciertas restricciones.

(15)  Es necesario disminuir los costes de la reestructuración, tanto para los deudores como para los acreedores. Por ello, deben reducirse las diferencias entre los Estados miembros que obstaculizan la reestructuración temprana de los deudores viables en dificultades financieras y la posibilidad de que los empresarios de buena fe obtengan una exoneración de deudas. La reducción de esas diferencias debería aportar mayor transparencia, más seguridad jurídica y más previsibilidad en toda la Unión. Deberían maximizar las ventajas para todo tipo de acreedores e inversores y fomentar la inversión transfronteriza. Una mayor coherencia de los procedimientos de reestructuración e insolvencia también debería facilitar la reestructuración de los grupos de empresas, independientemente de la ubicación en la Unión de los miembros del grupo.

(16)  La eliminación de los obstáculos a la reestructuración preventiva efectiva de deudores viables en dificultades financieras contribuye a minimizar la pérdida de puestos de trabajo y las pérdidas de valor para los acreedores en la cadena de suministro, permite preservar los conocimientos técnicos y las capacidades y, por lo tanto, beneficia a la economía en general. Facilitar la exoneración de deudas a los empresarios contribuiría a evitar su exclusión de la actividad económica y les permitiría reanudar las actividades empresariales, aprendiendo de su experiencia anterior. Además, la reducción de la duración de los procedimientos de reestructuración contribuiría a incrementar los porcentajes de recuperación de los acreedores, ya que el paso del tiempo normalmente solo se traduce en una mayor pérdida de valor del deudor o de su empresa. Por último, unos marcos eficientes de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas permitirían evaluar mejor los riesgos de las decisiones sobre préstamos y créditos, y facilitarían la adaptación de los deudores insolventes o sobreendeudados, al reducir al mínimo los costes económicos y sociales derivados de sus procesos de desapalancamiento. La presente Directiva debe permitir a los Estados miembros flexibilidad para aplicar principios comunes, respetando al mismo tiempo los ordenamientos jurídicos nacionales. Los Estados miembros deben poder mantener o introducir en sus ordenamientos jurídicos nacionales marcos de reestructuración preventiva distintos de los previstos en la presente Directiva.

(17)  Las empresas, en particular las pymes, que representan el 99 % de todas las empresas de la Unión, deben poder disfrutar de un planteamiento más coherente a escala de la Unión. Las pymes tienen más probabilidades de ser objeto de liquidación que de reestructuración puesto que tienen que soportar unos costes desproporcionadamente superiores a los de las empresas de mayor tamaño. Las pymes a menudo carecen de los recursos necesarios, especialmente cuando se enfrentan a dificultades financieras, para afrontar unos costes de reestructuración elevados y acogerse a los procedimientos de reestructuración más eficientes disponibles solo en algunos Estados miembros. Con el fin de ayudar a estos deudores a reestructurarse a bajo coste, deben elaborarse, a escala nacional, unas listas exhaustivas de control de los planes de reestructuración que estén adaptadas a las necesidades de las pymes y que puedan consultarse en línea. Además, se deben ofrecer herramientas de alerta temprana para advertir a los deudores de la necesidad urgente de actuar, teniendo en cuenta los recursos limitados de los que disponen las pymes para la contratación de expertos.

(18)   A la hora de definir las pymes, los Estados miembros podrían prestar la debida consideración a la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) o a la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas(8).

(19)  Conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los deudores que son empresas de seguros y de reaseguros, tal como se definen en el artículo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9); a las entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(10); a las empresas de inversión y los organismos de inversión colectiva, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013; a las entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(11); a los depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(12); y a otras entidades financieras y entidades enumeradas en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(13). Esos tipos de deudores están sujetos a regímenes especiales y las autoridades nacionales de supervisión y de resolución disponen de amplias competencias de intervención en relación con ellos. Los Estados miembro deben poder excluir a otras entidades financieras que prestan servicios financieros sujetos a regímenes y competencias de intervención comparables.

(20)  Por razones similares, también procede excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los organismos públicos con arreglo al Derecho nacional. Además, los Estados miembros deben poder limitar el acceso de personas jurídicas a los marcos de reestructuración preventiva, puesto que las dificultades financieras de los empresarios pueden tratarse de manera eficiente no solo mediante procedimientos de reestructuración preventiva sino también a través de procedimientos que pueden llevar a la exoneración de deudas o a reestructuraciones informales a partir de acuerdos contractuales. Aquellos Estados miembros con sistemas jurídicos diferentes, en los que el mismo tipo de entidad posee una forma jurídica diferente en esos sistemas jurídicos, deben poder aplicar a tales entidades un régimen uniforme. Un marco de reestructuración preventiva establecido de conformidad con la presente Directiva no debe afectar a los créditos y derechos de que se disponga frente al deudor derivados de sistemas de pensiones de jubilación si esos créditos y derechos nacieron antes de la restructuración.

(21)  El sobreendeudamiento de los consumidores constituye un asunto de gran importancia económica y social y está estrechamente relacionado con la reducción del exceso de deudas. Además, a menudo no es posible establecer una distinción clara entre las deudas del empresario derivadas de su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional y aquellas en que haya incurrido fuera del marco de esas actividades. Los empresarios no disfrutarían efectivamente de una segunda oportunidad si tuviesen que pasar por procedimientos distintos, con diferentes condiciones de acceso y plazos de exoneración, para obtener la exoneración de sus deudas empresariales y de sus otras deudas fuera del marco de su actividad empresarial. Por tales razones, aunque la presente Directiva no incluye normas vinculantes en materia de sobreendeudamiento de los consumidores, conviene recomendar a los Estados miembros que apliquen también a los consumidores, en el plazo más breve posible, las disposiciones de la presente Directiva en materia de exoneración de deudas.

(22)  Cuanto antes pueda detectar un deudor sus dificultades financieras y tomar las medidas oportunas, mayor será la probabilidad de evitar una insolvencia inminente o, en el caso de una empresa cuya viabilidad haya quedado definitivamente deteriorada, más ordenado y eficiente sería el procedimiento de liquidación. Debe facilitarse información clara, actualizada, concisa y fácil de utilizar sobre los procedimientos de reestructuración preventiva, así como sobre una o más herramientas de alerta temprana, con el fin de incentivar a aquellos deudores que empiezan a sufrir dificultades financieras a que tomen medidas a tiempo. Las herramientas de alerta temprana que adoptan la forma de mecanismos de alerta que indican cuándo el deudor no ha efectuado determinados tipos de pago podrían activarse, por ejemplo, debido a un impago de impuestos o de las cotizaciones de la seguridad social. Dichas herramientas podrían ser desarrolladas por los Estados miembros o por entidades privadas, siempre que se cumpla su objetivo. Los Estados miembros deben facilitar en línea, por ejemplo, en un sitio o página web específicos, información relativa a las herramientas de alerta temprana. Los Estados miembros deben poder adaptar las herramientas de alerta temprana en función del tamaño de la empresa y establecer disposiciones específicas de alerta temprana para grandes empresas y grupos de empresas, que tengan en cuenta sus peculiaridades. La presente Directiva no atribuye a los Estados miembros ninguna responsabilidad por los posibles daños ocasionados por los procedimientos de reestructuración derivados de dichas herramientas de alerta temprana.

(23)  En un intento de reforzar el apoyo a los trabajadores y a sus representantes, los Estados miembros deben velar por que se permita a los representantes de los trabajadores acceder a información pertinente y actualizada sobre la disponibilidad de herramientas de alerta temprana y también deben tener la posibilidad de prestar asistencia a los representantes de los trabajadores a la hora de evaluar la situación económica del deudor.

(24)  El marco de reestructuración debe estar a disposición de los deudores, entre ellos las entidades jurídicas y, si así lo dispone la normativa nacional, también las personas físicas y los grupos de empresas, para que puedan hacer frente a sus dificultades financieras en un momento temprano, cuando resulta posible prevenir su insolvencia y garantizar la viabilidad de las actividades empresariales. El marco de reestructuración debe estar disponible antes de que un deudor se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a la normativa nacional, es decir, antes de que el deudor reúna las condiciones de la normativa nacional para entrar en un procedimiento colectivo de insolvencia que implique normalmente un total desapoderamiento del deudor y el nombramiento de un liquidador. A fin de evitar una utilización abusiva de los marcos de reestructuración, las dificultades financieras del deudor deben indicar la inminencia de la insolvencia y el plan de reestructuración debe poder impedir la insolvencia del deudor y garantizar la viabilidad de la actividad empresarial.

(25)   Los Estados miembros deben poder determinar si los créditos que hayan vencido o que se materialicen una vez se haya presentado una solicitud de apertura de la reestructuración preventiva o se haya abierto el procedimiento se incluyen en las medidas de reestructuración preventiva o la suspensión de ejecuciones singulares. Los Estados miembros deben poder decidir si la suspensión de las ejecuciones singulares tiene incidencia en los intereses devengados sobre los créditos.

(26)  Los Estados miembros deben poder introducir una prueba de viabilidad como condición para acceder al procedimiento de reestructuración preventiva previsto en la presente Directiva. Dicha prueba debe llevarse a cabo sin comprometer los activos del deudor, lo que podría hacerse, entre otros ejemplos, concediéndose una suspensión provisional o llevando a cabo la evaluación sin demora injustificada. Ahora bien, la ausencia de perjuicio financiero no debe impedir a los Estados miembros exigir a los deudores que demuestren, a su costa, su viabilidad.

(27)  El hecho de que los Estados miembros puedan limitar el acceso de los deudores condenados por grave incumplimiento de las obligaciones en materia de contabilidad o llevanza de libros a un marco de reestructuración no debe impedirles limitar, asimismo, el acceso de los deudores a marcos de reestructuración preventiva en el caso de que sus libros y registros estén incompletos o muestren deficiencias en un grado tal que sea imposible conocer la situación empresarial y financiera de los deudores.

(28)  Los Estados miembros deben poder ampliar el ámbito de aplicación de los marcos de reestructuración preventiva previstos en la presente Directiva a aquellas situaciones en las que el deudor se enfrente a dificultades que no sean financieras, siempre que estas supongan una amenaza real y grave para la capacidad actual o futura del deudor de pagar sus deudas en plazo. El marco temporal indicado para determinar la existencia de tal amenaza puede extenderse a un período de varios meses o incluso mayor, para tener en cuenta los casos en que el deudor se enfrente a dificultades que no sean financieras que hagan peligrar la situación de funcionamiento de su empresa y, a medio plazo, su liquidez. Tal podría ser el caso, por ejemplo, cuando el deudor haya perdido un contrato de importancia clave.

(29)  Para fomentar la eficiencia y reducir los retrasos y los costes, los marcos nacionales de reestructuración preventiva deben incluir procedimientos flexibles. Cuando la presente Directiva se aplique mediante más de un procedimiento en un marco de reestructuración, el deudor debe poder acogerse a todos los derechos y garantías previstos por la presente Directiva con el fin de lograr una reestructuración efectiva. Salvo en aquellos casos en que la participación de las autoridades judiciales o administrativas sea obligatoria con arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros deben poder limitar la participación de esas autoridades a aquellas situaciones en las que sea necesario y proporcionado, teniendo a la vez en cuenta, entre otras cosas, el objetivo de proteger los derechos e intereses de los deudores y de las partes afectadas, así como el objetivo de reducir los retrasos y los costes de los procedimientos. Cuando los acreedores o los representantes de los trabajadores estén autorizados a iniciar un procedimiento de reestructuración con arreglo a la normativa nacional y el deudor sea una pyme, los Estados miembros deben exigir el consentimiento del deudor como condición previa para iniciarlo, y también deben poder ampliar dicho requisito a los deudores que sean grandes empresas.

(30)  Para evitar costes innecesarios, reflejar el carácter anticipatorio de la reestructuración preventiva y animar a los deudores a solicitar la reestructuración preventiva en un momento temprano de sus dificultades financieras, tales deudores deben conservar, en principio, el control sobre sus activos y la gestión cotidiana de su actividad empresarial. El nombramiento de un administrador en materia de reestructuración, sea para supervisar la actividad de un deudor o para tomar parcialmente el control de las operaciones cotidianas de un deudor, no debe ser siempre obligatorio, sino decidirse en cada caso concreto en función de las circunstancias o las necesidades específicas del deudor. No obstante, los Estados miembros deben poder determinar que el nombramiento de un administrador en materia de reestructuración sea siempre necesario en determinadas circunstancias, como, por ejemplo: en caso de que el deudor disfrute de una suspensión general de ejecuciones singulares; cuando el plan de reestructuración deba ser confirmado por medio de una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías; cuando el plan de reestructuración incluya medidas que afecten a los derechos de los trabajadores, o cuando el deudor o sus administradores sociales hayan actuado de modo delictivo, fraudulento o perjudicial para las relaciones empresariales.

(31)   A efectos de prestar asistencia a las partes en la negociación y elaboración de un plan de reestructuración, los Estados miembros deben establecer la obligación de nombrar a un administrador en materia de reestructuración cuando: una autoridad judicial o administrativa conceda al deudor una suspensión general de ejecuciones singulares, siempre que en tal caso se necesite a dicho administrador para proteger los intereses de las partes; el plan de reestructuración deba ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa por medio de una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías; el nombramiento haya sido solicitado por el deudor; o haya sido solicitado por la mayoría de acreedores, siempre que los acreedores asuman todos los costes y honorarios de dicho administrador.

(32)  Un deudor debe poder disfrutar de una suspensión temporal de ejecuciones singulares, ya sea acordada por una autoridad judicial o administrativa o por ministerio de la ley con el fin de facilitar las negociaciones relativas a un plan de reestructuración, para ser capaz de continuar su actividad empresarial o, al menos, de preservar el valor de su masa patrimonial durante las negociaciones. Cuando así lo disponga la normativa nacional, también debe ser posible que la suspensión se aplique a favor de terceros prestadores de garantías, entre ellos los avalistas y los titulares de garantías. No obstante, los Estados miembros deben poder disponer que las autoridades judiciales o administrativas puedan negarse a acordar una suspensión de ejecuciones singulares cuando dicha suspensión no sea necesaria o si no se cumpliera el objetivo de facilitar las negociaciones. Entre los motivos de denegación podría incluirse la falta de apoyo de las mayorías necesarias de los acreedores o, si así lo dispone la normativa nacional, la incapacidad del deudor para pagar sus deudas al vencimiento de estas.

(33)  Con el fin de facilitar y acelerar el procedimiento, los Estados miembros deben poder establecer presunciones refutables de la existencia de motivos de denegación de la suspensión, por ejemplo si el deudor adopta un comportamiento típico de alguien que no puede pagar las deudas vencidas, como un impago importante con respecto a los trabajadores o a las administraciones tributarias o de seguridad social, o si el deudor o los administradores sociales de una empresa han cometido delitos financieros que den motivos para suponer que una mayoría de los acreedores no apoyaría la apertura de las negociaciones.

(34)  Una suspensión de ejecuciones singulares podría ser de carácter general, por afectar a todos los acreedores, o podría aplicarse únicamente a algunos acreedores o categorías de acreedores concretos. En circunstancias bien definidas, los Estados miembros deben poder excluir del ámbito de aplicación de la suspensión determinados créditos o categorías de créditos, como los que estén garantizados por activos cuya supresión no pondría en peligro la reestructuración de la empresa o los créditos de acreedores a quienes una suspensión provocaría un perjuicio injusto, por ejemplo a causa de una pérdida no compensada o de una depreciación de las garantías .

(35)  Para lograr un justo equilibrio entre los derechos del deudor y los de los acreedores, una suspensión de ejecuciones singulares debe aplicarse por un plazo máximo de cuatro meses. No obstante, las reestructuraciones complejas pueden requerir más tiempo. Los Estados miembros deben poder establecer que, en esos casos, ▌ la autoridad judicial o administrativa pueda acordar prórrogas del plazo inicial de la suspensión ▌. Cuando una autoridad judicial o administrativa no tome una decisión sobre la prórroga de una suspensión antes de que venza, la suspensión debe dejar de tener efectos al término del plazo de suspensión. En aras de la seguridad jurídica, la duración total de la suspensión debe limitarse a doce meses. Los Estados miembros deben poder prever una suspensión indefinida cuando el deudor devenga insolvente según la normativa nacional. Los Estados miembros deben poder decidir si una breve suspensión provisional en espera de la resolución de la autoridad judicial o administrativa sobre el acceso al marco de reestructuración preventiva debe estar sujeta a los plazos establecidos en la presente Directiva.

(36)  Para garantizar que los acreedores no sufran perjuicios innecesarios, los Estados miembros deben disponer que las autoridades judiciales o administrativas puedan levantar la suspensión de ejecuciones singulares cuando deje de cumplir el objetivo de facilitar las negociaciones, por ejemplo si se pone de manifiesto que la mayoría necesaria de los acreedores no apoya su continuación. También debe levantarse la suspensión si esta perjudica injustamente a los acreedores, cuando los Estados miembros prevean dicha posibilidad. Los Estados miembros deben poder limitar la posibilidad de levantar la suspensión a aquellas situaciones en las que los acreedores no hayan tenido la oportunidad de ser oídos antes de que entrara en vigor o se ampliara. Los Estados miembros también deben poder prever un plazo mínimo durante el cual no pueda levantarse la suspensión. A la hora de determinar si existe un perjuicio injusto para los acreedores, las autoridades judiciales o administrativas deben poder tener en cuenta si la suspensión hubiera de preservar el valor total del patrimonio, y si el deudor actúa de mala fe o con la intención de causar perjuicio o si, en general, actúa en contra de la confianza legítima de los acreedores.

(37)  La presente Directiva no incluye disposiciones relativas a compensaciones o garantías para acreedores cuyas garantías reales tienen probabilidad de perder valor durante la suspensión. Un solo acreedor o una categoría de acreedores se verían injustamente perjudicados por la suspensión si, por ejemplo, sus créditos resultasen mucho más perjudicados como consecuencia de la suspensión que si la suspensión no se aplicara, o si el acreedor se encontrara en una situación de mayor desventaja frente a otros acreedores en una posición similar. Los Estados miembros deben poder prever que, cuando se haya constatado un perjuicio injusto respecto de uno o varios acreedores o una o varias categorías de acreedores, se pueda levantar la suspensión respecto de dichos acreedores y categorías de acreedores o respecto de todos los acreedores. Los Estados miembros deben poder decidir quién tiene derecho a solicitar el levantamiento de la suspensión.

(38)  Una suspensión de ejecuciones singulares debe resultar asimismo en la suspensión de una obligación del deudor de solicitar el procedimiento de insolvencia que pueda desembocar en la liquidación del deudor, o en la suspensión de la obligación de iniciar dicho procedimiento a petición del acreedor. Tales procedimientos de insolvencia, además de aquellos que se limitan legalmente a tener como único resultado posible la liquidación del deudor, deben incluir también aquellos procedimientos que podrían conducir a la reestructuración del deudor. La suspensión de la apertura de un procedimiento de insolvencia a petición de los acreedores debe aplicarse no solo cuando los Estados miembros prevean una suspensión general de ejecuciones singulares que incluya a todos los acreedores, sino también cuando los Estados miembros establezcan la posibilidad de una suspensión de ejecuciones singulares que solo incluya un número de acreedores limitado. No obstante, los Estados miembros deben poder disponer que el procedimiento de insolvencia pueda iniciarse a instancia de autoridades públicas que no actúen en calidad de acreedores sino en interés general, como el ministerio fiscal.

(39)  La presente Directiva no debe impedir a los deudores pagar, en el curso normal de la actividad de la empresa, los créditos de acreedores no afectados y los créditos de acreedores afectados que se originen durante la suspensión de ejecuciones singulares. Con el fin de garantizar que los acreedores cuyos créditos se hayan originado antes de la apertura de un procedimiento de reestructuración o de una suspensión de ejecuciones singulares no ejerzan presión sobre el deudor para que este pague dichos créditos que, de otro modo, se reducirían mediante la aplicación del plan de reestructuración, los Estados miembros deben poder disponer la suspensión de la obligación del deudor respecto del pago de dichos créditos.

(40)  Cuando un deudor sea objeto de un procedimiento de insolvencia, algunos proveedores pueden disponer de derechos contractuales previstos en las denominadas cláusulas de vencimiento anticipado, que les permitan resolver unilateralmente el contrato de suministro por la sola causa de la insolvencia, aun cuando el deudor haya cumplido debidamente sus obligaciones. También podrían ganar efecto las cláusulas de vencimiento anticipado cuando un deudor pide medidas de reestructuración preventiva. Si se invocan estas cláusulas cuando el deudor esté solamente negociando un plan de reestructuración o pidiendo la suspensión de ejecuciones singulares o si se invocan en relación con cualquier acto relacionado con la suspensión, la resolución anticipada puede tener repercusiones negativas en la empresa del deudor y en el rescate satisfactorio de la empresa. Por lo tanto, en esos casos, ▌es necesario disponer que los acreedores no puedan invocar ese tipo de cláusulas de vencimiento anticipado vinculadas a negociaciones sobre un plan de reestructuración o una suspensión o cualquier acto similar relacionado con la suspensión.

(41)  La resolución anticipada puede poner en peligro la capacidad de una empresa para continuar operando durante las negociaciones de reestructuración, especialmente por lo que se refiere a los contratos de suministros básicos tales como gas, electricidad, agua, telecomunicaciones y servicios de pago con tarjeta. Los Estados miembros deben disponer que los acreedores a los que se aplique la suspensión de ejecuciones singulares, cuyos créditos se hubieran originado con anterioridad a la suspensión y que no hubieran recibido el pago de un deudor, no puedan suspender el cumplimiento, resolver, acelerar o modificar de ninguna otra manera los contratos vigentes con obligaciones recíprocas esenciales durante el plazo de suspensión, siempre que el deudor cumpla sus obligaciones derivadas de aquellos contratos que lleguen a su vencimiento durante la suspensión. Los contratos vigentes con obligaciones recíprocas incluyen, por ejemplo, los contratos de arrendamiento y de licencia, los contratos de suministro a largo plazo y los acuerdos de franquicia.

(42)  La presente Directiva establece normas mínimas de contenido de los planes de reestructuración. Los Estados miembros deben poder exigir más explicaciones en el plan de reestructuración, por ejemplo, en relación con los criterios según los cuales se ha agrupado a los acreedores, que pueden ser pertinentes en caso de que una deuda esté garantizada solo parcialmente. No se puede obligar a los Estados miembros a solicitar un informe pericial sobre el valor de los activos que debe indicarse en el plan.

(43)  Los acreedores afectados por un plan de reestructuración, incluidos los trabajadores, y, cuando proceda con arreglo a la normativa nacional, los tenedores de participaciones deben tener derecho de voto sobre la adopción de un plan de reestructuración. Los Estados miembros deben poder establecer excepciones limitadas a esta norma. Las partes no afectadas por el plan de reestructuración no deben tener derechos de voto en relación con el plan ni debe requerirse su apoyo para la aprobación de ningún plan. El concepto de «partes afectadas» debe incluir únicamente a los trabajadores en su calidad de acreedores. Por tanto, si los Estados miembros deciden eximir los créditos de los trabajadores del marco de reestructuración preventiva, los trabajadores no deben tener la consideración de partes afectadas. La votación sobre la adopción del plan de reestructuración puede adoptar la forma de un proceso de votación formal o de una consulta con acuerdo con la mayoría necesaria de las partes afectadas. No obstante, cuando la votación adopte la forma de un acuerdo con la mayoría requerida, se puede ofrecer a las partes afectadas que no participaron en el acuerdo la oportunidad de participar en el plan de reestructuración.

(44)  Para que unos derechos que son sustancialmente similares reciban el mismo trato y los planes de reestructuración puedan adoptarse sin perjudicar injustamente los derechos de las partes afectadas, estas deben ser tratadas en categorías separadas de acuerdo con los criterios para clasificar las diferentes categorías fijados por la normativa nacional. La clasificación en categorías significa el agrupamiento de partes afectadas con el propósito de adoptar un plan de modo tal que refleje sus derechos y la prelación de sus créditos e intereses. Como mínimo, los acreedores con y sin garantía deben ser tratados siempre como categorías diferentes. Sin embargo, los Estados miembros deben poder exigir que se formen más de dos categorías de acreedores, en particular categorías diferentes de acreedores con y sin garantía y categorías de acreedores con créditos subordinados. Los Estados miembros también deben poder tratar en categorías separadas los tipos de acreedores que carezcan de comunidad de intereses suficiente, como las administraciones tributarias o de seguridad social. Los Estados miembros deben poder disponer que los créditos garantizados puedan dividirse en partes garantizadas y no garantizadas sobre la base de la valoración de las garantías reales. Asimismo, los Estados miembros deben poder establecer normas específicas que faciliten la clasificación en diferentes categorías cuando los acreedores no diversificados o especialmente vulnerables, como los trabajadores o pequeños proveedores, puedan disfrutar de esa clasificación por categorías.

(45)  Los Estados miembros deben poder disponer que los deudores que sean pymes puedan, habida cuenta de la estructura relativamente sencilla de su capital, quedar exentos de la obligación de tratar a las partes afectadas en categorías separadas. En los casos en que las pymes hayan optado por crear solo una categoría de voto y esa categoría vote en contra del plan, los deudores deben poder presentar otro plan, en consonancia con los principios generales de la presente Directiva.

(46)  Los Estados miembros deben garantizar, en cualquier caso, que se dé un trato adecuado en sus normativas nacionales a las cuestiones de especial importancia a los fines de la clasificación por categorías, tales como los créditos de partes relacionadas, y que sus normativas nacionales contengan disposiciones que traten los créditos contingentes y los créditos impugnados. Los Estados miembros deben poder regular cómo se han de gestionar los créditos impugnados a efectos de la asignación de derechos de voto. La autoridad judicial o administrativa debe examinar la clasificación por categorías, en particular la selección de acreedores afectados por el plan, cuando un plan de reestructuración se presenta para su confirmación. Ahora bien, los Estados miembros deben poder establecer que dichas autoridades judiciales o administrativas también puedan examinar la clasificación por categorías en una fase anterior si el proponente del plan busca de antemano la validación u orientación.

(47)  La normativa nacional debe establecer las mayorías necesarias para garantizar que una minoría de las partes afectadas en cada categoría no pueda obstaculizar la adopción de un plan de reestructuración que no supone una reducción injustificada de sus derechos e intereses. Sin una norma mayoritaria vinculante para los acreedores garantizados disidentes, la reestructuración temprana no sería posible en muchos casos, por ejemplo cuando resulta necesaria una reestructuración financiera pero la empresa es sin embargo viable. Para garantizar que las partes puedan expresar su opinión sobre la aprobación de planes de reestructuración que sea proporcionada a sus participaciones en la empresa, la mayoría requerida debe basarse en el importe de los créditos de los acreedores o de los intereses de los tenedores de participaciones de una categoría determinada. Los Estados miembros deben poder exigir, además, una mayoría en el número de partes afectadas en cada categoría. Los Estados miembros deben poder establecer normas en relación con las partes afectadas con derecho a voto que no ejerzan dicho derecho de manera correcta o que no estén representadas, como aquellas normas que permitan tomarlas en consideración para el umbral de participación o para el cálculo de una mayoría. Los Estados miembros también deben poder establecer un umbral de participación para la votación.

(48)  Es necesaria la confirmación de un plan de reestructuración por una autoridad judicial o administrativa para garantizar que la reducción de los derechos de los acreedores y de los tenedores de participaciones sea proporcional a las ventajas de la reestructuración y que tengan acceso a una tutela judicial efectiva. La confirmación resulta particularmente necesaria cuando: existan partes afectadas disidentes; cuando el plan de reestructuración contenga disposiciones sobre nueva financiación; o cuando el plan implique la pérdida de más del 25 % de la mano de obra. No obstante, los Estados miembros deben poder determinar que es necesaria la confirmación de una autoridad judicial o administrativa también en otros casos. Únicamente debe ser necesario confirmar planes que impliquen la pérdida de más del 25 % de la mano de obra cuando la normativa nacional permita que los marcos de reestructuración preventiva dispongan medidas con efecto directo sobre los contratos de trabajo.

(49)  Los Estados miembros deben garantizar que la autoridad judicial o administrativa pueda rechazar un plan cuando se haya comprobado que limita los derechos de los acreedores o tenedores de participaciones disidentes bien a un nivel por debajo de lo que cabría razonablemente esperar en caso de liquidación de la empresa del deudor, ya sea mediante una liquidación gradual o mediante la venta como empresa en funcionamiento ▌ dependiendo de las circunstancias particulares de cada deudor, o bien a un nivel por debajo de lo que podrían razonablemente esperar en el caso de la mejor solución alternativa si no se confirmase el plan de reestructuración. No obstante, en caso de que el plan sea confirmado mediante una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías, debe hacerse referencia al mecanismo de protección empleado en tal caso. En caso de que los Estados miembros opten por realizar una valoración del deudor como empresa en funcionamiento, el valor como empresa en funcionamiento debe tener en cuenta la actividad del deudor a largo plazo, al contrario que el valor de liquidación. El valor como empresa en funcionamiento es, por regla general, superior al valor de liquidación ▌, ya que se basa en la presunción de que la empresa sigue activa con una mínima perturbación, cuenta con la confianza de los acreedores financieros, accionistas y clientes, y sigue generando ingresos, y limita las repercusiones sobre los trabajadores.

(50)  Aunque, a fin de evitar realizar una valoración en cada caso, el cumplimiento de la prueba del interés superior de los acreedores debe ser examinado por la autoridad judicial o administrativa únicamente si el plan de reestructuración es impugnado por ese motivo, los Estados miembros deben poder establecer que otras condiciones para la confirmación puedan examinarse de oficio. Los Estados miembros deben poder añadir otras condiciones de obligado cumplimiento para confirmar un plan de reestructuración, por ejemplo que los tenedores de participaciones estén convenientemente protegidos. Las autoridades judiciales o administrativas deben poder negarse a confirmar planes de reestructuración que no presenten perspectivas razonables de evitar la insolvencia del deudor o garantizar la viabilidad de la empresa. No obstante, no procede obligar a los Estados miembros a garantizar que esta evaluación se realice de oficio.

(51)  La notificación a todas los afectados debe constituir una de las condiciones para la confirmación de un plan de reestructuración. Los Estados miembros deben poder determinar la forma de la notificación y el momento en que se ha de hacer, así como establecer disposiciones para el tratamiento de créditos desconocidos por lo que respecta a las notificaciones. Deben poder determinar, asimismo, que las partes no afectadas sean informadas del plan de reestructuración.

(52)  Superar la prueba del «interés superior de los acreedores» se debe considerar que significa que ningún acreedor disidente se vea más perjudicado por el plan de reestructuración de lo que se vería en caso de ▌ liquidación de la empresa, ya sea mediante liquidación gradual o venta de la empresa como empresa en funcionamiento, o en el caso de la mejor solución alternativa si no se confirmase el plan de reestructuración. Los Estados miembros deben poder elegir uno de esos dos umbrales al aplicar la prueba del interés superior de los acreedores en la normativa nacional. Esta prueba ha de aplicarse, en todo caso, cuando deba confirmarse un plan a fin de que sea vinculante para los acreedores disidentes o, según los casos, categorías de acreedores disidentes. Como consecuencia de la prueba del interés superior de los acreedores, cuando los acreedores públicos institucionales tengan un estatuto privilegiado con arreglo a la normativa nacional, los Estados miembros pueden establecer que el plan no pueda imponer una cancelación total ni parcial de los créditos de dichos acreedores.

(53)  Si bien el plan de reestructuración debe adoptarse siempre si la mayoría requerida en cada categoría afectada lo apoya, sin embargo, el plan de reestructuración que no cuente con el apoyo de la mayoría necesaria en cada categoría afectada debe poder ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa a propuesta del deudor o con el consentimiento del deudor. En el caso de las personas jurídicas, los Estados miembros deben poder decidir si, a efectos de la adopción o confirmación del plan de reestructuración, debe considerarse que el deudor ha de ser considerado como el consejo de administración de la persona jurídica o una determinada mayoría de socios o tenedores de participaciones. En caso de reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías, para que el plan sea confirmado debe ser apoyado por una mayoría de categorías de voto de partes afectadas. Al menos una de esas categorías debe ser una categoría de acreedores garantizados o debe tener mayor prelación que la categoría de acreedores ordinarios no garantizados.

(54)  Cuando una mayoría de categorías de voto no apoye el plan de reestructuración, ha de ser posible, no obstante, que el plan se pueda confirmar si recibe el apoyo de, al menos, una categoría de acreedores afectada o perjudicada que, tras una valoración del deudor como empresa en funcionamiento, reciba un pago o mantenga un interés o, cuando así lo prevea la normativa nacional, se pueda presumir razonablemente que va a recibir un pago o mantener un interés, si se aplica el orden normal de prelación de las prioridades de liquidación de acuerdo con la normativa nacional. En este caso, los Estados miembros deben poder incrementar el número de categorías necesarias para aprobar el plan, sin que se exija necesariamente que todas esas categorías deban recibir, tras una valoración del deudor como empresa en funcionamiento, un pago o mantener un interés de acuerdo con el Derecho nacional. No obstante, los Estados miembros no deben exigir el consentimiento de todas las categorías. En consecuencia, cuando existan solo dos categorías de acreedores, el consentimiento de al menos una de ellas debe considerarse suficiente si se cumplen también las demás condiciones para la aplicación de una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías. Por perjuicio de un acreedor se debe entender que hay una reducción en el valor de sus créditos.

(55)  En el caso de la reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías, los Estados miembros deben velar por que las categorías disidentes de acreedores afectados no se vean injustamente perjudicadas con arreglo al plan propuesto y deben proporcionar una protección suficiente a estas categorías disidentes. Los Estados miembros deben poder proteger a una categoría disidente de acreedores afectados garantizándole un trato al menos igual de favorable que el de cualquier otra categoría del mismo rango y más favorable que el de cualquier categoría con menor prelación. Los Estados miembros pueden proteger a una categoría disidente de acreedores afectados garantizando que dicha categoría disidente recibe su pago íntegramente si una categoría con menor prelación recibe cualquier pago o conserva cualquier interés en el plan de reestructuración (regla de prelación absoluta). Los Estados miembros deben disfrutar de discrecionalidad para aplicar el concepto de «pago íntegro», también en relación con el plazo del pago, siempre que el principal del crédito y, en el caso de acreedores garantizados, el valor de la garantía real, estén protegidos. Los Estados miembros también deben poder decidir sobre la elección de los medios equivalentes mediante los cuales puede satisfacerse íntegramente el crédito original.

(56)  Los Estados miembros deben poder prever excepciones a la regla de prelación absoluta, por ejemplo cuando se considere justo que los tenedores de participaciones mantengan determinados intereses en el plan a pesar de que una categoría de mayor prelación se vea obligada a aceptar una reducción de sus créditos o de que proveedores de suministros básicos cubiertos por la disposición relativa a la suspensión de ejecuciones singulares reciban su pago antes que categorías de acreedores de mayor prelación. Los Estados miembros deben poder escoger cuál de los mecanismos de protección anteriormente indicados ponen en práctica.

(57)  Si bien deben estar protegidos los intereses legítimos de otros accionistas o tenedores de participaciones, los Estados miembros deben garantizar que no puedan impedir injustificadamente la adopción de planes de reestructuración que permitirían que el deudor recuperase su viabilidad. Los Estados miembros deben poder utilizar distintos medios para lograr ese objetivo, por ejemplo, no concediendo a los tenedores de participaciones derecho de voto en relación con un plan de reestructuración y no supeditando la adopción de un plan de reestructuración al acuerdo de aquellos tenedores de participaciones que, sobre la base de una valoración de la empresa, no recibirían ningún pago ni ninguna otra retribución si se aplicara el orden normal de prelación en la liquidación. ▌No obstante, en caso de que los tenedores de participaciones tengan derecho de voto en relación con un plan de reestructuración, el la autoridad judicial o administrativa debe poder confirmar el plan aplicando las normas de reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías no obstante la oposición de una o más categorías de tenedores de participaciones. Los Estados miembros que excluyan a los tenedores de participaciones de las votaciones no deben estar obligados a aplicar la regla de prelación absoluta en la relación entre acreedores y tenedores de participaciones. Otro método posible de garantizar que los tenedores de participaciones no impidan injustificadamente la adopción de planes de reestructuración sería garantizando que las medidas de reestructuración que afecten directamente a los derechos de los tenedores de participaciones y que necesitan la aprobación de la junta general de accionistas con arreglo al Derecho societario no estén sometidas a requisitos de mayorías injustificadamente altas y que los tenedores de participaciones no tengan competencias en términos de las medidas de reestructuración que no afecten directamente a sus derechos.

(58)  Cuando existan diferentes categorías de participaciones con distintos derechos, pueden ser necesarias varias categorías de tenedores de participaciones. Los tenedores de participaciones de pymes que no sean meros inversores, sino que sean los propietarios de la empresa y contribuyan a la empresa de otras maneras, por ejemplo, mediante competencias de gestión, podrían no tener incentivos para reestructurar en tales condiciones. Por esta razón, la reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías debe seguir siendo optativa para los deudores que sean pymes.

(59)  A efectos de la ejecución del plan de reestructuración, este debe posibilitar que los tenedores de participaciones en pymes presten asistencia no monetaria a la reestructuración sirviéndose, por ejemplo, de su experiencia, su reputación o sus contactos comerciales.

(60)  A lo largo de todo el procedimiento de reestructuración preventiva, los trabajadores deben disfrutar plenamente de la protección del Derecho laboral. En particular, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los trabajadores garantizados por las Directivas 98/59/CE(14) y 2001/23/CE(15) del Consejo, y por las Directivas 2002/14/CE(16), 2008/94/CE(17) y 2009/38/CE(18) del Parlamento Europeo y del Consejo. Las obligaciones relativas a la información y consulta a los trabajadores con arreglo a la normativa nacional de transposición de dichas Directivas siguen plenamente vigentes. Esto incluye las obligaciones de informar y consultar a los representantes de los trabajadores sobre la decisión de recurrir a un marco de reestructuración preventiva de conformidad con la Directiva 2002/14/CE.

(61)  Se debe proporcionar a los trabajadores y a sus representantes la información referente a la propuesta de plan de reestructuración en la medida en que lo disponga el Derecho de la Unión, a fin de permitirles efectuar una evaluación en profundidad de las distintas posibilidades. Además, los trabajadores y sus representantes deben participar en la medida que sea necesaria para satisfacer los requisitos de consulta previstos por el Derecho de la Unión. Habida cuenta de la necesidad de garantizar un nivel adecuado de protección de los trabajadores, los Estados miembros deben estar obligados a eximir ▌ los créditos impagados de los trabajadores ▌ de cualquier suspensión de ejecuciones singulares con independencia de si estos créditos tienen su origen con anterioridad o posterioridad a la concesión de la suspensión. La suspensión de la ejecución de los créditos impagados de los trabajadores solo debe permitirse en las cantidades y durante el período en que el pago de dichos créditos esté eficazmente garantizado a un nivel similar por otros medios con arreglo al Derecho nacional ▌. Cuando el Derecho nacional establezca limitaciones a la responsabilidad de las instituciones de garantía, ya sea en términos de duración de la garantía o del importe abonado a los trabajadores, estos deben poder hacer valer sus créditos adeudados frente al empresario, incluso durante el plazo de suspensión. De forma alternativa, los Estados miembros deben poder excluir los créditos de los trabajadores del ámbito de aplicación de los marcos de reestructuración preventiva y disponer su protección con arreglo a la normativa nacional.

(62)  Cuando un plan de reestructuración suponga la transmisión de una parte de una empresa o negocio, los derechos de los trabajadores que resulten de un contrato de trabajo o de una relación laboral, en particular, el derecho a un salario, deben protegerse de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23/CE, sin perjuicio de las disposiciones específicas que se aplican en caso de procedimiento de insolvencia de conformidad con el artículo 5 de dicha Directiva y, en particular, las posibilidades previstas en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de información y consulta, que están garantizados por la Directiva 2002/14/CE, en particular sobre las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo con vistas a llegar a un acuerdo sobre tales decisiones. Además, en virtud de la presente Directiva, los trabajadores cuyos créditos se vean afectados por un plan de reestructuración deben tener derecho de voto en relación con dicho plan. A efectos de la votación en relación con un plan de reestructuración, los Estados miembros deben poder decidir clasificar a los trabajadores en una categoría separada de otras categorías de acreedores.

(63)  Las autoridades judiciales o administrativas deben decidir únicamente sobre la valoración de una empresa - ya sea en liquidación o en el mejor escenario alternativo - en caso de no confirmarse el plan de reestructuración, si una parte afectada disidente impugnase el plan de reestructuración. Ello no debe impedir que los Estados miembros lleven a cabo valoraciones en otro contexto con arreglo a la normativa nacional. No obstante, una decisión de este tipo también debe poder consistir en la aprobación de una valoración por parte de un perito o de una valoración presentada por el deudor u otra parte en una fase anterior del procedimiento. En caso de que se decida efectuar una valoración, los Estados miembros deben poder establecer normas específicas, diferentes del Derecho procesal civil general, para las valoraciones en casos de reestructuración, con miras a garantizar que se lleven a cabo con celeridad. Ninguna disposición de la presente Directiva debe afectar a las normas en materia de carga de la prueba con arreglo a la normativa nacional en el caso de una valoración.

(64)  Los efectos vinculantes de los planes de reestructuración deben limitarse a las partes afectadas que hayan participado en la adopción del plan. Los Estados miembros deben poder determinar qué significa que un acreedor haya participado, incluido el supuesto de acreedores desconocidos o de acreedores de créditos futuros. Los Estados miembros deben poder decidir, por ejemplo, cómo tratar a los acreedores que hayan sido notificados correctamente pero que no hayan participado en los procedimientos.

(65)  Las partes afectadas interesadas deben tener la posibilidad de recurrir una decisión sobre la confirmación de un plan de reestructuración adoptada por una autoridad administrativa. Los Estados miembros deben poder introducir también la posibilidad de recurrir una resolución de una autoridad judicial relativa a la confirmación de un plan de reestructuración. No obstante, con el fin de garantizar la eficacia del plan, reducir la incertidumbre y evitar retrasos injustificados, las vías de recurso no deben tener, por norma, efectos suspensivos sobre la aplicación de los planes de reestructuración, ni, por tanto, impedirla. Los Estados miembros deben poder determinar y limitar los motivos de recurso. Cuando se interponga recurso contra la resolución de confirmación del plan, los Estados miembros deben poder permitir que la autoridad judicial adopte una resolución cautelar o de urgencia que permita la ejecución y aplicación del plan de las consecuencias en caso de que se estime el recurso pendiente. Cuando se estime un recurso, las autoridades judiciales o administrativas deben poder considerar, como alternativa a la cancelación del plan, una modificación del plan, cuando los Estados miembros prevean dicha posibilidad, así como una confirmación del plan sin modificaciones. Cualquier modificación del plan debe poder ser propuesta por las partes o votadas por ellas, a iniciativa propia o a petición de la autoridad judicial. Los Estados miembros también pueden disponer compensaciones por las pérdidas financieras a la parte cuyo recurso haya sido estimado. El Derecho nacional debe poder tratar una hipotética nueva suspensión o prórroga de la suspensión en caso de que la autoridad judicial decida que el recurso tiene efectos suspensivos.

(66)  A menudo, el éxito de un plan de reestructuración depende de si ▌ se concede ayuda financiera al deudor para apoyar, en primer lugar, el funcionamiento de la empresa durante las negociaciones sobre la reestructuración y, en segundo lugar, la aplicación del plan de reestructuración tras su confirmación. La ayuda financiera debe entenderse en sentido amplio, incluida la aportación de dinero o garantías de terceros y la entrega de existencias, materias primas y suministros, por ejemplo mediante la concesión al deudor de un plazo de reembolso más largo. La financiación provisional y la nueva financiación deben quedar, por lo tanto, exentas de las acciones revocatorias que pretendan declarar dicha financiación nula, anulable o no ejecutable como un acto perjudicial para el conjunto de los acreedores en el marco del ulterior procedimiento de insolvencia.

(67)  Las normativas nacionales sobre insolvencia que prevén acciones revocatorias de la financiación provisional y nueva o que disponen que los nuevos acreedores pueden ser objeto de sanciones civiles, administrativas o penales por conceder crédito a los deudores en dificultades financieras pueden poner en peligro la disponibilidad de la financiación necesaria para el éxito de las negociaciones y la aplicación de un plan de reestructuración. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de otros motivos para declarar nula, anulable o no ejecutable la financiación nueva o provisional, ni para determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa de quienes presten este tipo de financiación, de conformidad con lo dispuesto en la normativa nacional. Dichos otros motivos pueden incluir, entre otros, el fraude, la mala fe, cierto tipo de relación entre las partes que pueda relacionarse con un conflicto de intereses, como las transacciones entre partes relacionadas o entre los accionistas y la empresa, y las transacciones en las que una parte recibe fondos o garantías sin tener derecho a ello en el momento de la transacción o la manera en que se ejecutó la misma.

(68)  Cuando se concede la financiación provisional las partes aún no saben si el plan de reestructuración será finalmente confirmado o no. Por consiguiente, los Estados miembros no deben estar obligados a limitar la protección de la financiación provisional a los casos en los que el plan sea adoptado por los acreedores o confirmado por la autoridad judicial o administrativa ▌. Para evitar posibles abusos, debe protegerse únicamente la financiación razonable e inmediatamente necesaria para la continuidad de la actividad comercial o la supervivencia de la empresa del deudor o la conservación o el crecimiento del valor de dicho negocio en espera de la confirmación de ese plan. Además, la presente Directiva no debe impedir a los Estados miembros introducir un mecanismo de control ex ante para la financiación provisional. Los Estados miembros deben poder limitar la protección de la nueva financiación a los casos en los que el plan sea confirmado por una autoridad judicial o administrativa, y de la financiación provisional a los casos en que esté sometida a un control ex ante. El mecanismo de control ex ante de la financiación provisional u otras transacciones puede ser ejercido por un administrador en materia de reestructuración, por un comité de acreedores o por una autoridad judicial o administrativa. La protección frente a las acciones revocatorias y la protección frente a la responsabilidad personal constituyen garantías mínimas que deben ser concedidas a la nueva financiación y a la financiación provisional. Sin embargo, alentar a nuevos prestamistas a asumir el mayor riesgo de invertir en un deudor viable en dificultades financieras podría requerir incentivos adicionales como, por ejemplo, otorgar dicha prioridad de financiación como mínimo por delante de los créditos no garantizados en los procedimientos de insolvencia ulteriores.

(69)  Con el fin de fomentar una cultura que incentive las reestructuración preventiva temprana, es deseable que las transacciones razonables e inmediatamente necesarias para la negociación o aplicación de un plan de reestructuración también reciban protección frente a las acciones revocatorias en posteriores procedimientos de insolvencia. Las autoridades judiciales o administrativas, al determinar el carácter razonable y la necesidad inmediata de costes y tasas, deben poder, por ejemplo, tener en cuenta proyecciones y estimaciones enviadas a las partes afectadas, a un comité de acreedores, a un administrador en materia de reestructuración o a la propia autoridad judicial o administrativa. A tal fin, los Estados miembros también deben poder exigir a los deudores que proporcionen y actualicen las estimaciones pertinentes. Dicha protección debe mejorar la certidumbre con respecto a las transacciones con empresas que se sabe que se hallan en dificultades financieras y disipar el temor de los acreedores e inversores a que todas esas transacciones pudieran anularse si fracasara la reestructuración. Los Estados miembros deben poder determinar un momento anterior a la apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva y a la concesión de la suspensión de las ejecuciones singulares a partir del cual las tasas y los costes de negociar, adoptar, confirmar o solicitar asesoramiento profesional para el plan de reestructuración empiecen a disfrutar de protección frente a las acciones revocatorias. En el caso de otros pagos y desembolsos y de la protección del pago de los salarios de los trabajadores, dicho momento inicial puede ser también la concesión de la suspensión o la apertura del procedimiento de reestructuración preventiva.

(70)  Para seguir promoviendo la reestructuración preventiva, es importante garantizar que no se disuade a los administradores sociales de tomar decisiones empresariales razonables o asumir riesgos comerciales razonables, sobre todo cuando ello mejoraría las posibilidades de una reestructuración de empresas potencialmente viables. En caso de que la sociedad experimente dificultades financieras, los administradores sociales deben tomar medidas para minimizar las pérdidas y evitar la insolvencia, como las siguientes: buscar asesoramiento profesional, en particular en materia de reestructuración e insolvencia, por ejemplo utilizando las herramientas de alerta temprana cuando proceda; proteger el patrimonio de la sociedad a fin de incrementar al máximo su valor y evitar la pérdida de activos clave; examinar, a la luz de la estructura y las funciones de la empresa, su viabilidad y reducir gastos; evitar comprometer a la empresa en transacciones que puedan ser objeto de revocación, a menos que exista una justificación empresarial adecuada; seguir comerciando cuando sea adecuado hacerlo con el fin de maximizar el valor de la empresa en funcionamiento; mantener negociaciones con los acreedores e iniciar procedimientos de reestructuración preventiva.

(71)  En caso de que el deudor esté próximo a la insolvencia, es importante también proteger los intereses legítimos de los acreedores frente a las decisiones de los gestores que podrían tener un impacto sobre la constitución de la masa del deudor, en particular cuando tales decisiones podrían tener el efecto de disminuir el valor del patrimonio disponible para los esfuerzos de reestructuración o para su distribución a los acreedores. Por lo tanto, es necesario garantizar que en tales casos los administradores sociales eviten toda actuación dolosa o gravemente negligente que resulte en beneficio propio en perjuicio de los interesados, y eviten aceptar transacciones a pérdida o tomando medidas conducentes a favorecer injustamente a uno o más interesados. Los Estados miembros deben poder aplicar las disposiciones correspondientes de la presente Directiva garantizando que las autoridades judiciales o administrativas, al evaluar si debe considerarse a un administrador social responsable de incumplimientos del deber de diligencia, tengan en cuenta las normas en materia de obligaciones de los administradores sociales establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva no pretende establecer un orden de prelación entre las distintas partes cuyos intereses deben ser tenidos debidamente en cuenta. Ahora bien, los Estados miembros deben poder decidir establecer tal orden. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la normativa nacional de los Estados miembros relativa a los procesos de toma de decisiones de las empresas.

(72)  Los empresarios que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o una profesión por cuenta propia, pueden estar expuestos al riesgo de insolvencia. Las diferencias existentes entre los Estados miembros por lo que respecta a las posibilidades en materia de oportunidades de recomenzar de cero podrían incentivar a empresarios sobreendeudados o insolventes a trasladarse a un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos con el fin de disfrutar de plazos de exoneración más cortos o de condiciones de exoneración más atractivas, lo que provocaría un aumento de la inseguridad jurídica y de los costes que soportan los acreedores a la hora de cobrar sus deudas. Además, las repercusiones de la insolvencia, especialmente el estigma social, las consecuencias jurídicas como la inhabilitación de los empresarios afectados para emprender y ejercer actividad empresarial alguna, y la continuación de su incapacidad para saldar deudas constituyen importantes desincentivos para los empresarios que desean crear una empresa o contar con una segunda oportunidad, a pesar de que se ha comprobado que los empresarios que devienen insolventes tienen más posibilidades de éxito la vez siguiente.

(73)  Por consiguiente, se deben adoptar medidas para reducir los efectos negativos del sobreendeudamiento o la insolvencia sobre los empresarios, permitiendo, en particular, la plena exoneración de deudas después de cierto período de tiempo y limitando la duración de las órdenes de inhabilitación dictadas en relación con el sobreendeudamiento o la insolvencia del deudor. El concepto de «insolvencia» debe ser definido por el Derecho nacional y puede adoptar la forma de un sobreendeudamiento. El concepto «de empresario» en el sentido de la presente Directiva no debe ser relevante para la posición de los directivos o administradores sociales de una empresa, que deben ser tratados de forma acorde con la normativa nacional. Los Estados miembros deben poder decidir cómo se obtiene acceso a la exoneración, en particular el requisito de exigir que el deudor la solicite.

(74)  Los Estados miembros deben poder permitir la posibilidad de ajustar las obligaciones de reembolso de los empresarios insolventes cuando se produzca un cambio importante en su situación financiera, con independencia de que sea una mejora o un deterioro. La presente Directiva no debe obligar a que el plan de pagos sea apoyado por una mayoría de acreedores. Los Estados miembros deben poder disponer que no se impida a los empresarios iniciar una nueva actividad en el mismo sector o en otro diferente durante la ejecución del plan de pagos.

(75)  Los procedimientos que incluyan un plan de pagos, una ejecución de activos o una combinación de ambos deben prever la opción de una exoneración de deudas. Al aplicar tales normas, los Estados miembros deben poder elegir libremente entre esas opciones. Si en el Derecho nacional se dispone de más de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas, los Estados miembros deben garantizar que al menos uno de dichos procedimientos ofrezca al empresario insolvente la oportunidad de lograr la plena exoneración de deudas dentro de un plazo que no sea superior a tres años. En el caso de los procedimientos que combinan una ejecución de activos y un plan de pagos, el plazo de exoneración debe empezar a más tardar a partir de la fecha en que el plan de pagos sea confirmado por una autoridad judicial o empiece a ser aplicado, por ejemplo a partir del primer plazo con arreglo al plan, pero también podría empezar antes, por ejemplo en el momento de adoptarse la decisión de abrir el procedimiento.

(76)  En los procedimientos que no incluyan un plan de pagos, el plazo de exoneración debe comenzar a más tardar a partir de la fecha en que una autoridad judicial o administrativa adopte una decisión de abrir el procedimiento, o en la fecha en que se determine la masa pasiva del deudor. Para el cálculo de la duración del plazo de exoneración con arreglo a la presente Directiva, los Estados miembros deben poder disponer que el concepto de «apertura del procedimiento» no incluya medidas preliminares, como las medidas cautelares o el nombramiento de un administrador concursal provisional, a menos que tales medidas prevean la ejecución de activos, incluida su enajenación y distribución a los acreedores. La determinación de la masa del deudor no debe llevar necesariamente aparejada una confirmación o decisión formal de una autoridad judicial o administrativa, salvo en caso de que dicha decisión no sea obligatoria con arreglo a la normativa nacional, y podría consistir en la presentación de un inventario de los activos y pasivos del deudor.

(77)  En aquellos casos en que la vía procesal conducente a una exoneración de deudas suponga la ejecución de activos de un empresario, los Estados miembros no se deben ver privados de la posibilidad de disponer que la solicitud de exoneración se trate por separado de la ejecución de activos, siempre que dicha solicitud sea parte integrante de la vía procesal conducente a la exoneración con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros deben poder determinar las normas nacionales en materia de carga de la prueba para que se ponga en práctica la exoneración, lo que significa que debe poder establecerse por ley la obligación de que los empresarios prueben el cumplimiento de sus obligaciones.

(78)  La plena exoneración de deudas o el fin de las inhabilitaciones tras un ▌período no superior a tres años no son adecuados en todas las circunstancias, por lo que puede ser necesario establecer en la normativa nacional excepciones a dicha norma debidamente justificadas. Por ejemplo, se deben establecer dichas excepciones en los casos en que el deudor sea deshonesto o haya actuado de mala fe. En los casos en que los empresarios no disfruten de una presunción de honestidad y buena fe en virtud del Derecho nacional, la carga de la prueba de su honestidad y buena fe no debe dificultarles innecesariamente iniciar el procedimiento ni hacerlo costoso.

(79)  Al determinar si un deudor fue deshonesto, las autoridades judiciales o administrativas pueden tener en cuenta circunstancias como las siguientes: la naturaleza y el importe de la deuda; el momento en que se ha contraído la deuda; los esfuerzos realizados por el empresario para abonar la deuda y cumplir con las obligaciones legales, incluidos los requisitos para la concesión de licencias públicas y la exigencia de llevar una contabilidad correcta; las actuaciones, por parte del empresario, para frustrar las pretensiones de los acreedores; el cumplimiento de las obligaciones en caso de insolvencia inminente que incumben a los empresarios que sean administradores sociales de una sociedad; el cumplimiento de la normativa de la Unión y nacional en materia de competencia y en materia laboral. También deben poder establecerse tales excepciones cuando el empresario no haya cumplido determinadas obligaciones jurídicas, incluida la obligación de maximizar los rendimientos para los acreedores, que podría adoptar la forma de una obligación general de generar ingresos o activos. Asimismo, deben poder establecerse excepciones específicas cuando sea necesario garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor y los derechos de uno o varios acreedores, por ejemplo cuando el acreedor sea una persona física que necesita más protección que el deudor.

(80)  También se podría justificar una excepción cuando no se cubran los costes del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, en particular las tasas de las autoridades judiciales y administrativas y los honorarios de los administradores concursales. Los Estados miembros deben poder disponer que se pueda revocar el beneficio de esa exoneración si, por ejemplo, la situación financiera del deudor mejora de forma significativa debido a circunstancias inesperadas, como ganar un premio de lotería o recibir una herencia o una donación. No debe impedirse que los Estados miembros concedan excepciones adicionales en circunstancias bien definidas y cuando esté debidamente justificado.

(81)  Cuando exista una razón debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional, podría ser conveniente limitar la posibilidad de exoneración para determinadas categorías de deuda. Los Estados miembros deben poder excluir las deudas garantizadas de la posibilidad de exoneración solo hasta la cuantía del valor de la garantía que determine la normativa nacional, mientras que el resto de la deuda debe considerarse deuda no garantizada. Los Estados miembros deben poder excluir otras categorías de deudas cuando esté debidamente justificado.

(82)  Los Estados miembros deben poder establecer que las autoridades judiciales o administrativas puedan verificar, tanto de oficio como a petición de una parte con un interés legítimo, si los empresarios han cumplido las condiciones para obtener la plena exoneración de deudas.

(83)  Si la autorización o la licencia de un empresario para ejercer una determinada actividad artesanal, industrial, comercial o profesional ha sido denegada o revocada como resultado de una orden de inhabilitación, la presente Directiva no debe impedir a los Estados miembros exigir que el empresario solicite una nueva autorización o licencia al término del período de inhabilitación. Cuando la autoridad de un Estado miembro adopte una decisión relativa a una actividad sujeta a una supervisión específica, debe poder tener en cuenta también, incluso tras expirar el período de inhabilitación, el hecho de que el empresario insolvente haya obtenido una exoneración de deudas, de conformidad con la presente Directiva.

(84)  Las deudas profesionales y personales que no puedan separarse de modo razonable, por ejemplo cuando se usa un activo tanto durante una actividad profesional del empresario como fuera del marco de dicha actividad, deben tratarse en un procedimiento único. Si los Estados miembros disponen que dichas deudas se sometan a procedimientos de insolvencia diferentes, resulta necesaria una coordinación de dichos procedimientos. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de que los Estados miembros puedan escoger tratar todas las deudas de un empresario en un procedimiento único. No debe impedirse que los Estados miembros que autoricen a los empresarios a proseguir sus actividades comerciales por cuenta propia durante un procedimiento de insolvencia dispongan que dichos empresarios puedan ser objeto de un nuevo procedimiento de insolvencia en caso de que la continuación de esas actividades dé lugar a una nueva situación de insolvencia.

(85)  Es necesario mantener y aumentar la transparencia y la previsibilidad de los procedimientos para la obtención de resultados que sean favorables para la conservación de las empresas y para permitir una segunda oportunidad a los empresarios o que permitan la eficiente liquidación de las empresas inviables. Es preciso, asimismo, reducir la excesiva duración de los procedimientos de insolvencia en muchos Estados miembros, lo que genera inseguridad jurídica para los acreedores y los inversores y bajos porcentajes de recuperación. Por último, dados los mecanismos de cooperación reforzada entre órganos jurisdiccionales y administradores concursales en los casos transfronterizos, establecidos por el Reglamento (UE) 2015/848, la profesionalidad de todos los actores implicados debe situarse a altos niveles similares en toda la Unión. Para alcanzar esos objetivos, los Estados miembros deben garantizar que los miembros de autoridades judiciales y administrativas que conozcan de procedimientos de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas cuenten con una formación adecuada y con los conocimientos especializados necesarios para el ejercicio de sus funciones. Dicha formación y dichos conocimientos especializados podrían adquirirse también durante el ejercicio de las funciones de miembro de una autoridad judicial o administrativa o, antes de la asunción de dichas funciones, durante el ejercicio de otras funciones pertinentes.

(86)  Dicha formación y dichos conocimientos especializados deben permitir que se adopten de forma eficiente decisiones con una posible repercusión económica y social importante, sin que ello deba entenderse como que los miembros de una autoridad judicial tengan que conocer exclusivamente cuestiones de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Los Estados miembros deben garantizar que los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas se tramiten de manera eficiente y rápida. Por ejemplo, la creación de órganos jurisdiccionales o salas especializados, o el nombramiento de jueces especializados de conformidad con la normativa nacional, así como la concentración de la jurisdicción en un número limitado de autoridades judiciales o administrativas constituirían ▌ maneras eficientes de alcanzar los objetivos de seguridad jurídica y efectividad de los procedimientos. No debe obligarse a los Estados miembros a dar prioridad a los procedimientos de reestructuración preventiva, insolvencia y exoneración de deudas sobre otros procedimientos.

(87)  Los Estados miembros deben velar asimismo por que ▌ los administradores en materia de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que sean nombrados por las autoridades judiciales o administrativas (en lo sucesivo, «administradores concursales»): estén adecuadamente formados; sean nombrados de manera transparente teniendo debidamente en cuenta la necesidad de garantizar la eficiencia de los procedimientos; sean supervisados cuando realicen sus funciones; y ejerzan sus funciones con integridad. Es importante que los administradores concursales respeten las normas de dichas funciones, como la obtención de seguros para la responsabilidad profesional. La formación y titulación adecuadas y los conocimientos especializados con los que deben contar los administradores concursales también pueden adquirirse en el ejercicio de su profesión. Los Estados miembros no deben estar obligados a facilitar directamente la formación necesaria, pero esta podría impartirse, por ejemplo, a través de asociaciones profesionales u otros organismos. Los «administradores concursales» en la definición del Reglamento (UE) 2015/848 deben quedar incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(88)  La presente Directiva no debe impedir que los Estados miembros dispongan que los administradores concursales sean seleccionados por el deudor, por los acreedores o por una junta de acreedores a partir de una lista o selección que sea previamente aprobada por una autoridad judicial o administrativa. Al seleccionar a un administrador concursal, se puede otorgar al deudor, los acreedores o la junta de acreedores cierto margen de apreciación en lo que respecta a los conocimientos especializados y la experiencia generales del administrador concursal y a las necesidades del caso concreto. Los deudores que sean personas físicas pueden quedar totalmente exentos de tal obligación. En los casos con elementos transfronterizos, el nombramiento del administrador concursal debe tener en cuenta, entre otros factores, la capacidad de los administradores concursales para cumplir las obligaciones, con arreglo al Reglamento (UE) 2015/848, de comunicarse y cooperar con administradores concursales en procedimientos de insolvencia y autoridades judiciales o administrativas de otros Estados miembros, así como los recursos humanos y administrativos de que disponen para tratar posibles casos complejos. No se debe impedir a los Estados miembros que regulen la posibilidad de que se seleccione a un administrador concursal por otros métodos, como la selección aleatoria mediante un programa informático, siempre que se garantice que al recurrir a dichos métodos, los conocimientos y la experiencia del administrador concursal se tengan debidamente en cuenta. Los Estados miembros deben poder determinar el procedimiento para oponerse a la selección o al nombramiento del administrador concursal o para solicitar la sustitución de este, por ejemplo a través de una junta de acreedores.

(89)  Los administradores concursales deben estar sujetos a mecanismos de regulación y supervisión que deben incluir medidas efectivas relativas a la responsabilidad de los administradores concursales que hayan incumplido sus obligaciones, como las siguientes: la reducción de los honorarios del administrador concursal; su exclusión de la lista o de la selección de administradores concursales que pueden ser nombrados en casos de insolvencia; y, cuando corresponda, sanciones disciplinarias, administrativas o penales. Tales mecanismos de regulación y supervisión deben entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa nacional en materia de responsabilidad civil por daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales o extracontractuales. No se debe obligar a los Estados miembros a establecer autoridades u órganos específicos. Los Estados miembros deben garantizar que la información sobre las autoridades u organismos que ejercen la supervisión sobre los administradores concursales está a disposición del público. Por ejemplo, una mera referencia a una autoridad judicial o administrativa debe bastar como información. Estos principios deben poder cumplirse, en principio, sin necesidad de crear nuevas profesiones o cualificaciones en la normativa nacional. Los Estados miembros deben poder hacer extensivas dichas disposiciones en materia de formación y de supervisión de los administradores concursales a otros profesionales del sector no incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No debe obligarse a los Estados miembros a establecer que los litigios en materia de retribución de los administradores concursales tengan prioridad sobre otros procedimientos.

(90)  Para reducir aún más la duración de los procedimientos, facilitar una mejor participación de los acreedores en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas y garantizar condiciones similares entre los acreedores independientemente de su lugar de residencia en la Unión, los Estados miembros deben establecer disposiciones que permitan a los deudores, acreedores, administradores concursales y autoridades judiciales y administrativas utilizar medios electrónicos de comunicación ▌. Por lo tanto, actuaciones procesales tales como la reclamación de los créditos por parte de los acreedores, la notificación a los acreedores o la presentación de reclamaciones y recursos deben poder hacerse por medios electrónicos. Los Estados miembros deben poder disponer que las notificaciones a los acreedores únicamente se puedan hacer por vía electrónica si el acreedor en cuestión ha dado previamente su consentimiento a la comunicación electrónica.

(91)  Las partes en el procedimiento de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas no deben estar obligadas a utilizar medios electrónicos de comunicación si dicho uso no es obligatorio con arreglo a la normativa nacional, sin perjuicio de que los Estados miembros puedan establecer un sistema obligatorio de presentación y notificación electrónicas de documentos en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Los Estados miembros deben poder escoger el medio electrónico de comunicación . Ejemplos de dichos medios podrían incluir un sistema ad hoc para la transmisión electrónica de documentos o el correo electrónico, sin que se excluya que los Estados miembros puedan establecer mecanismos para garantizar la seguridad de las transmisiones electrónicas, como la firma electrónica o confiar en servicios como los servicios de entrega electrónica certificada, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(19).

(92)  Es importante recoger datos fiables y comparables sobre los resultados de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas para supervisar la puesta en práctica y la aplicación de la presente Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros deben recoger y agregar datos suficientemente detallados para que sea posible la exacta evaluación de cómo funciona en la práctica la presente Directiva y deben comunicar tales datos a la Comisión. La Comisión, asistida por un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(20), debe establecer el modelo de notificación para la transmisión de tales datos a la Comisión. El modelo debe incluir una breve lista de los principales resultados de los procedimientos que sean comunes a todos los Estados miembros. Así, por ejemplo, en el caso de un procedimiento de reestructuración, esos resultados principales podrían ser los siguientes: la confirmación del plan por un órgano jurisdiccional; la no confirmación del plan por un órgano jurisdiccional; los procedimientos de reestructuración que se han transformado en procedimientos de liquidación o que se han concluido debido a la apertura de un procedimiento de liquidación antes de la confirmación del plan por un órgano jurisdiccional. No debe obligarse a los Estados miembros a hacer un desglose por tipo de resultado con respecto a los procedimientos que finalicen antes de adoptar las medidas pertinentes, pero, sin embargo, pueden proporcionar una cifra global para todos los procedimientos declarados inadmisibles, rechazados o retirados antes de su apertura.

(93)  El modelo de comunicación debe incluir una lista de opciones que puedan tener en cuenta los Estados miembros para determinar el tamaño del deudor, mediante referencia a uno o varios de los elementos de la definición de pymes y grandes empresas que sean comunes a todos los Estados miembros. La lista debe incluir la opción de determinar el tamaño del deudor únicamente sobre la base del número de trabajadores. El modelo debe: determinar los elementos del coste medio y de los porcentajes de recuperación medios para los que los Estados miembros deben poder recopilar datos voluntariamente; incluir directrices sobre los elementos que pueden tenerse en cuenta cuando los Estados miembros utilicen técnicas de muestreo, por ejemplo sobre el tamaño de las muestras para garantizar su representatividad en términos de distribución geográfica, tamaño de los deudores y actividad; e incluir la posibilidad de que los Estados miembros proporcionen cualquier información adicional de la que dispongan, como, por ejemplo, el importe total de los activos y pasivos.

(94)  La estabilidad de los mercados financieros se basa en gran medida en acuerdos de garantía financiera, en particular cuando se constituyen las garantías en relación con la participación en determinados sistemas o en las operaciones del banco central y cuando los márgenes son asignados a entidades de contrapartida central. Dado que el valor de los instrumentos financieros que constituyen las garantías financieras prendarias puede ser muy volátil, es esencial ejecutar su valor rápidamente antes de que baje. Por tanto, ▌lo dispuesto en las Directivas 98/26/CE(21) y 2002/47/CE(22) del Parlamento Europeo y del Consejo y en el Reglamento (UE) n.º 648/2012 deben aplicarse no obstante lo dispuesto en la presente Directiva. Debe permitirse a los Estados miembros que eximan los acuerdos de compensación (netting), en particular los acuerdos de compensación (netting) exigible anticipadamente, de los efectos de la suspensión de las ejecuciones singulares incluso en circunstancias en las que no estén cubiertos por las Directivas 98/26/CE, 2002/47/CE y el Reglamento (UE) n.º 648/2012, si dichos acuerdos son ejecutivos con arreglo a la normativa de los correspondientes Estados miembros, aunque se hayan abierto procedimientos de insolvencia.

Este puede ser el caso de un importante número de acuerdos marco ampliamente utilizados por contrapartes financieras y no financieras en el mercado financiero, el mercado de la energía y el de las materias primas. Dichos acuerdos reducen los riesgos sistémicos, especialmente en los mercados de derivados. Por tanto, estos acuerdos pueden quedar exentos de las restricciones que impone la normativa en materia de insolvencia a los contratos vigentes. Por consiguiente, los Estados miembros también deben poder excluir de los efectos de la suspensión de ejecuciones singulares los acuerdos de compensación (netting) exigidos por ministerio de la ley, incluidos los acuerdos de compensación (netting) exigible anticipadamente, que intervienen una vez abierto un procedimiento de insolvencia. La cantidad que resulte de la operación de los acuerdos de compensación (netting), incluidos los acuerdos de compensación (netting) exigible anticipadamente, sí debe estar sujeta, sin embargo, a la suspensión de las ejecuciones singulares.

(95)  Los Estados miembros que sean parte del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil, firmado en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001, y sus Protocolos deben poder continuar cumpliendo sus obligaciones internacionales adquiridas. Las disposiciones de la presente Directiva relativas a los marcos de reestructuración preventiva deben aplicarse con las excepciones necesarias para garantizar una aplicación de dichas disposiciones sin perjuicio de la aplicación de dicho Convenio y de sus Protocolos.

(96)  La eficacia del proceso de adopción y ejecución del plan de reestructuración no debe verse comprometida por el Derecho de sociedades. Por tanto, los Estados miembros deben poder establecer excepciones a los requisitos establecidos en la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo(23) por lo que respecta a las obligaciones de convocar una junta general y ofrecer acciones con carácter preferente a los accionistas existentes, en la medida y durante el período necesario para garantizar que los accionistas no frustren los esfuerzos de reestructuración abusando de sus derechos con arreglo a dicha Directiva. Por ejemplo, los Estados miembros pueden necesitar establecer excepciones a la obligación de convocar una junta general de accionistas o a los plazos normales, cuando la dirección deba adoptar una medida urgente para proteger los activos de la empresa, por ejemplo solicitando la suspensión de ejecuciones singulares y cuando exista una pérdida grave y repentina de capital suscrito y un estado de insolvencia inminente. También pueden ser necesarias excepciones al Derecho de sociedades cuando el plan de reestructuración establezca la emisión de nuevas acciones que podrían ofrecerse con prioridad a los acreedores como conversión de deuda en capital o la reducción del importe de capital suscrito en caso de que se traspasen partes de la empresa. Dichas excepciones deben ser limitadas en el tiempo en la medida en que los Estados miembros las consideren necesarias para el establecimiento de un marco de reestructuración preventiva. Los Estados miembros no deben estar obligados a establecer excepciones a las disposiciones del Derecho de sociedades, total o parcialmente, durante un período indefinido o determinado, si se garantiza que sus requisitos de Derecho de sociedades no ponen en peligro la efectividad del proceso de reestructuración o si los Estados miembros disponen de otros instrumentos igualmente eficaces para garantizar que los accionistas no impidan injustificadamente la adopción o la ejecución de un plan de reestructuración que permita restablecer la viabilidad de la empresa. En este contexto, los Estados miembros deben conceder una importancia particular a la eficacia de las disposiciones relativas a la suspensión de las ejecuciones singulares y la confirmación de que el plan de reestructuración no debe verse indebidamente perjudicado por las convocatorias o los resultados de las juntas generales de accionistas. ▌Procede modificar, por tanto, la Directiva (UE) 2017/1132 en consecuencia. Los Estados miembros deben disponer de un margen de apreciación para determinar qué excepciones son necesarias en el contexto del Derecho de sociedades nacional para aplicar de manera efectiva la presente Directiva y también deben poder establecer excepciones similares por lo que respecta a la Directiva (UE) 2017/1132 en el caso de procedimientos de insolvencia no cubiertos por la presente Directiva que permitan tomar medidas de reestructuración.

(97)  En relación con la elaboración y la posterior modificación del modelo para la comunicación de los datos, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011.

(98)  Es preciso que la Comisión lleve a cabo un estudio para valorar la necesidad de presentar propuestas legislativas para tratar la insolvencia de las personas que no ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, y que, en su condición de consumidores, no disponen temporal o permanentemente, de buena fe, de los medios para pagar las deudas al vencimiento de estas. Dicho estudio debe investigar si necesita protegerse el acceso de esas personas a bienes y servicios básicos, con el fin de garantizarles unas condiciones de vida dignas.

(99)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(24), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(100)  Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros porque las divergencias entre los marcos nacionales de reestructuración e insolvencia seguirían suponiendo un obstáculo a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos ▌.

(101)  El 7 de junio de 2017, el Banco Central Europeo emitió un dictamen(25).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva establece normas sobre:

a)  los marcos de reestructuración preventiva disponibles para los deudores en dificultades financieras cuando la insolvencia sea inminente, con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la viabilidad del deudor;

b)  los procedimientos para la exoneración de las deudas contraídas por empresarios insolventes, y ▌

c)  las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

2.  La presente Directiva no se aplicará a los procedimientos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo en el caso de deudores que constituyan:

a)  empresas de seguros o de reaseguros, tal como se definen en el artículo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE;

b)  entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;

c)  empresas de inversión u organismos de inversión colectiva, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013;

d)  entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 648/2012;

e)  depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 909/2014;

f)  otras entidades y entes financieros recogidos en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE;

g)  organismos públicos con arreglo al Derecho nacional, y

h)  personas físicas que no tengan la condición de empresario.

3.  Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los procedimientos mencionados en el apartado 1 que afecten a deudores que sean entidades financieras, distintas de las mencionadas en el apartado 2, que presten servicios financieros sujetos a regímenes especiales en virtud de los cuales las autoridades nacionales de supervisión o de resolución dispongan de amplias competencias de intervención comparables a las establecidas en el Derecho de la Unión y nacional en relación con las entidades financieras mencionadas en el apartado 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión esos regímenes especiales.

4.  Los Estados miembros podrán ampliar la aplicación de los procedimientos previstos en el apartado 1, letra b), a personas físicas insolventes que no sean empresarios.

Los Estados miembros podrán limitar la aplicación del apartado 1, letra a), a las personas jurídicas.

5.  Los Estados miembros podrán disponer que los siguientes créditos queden excluidos o no se vean afectados por los marcos de reestructuración preventiva a que se refiere el apartado 1, letra a):

a)  los créditos existentes o futuros de antiguos trabajadores o de trabajadores actuales;

b)  las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad, o

c)  créditos nacidos de la responsabilidad del deudor derivada de la comisión de delitos.

6.  Los Estados miembros garantizarán que los marcos de reestructuración preventiva no repercutan en los derechos de pensión de jubilación devengados.

Artículo 2

Definiciones

1.  A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)  «reestructuración»: aquellas medidas destinadas a la reestructuración de la empresa del deudor que incluyen la modificación de la composición, las condiciones o la estructura de los activos y del pasivo o cualquier otra parte de la estructura del capital del deudor, como las ventas de activos o de partes de la empresa y, cuando así lo disponga la normativa nacional, la venta de la empresa como empresa en funcionamiento, así como cualquier cambio operativo necesario o una combinación de estos elementos;

2)  «partes afectadas»: los acreedores, incluidos, cuando proceda con arreglo a la normativa nacional, los trabajadores o las categorías de acreedores y, cuando proceda con arreglo a la normativa nacional, los tenedores de participaciones cuyos créditos o intereses respectivamente se vean directamente afectados por un plan de reestructuración;

3)  «tenedor de participaciones»: toda persona que tenga participación en el capital social de un deudor o de la empresa de un deudor, incluido el accionista, en la medida en que dicha persona no sea un acreedor;

4)  «suspensión de ejecuciones singulares »: toda suspensión temporal, concedida por una autoridad judicial o administrativa o por ministerio de la ley, del derecho de un acreedor a ejecutar un crédito frente a un deudor y, cuando así lo disponga la normativa nacional, también frente a terceros proveedores de garantías, en el contexto de un procedimiento judicial, administrativo u otro, o suspensión del derecho de embargar o ejecutar los activos o la empresa del deudor por medios extrajudiciales;

5)  «contrato vigente»: contrato entre un deudor y uno o varios acreedores en virtud del cual las partes tienen todavía obligaciones que cumplir en el momento en que se acuerda o aplica la suspensión de las ejecuciones singulares;

6)  «prueba del interés superior de los acreedores»: una prueba que se supera si se demuestra que ningún acreedor disidente se vería perjudicado por un plan de reestructuración en comparación con la situación de dicho acreedor si se aplicase el orden normal de prelación en la liquidación según la normativa nacional, tanto en el caso de liquidación de la empresa, ya sea mediante liquidación por partes o venta de la empresa como empresa en funcionamiento, como en el caso de la mejor solución alternativa si no se hubiese confirmado el plan de reestructuración;

7)  «nueva financiación»: toda nueva ayuda financiera prestada por un acreedor existente o un nuevo acreedor para llevar a cabo un plan de reestructuración e incluida en dicho plan de reestructuración ▌;

8)  «financiación provisional»: toda nueva ayuda financiera, prestada por un acreedor existente o un nuevo acreedor, que incluya, como mínimo, ayuda financiera durante la suspensión de las ejecuciones singulares, y que sea razonable e inmediatamente necesaria para que la empresa del deudor pueda continuar operando ▌o con el fin de preservar o mejorar el valor de dicha empresa ▌;

9)  «▌empresario»: toda persona física que ejerza una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional ▌;

10)  «plena exoneración de deudas»: la exclusión de la ejecución frente a los empresarios del pago de las deudas pendientes exonerables o la cancelación de las deudas pendientes exonerables como tales, en el marco de un procedimiento que podría incluir la ejecución de activos ▌o un plan de pagos ▌, o ambos;

11)  «plan de pagos»: un programa de pagos de cantidades determinadas en fechas determinadas, por un empresario insolvente a los acreedores, o las transferencias periódicas a los acreedores de una parte determinada de la renta disponible del empresario durante el plazo de exoneración;

12)  «administrador en materia de reestructuración»: toda persona u órgano nombrado por una autoridad judicial o administrativa para desempeñar, en particular, una o más de las siguientes funciones:

a)  asistir al deudor o a los acreedores en la elaboración o la negociación de un plan de reestructuración;

b)  supervisar la actividad del deudor durante las negociaciones de un plan de reestructuración e informar a una autoridad judicial o administrativa;

c)  tomar el control parcial de los activos y negocios del deudor durante las negociaciones.

2.  A efectos de la presente Directiva, los siguientes conceptos se entenderán según la definición de la normativa nacional:

a)  insolvencia;

b)  insolvencia inmediata;

c)  microempresas y pequeñas y medianas empresas (denominadas conjuntamente, «pymes»).

Artículo 3

Alerta temprana y acceso a la información

1.  Los Estados miembros velarán por que el deudor ▌tenga acceso a una o más herramientas de alerta temprana claras y transparentes que permitan detectar circunstancias que puedan provocar una insolvencia inmediata y que puedan advertirle de la necesidad de actuar sin demora.

A los efectos del párrafo primero, los Estados miembros podrán utilizar tecnologías de la información actualizadas para las notificaciones y comunicaciones.

2.  Las herramientas de alerta temprana podrán incluir lo siguiente:

a)  mecanismos de alerta en caso de que el deudor no haya efectuado determinados tipos de pagos;

b)  servicios de asesoramiento prestados por organismos públicos o privados;

c)  incentivos, con arreglo a la normativa nacional, para que los terceros que dispongan de información pertinente sobre el deudor, como contables, administraciones tributarias y de seguridad social, adviertan al deudor sobre cualquier evolución negativa.

3.  Los Estados miembros garantizarán que los deudores y los representantes de los trabajadores tengan acceso a información pertinente y actualizada ▌ sobre la disponibilidad de herramientas de alerta temprana, así como de procedimientos y medidas de reestructuración y exoneración de deudas.

4.  Los Estados miembros velarán por que exista a disposición del público, en línea, información sobre la posibilidad de acceder a herramientas de alerta temprana, y que dicha información sea fácilmente accesible y presentada en un formato sencillo de consultar, en especial para las pymes.

5.  Los Estados miembros podrán proporcionar apoyo a los representantes de los trabajadores para evaluar la situación económica del deudor.

TÍTULO II

MARCOS DE REESTRUCTURACIÓN PREVENTIVA

CAPÍTULO 1

Disponibilidad de marcos de reestructuración preventiva

Artículo 4

Disponibilidad de marcos de reestructuración preventiva

1.  Los Estados miembros se cerciorarán de que, cuando se hallen en un estado de insolvencia inmediata, los deudores▌ tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita reestructurar, con el fin de evitar la insolvencia y garantizar su viabilidad, sin perjuicio de otras soluciones destinadas a evitar la insolvencia, protegiendo así el empleo y manteniendo la actividad empresarial.

2.  Los Estados miembros podrán disponer que los deudores condenados por incumplimiento grave de las obligaciones en materia de contabilidad o llevanza de libros con arreglo a la normativa nacional solo puedan acceder a un marco de reestructuración preventiva una vez que dichos deudores hayan adoptado las medidas oportunas para subsanar las cuestiones que motivaron la condena, con objeto de proporcionar a los acreedores la información necesaria para que puedan adoptar una decisión durante las negociaciones de reestructuración.

3.  Los Estados miembros podrán mantener o introducir una prueba de viabilidad en virtud de la normativa nacional, siempre que dicha prueba tenga por finalidad excluir a los deudores que no tengan perspectivas de viabilidad y que pueda llevarse a cabo sin comprometer los activos de los deudores.

4.  Los Estados miembros podrán limitar el número de veces, dentro de un período determinado, en las que un deudor podrá acceder a un marco de reestructuración preventiva con arreglo a la presente Directiva.

5.  El marco de reestructuración preventiva establecido en virtud de la presente Directiva podrá consistir en uno o varios procedimientos, medidas o disposiciones, algunos de ellos podrán desarrollarse en un contexto extrajudicial, sin perjuicio de cualquier otro marco de reestructuración previsto en la normativa nacional.

Los Estados miembros garantizarán que dicho marco de reestructuración conceda a los deudores y a las partes afectadas los derechos y las garantías establecidos en el presente título de manera coherente.

6.  Los Estados miembros podrán establecer disposiciones que limiten la actuación de las autoridades judiciales o administrativas en un marco de reestructuración preventiva a los supuestos en que sea necesario y proporcionado, velando al mismo tiempo por que los derechos de las partes afectadas y de los interesados pertinentes estén garantizados.

7.  Los marcos de reestructuración preventiva establecidos en virtud de la presente Directiva estarán disponibles a solicitud de los deudores.

8.  Los Estados miembros también podrán establecer que los marcos de reestructuración preventiva establecidos en virtud de la presente Directiva estén disponibles a petición de los acreedores y de los representantes de los trabajadores, a reserva del consentimiento de los deudores. Los Estados miembros podrán limitar ese requisito de obtener el consentimiento del deudor a los casos en que los deudores sean pymes.

CAPÍTULO 2

Facilitación de las negociaciones sobre los planes de reestructuración preventiva

Artículo 5

Deudor no desapoderado

1.  Los Estados miembros velarán por que el deudor que sea parte en los procedimientos de reestructuración preventiva conserve totalmente, o al menos en parte, el control sobre sus activos y sobre la gestión diaria de la empresa.

2.  Cuando sea necesario, el nombramiento, por una autoridad judicial o administrativa, de un administrador en materia de reestructuración se decidirá en cada caso concreto, excepto en determinadas circunstancias en las que los Estados miembros puedan requerir que en todos los casos se nombre obligatoriamente a dicho administrador.

3.  Los Estados miembros establecerán disposiciones para el nombramiento de un administrador en materia de reestructuración, que asista al deudor y a los acreedores en la negociación y elaboración del plan, al menos en los siguientes casos:

a)  cuando una autoridad judicial o administrativa acuerde ▌ la suspensión general de las ejecuciones singulares, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, y la autoridad judicial o administrativa decida que dicho administrador es necesario para salvaguardar el interés de las partes;

b)  cuando el plan de reestructuración deba ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa por medio de un mecanismo de reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías, de conformidad con el artículo 11, o

c)  cuando el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite , siempre y cuando, en el último caso, los acreedores carguen con los costes del administrador en materia de reestructuración.

Artículo 6

Suspensión de las ejecuciones singulares

1.  Los Estados miembros velarán por que el deudor ▌ pueda disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares ▌para favorecer las negociaciones de un plan de reestructuración en un marco de reestructuración preventiva.

Los Estados miembros podrán prever que las autoridades judiciales o administrativas puedan denegar una suspensión de las ejecuciones singulares cuando esta no sea necesaria o cuando no cumpla el objetivo establecido en el párrafo primero.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los Estados miembros velarán por que una suspensión de ejecuciones singulares pueda abarcar a todas las categorías de créditos, incluidos los créditos garantizados y los créditos preferentes.

3.  Los Estados miembros podrán prever que la suspensión de ejecuciones singulares pueda ser general, para todos los acreedores, o limitada, para uno o varios acreedores individuales o categorías de acreedores.

Cuando una suspensión sea limitada, solo se aplicará a los acreedores que hayan sido informados, de conformidad con la normativa nacional, de las negociaciones mencionadas en el apartado 1 sobre el plan de reestructuración o sobre la suspensión.

4.  Los Estados miembros podrán excluir determinados créditos o categorías de créditos del ámbito de aplicación de la suspensión de ejecuciones singulares, en circunstancias bien definidas, siempre que tal exclusión esté debidamente justificada y cuando:

a)  no resulte probable que la ejecución ponga en peligro la reestructuración de la empresa, o

b)  la suspensión vaya a perjudica injustamente a los acreedores de dichos créditos.

5.  El apartado 2 no se aplicará a los créditos de los trabajadores.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán aplicar el apartado 2 a los créditos de los trabajadores, siempre y en la medida en que ▌ se aseguren de que el pago de dichos créditos esté garantizado mediante marcos de reestructuración preventiva en un grado de protección similar ▌.

6.  La duración inicial máxima de una suspensión de ejecuciones singulares no superará cuatro meses.

7.  No obstante lo dispuesto en el apartado 6, los Estados miembros podrán permitir a las autoridades judiciales o administrativas ampliar la duración ▌de una suspensión de ejecuciones singulares o acordar una nueva suspensión de ejecuciones singulares a petición del deudor, de un acreedor o, en su caso, de un administrador en materia de reestructuración. Esta ampliación o nueva suspensión de ejecuciones singulares solo se acordará si circunstancias bien definidas muestran que dicha ampliación o nueva suspensión está debidamente justificada, por ejemplo si:

a)  se han logrado avances importantes en las negociaciones sobre el plan de reestructuración; ▌

b)  la continuación de la suspensión de ejecuciones singulares no perjudica injustamente los derechos o intereses de ninguna de las partes afectadas, o

c)  todavía no se ha abierto un procedimiento de insolvencia relativo al deudor, que pueda desembocar en la liquidación del deudor con arreglo a la normativa nacional.

8.  La duración total de las ejecuciones singulares, incluidas las ampliaciones y las renovaciones, no podrá exceder de doce meses.

Si los Estados miembros decidieran aplicar la presente Directiva a través de uno o más procedimientos o medidas que no cumplen los requisitos de notificación con arreglo al anexo A del Reglamento (UE) 2015/848, la duración total de la suspensión en virtud de dichos procedimientos no podrá superar los cuatro meses si el centro de intereses principales del deudor se ha trasladado a otro Estado miembro en los tres meses previos a la presentación de una solicitud de apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva.

9.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades judiciales o administrativas puedan levantar una suspensión de ejecuciones singulares ▌en los casos siguientes:

a)  cuando la suspensión ya no cumpla el objetivo de favorecer las negociaciones sobre el plan de reestructuración, por ejemplo en caso de que quede manifiesto que una parte de los acreedores que, en virtud de la normativa nacional, podría evitar la adopción del plan de reestructuración, no apoya la continuación de las negociaciones; ▌

b)  a petición del deudor o del administrador en materia de reestructuración ▌;

c)  en los casos previstos en la normativa nacional, cuando uno a varios acreedores o una o varias categorías de acreedores se vean o puedan verse injustamente perjudicados por la suspensión de las ejecuciones singulares, o

d)  en los casos previstos en la normativa nacional, si la suspensión da lugar a la insolvencia de un acreedor.

Los Estados miembros podrán limitar la facultad, con arreglo al párrafo primero, de levantar la suspensión de ejecuciones singulares a los casos en los que los acreedores no hayan tenido la oportunidad de ser oídos antes de la entrada en vigor de la suspensión o antes de que una autoridad judicial o administrativa haya acordado una ampliación del plazo de suspensión.

Los Estados miembros podrán prever un plazo mínimo que no supere el plazo indicado en el apartado 6, durante el cual no pueda levantarse la suspensión de las ejecuciones singulares.

Artículo 7

Consecuencias de la suspensión de las ejecuciones singulares

1.  Si, durante una suspensión de ejecuciones singulares, un deudor se viese obligado, por la normativa nacional, a solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia ▌ que pudiese desembocar en la liquidación del deudor, tal obligación quedará interrumpida mientras dure dicha suspensión.

2.  Una suspensión de ejecuciones singulares de conformidad con el artículo 6 interrumpirá, mientras dure la suspensión, la apertura, a solicitud de uno o varios acreedores, de un procedimiento de insolvencia que pueda desembocar en la liquidación del deudor.

3.  Los Estados miembros podrán establecer excepciones a los apartados 1 y 2 cuando un deudor sea incapaz de hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas ▌. En ese caso, los Estados miembros garantizarán que ▌ una autoridad judicial o administrativa pueda decidir ▌mantener el beneficio de la suspensión de ejecuciones singulares si, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la apertura de un procedimiento de insolvencia que pueda desembocar en la liquidación del deudor no obedeciera al interés general de los acreedores.

4.  Para las deudas nacidas antes de la suspensión, únicamente por el hecho de no haber sido liquidadas por el deudor, los Estados miembros establecerán normas para impedir que los acreedores a los que se aplica la suspensión dejen en suspenso el cumplimiento de contratos vigentes esenciales, los resuelvan, aceleren o modifiquen, en detrimento del deudor. Se entenderá por contratos vigentes esenciales aquellos contratos vigentes que sean necesarios para proseguir la gestión diaria de la empresa, incluidos los contratos de suministro, cuya interrupción conduciría a una paralización de las actividades del deudor.

El párrafo primero no obstará a la posibilidad de que los Estados miembros reconozcan a dichos acreedores salvaguardias adecuadas con objeto de impedir que se les ocasione un perjuicio injusto como consecuencia de lo dispuesto en dicho párrafo.

Los Estados miembros podrán establecer que el presente apartado también se aplique a otros contratos vigentes no esenciales.

5.  Los Estados miembros garantizarán que no se permita a los acreedores dejar en suspenso el cumplimiento de contratos vigentes, resolverlos, acelerarlos o modificarlos de cualquier otra manera en detrimento del deudor, en virtud de una cláusula contractual que prevea tales medidas por el mero motivo de ▌:

a)  una solicitud de apertura de un procedimiento de reestructuración peventiva;

b)  una solicitud de suspensión de las ejecuciones singulares;

c)  la apertura de un procedimiento de reestructuración preventiva, o

d)  la propia concesión de una suspensión de las ejecuciones singulares.

6.  Los Estados miembros podrán prever que la suspensión de las ejecuciones singulares no se aplique a los acuerdos de compensación (netting), en particular, los acuerdos de compensación (netting) exigible anticipadamente, en los mercados financieros, de la energía y de las materias primas, incluso si no aplica el artículo 31, apartado 1, si dichos acuerdos tienen carácter ejecutivo en virtud de la normativa nacional en materia de insolvencia. No obstante, la suspensión se aplicará a la ejecución por el acreedor de un crédito contra un deudor que resulte del cumplimiento de un acuerdo de compensación (netting).

El párrafo primero no se aplicará a contratos de suministro de bienes, servicios o energía necesarios para el funcionamiento de la empresa del deudor, a menos que tales contratos sean en forma de posición negociada en bolsa u otro mercado, de modo que pueda ser sustituido en cualquier momento a valor actual de mercado.

7.  Los Estados miembros garantizarán que el vencimiento de la suspensión ▌de ejecuciones singulares sin que se haya adoptado un plan de reestructuración no dé lugar, por sí mismo, a la apertura de un procedimiento de insolvencia que pueda desembocar en la liquidación del deudor, a menos que se cumplan los demás requisitos establecidos por la normativa nacional para dicha apertura.

CAPÍTULO 3

Planes de reestructuración

Artículo 8

Contenido de los planes de reestructuración

1.  Los Estados miembros exigirán que los planes de reestructuración presentados para su adopción de conformidad con el artículo 9 o para su confirmación por una autoridad judicial o administrativa de conformidad con el artículo 10 contengan, como mínimo, la información siguiente:

a)  la identidad del deudor ▌;

b)  los activos y pasivos del deudor en el momento de presentar el plan de reestructuración, incluido el valor de los activos, una descripción de la situación económica del deudor y de la situación de los trabajadores, y una descripción de las causas y del alcance de ▌las dificultades del deudor;

c)  ▌las partes afectadas, mencionados individualmente o descritos ▌por categorías de deuda de conformidad con la normativa nacional, así como sus créditos o intereses cubiertos por el plan de reestructuración;

d)  en su caso, las categorías en las que las partes afectadas han sido agrupadas a efectos de la adopción del plan de reestructuración y los valores respectivos de los créditos e intereses de cada una de las categorías;

e)  en su caso, las personas, mencionadas individualmente o descritas ▌por categorías de deuda de conformidad con la normativa nacional, que no estén afectadas por el plan de reestructuración, junto con una descripción de los motivos por los cuales se propone que no lo estén;

f)  en su caso, la identidad del administrador en materia de reestructuración;

g)  las condiciones del plan de reestructuración, incluidas en particular:

i)  cualquier medida de reestructuración propuesta tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 1,

ii)  en su caso, la duración propuesta de las medidas de reestructuración propuestas,

iii)  las disposiciones en materia de información y consulta de los representantes de los trabajadores, con arreglo al Derecho de la Unión y nacional,

iv)  en su caso, las consecuencias globales para el empleo, como despidos, acuerdos sobre jornadas reducidas o medidas similares,

v)  los flujos financieros estimados del deudor, si está previsto en la normativa nacional, y

vi)  toda nueva financiación prevista como parte del plan de reestructuración y los motivos por los cuales es necesario aplicar dicho plan;

h)  una exposición de motivos que explique por qué el plan de reestructuración ofrece una perspectiva razonable de evitar la insolvencia del deudor y de garantizar la viabilidad de la empresa, junto con las condiciones previas necesarias para el éxito del plan. Los Estados miembros podrán requerir que se efectúe o se valide dicha exposición de motivos por un experto externo o por un administrador en materia de reestructuración si hubiera sido nombrado.

2.  Los Estados miembros facilitarán en línea una lista de comprobación completa para los planes de reestructuración, que esté adaptada a las necesidades de las pymes. La lista de comprobación incluirá directrices prácticas sobre la manera de redactar el plan de reestructuración de conformidad con la normativa nacional.

La lista de comprobación se facilitará en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro. Los Estados miembros estudiarán facilitar la lista de comprobación en al menos otra lengua, en particular una lengua utilizada en las transacciones comerciales internacionales. ▌

Artículo 9

Adopción de los planes de reestructuración

1.  Los Estados miembros velarán por que, independientemente de quién solicite un procedimiento de reestructuración preventiva de conformidad con el artículo 4, los deudores tengan derecho a presentar planes de reestructuración para su adopción por las partes afectadas.

Los Estados miembros también podrán prever que los acreedores y los administradores en materia de reestructuración tengan derecho a presentar planes de reestructuración y establecerán en qué condiciones podrán hacerlo.

2.  Los Estados miembros velarán por que las ▌partes afectadas tengan derecho de voto sobre la adopción del plan de reestructuración.

Las partes no afectadas por el plan de reestructuración no tendrán derecho de voto en la adopción de dicho plan.

3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán excluir del derecho de voto a:

a)  los tenedores de participaciones;

b)  los acreedores cuyos créditos sean de rango inferior al de los créditos de los acreedores ordinarios sin garantía en el orden normal de prelación en una liquidación, o

c)  cualquier persona relacionada con el deudor o la empresa del deudor que presente un conflicto de intereses con arreglo a la normativa nacional.

4.  Los Estados miembros velarán por que las partes afectadas sean tratadas en categorías separadas que reflejen una comunidad de intereses suficiente basada en criterios comprobables, con arreglo a la normativa nacional. Como mínimo, los acreedores de los créditos garantizados y no garantizados deberán ser tratados como categorías separadas a efectos de adoptar un plan de reestructuración.

Los Estados miembros también podrán disponer que los créditos de los trabajadores se traten como una categoría propia.

Los Estados miembros podrán prever que los deudores que sean pymes tengan la posibilidad de no tratar a las partes afectadas como categorías separadas.

Los Estados miembros establecerán medidas adecuadas para garantizar que la clasificación en categorías se realiza de modo que tenga particularmente en cuenta la protección de los acreedores vulnerables, como los pequeños proveedores.

5.  Los derechos de voto y la clasificación en categorías será examinada por una autoridad judicial o administrativa cuando se ▌presente una solicitud de confirmación del plan de reestructuración.

Los Estados miembros podrán exigir de una autoridad judicial o administrativa que examine y confirme los derechos de voto y la clasificación en categorías en una fase previa a la mencionada en el párrafo primero.

6.  Un plan de reestructuración quedará ▌adoptado por las partes afectadas a condición de que, en cada ▌categoría, se alcance una mayoría en el importe de sus créditos o intereses. Los Estados miembros podrán además prever que, en cada categoría, se deba alcanzar una mayoría del número de partes afectadas.

Los Estados miembros establecerán las mayorías exigidas ▌para la adopción de un plan de reestructuración ▌. Estas mayorías no serán ▌superiores al 75 % del importe de los créditos o intereses en cada categoría o, cuando proceda, del número de partes afectadas en cada categoría.

7.  No obstante lo dispuesto en los apartados 2 a 6, los Estados miembros podrán prever que un voto formal sobre la adopción de un plan de reestructuración pueda ser sustituido por ▌un acuerdo obtenido con la mayoría exigida.

Artículo 10

Confirmación de los planes de reestructuración

1.  Los Estados miembros garantizarán que, como mínimo, los siguientes planes de reestructuración sean vinculantes para las partes únicamente si han sido confirmados por una autoridad judicial o administrativa:

a)  los planes de reestructuración que afecten a los créditos o los intereses de las partes afectadas disidentes;

b)  los planes de reestructuración que prevean una nueva financiación;

c)  los planes de reestructuración que impliquen la pérdida de más del 25 % del personal si la normativa nacional lo permitiese.

2.  Los Estados miembros velarán por que las condiciones para la confirmación de un plan de reestructuración por la autoridad judicial o administrativa estén claramente especificadas e incluyan, como mínimo, lo siguiente:

a)  el plan de reestructuración se haya adoptado de conformidad con el artículo 9 ▌;

b)  los acreedores con una comunidad de intereses suficiente en la misma categoría sean tratados por igual y de manera proporcionada a su crédito;

c)  el plan de reestructuración se haya notificado de conformidad con la normativa nacional a todas ▌las partes afectadas;

d)  cuando haya acreedores disidentes, el plan de reestructuración supere la prueba del interés superior de los acreedores;

e)  en su caso, toda nueva financiación sea necesaria para cumplir el plan de reestructuración y no perjudique injustamente los intereses de los acreedores.

Una autoridad judicial o administrativa examinará el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero, letra d), únicamente cuando el plan de reestructuración se impugne por dicho motivo.

3.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades judiciales o administrativas puedan negarse a confirmar un plan de reestructuración cuando dicho plan no ofrezca ninguna perspectiva razonable de evitar la insolvencia del deudor o de garantizar la viabilidad de la empresa.

4.  Los Estados miembros velarán por que, cuando se solicite a una autoridad judicial o administrativa que confirme un plan de reestructuración con el fin de que dicho plan sea vinculante, se tome una decisión de una manera eficiente para una tramitación rápida del asunto.

Artículo 11

Reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías

1.  Los Estados miembros velarán por que un plan de reestructuración no aprobado por las partes afectadas, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, en todas las categorías de voto ▌pueda ser confirmado por una autoridad judicial o administrativa a propuesta de un deudor o ▌con el consentimiento del deudor, y convertirse en vinculante para ▌las categorías de voto disidentes cuando el plan de reestructuración ▌cumpla, como mínimo, las condiciones siguientes:

a)  cumpla lo dispuesto en el artículo 10, apartados 2 y 3;

b)  haya sido aprobado por:

i)  una mayoría de las categorías de voto de las partes afectadas, siempre que al menos una de esas categorías sea una categoría de acreedores garantizados o de rango superior a la categoría de los acreedores ordinarios no garantizados, o, de no ser así,

ii)  al menos una de las categorías de voto de las partes afectadas o, cuando así lo disponga la normativa nacional, los perjudicados, que no sean una categoría de tenedores de participaciones o de cualquier otra categoría que, a raíz de la valoración del deudor como empresa en funcionamiento, no recibiría ningún pago ni conservaría ningún interés o, cuando así lo disponga la normativa nacional, de la que cabría razonablemente suponer que no recibe ningún pago ni conserva ningún interés, si se aplicase el orden normal de prelación de conformidad con la normativa nacional;

c)  garantice que las categorías de voto disidentes de los acreedores afectados reciban un trato al menos igual de favorable que el de cualquier otra categoría del mismo rango y más favorable que el de cualquier categoría de rango inferior, y

d)  en el marco del plan de reestructuración ninguna categoría de las partes afectadas pueda recibir o mantener más del importe total de sus créditos o intereses.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán limitar el requisito de obtener el consentimiento del deudor a los casos en los que el deudor sea una pyme.

Los Estados miembros podrán incrementar el número mínimo de categorías de partes afectadas o, cuando así lo disponga la normativa nacional, de perjudicados, que se requiera para aprobar el plan, como se establece en el párrafo primero, letra b), inciso ii).

2.  Como excepción a lo dispuesto en la letra c) del apartado 1, los Estados miembros podrán establecer que los créditos de los acreedores afectados en una categoría de voto disidente sean plenamente satisfechos por medios idénticos o medios equivalentes cuando una categoría de rango inferior haya de recibir cualquier pago o conservar cualquier interés en el marco del plan de reestructuración.

Los Estados miembros podrán mantener o introducir excepciones a lo dispuesto en el párrafo primero cuando sea necesario para lograr los objetivos del plan de reestructuración y siempre que este no perjudique injustamente los derechos o intereses de cualquier parte afectada.

Artículo 12

Tenedores de participaciones

1.  Cuando los Estados miembros excluyan a los tenedores de participaciones de la aplicación de los artículos 9 a 11, garantizarán por otros medios que no se permita a estos tenedores de participaciones impedir u obstaculizar injustificadamente la adopción, la confirmación o la ejecución de un plan de reestructuración.

2.  Los Estados miembros también garantizarán que no se permita a los tenedores de participaciones impedir u obstaculizar injustificadamente la aplicación de un plan de reestructuración.

3.  Los Estados miembros podrán adaptar el alcance del concepto de «impedir u obstaculizar injustificadamente» en el marco del presente artículo, a fin de tener en cuenta, entre otros factores: si el deudor es pyme o una gran empresa; si las medidas de reestructuración propuestas afectan a los derechos de los tenedores de participaciones; el tipo de tenedores de participaciones; si el deudor es una persona física o una persona jurídica; o si los socios de una sociedad tienen responsabilidad limitada o ilimitada.

Artículo 13

Trabajadores

1.  Los Estados miembros garantizarán que no se vean afectados por el marco de reestructuración preventiva, los derechos laborales individuales y colectivos establecidos en la normativa laboral de la Unión y nacional, tales como:

a)  el derecho de negociación colectiva y de acción sindical, y

b)  el derecho de información y consulta de conformidad con las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE, en particular:

i)  información a los representantes de los trabajadores sobre la evolución reciente y probable de la empresa o la creación de actividades y la situación económica, que les permita comunicar al deudor preocupación por la situación de la empresa y por lo que respecta a la necesidad de estudiar mecanismos de reestructuración,

ii)  información a los representantes de los trabajadores sobre cualquier procedimiento de reestructuración preventiva que pueda repercutir en el empleo, como en la capacidad de los trabajadores de cobrar sus salarios y cualquier pago futuro, incluidas pensiones de jubilación,

iii)  información y consulta a los representantes de los trabajadores sobre planes de reestructuración antes de que se presenten para su adopción de conformidad con el artículo 9, o para su confirmación por una autoridad judicial o administrativa de conformidad con el artículo 10;

c)  los derechos garantizados por las Directivas 98/59/CE, 2001/23/CE y 2008/94/CE.

2.  Cuando el plan de reestructuración incluya medidas que conduzcan a modificar la organización del trabajo o las relaciones contractuales con los trabajadores, tales medidas serán aprobadas por dichos trabajadores, cuando la normativa nacional o los convenios colectivos prevean tal aprobación en esos casos.

Artículo 14

Valoración por la autoridad judicial o administrativa

1.  La autoridad judicial o administrativa tomará una decisión sobre la valoración de la empresa del deudor solo si una parte afectada disidente impugna un plan de reestructuración en razón de:

a)  un supuesto incumplimiento en lo que respecto a superar la prueba del interés superior de los acreedores prevista en el artículo 2, apartado 1, punto 6o

b)  un supuesto incumplimiento de las condiciones previstas para una reestructuración forzosa de la deuda aplicable a todas las categorías, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra b), inciso ii).

2.  Los Estados miembros garantizarán que, a efectos de la toma de decisión relativa a una valoración de conformidad con el apartado 1, la autoridad judicial o administrativa puedan designar u oír a expertos debidamente cualificados.

3.  A efectos del apartado 1, los Estados miembros garantizarán que una parte afectada disidente pueda presentar una impugnación ante la autoridad judicial o administrativa que debe confirmar el plan de reestructuración ▌.

Los Estados miembros podrán prever que tal impugnación pueda presentarse en el marco de un recurso contra una decisión relativa a la confirmación de un plan de reestructuración.

Artículo 15

Efectos de los planes de reestructuración

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los planes de reestructuración que hayan sido confirmados por una autoridad judicial o administrativa vinculen a todas las partes afectadas mencionados individualmente o descritos de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra c).

2.  Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no participen en la adopción de un plan de reestructuración, de conformidad con la normativa nacional, no se vean afectados por el plan.

Artículo 16

Recursos

1.  Los Estados miembros garantizarán que cualquier recurso previsto por la normativa nacional contra una resolución confirmatoria o denegatoria de un plan de reestructuración dictada por una autoridad judicial se interponga ante una autoridad judicial superior.

Los Estados miembros garantizarán que un recurso contra una decisión confirmatoria o denegatoria de un plan de reestructuración adoptada por una autoridad administrativa se interponga ante una autoridad judicial.

2.  Los recursos deberán resolverse de manera eficiente para una tramitación rápida.

3.  Un recurso contra una decisión confirmatoria de un plan de reestructuración no tendrá efectos suspensivos sobre la ejecución de dicho plan.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán establecer que las autoridades judiciales puedan suspender la ejecución de un plan de reestructuración, o partes de este, cuando sea necesario y apropiado para garantizar los intereses de una parte.

4.  Los Estados miembros velarán por que, cuando se estime un recurso de conformidad con el apartado 3, la autoridad judicial pueda:

a)  dejar sin efecto el plan de reestructuración, o

b)  confirmar el plan de reestructuración, con enmiendas cuando así lo disponga la normativa nacional, o sin enmiendas.

Los Estados miembros podrán prever que, cuando se confirme un plan de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, letra b), se otorgue una indemnización a cualquier parte que haya sufrido pérdidas financieras y cuyo recurso haya sido estimado.

CAPÍTULO 4

Protección de la nueva financiación, la financiación provisional y otras operaciones relacionadas con la reestructuración

Artículo 17

Protección de la nueva financiación y la financiación provisional

1.  Los Estados miembros garantizarán que se ▌ proteja adecuadamente la nueva financiación y la financiación provisional. Como mínimo, en el caso de una posterior insolvencia del deudor:

a)  la nueva financiación y la financiación provisional no podrán ser declaradas nulas, anulables o inejecutables, y

b)  a los prestadores de dicha financiación no se les podrá exigir responsabilidad civil, administrativa o penal,

por el mero hecho de que dicha financiación sea perjudicial para el conjunto de los acreedores, a no ser que concurran otros motivos adicionales establecidos en la normativa nacional.

2.  Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 1 solo sea aplicable a la nueva financiación si una autoridad judicial o administrativa ha confirmado el plan de reestructuración y a la financiación provisional que haya sido sometida a un control ex ante.

3.  Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación del apartado 1 la financiación provisional concedida después de que el deudor se haya encontrado en la imposibilidad de pagar sus deudas al vencimiento de estas.

4.  Los Estados miembros podrán establecer el derecho de los proveedores de nueva financiación o financiación provisional a recibir el pago con prioridad en el contexto de los posteriores procedimientos de insolvencia en relación con otros acreedores que, de otro modo, tendrían pretensiones iguales o superiores sobre el efectivo o los activos ▌.

Artículo 18

Protección de otras operaciones relacionadas con la reestructuración

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, los Estados miembros garantizarán que, en caso de una posterior insolvencia del deudor, las operaciones que estén justificadas y sean necesarias inmediatamente para la negociación de un plan de reestructuración ▌no puedan ser declaradas nulas, anulables o inejecutables por el mero hecho de que dichas operaciones sean perjudiciales para el conjunto de los acreedores a no ser que concurran otros motivos adicionales establecidos en la normativa nacional.

2.  Los Estados miembros podrán establecer que el apartado 1 solo sea aplicable si una autoridad judicial o administrativa confirma el plan o si dichas operaciones se sometieron a un control ex ante.

3.  Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación del apartado 1 las operaciones realizadas después de que el deudor se haya encontrado en la imposibilidad de pagar sus deudas al vencimiento de estas.

4.  Las operaciones mencionadas en el apartado 1 incluirán como mínimo las siguientes:

a)  el pago de tasas y costes en relación con la negociación, la adopción o la confirmación de un plan de reestructuración;

b)  el pago de honorarios y costes de asesoramiento profesional en estrecha relación con la reestructuración ▌;

c)  el pago de los salarios de los trabajadores por trabajos ya realizados, sin perjuicio de otra protección que se establezca en la normativa de la Unión o nacional;

d)  cualquier otro pago y desembolso efectuados en el curso normal de la actividad de la empresa distintos de aquellos mencionados en las letras a) a c).

5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, los Estados miembros garantizarán que, en caso de una posterior insolvencia del deudor, cualquier operación que esté justificada y sea necesaria inmediatamente para la ejecución de un plan de reestructuración y que se efectúe de conformidad con el plan de reestructuración confirmado por una autoridad judicial o administrativa no pueda ser declarada nula, anulable o inejecutable por el mero hecho de que dicha operación sea perjudicial para el conjunto de los acreedores, a no ser que concurran otros motivos adicionales establecidos en la normativa nacional.

CAPÍTULO 5

Obligaciones de los administradores sociales

Artículo 19

Obligaciones de los administradores sociales en caso de insolvencia inminente

Los Estados miembros se cerciorarán de que, en caso de insolvencia inminente, los administradores sociales tomen debidamente en cuenta, como mínimo, lo siguiente:

a)  los intereses de los acreedores, tenedores de participaciones y otros interesados;

b)  la necesidad de tomar medidas para evitar la insolvencia, y

c)  la necesidad de evitar una conducta dolosa o gravemente negligente que ponga en peligro la viabilidad de la empresa.

TÍTULO III

EXONERACIÓN DE DEUDAS E INHABILITACIONES

Artículo 20

Acceso a la exoneración

1.  Los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán exigir que haya cesado la actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con que estén relacionadas las deudas de los empresarios insolventes.

2.  Los Estados miembros en que la plena exoneración de deudas esté supeditada a un reembolso parcial de la deuda por el empresario garantizarán que la correspondiente obligación de reembolso se base en la situación individual del empresario, y, en particular, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores.

3.  Los Estados miembros velarán por que los empresarios que obtengan la exoneración de sus deudas puedan disfrutar del apoyo empresarial que los marcos nacionales existentes ofrecen a los empresarios, incluido el acceso a información pertinente y actualizada sobre tales marcos.

Artículo 21

Plazo de exoneración

1.  Los Estados miembros garantizarán que el plazo tras el cual los empresarios insolventes pueden obtener la plena exoneración de sus deudas no sea superior a tres años, que empezarán a contar a más tardar a partir de las fechas siguientes:

a)  en el caso de los procedimientos que incluyan un plan de pagos, la fecha de la decisión de una autoridad judicial o administrativa de confirmar el plan o el inicio de la aplicación del plan, o

b)  en todos los demás procedimientos, la fecha de la decisión de la autoridad judicial o administrativa de abrir el procedimiento, o la fecha en que se determine la masa concursal del deudor.

2.  Los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes que hayan cumplido sus obligaciones, en caso de que tales obligaciones existan en la normativa nacional, obtengan la exoneración de sus deudas al expirar el plazo de exoneración sin necesidad de interponer ante una autoridad judicial o administrativa un procedimiento adicional a los indicados en el apartado 1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros podrán mantener o establecer disposiciones que permitan a la autoridad judicial o administrativa verificar si los empresarios han cumplido las obligaciones necesarias para obtener una exoneración de deudas.

3.  Los Estados miembros podrán disponer que la plena exoneración de deudas no sea óbice para la continuación de un procedimiento de insolvencia que suponga la ejecución y distribución de los activos de un empresario que formaban parte de la masa de la insolvencia, en la fecha de expiración del plazo de exoneración.

Artículo 22

Período de inhabilitación

1.  Los Estados miembros velarán por que, cuando un empresario insolvente obtenga una exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva, cualquier inhabilitación para iniciar o continuar una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional dictada por el mero hecho de que el empresario es insolvente deje de tener efecto, a más tardar, al final del plazo de exoneración.

2.  Los Estados miembros garantizarán que, en la fecha de vencimiento del plazo de exoneración, dejen de surtir efecto las inhabilitaciones indicadas en el apartado 1 del presente artículo, sin necesidad de interponer ante una autoridad judicial o administrativa un procedimiento adicional a los indicados en el artículo 21, apartado 1.

Artículo 23

Excepciones

1.  Como excepción a lo dispuesto en los artículos 20 a 22, los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen dicha exoneración o que establezcan plazos más extensos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más extensos cuando el empresario insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala fe, según la normativa nacional, respecto a los acreedores en el momento de endeudarse, durante el procedimiento de insolvencia o durante el pago de la deuda, sin perjuicio de las normas nacionales en materia de carga de la prueba.

2.  Como excepción a lo dispuesto en los artículos 20 a 22, los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen una exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos en determinadas circunstancias bien definidas y siempre que tales excepciones estén debidamente justificadas, como en los casos siguientes:

a)  cuando el empresario insolvente haya violado sustancialmente las obligaciones asumidas en virtud de un plan de pagos o cualquier otra obligación jurídica orientada a salvaguardar los intereses de los acreedores, incluida la obligación de maximizar los rendimientos para los acreedores;

b)  cuando el empresario insolvente haya incumplido sus obligaciones en materia de información o cooperación con arreglo al Derecho de la Unión y nacional;

c)  en caso de solicitudes abusivas de exoneración de deudas;

d)  en caso de presentación de una nueva solicitud de exoneración dentro de un determinado plazo a partir del momento en que el empresario insolvente haya obtenido la plena exoneración de deudas o del momento en que se le haya denegado la plena exoneración de deudas debido a una vulneración grave de sus obligaciones de información o cooperación;

e)  cuando no esté cubierto el coste del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, o

f)  cuando sea necesaria una excepción para garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor y los derechos de uno o varios acreedores.

3.  Como excepción a lo dispuesto en el artículo 21, los Estados miembros podrán prever unos plazos de exoneración más largos en los casos en que:

a)  una autoridad judicial o administrativa apruebe u ordene medidas cautelares para salvaguardar la residencia principal del empresario insolvente y, cuando corresponda, de su familia, o los activos esenciales para que el empresario pueda continuar su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, o

b)  no se ejecute la vivienda principal del empresario insolvente y, cuando corresponda, de su familia.

4.  Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, en los siguientes casos:

a)  deudas garantizadas;

b)  deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;

c)  deudas nacidas de la responsabilidad derivada de la comisión de delitos;

d)  deudas relativas a obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;

e)  deudas contraídas tras la solicitud o la apertura del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, y

f)  deudas derivadas de la obligación de pagar los costes de un procedimiento conducente a la exoneración de deudas.

5.  Como excepción a lo dispuesto en el artículo 22, los Estados miembros podrán establecer períodos de inhabilitación más largos o indefinidos cuando el empresario insolvente sea miembro de una profesión:

a)  a la que se aplican normas éticas específicas o normas específicas en materia de reputación o conocimientos especializados, y el empresario haya infringido dichas normas, o

b)  relacionada con la gestión de bienes de terceros.

El párrafo primero también se aplicará cuando un empresario insolvente solicite acceder a las profesiones que se mencionan en las letras a) o b) de dicho párrafo.

6.  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las normas nacionales relativas a las inhabilitaciones distintas de las mencionadas en el artículo 22 dictadas por una autoridad judicial o administrativa.

Artículo 24

Acumulación de los procedimientos relativos a las deudas personales y profesionales

1.  Los Estados miembros velarán por que, cuando un empresario insolvente tenga deudas profesionales contraídas en el ejercicio de su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, así como deudas personales contraídas fuera del marco de esas actividades, que no puedan separarse de modo razonable, dichas deudas, si son susceptibles de exoneración, se traten en un procedimiento único a efectos de la obtención de la plena exoneración de deudas.

2.  Los Estados miembros podrán disponer que, cuando puedan separarse las deudas personales de las profesionales, dichas deudas se traten, a los efectos de obtener la plena exoneración de deudas, bien en procedimientos separados aunque coordinados, bien en el mismo procedimiento.

TÍTULO IV

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS

Artículo 25

Autoridades judiciales y administrativas

Sin perjuicio de la independencia judicial y de la diversidad de la organización del poder judicial en el territorio de la Unión, ▌ los Estados miembros garantizarán que ▌:

a)  los miembros de las autoridades judiciales y administrativas que se ocupen de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas reciban una formación adecuada y tengan los conocimientos especializados necesarios para el ejercicio de sus funciones, y

b)  los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas se tramiten de forma eficiente, a los fines de una tramitación rápida de los procedimientos.

Artículo 26

Administradores en los procedimientos de reestructuración, ▌ insolvencia y exoneración de deudas

1.  Los Estados miembros garantizarán que:

a)  los administradores nombrados por una autoridad judicial o administrativa en procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas (en lo sucesivo, «administradores concursales») reciban la formación adecuada y tengan los conocimientos especializados necesarios para el desempeño de sus funciones;

b)  las condiciones de admisibilidad y el procedimiento para el nombramiento, la revocación y la dimisión de los administradores concursales sean claros, transparentes y justos;

c)  al nombrar a un administrador concursal para un caso concreto, incluidos los casos con elementos transfronterizos, se tengan debidamente en cuenta los conocimientos y la experiencia del administrador concursal, así como las particularidades del caso, y

d)  a fin de evitar conflictos de intereses, los deudores y acreedores tengan la posibilidad bien de oponerse a la selección o al nombramiento del administrador concursal, bien de solicitar la sustitución del administrador concursal.

2.  La Comisión facilitará el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros con el fin de mejorar la calidad de la formación en toda la Unión, también mediante el intercambio de experiencias y herramientas de capacitación.

Artículo 27

Supervisión y remuneración de los administradores concursales ▌

1.  Los Estados miembros establecerán los mecanismos reguladores y de supervisión adecuados para garantizar que el trabajo de los administradores concursales se supervise de manera efectiva, a fin de garantizar que prestan sus servicios de forma eficiente y competente y, en lo que respecta a los implicados, de manera imparcial e independiente. Esos mecanismos también incluirán medidas para que respondan de sus actos los administradores concursales que hayan incumplido su deber.

2.  Los Estados miembros garantizarán que la información sobre las autoridades u organismos que ejercen la supervisión sobre los profesionales esté a disposición del público.

3.  Los Estados miembros podrán fomentar la elaboración de códigos de conducta por parte de los administradores concursales y promover la adhesión a los mismos.

4.  Los Estados miembros velarán por que la retribución de los administradores concursales se rija por normas que estén en consonancia con el objetivo de conseguir una resolución ▌ eficiente de los procedimientos ▌.

Los Estados miembros velarán por que existan procedimientos adecuados ▌ para resolver los litigios en materia de retribución ▌.

Artículo 28

Utilización de medios electrónicos de comunicación

Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, las partes en el procedimiento, el administrador concursal y la autoridad judicial o administrativa puedan llevar a cabo por medios electrónicos de comunicación, incluso en situaciones transfronterizas, al menos las siguientes acciones:

a)  la reclamación de créditos;

b)  la presentación de planes de reestructuración o reembolso ▌;

c)  notificaciones a los acreedores;

d)  la presentación de impugnaciones y recursos.

TÍTULO V

SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y EXONERACIÓN DE DEUDAS

Artículo 29

Recogida de datos

1.  ▌ Los Estados miembros deberán recopilar y agregar, con una periodicidad anual y a escala nacional, datos sobre▌ los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, desglosados por tipo de procedimiento, que incluyan al menos los elementos siguientes:

a)  el número de procedimientos solicitados o abiertos, cuando dicha apertura esté prevista en la normativa nacional, y de procedimientos en trámite o que hayan sido concluidos;

b)  la duración media de los procedimientos, desde la solicitud o desde la apertura del procedimiento, cuando dicha apertura esté prevista en la normativa nacional, hasta su conclusión;

c)  el número de procedimientos distintos de los previstos en la letra d), desglosados por tipo de resultado;

d)  el número de solicitudes de procedimientos de reestructuración que hayan sido declaradas inadmisibles, rechazadas o retiradas antes de la apertura del procedimiento.

2.  Los Estados miembros deberán recopilar y agregar, con una periodicidad anual y a escala nacional, datos sobre el número de deudores que han sido objeto de procedimientos de reestructuración o insolvencia y que, en los tres años anteriores a la presentación de la solicitud o a la apertura del procedimiento correspondiente, de estar prevista dicha apertura en la normativa nacional, disponían de un plan de reestructuración confirmado en el marco de un procedimiento de reestructuración anterior en aplicación del título II.

3.  Los Estados miembros podrán recopilar y agregar, con una periodicidad anual y a escala nacional, datos sobre:

a)  los costes medios de cada uno de los procedimientos ▌;

b)  los porcentajes de recuperación medios para los acreedores con garantía y sin garantía y, si ha lugar, para otras categorías de acreedores, por separado ▌;

c)  el número de empresarios que, tras haber sido sometidos a un procedimiento con arreglo al artículo 1, apartado 1, letra b), han puesto en marcha una nueva empresa;

d)  el número de puestos de trabajo perdidos vinculados a procedimientos de insolvencia y reestructuración.

4.  Los Estados miembros desglosarán los datos a que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 y, cuando corresponda y estén disponibles, los datos a que se refiere el apartado 3 en función de:

a)  el tamaño de los deudores que no sean personas físicas;

b)  si los deudores objeto de procedimientos de reestructuración o insolvencia son personas físicas o jurídicas, , y

c)  ▌ si los destinatarios de los procedimientos conducentes a la exoneración de deudas son empresarios o todas las personas físicas.

5.  Los Estados miembros podrán recopilar y agregar los datos a que se refieren los apartados 1 a 4 mediante una técnica de muestreo que garantice que las muestras son representativas en lo que respecta al tamaño y la diversidad.

6.  Los Estados miembros deberán recopilar y agregar los datos ▌ a que se refieren los apartados 1, 2, 4 y, cuando corresponda, el apartado 3 para el año civil completo hasta su finalización el 31 de diciembre de cada año, empezando por ▌ el primer año civil completo después de la fecha de aplicación de los actos de ejecución a que se refiere el apartado 7. Estos datos se comunicarán anualmente a la Comisión sobre la base de un modelo normalizado de notificación de datos a más tardar el 31 de diciembre del año civil siguiente al año para el que se recopilen los datos.

7.  La Comisión establecerá el modelo de notificación a que se refiere el apartado 6 del presente artículo mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 30, apartado 2.

8.  La Comisión publicará en su sitio web los datos comunicados con arreglo al apartado 6 de forma accesible y fácil de consultar.

Artículo 30

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 31

Relación con otros actos e instrumentos internacionales

1.  Los siguientes actos se aplicarán no obstante lo dispuesto en la presente Directiva:

a)  la Directiva 98/26/CE;

b)  la Directiva 2002/47/CE, y

c)  el Reglamento (UE) n.º 648/2012.

2.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los requisitos de salvaguardia de fondos aplicables a entidades de pago que se exigen en la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo(26) y a entidades de dinero electrónico que se exigen en la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(27).

3.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Convenio relativo a garantías internacionales sobre elementos de equipo móvil y su Protocolo sobre cuestiones específicas de los elementos de equipo aeronáutico, firmados en Ciudad del Cabo el 16 de noviembre de 2001, en los que sean parte algunos Estados miembros en el momento de la adopción de la presente Directiva.

Artículo 32

Modificación de la Directiva (UE) 2017/1132

En el artículo 84 de la Directiva (UE) 2017/1132, se añade el apartado siguiente:"

«4. Los Estados miembros establecerán excepciones a lo dispuesto en el artículo 58, apartado 1, el artículo 68, los artículos 72, 73 y 74, el artículo 79, apartado 1, letra b), el artículo 80, apartado 1, y el artículo 81, en la medida y durante el tiempo en que tales excepciones sean necesarias para el establecimiento de los marcos de reestructuración preventiva previstos en la Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo▌*.

El párrafo primero se entenderá sin perjuicio del principio de igualdad de trato de los accionistas.

____________________

* Directiva (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de…, sobre marcos de reestructuración preventiva ▌, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO …).».

"

Artículo 33

Cláusula de revisión

A más tardar el … [siete años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y, a continuación, cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación y las consecuencias de la presente Directiva, en particular sobre la aplicación de la clasificación por categorías y las normas de votación con respecto a los acreedores vulnerables, como los trabajadores. Sobre la base de dicha evaluación, la Comisión presentará, en su caso, una propuesta legislativa, en la que se examinen nuevas medidas con el fin de consolidar y armonizar el marco jurídico de la reestructuración, la insolvencia y la exoneración de deudas.

Artículo 34

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el … [dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a excepción de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letras a), b) y c), que se adoptarán y publicarán a más tardar el … [cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], y las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letra d), que se adoptarán y publicarán a más tardar el … [siete años después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a partir del … [dos años desde la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], con la excepción de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letras a), b) y c), que se aplicarán a partir del … [cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento al artículo 28, letra d), que se aplicarán a partir del … [siete años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

2.  Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros que experimenten especiales dificultades para aplicar la presente Directiva podrán disfrutar de una prórroga máxima de un año del plazo de aplicación previsto en el apartado 1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión la necesidad de hacer uso de dicha posibilidad de prorrogar el período de aplicación a más tardar el … [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 35

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 36

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1)DO C 209 de 30.6.2017, p. 21.
(2)DO C 342 de 12.10.2017, p. 43.
(3)DO C ▌209 de 30.6.2017, p. 21.
(4)DO C 342 de 12.10.2017, p. 43.
(5)Posición del Parlamento Europeo de 28 de marzo de 2019.
(6)Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO L 141 de 5.6.2015, p. 19).
(7)Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(8)Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
(9)Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(10)Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(11)Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(12)Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).
(13)Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
(14)Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 de 12.8.1998, p. 16).
(15)Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
(16)Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
(17)Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283 de 28.10.2008, p. 36).
(18)Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).
(19)Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
(20)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(21)Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).
(22)Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía financiera (DO L 168 de 27.6.2002, p. 43).
(23)Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
(24)DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(25) DO C 236 de 21.7.2017, p. 2.
(26)Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).
(27)Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7).


Ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión (COM(2016)0594 – C8-0384/2016 – 2016/0284(COD))
P8_TA-PROV(2019)0322A8-0378/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM/2016)0594),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0384/2016),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, y el artículo 53, apartado 1, y el artículo 62 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de enero de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 18 de enero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0378/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 28 de marzo de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE

P8_TC1-COD(2016)0284


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  A fin de contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, es necesario prever una difusión más amplia en los Estados miembros de los programas de radio y televisión procedentes de otros Estados miembros en beneficio de los usuarios en toda la Unión, facilitando la concesión de licencias de derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor sobre las obras y otras prestaciones protegidas que se incluyen en las emisiones de determinados tipos de programas de radio y televisión. Los programas de radio y televisión constituyen un instrumento importante para fomentar la diversidad cultural y lingüística y la cohesión social, y aumentar el acceso a la información.

(2)  El desarrollo de las tecnologías digitales y de internet ha transformado la distribución de los programas de radio y televisión y el acceso a estos. Los usuarios esperan cada vez en mayor medida poder acceder a estos programas de radio y televisión tanto en directo como a la carta, a través de canales tradicionales, como el satélite o el cable, y también a través de servicios en línea. Por ello, los organismos de radiodifusión ofrecen de modo creciente, además de sus propias emisiones de programas de radio y televisión, servicios en línea accesorios a tales emisiones, tales como la emisión simultánea y los servicios en diferido. Los operadores de servicios de retransmisión, que agregan las emisiones de programas de radio y televisión formando paquetes y se las facilitan a los usuarios de forma simultánea a la transmisión inicial de esas emisiones, inalterada e íntegra, utilizan diferentes técnicas de retransmisión, como el cable, el satélite, la vía digital terrestre, las redes móviles o en circuito cerrado basadas en el IP o, así como la internet abierta. Además, los operadores que distribuyen programas de radio y televisión a los usuarios tienen diferentes maneras de obtener las señales portadoras de programas de los organismos de radiodifusión, también mediante inyección directa. Por parte de los usuarios, existe una creciente demanda de acceso a las emisiones de programas de radio y televisión procedentes no solo de su Estado miembro, sino también de otros Estados miembros de la Unión. Dichos usuarios incluyen miembros de minorías lingüísticas en la Unión, así como personas que viven en un Estado miembro que no es su Estado miembro de origen.

(3)  ▌Los organismos de radiodifusión transmiten diariamente muchas horas de ▌ programas de radio y televisión. Esos programas incorporan una diversidad de contenidos, tales como obras audiovisuales, musicales, literarias o gráficas, que están protegidas con arreglo al Derecho de la Unión por derechos de autor o derechos afines. Ello da lugar a un complejo proceso de obtención de derechos de un gran número de titulares y para distintas categorías de obras y otras prestaciones protegidas. A menudo, los derechos se tienen que obtener en un plazo corto, en particular cuando se preparan programas de noticias o de actualidad. Para ofrecer sus servicios en línea a través de las fronteras, los organismos de radiodifusión necesitan tener los derechos necesarios con respecto a las obras y otras prestaciones protegidas en todos los territorios pertinentes, lo que aumenta la complejidad de la obtención de estos derechos.

(4)  Los operadores de servicios de retransmisión ofrecen habitualmente múltiples programas que comprenden una gran cantidad de obras y otras prestaciones protegidas y tienen un plazo muy corto para obtener las licencias necesarias, por lo que afrontan una importante carga en obtención de derechos. Los autores, productores y otros titulares de derechos también se arriesgan a que sus obras y otras prestaciones protegidas se utilicen sin autorización o sin el pago de una remuneración adecuada. Dicha remuneración por la retransmisión de sus obras y otras prestaciones protegidas es importante a la hora de garantizar que exista una oferta de contenidos diversa, lo que también redunda en interés de los consumidores.

(5)  Los derechos sobre las obras y otras prestaciones protegidas han sido armonizados, entre otros actos, a través de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4) y la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5), que disponen un elevado nivel de protección para los titulares de derechos.

(6)  La Directiva 93/83/CEE del Consejo(6) facilita la radiodifusión transfronteriza vía satélite y la distribución por cable de programas de radio y televisión de otros Estados miembros. No obstante, las disposiciones de dicha Directiva sobre las transmisiones de los organismos de radiodifusión se limitan a las transmisiones vía satélite y, por lo tanto, no se aplican a los servicios en línea accesorios a las emisiones. Además, las disposiciones relativas a las retransmisiones de programas de radio y televisión de otros Estados miembros se limitan a la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, por cable o microondas, y no se aplican a las retransmisiones por medio de otras tecnologías.

(7)  En consecuencia, la prestación transfronteriza de servicios en línea accesorios a las emisiones, y las retransmisiones de programas de radio y televisión procedentes de otros Estados miembros, deben facilitarse a través de una adaptación del marco jurídico sobre el ejercicio de los derechos de autor y los derechos afines pertinentes para esas actividades. Dicha adaptación debe hacerse teniendo en cuenta la financiación y la producción de contenidos creativos y, en particular, de obras audiovisuales.

(8)  La presente Directiva debe aplicarse a servicios accesorios en línea ofrecidos por un organismo de radiodifusión que tengan una relación clara y subordinada respecto de las emisiones de ese organismo. Dichos servicios incluyen servicios que dan acceso a programas de radio y televisión de manera estrictamente lineal simultáneamente a la emisión y los servicios que dan acceso, dentro de un período de tiempo definido posterior a la emisión, a programas de radio y televisión previamente emitidos por el organismo de radiodifusión, llamados servicios en diferido. Además, los servicios accesorios en línea a los que se aplica la presente Directiva incluyen los servicios que dan acceso a materiales que enriquecen o amplían de otro modo los programas de radio y televisión emitidos por el organismo de radiodifusión, en particular mediante previsualización, extensión, suplementación o revisión del contenido del programa de que se trate. La presente Directiva también debe aplicarse a servicios accesorios en línea prestados por organismos de radiodifusión a los usuarios junto con el servicio de emisión. Debe aplicarse asimismo a servicios accesorios en línea a los que, aun teniendo una relación clara y subordinada respecto de la emisión, los usuarios pueden acceder por separado del servicio de emisión sin que estos tengan que obtener acceso a tal servicio como condición previa, por ejemplo mediante una suscripción. Ello no afecta a la libertad de los organismos de radiodifusión de ofrecer tales servicios accesorios en línea de forma gratuita o a cambio de pago. El suministro de acceso a obras u otras prestaciones protegidas individuales que se hayan incorporado a un programa de radio o televisión, o a obras u otras prestaciones protegidas que no estén relacionadas con ningún programa emitido por el organismo de radiodifusión, como los servicios que dan acceso a obras audiovisuales o musicales, álbumes de música o vídeos individuales, por ejemplo a través de servicios de vídeo a la carta, no debe entrar en el ámbito de los servicios a los que se aplica la presente Directiva.

(9)  Con el fin de facilitar la obtención de derechos para la prestación de servicios accesorios en línea a través de las fronteras, es necesario prever el establecimiento del principio del país de origen en lo que respecta al ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes para los actos que se producen durante la prestación de un servicio accesorio en línea, el acceso a él, o su utilización. Ese principio debe aplicarse a la obtención de todos los derechos que sean necesarios para que el organismo de radiodifusión pueda comunicar al público o poner a disposición del público sus programas cuando preste servicios accesorios en línea, incluida la obtención de los derechos de autor y derechos afines respecto de las obras u otras prestaciones protegidas utilizadas en los programas, por ejemplo, los derechos sobre fonogramas o actuaciones. El principio del país de origen debe aplicarse exclusivamente a las relaciones entre los titulares de derechos, o entidades que los representen -como las entidades de gestión colectiva-, y los organismos de radiodifusión, y únicamente a efectos de la prestación de un servicio accesorio en línea, del acceso a él o de su utilización. El principio del país de origen no debe aplicarse a ninguna comunicación al público subsiguiente de obras u otras prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, ni a ninguna puesta a disposición del público subsiguiente de obras u otras prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, que permita a miembros del público acceder a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, ni a ninguna reproducción subsiguiente de obras u otras prestaciones protegidas que se incluyan en el servicio accesorio en línea.

(10)  Habida cuenta de las especificidades de los mecanismos de financiación y concesión de licencias para determinadas obras audiovisuales, que a menudo se basan en licencias territoriales exclusivas, conviene, por lo que se refiere a los programas de televisión, limitar el ámbito de aplicación del principio del país de origen establecido en la presente Directiva a determinados tipos de programas. Esos tipos de programas incluyen los programas de noticias y actualidad, así como las producciones propias de un organismo de radiodifusión financiadas exclusivamente por este, incluso cuando los fondos para la financiación utilizados por el organismo de radiodifusión para sus producciones procede de fondos públicos. A efectos de la presente Directiva, debe entenderse por producciones propias de los organismos de radiodifusión las producciones realizadas por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios recursos, pero excluidas las producciones encargadas por el organismo de radiodifusión a productores que sean independientes del organismo de radiodifusión y las coproducciones. Por las mismas razones, el principio del país de origen no debe aplicarse a las emisiones televisivas de acontecimientos deportivos en virtud de la presente Directiva. El principio del país de origen debe aplicarse únicamente cuando el organismo de radiodifusión utilice los programas en sus propios servicios accesorios en línea. No debe aplicarse a la concesión de licencias, para producciones propias de un organismo de radiodifusión, a terceros, incluidos otros organismos de radiodifusión. El principio del país de origen no debe afectar a la libertad de los titulares de derechos y de los organismos de radiodifusión para acordar, de conformidad con el Derecho de la Unión, limitaciones, incluidas limitaciones geográficas, a la explotación de sus derechos.

(11)  El principio del país de origen establecido en la presente Directiva no debe redundar en obligación alguna para los organismos de radiodifusión de comunicar o poner a disposición del público programas en sus servicios accesorios en línea, o de prestar tales servicios accesorios en un Estado miembro que no sea el Estado miembro de su establecimiento principal.

(12)  Dado que, en virtud de la presente Directiva, se considera que la prestación de un servicio accesorio en línea, el acceso a él o su utilización, se produce únicamente en el Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tiene su establecimiento principal, mientras que, de facto, el servicio puede ser prestado a través de las fronteras a otros Estados miembros, es preciso garantizar que al determinar el importe del pago que deba abonarse por los derechos de que se trate, las partes tengan en cuenta todos los aspectos del servicio accesorio en línea, tales como las características del servicio, incluida la duración de la disponibilidad en línea de los programas comprendidos en el servicio, la audiencia, incluida la audiencia en el Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tenga su establecimiento principal y en otros Estados miembros en que se acceda al servicio accesorio en línea y se utilice, así como las versiones lingüísticas que se proporcionen. No obstante, debe seguir siendo posible el uso de métodos específicos para calcular el importe que debe abonarse por los derechos sujetos al principio de país de origen, tales como los métodos que se basan en los ingresos del organismo de radiodifusión generados por el servicio en línea, usados en particular por los organismos de radiodifusión radiofónica.

(13)  Habida cuenta del principio de libertad contractual, seguirá siendo posible continuar limitando la explotación de los derechos afectados por el principio del país de origen establecido en la presente Directiva, ▌siempre que toda limitación sea conforme al Derecho de la Unión.

(14)  Los operadores de servicios de retransmisión pueden utilizar diferentes tecnologías cuando retransmiten de forma simultánea, inalterada e íntegra, para su recepción por el público, una transmisión inicial desde otro Estado miembro de un programa de radio o televisión ▌. Los operadores de servicios de retransmisión pueden obtener las señales portadoras de programas de los organismos de radiodifusión, que a su vez las transmiten al público, de distintas maneras, por ejemplo capturando las señales transmitidas por los organismos de radiodifusión o recibiendo las señales directamente de ellos mediante el proceso técnico de inyección directa. Tales servicios de los operadores pueden ofrecerse vía satélite, por vía digital terrestre, por redes móviles o en circuito cerrado basadas en el IP o similares, o a través de servicios de acceso a Internet según se definen en el Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo(7). Por tanto, los operadores de servicios de retransmisión que utilicen dichas tecnologías para sus retransmisiones deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y beneficiarse del mecanismo que introduce la gestión colectiva de derechos obligatoria. A fin de garantizar que haya suficientes salvaguardas frente al uso no autorizado de obras y otras prestaciones protegidas, lo que reviste especial importancia en el caso de los servicios de pago, los servicios de retransmisión ofrecidos a través de servicios de acceso a Internet deben entrar en el ámbito de aplicación de la presente Directiva únicamente cuando dichos servicios de retransmisión se presten en un entorno en el que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las retransmisiones y el nivel de seguridad de los contenidos proporcionado sea comparable al nivel de seguridad de los contenidos transmitidos a través de redes gestionadas, como el cable o las redes en circuito cerrado basadas en el IP, en las que el contenido retransmitido está cifrado. Tales requisitos deben ser viables y adecuados.

(15)  Para retransmitir las transmisiones iniciales de programas de radio y televisión, los operadores de servicios de retransmisión tienen que obtener una autorización de los titulares del derecho exclusivo de comunicación al público de obras u otras prestaciones protegidas. A fin de proporcionar seguridad jurídica a los operadores de servicios de retransmisión ▌y superar las disparidades existentes en Derecho nacional relativas a este tipo de servicios de retransmisión, procede aplicar normas similares a las que se aplican a la distribución por cable tal como se define en la Directiva 93/83/CEE. Las normas en virtud de esa Directiva incluyen la obligación de ejercer el derecho de conceder o denegar la autorización a un operador de un servicio de retransmisión a través de una entidad de gestión colectiva. En virtud de dichas normas, permanece inalterado el derecho a conceder o denegar una autorización propiamente dicho, y solo se regula en cierta medida el ejercicio de dicho derecho. Los titulares de derechos deben recibir una remuneración adecuada por la retransmisión de sus obras y otras prestaciones protegidas. A la hora de determinar unas condiciones razonables de concesión de licencias, incluidos los derechos de licencia, para una retransmisión de conformidad con la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(8), debe tenerse en cuenta, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, incluido el valor asignado a los medios de retransmisión. Ello debe entenderse sin perjuicio del ejercicio colectivo del derecho a una remuneración equitativa y única para los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas por la comunicación al público de fonogramas comerciales, tal como se establece en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE, ni de la Directiva 2014/26/UE, en particular de sus disposiciones relativas a los derechos de los titulares en lo que respecta a la elección de una entidad de gestión colectiva.

(16)  La presente Directiva debe permitir que los acuerdos celebrados entre una entidad de gestión colectiva y los operadores de servicios de retransmisión, por lo que respecta a los derechos que están sujetos a gestión colectiva obligatoria en virtud de la presente Directiva, se amplíen para aplicarse a los derechos de los titulares que no estén representados por dicha entidad de gestión colectiva, sin que a los titulares de derechos se les permita excluir sus obras u otras prestaciones de la aplicación de ese mecanismo. En los casos en los que más de una entidad de gestión colectiva gestione los derechos de la correspondiente categoría para su territorio, debe corresponder al Estado miembro para cuyo territorio el operador de un servicio de retransmisión pretende obtener los derechos de una retransmisión decidir qué entidad o entidades de gestión colectiva tienen derecho a conceder o denegar la autorización para la retransmisión.

(17)  Los eventuales derechos de las entidades de radiodifusión respecto de sus propias emisiones, incluidos los derechos sobre el contenido de los programas, no deben estar sujetos a la gestión colectiva obligatoria de los derechos aplicable a las retransmisiones. Los operadores de servicios de retransmisión y los organismos de radiodifusión suelen tener relaciones comerciales en curso y, en consecuencia, la identidad de los organismos de radiodifusión es conocida de los operadores de servicios de retransmisión. Así pues, resulta relativamente sencillo para esos operadores obtener los derechos con los organismos de radiodifusión. En consecuencia, para obtener las licencias necesarias de los organismos de radiodifusión, los operadores de servicios de retransmisión no se enfrentan a la misma carga que cuando tratan de obtener licencias de los titulares de derechos de las obras y otras prestaciones protegidas incluidas en los programas de radio y televisión que retransmiten. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de simplificar el proceso de concesión de licencias en relación con los derechos que poseen los organismos de radiodifusión. No obstante, es necesario garantizar que, cuando los organismos de radiodifusión y los operadores de los servicios de retransmisión inicien negociaciones, negocien de buena fe la concesión de licencias de derechos para las retransmisiones reguladas por la presente Directiva. La Directiva 2014/26/UE establece normas similares aplicables a las entidades de gestión colectiva.

(18)  Las normas previstas en la presente Directiva relativas a los derechos de retransmisión ejercidos por los organismos de radiodifusión respecto de sus propias transmisiones no deben limitar la opción de los titulares de derechos de transferir sus derechos a un organismo de radiodifusión o a una entidad de gestión colectiva, permitiéndoles de ese modo tener una participación directa en la remuneración abonada por el operador de un servicio de retransmisión.

(19)  Los Estados miembros deben poder aplicar las normas sobre retransmisión establecidas en la presente Directiva y en la Directiva 93/83/CEE a situaciones en las que tanto la transmisión inicial como la retransmisión se efectúen en su territorio.

(20)  Con el fin de garantizar que exista seguridad jurídica y de mantener un alto nivel de protección de los titulares de derechos, conviene prever que, cuando los organismos de radiodifusión transmitan sus señales portadoras de programas por inyección directa únicamente a los distribuidores de señales sin transmitir directamente sus programas al público, y los distribuidores de señales las envíen esas señales portadoras de programas a sus usuarios para que puedan ver o escuchar los programas, se considere que solo se produce un acto único de comunicación al público, en el que tanto los organismos de radiodifusión como los distribuidores de señales participan con sus contribuciones respectivas. Los organismos de radiodifusión y los distribuidores de señales deben, por lo tanto, obtener la autorización de los titulares de derechos para su contribución específica al acto único de comunicación al público. La participación de un organismo de radiodifusión y un distribuidor de señales en dicho acto único de comunicación al público no debe dar lugar a la responsabilidad solidaria del organismo de radiodifusión y del distribuidor de señales para dicho acto de comunicación al público. Los Estados miembros deben seguir pudiendo establecer a escala nacional las modalidades de obtención de la autorización para tal acto único de comunicación al público, incluidos los pagos pertinentes que deban abonarse a los titulares de derechos, teniendo en cuenta la explotación respectiva de las obras y otras prestaciones protegidas por parte de los organismos de radiodifusión y los distribuidores de señales en relación con dicho acto único de comunicación al público. Los distribuidores de señales se enfrentan, de manera similar a los operadores de servicios de retransmisión, a una carga significativa para la obtención de derechos, salvo por lo que respecta a los derechos en poder de los organismos de radiodifusión. Por lo tanto, debe permitirse a los Estados miembros disponer que los distribuidores de señales también se beneficien de un mecanismo de gestión colectiva obligatoria de los derechos para sus transmisiones de la misma manera y en la misma medida que los operadores de servicios de retransmisión para las retransmisiones contempladas en la Directiva 93/83/CEE y en la presente Directiva. En los casos en que los distribuidores de señales se limiten a proporcionar a los organismos de radiodifusión medios técnicos, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para garantizar que se recibe la emisión o mejorar la recepción de esta, no debe considerarse que los distribuidores de señales participan en un acto de comunicación al público.

(21)  Cuando los organismos de radiodifusión transmiten sus señales portadoras de programas directamente al público, llevando así a cabo un acto inicial de transmisión, y transmiten asimismo simultáneamente las señales a otros organismos mediante el proceso técnico de inyección directa, por ejemplo para garantizar la calidad de las señales con fines de retransmisión, las transmisiones de esos otros organismos constituyen un acto de comunicación al público independiente del llevado a cabo por el organismo de radiodifusión. En esas situaciones se deben aplicar las normas sobre retransmisiones establecidas en la presente Directiva y en la Directiva 93/83/CEE, en su versión modificada por la presente Directiva.

(22)  Para garantizar la eficacia de la gestión colectiva de los derechos y una correcta distribución de los ingresos recaudados en virtud del mecanismo de gestión colectiva obligatoria introducido por la presente Directiva, es importante que las entidades de gestión colectiva lleven un registro adecuado de sus miembros, las licencias y el uso de las obras y otras prestaciones protegidas, de conformidad con las obligaciones de transparencia establecidas en la Directiva 2014/26/UE.

(23)  A fin de evitar que pueda eludirse la aplicación del principio del país de origen mediante la prórroga de los acuerdos existentes sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes para la prestación de un servicio accesorio en línea, así como el acceso a ese servicio o su utilización, es necesario aplicar el principio del país de origen también a los acuerdos existentes, pero con un período transitorio. Durante ese período transitorio, el principio no debe aplicarse a aquellos acuerdos existentes, proporcionando por lo tanto tiempo para adaptarlos, cuando sea necesario, de conformidad con la presente Directiva. También se ha de prever un período transitorio para permitir que los organismos de radiodifusión, los distribuidores de señal y los titulares de derechos se adapten a las nuevas normas sobre explotación de las obras y otras prestaciones protegidas mediante inyección directa establecidas en las disposiciones de la presente Directiva sobre transmisión de programas mediante inyección directa.

(24)   En línea con los principios para la mejora de la legislación, debe llevarse a cabo una revisión de la presente Directiva, incluidas sus disposiciones sobre inyección directa, después de que la Directiva haya estado en vigor durante cierto tiempo, con el fin de evaluar, entre otras cuestiones, sus beneficios para los consumidores de la Unión, su impacto en las industrias creativas en la Unión Europea, así como en el nivel de inversión en nuevo contenido, y, por lo tanto, también sus beneficios en términos de mejora de la diversidad cultural de la Unión.

(25)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si bien esta Directiva puede ocasionar una interferencia con el ejercicio de los derechos de los titulares, en la medida en que la gestión colectiva obligatoria tiene lugar para el ejercicio del derecho de comunicación al público por lo que respecta a los servicios de retransmisión, es necesario imponer la aplicación de la gestión colectiva obligatoria de manera específica y limitarla a determinados servicios ▌.

(26)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la promoción de la prestación transfronteriza de servicios accesorios en línea para determinados tipos de programas y la facilitación de las retransmisiones de programas de radio y televisión procedentes de otros Estados miembros, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. Por lo que se refiere a la prestación transfronteriza de determinados servicios accesorios en línea, la presente Directiva no obliga a los organismos de radiodifusión a ofrecer este tipo de servicios a través de las fronteras. La presente Directiva tampoco obliga a los operadores de servicios de retransmisión a incluir en sus servicios programas de radio o televisión procedentes de otros Estados miembros. La presente Directiva se refiere únicamente al ejercicio de determinados derechos de retransmisión en la medida necesaria para simplificar la concesión de licencias de derechos de autor y derechos afines para tales servicios y en lo que respecta a los programas de radio y televisión procedentes de otros Estados miembros.

(27)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(9), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, en casos justificados, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece normas destinadas a mejorar el acceso transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando la obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la emisión de determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la retransmisión de programas de radio y televisión. También establece normas para la transmisión de programas de radio y televisión a través del proceso de inyección directa.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:

1)  «servicio accesorio en línea», un servicio en línea consistente en el suministro al público por un organismo de radiodifusión, o bajo su control y responsabilidad, de programas de radio o televisión simultáneamente con su emisión por parte del organismo de radiodifusión, o posteriormente a esa emisión durante un período de tiempo definido, así como de cualquier material ▌ que sea accesorio a tal emisión;

2)  «retransmisión», toda retransmisión simultánea, inalterada e íntegra, distinta de la distribución por cable tal como se define en la Directiva 93/83/CEE, destinada a su recepción por el público, de una transmisión inicial procedente de otro Estado miembro ▌de programas de radio o televisión destinados a su recepción por el público, cuando dicha transmisión inicial sea alámbrica o inalámbrica, incluida vía satélite, pero no en línea, a condición de que:

a)  la retransmisión la efectúe una parte distinta del organismo de radiodifusión que efectuó la transmisión inicial o bajo cuyo control y responsabilidad se efectuó dicha transmisión inicial, independientemente de la manera en que la parte que efectúe la retransmisión obtenga las señales portadoras de programas del organismo de radiodifusión a efectos de retransmisión, y

b)  la retransmisión se efectúe en un entorno gestionado, en caso de efectuarse la retransmisión a través de un servicio de acceso a internet tal como se define en el artículo 2, párrafo segundo, punto 2, del Reglamento (UE) 2015/2120;

3)  «entorno gestionado», un entorno en el que un operador de un servicio de retransmisión proporciona una retransmisión segura a usuarios autorizados;

4)  «inyección directa», un proceso técnico por el que un organismo de radiodifusión transmite sus señales portadoras de programas a un organismo que no sea un organismo de radiodifusión, de forma que las señales portadoras de programas no sean accesibles al público durante dicha transmisión.

CAPÍTULO II

SERVICIOS ACCESORIOS EN LÍNEA DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Artículo 3

Aplicación del principio del «país de origen» a los servicios accesorios en línea

1.  Los actos de comunicación al público de obras u otras prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, y de puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, que permitan acceder a ellas a miembros del público desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, que se producen cuando se ofrecen al público:

a)  programas de radio, y

b)  programas de televisión que sean:

i)  programas de noticias y de actualidad, o

ii)  producciones propias del organismo de radiodifusión financiadas por este en su totalidad,

en un servicio accesorio en línea por parte de un organismo de radiodifusión, o bajo su control y responsabilidad, así como los actos de reproducción de dichas obras u otras prestaciones protegidas que sean necesarios para la prestación de dicho servicio en línea, el acceso a él o su utilización para los mismos programas, se considerarán, a efectos del ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes para esos actos, producidos únicamente en el Estado miembro en el que el organismo de radiodifusión tenga su establecimiento principal.

La letra b) del párrafo primero no se aplicará a la radiodifusión de acontecimientos deportivos y a obras y otras prestaciones protegidas incluidas en ellos.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que, a la hora de fijar el importe del pago de los derechos sujetos al principio del país de origen según lo establecido en el apartado 1, las partes tengan en cuenta todos los aspectos del servicio accesorio en línea, ▌ tales como las características de dicho servicio accesorio en línea, incluida la duración de la disponibilidad en línea de los programas ofrecidos por ese servicio, la audiencia y las versiones lingüísticas disponibles.

Ello no excluirá la opción de calcular el importe de los pagos que deben abonarse, sobre la base de los ingresos de los organismos de radiodifusión.

3.  El principio del país de origen establecido en el apartado 1 no supondrá ningún perjuicio para la libertad contractual de los titulares de derechos y los organismos de radiodifusión para acordar, en cumplimiento del Derecho de la Unión, la introducción de límites a la explotación de esos derechos, incluidos los contemplados en la Directiva 2001/29/EC.

CAPÍTULO III

RETRANSMISIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y RADIO

Artículo 4

Ejercicio de los derechos de retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión

1.  Los actos de retransmisión de programas deben ser autorizados por los titulares del derecho exclusivo de comunicación al público.

Los Estados miembros garantizarán que los titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión, solamente puedan ejercer sus derechos a conceder o denegar la autorización para una retransmisión a través de una entidad de gestión colectiva.

2.  En caso de que un titular de derechos no haya transferido la gestión del derecho a que se refiere el apartado 1, párrafo segundo, a una entidad de gestión colectiva, se considerará que la entidad de gestión colectiva que gestione derechos de la misma categoría en el territorio del Estado miembro en el que el operador de un servicio de retransmisión pretende obtener los derechos de una retransmisión tiene derecho a conceder o denegar la autorización para la retransmisión al mencionado titular.

Sin embargo, en caso de que más de una entidad de gestión colectiva ▌gestione los derechos de dicha categoría en el territorio de ese Estado miembro, ▌corresponderá al Estado miembro en cuyo territorio el operador de un servicio de retransmisión pretende obtener los derechos para una retransmisión decidir qué entidad o entidades de gestión colectiva tendrán derecho a conceder o denegar la autorización para una retransmisión.

3.  Los Estados miembros garantizarán que los titulares de derechos gocen de los mismos derechos y obligaciones derivados de un acuerdo entre un operador de un servicio de retransmisión y una entidad o entidades de gestión colectiva que actúen de conformidad con el apartado 2, que los titulares de derechos que hayan mandatado a esa entidad o entidades de gestión colectiva. Los Estados miembros también garantizarán que ese titular de derechos pueda reclamar esos derechos en un plazo que fijará el Estado miembro afectado, y que no será inferior a tres años a partir de la fecha de la retransmisión que incluya su obra u otras prestaciones protegidas.

Artículo 5

Ejercicio de los derechos de retransmisión por los organismos de radiodifusión

1.  Los Estados miembros garantizarán que el artículo 4 no se aplique a los derechos de retransmisión ejercidos por los organismos de radiodifusión respecto de sus propias transmisiones, con independencia de que sean sus propios derechos o se los hayan transferido otros titulares de derechos.

2.  Los Estados miembros dispondrán que, cuando los organismos de radiodifusión y los operadores de los servicios de retransmisión inicien negociaciones en relación con una autorización de retransmisión con arreglo a la presente Directiva, dichas negociaciones se lleven a cabo de buena fe.

Artículo 6

Mediación

Los Estados miembros garantizarán que sea posible solicitar la asistencia de uno o más mediadores con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Directiva 93/83/CEE cuando no se haya celebrado ningún acuerdo entre la entidad de gestión colectiva y el operador de un servicio de retransmisión, o entre el operador de un servicio de retransmisión y el organismo de radiodifusión en relación con la autorización para la retransmisión de emisiones.

Artículo 7

Retransmisiones de una transmisión inicial procedente del mismo Estado miembro

Los Estados miembros podrán disponer que lo establecido en el presente capítulo y en el capítulo III de la Directiva 93/83/CEE se aplique a situaciones en las que tanto la transmisión inicial como la retransmisión se efectúen en su territorio.

CAPÍTULO IV

TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS MEDIANTE INYECCIÓN DIRECTA

Artículo 8

Transmisión de programas mediante inyección directa

1.  Cuando un organismo de retransmisión transmita mediante inyección directa sus señales portadoras de programas a un distribuidor de señal, sin que el propio organismo de radiodifusión transmita simultáneamente esas señales portadoras de programas de forma directa al público, y el distribuidor de señal transmita estas señales portadoras de programas al público, se considerará que el organismo de radiodifusión y el distribuidor de señal participan en un acto único de comunicación al público para el que obtendrán autorización de los titulares de derechos. Los Estados miembros podrán disponer las modalidades para la obtención de autorización de los titulares de derechos.

2.  Los Estados miembros podrán disponer que artículos 4, 5 y 6 de la presente Directiva se apliquen, mutatis mutandis, al ejercicio por los titulares de derechos del derecho a conceder o denegar la autorización a los distribuidores de señal para una transmisión mencionada en el apartado 1, efectuada por uno de los medios técnicos contemplados en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 93/83/CEE o en el artículo 2, punto 2, de la presente Directiva.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9

Modificación de la Directiva 93/83/CEE

En el artículo 1 de la Directiva 93/83/CEE, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «distribución por cable» la retransmisión simultánea, inalterada e íntegra por cable o microondas, para su recepción por el público, de una transmisión inicial de otro Estado miembro, alámbrica o inalámbrica, incluida vía satélite, de programas de radio o televisión destinados a su recepción por el público, independientemente de la manera en que el operador de un servicio de retransmisión por cable obtenga del organismo de radiodifusión las señales portadoras de programas con fines de retransmisión.».

"

Artículo 10

Revisión

1.  A más tardar el ... [6 años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión realizará una revisión de la presente Directiva y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. El informe se publicará y se pondrá a disposición del público en el sitio web de la Comisión.

2.  Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, en tiempo oportuno, toda la información pertinente y necesaria para la preparación del informe a que se refiere el apartado 1.

Artículo 11

Disposición transitoria

Los acuerdos relativos al ejercicio de los derechos de autor y derechos afines pertinentes para los actos de comunicación al público de obras u otras prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, y de puesta a disposición del público de obras u otras prestaciones protegidas, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan acceder a ellas desde el lugar y en el momento elegidos por ellos, que se produzcan en el marco de la prestación de un servicio accesorio en línea, así como para los actos de reproducción necesarios para la prestación de tal servicio en línea, el acceso a él o su utilización, que estén en vigor el ... [dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 3 a partir del ... [cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] en caso de que expiren con posterioridad a esta fecha.

Las autorizaciones obtenidas para los actos de comunicación al público que entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 que estén en vigor el ... [dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 8 a partir del ... [dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva] en caso de que expiren con posterioridad a esa fecha.

Artículo 12

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el ... [2 años después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. Informarán inmediatamente a la Comisión al respecto.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en …,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 125 de 21.4.2017, p. 27.
(2)DO C 125 de 21.4.2017, p. 27.
(3)Posición del Parlamento Europeo de 28 de marzo de 2019.
(4)Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
(5)Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 376 de 27.12.2006, p. 28).
(6)Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (DO L 248 de 6.10.1993, p. 15).
(7) Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta y se modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1).
(8)Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (DO L 84 de 20.3.2014, p. 72).
(9) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.


Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027) ***I
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Europa Creativa (2021 a 2027) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 (COM(2018)0366 – C8-0237/2018 – 2018/0190(COD))
P8_TA-PROV(2019)0323A8-0156/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0366),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 167, apartado 5, y el artículo 173, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0237/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 6 de febrero de 2019(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0156/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  La cultura, el patrimonio cultural y la diversidad cultural tienen un gran valor para la sociedad europea desde un punto de vista cultural, medioambiental, social y económico, y han de ser promovidos y apoyados. En la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017, así como en el Consejo Europeo de diciembre de 2017, se señaló que la educación y la cultura son fundamentales para construir una sociedad cohesionada e integradora, y mantener la competitividad europea.
(1)  La cultura, el patrimonio cultural artístico y la diversidad cultural tienen un gran valor para la sociedad europea desde un punto de vista cultural, educativo, democrático, medioambiental, social, económico y de los derechos humanos, y han de ser promovidos y apoyados. En la Declaración de Roma de 25 de marzo de 2017, así como en el Consejo Europeo de diciembre de 2017, se señaló que la educación y la cultura son fundamentales para construir una sociedad cohesionada e integradora, y mantener la competitividad europea.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la Unión se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos valores se han reafirmado y articulado en los derechos, las libertades y los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, tal como se indica en el artículo 6 del Tratado de la UE.
(2)  El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la Unión se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Estos valores se han reafirmado y articulado en los derechos, las libertades y los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta»), que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, tal como se indica en el artículo 6 del Tratado de la UE. En particular, la libertad de expresión y de información está consagrada en el artículo 11 de la Carta y la libertad de las artes y de las ciencias en su artículo 13.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Por otra parte, la Comunicación de la Comisión sobre una nueva Agenda Europea para la Cultura15 establece los objetivos de la Unión en los sectores de la cultura y la creación. Su objetivo es utilizar el poder de la cultura y la diversidad cultural para promover la cohesión social y el bienestar social, propiciar la dimensión transfronteriza de los sectores de la cultura y la creación, apoyar su capacidad de crecimiento, fomentar el desarrollo de la creatividad basada en la cultura en la educación y la innovación, impulsar el crecimiento y el empleo, y reforzar las relaciones culturales internacionales. Europa Creativa, junto con otros programas de la UE, contribuirá a la ejecución de esta Nueva Agenda Europea para la Cultura. Este objetivo está asimismo en consonancia con la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que entró en vigor el 18 de marzo de 2007 y de la que la Unión es parte.
(4)  Por otra parte, la Comunicación de la Comisión sobre una nueva Agenda Europea para la Cultura15 establece los objetivos de la Unión en los sectores de la cultura y la creación. Su objetivo es utilizar el poder de la cultura y la diversidad cultural para promover la cohesión social y el bienestar social, propiciar la dimensión transfronteriza de los sectores de la cultura y la creación, apoyar su capacidad de crecimiento, fomentar el desarrollo de la creatividad basada en la cultura en la educación y la innovación, impulsar el crecimiento y el empleo, y reforzar las relaciones culturales internacionales. Europa Creativa, junto con otros programas de la UE, contribuirá a la ejecución de esta Nueva Agenda Europea para la Cultura, teniendo en cuenta que siempre debe preservarse y promoverse el valor intrínseco de la cultura y de la expresión artística y que esta última constituye el núcleo de proyectos de cooperación. El apoyo a la aplicación de esta Nueva Agenda Europea para la Cultura está asimismo en consonancia con la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que entró en vigor el 18 de marzo de 2007 y de la que la Unión es parte.
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15 COM(2018)0267.
15 COM(2018)0267.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Las políticas de la Unión deben complementar y añadir valor a la intervención de los Estados miembros en los ámbitos cultural y creativo. El impacto de las políticas de la Unión debe evaluarse periódicamente teniendo en cuenta indicadores cualitativos y cuantitativos, como los beneficios para los ciudadanos, su participación activa, los beneficios para la economía de la Unión en lo que respecta al crecimiento y el empleo, así como los beneficios indirectos para otros sectores de la economía y las habilidades y competencias de las personas que trabajan en los sectores de la cultura y la creación.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
(4 ter)  La protección y la mejora del patrimonio cultural europeo constituyen los objetivos del programa. También se ha reconocido que estos objetivos son inherentes al derecho al conocimiento del patrimonio cultural y a la participación en la vida cultural consagrado en el Convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad (Convenio de Faro), que entró en vigor el 1 de junio de 2011. Dicho Convenio subraya el papel del patrimonio cultural en la construcción de una sociedad pacífica y democrática, así como en los procesos de desarrollo sostenible y de promoción de la diversidad cultural.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  La promoción de la diversidad cultural europea depende de la existencia de unos sectores de la cultura y la creación prósperos y resilientes, capaces de crear, producir sus obras y distribuirlas a un público europeo amplio y diverso. De este modo, se amplía su potencial empresarial y se contribuye al crecimiento sostenible y a la creación de empleo. Además, el fomento de la creatividad contribuye a impulsar la competitividad y la innovación en las cadenas de valor industrial. A pesar de los avances registrados recientemente, el mercado europeo de la cultura y la creación sigue estando fragmentado por países y lenguas, lo que impide a los sectores de la cultura y la creación aprovechar plenamente el mercado único europeo y, específicamente, el mercado único digital.
(5)  La promoción de la diversidad cultural europea y de la conciencia de sus raíces comunes se basa en la libertad de expresión artística, la capacidad y las competencias de los artistas y operadores culturales, la existencia de unos sectores de la cultura y la creación prósperos y resilientes en los ámbitos público y privado y su capacidad para crear, innovar y producir sus obras y distribuirlas a un público europeo amplio y diverso. De este modo, se amplía su potencial empresarial, se aumenta el acceso a contenidos creativos, a la investigación artística y a la creatividad y su promoción y se contribuye al crecimiento sostenible y a la creación de empleo. Además, el fomento de la creatividad y de nuevos conocimientos contribuye a impulsar la competitividad y a estimular la innovación en las cadenas de valor industrial. Se debe adoptar un enfoque más amplio de la educación artística y cultural y de la investigación artística, avanzando desde un planteamiento de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) a otro de CTIAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas). A pesar de los avances registrados recientemente en cuanto a la asistencia para traducción y subtitulado, el mercado europeo de la cultura y la creación sigue estando fragmentado por países y lenguas. Al tiempo que se respetan las especificidades de cada mercado, puede hacerse más para permitir a los sectores de la cultura y la creación aprovechar plenamente el mercado único europeo y, específicamente, el mercado único digital, teniendo también en cuenta la protección de los derechos de propiedad intelectual.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  La transición digital representa un cambio de paradigma y es uno de los mayores retos para los sectores de la cultura y la creación. La innovación digital ha cambiado los hábitos, las relaciones y los modelos de producción y consumo tanto a nivel personal como social, y debe impulsar la expresión cultural y creativa y la narrativa cultural y creativa, respetando el valor específico de los sectores de la cultura y la creación dentro del entorno digital.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  El Programa debe tener en cuenta la naturaleza dual de los sectores de la cultura y la creación, reconociendo, por una parte, el valor intrínseco y artístico de la cultura y, por otra, el valor económico de estos sectores, incluida su contribución al crecimiento y la competitividad, la creatividad y la innovación. Necesitamos unos sectores europeos de la cultura y la creación sólidos, y en particular una industria audiovisual europea dinámica, teniendo en cuenta su capacidad de llegar a un público amplio y su importancia económica, también para otros sectores de la creación y en el marco del turismo cultural. Sin embargo, la competencia en los mercados audiovisuales a escala mundial se ha intensificado aún más por el agravamiento de la disrupción digital, que ha acarreado, por ejemplo, cambios en la producción y el consumo de obras audiovisuales y la posición cada vez más dominante de las plataformas globales en la distribución de contenidos. Por lo tanto, es necesario intensificar el apoyo a la industria europea.
(6)  El programa debe tener en cuenta la naturaleza dual de los sectores de la cultura y la creación, reconociendo, por una parte, el valor intrínseco y artístico de la cultura y, por otra, el valor económico de estos sectores, incluida su contribución al crecimiento y la competitividad, la creatividad, la innovación, el diálogo intercultural, la cohesión social y la generación de conocimiento. Necesitamos unos sectores europeos de la cultura y la creación sólidos, tanto en los ámbitos lucrativos como sin ánimo de lucro, y en particular una industria audiovisual europea dinámica, teniendo en cuenta su capacidad de llegar a un público amplio a escala local, nacional y de la Unión y su importancia económica, también para otros sectores de la creación y en el marco del turismo cultural y el desarrollo regional, local y urbano. Sin embargo, la competencia en los mercados audiovisuales a escala mundial se ha intensificado aún más por el agravamiento de la disrupción digital, que ha acarreado, por ejemplo, cambios en la producción y el consumo de obras audiovisuales y la posición cada vez más dominante de las plataformas globales en la distribución de contenidos. Por lo tanto, es necesario intensificar el apoyo a la industria europea.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  La ciudadanía europea activa, los valores comunes, la creatividad y la innovación precisan de unas bases sólidas sobre las que desarrollarse. El programa debe apoyar la formación cinematográfica y audiovisual, en particular entre los menores y los jóvenes.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Para ser eficaz, el programa debe tener en cuenta el carácter específico de los distintos sectores, sus distintos grupos destinatarios y sus necesidades particulares, por lo que son precisos planteamientos hechos a medida, dentro de dos subprogramas independientes y un capítulo intersectorial.
(7)  Para ser eficaz, el programa debe tener en cuenta el carácter específico y los retos de los distintos sectores, sus distintos grupos destinatarios y sus necesidades particulares, por lo que son precisos planteamientos hechos a medida, dentro de dos subprogramas independientes y un capítulo intersectorial. El programa debe ofrecer el mismo apoyo a todos los sectores de la cultura y la creación a través de regímenes transversales dirigidos a necesidades comunes. A partir de proyectos piloto, acciones preparatorias y estudios, el programa también debe ejecutar las acciones sectoriales que se recogen en el anexo al presente Reglamento.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  La música, en todas sus formas y expresiones, y especialmente la música actual y en vivo, es un componente fundamental del patrimonio cultural, artístico y económico de la Unión. Se trata de un elemento de cohesión social, integración multicultural, socialización de la juventud y tiene una función clave para promover la cultura, incluido el turismo cultural. Por consiguiente, el sector de la música debe recibir una atención especial de las acciones específicas llevadas a cabo en el marco del capítulo de CULTURA en virtud del presente Reglamento, en términos de distribución financiera y acciones específicas. Unas convocatorias e instrumentos hechos a medidas deben ayudar a impulsar la competitividad del sector de la música y a abordar algunos de los retos específicos a los que se enfrenta.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  Se debe reforzar el apoyo de la Unión en el ámbito de las relaciones culturales internacionales. El programa debe aspirar a contribuir al tercer objetivo estratégico de la Nueva Agenda Europea para la Cultura aprovechando la cultura y el diálogo intercultural como motores de desarrollo social y económico sostenible. En la Unión y en todo el mundo, las ciudades están impulsando nuevas políticas culturales. Una gran cantidad de comunidades creativas se organiza en plataformas, incubadoras o espacios dedicados a este fin en todo el mundo. La Unión debe contribuir decisivamente a la creación de redes entre estas comunidades de la Unión y de terceros países y fomentar la colaboración multidisciplinaria entre las capacidades artísticas, creativas y digitales.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
(8)  El capítulo intersectorial tiene por objetivo aprovechar el potencial de la colaboración entre distintos sectores de la cultura y la creación. Existen beneficios en términos de transferencia de conocimientos y eficiencias administrativas que pueden obtenerse de un enfoque transversal común.
(8)  El capítulo intersectorial tiene por objetivo abordar los retos comunes de distintos sectores de la cultura y la creación y aprovechar el potencial de la colaboración entre ellos. Existen beneficios en términos de transferencia de conocimientos y eficiencias administrativas que pueden obtenerse de un enfoque transversal común.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  En el sector audiovisual se hace necesaria la intervención de la Unión para acompañar las políticas del mercado único digital. Se trata, en particular, de modernizar el marco de los derechos de autor y la Propuesta de Reglamento relativo a las transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión16, así como la propuesta de modificación de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo17. Ambos actos tienen por objeto reforzar la capacidad de los operadores audiovisuales europeos para financiar, producir y distribuir obras que puedan tener la necesaria visibilidad en los diferentes medios de comunicación disponibles (como la televisión, el cine o el vídeo a la carta) y resulten atractivas para los distintos públicos en un mercado cada vez más abierto y competitivo tanto en Europa como fuera de ella. Debe prestarse un mayor apoyo a fin de hacer frente a la reciente evolución del mercado y, en particular, la posición más fuerte de las plataformas de distribución mundial frente a los organismos de radiodifusión nacionales que tradicionalmente invierten en la producción de obras europeas.
(9)  En el sector audiovisual se hace necesaria la intervención de la Unión para acompañar las políticas del mercado único digital. Se trata, en particular, de modernizar el marco de los derechos de autor, la propuesta de Reglamento relativo a las transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión16 y la Directiva 2010/2018/UE del Parlamento Europeo y del Consejo17. Ambos actos tienen por objeto reforzar la capacidad de los operadores audiovisuales europeos para crear, financiar, producir y distribuir obras en diversos formatos en los diferentes medios de comunicación disponibles (como la televisión, el cine o el vídeo a la carta) y resulten atractivas para los distintos públicos en un mercado cada vez más abierto y competitivo tanto en Europa como fuera de ella. Debe prestarse un mayor apoyo a fin de hacer frente a la reciente evolución del mercado y, en particular, la posición más fuerte de las plataformas de distribución mundial frente a los organismos de radiodifusión nacionales que tradicionalmente invierten en la producción de obras europeas.
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16 COM(2016)0594
16 COM(2016)0594
17 COM/2016/0287
17 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del mercado (DO L 303 de 28.11.2018, p. 69).
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  Las acciones especiales en el marco del programa Europa Creativa, como el Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas Europeas de Patrimonio, los premios europeos en el ámbito de la música pop, rock y contemporánea, la literatura, el patrimonio y la arquitectura, y las Capitales Europeas de la Cultura, han llegado directamente a millones de ciudadanos europeos, demostrando los beneficios sociales y económicos de las políticas culturales europeas, y, por lo tanto, deben proseguirse e incluso —en la medida de lo posible— ampliarse.
(10)  Las acciones especiales en el marco del programa Europa Creativa, como el Sello de Patrimonio Europeo, las Jornadas Europeas de Patrimonio, los premios europeos en el ámbito de la música pop, rock y contemporánea, la literatura, el patrimonio y la arquitectura, y las Capitales Europeas de la Cultura, han llegado directamente a millones de ciudadanos europeos, demostrando los beneficios sociales y económicos de las políticas culturales europeas, y, por lo tanto, deben proseguirse e incluso —en la medida de lo posible— ampliarse. El programa debe apoyar las actividades de creación de redes de los lugares con el Sello de Patrimonio Europeo.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  En el marco del Reglamento (UE) n.º 1295/2013, el programa Europa Creativa ha impulsado la creación de proyectos innovadores y de éxito que han generado buenas prácticas para la cooperación europea transnacional en los sectores de la cultura y la creación. A su vez, esto ha aumentado la diversidad cultural europea para el público y ha aprovechado los beneficios sociales y económicos de las políticas culturales europeas. Para ganar eficiencia, deben destacarse estos casos de éxito y, cuando sea posible, ampliarlos.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)
(10 ter)  Los agentes de los sectores de la cultura y la creación de todos los niveles deben participar activamente en la consecución de los objetivos del programa y en su desarrollo futuro. Como la experiencia del compromiso formal de las partes interesadas en el modelo de gobernanza participativa del Año Europeo del Patrimonio Cultural, establecido por la Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, demostró su eficacia en la integración de la cultura, también es recomendable aplicar este modelo al programa. Este modelo de gobernanza participativa debe incluir un enfoque transversal con vistas a crear sinergias entre los distintos programas e iniciativas de la Unión en el ámbito de la cultura y la creatividad.
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1 bis Decisión (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) (DO L 131 de 20.5.2017, p. 1).
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 quater (nuevo)
(10 quater)  Entre las acciones especiales en el marco del programa debe incluirse una acción intersectorial emblemática destinada a mostrar la creatividad y la diversidad cultural europeas a los Estados miembros de la Unión y terceros países. Dicha acción debe hacer hincapié en la excelencia de la creatividad europea basada en la cultura a la hora de generar innovación cruzada en la economía en general, haciendo entrega para ello de un premio especial.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  La cultura es fundamental para el refuerzo de unas comunidades cohesionadas e integradoras. En el contexto de la presión migratoria, la cultura desempeña un importante papel en la integración de los inmigrantes, en la medida en que les ayuda a sentirse parte de la sociedad de acogida y a desarrollar buenas relaciones con las nuevas comunidades.
(11)  La cultura es fundamental para el refuerzo de unas comunidades cohesionadas, integradoras y reflexivas, para la revitalización de territorios y para la promoción de la inclusión social de personas de entornos desfavorecidos. En el contexto de cuestiones de migración y retos de integración, la cultura desempeña un importante papel en la creación de espacios inclusivos para el diálogo intercultural y en la integración de los inmigrantes y refugiados, ayudándoles a sentirse parte de la sociedad de acogida, así como en el desarrollo de buenas relaciones entre inmigrantes y sus nuevas comunidades.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)  La cultura hace posible y promueve la sostenibilidad económica, social y ecológica. Por eso, debe situarse en el centro de las estrategias de desarrollo político. Debe destacarse la contribución de la cultura al bienestar de la sociedad en su conjunto. Según la Declaración de Davos, de 22 de enero de 2018, titulada «Hacia una Baukultur de alta calidad para Europa», debe avanzarse en la promoción de un nuevo planteamiento integrado para configurar un entorno construido de alta calidad, arraigado en la cultura, que refuerce la cohesión social, que garantice un medio ambiente sostenible y que contribuya a la salud y al bienestar de la población en su conjunto. Ese planteamiento no debe centrarse únicamente en las zonas urbanas, sino sobre todo en la interconectividad de zonas periféricas, remotas y rurales. El concepto de Baukultur aglutina todos los factores que afectan de forma directa a la calidad de vida de los ciudadanos y las comunidades, fomentando así la inclusión, la cohesión y la sostenibilidad de una forma muy concreta.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
(11 ter)  Es prioritario que la cultura, incluidos los productos y servicios culturales y audiovisuales, sea más accesible para las personas con discapacidad, como instrumento para favorecer su plena realización personal y su participación activa, contribuyendo así a una sociedad realmente inclusiva basada en la solidaridad. Por ese motivo, el programa debe promover y aumentar la participación cultural en la Unión, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad y procedentes de entornos desfavorecidos, así como a los residentes en zonas rurales y remotas.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  La libertad artística constituye el núcleo de unas industrias culturales dinámicas y creativas, especialmente en lo que atañe al sector de los medios de comunicación. El Programa debe intentar tender puentes y promover la colaboración entre el sector audiovisual y el sector de la edición para propiciar el pluralismo de los medios de comunicación.
(12)  La libertad de expresión artística y cultural, la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación representan el núcleo de unos sectores de la cultura y la creación dinámicos y del sector de los medios de comunicación. El programa debe intentar tender puentes y promover la colaboración entre el sector audiovisual y el sector de la edición con el fin de promover un entorno plural e independiente para los medios de comunicación, en consonancia con la Directiva 2010/13//UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis. El programa debe prestar apoyo a los profesionales de los medios de información y mejorar el desarrollo del pensamiento crítico entre los ciudadanos promoviendo la alfabetización mediática, en particular para los jóvenes.
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1 bis Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  La movilidad de los artistas y los trabajadores culturales en relación con el desarrollo de sus competencias, el aprendizaje, la sensibilización intercultural, la creación conjunta, la coproducción, la circulación y difusión de las obras de arte, la participación en actos internacionales, como ferias y festivales, es un requisito previo fundamental para unos sectores de la cultura y la creación más entrelazados, más consolidados y sostenibles en la Unión. Esa movilidad se ve a menudo obstaculizada por la falta de estatuto jurídico, las dificultades para obtener visados y la duración de los permisos, el riesgo de doble imposición y las condiciones precarias e inestables en materia de seguridad social.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Con arreglo a los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el programa debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la discriminación, y, cuando proceda, debe definir los oportunos criterios de representación equitativa entre ambos sexos.
(13)  Con arreglo a los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el programa debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres y de lucha contra la discriminación, y, cuando proceda, debe definir los oportunos criterios de diversidad y representación equitativa entre ambos sexos. El programa debe procurar garantizar que la participación en el mismo y los proyectos que se lleven a cabo en su marco alcancen y reflejen la diversidad de la sociedad europea. Las actividades realizadas en el marco del programa deben ser objeto de seguimiento y notificación, con el fin de verificar el rendimiento del programa a este respecto y permitir a los responsables políticos tomar decisiones con mayor conocimiento de causa por lo que se refiere a futuros programas.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  Las mujeres tienen una gran presencia en el ámbito artístico y cultural en Europa como autoras, profesionales, profesoras y como público con un acceso cada vez mayor a la cultura. No obstante, como demuestran investigaciones y estudios como la Red europea de mujeres en el mundo audiovisual para directoras de cine y el proyecto «We Must» del ámbito musical, existen diferencias salariales de género y las mujeres tienen menos posibilidades de realizar sus obras y un menor acceso a los puestos de toma de decisiones en las instituciones culturales, artísticas y creativas. Por tanto, es necesario promocionar el talento de las mujeres y difundir sus obras para apoyar sus carreras artísticas.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)  En consonancia con las conclusiones del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, el programa debe aumentar la cooperación y la capacidad de promoción del sector mediante el apoyo a actividades relacionadas con el legado del Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 y una evaluación general del mismo. En este sentido, hay que prestar atención a la Declaración del Consejo de Ministros de Cultura de noviembre de 2018 y las declaraciones del acto de clausura del Consejo, celebrado el 7 de diciembre de 2018. El programa debe contribuir a la conservación sostenible a largo plazo del patrimonio cultural europeo a través de acciones de apoyo a artesanos y obreros cualificados en los oficios tradicionales relacionados con la restauración del patrimonio cultural.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  En consonancia con la Comunicación de la Comisión «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» de 22 de julio de 201419, las políticas e instrumentos pertinentes deberían explotar de manera sostenible y a largo plazo el valor del patrimonio cultural de Europa, así como desarrollar un enfoque más integrado de su preservación, valorización y apoyo
(15)  En consonancia con la Comunicación de la Comisión «Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo» de 22 de julio de 201419, las políticas e instrumentos pertinentes deberían explotar de manera sostenible y a largo plazo el valor del patrimonio cultural de Europa, pasado, presente, material, inmaterial y digital, así como desarrollar un enfoque más integrado de su preservación, conservación, reutilización adaptativa, difusión, valorización y apoyo, respaldando un intercambio de conocimientos profesionales coordinado y de alta calidad y el desarrollo de normas comunes de alta calidad para el sector, así como la movilidad para los profesionales del sector. El patrimonio cultural es una parte fundamental de la cohesión europea y apoya el vínculo entre tradición e innovación. Conservar el patrimonio cultural y apoyar a artistas, creadores y artesanos debe ser una prioridad del programa.
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19 COM/2014/0477
19 COM/2014/0477
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
(15 bis)  El programa debe contribuir al compromiso y la participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la cultura y la sociedad, a la promoción de la educación cultural y a hacer accesible al público el conocimiento y el patrimonio culturales. El programa también debe fomentar la calidad y la innovación en la creación y la conservación, también mediante sinergias entre la cultura, las artes, la ciencia, la investigación y la tecnología.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
(16 bis)  En consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2016, sobre una política de la Unión coherente para los sectores cultural y creativo, el apoyo a los sectores cultural y creativo debe ser una cuestión transversal. Los proyectos deben integrarse en todo el programa a fin de brindar apoyo a nuevos modelos de negocio y competencias, a los conocimientos especializados tradicionales, así como traducir las soluciones creativas e interdisciplinarias en valor económico y social. Asimismo, deben aprovecharse plenamente las posibles sinergias existentes entre las políticas de la Unión a fin de utilizar de forma eficiente la financiación disponible en el marco de los programas de la Unión, como Horizonte Europa, el Mecanismo «Conectar Europa», Erasmus +, EaSI e InvestEU.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el EEE, que prevé la aplicación de los programas a través de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países pueden participar también sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Se debe introducir en el presente Reglamento una disposición específica que conceda los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas.
(18)  Los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el EEE, que prevé la aplicación de los programas a través de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países pueden participar también sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Se debe introducir en el presente Reglamento una disposición específica que conceda los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas. Las contribuciones de terceros países al programa deben notificarse anualmente a la autoridad competente en materia presupuestaria.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
(22)  Desde su creación, la Academia de Cine Europeo ha ido atesorando una experiencia esencial y disfruta de una posición privilegiada para conformar una comunidad paneuropea de creadores y profesionales, promocionar y difundir las películas europeas fuera de sus fronteras nacionales y desarrollar públicos genuinamente europeos. Por lo tanto, debe poder optar a la ayuda de la Unión.
(22)  Desde su creación, la Academia de Cine Europeo ha contribuido, por medio de su experiencia particular y su posición privilegiada, al desarrollo de una comunidad paneuropea de creadores y profesionales, a promocionar y difundir las películas europeas fuera de sus fronteras nacionales y a promover la aparición de un público internacional de todas las edades. Por lo tanto, excepcionalmente debe poder optar a la ayuda de la Unión en el marco de su colaboración con el Parlamento Europeo en la organización del Premio LUX de Cine. No obstante, la ayuda directa debe estar vinculada a la negociación de un acuerdo de colaboración con funciones y objetivos específicos entre ambas partes y la concesión de la ayuda directa solo debe ser posible una vez concluido el acuerdo. Esto no excluye la candidatura por parte de la Academia de Cine Europeo de financiación para otras iniciativas y proyectos en el marco de los diferentes capítulos del programa.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
(23)  Desde su creación, la Joven Orquesta de la Unión Europea ha adquirido una experiencia esencial a la hora de fomentar el diálogo intercultural, el respeto mutuo y la comprensión a través de la cultura. La particularidad de la Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO) reside en el hecho de que es una orquesta europea que trasciende las fronteras culturales y está compuesta por jóvenes músicos seleccionados con arreglo a unos exigentes criterios de calidad a través de un riguroso proceso de audición que se organiza cada año en todos los Estados miembros. Por lo tanto, debe poder optar a la ayuda de la Unión.
(23)  Desde su creación, la Joven Orquesta de la Unión Europea ha adquirido una experiencia esencial a la hora de promocionar el rico patrimonio musical europeo, el acceso a la música y fomentar el diálogo intercultural y el respeto mutuo y la comprensión a través de la cultura, así como de reforzar la profesionalidad de sus jóvenes músicos, proporcionándoles las capacidades necesarias para una carrera en los sectores de la cultura y la creación. Los Estados miembros y las instituciones de la Unión, incluidos los presidentes sucesivos de la Comisión y del Parlamento Europeo, han reconocido la contribución de la Orquesta. La particularidad de la Joven Orquesta de la Unión Europea (EUYO) reside en el hecho de que es una orquesta europea que trasciende las fronteras culturales y está compuesta por jóvenes músicos seleccionados con arreglo a unos exigentes criterios de calidad a través de un proceso de audición riguroso y transparente que se organiza cada año en todos los Estados miembros. Por lo tanto, excepcionalmente debe poder optar a la ayuda de la Unión sobre la base de funciones y objetivos específicos que deberá definir y evaluar periódicamente la Comisión. A fin de garantizar dicha ayuda, la Joven Orquesta de la Unión Europea debe aumentar su visibilidad, tratar de conseguir una representación más equilibrada de músicos de todos los Estados miembros en la orquesta y diversificar sus ingresos mediante la búsqueda activa de ayuda financiera de fuentes distintas de la Unión.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Considerando 26
(26)  La ayuda financiera debe emplearse para corregir de manera proporcionada las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, y para impulsar acciones que no dupliquen o excluyan la financiación privada, ni distorsionen la competencia en el mercado interior. Estas acciones deben tener un claro valor añadido europeo.
(26)  La ayuda financiera debe emplearse para corregir de manera proporcionada las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión subóptimas, y para impulsar acciones que no dupliquen o excluyan la financiación privada, ni distorsionen la competencia en el mercado interior. Estas acciones deben tener un claro valor añadido europeo y estar adaptadas a los proyectos específicos que apoyan. El programa no solo debe tener en cuenta el valor económico de los proyectos, sino también su dimensión cultural y creativa y la especificidad de los sectores afectados.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)
(26 bis)  La financiación de los programas creados por el Reglamento .../... [Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional]1 bis y el Reglamento .../... [IPA III]1 ter también debe utilizarse para financiar acciones de la dimensión internacional del programa. Dichas acciones deben ejecutarse de conformidad con el presente Reglamento.
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1 bis 2018/0243 (COD).
1 ter 2018/0247 (COD).
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Considerando 27
(27)  Uno de los mayores retos de los sectores de la cultura y la creación es un acceso a la financiación que les permita aumentar su producción, mantener o incrementar su competitividad, o internacionalizar sus actividades. Los objetivos estratégicos de este programa deben asimismo abordarse a través de instrumentos financieros y garantías presupuestarias aplicados en el marco de la sección correspondiente del Fondo InvestEU.
(27)  Los sectores de la cultura y la creación son innovadores, resilientes y en crecimiento en la economía de la Unión, y generan valor económico y cultural a partir de la propiedad intelectual y de la creatividad individual. No obstante, su fragmentación y la naturaleza inmaterial de sus activos limita su acceso a la financiación privada. Uno de los mayores retos para los sectores de la cultura y la creación es aumentar su acceso a la financiación, algo esencial para crecer y mantener o incrementar su competitividad a escala internacional. Los objetivos estratégicos de este programa deben asimismo abordarse a través de instrumentos financieros y garantías presupuestarias, especialmente para las pymes, aplicados en el marco de la sección correspondiente del Fondo InvestEU, en consonancia con las prácticas desarrolladas en el marco del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo establecido por el Reglamento (UE) n.º 1295/2013.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Considerando 28
(28)  Teniendo en cuenta los conocimientos técnicos necesarios para evaluar las propuestas presentadas en el marco de acciones específicas del Programa, debería contemplarse la posibilidad de que, cuando proceda, los comités de evaluación estén integrados por expertos externos.
(28)  El impacto, la calidad y la eficiencia en la ejecución del proyecto deben constituir los criterios clave de evaluación para la selección de un proyecto en cuestión. Teniendo en cuenta los conocimientos técnicos necesarios para evaluar las propuestas presentadas en el marco de acciones específicas del programa, debería contemplarse la posibilidad de que, cuando proceda, los comités de evaluación estén integrados por expertos externos con experiencia profesional y de gestión relacionada con el ámbito de aplicación que se evalúe. Según corresponda, habrá que tomar en consideración la necesidad de velar por la coherencia global con los objetivos de inclusión y diversidad del público.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Considerando 29
(29)  El programa debe incluir un sistema realista y manejable de indicadores de resultados para acompañar a sus acciones y supervisar su rendimiento de forma continuada. Tanto este seguimiento como los ejercicios de información y comunicación relacionados con el programa y sus acciones se basarán en los tres capítulos del programa.
(29)  El programa debe incluir un sistema realista y manejable de indicadores de resultados cuantitativos y cualitativos para acompañar a sus acciones y supervisar su rendimiento de forma continuada, tomando en consideración el valor intrínseco de los sectores de las artes y de la cultura y la creación. Esos indicadores de resultados deben desarrollarse con las partes interesadas. Tanto este seguimiento como los ejercicios de información y comunicación relacionados con el programa y sus acciones se basarán en los tres capítulos del programa. Los capítulos deben tener en cuenta uno o más indicadores cuantitativos y cualitativos, que deben evaluarse de conformidad con el presente Reglamento.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)
(29 bis)  Teniendo en cuenta la complejidad y la dificultad de encontrar, analizar y adaptar datos y de medir el impacto de las políticas culturales y definir los indicadores, la Comisión debe reforzar la cooperación entre sus servicios, como el Centro Común de Investigación y Eurostat, a fin de recopilar datos estadísticos apropiados. La Comisión debe actuar en cooperación con los centros de excelencia de la Unión, los institutos nacionales de estadística y las organizaciones pertinentes para los sectores de la cultura y la creación en Europa y, en colaboración con el Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Unesco.
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Considerando 32
(32)  Los tipos de financiación previstos en el apartado 1 del presente artículo, así como los métodos de ejecución, se elegirán con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de que se produzcan conflictos de intereses. Esto debería tener también en cuenta la utilización de cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
(32)  Los tipos de financiación previstos en el apartado 1 del presente artículo, así como los métodos de ejecución, se elegirán con arreglo a la capacidad del operador del proyecto para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, el tamaño del operador y del proyecto, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de que se produzcan conflictos de intereses. Esto debería tener también en cuenta la utilización de cantidades fijas únicas, tipos fijos y costes unitarios, así como la financiación no vinculada a los costes a que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)
(33 ter)  Al objeto de optimizar las sinergias entre los fondos de la Unión y los instrumentos de gestión directa, debe facilitarse la prestación de apoyo a las operaciones que ya hayan recibido una certificación de Sello de Excelencia.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Considerando 34
(34)  En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo28, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar deben ser admisibles a la financiación de programas de la UE con sujeción a las normas y objetivos de dichos programas y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el PTU.
(34)  En virtud del artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo28, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar deben ser admisibles a la financiación de programas de la UE con sujeción a las normas y objetivos de dichos programas y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el PTU. Deben tenerse en cuenta durante la ejecución del programa las limitaciones impuestas por la lejanía de estos países o territorios, y procede hacer un seguimiento y una evaluación periódica de su participación efectiva en el programa.
__________________
__________________
28 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») ( DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
28 Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») ( DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)
(34 bis)  De conformidad con el artículo 349 del TFUE, deben tomarse medidas para aumentar la participación de las regiones ultraperiféricas en todas las acciones. Deben promoverse los intercambios de movilidad para sus artistas y sus obras, así como la cooperación entre las personas y organizaciones de estas regiones con sus vecinos y terceros países. Así, las personas podrán beneficiarse en pie de igualdad de las ventajas competitivas que pueden ofrecer los sectores de la cultura y la creación, especialmente el crecimiento económico y el empleo. Además, debe llevarse un seguimiento de estas medidas y evaluarlas periódicamente.
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Considerando 36
(36)  Con el fin de garantizar una aplicación fluida del programa, podrán considerarse elegibles los costes sufragados por el beneficiario antes de presentar la solicitud de subvención, en particular los costes relacionados con los derechos de propiedad intelectual, siempre que estén directamente vinculados a la ejecución de las acciones subvencionadas.
(36)  Con el fin de garantizar la continuidad del apoyo financiero proporcionado en el marco del programa y colmar los crecientes déficits de financiación que experimentan los beneficiarios, deben considerarse elegibles los costes sufragados por el beneficiario antes de presentar la solicitud de subvención, en particular los costes relacionados con los derechos de propiedad intelectual, siempre que estén directamente vinculados a la ejecución de las acciones subvencionadas.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Considerando 38
(38)  A fin de obtener unas condiciones uniformes para la ejecución de la presente Decisión, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar un programa de trabajo renovable. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. Conviene que el Programa se cierre correctamente, en particular por lo que se refiere a la continuación de las disposiciones plurianuales para su gestión, como en el caso de la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir del 1 de enero de 2021, la asistencia técnica y administrativa debe asumir, en caso necesario, la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido en el marco de los programas precedentes a [31 de diciembre de 2020].
(38)  Deben delegarse en la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE en lo que respecta a la adopción de programas de trabajo. Conviene que el Programa se cierre correctamente, en particular por lo que se refiere a la continuación de las disposiciones plurianuales para su gestión, como en el caso de la financiación de la asistencia técnica y administrativa. A partir del 1 de enero de 2021, la asistencia técnica y administrativa debe asumir, en caso necesario, la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido en el marco de los programas precedentes a [31 de diciembre de 2020].
___________________________
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)
(38 bis)  A fin de garantizar una aplicación efectiva y eficiente del programa, la Comisión debe velar por que no se impongan cargas burocráticas innecesarias a los solicitantes ni durante la fase de solicitud ni durante la fase de tramitación de las solicitudes.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Considerando 38 ter (nuevo)
(38 ter)  Debe prestarse especial atención a los proyectos a pequeña escala y su valor añadido, habida cuenta de las especificidades de los sectores de la cultura y la creación.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
2)  «sectores de la cultura y la creación»: todos los sectores cuyas actividades se basan en valores culturales o expresiones artísticas y otras expresiones creativas, individuales o colectivas. Entre estas actividades se cuentan el desarrollo, la creación, la producción, la difusión y la conservación de los bienes y servicios que encarnan expresiones culturales, artísticas u otras expresiones creativas, así como otras tareas afines, como la educación o la gestión. Tendrán un potencial para generar innovación y empleo, en particular a partir de la propiedad intelectual. Los sectores de la cultura y la creación incluyen, entre otras cosas, la arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los museos, la artesanía artística, los productos audiovisuales (incluyendo el cine, la televisión, los videojuegos y los multimedia), el patrimonio cultural material e inmaterial, el diseño (incluido diseño de moda), los festivales, la música, la literatura, las artes escénicas, los libros y la edición, la radio y las artes visuales.
2)  «sectores de la cultura y la creación»: todos los sectores cuyas actividades se basan en valores culturales o expresiones y prácticas artísticas y otras expresiones y prácticas creativas, individuales o colectivas, independientemente de que dichas actividades estén o no orientadas al mercado. Entre estas actividades se cuentan el desarrollo, la creación, la producción, la difusión y la conservación de las prácticas, bienes y servicios que encarnan expresiones culturales, artísticas u otras expresiones creativas, así como otras tareas afines, como la educación o la gestión. Muchas de ellas tendrán un potencial para generar innovación y empleo, en particular a partir de la propiedad intelectual. Los sectores de la cultura y la creación incluyen, entre otras cosas, la arquitectura, los archivos, las bibliotecas y los museos, la artesanía artística, los productos audiovisuales (incluyendo el cine, la televisión, los videojuegos y los multimedia), el patrimonio cultural material e inmaterial, la música, la literatura, las artes escénicas, los libros y la edición, la radio, las artes visuales, los festivales y el diseño, incluido el diseño de moda.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra -a (nueva)
-a)  contribuir al reconocimiento y la promoción del valor intrínseco de la cultura y proteger y promover la calidad de la cultura y la creatividad europeas como una dimensión distintiva del desarrollo personal, la educación, la cohesión social, la libertad de expresión y de opinión y de las artes, el fortalecimiento y mejora de la democracia, el pensamiento crítico, el sentimiento de pertenencia y la ciudadanía y como base de un entorno mediático y cultural plural;
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a
a)  promover la cooperación europea en los ámbitos de la diversidad cultural y lingüística y el patrimonio;
a)  promover la cooperación europea en los ámbitos de la diversidad cultural, artística y lingüística, en particular reforzando el papel de los artistas y los operadores culturales y la calidad de la producción cultural y artística europea y del patrimonio cultural europeo, material e inmaterial;
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b
b)  incrementar la competitividad de los sectores de la cultura y la creación, en particular el sector audiovisual.
b)  fomentar la competitividad de todos los sectores de la cultura y la creación, y aumentar su peso económico, en particular del sector audiovisual, mediante la creación de empleo y el aumento de la innovación y la creatividad de estos sectores.
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a
a)  potenciar la dimensión económica, social y exterior de la cooperación a nivel europeo para, desarrollar y promover la diversidad cultural europea y el patrimonio cultural de Europa y reforzar la competitividad de los sectores europeos de la cultura y la creación, consolidando asimismo las relaciones culturales internacionales;
a)  potenciar la dimensión económica, artística, cultural, social y exterior de la cooperación a nivel europeo para desarrollar y promover la diversidad cultural europea y el patrimonio cultural material e inmaterial de Europa, reforzar la competitividad y la innovación de los sectores europeos de la cultura y la creación y consolidar las relaciones culturales internacionales;
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
a bis)  promover los sectores de la cultura y la creación, incluido el sector audiovisual, apoyar a los artistas, los operadores, los artesanos y la implicación del público, prestando especial atención a la igualdad de género y a los grupos infrarrepresentados;
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b
b)  fomentar la competitividad y la escalabilidad de la industria audiovisual europea;
b)  fomentar la competitividad, la innovación y la escalabilidad del sector audiovisual europeo, en particular de las pymes, de las productoras independientes y de las organizaciones de los sectores de la cultura y la creación, y promover la calidad de las actividades del sector audiovisual europeo de manera sostenible y buscando un enfoque sectorial y geográfico equilibrado;
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c
c)  promover la cooperación política y las acciones innovadoras de apoyo a todos los capítulos del programa, lo que incluye la promoción de la diversidad y al pluralismo de los medios de comunicación, la alfabetización mediática y la inclusión social.
c)  promover la cooperación política y las acciones innovadoras —también mediante nuevos modelos empresariales y de gestión y soluciones creativas— de apoyo a todos los capítulos del programa y todos los sectores de la cultura y la creación, lo que incluye la protección de la libertad de expresión artística y la promoción de la diversidad, la independencia y el pluralismo del mundo de la cultura y los medios de comunicación, la alfabetización mediática, las competencias digitales, la educación artística y cultural, la igualdad de género, la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la resiliencia y la inclusión social, en particular de las personas con discapacidad, por ejemplo procurando una mayor accesibilidad de los bienes y servicios culturales;
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
c bis)  promover la movilidad de los artistas y los operadores de los sectores de la cultura y la creación, así como la circulación de sus obras;
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c ter (nueva)
c ter)  proporcionar a los sectores de la cultura y la creación un conjunto adecuado de indicadores cualitativos y cuantitativos para desarrollar un sistema coherente de evaluación y de evaluación de impacto, que incluya indicadores con una dimensión intersectorial.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c
c)  capítulo «INTERSECTORIAL», que abarca diferentes actividades en todos los sectores de la cultura y la creación.
c)  capítulo «INTERSECTORIAL», que abarca diferentes actividades en todos los sectores de la cultura y la creación, incluido el sector de los medios de comunicación.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)
Artículo 3 bis
Valor añadido europeo
Reconocer el valor intrínseco y económico de la cultura y la creatividad y respetar la calidad y pluralidad de los valores y las políticas de la Unión.
El programa únicamente apoyará las acciones y actividades que puedan aportar un valor añadido europeo y contribuyan a la consecución de los objetivos mencionados en el artículo 3.
El valor añadido europeo de las acciones y las actividades del programa se garantizará, por ejemplo, a través de:
a)  el carácter transnacional de las acciones y actividades que complementen programas y políticas regionales, nacionales, internacionales y de otro tipo de la Unión, y la repercusión de dichas acciones y actividades sobre el acceso de los ciudadanos a la cultura y su participación activa, sobre la educación, la inclusión social y el diálogo intercultural;
b)  el desarrollo y la promoción de la cooperación transnacional e internacional entre los agentes de la cultura y la creación, incluidos los artistas, los profesionales del sector audiovisual, las organizaciones y las pymes de los sectores de la cultura y la creación y los operadores audiovisuales, con la intención de estimular la búsqueda de respuestas más globales, rápidas, eficaces y a largo plazo a los retos globales, en particular a la transición digital;
c)  las economías de escala y el crecimiento y creación de empleo que pueden propiciar la ayuda de la Unión, cuyo efecto multiplicador repercute en la consecución de fondos adicionales;
d)  la garantía de una mayor igualdad de condiciones en los sectores de la cultura y la creación, teniendo en cuenta las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular, como las regiones ultraperiféricas reconocidas en el artículo 349 del TFUE y los países o territorios de ultramar que se encuentran bajo la autoridad de un Estado miembro enumerados en el anexo II del TFUE;
e)  la promoción de una narrativa sobre las raíces europeas comunes y la diversidad al mismo tiempo.
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra -a (nueva)
-a)  promover la expresión y la creación artísticas;
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra -a bis (nueva)
-a bis) fomentar el talento, la competencia y las capacidades, y estimular la colaboración y la innovación a lo largo de toda la cadena de sectores de la cultura y la creación, incluido el patrimonio;
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra a
a)  reforzar la dimensión transfronteriza y la circulación tanto de los operadores como de las obras de los sectores de la cultura y la creación;
a)  reforzar la dimensión transfronteriza, la circulación y la visibilidad de los operadores y sus obras de los sectores de la cultura y la creación, también mediante programas de residencia, giras, actos, talleres, exposiciones y festivales, así como facilitando el intercambio de mejores prácticas y mejorando las capacidades profesionales;
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b
b)  aumentar la participación cultural en toda Europa;
b)  aumentar el acceso a la cultura, la participación y la sensibilización, así como la implicación del público en toda Europa, especialmente por lo que se refiere a las personas con discapacidad o procedentes de entornos desfavorecidos;
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c
c)  promover la resiliencia de las sociedades y la inclusión social a través de la cultura y el patrimonio cultural;
c)  promover la resiliencia de las sociedades y reforzar la inclusión social, el diálogo intercultural y democrático y el intercambio cultural a través del arte, la cultura y el patrimonio cultural;
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d
d)  reforzar la capacidad de los sectores europeos de la cultura y la creación para prosperar y generar empleo y crecimiento;
d)  reforzar la capacidad de los sectores europeos de la cultura y la creación para prosperar e innovar, crear obras artísticas, generar y desarrollar competencias, conocimientos y capacidades clave, nuevas prácticas artísticas y empleo y crecimiento sostenibles, y para contribuir al desarrollo local y regional;
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
d bis)  favorecer el desarrollo de la capacidad profesional de quienes trabajan en los sectores de la cultura y la creación, capacitándolos mediante medidas adecuadas;
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra e
e)  reforzar la identidad y los valores europeos a través de la sensibilización cultural, la educación artística y la creatividad basada en la cultura en la educación;
e)  reforzar la identidad europea, la ciudadanía activa y el sentido de comunidad y los valores democráticos a través de la sensibilización cultural, el patrimonio cultural, la expresión, el pensamiento crítico, la expresión artística, la visibilidad y el reconocimiento de los creadores, las artes, la educación y la creatividad basada en la cultura en la educación formal, no formal e informal a lo largo de toda la vida;
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra f
f)  fomentar el desarrollo de la capacidad de proyección internacional de los sectores europeos de la cultura y la creación para operar a escala internacional;
f)  fomentar el desarrollo de la capacidad de proyección internacional de los sectores europeos de la cultura y la creación, incluidas las organizaciones de base y las microorganizaciones, para operar a escala internacional;
Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra g
g)  contribuir a la estrategia global de la Unión para las relaciones internacionales mediante la diplomacia cultural.
g)  contribuir a la estrategia global de la Unión para las relaciones culturales internacionales, con el fin de garantizar el impacto a largo plazo de la estrategia mediante un enfoque interpersonal en el que participen las redes culturales, la sociedad civil y las organizaciones de base.
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)
Como parte de las acciones específicas llevadas a cabo en el marco del capítulo «CULTURA», se prestará particular atención al sector de la música en términos de distribución financiera y acciones específicas. Unas convocatorias e instrumentos hechos a medida ayudarán a impulsar la competitividad del sector de la música y a abordar algunos de los retos específicos a los que se enfrenta.
Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
a)  generar talentos y competencias, y estimular la colaboración y la innovación en la creación y producción de obras audiovisuales europeas;
a)  generar talentos, capacidades y competencias, fomentar el uso de tecnologías digitales y estimular la colaboración, la movilidad y la innovación en la creación y producción de obras audiovisuales europeas, incluso más allá de las fronteras;
Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b
b)  mejorar la distribución en las salas y en línea, y ofrecer un acceso más amplio a nivel transfronterizo a las obras audiovisuales europeas, en particular a través de modelos empresariales innovadores y el uso de nuevas tecnologías;
b)  mejorar la circulación transnacional e internacional y la distribución en línea y fuera de línea, en particular en las salas, de obras audiovisuales europeas en el nuevo entorno digital.
Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
b bis)  ofrecer un mayor acceso a las obras audiovisuales de la Unión para públicos internacionales, en particular a través de la promoción, los actos, las actividades de alfabetización cinematográfica y los festivales;
Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)
b ter)  mejorar el patrimonio audiovisual y facilitar el acceso a los archivos y bibliotecas audiovisuales, además de apoyarlos y promoverlos como fuentes de memoria, educación, reutilización y nuevas actividades, también mediante las últimas tecnologías digitales;
Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c
c)  promover las obras audiovisuales europeas y apoyar el desarrollo de la audiencia dentro y fuera de Europa.
c)  promover las obras audiovisuales europeas y apoyar la participación de la audiencia de todas las edades, en particular los jóvenes y las personas con discapacidad, en el uso proactivo y legal de las obras audiovisuales dentro y fuera de Europa, así como en compartir contenidos generados por los usuarios, por ejemplo promoviendo la educación cinematográfica y audiovisual.
Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 2
Estas prioridades se abordarán mediante el apoyo a la creación, la promoción, el acceso y la difusión de obras europeas con potencial para llegar a un público amplio en Europa y fuera de Europa, en un ejercicio de adaptación a la evolución del mercado y de conformidad con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.
Estas prioridades se abordarán mediante el apoyo a la creación, la promoción, el acceso y la difusión de obras europeas que difundan una identidad y unos valores europeos comunes con potencial para llegar a un público de todas las edades en Europa y fuera de Europa, en un ejercicio de adaptación a la evolución del mercado y de conformidad con la Directiva de servicios de comunicación audiovisual.
Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra a
a)  apoyar la cooperación política a nivel transnacional e intersectorial, en particular en lo que se refiere al papel de la cultura en la inclusión social, promover el conocimiento del programa, y respaldar la transferibilidad de los resultados;
a)  apoyar la cooperación política a nivel transnacional e intersectorial, en particular en lo que se refiere a promover el papel de la cultura en la inclusión social, en especial de las personas con discapacidad, y para reforzar la democracia y promover el conocimiento del programa y respaldar la transferibilidad de los resultados con objeto de aumentar la visibilidad del programa;
Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra b
b)  promover enfoques innovadores para la creación de contenidos, el acceso, la distribución y la promoción en los sectores de la cultura y la creación;
b)  promover enfoques innovadores para la creación de contenidos artísticos y la investigación artística, el acceso, la distribución y la promoción, tomando en consideración la protección de los derechos de autor, en los sectores de la cultura y la creación, que abarquen tanto su dimensión de mercado como su dimensión ajena al mercado;
Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra c
c)  promover actividades transversales que abarquen varios sectores para permitir la adaptación a los cambios estructurales a los que se enfrenta el sector de los medios de comunicación, propiciando, en particular, un entorno mediático libre, diverso y plural, un periodismo de calidad y la alfabetización mediática;
c)  promover actividades transversales y formación que abarquen varios sectores para permitir la adaptación a los cambios estructurales y tecnológicos a los que se enfrenta el sector de los medios de comunicación, propiciando, en particular, un entorno mediático, artístico y cultural libre, diverso y plural, la ética profesional en el periodismo, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, en particular entre los jóvenes, ayudándoles a adaptarse a las nuevas herramientas y formatos mediáticos y contrarrestar la difusión de la desinformación;
Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – letra d
d)  impulsar y apoyar la creación de oficinas de información sobre el programa para promoverlo en los respectivos países y estimular la cooperación transfronteriza dentro de los sectores de la cultura y la creación.
d)  impulsar y apoyar la creación y la participación activa de oficinas de información sobre el programa en los países participantes para promoverlo en los respectivos países de manera justa y equilibrada, entre otras vías, mediante actividades en red sobre el terreno, apoyar a los solicitantes en relación con el programa, facilitar información básica sobre otras oportunidades de ayuda pertinentes disponibles en el marco de los programas financiados por la Unión y estimular la cooperación transfronteriza y el intercambio de las mejores prácticas dentro de los sectores de la cultura y la creación.
Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1
La dotación financiera para la ejecución del programa, en el período de 2014 a 2027 será de 850 000 000 EUR, a precios corrientes.
La dotación financiera para la ejecución del programa, en el período de 2014 a 2027 será de 2 806 000 000 EUR, a precios constantes.
Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – guion 1
–  hasta 609 000 000 EUR para el objetivo mencionado en el artículo 3, apartado 2, letra a) (capítulo «CULTURA»);
–  no menos del 33 % para el objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a) (capítulo «CULTURA»);
Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – guion 2
–  hasta 1 081 000 000 EUR para el objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra b) (capítulo «MEDIA»);
–  no menos del 58 % para el objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra b) (capítulo «MEDIA»);
Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2 – guion 3
–  hasta 160 000 000 EUR para las actividades mencionadas en el artículo 3, apartado 2, letra c) (capítulo «INTERSECTORIAL»).
–  hasta un 9 % para las actividades mencionadas en el artículo 3, apartado 2, letra c) (capítulo «INTERSECTORIAL»), garantizándose una dotación financiera para cada oficina «Europa Creativa» de al menos el mismo nivel que la dotación financiera proporcionada en virtud del Reglamento (CE) n.º 1295/2013 .
Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
3.  Además de la dotación financiera indicada en el apartado 1, y con el fin de promocionar la dimensión internacional del programa, podrán ponerse a disposición contribuciones financieras adicionales procedentes de los demás instrumentos de financiación exterior [el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional o el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA III)], a fin de apoyar acciones ejecutadas y gestionadas en el marco del presente Reglamento. Esta contribución se financiará de conformidad con los Reglamentos por los que se establecen dichos instrumentos.
3.  Además de la dotación financiera indicada en el apartado 1, y con el fin de promocionar la dimensión internacional del programa, podrán ponerse a disposición contribuciones financieras adicionales procedentes de los demás instrumentos de financiación exterior [el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional o el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA III)], a fin de apoyar acciones ejecutadas y gestionadas en el marco del presente Reglamento. Esta contribución se financiará de conformidad con los Reglamentos por los que se establecen dichos instrumentos y se notificará cada año a la Autoridad Presupuestaria, junto con las contribuciones de terceros países al programa.
Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los terceros países podrán participar en las estructuras de gobernanza de los programas y los foros de partes interesadas con el fin de facilitar el intercambio de información.
Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
2.  La participación en los capítulos «MEDIA» e «INTERSECTORIAL» por los países contemplados en las letras a), b) y c) del apartado 1 estará supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Directiva 2010/13/UE.
2.  La participación en los capítulos «MEDIA» e «INTERSECTORIAL» por los países contemplados en las letras a) a d) del apartado 1 estará supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Directiva 2010/13/UE.
Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  Los acuerdos con terceros países asociados al Programa en virtud del presente Reglamento se facilitarán mediante procedimientos más rápidos que los previstos en el Reglamento (UE) n.º 1295/2013. Se promoverán de manera proactiva los acuerdos con nuevos países.
Justificación
Es muy importante asegurar la participación de estos países desde el inicio del programa para garantizar su dimensión internacional.
Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
1.  La participación en el Programa estará abierta a las organizaciones internacionales que trabajen en los ámbitos cubiertos por el programa de conformidad con el Reglamento Financiero.
1.  La participación en el Programa estará abierta a las organizaciones internacionales que trabajen en los ámbitos cubiertos por el programa, como por ejemplo la Unesco o el Consejo de Europa, a través de una colaboración más estructurada con los Itinerarios Culturales Europeos y Eurimages, el Observatorio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la OCDE, sobre la base de contribuciones conjuntas, para la consecución de los objetivos del programa y de conformidad con el Reglamento Financiero.
Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
2.  La Unión será miembro del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual durante el período de vigencia del Programa. La participación de la Unión en el Observatorio contribuirá al cumplimiento de las prioridades del capítulo «MEDIA»: La Comisión representará a la Unión en sus relaciones con el Observatorio. El pago de la cuota correspondiente a la participación de la Unión en el Observatorio se financiará con cargo al capítulo «MEDIA», a fin de estimular la recogida y el análisis de datos en el sector audiovisual.
2.  La Unión será miembro del Observatorio Europeo del Sector Audiovisual durante el período de vigencia del Programa. La participación de la Unión en el Observatorio contribuirá al cumplimiento de las prioridades del capítulo «MEDIA»: La Comisión representará a la Unión en sus relaciones con el Observatorio. El pago de la cuota correspondiente a la participación de la Unión en el Observatorio y la recogida y el análisis de datos en el sector audiovisual se financiarán con cargo al capítulo «MEDIA».
Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)
Artículo 9 bis
Recogida de datos sobre los sectores de la cultura y la creación
La Comisión reforzará la cooperación en el interior de sus servicios, como el Centro Común de Investigación y Eurostat, con el fin de recoger datos estadísticos adecuados para medir y analizar el impacto de las políticas culturales. Para esta tarea, la Comisión actuará en cooperación con organizaciones de investigación europeas pertinentes en este ámbito y en colaboración con el Consejo de Europa, la OCDE y la Unesco. Contribuirá así a la consecución de los objetivos del capítulo «CULTURA» y seguirá de cerca la evolución de la política cultural, también mediante la incorporación de las partes interesadas en una fase temprana a la reflexión sobre indicadores comunes a distintos sectores o específicos por ámbito de actividades y su adaptación. La Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo sobre estas actividades.
Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3
3.  Las operaciones de financiación mixta en virtud del presente programa se ejecutarán de conformidad con [el Reglamento InvestEU] y el título X del Reglamento Financiero.
3.  Las operaciones de financiación mixta en virtud del presente programa se ejecutarán de conformidad con el título X del Reglamento Financiero y los procedimientos establecidos en [Reglamento InvestEU]. El instrumento de garantía específico creado en el contexto de Europa Creativa continuará en virtud del [Reglamento InvestEU] y tendrá en cuenta las prácticas de aplicación desarrolladas en el marco del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo desarrolladas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1295/2013.
Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4
4.  Las contribuciones a un mecanismo mutualista podrán cubrir los riesgos asociados a la recuperación de los fondos adeudados por los beneficiarios y se considerará que constituyen una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Serán de aplicación las disposiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento XXX [que sucedió al Reglamento sobre el Fondo de Garantía].
4.  Las contribuciones a un mecanismo mutualista podrán cubrir los riesgos asociados a la recuperación de los fondos adeudados por los beneficiarios y se considerará que constituyen una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Se aplicarán las disposiciones establecidas en [el artículo X] del Reglamento XXX [sucesor del Reglamento sobre el Fondo de Garantía], que se basan en las prácticas de aplicación ya desarrolladas y las tienen en cuenta.
Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.  A fin de promover la dimensión internacional del programa, los programas establecidos por el Reglamento …/… [Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional] y el Reglamento …/… [IAP III] aportarán una contribución financiera a las acciones establecidas en virtud del presente Reglamento. El presente Reglamento se aplicará al uso de estos programas y velará al mismo tiempo por la conformidad con los Reglamentos que regulan cada uno de ellos.
Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1
1.  El programa se ejecutará a través de los programas de trabajo a que se refiere el artículo 110 del Reglamento Financiero. Los programas de trabajo establecerán, cuando proceda, el importe global reservado para las operaciones de financiación mixta.
1.  El Programa se ejecutará a través de los programas de trabajo anuales a que se refiere el artículo 110 del Reglamento Financiero. La adopción de los programas de trabajo estará precedida por consultas con las diversas partes interesadas a fin de garantizar que las acciones previstas apoyen del mejor modo posible a los distintos sectores implicados. Los programas de trabajo establecerán, cuando proceda, el importe global reservado para las operaciones de financiación mixta, que no deberán sustituir a la financiación directa en forma de subvenciones.
Los objetivos generales y específicos y las correspondientes prioridades políticas y acciones del programa, así como el presupuesto asignado por acción se especificarán detalladamente en el programa de trabajo anual. El programa de trabajo anual incluirá también un calendario de ejecución indicativo.
Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
2.  La Comisión adoptará el programa de trabajo mediante un acto de ejecución.
2.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 19 con el fin de complementar el presente Reglamento estableciendo programas de trabajo anuales.
Justificación
Aclarar que el programa de trabajo anual es importante para establecer prioridades presupuestarias reales.
Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  En las convocatorias de propuestas podrá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar un apoyo adecuado a los proyectos de pequeña escala en el marco del capítulo «CULTURA» a través de medidas que podrían incluir porcentajes de cofinanciación más elevados.
Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)
1 ter.  Las subvenciones se concederán teniendo en cuenta las siguientes características de los proyectos de que se trate:
a)  la calidad del proyecto;
b)  repercusión;
c)  calidad y eficiencia de su ejecución.
Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
2.  El comité de evaluación podrá estar formado por expertos externos.
2.  El comité de evaluación podrá estar formado por expertos externos. Se reunirá con la presencia física de sus miembros o a distancia.
Los expertos invitados deberán contar con una experiencia profesional relacionada con el ámbito sometido a evaluación. El comité de evaluación podrá recabar la opinión de expertos del país del que proceda la solicitud.
Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3
3.  No obstante lo dispuesto en el artículo [130, apartado 2,] del Reglamento Financiero, y en casos debidamente justificados, podrán considerarse subvencionables los costes soportados por el beneficiario antes de la presentación de la solicitud de subvención, siempre que estén directamente vinculados a la ejecución de las acciones o actividades financiadas.
3.  No obstante lo dispuesto en el artículo [130, apartado 2,] del Reglamento Financiero, y en casos debidamente justificados, se considerarán subvencionables los costes soportados por el beneficiario antes de la presentación de la solicitud de subvención, siempre que estén directamente vinculados a la ejecución de las acciones o actividades financiadas.
Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – parte introductoria
5.  Las siguientes entidades podrán recibir subvenciones sin necesidad de participar en una convocatoria de propuestas:
5.  Las siguientes entidades podrán excepcionalmente recibir subvenciones sin necesidad de participar en una convocatoria de propuestas, sobre la base de misiones y objetivos específicos que deberá definir la Comisión y que deberán ser evaluados periódicamente de acuerdo con los objetivos del programa:
Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra a
a)  La Academia de Cine Europeo;
a)  La Academia de Cine Europeo en el marco de la cooperación con el Parlamento Europeo para la organización del Premio LUX de Cine y sobre la base de un acuerdo de cooperación negociado y firmado por ambas partes en colaboración con Europa Cinemas; hasta que se celebre el acuerdo de cooperación, la financiación prevista se consignará en la reserva;
Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5 – letra b
b)  la Joven Orquesta de la Unión Europea.
b)  la Joven Orquesta de la Unión Europea para sus actividades, en particular la selección periódica y la formación de músicos jóvenes de todos los Estados miembros mediante programas de residencia que ofrezcan movilidad y la oportunidad de tocar en festivales y giras en la Unión y a escala internacional y que contribuyan a la circulación de la cultura europea a través de las fronteras y a la internacionalización de las carreras de músicos jóvenes, tendiendo al equilibrio geográfico de los participantes;. la Joven Orquesta de la Unión Europea continuará diversificando sus ingresos buscando activamente apoyo económico procedente de nuevas fuentes, reduciendo así su dependencia de la financiación de la Unión; las actividades de la Joven Orquesta de la Unión Europea serán acordes con los objetivos y las prioridades del programa y del capítulo «CULTURA», en particular respecto de la interacción con la audiencia.
Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1
La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, garantizará la coherencia y la complementariedad global del programa con los programas y políticas pertinentes, en particular las relativas al equilibrio de género, la educación, la juventud y la solidaridad, el empleo y la inclusión social, la investigación y la innovación, la industria y la empresa, la agricultura y el desarrollo rural, el medio ambiente y la acción por el clima, la cohesión, la política regional y urbana, las ayudas estatales y la cooperación internacional y el desarrollo.
La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, garantizará la coherencia y la complementariedad global del programa con los programas y políticas pertinentes, en particular las relativas al equilibrio de género, la educación, en particular la educación digital y la alfabetización mediática, la juventud y la solidaridad, el empleo y la inclusión social, especialmente para grupos marginados y minorías, la investigación y la innovación, en particular la innovación social, la industria y la empresa, la agricultura y el desarrollo rural, el medio ambiente y la acción por el clima, la cohesión, la política regional y urbana, el turismo sostenible las ayudas estatales, la movilidad y la cooperación internacional y el desarrollo, también para promover un uso eficaz de los fondos públicos.
La Comisión garantizará que, cuando se apliquen los procedimientos establecidos en el [programa InvestEU] a efectos del programa, tengan en cuenta las prácticas desarrolladas en el marco del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo establecido por el Reglamento (UE) n.º 1295/2013.
Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 – letra b
b)  cumplir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas;
b)  cumplir los requisitos de calidad elevada de dicha convocatoria de propuestas;
Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Las acciones a las que se haya concedido un Sello de Excelencia podrán recibir financiación directamente de otros programas y de fondos contemplados en el [Reglamento RDC (COM(2018)0375)] de conformidad con su artículo 67, apartado 5, siempre que estas propuestas sean coherentes con los objetivos del programa. La Comisión garantizará que los criterios de selección y adjudicación de los proyectos que reciban el Sello de Excelencia sean coherentes, claros y transparentes para los potenciales beneficiarios.
Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 bis (nuevo)
Artículo 16 bis
Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo en el marco de InvestEU
1.  El apoyo financiero a través del nuevo programa InvestEU se basará en los objetivos y los criterios del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo teniendo en cuenta el carácter específico del sector.
2.  El programa InvestEU proporcionará:
a)  acceso a financiación a las pymes y las microorganizaciones y las organizaciones pequeñas y medianas de los sectores cultural y creativo;
b)  garantías a los intermediarios financieros participantes de cualquier país que participe en el Instrumento de Garantía;
c)  conocimientos especializados adicionales a los intermediarios financieros participantes para evaluar los riesgos asociados a las pymes, así como a las microorganizaciones y las organizaciones pequeñas y medianas, y a proyectos en los sectores cultural y creativo;
d)  el volumen de financiación de la deuda puesto a disposición de las pymes así como de las microorganizaciones y las organizaciones pequeñas y medianas;
e)  a las pymes y las microorganizaciones y las organizaciones pequeñas y medianas de todas las regiones y todos los sectores, la capacidad de constituir una cartera de préstamos diversificada y proponer un plan de comercialización y promoción;
f)  los tipos de préstamos siguientes: inversión en activos materiales e inmateriales con exclusión de las garantías personales; transmisión de empresas; capital de explotación, como por ejemplo, financiación provisional, financiación del déficit, flujo de tesorería y líneas de crédito.
Justificación
Es necesario introducir una referencia al Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo a fin de salvaguardar sus principios y logros.
Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Los capítulos tendrán un conjunto común de indicadores cualitativos. Cada capítulo tendrá un conjunto específico de indicadores.
Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
2.  Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del programa en relación con la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 19 con el fin de desarrollar las disposiciones relativas a un marco de seguimiento y evaluación, incluidas las modificaciones del anexo II con el fin de revisar o completar los indicadores necesarios para el seguimiento y la evaluación.
2.  Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del programa en relación con la consecución de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 19 con el fin de desarrollar las disposiciones relativas a un marco de seguimiento y evaluación, incluidas las modificaciones del anexo II con el fin de revisar o completar los indicadores. La Comisión adoptará un acto delegado sobre los indicadores a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Las cifras disponibles sobre el importe de los créditos de compromiso y de pago que habrían sido necesarias para financiar los proyectos con Sello de Excelencia se comunicarán cada año a ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria al menos con tres meses de antelación a la fecha de publicación de sus respectivas posiciones en relación con el presupuesto de la Unión para el ejercicio siguiente, de conformidad con el calendario acordado en común para el procedimiento presupuestario anual.
Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
2.  La evaluación intermedia del programa se realizará una vez que exista suficiente información disponible sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años después del inicio de dicha ejecución.
2.  La revisión intermedia del programa se realizará no más tarde del 30 de junio de 2024.
La Comisión presentará el informe de evaluación intermedia al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 31 de diciembre de 2024.
La Comisión presentará, cuando sea necesario y sobre la base de la evaluación intermedia, una propuesta legislativa de revisión del presente Reglamento.
Justificación
Con el fin de prever una revisión intermedia adecuada y oportuna.
Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3
3.  Al término de la ejecución del programa, pero, a más tardar, dos años después de la expiración del plazo indicado en el artículo 1, la Comisión realizará una evaluación final del programa.
3.  Al término de la ejecución del programa, pero, a más tardar, dos años después de la expiración del plazo indicado en el artículo 1, la Comisión presentará una evaluación final del programa.
Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
1.  Los beneficiarios de la financiación de la Unión deberán reconocer el origen y garantizar la Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público).
1.  Los beneficiarios de la financiación de la Unión deberán reconocer el origen y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público), en particular utilizando el nombre del programa y, para las acciones financiadas en el marco del capítulo «MEDIA», el logotipo de MEDIA. La Comisión desarrollará un logotipo «CULTURA» que se utilizará en las acciones financiadas en el marco del capítulo «CULTURA».
Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – letra a
a)  proyectos de cooperación;
a)  proyectos de cooperación transnacionales, con una distinción clara entre microproyectos, proyectos pequeños y proyectos de gran escala, y con un apoyo especial a las microorganizaciones culturales y las pequeñas organizaciones culturales;
Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – letra d
d)  movilidad de los artistas y los operadores del sector de la cultura y la creación;
d)  movilidad de los artistas, los artesanos y los operadores del sector de la cultura y la creación en su actividad transnacional, incluida la cobertura de los costes relativos a la actividad artística y la circulación de obras artísticas y culturales;
Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – letra e
e)  apoyo a organizaciones culturales y creativas para que puedan operar a escala internacional;
e)  apoyo a organizaciones culturales y creativas para que puedan operar a escala internacional y para que desarrollen su formación de capacidad;
Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – letra a
a)  Apoyo al sector de la música: promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación en el ámbito de la música, en particular fomentando la distribución del repertorio musical en Europa y fuera de ella, impulsando acciones de formación y desarrollo de la audiencia para el repertorio europeo, y promoviendo la recopilación y el análisis de datos.
a)  Apoyo al sector de la música: promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación en el ámbito de la música, en particular en el sector de la música en directo, entre otras vías, mediante la formación de redes, la distribución y la promoción de diversas obras europeas y del repertorio musical en Europa y fuera de ella, impulsando la formación, la participación en la música y el acceso a la música, el desarrollo de la audiencia, la visibilidad y el reconocimiento de creadores, promotores y artistas, en particular de los jóvenes y los que estén empezando, y promoviendo la recopilación y el análisis de datos.
Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – letra b
b)  Apoyo al libro y al sector editorial: acciones focalizadas de promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación, en particular, mediante la traducción y la promoción de la literatura europea a nivel transfronterizo en Europa y fuera de ella, la formación y los intercambios de profesionales, autores y traductores del sector, así como el fomento de proyectos transnacionales para la colaboración, la innovación y el desarrollo del sector.
b)  Apoyo al libro y al sector editorial: acciones focalizadas de promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación, en particular, mediante la traducción, la adaptación en formatos accesibles para personas con discapacidad, la promoción de la literatura europea a nivel transfronterizo en Europa y fuera de ella, también a través de las bibliotecas, la formación y los intercambios de profesionales, autores y traductores del sector, así como el fomento de proyectos transnacionales para la colaboración, la innovación y el desarrollo del sector.
Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – letra c
c)  Apoyo a la arquitectura y el patrimonio cultural: acciones específicas para la movilidad de los operadores, el desarrollo de capacidades, el desarrollo de la audiencia y la internacionalización de los sectores del patrimonio cultural y la arquitectura, promoción de Baukultur, apoyo a la salvaguardia, conservación y mejora del patrimonio cultural y de sus valores a través de la sensibilización y la creación de redes, y actividades de aprendizaje entre iguales.
c)  Apoyo al sector del patrimonio cultural y a la arquitectura: acciones específicas para la movilidad de los operadores, la investigación, el establecimiento de normas de alta calidad, el desarrollo de capacidades, el intercambio de conocimientos y capacidades profesionales para artesanos, la participación de la audiencia, el apoyo a la salvaguardia, conservación y regeneración de espacios vitales, la reutilización adaptable, la promoción de Baukultur, y la sostenibilidad, difusión, mejora e internacionalización del patrimonio cultural y de sus valores a través de la sensibilización, la creación de redes y actividades de aprendizaje entre iguales.
Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – letra d
d)  Apoyo a otros sectores: acciones específicas en favor del desarrollo de los aspectos creativos de los sectores de la moda y el diseño, así como del turismo cultural y su promoción y representación fuera de la Unión Europea.
d)  Apoyo a otros sectores: acciones específicas de promoción en favor del desarrollo de los aspectos creativos de otros sectores, incluidos los sectores de la moda y el diseño, así como del turismo cultural sostenible y su promoción y representación fuera de la Unión Europea.
Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 2 bis (nuevo)
Apoyo a todos los sectores culturales y creativos en ámbitos de común necesidad, mientras que puede desarrollarse una acción sectorial según proceda en casos en los que las particularidades de un subsector justifiquen un enfoque específico. Se adoptará un enfoque horizontal para los proyectos transnacionales para la colaboración, la movilidad y la internacionalización, también mediante programas de residencia, giras, actos, actuaciones en directo, exposiciones y festivales, así como para la promoción de la diversidad, la creatividad y la innovación, la formación y los intercambios para profesionales del sector, el desarrollo de capacidades, la creación de redes, las competencias, el desarrollo de la audiencia y la recogida y el análisis de datos. Las acciones sectoriales se beneficiarán de presupuestos proporcionales a los sectores establecidos como prioritarios. Las acciones sectoriales deben ayudar a abordar los retos específicos a los que se enfrentan los diferentes sectores prioritarios determinados en el presente anexo, basándose en proyectos piloto existentes y acciones preparatorias.
Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – parte introductoria
Acciones especiales destinadas a hacer visible y tangible la diversidad cultural y el patrimonio cultural europeo, y a favorecer el diálogo intercultural:
Acciones especiales destinadas a hacer visible y tangible la identidad europea y su diversidad y patrimonio culturales, y a favorecer el diálogo intercultural:
Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – letra b
b)  Sello de Patrimonio Europeo, para brindar apoyo financiero a la Decisión 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34.
b)  Sello de Patrimonio Europeo, para brindar apoyo financiero a la Decisión 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo34 y a la red de lugares del Sello de Patrimonio Europeo.
__________________
__________________
34 Decisión n.º 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al Sello de Patrimonio Europeo (DO L 303 de 22.11.2011, p. 1).
34 Decisión n.º 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al Sello de Patrimonio Europeo (DO L 303 de 22.11.2011, p. 1).
Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – letra c
c)  Premios culturales de la UE.
c)  Premios culturales de la UE, incluido el premio europeo de teatro.
Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – letra d bis (nueva)
d bis)  Acciones destinadas a producciones interdisciplinarias relacionadas con Europa y sus valores.
Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria
Las prioridades del capítulo «MEDIA» del programa a que se hace referencia en el artículo 5 deberán tener en cuenta las diferencias entre países por lo que se refiere a la producción y distribución de contenidos audiovisuales, y el acceso a los mismos, así como el tamaño y las características específicas de los respectivos mercados, y se alcanzarán a través, en particular, de las siguientes acciones:
Las prioridades del capítulo «MEDIA» del programa a que se hace referencia en el artículo 5 deberán tener en cuenta los requisitos de la Directiva 2010/13/UE y las diferencias entre países por lo que se refiere a la producción y distribución de contenidos audiovisuales, y el acceso a los mismos, así como el tamaño y las características específicas de los respectivos mercados, y se alcanzarán a través, en particular, de las siguientes acciones:
Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra a
a)  desarrollo de las obras audiovisuales;
a)  desarrollo de las obras audiovisuales europeas, en particular cinematográficas y de televisión, como películas de ficción, cortometrajes, documentales, películas infantiles y de animación, y obras interactivas, como los videojuegos y los multimedia de calidad y narrativos, con mayor potencial de difusión transfronteriza por parte de empresas de producción europeas independientes;
Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra b
b)  producción de contenidos televisivos y series innovadoras;
b)  producción de contenidos televisivos y series innovadoras y de calidad para todas las edades, apoyando las empresas de producción independientes europeas;
Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)
b bis)  apoyo de iniciativas específicas para la creación y promoción de obras relacionadas con la historia de la integración europea e historias europeas;
Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra c
c)  herramientas de publicidad y comercialización, incluidos los medios en línea y la utilización del análisis de datos, a fin de aumentar el protagonismo, la visibilidad, la accesibilidad transfronteriza y la capacidad de llegar a la audiencia de las obras europeas;
c)  herramientas de promoción, publicidad y comercialización, incluidos los medios en línea y la utilización del análisis de datos, a fin de aumentar el protagonismo, la visibilidad, la accesibilidad transfronteriza y la capacidad de llegar a la audiencia de las obras europeas;
Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra d
d)  apoyo a la comercialización internacional y a la circulación de las obras europeas no nacionales en todas las plataformas, en particular mediante estrategias de distribución coordinadas que cubran varios países;
d)  apoyo a la comercialización internacional y a la circulación de las obras europeas no nacionales para producciones tanto pequeñas como a gran escala en todas las plataformas, en particular mediante estrategias de distribución coordinadas que cubran varios países y actividades de subtitulado, doblaje y audiodescripción;
Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
d bis)  acciones dirigidas a apoyar a los países de baja capacidad para que corrijan sus respectivas deficiencias detectadas;
Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra e
e)  apoyo a los intercambios entre empresas y a las actividades de creación de redes para facilitar las coproducciones europeas e internacionales;
e)  apoyo a los intercambios entre empresas y a las actividades de creación de redes para facilitar las coproducciones europeas e internacionales y la circulación de obras europeas;
Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
e bis)  apoyo a redes europeas de creadores audiovisuales de diferentes países para cultivar los talentos creativos en el sector audiovisual;
Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra e ter (nueva)
e ter)  medidas específicas para contribuir a un trato equitativo del talento creativo en el sector audiovisual;
Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra g
g)  iniciativas que promuevan el desarrollo de la audiencia y la educación cinematográfica, en especial entre el público joven;
g)  iniciativas que promuevan el desarrollo y la participación de la audiencia, en particular en los cines, y la educación cinematográfica y audiovisual, en especial entre el público joven;
Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra h
h)  actividades de formación y tutoría para aumentar la capacidad de los operadores audiovisuales de adaptarse a la evolución del mercado y las tecnologías digitales;
h)  actividades de formación y tutoría para aumentar la capacidad de los operadores audiovisuales, incluidos los artesanos, de adaptarse a la evolución del mercado y las tecnologías digitales;
Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra i
i)  una red europea de operadores de vídeo a la carta que emitan una proporción significativa de películas europeas no nacionales;
i)  una o más redes europeas de operadores de vídeo a la carta que emitan una proporción significativa de películas europeas no nacionales;
Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra j
j)  una red europea de festivales que proyecten una proporción significativa de películas europeas no nacionales;
j)  festivales y redes de festivales europeos que proyecten y promocionen una variedad de obras audiovisuales europeas con una proporción significativa de películas europeas no nacionales;
Enmienda 137
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra k
k)  una red europea de operadores cinematográficos que proyecten una proporción significativa de películas europeas no nacionales;
k)  una red europea de operadores cinematográficos que proyecten una proporción significativa de películas europeas no nacionales, que contribuyan a reforzar la función de las salas de cine en la cadena de valor y que destaquen las proyecciones públicas como experiencia social;
Enmienda 138
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra l
l)  medidas concretas para contribuir a una participación más equilibrada de hombres y mujeres en el sector audiovisual;
l)  medidas concretas, incluidas las actividades de tutoría y de creación de redes, para contribuir a una participación más equilibrada de hombres y mujeres en el sector audiovisual;
Enmienda 139
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 2 – párrafo 1 – letra n bis (nueva)
n bis)  apoyo a la circulación de contenidos culturales de televisión tanto en línea como por otros medios y al acceso multilingüe a los mismos, en particular a través del subtitulado, a fin de promover la riqueza y la diversidad del patrimonio cultural europeo, las creaciones contemporáneas y las lenguas.
Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 1 – letra a
a)  desarrollo de políticas, intercambio transnacional de experiencias y conocimientos especializados, actividades de aprendizaje entre iguales y conexión en red entre organizaciones culturales y creativas y los responsables políticos con carácter intersectorial;
a)  desarrollo de políticas, intercambio transnacional de experiencias y conocimientos especializados, actividades de aprendizaje entre iguales, incluida la tutela por homólogos para los recién llegados al programa, sensibilización y conexión en red entre organizaciones culturales y creativas y los responsables políticos con carácter intersectorial, también a través de un diálogo estructural permanente con las partes interesadas, y con un foro de los sectores creativo y cultural para reforzar el diálogo y la orientación de las políticas sectoriales;
Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – letra a
a)  fomento de las nuevas formas de creación allí donde se entrecrucen distintos sectores de la cultura y la creación, por ejemplo mediante el uso de las tecnologías innovadoras;
a)  fomento de las nuevas formas de creación allí donde se entrecrucen distintos sectores de la cultura y la creación, así como con operadores de otros sectores, por ejemplo mediante el uso de las tecnologías innovadoras, y tutorías sobre el uso de las mismas, en el seno de organizaciones culturales y colaboración a través de centros digitales;
Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 2 – letra b bis (nueva)
b bis)  acciones destinadas a producciones interdisciplinarias relacionadas con Europa y sus valores.
Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – letra a
a)  promoción del programa a nivel nacional y suministro de información sobre los distintos tipos de ayuda financiera disponibles en el marco de la política de la Unión;
a)  promoción del programa a nivel nacional y suministro de información pertinente sobre los distintos tipos de ayuda financiera disponibles en el marco de la política de la Unión y sobre los criterios de evaluación, los procedimientos y los resultados;
Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – letra b
b)  fomento de la cooperación transfronteriza entre los profesionales, las instituciones, las plataformas y las redes en los distintos ámbitos y sectores políticos cubiertos por el programa (y entre ellos);
b)  apoyo a los posibles beneficiarios en los procesos de solicitud y fomento de la cooperación transfronteriza y del intercambio de buenas prácticas entre los profesionales, las instituciones, las plataformas y las redes en los distintos ámbitos y sectores políticos cubiertos por el programa (y entre ellos);
Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 3 – letra c
c)  apoyo a la Comisión a la hora de garantizar la adecuada comunicación y difusión a los ciudadanos de los resultados del programa.
c)  apoyo a la Comisión a la hora de garantizar la adecuada comunicación y difusión en sentido ascendente y descendente de los resultados del programa a los ciudadanos y a los operadores.
Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – letra a
a)  respuesta a los cambios estructurales a los que se enfrenta el sector de los medios de comunicación mediante la promoción y el seguimiento de un entorno mediático plural y diverso;
a)  respuesta a los cambios estructurales y tecnológicos a los que se enfrenta el sector de los medios de comunicación mediante la promoción de un entorno mediático independiente y plural, y el apoyo a un seguimiento independiente a fin de evaluar los riesgos y desafíos para el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación;
Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – letra b
b)  defensa de unas normas de producción mediática exigentes, promoviendo la cooperación, un periodismo colaborativo transfronterizo y unos contenidos de calidad;
b)  defensa de unas normas de producción mediática exigentes, promoviendo la cooperación, las capacidades digitales, un periodismo colaborativo transfronterizo, unos contenidos de calidad y unos modelos económicos de medios de comunicación sostenibles para garantizar la ética profesional en el periodismo;
Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – letra c
c)  fomento de la alfabetización mediática para permitir a los ciudadanos desarrollar una comprensión crítica de los medios de comunicación.
c)  fomento de la alfabetización mediática para permitir a los ciudadanos, en particular los jóvenes, desarrollar una comprensión crítica de los medios de comunicación y apoyo a la creación de una plataforma de la Unión para compartir las prácticas y políticas de alfabetización mediática entre todos los Estados miembros, también mediante redes universitarias de radio y medios de comunicación sobre asuntos europeos y dotando a los profesionales de los medios de comunicación de programas de formación para reconocer y combatir la desinformación.
Enmienda 149
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 3 – párrafo 1 – subpárrafo 4 – letra c bis (nueva)
c bis)  fomento y protección del diálogo político y de la sociedad civil con respecto a las amenazas para la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en Europa.
Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto -1 (nuevo)
-1.  INDICADORES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS COMUNES DEL IMPACTO DEL PROGRAMA
1)  Beneficio para los ciudadanos y las comunidades.
2)  Beneficio para el refuerzo de la diversidad cultural y el patrimonio cultural europeos.
3)  Beneficio para la economía y el empleo de la Unión, en particular en los sectores cultural y creativo y las pymes.
4)  Integración de las políticas de la Unión, incluidas las relaciones culturales internacionales.
5)  Valor añadido europeo de los proyectos.
6)  Calidad de las asociaciones y los proyectos culturales.
7)  Número de personas que acceden a las obras culturales y creativas europeas apoyadas por el programa.
8)  Número de puestos de trabajo vinculados con los proyectos financiados.
9)  Equilibrio entre hombres y mujeres, cuando sea necesario, movilidad y capacitación de los operadores en los sectores cultural y creativo.

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
(2) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.


Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte ***I
PDF 375kWORD 123k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 (COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))
P8_TA(2019)0324A8-0111/2019

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Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles ***I
PDF 304kWORD 108k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))
P8_TA-PROV(2019)0325A8-0175/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0353),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0207/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 5 de diciembre de 2018(2),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0175/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción «Financiar el crecimiento sostenible»25, que recoge una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en dicho Plan de Acción es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. La medida más importante y urgente prevista por el Plan de Acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles. El Plan de Acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común de lo que significa «sostenible». Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos ambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Posteriormente podrían elaborarse orientaciones complementarias sobre las actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social.
(6)  En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción «Financiar el crecimiento sostenible»25, que recoge una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en dicho Plan de Acción es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. La medida más importante y urgente prevista por el Plan de Acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado y de indicadores para identificar el grado de sostenibilidad de las actividades. El Plan de Acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común e integral del impacto de las actividades económicas e inversiones en la sostenibilidad ambiental y el uso eficiente de los recursos. Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos ambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas en función de su grado de sostenibilidad. Reconociéndose los Objetivos de Sostenibilidad de las Naciones Unidas y las conclusiones del Consejo Europeo del 20 de junio de 2017, deberían también elaborarse orientaciones complementarias sobre las actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social y de gobernanza, aplicando con ello la Agenda 2030 de manera completa, coherente, exhaustiva, integrada y efectiva.
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25 COM(2018) 97 final.
25 COM(2018) 97 final.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  Si bien reconoce la urgencia de abordar el cambio climático, un enfoque demasiado centrado en la exposición al carbono podría tener efectos indirectos negativos, al reorientar los flujos de inversión hacia objetivos que conlleven otros riesgos para el medio ambiente. Por ello, es necesario poner en marcha garantías adecuadas a fin de velar por que las actividades económicas no causen un perjuicio a otros objetivos ambientales, como la biodiversidad y la eficiencia energética. Los inversores necesitan disponer de información comparable y completa acerca de los riesgos ambientales y sus repercusiones que les permita evaluar sus carteras sin limitarse a la exposición al carbono.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)  Habida cuenta de la urgencia que revisten el deterioro ambiental y el consumo excesivo de recursos en varios ámbitos interrelacionados, es necesario adoptar un enfoque sistémico ante el crecimiento exponencial de tendencias negativas como la pérdida de diversidad biológica, el consumo excesivo global de recursos, la aparición de nuevas amenazas, como productos químicos peligrosos y sus mezclas, la escasez de nutrientes, el cambio climático, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, el agotamiento del agua dulce y el cambio del uso de la tierra. Por ello, es necesario que las medidas que se adopten sean prospectivas y estén a la altura de los retos futuros. La magnitud de estos retos requiere un enfoque global y ambicioso y una aplicación estricta del principio de precaución.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  El informe de iniciativa del Parlamento Europeo, de 29 de mayo de 2018, sobre finanzas sostenibles establece los elementos esenciales de unos indicadores y una taxonomía de sostenibilidad como incentivos para las inversiones sostenibles. Es preciso garantizar la coherencia entre la legislación pertinente.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)  La magnitud del reto conlleva la reorientación gradual de todo el sistema financiero de manera que apoye el funcionamiento sostenible de la economía. A tal fin, es necesario que las finanzas sostenibles estén plenamente integradas en el sistema financiero y debe prestarse atención a la incidencia de los servicios y productos financieros en la sostenibilidad.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  Ofrecer productos financieros que persigan objetivos sostenibles desde el punto de vista ambiental es una forma eficaz de canalizar la inversión privada hacia actividades sostenibles. Los requisitos impuestos a nivel nacional para la comercialización de productos financieros y bonos de empresa como inversiones sostenibles, en particular los requisitos establecidos para permitir a los pertinentes agentes de los mercados utilizar una etiqueta nacional, pretenden aumentar la confianza de los inversores, crear visibilidad y disipar los temores acerca del «blanqueo ecológico». El blanqueo ecológico hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal presentando un producto financiero como respetuoso con el medio ambiente a la hora de comercializarlo, cuando, en realidad, no cumple los requisitos ambientales básicos. Actualmente, algunos Estados miembros disponen de sistemas de etiquetado, los cuales se basan en diferentes taxonomías para clasificar las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Habida cuenta de los compromisos políticos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, es probable que cada vez más Estados miembros establezcan sistemas de etiquetado u otros requisitos para los agentes de los mercados respecto de los productos financieros o bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental. Para ello, los Estados miembros utilizarían sus propias taxonomías nacionales al determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles. Si tales requisitos nacionales se basan en criterios diferentes en cuanto a las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental, los inversores se verán disuadidos de realizar inversiones transfronterizas, debido a las dificultades que supondrá comparar las distintas oportunidades de inversión. Además, los operadores económicos que deseen atraer inversiones de toda la Unión tendrían que cumplir requisitos diferentes en los diversos Estados miembros, a fin de que sus actividades se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental a efectos de las diferentes etiquetas. La falta de criterios uniformes incrementará, pues, los costes y supondrá un importante factor disuasorio para los operadores económicos, que representará un obstáculo al acceso transfronterizo a los mercados de capitales para las inversiones sostenibles. Cabe prever que las barreras de acceso a los mercados de capitales transfronterizos a efectos de la captación de fondos para proyectos sostenibles serán aún mayores. Por consiguiente, resulta oportuno armonizar a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y prevenir su aparición futura. Con esta armonización, será más fácil para los operadores económicos obtener financiación para sus actividades ecológicas a escala transfronteriza, ya que sus actividades económicas podrán compararse a la luz de criterios uniformes antes de ser seleccionadas como activos subyacentes de inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Se facilitará así, por tanto, la captación de inversiones transfronterizas dentro de la Unión.
(9)  Ofrecer productos financieros que persigan objetivos sostenibles desde el punto de vista ambiental es una forma eficaz de reorientar gradualmente la inversión privada en actividades con repercusiones ambientales negativas hacia actividades más sostenibles. Los requisitos impuestos a nivel nacional para la comercialización de productos y servicios financieros y bonos de empresa como inversiones sostenibles, tal como se definen en el presente Reglamento, en particular los requisitos establecidos para permitir a los pertinentes agentes de los mercados utilizar una etiqueta nacional, pretenden aumentar la confianza de los inversores y su conciencia de los riesgos, crear visibilidad y disipar los temores acerca del «blanqueo ecológico». El blanqueo ecológico hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal presentando un producto financiero como respetuoso con el medio ambiente a la hora de comercializarlo, cuando, en realidad, no cumple los requisitos ambientales básicos. Actualmente, algunos Estados miembros disponen de sistemas de etiquetado, los cuales se basan en diferentes taxonomías para clasificar las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Habida cuenta de los compromisos políticos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, es probable que cada vez más Estados miembros establezcan sistemas de etiquetado u otros requisitos para los agentes de los mercados respecto de los productos financieros o bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental. Para ello, los Estados miembros utilizarían sus propias taxonomías nacionales al determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles. Si tales requisitos nacionales se basan en criterios e indicadores diferentes en cuanto a las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental, los inversores se verán disuadidos de realizar inversiones transfronterizas, debido a las dificultades que supondrá comparar las distintas oportunidades de inversión. Además, los operadores económicos que deseen atraer inversiones de toda la Unión tendrían que cumplir requisitos diferentes en los diversos Estados miembros, a fin de que sus actividades se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental a efectos de las diferentes etiquetas. La falta de criterios e indicadores uniformes orientará la inversión de forma ineficaz desde el punto de vista ambiental, y en ocasiones contraproducente, y tendrá como consecuencia el incumplimiento de los objetivos ambientales y de sostenibilidad. Por tanto, dicha falta hace aumentar los costes y genera un importante factor disuasorio para los operadores económicos, que representará un obstáculo al acceso transfronterizo a los mercados de capitales para las inversiones sostenibles. Cabe prever que las barreras de acceso a los mercados de capitales transfronterizos a efectos de la captación de fondos para proyectos sostenibles serán aún mayores. Por consiguiente, resulta oportuno armonizar gradualmente a escala de la Unión los criterios e indicadores para determinar el grado de sostenibilidad de una actividad económica, a fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y prevenir su aparición futura. Con esta armonización de información, parámetros y criterios, será más fácil para los operadores económicos obtener financiación para sus actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental a escala transfronteriza, ya que sus actividades económicas podrán compararse a la luz de criterios e indicadores uniformes antes de ser seleccionadas como activos subyacentes de inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Se facilitará así, por tanto, la captación de inversiones transfronterizas dentro de la Unión.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)   Para que la Unión pueda cumplir sus compromisos ambientales y climáticos es necesario movilizar las inversiones privadas. Ello requiere una planificación a largo plazo y un marco regulador estable y previsible para los inversores. Por tanto, con el fin de garantizar un marco político coherente para las inversiones sostenibles, es importante que las disposiciones del presente Reglamento se basen en la legislación vigente de la Unión.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  Por otra parte, si los participantes en los mercados no ofrecen a los inversores ninguna explicación sobre la forma en que las actividades en las que invierten contribuyen a los objetivos ambientales, o si se basan en diferentes conceptos al explicar lo que constituye una actividad económica «sostenible», a los inversores les resultará desproporcionadamente arduo comprobar y comparar los diferentes productos financieros. Se ha constatado que esto disuade a los inversores de invertir en productos financieros ecológicos. Además, la falta de confianza de los inversores tiene importantes efectos perjudiciales en el mercado de la inversión sostenible. Se ha demostrado también que las normas nacionales o las iniciativas basadas en el mercado adoptadas para solucionar este problema dentro de las fronteras nacionales llevan a fragmentar el mercado interior. Si los participantes en los mercados financieros dan a conocer de qué manera los productos financieros que presentan como respetuosos con el medio ambiente cumplen los objetivos ambientales y si, al hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la Unión de lo que constituye una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental, ayudarán a los inversores a comparar distintas oportunidades de inversión respetuosas con el medio ambiente a escala transfronteriza. Los inversores invertirán en productos financieros ecológicos con mayor confianza en toda la Unión, mejorando así el funcionamiento del mercado interior.
(10)  Por otra parte, si los participantes en los mercados no revelan la forma en que las actividades en las que invierten contribuyen negativa o positivamente a los objetivos ambientales, o si al explicar el grado de sostenibilidad ambiental de una actividad económica se basan en diferentes parámetros y criterios para determinar sus repercusiones, a los inversores les resultará desproporcionadamente arduo comprobar y comparar los diferentes productos financieros. Se ha constatado que esto disuade a los inversores de invertir en productos financieros sostenibles. Además, la falta de confianza de los inversores tiene importantes efectos perjudiciales en el mercado de la inversión sostenible. Se ha demostrado también que las normas nacionales o las iniciativas basadas en el mercado adoptadas para solucionar este problema dentro de las fronteras nacionales llevan a fragmentar el mercado interior. Si los participantes en los mercados financieros dan a conocer de qué manera los productos financieros que presentan como respetuosos con el medio ambiente cumplen los objetivos ambientales y si, al hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la Unión de lo que constituye una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental, ayudarán a los inversores a comparar las repercusiones ambientales de las oportunidades de inversión a escala transfronteriza e incentivarán que las empresas en las que se invierte aumenten la sostenibilidad de sus modelos de negocio. Los inversores invertirán en productos financieros ecológicos con mayor confianza en toda la Unión, mejorando así el funcionamiento del mercado interior.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  Para lograr una repercusión significativa en el medio ambiente y la sostenibilidad en general, reducir la carga administrativa innecesaria que soportan los participantes en los mercados financieros y otras partes interesadas y favorecer el crecimiento de los mercados financieros europeos que financian actividades económicas sostenibles, la taxonomía debe basarse en indicadores y criterios armonizados comparables e uniformes, que incluyan, como mínimo, los indicadores de la economía circular. Dichos indicadores deben ser coherentes con la metodología unificada de análisis del ciclo de vida y aplicarse en todas las iniciativas reguladoras de la Unión. Han de constituir la base para la evaluación del riesgo y el impacto ambiental de las actividades económicas e inversiones. Es preciso evitar cualquier solapamiento en la normativa, lo que no se ajustaría a los principios de la mejora de la legislación y de una aplicación proporcionada, ni contribuiría al objetivo de crear una terminología coherente y un marco regulatorio claro. Conviene evitar también la imposición de cargas innecesarias a las autoridades y las instituciones financieras. Desde esta misma perspectiva, antes de que entren en vigor la taxonomía y los criterios correspondientes es necesario definir con claridad el ámbito de aplicación y el uso de los criterios técnicos de selección, así como el vínculo con otras iniciativas. Al establecer los criterios armonizados aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental deben tenerse en cuenta las competencias de los Estados miembros en los distintos ámbitos políticos. Los requisitos del presente Reglamento deben aplicarse de manera proporcional a las entidades pequeñas y no complejas, tal como se definen en virtud del presente Reglamento.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)
(10 ter)  Los indicadores deben armonizarse sobre la base de iniciativas actuales, como los trabajos de la Comisión, la Agencia Europea de Medio Ambiente y la OCDE, entre otros, y deben recoger el impacto ambiental del dióxido de carbono y de otras emisiones, la diversidad biológica, la producción de residuos, el uso de la energía y la energía renovable, las materias primas, el agua y el uso directo e indirecto de la tierra, con arreglo al marco de seguimiento de la Comisión para la economía circular [COM(2018)0029], el plan de acción de la UE para la economía circular [COM(2015)0614] y la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular [2014/2208(INI)]. Asimismo, en la elaboración de los indicadores deben tenerse en cuenta también las recomendaciones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre el apoyo a la financiación de la economía circular de la Comisión Europea. La Comisión debe evaluar cómo integrar el trabajo de este grupo de expertos en la labor del grupo de expertos técnicos. Los indicadores deben tomar en consideración las normas en materia de sostenibilidad reconocidas internacionalmente.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  Con vistas a eliminar los actuales obstáculos al funcionamiento del mercado interior y a prevenir la aparición de tales obstáculos en el futuro, resulta oportuno disponer que los Estados miembros utilicen un concepto común de «inversión sostenible desde el punto de vista ambiental» al establecer los requisitos que los agentes de los mercados deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos financieros o los bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental a nivel nacional. Por las mismas razones, los gestores de fondos y los inversores institucionales que declaren perseguir objetivos ambientales deben utilizar el mismo concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental cuando revelen de qué manera persiguen esos objetivos.
(11)  Con vistas a eliminar los actuales obstáculos al funcionamiento del mercado interior y a prevenir la aparición de tales obstáculos en el futuro, resulta oportuno disponer que los Estados miembros y la Unión utilicen un concepto común relacionado con el grado de sostenibilidad ambiental de las inversiones al establecer los requisitos que los agentes de los mercados deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos y servicios financieros o los bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental a nivel nacional. Por las mismas razones, los gestores de fondos y los inversores institucionales que declaren perseguir objetivos ambientales deben utilizar el mismo concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental y los mismos indicadores, parámetros y criterios para calcular el impacto ambiental cuando revelen de qué manera persiguen esos objetivos.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  El establecimiento de criterios para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental puede alentar a las empresas a difundir, de forma voluntaria, en sus sitios web información sobre las actividades de ese tipo que lleven a cabo. Esa información no solo ayudará a los pertinentes agentes de los mercados financieros a identificar sin dificultad las empresas que realizan actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que también facilitará para dichas empresas la obtención de financiación a efectos de sus actividades ecológicas.
(12)  La información sobre el impacto ambiental de las actividades ayudará a los pertinentes agentes de los mercados financieros a identificar y determinar sin dificultad el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas llevadas a cabo por las empresas y también facilitará para dichas empresas la obtención de financiación.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Una clasificación de la Unión de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental debería permitir el desarrollo de futuras políticas de la Unión, incluidas normas a escala de la Unión sobre los productos financieros sostenibles desde el punto de vista ambiental, y, en última instancia, la creación de etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la Unión. A modo de referencia para la futura legislación de la Unión destinada a potenciar las inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, son necesarios requisitos jurídicos uniformes que permitan considerar las inversiones como tales, basados en criterios uniformes sobre las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.
(13)  Los indicadores a escala de la Unión pertinentes para determinar el impacto ambiental de las actividades económicas deberían permitir el desarrollo de futuras políticas y estrategias de la Unión, incluidas normas a escala de la Unión sobre los productos financieros sostenibles desde el punto de vista ambiental, y, en última instancia, la creación de etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la Unión, así como constituir la base para otras medidas económicas, reguladoras y prudenciales. A modo de referencia para la futura legislación de la Unión destinada a facilitar la transición de unas inversiones con un impacto ambiental negativo a otras con un impacto ambiental positivo, son necesarios requisitos jurídicos uniformes que permitan considerar el grado de sostenibilidad ambiental de las inversiones, basados en criterios uniformes para determinar el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas y en indicadores comunes para evaluar el impacto ambiental de las inversiones.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  En el marco de la consecución de los ODS en la Unión, ciertas opciones estratégicas, como la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, han demostrado su eficacia a la hora de contribuir a canalizar la inversión privada, junto con el gasto público, hacia inversiones sostenibles. El Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo27 fija un objetivo de inversiones en proyectos de infraestructura e innovación propicios a la lucha contra el cambio climático del 40 %, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La fijación de criterios comunes en materia de sostenibilidad de las actividades económicas podría respaldar futuras iniciativas similares de la Unión en apoyo de las inversiones que persigan objetivos climáticos u otros objetivos ambientales.
(14)  En el marco de la consecución de los ODS en la Unión, ciertas opciones estratégicas, como la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, pueden ser eficaces a la hora de contribuir a movilizar y canalizar la inversión privada, junto con el gasto público, hacia inversiones sostenibles. El Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo27 fija un objetivo horizontal de inversiones en proyectos de infraestructura e innovación propicios a la lucha contra el cambio climático del 40 %, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La fijación de criterios comunes en materia de sostenibilidad de las actividades económicas y de indicadores comunes para la evaluación del impacto ambiental puede respaldar futuras iniciativas similares de la Unión destinadas a movilizar inversiones que persigan objetivos climáticos u otros objetivos ambientales.
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27Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34).
27Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (DO L 345 de 27.12.2017, p. 34).
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  Con objeto de evitar la fragmentación del mercado, así como cualquier perjuicio a los intereses de los consumidores debido a conceptos divergentes de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, los requisitos nacionales que los agentes de los mercados deben cumplir, si desean comercializar productos financieros o bonos de empresa como sostenibles desde el punto de vista ambiental, deben basarse en los criterios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Entre dichos agentes de los mercados figuran los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos financieros «ecológicos» y las empresas no financieras que emiten bonos de empresa «ecológicos».
(15)  Con objeto de evitar la fragmentación del mercado, así como cualquier perjuicio a los intereses de los consumidores debido a conceptos divergentes en relación con el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas, los requisitos nacionales que los agentes de los mercados deben cumplir, si desean comercializar productos financieros o bonos de empresa como sostenibles desde el punto de vista ambiental en virtud del presente Reglamento, deben basarse en los criterios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Entre dichos agentes de los mercados figuran los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos o servicios financieros sostenibles y las empresas no financieras que emiten bonos de empresa sostenibles.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  Con vistas a evitar que se eluda la obligación de divulgación, esta debe aplicarse también cuando se declare que los productos financieros ofrecidos tienen características similares a inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, incluidas las que tengan por finalidad la protección del medio ambiente en sentido amplio. Los participantes en los mercados financieros no deben estar obligados a invertir únicamente en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental que se determinen de conformidad con los criterios técnicos de selección establecidos en el presente Reglamento. Resulta oportuno alentarlos a informar a la Comisión si juzgan que una actividad económica que no cumple los criterios técnicos de selección, o respecto de la cual aún no se han establecido tales criterios, debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de ayudar a la Comisión a evaluar la conveniencia de complementar o actualizar los criterios técnicos de selección.
(17)  Con vistas a evitar que se eluda la obligación de divulgación, esta debe aplicarse también a todos los productos financieros ofrecidos a los que se atribuyan características similares a inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, incluidas las que tengan por finalidad la protección del medio ambiente en sentido amplio. Los participantes en los mercados financieros no deben estar obligados a invertir únicamente en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental que se determinen de conformidad con los criterios técnicos de selección establecidos en el presente Reglamento. Resulta oportuno alentar a los participantes en los mercados financieros y a otros agentes a informar a la Comisión si juzgan que no se han establecido aún criterios técnicos de selección pertinentes para las actividades que financian y que, por lo tanto, sus productos financieros deben considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental, a fin de ayudar a la Comisión a evaluar la conveniencia de complementar o actualizar los criterios técnicos de selección.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  Con el fin de determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental, debe confeccionarse una lista exhaustiva de los objetivos ambientales.
(18)  Con el fin de determinar el grado de sostenibilidad ambiental de una actividad económica, debe confeccionarse una lista exhaustiva de objetivos ambientales basados en indicadores que midan el impacto ambiental, teniendo en cuenta las repercusiones de la actividad en toda la cadena de valor industrial y garantizando la coherencia con la legislación vigente de la Unión, como el paquete sobre la energía limpia.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  Por cada objetivo ambiental, resulta oportuno definir criterios uniformes para considerar que las actividades económicas contribuyen sustancialmente a ese objetivo. Uno de los elementos de los criterios uniformes debe ser evitar cualquier perjuicio significativo a alguno de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. Se pretende así evitar que las inversiones se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental, cuando las actividades económicas que se beneficien de ellas causen al medio ambiente un perjuicio mayor que su contribución a un objetivo ambiental. Merced a las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo, cabe esperar que las inversiones en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental aporten una contribución real a los objetivos ambientales.
(20)  Por cada objetivo ambiental, resulta oportuno definir criterios uniformes basados en la información facilitada por medio de indicadores armonizados para considerar que las actividades económicas contribuyen sustancialmente a ese objetivo. Uno de los elementos de los criterios uniformes debe ser evitar cualquier perjuicio significativo a alguno de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. Se pretende así evitar que las inversiones se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental, cuando las actividades económicas que se beneficien de ellas causen al medio ambiente un perjuicio mayor que su contribución a un objetivo ambiental. Merced a las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo, cabe esperar que las inversiones en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental aporten una contribución real a los objetivos ambientales.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
(22)  Habida cuenta de los detalles técnicos específicos que se requieren para evaluar el impacto ambiental de una actividad económica y de la rapidez con que evolucionan la ciencia y la tecnología, los criterios de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental deben adaptarse periódicamente a dicha evolución. Para que los criterios estén actualizados, sobre la base de los datos científicos y las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo deben especificarse con más detalle en función de las diferentes actividades económicas y actualizarse periódicamente. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión establezca criterios técnicos de selección detallados y calibrados en función de las distintas actividades económicas, basándose en la aportación técnica de una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles de carácter multilateral.
(22)  Habida cuenta de los detalles técnicos específicos que se requieren para evaluar el impacto ambiental de una actividad económica y de la rapidez con que evolucionan la ciencia y la tecnología, los criterios pertinentes para determinar el grado de sostenibilidad ambiental de las actividades económicas deben adaptarse periódicamente a dicha evolución. Para que los criterios e indicadores estén actualizados, sobre la base de los datos científicos y las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo deben especificarse con más detalle en función de las diferentes actividades económicas y actualizarse periódicamente. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión establezca criterios técnicos de selección detallados y calibrados y un conjunto de indicadores armonizados en función de las distintas actividades económicas, basándose en la aportación técnica de una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles de carácter multilateral.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
(23)  Algunas actividades económicas tienen un impacto negativo en el medio ambiente, y la reducción de ese impacto negativo puede representar una contribución sustancial a uno o más objetivos ambientales. En relación con las actividades económicas de ese tipo, es conveniente establecer criterios técnicos de selección que exijan una mejora sustancial del comportamiento ambiental en comparación, entre otras cosas, con la media del sector. Dichos criterios deben tener en cuenta también las repercusiones a largo plazo de una determinada actividad económica.
(23)  Algunas actividades económicas tienen un impacto negativo en el medio ambiente, y la reducción de ese impacto negativo puede representar una contribución sustancial a uno o más objetivos ambientales. En relación con las actividades económicas de ese tipo, es conveniente establecer criterios técnicos de selección que exijan una mejora sustancial del comportamiento ambiental en comparación, entre otras cosas, con la media del sector con el fin de estudiar si la actividad puede aportar una contribución sustancial a uno o más objetivos ambientales. Dichos criterios deben tener en cuenta también las repercusiones a largo plazo (esto es, más de tres años) de una determinada actividad económica, en particular los beneficios ambientales de los productos y servicios y la contribución de los productos intermedios, y evaluar así el impacto de todas las fases de fabricación y uso a lo largo de la cadena de valor y el ciclo de vida.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 24
(24)  Una actividad económica no debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que aporta. Los criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos. Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de que se basen en datos científicos disponibles y de que se actualicen periódicamente. Cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certeza, debe aplicarse el principio de precaución, de conformidad con el artículo 191 del TFUE.
(24)  Una actividad económica no debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental si no aporta un beneficio neto al medio ambiente. Los criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos. Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de que sean razonables y proporcionados, se basen en datos científicos disponibles y tengan en cuenta toda la cadena de valor y el ciclo de vida de las tecnologías. Debe asegurarse también de que se actualicen periódicamente. Cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certeza, debe aplicarse el principio de precaución, de conformidad con el artículo 191 del TFUE.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
(25)  Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, así como los instrumentos no legislativos de la Unión ya aprobados, incluidos el Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo37, el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la UE38, los criterios de contratación pública ecológica de la UE39 y los trabajos en curso sobre las normas relativas a la huella ambiental de productos y de organizaciones40. Al objeto de evitar incoherencias innecesarias con las clasificaciones de las actividades económicas que ya existen para otros fines, la Comisión también debe tener en cuenta las clasificaciones estadísticas relativas al sector de bienes y servicios ambientales, a saber, la Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente (CEPA) y la Clasificación de las Actividades de Gestión de Recursos (CReMA)41.
(25)  Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, así como los instrumentos no legislativos de la Unión ya aprobados, incluidos el Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo37, el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la UE38, los criterios de contratación pública ecológica de la UE39, la Plataforma sobre Economía Circular de la Comisión, la Plataforma Europea de Análisis del Ciclo de Vida y los trabajos en curso sobre las normas relativas a la huella ambiental de productos y de organizaciones40. Al objeto de evitar incoherencias innecesarias con las clasificaciones de las actividades económicas que ya existen para otros fines, la Comisión también debe tener en cuenta las clasificaciones estadísticas relativas al sector de bienes y servicios ambientales, a saber, la Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente (CEPA) y la Clasificación de las Actividades de Gestión de Recursos (CReMA)41.
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37Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (DO L 27 de 30.1.2010, p. 1).
37Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (DO L 27 de 30.1.2010, p. 1).
38Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).
38Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión (DO L 342 de 22.12.2009, p. 1).
39Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones –Contratación pública para un medio ambiente mejor SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 [COM(2008) 400 final].
39Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones –Contratación pública para un medio ambiente mejor SEC(2008) 2124 SEC(2008) 2125 SEC(2008) 2126 [COM(2008) 400 final].
40 2013/179/UE: Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 4.5.2013, p. 1).
40 2013/179/UE: Recomendación de la Comisión, de 9 de abril de 2013, sobre el uso de métodos comunes para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida (DO L 124 de 4.5.2013, p. 1).
41 Anexos 4 y 5 del Reglamento (UE) n.º 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales (DO L 158 de 27.5.2014).
41 Anexos 4 y 5 del Reglamento (UE) n.º 538/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 691/2011, relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales (DO L 158 de 27.5.2014).
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 26
(26)  Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe igualmente tener en cuenta las especificidades del sector de infraestructura y las externalidades ambientales, sociales y económicas en el marco de un análisis coste-beneficio. A este respecto, conviene que la Comisión tome en consideración la labor de organizaciones internacionales, como la OCDE, la legislación y las normas pertinentes de la Unión, entre ellas la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo43, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo44, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo45, y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo46, así como la metodología actual. En este contexto, los criterios técnicos de selección deben promover marcos de gobernanza adecuados que integren los factores ambientales, sociales y de gobernanza, tal como se contemplan en los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas47, en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto.
(26)  Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección y los indicadores armonizados, la Comisión debe igualmente tener en cuenta las especificidades de los distintos sectores y las externalidades ambientales, sociales y económicas en el marco de un análisis coste-beneficio. A este respecto, conviene que la Comisión tome en consideración la labor de organizaciones internacionales, como la OCDE, la legislación y las normas pertinentes de la Unión, entre ellas la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo42, la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo43, la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo44, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo45, y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo46, así como la metodología actual. En este contexto, los criterios técnicos de selección y los indicadores deben promover marcos de gobernanza adecuados que integren los factores ambientales, sociales y de gobernanza, tal como se contemplan en los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas47, en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto.
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42Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
42Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
43Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
43Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
44Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
44Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
45Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
45Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
46Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
46Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.
47 https://www.unpri.org/download?ac=1534.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)
(26 bis)  Al definir los criterios técnicos de selección, la Comisión también debe prever medidas transitorias respecto de actividades que apoyen la transición a una economía más sostenible y con bajas emisiones de carbono. Las empresas que se dedican actualmente a actividades económicas muy perjudiciales para el medio ambiente deben tener incentivos para reorientarse rápidamente hacia actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental, o al menos no problemáticas. Los criterios técnicos de selección deben incentivar dichos procesos de transición allá donde ocurran. Los criterios de selección pueden tener en cuenta si la mayoría de las empresas que llevan a cabo una actividad perjudicial concreta han emprendido manifiestamente una transición de ese tipo. La existencia de esfuerzos serios de transición puede demostrarse, entre otras cosas, mediante actividades sostenidas de investigación y desarrollo, grandes proyectos de inversión en tecnologías nuevas y más sostenibles desde el punto de vista ambiental o planes de transición concretos que se encuentren, por lo menos, en las fases iniciales de su ejecución.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 27
(27)  A fin de no falsear la competencia al obtener financiación para actividades económicas sostenibles desde un punto de vista ambiental, los criterios técnicos de selección deben garantizar que todas las actividades económicas pertinentes de un sector concreto puedan tener la consideración de sostenibles desde un punto de vista ambiental y sean tratadas del mismo modo si contribuyen por igual a uno o más de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. La capacidad potencial para contribuir a los objetivos ambientales puede, sin embargo, variar según los sectores, lo cual debe reflejarse en los criterios. Con todo, dentro de cada sector, los citados criterios no deben poner injustamente en desventaja determinadas actividades económicas frente a otras, si las primeras contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales en la misma medida que las segundas.
(27)  A fin de impulsar la innovación sostenible desde el punto de vista ambiental y no falsear la competencia al obtener financiación para actividades económicas sostenibles desde un punto de vista ambiental, los criterios técnicos de selección deben garantizar que todas las actividades económicas pertinentes de los macrosectores (esto es, sectores NACE como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industria manufacturera, suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, construcción y servicios de transporte y almacenamiento) puedan tener la consideración de sostenibles desde un punto de vista ambiental y sean tratadas del mismo modo si contribuyen por igual a uno o más de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento, siempre que no causen un perjuicio significativo a cualquier otro objetivo ambiental mencionado en los artículos 3 y 12. La capacidad potencial para contribuir a los objetivos ambientales puede, sin embargo, variar según los sectores, lo cual debe reflejarse en los criterios de selección. Con todo, dentro de cada macrosector económico, los citados criterios no deben poner injustamente en desventaja determinadas actividades económicas frente a otras, si las primeras contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales en la misma medida que las segundas, siempre que no causen un perjuicio significativo a cualquier otro objetivo ambiental mencionado en los artículos 3 y 12.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)
(27 bis)  Las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental son el resultado de tecnologías y productos desarrollados a lo largo de toda la cadena de valor. Por este motivo, los criterios técnicos de selección deben tener en cuenta el papel de todas las fases de la cadena de valor —desde la transformación de las materias primas hasta el producto final y su conversión en residuos— en el resultado final de las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)
(27 ter)   Para no perturbar el buen funcionamiento de las cadenas de valor, los criterios técnicos de selección deben tomar en consideración que las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental precisan de tecnologías y productos desarrollados por múltiples agentes económicos.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 28
(28)  Al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión debe evaluar si su adopción respecto de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental generaría activos obsoletos u ofrecería incentivos incoherentes, y si tendría alguna incidencia negativa en la liquidez de los mercados financieros.
(28)  Al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión debe evaluar los posibles riesgos de transición y si el ritmo de adopción de dichos criterios respecto de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental generaría activos obsoletos u ofrecería incentivos incoherentes.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 30
(30)  A fin de garantizar que las inversiones se canalicen hacia actividades económicas que tengan las máximas repercusiones positivas sobre los objetivos ambientales, la Comisión debe dar prioridad al establecimiento de criterios técnicos de selección respecto de las actividades económicas que potencialmente contribuyan más a dichos objetivos.
(30)  A fin de garantizar que las inversiones se canalicen hacia actividades económicas que tengan las máximas repercusiones positivas sobre los objetivos ambientales, la Comisión debe dar prioridad al establecimiento de criterios técnicos de selección respecto de las actividades económicas que potencialmente contribuyan más a dichos objetivos. Los criterios de selección deben tener en cuenta los resultados de los proyectos para facilitar la identificación y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la escalabilidad de dichas tecnologías.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Considerando 31
(31)  Resulta oportuno establecer criterios técnicos de selección adecuados con respecto al sector del transporte, incluidos los activos móviles, criterios que tengan en cuenta que este sector, en el que se incluye el transporte marítimo internacional, representa casi el 26 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Tal como puso de manifiesto el Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible48, el sector del transporte supone en torno al 30 % de las necesidades anuales adicionales de inversión de cara a un desarrollo sostenible de la Unión, por ejemplo, a través del aumento de la electrificación o la transición a modos de transporte más limpios mediante el fomento de un cambio modal y la gestión del tráfico.
(31)  Resulta oportuno establecer criterios técnicos de selección adecuados con respecto al sector del transporte, incluidos los activos móviles, criterios que tengan en cuenta todo el ciclo de vida de las tecnologías y el hecho de que este sector, en el que se incluye el transporte marítimo internacional, representa casi el 26 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Tal como puso de manifiesto el Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible48, el sector del transporte supone en torno al 30 % de las necesidades anuales adicionales de inversión de cara a un desarrollo sostenible de la Unión, por ejemplo, a través del aumento de la electrificación o la transición a modos de transporte más limpios mediante el fomento de un cambio modal y la gestión del tráfico.
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48 COM(2018) 97 final.
48 COM(2018) 97 final.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Considerando 32
(32)  Reviste especial importancia que la Comisión, en su labor preparatoria para la definición de los criterios técnicos de selección, lleve a cabo las oportunas consultas con arreglo a los requisitos relativos a la mejora de la legislación. El proceso para el establecimiento y la actualización de los criterios técnicos de selección debe también implicar a las partes interesadas pertinentes y basarse en el asesoramiento de expertos con conocimientos y experiencia acreditados en los ámbitos correspondientes. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión cree una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que debe estar compuesta por expertos que representen tanto al sector público como al privado. Los representantes del sector público deben ser expertos procedentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las Autoridades Europeas de Supervisión y el Banco Europeo de Inversiones. Los expertos del sector privado deben incluir representantes de las partes interesadas pertinentes, como agentes de los mercados financieros, universidades, centros de investigación, asociaciones y organizaciones. La Plataforma debe asesorar a la Comisión acerca de la elaboración, el análisis y la revisión de los criterios técnicos de selección, incluido su impacto potencial sobre la valoración de activos que, hasta la adopción de los criterios, se considerasen activos ecológicos de conformidad con los usos vigentes en el mercado. La Plataforma debe también asesorar a la Comisión acerca de la posible idoneidad de los criterios técnicos de selección para otros usos en futuras iniciativas de actuación de la Unión encaminadas a facilitar las inversiones sostenibles.
(32)  Reviste especial importancia que la Comisión, en su labor preparatoria para la definición de los criterios técnicos de selección, lleve a cabo las oportunas consultas con arreglo a los requisitos relativos a la mejora de la legislación. El proceso para el establecimiento y la actualización de los criterios técnicos de selección y de los indicadores armonizados debe también implicar a las partes interesadas pertinentes y basarse en datos científicos, en el impacto socioeconómico, en las mejores prácticas y en el trabajo y las entidades existentes, en particular, la Plataforma sobre Economía Circular de la Comisión Europea, así como en el asesoramiento de expertos con conocimientos y experiencia global acreditados en los ámbitos correspondientes. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión cree una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que debe estar compuesta por una amplia gama de expertos que representen tanto al sector público como al privado, a fin de garantizar que se toman en la debida consideración las especificidades de todos los sectores pertinentes. Los representantes del sector público deben ser expertos procedentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente y los organismos nacionales de protección del medio ambiente, las Autoridades Europeas de Supervisión, el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera y el Banco Europeo de Inversiones. Los expertos del sector privado deben incluir representantes de las partes interesadas pertinentes, como agentes de los mercados financieros y no financieros, representantes de una amplia gama de sectores de la economía real, universidades, centros de investigación, asociaciones y organizaciones. En su caso, se debe permitir que la Plataforma pueda solicitar asesoramiento a los no miembros. La Plataforma debe asesorar a la Comisión acerca de la elaboración, el análisis y la revisión de los criterios técnicos de selección y de los indicadores armonizados, incluido su impacto potencial sobre la valoración de activos que, hasta la adopción de los criterios, se considerasen sostenibles de conformidad con los usos vigentes en el mercado. La Plataforma debe también asesorar a la Comisión acerca de la posible idoneidad de los criterios técnicos de selección y de los indicadores para otros usos en futuras iniciativas de actuación de la Unión encaminadas a facilitar las inversiones sostenibles. La Plataforma debe asesorar a la Comisión sobre el desarrollo de normas de contabilidad de la sostenibilidad y normas relativas a la elaboración integrada de informes para empresas y participantes en los mercados financieros, también mediante la revisión de la Directiva 2013/34/UE.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Considerando 33
(33)  A fin de especificar los requisitos contenidos en el presente Reglamento, y en particular para establecer y actualizar criterios técnicos de selección detallados y calibrados aplicables a distintas actividades económicas en cuanto a lo que constituye una contribución sustancial y un perjuicio significativo a los objetivos ambientales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la información necesaria para cumplir con la obligación de información establecida en el artículo 4, apartado 3, y los criterios técnicos de selección mencionados en el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(33)  A fin de especificar los requisitos contenidos en el presente Reglamento, y en particular para establecer y actualizar indicadores y criterios técnicos de selección detallados y calibrados aplicables a distintas actividades económicas en cuanto a lo que constituye una contribución sustancial y un perjuicio significativo a los objetivos ambientales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la información necesaria para cumplir con la obligación de información establecida en el artículo 4, apartado 3, y los criterios técnicos de selección mencionados en el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas públicas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Considerando 35
(35)  La aplicación del presente Reglamento debe revisarse periódicamente con objeto de evaluar los progresos realizados en el desarrollo de los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental, el uso de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental, y la necesidad, en su caso, de instaurar un mecanismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones. En el marco de la revisión debe evaluarse asimismo la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para hacerlo extensivo a los objetivos de sostenibilidad social.
(35)  La aplicación del presente Reglamento debe revisarse periódicamente y, como mínimo, después de dos años con objeto de evaluar los progresos realizados en el desarrollo de los criterios técnicos de selección y los indicadores armonizados aplicables a las actividades sostenibles y perjudiciales desde el punto de vista ambiental, el uso de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental o de inversiones con un impacto ambiental negativo, y la necesidad, en su caso, de instaurar un mecanismo adicional de verificación del cumplimiento de las obligaciones. En el marco de la revisión deben evaluarse asimismo las disposiciones necesarias para ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para hacerlo extensivo a los objetivos de sostenibilidad social. A más tardar, el 31 de marzo de 2020, la Comisión, en su caso, debe publicar nuevas propuestas legislativas sobre el establecimiento de un mecanismo de verificación del cumplimiento.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Considerando 36
(36)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de introducir en toda la Unión criterios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(36)  Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de introducir en toda la Unión criterios uniformes e indicadores aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
Enmiendas 35, 55, 59, 87 y 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 1
Artículo 1
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
Objeto y ámbito de aplicación
1.  El presente Reglamento establece los criterios para determinar si una actividad económica es sostenible desde un punto de vista ambiental, a efectos de fijar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión.
1.  El presente Reglamento establece los criterios para determinar el grado de impacto y sostenibilidad ambientales de una actividad económica a efectos de fijar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión.
2.  El presente Reglamento será de aplicación a lo siguiente:
2.  El presente Reglamento será de aplicación a lo siguiente:
a)  las medidas adoptadas por los Estados miembros o la Unión que impongan a los agentes de los mercados cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o bonos de empresa que se comercialicen como sostenibles desde el punto de vista ambiental;
a)  las medidas adoptadas por los Estados miembros o la Unión que impongan a los participantes en los mercados financieros cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o bonos de empresa que se comercialicen dentro de la Unión como sostenibles desde el punto de vista ambiental;
b)  los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental o como inversiones con características similares.
b)  los participantes en los mercados financieros que ofrezcan dentro de la Unión productos financieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental o como inversiones con características similares; y
b bis)   los participantes en los mercados financieros que ofrezcan otros productos financieros, excepto en los siguientes casos:
i)  el participante en los mercados financieros explica que las actividades económicas financiadas por sus productos financieros no tienen ningún impacto significativo en la sostenibilidad de conformidad con los criterios técnicos de selección a que se refieren los artículos 3 y 3 bis, en cuyo caso no se aplicarán las disposiciones de los capítulos II y III. Dicha información figurará en su folleto, o
ii)el participante en los mercados financieros declara en su folleto que el producto financiero en cuestión no persigue objetivos de sostenibilidad y que el producto entraña un mayor riesgo de apoyar actividades económicas que no se consideran sostenibles con arreglo al presente Reglamento.
2 bis.  Los criterios mencionados en el artículo 1, apartado 1 se aplicarán de manera proporcionada, evitando una carga administrativa excesiva, y teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance y la complejidad del participante en el mercado financiero y las instituciones de crédito mediante disposiciones simplificadas para las entidades pequeñas y no complejas de conformidad con el artículo 4, apartado 2 sexies.
2 ter.  Los criterios mencionados en el apartado primero del presente artículo podrán ser utilizados con carácter voluntario para los fines mencionados en dicho apartado por empresas no cubiertas por el apartado 2 del artículo 2 o con respecto a otros instrumentos financieros distintos de los definidos en el artículo 2.
2 quater.   La Comisión adoptará un acto delegado por el que se especifique la información que deberán presentar los participantes en los mercados financieros a las autoridades competentes pertinentes a efectos del apartado 2, letra a).
Enmiendas 36, 88 y 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 2
Artículo 2
Artículo 2
Definiciones
Definiciones
1.  A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1.  A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)   «inversión sostenible desde el punto de vista ambiental», una inversión que financie una o varias actividades económicas que puedan considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental conforme al presente Reglamento;
a)  «inversión sostenible desde el punto de vista ambiental», una inversión que financie una o varias actividades económicas que puedan considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental conforme al presente Reglamento;
b)  «participantes en los mercados financieros», los participantes en los mercados financieros según se definen en el artículo 2, letra a), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341];
b)  «participantes en los mercados financieros», cualquiera de los siguientes, según se definen en el artículo 2, letra a), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341];
i)  «entidad de crédito», toda entidad de crédito tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, definida con arreglo al [OP: insértese la referencia al artículo pertinente] del Reglamento (UE) n.º 575/2013;
b bis)  «emisor», un emisor que cotiza en un mercado regulado tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Directiva 2003/71/CE1 bis y en el artículo 2, letra h), del Reglamento (UE) 2017/11291 ter del Parlamento Europeo y del Consejo.
c)  «productos financieros», los productos financieros según se definen en el artículo 2, letra j), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341];
c)  «productos financieros», la gestión de una cartera, un FIA, un IBIP, un producto de pensión, un plan de pensiones, un OICVM o un bono de empresa, según se definen en el artículo 2, letra j), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341], así como las emisiones contempladas en la Directiva 2003/71/CE y el Reglamento (UE) 2017/1129;
c bis)  «indicadores ambientales», como mínimo, la medición del consumo de recursos, tales como materias primas, energía, energías renovables y agua, el impacto en los servicios ecosistémicos, las emisiones, en particular de CO2, el impacto en la biodiversidad, el uso del suelo y la producción de residuos, sobre la base de datos científicos y la metodología de evaluación del ciclo de vida de la Comisión, de acuerdo con lo previsto en el marco de seguimiento de la Comisión para la economía circular (COM/2018/29 final);
c ter)  «autoridad nacional competente pertinente», la autoridad o autoridades competentes o de supervisión de los Estados miembros especificadas en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1094/2010, cuyos ámbitos de aplicación incluyen la categoría de participante en los mercados financieros sujeto al requisito de información a que se refiere el artículo 4 del presente Reglamento;
c quater)  «AES pertinente», la Autoridad Europea de Supervisión, o Autoridades Europeas de Supervisión, especificadas en los actos de la Unión mencionados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 y del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, cuyos ámbitos de aplicación incluyen la categoría de participante en los mercados financieros sujeto al requisito de información a que se refiere el artículo 4 del presente Reglamento;
d)  «mitigación del cambio climático», el proceso de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC respecto de los niveles preindustriales y de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC respecto de los niveles preindustriales;
d)  «mitigación del cambio climático», los procesos, incluidas las medidas transitorias, necesarios para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC respecto de los niveles preindustriales, con arreglo al Acuerdo de París;
e)  «adaptación al cambio climático», el proceso de ajuste a las condiciones climáticas actuales y previstas y a sus efectos;
e)  «adaptación al cambio climático», el proceso de ajuste al cambio climático actual y previsto y a sus efectos;
f)  «gases de efecto invernadero», los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo49;
f)  «gases de efecto invernadero», los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo49;
g)  «economía circular», el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y la minimización de los residuos, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo50;
g)  «economía circular», el mantenimiento del valor y el uso de los productos, materiales y todos los demás recursos en la economía en su mayor nivel durante el mayor tiempo posible, logrando así la reducción del impacto ambiental y la minimización de los residuos, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo50, así como la minimización del uso de recursos sobre la base de indicadores clave de la economía circular conforme a lo previsto en el marco de seguimiento de los avances hacia una economía circular, que cubre las distintas fases de producción, consumo y gestión de residuos;
h)  «contaminación»,
h)  «contaminación»,
i)  la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor, ruido u otros contaminantes en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente;
i)  la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor, ruido, luz u otros contaminantes en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente;
ii)  en el medio marino, la contaminación según se define en el artículo 3, punto 8, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo51;
ii)  en el medio marino, la contaminación según se define en el artículo 3, punto 8, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo51;
ii bis)   en el medio acuático, la contaminación según se define en el artículo 2, punto 33, de la Directiva 2000/60/CE;
i)  «ecosistema sano», un ecosistema que se encuentra en buen estado