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Procedimiento : 2019/2628(RSP)
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RC-B8-0225/2019

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PV 28/03/2019 - 8.9
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Textos aprobados :

P8_TA(2019)0327

Textos aprobados
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Jueves 28 de marzo de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Situación de emergencia en Venezuela
P8_TA-PROV(2019)0327RC-B8-0225/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación de emergencia en Venezuela (2019/2628(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Venezuela, y en particular las de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones en Venezuela(1), de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil(2), y de 25 de octubre de 2018(3) y 31 de enero de 2019(4), sobre la situación en Venezuela, en la última de las cuales se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela,

–  Vistas las Declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 10 de enero de 2019, 26 de enero de 2019 y 24 de febrero de 2019, sobre Venezuela, y las últimas Conclusiones del Consejo,

–  Vistas la Declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 20 de abril de 2018, sobre el empeoramiento de la situación humanitaria en Venezuela, y la Declaración común de los Estados miembros de la OEA, de 24 de enero de 2019, sobre Venezuela,

–  Vista la Declaración del Grupo de Lima, de 25 de febrero de 2019,

–  Vistas las Declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 25 de enero de 2019 y de 20 de marzo de 2019, sobre Venezuela,

–  Vista la Constitución de Venezuela, y en particular su artículo 233,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Venezuela afronta una situación de crisis política, económica, institucional, social y humanitaria pluridimensional, profunda y sin precedentes, y de escasez de medicamentos y alimentos, violaciones masivas de los derechos humanos, hiperinflación, opresión política, corrupción y violencia; que las condiciones de vida se han deteriorado gravemente y hoy en día el 87 % de la población vive en una situación de pobreza; que el 78 % de los niños de Venezuela corre el riesgo de sufrir de malnutrición; que 31 de cada 1 000 niños mueren antes de llegar a los 5 años de edad; que más de un millón de niños han dejado de estar escolarizados;

B.  Considerando que la Unión sigue estando convencida de que una solución política pacífica y democrática es la única vía sostenible para salir de la crisis; que toda especulación sobre una intervención militar en Venezuela o estrategia para emprenderla generaría violencia en el país provocando una escalada y tendría un efecto desastroso en toda la región;

C.  Considerando que las ya limitadas existencias de alimentos en Venezuela corren el riesgo de estropearse; que la población tiene serios problemas para conseguir agua, alimentos y medicamentos; que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2015 han abandonado el país más de 2,7 millones de venezolanos, cifra que podría llegar a cinco millones para finales de año si la crisis sigue agravándose;

D.  Considerando que, el 23 de febrero de 2019, la ayuda humanitaria almacenada en Colombia y Brasil fue rechazada de manera brutal y, en algunos casos, destruida por el régimen ilegal de Maduro, recurriendo a fuerzas militares y paramilitares; que la represión se saldó con varias víctimas mortales, decenas de heridos y cientos de detenidos; que las operaciones militares venezolanas, la delincuencia organizada y los terroristas representan un riesgo para la estabilidad de la región, y en particular para el territorio de su vecina Colombia;

E.  Considerando que a comienzos del mes de marzo Venezuela sufrió un apagón a gran escala durante más de cien horas, lo que agravó la crisis sanitaria ya de por sí dramática al quedar los hospitales privados de agua potable, colapsarse sus servicios y producirse saqueos; que, según la organización Médicos por la Salud, la falta de electricidad provocó la muerte de al menos 26 personas en los hospitales; que el 25 de marzo se produjo otro apagón de larga duración que dejó a Caracas y a otras veinte regiones del país completamente a oscuras;

D.  Considerando que estos apagones llevan muchos años produciéndose y son consecuencia directa de la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción del régimen ilegal de Nicolás Maduro;

G.  Considerando que, en febrero de 2019, una delegación de cuatro miembros del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), invitada oficialmente por la Asamblea Nacional y por el presidente interino Juan Guaidó, fue expulsada del país;

H.  Considerando que el 6 de marzo de 2019 el régimen ilegal de Nicolás Maduro ordenó al embajador alemán que saliera del país, acusándole de recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos; que también fueron detenidos varios periodistas extranjeros y locales, a los que se confiscó su equipo periodístico, y que fueron expulsados una vez puestos en libertad;

I.  Considerando que Juan Guaidó ha nombrado a Ricardo Hausmann representante del país en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII);

J.  Considerando que, el 21 de marzo de 2019, el servicio de inteligencia policial de Venezuela detuvo a Roberto Marrero, jefe de personal de Juan Guaidó, y penetró de forma violenta en el domicilio de Sergio Vergara, miembro de la Asamblea Nacional del Estado de Táchira, haciendo caso omiso de su inmunidad parlamentaria;

K.  Considerando que, el 23 de marzo de 2019, dos aparatos pertenecientes a las Fuerzas Aéreas rusas aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar con equipo militar y al menos un centenar de soldados a bordo, y que en los últimos meses se han producido varias veces acciones de ese tipo;

L.  Considerando que el 21 de marzo de 2019 se dictó una pena de prisión de cinco años contra la jueza venezolana Afiuni Mora, acusada de «corrupción espiritual»; que la mencionada jueza ya había cumplido una pena de prisión de larga duración en el pasado y permanecía injustamente bajo arresto domiciliario;

M.  Considerando que el 15 de marzo de 2019 se informó de que Tomasz Surdel, el corresponsal del periódico polaco Gazeta Wyborcza en Venezuela, fue víctima de un violento ataque, perpetrado supuestamente por la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, cuando conducía su automóvil en Caracas;

N.  Considerando que las fuerzas policiales y los servicios de inteligencia cubanos son el elemento estratégico que permite al régimen ilegal de Nicolás Maduro seguir existiendo;

1.  Confirma su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución venezolana, y reitera su pleno apoyo a la Asamblea Nacional, que es el único órgano democrático legítimo de Venezuela; expresa su pleno apoyo a la hoja de ruta de Juan Guaidó, consistente concretamente en poner fin a la usurpación, instaurar un gobierno nacional de transición y celebrar elecciones presidenciales sin demora; celebra que una parte significativa de la comunidad internacional y la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión hayan reconocido la legitimidad de Guaidó, y pide que los Estados miembros restantes también la reconozcan con carácter urgente;

2.  Condena la represión feroz y la violencia, que han causado muertes y heridos; manifiesta su solidaridad con el pueblo de Venezuela y expresa sus sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas;

3.  Reitera su gran inquietud a la vista de la grave situación de emergencia humanitaria que está dañando profundamente la vida de los venezolanos;

4.  Reitera su llamamiento para que se reconozca plenamente como embajadores ante la Unión y sus Estados miembros a los representantes diplomáticos nombrados por el presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó; acoge positivamente el reconocimiento por parte de la Junta de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) de Ricardo Hausmann como gobernador de Venezuela en esas instituciones; lamenta la suspensión de la reunión anual 2019 de la Junta de Gobernadores del BID por parte de sus anfitriones chinos;

5.  Denuncia los abusos en la aplicación de la ley y la brutal represión a cargo de las fuerzas de seguridad, que han restringido la entrada de ayuda humanitaria; condena el recurso a grupos armados irregulares para atacar e intimidar a la población civil y a los legisladores que se han movilizado para distribuir la ayuda; apoya a los militares venezolanos que se negaron a ejercer la represión contra la población civil durante esa crisis y desertaron; reconoce la labor realizada por las autoridades colombianas para proteger y atender a los soldados leales a la Constitución y al pueblo de Venezuela;

6.  Condena enérgicamente el acoso, la detención y la expulsión de varios periodistas que siguen la situación en Venezuela; reitera sus anteriores llamamientos al régimen ilegal de Maduro para que ponga fin de inmediato a la represión que ejerce contra dirigentes políticos, periodistas y miembros de la oposición, incluido Leopoldo López, galardonado con el Premio Sájarov; solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por ser familiares del presidente interino, Juan Guaidó, o miembros de su equipo;

7.  Condena las incursiones de los servicios de seguridad de Nicolás Maduro y la detención de Roberto Marrero, jefe de personal del presidente interino Juan Guaidó, así como la reciente entrada por la fuerza en el domicilio del miembro de la Asamblea Nacional Sergio Vergara; pide la inmediata puesta en libertad de Roberto Marrero; condena el secuestro del miembro de la Asamblea Nacional Juan Requesens y solicita su puesta en libertad inmediata;

8.  Reitera su posición en favor de una solución pacífica para el país mediante la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles sobre la base de un calendario fijo, unas condiciones justas para todas las partes, incluido un Consejo Nacional Electoral neutral, transparencia y la presencia de observadores internacionales creíbles;

9.  Elogia los esfuerzos realizados por los países del Grupo de Lima, como mecanismo regional primordial con el que se aspira a una solución democrática para la crisis bajo el liderazgo de Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela;

10.  Señala a la atención la intensificación de la crisis migratoria en toda la región y reconoce los esfuerzos realizados y la solidaridad mostrada por los países vecinos, y pide a la Comisión que siga cooperando con dichos países no solo aportando asistencia humanitaria, sino también aportando más recursos y a través de la política de desarrollo;

11.  Expresa su gran inquietud ante la presencia de bandas terroristas y delincuencia organizada en Venezuela y su expansión y actividad transfronteriza, especialmente hacia Colombia, lo que pone en peligro la estabilidad de toda la región;

12.  Pide que se impongan sanciones adicionales dirigidas contra los activos de las autoridades estatales ilegítimas en el extranjero y las personas responsables de violaciones de los derechos humanos y de la represión; considera que las autoridades de la Unión deben restringir en consecuencia los movimientos de esas personas y los de sus parientes más cercanos, e inmovilizar sus activos y sus visados;

13.  Toma nota del establecimiento del Grupo de Contacto Internacional, debiéndose evitar que sea utilizado por el régimen ilegal de Maduro como estrategia para retrasar la resolución de la crisis con el fin de permanecer en el poder; toma nota de la falta de resultados tangibles hasta la fecha del Grupo de Contacto, cuyo principal objetivo debe ser la creación de las condiciones que puedan conducir a la celebración de elecciones presidenciales sin demora y facilitar la entrega de asistencia humanitaria para hacer frente a las necesidades apremiantes de la población venezolana; pide al Grupo de Contacto Internacional que colabore con el Grupo de Lima como actor regional líder; pide, en este contexto, al SEAE, en colaboración con el Parlamento Europeo, que ponga a disposición sus conocimientos especializados en el ámbito de la asistencia electoral;

14.  Pide a los Estados miembros, a la VP/AR y a los países de la región que estudien la posibilidad de instituir una conferencia de donantes internacionales con el objetivo de aportar una amplia ayuda financiera para la reconstrucción y la transición a la democracia;

15.  Apoya firmemente la petición del secretario general de las Naciones Unidas para que se realice una investigación independiente y exhaustiva sobre las víctimas constatadas; recuerda el compromiso de la Unión en favor de un multilateralismo efectivo en el marco de las Naciones Unidas, con el fin de evitar una catástrofe humanitaria de mayores consecuencias; reitera su pleno apoyo al papel de la Corte Penal Internacional (CPI) en la lucha contra la impunidad y en el procesamiento de los autores de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos, y a la apertura de investigaciones a raíz de exámenes preliminares de delitos cometidos por el régimen ilegal de Nicolás Maduro, incluidos algunos que constituyen crímenes graves contra la humanidad;

16.  Denuncia la influencia del régimen cubano en Venezuela que ha contribuido, por medio de sus agentes, a desestabilizar la democracia e intensificar la represión política contra las fuerzas democráticas venezolanas; señala que esa intervención podría tener consecuencias para las relaciones entre la Unión y Cuba, incluido el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión y Cuba;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente interino legítimo de la República y de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a los Gobiernos y Parlamentos de los países del Grupo de Lima, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0199.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0313.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0436.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0061.

Última actualización: 29 de marzo de 2019Aviso jurídico