El Parlamento Europeo,

–  Vistos el documento titulado «Una visión común, una actuación conjunta: una Europa más fuerte. Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea», presentado por la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) el 28 de junio de 2016(1), y los informes de ejecución de 2017 y 2018,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 232/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(2), de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento Europeo de Vecindad,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(3), de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos a escala mundial,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 14 de junio de 2018, por el que se establece el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (COM(2018)0460),

–  Vistos la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 18 de noviembre de 2015, titulada «Revisión de la Política Europea de Vecindad» (JOIN(2015)0050) y el Informe conjunto de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 18 de mayo de 2017, sobre la aplicación de la Revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018),

–  Vistas las Comunicaciones conjuntas de la Comisión Europea y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0200), y de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

–  Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y al Consejo, de 14 de marzo de 2017, titulada «Elementos de una Estrategia de la UE para Siria» (JOIN(2017)0011), y las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre Siria, que, conjuntamente, conforman la nueva Estrategia de la UE para Siria,

–  Vistas las prioridades de asociación acordadas por la Unión y una serie de países en Oriente Próximo, como Egipto, Jordania y Líbano,

–  Vista la Declaración de la Cumbre de la OTAN de 2018,

–  Vistos el diálogo mediterráneo de la OTAN y la gestión de crisis y los esfuerzos de seguridad conjuntos en curso en la región,

–  Visto el Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM) de la Unión,

–  Visto el conjunto de directrices temáticas de la Unión sobre derechos humanos, entre otros sobre los diálogos relativos a los derechos humanos con terceros países y sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI), aprobadas por el Consejo el 24 de junio de 2013,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de enero de 2017, titulada «Migración en la ruta del Mediterráneo Central: gestionar los flujos, salvar vidas» (JOIN(2017)0004),

–  Visto el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «ODS»),

–  Vistos el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019), aprobado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio de 2017,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016‑2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la Unión (2016‑2020)) (SWD(2015)0182),

–  Vista la recomendación de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo titulada «Participación de las mujeres en las posiciones de liderazgo y en la toma de decisiones: retos y perspectivas», aprobada en su XIII Asamblea Plenaria, celebrada en mayo de 2017 en Roma,

–  Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de septiembre de 1995 y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo) de septiembre de 1994, así como los resultados de las respectivas conferencias de revisión,

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad(4),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre los retos en materia de seguridad en Oriente Próximo y el norte de África y las perspectivas de estabilidad política(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre las relaciones de la UE con Túnez en el actual contexto regional(6),

–  Vista su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre la aplicación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: revisión intermedia 2017 y arquitectura futura a partir de 2020(7),

–  Vista su Recomendación, de 30 de mayo de 2018, al Consejo, a la Comisión y a la VP/AR sobre Libia(8),

–  Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027(9),

–  Vistos los Consejos de Asociación UE-Túnez de 11 de mayo de 2017 y 15 de mayo de 2018, el Consejo de Asociación UE-Argelia de 14 de mayo de 2018 y el Consejo de Asociación UE-Egipto de 25 de julio de 2017,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Libia de 6 de febrero de 2017 y de 15 de octubre de 2018, y sobre Siria de 3 de abril de 2017 y de 16 de abril de 2018,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0077/2019),

A.  Considerando que los levantamientos árabes que afectaron a Oriente Próximo y África del Norte (en lo sucesivo, «región MENA») en 2011 constituyeron un momento de revueltas multitudinarias contra regímenes autoritarios y de deterioro de las condiciones socioeconómicas; que una gran parte de los manifestantes eran mujeres y hombres jóvenes que aspiraban a conseguir la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, así como un futuro mejor y más inclusivo, al reconocimiento de su dignidad y a una mejora de las perspectivas económicas y de la inclusión social; que el derrocamiento de algunos de los regímenes y, en determinados casos, la introducción de reformas democráticas, dieron lugar a grandes expectativas y esperanza;

B.  Considerando que la mayoría de la población en la región MENA es menor de 35 años; que el desempleo juvenil en la región sigue siendo uno de los más altos del mundo; que esto da lugar a la exclusión social y la denegación del derecho de voto, así como a la fuga de cerebros hacia otros países; que todos estos factores dieron lugar a las protestas de 2011 y que están generando nuevas protestas en algunos países; que los jóvenes en situaciones vulnerables y sin perspectivas pueden ser objetivos para los movimientos radicales;

C.  Considerando que, especialmente en los países importadores de petróleo, la crisis financiera mundial, la caída de los precios del petróleo, las tendencias demográficas, los conflictos y el terrorismo han agravado aún más la situación tras los acontecimientos de 2011; que el modelo económico que caracterizaba a dichos países ya no es viable, lo que ha provocado una crisis de confianza que los gobiernos afectados deben abordar urgentemente, con vistas a establecer un nuevo contrato social con sus respectivos ciudadanos; que el creciente impacto social de la caída de las subvenciones estatales, del empleo en el sector público y de los servicios públicos y la propagación de la pobreza y los problemas medioambientales, especialmente en zonas remotas y entre comunidades marginadas, han sido una fuente de tensión continua y protestas espontáneas en la región, que puede que sigan creciendo en los próximos años;

D.  Considerando que, ocho años después de la Primavera Árabe y los acontecimientos políticos que han llevado a países de las regiones del Magreb y el Mashreq a seguir evoluciones diversas en términos de política y estabilidad, aún resulta esencial evaluar cómo responder a las aspiraciones democráticas legítimas y a los deseos de una estabilidad sostenible en la región, así como a la necesidad urgente de empleo, Estado de Derecho y mejora de las condiciones de vida y la seguridad sostenible; que es importante hacer balance de los esfuerzos y la posición política adoptada por la Unión en respuesta a la Primavera Árabe y evaluar su capacidad de ejecución de las políticas; que resulta esencial reevaluar y ajustar el marco normativo de la Unión hacia los países de la vecindad meridional, sus futuros objetivos y los medios para alcanzarlos, al tiempo que se tienen en cuenta las distintas situaciones en los países de la región;

E.  Considerando que una coordinación insuficiente entre los Estados miembros y la Unión socava la capacidad de ambos para ejercer una influencia positiva en el Magreb y el Mashreq; que la acción individual de los Estados miembros en la región debe estar coordinada y en sinergia con los objetivos de la Unión; que la Unión debe perseguir los objetivos definidos en los artículos 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea; que la Unión debe aumentar su peso político y diplomático; que la estabilidad política y económica a largo plazo en las regiones del Magreb y el Mashreq, así como la resiliencia, revisten una importancia estratégica fundamental para la Unión y, por lo tanto, requieren un enfoque a largo plazo y orientado al futuro con respecto al marco normativo y a sus objetivos, en línea con las necesidades de los ciudadanos en los países socios y los intereses estratégicos de la Unión;

F.  Considerando que la política de la Unión con respecto a los países de Oriente Próximo y África del Norte tiene dos objetivos principales, a saber: promover reformas políticas y económicas en cada país individual al tiempo que se respetan debidamente sus características específicas, y fomentar la cooperación regional entre los propios países de la región y entre estos y la Unión;

G.  Considerando que la Unión debe desempeñar un papel central en el fomento de la prevención, la mediación la y resolución de conflictos, la protección y la promoción de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el espacio para la sociedad civil, así como la gobernanza democrática, económica y justa en las regiones del Magreb y el Mashreq; que una sociedad civil abierta y el trabajo de los defensores de los derechos humanos como agentes de cambio social resultan fundamentales para la resiliencia y la prosperidad a largo plazo de la región;

H.  Considerando que cualquier detención resultante del ejercicio de los derechos o las libertades garantizadas por el Derecho internacional, como la libertad de expresión y la libertad de reunión, constituye una detención arbitraria prohibida en el marco del Derecho internacional; que, en partes considerables de la región MENA, los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil se enfrentan a una creciente persecución sistemática, amenazas, ataques, represalias, acoso judicial, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos; que la Unión y los Estados miembros deben intensificar significativamente sus esfuerzos a fin de responder adecuadamente a esta tendencia;

I.  Considerando que existen numerosos conflictos armados en la región y que hay miles de personas asesinadas o desaparecidas, y millones de desplazados; que el EIIL/Dáesh y otros grupos yihadistas han cometido atrocidades, como el recurso a ejecuciones brutales y a una violencia sexual inaudita, secuestros, torturas y conversiones forzadas, y la esclavización de mujeres y niñas; que se ha reclutado a niños, que han sido utilizados en atentados terroristas; que hay motivos de seria preocupación por el bienestar de la población que se encuentra actualmente bajo el control del EIIL/Dáesh, así como por la posibilidad de que esta sea utilizada como escudo humano durante la campaña de liberación; que estos crímenes pueden constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;

J.  Considerando que, en respuesta a los acontecimientos en la región, la Unión revisó su política de vecindad en 2015; que la revisión prevé una mayor participación de los Estados miembros en la Política Europea de Vecindad (en lo sucesivo, «PEV»);

K.  Considerando que la resiliencia del Estado y de la sociedad se hallan entre las prioridades clave de la Estrategia global de la Unión; que en ella se reconoce que una sociedad resiliente caracterizada por la democracia, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible resulta esencial para un Estado resiliente, al tiempo que los Estados represivos son inherentemente frágiles a largo plazo;

L.  Considerando que, para aquellos países con los que la Unión ha firmado acuerdos de asociación, los compromisos jurídicamente vinculantes de estos acuerdos, también en materia de derechos humanos, deben formar una base para las relaciones y, en particular, para las prioridades de asociación acordadas entre la Unión y determinados países de la vecindad;

M.  Considerando que, según Unicef, la primera amenaza que afecta a los niños que viven en zonas de conflicto de la región MENA es la explotación infantil; que 2 100 000 niños en Siria y 700 000 niños refugiados sirios no tienen acceso a la educación; que la violencia continua, el desplazamiento exterior, las catástrofes naturales, la creciente desigualdad económica y de género y los elevados niveles de desempleo juvenil y de pobreza en varios países de la región MENA han dejado a 28 millones de niños necesitados de ayuda humanitaria;

1.  Observa con preocupación que, ocho años después de los primeros levantamientos, las aspiraciones legítimas de dignidad, derechos humanos y reformas políticas y sociales de la población de la región todavía no se han cumplido en la mayoría de países; reconoce que, en algunos casos, se han producido algunos avances positivos y que se han consolidado algunos beneficios democráticos, pero señala que estos siguen siendo insuficientes; condena las violaciones persistentes y continuas de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales, y la discriminación generalizada contra las minorías; manifiesta su profunda preocupación por la continuación de la nefasta situación socioeconómica de la región y, en particular, por los elevados niveles de desempleo (que afectan, en particular, a las mujeres y los jóvenes) y la exclusión social, que provocan el desencanto y la denegación del derecho de voto a gran escala, especialmente entre los jóvenes, lo que los empuja a la desesperación, a la salida en forma de migración irregular, o a ser más vulnerables a la radicalización; destaca que la situación económica de estos países también tiene un fuerte impacto en su situación de seguridad; lamenta los niveles persistentes de corrupción, nepotismo y falta de rendición de cuentas en la región;

2.  Subraya que la prosperidad a largo plazo de los países que han vivido la Primavera Árabe depende de su capacidad para garantizar la protección de los derechos humanos universales y el establecimiento y la consolidación de instituciones democráticas y transparentes que trabajen en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos; se muestra, por lo tanto, sumamente preocupado por la situación en varios países de la región MENA en cuanto a las continuas violaciones de los derechos humanos, la reducción o el cierre del espacio para la democracia y las organizaciones de la sociedad civil locales, el retroceso de los avances en materia de libertad de expresión, tanto en línea como fuera de línea, y de reunión y asociación, la represión de los defensores de los derechos humanos y la supresión del papel de los medios de comunicación, en particular a través de los abusos de la legislación antiterrorista y la tecnología de vigilancia y la reducción del Estado de Derecho; observa con preocupación el papel especial y la responsabilidad del ejército y de los servicios de seguridad en el deterioro de la evolución política de varios países tras la Primavera Árabe, y su control persistente y dominante sobre los recursos estatales y económicos; por tanto, pide a la Unión y a los Estados miembros que incorporen adecuadamente esta dimensión fundamental en su compromiso con la región MENA; insta a la Unión y a los Estados miembros a colaborar con gobiernos de terceros países para poner fin a dichas prácticas y derogar la legislación represiva, así como a garantizar un control adecuado de las exportaciones de tecnología de vigilancia; pide a la Unión que dé prioridad al apoyo a los esfuerzos parlamentarios y de la sociedad civil en favor de una mayor rendición de cuentas y transparencia del ejército y de los servicios de seguridad;

3.  Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos de la Unión y de sus Estados miembros por promover la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el desarrollo económico y el importante nexo existente entre democracia y seguridad sostenible en los países que han vivido la Primavera Árabe, y reconoce la complejidad de esta tarea; no obstante, considera que, pese al empeño en las políticas centradas durante quince años en los países del Mediterráneo meridional y oriental, los esfuerzos renovados en materia de políticas públicas y el aumento de los recursos presupuestarios tras la Primavera Árabe (o Primaveras Árabes), aún no se han alcanzado los objetivos y las políticas de la Unión en la medida necesaria (y, en algunos casos, la situación ha empeorado), y que aún no se ha iniciado un verdadero proceso de inclusión socioeconómica; destaca que la acción exterior de la Unión en relación con los países que han vivido la Primavera Árabe debe tener en cuenta las realidades sobre el terreno y adaptar en consecuencia las estrategias políticas y su aplicación; considera que el liderazgo y la iniciativa insuficientes de la Unión en relación con la resolución de conflictos prolongados ha debilitado su capacidad de conseguir repercusión diplomática en la región; pide a la Unión que apoye decididamente los procesos de paz de las Naciones Unidas que velan por la resolución de conflictos en la región MENA;

4.  Recuerda el daño y el sufrimiento causados por el extremismo y el terrorismo en la región, y destaca que la violencia supone una grave amenaza para la estabilidad de la región y que la cooperación en materia de seguridad dentro de la región, así como la cooperación con la Unión y sus Estados miembros, respetando plenamente la legislación internacional en materia de derechos humanos, sigue siendo de vital importancia para vencer a organizaciones terroristas como el Dáesh, ayudando así en última instancia a la población de la región a vivir en paz, en un ambiente de estabilidad y progreso; acoge favorablemente las iniciativas de la Unión tendentes a abordar la amenaza terrorista en la región MENA; subraya la importancia de reforzar la capacidad de los agentes estatales que desempeñan un papel clave en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, así como la necesidad esencial de centrarse en la creación de asociaciones entre autoridades, jóvenes y comunidades, para abordar los factores subyacentes que pueden hacer a las comunidades vulnerables al extremismo violento;

5.  Manifiesta su preocupación por que, pese a las considerables inversiones políticas y presupuestarias y el continuo acercamiento político y económico, la Unión no ha sido capaz de lograr una influencia política y económica real y sustantiva, el impacto de las políticas de la Unión sigue siendo limitado, y los países de la región no la perciben como un elemento determinante; señala la insatisfacción que sienten la sociedad civil, las ONG locales y los jóvenes en general con la forma en que la Unión no consigue traducir totalmente su visión en acciones sobre el terreno; se muestra preocupado por la situación política cada vez más compleja en las regiones del Magreb y el Mashreq y observa la aparición de actores políticos y económicos regionales nuevos y resurgentes, como Rusia y China, además de la competencia de los discursos y la financiación de los países del Golfo e Irán, que persiguen objetivos que incluso podrían chocar con los de la Unión; pide un compromiso y una visión más firmes por parte de la Unión que le permitan ganar más importancia; pide a la Unión que dialogue más con las organizaciones de la sociedad civil (en lo sucesivo, «OSC»), a fin de aplicar políticas que respondan mejor a las expectativas de todas las partes interesadas en la democracia; hace hincapié en la necesidad de que la Unión entable un diálogo con todos los agentes políticos de los países de la región MENA;

6.  Destaca la importancia de la Unión por el Mediterráneo, único foro político que une a los Estados miembros de la Unión y todos los países mediterráneos; subraya que la Unión por el Mediterráneo, que ha celebrado recientemente su décimo aniversario, debe desempeñar un papel más importante a la hora de abordar conjuntamente los retos que tenemos en común; observa con satisfacción que el tercer foro regional de la Unión por el Mediterráneo, celebrado el 8 de octubre de 2018, que conmemoró el décimo aniversario de la Cumbre de París por el Mediterráneo, reconoció la utilidad de seguir desarrollando las interacciones entre la Unión por el Mediterráneo y otros agentes de la región euromediterránea; pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la alta representante que revisen sustancialmente y relancen el proyecto de la Unión por el Mediterráneo; alienta el uso de este proyecto como medio para fomentar una cooperación más estrecha entre la Unión y los países mediterráneos;

7.  Lamenta que se concluyan prioridades de asociación con países sin ninguna condicionalidad y pese a una regresión significativa y continua en los ámbitos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho;

8.  Opina que, durante demasiado tiempo, la posición política hacia los países del Magreb y el Mashreq se ha visto empañada por un enfoque demasiado basado en las expectativas y objetivos de la Unión, que no tenía en cuenta plenamente los intereses y las realidades de los países socios de la Unión, y que tenía pocos incentivos para los países beneficiarios, poca apropiación por parte de ellos y demasiada poca consideración por las aspiraciones de las poblaciones que deben beneficiarse de las políticas de la Unión y por la situación política específica en los distintos países; lamenta que los esfuerzos iniciales tras la Primavera Árabe para introducir una condicionalidad más estricta e incentivos de ejecución para los países beneficiarios a través del principio «más por más» no diesen lugar a una mayor influencia de la Unión en su capacidad para promover un verdadero cambio en los ámbitos de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el desarrollo económico y social y la seguridad sostenible en la mayoría de los países; destaca que la diferenciación y una mayor asunción común son el sello distintivo de la PEV, que reconoce diferentes niveles de compromiso y refleja los intereses de cada país sobre la naturaleza y el enfoque de su colaboración con la Unión; pide una aplicación más coherente del principio «más por más» mediante la definición, a nivel de políticas, programas y proyectos en las relaciones bilaterales, de objetivos y metas concretos para un mayor apoyo; recuerda que el objetivo de la democratización solo puede alcanzarse de una manera sostenible si se persigue decididamente en todos los países correspondientes, tanto en las zonas urbanas como, sobre todo, en las zonas rurales, y destaca que la estabilidad facilita el desarrollo de una democracia, y que un proceso de preparación oportuno que incluya una amplia consulta e inclusión de los grupos y líderes sociales pertinentes favorece el logro de este objetivo; subraya asimismo que la democratización favorece el desarrollo económico y refuerza el Estado de Derecho;

9.  Reconoce los esfuerzos iniciales del SEAE y la Comisión, en cooperación y diálogo con el Parlamento Europeo, por reformar sustancialmente el marco normativo de la Unión para los países que han vivido la Primavera Árabe, con objeto de reforzar su influencia política y democrática en las regiones del Magreb y el Mashreq; señala la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea y su valor añadido en relación con el potencial para lograr sinergias en las acciones a nivel europeo, entablar un diálogo político, económico y social, reforzar el nexo existente entre desarrollo socioeconómico y seguridad sostenible, y garantizar un apoyo y aplicación adecuados a través de los instrumentos financieros para la acción exterior de la Unión; toma nota de la revisión de 2015 de la PEV, destinada a tener en cuenta los escenarios cambiantes en la región; insiste en la importancia de informes anuales pormenorizados país por país sobre la ejecución de la PEV; recuerda asimismo el apoyo determinante que ha brindado el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (en lo sucesivo, «IEDDH») a la aplicación del Marco estratégico y el Plan de Acción de la Unión sobre derechos humanos y democracia, así como las Directrices de la Unión sobre derechos humanos y las estrategias nacionales, que han permitido a la Unión actuar de manera más estratégica en este ámbito y ha garantizado la rendición de cuentas, la visibilidad y la eficacia;

10.  Destaca la necesidad de esforzarse por lograr el uso más eficiente de los recursos disponibles a fin de optimizar el impacto de la acción exterior de la Unión, que debe alcanzarse a través de la coherencia y la complementariedad entre los instrumentos de financiación exterior de la Unión;

11.  Señala la complejidad de responder adecuadamente a los flujos migratorios y de refugiados procedentes de las regiones del Magreb y del Mashreq y a través de ellas, de una perspectiva centrada en la seguridad de la migración, del desafío del terrorismo y de las preocupaciones legítimas sobre la fragilidad de determinados países de la región, así como la necesidad de una mayor consideración de los imperativos del cambio climático y de los retos derivados de la falta de un enfoque coherente por parte de los Estados miembros; expresa su preocupación por el hecho de que estos factores guíen la acción de la Unión en relación con la región para basarse excesivamente en una ideología centrada en la estabilidad a corto plazo, ignorando así otros aspectos importantes; opina que, cuando la estabilidad y la seguridad se convierten en los objetivos predominantes, estas generan una visión política cortoplacista y privan de la intensidad necesaria a las acciones de la Unión encaminadas a reafirmar los derechos humanos y las libertades fundamentales; recuerda que el fomento de la resiliencia del Estado y de la sociedad no debe confundirse con el mantenimiento de regímenes autoritarios; reitera que los derechos humanos no están subordinados a la gestión de la migración ni a las acciones antiterroristas, y está convencido de que una estabilidad creíble y coherente y una política de seguridad sostenible solo pueden lograrse mediante la búsqueda de intereses y principios a más largo plazo, como el desarrollo económico y social integrador y beneficioso, así como el refuerzo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el marco de un enfoque sensible al conflicto y centrado en el ser humano; recuerda, no obstante, que la estabilidad a largo plazo de estos países solo puede lograrse mediante una relación equilibrada entre los requisitos de seguridad y el desarrollo, sobre la base del Estado de Derecho y los derechos humanos;

12.  Pide a la Unión que aborde las causas profundas de la migración, como los conflictos, las causas medioambientales, la pobreza extrema y la exclusión social, y reoriente la cooperación política hacia una colaboración más equilibrada y equitativa con la región MENA, centrada en las políticas de juventud y las inversiones en favor de pequeñas y medianas empresas locales;

13.  Señala que algunos países acogen a millones de refugiados, en su mayoría mujeres y niños que viven en la pobreza, lo cual agrava la violencia doméstica, la explotación de mujeres y niñas con fines de prostitución, el matrimonio infantil forzado y el trabajo infantil en la comunidad;

14.  Pide a las instituciones europeas, sus Estados miembros y las agencias de desarrollo nacionales que se esfuercen por proporcionar una posición europea unificada sobre la región, centrada en nuestros intereses comunes, para garantizar una estrategia europea única y coherente, con el fin de aprovechar el pleno potencial de la Unión como agente de apoyo significativo a reformas democráticas, económicas y sociales;

15.  Observa con especial preocupación que la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en toda la región MENA se enfrentan a crecientes amenazas, represalias, acoso judicial, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos y otras formas de persecución; subraya que el trabajo de los defensores de los derechos humanos resulta fundamental para el desarrollo y la estabilidad a largo plazo de la región; reitera, en este contexto, su llamamiento a la plena aplicación de las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos; hace hincapié en la necesidad de que los líderes y los diplomáticos de la Unión y de los Estados miembros a todos los niveles denuncien los casos en que aquellas personas que defienden los derechos humanos se encuentren en riesgo por motivo de los gobiernos de terceros países, también, en su caso, mediante declaraciones públicas, gestiones y diálogo periódico, reuniones con los defensores, visitas a los defensores detenidos y observación de los juicios de los defensores; destaca la necesidad de que la Unión y los Estados miembros aumenten la financiación y la capacidad para apoyar a los defensores de los derechos humanos en riesgo a través de subvenciones de emergencia, así como de apoyo a mecanismos de protección de la sociedad civil como ProtectDefenders.eu; acoge con satisfacción los esfuerzos constantes de la Dotación Europea para la Democracia y del IEDDH a la hora de promover la democracia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales en la vecindad meridional de la Unión; insiste en que la Unión y sus Estados miembros deben intentar apoyar activamente y comprometerse con los defensores de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil más vulnerables en toda la región, incluidos aquellos en regiones rurales o remotas, que luchan por los derechos de las personas LGBTI, de los indígenas, del medioambiente y en materia de propiedad de la tierra, así como con los refugiados y los defensores de los derechos laborales, y con las mujeres, las cuales se enfrentan a riesgos y amenazas específicos por motivo de su género;

16.  Acoge favorablemente el concepto de asunción compartida presentado por la PEV revisada; se muestra preocupado, sin embargo, por que conlleva el riesgo de permitir que los regímenes autoritarios de determinados países socios escojan cuidadosamente las prioridades en función de su agenda nacional, en lugar de avanzar por el camino hacia la democratización; destaca, por lo tanto, la importancia de un marco normativo a largo plazo y sinergias en la programación para los países que han vivido la Primavera Árabe basados en la primacía de la democracia, la inclusión de todas las fuerzas políticas democráticas y la primacía del Estado de Derecho, los derechos humanos y los valores fundamentales; destaca que el fortalecimiento de esos aspectos, así como el desarrollo de un clima económico atractivo y el apoyo de las reformas positivas redunda en interés de los países socios y de su población, así como de la Unión, y pide una mayor condicionalidad en los casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades; recuerda que los países socios que deseen continuar las reformas, entablar un diálogo político más estrecho y conseguir más deben recibir nuevos incentivos, así como un apoyo adecuado a sus aspiraciones y compromisos, y reclama un enfoque basado en el rendimiento, en el diálogo inclusivo, y en unas prioridades y objetivos claros en este sentido; insiste en que, en caso de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las autoridades, la ayuda presupuestaria de la Unión debe reorientarse hacia la sociedad civil local;

17.  Respalda la aspiración de todas las personas de la región MENA, en particular la mayoría de los jóvenes, que desean el establecimiento de países libres, estables, prósperos, integradores y democráticos que respeten sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales; acoge con satisfacción los procesos democráticos en la región y la asociación sostenida con la Unión; pide a la Unión que tenga este aspecto en cuenta en todos sus ámbitos políticos, a fin de mejorar su coherencia y de ayudar a los países socios de una manera más eficaz; destaca que, para que cualquier transformación política sea plenamente sostenible, es importante y necesario llegar a un acuerdo con el pasado y, en este contexto, señala la importante labor de la Comisión de la Verdad y la Dignidad de Túnez, que constituye un ejemplo para toda la región;

18.  Lamenta que, en determinadas ocasiones, la cooperación bilateral, en materia judicial y de investigación, en casos de detención, violencia o muerte de ciudadanos de la Unión haya sido insuficiente, como en el caso del investigador italiano Giulio Regeni; considera esencial vincular una mayor colaboración en otros sectores con mejoras sustanciales en este ámbito;

19.  Cree firmemente que, en los casos en que todavía no se hayan establecido requisitos previos para la negociación de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo, condicionadas al progreso democrático, o no satisfagan las aspiraciones de los respectivos países, la Unión debe permitir un acceso reforzado al comercio y la inversión sostenibles, en particular en beneficio de las poblaciones y las economías del sur del Mediterráneo, apoyando las capacidades productivas, la modernización de las infraestructuras y la creación de entornos económicos atractivos, prestando atención al mercado nacional y regional y fomentando el trabajo digno, la protección social y el desarrollo socioeconómico inclusivo;

20.  Opina que, dado que la Unión se esfuerza por ofrecer una visión orientada al futuro, basada en los derechos y centrada en las personas para su política de migración y asilo, existe un creciente riesgo de que algunos países de la región utilicen la contención de la migración y su papel al respecto para buscar una mayor influencia en su diálogo político y normativo con la Unión; opina que debe proporcionarse más asistencia a los países de la región MENA para hacer frente a la afluencia de migrantes procedentes del África subsahariana y acoge favorablemente, en este sentido, los esfuerzos realizados por la Unión para abordar las causas profundas de la migración, pero recuerda que serán necesarios más esfuerzos para que esta empresa tenga éxito; considera importante involucrar a los socios de la región MENA en la aplicación de soluciones comunes para abordar cuestiones como la lucha contra la trata de seres humanos; no obstante, se muestra preocupado por la posible instrumentalización de la política exterior de la Unión como «gestión de la migración» y hace hincapié en que todos los intentos de trabajar con países que han vivido la Primavera Árabe, incluidos los países de origen y los países de tránsito, en asuntos de migración deben ir acompañados de la mejora de las condiciones de los derechos humanos dentro de estos países y el cumplimiento de los derechos humanos internacionales y a legislación sobre refugiados; resalta que el reto que plantean los flujos migratorios constituye un desafío común a los países de la región MENA (países de origen y tránsito) y de la Unión (países de destino); hace hincapié, además, en la importancia de un marco normativo que fomente la inclusión democrática, política y socioeconómica como factores que se refuerzan mutuamente, también en relación con el fomento de las condiciones para una vida segura y digna para las personas de la región y la reducción de los desplazamientos forzosos;

21.  Señala el riesgo de que los enfoques descoordinados y unilaterales socaven la acción de la Unión en la región y el acercamiento llevado a cabo por los Estados miembros y que, como consecuencia, pueda perderse la capacidad de la Unión para generar un impacto político; acoge favorablemente, en este contexto, la propuesta planteada por el presidente de la Comisión para avanzar hacia la unanimidad en la toma de decisiones en ciertos ámbitos de la política exterior y de seguridad común, puesto que podría ayudar a la Unión a hablar con una sola voz, unida en una única estrategia clara en sus relaciones exteriores y tener mayor influencia; opina que debe perseguirse mejor una mayor implicación de los Estados miembros en la PEV, según se prevé en la revisión de 2015 de la PEV; destaca la importancia y la profundidad de los vínculos entre varios Estados miembros, y sus ciudadanos, y muchos países del sur del Mediterráneo; solicita, en este contexto, a los Estados miembros de la Unión que refuercen la coordinación de sus acciones en la región y examinen formas de actuar con mayor eficacia;

22.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que, habida cuenta del acervo europeo en materia de lucha contra la corrupción, refuercen sus programas de cooperación judicial con los países socios de la región, a fin de promover el intercambio de buenas prácticas y establecer un arsenal jurídico eficaz de lucha contra la corrupción; estima que las reformas de las administraciones públicas y del sector público en la vecindad meridional deben constituir una prioridad, junto con la lucha contra la corrupción, y deben perseguirse mediante el aumento de los recursos financieros, el desarrollo de capacidades y una cooperación más estrecha con los Estados miembros, así como el apoyo a los agentes de la sociedad civil en los ámbitos de la lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas;

23.  Reitera que la promoción y la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho figuran entre los principios básicos de la política exterior de la Unión; manifiesta su preocupación por las ventas de armas y equipos de seguridad que están llevando a cabo algunos Estados miembros de la Unión, en particular de tecnologías de vigilancia utilizadas para la represión interna, a las autoridades de la región que no respetan los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario; insta a los Estados miembros a que cumplan estrictamente la Posición Común 2008/994/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares(10), que establece, entre otros aspectos, que los certificados de exportación deben denegarse cuando existe un riesgo claro de que la tecnología o los equipos militares que vayan a exportarse puedan utilizarse para la represión interna o para la comisión de graves violaciones del Derecho internacional humanitario; reitera su posición, incluida en sus enmiendas, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso, adoptada el 17 de enero de 2018(11); insta a los Estados miembros de la Unión a que atribuyan la mayor importancia a este documento al tratar de alcanzar un acuerdo en el Consejo;

24.  Considera que las prioridades de colaboración acordadas entre la Unión y los países socios en el marco de la PEV deben hacer referencia explícita al acuerdo de asociación pertinente, en particular a su cláusula de derechos humanos, velando por que los derechos humanos constituyan un aspecto esencial y transversal de las prioridades de colaboración acordadas que debe debatirse a todos los niveles, en especial al más alto nivel político, y no limitarse a reuniones de subcomité de bajo nivel;

25.  Pide una mayor inclusividad y una mayor participación de la sociedad civil local en la definición de las necesidades en los países socios; acoge con satisfacción los esfuerzos del SEAE y la Comisión para ampliar el acercamiento a la sociedad civil e incluir al sector privado y les alienta a hacer más en este sentido; hace hincapié en la necesidad de garantizar la participación de representantes independientes de la sociedad civil, incluidos los grupos de derechos humanos no registrados y los defensores de los derechos humanos, y lamenta que esto se vea obstaculizado, en particular, en los casos en que el diálogo y el apoyo pasen a través de las agencias controladas por el Gobierno o se centren únicamente en organizaciones progubernamentales; opina que la Unión debe facilitar el acceso de las OSC más pequeñas, así como de los interlocutores sociales, a los fondos disponibles, racionalizar los procesos de solicitud y centrarse en las OSC; señala que los interlocutores de la sociedad civil local perciben que la Unión se centra principalmente en las grandes OSC internacionales; pide a la Unión que invierta más recursos para promover el desarrollo de las capacidades de las OSC locales y facilitar que se lleven a cabo asociaciones reforzadas entre ellas y las grandes OSC internacionales, así como para mejorar la capacidad de los interlocutores sociales para entablar un diálogo social con el Gobierno con el fin de aumentar la copropiedad local;

26.  Insta al SEAE a que intensifique sus esfuerzos para intercambiar buenas prácticas en lo que se refiere al papel de las mujeres en la vida pública;

27.  Destaca que el compromiso y la capacitación de las mujeres en los ámbitos público, político, económico y cultural de los países de la región MENA resultan esenciales para alcanzar la estabilidad, la paz y la prosperidad económica de modo duradero; subraya que, en aquellos países en los que la Primavera Árabe ha dado lugar a un conflicto que todavía no ha terminado, la participación de las mujeres en los procesos de pacificación y en la mediación resulta esencial para el restablecimiento de una sociedad no violenta; considera que tanto el acceso de las mujeres a la educación, defendido por las OSC, como la igualdad de género son fundamentales para el logro de este objetivo;

28.  Destaca que el fortalecimiento de las autoridades locales contribuye a la difusión de la democracia y los principios del Estado de Derecho; pide, por lo tanto, que se alienten los procesos de descentralización y se refuercen los medios de acción de las regiones mediante el desarrollo de la autonomía local; fomenta y apoya las asociaciones con los Estados miembros de la Unión, así como los proyectos de cooperación descentralizada llevados a cabo por las autoridades locales de los Estados miembros, con el objetivo de desarrollar la gobernanza municipal y regional en los países de la región;

29.  Recuerda la importancia de lograr una visibilidad adecuada de los esfuerzos, la asistencia y la inversión de la Unión en la región, por medio de una comunicación estratégica reforzada, la diplomacia pública, los contactos personales, la diplomacia cultural, la cooperación en asuntos educativos y académicos y las actividades de divulgación para promover los valores de la Unión; pide, en particular, el restablecimiento del mandato de un representante especial de la Unión para la región del Mediterráneo Meridional, que lideraría el compromiso de la Unión con la región y garantizaría una mayor visibilidad a la Unión;

30.  Considera que, con el fin de aumentar la capacidad de la Unión para generar un impacto político y normativo y fomentar la propiedad y el apoyo generalizado de los países beneficiarios, cada delegación de la Unión debe llevar a cabo consultas con expertos y representantes de las OSC, crear consejos consultivos de alto nivel que reflejen la diversidad social, económica y política del país en cuestión y estén compuestos por personas destacadas de los sectores cultural y académico, de los medios de comunicación, de la sociedad civil y líderes jóvenes prominentes, así como interlocutores sociales y defensores destacados de los derechos humanos, del país de que se trate, que realicen aportaciones sobre las prioridades políticas y la estructura política concebida por la Unión;

31.  Cree firmemente que la acción de la Unión hacia la región debe centrarse principalmente en los jóvenes con un enfoque intersectorial; pide que las políticas para la juventud se integren en todas las políticas de la Unión en la región MENA; cree que es fundamental desarrollar soluciones duraderas y adecuadas a la altura del desafío del empleo juvenil y subraya la importancia de promover el empleo digno, la iniciativa empresarial y las oportunidades de trabajo autónomo; propone, en este contexto, que cada delegación de la Unión trabaje para crear consejos juveniles informales formados por personas destacadas de la política, la sociedad, la economía, los medios de comunicación, la cultura, así como de las OSC, con el fin de realizar aportaciones y asesorar sobre las prioridades políticas y la capacidad de las políticas de la Unión para generar impacto en el país e introducir un elemento adicional de rendición de cuentas en relación con las decisiones políticas; pide a las familias políticas europeas que participen en intercambios mejorados con jóvenes locales activos de los países de la región MENA, con el fin de fomentar su empoderamiento, formación y desarrollo de capacidades para que puedan presentarse a las elecciones locales y convertirse en nuevos actores de cambio en sus respectivos países;

32.  Solicita a la Unión que ayude a sus socios a abordar las causas profundas de la radicalización, como la pobreza, el desempleo, la exclusión social y política y la incapacidad de la sociedad para hacer frente a las necesidades de las personas y crear oportunidades para los jóvenes a través de una cooperación reforzada con la región MENA centrada en las personas, especialmente en los jóvenes; pide a la Unión que apoye el acceso de los jóvenes al mundo empresarial, por ejemplo fomentando y apoyando las inversiones en empresas emergentes; estima que la acción de la Unión en relación con la región debe hacer mayor hincapié en el desarrollo económico y social inclusivo para promover la creación de empleo, la empleabilidad de los jóvenes, la introducción de una formación más adaptada al mercado laboral y las reformas en materia de derechos laborales, junto con reformas destinadas a establecer sistemas de protección social universales y sólidos, con especial atención en los grupos más vulnerables; pide a la Unión que invierta más recursos en acciones dirigidas a mejorar el acceso a servicios esenciales de calidad para todos, como la educación y la asistencia sanitaria, y que aumente sus esfuerzos para mejorar el diálogo social, así como para promover reformas legislativas en favor de la libertad de asociación, de reunión pacífica, de expresión y de prensa, la lucha contra la corrupción y el acceso garantizado a los recursos y la información como ingredientes clave para la estabilidad y para una sociedad abierta, dinámica y resiliente;

33.  Manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de las tensiones en la región; denuncia la instrumentalización de las diferencias religiosas para instigar crisis políticas y guerras sectarias;

34.  Pide a la Unión que apoye decididamente a los países de la región MENA en su lucha contra el peligro del fanatismo religioso, al que los jóvenes desempleados están particularmente expuestos;

35.  Opina que son necesarios mecanismos para acabar con la financiación del terrorismo a través de entidades extraterritoriales en las que participan Estados e instituciones financieras, así como para poner fin al tráfico de armas y a la compra y la venta de recursos energéticos y materias primas de que se benefician los grupos terroristas;

36.  Señala los desafíos del cambio climático, la desertificación y la escasez de agua, que afectan gravemente a la región; anima encarecidamente a los responsables políticos, así como a todos los agentes, tanto de la Unión como de la región MENA, a que intensifiquen su cooperación con los países socios, incluidas las autoridades locales y las OSC, en materia de seguridad energética, mediante la promoción de los objetivos de energía renovable y sostenible y eficiencia energética, con el fin de contribuir a la aplicación del Acuerdo de París; destaca la oportunidad para la región de avanzar en su transición energética a través de una mayor explotación de fuentes de energía renovable, que poseen un gran potencial económico para muchos de los países de la región MENA; señala las oportunidades que esto supondría para el crecimiento sostenible y la creación de empleo, así como para la cooperación regional en materia de energía y de cambio climático; destaca, a este respecto, la oportunidad que puede constituir el reciente descubrimiento de reservas de gas natural en el Mediterráneo oriental para todos los países implicados;

37.  Observa que la apertura del sector privado y una mayor diferenciación de las economías puede contribuir a la muy necesaria creación de empleo en la zona, en particular para los jóvenes y las mujeres; acoge favorablemente los signos positivos de recuperación del sector turístico en la zona, reconoce su gran potencial para impulsar el crecimiento sostenible y oportunidades de empleo y pide que la Unión preste especial atención y apoye a las zonas afectadas por desafíos en materia de infraestructuras o seguridad; pide a la Unión que refuerce su apoyo a los países más dispuestos a avanzar en la democratización, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, utilizando todas las herramientas financieras a su disposición, desde la ayuda macrofinanciera, pasando por el Instrumento Europeo de Vecindad (ENI), hasta el Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE), así como el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI);

38.  Recuerda la necesidad de aprovechar más el potencial muy poco explotado de innovación y dinamismo del sector privado en la región; anima a la Unión a que intensifique el diálogo y la asistencia financiera y técnica en este sentido; acoge favorablemente iniciativas como Startup Europe Mediterranean para determinar y establecer una red de empresas emergentes, inversores, universidades, instituciones de investigación y responsables políticos en las dos orillas del Mediterráneo, como una acción clave para impulsar la cooperación en materia de innovación, creación de empleo y crecimiento económico sostenible;

39.  Destaca la importancia de vincular todas las reformas e inversiones, así como la acción de la Unión en este ámbito, con la consecución de los ODS y el desarrollo sostenible en general;

40.  Recuerda el valor añadido de la diplomacia parlamentaria y de las reuniones interparlamentarias bilaterales periódicas que celebra el Parlamento con sus homólogos de la vecindad meridional como instrumento de intercambio de experiencias y fomento del entendimiento mutuo; señala la importancia de las comisiones parlamentarias mixtas en este contexto como instrumento único para formular políticas conjuntas ambiciosas entre la Unión y sus socios más cercanos; insta a los parlamentos nacionales de la Unión a celebrar reuniones interparlamentarias bilaterales en el marco de la PEV; subraya, una vez más, que los partidos políticos pueden desempeñar un papel en este sentido en los parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo; opina que el diálogo entre el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales de la Unión y los parlamentos de la vecindad meridional podría brindar una oportunidad muy valiosa para fomentar el diálogo y la cooperación regionales en la vecindad meridional; señala, a este respecto, el importante papel que podría desempeñar la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, como lugar donde podrían dinamizarse la integración regional y una ambiciosa agenda política y económica de esta organización; toma nota del solapamiento entre la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo y la Asamblea Parlamentaria del Mediterráneo; considera que la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo debe desempeñar un papel más importante en el marco regional de la Unión por el Mediterráneo, garantizando la transparencia y la supervisión parlamentaria de las actividades de la Unión por el Mediterráneo, en particular de los proyectos que lleven su sello;

41.  Hace hincapié en que las mujeres pueden ser poderosas agentes en los procesos de fomento y consolidación de la paz, resolución de conflictos y estabilización, y destaca su papel fundamental en la prevención de la radicalización, así como en la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo; recuerda que la participación de las mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones a la hora de elaborar y aplicar estas estrategias contribuye a la eficacia y la sostenibilidad de las políticas y los programas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que brinden apoyo a las mujeres en la región MENA y a las organizaciones de defensa y promoción de sus derechos; destaca la necesidad de facilitar el acceso a la justicia y a la justicia transicional centrándose en las mujeres que han sufrido actos de violencia sexual relacionados con conflictos;

42.  Reitera el llamamiento de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo para apoyar un proyecto euromediterráneo sobre las brechas de género que incluya un análisis de los porcentajes de representación de mujeres en los parlamentos nacionales y regionales, así como en las instituciones locales; considera que la Comisión de Derechos de la Mujer de dicha Asamblea Parlamentaria, así como la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, han de ser informadas anualmente sobre los indicadores de desigualdad de género en la región euromediterránea;

43.  Recuerda que los derechos y el empoderamiento de las mujeres, la igualdad de género, los derechos de los niños, la libertad de religión o creencias y el derecho a la no discriminación de las minorías éticas y religiosas, y de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad y las personas LGBTQI, son derechos fundamentales y principios clave de la acción exterior de la Unión;

44.  Pide que se refuerce la dimensión relativa a la igualdad de género y los derechos de las mujeres de la PEV, en línea con las prioridades del GAP II; acoge con satisfacción las recientes reformas aprobadas en algunos de los países, en cuestiones como la exención de los violadores, que posteriormente contraen matrimonio con sus víctimas, la violencia contra las mujeres y los derechos de sucesión; pide una ejecución firme de dichas leyes; no obstante, expresa su preocupación, por el hecho de que, en general, la situación de las mujeres no ha mejorado en la mayoría de los países afectados por la Primavera Árabe; subraya que el compromiso y la capacitación de las mujeres en las esferas pública, política, económica y cultural de los países de la región resultan esenciales para favorecer la estabilidad, la paz y la prosperidad económica a largo plazo; considera que el acceso de las mujeres a la educación resulta esencial para alcanzar este objetivo; se muestra preocupado, sin embargo, por el hecho de que la participación femenina en el mercado laboral de la región sea una de las más bajas del mundo, lo que acarrea exclusión social y una pérdida considerable para la economía en su conjunto; señala la importancia de abordar este problema como un componente fundamental del crecimiento económico sostenible y la cohesión social; observa, asimismo, que los defensores de los derechos de las mujeres se enfrentan a detenciones arbitrarias, acoso judicial, así como a campañas de difamación e intimidación;

45.  Denuncia la persecución generalizada y sistemática de las personas LGBTI y los defensores de sus derechos en toda la región MENA, también mediante acoso judicial, torturas, ataques físicos y campañas de difamación; pide a la Comisión, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que defiendan de manera activa y constante la indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas LGBTQI, en el marco de su cooperación con Estados de la región MENA, y que hagan hincapié en que estos derechos deben hacerse valer tanto a través de la práctica estatal como de la legislación;

46.  Pide a los países de la región MENA que contribuyan de manera activa a la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres; les solicita que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul, instrumento que permite combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la violencia doméstica y la mutilación genital femenina; pide, en particular, a los países que aún no lo hayan hecho que revisen su legislación y la complementen mediante la inclusión de fórmulas relativas a la violencia de género y los crímenes de honor, la tipificación de las amenazas de comisión de tales actos y el establecimiento de sanciones más severas para todos los delitos de este tipo;

47.  Pide a los países de la región MENA que apliquen la Plataforma de Acción de Beijing para el acceso de la mujer a la educación y la asistencia sanitaria en cuanto derechos humanos fundamentales, incluyendo tanto la planificación familiar voluntaria como la salud y los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, los métodos anticonceptivos gratuitos, el aborto legal y seguro, o la educación sexual de niñas y niños;

48.  Manifiesta su preocupación por las restricciones al acceso a la asistencia sanitaria pública y, en particular, a la salud sexual y reproductiva, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas en zonas rurales;

49.  Insta a todos los países de la región MENA a que ratifiquen la CEDAW y levanten todas las reservas existentes con respecto a esta; pide encarecidamente a estos países que tomen las medidas necesarias para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres en la sociedad, en particular mediante la adopción de planes de acción nacionales que incluyan medidas efectivas por la igualdad de género, en colaboración con las organizaciones de mujeres y demás actores de la sociedad civil;

50.  Opina que la Unión debe desarrollar un enfoque más integral para la asistencia a la reforma educativa en países socios y destinar recursos y programas pertinentes a la educación elemental, incluida la educación preescolar, así como para garantizar el desarrollo de aptitudes, competencias, incluidas las competencias digitales, los programas adecuados de educación y formación profesional, así como de educación empresarial, el pensamiento crítico y la conciencia social en la sociedad en general y desde una edad muy temprana; destaca la importancia de ofrecer educación de calidad como medio para capacitar a los jóvenes y reforzar la cohesión social;

51.  Acoge favorablemente los programas elaborados por la Secretaría de la Unión para el Mediterráneo, como Med4Jobs, para abordar el problema de la empleabilidad de los jóvenes y las mujeres en los países mediterráneos; pide a los Estados miembros de la Unión para el Mediterráneo que encarguen a su Secretaría que centre su labor en el desarrollo económico y social de los países de la región MENA, a fin de apoyar la consolidación de su proceso de transición, prestando especial atención a las mujeres y las niñas;

52.  Pide una vez más a la Comisión que responda a la propuesta del Parlamento de crear un ambicioso programa Erasmus euromediterráneo, independiente de Erasmus+, con fondos específicos y una dimensión ambiciosa en cuanto a alcance y recursos disponibles, que no solo haga hincapié en los ciclos de enseñanza primaria, secundaria y superior, sino también en el aprendizaje vocacional y educativo; reitera que invertir en la juventud proporcionará una base sólida para la resiliencia a largo plazo y la prosperidad de la región; pide a la Comisión y al Parlamento que aumenten el alcance y la participación de su Programa de Visitas de la Unión y faciliten la participación de los jóvenes y de las dirigentes políticas; pide, además, a la Unión que apoye las reformas destinadas a modernizar los sistemas educativos en estos países;

53.  Recuerda su apoyo a la financiación de programas de formación académica y profesional para crear amplias reservas de competencias profesionales en los países de la región MENA, así como a acciones como la Carta de movilidad Erasmus+ en la educación y la formación profesional, que deben ampliarse en la medida de lo posible a todos los países del Oriente Próximo y el norte de África, utilizando herramientas flexibles y evolutivas como las asociaciones para la movilidad;

54.  Condena enérgicamente, de nuevo, todas las atrocidades y las violaciones generalizadas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto y, en particular, los actos perpetrados por las fuerzas del régimen de Asad, también con el apoyo de sus aliados, Irán y Rusia, así como por los grupos que figuran en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas; lamenta profundamente el fracaso de los repetidos intentos regionales e internacionales de poner fin a la guerra, e insta a una cooperación global renovada e intensiva a fin de alcanzar una solución pacífica y duradera al conflicto; subraya que no debe existir ninguna tolerancia ni impunidad respecto a los crímenes atroces cometidos en Siria; reitera su llamamiento en favor de investigaciones y enjuiciamientos independientes, imparciales, exhaustivos y creíbles de los responsables, y defiende la labor del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2012; pide asimismo apoyo para las OSC y las ONG, que están recopilando pruebas, y contribuyendo a conservarlas, sobre violaciones de los derechos humanos y vulneraciones del Derecho humanitario;

55.  Lamenta que, desde la revisión de la PEV en 2015, solo un informe, de 18 de mayo de 2017, sobre la ejecución de la revisión de la política europea de vecindad (JOIN(2017)0018), haya evaluado los avances en la vecindad a nivel regional, a pesar del compromiso contenido en la Comunicación de 2015 sobre la revisión de PEV de producir informes periódicos a nivel de la vecindad, además de informes específicos por país, que incluyan información sobre asuntos relativos a las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, la igualdad de género y los derechos humanos; pide que los informes a nivel de país y regional incluyan análisis adecuados de los resultados y evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos de las políticas de la Unión y de los Estados miembros;

56.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la VP/AR.

(1) https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf (2) DO L 77 de 15.3.2014, p. 27. (3) DO L 77 de 15.3.2014, p. 85. (4) DO C 265 de 11.8.2017, p. 110. (5) DO C 265 de 11.8.2017, p. 98. (6) DO C 204 de 13.6.2018, p. 100. (7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0119. (8) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0227. (9) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0449. (10) DO L 335 de 13.12.2008, p. 99. (11) DO C 458 de 19.12.2018, p. 187.