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Jueves 4 de abril de 2019 - Bruselas 
Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central
 Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos
 Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión ***I
 Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros *
 Gestión de los residuos
 Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera ***I
 Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos ***I
 Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera***I
 Normas comunes para el mercado interior del gas natural ***I
 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ***I
 Establecimiento de un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental ***I
 Refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión ***I
 Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias ***I
 Producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) ***I
 Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores ***I
 Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros ***I
 Fondo Social Europeo Plus (FSE+) ***I
 Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales ***I
 Reutilización de la información del sector público (refundición) ***I
 Plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo ***I
 Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas ***I
 Ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023 ***I
 Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores ***I
 Solicitud de dictamen del Tribunal de Justicia sobre la adhesión de la Unión al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
 Tratamiento fiscal de los productos de pensiones, incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales

Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central
PDF 124kWORD 50k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central ((C(2019)02530 – 2019/2679(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0331B8-0234/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2019)02530),

–  Vista la carta de la Comisión de 28 de marzo de 2019, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 1 de abril de 2019,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones(1), y en particular su artículo 11, apartado 5, y su artículo 82, apartado 6,

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) 2019/397 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/2251, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la fecha hasta la cual las contrapartes podrán seguir aplicando sus procedimientos de gestión del riesgo a ciertos contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una entidad de contrapartida central(2),

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 4 de abril de 2019.

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2019/397 de la Comisión, el Reglamento será aplicable a partir de la fecha siguiente a aquella en la que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido y en su territorio de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), salvo que en esa fecha ya haya entrado en vigor un acuerdo de retirada o que el plazo de dos años mencionado en el artículo 50, apartado 3, del TUE haya sido prorrogado;

B.  Considerando que, el 22 de marzo de 2019, el Consejo Europeo adoptó la Decisión (UE) 2019/476(3) por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE de acuerdo con el Reino Unido, y que, en consecuencia, no se cumplirá la segunda condición para la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2019/397, a saber, que no se ha prorrogado el plazo de dos años mencionado en el artículo 50, apartado 3, del TUE;

C.  Considerando que las razones subyacentes al Reglamento Delegado (UE) 2019/397 persistirán, con independencia de toda prórroga del plazo mencionado en el artículo 50, apartado 3, del TUE, y que, el 13 de febrero de 2019, el Parlamento declaró no tener objeciones al Reglamento Delegado (UE) 2019/397;

D.  Considerando que el Parlamento sigue reconociendo la importancia que reviste para las autoridades competentes y los mercados financieros la exención de determinadas operaciones resultantes de la novación, por un periodo limitado de doce meses, si la contraparte establecida en el Reino Unido cambia a una contraparte dentro de la Europa de los Veintisiete, y, en este contexto, acoge con satisfacción el Reglamento Delegado de 28 de marzo de 2019, que aborda la reciente prórroga del plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE mediante la Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) DO L 71 de 13.3.2019, p. 15.
(3) Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 22 de marzo de 2019, por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE (DO L 80I de 22.3.2019, p. 1).


Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos
PDF 126kWORD 45k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 28 de marzo de 2019, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178, por los que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos (C(2019)02533 – 2019/2680(DEA))
P8_TA-PROV(2019)0332B8-0235/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2019)02533),

–  Vista la carta de la Comisión de 28 de marzo de 2019, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 1 de abril de 2019,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones(1), y en particular su artículo 5, apartado 2, y su artículo 82, apartado 6,

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) 2019/396 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, el Reglamento Delegado (UE) 2016/592 y el Reglamento Delegado (UE) 2016/1178, por los que se completa el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la fecha en que surte efecto la obligación de compensación para determinados tipos de contratos(2),

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 4 de abril de 2019.

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2019/396 de la Comisión, el Reglamento será aplicable a partir de la fecha siguiente a aquella en la que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido y en su territorio de conformidad con el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE), salvo que en esa fecha ya haya entrado en vigor un acuerdo de retirada o que el plazo de dos años mencionado en el artículo 50, apartado 3, del TUE haya sido prorrogado;

B.  Considerando que, el 22 de marzo de 2019, el Consejo Europeo adoptó la Decisión (UE) 2019/476(3) por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE de acuerdo con el Reino Unido, y que, en consecuencia, no se cumplirá la segunda condición para la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2019/396, a saber, que no se ha prorrogado el plazo de dos años mencionado en el artículo 50, apartado 3, del TUE;

C.  Considerando que las razones subyacentes al Reglamento Delegado (UE) 2019/396 persistirán, con independencia de toda prórroga del plazo mencionado en el artículo 50, apartado 3, del TUE, y que, el 13 de febrero de 2019, el Parlamento declaró no tener objeciones al Reglamento Delegado (UE) 2019/396;

D.  Considerando que el Parlamento sigue reconociendo la importancia que reviste para las autoridades competentes y los mercados financieros la exención de determinadas operaciones resultantes de la novación, por un periodo limitado de doce meses, si la contraparte establecida en el Reino Unido cambia a una contraparte dentro de la Europa de los Veintisiete, y, en este contexto, acoge con satisfacción el Reglamento Delegado de 28 de marzo de 2019, que aborda la reciente prórroga del plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE mediante la Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) DO L 71 de 13.3.2019, p. 11.
(3) Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo tomada de acuerdo con el Reino Unido, de 22 de marzo de 2019, por la que se prorroga el plazo previsto en el artículo 50, apartado 3, del TUE (DO L 80I de 22.3.2019, p. 1).


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios
PDF 126kWORD 50k
Decisión del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios (2018/2268(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0333A8-0185/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios, transmitido por la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia, con fecha de 12 de octubre de 2018, en relación con el procedimiento n.º ABM: 2017/10839, y comunicado al Pleno el 13 de noviembre de 2018,

–  Previa audiencia a Georgios Epitideios, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de Grecia,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0185/2019),

A.  Considerando que la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una posible acción judicial relativa a un presunto delito;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

C.  Considerando que el artículo 62 de la Constitución de Grecia dispone que, durante su mandato parlamentario, los parlamentarios no podrán ser procesados, detenidos, encarcelados ni se podrá restringir su libertad de ningún otro modo sin la aprobación previa del Parlamento;

D.  Considerando que el suplicatorio de la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia guarda relación con procedimientos relativos a un incumplimiento del artículo 45 y del artículo 232 A del Código Penal griego, referidos a la infracción conjunta de una resolución judicial;

E.  Considerando que Georgios Epitideios está acusado de haber incumplido la Decisión n.º 3603/2015 del tribunal de primera instancia de Atenas, que ordena la retirada de todas las cámaras de la planta baja y de la entrada del edificio situado en la calle Grammou, n.º 73, Marousi, y el pago de una multa de 600 EUR (seiscientos euros) por cada futura infracción de la resolución de 25 de mayo de 2015;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 9, apartado 8, del Reglamento interno, la Comisión de Asuntos Jurídicos en ningún caso se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del miembro del Parlamento ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de que el examen del suplicatorio proporcionase a la Comisión de Asuntos Jurídicos un conocimiento profundo del asunto;

G.  Considerando que tampoco incumbe al Parlamento Europeo pronunciarse sobre la culpabilidad o no del diputado, sobre si los actos que se le imputan pueden dar lugar a la apertura de un procedimiento penal, o sobre los méritos relativos de los sistemas jurídicos y judiciales nacionales;

H.  Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados;

I.  Considerando que la finalidad de la inmunidad parlamentaria consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no pueden desvincularse de estas;

J.  Considerando que el procesamiento no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones del diputado al Parlamento Europeo de que se trata a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

K.  Considerando que, sobre la base de la información y las explicaciones facilitadas en el presente asunto, no hay motivos para sospechar que el proceso penal esconda la intención de perjudicar la actividad política del diputado y, por ende, la independencia del Parlamento (fumus persecutionis);

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Georgios Epitideios;

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis
PDF 126kWORD 50k
Decisión del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis (2018/2269(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0334A8-0183/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis, transmitido por la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia, con fecha de 12 de octubre de 2018, en relación con el procedimiento n.º ABM: 2017/10839, y comunicado al Pleno el 13 de noviembre de 2018,

–  Previa audiencia a Lampros Fountoulis, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de Grecia,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0183/2019),

A.  Considerando que la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una posible acción judicial relativa a un presunto delito;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

C.  Considerando que el artículo 62 de la Constitución de Grecia dispone que, durante su mandato parlamentario, los parlamentarios no podrán ser procesados, detenidos, encarcelados ni se podrá restringir su libertad de ningún otro modo sin la aprobación previa del Parlamento;

D.  Considerando que el suplicatorio de la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia guarda relación con procedimientos relativos a un incumplimiento del artículo 45 y del artículo 232 A del Código Penal griego, referidos a la infracción conjunta de una resolución judicial;

E.  Considerando que Lampros Fountoulis está acusado de haber incumplido la Decisión n.º 3603/2015 del tribunal de primera instancia de Atenas, que ordena la retirada de todas las cámaras de la planta baja y de la entrada del edificio situado en la calle Grammou, n.º 73, Marousi, y el pago de una multa de 600 EUR (seiscientos euros) por cada futura infracción de la resolución de 25 de mayo de 2015;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 9, apartado 8, del Reglamento interno, la Comisión de Asuntos Jurídicos en ningún caso se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del miembro del Parlamento ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de que el examen del suplicatorio proporcionase a la Comisión de Asuntos Jurídicos un conocimiento profundo del asunto;

G.  Considerando que tampoco incumbe al Parlamento Europeo pronunciarse sobre la culpabilidad o no del diputado, sobre si los actos que se le imputan pueden dar lugar a la apertura de un procedimiento penal, o sobre los méritos relativos de los sistemas jurídicos y judiciales nacionales;

H.  Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados;

I.  Considerando que la finalidad de la inmunidad parlamentaria consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no pueden desvincularse de estas;

J.  Considerando que el procesamiento no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones del diputado al Parlamento Europeo de que se trata a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

K.  Considerando que, sobre la base de la información y las explicaciones facilitadas en el presente asunto, no hay motivos para sospechar que el proceso penal esconda la intención de perjudicar la actividad política del diputado y, por ende, la independencia del Parlamento (fumus persecutionis);

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Lampros Fountoulis;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades griegas y a Lampros Fountoulis.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos
PDF 127kWORD 49k
Decisión del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos (2018/2270(IMM))
P8_TA-PROV(2019)0335A8-0184/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos, transmitido por la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia, con fecha de 12 de octubre de 2018, en relación con el procedimiento n.º ABM: 2017/10839, y comunicado al Pleno el 13 de noviembre de 2018,

–  Previa audiencia a Eleftherios Synadinos, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de Grecia,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0184/2019),

A.  Considerando que la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos, diputado al Parlamento Europeo, en relación con una posible acción judicial relativa a un presunto delito;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

C.  Considerando que el artículo 62 de la Constitución de Grecia dispone que, durante su mandato parlamentario, los parlamentarios no podrán ser procesados, detenidos, encarcelados ni se podrá restringir su libertad de ningún otro modo sin la aprobación previa del Parlamento;

D.  Considerando que el suplicatorio de la Fiscalía adjunta del Tribunal Supremo de Grecia guarda relación con procedimientos relativos a un incumplimiento del artículo 45 y del artículo 232 A del Código Penal griego, referidos a la infracción conjunta de una resolución judicial;

E.  Considerando que Eleftherios Synadinos está acusado de haber incumplido la Decisión n.º 3603/2015 del tribunal de primera instancia de Atenas, que ordena la retirada de todas las cámaras de la planta baja y de la entrada del edificio situado en la calle Grammou, n.º 73, Marousi, y el pago de una multa de 600 EUR (seiscientos euros) por cada futura infracción de la resolución de 25 de mayo de 2015;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 9, apartado 8, del Reglamento interno, la Comisión de Asuntos Jurídicos en ningún caso se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del miembro del Parlamento ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de que el examen del suplicatorio proporcionase a la Comisión de Asuntos Jurídicos un conocimiento profundo del asunto;

G.  Considerando que tampoco incumbe al Parlamento Europeo pronunciarse sobre la culpabilidad o no del diputado, sobre si los actos que se le imputan pueden dar lugar a la apertura de un procedimiento penal, o sobre los méritos relativos de los sistemas jurídicos y judiciales nacionales;

H.  Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados;

I.  Considerando que la finalidad de la inmunidad parlamentaria consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no pueden desvincularse de estas;

J.  Considerando que el procesamiento no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones del diputado al Parlamento Europeo de que se trata a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

K.  Considerando que, sobre la base de la información y las explicaciones facilitadas en el presente asunto, no hay motivos para sospechar que el proceso penal esconda la intención de perjudicar la actividad política del diputado y, por ende, la independencia del Parlamento (fumus persecutionis);

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Eleftherios Synadinos;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades griegas y a Eleftherios Synadinos.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))
P8_TA-PROV(2019)0336A8-0047/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0745),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0483/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 2 de abril de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0047/2019),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica ▌el Reglamento (UE) 2018/1806 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión

P8_TC1-COD(2018)0390


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 77, apartado 2, letra a),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(1),

Considerando lo siguiente:

(1)  El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE). El 21 de marzo de 2019, el Consejo Europeo acordó prorrogar hasta el 22 de mayo de 2019 el plazo establecido en el artículo 50, apartado 3, del TUE, a condición de que la Cámara de los Comunes del Reino Unido aprobase el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»)(2). El Consejo Europeo acordó una prórroga hasta el 12 de abril de 2019 si la Cámara de los Comunes del Reino Unido no aprueba el Acuerdo de Retirada.

(2)  De conformidad con el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(3), todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, incluido el derecho a entrar en el territorio de los Estados miembros sin estar provisto de un visado ni cumplimentar formalidades equivalentes.

(3)  Como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión, los Tratados y la Directiva 2004/38/CE, junto con el derecho a entrar en el territorio de los Estados miembros sin estar provisto de un visado ni cumplimentar formalidades equivalentes, dejarán de ser aplicables a los nacionales del Reino Unido que tengan la condición de ciudadanos británicos ▌. Por consiguiente, es necesario incluir al Reino Unido en uno de los anexos del ▌Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo(4). En el anexo I se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, y en el anexo II la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación.

(4)  Gibraltar no forma parte del Reino Unido. En Gibraltar ha sido de aplicación el Derecho de la Unión en la medida establecida en el Acta de Adhesión de 1972, en virtud únicamente del artículo 355, apartado 3, del TFUE. La inclusión del Reino Unido en la parte 1 del anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806 no abarcará a los ciudadanos de los territorios británicos de ultramar que hayan adquirido su ciudadanía por un vínculo con Gibraltar. Debe, por lo tanto, incluirse a Gibraltar, junto con otros territorios británicos de ultramar, en la parte 3 del anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806.

(5)  Los criterios que han de tenerse en cuenta a la hora de determinar ▌, sobre la base de una evaluación caso por caso, los terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado, o exentos de dicha obligación, se establecen en el artículo ▌1 del Reglamento (UE) 2018/1806. Entre dichos criterios se incluyen los relativos a la inmigración clandestina, al orden público y a la seguridad, a los beneficios económicos —sobre todo en términos de turismo y comercio exterior—, así como a las relaciones exteriores de la Unión con los terceros países de que se trate atendiendo, en particular, a consideraciones en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales, así como a las implicaciones de la coherencia regional y de la reciprocidad.

(6)  Teniendo en cuenta todos los criterios enumerados en el artículo ▌1 del Reglamento (UE) 2018/1806, procede eximir de la obligación de visado a los nacionales del Reino Unido que tengan la condición de ciudadanos británicos cuando viajen al territorio de los Estados miembros. Habida cuenta de la proximidad geográfica, el vínculo entre las economías, el nivel de comercio y el volumen de los movimientos para estancias de corta duración entre el Reino Unido y la Unión por negocios, ocio u otros fines, la exención de la obligación de visado debe facilitar el turismo y la actividad económica, con los consiguientes beneficios para la Unión.

(7)  Debe, por tanto, incluirse al Reino Unido en el anexo II del Reglamento (UE) 2018/1806 en lo que respecta a los ciudadanos británicos.

(8)  El presente Reglamento se basa en la expectativa de que, en aras del mantenimiento de unas estrechas relaciones, el Reino Unido concederá plena reciprocidad en materia de visados a los nacionales de todos los Estados miembros. Si el Reino Unido introduce en el futuro la obligación de visado para los nacionales de al menos un Estado miembro, se ha de aplicar el mecanismo de reciprocidad establecido en el ▌artículo 7 del Reglamento (UE) 2018/1806. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros deben actuar sin demora en la aplicación del mecanismo de reciprocidad. La Comisión debe supervisar el respeto del principio de reciprocidad de manera continuada e informar inmediatamente al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier cambio que pudiera poner en peligro el respeto de dicho principio.

(9)  Por lo que respecta a Islandia y ▌Noruega, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos ▌Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen(5), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra b, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo(6).

(10)  Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen(7), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras b y C, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo(8).

(11)  Por lo que respecta ▌ a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, la aplicación y el desarrollo del acervo de Schengen(9), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letras b y C, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/350/UE del Consejo(10).

(12)  El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo(11); por lo tanto, el Reino Unido no participa en su adopción y no queda vinculado por él ni sujeto a su aplicación.

(13)  El presente Reglamento constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo(12); por lo tanto, Irlanda no participa en su adopción y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.

(14)  El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla o está relacionado con el acervo de Schengen en el sentido, respectivamente, del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003, del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2011.

(15)  El presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente a aquel en que el Derecho de la Unión deje de aplicarse al Reino Unido.

(16)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) 2018/1806.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (UE) 2018/1806 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 6, apartado 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:"

«d) sin perjuicio de las obligaciones que se derivan del Acuerdo Europeo sobre exención de visados para los refugiados del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, los refugiados reconocidos, los apátridas y otras personas que no posean la nacionalidad de ningún país que residan en Irlanda y sean titulares de un documento de viaje expedido por Irlanda reconocido por el Estado miembro afectado.».

"

2)  En la parte 1 del anexo II se inserta el texto siguiente:"

«Reino Unido (excluidos los nacionales británicos a que se refiere la parte 3)».

"

3)  El título de la parte 3 del anexo II se sustituye por el texto siguiente:"

«NACIONALES BRITÁNICOS QUE NO TIENEN LA CONDICIÓN DE CIUDADANOS BRITÁNICOS».

"

4)  En la parte 3 del anexo II, después de la mención «Ciudadanos de los territorios británicos de ultramar [British overseas territories citizens (BOTC)]», se inserta el texto siguiente:"

«Dichos territorios incluyen Anguila, Bermudas, Territorio Antártico Británico, Territorio Británico del Océano Índico, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas, Gibraltar*, Montserrat, Islas Pitcairn, Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha, Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, e Islas Turcas y Caicos.

_____________________________

* Gibraltar es una colonia de la Corona británica. Existe una controversia entre España y el Reino Unido sobre la soberanía de Gibraltar, un territorio para el cual se debe alcanzar una solución a la luz de las resoluciones y decisiones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ».

"

Artículo 2

Si el Reino Unido introduce una obligación de visado para los nacionales de al menos un Estado miembro, se aplicará el mecanismo de reciprocidad establecido en el artículo 7 del Reglamento (EU) 2018/1806. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros actuarán sin demora en la aplicación del mecanismo de reciprocidad.

Artículo 3

▌El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente a aquel en que el Derecho de la Unión deje de aplicarse al Reino Unido.

▌El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en , el .

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1)Posición del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019.
(2) DO C 66 I de 19.2.2019, p. 1.
(3)Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(4)Reglamento (UE) 2018/1086 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 303 de 28.11.2001, p. 39).
(5)DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
(6)Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 176 de 10.7.1999, p. 31).
(7)DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
(8)Decisión 2008/146/CE del Consejo, de 28 de enero de 2008, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1).
(9)DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
(10)Decisión 2011/350/UE del Consejo, de 7 de marzo de 2011, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, sobre la supresión de controles en las fronteras internas y la circulación de personas (DO L 160 de 18.6.2011, p. 19).
(11)Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
(12)Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).


Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2019)0151 – C8-0131/2019 – 2019/0056(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0337A8-0177/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2019)0151),

–  Visto el artículo 148, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8‑0131/2019),

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el Informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0177/2019),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.


Gestión de los residuos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la gestión de los residuos (2019/2557(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0338B8-0231/2019

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos(1) (Directiva marco sobre residuos),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos(2),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases(3),

–  Vista la Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(4),

–  Visto el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013(5) (Reglamento sobre una acción por el clima),

–  Vista la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía(6), así como los reglamentos de ejecución y los acuerdos voluntarios adoptados en virtud de dicha Directiva,

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre una estrategia europea para el plástico en una economía circular(7),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente(8),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre la acción de la UE en favor de la sostenibilidad(9),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas(10),

–  Vista su Resolución, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE)(11),

–  Visto el acuerdo político provisional alcanzado por los colegisladores el 19 de diciembre de 2018 sobre la propuesta de Directiva relativa a la reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de enero de 2017, titulada «El papel de la transformación de los residuos en energía» (COM(2017)0034),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 16 de enero de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (COM(2018)0032), y el correspondiente documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SWD(2018)0020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

–  Vistas las más de sesenta peticiones sobre la gestión de los residuos que el Parlamento Europeo ha recibido en los últimos años de Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, España, Grecia, Italia, Polonia y el Reino Unido,

–  Vistas las visitas de estudio realizadas por la Comisión de Peticiones durante los últimos años a Bulgaria, Grecia e Italia sobre cuestiones de gestión de los residuos y especialmente las conclusiones y las recomendaciones específicas de los informes posteriores,

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2012, sobre las cuestiones planteadas por los peticionarios con respecto a la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos y directivas afines en los Estados miembros de la Unión Europea(12),

–  Visto el artículo 216, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, pese a los avances realizados en toda la Unión en cuanto a la reducción del impacto de la generación de residuos en el medio ambiente y la salud humana, aún quedan muchos desafíos y deben adoptarse medidas urgentes para garantizar una gestión sostenible de los recursos, especialmente por lo que respecta a las cantidades relativamente elevadas de residuos no tratados que siguen depositándose en vertederos de muchos Estados miembros;

B.  Considerando que dos de los principales retos para el futuro son reducir los niveles de generación de residuos y armonizar los objetivos de gestión de los residuos con los de la economía circular, en particular impulsando los índices de reutilización y reciclado;

C.  Considerando que la Directiva marco sobre residuos 2008/98/CE ha establecido la prevención como la máxima prioridad de la jerarquía de residuos;

D.  Considerando que las prácticas inadecuadas de gestión de los residuos tienen una grave repercusión ambiental por lo que respecta a la contaminación del suelo, el agua y el aire; que los peticionarios han señalado que se han autorizado y puesto en marcha vertederos y plantas incineradoras en las inmediaciones de zonas residenciales y agrarias, así como en zonas cuyas condiciones geológicas e hidrogeológicas no han sido consideradas debidamente por las autoridades competentes de los Estados miembros, lo cual supone una amenaza directa para la salud pública;

E.  Considerando que más del 80 % del impacto ambiental de un producto queda determinado en la fase de diseño, que, por lo tanto, desempeña un importante papel en la promoción de la prevención de residuos y de todos los aspectos de la economía circular, a saber, la durabilidad, la posibilidad de ampliación o mejora, la reparabilidad, la reutilización y el reciclado de un producto;

F.  Considerando que, además de hacer que los productos resulten más sostenibles y eficientes desde el punto de vista de los recursos, los principios de la economía colaborativa y la economía de los servicios también pueden servir para reducir la generación de residuos en Europa;

G.  Considerando que la Comisión ha tramitado numerosos procedimientos de infracción relativos al incumplimiento de la legislación de la Unión en materia de gestión de residuos en varios Estados miembros; que varios de estos casos han sido remitidos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunos de ellos recientemente;

H.  Considerando que el último informe de la Comisión sobre la aplicación de la legislación de la Unión en materia de residuos, incluido el informe de alerta temprana para los Estados miembros en riesgo de no cumplir el objetivo para 2020 de preparación de los residuos municipales para la reutilización/el reciclado, ha puesto de manifiesto que existen graves lagunas que es preciso abordar rápidamente si Europa quiere aprovechar los beneficios medioambientales y económicos de la economía circular;

I.  Considerando que ciertos datos recientes que acompañan a numerosas peticiones han revelado una situación muy problemática respecto a la gestión de los residuos en varios Estados miembros y regiones; que dichos datos aportan pruebas sólidas de la necesidad de mejorar significativamente la aplicación de la Directiva marco sobre residuos y del resto de la legislación de la Unión relativa a las medidas de prevención y tratamiento de residuos;

J.  Considerando que una economía que da prioridad a la reparación, la reutilización, la reelaboración y el reciclado de materiales requiere más mano de obra que otra basada en una filosofía de eliminación, por lo que crea más oportunidades de empleo; que la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de prevención y gestión de residuos podría permitir explotar el potencial de creación de empleo de los sectores de la reutilización y el reciclado;

K.  Considerando que unas prácticas adecuadas de gestión y prevención de residuos son esenciales para mejorar la calidad de vida en Europa y lograr un entorno no tóxico;

1.  Destaca que numerosas peticiones presentadas sobre la falta de aplicación de la legislación en materia de residuos por parte de los Estados miembros apuntan a diversos problemas sanitarios y medioambientales relacionados con prácticas inadecuadas de gestión de los residuos, como la mala calidad del aire en las zonas urbanas, la contaminación de los recursos hídricos subterráneos, los niveles de ruido excesivos y las emisiones de olores;

2.  Subraya que, con el fin respaldar la transición a una economía más circular, la financiación pública de la gestión de residuos, tanto a escala nacional como de la Unión, debe ser coherente con el objetivo de pasar a aplicar los procesos en la cúspide de la jerarquía de residuos; cree, por tanto, que los fondos deben destinarse a los planes y proyectos de prevención, reutilización, recogida selectiva y reciclado;

3.  Pide a los Estados miembros que avancen más en la elaboración de planes y proyectos eficaces para la prevención, la reutilización, la recogida selectiva y el reciclado, que son cruciales para reducir la carga ambiental de los residuos, cosechar los beneficios económicos de la economía circular y aumentar la eficiencia de los recursos; insta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros en sus esfuerzos de ejecución, en particular mediante la asistencia técnica y los fondos de la Unión; sugiere que se adopten instrumentos económicos adecuados, tal como establece en la Directiva marco sobre residuos, y que se apliquen regímenes de responsabilidad ampliada del productor eficientes y rentables para impulsar la transición hacia la economía circular;

4.  Pide a los Estados miembros que aprueben medidas para limpiar la basura y mejorar la gestión de los residuos (recogida, clasificación y reciclado), y que adopten instrumentos económicos y lleven a cabo campañas de sensibilización para prevenir los vertidos de basura;

5.  Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de realizar visitas de alto nivel en relación con los residuos y la economía circular en los Estados miembros en riesgo de no cumplir los objetivos correspondientes a los residuos municipales para 2020 y de mantener diálogos con las partes interesadas pertinentes, incluidas las asociaciones de agentes locales y regionales, así como las organizaciones de ámbito europeo que promueven realmente una cultura de «residuos cero» y las políticas asociadas;

6.  Subraya que los Estados miembros deben mitigar el impacto ambiental de la generación de residuos, especialmente reduciendo el volumen de generación de residuos municipales; pide a los Estados miembros que, a tal fin, adopten medidas de prevención de residuos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva marco sobre residuos revisada;

7.  Hace hincapié en que los actores nacionales, regionales y locales desempeñan un papel fundamental en la gestión de los residuos y en el desarrollo y la aplicación de políticas en la materia; recuerda que una política coherente, junto con el fomento de las infraestructuras adecuadas en consonancia con la jerarquía de residuos, solo puede establecerse mediante la coordinación y la cooperación a todos los niveles en el seno de la Unión; pide a la Comisión que recompense las buenas prácticas a todos los niveles y facilite su intercambio, así como que apoye de forma concreta y adecuada los proyectos pioneros;

8.  Pide a los Estados miembros y a las industrias, como socios fundamentales en el sector de la gestión de residuos, que refuercen su compromiso con la promoción de las cadenas de suministro circulares, a fin de lograr el acceso a materias primas secundarias de alta calidad, a menudo a precios competitivos, que deben recuperarse para su uso y producción ulteriores;

9.  Pide la prestación de formación y la promoción de diversos tipos de empleo, incluyendo apoyo financiero para la formación en capacidades de alto nivel y los empleos sociales, en particular en los ámbitos de la reparación y la preparación para la reutilización;

10.  Cree firmemente que los nuevos modelos de negocio centrados en la prevención, la reutilización y el reciclado de residuos deben promoverse y apoyarse adecuadamente con vistas a impulsar de forma más eficaz la transición hacia una economía circular;

11.  Subraya que la correcta aplicación del paquete sobre la economía circular ofrece oportunidades en toda la Unión, incluida la inversión, lo que contribuirá a racionalizar el uso de los recursos naturales;

12.  Destaca que el aumento de la productividad de los recursos al impulsar la eficiencia y reducir el despilfarro de recursos a través de medidas como la reutilización, el reciclado y la reelaboración permite reducir en gran medida tanto el consumo de recursos como las emisiones de gases de efecto invernadero, un objetivo central en la economía circular; subraya que, en una economía circular, los recursos se conservan dentro de la economía y siguen siendo productivos cuando el producto ha cumplido su ciclo de vida, reduciendo así el consumo de recursos; cree que, en el contexto de la legislación sobre residuos, la mejora del diseño circular de productos ayudará a cerrar los ciclos de producción y a reorientar las pautas de producción y consumo, reduciendo así los niveles de sustancias tóxicas y la cantidad total de residuos;

13.  Pide a los Estados miembros que garanticen la plena transparencia respecto al volumen y el destino final de los residuos procedentes de diferentes opciones de tratamiento de residuos, especialmente en el caso de las comunidades que pueden verse afectadas por emplazamientos y nuevos proyectos, y que las consulten en el marco del proceso decisorio; insta a los Estados miembros, además, a que apliquen plena y exhaustivamente las disposiciones de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental)(13) y otros actos legislativos de la Unión pertinentes para proteger el medio ambiente y la salud pública;

14.  Considera que la recogida selectiva de residuos puerta a puerta es una manera eficaz de sensibilizar a la población sobre la importancia estratégica de una economía circular, y de conseguir más eficazmente un compromiso colectivo en este sentido; subraya que estos sistemas permiten contabilizar mejor los tipos y las cantidades de residuos domésticos producidos, así como sus correspondientes necesidades de tratamiento, con vistas a potenciar al máximo la preparación para la reutilización y el reciclado, y permitir la introducción de medidas económicas de incentivación o disuasión más equitativas;

15.  Recuerda que la incineración sigue ocupando el penúltimo lugar en la jerarquía de residuos, por encima tan solo del vertido de residuos;

16.  Recuerda que los residuos peligrosos plantean retos particulares respecto a su tratamiento, que no pueden pasarse por alto y que deben abordarse específicamente; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones de la Directiva marco sobre residuos pertinentes para la gestión de residuos peligrosos;

17.  Respalda a la Comisión en el marco de sus procedimientos de infracción actualmente en curso contra Estados miembros que no cumplen la legislación sobre residuos; pide a la Comisión que explote todas las posibilidades que ofrece el sistema de alerta temprana de conformidad con las directivas sobre residuos revisadas; sugiere que los importes recaudados por la Comisión en concepto de multas se reinviertan en proyectos que se ajusten a los niveles superiores de la jerarquía de residuos;

18.  Lamenta que, según los peticionarios, se hayan autorizado vertederos ubicados muy cerca de zonas residenciales y agrarias; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que garanticen la plena protección de la salud humana y que adopten medidas estructurales para solucionar el problema de la contaminación de las aguas subterráneas;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 150 de 14.6.2018, p. 109.
(2) DO L 150 de 14.6.2018, p. 100.
(3) DO L 150 de 14.6.2018, p. 141.
(4) DO L 150 de 14.6.2018, p. 93.
(5) DO L 156 de 19.6.2018, p. 26
(6) DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0352.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0100.
(9) DO C 334 de 19.9.2018, p. 151.
(10) DO C 334 de 19.9.2018, p. 60.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0241.
(12) DO C 239 E de 20.8.2013, p. 60.
(13) DO L 26 de 28.1.2012, p. 1.


Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera ***I
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera (COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))
P8_TA-PROV(2019)0339A8-0206/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0278),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0170/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de enero de 2018(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0206/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 764
Propuesta de Directiva
Título 1
Propuesta de
Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera
por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»)
Enmienda 765
Propuesta de Directiva
Considerando -1 (nuevo)
(-1)   Teniendo en cuenta la gran movilidad de la mano de obra en el sector del transporte por carretera, se precisan normas sectoriales específicas a fin de garantizar el equilibrio entre la libertad de los operadores de prestar servicios transfronterizos, la libre circulación de bienes y la protección social de los conductores. Por tanto, la presente Directiva tiene por objeto aportar seguridad y claridad jurídicas, contribuir a la armonización y al fomento del control del cumplimiento, así como a la lucha contra las prácticas ilegales, y reducir la carga administrativa.
Enmienda 766
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  Con el fin de crear un sector del transporte por carretera seguro, eficiente y socialmente responsable es necesario garantizar unas condiciones de trabajo y una protección social adecuadas para los conductores, por un lado, y un entorno empresarial adecuado y unas condiciones de competencia justas para los operadores, por otro.
(1)  Con el fin de crear un sector del transporte por carretera seguro, eficiente y socialmente responsable es necesario garantizar la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios, unas condiciones de trabajo y una protección social adecuadas para los conductores, así como proporcionar un entorno empresarial adecuado y competitivo para los operadores, al tiempo que se respetan las libertades fundamentales, y en particular la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios, tal como se garantizan en los Tratados.
Enmienda 767
Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)   Toda norma nacional aplicada al transporte por carretera debe ser proporcionada y estar justificada, y no debe obstaculizar ni restar atractivo al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, como la libre circulación de servicios, con el fin de mantener o aumentar la competitividad de la Unión, al tiempo que se respetan las condiciones de trabajo y la protección social de los conductores.
Enmienda 768
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  La elevada movilidad inherente a los servicios de transporte por carretera requiere una atención especial para garantizar que los conductores disfruten de los derechos que les asisten y que los operadores no tengan que hacer frente a barreras administrativas desproporcionadas que restrinjan indebidamente su libertad de prestar servicios transfronterizos.
(2)  La elevada movilidad inherente a los servicios de transporte por carretera requiere una atención especial para garantizar que los conductores disfruten de los derechos que les asisten y que los operadores, en su mayoría (90 %) pymes con menos de diez trabajadores, no tengan que hacer frente a barreras administrativas desproporcionadas ni a controles abusivos y discriminatorios que restrinjan indebidamente su libertad de prestar servicios transfronterizos.
Enmienda 769
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)   Toda norma nacional aplicada al transporte por carretera debe ser proporcionada y estar justificada, y no debe obstaculizar ni restar atractivo al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, como la libre circulación de bienes y la libre prestación de servicios, con el fin de mantener o incluso aumentar la competitividad de la Unión, incluidos los costes de los productos y servicios, respetando las condiciones de trabajo y la protección social de los conductores, así como las particularidades del sector, dado que los conductores son trabajadores muy móviles y no trabajadores desplazados.
Enmienda 770
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  El equilibrio entre la mejora de las condiciones sociales y laborales de los conductores y la facilitación del ejercicio de la libre prestación de servicios de transporte por carretera basado en una competencia leal entre operadores nacionales y extranjeros es crucial para el buen funcionamiento del mercado interior.
(3)  El equilibrio entre la mejora de las condiciones sociales y laborales de los conductores y la facilitación del ejercicio de la libre prestación de servicios de transporte por carretera basado en una competencia leal, proporcionada y no discriminatoria entre operadores nacionales y extranjeros es crucial para el buen funcionamiento del mercado interior. Por ello, cualquier legislación o política nacional aplicada en el sector del transporte a escala nacional debe propiciar el desarrollo y refuerzo del espacio único europeo de transporte y no contribuir en modo alguno a la fragmentación del mercado interior. 
Enmienda 771
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  Tras la evaluación de la eficacia y la eficiencia de la actual legislación social de la Unión en el sector del transporte por carretera, se han observado algunas lagunas en las disposiciones vigentes y deficiencias en el control de su cumplimiento. Hay además una serie de discrepancias entre los Estados miembros en la interpretación, aplicación y ejecución de las normas. Ello crea inseguridad jurídica y propicia el trato desigual de los conductores y operadores, lo que es perjudicial para las condiciones laborales, sociales y de competencia en el sector.
(4)  Tras la evaluación de la eficacia y la eficiencia de la actual legislación social de la Unión en el sector del transporte por carretera, se han observado algunas lagunas en las disposiciones vigentes y deficiencias en el control de su cumplimiento, así como prácticas ilegales, como el uso de sociedades fantasma. Debe insistirse más en la lucha contra el trabajo no declarado en el sector del transporte. Hay además una serie de discrepancias entre los Estados miembros en la interpretación, aplicación y ejecución de las normas, lo que ha generado una enorme carga administrativa para los conductores y los operadores. Ello crea inseguridad jurídica, lo que es perjudicial para las condiciones laborales, sociales y de competencia en el sector.
Enmienda 772
Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Con objeto de garantizar la correcta aplicación de la Directiva 96/71/CE1 bis y la Directiva 2014/67/UE1 ter del Parlamento Europeo y del Consejo, se deben reforzar los controles y la cooperación a escala de la Unión para luchar contra el fraude respecto del desplazamiento de conductores y llevar a cabo controles más estrictos para garantizar que realmente se pagan las cotizaciones sociales de los conductores desplazados.
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1 bis Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
1 ter Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).
Enmienda 773
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  Para proteger las condiciones de trabajo de los conductores y evitar el falseamiento de la competencia derivado del incumplimiento es fundamental garantizar un control adecuado, eficaz y coherente del cumplimiento de las disposiciones sobre el tiempo de trabajo. Es deseable por tanto hacer extensivos los vigentes requisitos uniformes sobre el control del cumplimiento establecidos en la Directiva 2006/22/CE al control del cumplimiento de las disposiciones sobre el tiempo de trabajo establecidas en la Directiva 2002/15/UE.
(5)  Para mejorar la seguridad vial y proteger las condiciones de trabajo de los conductores y evitar el falseamiento de la competencia derivado del incumplimiento es fundamental garantizar un control adecuado, eficaz y coherente del cumplimiento de las disposiciones sobre el tiempo de trabajo y de descanso. Es deseable por tanto hacer extensivos los vigentes requisitos uniformes sobre el control del cumplimiento establecidos en la Directiva 2006/22/CE al control del cumplimiento de las disposiciones sobre el tiempo de trabajo establecidas en la Directiva 2002/15/UE. También debe ser posible combinar los controles del tiempo de conducción y del tiempo de trabajo con los controles de las normas relativas al desplazamiento de conductores sin que ello aumente la carga administrativa. Los controles del cumplimiento del tiempo de trabajo deben limitarse a controles en los locales de los operadores de transporte hasta que se disponga de una tecnología que permita realizar con eficacia los controles del tiempo de trabajo en carretera.
Enmienda 774
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   Teniendo presentes las particularidades de los servicios de transporte y la repercusión directa en la libre circulación de bienes, y prestando especial atención a la seguridad vial, los controles en carretera deben limitarse al mínimo. No deben recaer en los conductores las obligaciones administrativas adicionales de sus empresas respectivas. Las normas sobre el tiempo de trabajo deben controlarse exclusivamente en los locales de los operadores de transporte.
Enmienda 775
Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)   Con el fin de que los controles en carretera sean más eficientes, rápidos y numerosos, al tiempo que se reducen las cargas administrativas para los conductores, el cumplimiento de la Directiva 2002/15/CE debe comprobarse en el marco de controles en los locales de las empresas y no en el marco de controles en carretera.
Enmienda 776
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  Con objeto de fomentar una cooperación administrativa y un intercambio de información eficaces, los Estados miembros deben interconectar sus registros electrónicos nacionales a través del sistema del Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU) tomando como base jurídica el artículo 16, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para que los registros electrónicos nacionales estén interconectados, de manera que las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los inspectores de carretera, tengan acceso directo y en tiempo real a los datos e información contenidos en el ERRU.
Enmienda 777
Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)  Con el fin de facilitar una aplicación más correcta y uniforme de las condiciones mínimas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 561/2006, del Reglamento (UE) n.º 165/2014 y de la Directiva 2002/15/CE, y de permitir a los operadores de transporte por carretera cumplir los requisitos administrativos relativos al desplazamiento de conductores, la Comisión debe desarrollar uno o varios módulos del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) para la presentación de las declaraciones de desplazamiento y la solicitud electrónica que permitan a los inspectores tener acceso directo y en tiempo real al ERRU y al IMI durante los controles en carretera.
Enmienda 778
Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  Con objeto de garantizar una competencia leal y la igualdad de condiciones para los trabajadores y las empresas, es necesario avanzar hacia un control inteligente del cumplimiento y proporcionar todo el apoyo posible para lograr la plena introducción y utilización de sistemas de clasificación de riesgos. A tal efecto, es necesario conceder a las autoridades de control acceso en tiempo real a los registros electrónicos nacionales, al tiempo que se utiliza plenamente el ERRU.
Enmienda 779
Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)   Las normas relativas al desplazamiento de trabajadores aplicables a las actividades de transporte por carretera deben ser equilibradas y sencillas y conllevar una carga administrativa reducida para los Estados miembros y las empresas de transporte. No deben tener por objeto desincentivar las operaciones fuera del país de establecimiento de una empresa.
Enmienda 780
Propuesta de Directiva
Considerando 9
(9)  También se han experimentado dificultades en la aplicación de las normas sobre desplazamiento de trabajadores establecidas en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 y de las normas sobre los requisitos administrativos establecidas en la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo16 al sector del transporte por carretera, caracterizado por su gran movilidad. Las medidas nacionales sobre la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones en materia de desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera, medidas que no están coordinadas entre sí, han generado importantes cargas administrativas para los operadores no residentes en la Unión. Ello ha dado lugar a restricciones indebidas de la libre prestación transfronteriza de servicios de transporte por carretera que han causado efectos secundarios negativos en el empleo.
(9)  También se han experimentado dificultades en la aplicación de las normas sobre desplazamiento de trabajadores establecidas en la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo15 y de las normas sobre los requisitos administrativos establecidas en la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo16 al sector del transporte por carretera, caracterizado por su gran movilidad. Las medidas nacionales sobre la aplicación y el control del cumplimiento de las disposiciones en materia de desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera, medidas que no están coordinadas entre sí, han generado inseguridad jurídica, el falseamiento de la competencia en el sector del transporte e importantes cargas administrativas para los operadores no residentes en la Unión. Ello ha dado lugar a restricciones indebidas de la libre prestación transfronteriza de servicios de transporte por carretera que han causado efectos secundarios negativos en el empleo y en la competitividad de las empresas de transporte. Es necesario armonizar los requisitos administrativos y las medidas de control para evitar que los transportistas sufran retrasos innecesarios o arbitrarios.
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15 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
15 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
16 Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («el Reglamento IMI») (DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).
16 Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («el Reglamento IMI») (DO L 159 de 28.5.2014, p. 11).
Enmienda 781
Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  El intercambio de datos e información, y la cooperación administrativa y asistencia mutua entre los Estados miembros para garantizar el pleno cumplimiento de las normas, deben llevarse a cabo a través del IMI, cuya base jurídica es el Reglamento (UE) n.º 1034/2012. Asimismo, debe utilizarse el IMI para la presentación y la actualización de las declaraciones de desplazamiento entre los operadores de transporte y las autoridades competentes de los Estados miembros receptores. Para conseguir este último objetivo, se requiere el desarrollo de una interfaz paralela y pública dentro del sistema IMI a la que tengan acceso los operadores de transporte.
Enmienda 782
Propuesta de Directiva
Considerando 9 ter (nuevo)
(9 ter)  Todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro de bienes deben asumir la parte de responsabilidad que les incumbe por las infracciones de las normas contempladas en la presente Directiva. Se trata, en particular, de los casos en que los agentes en cuestión hayan tenido realmente conocimiento de las infracciones o, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes, deberían haber tenido conocimiento de su existencia.
Enmienda 783
Propuesta de Directiva
Considerando 9 quater (nuevo)
(9 quater)  Con el fin de garantizar la correcta aplicación de las medidas de control para el desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera, tal como se definen en las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE, deben reforzarse los controles y la cooperación a escala de la Unión para luchar contra el fraude respecto del desplazamiento de conductores.
Enmienda 784
Propuesta de Directiva
Considerando 9 quinquies (nuevo)
(9 quinquies)  Debe alentarse a los contratistas a actuar con responsabilidad social y recurrir a operadores de transporte que respeten las normas contempladas en la presente Directiva. Para facilitar a los contratistas la búsqueda de tales operadores de transporte, la Comisión debe evaluar los instrumentos y las mejores prácticas existentes de promoción de un comportamiento socialmente responsable de todos los actores que intervienen en la cadena de suministro de bienes y poder crear así, en su caso, una plataforma europea de empresas de transporte de confianza.
Enmienda 785
Propuesta de Directiva
Considerando 9 sexies (nuevo)
(9 sexies)  El incumplimiento de las normas en materia de establecimiento de las empresas de transporte internacional por carretera da lugar a divergencias en el mercado interior y contribuye a la competencia desleal entre las empresas. Por consiguiente, conviene hacer más rigurosas las condiciones relativas al establecimiento de las empresas de transporte internacional por carretera, y simplificar su control, en particular para combatir la creación de sociedades fantasma.
Enmienda 786
Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)   Teniendo en cuenta que en Europa faltan conductores, es necesario mejorar considerablemente las condiciones de trabajo para que esta profesión sea más atractiva.
Enmienda 787
Propuesta de Directiva
Considerando 11
(11)  Con el fin de garantizar una aplicación eficaz y proporcionada de la Directiva 96/71/CE en el sector del transporte por carretera, es necesario establecer normas sectoriales específicas que reflejen la particularidad de la gran movilidad de la mano de obra en el citado sector y que ofrezcan un equilibrio entre la protección social de los conductores y la libertad de los operadores para prestar servicios transfronterizos.
(11)  Con el fin de garantizar una aplicación eficaz y proporcionada de la Directiva 96/71/CE en el sector del transporte por carretera, es necesario establecer normas sectoriales específicas que reflejen la particularidad de la gran movilidad de la mano de obra en el citado sector y que ofrezcan un equilibrio entre la protección social de los conductores y la libertad de los operadores para prestar servicios transfronterizos. Deben aplicarse al sector del transporte por carretera, con arreglo a la presente Directiva, las disposiciones de la Directiva 96/71/CE relativas al desplazamiento de trabajadores así como las disposiciones de la Directiva 2014/67/UE relativas a la garantía de su cumplimiento.
Enmienda 788
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  Estos criterios equilibrados deben basarse en el concepto de un vínculo suficiente de los conductores con el territorio de un Estado miembro de acogida. Por consiguiente, procede establecer un umbral temporal superado el cual se deberán aplicar el salario mínimo y las vacaciones anuales mínimas remuneradas del Estado miembro de acogida en caso de transportes internacionales. Este umbral temporal no debe aplicarse a los transportes de cabotaje tal como se definen en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, ya que todo el transporte se realiza en un Estado miembro de acogida. Como consecuencia de ello, el salario mínimo y las vacaciones anuales mínimas del Estado miembro de acogida deben aplicarse al cabotaje, con independencia de la frecuencia y la duración de los transportes realizados por un conductor.
(12)  Estos criterios equilibrados deben basarse en el concepto de un vínculo suficiente de los conductores con el territorio de un Estado miembro de acogida. Ese vínculo suficiente existe en el caso de los transportes de cabotaje tal como se definen en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, ya que todo el transporte se realiza en un Estado miembro de acogida. Como consecuencia de ello, deben aplicarse al cabotaje las Directivas 96/71/CE y 2014/67/UE.
Enmienda 789
Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  En el caso del transporte internacional, un conductor que realiza un transporte internacional bilateral estaría vinculado fundamentalmente al Estado miembro en el que está establecida la empresa de transporte, ya que el conductor regresa periódicamente al Estado miembro en el que está establecida dicha empresa. Un conductor puede efectuar varias operaciones de transporte bilateral durante un solo viaje. Por otra parte, hay un vínculo suficiente con el territorio de un Estado miembro de acogida cuando un conductor realiza operaciones de otros tipos, como operaciones de transporte internacional no bilateral, en ese Estado miembro.
Enmienda 790
Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)
(12 ter)  Con el fin de garantizar un uso eficaz de los recursos de transporte, tener en cuenta la realidad desde el punto de vista operativo y reducir el número de trayectos en vacío, lo cual constituye un elemento importante para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París en relación con la reducción de las emisiones de CO2, debe ser posible un número limitado de actividades de transporte adicionales sin desencadenar la aplicación de las normas sobre desplazamiento de trabajadores. Dichas actividades consisten en operaciones llevadas a cabo durante un período en el transcurso de o tras una operación de transporte internacional bilateral desde el Estado miembro de establecimiento y antes del viaje de vuelta a dicho Estado miembro de establecimiento.
Enmienda 791
Propuesta de Directiva
Considerando 12 quater (nuevo)
(12 quater)  En caso de que el conductor efectúe una operación de transporte combinado, la naturaleza del servicio prestado durante las partes inicial o final del recorrido por carretera estará estrechamente vinculada al Estado miembro de establecimiento siempre que el recorrido en sí mismo constituya una operación de transporte bilateral. Por otra parte, existe un vínculo suficiente con el territorio de un Estado miembro de acogida cuando la operación de transporte durante el recorrido por carretera se realiza dentro del Estado miembro de acogida o como una operación de transporte internacional no bilateral, y por consiguiente se deben aplicar las normas sobre desplazamiento.
Enmienda 792
Propuesta de Directiva
Considerando 12 quinquies (nuevo)
(12 quinquies)   Puesto que no existe un vínculo suficiente de los conductores con el territorio de un Estado miembro de tránsito, las operaciones de tránsito no deben considerarse situaciones de desplazamiento. Debe aclararse que el hecho de que los pasajeros abandonen el autobús durante una parada por razones higiénicas no modifica la cualificación de la operación de transporte.
Enmienda 793
Propuesta de Directiva
Considerando 12 sexies (nuevo)
(12 sexies)  El sector del transporte por carretera es un sector de elevada movilidad y requiere un enfoque común para determinados aspectos de la remuneración. Las empresas de transporte deben tener seguridad jurídica en lo tocante a las normas y los requisitos que han de cumplir. Esas normas y requisitos han de ser claros, comprensibles y de fácil acceso para las empresas de transporte, y deben permitir la realización de controles eficaces. Es importante que las nuevas normas no introduzcan cargas administrativas innecesarias y que tengan debidamente en cuenta los intereses de las pymes.
Enmienda 794
Propuesta de Directiva
Considerando 12 septies (nuevo)
(12 septies)  Si, de acuerdo con el Derecho, la costumbre y las prácticas nacionales, y respetando la autonomía de los interlocutores sociales, los términos y condiciones de trabajo a los que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE que se establecen en convenios colectivos de acuerdo con su artículo 3, apartados 1 y 8, los Estados miembros deben garantizar, con arreglo a la Directiva 2014/67/UE, que dichos términos y condiciones se den a conocer a las empresas de transporte de otros Estados miembros y a los conductores desplazados de una manera accesible y transparente, y deben tratar de incluir a los interlocutores sociales en esta labor. La información pertinente debe incluir, en particular, la relativa a las diferentes retribuciones y sus elementos constituyentes, incluidos los elementos de las remuneraciones contemplados en los convenios colectivos aplicables a nivel local o regional, el método utilizado para calcular la remuneración y, en su caso, los criterios cualitativos de clasificación en las diferentes categorías salariales. Con arreglo a la Directiva (UE) 2018/957/UE por la que se modifica la Directiva 96/71/CE, no debe penalizarse a las empresas de transporte por el incumplimiento de los elementos de remuneración, el método utilizado para calcular la remuneración y, en su caso, los criterios cualitativos de clasificación en las diferentes categorías salariales que no se publiquen.
Enmienda 795
Propuesta de Directiva
Considerando 13
(13)  Con objeto de garantizar un control eficaz y eficiente del cumplimiento de las normas sectoriales específicas sobre el desplazamiento de trabajadores y evitar unas cargas administrativas desproporcionadas para el sector de los operadores no residentes, deben establecerse requisitos administrativos y de control específicos en el sector del transporte por carretera, aprovechando al máximo instrumentos de control como el tacógrafo digital.
(13)  Con objeto de garantizar un control eficaz y eficiente del cumplimiento de las normas sectoriales específicas sobre el desplazamiento de trabajadores y evitar unas cargas administrativas desproporcionadas para el sector de los operadores no residentes, deben establecerse requisitos administrativos y de control específicos en el sector del transporte por carretera, aprovechando al máximo instrumentos de control como el tacógrafo digital. A fin de minimizar la complejidad de las obligaciones establecidas en la presente Directiva y en la Directiva 96/71/CE, los Estados miembros deben poder imponer a los operadores de transporte por carretera únicamente los requisitos administrativos especificados en la presente Directiva, que han sido adaptados al sector del transporte por carretera.
Enmienda 796
Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)   Con el fin de minimizar la carga administrativa y la labor de gestión de documentos para los conductores, los operadores de transporte deben facilitar, a petición de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento del operador, todos los documentos necesarios, tal como se establece en las disposiciones del capítulo III de la Directiva 2014/67/UE sobre asistencia mutua y cooperación entre Estados miembros.
Enmienda 797
Propuesta de Directiva
Considerando 13 ter (nuevo)
(13 ter)   A fin de facilitar la aplicación, la ejecución y el control del cumplimiento de la presente Directiva, en los Estados miembros debe utilizarse el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 para mejorar el intercambio de información entre las autoridades regionales y locales a nivel transfronterizo. También podría resultar beneficioso ampliar las funciones del IMI para incluir la presentación y la transmisión de declaraciones simples.
Enmienda 798
Propuesta de Directiva
Considerando 13 quater (nuevo)
(13 quater)   Con el fin de reducir la carga administrativa de los operadores de transporte, que a menudo son pequeñas y medianas empresas, convendría simplificar el proceso de envío de las declaraciones de desplazamiento de los operadores de transporte por medio de formularios normalizados, con algunos elementos predefinidos traducidos a todas las lenguas oficiales de la Unión.
Enmienda 799
Propuesta de Directiva
Considerando 13 quinquies (nuevo)
(13 quinquies)   La ejecución y aplicación general de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera podría repercutir en la estructura del sector del transporte de mercancías por carretera de la Unión. En consecuencia, los Estados miembros y la Comisión deben vigilar de cerca los efectos de este proceso.
Enmienda 800
Propuesta de Directiva
Considerando 13 sexies (nuevo)
(13 sexies)   El control del cumplimiento debe concentrarse en las inspecciones en los locales de las empresas. No deben excluirse los controles en carretera, pero estos deben realizarse de forma no discriminatoria y únicamente para comprobar las cartas de porte o sus versiones electrónicas, la confirmación del registro previo y el certificado de regreso al país de establecimiento del operador o de residencia del conductor. En los controles en carretera se deben comprobar, en primer lugar, los datos registrados por el tacógrafo, que son importantes para determinar la actividad de un conductor y su vehículo durante un período consecutivo de cuatro semanas, así como la cobertura geográfica de dicha actividad. El registro del código de país puede ayudar.
Enmienda 801
Propuesta de Directiva
Considerando 13 septies (nuevo)
(13 septies)   La Comisión debe evaluar periódicamente la repercusión de la aplicación y el cumplimiento de las normas relativas al desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera e informar al respecto al Parlamento y al Consejo, y deben formularse propuestas de cara a su simplificación ulterior y a la reducción de la carga administrativa.
Enmienda 802
Propuesta de Directiva
Considerando 13 octies (nuevo)
(13 octies)   Habida cuenta de la necesidad de prever un tratamiento específico para el sector del transporte, en el que el desplazamiento es la parte esencial del trabajo de los conductores, la aplicación de la Directiva 96/71/UE en el sector del transporte por carretera debe coincidir con la fecha de entrada en vigor de la modificación de la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y las normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera.
Enmienda 803
Propuesta de Directiva
Considerando 13 nonies (nuevo)
(13 nonies)   A fin de adaptar los anexos de la presente Directiva a la evolución de las mejores prácticas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de dichos anexos. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular a nivel de expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016\*. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupan de la preparación de actos delegados.
Enmienda 804
Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)  El intercambio de información en el marco de una eficaz cooperación administrativa y asistencia mutua entre los Estados miembros debe cumplir las normas sobre protección de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.
Enmienda 805
Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)
(14 ter)   Todas las partes de la cadena de suministro deben respetar las normas con el fin de garantizar unas buenas condiciones sociales en el mercado europeo del transporte de mercancías por carretera. A fin de crear un mercado interior europeo sostenible desde el punto de vista económico y social, debe establecerse e implantarse una cadena de responsabilidad que englobe a todos los actores de la cadena logística. El refuerzo de la transparencia y de la rendición de cuentas, así como el aumento de la igualdad social y económica, incrementarán el atractivo de la profesión de conductor y promoverán una competencia sana.
Enmienda 806
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 2006/22/CE
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2
Dichos controles abarcarán cada año una muestra amplia y representativa de los trabajadores móviles, conductores, empresas y vehículos objeto de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014 y de los trabajadores móviles y conductores objeto de la Directiva 2002/15/CE.
Dichos controles abarcarán cada año una muestra amplia y representativa de los trabajadores móviles, conductores, empresas y vehículos objeto de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014 y, en el caso de los controles en los locales, de los trabajadores móviles y conductores objeto de la Directiva 2002/15/CE. Los Estados miembros organizarán controles en carretera de la aplicación de la Directiva 2002/15/CE únicamente tras la introducción de una tecnología que permita realizar controles eficaces. Hasta entonces, esos controles se realizarán exclusivamente en los locales de las empresas de transporte.
Enmienda 807
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 2006/22/CE
Artículo 2 – apartado 3 – párrafo 1
Cada Estado miembro organizará controles de tal manera que al menos se controle el 3 % de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos objeto del Reglamento (CE) n.º 561/2006, el Reglamento (UE) 165/2014 y la Directiva 2002/15/CE.
Cada Estado miembro organizará controles de tal manera que al menos se controle el 3 % de las jornadas de trabajo de los conductores de vehículos objeto del Reglamento (CE) n.º 561/2006, el Reglamento (UE) 165/2014 y la Directiva 2002/15/CE. Si, tras un control en carretera, un conductor no puede presentar uno o varios de los documentos requeridos, se le autorizará a proseguir su transporte, y el operador de transporte del Estado miembro de establecimiento estará obligado a presentar los documentos requeridos a través de las autoridades competentes.
Enmienda 808
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Directiva 2006/22/CE
Artículo 2 – apartado 4
4.  La información presentada a la Comisión de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 561/2006 incluirá el número de conductores controlados en la carretera, el número de controles en los locales de las empresas, el número de jornadas de trabajo controladas y el número y tipo de infracciones registradas, con indicación de si el transporte fue de pasajeros o de mercancías.».
4.  La información presentada a la Comisión de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 561/2006 incluirá el número de conductores controlados en la carretera, el número de controles en los locales de las empresas, el número de jornadas de trabajo controladas en los locales y el número y tipo de infracciones registradas, con indicación de si el transporte fue de pasajeros o de mercancías.
Enmienda 809
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 5
(3 bis)  El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 5
«Artículo 5
Controles concertados
Controles concertados
Los Estados miembros emprenderán, al menos seis veces al año, operaciones concertadas de control en carretera de los conductores y los vehículos contemplados en los Reglamentos (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85. Dichas operaciones deberán realizarse de forma simultánea por parte de las autoridades de control de dos o más Estados miembros, cada una de ellas en su propio territorio.
Los Estados miembros emprenderán, al menos seis veces al año, operaciones concertadas de control en carretera y en los locales de los conductores y los vehículos contemplados en los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014. Dichas operaciones deberán realizarse de forma simultánea por parte de las autoridades de control de dos o más Estados miembros, cada una de ellas en su propio territorio. El resumen de los resultados de los controles concertados se publicará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.».
Enmienda 810
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 4
Directiva 2006/22/CE
Artículo 6 – apartado 1
1.  Los controles en los locales de las empresas deberán organizarse teniendo en cuenta la experiencia adquirida en relación con las diferentes clases de transporte y empresas. Se efectuarán asimismo cuando se hayan comprobado en carretera infracciones graves de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014 o de la Directiva 2002/15/CE.
1.  Los controles en los locales de las empresas deberán organizarse teniendo en cuenta la experiencia adquirida en relación con las diferentes clases de transporte y empresas. Se efectuarán asimismo cuando se hayan comprobado en carretera infracciones graves de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014.
Enmienda 811
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 7 – apartado 1 – letra b
4 bis)  En el artículo 7, apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
b)  enviar los datos estadísticos bienales a la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 3820/85;
«b) enviar los datos estadísticos bienales a la Comisión con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 561/2006;»
Enmienda 812
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra -a (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
-a)  en el artículo 8, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
1.  Las informaciones mutuamente disponibles, previstas en el artículo 17, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.º 3820/85 o en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.º 3821/85, se intercambiarán entre los organismos designados comunicados a la Comisión de acuerdo con el artículo 7, apartado 2:
1.  Las informaciones mutuamente disponibles, previstas en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 561/2006 o en el artículo 40 del Reglamento (UE) n.º 165/2014, se intercambiarán entre los organismos designados comunicados a la Comisión de acuerdo con el artículo 7:
Enmienda 813
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra a
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 – letra b
b)  a petición motivada de un Estado miembro para casos individuales.
b)  a petición específica de un Estado miembro para casos individuales, siempre que la información exigida no esté disponible mediante consulta directa de los registros electrónicos nacionales contemplados en el artículo 16, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 1071/2009.
Enmienda 814
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis – párrafo 1
1 bis.  Los Estados miembros presentarán la información solicitada por otros Estados miembros de conformidad con el apartado 1, letra b), del presente artículo en el plazo de veinticinco días hábiles desde la recepción de la solicitud en los casos que requieran un examen profundo o que precisen controles en los locales de las empresas en cuestión. Los Estados miembros podrán fijar un plazo más corto de mutuo acuerdo. En casos urgentes o que requieran la simple consulta de registros, como el de un sistema de calificación de riesgos, la información solicitada deberá facilitarse en un plazo de tres días hábiles.
1 bis.  Los Estados miembros presentarán la información solicitada por otros Estados miembros de conformidad con el apartado 1, letra b), del presente artículo en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud. En los casos debidamente justificados que requieran un examen profundo o que precisen controles en los locales de las empresas en cuestión, el plazo será de veinte días hábiles. Los Estados miembros podrán fijar un plazo más corto de mutuo acuerdo. En casos urgentes o que requieran la simple consulta de registros, como el de un sistema de calificación de riesgos, la información solicitada deberá facilitarse en un plazo de tres días hábiles.
Enmienda 815
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis – párrafo 2
Cuando el Estado miembro requerido considere que la solicitud no está suficientemente motivada, informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo de diez días hábiles. El Estado miembro solicitante deberá fundamentar más la solicitud. Cuando ello no sea posible, la solicitud podrá ser rechazada por el Estado miembro.
Cuando el Estado miembro requerido considere que la solicitud no está suficientemente motivada, informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo de cinco días hábiles. El Estado miembro solicitante deberá fundamentar más la solicitud. Cuando ello no sea posible, la solicitud podrá ser rechazada por el Estado miembro.
Enmienda 816
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis – párrafo 3
Cuando resulte difícil o imposible dar curso a una solicitud de información o de realización de controles, inspecciones o investigaciones, el Estado miembro interesado informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo de diez días hábiles, explicando los motivos. Los Estados miembros interesados deberán consultarse con el fin de encontrar una solución para las dificultades planteadas.
Cuando resulte difícil o imposible dar curso a una solicitud de información o de realización de controles, inspecciones o investigaciones, el Estado miembro requerido informará de ello al Estado miembro solicitante en el plazo de cinco días hábiles, y explicará los motivos que justifiquen debidamente la dificultad o la imposibilidad de proporcionar la información pertinente. Los Estados miembros interesados deberán consultarse con el fin de encontrar una solución para las dificultades planteadas.
Enmienda 817
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis – párrafo 3 bis (nuevo)
En caso de que la Comisión tenga conocimiento de un problema persistente en el intercambio de información o de una negativa permanente a facilitar información, podrá adoptar todas las medidas necesarias para corregir la situación e incluso, si procede, iniciar una investigación y, en su caso, imponer sanciones al Estado miembro.
Enmienda 818
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 2
b bis)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  Los Estados miembros procurarán crear sistemas para el intercambio electrónico de información. Con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 12, apartado 2, la Comisión definirá una metodología común para el intercambio eficaz de información.
2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 21 de la Directiva 2014/67/UE, el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros previsto en los apartados 1 y 1 bis del presente artículo se efectuará a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), creado en virtud del Reglamento (UE) n.º 1024/2012. Las autoridades competentes de los Estados miembros tendrán acceso directo en tiempo real a los datos almacenados en los registros electrónicos nacionales a través del Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU) contemplado en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009.
Enmienda 819
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6 – letra b ter (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 8 – apartado 2 bis
b ter)  en el artículo 8, se añade el apartado siguiente:
«2 bis. La Comisión desarrollará una aplicación electrónica común a todos los Estados miembros de la Unión que permitirá a los inspectores tener acceso directo y en tiempo real al ERRU y al IMI durante los controles en carretera y en los locales a más tardar en 2020. Esta aplicación se desarrollará mediante un proyecto piloto.»;
Enmienda 820
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2
La Comisión elaborará, mediante actos de ejecución, una fórmula común para calcular la clasificación de riesgos de las empresas, que tendrá en cuenta el número, gravedad y frecuencia de las infracciones, así como los resultados de los controles cuando no se haya detectado ninguna infracción, y si una empresa de transporte por carretera ha estado utilizando el tacógrafo inteligente, de conformidad con el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014, en todos sus vehículos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 12, apartado 2, de la presente Directiva.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 bis por los que se elabore una fórmula común para calcular la clasificación de riesgos de las empresas, que tendrá en cuenta el número, gravedad y frecuencia de las infracciones, así como los resultados de los controles cuando no se haya detectado ninguna infracción, y si una empresa de transporte por carretera ha estado utilizando el tacógrafo inteligente, de conformidad con el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014, en sus vehículos.
Enmienda 821
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1
b bis)  en el apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
3.  Una lista inicial de infracciones de los Reglamentos (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 se establece en el anexo III.
3.  «Una lista inicial de infracciones de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014 se establece en el anexo III.»;
Enmienda 822
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b ter (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2
b ter)  en el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
Con vistas a ofrecer directrices sobre la medida de la gravedad de las infracciones a las disposiciones de los Reglamentos (CEE) nº 3820/85 y (CEE) nº 3821/85, la Comisión podrá, si fuera preciso, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 12, apartado 2, adoptar el anexo III con objeto de establecer directrices sobre una escala común de infracciones, dividida en categorías de acuerdo con la gravedad de las mismas.
«Con vistas a ofrecer directrices sobre la medida de la gravedad de las infracciones a las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 bis por los que se modifique el anexo III con objeto de establecer directrices sobre una escala común de infracciones, dividida en categorías de acuerdo con la gravedad de las mismas.»;
Enmienda 823
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b quater (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3
b quater)  en el apartado 3, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:
La categoría relativa a las infracciones más graves debe incluir aquellas en que el incumplimiento de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 crea un alto riesgo de muerte o de lesiones corporales graves.
«La categoría relativa a las infracciones más graves debe incluir aquellas en que el incumplimiento de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 o (UE) n.º 165/2014 crea un alto riesgo de muerte o de lesiones corporales graves.»;
Enmienda 824
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 4
4.  Para facilitar la selectividad de los controles de carretera, todas las autoridades de control competentes del Estado miembro de que se trate deberán tener acceso en el momento del control a los datos del sistema nacional de clasificación de riesgos.
4.  Para facilitar la selectividad de los controles de carretera, todas las autoridades de control competentes del Estado miembro de que se trate deberán tener acceso en el momento del control a los datos del sistema nacional de clasificación de riesgos y a los registros nacionales de empresas y actividades de transporte a través de, al menos, una aplicación electrónica común a todos los Estados miembros, mediante la cual tendrán acceso directo y en tiempo real al ERRU.
Enmienda 825
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra c
Directiva 2006/22/CE
Artículo 9 – apartado 5
5.  Los Estados miembros pondrán la información de los sistemas nacionales de clasificación de riesgos a disposición de todas las autoridades competentes de los demás Estados miembros, bien previa solicitud o directamente, de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 8.
5.  Los Estados miembros pondrán la información de los sistemas nacionales de clasificación de riesgos a disposición de todas las autoridades competentes de los demás Estados miembros directamente, mediante los registros electrónicos nacionales interoperables contemplados en el artículo 16 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009. En este contexto, el intercambio de información y datos sobre las infracciones y la calificación de riesgo de los operadores de transporte se concentrará y llevará a cabo a través de la interconexión que establece el ERRU entre los diferentes registros nacionales de los Estados miembros.
Enmienda 826
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Directiva 2006/22/CE
Artículo 11 – apartado 3
3.  La Comisión elaborará, mediante actos de ejecución, un método común para registrar y controlar los períodos de otro trabajo, tal como se define en la letra e) del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 561/2006, y los períodos de al menos una semana, durante los cuales el conductor esté alejado del vehículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 12, apartado 2.
3.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 bis por los que se establezca un método común para registrar y controlar los períodos de otro trabajo, tal como se define en la letra e) del artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 561/2006, incluidos la forma del registro y los casos concretos en los que va a tener lugar, y para registrar y controlar los períodos de al menos una semana durante los cuales el conductor esté alejado del vehículo y no pueda llevar a cabo ninguna actividad con dicho vehículo.
Enmienda 827
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 12
8 bis)  El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 12
Artículo 12
Procedimiento del Comité
Procedimiento del Comité
1.  La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento (CEE) n.º 3821/85.
1.  La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del apartado 1 del artículo 42 del Reglamento (UE) n.º 165/2014. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
El plazo contemplado en el artículo 5, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.   El Comité adoptará su reglamento interno.
Enmienda 828
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 13 – letra b
8 ter)  En el artículo 13, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
b)  fomentar un enfoque coherente entre las autoridades de control y una interpretación armonizada del Reglamento (CEE) n.º 3820/85 entre las autoridades de control;
b)  fomentar un enfoque coherente entre las autoridades de control y una interpretación armonizada del Reglamento (CE) n.º 561/2006 entre las autoridades de control;
Enmienda 829
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 quater (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 14
8 quater)  El artículo 14 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 14
Artículo 14
Negociaciones con terceros países
Negociaciones con terceros países
Desde el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comunidad entablará negociaciones con los terceros países de que se trate, a fin de aplicar normas equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.
Desde el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Unión entablará negociaciones con los terceros países de que se trate, a fin de aplicar normas equivalentes a las establecidas en la presente Directiva.
Hasta que finalicen dichas negociaciones, los Estados miembros incluirán datos sobre las inspecciones realizadas a los vehículos de terceros países en las actas que envíen a la Comisión, tal como establece el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 3820/85.
Hasta que finalicen dichas negociaciones, los Estados miembros incluirán datos sobre las inspecciones realizadas a los vehículos de terceros países en las actas que envíen a la Comisión, tal como establece el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 561/2006.
Enmienda 830
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 quinquies (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 15
8 quinquies)  El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 15
«Artículo 15
Actualización de los anexos
Actualización de los anexos
Las modificaciones necesarias para adaptar los anexos a la evolución de las mejores prácticas se adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 12, apartado 2.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 15 bis por los que se modifiquen los anexos I y II a fin de introducir las adaptaciones necesarias para tener en cuenta la evolución de las mejores prácticas.»
Enmienda 831
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 sexies (nuevo)
Directiva 2006/22/CE
Artículo 15 bis (nuevo)
8 sexies)  Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 15 bis
Ejercicio de la delegación
1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2.   Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 9, apartado 3, y el artículo 15 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.
3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 9, apartado 3, y el artículo 15 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.   Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.
5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9, apartado 3, y del artículo 15 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».
Enmienda 832
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra –a (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 1
-a)  en la parte A, el punto 1) se sustituye por el texto siguiente:
1)  tiempos diarios y semanales de conducción, pausas y períodos de descanso diarios y semanales; también las hojas de registro de las jornadas precedentes que deben hallarse a bordo del vehículo, de conformidad con el artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 y/o los datos almacenados correspondientes al mismo período en la tarjeta de conductor y/o en la memoria del aparato de control, de conformidad con el anexo ΙΙ de la presente Directiva, y/o impresiones en papel;
1)  tiempos diarios y semanales de conducción, pausas y períodos de descanso diarios y semanales; también las hojas de registro de las jornadas precedentes que deben hallarse a bordo del vehículo, de conformidad con el artículo 36, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 165/2014 y/o los datos almacenados correspondientes al mismo período en la tarjeta de conductor y/o en la memoria del aparato de control, de conformidad con el anexo ΙΙ de la presente Directiva, y/o impresiones en papel;
Enmienda 833
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra –a bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 2
-a bis) en la parte A, el punto 2) se sustituye por el texto siguiente:
2)   para el período mencionado en el artículo 15, apartado 7, del Reglamento (CEE) n.º 3821/85, todos los casos en que se haya excedido la velocidad autorizada del vehículo, definidos como todos los períodos de más de un minuto durante los cuales la velocidad del vehículo exceda los 90 km/h en la categoría de vehículos N3 o los 105 km/h en la categoría de vehículos M3 (las categorías N3 y M3 se definen en el anexo II, parte A, de la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques1 bis);
2)   para el período mencionado en el artículo 36, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n.º 165/2014, todos los casos en que se haya excedido la velocidad autorizada del vehículo, definidos como todos los períodos de más de un minuto durante los cuales la velocidad del vehículo exceda los 90 km/h en la categoría de vehículos N3 o los 105 km/h en la categoría de vehículos M3 (las categorías N3 y M3 tal como se definen en la Directiva 2007/46/CE1 bis);
__________________
__________________
1 bis DO L 42 de 23.2.1970, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/28/CE de la Comisión (DO L 65 de 7.3.2006, p. 27).
1 bis Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco).
Enmienda 834
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra -a ter (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 4
-a ter) en la parte A, el punto 4) se sustituye por el texto siguiente:
4)  el correcto funcionamiento del aparato de control (verificación de posibles manipulaciones del aparato y/o de la tarjeta de conductor y/o de las hojas de registro), o en su caso, la presencia de los documentos contemplados en el artículo 14, apartado 5, del Reglamento (CEE) n.º 3820/85.
«4) el correcto funcionamiento del aparato de control (verificación de posibles manipulaciones del aparato y/o de la tarjeta de conductor y/o de las hojas de registro), o en su caso, la presencia de los documentos contemplados en el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 561/2006.»;
Enmienda 835
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a
Directiva 2006/22/CE
Anexo I – parte A – punto 6
6)  los tiempos de trabajo semanales según lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2002/15/CE.»;
6)  los tiempos de trabajo semanales según lo establecido en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2002/15/CE, cuando la tecnología permita realizar controles efectivos.»;
Enmienda 836
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra b bis (nueva)
Directiva 2006/22/CE
Anexo I − parte B − párrafo 2
b bis)  en la parte B, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
Si fuera conveniente, los Estados miembros podrán determinar, en caso de que se detecte una infracción, la corresponsabilidad de los agentes de la cadena de transporte, como expedidores, transitarios o subcontratistas, que hubieran podido actuar como inductores o cómplices, y la comprobación de que los contratos para el suministro de transporte permiten el cumplimiento de los Reglamentos (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85.
«Si fuera conveniente, los Estados miembros podrán determinar, en caso de que se detecte una infracción, la corresponsabilidad de los agentes de la cadena de transporte, como expedidores, transitarios o subcontratistas, que hubieran podido actuar como inductores o cómplices, y la comprobación de que los contratos para el suministro de transporte permiten el cumplimiento de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014.»;
Enmienda 837
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1
1 bis.  Estas normas específicas se aplicarán a los conductores empleados por empresas establecidas en un Estado miembro que adopten una de las medidas transnacionales contempladas en el artículo 1, apartado 3, letra a), de la Directiva 96/71/CE.
2.  Los Estados miembros no aplicarán el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a los conductores del sector del transporte por carretera empleados por las empresas mencionadas en el artículo 1, apartado 3, letra a), de esa Directiva al realizar transportes internacionales según se definen en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, cuando el período de desplazamiento a su territorio sea inferior o igual a tres días en un período de un mes natural.
2.  Un conductor no se considerará desplazado a efectos de la Directiva 96/71/CE cuando realice operaciones de transporte bilateral.
A efectos de la presente Directiva, una operación de transporte bilateral de mercancías es el traslado de mercancías, basado en un contrato de transportes, desde el Estado miembro de establecimiento, tal como se define en el artículo 2, apartado 8, del Reglamento (CE) n.º 1071/2009, hasta otro Estado miembro o tercer país, o bien desde otro Estado miembro o tercer país hasta el Estado miembro de establecimiento.
2 bis.  A partir de la fecha en la que los conductores deban registrar manualmente los datos de cruce de fronteras, conforme a lo exigido en el artículo 34, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 165/2014, los Estados miembros aplicarán asimismo la exención prevista en el apartado 2 al transporte de mercancías cuando:
—  el conductor que lleve a cabo una operación de transporte bilateral realice, además, otra actividad de carga o descarga en los Estados miembros o países terceros que atraviese el conductor, siempre y cuando dicho conductor no cargue mercancías y las descargue en el mismo Estado miembro.
Cuando una operación de transporte bilateral que comience en el Estado miembro de establecimiento durante la cual no se realice otra actividad adicional esté seguida de una operación de transporte bilateral hacia el Estado miembro de establecimiento, la exención se aplicará como máximo a dos actividades más de carga o descarga, en las condiciones antes establecidas.
Esta excepción se aplicará únicamente hasta la fecha en la que el tacógrafo inteligente que realice el registro del cruce de fronteras y otras actividades adicionales a las que se refiere el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 165/2014 se instale en los vehículos que se matriculen por primera vez en los Estados miembros, tal y como especifica el artículo 8, apartado 1, párrafo segundo, del citado Reglamento. A partir de esa fecha, la excepción a la que se refiere el párrafo primero se aplicará únicamente a los conductores que utilicen vehículos equipados con tacógrafos inteligentes tal y como disponen los artículos 8, 9 y 10 de dicho Reglamento.
2 ter.  Un conductor que efectúe transporte internacional de pasajeros, ya sea discrecional o regular, según se define en el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, no se considerará desplazado a efectos de la Directiva 96/71/CE cuando:
—  recoja pasajeros en el Estado miembro de establecimiento y los deposite en otro Estado miembro o tercer país; o
—  recoja pasajeros en un Estado miembro o tercer país y los deposite en el Estado miembro de establecimiento; o
—  recoja y deje pasajeros en el Estado miembro de establecimiento para realizar excursiones locales, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1073/2009.
2 quater.  El conductor que efectúe transportes de cabotaje, tal como se define en los Reglamentos (CE) n.º 1072/2009 y (CE) n.º 1073/2009, se considerará desplazado en virtud de la Directiva 96/71/CE.
2 quinquies.  No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, no se considerará a un conductor como desplazado al territorio de un Estado miembro por el que transite sin cargar o descargar mercancía y sin recoger o depositar a pasajeros.
2 sexies.  En caso de que el conductor esté realizando el trayecto inicial o final de una operación de transporte combinado tal y como se define en la Directiva 92/106/CEE, no se considerará al conductor como desplazado a efectos de la Directiva 96/71/CE si dicho trayecto consiste en operaciones de transporte bilateral tal y como se definen en el apartado 2.
2 septies.  Los Estados miembros velarán por que, de conformidad con la Directiva 2014/67/UE, las condiciones de trabajo y empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que están establecidas en los convenios colectivos con arreglo al artículo 3, aparatados 1 y 8, de dicha Directiva, se pongan a disposición de las empresas de transporte procedentes de otros Estados miembros y de los conductores desplazados de forma accesible y transparente. La información pertinente comprenderá, en particular, las diferentes retribuciones y sus elementos constituyentes, incluidos los elementos de las remuneraciones contemplados en los convenios colectivos aplicables a nivel local o regional, el método utilizado para calcular la remuneración y, en su caso, los criterios cualitativos de clasificación en las diferentes categorías salariales. Con arreglo a la Directiva (UE) 2018/957/UE por la que se modifica la Directiva 96/71/CE, no se penalizará a las empresas de transporte por el incumplimiento de los elementos de remuneración, el método utilizado para calcular la remuneración y, en su caso, los criterios cualitativos de clasificación en las diferentes categorías salariales que no se publiquen.
2 octies.  Las empresas de transporte establecidas en un Estado que no sea miembro no deberán obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en un Estado miembro.
Los Estados miembros aplicarán medidas equivalentes a la Directiva 96/71/CE y a la presente Directiva [XX/XX] (lex specialis) en sus acuerdos bilaterales con terceros países a la hora de conceder acceso al mercado de la Unión a empresas de transporte por carretera establecidas en los terceros países en cuestión. Los Estados miembros se esforzarán, asimismo, por aplicar medidas equivalentes en el marco de los acuerdos multilaterales con terceros países. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones pertinentes de sus acuerdos bilaterales y multilaterales con terceros países.
A los efectos de garantizar un control adecuado de estas medidas equivalentes sobre el desplazamiento realizado por operadores de terceros países, los Estados miembros velarán por que se apliquen las normas revisadas contempladas en el Reglamento (UE) XXX/XXX en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos [Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 165/2014] en el marco del Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR).
Enmienda 838
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 2
Cuando el período de desplazamiento sea superior a tres días, los Estados miembros aplicarán lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE a todo el período de desplazamiento a su territorio en el período de un mes natural mencionado en el párrafo primero.
suprimido
Enmienda 839
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria
3.   A los efectos del cálculo de los períodos de desplazamiento citados en el apartado 2:
suprimido
Enmienda 840
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra a
a)   un período de trabajo diario inferior a seis horas de permanencia en el territorio de un Estado miembro de acogida se considerará media jornada;
suprimida
Enmienda 841
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra b
b)   un período de trabajo diario igual o superior a seis horas de permanencia en el territorio de un Estado miembro de acogida se considerará jornada completa;
suprimida
Enmienda 842
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3 – letra c
c)  las pausas, los períodos de descanso y los períodos de disponibilidad en que se haya permanecido en el territorio de un Estado miembro de acogida se considerarán períodos de trabajo.
suprimida
Enmienda 843
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – parte introductoria
4.  Los Estados miembros solo podrán imponer los requisitos administrativos y las medidas de control siguientes:
4.  No obstante lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva 2014/67/UE, los Estados miembros solo podrán imponer los requisitos administrativos y las medidas de control siguientes:
Enmienda 844
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a – parte introductoria
a)  la obligación de que el operador de transporte por carretera establecido en otro Estado miembro envíe una declaración de desplazamiento a las autoridades nacionales competentes a más tardar al comienzo del desplazamiento, por vía electrónica, en una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida o en inglés, que contenga solo la información siguiente:
a)  la obligación de que el operador de transporte por carretera establecido en otro Estado miembro presente una declaración y sus posibles actualizaciones por vía electrónica a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) establecido por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 a las autoridades nacionales competentes del Estado miembro en el que esté desplazado el conductor a más tardar al comienzo del desplazamiento, en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea, que contenga solo la información siguiente:
Enmienda 845
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a – inciso i
i)  la identidad del operador de transporte por carretera;
i)  la identidad del operador de transporte por carretera, mediante su número de identificación fiscal intracomunitario o el número de licencia comunitaria;
Enmienda 846
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a – inciso iii
iii)  el número previsto de conductores desplazados y sus identidades;
iii)  información sobre el conductor desplazado que incluya: la identidad, el país de residencia, el país del pago de las cotizaciones sociales, el número de la seguridad social y el número del permiso de conducción;
Enmienda 847
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a – inciso iv
iv)  la duración previsible y las fechas previstas del comienzo y de la finalización del desplazamiento;
iv)  la fecha prevista del comienzo y la fecha de la finalización del desplazamiento y la duración estimada, así como la legislación aplicable al contrato de trabajo;
Enmienda 848
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a – inciso iv bis (nuevo)
iv bis)  para los transportistas de mercancías por carretera: la identidad y los datos de contacto de los destinatarios, siempre que el operador de transporte no utilice la carta de porte electrónica;
Enmienda 849
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra a – inciso vi bis (nuevo)
vi bis)  para los transportistas de mercancías por carretera: las direcciones de las cargas y descargas, siempre que el operador de transporte no utilice la carta de porte electrónica.
Enmienda 850
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra b
b)  la obligación de que el conductor conserve y ponga a disposición, cuando así se solicite en el control en carretera, en papel o en formato electrónico, una copia de la declaración de desplazamiento y pruebas de la operación de transporte que se efectúe en el Estado miembro de acogida, como la carta de porte electrónica o las pruebas a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo;
b)  la obligación de que el operador de transporte por carretera garantice que el conductor dispone, cuando así se solicite en el control en carretera, en papel o en formato electrónico, de una copia de la declaración y de pruebas de la operación de transporte que se efectúe en el Estado miembro de acogida, como la carta de porte electrónica o las pruebas a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo;
Enmienda 851
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra c
c)  la obligación de que el conductor conserve y ponga a disposición, cuando así se solicite en el control en carretera, los datos registrados por el tacógrafo y, en particular, los códigos de país de los Estados miembros en que haya estado al realizar transportes internacionales por carretera o transportes de cabotaje;
c)  la obligación de que el operador de transporte por carretera garantice que el conductor dispone, cuando así se solicite en el control en carretera, de los datos registrados por el tacógrafo y, en particular, de los códigos de país de los Estados miembros en que haya estado al realizar transportes internacionales por carretera o transportes de cabotaje;
Enmienda 852
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra c bis (nueva)
c bis)  durante los controles en carretera contemplados en las letras b) y c) del presente artículo, el conductor deberá estar autorizado a ponerse en contacto con la sede, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda proporcionar los documentos solicitados;
Enmienda 854
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra d
d)  la obligación de que el conductor conserve y ponga a disposición, cuando así se solicite en el control en carretera, en papel o en formato electrónico, una copia del contrato de trabajo o un documento equivalente a tenor del artículo 3 de la Directiva 91/533/CEE del Consejo, traducida a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de acogida o en inglés;
suprimida
__________________
20 Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288 de 18.10.1991, p. 32).
Enmienda 855
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra e
e)  la obligación de que el conductor ponga a disposición, cuando así se solicite en el control en carretera, en papel o en formato electrónico, una copia de las nóminas de los últimos dos meses; durante el control de carretera, el conductor deberá estar autorizado a ponerse en contacto con la sede, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda proporcionar esa copia;
suprimida
Enmienda 853
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – letra f
f)  la obligación de que el operador de transporte por carretera entregue, después del período de desplazamiento, en papel o en formato electrónico, copias de los documentos mencionados en las letras b), c) y e), a petición de las autoridades del Estado miembro de acogida y en un plazo razonable.
f)   la obligación de que el operador de transporte por carretera envíe, a través de la interfaz pública del IMI, después del período de desplazamiento [...], copias de los documentos mencionados en las letras b) y c), a petición de las autoridades del Estado miembro en el que esté desplazado el conductor, así como documentación sobre la remuneración de los conductores desplazados que se refiera al período de desplazamiento y su contrato de trabajo, o un documento equivalente en el sentido del artículo 3 de la Directiva 91/533/CEE del Consejo1 bis, las fichas con los horarios de trabajo del conductor y la prueba del pago.
El operador de transporte por carretera proporcionará la documentación solicitada mediante la interfaz pública del IMI antes de que transcurran dos meses desde la fecha de la solicitud.
Cuando el operador de transporte por carretera no proporcione toda la documentación solicitada a través de la interfaz pública del IMI en el plazo establecido, las autoridades competentes del Estado miembro en el que tuvo lugar el desplazamiento podrán, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva 2014/67/UE, solicitar la asistencia de las autoridades competentes del Estado miembro en el que está establecido el operador. Cuando esta solicitud se realice a través del IMI, las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento del operador tendrán acceso a la declaración de desplazamiento y a otros datos pertinentes presentados por el operador a través de la interfaz pública del IMI.
Las autoridades competentes del Estado miembro en el que está establecido el operador garantizarán que se proporcionen los documentos solicitados por las autoridades competentes del Estado miembro en el que tuvo lugar el desplazamiento a través del IMI en un plazo de veinticinco días hábiles a partir de la fecha de la solicitud.
__________________
1 bis Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral (DO L 288 de 18.10.1991, p. 32).
Enmienda 856
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5
5.  A los efectos del apartado 4, letra a), el operador de transporte por carretera podrá presentar una declaración de desplazamiento para un período de un máximo de seis meses.
5.  A los efectos del apartado 4, letra a), el operador de transporte por carretera podrá presentar una declaración para un período de un máximo de seis meses.
Enmienda 857
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  La información procedente de las declaraciones se almacenará en el repositorio del IMI a efectos de control durante un período de 18 meses y estará a disposición, directamente y en tiempo real, de todas las autoridades competentes de los otros Estados miembros designadas con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2014/67/UE, el artículo 18 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el artículo 7 de la Directiva 2006/22/CE.
La autoridad nacional competente podrá permitir que los interlocutores sociales, de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales, accedan a la información siempre que esta:
—  esté relacionada con el desplazamiento al territorio del Estado miembro de que se trate;
—  se utilice para aplicar las normas relativas a dicho desplazamiento; y
—  el tratamiento de datos cumpla lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Enmienda 858
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5 ter (nuevo)
5 ter.  La Comisión adoptará actos de ejecución a fin de elaborar un formulario normalizado en todas las lenguas oficiales de la Unión, que deberá utilizarse para presentar las declaraciones a través de la interfaz pública del IMI, especificar las funcionalidades de la declaración en el IMI y cómo se presentará en la declaración la información a que se refieren los incisos i) a vi bis) de la letra a) del apartado 4, y garantizar que esa información de las declaraciones se traduce de forma automática a una lengua del Estado miembro de acogida. Los actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen establecido en el artículo 2 bis, apartado 2.
Enmienda 859
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5 quater (nuevo)
5 quater.   Los Estados miembros evitarán demoras innecesarias en la aplicación de las medidas de control que puedan afectar a la duración y a las fechas previstas del desplazamiento.
Enmienda 860
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 5 quinquies (nuevo)
5 quinquies.   Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán estrechamente, se prestarán asistencia mutua y se proporcionarán toda la información pertinente, con arreglo a las condiciones establecidas en la Directiva 2014/67/UE y el Reglamento (CE) n.º 1071/2009.
Enmienda 861
Propuesta de Directiva
Artículo 2 bis (nuevo)
Artículo 2 bis
1.   La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del apartado 1 del artículo 42 del Reglamento (UE) n.º 165/2014. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Enmienda 862
Propuesta de Directiva
Artículo 2 ter (nuevo)
Artículo 2 ter
Los Estados miembros contemplarán la imposición de multas a los expedidores, los transitarios, los contratistas y los subcontratistas por incumplimiento de lo establecido en el artículo 2 de la presente Directiva en caso de que sepan o, a la vista de todas las circunstancias pertinentes, debieran saber que los servicios de transporte que contratan infringen lo dispuesto en la presente Directiva.
Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones serán eficaces, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias.
Enmienda 863
Propuesta de Directiva
Artículo 2 quater (nuevo)
Artículo 2 quater
La Comisión evaluará los instrumentos existentes y las mejores prácticas en materia de promoción de un comportamiento socialmente responsable por parte de todos los agentes que intervienen en la cadena de suministro de mercancías y presentará una propuesta legislativa al objeto de establecer una Plataforma Europea de Confianza, si procede, en el plazo de ...[dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva].
Enmienda 864
Propuesta de Directiva
Artículo 2 quinquies (nuevo)
Artículo 2 quinquies
Ejecución inteligente
1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2014/67/UE, y para seguir cumpliendo las obligaciones establecidas en el artículo 2 de la presente Directiva, los Estados miembros garantizarán la aplicación en su territorio de una estrategia nacional de control coherente. Esta estrategia se centrará en las empresas con una clasificación de alto riesgo a que se refiere el artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
2.   Cada Estado miembro velará por que los controles previstos en el artículo 2 de la Directiva 2006/22/CE incluyan, si procede, un control sobre el desplazamiento y por que este control se realice sin discriminación, en particular sin discriminación en lo que se refiere a las matrículas de los vehículos utilizados en el desplazamiento.
3.   Los Estados miembros dirigirán los controles a las empresas con una clasificación de alto riesgo de infringir lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Directiva, aplicable a ellas. A este fin, los Estados miembros, en el marco del sistema de clasificación de riesgos que hayan establecido en virtud del artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y extendido de conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, tratarán el riesgo de dicha infracción como un riesgo en su propio derecho.
4.   A los efectos del apartado 3, los Estados miembros tendrán acceso a la información y los datos pertinentes registrados, tratados o almacenados por los tacógrafos inteligentes a los que hacen referencia el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014, las declaraciones de desplazamiento mencionadas en el artículo 2, apartado 4, de la presente Directiva y los documentos de transporte electrónicos, como las cartas de porte electrónicas previstas en el Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (eCMR).
5.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con el fin de determinar las características de los datos a los que los Estados miembros deben tener acceso, las condiciones de su uso y las especificaciones técnicas para su transmisión o acceso, indicando, en particular:
a)   una lista pormenorizada de la información y los datos a los que las autoridades nacionales competentes tendrán acceso, que incluirá, como mínimo, la fecha y el lugar de cruce de fronteras, las operaciones de carga y descarga, la placa de matrícula del vehículo y los datos del conductor;
b)   los derechos de acceso de las autoridades competentes, diferenciando, cuando proceda, según el tipo de autoridad competente, el tipo de acceso y el fin para el que se utilizan los datos;
c)   las especificaciones técnicas para la transmisión o el acceso a los datos a que se refiere la letra a), incluida, en su caso, la duración máxima del almacenamiento de los datos, diferenciadas, en su caso, según el tipo de datos.
6.   Los datos personales a los que hace referencia el presente artículo no deben estar accesibles ni almacenados durante más tiempo del necesario para los fines para los que se recabaron o para los que fueron posteriormente tratados. Una vez que dichos datos dejen de ser necesarios a tales fines, se destruirán.
7.   Los Estados miembros efectuarán al menos tres veces al año controles de carretera concertados de los desplazamientos, que podrán coincidir con los controles realizados de acuerdo con el artículo 5 de la Directiva 2006/22/CE. Tales controles serán efectuados a la vez por las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas en el ámbito del desplazamiento por carretera de dos o más Estados miembros, cada uno actuando en su propio territorio. Los Estados miembros intercambiarán información sobre el número y el tipo de las infracciones detectadas después de que se hayan efectuado los controles de carretera concertados.
El resumen de los resultados de los controles concertados se publicará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Enmienda 865
Propuesta de Directiva
Artículo 2 sexies (nuevo)
Artículo 2 sexies
Modificación del Reglamento (UE) n.º 1024/2012
En el anexo del Reglamento (UE) n.º 1024/2012 se añaden los puntos siguientes:
«12 bis. Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos (CE) n.º 561/2006 y (UE) n.º 165/2014 y la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo: Artículo 8
12 ter.   Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE en lo relativo a los requisitos de control del cumplimiento y se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera: Artículo 2, apartado 5.
Enmienda 866
Propuesta de Directiva
Artículo 3
Artículo 3
Informes y examen
1.  La Comisión evaluará la aplicación de la presente Directiva, en particular los efectos del artículo 2, dentro de un plazo máximo de [tres años después de la fecha de transposición de la presente Directiva] y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe al respecto. El informe de la Comisión irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa.
1.  Los Estados miembros informarán anualmente a la Comisión de la aplicación de la presente Directiva, en particular de la aplicación de la ejecución inteligente mencionada en el artículo 2 quinquies y de las posibles dificultades que surjan en su ejecución.
Para que se pueda evaluar la eficacia de la información sobre la ejecución, el informe incluirá información sobre la eficacia de:
—  el tacógrafo inteligente a que se hace referencia en el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014;
—  el uso de IMI a que se hace referencia en el artículo 2, apartados 5 bis y 5 ter, de la presente Directiva;
—  el uso de documentos de transporte electrónicos, en particular la carta de porte electrónica con arreglo al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (eCMR);
—  el intercambio de información entre autoridades competentes a través del ERRU y el IMI, así como información sobre la eficacia de las autoridades en lo que se refiere al acceso directo y real al ERRU y al IMI a través de la aplicación de la UE durante los controles en carretera, como se menciona en los artículos 8 y 9 de la Directiva 2006/22/CE; y
—  la aplicación de los programas de formación destinados a ayudar a los conductores y a todos los demás actores involucrados en el procedimiento, en particular empresas, administraciones e inspectores, para su adaptación a las nuevas normas y requisitos que les afectan.
2.  A raíz del informe mencionado en el apartado 1, la Comisión evaluará periódicamente la presente Directiva y presentará los resultados de la evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.
2.  La Comisión podrá adoptar actos de ejecución por los que se especifique el formato de la notificación a que se refiere el párrafo primero y se establezcan directrices al respecto.
Dichos actos de ejecución podrán incluir normas que exijan que los Estados miembros proporcionen a la Comisión datos sobre los flujos de tráfico y datos sobre los Estados miembros en lo que se refiere al registro de vehículos recogidos por los sistemas de peaje en los Estados miembros, cuando existan dichos datos, con vistas a la evaluación de la eficacia de la ejecución de la presente Directiva.
3.  Cuando proceda, los informes mencionados en los apartados 1 y 2 irán acompañados de las propuestas pertinentes.
3.  A más tardar el 31 de diciembre de 2025, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación y los efectos de la presente Directiva, en particular en lo que se refiere a la eficacia de la ejecución, incluido un análisis de la rentabilidad del uso de sensores de peso para el registro automático de puntos de carga y descarga. El informe de la Comisión irá acompañado, cuando proceda, de una propuesta legislativa. Dicho informe se hará público.
Enmienda 867
Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)
Artículo 3 bis
Formación
Con el fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, la Comisión y los Estados miembros establecerán un programa exhaustivo e integrado de formación y adaptación a las nuevas normas y requisitos para los conductores y todos los demás actores involucrados en el procedimiento, en particular empresas, administraciones e inspectores.
Enmienda 868
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el [...] [El plazo de transposición será lo más breve posible y, por lo general, no superará los dos años], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 30 de julio de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Enmienda 869
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
El sector del transporte, habida cuenta de su alto de grado de movilidad reconocido, quedará exento de las medidas derivadas del acto legislativo que modifica la Directiva 96/71/CE hasta que sea aplicable la presente Directiva.
Enmienda 870
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)
El sector del transporte quedará exento de las medidas derivadas del acto legislativo que modifica la Directiva 96/71/CE hasta la entrada en vigor de los requisitos de ejecución que establecen normas específicas con respecto al transporte de la presente Directiva.

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.


Tiempos de conducción máximos, pausas mínimas y períodos de descanso diarios y semanales, y posicionamiento mediante tacógrafos ***I
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos (COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))
P8_TA-PROV(2019)0340A8-0205/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0277),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0167/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de enero de 2018(1),

–  Tras consultar al Comité de las Regiones,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0205/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 346
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
(1)  Unas condiciones de trabajo adecuadas para los conductores y unas condiciones comerciales justas para las empresas de transporte por carretera son de vital importancia para la creación de un sector del transporte por carretera seguro, eficiente y socialmente responsable. Para facilitar ese proceso, es esencial que las normas sociales de la Unión aplicables al sector del transporte por carretera sean claras, adecuadas al objetivo que se persigue, fáciles de aplicar y hacer cumplir, y que se apliquen de manera efectiva y coherente en todo el territorio de la Unión.
(1)  Unas condiciones de trabajo adecuadas para los conductores y unas condiciones comerciales justas para las empresas de transporte por carretera son de vital importancia para la creación de un sector del transporte por carretera seguro, eficiente y socialmente responsable, además de no discriminatorio, que sea capaz de atraer a trabajadores cualificados. Para facilitar ese proceso, es esencial que las normas sociales de la Unión aplicables al sector del transporte por carretera sean claras, proporcionadas, adecuadas al objetivo que se persigue, fáciles de aplicar y hacer cumplir, y que se apliquen de manera efectiva y coherente en todo el territorio de la Unión.
Enmienda 347
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Tras evaluar la eficacia y la eficiencia de la aplicación de las normas sociales vigentes de la Unión en el sector del transporte por carretera, y en particular del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo9, se han detectado algunas deficiencias en el marco jurídico vigente. La existencia de normas poco claras e inadecuadas sobre el descanso semanal, las instalaciones de descanso y las pausas en la conducción en equipo y la ausencia de normas sobre el regreso de los conductores a su domicilio conducen a interpretaciones y prácticas de control del cumplimiento divergentes en los Estados miembros. Varios Estados miembros han adoptado recientemente medidas unilaterales que aumentan aún más la inseguridad jurídica y la desigualdad de trato de los conductores y operadores.
(2)  Tras evaluar la eficacia y la eficiencia de la aplicación de las normas sociales vigentes de la Unión en el sector del transporte por carretera, y en particular del Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo9, se han detectado algunas deficiencias en la aplicación del marco jurídico. La existencia de normas poco claras sobre el descanso semanal, las instalaciones de descanso y las pausas en la conducción en equipo y la ausencia de normas sobre el regreso de los conductores a su domicilio o a otro lugar de su elección conducen a interpretaciones y prácticas de control del cumplimiento divergentes en los Estados miembros. Varios Estados miembros han adoptado recientemente medidas unilaterales que aumentan aún más la inseguridad jurídica y la desigualdad de trato de los conductores y operadores.
Por otra parte, los tiempos máximos de conducción diaria y semanal, tal como se definen en el Reglamento (CE) n.º 561/2006, contribuyen eficazmente a mejorar las condiciones sociales de los conductores, así como la seguridad vial en general, por lo que conviene garantizar que se respeten.
–––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––
9 Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1).
9 Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 1).
Enmienda 348
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)   En aras de la seguridad vial y del cumplimiento de la normativa, todos los conductores deben ser plenamente conscientes de las normas sobre conducción y períodos de descanso y de la disponibilidad de las instalaciones de descanso. Conviene por ello que los Estados miembros elaboren directrices que presenten este Reglamento de forma clara y sencilla, faciliten información útil sobre las instalaciones de estacionamiento y descanso y subrayen la importancia de combatir la fatiga.
Enmienda 349
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)
(2 ter)   En aras de la seguridad vial, procede animar a las empresas de transporte a que adopten una cultura de la seguridad que incluya políticas y procedimientos de seguridad establecidos por la alta dirección, el compromiso de aplicar la política de seguridad por parte de los mandos directos, y la voluntad de cumplir las normas de seguridad por parte del personal. Debe ponerse un énfasis claro en las cuestiones de seguridad del transporte por carretera, entre las que se incluyen la fatiga, la responsabilidad, la planificación del viaje, la rotación, la remuneración de conformidad con el rendimiento y la gestión puntual.
Enmienda 350
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  La evaluación ex post del Reglamento (CE) n.º 561/2006 ha confirmado que el control incoherente e ineficaz del cumplimiento de las normas sociales de la Unión se debe principalmente a la falta de claridad de las normas, el uso ineficiente de los instrumentos de control y la insuficiencia de la cooperación administrativa entre los Estados miembros.
(3)  La evaluación ex post del Reglamento (CE) n.º 561/2006 ha confirmado que el control incoherente e ineficaz del cumplimiento de las normas sociales de la Unión se debe principalmente a la falta de claridad de las normas, el uso ineficiente y desigual de los instrumentos de control y la insuficiencia de la cooperación administrativa entre los Estados miembros, lo que incrementa la fragmentación del mercado interior europeo.
Enmienda 351
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Por otro lado, es fundamental contar con unas normas claras y adecuadas que se hagan cumplir de modo uniforme para alcanzar los objetivos estratégicos de mejorar las condiciones de trabajo de los conductores y, en particular, garantizar una competencia no falseada entre los operadores y contribuir a la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.
(4)  Por otro lado, es fundamental contar con unas normas claras y adecuadas que se hagan cumplir de modo uniforme para alcanzar los objetivos estratégicos de mejorar las condiciones de trabajo de los conductores y, en particular, garantizar una competencia no falseada y leal entre los operadores y contribuir a la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera.
Enmienda 352
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)   Toda norma nacional aplicable al transporte por carretera debe ser proporcionada y justificada y no obstaculizar ni hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, como la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios, con el fin de conservar o incluso aumentar la competitividad de la Unión Europea.
Enmienda 353/rev
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
(4 ter)  Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades a escala europea en el transporte por carretera, el presente Reglamento debe aplicarse a todos los vehículos que superen las 2,4 toneladas utilizados para el transporte internacional.
Enmienda 354
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   El transporte de mercancías es fundamentalmente distinto al transporte de viajeros. Los conductores de autocares mantienen un contacto cercano con sus pasajeros y deberían ser capaces de realizar pausas flexibles, sin alargar los tiempos de conducción o reducir los tiempos de descanso y pausa.
Enmienda 355
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  Los conductores que realizan operaciones de transporte internacional de larga distancia pasan largos períodos alejados de su domicilio. Los requisitos vigentes sobre el descanso semanal normal prolongan innecesariamente dichos períodos. Es deseable, por tanto, adaptar la disposición sobre el descanso semanal normal de modo que se facilite a los conductores la realización de las operaciones de transporte cumpliendo las normas y la llegada a su domicilio para disfrutar de un descanso semanal normal, y que se les compensen plenamente todos los períodos de descanso semanal reducidos. También es necesario disponer que los operadores organicen el trabajo de los conductores de tal manera que los períodos fuera del domicilio no sean excesivamente largos.
(6)  Los conductores que realizan operaciones de transporte internacional de larga distancia pasan largos períodos alejados de su domicilio. Los requisitos vigentes sobre el descanso semanal normal prolongan innecesariamente dichos períodos. Es deseable, por tanto, adaptar la disposición sobre el descanso semanal normal de modo que se facilite a los conductores la realización de las operaciones de transporte cumpliendo las normas y la llegada a su domicilio o a un destino de su elección para disfrutar de un descanso semanal normal, y que se les compensen plenamente todos los períodos de descanso semanal reducidos. También es necesario disponer que los operadores organicen el trabajo de los conductores de tal manera que los períodos fuera del domicilio no sean excesivamente largos y que cuando un conductor decida tomar el período de descanso en su domicilio, la empresa de transporte debe facilitarle los medios para regresar al mismo.
Enmienda 356
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)   Cuando se pueda predecir que el trabajo de un conductor incluya actividades por cuenta de su empresario distintas a sus tareas profesionales de conducción, como la carga y descarga, la búsqueda de estacionamiento, el mantenimiento del vehículo, la preparación de la ruta, etc., el tiempo que necesita para desempeñar estas tareas debe tenerse en cuenta al fijar su tiempo de trabajo, la posibilidad de un período de descanso adecuado y la remuneración.
Enmienda 357
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)   Con el fin de salvaguardar las condiciones laborales de los conductores en los lugares de carga y descarga, los propietarios y operadores de tales instalaciones deben ofrecer a los conductores acceso a instalaciones sanitarias.
Enmienda 358
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)
(6 quater)  El rápido progreso tecnológico se traduce en el desarrollo de sistemas de conducción autónoma cada vez más sofisticados. En el futuro, estos sistemas podrían permitir una utilización diferenciada de los vehículos en los que no sea necesaria la intervención de los conductores para maniobrarlos. Esto podría dar lugar a nuevas posibilidades operativas como, por ejemplo, la formación de trenes de carretera con camiones. En consecuencia, la legislación vigente, incluidas las normas sobre períodos de conducción y descanso, deberá adaptarse, para lo que reviste una importancia esencial que se realicen avances en el seno del Grupo «Coordinación» (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas). La Comisión presentará un informe de evaluación sobre la utilización de los sistemas de conducción autónoma en los Estados miembros acompañado, si procede, de una propuesta legislativa que tenga en cuenta las ventajas de las tecnologías de conducción autónoma. El objetivo de esta legislación es garantizar la seguridad vial, unas condiciones de competencia equitativas y unas condiciones laborales adecuadas, además de permitir a la Unión ser pionera en tecnologías y prácticas innovadoras.
Enmienda 359
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Existen diferencias entre los Estados miembros en la interpretación y aplicación de los requisitos sobre el descanso semanal en cuanto al lugar en que debe disfrutarse este. Procede, por tanto, aclarar ese requisito para garantizar que a los conductores se les proporciona un alojamiento adecuado para sus períodos de descanso semanal normal si se toman fuera del domicilio.
(7)  Existen diferencias entre los Estados miembros en la interpretación y aplicación de los requisitos sobre el descanso semanal en cuanto al lugar en que debe disfrutarse este. Para garantizar unas condiciones laborales adecuadas y la seguridad de los conductores, procede, por tanto, aclarar ese requisito para garantizar que a los conductores se les proporciona un alojamiento de calidad y con instalaciones adecuadas para ambos sexos u otro lugar elegido por el conductor y pagado por el empresario para sus períodos de descanso semanal normal si se toman fuera del domicilio. Los Estados miembros deben velar por la disponibilidad de suficientes áreas de aparcamiento seguras que estén adaptadas a las necesidades de los conductores.
Enmienda 360
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  Las zonas de estacionamiento reservadas deben contar con todas las instalaciones necesarias para unas buenas condiciones de descanso, a saber, instalaciones sanitarias, de cocina, de seguridad y de otro tipo.
Enmienda 361
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  Unas instalaciones para el descanso adecuadas son fundamentales para mejorar las condiciones laborales de los conductores en el sector y preservar la seguridad vial. Puesto que el descanso en la cabina es una característica del sector del transporte y, en determinados casos, es deseable desde el punto de vista del confort y por razones prácticas, debe permitirse a los conductores descansar en sus vehículos si estos están dotados de instalaciones para el descanso adecuadas. Por lo tanto, los Estados miembros no deben impedir ni frustrar de forma desproporcionada la creación de zonas de estacionamiento reservadas.
Enmienda 362
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quater (nuevo)
(7 quater)  Las orientaciones revisadas de la RTE-T prevén el desarrollo de zonas de estacionamiento en las autopistas aproximadamente cada 100 km para ofrecer espacios de aparcamiento a los usuarios comerciales de la carretera con un nivel adecuado de seguridad, por lo que debe animarse a los Estados miembros a aplicar las orientaciones de la RTE-T e invertir suficientemente en zonas de estacionamiento seguras y debidamente adaptadas.
Enmienda 363
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quinquies (nuevo)
(7 quinquies)  Con el fin de ofrecer instalaciones para el descanso de buena calidad y asequibles, la Comisión y los Estados miembros deben promover la creación de empresas de carácter social, comercial, público y de otro tipo dedicadas a la explotación de las zonas de estacionamiento reservadas.
Enmienda 364
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)  Muchas operaciones de transporte por carretera en la Unión comprenden travesías en transbordador o trayectos por ferrocarril. Por consiguiente, deben establecerse disposiciones claras y apropiadas relativas a los períodos de descanso y a las pausas en relación con esas operaciones.
Enmienda 365
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Para garantizar un cumplimiento efectivo de la normativa, es esencial que las autoridades competentes puedan determinar, al realizar controles en carretera, que los tiempos de conducción y los períodos de descanso se respetaron debidamente el día del control y en los cincuenta y seis días anteriores.
Enmienda 366
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)
(9 ter)   Con el fin de garantizar que las normas sean claras y fáciles de comprender y cumplir, debe proporcionarse información a los conductores. Ello debe conseguirse mediante la coordinación de la Comisión. Los conductores también deben obtener información sobre las zonas de descanso y estacionamiento seguras que les permita planificar mejor los trayectos. Además, sobre la base de la coordinación por la Comisión, debe instalarse una línea de atención telefónica gratuita para alertar a los servicios de control en casos de presión indebida sobre los conductores, fraude o comportamiento ilícito.
Enmienda 367
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 quater (nuevo)
(9 quater)  El artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 obliga a los Estados miembros a aplicar la clasificación común de infracciones al evaluar la honorabilidad. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación del régimen de sanciones aplicable a las infracciones del Reglamento (CE) n.º 561/2006 y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 de manera efectiva, proporcionada y disuasoria. Se han de tomar nuevas medidas para garantizar que las sanciones aplicadas por los Estados miembros no tienen carácter discriminatorio y son proporcionadas a la gravedad de la infracción.
Enmienda 368
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  Para mejorar la rentabilidad del control del cumplimiento de las normas sociales, es conveniente aprovechar plenamente el potencial de los sistemas de tacógrafo actuales y futuros. Por consiguiente, procede mejorar las funciones del tacógrafo para poder lograr un posicionamiento más preciso, en particular en las operaciones de transporte internacional.
(11)  Para mejorar la rentabilidad del control del cumplimiento de las normas sociales, es conveniente hacer obligatorios los sistemas de tacógrafo inteligenteactuales en el transporte internacional. Por consiguiente, procede mejorar las funciones del tacógrafo para poder lograr un posicionamiento más preciso.
Enmienda 369
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)   El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y la digitalización en toda la economía de la Unión y la necesidad de una igualdad de condiciones entre empresas en el transporte internacional por carretera hacen que sea necesario acortar el período transitorio para la instalación del tacógrafo inteligente en los vehículos matriculados. El tacógrafo inteligente contribuirá a la simplificación de los controles y, de este modo, facilitará el trabajo de las autoridades nacionales.
Enmienda 370
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
(11 ter)   Teniendo en cuenta el uso generalizado de los teléfonos inteligentes y el desarrollo continuo de sus funcionalidades, y en vista del despliegue de Galileo, que brinda importantes oportunidades de localización en tiempo real, que muchos teléfonos móviles ya utilizan, la Comisión debe estudiar la posibilidad de desarrollar y certificar una aplicación móvil que ofrezca las mismas ventajas que las ofrecidas por el tacógrafo inteligente, con los mismos costes accesorios.
Enmienda 371
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)
(11 quater)  A fin de garantizar unas normas adecuadas en materia de salud y seguridad de los conductores, es necesario crear unas zonas de estacionamiento seguras, unas instalaciones sanitarias adecuadas y unos alojamientos de calidad, o mejorarlos. La Unión debe contar con una red suficiente de zonas de estacionamiento.
Enmienda 372
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  El transporte de mercancías es distinto al transporte de viajeros. Los conductores de autocares mantienen un contacto cercano con sus pasajeros y deberían disfrutar de condiciones más adecuadas en el marco del presente Reglamento, sin alargar los tiempos de conducción o reducir los tiempos de descanso y pausa. Por consiguiente, la Comisión evaluar si pueden adoptarse normas específicas para este sector, especialmente en el caso de los servicios discrecionales, tal y como se definen en el artículo 2, párrafo 1, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses.
Enmienda 373
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – apartado -1 (nuevo)
Reglamento (CE) no 561/2006
Artículo 2 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)
-1.  En el artículo 2, apartado 1, se inserta la letra siguiente:
«- a bis) de mercancías en transportes internacionales, cuando la masa máxima autorizada de los vehículos, incluido cualquier remolque o semirremolque, sea superior a 2,4 toneladas, o».
Enmienda 374
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 –punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 561/2006
Artículo 3 – apartado 1 – letra a bis
a bis)  vehículos o conjuntos de vehículos de una masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizados para el transporte de materiales, equipos o maquinaria para uso del conductor en el ejercicio de su profesión, y que solo se utilicen dentro de un radio de hasta 100 kilómetros alrededor del centro de explotatión de la empresa, y a condición de que la conducción del vehículo no constituya la actividad principal del conductor;
«a bis) vehículos o conjuntos de vehículos de una masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizados para el transporte de materiales, equipos o maquinaria para uso del conductor en el ejercicio de su profesión o para la entrega de mercancías que hayan sido producidas artesanalmente en la empresa a la que pertenece el conductor, y que solo se utilicen dentro de un radio de hasta 150 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa, y a condición de que la conducción del vehículo no constituya la actividad principal del conductor;».
Enmienda 375
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) no 561/2006
Artículo 3 – letra h bis (nueva)
1 bis)  En el artículo 3, se inserta la letra siguiente:
«h bis) vehículos comerciales ligeros para el transporte de mercancías, cuando el transporte no se realice por cuenta ajena, sino por cuenta propia de la empresa o del conductor, y cuando la conducción no constituya la actividad principal de la persona que conduzca el vehículo;».
Enmienda 376
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 4 – letra r
r)  «transporte no comercial»: todo transporte por carretera, excepto el transporte por cuenta ajena o por cuenta propia, por el que no se recibe remuneración alguna y que no genera ningún tipo de ingresos.».
r)  «transporte no comercial»: todo transporte por carretera, excepto el transporte por cuenta ajena o por cuenta propia, por el que no se recibe remuneración alguna y que no genera ningún tipo de ingresos o facturación.».
Enmienda 377
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 4 – letra r bis (nueva)
2 bis)   En el artículo 4, se añade la letra siguiente:
«r bis) «domicilio": la residencia registrada del conductor en un Estado miembro;».
Enmienda 378
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 5 – apartado 1
2 ter)   En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
1.  La edad mínima de los cobradores será de 18 años cumplidos.
«1. La edad mínima de los conductores será de 18 años cumplidos.».
Enmienda 379
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 6 – párrafo 1
a)  en el apartado 6, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
suprimido
«6. En el transcurso de cuatro semanas consecutivas el conductor tendrá que tomar al menos:
a)  cuatro períodos de descanso semanal normal, o
b)  dos períodos de descanso semanal normal de al menos 45 horas y dos períodos de descanso semanal reducido de al menos 24 horas.
A efectos de la letra b), períodos de descanso semanal reducido se compensará con un período de descanso equivalente, tomado de una vez antes de finalizar la tercera semana siguiente a la semana en cuestión.
Enmienda 381
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 7
«7. Los períodos de descanso tomados como compensación por un período de descanso semanal reducido deberán preceder o seguir inmediatamente a un período de descanso semanal normal de al menos 45 horas.»;
«7. Los períodos de descanso tomados como compensación por un período de descanso semanal reducido deberán añadirse a un período de descanso semanal normal de al menos 45 horas.
Enmienda 382
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 8 bis – parte introductoria
«8 bis. Los períodos de descanso semanal normal y cualquier descanso semanal de más de 45 horas que se tomen en compensación por períodos de descanso semanal reducido previos no podrán tomarse en un vehículo. Habrán de tomarse en un alojamiento apropiado que disponga de instalaciones sanitarias y para el descanso adecuadas:
«8 bis. Los períodos de descanso semanal normal y cualquier descanso semanal de más de 45 horas que se tomen en compensación por períodos de descanso semanal reducido previos no podrán tomarse en un vehículo. Habrán de tomarse en un alojamiento de calidad y con instalaciones adecuadas para ambos sexos fuera de la cabina que disponga de instalaciones sanitarias y para el descanso adecuadas para el conductor. Dicho alojamiento deberá ser:
Enmienda 383
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 8 bis – letra a
a)  proporcionadas o pagadas por el empresario, o
(No afecta a la versión española).
Enmienda 384
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 8 bis – letra b
b)  en el domicilio o en otro lugar privado elegido por el conductor.
b)  en el domicilio del conductor o en otro lugar privado elegido por el conductor.
Enmienda 385
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 8 ter – párrafo 1
8 ter.  Las empresas de transporte organizarán el trabajo de los conductores de tal manera que estos puedan disfrutar al menos de un período de descanso semanal normal o un descanso semanal de más de 45 horas que tomen como compensación por un descanso semanal reducido en el domicilio dentro de cada período de tres semanas consecutivas.».
8 ter.  Las empresas de transporte organizarán el trabajo de los conductores de tal manera que estos puedan disfrutar al menos de un período de descanso semanal normal o un descanso semanal de más de 45 horas que tomen como compensación por un descanso semanal reducido en el domicilio o en otro lugar de su elección antes de que finalice cada período de cuatro semanas consecutivas. El conductor informará a la empresa de transporte a más tardar dos semanas antes de dicho período de descanso en caso de que lo vaya a tomar en un lugar distinto de su domicilio. Cuando un conductor decida disfrutar de dicho período de descanso en su domicilio, la empresa de transporte le facilitará los medios necesarios para regresar al mismo. La empresa documentará de qué modo da cumplimiento a esta obligación y conservará esta documentación en sus locales a fin de presentarla cuando la soliciten las autoridades de control.
Enmienda 386
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 8 ter – párrafo 1 bis (nuevo)
En el artículo 8, apartado 8 ter, se añade el párrafo siguiente:
«El conductor declarará que ha disfrutado de un período de descanso semanal normal o de un descanso semanal de más de 45 horas en un lugar elegido por él en compensación por un descanso semanal reducido. Esta declaración se conservará en los locales de la empresa.».
Enmienda 380
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 – apartado 9 bis (nuevo)
c bis)  se añade el apartado siguiente:
9 bis.  A más tardar el ... [dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento] la Comisión evaluará e informará al Parlamento y al Consejo sobre si pueden adoptarse normas más adecuadas para conductores que presten servicios discrecionales de transporte de pasajeros, según la definición del artículo 2, párrafo 1, punto 4, del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses.
Enmienda 387
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 8 bis (nuevo)
5 bis)  Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 8 bis
1.  A más tardar el [seis meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros comunicarán a la Comisión la localización de las zonas de estacionamiento reservadas disponibles en sus territorios y notificarán posteriormente cualquier cambio respecto de esta información. La Comisión publicará una lista de todas las zonas de estacionamiento reservadas públicamente accesibles en un único sitio web oficial que se actualizará periódicamente.
2.  En la entrada de todas las zonas de estacionamiento que tengan al menos las instalaciones y características estipuladas en el anexo 1 y que haya publicado la Comisión de conformidad con el apartado 2 se podrá indicar que son zonas de estacionamiento reservadas.
3.  Los Estados miembros garantizarán que se realicen controles aleatorios de forma periódica para comprobar el cumplimiento de las características del aparcamiento con los criterios relativos a las zonas de estacionamiento reservadas que figuran en el anexo.
4.  Los Estados miembros investigarán las reclamaciones sobre las zonas de estacionamiento reservadas certificadas que no sean conformes con los criterios que figuran en el anexo.
5.  Los Estados miembros fomentarán la creación de zonas de estacionamiento reservadas con arreglo a lo establecido en el artículo 39, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 1315/2013.
A más tardar el 31 de diciembre de 2020, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y el Consejo sobre la disponibilidad de instalaciones de descanso adecuadas para los conductores y de instalaciones de estacionamiento protegidas. Dicho informe irá acompañado del proyecto de Reglamento por el que se establezcan las normas y procedimientos de certificación de las zonas de estacionamiento reservadas a que se refiere el apartado 4 del presente artículo. Este informe se actualizará todos los años a partir de la información recopilada por la Comisión en virtud del apartado 5 y contendrá una lista de medidas propuestas para incrementar la cantidad y la calidad de instalaciones de descanso adecuadas para los conductores y de las instalaciones de estacionamiento protegidas.».
Enmienda 388
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 9 – apartado 1
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el período de descanso diario normal o el período de descanso semanal reducido de un conductor que acompañe un vehículo transportado por transbordador o tren se podrá interrumpir dos veces como máximo para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de una hora. Durante el período de descanso diario normal o el período de descanso semanal reducido, el conductor deberá tener acceso a una cama o litera que esté a su disposición.
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 8, el período de descanso diario normal o el período de descanso semanal reducido de un conductor que acompañe un vehículo transportado por transbordador o tren se podrá interrumpir dos veces como máximo para llevar a cabo otras actividades que no excedan en total de una hora. Durante el período de descanso diario normal o el período de descanso semanal reducido, el conductor deberá tener acceso a una cabina para pernoctar, cama o litera que esté a su disposición.
Enmienda 389
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)
6 bis)  En el artículo 9, se inserta el apartado siguiente:
«1 bis. Dicha excepción debe ampliarse a los descansos semanales normales cuando la duración del viaje en transbordador sea igual o superior a doce horas. Durante ese período de descanso semanal, el conductor deberá tener acceso a una cabina para pernoctar.».
Enmienda 390
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 10 – apartado 1
6 bis)  En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
1.  Las empresas de transporte no remunerarán a los conductores asalariados o que estén a su servicio, incluso mediante concesión de primas o incrementos salariales, en función de las distancias recorridas o del volumen de las mercancías transportadas, si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera y/o fomentar las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento.
«1. Las empresas de transporte no remunerarán a los conductores asalariados o que estén a su servicio, incluso mediante concesión de primas o incrementos salariales, en función de las distancias recorridas, de la rapidez de la entrega o del volumen de las mercancías transportadas, si dichas remuneraciones fomentan las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento.».
Enmienda 391
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 12 – apartado 2
Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera, el conductor podrá apartarse de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, y en el artículo 8, apartado 6, párrafo segundo, para poder llegar a un alojamiento apropiado, según lo dispuesto en el artículo 8, apartado 8 bis, para tomar en él el período de descanso diario o semanal. Esa excepción no deberá traducirse en un rebasamiento de los tiempos de conducción diaria o semanal ni en un acortamiento de los períodos de descanso diario o semanal. El conductor deberá señalar manualmente el motivo de la excepción en la hoja de registro del aparato de control o en una impresión del aparato de control o en el registro de servicio, a más tardar, al llegar al alojamiento apropiado.
Siempre que no se comprometa la seguridad en carretera, el conductor podrá apartarse de manera excepcional de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 12, después de un descanso de 30 minutos, para poder llegar en un plazo de dos horas al centro de operaciones de la empresa donde tenga su base el conductor y donde comenzará el descanso semanal normal. El conductor deberá señalar manualmente el motivo de la excepción en la impresión del aparato de control. Este período igual o inferior a dos horas se compensará con un período de descanso equivalente, tomado de una vez con cualquier período de descanso, al finalizar la tercera semana siguiente a la semana en cuestión.
Enmienda 392
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 13 – apartado 1 – letra d
7 bis)  En el artículo 13, apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
d)  vehículos o conjuntos de vehículos con una masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizados por proveedores del servicio universal en el sentido del artículo 2, punto 13, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, para la entrega de envíos postales en el marco del servicio universal;
«d) vehículos o conjuntos de vehículos con una masa máxima autorizada no superior a 7,5 toneladas utilizados por proveedores del servicio universal en el sentido del artículo 2, punto 13, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, para la entrega de envíos en el marco de los envíos postales definidos en el artículo 2, apartado 6 de la Directiva 97/67/CE.»
Enmienda 393
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 13 – apartado 1 – letra e
7 ter)   En el artículo 13, apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:
e)  vehículos que circulen exclusivamente en islas cuya superficie no supere los 2 300 kilómetros cuadrados y que no estén unidas al resto del territorio nacional por ningún puente, vado o túnel abierto a los vehículos de motor;
«e) vehículos que circulen exclusivamente en islas o regiones aisladas del resto del territorio nacional con una superficie no superior a 2 300 kilómetros cuadrados y que no estén conectadas al resto del territorio nacional por ningún puente, vado o túnel abierto a los vehículos de motor, ni limiten con ningún otro Estado miembro;».
Enmienda 394
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 13 – apartado 1 – letra p bis (nueva)
7 quater)  En el artículo 13, apartado 1, se añade la letra siguiente:
«p bis) vehículos o conjuntos de vehículos con una masa máxima autorizada no superior a 44 toneladas que se utilicen por empresas de construcción dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa y siempre que la conducción de los vehículos no constituya la actividad principal del conductor;».
Enmienda 395
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 14 – apartado 2
2.  En casos de urgencia, los Estados miembros podrán establecer, en circunstancias excepcionales, una excepción temporal que no exceda de treinta días, que se justificará debidamente y se notificará inmediatamente a la Comisión.».
2.  En casos de urgencia, los Estados miembros podrán establecer, en circunstancias excepcionales, una excepción temporal que no exceda de treinta días, que se justificará debidamente y se notificará inmediatamente a la Comisión.
Esta información se publicará en un sitio web público especializado mantenido por la Comisión Europea en todos los idiomas de la Unión.».
Enmienda 396
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 15
Los Estados miembros velarán por que los conductores de los vehículos a los que se refiere el artículo 3, letra a), estén sujetos a una normativa nacional que proporcione una protección adecuada por lo que respecta a los tiempos de conducción permitidos y a las pausas y los períodos de descanso obligatorios. Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de la normativa nacional aplicable a esos conductores.».
Los Estados miembros velarán por que los conductores de los vehículos a los que se refiere el artículo 3, letra a), estén sujetos a una normativa nacional que proporcione una protección adecuada por lo que respecta a los tiempos de conducción permitidos y a las pausas y los períodos de descanso obligatorios. En interés de las condiciones laborales de los conductores, así como de la seguridad vial y del cumplimiento de la normativa, los Estados miembros deben proporcionar zonas de estacionamiento y de descanso, sin nieve y hielo durante el invierno, sobre todo en las regiones ultraperiféricas o periféricas de la Unión Europea.
Enmienda 397
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)
9 bis)  En el artículo 17 se añade el apartado siguiente:
«3 bis. El informe incluirá una evaluación del uso de los sistemas de conducción autónoma en los Estados miembros y de la posibilidad de que el conductor registre el período de activación del sistema de conducción autónoma, e irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa de modificación del presente Reglamento, que incluirá los requisitos necesarios para que el conductor registre dichos datos en el tacógrafo inteligente.».
Enmienda 398
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 19 – apartado 1
«1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas a la gravedad de las infracciones determinada de conformidad con el anexo III de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo12, disuasorias y no discriminatorias. Ninguna infracción del presente Reglamento y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 será objeto de más de una sanción o procedimiento administrativo. Los Estados miembros notificarán a la Comisión esas medidas y el régimen de sanciones antes de la fecha mencionada en el artículo 29, párrafo segundo. Asimismo, notificarán sin demora toda modificación posterior de estos. La Comisión informará a los Estados miembros en consecuencia.
«1. Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones deberán ser eficaces y proporcionadas a la gravedad de las infracciones, tal como se indica en el anexo III de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo12, disuasorias y no discriminatorias. Ninguna infracción del presente Reglamento y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 será objeto de más de una sanción o procedimiento administrativo. Los Estados miembros notificarán a la Comisión, antes de la fecha mencionada en el artículo 29, párrafo segundo, esas normas y medidas, junto con el método y los criterios elegidos a nivel nacional para evaluar su proporcionalidad. Los Estados miembros notificarán sin demora toda modificación posterior que les afecte. La Comisión informará a los Estados miembros de esas normas y medidas, así como de cualquier modificación de las mismas.
Esta información se publicará en un sitio web público especializado mantenido por la Comisión en todos los idiomas de la Unión e incluirá información detallada sobre dichas sanciones aplicables en los Estados miembros de la Unión.
__________________
__________________
12 Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35).
12 Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35).
Enmienda 399
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Artículo 25 – apartado 2
2.  En los casos a que se refiere el apartado 1, la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan planteamientos comunes de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 24, apartado 2.
2.  En los casos a que se refiere el apartado 1, la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan planteamientos comunes para la aplicación del presente Reglamento de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 24, apartado 2.
Enmienda 400
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 561/2006
Anexo (nuevo)
12 bis)  Se añade el anexo siguiente:
«Requisitos mínimos para las zonas de estacionamiento
Parte A: Instalaciones de servicio
1)  Aseos con grifos, limpios, en buen estado y revisados periódicamente:
—  hasta 10 plazas, al menos un bloque de aseos de cuatro unidades;
—  entre 10 y 25 plazas, al menos un bloque de aseos de ocho unidades;
—  entre 25 y 50 plazas, al menos dos bloques de aseos de diez unidades cada uno;
—  entre 50 y 75 plazas, al menos dos bloques de aseos de quince unidades cada uno;
—  entre 75 y 125 plazas, al menos cuatro bloques de aseos de quince unidades cada uno;
—  más de 125 plazas, al menos seis bloques de aseos de quince unidades cada uno.
2)  Duchas limpias, en buen estado y revisadas periódicamente:
—  hasta 10 plazas, al menos un bloque de duchas de dos unidades;
—  entre 25 y 50 plazas, al menos dos bloques de duchas de cinco unidades cada uno;
—  entre 50 y 75 plazas, al menos dos bloques de duchas de diez unidades cada uno;
—  entre 75 y 125 plazas, al menos cuatro bloques de duchas de doce unidades cada uno;
—  más de 125 plazas, al menos seis bloques de duchas de quince unidades cada uno.
3)  Acceso adecuado a agua potable.
4)  Instalaciones de cocina adecuadas, cafetería o restaurante.
5)  Tienda con surtido de bebidas, comida, etc. en el mismo lugar o en sus inmediaciones.
6)  Un número adecuado de cubos de basura con capacidad suficiente.
7)  Una marquesina de protección frente al sol o la lluvia, cerca de la zona de estacionamiento.
8)  Plan de emergencia / gestión de crisis / contactos de urgencia conocidos por el personal.
9)  Mesas de picnic con bancos u otras alternativas en un número razonable.
10)  Servicio específico de wifi.
11)  Sistema de reserva, pago y facturación sin transacciones en efectivo.
12)  Sistema, local y en línea, de indicación de los espacios disponibles.
13)  Instalaciones adecuadas para ambos sexos.
Parte B: Elementos de seguridad
1)  Separación continua de la zona de estacionamiento y sus alrededores, como vallas o barreras equivalentes, que impida o demore el acceso accidental y el acceso no autorizado intencional.
2)  Únicamente los usuarios de la zona de estacionamiento de camiones y el personal de la misma dispondrán de acceso al aparcamiento.
3)  Sistema de grabación digital (de al menos 25 fotogramas por segundo). El sistema deberá grabar en modo continuo o en modo de detección de movimiento.
4)  Sistema de televisión en circuito cerrado (CCTV) con posibilidad de cubrir la totalidad del vallado de manera que pueda grabarse con claridad todo cuanto suceda en el mismo o en sus inmediaciones.
5)  Vigilancia del emplazamiento por patrullas u otros medios.
6)  Todos los incidentes delictivos serán notificados al personal de la zona de estacionamiento de camiones y a la policía. En la medida de lo posible, el vehículo se mantendrá estacionado a la espera de instrucciones de la policía.
7)  Zonas de circulación para vehículos y peatones permanentemente iluminadas.
8)  Seguridad de los peatones en las zonas de estacionamiento reservadas.
9)  Vigilancia de la zona de estacionamiento mediante controles de seguridad adecuados y proporcionados.
10)  Indicación clara de los números de teléfono de los servicios de emergencia.».
Enmienda 401
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 1 – apartado 1
-1)  El artículo 1, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:
1.  El presente Reglamento establece las obligaciones y requisitos relacionado con la fabricación, instalación, utilización, ensayo y control de los tacógrafos empleados en el transporte por carretera, a fin de comprobar la observancia de las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 561/2006, la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo14 y la Directiva 92/6/CEE del Consejo15.
1.  El presente Reglamento establece las obligaciones y requisitos relacionado con la fabricación, instalación, utilización, ensayo y control de los tacógrafos empleados en el transporte por carretera, a fin de comprobar la observancia de las disposiciones del Reglamento (CE) n.º 561/2006, la Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo14 y la Directiva 92/6/CEE del Consejo15, el Reglamento (CE) n.º 1072/2009, la Directiva 92/106/CEE del Consejo15 bis, la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE en lo que se refiere al desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera, así como de la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de conductores en el transporte por carretera.»
__________________
__________________
14 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (DO L 80 de 23.3.2002, p. 35).
14 Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera (DO L 80 de 23.3.2002, p. 35).
15 Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad (DO L 57 de 2.3.1992, p. 27).
15 Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad (DO L 57 de 2.3.1992, p. 27).
15 bis Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros (DO L 368 de 17.12.1992, p. 38).
Enmienda 402
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 2 – apartado 2 – letra h bis (nueva)
-1 bis)  En el artículo 2, apartado 2, se añade la letra siguiente:
«h bis) “tacógrafo inteligente”: tacógrafo digital que utiliza un servicio de posicionamiento basado en un sistema de navegación por satélite que determina automáticamente su posición con arreglo al presente Reglamento;».
Enmienda 403
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 3 – apartado 4
-1 ter)  El artículo 3, apartado 4, se sustituye por el texto siguiente:
4.  Quince años después de imponerse a los vehículos de nueva matriculación la obligación de disponer de un tacógrafo con arreglo a los artículos 8, 9 y 10, los vehículos que circulen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están matriculados deberán estar provistos de dicho tacógrafo.
«4. A más tardar1... [DO: tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], los siguientes vehículos irán equipados con un tacógrafo inteligente:
a)  los vehículos que circulen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están matriculados que vayan provistos de un tacógrafo analógico,
b)  los vehículos que circulen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están matriculados que vayan provistos de un tacógrafo digital que cumpla las especificaciones establecidas en el anexo I B del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo aplicable hasta el 30 de septiembre de 2011, o
c)  los vehículos que circulen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están matriculados que vayan provistos de un tacógrafo digital que cumpla las especificaciones establecidas en el anexo I B del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo aplicable a partir del 1 de octubre de 2011.»
__________________
Suponiendo la entrada en vigor del paquete del transporte por carretera en 2019 y la entrada en vigor de la segunda versión del acto de ejecución de la Comisión para tacógrafos inteligentes para 2019-2020 (véase el artículo 11 más abajo), y aplicándose posteriormente a la retroadaptación un enfoque escalonado.».
Enmienda 404
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)
-1 quater)  En el artículo 3 se añade el apartado siguiente:
«4 bis. A más tardar... [DO: cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], los vehículos que circulen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están matriculados que estén provistos de un tacógrafo digital que cumpla las especificaciones establecidas en el anexo I B del Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo aplicable a partir del 1 de octubre de 2012 irán provistos de un tacógrafo inteligente.»
Enmienda 405
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 3 – apartado 4 ter (nuevo)
-1 quinquies)  En el artículo 3 se añade el apartado siguiente:
«4 ter. A más tardar... [DO: cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], los vehículos que circulen en un Estado miembro distinto de aquel en el que están matriculados que estén provistos de un tacógrafo inteligente que cumpla las especificaciones establecidas en el anexo I C del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7991 de la Comisión irán provistos de un tacógrafo inteligente.»
_____________________________
1 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 de la Comisión, de 18 de marzo de 2016, por el que se ejecuta el Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece los requisitos para la construcción, ensayo, instalación, funcionamiento y reparación de los tacógrafos y de sus componentes (DO L 139 de 26.5.2016, p. 1).».
Enmienda 406
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 sexiess (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 4 – apartado 2 – guion 3 bis (nuevo)
-1 sexies)   En el artículo 4, apartado 2, se inserta el guion siguiente:
«- tener suficiente capacidad de memoria para almacenar toda la información requerida en virtud del presente Reglamento,».
Enmienda 407
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 7 – apartado 1
-1 septies)  En el artículo 7, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
1.  Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de datos personales en el contexto del presente Reglamento se efectúe al solo efecto de comprobar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento (CE) n.º 561/2006, conforme a lo establecido en las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE, y se realice bajo la supervisión de la autoridad de control del Estado miembro a que se refiere el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE.
«1. Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de datos personales en el contexto del presente Reglamento se efectúe al solo efecto de comprobar el cumplimiento del presente Reglamento y del Reglamento (CE) n.º 561/2006, la Directiva 2002/15/CE, la Directiva 92/6/CEE del Consejo, la Directiva 92/106/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º1072/2009, la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE en lo que se refiere al desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera, y de la Directiva por la que se establecen normas específicas en relación con la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE en lo que se refiere al desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera, conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE, y se realice bajo la supervisión de la autoridad de control del Estado miembro a que se refiere el artículo 51 del Reglamento (UE) n.º 2016/679.».
Enmienda 408
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria
2.  Los Estados miembros velarán en particular por que se protejan los datos personales de cualquier uso distinto de los estrictamente relacionados con el presente Reglamento y en el Reglamento (CE) n.º 561/2006, de conformidad con el apartado 1, en relación con:
2.  Los Estados miembros velarán en particular por que se protejan los datos personales de cualquier uso distinto de los estrictamente relacionados con el presente Reglamento y en el Reglamento (CE) n.º 561/2006, la Directiva 2002/15/CE, la Directiva 92/6/CEE del Consejo, la Directiva 92/106/CEE del Consejo, el Reglamento (CE) n.º1072/2009, la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE en lo que se refiere al desplazamiento de trabajadores en el sector del transporte por carretera, y de la Directiva por la que se establecen normas específicas en relación con la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE en lo que se refiere al desplazamiento de conductores en el sector del transporte por carretera, de conformidad con el apartado 1, en relación con:
Enmienda 409
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – guion 2
«– cada tres horas de tiempo de conducción acumulado y cada vez que el vehículo cruce la frontera,».
«– cada tres horas de tiempo de conducción acumulado y cada vez que el vehículo cruce la frontera de un Estado miembro,».
Enmienda 410
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – guion 2 bis (nuevo)
–  cada vez que el vehículo realice operaciones de carga o descarga,
Enmienda 411
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
1 bis)  En el artículo 8, apartado 1, se inserta el párrafo siguiente:
«A fin de facilitar la verificación del cumplimiento por las autoridades de control, el tacógrafo inteligente registrará también si el vehículo ha sido utilizado para el transporte de mercancías o de pasajeros, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 561/2006.».
Enmienda 412
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)
1 ter)  En el artículo 8, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Los vehículos matriculados por primera vez a partir del ... [veinticuatro meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo] irán provistos de un tacógrafo conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, guion segundo, y en el artículo 8, apartado 1, párrafo segundo, del presente Reglamento.».
Enmienda 413/rev.
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 9 – apartado 2
(1 quater)  En el artículo 9, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  En el caso de vehículos de nueva matriculación obligados desde hace quince años a disponer de un tacógrafo con arreglo al presente artículo y a los artículos 8 y 10, los Estados miembros dotarán a sus autoridades de control, en la medida adecuada, de los aparatos de teledetección temprana necesarios con el fin de permitir la comunicación de datos a que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta sus requisitos y estrategias específicos de ejecución. Hasta ese momento, los Estados miembros podrán decidir si se debe dotar a sus autoridades de control de aparatos de teledetección temprana.
«2. A más tardar...[DO: un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros dotarán a sus autoridades de control, en la medida adecuada, de los aparatos de teledetección temprana necesarios con el fin de permitir la comunicación de datos a que se refiere el presente artículo, teniendo en cuenta sus requisitos y estrategias específicos de ejecución. Hasta ese momento, los Estados miembros podrán decidir si se debe dotar a sus autoridades de control de aparatos de teledetección temprana.».
Enmienda 414
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 9 – apartado 3
1 quinquies)  En el artículo 9, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
3.  La comunicación mencionada en el apartado 1 solo se establecerá con el tacógrafo cuando así lo solicite el aparato de las autoridades de control. Dicha comunicación estará protegida a fin de garantizar la integridad de los datos y la autenticación de los aparatos de control y de comprobación. El acceso a los datos comunicados estará restringido a las autoridades de control que estén habilitadas para controlar las infracciones del Reglamento (CE) n.º 561/2006 y del presente Reglamento y a los talleres, siempre que sea necesario para comprobar el correcto funcionamiento del tacógrafo.
«3. La comunicación mencionada en el apartado 1 solo se establecerá con el tacógrafo cuando así lo solicite el aparato de las autoridades de control. Dicha comunicación estará protegida a fin de garantizar la integridad de los datos y la autenticación de los aparatos de control y de comprobación. El acceso a los datos comunicados estará restringido a las autoridades de control que estén habilitadas para controlar las infracciones de los actos jurídicos de la Unión establecidos en el artículo 7, apartado 1, y del presente Reglamento y a los talleres, siempre que sea necesario para comprobar el correcto funcionamiento del tacógrafo.».
Enmienda 415
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 165/2014
Artículo 11 – párrafo 1
1 sexies)  En el artículo 11, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
A fin de garantizar que los tacógrafos inteligentes respeten los principios y requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las disposiciones específicas necesarias para la aplicación uniforme de los artículos 8, 9 y 10, con exclusión de todas aquellas disposiciones que establezcan el registro de datos adicionales por el tacógrafo. Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 42, apartado 3.
«A fin de garantizar que los tacógrafos inteligentes respeten los principios y requisitos establecidos en el presente Reglamento, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las disposiciones específicas necesarias para la aplicación uniforme de los artículos 8, 9 y 10, con exclusión de todas aquellas disposiciones que establezcan el registro de datos adicionales por el tacógrafo.
A más tardar [DO: doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la Comisión adoptará actos de ejecución por los que se establecerán normas detalladas para el registro de todos los cruces de frontera del vehículo a que se refieren el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, guion segundo, y el artículo 8, apartado 1, párrafo segundo.
Tales actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 42, apartado 3.».
Enmienda 416
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 septies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 34 – apartado 5 – letra b – inciso iv
1 septies)  En el artículo 34, apartado 5, letra b), el inciso iv se sustituye por el texto siguiente:
iv)  con el signo 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_ES-p0000002.png: pausa o descanso.
«iv) con el signo 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_ES-p0000003.png: pausa, descanso, vacaciones anuales o baja por enfermedad,
con el signo «ferry/tren»: Además del signo 20190404-P8_TA-PROV(2019)0340_ES-p0000004.png: el período de descanso disfrutado en un ferry o tren conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 561/2006.».
Enmienda 417
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 34 – apartado 7 – párrafo 1
7.  El conductor introducirá en el tacógrafo digital los símbolos de los países en que comience y termine su período de trabajo diario, así como el lugar y el momento en que haya cruzado una frontera en el vehículo, a la llegada al lugar de parada adecuado. Los Estados miembros podrán obligar a los conductores de vehículos que efectúen transportes dentro de su territorio a que añadan al símbolo del país especificaciones geográficas más detalladas, siempre que esos Estados miembros hayan notificado esas especificaciones a la Comisión antes del 1 de abril de 1998.
7.  Cuando el tacógrafo no sea capaz de registrar automáticamente el cruce de frontera, el conductor introducirá, en el primer lugar de parada disponible y viable, los símbolos de los países en que comience y termine su período de trabajo diario, así como el lugar y el momento en que haya cruzado una frontera. El código del nuevo país al que se accede tras el cruce de la frontera se introducirá bajo el epígrafe BEGIN del tacógrafo. Los Estados miembros podrán obligar a los conductores de vehículos que efectúen transportes dentro de su territorio a que añadan al símbolo del país especificaciones geográficas más detalladas, siempre que esos Estados miembros hayan notificado esas especificaciones a la Comisión antes del 1 de abril de 1998.
Enmienda 418
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 34 – apartado 7 bis (nuevo)
2 bis)   En el artículo 34, se añade el apartado siguiente:
«7 bis. Los conductores recibirán formación sobre cómo utilizar el tacógrafo de forma correcta a fin de utilizar plenamente el equipo. El conductor no debe asumir los costes de su formación, que debe ser proporcionada por el empresario.».
Enmienda 419
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 34 – apartado 7 ter (nuevo)
2 ter)   En el artículo 34, se añade el apartado siguiente:
«7 ter. Se debe formar a la mayor cantidad posible de autoridades de control sobre cómo leer y supervisar correctamente los tacógrafos.».
Enmienda 420
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 36 – apartado 1 – inciso i
2 quater)  En el artículo 36, apartado 1, el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:
i)   las hojas de registro del día en curso y las utilizadas por el conductor en los 28 días anteriores,
«i) las hojas de registro del día en curso y las utilizadas por el conductor en los 56 días anteriores,».
Enmienda 421
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 36 – apartado 1 – inciso iii
2 quinquies)  En el artículo 36, apartado 1, el inciso iii) se sustituye por el texto siguiente:
iii)  cualquier registro manual o documento impreso realizados durante el día en curso y los 28 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento (CE) n.º 561/2006.
«iii) cualquier registro manual o documento impreso realizados durante el día en curso y los 56 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento (CE) n.º 561/2006.».
Enmienda 422
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 165/2014
Artículo 36 – apartado 2 – inciso ii
2 sexies)  En el artículo 36, apartado 2, el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:
ii)   cualquier registro manual o documento impreso realizados durante el día en curso y los 28 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento (CE) n.º 561/2006.
«ii) cualquier registro manual o documento impreso realizados durante el día en curso y los 56 días anteriores conforme a lo dispuesto por el presente Reglamento y el Reglamento (CE) n.º 561/2006.».

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.


Adaptación a la evolución del sector del transporte por carretera***I
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y el Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector (COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))
P8_TA-PROV(2019)0341A8-0204/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0281),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0169/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de enero de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 1 de febrero de 2018(2),

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0204/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Hasta ahora, y salvo disposición en contrario de la legislación nacional, las normas sobre el ejercicio de la profesión de transportista por carretera no son aplicables a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas. Está en aumento el número de tales empresas que realizan operaciones de transporte tanto nacionales como internacionales. Como resultado de ello, varios Estados miembros han decidido aplicar a estas empresas las normas sobre el ejercicio de la profesión de transportista por carretera contempladas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para garantizar mediante normas comunes un nivel mínimo de profesionalización del sector que utiliza vehículos cuyo peso total de carga autorizado no supera las 3,5 toneladas, y así aproximar las condiciones de competencia entre todas las empresas, resulta necesario eliminar esta disposición, mientras que deben hacerse obligatorios los requisitos relativos al establecimiento efectivo y fijo y a la capacidad financiera apropiada.
(2)  Hasta ahora, y salvo disposición en contrario de la legislación nacional, las normas sobre el ejercicio de la profesión de transportista por carretera no son aplicables a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, no supere las 3,5 toneladas. Está en aumento el número de tales empresas. Como resultado de ello, varios Estados miembros han decidido aplicar a estas empresas las normas sobre el ejercicio de la profesión de transportista por carretera contempladas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009. Para evitar posibles lagunas y garantizar en el transporte internacional mediante normas comunes un nivel mínimo de profesionalización del sector que utiliza vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, debe ser de entre 2,4 y 3,5 toneladas, y así aproximar las condiciones de competencia entre todas las empresas, los requisitos para ejercer la profesión de transportista por carretera deben aplicarse por igual, evitando una carga administrativa desproporcionada. Puesto que el presente Reglamento se aplica solamente a las empresas que transportan mercancías por cuenta ajena, las empresas de transporte por cuenta propia no se verán afectadas por la presente disposición.
Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  En su evaluación de impacto la Comisión estima unos ahorros para las empresas de entre 2 700 y 5 200 millones EUR en el período 2020‑2035.
Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Es necesario que los transportistas por carretera establecidos en un Estado miembro tengan una presencia real y continua en dicho Estado miembro y que realicen sus actividades desde allí. Por tanto, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, es necesario clarificar las disposiciones relativas a la existencia de un establecimiento efectivo y fijo.
(4)  Para combatir el fenómeno de las llamadas «sociedades ficticias» y garantizar una competencia leal e igualdad de condiciones en el mercado interior, son necesarios unos criterios claros de establecimiento, un seguimiento y control del cumplimiento más intensivos y una mejor cooperación entre los Estados miembros. Los transportistas por carretera establecidos en un Estado miembro deben tener una presencia real y continua en dicho Estado miembro y realizar realmente actividades empresariales sustanciales de transporte desde allí. Por tanto, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, es necesario clarificar y reforzar las disposiciones relativas a la existencia de un establecimiento efectivo y fijo, evitando una carga administrativa desproporcionada.
Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  A la vista de su potencial para afectar considerablemente al mercado del transporte por carretera, así como a la protección social de los trabajadores, las infracciones graves de las normas de la Unión sobre el desplazamiento de trabajadores y la legislación aplicable a las obligaciones contractuales deben añadirse a los aspectos pertinentes para la evaluación de la honorabilidad.
(7)  A la vista de su potencial para afectar considerablemente al mercado del transporte por carretera, así como a la protección social de los trabajadores, las infracciones graves de las normas de la Unión sobre el desplazamiento de trabajadores, el cabotaje y la legislación aplicable a las obligaciones contractuales deben añadirse a los aspectos pertinentes para la evaluación de la honorabilidad.
Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas deben tener un nivel mínimo de capacidad financiera, a fin de garantizar que disponen de los medios necesarios para llevar a cabo sus operaciones de forma estable y duradera. No obstante, dado que estas operaciones son generalmente de dimensiones limitadas, los requisitos correspondientes deben ser menos exigentes que los aplicables a las empresas que utilizan vehículos o conjuntos de vehículos por encima de dicho límite.
(10)  Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas y realicen operaciones de transporte internacionales, deben tener una capacidad financiera mínima, a fin de garantizar que disponen de los medios necesarios para llevar a cabo sus operaciones de forma estable y duradera. No obstante, dado que las operaciones llevadas a cabo con estos vehículos son generalmente de dimensiones limitadas, los requisitos correspondientes deben ser menos exigentes que los aplicables a las empresas que utilizan vehículos o conjuntos de vehículos por encima de dicho límite.
Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  La información sobre los transportistas incluida en los registros electrónicos nacionales debe ser lo más completa posible para permitir que las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas tengan una visión suficiente de las empresas que se estén investigando. En particular, la información sobre el número de matrícula de los vehículos a disposición de las empresas, el número de empleados que contratan, su clasificación de riesgos y su información financiera básica deben permitir un mejor control nacional e internacional del cumplimiento de las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009. Por tanto, las normas sobre el registro electrónico nacional deben modificarse en consecuencia.
(11)  La información sobre los transportistas incluida en los registros electrónicos nacionales debe ser completa y actualizada para permitir que las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas tengan una visión suficiente de las empresas que se estén investigando. En particular, la información sobre el número de matrícula de los vehículos a disposición de las empresas, el número de empleados que contratan y su clasificación de riesgos deben permitir un mejor control nacional e internacional del cumplimiento de las disposiciones de los Reglamentos (CE) n.º 1071/2009 y (CE) n.º 1072/2009, así como de otros actos legislativos pertinentes de la Unión. Además, para que los funcionarios encargados de la aplicación de la normativa, en particular los que practican los controles de carretera, puedan disponer de una visión de conjunto clara y completa de los transportistas objeto de control, deben tener acceso directo y en tiempo real a toda la información pertinente. Por consiguiente, los registros electrónicos nacionales deben ser realmente interoperables y la información que contienen debe ser directamente accesible en tiempo real para todos los funcionarios competentes de todos los Estados miembros. Por tanto, las normas sobre el registro electrónico nacional deben modificarse en consecuencia.
Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Las normas sobre el transporte nacional efectuado con carácter temporal por transportistas no residentes en un Estado miembro de acogida («cabotaje») deben ser claras, simples y de cumplimiento fácil de controlar, y mantener a la vez en líneas generales el nivel de liberalización conseguido hasta ahora.
(13)  Las normas sobre el transporte nacional efectuado con carácter temporal por transportistas no residentes en un Estado miembro de acogida («cabotaje») deben ser claras, simples y de cumplimiento fácil de controlar.
Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  Con este objetivo, y para facilitar los controles y eliminar la inseguridad, debe suprimirse la limitación del número de operaciones de cabotaje tras un transporte internacional y debe reducirse el número de días disponibles para efectuar dichas operaciones.
(14)  Para evitar trayectos en vacío, deben permitirse las operaciones de cabotaje, supeditadas a restricciones específicas, en el Estado miembro de acogida. Con este objetivo, y para facilitar los controles y eliminar la inseguridad, debe suprimirse la limitación del número de operaciones de cabotaje tras un transporte internacional y debe reducirse el número de días disponibles para efectuar dichas operaciones.
Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)  Para evitar que se lleven a cabo operaciones de cabotaje de modo sistemático, lo que podría dar lugar a una actividad permanente o continua que distorsione el mercado nacional, debe reducirse el período disponible para operaciones de cabotaje en un Estado miembro de acogida. Además, los transportistas no estarán autorizados a realizar operaciones de cabotaje en el mismo Estado miembro de acogida durante un período determinado y hasta que hayan llevado a cabo un nuevo transporte internacional proveniente del Estado miembro en el que la empresa esté establecida. La presente disposición se entenderá sin perjuicio de las operaciones internacionales de transporte.
Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  Deben clarificarse los medios por los cuales los transportistas por carretera pueden demostrar el cumplimiento de las normas sobre las operaciones de cabotaje. El uso y transmisión de información de transporte electrónica deben reconocerse entre tales medios, lo que simplificará la presentación de las pruebas correspondientes y su tratamiento por las autoridades competentes. El formato utilizado a tal efecto debe garantizar la fiabilidad y la autenticidad. Teniendo en cuenta el creciente uso del intercambio electrónico de información en el transporte y la logística, es importante velar por la coherencia de los marcos normativos y de las disposiciones relativas a la simplificación de los procedimientos administrativos.
(15)  Una aplicación eficaz y eficiente de las normas es una condición previa para la competencia leal en el mercado interior. Es fundamental una mayor digitalización de los instrumentos de control del cumplimiento para liberar capacidades de control, reducir cargas administrativas innecesarias sobre las empresas de transporte internacional, en particular las pymes, llegar mejor a las empresas de transporte de alto riesgo y detectar prácticas fraudulentas. Para que la documentación de transporte pueda prescindir del soporte papel, en el futuro la norma general debe ser el uso de documentos electrónicos, en particular la carta de porte electrónica con arreglo al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (eCMR). Deben clarificarse los medios por los cuales los transportistas por carretera pueden demostrar el cumplimiento de las normas sobre las operaciones de cabotaje. El uso y transmisión de información de transporte electrónica deben reconocerse entre tales medios, lo que simplificará la presentación de las pruebas correspondientes y su tratamiento por las autoridades competentes. El formato utilizado a tal efecto debe garantizar la fiabilidad y la autenticidad. Teniendo en cuenta el creciente uso del intercambio electrónico de información en el transporte y la logística, es importante velar por la coherencia de los marcos normativos y de las disposiciones relativas a la simplificación de los procedimientos administrativos.
Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
(15 bis)  La rápida introducción del tacógrafo inteligente es de la mayor importancia, pues permitirá a las autoridades responsables del cumplimiento que realizan controles de carretera detectar infracciones e irregularidades más rápidamente y con más eficiencia, lo que se traducirá en un mejor cumplimiento del presente Reglamento.
Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Considerando 16
(16)  Las empresas de transporte son las destinatarias de las normas sobre transporte internacional, por lo que están sujetas a las consecuencias de las infracciones que cometan. Sin embargo, para evitar abusos por parte de las empresas que contratan servicios de transporte con los transportistas de mercancías por carretera, los Estados miembros deben contemplar también la imposición de sanciones a los expedidores y transitarios en caso de que a sabiendas encarguen servicios de transporte que supongan la infracción de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1072/2009.
(16)  Las empresas de transporte son las destinatarias de las normas sobre transporte internacional, por lo que están sujetas a las consecuencias de las infracciones que cometan. Sin embargo, para evitar abusos por parte de las empresas que contratan servicios de transporte con los transportistas de mercancías por carretera, los Estados miembros deben contemplar también la imposición de sanciones a los remitentes, expedidores, transitarios, contratistas y subcontratistas cuando tengan conocimiento de que los servicios de transporte que encargan suponen la infracción de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1072/2009. Cuando las empresas que contratan servicios de transporte encarguen dichos servicios a empresas de transporte con una clasificación de riesgo reducida, debe reducirse su responsabilidad.
Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)
(16 bis)   La Autoridad Laboral Europea propuesta [...] aspira a facilitar la cooperación y el intercambio de información entre autoridades nacionales competentes con miras al cumplimiento efectivo de la legislación pertinente de la Unión. Al apoyar y facilitar el cumplimiento del presente Reglamento, la Autoridad puede desempeñar un importante papel de asistencia al intercambio de información entre autoridades competentes, apoyando a los Estados miembros en su formación de capacidad mediante el intercambio y la formación del personal, y asistiendo a los Estados miembros en la organización de controles concertados. Ello reforzaría la confianza mutua entre los Estados miembros, mejoraría la cooperación efectiva entre las autoridades competentes y contribuiría a la lucha contra el fraude y la conculcación de las normas.
Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Considerando 16 ter (nuevo)
(16 ter)   Debe reforzarse la legislación sobre el transporte por carretera para garantizar la aplicación y el control del cumplimiento correctos del Reglamento Roma I de manera que los contratos laborales reflejen el lugar habitual de trabajo de los empleados. Las normas fundamentales del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 destinadas a luchar contra las empresas ficticias y a velar por unos criterios de establecimiento adecuados para las empresas complementan Roma I y están directamente vinculadas a dicho Reglamento. Estas normas han de reforzarse para garantizar los derechos de los empleados que trabajen temporalmente fuera del país en el que desarrollan su trabajo habitual, así como para velar por la competencia leal entre empresas de transporte.
Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 4 – letra a
i)  se suprime la letra a);
i)  la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuyo peso de carga autorizado, incluido el de los remolques, sea inferior a 2,4 toneladas;
a bis)  las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuyo peso de carga autorizado, incluido el de los remolques, sea inferior a 3,5 toneladas que realicen exclusivamente transportes nacionales;».
Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 4 – letra b – párrafo 2
todo transporte por carretera por el que no se perciba remuneración y que no sea fuente de ingresos, tal como el transporte de personas con fines benéficos o de uso estrictamente privado, deberá considerarse transporte exclusivamente con fines no comerciales;»;
todo transporte por carretera cuyo propósito no sea generar beneficios para el conductor u otros, como por ejemplo en aquellos casos en que el servicio se presta a título benéfico o filantrópico, deberá considerarse transporte exclusivamente con fines no comerciales;»;
Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 1 – apartado 6
b)  se añade el apartado 6 siguiente:
suprimida
«6. El artículo 3, apartado 1, letras b) y d), y los artículos 4, 6, 8, 9, 14, 19 y 21 no serán aplicables a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas.
No obstante, los Estados miembros podrán:
a)  exigir a tales empresas que apliquen algunas o todas las disposiciones contempladas en el párrafo primero;
b)  reducir el límite contemplado en el párrafo primero respecto a algunas o todas las categorías de operaciones de transporte por carretera.».
Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a
«a) tener locales en los que se conserven los documentos principales de la empresa, en particular sus contratos comerciales, documentos contables, documentos de gestión del personal, contratos laborales, documentos con los datos relativos a los tiempos de conducción y reposo y cualquier otro documento al que deba poder acceder la autoridad competente para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento;»;
«a) tener locales adecuados y en proporción a las actividades de la empresa que permitan el acceso a los originales de los documentos principales de la empresa, ya sea en formato electrónico o en cualquier otro formato, en particular sus contratos comerciales, documentos contables, documentos de gestión del personal, contratos laborales, documentos de seguridad social, documentos con los datos relativos al cabotaje, al desplazamiento y a los tiempos de conducción y reposo y cualquier otro documento al que deba poder acceder la autoridad competente para comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Reglamento;»;
Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
a bis)  se inserta la letra siguiente:
«a bis) los vehículos mencionados en la letra b) realizarán, en el marco de un contrato de transporte, al menos una carga o descarga de mercancías cada cuatro semanas en el Estado miembro de establecimiento;»;
Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c
«c) ejercer efectiva y permanentemente sus actividades administrativas y comerciales con el equipamiento administrativo y las instalaciones adecuadas en locales situados en ese Estado miembro;»;
«c) ejercer efectiva y permanentemente sus actividades administrativas y comerciales con el equipamiento y las instalaciones adecuados en locales mencionados en la letra a) situados en ese Estado miembro;»;
Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra d
«d) dirigir las operaciones de transporte realizadas con los vehículos mencionados en la letra b) con el equipamiento técnico adecuado situado en ese Estado miembro;»;
«d) dirigir efectiva y continuamente las operaciones de transporte realizadas utilizando los vehículos mencionados en la letra b) con el equipamiento técnico adecuado situado en ese Estado miembro;»;
Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra f (nueva)
d bis)  se añade la letra f) siguiente:
«f) tener un vínculo claro entre las operaciones de transporte realizadas y el Estado miembro de establecimiento, un centro de explotación y acceso a plazas de aparcamiento en número suficiente para que las utilicen habitualmente los vehículos mencionados en la letra b);»;
Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g (nueva)
d ter)  se añade la letra g) siguiente:
«g) contratar y emplear conductores en virtud de la legislación aplicable a los contratos laborales de dicho Estado miembro;»;
Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra d quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 5 – párrafo 1 – letra h (nueva)
d quater)  se añade la letra h) siguiente:
«h) velar por que el lugar de establecimiento sea aquel en el cual o desde el cual los trabajadores realizan habitualmente su trabajo de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo1bis o el Convenio de Roma.
_______________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)(DO L 177 de 4.7.2008, p. 6).»
Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso iii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 6 – apartado 3 – letra b
iii)  en el párrafo tercero, letra b), se añaden los incisos xi) y xii) siguientes:
iii)  en el párrafo tercero, letra b), se añaden los incisos xi), xii) y xiii) siguientes:
«xi) desplazamiento de trabajadores;
«xi) desplazamiento de trabajadores;
xii)  legislación aplicable a las obligaciones contractuales;
xii)  legislación aplicable a las obligaciones contractuales;
xiii)  cabotaje.»;
Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 6 – apartado 2 bis –párrafo 2 – letra b
b)  definirá el nivel de gravedad de las infracciones en función de su potencial de crear riesgo de muerte o de lesiones graves y de falsear la competencia en el mercado del transporte por carretera, incluido el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del transporte;
b)  definirá el nivel de gravedad de las infracciones en función de su potencial de crear riesgo de muerte o de lesiones graves o de falsear la competencia en el mercado del transporte por carretera, incluido el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores del transporte;
Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1
«A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), una empresa deberá ser capaz de hacer frente permanentemente a sus obligaciones financieras a lo largo del ejercicio contable anual. La empresa demostrará, sobre la base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una persona debidamente acreditada, que dispone, cada año, de recursos propios por un importe total mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un solo vehículo y de 5 000 EUR por cada vehículo adicional utilizado. Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas demostrarán, sobre la base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una persona debidamente acreditada, que disponen, cada año, de recursos propios por un importe total mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice un solo vehículo y de 900 EUR por cada vehículo adicional utilizado.»;
«A fin de cumplir el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), una empresa deberá ser capaz de hacer frente permanentemente a sus obligaciones financieras a lo largo del ejercicio contable anual. La empresa demostrará, sobre la base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una persona debidamente acreditada, que dispone, cada año, de recursos propios por un importe total mínimo de 9 000 EUR cuando se utilice un solo vehículo, de 5 000 EUR por cada vehículo adicional utilizado cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, supere las 3,5 toneladas y 900 EUR por cada vehículo adicional utilizado con un peso total de carga autorizado de entre 2,4 y 3,5 toneladas, incluido el de los remolques. Las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas demostrarán, sobre la base de sus cuentas anuales aprobadas por un auditor o una persona debidamente acreditada, que disponen, cada año, de recursos propios por un importe total mínimo de 1 800 EUR cuando se utilice un solo vehículo y de 900 EUR por cada vehículo adicional utilizado.»;
Enmienda 137
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 1
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente, en ausencia de cuentas anuales aprobadas, podrá aceptar que una empresa demuestre su capacidad financiera mediante un certificado, como, por ejemplo, una garantía bancaria, un documento expedido por un organismo financiero que demuestre el acceso al crédito en nombre de la empresa, u otro documento vinculante que demuestre que la empresa tiene a su disposición los importes especificados en apartado 1, párrafo primero.
2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la autoridad competente, en ausencia de cuentas anuales aprobadas, podrá aceptar que una empresa demuestre su capacidad financiera mediante un certificado, como, por ejemplo, una garantía bancaria o un seguro, incluido un seguro de responsabilidad profesional, de uno o varios bancos u otros organismos financieros o compañías aseguradoras, u otro documento vinculante por el que se conviertan en garantes solidarios de la empresa por los importes especificados en el apartado 1, párrafo primero;
Enmienda 138
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 8 – apartado 5
(5 bis)  En el artículo 8, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
Los Estados miembros podrán promover una formación periódica sobre los asuntos enumerados en el anexo I a intervalos de diez años, con el fin de garantizar que los gestores conozcan la evolución del sector.
«Los Estados miembros podrán promover una formación periódica sobre los asuntos enumerados en el anexo I a intervalos de tres años, con el fin de garantizar que la persona o personas a que se refiere el apartado 1 conozcan suficientemente la evolución del sector.»
Enmienda 139
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 2
(8)  En el artículo 12, apartado 2, se suprime el párrafo segundo.
(8)  En el artículo 12, apartado 2, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros realizarán controles cada tres años como mínimo para comprobar que las empresas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 3.»;
Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 14 – apartado 2
(10 bis)   El artículo 14, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
2.  Hasta que no se haya adoptado una medida de rehabilitación con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, el certificado de competencia profesional a que se refiere el artículo 8, apartado 8, del gestor de transporte inhabilitado perderá su validez en todos los Estados miembros.
2.  Hasta que no se haya adoptado una medida de rehabilitación con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional, el certificado de competencia profesional a que se refiere el artículo 8, apartado 8, del gestor de transporte inhabilitado perderá su validez en todos los Estados miembros. La Comisión elaborará una lista de medidas de rehabilitación que darán lugar a la recuperación de la honorabilidad.
Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso –i bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – letra c
–i bis) la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
c)  nombre de los gestores de transporte designados para cumplir la condición de honorabilidad y competencia profesional y, si es diferente, nombre de un representante legal;
c)  nombre de los gestores de transporte designados para cumplir los requisitos establecidos en el artículo 3 relacionados con la honorabilidad y competencia profesional y, si es diferente, nombre de un representante legal;
Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – letra h
h)  el número de empleados;
h)  el número de empleados que han trabajado para la empresa durante el último año natural;
Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – letra j bis (nueva)
i bis)  se añade la letra j bis) siguiente:
j bis)   contratos laborales de conductores internacionales correspondientes a los seis últimos meses;»
Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 2
Los Estados miembros podrán optar por conservar en registros separados los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j). En tal caso, los datos pertinentes deberán estar a la disposición de todas las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, previa solicitud, o ser directamente accesibles a las mismas. La información solicitada se facilitará en un plazo de cinco días laborables a partir de la recepción de la solicitud. Los datos contemplados en el párrafo primero, letras a) a d), serán accesibles al público, con arreglo a las disposiciones pertinentes sobre protección de los datos personales.
Los datos contemplados en el párrafo primero, letras a) a d), serán accesibles al público, con arreglo a las disposiciones pertinentes sobre protección de los datos personales.
Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 3
En cualquier caso, los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j), solo serán accesibles a autoridades distintas de las autoridades competentes si están facultadas para efectuar controles e imponer sanciones en el sector del transporte por carretera y sus funcionarios han realizado una declaración jurada o están sometidos a una obligación formal de secreto.
Los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j), solo serán accesibles a autoridades distintas de las autoridades competentes si están facultadas para efectuar controles e imponer sanciones en el sector del transporte por carretera y sus funcionarios han realizado una declaración jurada o están sometidos a una obligación formal de secreto.
Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra a – inciso ii
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 2
«Los Estados miembros podrán optar por conservar en registros separados los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j). En tal caso, los datos pertinentes deberán estar a la disposición de todas las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, previa solicitud, o ser directamente accesibles a las mismas. La información solicitada se facilitará en un plazo de cinco días laborables a partir de la recepción de la solicitud. Los datos contemplados en el párrafo primero, letras a) a d), serán accesibles al público, con arreglo a las disposiciones pertinentes sobre protección de los datos personales.
«Los Estados miembros podrán optar por conservar en registros separados los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j). En tal caso, los datos pertinentes deberán estar a la disposición de todas las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, previa solicitud, o ser directamente accesibles a las mismas. La información solicitada se facilitará en un plazo de cinco días laborables a partir de la recepción de la solicitud. Los datos contemplados en el párrafo primero, letras a) a d), serán accesibles al público, con arreglo a las disposiciones pertinentes sobre protección de los datos personales.
En cualquier caso, los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j), solo serán accesibles a autoridades distintas de las autoridades competentes si están facultadas para efectuar controles e imponer sanciones en el sector del transporte por carretera y sus funcionarios han realizado una declaración jurada o están sometidos a una obligación formal de secreto.»;
En cualquier caso, los datos contemplados en el párrafo primero, letras e) a j), solo serán accesibles a autoridades distintas de las autoridades competentes si están facultadas para efectuar controles e imponer sanciones en el sector del transporte por carretera y sus funcionarios han realizado una declaración jurada o están sometidos a una obligación formal de secreto.
A los efectos del artículo 14 bis del Reglamento (CE) n.º 1072/2009, los datos a que se refiere la letra j) estarán a la disposición, previa petición, de los expedidores, transitarios, contratistas y subcontratistas.»;
Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 5
b bis)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
5.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartados 1 y 2, los Estados miembros adoptarán todas las medidas necesarias para que los registros electrónicos nacionales estén interconectados y sean accesibles en toda la Comunidad a través de los puntos de contacto nacionales indicados en el artículo 18. La accesibilidad a través de los puntos de contacto nacionales y la interconexión se realizarán a más tardar el 31 de diciembre de 2012 de forma tal que una autoridad competente de cualquier Estado miembro pueda interrogar el registro electrónico de cualquier Estado miembro.
«5. A fin de aumentar la eficacia del control del cumplimiento transfronterizo, los Estados miembros garantizarán que los registros electrónicos nacionales estén interconectados y sean interoperables en toda la Unión a través del Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU) a que se refiere el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/480 de la Comisión, de manera que los datos a que se refiere el apartado 2 sean directamente accesibles en tiempo real para todas las autoridades competentes para el cumplimiento y los organismos de control de todos los Estados miembros.»;
Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 16 – apartado 6
b ter)  el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
6.  Las normas comunes relativas a la aplicación del apartado 5, como el formato de los datos intercambiados, los procedimientos técnicos para interrogar electrónicamente los registros electrónicos nacionales de los demás Estados miembros y el fomento de la interoperabilidad de dichos registros con otras bases de datos pertinentes, serán adoptadas por la Comisión con arreglo al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 25, apartado 2, y por vez primera antes del 31 de diciembre de 2010. Dichas normas comunes determinarán cuál es la autoridad responsable del acceso a los datos y de su ulterior utilización y actualización y, a tal efecto, entre ellas se incluirán normas sobre el registro y la supervisión de los datos.
«6. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 24 bis a fin de establecer y actualizar normas comunes para garantizar que los registros electrónicos nacionales estén plenamente interconectados y sean totalmente interoperables, de tal manera que la autoridad competente o el organismo de control en cualquier Estado miembro puedan acceder directamente en tiempo real al registro electrónico nacional de cualquier Estado miembro, tal como se establece en el apartado 5. Dichas normas comunes incluirán normas sobre el formato de los datos intercambiados, los procedimientos técnicos para interrogar electrónicamente los registros electrónicos nacionales de los demás Estados miembros y la interoperabilidad de dichos registros, así como normas específicas sobre el acceso a los datos, su registro y la supervisión de los mismos.».
»
Enmienda 149
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 1
1.  Cada Estado miembro designará un punto de contacto nacional encargado del intercambio de información con los demás Estados miembros sobre la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres y direcciones de sus puntos de contacto nacionales a más tardar el 31 de diciembre de 2018. La Comisión elaborará la lista de todos los puntos de contacto y la transmitirá a los Estados miembros. Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión cualquier cambio relativo a los puntos de contacto.
1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros cooperarán estrechamente entre sí, se prestarán rápidamente asistencia mutua y se facilitarán cualquier información relevante para facilitar la aplicación y el cumplimiento del presente Reglamento.
Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  A efectos del apartado 1, la cooperación administrativa que se contempla en el presente artículo se pondrá en práctica a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) creado por el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, que permite a todos los operadores facilitar datos en sus respectivas lenguas.
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 3
3.  Los Estados miembros responderán a las solicitudes de información enviadas por todas las autoridades competentes de otros Estados miembros y, cuando sea necesario, efectuarán controles, inspecciones e investigaciones sobre el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), por parte de los transportistas por carretera establecidos en su territorio. Las solicitudes de información enviadas por las autoridades competentes de los Estados miembros estarán motivadas. A tal fin, las solicitudes incluirán indicios verosímiles de posibles infracciones del artículo 3, apartado 1, letra a).
3.  Los Estados miembros responderán a las solicitudes de información enviadas por todas las autoridades competentes de otros Estados miembros y efectuarán controles, inspecciones e investigaciones sobre el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), por parte de los transportistas por carretera establecidos en su territorio. Las solicitudes de información enviadas por las autoridades competentes de los Estados miembros estarán debidamente justificadas y motivadas. A tal fin, las solicitudes incluirán indicios verosímiles de posibles infracciones del artículo 3, apartado 1, letra a).
Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 4
4.  Si el Estado miembro que recibe la solicitud considera que la motivación de esta es insuficiente, informará de ello en el plazo de diez días laborables al Estado miembro solicitante, el cual deberá motivar de forma más detallada la solicitud. Si esto no es posible, el Estado miembro receptor podrá rechazar la solicitud.
4.  Si el Estado miembro que recibe la solicitud considera que la motivación de esta es insuficiente, informará de ello en el plazo de cinco días laborables al Estado miembro solicitante, el cual deberá motivar de forma más detallada la solicitud. Si esto no es posible, el Estado miembro receptor podrá rechazar la solicitud.
Enmienda 153
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 5
5.  Cuando sea difícil o imposible satisfacer una solicitud de información o efectuar controles, inspecciones o investigaciones, el Estado miembro receptor informará de ello en el plazo de diez días laborables al Estado miembro solicitante, con la motivación pertinente. Los Estados miembros afectados negociarán entre sí para solucionar las eventuales dificultades que se presenten.
5.  Cuando sea difícil o imposible satisfacer una solicitud de información o efectuar controles, inspecciones o investigaciones, el Estado miembro receptor informará de ello en el plazo de cinco días laborables al Estado miembro solicitante, justificando debidamente la dificultad o imposibilidad. Los Estados miembros afectados cooperarán entre sí para solucionar las eventuales dificultades que se presenten. En el caso de problemas persistentes en el intercambio de información o de una negativa permanente a facilitar información sin la debida justificación, la Comisión, tras ser informada y después de consultar a los Estados miembros en cuestión, podrá tomar todas las medidas necesarias para remediar la situación.
Enmienda 154
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 – apartado 6
6.  En respuesta a las solicitudes consideradas en el apartado 3, los Estados miembros facilitarán la información solicitada y efectuarán los controles, inspecciones o investigaciones requeridos, en el plazo de veinticinco días laborables a partir de la recepción de la solicitud, salvo que hayan informado al Estado miembro solicitante de que la motivación de la solicitud es insuficiente o de que resulta difícil o imposible satisfacerla según se indica en los apartados 4 y 5.
6.  En respuesta a las solicitudes consideradas en el apartado 3, los Estados miembros facilitarán la información solicitada y efectuarán los controles, inspecciones o investigaciones requeridos, en el plazo de quince días laborables a partir de la recepción de la solicitud, salvo que los Estados miembros en cuestión hayan acordado otro plazo o salvo que hayan informado al Estado miembro solicitante de que la motivación de la solicitud es insuficiente o de que resulta difícil o imposible satisfacerla según se indica en los apartados 4 y 5 y no se haya encontrado una solución para salvar estas dificultades.
Enmienda 155
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 18 bis (nuevo)
(12 bis)  Se inserta el artículo 18 bis siguiente:
«Artículo 18 bis
Medidas de acompañamiento
1.  Los Estados miembros adoptarán medidas de acompañamiento para desarrollar, facilitar y promover intercambios entre los funcionarios responsables de la cooperación administrativa y de la asistencia mutua entre los Estados miembros, así como entre los responsables del control del cumplimiento y de la observancia de las normas aplicables del presente Reglamento.
2.  La Comisión prestará apoyo técnico y de otro tipo para seguir mejorando la cooperación administrativa y reforzar la confianza mutua entre los Estados miembros, también a través de la promoción de intercambios de los funcionarios y programas de formación conjuntos, así como desarrollando, facilitando y fomentando las mejores prácticas. Sin perjuicio de las prerrogativas del Parlamento Europeo y del Consejo en el procedimiento presupuestario, la Comisión utilizará los instrumentos financieros disponibles para seguir reforzando el desarrollo de capacidades y la cooperación administrativa entre Estados miembros.
3.  Los Estados miembros crearán un programa de revisión por pares en el que deberán participar todas las autoridades de control competentes, garantizando la rotación adecuada tanto de las autoridades de control competentes que realicen la revisión como de las que sean objeto de esta. Los Estados miembros informarán de estos programas a la Comisión cada dos años, como parte del informe de actividades de las autoridades competentes que se menciona en el artículo 26.».
Enmienda 156
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 3 – parte introductoria
3.  Cada año, los Estados miembros redactarán un informe sobre el uso en su territorio de vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas y lo enviarán a la Comisión a más tardar el 30 de junio del año siguiente al final del periodo objeto del informe. Dicho informe deberá indicar, en concreto:
3.  Cada año, los Estados miembros redactarán un informe sobre el uso de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 toneladas y 3,5 toneladas, que efectúen transportes internacionales y se encuentren establecidos en su territorio, y lo enviarán a la Comisión a más tardar el 30 de junio del año siguiente al final del periodo objeto del informe. Dicho informe deberá indicar, en concreto:
Enmienda 157
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 3 – letra a
a)  el número de autorizaciones concedidas a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas;
a)  el número de autorizaciones concedidas a las empresas que ejerzan la profesión de transportista de mercancías por carretera únicamente mediante vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas, que efectúen transportes internacionales;
Enmienda 158
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 3 – letra b
b)  el número de vehículos cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas matriculados en el Estado miembro en cada año civil;
b)  el número de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas, que efectúen transportes internacionales, matriculados en el Estado miembro en cada año civil;
Enmienda 159
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 3 – letra c
c)  el número total de vehículos cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas matriculados en el Estado miembro a fecha de 31 de diciembre de cada año;
c)  el número total de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas, que efectúen transportes internacionales, matriculados en el Estado miembro a fecha de 31 de diciembre de cada año;
Enmienda 160
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 3 – letra d
d)  la proporción estimada de vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,toneladas en el conjunto de las actividades de transporte por carretera de todos los vehículos matriculados en el Estado miembro, desglosada por operaciones nacionales, internacionales y de cabotaje.
d)  la proporción estimada de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas, así como de los que se encuentren por debajo de las 2,4 toneladas, en el conjunto de las actividades de transporte por carretera de todos los vehículos matriculados en el Estado miembro, desglosada por operaciones nacionales, internacionales y de cabotaje.
Enmienda 161
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 4
4.  Sobre la base de la información reunida por ella con arreglo al apartado 3 y de otras pruebas, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 de diciembre de 2024 a más tardar, un informe sobre la evolución del número total de vehículos de motor o conjuntos de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado no supere las 3,5 toneladas que participen en operaciones nacionales o internacionales de transporte por carretera. Tomando este informe como base, volverá a evaluar si es necesario proponer medidas adicionales.
4.  Sobre la base de la información reunida por ella con arreglo al apartado 3 y de otras pruebas, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 de diciembre de 2024 a más tardar, un informe sobre la evolución del número total de vehículos de motor cuyo peso total de carga autorizado, incluido el de los remolques, se encuentre entre 2,4 y 3,5 toneladas que participen en operaciones de transporte por carretera. Tomando este informe como base, volverá a evaluar si es necesario proponer medidas adicionales.
Enmienda 162
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 5
5.  Cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las solicitudes que hayan presentado con arreglo al artículo 18, apartados 3 y 4, sobre las respuestas que hayan recibido de los demás Estados miembros y sobre las medidas que hayan tomado sobre la base de la información aportada.».
5.  Cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las solicitudes que hayan presentado con arreglo al artículo 18, sobre las respuestas que hayan recibido de los demás Estados miembros y sobre las medidas que hayan tomado sobre la base de la información aportada.».
Enmienda 163
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1071/2009
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)
(16 bis)  Se añadirá el apartado 5 bis siguiente:
«5 bis. Sobre la base de la información que reúna con arreglo al apartado 5 y de otras pruebas, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, el 31 de diciembre de 2020 a más tardar, un informe detallado sobre el grado de cooperación administrativa entre Estados miembros, sobre cualquier posible deficiencia en este sentido y sobre posibles formas de mejorar la cooperación. Tomando este informe como base, evaluará si es necesario proponer medidas adicionales.».
Enmienda 164
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 ter (nuevo)
1 bis)  En el artículo 1, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
«Los límites de tiempo mencionados en el artículo 8, apartados 2 y 2 bis, del presente Reglamento se aplicarán también al transporte entrante o saliente de mercancías por carretera en cuanto tramo nacional inicial o final de un transporte combinado tal como se establece en la Directiva 92/106/CEE del Consejo.».
Enmienda 165
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 1 – apartado 2
1 ter.  El artículo 1, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
2.  En el caso de los transportes con punto de partida en un Estado miembro y con destino en un tercer país y viceversa, el presente Reglamento será aplicable en la parte del trayecto que se realice en el territorio de cualquier Estado miembro atravesado en tránsito. No se aplicará al trayecto realizado en el territorio del Estado miembro de carga o de descarga, a menos que se haya celebrado el acuerdo necesario entre la Comunidad y el tercer país de que se trate.
«2. En el caso de los transportes con punto de partida en un Estado miembro y con destino en un tercer país y viceversa, el presente Reglamento será aplicable en la parte del trayecto que se realice en el territorio de cualquier Estado miembro atravesado en tránsito. Sin embargo, este trayecto en tránsito quedará excluido de la aplicación de la Directiva sobre el desplazamiento de los trabajadores. No se aplicará al trayecto realizado en el territorio del Estado miembro de carga o de descarga, a menos que se haya celebrado el acuerdo necesario entre la Comunidad y el tercer país de que se trate.»
Enmienda 166
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 1 – apartado 5 – letra c
1 quater)  En el apartado 5, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
c)  los transportes de mercancías con vehículo automóvil cuyo peso de carga total autorizado, incluido el de los remolques, no sea superior a 3,5 toneladas;
c)  los transportes de mercancías con vehículo automóvil cuyo peso de carga total autorizado, incluido el de los remolques, sea inferior a 2,4 toneladas;
Enmienda 167
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis) (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 2 – punto 7 bis (nuevo)
a bis)  Se añade el siguiente punto:
7 bis)  «tránsito»: desplazamientos con carga a través de uno o varios Estados miembros o terceros países cuando el punto de partida y el punto de destino no se encuentren en esos Estados miembros o terceros países;
Enmienda 168
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
-a)  en el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«b bis) efectúe transportes internacionales con vehículos equipados con un tacógrafo inteligente tal como establecen el artículo 3 y el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.».
__________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO L 60 de 28.2.2014, p. 1).
Enmienda 169
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 8 – apartado 2
2.  Una vez entregadas las mercancías transportadas en el curso de un transporte internacional entrante desde otro Estado miembro o desde un tercer país a un Estado miembro de acogida, los transportistas de mercancías por carretera contemplados en el apartado 1 estarán autorizados a realizar, con el mismo vehículo o, si se trata de un vehículo articulado, con el vehículo de tracción de dicho vehículo, operaciones de cabotaje en el Estado miembro de acogida o en Estados miembros contiguos. La última descarga en el curso de una operación de cabotaje tendrá lugar en el plazo de cinco días a partir de la última descarga en el Estado miembro de acogida en el curso del transporte internacional entrante;
2.  Una vez entregadas las mercancías transportadas en el curso de un transporte internacional entrante desde otro Estado miembro o desde un tercer país a un Estado miembro de acogida, los transportistas de mercancías por carretera contemplados en el apartado 1 estarán autorizados a realizar, con el mismo vehículo o, si se trata de un vehículo articulado, con el vehículo de tracción de dicho vehículo, operaciones de cabotaje en el Estado miembro de acogida. La última descarga en el curso de una operación de cabotaje tendrá lugar en el plazo de tres días a partir de la última descarga en el Estado miembro de acogida en el curso del transporte internacional entrante, sujeto al contrato de transporte aplicable;
Enmienda 170
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)
a bis)  se inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Después de finalizado el periodo de tres días al que se refiere el apartado 2, los transportistas no estarán autorizados a realizar, con el mismo vehículo o, si se trata de un vehículo articulado, con el vehículo de tracción de dicho vehículo articulado, operaciones de cabotaje en el mismo Estado miembro de acogida durante las sesenta horas siguientes al regreso al Estado miembro en el que esté establecido el transportista y hasta que se haya efectuado un nuevo transporte internacional procedente del Estado miembro en el que esté establecida la empresa.»
Enmienda 171
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 8 – apartado 4 bis
4 bis.  Las pruebas a que se refiere el apartado 3 se presentarán o transmitirán a los agentes encargados del control del Estado miembro de acogida previa solicitud y durante el control de carretera. Podrán presentarse o transmitirse de manera electrónica, utilizando un formato estructurado revisable que pueda utilizarse directamente para su almacenamiento y tratamiento informático, tal como el eCMR*. Durante el control de carretera, el conductor estará autorizado a ponerse en contacto con la sede central, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda aportar las pruebas mencionadas en el apartado 3.
4 bis.  Las pruebas a que se refiere el apartado 3 se presentarán o transmitirán a los agentes encargados del control del Estado miembro de acogida previa solicitud y durante el control de carretera. Los Estados miembros aceptarán que las pruebas se presenten o se transmitan de manera electrónica, utilizando un formato estructurado revisable que pueda utilizarse directamente para su almacenamiento y tratamiento informático, como la carta de porte electrónica con arreglo al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (eCMR). Durante el control de carretera, el conductor estará autorizado a ponerse en contacto con la sede central, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda aportar las pruebas mencionadas en el apartado 3.
Enmienda 172
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 9 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
5 bis)  En el artículo 9, apartado 1, se añade la letra siguiente:
«e bis) los salarios y las vacaciones anuales retribuidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis
__________________
1 bis Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).»
Enmienda 173
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – título
Controles
Aplicación inteligente
Enmienda 174
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 1
1.  Cada Estado miembro organizará controles de tal manera que, a partir del 1 de enero de 2020, en cada año natural se controle al menos el 2 % de todas las operaciones de cabotaje efectuadas en su territorio. Este porcentaje aumentará como mínimo hasta el 3 % a partir del 1 de enero de 2022. La base para el cálculo de este porcentaje será la actividad de cabotaje total en el Estado miembro en términos de toneladas-kilómetro en el año t-2, según datos de Eurostat.
1.  Para seguir cumpliendo las obligaciones que establece el presente capítulo, los Estados miembros garantizarán la aplicación en su territorio de una estrategia nacional coherente de control. Esta estrategia se centrará en las empresas con una clasificación de alto riesgo a que se refiere el artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
__________________
1 bis Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n.º 3820/85 y (CEE) n.º 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera (DO L 102 de 11.4.2006, p. 35).
Enmienda 175
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Cada Estado miembro velará por que los controles previstos en el artículo 2 de la Directiva 2006/22/CE incluirán, si procede, un control de las operaciones de cabotaje.
Enmienda 176
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  A los efectos del apartado 2, los Estados miembros deberán poder acceder a la información y los datos pertinentes, procesados o almacenados por el tacógrafo inteligente al que hace referencia el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014 y en los documentos de transporte electrónicos, como las cartas de porte electrónicas con arreglo al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (eCMR).
Enmienda 177
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter.  Los Estados miembros permitirán el acceso a dichos datos únicamente a las autoridades competentes habilitadas para controlar las infracciones de actos jurídicos previstos en el presente Reglamento. Los Estados miembros notificarán a la Comisión los datos de contacto de todas las autoridades competentes de su territorio a las que hayan concedido acceso a dichos datos. A más tardar el [XXX], la Comisión elaborará una lista de todas las autoridades competentes y la transmitirá a los Estados miembros. Los Estados miembros notificarán sin demora toda modificación posterior de la misma.
Enmienda 178
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 quater (nuevo)
2 quater.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 ter para precisar las características de los datos a los que los Estados miembros tendrán acceso, las condiciones para su utilización y las especificaciones técnicas para su transmisión o acceso, especificando en particular:
a)  una lista pormenorizada de la información y los datos a los que las autoridades nacionales competentes tendrán acceso, que incluirá, como mínimo, la fecha y el lugar de cruce de fronteras, las operaciones de carga y descarga, la placa de matrícula del vehículo y los datos del conductor;
b)  los derechos de acceso de las autoridades competentes, diferenciando, cuando proceda, según el tipo de autoridad competente, el tipo de acceso y el fin para el que se utilizan los datos;
c)  las especificaciones técnicas para la transmisión o el acceso a los datos a que se refiere la letra a), incluida, en su caso, la duración máxima del almacenamiento de los datos, diferenciadas, en su caso, según el tipo de datos.
Enmienda 179
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 2 quinquies (nuevo)
2 quinquies.  Los datos personales a los que hace referencia el presente artículo no deben estar accesibles ni almacenados durante más tiempo del necesario para los fines para los que se recabaron o para los que fueron posteriormente tratados. Una vez que dichos datos dejen de ser necesarios a tales fines, se destruirán.
Enmienda 180
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 10 bis – apartado 3
3.  Los Estados miembros efectuarán al menos tres veces al año controles de carretera concertados de las operaciones de cabotaje. Tales controles serán efectuados a la vez por las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas en el ámbito del transporte por carretera de dos o más Estados miembros, cada uno actuando en su propio territorio. Los puntos de contacto nacionales designados de acuerdo con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo**** intercambiarán información sobre el número y el tipo de las infracciones detectadas después de que se hayan efectuado los controles de carretera concertados.
3.  Los Estados miembros efectuarán al menos tres veces al año controles de carretera concertados de las operaciones de cabotaje, que podrán coincidir con los controles realizados de acuerdo con el artículo 5 de la Directiva 2006/22/CE. Tales controles serán efectuados a la vez por las autoridades nacionales encargadas de controlar el cumplimiento de las normas en el ámbito del transporte por carretera de dos o más Estados miembros, cada uno actuando en su propio territorio. Los Estados miembros intercambiarán información sobre el número y el tipo de las infracciones detectadas después de que se hayan efectuado los controles de carretera concertados.
Enmienda 181
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 14 bis – apartado 1
Los Estados miembros contemplarán la imposición de sanciones a los expedidores, transitarios y subcontratistas por incumplimiento de lo establecido en los capítulos II y III en caso de que a sabiendas encarguen servicios de transporte que supongan una infracción de lo dispuesto en el presente Reglamento.
Los Estados miembros contemplarán la imposición de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias a los expedidores, transitarios, contratistas y subcontratistas por incumplimiento de lo establecido en los capítulos II y III en caso de que tengan o resulte razonable suponer que tienen conocimiento de que los servicios de transporte que encargan suponen una infracción de lo dispuesto en el presente Reglamento.
Cuando los expedidores, los transitarios, los contratistas y los subcontratistas encarguen servicios de transporte a empresas de transporte con una clasificación de riesgo reducida, tal como se hace referencia en el artículo 9 de la Directiva 2006/22/CE, no estarán sujetos a sanciones por infracciones, a menos que se demuestre que efectivamente tenían conocimiento de dichas infracciones.
Enmienda 182
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 17 – apartado 3
3.  A más tardar el 31 de enero de cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre el número de controles de cabotaje efectuados en el año natural precedente con arreglo al artículo 10 bis. Esta información incluirá el número de vehículos controlados y el número de toneladas-kilómetro controladas.
3.  El … [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros presentarán a la Comisión sus estrategias nacionales de aplicación adoptadas con arreglo al artículo 10 bis. A más tardar el 31 de enero de cada año, los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las actividades de aplicación efectuadas en el año natural precedente con arreglo al artículo 10 bis, incluido, si procede, el número de controles efectuados. Esta información incluirá el número de vehículos controlados y el número de toneladas-kilómetro controladas.
Enmienda 183
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 1072/2009
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  La Comisión elaborará, a más tardar a finales de 2022, un informe sobre la situación del mercado del transporte por carretera de la Unión. Dicho informe contendrá asimismo un análisis de la situación de mercado, que incluirá una valoración tanto de la eficacia de los controles como de la evolución de las condiciones de empleo en la profesión.

(1) DO C 197 de 8.6.2018, p. 38.
(2) DO C 176 de 23.5.2018, p. 57


Normas comunes para el mercado interior del gas natural ***I
PDF 197kWORD 58k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (COM(2017)0660 – C8-0394/2017 – 2017/0294(COD))
P8_TA-PROV(2019)0342A8-0143/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0660),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0394/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Senado francés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de abril de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 16 de mayo de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0143/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

P8_TC1-COD(2017)0294


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 194, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,(3)

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El mercado interior del gas natural, que se ha ido implantando gradualmente en toda la Unión desde 1999, tiene como finalidad dar una posibilidad real de elección a todos los clientes finales de la Unión, sean ciudadanos o empresas, así como generar nuevas oportunidades comerciales, establecer unas condiciones de competencia equitativas y precios competitivos, proporcionar señales de inversión eficientes, aumentar la calidad del servicio y contribuir a la seguridad del suministro y a la sostenibilidad.

(2)  Las Directivas 2003/55/CE(6) y 2009/73/CE(7) del Parlamento Europeo y del Consejo han contribuido de manera destacada a la creación del mercado interior del gas natural.

(3)  La presente Directiva tiene por objeto reducir los obstáculos a la plena realización del mercado interior del gas natural que se derivan de la inaplicabilidad de las normas de mercado de la Unión a los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países. Las modificaciones introducidas por la presente Directiva garantizarán que las normas aplicables a los gasoductos de transporte que conectan dos o más Estados miembros también sean aplicables dentro de la Unión a las que tienen destino u origen en terceros países. Esas modificaciones dotarán de coherencia al marco jurídico de la Unión y evitarán la distorsión de la competencia en el mercado interior de la energía, así como los impactos negativos en la seguridad del suministro. Además, impulsarán la transparencia y aportarán seguridad jurídica a los participantes en el mercado y, concretamente, a los inversores en infraestructuras de gas y a los usuarios del sistema, en lo relativo a las normas aplicables.

(4)  Para tomar en consideración la ausencia actual de normas específicas de la Unión aplicables a los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países, antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, debe autorizarse a los Estados miembros a conceder excepciones respecto de determinadas disposiciones de la Directiva 2009/73/CE a los gasoductos de transporte que se hayan concluido antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. La fecha para la aplicación de los modelos de separación distinta de la separación patrimonial debe ser adaptada en el caso de los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países.

(5)  Deben considerarse red previa de gasoductos aquellos gasoductos que conecten un proyecto de producción de gas o petróleo de un tercer país con una planta de procesamiento o una terminal final costera de descarga situada en un Estado miembro. No deben considerarse red previa de gasoductos a los efectos de la presente Directiva los gasoductos que conecten un proyecto de producción de gas o petróleo situado en un Estado miembro con una planta de procesamiento o una terminal final costera de descarga de un tercer país, ya que es poco probable que dichos gasoductos tengan un impacto significativo en el mercado interior de la energía.

(6)  Los gestores de redes de transporte deben tener libertad para celebrar acuerdos técnicos con gestores de redes de transporte u otras entidades de terceros países sobre cuestiones relativas a la gestión e interconexión de las redes de transporte, siempre que el contenido de dichos acuerdos sea compatible con el Derecho de la Unión.

(7)   Deben mantenerse en vigor los acuerdos técnicos relativos a la gestión de gasoductos de transporte celebrados entre gestores de redes de transporte u otras entidades, siempre que respeten el Derecho de la Unión y las decisiones pertinentes de la autoridad reguladora nacional.

(8)  Cuando existen tales acuerdos técnicos, la presente Directiva no obliga a celebrar un acuerdo internacional entre un Estado miembro y un tercer país, o un acuerdo entre la Unión y un tercer país, relativo a la gestión del gasoducto de transporte de que se trate.

(9)  La aplicabilidad de la Directiva 2009/73/CE a los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países está circunscrita al territorio de los Estados miembros. En lo que respecta a los gasoductos submarinos de transporte, la Directiva 2009/73/CE debe ser aplicable en el mar territorial del Estado miembro en el que está situado el primer punto de interconexión a la red de los Estados miembros.

(10)  De conformidad con la presente Directiva, deben poder mantenerse en vigor los acuerdos existentes celebrados entre un Estado miembro y un tercer país sobre la gestión de los gasoductos de transporte.

(11)  Por lo que respecta a acuerdos o partes de acuerdos con terceros países que puedan afectar a las normas comunes de la Unión, debe establecerse un procedimiento coherente y transparente por el cual sea posible autorizar a un Estado miembro que lo solicite modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo con un tercer país sobre la gestión de un gasoducto de transporte o de una red previa de gasoductos entre el Estado miembro y un tercer país. El procedimiento no debe retrasar la aplicación de la presente Directiva y debe establecerse sin perjuicio de la atribución de competencia entre la Unión y los Estados miembros, y ha de aplicarse tanto a los acuerdos existentes como a los nuevos.

(12)  Cuando sea evidente que el objeto de un acuerdo está parcialmente incluido dentro de las competencias de la Unión Europea y en parte dentro de las de un Estado miembro, es fundamental garantizar una estrecha cooperación entre el Estado miembro en cuestión y las instituciones de la Unión.

(13)  Los Reglamentos (UE) 2015/703(8),y (UE) 2017/459(9), de la Comisión, la Decisión 2012/490/UE de la Comisión(10), así como los capítulos III, V, VI y IX y el artículo 28 del Reglamento (UE) 2017/460 de la Comisión(11), se aplican a los puntos de entrada y salida con terceros países, sujetos a las decisiones correspondientes de la autoridad reguladora nacional oportuna, mientras que el Reglamento (UE) n.º 312/2014 de la Comisión(12) se aplica exclusivamente a zonas de balance dentro de las fronteras de la Unión.

(14)  A fin de adoptar decisiones por las que se autoriza o no se autoriza a un Estado miembro a modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo con un tercer país, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

(15)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, lograr la coherencia del marco jurídico dentro de la Unión al tiempo que se evita la distorsión de la competencia en el mercado interior de la energía de la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(16)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(14), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(17)  Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/73/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2009/73/CE

La Directiva 2009/73/CE se modifica como sigue:

1)  En el artículo 2, el punto 17 se sustituye por el texto siguiente:"

«17) "interconector": un gasoducto de transporte que cruza o supera una frontera entre Estados miembros al objeto de conectar la red nacional de transporte de dichos Estados miembros, o un gasoducto de transporte entre un Estado miembro y un tercer país hasta el territorio del Estado miembro o el mar territorial de dicho Estado miembro;».

"

2)  El artículo 9 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 8, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«8. Si, a 3 de septiembre de 2009, la red de transporte pertenecía a una empresa integrada verticalmente, el Estado miembro podrá decidir no aplicar el apartado 1. En lo que respecta a la parte de la red de transporte que conecta un Estado miembro con un tercer país, entre la frontera de dicho Estado miembro y el primer punto de conexión con la red de dicho Estado miembro, si, a …[ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] la red de transporte pertenece a una empresa integrada verticalmente, el Estado miembro podrá decidir no aplicar el apartado 1.»;

"

b)  el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«9. Si, a 3 de septiembre de 2009, la red de transporte pertenecía a una empresa integrada verticalmente y existían acuerdos de garantía de independencia más efectivos que las disposiciones del capítulo IV, el Estado miembro podrá decidir no aplicar el apartado 1 del presente artículo.

En lo que respecta a la parte de la red de transporte que conecta un Estado miembro con un tercer país, entre la frontera de dicho Estado miembro y el primer punto de conexión con la red de dicho Estado miembro, si , a  …[ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], la red de transporte pertenece a una empresa integrada verticalmente y existían acuerdos para garantizar la independencia más efectivos que las disposiciones del capítulo IV, el Estado miembro podrá decidir no aplicar el apartado 1 del presente artículo,.».

"

3)  En el artículo 14, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Si, a 3 de septiembre de 2009, la red de transporte pertenecía a una empresa integrada verticalmente, el Estado miembro podrá decidir no aplicar el artículo 9, apartado 1, y designar un gestor de red independiente a propuesta del propietario de la red de transporte.

En lo que respecta a la parte de la red de transporte que conecta un Estado miembro con un tercer país, entre la frontera de dicho Estado miembro y el primer punto de conexión con la red de dicho Estado miembro, si , a …[ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], la red de transporte pertenece a una empresa integrada verticalmente, el Estado miembro podrá decidir no aplicar el artículo 9, apartado 1, y designar un gestor de red independiente a propuesta del propietario de la red de transporte.

La designación de un gestor de red independiente a propuesta del propietario de la red de transporte mencionada en los párrafos primero y segundo estará supeditada a la aprobación de la Comisión.».

"

4)  En el artículo 34, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. En caso de litigios transfronterizos, serán de aplicación los mecanismos de resolución de litigios aplicables al Estado miembro con jurisdicción sobre la red previa de gasoductos que deniegue el acceso. Cuando, en litigios transfronterizos, la red en cuestión abarque más de un Estado miembro, los Estados miembros afectados se consultarán mutuamente con el fin de garantizar una aplicación coherente de las disposiciones de la presente Directiva. Cuando la red previa de gasoductos tenga su origen en un tercer país y esté conectada con al menos un Estado miembro ▌, los Estados miembros afectados se consultarán mutuamente y el Estado miembro en el que esté situado el primer punto de entrada a la red de los Estados miembros consultará al tercer país afectado en el que se origine la red de gasoductos previa, con vistas a garantizar, por lo que respecta a la red afectada, la aplicación coherente de la presente Directiva en el territorio de los Estados miembros.».

"

5)  El artículo 36 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:"

«e) la exención no debe ser perjudicial para la competencia en los mercados pertinentes que probablemente se verán afectados por la inversión, ni para el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas natural de la Unión, ni tampoco para el funcionamiento eficiente de las redes reguladas afectadas o para la seguridad de suministro de gas natural dentro de la Unión.»;

"

b)  el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. La autoridad reguladora a que se refiere el capítulo VIII podrá decidir, en función de cada caso particular, sobre las exenciones previstas en los apartados 1 y 2.

Antes de la adopción de la decisión sobre las exenciones, la autoridad reguladora nacional o, cuando corresponda, otra autoridad competente del Estado miembro de que se trate, consultará:

   a) a las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros cuyos mercados probablemente se verán afectados por la nueva infraestructura; y
   b) las autoridades competentes de terceros países, cuando la infraestructura en cuestión esté conectada con la red de la Unión bajo la jurisdicción de un Estado miembro, y tenga su origen o fin en uno o más terceros países.

Cuando las autoridades consultadas del tercer país no respondan a la consulta en un periodo de tiempo razonable o en un plazo fijado no superior a tres meses, la autoridad reguladora nacional afectada podrá adoptar la decisión necesaria.»;

"

c)  en el apartado 4, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«Si todas las autoridades reguladoras afectadas alcanzan un acuerdo sobre la solicitud de exención en el plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud por la última de las autoridades reguladoras, informarán a la Agencia de esa decisión. Cuando la infraestructura en cuestión sea un gasoducto de transporte entre un Estado miembro y un tercer país antes de la adopción de la decisión sobre las exenciones, la autoridad reguladora nacional o, cuando corresponda, otra autoridad competente del Estado miembro en el que esté situado el primer punto de interconexión con la red de los Estados miembros, podrán consultar a la autoridad competente de dichos terceros países, con el fin de garantizar, en relación a la infraestructura afectada, la aplicación coherente de la presente Directiva en el territorio y, cuando proceda, en el mar territorial de dicho Estado miembro. Cuando las autoridades del tercer país consultadas no respondan a la consulta en un periodo de tiempo razonable o en un plazo fijado no superior a tres meses, la autoridad reguladora nacional afectada podrá adoptar la decisión necesaria.».

"

6)  En el artículo 41, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) cooperar en cuestiones transfronterizas con la autoridad o autoridades reguladoras de los Estados miembros correspondientes y con la Agencia ▌. En el caso de las infraestructuras con destino u origen en un tercer país, la autoridad reguladora del Estado miembro en el que esté situado el primer punto de interconexión con la red de los Estados miembros podrá cooperar con las autoridades competentes del tercer país, previa consulta a las autoridades reguladores de los demás Estados miembros afectados, para, en relación a dichas infraestructuras, velar por la aplicación coherente de la presente Directiva en el territorio de los Estados miembros;».

"

7)  En el artículo 42, se añade el apartado siguiente:"

«6. Las autoridades reguladoras o, cuando corresponda, otras autoridades competentes, podrán consultar y cooperar con las autoridades competentes de terceros países en lo relativo a la explotación de infraestructuras de gas con destino u origen en terceros países para garantizar, en relación con las infraestructuras afectadas, la aplicación coherente de la presente Directiva en el territorio y el mar territorial de un Estado miembro.».

"

8)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 48 bis

Acuerdos técnicos relativos a la gestión de gasoductos de transporte

La presente Directiva no afecta a la libertad de los gestores de redes de transporte u otros operadores económicos de mantener en vigor o celebrar acuerdos técnicos sobre cuestiones relativas a la gestión de gasoductos de transporte entre un Estado miembro y un tercer país, en la medida en que dichos acuerdos sean compatibles con el Derecho de la Unión y con las decisiones pertinentes de las autoridades reguladoras nacionales de los Estados miembros de que se trate. Tales acuerdos deberán notificarse a las autoridades reguladoras del Estado miembro afectado.».

"

9)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 49 bis

Excepciones relativas a los gasoductos de transporte con destino u origen en terceros países

1.  En lo que respecta a los gasoductos de transporte entre un Estado miembro y un tercer país que se hayan terminado antes del…[ fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], el Estado miembro donde esté situado el primer punto de conexión de dicho gasoducto de transporte con la red de un Estado miembro podrá decidir establecer exenciones a los artículos 9, 10, 11 y 32, así como al artículo 41, apartados 6, 8 y 10, para las secciones de esos gasoductos de transporte situadas en su territorio o mar territorial, por razones objetivas como permitir la recuperación de la inversión realizada o por motivos de seguridad del suministro, siempre y cuando la exención no sea perjudicial para la competencia, el funcionamiento efectivo del mercado interior del gas en la Unión o la seguridad de suministro en la Unión.

Las exenciones estarán limitadas en el tiempo a un periodo máximo de veinte años sobre la base de una justificación objetiva, renovable en casos justificados, y podrán quedar sujetas a condiciones que contribuyan a la consecución de las condiciones expuestas anteriormente.

Estas exenciones no se aplicarán a los gasoductos de transporte entre un Estado miembro y un tercer país que, en virtud de un acuerdo celebrado con la Unión, tenga la obligación de transponer la presente Directiva a su ordenamiento jurídico y la haya aplicado de forma efectiva.

2.  Cuando el gasoducto de transporte en cuestión esté situada en el territorio de más de un Estado miembro, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el primer punto de conexión con la red de los Estados miembros decidirá si conceder o no la exención relativa al gasoducto de transporte, previa consulta con todos los Estados miembros afectados.

A petición de los Estados miembros afectados, la Comisión podrá decidir actuar como observadora en la consulta entre el Estado miembro en cuyo territorio esté situado el primer punto de conexión y terceros países en relación con la aplicación coherente de la presente Directiva en el territorio y el mar territorial del Estado miembro en el que se encuentre el primer punto de interconexión, incluida la concesión de exenciones para tales gasoductos de transporte.

3.  Las decisiones en virtud de los apartados 1 y 2 se adoptarán a más tardar el… (un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva modificativa]. Los Estados miembros notificarán tales decisiones a la Comisión y las publicarán.

Artículo 49 ter

Procedimiento de habilitación

1.   Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas con arreglo al Derecho de la Unión y de la atribución de competencia entre la Unión y sus Estados miembros, podrán mantenerse en vigor los acuerdos existentes entre un Estado miembro y un tercer país sobre la gestión de un gasoducto de transporte o una red previa de gasoductos hasta que entre en vigor un acuerdo suplementario entre la Unión y ese mismo tercer país, o hasta que sea de aplicación el procedimiento que se describe en los apartados 2 a 15 del presente artículo.

2.   Sin perjuicio de la atribución de competencia entre la Unión y los Estados miembros, cuando un Estado miembro tenga previsto entablar negociaciones con un tercer país para modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo relativo a la gestión de un gasoducto de transporte con un tercer país sobre asuntos que recaen, total o parcialmente, en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, notificará su intención por escrito a la Comisión.

En la notificación se incluirán la documentación pertinente y una indicación de las disposiciones que se abordarán en las negociaciones o se pretenden negociar, los objetivos de las negociaciones y cualquier otra información pertinente, y se remitirá a la Comisión al menos cinco meses antes del inicio previsto de las negociaciones.

3.   Además de la notificación prevista en el apartado 2, la Comisión autorizará al Estado miembro afectado a iniciar negociaciones formales con un tercer país sobre la parte que pueda afectar a las normas comunes de la Unión, a menos que considere que emprender dichas negociaciones:

   a) entraría en conflicto con el Derecho de la Unión, más allá de las incompatibilidades derivadas del reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros;
   b) sería perjudicial para el funcionamiento del mercado interior del gas natural, la competencia o la seguridad del suministro en un Estado miembro o en la Unión;
   c) socavaría los objetivos de negociaciones pendientes sobre acuerdos intergubernamentales entre la Unión y un tercer país;
   d) causaría discriminación.

4.   Cuando lleve a cabo la comprobación prevista en el apartado 3, la Comisión tendrá en cuenta si el acuerdo previsto se refiere a un gasoducto de transporte o gasoducto previo que contribuya a la diversificación de los suministros de gas natural y de los proveedores a través de nuevos suministros de gas natural.

5.   En el plazo de noventa días a partir de la recepción de la notificación a que se refiere el apartado2, la Comisión adoptará una decisión autorizando o rechazando, a un Estado miembro a iniciar negociaciones para modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo con un tercer país. Cuando sea necesaria información adicional para adoptar una decisión, el plazo de noventa días empezará a contar a partir de la fecha de recepción de la información adicional.

6.   Si la Comisión adoptase una decisión rechazando la autorización a un Estado miembro a iniciar negociaciones para modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo con un tercer país, informará al respecto al Estado miembro de que se trate y expondrá los motivos.

7.   Las decisiones autorizando o rechazando, a iniciar negociaciones para modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo con un tercer país se adoptarán, mediante actos de ejecución, de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 51, apartado 2.

8.   La Comisión podrá proporcionar orientación y solicitar la inclusión de cláusulas concretas en el acuerdo previsto al objeto de garantizar la compatibilidad con el Derecho de la Unión, de conformidad con la Decisión (UE) 2017/684 del Parlamento Europeo y del Consejo**.

9.   Deberá mantenerse informada a la Comisión del progreso y los resultados de las negociaciones destinadas a modificar, ampliar, adaptar, renovar o celebrar un acuerdo a lo largo de las distintas fases de la negociación y podrá solicitar participar en dichas negociaciones entre el Estado miembro y el tercer país, de conformidad con la Decisión (UE) 2017/684.

10.   La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las decisiones adoptadas con arreglo al apartado 5.

11.   Antes de firmar un acuerdo con un tercer país, el Estado miembro de que se trate notificará a la Comisión el resultado de las negociaciones y le transmitirá el texto negociado del acuerdo.

12.   A raíz de la notificación efectuada en virtud del apartado 11, la Comisión evaluará el acuerdo negociado con arreglo al apartado 3. Si la Comisión considera que las negociaciones han dado lugar a un acuerdo que cumple con el apartado 3, autorizará al Estado miembro su firma y celebración.

13.   En un plazo de noventa días a partir de la recepción de la solicitud contemplada en el presente apartado11, la Comisión adoptará la decisión de autorizar, o la de rechazar la autorización al Estado miembro para firmar y celebrar el acuerdo con un tercer país. Cuando sea necesaria información adicional para adoptar una decisión, el plazo de noventa días empezará a contar a partir de la fecha de recepción de la información adicional.

14.   Si la Comisión decide adoptar una decisión de conformidad con el apartado 13, autorizando al Estado miembro a firmar y celebrar el acuerdo con un tercer país, el Estado miembro en cuestión le notificará la celebración y la entrada en vigor del acuerdo, así como las posibles modificaciones posteriores de la situación de dicho acuerdo.

15.   En caso de que la Comisión no adopte una decisión rechazando la autorización a un Estado miembro a firmar y celebrar el acuerdo con un tercer país con arreglo al apartado 13, informará al respecto al Estado miembro de que se trate y expondrá los motivos.

________________

* Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

** Decisión (UE) 2017/684 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, por la que se establece un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión n.º 994/2012/UE (DO L 99 de 12.4.2017, p. 1).».

"

Artículo 2

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el… [nueve meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], sin perjuicio de las excepciones que puedan establecerse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 49 bis, de la Directiva 2009/73/CE. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Como excepción al párrafo primero, los Estados miembros sin litoral que no tengan fronteras geográficas ni gasoductos de transporte con terceros países no estarán obligados a poner en vigor las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Directiva.

Como excepción al párrafo primero, Chipre y Malta no estarán obligados, debido a su situación geográfica, a poner en vigor las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Directiva mientras no dispongan de infraestructuras que los conecten con terceros países, incluidas las redes previas de gasoductos.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en…, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente/La Presidenta El Presidente/La Presidenta

____________________

(1) DO C 262 de 25.7.2018, p. 64.
(2) DO C 361 de 5.10.2018, p. 72.
(3)DO C 262 de 25.7.2018, p. 64.
(4)DO C 361 de 5.10.2018, p. 72.
(5)Posición del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019.
(6)Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (DO L 176 de 15.7.2003, p. 57).
(7)Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).
(8)Reglamento (UE) 2015/703 de la Comisión, de 30 de abril de 2015, por el que se establece un código de red sobre las normas de interoperabilidad y de intercambio de datos (DO L 113 de 1.5.2015, p. 13).
(9)Reglamento (UE) 2017/459 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, por el que se establece un código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las redes de transporte de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 984/2013 (DO L 72 de 17.3.2017, p. 1).
(10)Decisión 2012/490/UE de la Comisión, de 24 de agosto de 2012, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural (DO L 231 de 28.8.2012, p. 16).
(11)Reglamento (UE) 2017/460 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, por el que se establece un código de red sobre la armonización de las estructuras tarifarias de transporte de gas (DO L 72 de 17.3.2017, p. 29).
(12)Reglamento (UE) n.º 312/2014 de la Comisión, de 26 de marzo de 2014, por el que se establece un código de red sobre el balance del gas en las redes de transporte (DO L 91 de 27.3.2014, p. 15).
(13)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(14) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.


Fondo Europeo Marítimo y de Pesca ***I
PDF 452kWORD 156k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))
P8_TA(2019)0343A8-0176/2019

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Establecimiento de un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental ***I
PDF 262kWORD 81k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental (COM(2018)0115 – C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))
P8_TA-PROV(2019)0344A8-0005/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0115),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0104/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 14 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0005/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo adjunta a la presente Resolución, que se publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto legislativo final;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014

P8_TC1-COD(2018)0050


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, de la que la Unión es Parte Contratante, establece obligaciones en materia de conservación, entre las que figura la de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible (RMS).

(2)  En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva York en 2015, la Unión y sus Estados miembros se comprometieron a que, en 2020 a más tardar, regularían eficazmente las capturas y pondrían fin a la sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y a las prácticas pesqueras destructivas, así como a aplicar planes de gestión basados en los conocimientos científicos, con objeto de restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos a niveles que puedan producir el RMS determinado por sus características biológicas.

(3)  La declaración ministerial de Malta MedFish4Ever, de 30 de marzo de 2017(4), establece un nuevo marco para la gestión de la pesca en el Mediterráneo y un programa de trabajo con cinco acciones concretas para los próximos diez años. Uno de los compromisos contraídos es establecer planes plurianuales.

(4)  El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(5) establece las normas de la política pesquera común (PPC), de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión. La PPC debe contribuir a la protección del medio ambiente marino, a la gestión sostenible de todas las especies que se explotan comercialmente y, en particular, a la consecución de un buen estado medioambiental de aquí a 2020.

(5)  Los objetivos de la PPC son, entre otros, garantizar que la pesca y la acuicultura sean medioambiental, social y económicamente sostenibles a largo plazo, aplicar el criterio de precaución a la gestión pesquera e implantar el enfoque ecosistémico en la gestión pesquera. La PPC contribuye también a lograr un nivel de vida adecuado para el sector pesquero, incluido el sector de la pesca artesanal, a pequeña escala y costera. La consecución de esos objetivos contribuye asimismo a la disponibilidad de los suministros de alimentos y aporta beneficios en materia de empleo.

(6)  Para alcanzar los objetivos de la PPC, procede adoptar medidas de conservación tales como planes plurianuales, medidas técnicas y establecer y asignar el esfuerzo pesquero máximo admisible.

(7)  De conformidad con los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los planes plurianuales deben adoptarse sobre la base de dictámenes científicos, técnicos y económicos. De conformidad con dichas disposiciones, el plan plurianual establecido por el presente Reglamento (en lo sucesivo, «plan») debe contener objetivos, objetivos cuantificables con plazos precisos, puntos de referencia de conservación, salvaguardias y medidas técnicas destinadas a evitar y reducir las capturas no deseadas.

(8)  Por «los mejores dictámenes científicos disponibles» debe entenderse el asesoramiento científico públicamente disponible y respaldado por los datos y métodos científicos más actualizados, o que ha sido emitido o revisado por un organismo científico independiente reconocido a nivel de la Unión o internacional.

(9)  La Comisión debe obtener los mejores dictámenes científicos disponibles sobre las poblaciones incluidas en el ámbito de aplicación del plan. Para ello debe consultar, en particular, al Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP). La Comisión debe, en particular, obtener la información científica públicamente disponible, también sobre la pesca mixta, que tenga en cuenta el e indique los intervalos de FRMS y los puntos de referencia de conservación BPA y BLIM.

(10)  El Reglamento (CE) n.º 1967/2006(6) del Consejo establece un marco de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mediterráneo y exige la adopción de planes de gestión para la pesca con redes de arrastre, redes de tiro desde embarcación, jábegas, redes de cerco y dragas en las aguas territoriales de los Estados miembros.

(11)  Francia, Italia y España han adoptado planes de gestión, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1967/2006, pero esos planes no están coordinados entre sí ni tienen en cuenta todos los artes de la pesca demersal ni la distribución transzonal de determinadas poblaciones de peces y flotas pesqueras, y tampoco han sido eficaces para alcanzar los objetivos establecidos en la PPC. Los Estados miembros y las partes interesadas han dado su apoyo a que se establezca y aplique un plan plurianual a escala de la Unión para las especies afectadas.

(12)  El CCTEP ha demostrado que la explotación de muchas especies demersales en el Mediterráneo occidental supera con creces los niveles del RMS.

(13)  Procede, por tanto, establecer un plan plurianual de conservación y explotación sostenible de las especies demersales en el Mediterráneo occidental.

(14)  Dicho plan debe tener en cuenta el carácter mixto de esta pesca y la dinámica entre las diversas especies capturadas: la merluza (Merluccius merluccius), el salmonete de fango (Mullus barbatus), el langostino moruno (Aristaeomorpha foliacea), la gamba de altura (Parapenaeus longirostris), la gamba roja del Mediterráneo (Aristeus antennatus) y la cigala (Nephrops norvegicus). Asimismo, debe tener en cuenta las capturas accesorias efectuadas en pesquerías demersales y otras especies demersales sobre las que no se dispone de datos suficientes. Debe aplicarse a la pesca demersal (en particular, redes de arrastre, redes de fondo, trampas y palangres) practicada en aguas de la Unión o por buques de la Unión fuera de aguas de la Unión en el Mediterráneo occidental.

(15)  Cuando la mortalidad provocada por la pesca recreativa tenga un impacto significativo en las poblaciones de peces afectadas, el Consejo debe poder establecer límites no discriminatorios aplicables a los pescadores de pesca recreativa. El Consejo debe remitirse a criterios transparentes y objetivos a la hora de establecer dichos límites. Cuando proceda, los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias y proporcionadas para supervisar y recopilar datos conducentes a un cálculo fiable de los niveles reales de capturas recreativas. Además, debe ser posible adoptar medidas técnicas de conservación con respecto a la pesca recreativa.

(16)  El ámbito geográfico del plan debe basarse en la distribución geográfica de las poblaciones, tal como aconsejan los mejores dictámenes científicos disponibles. Si en el futuro cambia dicha distribución geográfica, puede ser preciso modificar lo establecido en el plan en función de la información científica mejorada. Por ello, procede facultar a la Comisión para adoptar actos delegados adaptando en consecuencia el plan plurianual si el dictamen científico pone de manifiesto cambios en la distribución geográfica de las poblaciones en cuestión.

(17)  El objetivo del plan es contribuir a hacer realidad los objetivos de la PPC y, en particular, alcanzar y mantener el RMS para las poblaciones contempladas, aplicar la obligación de desembarque de las poblaciones demersales y de las capturas accesorias pelágicas efectuadas en pesquerías demersales sujetas a tallas mínimas de referencia a efectos de conservación y promover un nivel de vida adecuado para quienes dependen de las actividades pesqueras, teniendo en cuenta la pesca costera y los aspectos socioeconómicos. El plan pretende asimismo aplicar a la gestión pesquera un enfoque ecosistémico a fin de minimizar el impacto negativo de las actividades pesqueras en el ecosistema marino. El plan debe ser coherente con la legislación medioambiental de la Unión, en particular con el objetivo de lograr un buen estado medioambiental para 2020, de conformidad con la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7), y alcanzar los objetivos de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8) y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo(9).

(18)  Conviene establecer un objetivo de mortalidad por pesca (F) que corresponda al objetivo de la consecución y el mantenimiento del rendimiento máximo sostenible como intervalos de valores que sean compatibles con la consecución del RMS (FRMS). Estos intervalos, basados en los mejores dictámenes científicos disponibles, son necesarios para aportar flexibilidad al tener en cuenta la evolución de los dictámenes científicos, contribuir a la aplicación de la obligación de desembarque y tener en cuenta las características de la pesca mixta. Con arreglo a este plan, los intervalos se calculan de forma que no se produzca una reducción superior al 5 % en el rendimiento a largo plazo con respecto al RMS. Además, se restringe el límite superior del intervalo FRMS con el objetivo de que la probabilidad de que la población caiga por debajo del punto de referencia límite de la biomasa (BLIM) no supere el 5 %.

(19)  Con objeto de fijar el esfuerzo pesquero máximo admisible, conviene que haya unos intervalos FRMS para «uso normal» y, cuando sea bueno el estado de las poblaciones afectadas, otros más flexibles. Solo deben poder fijarse el esfuerzo pesquero máximo admisible en estos últimos intervalos si, sobre la base del dictamen científico, es necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el presente Reglamento en el caso de la pesca mixta, para evitar daños a una población derivados de la dinámica poblacional dentro de la misma especie o entre especies, o para limitar las variaciones en el esfuerzo pesquero máximo admisible de un año a otro. Conviene establecer un objetivo de mortalidad por pesca acorde con dichos intervalos de FRMS de forma progresiva y paulatina, de aquí a 2020 si fuera posible, y a más tardar el 1 de enero de 2025.

(20)  En el caso de las poblaciones para las que se disponga de RMS, y con el fin de aplicar medidas de salvaguardia, es necesario fijar puntos de referencia de conservación, expresados como puntos de referencia de precaución (BPA) y puntos de referencia límite (BLIM).

(21)  Deben crearse salvaguardias adecuadas para garantizar que se cumplan los objetivos y se pongan en marcha medidas correctoras en caso necesario, en particular cuando las poblaciones caigan por debajo de los puntos de referencia de conservación. Las medidas correctoras deben incluir medidas de emergencia de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el esfuerzo pesquero máximo admisible y otras medidas de conservación específicas.

(22)  A fin de garantizar un acceso transparente a la pesca y que se alcancen los objetivos de mortalidad por pesca, conviene que la Unión adopte un régimen de gestión del esfuerzo pesquero de los arrastreros, que constituyen el arte principal de pesca demersal en el Mediterráneo occidental. Para ello, conviene establecer grupos de esfuerzo pesquero de modo que el Consejo establezca el esfuerzo pesquero máximo admisible, expresado en número de días de pesca, con base anual. En caso necesario, el régimen de gestión del esfuerzo pesquero debe incorporar otros artes de pesca.

(23)  Dada la preocupante situación de muchas poblaciones demersales del Mediterráneo occidental y con el fin de reducir los elevados niveles actuales de mortalidad por pesca, el régimen de gestión del esfuerzo pesquero debe conllevar una reducción significativa del esfuerzo pesquero en los primeros cinco años de ejecución del.

(24)  Los Estados miembros deben tomar medidas específicas para garantizar que el régimen de gestión del esfuerzo pesquero sea eficaz y viable, como elaborar un método de asignación de cuotas de esfuerzo pesquero de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, establecer una lista de los buques, emitir las autorizaciones pertinentes y registrar y transmitir los datos de esfuerzo pesquero.

(25)  Con objeto de contribuir a la consecución efectiva de los objetivos del plan, y conforme a los principios de buena gobernanza establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los Estados miembros deben poder promover unos sistemas de gestión participativos a nivel local.

(26)  Con el fin de proteger las zonas de reproducción y los hábitats sensibles y de preservar la pesca artesanal, la zona costera debe reservarse sistemáticamente para la pesca más selectiva. Por consiguiente, el plan debe establecer una veda durante tres meses que prohíba que los arrastreros faenen a menos de 6 millas naúticas desde la costa, excepto en zonas más profundas que la isóbata de 100 m durante tres meses cada año. Debe ser posible establecer otras zonas de veda, cuando con ello pueda lograrse una reducción de al menos el 20 % de las capturas de juveniles de merluza.

(27)  Asimismo, deben tomarse otras medidas de conservación de las especies demersales. En particular, según el dictamen científico y con el fin de proteger la población adulta de merluza, seriamente dañada, conviene establecer cierres adicionales en zonas con alta concentración de merluzas que están desovando.

(28)  Debe aplicarse el criterio de precaución a las capturas accesorias y otras especies demersales sobre las que no se dispone de datos suficientes. Deben adoptarse medidas específicas de conservación, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, cuando el dictamen científico ponga de manifiesto la necesidad de medidas correctoras.

(29)  El plan ha de establecer medidas técnicas de conservación complementarias, que deben adoptarse mediante actos delegados. Esto es necesario para lograr los objetivos del plan, en particular la conservación de las especies demersales y la mejora de la selectividad.

(30)  Con objeto de cumplir la obligación de desembarque establecida en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, el plan ▌ debe prever medidas de gestión adicionales que deberán especificarse de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

(31)  A fin de que el plan ▌ sea adaptado oportunamente al progreso técnico y científico, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de completar el presente Reglamento con medidas correctoras y medidas técnicas de conservación, hacer cumplir la obligación de desembarque y modificar determinados elementos del plan. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(10). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(32)  De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013, debe establecerse el plazo para la presentación de las recomendaciones conjuntas de los Estados miembros con interés directo de gestión.

(33)  A fin de evaluar los avances hacia el RMS, el plan ▌ debe regular el seguimiento científico de las poblaciones afectadas y, en la medida de lo posible, de las capturas accesorias.

(34)  De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, la Comisión debe evaluar periódicamente la adecuación y efectividad del presente Reglamento. Dicha evaluación debe seguir la evaluación periódica por el CCTEP del plan, y basarse en ella, apoyándose en el dictamen científico, tras un período [cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento] y cada tres años a partir de esa fecha. Así es posible la plena aplicación de la obligación de desembarque y la adopción y aplicación de medidas regionalizadas con efectos sobre las poblaciones y la pesca. ▌

(35)  Por razones de seguridad jurídica, es conveniente aclarar que se considera que las medidas de paralización temporal que se hayan adoptado para alcanzar los objetivos del plan reúnen las condiciones para recibir ayuda con arreglo al Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(11).

(36)  Con objeto de hallar un equilibrio entre la capacidad pesquera de la flota y el esfuerzo pesquero máximo admisible de que se disponga, deberá ofrecerse, en los segmentos no equilibrados de la flota regulados por el presente Reglamento, apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para la paralización definitiva de las actividades pesqueras. El Reglamento (UE) n.º 508/2014 debe modificarse en consecuencia.

(37)  La probable influencia económica y social del plan previsto en el presente Reglamento se evaluó debidamente antes de su elaboración, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

(38)  Teniendo en cuenta que se fija para cada año el esfuerzo pesquero máximo admisible, las disposiciones relativas al régimen de gestión del esfuerzo pesquero debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2020. Teniendo en cuenta la sostenibilidad medioambiental, social y económica, las disposiciones relativas a los intervalos de FRMS y a las salvaguardias para las poblaciones de peces que se hallen por debajo del BPA deben aplicarse a partir del 1 de enero de 2015.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento establece un plan plurianual («el plan») de conservación y explotación sostenible de las especies demersales en el Mediterráneo occidental.

2.  El presente Reglamento se aplica a las poblaciones siguientes:

a)  gamba roja del Mediterráneo (Aristeus antennatus) en las subzonas 1, 5, 6 y 7 de la CGPM;

b)  gamba de altura (Parapenaeus longirostris) en las subzonas 1, 5, 6 y 9- 10-11 de la CGPM;

c)  langostino moruno (Aristaeomorpha foliacea) en las subzonas 9- 10-11 de la CGPM;

d)  merluza europea (Merluccius merluccius) en las subzonas 1-5-6-7 y 9- 10-11 de la CGPM;

e)  cigala (Nephrops norvegicus) en las subzonas 5, 6, 9 y 11 de la CGPM;

f)  salmonete de fango (Mullus barbatus) en las subzonas 1, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 de la CGPM.

3.  El presente Reglamento se aplicará a las capturas accesorias efectuadas en el Mediterráneo occidental al pescar las especies mencionadas en el apartado 2. Se aplicará también a cualquier otra especie demersal capturada en el Mediterráneo occidental sobre la que no se disponga de datos suficientes.

4.  El presente Reglamento se aplica a la pesca comercial ▌de especies demersales a que se refieren los apartados 2 y 3, practicada en aguas de la Unión o por buques pesqueros de la Unión fuera de aguas de la Unión en el Mediterráneo occidental.

5.  El presente Reglamento detalla asimismo las disposiciones de aplicación de la obligación de desembarque en aguas de la Unión en el Mediterráneo occidental para todas las especies a las que se aplica la obligación de desembarque en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 capturadas en pesquerías demersales.

6.  En el artículo 14 del presente Reglamento se establecen las medidas técnicas aplicables al Mediterráneo occidental por lo que respecta a cualquier población.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se aplicarán, además de las definiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo(12) y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 1967/2006:

1)  «Mediterráneo occidental»: las aguas de las subzonas geográficas de la CGPM 1 (Norte del Mar de Alborán), 2 (Isla de Alborán), 5 (Islas Baleares), 6 (Norte de España), 7 (Golfo de León), 8 (Isla de Córcega), 9 (Mar Ligur y norte del Mar Tirreno), 10 (Sur del Mar Tirreno) y 11 (Cerdeña), tal como se definen en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

2)  «las poblaciones afectadas»: las poblaciones contempladas en el artículo 1, apartado 2;

3)  «población más vulnerable»: población cuya mortalidad por pesca en el año anterior a la fecha en que se fija el esfuerzo pesquero máximo admisible es la más alejada del valor FRMS determinado en los mejores dictámenes científicos disponibles.

4)  «intervalo de FRMS»: intervalo de valores recogido en los mejores dictámenes científicos disponibles, en particular el dictamen científico del (CCTEP) o de un organismo científico independiente similar reconocido a escala internacional o de la Unión, en el cual todos los niveles de mortalidad por pesca conducen, a largo plazo, a un rendimiento máximo sostenible (RMS) con un patrón de pesca dado y en las condiciones ambientales medias existentes, sin afectar significativamente al proceso de reproducción de las poblaciones en cuestión. Se calcula de forma que no se produzca una reducción superior al 5 % en el rendimiento a largo plazo con respecto al RMS. Se restringe con el objetivo de que la probabilidad de que la población caiga por debajo del punto de referencia límite de la biomasa (BLIM) no supere el 5 %;

5)  «valor FRMS»: valor calculado de la mortalidad por pesca estimada que, con un patrón de pesca dado y en las condiciones ambientales medias existentes, conduce al rendimiento máximo a largo plazo;

6)  «RMS FLOWER»: el valor más bajo dentro del intervalo de FRMS;

7)  «RMS FUPPER»: el valor más alto dentro del intervalo de FRMS;

8)  «intervalo inferior de FRMS»: intervalo de valores que van del RMS FLOWER al valor FRMS;

9)  «intervalo superior de FRMS»: intervalo de valores que van del valor FRMS al RMS FUPPER;

10)  «BLIM»: punto de referencia límite, expresado en biomasa de la población reproductora y recogido en los mejores dictámenes científicos disponibles, en particular del CCTEP o de un organismo científico independiente similar reconocido a escala internacional o de la Unión, por debajo del cual puede reducirse la capacidad reproductora;

11)  «BPA»: punto de referencia de precaución, expresado en biomasa de la población reproductora y recogido en los mejores dictámenes científicos disponibles, en particular del CCTEP o de un organismo científico independiente similar reconocido a escala internacional o de la Unión, que garantiza que existe menos de un 5 % de probabilidad de que la biomasa de la población reproductora caiga por debajo del BLIM;

12)  «grupo de esfuerzo pesquero»: una unidad de gestión de la flota de un Estado miembro para la que se ha fijado un esfuerzo pesquero máximo admisible;

13)  «grupo de poblaciones»: grupo de poblaciones capturadas juntas tal como se establece en el anexo I;

14)  «día de pesca»: cualquier periodo consecutivo de 24 horas, o parte de dicho periodo durante el cual un buque está presente en el Mediterráneo occidental y ausente del puerto;

Artículo 3

Objetivos

1.  El plan se basará en un régimen de gestión del esfuerzo pesquero destinado a contribuir al logro de los objetivos de la PPC que figuran en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y en particular aplicará el criterio de precaución a la gestión pesquera, y tendrá como objetivo asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible.

2.  El plan contribuirá a eliminar los descartes, evitando y reduciendo todo lo posible las capturas no deseadas, y a que se cumpla la obligación de desembarque establecida en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 en el caso de las especies sujetas a tallas mínimas de referencia a efectos de conservación en virtud del Derecho de la Unión y a las que se aplica el presente Reglamento.

3.  El plan aplicará a la gestión pesquera un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino. El plan debe ser coherente con la legislación medioambiental de la Unión, en particular con el objetivo de lograr un buen estado medioambiental para 2020, como se establece en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE ▌.

4.  En particular, el plan tendrá como finalidad:

a)  garantizar que se cumplen las condiciones descritas en el anexo I, descriptor 3, de la Directiva 2008/56/CE; ▌

b)  contribuir al cumplimiento de otros descriptores pertinentes del anexo I de la Directiva 2008/56/CE en proporción a la función desempeñada por la pesca en su cumplimiento; y

c)  contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2009/147/CE y en los artículos 6 y 12 de la Directiva 92/43/CEE, en particular a minimizar el impacto negativo de las actividades pesqueras en los hábitats vulnerables y las especies protegidas.

5.  Las medidas del plan se adoptarán de conformidad con los mejores dictámenes científicos disponibles. ▌

CAPÍTULO II

OBJETIVOS, PUNTOS DE REFERENCIA DE CONSERVACIÓN Y SALVAGUARDIAS

Artículo 4

Objetivos

1.  El objetivo de mortalidad por pesca en consonancia con los intervalos de FRMS definidos en el artículo 2 deberá alcanzarse ▌de forma progresiva y paulatina, a más tardar en 2020, siempre que sea posible, y a más tardar el 1 de enero de 2025, en el caso de las poblaciones afectadas, y mantenerse a partir de entonces en los intervalos de FRMS.

2.  Sobre la base de este plan se solicitarán los intervalos de FRMS, en particular al CCTEP o a un organismo científico independiente similar reconocido a escala internacional o de la Unión.

3.  De conformidad con el artículo 16, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, cuando el Consejo establezca el esfuerzo pesquero máximo admisible, establecerá dicho esfuerzo pesquero para cada grupo de esfuerzo pesquero, dentro del intervalo de FRMS disponible en ese momento para la población más vulnerable.

4.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 3, podrá fijarse el esfuerzo pesquero máximo admisible en niveles inferiores a los intervalos de FRMS.

5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 3, el esfuerzo pesquero máximo admisible podrá fijarse por encima del intervalo de FRMS disponible en ese momento para la población más vulnerable, siempre que todas las poblaciones afectadas se encuentren por encima del BPA:

a)  si, sobre la base de los mejores datos o dictámenes científicos disponibles, es necesario para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3 en la pesquería mixta;

b)  si, sobre la base de los mejores datos o dictámenes científicos disponibles, es necesario para evitar daños graves a una población derivados de la dinámica dentro de la misma especie o entre especies; o

c)  para limitar las variaciones del esfuerzo pesquero máximo admisible en años consecutivos a un máximo del 20 %.

6)  Cuando no puedan determinarse los intervalos de FRMS para una población indicada en el artículo 1, apartado 2, debido a la falta de información científica pertinente, dicha población se gestionará de conformidad con el artículo 12 hasta que se disponga de los intervalos de FRMS con arreglo al apartado 2 del presente artículo.

Artículo 5

Puntos de referencia de conservación

A efectos del artículo 6, se solicitarán los siguientes puntos de referencia de conservación, en particular al CCTEP o a un organismo científico independiente similar reconocido a escala internacional o de la Unión, sobre la base del plan:

a)  puntos de referencia de precaución, expresados en biomasa de la población reproductora (BPA); y

b)  puntos de referencia límite, expresados en biomasa de la población reproductora (BLIM).

Artículo 6

Salvaguardias

1.  Cuando el dictamen científico ponga de manifiesto que la biomasa de la población reproductora de cualquiera de las especies afectadas se sitúa por debajo BPA, se tomarán todas las medidas correctoras adecuadas para garantizar la rápida recuperación de las poblaciones afectadas hasta niveles superiores a los que permiten alcanzar el RMS. En particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, el esfuerzo pesquero máximo admisible se fijará en niveles coherentes con una mortalidad por pesca reducida en el intervalo de FRMS para la población más vulnerable, teniendo en cuenta el descenso de la biomasa.

2.  Cuando el dictamen científico ponga de manifiesto que la biomasa de la población reproductora de cualquiera de las especies afectadas se sitúa por debajo BLIM, se tomarán medidas correctoras para garantizar la rápida recuperación de las poblaciones afectadas hasta niveles superiores a los que permiten alcanzar el RMS. En particular, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3 ▌, esas medidas pueden consistir en suspender la pesca selectiva de la población correspondiente y en reducir, según convenga, el esfuerzo pesquero máximo admisible.

3.  Las medidas correctoras a que se hace referencia en el presente artículo podrán incluir:

a)  medidas en virtud de los artículos 7, 8 y 11 a 14 del presente Reglamento; y

b)  medidas de urgencia de conformidad con los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

4.  La elección de las medidas a que se refiere el presente artículo se hará de conformidad con la naturaleza, la gravedad, la duración y el grado de repetición de la situación en la que la biomasa de la población reproductora se encuentre por debajo de los niveles a que hace referencia el artículo 5.

CAPÍTULO III

ESFUERZO PESQUERO

Artículo 7

Régimen de gestión del esfuerzo pesquero

1.  Se aplicará un régimen de gestión del esfuerzo pesquero a todos los buques que faenen con redes de arrastre en las zonas, grupos de poblaciones y categorías de eslora que se especifican en el anexo I.

2.  Cada año, de conformidad con el dictamen científico y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, el Consejo fijará el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo pesquero y por Estado miembro.

3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, y lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, durante los primeros cinco años de aplicación del plan se procederá del siguiente modo:

a)  durante el primer año de aplicación del plan, el esfuerzo pesquero máximo admisible se reducirá en un 10 % con respecto al valor de referencia, salvo en las subzonas geográficas en que el esfuerzo pesquero se haya reducido ya más de un 20 % durante el período del valor de referencia;

b)  durante el periodo comprendido entre el segundo y el quinto año de aplicación del plan, el esfuerzo pesquero máximo admisible se reducirá como máximo un 30 %. La reducción del esfuerzo pesquero podrá completarse con cualesquiera otras medidas técnicas o de conservación pertinentes adoptadas de conformidad con la legislación de la Unión, al objeto de alcanzar el FMRS a más tardar el 1 de enero de 2025.

4.  El valor de referencia mencionado en el apartado 3 ▌será calculado por cada Estado miembro para cada grupo de esfuerzo pesquero o subzona geográfica como el esfuerzo pesquero medio expresado en número de días de pesca entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, teniendo únicamente en cuenta los buques activos durante ese período ▌.

5.  Cuando los mejores dictámenes científicos disponibles pongan de manifiesto importantes capturas de una determinada población con artes distintos de los de arrastre, podrá fijarse el esfuerzo pesquero máximo admisible para esos artes de pesca concretos, sobre la base de dicho dictamen científico.

Artículo 8

Pesca recreativa

1.  Cuando en los dictámenes científicos se indique que la pesca recreativa está teniendo un impacto significativo en la mortalidad por pesca de una de las poblaciones de peces enumeradas en el artículo 1, apartado 2, el Consejo podrá establecer límites no discriminatorios aplicables a los pescadores de pesca recreativa.

2.  Al establecer los límites a que se refiere el apartado 1, el Consejo se basará en criterios transparentes y objetivos, por ejemplo, de carácter medioambiental, social y económico. Los criterios empleados podrán incluir, en particular, los efectos de la pesca recreativa en el medio ambiente, la importancia social de dicha actividad y su contribución a la economía de las zonas costeras.

3.  Cuando proceda, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias y proporcionadas para supervisar y recopilar datos conducentes a un cálculo fiable de los niveles reales de capturas recreativas.

Artículo 9

Obligaciones de los Estados miembros

1.  Los Estados miembros gestionarán el esfuerzo pesquero máximo admisible según lo establecido en los artículos 26 a 34 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

2.  Cada Estado miembro decidirá un método de asignación del esfuerzo pesquero máximo admisible a buques o grupos de buques que enarbolen su pabellón, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. ▌

3.  Un Estado miembro podrá modificar sus asignaciones del esfuerzo pesquero transfiriendo días de pesca entre grupos de esfuerzo pesquero de una misma zona geográfica, siempre que aplique un factor de conversión sustentado en los mejores dictámenes científicos disponibles. Los días de pesca intercambiados y el factor de conversión deberán ponerse a disposición de la Comisión y los otros Estados miembros inmediatamente, y a más tardar en un plazo de diez días hábiles.

4.  Cuando un Estado miembro autorice a los buques que enarbolan su pabellón a pescar con redes de arrastre, se asegurará de que ese tipo de pesca se limita a un máximo de 15 horas por día de pesca, cinco días de pesca por semana, o equivalente.

Los Estados miembros podrán conceder una excepción de hasta 18 horas por día de pesca para tener en cuenta el tiempo de tránsito entre el puerto y el caladero. Tal excepción se comunicará sin demora a la Comisión y a otros Estados miembros afectados.

5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 3, cuando un buque pesque dos grupos de poblaciones distintos durante un mismo día de pesca, se deducirá medio día de pesca del esfuerzo pesquero máximo admisible asignado a dicho buque para cada grupo de poblaciones.

6.  Cada Estado miembro expedirá autorizaciones de pesca a los buques que enarbolan su pabellón y pescan poblaciones afectadas, para las zonas mencionadas en el anexo I y de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

7.  Los Estados miembros se asegurarán de que la capacidad total, expresada en GT y en kW, correspondiente a las autorizaciones de pesca expedidas de conformidad con el apartado 4, no aumenta durante el período de aplicación del plan.

8.  Cada Estado miembro elaborará una lista de los buques a los que ha concedido, de conformidad en el apartado 4, la autorización de pesca, que mantendrá actualizada, y la pondrá a disposición de la Comisión y de los demás Estados miembros. Los Estados miembros comunicarán sus listas por primera vez antes de transcurridos tres meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento y posteriormente a más tardar el 30 de noviembre de cada año.

9.  Los Estados miembros efectuarán el seguimiento de su régimen de gestión del esfuerzo pesquero y garantizarán que el esfuerzo pesquero máximo admisible a que se refiere el artículo 7 no supere los límites establecidos.

10.  De conformidad con los principios de buena gobernanza establecidos en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los Estados miembros podrán promover sistemas de gestión participativa en el plano local para alcanzar los objetivos del plan.

Artículo 10

Comunicación de los datos pertinentes

1.  Los Estados miembros registrarán y transmitirán a la Comisión los datos del esfuerzo pesquero de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y con los artículos 146 quater, 146 quinquies y 146 sexies del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión(14).

2.  Los datos del esfuerzo pesquero se agregarán por mes y contendrán la información mencionada en el anexo II. El formato de los datos agregados será XML Schema Definition (fichero de definiciones del esquema XML) basado en la norma UN/CEFACT P1000-12.

3.  Los Estados miembros transmitirán a la Comisión los datos del esfuerzo pesquero a que hace referencia el apartado 1 antes del día 15 de cada mes.

CAPÍTULO IV

MEDIDAS TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

Artículo 11

Zonas de veda

1.  Además de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 1967/2006, la utilización de redes de arrastre en el Mediterráneo occidental estará prohibida dentro de las seis millas náuticas de distancia desde la costa, excepto en zonas más profundas que la isóbata de 100 m, durante tres meses al año y cuando proceda de forma consecutiva y en base a los mejores dictámenes científicos disponibles. Los tres meses de veda anual serán fijados por cada Estado miembro durante el periodo más pertinente conforme a los mejores dictámenes científicos disponibles. Este periodo se comunicará sin demora a la Comisión y a otros Estados miembros afectados.

2.  Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 y siempre que se justifique por restricciones geográficas particulares, como el tamaño limitado de la plataforma continental o la lejanía de los caladeros, los Estados miembros podrán establecer, sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, otras zonas de veda a condición de que se alcance una reducción de al menos un 20 % de las capturas de juveniles de merluza en cada subzona geográfica. Tal excepción se comunicará sin demora a la Comisión y a otros Estados miembros afectados.

3.  A más tardar el... [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, los Estados miembros afectados establecerán otras zonas de veda en las que conste una elevada concentración de juveniles por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación y en zonas de desove de especies demersales, en particular de las poblaciones afectadas.

4.  Las otras zonas de veda establecidas en virtud del apartado 3 serán evaluadas, en particular, por la CCTEP o por un organismo científico independiente similar reconocido por la Unión o internacionalmente. Si esta evaluación pone de manifiesto que dichas zonas de veda no son conformes con sus objetivos, los Estados miembros las revisarán a la luz de dichas recomendaciones.

5.  Cuando las zonas de veda a que se refiere el apartado 3 del presente artículo afecten a buques pesqueros de varios Estados miembros, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y el artículo 18 del presente Reglamento y sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles, por los que se establezcan dichas zonas de veda.

Artículo 12

Gestión de las capturas accesorias y otras especies demersales sobre las que no se dispone de datos suficientes

1.  Las especies a que hace referencia el artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento se gestionarán sobre la base del criterio de precaución de la gestión de la pesca tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 8, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

2.  Las medidas de gestión de las especies a que hace referencia el artículo 1, apartado 3, en particular, las medidas técnicas de conservación como las mencionadas en el artículo 13, se establecerán teniendo en cuenta los mejores dictámenes científicos disponibles.

Artículo 13

Medidas técnicas de conservación específicas

1.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento y el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, que completen el presente Reglamento mediante la adopción de las siguientes medidas técnicas de conservación:

a)  especificaciones de las características de los artes de pesca y normas relativas a su utilización, para garantizar o mejorar la selectividad, reducir las capturas no deseadas o reducir al mínimo el impacto negativo sobre el ecosistema;

b)  especificaciones de las modificaciones o los dispositivos adicionales para los artes de pesca, para garantizar o mejorar la selectividad, reducir las capturas no deseadas o reducir al mínimo el impacto negativo sobre el ecosistema;

c)  limitaciones o prohibiciones aplicables a la utilización de determinados artes de pesca y a las actividades pesqueras, en determinadas zonas o durante determinados períodos, para proteger a los peces reproductores, los peces por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación o las especies de peces no objetivo, o reducir al mínimo el impacto negativo sobre el ecosistema;

d)  el establecimiento de tallas mínimas de referencia para la conservación respecto de cualquiera de las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento, con el fin de garantizar la protección de los juveniles de organismos marinos. y

e)  medidas relativas a la pesca recreativa;

2.  Las medidas a que se refiere el apartado 1 contribuirán a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3.

CAPÍTULO V

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUE

Artículo 14

Disposiciones vinculadas a la obligación de desembarque

Con respecto a todas las especies del Mediterráneo occidental a las que se aplica la obligación de desembarque en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, así como con respecto a las capturas accidentales de especies pelágicas en la pesca de las poblaciones enumeradas en el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento a las que se aplica la obligación de desembarque, la Comisión, tras consultar a los Estados miembros, estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento y el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, que completen el presente Reglamento especificando los detalles de esa obligación tal como establece el artículo 15, apartado 5, letras a) a e), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

CAPÍTULO VI

REGIONALIZACIÓN

Artículo 15

Cooperación regional

1.  El artículo 18, apartados 1 a 6, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se aplicará a las medidas a que se refieren los artículos 11 a 14 del presente Reglamento.

2.  A efectos del apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros con interés directo de gestión podrán presentar recomendaciones conjuntas de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013:

a)  por primera vez, antes de transcurridos … [doce meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento] y, posteriormente, doce meses después de cada presentación de la evaluación del plan de conformidad con el artículo 17, apartado 2 del presente Reglamento;

b)  a más tardar el 1 de julio del año que preceda al de la aplicación de las medidas; y/o

c)  siempre que lo consideren necesario, en particular en caso de cambio brusco de la situación de cualquiera de las poblaciones a las que se aplica el presente Reglamento.

3.  Las atribuciones conferidas en virtud de los artículos 11 a 14 del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de los poderes conferidos a la Comisión en virtud de otras disposiciones del Derecho de la Unión, incluido el Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

CAPÍTULO VII

MODIFICACIONES Y SEGUIMIENTO

Artículo 16

Modificaciones del plan

1.  Cuando el dictamen científico ponga de manifiesto un cambio en la distribución geográfica de las poblaciones afectadas, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 18, que modifiquen el presente Reglamento ajustando las zonas especificadas en el artículo 1, apartado 2, y en el anexo I, con el fin de que reflejen dicho cambio.

2.  Cuando, sobre la base del dictamen científico, la Comisión considere que debe modificarse la lista de las poblaciones afectadas, podrá presentar una propuesta de modificación de la lista.

Artículo 17

Seguimiento y evaluación del plan

1.  A efectos del informe anual previsto en el artículo 50 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, entre los indicadores cuantificables figurarán las previsiones anuales estimadas de mortalidad por pesca sobre FRMS (F/FRMS), biomasa de la población reproductora e indicadores socioeconómicos correspondientes a las poblaciones afectadas y, en la medida de lo posible, indicadores de capturas accesorias. Podrán completarse con otros indicadores, sobre la base de los dictámenes científicos.

2.  A más tardar el… [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento] y posteriormente cada tres años, la Comisión comunicará al Parlamento Europeo y al Consejo los resultados y el impacto del plan sobre las poblaciones y sobre las pesquerías que las explotan, en particular por lo que se refiere a la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO

Artículo 18

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 11 a 14 y 16 se otorga a la Comisión por un período de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes mencionada en los artículos 11 a 14 y 16 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 11 a 14 y 16 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

CAPÍTULO IX

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA

Artículo 19

Apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

Las medidas de paralización temporal adoptadas para lograr los objetivos del plan se considerarán una paralización temporal de las actividades pesqueras a efectos del artículo 33, apartado 1, letras a) y c), del Reglamento (UE) n.º 508/2014.

Artículo 20

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 508/2014 por lo que respecta a determinadas normas referentes al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca

El artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 se modifica como sigue:

(1)  El apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. La ayuda prevista en el presente artículo podrá concederse hasta el 31 de diciembre de 2017, excepto si se adoptan medidas de paralización definitiva a fin de alcanzar los objetivos del plan plurianual de conservación y explotación sostenible de las especies demersales en el Mediterráneo occidental, instaurado mediante el Reglamento (UE) n.º …/…(15) del Parlamento Europeo y del Consejo*.

___________________

* Reglamento (UE) …/… del Parlamento Europeo y del Consejo de … por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 508/2014 (DO L …, p. …).»

"

(2)  Se añade el siguiente apartado:"

«4 bis. Los gastos ligados a las medidas de paralización definitiva adoptadas a fin de alcanzar los objetivos del Reglamento (UE) …/…(16) podrán ser objeto del apoyo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a partir de la entrada en vigor de dicho Reglamento.».

"

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

En atención a la sostenibilidad medioambiental, social y económica, el artículo 4 y el artículo 6, apartado 1, se aplicarán a partir del 1 de enero de 2025.

El artículo 7 será aplicable a partir del 1 de enero de 2020.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

Régimen de gestión del esfuerzo pesquero

(mencionado en el artículo 7)

Los grupos de esfuerzo pesquero se definen como sigue:

A)  Pesca de arrastre de salmonete de fango, merluza, gamba de altura y cigala en la plataforma continental y el talud superior.

Tipos de artes

Zona geográfica

Grupos de poblaciones

Eslora de los buques

Código del grupo de esfuerzo pesquero

Redes de arrastre

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Subzonas 1- 2, 5- 6-7 de la CGPM

Salmonete de fango en las SZG 1, 5, 6 y 7; Merluza en las SZG 1, 5, 6 y 7; Gamba de altura en las SZG 1, 5 y 6; y cigala en las SZG 5 y 6.

< 12 m

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m y < 18 m

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m y < 24 m

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

Subzonas 8-9-10-11 de la CGPM

Salmonete de fango en las SZG 9 ▌10 y 11; Merluza en las SZG 9, 10 y 11; Gamba de altura en las SZG 9, 10 y 11; y cigala en las SZG 9 y 10.

< 12 m

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m y < 18 m

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m y < 24 m

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF1/MED1_TR4

B)  Pesca de arrastre de gamba roja del Mediterráneo y langostino moruno en aguas profundas.

Tipos de artes

Zona geográfica

Grupos de poblaciones

Eslora de los buques

Código del grupo de esfuerzo pesquero

Redes de arrastre

(TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)

Subzonas 1- 2, 5- 6-7 de la CGPM

Gamba roja del Mediterráneo en las SZG 1, 5, 6 y 7.

< 12 m

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m y < 18 m

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m y < 24 m

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

Subzonas 8-9-10-11de la CGPM

Langostino moruno en las SZG 9, 10 y 11.

< 12 m

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m y < 18 m

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m y < 24 m

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

EFF2/MED1_TR4

ANEXO II

Lista de información sobre los datos de esfuerzo pesquero

(mencionado en el artículo 10)

Información

Definición y comentarios

(1)  Estado miembro

Código ISO alfa-3 del Estado miembro de abanderamiento que notifica

(2)  Grupo de esfuerzo pesquero

Código del grupo de esfuerzo pesquero, tal como se define en el anexo I

(3)  Período de esfuerzo pesquero

Fecha inicial y fecha final del mes de referencia

(4)  Declaración de esfuerzo pesquero

Número total de días de pesca

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo

El Parlamento Europeo y el Consejo tienen la intención de revocar los poderes para adoptar medidas técnicas mediante actos delegados con arreglo al artículo 13 del presente Reglamento cuando adopten un nuevo reglamento sobre medidas técnicas que incluya una delegación de poderes que abarque las mismas medidas.

(1) DO C 367 de 10.10.2018, p. 103.
(2)DO C 367 de 10.10.2018, p. 103.
(3)Posición el Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019.
(4)Declaración ministerial de Malta MedFish4Ever. Conferencia ministerial sobre la sostenibilidad de la pesca en el Mediterráneo (Malta, 30 de marzo de 2017).
(5)Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
(6)Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 11 ).
(7)Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (DO L 164 de 25.6.2008, p. 19).
(8)Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7).
(9)Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
(10)DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(11)Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).
(12)Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE), n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1).
(13)Reglamento (UE) n.º 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo (DO L 347 de 30.12.2011, p. 44).
(14)Reglamento de Ejecución (UE) n.º 404/2011 de la Comisión, de 8 de abril de 2011, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (DO L 112 de 30.4.2011, p. 1).
(15)+DO: insértese en el texto el número de orden del Reglamento que figura en el documento PE‑CONS 32/19 (2018/0050 (COD), e insértese el número, título, fecha y referencias de publicación de dicho Reglamento en la nota a pie de pagina
(16)+DO: insértese en el texto el número de orden del Reglamento que figura en el documento PE‑CONS 32/19 (2018/0050 (COD).


Refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación (COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))
P8_TA-PROV(2019)0345A8-0436/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0212),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 21, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0153/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de febrero de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0436/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación

P8_TC1-COD(2018)0104


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 21, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Tratado de la Unión Europea (TUE) resolvió facilitar la libre circulación de personas, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la protección de los pueblos de Europa, mediante el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, de conformidad con sus disposiciones y las del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(2)  La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión el derecho a la libre circulación, con sujeción a determinadas limitaciones y condiciones. La Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo da efecto a ese derecho(4). El artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo "la Carta") establece asimismo la libertad de circulación y residencia. La libertad de circulación implica el derecho de salida y entrada en los Estados miembros con un documento de identidad o pasaporte válidos.

(3)  De conformidad con la Directiva 2004/38/CE, los Estados miembros expedirán o renovarán a sus ciudadanos, de acuerdo con su Derecho nacional, un documento de identidad o un pasaporte. Asimismo, dicha Directiva dispone que los Estados miembros de acogida pueden imponer a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias la obligación de registrarse ante las autoridades competentes. Los Estados miembros están obligados a expedir certificados de registro a los ciudadanos de la Unión en las condiciones establecidas en dicho artículo. Con arreglo a dicha Directiva, los Estados miembros también están obligados a expedir tarjetas de residencia a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y, a petición de parte, a expedir documentos acreditativos de la residencia permanente y tarjetas de residencia permanente.

(4)  La Directiva 2004/38/CE establece que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por esa Directiva en caso de abuso de derecho o fraude. La falsificación de documentos o la presentación falsa de un hecho material referente a las condiciones vinculadas al derecho de residencia son casos típicos de fraude en el marco de la Directiva.

(5)  Existen diferencias considerables entre los niveles de seguridad de los documentos de identidad nacionales expedidos por los Estados miembros y de los permisos de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias que residen en otro Estado miembro. Esas diferencias incrementan el riesgo de falsificación y fraude documental y provocan, además, dificultades prácticas para los ciudadanos cuando desean ejercer su derecho a la libre circulación. Las estadísticas de la Red europea de análisis del riesgo de fraude documental muestran que con el tiempo han aumentado los casos de documentos de identidad fraudulentos.

(6)  En su Comunicación de 14 de septiembre de 2016, titulada «Aumentar la seguridad en un mundo definido por la movilidad: mejora del intercambio de información para luchar contra el terrorismo y refuerzo de las fronteras exteriores», la Comisión destacó que unos documentos de identidad y de viaje seguros son cruciales si debe establecerse sin ningún género de dudas la identidad de una persona, y anunció que presentaría un plan de acción para abordar el fraude en los documentos de viaje. Con arreglo a dicha Comunicación, un enfoque mejorado se basa en sistemas sólidos que permitan evitar los abusos y las amenazas a la seguridad interior por fallos en la seguridad de los documentos, en especial en lo relativo al terrorismo y a la delincuencia transfronteriza.

(7)  Según el Plan de acción de la Comisión para reforzar la respuesta europea contra la falsificación de los documentos de viaje, de 8 de diciembre de 2016 («Plan de acción»), al menos tres cuartas partes de los documentos fraudulentos detectados en las fronteras exteriores, pero también en el espacio sin controles en las fronteras interiores, pretenden haber sido expedidos por los Estados miembros y los países asociados a Schengen. Los documentos nacionales de identidad menos seguros expedidos por Estados miembros son los documentos falsos detectados empleados con mayor frecuencia para los desplazamientos dentro del espacio Schengen.

(8)  Con el fin de impedir la usurpación de identidad, los Estados miembros deben garantizar que su Derecho nacional sancione adecuadamente la falsificación y alteración de documentos de identidad y la utilización de esos documentos falsos o alterados.

(9)  El Plan de acción de 2016, abordó el riesgo derivado de los documentos de identidad y los documentos de residencia fraudulentos. En dicho plan y en su Informe sobre la ciudadanía de la Unión de 2017, la Comisión se comprometió a analizar opciones para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y los documentos de residencia.

(10)  Con arreglo al Plan de acción de 2016, la expedición de documentos de identidad auténticos y seguros exige un proceso de registro de identidad fiable y unos documentos de nacimiento, matrimonio y defunción seguros con que respaldar la tramitación de la solicitud. La Comisión, los Estados miembros y las agencias pertinentes de la Unión deben seguir colaborando para que dichos documentos sean menos vulnerables al fraude, teniendo en cuenta el aumento del uso de documentos de nacimiento, matrimonio y defunción falsos.

(11)  El presente Reglamento no obliga a los Estados miembros a introducir documentos de identidad ni documentos de residencia en caso de que no esté previsto en su Derecho nacional, ni tampoco afecta a la competencia de los Estados miembros para expedir, con arreglo a su Derecho nacional, otros documentos de residencia no incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, por ejemplo, tarjetas de residencia expedidas a todos los residentes en el territorio con independencia de su nacionalidad.

(12)  El presente Reglamento no impide que los Estados miembros acepten, de manera no discriminatoria, documentos que no sean documentos de viaje con fines de identificación, como los permisos de conducción.

(13)  No deben considerarse incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento los documentos de identificación expedidos a aquellos ciudadanos cuyos derechos de libre circulación hayan quedado restringidos con arreglo al Derecho de la Unión o nacional y en los que se indique expresamente que no pueden utilizarse como documentos de viaje.

(14)  Los documentos de viaje conformes con la parte 5 del documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), relativo a los documentos de viaje de lectura mecánica(séptima edición, 2015) (en lo sucesivo, «documento 9303 de la OACI»), que no tienen fines de identificación en los Estados miembros que los expiden, como la tarjeta de pasaporte expedida por Irlanda, no deben considerarse incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(15)  El presente Reglamento no afecta a la utilización de documentos de identidad y documentos de residencia con función de identificación electrónica por parte de los Estados miembros para otros fines, ni afecta a las normas establecidas en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(5), que establece el reconocimiento mutuo, a escala de la Unión, de las identificaciones electrónicas en el acceso a los servicios públicos y que ayuda a los ciudadanos que se desplazan a otro Estado miembro, al exigir el reconocimiento mutuo de los medios de identificación electrónica, supeditado a determinadas condiciones. La mejora de los documentos de identidad debe garantizar una mejor identificación y contribuir a un mejor acceso a los servicios.

(16)  Una verificación adecuada de los documentos de identidad y los documentos de residencia exige que los Estados miembros utilicen el título correcto para cada tipo de documento regulado en el presente Reglamento. A fin de facilitar el control de los documentos regulados en el presente Reglamento en otros Estados miembros, el título del documento también debe aparecer en al menos una lengua oficial adicional de las instituciones de la Unión. Si un Estado miembro utiliza ya, para los documentos de identidad, una denominación bien establecida que no sea «documento de identidad», debe poder seguir haciéndolo en su lengua o lenguas oficiales. Sin embargo, no deben introducirse nuevas denominaciones en el futuro.

(17)  Las medidas de seguridad son necesarias para verificar si un documento es auténtico y para comprobar la identidad de una persona. El establecimiento de normas mínimas de seguridad y la integración de datos biométricos en los documentos de identidad y las tarjetas de residencia de miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro son pasos importantes para hacer más seguro su uso en la Unión. La inclusión de este tipo de identificadores biométricos debe permitir que los ciudadanos de la Unión se beneficien plenamente de su derechos de libre circulación.

(18)  El almacenamiento de una imagen facial y dos impresiones dactilares (en lo sucesivo, «datos biométricos») en los documentos de identidad y tarjetas de residencia, como ya se contempla para los pasaportes biométricos y los permisos de residencia para ciudadanos de terceros países, es un método apropiado para combinar una identificación y una autenticación fiables con un riesgo reducido de fraude, con el fin de abordar adecuadamente el objetivo de reforzar la seguridad de los documentos de identidad y las tarjetas de residencia.

(19)  Como práctica general, los Estados miembros deben, a fin de comprobar la autenticidad del documento y la identidad del titular, verificar principalmente la imagen facial y, cuando sea necesario para confirmar sin duda la autenticidad del documento y la identidad del titular, los Estados miembros deben también comprobar las impresiones dactilares.

(20)  Los Estados miembros deben garantizar que, cuando la comprobación de los datos biométricos no confirme la autenticidad del documento o la identidad de su titular, personal cualificado efectúe un control manual obligatorio.

(21)  El presente Reglamento no establece una base jurídica para crear o mantener bases de datos a nivel nacional para el almacenamiento de datos biométricos en los Estados miembros, pues se trata de una cuestión de Derecho nacional que tiene que cumplir con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos. Asimismo, el presente Reglamento no establece una base jurídica para la creación o el mantenimiento de una base de datos centralizada a nivel de la Unión.

(22)  Los identificadores biométricos deben recogerse y almacenarse en el medio de almacenamiento de documentos de identidad y documentos de residencia, a efectos de comprobar la autenticidad del documento y la identidad del titular. Dicha comprobación solo debe ser realizada por personal debidamente autorizado, y solo cuando, por ley, deba presentarse el documento. Por otra parte, los datos biométricos almacenados con fines de personalización de los documentos de identidad o de los documentos de residencia deben mantenerse de manera extremamente segura y solo hasta la fecha de recogida del documento y, en ningún caso, no más de 90 días tras la fecha de expedición del documento. Superado este periodo, dichos datos biométricos deben ser suprimidos o destruidos inmediatamente. Todo ello debe entenderse sin perjuicio de cualquier otro tratamiento de dichos datos con arreglo al Derecho de la Unión y nacional en materia de protección de datos.

(23)  Deben tenerse en cuenta a efectos del presente Reglamento las especificaciones del documento 9303 de la OACI que garantizan la interoperabilidad global, tanto para la legibilidad mecánica como para su inspección visual..

(24)  Los Estados miembros deben poder decidir si incluyen el género de una persona en un documento comprendido en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Cuando un Estado miembro incluya el género de una persona en tale documento, deben utilizarse, según proceda, las especificaciones del documento 9303 de la OACI, «F», «M» o «X», o la inicial única correspondiente en la lengua o lenguas de ese Estado miembro.

(25)  A fin de garantizar que se tengan debidamente en cuenta, en su caso, las futuras normas de seguridad y las especificaciones técnicas adoptadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo(6), para los documentos de identidad y las tarjetas de residencia, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(7). A tal efecto, es preciso que la Comisión cuente con la asistencia del Comité creado por el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1683/95 del Consejo(8). Si es preciso, los actos de ejecución adoptados deben poder mantenerse en secreto para evitar el riesgo de que se produzcan documentos falsos o falsificados.

(26)  Los Estados miembros deben garantizar la existencia de procedimientos adecuados y eficaces para la recogida de identificadores biométricos, y que dichos procedimientos respeten los derechos y principios establecidos en la Carta, en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los Estados miembros deben garantizar que el mejor interés del niño sea una prioridad en el procedimiento de recogida. Para este fin, debe impartirse al personal cualificado formación adecuada sobre prácticas adaptadas a la infancia para la recogida de identificadores biométricos.

(27)  Si se presentan dificultades en la recogida de los identificadores biométricos, los Estados miembros deben garantizar que se establezcan procedimientos adecuados que respeten la dignidad del interesado. Por consiguiente, deben tenerse en cuenta consideraciones particulares respecto al género y a las necesidades específicas de los niños y las personas vulnerables.

(28)  La introducción de normas mínimas en materia de seguridad y de formato de los documentos de identidad debe permitir a los Estados miembros confiar en la autenticidad de dichos documentos cuando los ciudadanos de la Unión ejerzan su derecho de libre circulación. La introducción de normas reforzadas de seguridad debe proporcionar garantías suficientes a las autoridades públicas y a las entidades privadas que les permitan confiar en la autenticidad de los documentos de identidad cuando los utilicen los ciudadanos de la Unión a efectos de identificación.

(29)  Un signo distintivo en forma de código de dos letras del Estado miembro que expide el documento, impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas, facilita la inspección visual del documento, en especial cuando el titular ejerce el derecho de libre circulación.

(30)  Aunque se mantiene la opción de prever características nacionales adicionales, debe garantizarse que estas características no mermen la eficacia de las medidas de seguridad comunes ni afecten negativamente a la compatibilidad transfronteriza de los documentos de identidad, como la posibilidad de que los documentos de identidad puedan ser leídos por máquinas utilizadas por Estados miembros distintos de los que los hayan expedido.

(31)  La introducción de normas de seguridad en los documentos de identidad y las tarjetas de residencia de miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro no debe provocar un aumento desproporcionado de las tasas para los ciudadanos de la Unión o los nacionales de terceros países. Los Estados miembros deben tener en cuenta este principio al publicar las licitaciones.

(32)  Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que los datos biométricos identifican correctamente a la persona a la que se expide un documento de identidad. A este fin, los Estados miembros podrían considerar la recogida de identificadores biométricos, en particular de la imagen facial, mediante el registro presencial a cargo de las autoridades nacionales que expiden los documentos de identidad.

(33)  Los Estados miembros deben intercambiar cualquier otra información que sea necesaria para acceder, autenticar y verificar la información contenida en el medio de almacenamiento seguro. Los formatos utilizados para el medio de almacenamiento seguro deben ser interoperables, incluso en relación con los puntos fronterizos automatizados.

(34)  La Directiva 2004/38/CE aborda la situación de los ciudadanos de la Unión, o de los miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, que no disponen de los documentos de viaje necesarios, a los cuales se les deben dar todas las oportunidades razonables de demostrar, por otros medios, que gozan del derecho de libre circulación. Tales medios pueden incluir documentos de identificación utilizados de forma provisional y tarjetas de residencia expedidas a dichos miembros de la familia.

(35)  El presente Reglamento respeta las obligaciones contempladas en la Carta y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por ello, se anima a los Estados miembros a trabajar con la Comisión para integrar elementos adicionales que hagan los documentos de identidad más accesibles y fáciles de usar para las personas con discapacidad, como las personas con discapacidad visual. Los Estados miembros deben estudiar la aplicación de soluciones, por ejemplo, dispositivos móviles de registro, para la expedición de documentos de identidad a personas que no puedan comparecer ante las autoridades responsables de la expedición.

(36)  Los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión deben incluir información específica para garantizar que sean identificados como tales en todos los Estados miembros. Esto debe facilitar el reconocimiento del uso por los ciudadanos de la Unión del derecho a la libre circulación y de los derechos inherentes a este uso, pero la armonización no debe ir más allá de lo adecuado para abordar las deficiencias de los documentos actuales. Los Estados miembros son libres de seleccionar el formato en que se expiden los documentos y pueden expedirlos en un formato que respete las especificaciones del documento 9303 de la OACI.

(37)  Por lo que respecta a los documentos de residencia expedidos a miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, conviene hacer uso del mismo formato y elementos de seguridad que los establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.° 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo(9). Además de probar el derecho de residencia, dichos documentos también eximen a sus titulares, que de lo contrario están sujetos a una obligación de visado, de la necesidad de obtener un visado cuando acompañen o se reúnan con el ciudadano de la Unión en el territorio de la Unión.

(38)  La Directiva 2004/38/CE establece que los documentos expedidos a miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro deben denominarse «tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión». A fin de facilitar su identificación, una tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión debe llevar un título y un código normalizados.

(39)  Habida cuenta del riesgo en materia de seguridad y de los costes soportados por los Estados miembros, deben eliminarse de forma gradual los documentos de identidad y las tarjetas de residencia de miembros de la familia de un ciudadano de la Unión cuyos niveles de seguridad sean insuficientes. En general, un periodo de eliminación gradual de 10 años para los documentos de identidad y de 5 años para las tarjetas de residencia debe ser suficiente para lograr un equilibrio entre la frecuencia con que suelen sustituirse los documentos y la necesidad de solventar los déficits de seguridad existentes en la Unión. No obstante, en el caso de las tarjetas que no tienen medidas de seguridad importantes, o que no permiten la lectura mecánica, se precisa un periodo más corto de eliminación gradual por razones de seguridad.

(40)  A los datos personales que deben tratarse en el contexto de la aplicación del presente Reglamento se les aplica el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(10). Es necesario especificar con más detalle las salvaguardias aplicables al tratamiento de los datos personales y, en particular, a datos sensibles como los identificadores biométricos. Debe ponerse en conocimiento de los interesados la existencia en sus documentos del medio de almacenamiento que contiene sus datos biométricos, incluida su accesibilidad en formato sin contacto, así como de todos los casos en que se utilicen los datos contenidos en sus documentos de identidad y documentos de residencia. En cualquier caso, los interesados deben tener acceso a los datos personales tratados en sus documentos de identidad y documentos de residencia, y deben tener derecho a que se le rectifiquen mediante la expedición de un nuevo documento, cuando tales datos sean erróneos o incompletos. El medio de almacenamiento debe ser altamente seguro y proteger eficazmente los datos personales almacenados contra todo acceso no autorizado.

(41)  Los Estados miembros deben ser responsables del tratamiento adecuado de los datos biométricos, desde su recogida a su integración en el medio de almacenamiento de alta seguridad, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

(42)  Los Estados miembros deben ser especialmente cautelosos cuando cooperen con un proveedor de servicios externo. Dicha cooperación no debe excluir la responsabilidad de los Estados miembros que se derive del Derecho de la Unión o nacional por el incumplimiento de obligaciones en materia de datos personales.

(43)  Es necesario especificar en el presente Reglamento la base para la recogida y el almacenamiento de los datos que figuran en el medio de almacenamiento de los documentos de identidad y de los documentos de residencia. De conformidad con el Derecho de la Unión o nacional y respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, los Estados miembros deben poder almacenar otros datos en un medio de almacenamiento para los servicios electrónicos u otros fines relacionados con el documento de identidad o el documento de residencia. El tratamiento de esos otros datos, así como su recogida y los fines para los que pueden utilizarse, deben ser autorizados por el Derecho de la Unión o nacional. Todos los datos nacionales deben estar separados física o lógicamente de los datos biométricos contemplados en el presente Reglamento y deben tratarse con arreglo al Reglamento (UE) 2016/679.

(44)  Los Estados miembros deben aplicar el presente Reglamento a más tardar 24 meses después de su fecha de entrada en vigor. A partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros solo deben expedir documentos que respeten los requisitos establecidos en él.

(45)  La Comisión debe informar sobre la aplicación del presente Reglamento dos años y once años después de su fecha de aplicación, respectivamente, en particular sobre la adecuación del nivel de seguridad, teniendo en cuenta sus repercusiones en los derechos fundamentales y en los principios de protección de datos. De conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(11), la Comisión, seis años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento, y posteriormente cada seis años, debe realizar una evaluación del presente Reglamento sobre la base de la información recogida a través de mecanismos de seguimiento específicos a fin de evaluar los efectos reales del presente Reglamento y la necesidad de adoptar nuevas medidas. A efectos de seguimiento, los Estados miembros deben recopilar estadísticas sobre el número de documentos de identidad y de documentos de residencia que hayan expedido.

(46)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber mejorar la seguridad y facilitar el ejercicio de los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(47)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta, incluidos la dignidad humana, el derecho a la integridad personal, la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, los derechos de los niños, los derechos de las personas mayores, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la libre circulación y el derecho a la tutela judicial efectiva. Los Estados miembros deben cumplir la Carta al aplicar el presente Reglamento.

(48)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea emitieron sus dictámenes el 10 de agosto de 2018(12) y el 5 de septiembre de 2018(13), respectivamente.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento refuerza las normas de seguridad aplicables a los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros a sus nacionales y a los documentos de residencia expedidos por los Estados miembros a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias en el ejercicio de su derecho a la libre circulación.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a:

a)  los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros a sus ciudadanos a que se refiere el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE;

El presente Reglamento no se aplicará a los documentos de identificación expedidos con carácter provisional cuyo periodo de validez sea inferior a seis meses.

b)  los certificados de registro expedidos de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 2004/38/CE a los ciudadanos de la Unión que residan durante más de 3 meses en un Estado miembro de acogida y los documentos acreditativos de la residencia permanente expedidos de conformidad con el artículo 19 de dicha Directiva a ciudadanos de la Unión que lo soliciten;

c)  las tarjetas de residencia expedidas de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2004/38/CE a miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y las tarjetas de residencia permanente expedidas de conformidad con el artículo 20 de dicha Directiva a miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro.

CAPÍTULO II

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD NACIONALES

Artículo 3

Normas de seguridad, formato y especificaciones

1, Los documentos de identidad expedidos por los Estados miembros se elaborarán en formato ID-1 e incluirán una zona de lectura mecánica. Se basarán en las especificaciones y en las normas mínimas de seguridad establecidas en el documento 9303 de la OACI y cumplirán los requisitos definidos en las letras c), d), f) y g) del anexo del Reglamento (CE) n.º 1030/2002, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.° 2017/1954.

2.  Los elementos de datos incluidos en los documentos de identidad cumplirán las especificaciones definidas en la parte 5 del documento 9303 de la OACI.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el número de documento podrá insertarse en la zona I y la designación del género de la persona será facultativa.

3.  El documento deberá indicar el título «documento de identidad» u otra designación nacional establecida en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de expedición, y las palabras «documento de identidad» en al menos otra lengua oficial de las instituciones de la Unión.

4.  El documento de identidad contendrá, en el anverso, el código de dos letras del Estado miembro que expida el documento, impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.

5.  Los documentos de identidad incluirán un medio de almacenamiento de alta seguridad que contendrá una imagen facial del titular del documento y dos impresiones dactilares en formatos digitales interoperables. Para la captura de identificadores biométricos, los Estados miembros aplicarán las especificaciones técnicas definidas en la Decisión C(2018)7767 de la Comisión(14).

6.  El medio de almacenamiento deberá tener capacidad suficiente y garantizará la integridad, la autenticidad y la confidencialidad de los datos. Los datos almacenados serán accesibles en formato sin contacto y seguro, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión C(2018)7767. Los Estados miembros intercambiarán la información necesaria para autenticar el medio de almacenamiento y comprobar los datos biométricos a que se refiere el apartado 5.

7.  Los menores de 12 años podrán estar exentos de la obligación de facilitar las impresiones dactilares.

Los menores de 6 años estarán exentos de la obligación de facilitar las impresiones dactilares.

Las personas a las que sea físicamente imposible tomar las impresiones dactilares quedarán exentas del requisito de facilitarlas.

8.  Cuando sea necesario y proporcionado respecto al objetivo que haya de alcanzarse, los Estados miembros podrán incluir los pormenores y observaciones para uso nacional que puedan requerirse con arreglo a su Derecho nacional. Lo anterior no mermará la eficiencia de las normas mínimas de seguridad ni la compatibilidad transfronteriza de los documentos de identidad.

9.  Cuando los Estados miembros incorporen en el documento de identidad una interfaz dual o un medio de almacenamiento separado, el medio de almacenamiento adicional deberá cumplir las correspondientes normas ISO y no interferirá con el medio de almacenamiento a que se refiere el apartado 5.

10.  Cuando los Estados miembros almacenen en los documentos de identidad datos para servicios electrónicos tales como la Administración electrónica y el comercio electrónico, esos datos nacionales deberán estar separados física o lógicamente de los datos biométricos a que se refiere el apartado 5.

11.  Cuando los Estados miembros añadan a los documentos de identidad ▌ medidas de seguridad adicionales, la compatibilidad transfronteriza de los documentos de identidad y la eficacia de las normas mínimas de seguridad no se verán mermadas como consecuencia de ello.

Artículo 4

Periodo de validez

1.  El periodo de validez de los documentos de identidad será de cinco años como mínimo y de diez años como máximo.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán fijar un periodo de validez de:

a)  menos de cinco años para los documentos de identidad expedidos a menores;

b)  en casos excepcionales, menos de cinco años para documentos de identidad expedidos a personas en circunstancias especiales y limitadas, y cuando el periodo de validez esté limitado de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional;

c)  más de diez años para los documentos de identidad expedidos a personas de setenta años de edad o más.

3.  Cuando sea físicamente imposible, con carácter temporal, tomar las impresiones dactilares de cualquier dedo del solicitante, los Estados miembros expedirán un documento de identidad temporal con una validez igual o inferior a doce meses.

Artículo 5

Eliminación progresiva

1.   Los documentos de identidad que no cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3 dejarán de ser válidos a su expiración o a más tardar el …[10 años después de [la fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior. ▌

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1:

a)   los documentos de identidad que no cumplan las normas mínimas de seguridad establecidas en la parte 2 del documento 9303 de la OACI o que no incluyan una zona de lectura mecánica funcional, según se define en el apartado 3, dejarán de ser válidos a su expiración o a más tardar el … [5 años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior;

b)  los documentos de identidad de las personas que tengan setenta años o más el …[fecha de aplicación del presente Reglamento], que cumplan las normas mínimas de seguridad establecidas en la parte 2 del documento 9303 de la OACI y que incluyan una zona de lectura mecánica funcional, según se define en el apartado 3, dejarán de ser válidos a su expiración.

3.   A efectos del apartado 2, se entenderá por zona de lectura mecánica funcional:

a)  una zona de lectura mecánica que cumpla con la parte 3 del documento 9303 de la OACI; o

b)  cualquier otra zona de lectura mecánica para la cual el Estado miembro de expedición notifique las normas necesarias para la lectura y la visualización de la información que contiene, a menos que un Estado miembro notifique a la Comisión, a más tardar el … [fecha de aplicación del presente Reglamento], que carece de capacidad para la lectura y visualización de dicha información.

A la recepción de la notificación a que se refiere el párrafo primero, letra b), la Comisión informará al respecto al Estado miembro e de que se trate y al Consejo.

CAPÍTULO III

DOCUMENTOS DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS DE LA UNIÓN

Artículo 6

Información mínima que deberá figurar

Los documentos de residencia que expidan los Estados miembros a ciudadanos de la Unión deberán indicar, como mínimo, lo siguiente:

a)  el título del documento en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de expedición y en al menos otra lengua oficial de las instituciones de la Unión;

b)  una referencia clara a que el documento se expide a un ciudadano de la Unión de conformidad con la Directiva 2004/38/CE;

c)  el número del documento;

d)  el nombre (apellidos y nombres) del titular;

e)  la fecha de nacimiento del titular;

f)   la información que debe figurar en los certificados de registro y en los documentos que certifican la residencia permanente, expedidos de conformidad con los artículos 8 y 19 de la Directiva 2004/38/CE, respectivamente;

g)  la autoridad de emisión;

h)  en el anverso, el código de dos letras del Estado miembro que expida el documento, impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.

Si un Estado miembro decide tomar las impresiones dactilares, se aplicará el artículo 3, apartado 7, en consecuencia.

Las personas a las que sea físicamente imposible tomar las impresiones dactilares quedarán exentas del requisito de facilitarlas.

CAPÍTULO IV

TARJETAS DE RESIDENCIA PARA miembroS de la familia QUE NO TENGAN LA NACIONALIDAD DE UN ESTADO MIEMBRO

Artículo 7

Modelo uniforme

1 Al expedir tarjetas de residencia a miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, los Estados miembros utilizarán el mismo formato que el establecido por el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.° 2017/1954, y aplicado mediante Decisión C(2018)7767.

2 No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las tarjetas ▌ recibirán la denominación de «tarjeta de residencia ▌» o «tarjeta de residencia permanente ▌». Los Estados miembros indicarán que estos documentos se expiden a un miembro de la familia de un ciudadano de la Unión de conformidad con la Directiva 2004/38/CE. A tal efecto, los Estados miembros utilizarán el código normalizado «Miembro de la familia UE Art 10 DIR 2004/38/CE» o «Miembro de la familia UE Art 20 DIR 2004/38/CE», en el campo de datos [10], tal como se indica en el anexo del Reglamento (UE) n.º 1030/2002, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.° 2017/1954.

3 Los Estados miembros podrán incluir datos para uso nacional de conformidad con el Derecho nacional. Al introducir y almacenar estos datos, los Estados miembros respetarán los requisitos establecidos en el artículo 4, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.º 1030/2002, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.° 2017/1954.

Artículo 8

Eliminación progresiva de las tarjetas de residencia existentes

1.  Las tarjetas de residencia de miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro y que no cumplan los requisitos del artículo 7 dejarán de ser válidas a su expiración o a más tardar el … [5 años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las tarjetas de residencia de miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, que no cumplan las normas mínimas de seguridad definidas en la parte 2 del documento 9303 de la OACI o que no incluyan una zona de lectura mecánica funcional que sea conforme con la parte 3 del documento 9303 de la OACI dejarán de ser válidas a su expiración o a más tardar el … [2 años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 9

Punto de contacto

1.  Cada Estado miembro designará por lo menos una autoridad central como punto de contacto para la aplicación del presente Reglamento. Si un Estado miembro designa a más de una autoridad central, indicará cuál de ellas será el punto de contacto para la aplicación del presente Reglamento. Comunicará el nombre de dicha autoridad a la Comisión y a los demás Estados miembros. En caso de que un Estado miembro modifique su autoridad designada, informará de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que los puntos de contacto tengan conocimiento de los servicios de información y asistencia ▌ pertinentes a escala de la Unión incluidos en la pasarela digital única creada mediante el Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), y de que puedan cooperar con tales servicios.

Artículo 10

Recogida de los identificadores biométricos

1.  Los identificadores biométricos serán recogidos exclusivamente por personal cualificado y debidamente autorizado designado por las autoridades responsables de la expedición de los documentos de identidad o las tarjetas de residencia con el fin de integrarlos en el medio de almacenamiento de alta seguridad a que se refiere el artículo 3, apartado 5, para los documentos de identidad y el artículo 7, apartado 1, para las tarjetas de residencia. Como excepción a lo que precede, únicamente el personal cualificado y debidamente autorizado de dichas autoridades recogerá las impresiones dactilares, salvo en el caso de solicitudes presentadas por autoridades diplomáticas y consulares del Estado miembro.

Con objeto de garantizar la coherencia de los identificadores biométricos con la identidad del solicitante, este deberá comparecer en persona por lo menos una vez durante el proceso de expedición para cada solicitud.

2.  Los Estados miembros garantizarán que se establezcan procedimientos adecuados y eficaces para la recogida de identificadores biométricos, que respeten los derechos y principios establecidos en la Carta, en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

Si se presentan dificultades en la recogida de los identificadores biométricos, los Estados miembros garantizarán que se establezcan procedimientos adecuados que respeten la dignidad del interesado.

3.  Además de cuando sea necesario para fines de tratamiento acorde con la el Derecho de la Unión y nacional, los identificadores biométricos almacenados a fines de personalización de los documentos de identidad o de los documentos de residencia deben mantenerse de manera extremamente segura y solo hasta la fecha de recogida del documento y, en cualquier caso, no más de 90 días después de la fecha de expedición del documento. Superado este periodo, dichos identificadores biométricos deben ser suprimidos o destruidos inmediatamente.

Artículo 11

Protección de datos personales y responsabilidad

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, los Estados miembros garantizarán la seguridad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos recogidos y almacenados a efectos del presente Reglamento.

2.  A efectos del presente Reglamento, las autoridades responsables de expedir documentos de identidad y documentos de residencia se considerarán como el responsable a tenor del artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679 y serán responsables del tratamiento de los datos personales.

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades de supervisión puedan ejercer plenamente sus funciones de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, incluido el acceso a todos los datos personales y a toda la información necesaria, así como el acceso a cualquier local o equipo de tratamiento de datos de las autoridades competentes.

4.  La cooperación con proveedores de servicios externos no excluirá a ningún Estado miembro de cualquier responsabilidad que pueda derivarse del Derecho de la Unión o nacional por el incumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales.

5.  Los datos legibles mecánicamente solamente se incluirán en un documento de identidad o en un documento de residencia de conformidad con el presente Reglamento y con el Derecho nacional del Estado miembro de expedición.

6.  Los datos biométricos almacenados en el medio de almacenamiento de los documentos de identidad y de los documentos de residencia solo se utilizarán de conformidad con la legislación nacional y de la Unión, por parte de personal debidamente autorizado de las autoridades nacionales competentes y de las agencias de la Unión, a fin de verificar:

a)  la autenticidad del documento de identidad o del documento de residencia;

b)  la identidad del titular mediante características comparables accesibles directamente, cuando las leyes exijan la presentación del documento de identidad o del documento de residencia.

7.  Los Estados miembros mantendrán y comunicarán anualmente a la Comisión una lista de autoridades competentes con acceso a los datos biométricos almacenados en el medio de almacenamiento a que se refiere el artículo 3, apartado 5, del presente Reglamento. La Comisión publicará en línea una recopilación de dichas listas nacionales.

Artículo 12

Seguimiento

A más tardar doce meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión establecerá un programa detallado para el seguimiento de los resultados e impactos del mismo, incluido su impacto en los derechos fundamentales.

El programa de seguimiento establecerá los medios con los que deberán recopilarse los datos y otras pruebas necesarias, y la periodicidad de dicha recopilación. En él se especificarán las medidas que deben adoptar la Comisión y los Estados miembros a la hora de recopilar y analizar los datos y demás pruebas.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los datos y demás pruebas necesarios para dicho seguimiento.

Artículo 13

Informes y evaluación

1.  Dos y once años después, respectivamente, de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del presente Reglamento, en especial acerca de la protección de los derechos fundamentales y de los datos personales.

2.  Seis años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento y posteriormente cada seis años, la Comisión llevará a cabo una evaluación del presente Reglamento y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo. El informe se centrará en particular en:

(a)– el impacto del presente Reglamento en los derechos fundamentales;

(b)  la movilidad de los ciudadanos de la Unión;

(c)  la eficacia de la comprobación biométrica para garantizar la seguridad de los documentos de viaje;

(d)  una posible utilización de tarjetas de residencia como documentos de viaje;

(e)  una posible armonización visual ulterior de los documentos de identidad;

(f)  la necesidad de introducir características de seguridad comunes para los documentos de identificación utilizados con carácter provisional con miras a un mejor reconocimiento.

3.  Los Estados miembros y las agencias pertinentes de la Unión facilitarán a la Comisión la información necesaria para la preparación de los informes.

Artículo 14

Especificaciones técnicas adicionales

1.  Con el fin de asegurar, en su caso, que los documentos de identidad y los documentos de residencia a que se hace referencia en el artículo 2, letras a) y c), cumplen las futuras normas mínimas de seguridad, la Comisión determinará, por medio de actos de ejecución, especificaciones técnicas adicionales relativas a lo siguiente:

a)   elementos y requisitos de seguridad complementarios, incluidas normas más estrictas contra la producción de documentos falsos y falsificados;

b)  especificaciones técnicas relativas al soporte de almacenamiento de los elementos biométricos a que se hace referencia en el artículo 3, apartado 5, y a su seguridad, incluidas la prevención del acceso no autorizado y la facilitación de la validación;

c)  requisitos de calidad y normas técnicas comunes para la imagen facial y las impresiones dactilares.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

2.  De conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 15, apartado 2, podrá decidirse que las especificaciones mencionadas en el presente artículo sean secretas y no se publiquen. En tal caso, solo tendrán acceso a ellas los organismos designados por los Estados miembros como responsables de la impresión y las personas debidamente autorizadas por un Estado miembro o por la Comisión.

3.  Cada Estado miembro designará un organismo responsable de la impresión de documentos de identidad y un organismo responsable de la impresión de tarjetas de residencia de miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, y comunicará los nombres de estos organismos a la Comisión y al resto de Estados miembros. Los Estados miembros tendrán derecho a modificar esos organismos designados, e informarán de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Los Estados miembros podrán asimismo decidir designar un único organismo responsable de la impresión tanto de documentos de identidad como de tarjetas de residencia de miembros de la familia de ciudadanos de la Unión, y comunicarán el nombre de este organismo a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Dos o más Estados miembros podrán asimismo decidir designar un único organismo a tales efectos, e informarán de ello a la Comisión y a los demás Estados miembros.

Artículo 15

Procedimiento de Comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité establecido por el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1683/95. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Si el Comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del … [24 meses desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 367 de 10.10.2018, p. 78.
(2)DO C 367 de 10.10.2018, p. 78.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019.
(4)Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(5)Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
(6) Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (DO L 157 de 15.6.2002, p. 1).
(7) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(8) Reglamento (CE) n.º 1683/95 del Consejo, de 29 de mayo de 1995, por el que se establece un modelo uniforme de visado (DO L 164 de 14.7.1995, p. 1).
(9) Reglamento (UE) 2017/1954, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2017, de modificación del Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (DO L 286, de 1.11.2017, p. 9).
(10)Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(11)DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(12) DO C 338 de 21.9.2018, p. 22.
(13) Pendiente de publicación.
(14) Decisión C(2018)7767 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2018, por la que se establecen especificaciones técnicas para el modelo uniforme de permiso de residencia para los nacionales de terceros países.
(15) Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).


Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias (COM(2018)0274 – C8-0196/2018 – 2018/0129(COD))
P8_TA-PROV(2019)0346A8-0008/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0274),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0196/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 6 de febrero de 2019(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de febrero de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0008/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/96/CE, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias(3)

P8_TC1-COD(2018)0129


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 91, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(6),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de julio de 2010, titulada «Hacia un espacio europeo de seguridad vial: orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020» indica los objetivos estratégicos de la Unión de reducir a la mitad el número de muertes en carretera de aquí a 2020 en comparación con 2010 y aproximarse al objetivo de cero víctimas mortales de aquí a 2050. Sin embargo, los avances hacia el logro de estos objetivos se han estancado en los últimos años. El 8 de junio de 2017, en sus conclusiones sobre la seguridad vial en refrendo de la Declaración de La Valeta de marzo de 2017, el Consejo suscribió un nuevo objetivo intermedio que consiste en reducir a la mitad el número de heridos graves de aquí a 2030 respecto al nivel de 2020. Por lo tanto, es necesario incrementar los esfuerzos para alcanzar esos objetivos.

(2)  De acuerdo con el enfoque del «sistema seguro», es posible prevenir en gran medida las muertes y lesiones graves causadas por accidentes de tráfico. Debe ser una responsabilidad compartida a todos los niveles el velar por que los accidentes de tráfico no ocasionen lesiones graves o mortales. En particular, unas carreteras bien diseñadas, con un adecuado mantenimiento y bien marcadas y señalizadas deben reducir la probabilidad de los accidentes de tráfico, mientras que las carreteras «clementes» (carreteras dispuestas de forma inteligente para que los errores de conducción no tengan inmediatamente consecuencias graves o mortales) deben reducir la gravedad de los accidentes de tráfico. La Comisión, basándose en la experiencia de todos los Estados miembros, debe proporcionar orientaciones para la construcción y el mantenimiento de «márgenes de carretera clementes».

(3)  Las carreteras de la red transeuropea de transporte (RTE-T) definida en el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(7) tienen una importancia capital para respaldar la integración europea. Por tanto, debe garantizarse en dichas carreteras un elevado nivel de seguridad.

(4)  Los procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias aplicados en la RTE-T han contribuido a reducir el número de víctimas mortales y heridos graves en la Unión. Se desprende claramente de la evaluación de los efectos de la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8) que los Estados miembros que vienen aplicando de forma voluntaria a sus carreteras nacionales fuera de la RTE-T los principios de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias («GSIV») han conseguido en cuanto a la seguridad vial unos resultados mucho mejores que los Estados miembros que no lo hacen. Por lo tanto, también conviene que estos principios GSIV se apliquen a otras partes de la red de carreteras europea.

(5)  Es importante que los tramos de carretera construidos sobre puentes y los tramos de carretera que atraviesan túneles que forman parte de la red dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva también estén cubiertos por la presente Directiva en lo que respecta a la seguridad vial, a excepción de los túneles cubiertos por la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9).

(6)  Por razones de seguridad vial, es importante que las entradas y salidas de las zonas de estacionamiento a lo largo de la red dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, en particular las autopistas y las carreteras principales, también estén cubiertas por la presente Directiva.

(7)  Las condiciones estacionales difieren sustancialmente entre los Estados miembros y las regiones. Por tanto, es importante que estas condiciones se tengan debidamente en cuenta en las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva.

(8)  Una gran proporción de los accidentes de tráfico se producen en una pequeña proporción de las carreteras donde las velocidades y los volúmenes de tráfico son elevados y donde existe una amplia gama de tráfico a distintas velocidades. Por lo tanto, la ampliación limitada del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/96/CE a las autopistas y otras carreteras principales fuera de la red RTE-T debe contribuir de manera significativa a la mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias en toda la Unión.

(9)  A fin de garantizar que dicha ampliación del ámbito de aplicación surta el efecto deseado, es lógico que las carreteras principales distintas de las autopistas incluyan todas las carreteras que pertenecen a la categoría más alta de carreteras por debajo de la categoría de autopista en la clasificación nacional de carreteras. Por esta misma razón, debe alentarse a los Estados miembros a que velen por que al menos todas las carreteras a las que se aplicaba la Directiva 2008/96/CE antes de la entrada en vigor de la presente Directiva, incluso de forma voluntaria, sigan sujetas a lo dispuesto por la presente Directiva.

(10)  La aplicación obligatoria de los procedimientos establecidos en la Directiva 2008/96/CE a cualquier proyecto de infraestructura viaria fuera de las zonas urbanas que se lleve a cabo utilizando financiación de la UE debe garantizar que los fondos de la UE no se utilizan para construir carreteras potencialmente peligrosas.

(11)  La Directiva 2008/96/CE abarca exclusivamente las infraestructuras viarias. Por tanto, la presente Directiva no afecta a la legislación en materia de circulación vial, como tampoco afecta a la competencia de los Estados miembros para adoptar decisiones por iniciativa propia en relación con la legislación en materia de circulación vial. Deben respetarse la Convención de Ginebra sobre la Circulación Vial de las Naciones Unidas, de 19 de septiembre de 1949, y la Convención de Viena sobre la circulación vial, de 8 de noviembre de 1968, así como la Convención de Viena sobre la señalización vial, de 8 de noviembre de 1968.

(12)  La evaluación de la seguridad de las carreteras de toda la red basada en el riesgo se ha revelado como una herramienta eficiente y efectiva para determinar los tramos de la red que deben ser objeto de inspecciones de seguridad vial más detalladas y para dar prioridad a las inversiones en función del potencial que estas tienen a la hora de generar mejoras de la seguridad en toda la red. El conjunto de la red de carreteras incluida en el ámbito de la presente Directiva debe, por tanto, evaluarse sistemáticamente, en particular mediante datos recopilados por medios electrónicos y digitales, para aumentar la seguridad vial en toda la Unión.

(13)  La integración de los mejores elementos del anterior procedimiento de «clasificación y gestión de la seguridad de la red de carreteras en explotación» dentro del nuevo procedimiento de evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red debe permitir una mejor identificación de los tramos de carretera donde son mayores las posibilidades de mejora de la seguridad y donde mediante intervenciones específicas deben aportarse las mejoras más importantes.

(14)  A fin de mejorar la calidad, la objetividad y la eficiencia de los procedimientos GSIV, conviene permitir a los Estados miembros que aprovechen, cuando proceda, las tecnologías en constante evolución para la inspección de tramos de carreteras, documentar las condiciones de seguridad vial y recabar otros datos relacionados con la seguridad de la red de carreteras.

(15)  El seguimiento sistemático de las conclusiones de los procedimientos GSIV es crucial para lograr la mejora de la seguridad de las infraestructuras viarias necesaria para la consecución de los objetivos de seguridad vial de la Unión. A tal fin, con unos planes de acción prioritarios debe asegurarse que las intervenciones necesarias se ponen en marcha lo antes posible. En particular, debe efectuarse un seguimiento de las conclusiones de la evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red, ya sea por medio de inspecciones específicas de seguridad vial o, de ser posible y rentable, mediante la adopción de medidas correctoras directas encaminadas a eliminar o reducir los riesgos para la seguridad vial sin imponer cargas administrativas indebidas.

(16)  Las características de seguridad de las carreteras en servicio deben mejorarse invirtiendo específicamente en aquellos tramos en que exista la mayor concentración de accidentes y el mayor potencial de reducción de la siniestralidad.

(17)  La financiación y los incentivos financieros a escala de la Unión pueden utilizarse, con arreglo a las condiciones aplicables, para proporcionar apoyo a dicha inversión, complementando la inversión y los incentivos nacionales correspondientes.

(18)  Los tramos de la red de carreteras limítrofes con los túneles de carretera de la red transeuropea de carreteras incluidos en el ámbito de la Directiva 2004/54/CE tienen un riesgo de accidentes especialmente elevado. Por tanto, deben introducirse inspecciones conjuntas de seguridad vial de esos tramos de carretera en las que participen representantes de las autoridades competentes tanto de las carreteras como de los túneles, con el fin de mejorar la seguridad de la red de carreteras incluida en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(19)  Los usuarios vulnerables de la vía pública representaron el 47 % de las víctimas mortales de accidentes de tráfico de la Unión en 2017. En consecuencia, velar por que los intereses de estos usuarios vulnerables de la vía pública se tengan en cuenta en todos los procedimientos GSIV, así como desarrollar requisitos de calidad para las infraestructuras destinadas a estos usuarios, debería mejorar su seguridad en la vía pública.

(20)  Para que los Estados miembros puedan mejorar sus procedimientos destinados a garantizar el uso operativo de sus señales y marcas viales, deben establecerse especificaciones comunes para fomentar la legibilidad y la detectabilidad efectivas de las señales y marcas viales por conductores humanos y sistemas automatizados de asistencia al conductor.

(21)  Mejorar la seguridad es también una prioridad para los cruces carretera-ferrocarril (es decir, señalización o mejora de las infraestructuras). Según el informe de la Agencia Ferroviaria Europea de 2018 sobre la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias en la Unión, en 2016 se produjeron 433 accidentes importantes en los 108 000 pasos a nivel existentes en la Unión, que se saldaron con 255 víctimas mortales y 217 personas con lesiones graves. Por lo tanto, deben identificarse los pasos a nivel que suponen un elevado riesgo para la seguridad, a fin de mejorarlos.

(22)  Las señales y marcas viales de gran calidad son esenciales para asistir a los conductores y a los vehículos conectados y automatizados. Las especificaciones comunes para las señales y marcas viales deben servir de base para allanar el camino hacia el despliegue de sistemas avanzados de movilidad conectada y automatizada. Sería preferible adoptar un enfoque europeo común de conformidad con la Convención de Viena de 1968 sobre la señalización vial.

(23)  Para reforzar los resultados esperados de la aplicación de la presente Directiva y garantizar un nivel adecuado de seguridad en situaciones de emergencia, los Estados miembros podrían facilitar la cooperación entre sus servicios de protección civil, de respuesta de emergencia y de policía de tráfico, cuando proceda y especialmente en los tramos de carretera transfronterizos. En los casos en que sea necesaria la cooperación entre los Estados miembros en esas actividades, el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, de conformidad con la Decisión 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10), ofrece un marco a tal efecto.

(24)  Sin perjuicio de la legislación sobre contratación pública, en particular la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(11), las especificaciones técnicas relativas a la seguridad deben hacerse públicas cuando la contratación pública se lleve a cabo en el sector de las infraestructuras viarias.

(25)  A fin de lograr la transparencia y mejorar la rendición de cuentas, deben presentarse informes sobre la valoración de la seguridad de las carreteras, de modo que los usuarios de la vía pública puedan ser informados sobre el estado de las infraestructuras y se aumente su sensibilización al respecto.

(26)  Debe fomentarse el intercambio de experiencias sobre las metodologías del «sistema seguro» entre los profesionales, así como el intercambio de información entre los auditores de seguridad vial.

(27)  La publicación de los resultados de las evaluaciones de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red debe hacer que pueda compararse el nivel de seguridad de las infraestructuras viarias en toda la Unión.

(28)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, que es el establecer procedimientos que garanticen un nivel de seguridad elevado y homogéneo de seguridad vial en toda la RTE-T y en la red de autopistas y carreteras principales de toda la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que más bien, como es necesario mejorar en toda la Unión para garantizar la convergencia hacia niveles más elevados de seguridad de las infraestructuras viarias, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo. Como resultado de la actuación a nivel de la Unión, el viajar por toda esta debe hacerse más seguro, lo que, a su vez, debe mejorar el funcionamiento del mercado interior y favorecer el logro del objetivo de la cohesión económica, social y territorial.

(29)  A fin de garantizar que el contenido de los procedimientos GSIV siga reflejando los mejores conocimientos técnicos disponibles, la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión en lo que respecta a la adaptación de los anexos de la presente Directiva al progreso técnico. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(12). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados.

(30)  Son necesarias medidas específicas para la mejora continua de las prácticas de gestión de la seguridad vial y para facilitar el reconocimiento de las señales y marcas viales por los vehículos equipados con sistemas de asistencia al conductor o niveles de automatización más elevados. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de las disposiciones correspondientes de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

(31)  Por tanto, la Directiva 2008/96/CE debe modificarse en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificación de la Directiva 2008/96/CE

La Directiva 2008/96/CE se modifica como sigue:

1)  El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva exige el establecimiento y la aplicación de procedimientos relacionados con las evaluaciones de impacto de la seguridad vial, las auditorías de seguridad vial, las inspecciones de seguridad vial y la evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red por los Estados miembros.

2.  La presente Directiva se aplicará a todas las carreteras integrantes de la red transeuropea de carreteras, a las autopistas y a otras carreteras principales, independientemente de que se encuentren en fase de diseño, de construcción o de explotación.

3.  La presente Directiva se aplicará también a las carreteras y proyectos de infraestructuras viarias no incluidos en el ámbito del apartado 2 que estén situados fuera de las zonas urbanas, a las que no tengan acceso las propiedades colindantes y que se lleven a cabo utilizando financiación de la Unión, con la excepción de las carreteras que no están abiertas a la circulación general de vehículos de motor, como las vías de circulación para bicicletas, o las carreteras que no están concebidas para la circulación general, como las carreteras de acceso a zonas industriales, agrícolas o forestales.

4.  Los Estados miembros podrán eximir del ámbito de aplicación de la presente Directiva las carreteras principales con bajo nivel de riesgo para la seguridad, en base a motivos debidamente justificados relacionados con los volúmenes de tráfico y las estadísticas de accidentes.

Los Estados miembros podrán incluir en el ámbito de aplicación de la presente Directiva carreteras que no se mencionan en los apartados 2 y 3.

Cada Estado miembro notificará a la Comisión, a más tardar el... [24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva de modificación], la lista de autopistas y carreteras principales de su territorio y, posteriormente, cualquier modificación posterior de la misma. Además, cada Estado miembro notificará a la Comisión las carreteras exentas con arreglo al presente apartado o incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y, posteriormente, cualquier modificación posterior.

La Comisión publicará la lista de carreteras notificadas de conformidad con el presente artículo.

5.  La presente Directiva no se aplicará a los túneles de carretera cubiertos por la Directiva 2004/54/CE.»;

"

2)  El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. “red transeuropea de carreteras”: la red de carreteras definida en el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo*;

_____________________

* Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).»;

"

b)  se insertan los puntos siguientes:"

«2 bis. “autopista”: una carretera, especialmente concebida y construida para la circulación de vehículos automotores, a la que no tienen acceso las propiedades colindantes y que cumple los siguientes criterios:

   a) está dotada, salvo en puntos especiales o de modo temporal, de dos sentidos de circulación con calzadas distintas, separadas por una franja divisoria no destinada a la circulación o, excepcionalmente, por otros medios;
   b) no presenta pasos a nivel con ninguna carretera, vía férrea o de tranvía, ni con ninguna vía para la circulación de bicicletas o peatones;
   c) está señalizada específicamente como autopista;

2 ter.  “carretera principal”: una carretera situada fuera de las zonas urbanas que conecta grandes ciudades o regiones y pertenece a la categoría más alta de carreteras por debajo de la categoría «autopista» en la clasificación nacional de carreteras en vigor el... [fecha de publicación de la presente Directiva de modificación en el DO];»;

"

c)  se suprime el punto 5;

d)  los puntos 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente:"

«6. “valoración de la seguridad”: la clasificación en categorías de los tramos de la red de carreteras en servicio, según su seguridad inherente medida objetivamente;

7.  “inspección específica de seguridad vial”: una investigación específica para detectar las condiciones peligrosas, defectos y problemas que aumentan el riesgo de accidentes y lesiones, a partir de una visita in situ a una carretera o tramo de carretera en servicio;»;

"

e)   se inserta el punto siguiente:"

«7 bis. “inspección periódica de seguridad vial”: la comprobación ordinaria periódica de las características y los defectos que exigen una intervención de mantenimiento por motivos de seguridad;»;

"

f)  se añade el punto siguiente:"

«10. “usuario vulnerable de la vía pública”: los usuarios de la vía pública no motorizados, incluidos, en particular, los ciclistas y los peatones, así como los vehículos de motor de dos ruedas.»;

"

3)  En el artículo 4 se añade el apartado siguiente:"

«5 bis. En la auditoría inicial de la fase de diseño, la Comisión proporcionará orientaciones sobre el diseño de «márgenes de carretera clementes» y «carreteras evidentes y autoaplicativas», así como sobre los requisitos de calidad relativos a los usuarios vulnerables de la vía pública. Estas orientaciones se elaborarán en estrecha colaboración con los expertos de los Estados miembros.»;

"

4)  El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 5

Evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red

1.  Los Estados miembros velarán por que se lleve a cabo una evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red en toda la red de carreteras en explotación incluidas en el ámbito de la presente Directiva. ▌

2.  Las evaluaciones de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red evaluarán el riesgo de que se produzcan accidentes y de que el impacto sea grave, a tenor de:

   a) principalmente, un examen visual, realizado sobre el terreno o por medios electrónicos, de las características de concepción de la carretera (seguridad intrínseca); y
   b) un análisis de los tramos de la red de carreteras que han estado en explotación más de tres años y en los que se ha producido un número elevado de accidentes graves en proporción al volumen de circulación.

3.  Los Estados miembros velarán por que la primera evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red se lleve a cabo a más tardar en 2024. Las posteriores evaluaciones de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red se efectuarán con la suficiente frecuencia como para garantizar unos niveles de seguridad adecuados, pero, en cualquier caso, al menos cada cinco años.

4.  Al efectuar la evaluación de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red, los Estados miembros podrán tener en cuenta los elementos indicativos establecidos en el anexo III.

5.  La Comisión proporcionará orientaciones sobre la metodología para la realización de evaluaciones sistemáticas de la seguridad de las carreteras del conjunto de la red y de valoraciones de la seguridad.

6.  Sobre la base de los resultados de la evaluación mencionada en el apartado 1, y a fin de establecer prioridades entre las medidas que habrán de adoptarse en el futuro, los Estados miembros clasificarán todos los tramos de la red de carreteras en no menos de tres categorías según su nivel de seguridad.»;

"

5)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)  El título se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 6

Inspecciones periódicas de seguridad vial»;

"

b)  el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros velarán por que se lleven a cabo inspecciones periódicas de seguridad vial con frecuencia suficiente para garantizar niveles de seguridad adecuados para la infraestructura viaria en cuestión.»;

"

c)  se suprime el apartado 2;

d)   el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Los Estados miembros velarán por la seguridad de los tramos de la red de carreteras limítrofes con los túneles de carretera incluidos en el ámbito de la Directiva 2004/54/CE a través de inspecciones conjuntas de seguridad vial con la participación de los órganos competentes de la aplicación de la presente Directiva y los de la Directiva 2004/54/CE. Las inspecciones conjuntas de seguridad vial se llevarán a cabo con la suficiente frecuencia como para garantizar unos niveles de seguridad adecuados, pero, en cualquier caso, al menos cada seis años.»;

"

6)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 6 bis

Seguimiento de los procedimientos de las carreteras en explotación

1.  Los Estados miembros velarán por que las conclusiones de las evaluaciones de seguridad de las carreteras del conjunto de la red efectuadas de conformidad con el artículo 5 sean objeto de seguimiento mediante inspecciones específicas de seguridad vial o mediante medidas correctoras directas.

2.  Al efectuar las inspecciones específicas de seguridad vial los Estados miembros podrán tener en cuenta los elementos indicativos recogidos en el anexo II bis.

3.  Las inspecciones específicas de seguridad vial serán realizadas por equipos de expertos. Uno de los miembros del equipo de expertos, como mínimo, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 4, letra a).

4.  Los Estados miembros velarán por que las conclusiones de las inspecciones específicas de seguridad vial ▌sean objeto de seguimiento mediante decisiones motivadas que establezcan si es necesario tomar medidas correctoras. En particular, los Estados miembros determinarán los tramos de carretera en los que sea necesario mejorar ▌la seguridad de las infraestructuras viarias y definirán acciones prioritarias destinadas a mejorar la seguridad de tales tramos de carretera.

5.  Los Estados miembros velarán por que se tomen medidas correctoras específicas principalmente para los tramos de carretera con bajo nivel de seguridad y que brinden la oportunidad de aplicar medidas con un elevado potencial de mejora de la seguridad y de ahorro de los costes causados por accidentes.

6.  Los Estados miembros elaborarán y actualizarán periódicamente un plan de acción prioritario y basado en el riesgo para llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras señaladas.▌

Artículo 6 ter

Protección de los usuarios vulnerables de la vía pública

Los Estados miembros velarán por que se tengan en cuenta las necesidades de los usuarios vulnerables de la vía pública cuando se apliquen los procedimientos establecidos en los artículos 3 a 6.

Artículo 6 quater

Señales y marcas viales

1.  Los Estados miembros prestarán especial atención, en sus procedimientos actuales y futuros sobre señales y marcas viales, a la legibilidad y la detectabilidad por conductores humanos y sistemas automatizados de asistencia al conductor. Dichos procedimientos tendrán en cuenta especificaciones comunes cuando se hayan establecido dichas especificaciones comunes de conformidad con el apartado 3.

2.  A más tardar en junio de 2021, un grupo de expertos creado por la Comisión evaluará la oportunidad de establecer especificaciones comunes, incluidos distintos elementos destinados a garantizar el uso operativo de sus señales y marcas viales, con el fin de fomentar la legibilidad y la detectabilidad efectivas de las señales y marcas viales por conductores humanos y sistemas automatizados de asistencia al conductor. Dicho grupo estará formado por expertos designados por los Estados miembros. La evaluación incluirá una consulta a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

La evaluación tomará en consideración, en particular, los elementos siguientes:

   a) la interacción entre distintas tecnologías de asistencia al conductor y la infraestructura;
   b) el efecto de los fenómenos meteorológicos y atmosféricos, así como del tráfico, en las señales y marcas viales presentes en el territorio de la Unión;
   c) el tipo y la frecuencia de tareas de mantenimiento que precisan las distintas tecnologías, incluida una estimación de los costes.

3.  Teniendo en cuenta la evaluación a que se refiere el apartado 2, la Comisión podrá adoptar actos de ejecución para establecer especificaciones comunes, en relación con los procedimientos de los Estados miembros contemplados en el apartado 1, con el fin de garantizar el uso operativo de sus señales y marcas viales por lo que respecta a la legibilidad y detectabilidad efectivas de las señales y marcas viales por conductores humanos y sistemas automatizados de asistencia al conductor.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 13, apartado 2.

Los actos de ejecución se entenderán sin perjuicio de la competencia del Comité Europeo de Normalización en lo que respecta a las normas relativas a las señales y marcas viales.

Artículo 6 quinquies

Información y transparencia

La Comisión publicará un mapa europeo de la red de carreteras dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, accesible en línea, en el que se destaquen las categorías diferentes a que se refiere el artículo 5, apartado 6.

Artículo 6 sexies

Notificación voluntaria

Los Estados miembros tratarán de establecer un sistema nacional de notificación voluntaria, accesible en línea para todos los usuarios de la vía pública, con el fin de facilitar la recopilación de pormenores sobre los incidentes transmitidos por los usuarios de la vía pública y los vehículos, así como de cualquier otra información relacionada con la seguridad que el notificante perciba como un peligro real o potencial para la seguridad de las infraestructuras viarias.»;

"

7)  En el artículo 7, se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. La Comisión podrá establecer actos de ejecución para proporcionar directrices según las cuales deba notificarse la gravedad del accidente, con indicación del número de víctimas mortales y heridos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 13, apartado 2.»;

"

8)  En el artículo 9, se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. Por lo que se refiere a los auditores de seguridad vial que reciban su formación a partir del ... [cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], los Estados miembros velarán por que los programas de formación destinados a dichos auditores incluyan aspectos relacionados con los usuarios vulnerables de la vía pública y las infraestructuras para dichos usuarios.»;

"

9)  El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 10

Intercambio de mejores prácticas

Con el fin de mejorar la seguridad de las carreteras de la Unión Europea, la Comisión establecerá un sistema de intercambio de información y mejores prácticas entre los Estados miembros que abarque, entre otras cosas, los programas de formación sobre seguridad vial, los proyectos existentes de seguridad de las infraestructuras viarias y la tecnología de seguridad vial probada.»;

"

10)  En el artículo 11, se suprime el apartado 2;

11)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 11 bis

Presentación de informes

1.  Los Estados miembros presentarán un informe a la Comisión a más tardar el 31 de octubre de 2025 sobre la clasificación de seguridad del conjunto de la red evaluada de conformidad con el artículo 5. En la medida de lo posible, el informe se basará en una metodología común. Si procede, el informe también recogerá la lista de disposiciones de las directrices nacionales actualizadas, incluidas, en particular, las mejoras en términos de progreso tecnológico y de protección de los usuarios vulnerables de la vía pública. A partir del 31 de octubre de 2025, dichos informes se presentarán cada cinco años.

2.  Sobre la base de un análisis de los informes nacionales contemplados en el apartado 1, por primera vez a más tardar el 31 de octubre de 2027 y posteriormente cada cinco años, la Comisión elaborará y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, en particular en relación con los elementos contemplados en el apartado 1, así como sobre posibles nuevas medidas, incluidas una revisión de la presente Directiva y las posibles adaptaciones al progreso técnico.»;

"

12)  El artículo 12 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 12

Modificación de los anexos

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 12 bis que modifiquen los anexos a fin de adaptarlos al progreso técnico.»;

"

13)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 12 bis

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 12 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 12 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación ▌*.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»;

_____________________

* DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

"

14)  El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 13

Procedimiento del comité

1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.»;

_____________________

* Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

"

15)  Los anexos se modificarán tal como se establece en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el … [24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Los anexos de la Directiva 2008/96/CE se modifican como sigue:

1)  El anexo I se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO I

ELEMENTOS INDICATIVOS DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO DE LA SEGURIDAD VIAL»;

b)  en la sección 2, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

«e) tráfico (por ejemplo, volumen del tráfico, clasificación del tráfico por tipo), incluidos los flujos estimados de peatones y bicicletas determinados a partir de los atributos de utilización de las fincas colindantes;»;

2)  El anexo II se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO II

ELEMENTOS INDICATIVOS DE LAS AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL»;

b)  en la sección 1 se añade la letra siguiente:

«n) disposiciones relativas a los usuarios vulnerables de la vía pública:

i)  disposiciones relativas a los peatones,

ii)  disposiciones relativas a los ciclistas, incluida la existencia de rutas alternativas o de separaciones de la circulación de vehículos automotores a gran velocidad,

iii)  disposiciones relativas a los vehículos de motor de dos ruedas,

iv)  densidad y situación de los pasos para peatones y ciclistas,

v)  disposiciones relativas a los peatones y los ciclistas en las carreteras afectadas de la zona,

vi)  separación de los peatones y los ciclistas de la circulación de vehículos automotores a gran velocidad o existencia de rutas alternativas directas en carreteras de clase inferior;»;

c)  en la sección 2, la letra h) se sustituye por el texto siguiente:

«h) disposiciones relativas a los usuarios vulnerables de la vía pública:

i)  disposiciones relativas a los peatones,

ii)  disposiciones relativas a los ciclistas,

iii)  disposiciones relativas a los vehículos de motor de dos ruedas;»;

3)  Se añade el anexo siguiente:

«ANEXO II bis

ELEMENTOS INDICATIVOS DE LAS INSPECCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD VIAL

1.  Trazado y sección transversal de la vía:

a)  visibilidad y distancias de visibilidad;

b)  límite de velocidad y zonas de limitación de velocidad;

c)  trazado evidente (es decir, legibilidad del trazado por los usuarios de la vía pública);

d)  acceso a propiedades y proyectos colindantes;

e)  acceso de los vehículos de emergencias y de servicio;

f)  tratamientos en puentes y alcantarillas;

g)  trazado de la carretera (arcenes, desniveles del firme, talud de desmonte y talud de terraplén).

2.  Intersecciones y puntos de intercambio:

a)  adecuación del tipo de intersección/intercambio;

b)  geometría del trazado de la intersección o intercambio;

c)  visibilidad y legibilidad (percepción) de las intersecciones;

d)  visibilidad en la intersección;

e)  trazado de los carriles auxiliares en las intersecciones;

f)  control del tráfico en las intersecciones (por ejemplo, señales de parada, semáforos, etc.);

g)  presencia de pasos de peatones y de ciclistas.

3.  Disposiciones relativas a los usuarios vulnerables de la vía pública:

a)  disposiciones relativas a los peatones;

b)  disposiciones relativas a los ciclistas;

c)  disposiciones relativas a los vehículos de motor de dos ruedas;

d)  transporte público e infraestructuras;

e)  pasos a nivel carretera-ferrocarril (con indicación, en particular, del tipo de paso y de si son con guardabarreras, sin guardabarreras, manuales o automatizados).

4.  Iluminación, señales y marcas:

a)  señales viales coherentes, que no disminuyan la visibilidad;

b)  legibilidad de las señales viales (localización, tamaño, color);

c)  postes de señalización;

d)  delimitación y marcas viales coherentes;

e)  legibilidad de las marcas viales (localización, dimensiones y retrorreflectancia en condiciones secas y húmedas);

f)  contraste adecuado de las marcas viales;

g)  alumbrado de carreteras e intersecciones iluminadas;

h)  equipos adecuados instalados en los márgenes de la carretera.

5.  Semáforos:

a)  funcionamiento;

b)  visibilidad.

6.  Objetos, zonas limpias y sistemas viales de contención:

a)  entorno de los márgenes de la carretera, incluida la vegetación;

b)  peligros en los márgenes de la carretera y distancia desde el borde de la calzada o de la vía para la circulación de bicicletas;

c)  adaptación beneficiosa para el usuario de los sistemas viales de contención (medianas y guardarraíles de seguridad a fin de evitar los peligros para los usuarios vulnerables de la vía pública);

d)  terminaciones de los guardarraíles de seguridad;

e)  sistemas viales de contención adecuados en puentes y alcantarillas;

f)  vallas (en carreteras de acceso restringido).

7.  Firme:

a)  defectos del firme;

b)  adherencia;

c)  material suelto /grava/piedras;

d)  encharcamiento y drenaje del agua.

8.  Puentes y túneles:

a)  presencia y número de puentes;

b)  presencia y número de túneles;

c)  elementos visuales que representan un peligro para la seguridad de la infraestructura.

9.  Otras cuestiones:

a)  oferta de zonas seguras de estacionamiento y descanso;

b)  oferta para vehículos pesados;

c)  deslumbramiento por los faros;

d)  obras de carreteras;

e)  actividades peligrosas en los márgenes de la carretera;

f)  información adecuada en el material de los STI (p. ej., paneles de mensajes variables);

g)  animales y flora y fauna silvestres;

h)  advertencias de zona escolar (en su caso).».

4)  El anexo III se sustituye por el texto siguiente:

«Anexo III

ELEMENTOS INDICATIVOS DE LAS EVALUACIONES DE SEGURIDAD DE LAS CARRETERAS DEL CONJUNTO DE LA RED

1.  Aspectos generales:

a)  tipo de carretera en relación con el tipo y tamaño de las regiones/ciudades que conecta;

b)  longitud del tramo de carretera;

c)  tipo de zona (rural, urbana);

d)  utilización del suelo (zonas educativas, comerciales, industriales y de fábricas, residenciales, agrícolas y ganaderas, sin desarrollar);

e)  densidad de puntos de acceso a las propiedades;

f)  presencia de vías de servicio (por ejemplo, para comercios);

g)  presencia de obras en la carretera;

h)  presencia de zonas de estacionamiento.

2.  Volumen de tráfico:

a)  volumen de tráfico;

b)  volumen observado de motocicletas;

c)  volumen observado de peatones a ambos lados, señalando «a la larga» o «de cruce»;

d)  volumen observado de bicicletas a ambos lados, señalando «a la larga» o «de cruce»;

e)  volumen observado de vehículos pesados;

f)  flujo estimado de peatones determinado a partir de los atributos de utilización de las fincas colindantes;

g)  flujo estimado de bicicletas determinado a partir de los atributos de utilización de las fincas colindantes.

3.  Datos relativos a los accidentes:

a)  número, localización y causas de víctimas mortales por grupo de usuarios de la vía pública;

b)  número y localización de heridos graves por grupo de usuarios de la vía pública.

4.  Características operativas:

a)  límite de velocidad (general, para motocicletas, para camiones);

b)  velocidad de servicio (percentil 85);

c)  gestión de la velocidad y/o reducción del tráfico;

d)  presencia de servicios STI: alertas de congestión, paneles de mensajes variables;

e)  advertencias de zona escolar;

f)  presencia de guardias de cruce escolar en los periodos fijados.

5.  Características geométricas:

a)  características de la sección transversal (número, tipo y anchura de los carriles, diseño y material de los arcenes de la mediana central, carriles para bicicletas, caminos peatonales, etc.), incluida su variabilidad;

b)  curvatura horizontal;

c)  pendiente y trazado vertical;

d)  visibilidad y distancias de visibilidad.

6.  Objetos, zonas limpias y sistemas viales de contención:

a)  entorno de los márgenes de la carretera y zonas limpias;

b)  obstáculos fijos en los márgenes de la carretera (por ejemplo, farolas, árboles, etc.);

c)  distancia a los obstáculos desde los márgenes de la carretera;

d)  densidad de los obstáculos;

e)  bandas sonoras;

f)  sistemas viales de contención.

7.  Puentes y túneles:

a)  presencia y número de puentes, incluida la información pertinente al respecto;

b)  presencia y número de túneles, incluida la información pertinente al respecto;

c)  elementos visuales que representan un peligro para la seguridad de la infraestructura.

8.  Intersecciones:

a)  tipo de intersección y número de ramas (indicando sobre todo el tipo de control y la presencia de giros protegidos);

b)  presencia de canalización;

c)  calidad de la intersección;

d)  volumen de las carreteras que se cruzan;

e)  presencia de cruces carretera-ferrocarril (con indicación, en particular, del tipo de cruce y de si son con guardabarreras, sin guardabarreras, manuales o automatizados).

9.  Mantenimiento:

a)  defectos del firme;

b)  adherencia del firme;

c)  estado de los arcenes (incluida la vegetación);

d)  estado de las señales, marcas y delimitaciones;

e)  estado de los sistemas viales de contención.

10.  Instalaciones para los usuarios vulnerables de la vía pública:

a)  pasos de peatones y de ciclistas (cruces en superficie y separación de nivel);

b)  pasos de ciclistas (cruces en superficie y separación de nivel);

c)  vallas para peatones;

d)  existencia de aceras o instalaciones aparte;

e)  instalaciones para bicicletas y tipo de instalaciones (vías para la circulación de bicicletas, carril de bicicletas y otros);

f)  calidad de los pasos de peatones en relación con la visibilidad y la señalización de la instalación;

g)  instalaciones de pasos de peatones y de ciclistas a la entrada de una carretera secundaria que se une a la red;

h)  existencia de rutas alternativas para peatones y ciclistas cuando no existan instalaciones separadas.

11.  Elementos de los sistemas precolisión y postcolisión para la reducción de las lesiones por accidente de tráfico y la mitigación de su gravedad:

a)  centros operativos de la red y otras instalaciones de patrulla;

b)  mecanismos para comunicar a los usuarios de la vía pública las condiciones de conducción con el fin de evitar accidentes o incidentes;

c)  sistemas de detección automática de incidentes (DAI): sensores y cámaras;

d)  sistemas de gestión de incidentes;

e)  sistemas de comunicación con los servicios de emergencia.».

5)  El anexo IV se modifica como sigue:

a)  el punto 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1. «localización lo más precisa posible del accidente, con indicación de las coordenadas GNSS;»;

b)  el punto 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5) gravedad del accidente;».

(1) DO C 62 de 15.2.2019, p. 261.
(2) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
(3)* EL PRESENTE TEXTO NO HA SIDO SOMETIDO AÚN A REVISIÓN JURÍDICO-LINGUÍSTICA.
(4) DO C 62 de 15.2.2019, p. 261.
(5) DO C ...
(6) Posición del Parlamento Europeo de 4 de abril de 2019.
(7) Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
(8) Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias (DO L 319 de 29.11.2008, p. 59).
(9) Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (DO L 167 de 30.4.2004, p. 39).
(10) Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión (DO L 347 de 20.12.2013, p. 924).
(11) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(12) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(13) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).


Producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP) (COM(2017)0343 – C8-0219/2017 – 2017/0143(COD))
P8_TA-PROV(2019)0347A8-0278/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0343),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0219/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de octubre de 2017(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 13 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0278/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 4 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP)

P8_TC1-COD(2017)0143


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  Los hogares de la Unión se encuentran entre los más ahorradores del mundo, pero la mayor parte de esos ahorros están depositados en cuentas bancarias con vencimientos cortos. Aumentar las inversiones en los mercados de capitales puede contribuir a resolver los problemas que plantea el envejecimiento de la población y los bajos tipos de interés.

(2)  Las pensiones de jubilación constituyen una parte esencial de los ingresos de los jubilados y, para muchas personas, contar con una pensión adecuada marca la diferencia entre disfrutar de una situación cómoda en la vejez o vivir en la pobreza. Representan una condición previa para el ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 25 sobre los derechos de las personas mayores, que reza así: «La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural».

(3)  La Unión se enfrenta a varios desafíos, entre ellos el desafío demográfico provocado por el envejecimiento del continente europeo. Además, los perfiles de carreras, el mercado laboral y la distribución de la riqueza están experimentando profundos cambios, en particular debido a la revolución digital.

(4)   Una parte sustancial de las pensiones de jubilación corre a cargo de los regímenes públicos. A pesar de que, según determinan los Tratados, la organización de los sistemas de pensiones es competencia exclusiva de los Estados miembros, la adecuación de los ingresos y la viabilidad financiera de los sistemas nacionales de pensiones son cruciales para la estabilidad del conjunto de la Unión. Al canalizar una parte mayor de los ahorros de los ciudadanos europeos desde el efectivo y los depósitos bancarios hacia los productos de inversión a largo plazo, como los productos de pensiones voluntarias con una naturaleza de jubilación a largo plazo, el efecto sería beneficioso tanto para los ciudadanos (quienes obtendrían una mayor rentabilidad y una mejor adecuación de las pensiones) como para la economía en general.

(5)  En 2015, 11,3 millones de ciudadanos en edad de trabajar (entre los 20 y los 64 años) de la Unión residían en un Estado miembro distinto del Estado miembro del que eran nacionales y 1,3 millones trabajaban en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia.

(6)  La portabilidad de los productos paneuropeos de pensiones individuales (PEPP, por sus siglas en inglés) con una naturaleza de jubilación a largo plazo aumentará el atractivo de estos productos, sobre todo para los jóvenes y los trabajadores que se desplazan, y contribuirá a facilitar el derecho de los ciudadanos de la Unión a vivir y a trabajar en toda la Unión.

(7)  Las pensiones individuales revisten gran importancia a la hora de vincular a los ahorradores a largo plazo con las oportunidades de inversión a largo plazo. Un mercado europeo de mayor tamaño para las pensiones individuales incrementará la oferta de fondos para los inversores institucionales y la inversión en la economía real.

(8)  El presente Reglamento permite crear un producto de pensiones individuales que tendrá una naturaleza de jubilación a largo plazo, tomará en consideración los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) a que se refieren los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas, en la medida de lo posible, será sencillo, seguro, asequible, transparente, favorable para los consumidores y portátil en toda la Unión, y complementará los sistemas existentes en los Estados miembros.

(9)   En la actualidad, el mercado interior de productos de pensiones individuales no funciona correctamente. En algunos Estados miembros no existe todavía un mercado para los productos de pensiones individuales. En otros, ya existen ofertas de productos de pensiones individuales, pero los mercados nacionales muestran un alto grado de fragmentación. De ahí el escaso grado de portabilidad de los productos de pensiones individuales. Esta situación puede dar lugar a que a los ciudadanos les resulte difícil ejercer sus libertades fundamentales. Por ejemplo, podría impedirles aceptar un puesto de trabajo o jubilarse en otro Estado miembro. Además, la posibilidad de que los promotores ejerzan la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios se ve obstaculizada por la falta de normalización de los productos de pensiones individuales existentes.

(10)  El mercado interior de productos de pensiones individuales se caracteriza por su fragmentación y diversidad, por lo que los efectos de los PEPP podrían variar en gran medida de un Estado miembro a otro, y el público destinatario podría ser igualmente heterogéneo. En algunos Estados miembros, los PEPP pueden ofrecer soluciones para aquellas personas que en la actualidad no tienen acceso a prestaciones adecuadas. En otros Estados miembros, los PEPP pueden ampliar la oferta para los consumidores o ser una solución para los ciudadanos que se desplazan. Sin embargo, el objetivo de los PEPP no debe ser sustituir a los actuales sistemas nacionales de pensiones, pues se trata de un producto de pensiones individuales adicional y complementario.

(11)  La Unión de los Mercados de Capitales (UMC) contribuirá a movilizar el capital en Europa y a canalizarlo hacia todas las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, los proyectos de infraestructuras y otros proyectos sostenibles a largo plazo que lo necesitan para expandirse y crear puestos de trabajo. Uno de los objetivos principales de la UMC es incrementar la inversión y las opciones a disposición de los inversores minoristas a la hora de lograr un mayor aprovechamiento del ahorro europeo. A tal fin, un PEPP representará un avance para el refuerzo de la integración de los mercados de capitales debido a su apoyo a la financiación a largo plazo de la economía real, teniendo en cuenta la naturaleza de jubilación a largo plazo del producto y la sostenibilidad de las inversiones.

(12)  Tal como se anunciaba en el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales, de 30 de septiembre de 2015, «la Comisión evaluará la conveniencia de un marco de actuación dirigido a establecer un mercado europeo de pensiones individuales sencillo, eficiente y competitivo, y que pueda tener éxito, y determinará si es necesaria legislación de la UE que sustente este mercado».

(13)  En la Resolución de 19 de enero de 2016 del Parlamento Europeo, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales(4), el Parlamento Europeo destacó «la necesidad de promover un entorno que estimule la innovación en el sector de los productos financieros, creando así una mayor diversidad, aportando ventajas para la economía real y ofreciendo mayores incentivos a las inversiones, lo cual puede contribuir a su vez a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles, por ejemplo en la línea del desarrollo de un producto de pensiones paneuropeo (PEPP) con un diseño simple y transparente».

(14)  En sus Conclusiones de 28 de junio de 2016, el Consejo Europeo preconizó «facilitar el acceso a la financiación de las empresas y apoyar la inversión en la economía real impulsando el programa de la Unión de Mercados de Capitales».

(15)  En la Comunicación de 14 de septiembre de 2016 de la Comisión, titulada «Unión de los Mercados de Capitales: acelerar la reforma», la Comisión anunció que estudiaría «posibles propuestas con vistas a contar con un plan de pensión individual simple, eficiente y competitivo a escala de la UE [...] Entre las opciones que se están estudiando figura una posible propuesta legislativa que podría presentarse en 2017».

(16)  En la Comunicación de 8 de junio de 2017 de la Comisión, titulada «Revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de capitales», la Comisión anunció para «finales de junio de 2017, una propuesta legislativa sobre un producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). Con ella se sentarán las bases para un mercado más seguro, transparente y eficiente en costes de planes individuales de ahorro pensión, asequibles y de carácter voluntario, que puedan gestionarse a escala paneuropea. La propuesta contribuirá a responder a las necesidades de aquellas personas que desean mejorar la adecuación de sus ahorros para la jubilación, a hacer frente al reto demográfico, a completar los productos y sistemas de pensiones existentes, y a incrementar la eficiencia de costes de los planes de pensiones individuales mediante la apertura de excelentes oportunidades para la inversión a largo plazo de los mismos».

(17)  ▌ El desarrollo de un PEPP contribuirá a aumentar las opciones del ahorro destinado a la jubilación, sobre todo para los trabajadores que se desplazan, y a crear un mercado de la Unión para los promotores de PEPP. Sin embargo, solo debe ser un complemento de los sistemas públicos de pensiones.

(18)  La educación financiera puede favorecer la comprensión y el conocimiento de las opciones de ahorro de los hogares en el ámbito de los productos de pensiones individuales voluntarias. Los ahorradores también deben tener la oportunidad real de comprender, en su totalidad, los riesgos y las características de un PEPP.

(19)  Un marco legislativo para un PEPP sentará las bases de un mercado de inversiones asequibles y voluntarias relacionadas con la jubilación que pueda ser gestionado a escala paneuropea. Al complementar los planes y productos de pensiones obligatorios y de empleo existentes, contribuirá a satisfacer las necesidades de las personas que deseen mejorar la adecuación de sus ahorros destinados a la jubilación, al tiempo que aborda el reto demográfico y constituye una fuente nueva y sólida de capital privado para la inversión a largo plazo. Este marco no sustituirá ni armonizará los planes ni los productos nacionales de pensiones individuales que ya existen actualmente, ni afectará a los productos y planes nacionales de pensiones obligatorios y de empleo existentes.

(20)  Un PEPP es un producto de pensión individual no de empleo suscrito voluntariamente por un ahorrador en PEPP con vistas a su jubilación. Puesto que un PEPP debe prever la acumulación de capital a largo plazo, las posibilidades de retirada anticipada del capital deben limitarse y pueden penalizarse.

(21)  El presente Reglamento armoniza una serie de características fundamentales del PEPP que afectan a elementos clave, como la distribución, el contenido mínimo de los contratos, la estrategia de inversión, el cambio de promotor o la promoción y la portabilidad transfronterizas. La armonización de esos elementos fundamentales contribuirá a lograr unas condiciones de competencia más equitativas para los promotores de pensiones individuales en general y a impulsar la realización de la UMC y la integración del mercado interior de pensiones individuales. Ello dará lugar a la creación de un producto paneuropeo normalizado en gran medida, disponible en todos los Estados miembros, que permitirá a los consumidores sacar el máximo provecho del mercado interior mediante la transferencia de sus derechos de pensión a otro país y ofrecerá más posibilidades de elección entre diferentes tipos de promotores, en particular con carácter transfronterizo. Como consecuencia de la reducción de los obstáculos a la prestación transfronteriza de servicios de pensiones, un PEPP aumentará la competencia entre los promotores a escala paneuropea y creará economías de escala que deben beneficiar a los ahorradores.

(22)  El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite la adopción de actos tanto en forma de reglamentos como de directivas. Se ha preferido adoptar un reglamento, por ser directamente aplicable en todos los Estados miembros. Por consiguiente, un reglamento aceleraría el desarrollo de los PEPP y permitiría atender con mayor rapidez a la necesidad de incrementar el ahorro destinado a las pensiones de jubilación y las inversiones en el contexto de la UMC. El presente Reglamento armoniza los elementos esenciales de los PEPP que no tienen que estar sujetos a normas nacionales específicas, de modo que, en este caso, un reglamento parece más adecuado que una directiva. Por el contrario, los elementos que quedan fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento (por ejemplo, las condiciones de la fase de acumulación) están sujetos a las normas nacionales.

(23)  El presente Reglamento debe establecer normas uniformes sobre la inscripción, promoción, distribución y supervisión de PEPP. Los PEPP deben estar sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, del Derecho sectorial de la Unión aplicable y de los correspondientes actos delegados y de ejecución. Asimismo, se deben aplicar las leyes adoptadas por los Estados miembros en aplicación del Derecho sectorial de la Unión. Si no están ya cubiertos por el presente Reglamento o por el Derecho sectorial de la Unión, se debe aplicar la normativa correspondiente de los Estados miembros. Asimismo, un PEPP debe ser objeto de un contrato celebrado entre el ahorrador en PEPP y el promotor de PEPP (en lo sucesivo, «contrato de PEPP»). Existe un conjunto de características clave del producto que deben incluirse en el contrato de PEPP. El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las normas de Derecho internacional privado de la Unión, en particular las normas relativas a la competencia judicial y el Derecho aplicable. El presente Reglamento también debe entenderse sin perjuicio del Derecho nacional en materia contractual, social, laboral y tributaria.

(24)  El presente Reglamento debe dejar claro que el contrato de PEPP debe cumplir todas las normas aplicables. Asimismo, el contrato de PEPP debe establecer los derechos y las obligaciones de las partes e incluir un conjunto de características clave del producto. El representante de un grupo de ahorradores en PEPP, por ejemplo, una asociación de ahorradores independientes, que actúe en nombre de ese grupo también podría celebrar un contrato de PEPP, siempre que se haga de conformidad con el presente Reglamento y el Derecho nacional aplicable, y que los ahorradores en PEPP que lo suscriban de esta manera obtengan la misma información y asesoramiento que los ahorradores en PEPP que celebren un contrato de PEPP ya sea directamente con un promotor de PEPP o a través de un distribuidor de PEPP.

(25)  Los promotores de PEPP deben tener acceso a todo el mercado de la Unión con una sola inscripción de producto que se debe conceder sobre la base de un único conjunto de normas. A fin de comercializar un producto con la denominación «PEPP», los promotores de PEPP deben solicitar la inscripción a sus autoridades competentes. El presente Reglamento no impide la inscripción de un producto de pensiones individuales ya existente que cumpla las condiciones previstas en el presente Reglamento. Las autoridades competentes deben tomar una decisión relativa a la inscripción si el promotor de PEPP solicitante ha presentado toda la información necesaria y si existen mecanismos adecuados para cumplir los requisitos del presente Reglamento. Una vez que las autoridades competentes tomen una decisión relativa a la inscripción, deben informar de ello a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, AESPJ), creada mediante el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(5) a fin de inscribir al promotor de PEPP y al PEPP en el registro público central. Dicha inscripción será válida en toda la Unión. Con vistas a garantizar una supervisión real del cumplimiento de los requisitos uniformes determinados en el presente Reglamento, toda modificación posterior de la información y los documentos facilitados en el procedimiento de inscripción debe notificarse de inmediato a las autoridades competentes y a la AESPJ, cuando proceda.

(26)  La AESPJ debe crear un registro público central que contenga información sobre los PEPP que han sido inscritos y pueden ofrecerse y ser distribuidos en la Unión, así como sobre los promotores de PEPP y una lista de los Estados miembros en los que se ofrece el PEPP. Si los promotores de PEPP no distribuyen PEPP en el territorio de un Estado miembro, pero pueden abrir una subcuenta para dicho Estado miembro a fin de garantizar la portabilidad a sus clientes PEPP, dicho registro también debe contener información sobre los Estados miembros en los que el promotor de PEPP ofrece subcuentas.

(27)  La manera en la que están organizados y regulados los fondos de pensiones de empleo (FPE), previstos en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo(6), varía significativamente entre los diferentes Estados miembros. En algunos Estados miembros solo se permite a tales entidades llevar a cabo actividades de pensiones de empleo, mientras que en otros Estados miembros, dichas entidades, incluidas las entidades autorizadas responsables de su gestión y que actúan en su nombre, cuando los FPE no disponen de personalidad jurídica, están autorizadas a llevar a cabo actividades de pensiones de empleo e individuales. Esta situación no solo ha dado lugar a distintas estructuras organizativas de los FPE, sino que también viene acompañada de una supervisión distinta a escala nacional. En particular, la supervisión prudencial de los FPE autorizados a realizar actividades de pensiones de empleo e individuales es más amplia que la de los FPE que solo llevan a cabo actividades de pensiones de empleo.

A fin de no comprometer la estabilidad financiera y de tener en cuenta las distintas estructuras organizativas y de supervisión, solo aquellos FPE que también están autorizados para ofrecer productos de pensiones individuales con arreglo al Derecho nacional, y que están supervisados a este fin, deben poder ofrecer PEPP. Asimismo, y a fin de proteger mejor la estabilidad financiera, todos los activos y pasivos correspondientes al sector de la prestación de PEPP serán de disposición limitada, sin la posibilidad de transferirlos a otras actividades de la entidad en materia de previsión para la jubilación. Los FPE que proporcionen PEPP también deben cumplir, en todo momento, las normas pertinentes fijadas en la Directiva (UE) 2016/2341, incluidas las normas de inversión más detalladas determinadas por los Estados miembros en los que estén registrados o autorizados de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2341 al transponer dicha Directiva, y las disposiciones de su sistema de gobierno. Al igual que otros promotores de PEPP, cuando el presente Reglamento establezca disposiciones más estrictas, estas deben aplicarse.

(28)  El pasaporte único para los PEPP garantizará la creación de un mercado interior para estos productos.

(29)  Los promotores de PEPP deben poder distribuir PEPP que hayan producido y PEPP que no hayan producido, siempre que se ajusten al Derecho sectorial correspondiente. Los distribuidores de PEPP deben estar autorizados a distribuir PEPP que no hayan producido. Los distribuidores de PEPP deben distribuir solo aquellos productos para los cuales posean los conocimientos y la competencia adecuados de conformidad con el Derecho sectorial correspondiente.

(30)  Los promotores de PEPP o los distribuidores de PEPP deben facilitar asesoramiento a los posibles ahorradores en PEPP antes de la celebración del contrato de PEPP teniendo en cuenta el carácter de jubilación a largo plazo del producto, las exigencias y las necesidades individuales del ahorrador en PEPP y la limitada posibilidad de rescate. El asesoramiento debe tener por objeto especialmente informar a los ahorradores en PEPP acerca de las características de las opciones de inversión, el nivel de protección del capital y las formas de las prestaciones.

(31)   En virtud de la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento, los promotores de PEPP pueden ofrecer PEPP y los distribuidores de PEPP pueden distribuirlos en el territorio de un Estado miembro de acogida, previa apertura de una subcuenta para dicho Estado miembro de acogida. A fin de garantizar una alta calidad del servicio y una protección eficaz del consumidor, los Estados miembros de origen y de acogida deben cooperar estrechamente en el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Reglamento. En los casos en que los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP ejerzan su actividad en distintos Estados miembros en virtud de la libre prestación de servicios, las autoridades competentes del Estado miembro de origen deben ser responsables de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento, en razón de sus vínculos más estrechos con el promotor de PEPP. A fin de garantizar un reparto equitativo de las responsabilidades entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida obtengan conocimiento de cualquier infracción de las obligaciones que se haya producido en su territorio, deben informar de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, las cuales deben estar entonces obligadas a tomar las medidas adecuadas. Además, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida deben tener derecho a intervenir si las autoridades competentes del Estado miembro de origen no toman las medidas adecuadas o si estas resultan insuficientes.

(32)  Las autoridades competentes de los Estados miembros deben tener a su disposición todos los medios necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad por parte de los promotores de PEPP y distribuidores de PEPP en toda la Unión, ya sea al amparo de la libertad de establecimiento o de la libre prestación de servicios. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, todas las medidas adoptadas por las autoridades competentes deben ser proporcionadas a la naturaleza, la escala y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad del promotor o distribuidor concreto ▌.

(33)  La dimensión paneuropea de los PEPP puede desarrollarse no solo a nivel del promotor, a través de sus posibilidades de actividad transfronteriza, sino también a nivel del ahorrador en PEPP, a través de la portabilidad de los PEPP y el servicio de cambio de promotor, contribuyendo así a la salvaguardia de los derechos de pensión individuales de las personas que ejerza en su derecho a la libre circulación con arreglo a los artículos 21 y 45 del TFUE. La portabilidad implica que el ahorrador en PEPP cambia su residencia a otro Estado miembro sin cambiar de promotor de PEPP, mientras que el cambio de promotor de PEPP no implica necesariamente un cambio de residencia.

(34)  Los PEPP deben incluir subcuentas nacionales, teniendo cada una de ellas características del producto de pensiones individuales que permitan que las aportaciones al PEPP o las prestaciones puedan beneficiarse de incentivos, si estos están disponibles en los Estados miembros para los cuales el promotor de PEPP pone a disposición una subcuenta. Deben utilizarse las subcuentas para mantener un registro de las aportaciones hechas durante la fase de acumulación y las prestaciones efectuadas durante la fase de disposición con arreglo al Derecho del Estado miembro para el que se haya abierto la subcuenta. A nivel del ahorrador en PEPP de que se trate, se debe crear una primera subcuenta en el momento de la celebración de un contrato de PEPP.

(35)  A fin de lograr una transición fluida para los promotores de PEPP, la obligación de ofrecer PEPP que consten de subcuentas para dos Estados miembros como mínimo debe aplicarse en un plazo de tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento. ▌En el momento de la creación de un PEPP, el promotor de PEPP debe informar de qué subcuentas nacionales están disponibles inmediatamente, con el fin de evitar que se induzca a error a los ahorradores en PEPP. Si un ahorrador en PEPP se traslada a otro Estado miembro y no hay ninguna subcuenta disponible para ese Estado miembro, el promotor de PEPP debe posibilitar que el ahorrador en PEPP pueda cambiar sin demora y gratuitamente a otro promotor de PEPP que proporcione una subcuenta para ese Estado miembro. El ahorrador en PEPP también podría seguir contribuyendo a la subcuenta en la que se realizaron las aportaciones antes del cambio de residencia.

(36)  Teniendo en cuenta la naturaleza de jubilación a largo plazo del PEPP y las cargas burocráticas que implica, los promotores de PEPP y distribuidores de PEPP deben ofrecer información clara, fácilmente comprensible y adecuada a los posibles ahorradores en PEPP que deseen invertir en estos productos y a sus posibles beneficiarios, con el fin de ayudarles a tomar decisiones acerca de su jubilación. Por la misma razón, los promotores de PEPP y distribuidores de PEPP también deben garantizar un elevado nivel de transparencia a lo largo de las distintas fases de un PEPP, entre ellas, la fase precontractual, la celebración del contrato, la fase de acumulación (incluida la jubilación anticipada) y la fase de disposición. En particular, debe proporcionarse información sobre los derechos de jubilación devengados, el nivel previsto de las prestaciones del PEPP, los riesgos y garantías, la integración de factores ASG y los costes. Cuando los niveles previstos de las prestaciones del PEPP se basen en escenarios de carácter económico, esa información debe incluir también un escenario favorable y un escenario desfavorable, que deben ser extremos pero realistas.

(37)  Antes de celebrar un contrato de PEPP, los posibles ahorradores en PEPP deben recibir toda la información necesaria para que puedan tomar decisiones informadas. Antes de celebrar un contrato de PEPP, deben precisarse las exigencias y necesidades relativas a las pensiones, y debe facilitarse asesoramiento.

(38)  A fin de garantizar la máxima transparencia del producto, los promotores de PEPP deben elaborar un documento de datos fundamentales relativo a los PEPP ofrecidos antes de que dichos PEPP puedan ser distribuidos a los ahorradores en PEPP. También deben ser responsables de la exactitud de dicho documento. El documento de datos fundamentales del PEPP debe sustituir y adaptar el documento de datos fundamentales relativo a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(7), que, en consecuencia, no necesitaría facilitarse en el caso de los PEPP. Debe elaborarse un documento de datos fundamentales independiente para el PEPP básico. Si el promotor de PEPP ofrece opciones de inversión alternativas, también debe facilitarse un documento de datos fundamentales genérico para estas opciones, que podría contener también referencias a otros documentos. Por otra parte, cuando la información requerida sobre las opciones alternativas de inversión no pueda incluirse en un documento de datos fundamentales independiente, debe facilitarse un documento de datos fundamentales independiente para cada opción de inversión alternativa. No obstante, debe hacerse solo en caso de que la presentación de un documento de datos fundamentales genérico para las opciones de inversión alternativas no redunde en interés de los clientes de PEPP. Por consiguiente, cuando las autoridades competentes examinen si el documento de datos fundamentales del PEPP cumple lo dispuesto en el presente Reglamento, deben garantizar una comparabilidad óptima de las diferentes opciones de inversión, cuando proceda, teniendo en cuenta en especial los conocimientos actualizados del análisis de comportamiento a fin de evitar cualquier sesgo cognitivo causado por la presentación de la información.

(39)  A fin de garantizar una amplia difusión y disponibilidad de los documentos de datos fundamentales de los PEPP, el presente Reglamento debe disponer que el promotor de un PEPP publique los documentos de datos fundamentales del producto en su sitio web. El promotor de PEPP debe publicar un documento de datos fundamentales para cada Estado miembro en el que se distribuya el PEPP con arreglo a la libre prestación de servicios o de establecimiento. El documento debe contener información específica sobre las condiciones relativas a las fases de acumulación y de disposición para el Estado miembro de que se trate.

(40)  A nivel nacional ya se están elaborando calculadoras de productos de pensiones individuales. Sin embargo, a fin de que estas calculadoras sean lo más útiles posible para los consumidores, deben abarcar los gastos y comisiones percibidos por los diferentes promotores de PEPP, junto con cualesquiera otros gastos y comisiones percibidos por intermediarios u otras partes de la cadena de inversión que aún no hayan sido incluidos por dichos promotores.

(41)  Los pormenores de la información que debe incluirse en el documento de datos fundamentales de los PEPP y la presentación de esta información deben armonizarse aún más mediante normas técnicas de regulación ▌ teniendo en cuenta los estudios ya existentes y los que se están realizando sobre el comportamiento de los consumidores, incluidos los resultados de pruebas efectuadas entre los consumidores para comprobar la eficacia de diferentes modalidades de presentación de la información. Se debe facultar a la Comisión para adoptar proyectos de normas técnicas de regulación. La AESPJ debe elaborar tales proyectos de normas técnicas de regulación previa consulta con las demás autoridades europeas de supervisión (AES), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (ABE) establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(8), y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) establecida mediante el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(9), y, en su caso, también con el Banco Central Europeo y las autoridades competentes, y previas pruebas entre los consumidores y la industria según se dispone en el presente Reglamento, y debe especificar los detalles y presentación de la información que debe incluirse en el documento de datos fundamentales relativo a los PEPP; las condiciones para la revisión del documento de datos fundamentales; las condiciones para cumplir los requisitos para proporcionar el documento de datos fundamentales relativo a los PEPP; las normas para determinar los supuestos sobre proyecciones de beneficios; los detalles de la presentación de la información que debe contener la declaración de las prestaciones del PEPP; y los criterios mínimos que las técnicas de reducción del riesgo deben satisfacer. Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la AESPJ debe tener en cuenta los diversos tipos posibles de PEPP, el carácter a largo plazo de los PEPP, las capacidades de los ahorradores en PEPP y las características de los PEPP. Antes de presentar a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación, deben llevarse a cabo pruebas entre los consumidores y la industria con datos reales, si procede. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar normas técnicas de ejecución desarrolladas por la AESPJ relativas a los detalles para la cooperación y el intercambio de información junto con los requisitos necesarios para presentar la información en un formato normalizado que permita la comparación y, previa consulta con las demás AES y las autoridades competentes y tras llevar a cabo pruebas en la industria, y relativas el formato de la información presentada a efectos de supervisión mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

(42)  El documento de datos fundamentales relativo a los PEPP ha de poder distinguirse claramente y estar separado de cualquier material comercial.

(43)  Los promotores de PEPP deben elaborar una declaración de las prestaciones de pensión destinada a los ahorradores en PEPP, con el fin de presentarles datos fundamentales de carácter personal y genérico sobre el ▌ PEPP y de garantizar información permanente sobre él. La declaración de las prestaciones de pensión debe ser clara y comprensible y contener información pertinente y adecuada para facilitar la comprensión de los derechos de pensión a lo largo del tiempo y la comparación entre los distintos productos de pensiones y para favorecer la movilidad laboral. La declaración de las prestaciones de pensión debe incluir asimismo información clave sobre la política de inversión en relación con los factores ASG y debe indicar si y de qué manera los ahorradores en PEPP pueden obtener información adicional sobre la integración de dichos factores. La declaración de las prestaciones de pensión debe proporcionarse al ahorrador en PEPP una vez al año.

(44)  Los promotores de PEPP deben informar a los ahorradores dos meses antes de la fecha en que los ahorradores en PEPP tengan la posibilidad de modificar sus opciones de percepción de la pensión acerca del próximo inicio de la fase de disposición, de las posibles formas de las prestaciones y de la posibilidad de modificar la forma de las prestaciones. En caso de que se haya abierto más de una subcuenta, el ahorrador en PEPP debe ser informado del posible inicio de la fase de disposición para cada subcuenta.

(45)  Durante la fase de disposición de las prestaciones de jubilación, los beneficiarios de PEPP deben seguir recibiendo información sobre sus prestaciones de PEPP y las opciones de pago correspondientes. Esto es especialmente importante cuando los beneficiarios de PEPP asumen un nivel significativo del riesgo de inversión en esta fase.

(46)  Con objeto de proteger adecuadamente los derechos de los beneficiarios de PEPP y los ahorradores en estos productos, los promotores de PEPP han de optar por una inversión de los activos coherente con las características concretas y la duración de sus compromisos, incluidos aquellos con un horizonte a largo plazo. Por lo tanto, se requiere una supervisión eficaz, así como un enfoque de las normas de inversión que dote a los promotores de PEPP de la suficiente flexibilidad para decidir la política de inversión más segura y eficiente, al tiempo que les obligue a actuar con prudencia y defendiendo al máximo los intereses a largo plazo de los ahorradores en PEPP en su conjunto. Así, el respeto de la «regla de la persona prudente» exige una política de inversión adaptada a la estructura de la clientela de los distintos promotores de PEPP.

(47)  Con el establecimiento de la «regla de la persona prudente» como principio sustentador en materia de inversiones de capital y la posibilidad de que los promotores de PEPP lleven a cabo actividades transfronterizas se potenciará la reorientación del ahorro hacia el sector de la previsión individual para la jubilación, contribuyéndose así al progreso económico y social. La «regla de la persona prudente» también debe tener en cuenta explícitamente el papel que desempeñan los factores ASG en el proceso de inversión.

(48)  El presente Reglamento debe garantizar un grado adecuado de libertad de inversión para los promotores de PEPP. Dado el carácter de inversores a muy largo plazo con bajo riesgo de falta de liquidez, los promotores de PEPP se encuentran en situación idónea para contribuir al desarrollo de la UMC invirtiendo dentro de unos límites prudentes en activos poco líquidos como las acciones y en otros instrumentos que tengan un perfil económico a largo plazo y que no se negocien en mercados regulados, en sistemas multilaterales de negociación (SMN) o en sistemas organizados de contratación (SOC). Pueden igualmente beneficiarse de las ventajas de la diversificación internacional. Por consiguiente, no deben restringirse, salvo por motivos prudenciales, las inversiones en acciones en monedas distintas de aquellas en las que se denominen los compromisos y en otros instrumentos que tengan un perfil económico a largo plazo y que no se negocien en mercados regulados, SMN o SOC, en consonancia con la «regla de la persona prudente», a fin de proteger los intereses de los ahorradores y beneficiarios de los PEPP.

(49)  En el contexto de la profundización de la UMC, el concepto de instrumentos con un perfil económico a largo plazo es amplio. Dichos instrumentos son valores no negociables, por lo que no tienen acceso a la liquidez de los mercados secundarios. Con frecuencia requieren compromisos de duración determinada que restringen su comerciabilidad y debe entenderse que incluyen las participaciones y los instrumentos de deuda en empresas no cotizadas y los préstamos otorgados a estas. Las empresas no cotizadas incluyen proyectos de infraestructura, empresas no cotizadas que aspiran a expandirse y bienes inmuebles u otros activos que podrían ser adecuados a efectos de inversión a largo plazo. Los proyectos de infraestructuras con bajas emisiones de carbono y resistentes al cambio climático constituyen a menudo activos no cotizados que recurren a créditos a largo plazo para su financiación. Habida cuenta de la naturaleza a largo plazo de sus pasivos, se alienta a los promotores de PEPP a que asignen una parte suficiente de su cartera de activos a inversiones sostenibles en la economía real con beneficios económicos a largo plazo, en particular para proyectos y sociedades de infraestructuras.

(50)  Los factores ASG son importantes para la política de inversiones y los sistemas de gestión del riesgo de los promotores de PEPP. Debe incitarse a los promotores de PEPP a que tomen en consideración tales factores en sus decisiones de inversión y la manera en que forman parte de su sistema de gestión de riesgos a fin de evitar «activos irrecuperables». La información sobre los factores ASG debe estar a disposición de la AESPJ, las autoridades competentes y los ahorradores en PEPP.

(51)  Uno de los objetivos de la regulación de los PEPP es crear un producto de ahorro a largo plazo para la jubilación que sea seguro y asequible. Dado que las inversiones relativas a los productos de pensiones individuales son a largo plazo, debe prestarse especial atención a las consecuencias a largo plazo de la colocación de activos. En particular, deben tenerse en cuenta los factores ASG. Los ahorros en PEPP deben invertirse teniendo en cuenta factores ASG tales como los descritos en los objetivos climáticos y de sostenibilidad de la Unión como se establece en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.

(52)  A fin de garantizar el cumplimiento de su obligación de elaborar una política de inversión acorde con la «regla de la persona prudente», debe impedirse a los promotores de PEPP que inviertan en los países y territorios no cooperadores indicados en las conclusiones del Consejo aplicables en relación con la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, ni en terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas indicados en el Reglamento Delegado de la Comisión adoptado sobre la base del artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

(53)  Teniendo en cuenta el objetivo de jubilación a largo plazo del PEPP, se deben acotar las opciones de inversión concedidas a los ahorradores en PEPP, de forma que abarquen los elementos que permitan a los inversores tomar una decisión de inversión, incluido el número de opciones de inversión de que dispongan. Después de la elección inicial realizada a raíz de la suscripción de un PEPP, el ahorrador que invierta en un PEPP debe tener la posibilidad de modificar esa elección después de un período mínimo de cinco años desde la suscripción de un PEPP o, en caso de modificación posterior, desde la modificación más reciente de la opción de inversión, de modo que se ofrezca a los promotores la suficiente estabilidad para su estrategia de inversión a largo plazo, garantizando al mismo tiempo la protección de los inversores. Sin embargo, los promotores de PEPP deben tener la posibilidad de permitir que los ahorradores en PEPP modifiquen la opción de inversión elegida con mayor frecuencia.

(54)  El PEPP básico debe ser un producto seguro y funcionar como opción de inversión por defecto. Puede adoptar la forma de una técnica de reducción del riesgo compatible con el objetivo de permitir que el ahorrador en PEPP recupere el capital o una garantía sobre el capital invertido. Una técnica de reducción del riesgo compatible con el objetivo de permitir que el ahorrador en PEPP recupere el capital puede ser una estrategia de inversión conservadora o una estrategia basada en el ciclo de vida que reduzca progresivamente la exposición global al riesgo con el paso del tiempo. Las garantías facilitadas dentro de la opción de inversión por defecto deben cubrir, por lo menos, las aportaciones durante la fase de acumulación, previa deducción de todas las comisiones y gastos. Las garantías también pueden cubrir las comisiones y gastos y prever una cobertura total o parcial de la inflación. Debe presentarse una garantía sobre el capital invertido al iniciarse la fase de disposición y durante dicha fase, cuando proceda.

(55)  A fin de garantizar la rentabilidad y un rendimiento suficiente a los ahorradores en PEPP, los gastos y comisiones del PEPP básico deben limitarse a un porcentaje fijo del capital acumulado. Si bien el límite debe fijarse en el 1 % del capital acumulado, sería conveniente especificar en mayor medida los tipos de gastos y comisiones que deben tenerse en cuenta en las normas técnicas de regulación, con objeto de garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos promotores de PEPP y los distintos tipos de PEPP con sus estructuras particulares de gastos y comisiones. La Comisión debe estar facultada para adoptar dichas normas técnicas de regulación que debe elaborar la AESPJ. Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la AESPJ debe considerar, en particular, la naturaleza a largo plazo del PEPP, los diferentes tipos de PEPP y los factores pertinentes para los costes vinculados con sus características específicas, de modo que se garantice un trato justo y equitativo de los diferentes promotores de PEPP y sus productos teniendo en cuenta al mismo tiempo el carácter del PEPP básico como un producto sencillo, eficiente en costes y transparente que ofrece un rendimiento de inversión real a largo plazo y suficiente. Asimismo, con el fin de preservar el carácter de jubilación a largo plazo del producto, debe evaluarse cuidadosamente la forma de las prestaciones, en especial por lo que respecta a las rentas vitalicias. Dentro de ese marco, a fin de garantizar que los promotores de PEPP que ofrecen una garantía de capital gozan de igualdad de oportunidades con otros proveedores, la AESPJ debe tener debidamente en cuenta la estructura de los gastos y comisiones. Por otra parte, los valores porcentuales de los gastos y comisiones deben revisarse periódicamente con miras a garantizar que sigan siendo adecuados teniendo en cuenta los posibles cambios en el nivel de los costes. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

A fin de garantizar una eficiencia continua en términos de costes y de proteger a los clientes de PEPP frente a estructuras de costes excesivamente gravosas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la modificación del valor porcentual, teniendo en cuenta sus revisiones, en especial el nivel real y los cambios en el nivel real de los gastos y comisiones y las repercusiones del límite de costes sobre la disponibilidad de PEPP, así como el adecuado acceso al mercado de los distintos promotores de PEPP que ofrezcan distintos tipos de PEPP.

(56)  Las autoridades competentes deben ejercer sus facultades teniendo como objetivos principales la protección de los derechos de los ahorradores en PEPP y sus beneficiarios, así como la estabilidad y la solvencia de los promotores de PEPP.

(57)  En caso de que el promotor de PEPP sea un FPE o un gestor de fondos de inversión alternativos (GFIA) de la Unión, debe designar a un depositario para la custodia de los activos correspondientes al sector de la prestación de PEPP. Son necesarias salvaguardias adicionales en relación con la entidad que actúa como depositario y sus funciones pues, en la actualidad, las normas definidas en relación con el depositario en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(11) van dirigidas a los fondos comercializados únicamente entre inversores profesionales, a excepción de los fondos de inversión a largo plazo con arreglo al Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo(12), comercializados entre inversores minoristas, y el Derecho sectorial aplicable a los FPE ▌ no exige la designación de un depositario en todos los casos. A fin de garantizar el máximo nivel de protección de los inversores en relación con la custodia de los activos correspondientes al sector de la prestación de PEPP, el presente Reglamento exige que los FPE y los GFIA de la Unión que ofrezcan PEPP sigan las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(13) en lo relativo a la designación del depositario, a la ejecución de sus tareas y a sus obligaciones de supervisión.

(58)  La transparencia y la equidad de los gastos y comisiones son esenciales para desarrollar la confianza de los ahorradores en PEPP y para que puedan tomar decisiones informadas. En consecuencia, se debe prohibir el uso de métodos de fijación de precios carentes de transparencia.

(59)  A fin de cumplir los objetivos establecidos en el presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la indicación de las condiciones aplicadas al ejercicio de los poderes de intervención de la AESPJ y de las autoridades competentes y los criterios y factores que la AESPJ deba aplicar para determinar cuándo existen problemas significativos de protección de los ahorradores en PEPP. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(14). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(60)  Sin perjuicio del derecho de los clientes de los PEPP a emprender acciones ante los tribunales, entre los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP y los clientes de PEPP deben establecerse procedimientos de resolución alternativa de litigios fácilmente accesibles, adecuados, independientes, imparciales, transparentes y efectivos para resolver los litigios que se deriven de los derechos y obligaciones establecidos en el presente Reglamento.

(61)  Con vistas a la implantación de un procedimiento de resolución de litigios eficiente y eficaz, los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP deben establecer un procedimiento eficaz de reclamación al que puedan recurrir sus clientes antes de que el litigio se someta a un procedimiento de resolución alternativa de litigios o a la vía judicial. El procedimiento de reclamación debe prever plazos breves y claros dentro de los cuales el promotor de PEPP o el distribuidor de PEPP debe responder a una reclamación. Las entidades de resolución alternativa de litigios deben tener capacidad suficiente para iniciar una cooperación transfronteriza de forma adecuada y eficiente en relación con los litigios relativos a los derechos y obligaciones que se derivan del presente Reglamento.

(62)  A fin de obtener mejores condiciones para sus inversiones, y por ende estimular la competencia entre los promotores de PEPP, los ahorradores en PEPP deben tener derecho a cambiar de promotor de PEPP en el mismo u otro Estado miembro durante la fase de acumulación, mediante un procedimiento claro, rápido y seguro. Ahora bien, los promotores de PEPP no deben estar obligados a prestar el servicio de cambio de promotor para PEPP cuando los ahorradores reciban prestaciones en forma de renta vitalicia. Durante el cambio, el promotor de PEPP transmisor debe transferir los importes correspondientes o, cuando proceda, los activos en especie de la cuenta de PEPP y cerrarla. El ahorrador en PEPP debe celebrar un contrato con el promotor de PEPP receptor para la apertura de una nueva cuenta de PEPP. La nueva cuenta de PEPP debe tener la misma estructura de subcuentas que la anterior cuenta de PEPP.

(63)  Durante el servicio de cambio de promotor, los ahorradores en PEPP pueden optar por la transferencia de activos en especie solo cuando el cambio se realice entre promotores de PEPP, como, por ejemplo, entre empresas de servicios de inversión u otros promotores admisibles que posean una licencia adicional, que participen en la gestión de carteras para ahorradores en PEPP. En tal caso, es necesario el consentimiento por escrito del promotor receptor. En el caso de la gestión de inversiones colectivas, el traslado de activos en especie no es posible pues no existe separación de activos para cada ahorrador en PEPP.

(64)  El proceso de cambio de promotor ha de ser sencillo para los ahorradores en PEPP. En consecuencia, el promotor de PEPP receptor debe ser el encargado de iniciar y gestionar el proceso en nombre del ahorrador y a petición de este. Los promotores de PEPP deben poder utilizar medios adicionales, como por ejemplo una solución técnica, con carácter voluntario, cuando establezcan el servicio de cambio de promotor. Teniendo en cuenta el carácter paneuropeo del producto, los ahorradores en PEPP deben poder cambiar de promotor sin demora y gratuitamente cuando no esté disponible una subcuenta en el Estado miembro al que se desplacen.

(65)  Antes de dar autorización para el cambio de promotor, el ahorrador en PEPP debe ser informado de todas las fases del proceso y de los costes necesarios para efectuarlo, de manera que pueda tomar una decisión informada sobre el servicio de cambio de promotor.

(66)  A fin de que el cambio de promotor culmine con éxito, se precisa la cooperación del promotor de PEPP transmisor. Por lo tanto, el promotor de PEPP receptor debe recibir del promotor de PEPP transmisor toda la información que considere necesaria para restablecer los pagos en la otra cuenta de PEPP. No obstante, dicha información no debe ir más allá de lo necesario para proceder al cambio.

(67)  Los ahorradores en PEPP no deben estar expuestos a pérdidas financieras, incluidos gastos e intereses de demora, por errores cometidos por alguno de los promotores de PEPP implicados en el proceso de cambio de promotor. En particular, los ahorradores en PEPP no deben afrontar ninguna pérdida financiera derivada del pago de comisiones, intereses u otros gastos adicionales, así como multas, sanciones u otro tipo de perjuicio financiero atribuible al retraso en la ejecución del cambio de promotor. Dado que la protección del capital debe garantizarse al iniciarse la fase de disposición y durante dicha fase, cuando proceda, el promotor de PEPP transmisor no debe estar obligado a garantizar la protección del capital ni ofrecer la garantía en el momento del cambio de promotor. El promotor de PEPP también puede decidir garantizar la protección del capital o prestar la garantía en el momento del cambio de promotor.

(68)  Los ahorradores en PEPP deben tener la posibilidad de tomar una decisión informada antes de proceder al cambio de promotor. El promotor de PEPP receptor debe cumplir todos los requisitos de distribución e información, incluida la puesta a disposición del documento de datos fundamentales, asesoramiento e información adecuada en relación con los costes relativos al cambio y las posibles repercusiones negativas para la protección del capital cuando se traslada un PEPP con una garantía. Los costes de cambio que aplique el promotor de PEPP transmisor deben mantenerse en un importe que no constituya un obstáculo a la movilidad y, en cualquier caso, limitarse al 0,5 % de los importes correspondientes o el valor monetario de los activos en especie que deban trasladarse.

(69)  Tras suscribir un PEPP y al abrir una nueva subcuenta, se debe brindar a sus ahorradores la posibilidad de decidir la opción de percepción de la pensión (renta, cantidad fija única u otra opción) en la fase de disposición, pero con la posibilidad de revisar su elección un año antes del inicio de la fase de disposición, al inicio de la fase de disposición y en el momento del cambio de promotor, a fin de poder adaptarla mejor a sus necesidades cuando se aproxime su jubilación. Si el proveedor de PEPP ofrece más de una forma de percepción, el ahorrador en PEPP debe poder optar por una opción distinta de percepción de la pensión para cada subcuenta abierta en su cuenta de PEPP.

(70)  Conviene permitir a los promotores de PEPP que pongan a disposición de los ahorradores en PEPP una amplia gama de formas de percepción de las pensiones. Ese enfoque permitiría alcanzar el objetivo de incrementar la suscripción de PEPP al aumentar la flexibilidad y las posibilidades de elección de sus ahorradores. De esta forma, los promotores podrían diseñar sus PEPP de la forma más rentable posible. Es coherente con otras políticas de la Unión y políticamente viable, ya que ofrece a los Estados miembros la flexibilidad suficiente para decidir qué formas de percepción desean fomentar. En consonancia con la naturaleza de jubilación a largo plazo del producto, los Estados miembros deben poder adoptar medidas para dar prioridad a determinadas formas de percepción tales como límites cuantitativos para las cantidades fijas únicas a fin de fomentar las rentas vitalicias y las retiradas de forma arbitraria y en efectivo de las prestaciones.

(71)   Visto el carácter paneuropeo del PEPP, es necesario garantizar un nivel elevado y constante de protección de los ahorradores en PEPP en todo el mercado interior. Ello exige los instrumentos adecuados para luchar eficazmente contra las infracciones y prevenir el perjuicio para los consumidores. Por tanto, los poderes de la AESPJ y de las autoridades competentes deben completarse con un mecanismo explícito que prohíba o restrinja la comercialización, distribución y venta de PEPP que comprometan seriamente la protección del ahorrador en PEPP, también con respecto a la naturaleza de jubilación a largo plazo del producto, el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros, o la estabilidad de la totalidad o parte del sistema financiero, junto con poderes de coordinación e intervención adecuados para la AESPJ.

Las facultades de la AESPJ deben basarse en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1094/2010 a fin de garantizar que puedan aplicarse tales mecanismos de intervención en caso de que existan problemas significativos de protección de los ahorradores en PEPP, también con respecto a la naturaleza de jubilación a largo plazo del PEPP. Cuando se cumplan las condiciones, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de imponer una prohibición o restricción con carácter preventivo antes de que un PEPP se comercialice, distribuya o venda a ahorradores en PEPP. Estas facultades no eximen al promotor de PEPP de su obligación de cumplir todos los requisitos pertinentes en virtud del presente Reglamento.

(72)  Se debe garantizar la plena transparencia de los gastos y comisiones relativos a la inversión en un PEPP. Se debe garantizar la igualdad de condiciones de competencia entre los promotores, velando al mismo tiempo por la protección de los consumidores. Debe estar disponible información comparativa entre los distintos productos, fomentando así la fijación de precios competitivos.

(73)  Aunque las respectivas autoridades competentes se han de encargar de la supervisión permanente de los promotores de PEPP, la AESPJ debe coordinar la supervisión de los PEPP, con el fin de garantizar la aplicación coherente de un método de supervisión unificado, contribuyendo así al carácter paneuropeo y de jubilación a largo plazo del PEPP.

(74)  Con el fin de reforzar los derechos de los consumidores y facilitar el acceso a los procedimientos de reclamación, los ahorradores en PEPP deben poder presentar una reclamación, ya sea individual o colectivamente, a las autoridades competentes de su Estado miembro de residencia, independientemente del lugar en que se haya producido la infracción.

(75)  La AESPJ debe cooperar con las autoridades competentes y facilitar la cooperación y la coherencia entre ellas. A este respecto, la AESPJ debe desempeñar una función en relación con la facultad de las autoridades competentes de adoptar medidas de supervisión mediante la aportación de elementos de prueba en relación con las infracciones relativas a los PEPP. La AESPJ también debe ofrecer mediación vinculante en caso de desacuerdo entre las autoridades competentes en contextos transfronterizos.

(76)  A fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP y de velar por que sean objeto de un trato similar en toda la Unión, se deben arbitrar sanciones administrativas y otras medidas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(77)  De acuerdo con la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», y con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el presente Reglamento, es importante que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para que las infracciones del mismo sean objeto de las adecuadas sanciones y otras medidas de carácter administrativo.

(78)  Aunque los Estados miembros pueden establecer, respecto de las mismas infracciones, un régimen de sanciones administrativas y penales, no debe exigírseles que establezcan un régimen de sanciones administrativas para las infracciones del presente Reglamento sancionadas por el Derecho penal nacional. No obstante, el mantenimiento de sanciones penales, en lugar de sanciones administrativas, para las infracciones del presente Reglamento no debe reducir ni afectar de otro modo a la capacidad de las autoridades competentes para cooperar, acceder a la información e intercambiarla en tiempo oportuno con las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos del presente Reglamento, en particular cuando las infracciones pertinentes se hayan puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento penal.

(79)  Las autoridades competentes deben estar facultadas para imponer sanciones pecuniarias suficientemente elevadas como para que contrarresten los beneficios reales o potenciales, y resulten disuasorias incluso para las grandes empresas financieras y sus directivos.

(80)  Con el fin de garantizar una aplicación uniforme de las sanciones en la Unión, las autoridades competentes deben tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes a la hora de determinar el tipo de las sanciones administrativas u otras medidas y el nivel de las sanciones pecuniarias.

(81)  Con el fin de garantizar que las decisiones tomadas por las autoridades competentes en relación con las infracciones y las sanciones tengan un efecto disuasorio sobre el público en general y de reforzar la protección de los consumidores alertándolos de los PEPP distribuidos en infracción del presente Reglamento, dichas decisiones deben publicarse a menos que tal publicación comprometa la estabilidad de los mercados financieros o alguna investigación en curso.

(82)  Con objeto de detectar posibles infracciones, las autoridades competentes deben estar dotadas de las necesarias facultades de investigación y deben establecer mecanismos efectivos que permitan denunciar las infracciones reales o potenciales.

(83)  El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de las posibles disposiciones del Derecho de los Estados miembros en materia de delitos penales.

(84)  Todo tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Reglamento, por ejemplo el intercambio o la transmisión de datos personales por las autoridades competentes o el tratamiento de datos personales por los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP, debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(15) y en la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(16). Todo intercambio o transmisión de información por las Autoridades Europeas de Supervisión debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo(17).

(85)   Dado el carácter sensible de los datos financieros personales, es sumamente importante garantizar una protección de datos rigurosa. Por ello, se recomienda que las autoridades de protección de datos participen activamente en la aplicación y supervisión del presente Reglamento.

(86)  El procedimiento de registro y notificación previsto en el presente Reglamento no debe sustituir a ningún procedimiento nacional adicional en vigor para tener la posibilidad de beneficiarse de las ventajas y los incentivos decididos en el ámbito nacional.

(87)  Se ha de llevar a cabo una evaluación del presente Reglamento, analizando, entre otras cosas, la evolución del mercado, como, por ejemplo, la aparición de nuevos tipos de PEPP, así como los cambios habidos en otros ámbitos del Derecho de la Unión y la experiencia de los Estados miembros. Dicha evaluación debe tener en cuenta los diferentes objetivos y finalidades de establecer un mercado de PEPP que funcione adecuadamente y, en particular, debe evaluar si el presente Reglamento ha generado un mayor número de ciudadanos europeos que ahorran para el disfrute de pensiones sostenibles y adecuadas. La importancia de unas normas europeas mínimas para la supervisión de los promotores de PEPP también implica la evaluación de los promotores de PEPP en cuanto al cumplimiento del presente Reglamento y el Derecho sectorial aplicable.

(88)  Dadas las posibles implicaciones a largo plazo del presente Reglamento, es esencial supervisar estrechamente cómo evoluciona la situación en la fase inicial de aplicación. Cuando lleve a cabo la evaluación, la Comisión también debe tener presente la experiencia de la AESPJ, las partes interesadas y los expertos, y presentar sus eventuales observaciones al Parlamento Europeo y al Consejo.

(89)  El presente Reglamento debe garantizar el respeto de los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular los derechos de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a la propiedad, la libertad de empresa, el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el principio de un nivel elevado de protección de los consumidores.

(90)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la mejora de la protección de los ahorradores en PEPP y de la confianza de estos en dichos productos, también en caso de distribución transfronteriza de los mismos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece normas uniformes sobre la inscripción, producción, distribución y supervisión de los productos de pensiones individuales que se distribuyen en la Unión con la denominación «producto paneuropeo de pensiones individuales» o «PEPP».

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «producto de pensiones individuales»: todo producto:

a)  basado en un contrato celebrado con carácter voluntario entre un ahorrador individual y una entidad para complementar su pensión reglamentaria y/o de empleo;

b)  que prevea la acumulación de capital a largo plazo con la finalidad explícita de proporcionar ingresos para la jubilación con posibilidades limitadas de rescate anticipado antes de la jubilación;

c)  no sea un producto de pensiones reglamentario ni de empleo;

2)  «producto paneuropeo de pensiones individuales» o «PEPP»: un producto de pensiones individuales de ahorro a largo plazo, que ofrece ▌ una empresa financiera apta con arreglo al artículo 6, apartado 1, en el marco de un contrato de PEPP, y que suscribe con un ahorrador en PEPP, o una asociación de ahorradores en PEPP independientes en nombre de sus miembros, de cara a su jubilación, con una posibilidad de rescate estrictamente limitada o nula e inscrito de conformidad con el presente Reglamento;

3)  «ahorrador en PEPP»: toda persona física que haya celebrado un contrato de PEPP con un promotor de PEPP;

4)  «contrato de PEPP»: todo acuerdo entre un ahorrador en PEPP y un promotor de PEPP que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 4;

5)  «cuenta de PEPP»: toda cuenta de pensión individual abierta a nombre de un ahorrador o un beneficiario de PEPP que se utilice para el registro de operaciones que permitan al ahorrador en PEPP realizar periódicamente aportaciones con vistas a la jubilación y al beneficiario de PEPP percibir ▌prestaciones del PEPP;

6)  «beneficiario de PEPP»: toda persona física receptora de las prestaciones del PEPP;

7)  «cliente de PEPP»: todo ahorrador en PEPP, futuro ahorrador en PEPP o beneficiario de PEPP;

8)  «distribución de PEPP»: asesoramiento, propuesta o realización de otras actividades previas a la celebración de contratos de promoción de un PEPP, celebración de estos contratos, o asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, incluida la aportación de información relativa a uno o varios contratos de PEPP de acuerdo con los criterios elegidos por los clientes de PEPP a través de un sitio web o de otros medios, y la elaboración de una clasificación de PEPP, incluidos precios y comparaciones de productos, o un descuento sobre el precio de un contrato de PEPP, cuando el cliente de PEPP pueda celebrar un contrato de PEPP directa o indirectamente utilizando un sitio web u otros medios;

9)  «prestación de jubilación de PEPP»: toda prestación que se abone en referencia al hecho o la contingencia de jubilación en una de las formas mencionadas en el artículo 58, apartado 1;

10)  «prestaciones del PEPP»: las prestaciones de jubilación del PEPP u otras prestaciones adicionales a las que tenga derecho un beneficiario de PEPP de conformidad con el contrato de PEPP, en particular en los casos estrictamente limitados de posibilidad de reembolso anticipado o si el contrato de PEPP ofrece una cobertura de riesgos biométricos;

11)  «fase de acumulación»: el período durante el cual los activos ▌ se acumulan en una cuenta de PEPP y que suele prolongarse hasta el inicio de la fase de disposición;

12)  «fase de disposición»: el período durante el cual los activos acumulados en una cuenta de PEPP pueden utilizarse para financiar la jubilación u otros requisitos de ingresos;

13)  «renta»: toda cantidad que ha de abonarse a intervalos específicos durante un período, como la vida del beneficiario de un PEPP o un determinado número de años, a cambio de una inversión;

14)  «retiradas»: los importes discrecionales que los beneficiarios de PEPP pueden retirar ▌ hasta un límite determinado con carácter periódico;

15)  «promotor de PEPP»: toda empresa financiera prevista en el artículo 6, apartado 1, autorizada para producir un PEPP y distribuir dicho PEPP;

16)  «distribuidor de PEPP»: toda empresa financiera prevista en el artículo 6, apartado 1, autorizada a distribuir PEPP no producidos por ella, toda empresa de inversiones que ofrezca asesoramiento para la inversión o todo intermediario de seguros ▌según la definición del artículo 2, apartado 1, punto 3, de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo(18);

17)  «soporte duradero»: todo instrumento que:

a)  permita a un cliente de PEPP almacenar la información dirigida a él personalmente, de modo que pueda acceder a ella posteriormente para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada; y que

b)  permita la reproducción sin cambios de la información almacenada;

18)  «autoridades competentes» ▌: las autoridades nacionales designadas por cada Estado miembro para supervisar a los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP, según el caso, o para llevar a cabo las obligaciones previstas en el presente Reglamento;

19)  «Estado miembro de origen del promotor de PEPP»: el Estado miembro de origen tal como se define en el acto legislativo pertinente a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1;

20)  «Estado miembro de origen del distribuidor de PEPP»:

a)  cuando el distribuidor sea una persona física, el Estado miembro en el que tenga su residencia;

b)  cuando el distribuidor sea una persona jurídica, el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o, si conforme a su Derecho nacional el distribuidor no tiene domicilio social, el Estado miembro en que tenga su administración central;

21)  «Estado miembro de acogida del promotor de PEPP»: el Estado miembro, distinto del Estado miembro de origen del promotor de PEPP, en el que el promotor de PEPP ofrece PEPP con arreglo a la libre prestación de servicios o a la libertad de establecimiento, o para el cual el promotor de PEPP ha abierto una subcuenta;

22)  «Estado miembro de acogida del distribuidor de PEPP»: el Estado miembro, distinto del Estado miembro de origen del distribuidor de PEPP, en el que el distribuidor de PEPP distribuya PEPP con arreglo a la libre prestación de servicios o a la libertad de establecimiento;

23)  «subcuenta»: toda sección nacional que se abre en cada cuenta de PEPP y que corresponde a las condiciones y requisitos jurídicos para el uso de posibles incentivos fijados a escala nacional para invertir en un PEPP por el Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP; en consecuencia, una persona puede ser ahorrador o beneficiario de PEPP en cada subcuenta, en función de los respectivos requisitos jurídicos para las fases de acumulación y de disposición;

24)  «patrimonio»: el total de las aportaciones de capital ▌, calculado sobre la base de los importes invertibles tras deducir todas las comisiones y gastos que deban abonar directa o indirectamente los ahorradores en PEPP;

25)  «instrumentos financieros»: los instrumentos que se especifican en el anexo I, sección C, de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(19);

26)  «depositario»: toda entidad responsable de la custodia de los activos y la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento del fondo y la legislación aplicable;

27)   «PEPP básico» toda opción de inversión tal como se establece en el artículo 45;

28)  «técnicas de reducción del riesgo»: las técnicas de reducción sistemática del alcance de la exposición al riesgo o la probabilidad de que se produzca;

29)  «riesgos biométricos»: riesgos relacionados con el fallecimiento, la invalidez y/o la longevidad;

30)  «cambio de promotor»: a petición del ahorrador en PEPP, la transferencia de un promotor de PEPP a otro de los importes correspondientes o, en su caso, los activos en especie de conformidad con el artículo 52, apartado 4, de una cuenta de PEPP a otra, con ▌cierre de la antigua cuenta de PEPP, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 4, letra e);

31)  «asesoramiento»: toda recomendación personal hecha a un cliente de PEPP por el promotor de PEPP o distribuidor de PEPP, respecto de uno o varios contratos ▌ de PEPP;

32)  «asociación»: la cooperación entre promotores de PEPP para ofrecer subcuentas en distintos Estados miembros, en el contexto del servicio de portabilidad a que se refiere el artículo 19, apartado 2;

33)  «factores ambientales, sociales y de gobernanza» o «factores ASG»: cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, tales como las mencionadas en el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable.

Artículo 3

Normas aplicables

La inscripción, producción, distribución y supervisión de PEPP estará sujeta a:

a)  lo dispuesto en el presente Reglamento, y

b)   respecto de las materias no reguladas por el presente Reglamento ▌:

i)  el Derecho sectorial de la Unión aplicable, incluidos los correspondientes actos delegados y de ejecución;

ii)  las leyes adoptadas por los Estados miembros en aplicación del Derecho sectorial aplicable de la Unión y la aplicación de medidas que se refieran específicamente a los PEPP;

iii)  otras leyes nacionales que se apliquen a los PEPP.

Artículo 4

Contrato de PEPP

1.  El contrato de PEPP establecerá las disposiciones específicas para el PEPP con arreglo a las normas aplicables a que se refiere el artículo 3.

2.  El contrato de PEPP incluirá, en particular, lo siguiente:

a)  una descripción del PEPP básico a efectos del artículo 45, incluida información sobre la garantía del capital invertido o la estrategia de inversión dirigida a garantizar la protección del capital;

b)  una descripción de las opciones de inversión alternativas a que se refiere el artículo 42, apartado 2, cuando proceda;

c)  las condiciones relativas a la modificación de la opción de inversión a que se hace referencia en el artículo 44;

d)  en caso de que el PEPP ofrezca cobertura de riesgos biométricos, los detalles de tal cobertura, incluidas las circunstancias que la activarían;

e)  una descripción de las prestaciones de jubilación del PEPP, en especial las posibles formas de pago y el derecho a cambiar la forma de las prestaciones a que se hace referencia en el artículo 59;

f)  las condiciones relativas al servicio de portabilidad a que se hace referencia en los artículos 17 a 20, incluida la información sobre los Estados miembros para los que esté disponible una subcuenta;

g)  las condiciones relativas al servicio de cambio de promotor a que se hace referencia en los artículos 52 a 55;

h)  las categorías de costes y los costes agregados totales expresados en términos monetarios y de porcentaje, cuando proceda;

i)  las condiciones relativas a la fase de acumulación para la subcuenta correspondiente al Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP a que se hace referencia en el artículo 47;

j)  las condiciones relativas a la fase de disposición para la subcuenta correspondiente al Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP a que se hace referencia en el artículo 57;

k)  cuando proceda, las condiciones en las que las ventajas o los incentivos concedidos deben reembolsarse al Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP.

CAPÍTULO II

INSCRIPCIÓN

Artículo 5

Inscripción

1.  Un PEPP solo podrá ser producido y distribuido en la Unión cuando haya sido inscrito en el registro público central gestionado por la AESPJ de conformidad con el artículo 13.

2.  La inscripción de un PEPP será válida para todos los Estados miembros. Faculta al promotor del PEPP a ofrecer el PEPP y al distribuidor del PEPP a distribuir el PEPP inscrito en el registro público central a que se refiere el artículo 13.

La supervisión continuada del cumplimiento del presente Reglamento se llevará a cabo de conformidad con el capítulo IX.

Artículo 6

Solicitud de inscripción de un PEPP

1.  Solo las siguientes empresas financieras autorizadas o registradas de conformidad con el Derecho de la Unión podrán solicitar la inscripción de un PEPP:

a)  las entidades de crédito autorizadas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(20);

b)  las empresas de seguros autorizadas de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(21), que operen en el sector del seguro de vida directo de conformidad con el artículo 2, apartado 3, y el anexo II de la Directiva 2009/138/CE;

c)  los fondos de pensiones de empleo (FPE) autorizados o registrados ▌ de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2341 que, con arreglo al Derecho nacional, estén autorizados y supervisados para ofrecer también productos de pensiones individuales; en tal caso, todos los activos y pasivos correspondientes a un PEPP serán de disposición limitada, sin la posibilidad de transferirlos a otras actividades del fondo en materia de previsión para la jubilación;

d)  las empresas de servicios de inversión autorizadas de conformidad con la Directiva 2014/65/UE, que presten servicios de gestión de carteras ▌;

e)  las empresas de inversión o las empresas de gestión autorizadas de conformidad con la Directiva 2009/65/CE;

f)   los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) de la Unión autorizados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE.

2.  Las empresas financieras enumeradas en el apartado 1 presentarán la solicitud de inscripción de PEPP a sus autoridades competentes. En la solicitud figurará lo siguiente:

a)  ▌ las cláusulas contractuales tipo del contrato de PEPP que van a proponer a los ahorradores en PEPP tal como se prevé en el artículo 4;

b)  información sobre la identidad del solicitante ▌;

c)  información sobre las disposiciones relativas a la gestión y administración del riesgo y la cartera en lo que respecta al PEPP, incluidas las disposiciones a que se hace referencia en el artículo 19, apartado 2, el artículo 42, apartado 5, y el artículo 49, apartado 3;

d)  una lista de los Estados miembros en los que, inicialmente, el promotor de PEPP solicitante tiene la intención de comercializar el PEPP, si procede;

e)  información sobre la identidad del depositario, en su caso;

f)  datos fundamentales del PEPP a efectos del artículo 26;

g)   una lista de los Estados miembros para los cuales el promotor de PEPP solicitante podrá garantizar la apertura inmediata de una subcuenta.

3.   Las autoridades competentes evaluarán si la solicitud a que se refiere el apartado 2 está completa, en un plazo de quince días hábiles a partir de su recepción.

Las autoridades competentes fijarán una fecha límite en la cual el solicitante debe haber facilitado información adicional, en caso de que la solicitud esté incompleta. Una vez que la solicitud se considere completa, las autoridades competentes informarán de ello al solicitante.

4.   En un plazo de tres meses a partir de la fecha de presentación de la solicitud completa conforme al apartado 3, las autoridades competentes adoptarán una decisión relativa a la inscripción de un PEPP únicamente si el solicitante reúne los requisitos para ofrecer PEPP con arreglo al apartado 1, y si la información y los documentos presentados en la solicitud de inscripción a que se refiere el apartado 2 cumplen lo dispuesto en el presente Reglamento.

5.   En un plazo de cinco días hábiles siguientes a la decisión de inscripción del PEPP, las autoridades competentes comunicarán a la AESPJ la decisión, así como la información y los documentos contemplados en el apartado 2, letras a), b), d), f) y g), e informarán de ello al promotor de PEPP solicitante.

La AESPJ no será responsable de las decisiones de inscripción adoptadas por las autoridades competentes.

Si las autoridades competentes se niegan a conceder la inscripción, publicarán una decisión motivada que podrá ser objeto de recurso.

6.  En caso de que haya más de una autoridad competente para un tipo específico de empresa financiera previsto en el apartado 1 en un Estado miembro, dicho Estado miembro designará a una autoridad competente para cada tipo de empresa financiera mencionada en el apartado 1 que será responsable del procedimiento de inscripción y notificación a la AESPJ.

Cualquier modificación posterior de la información y la documentación de la solicitud a que se hace referencia en el apartado 2 se notificará de inmediato a las autoridades nacionales competentes. Si las modificaciones guardan relación con la información y los documentos a que se hace referencia en el apartado 2, letras a), b), d), f) y g), las autoridades competentes comunicarán dichas modificaciones a la AESPJ sin demora indebida.

Artículo 7

Inscripción de un PEPP

1.  En el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de comunicación de la decisión de inscripción, así como la información y los documentos con arreglo al artículo 6, apartado 5, la AESPJ inscribirá el PEPP en el registro público central a que se refiere el artículo 13 y lo notificará a las autoridades competentes sin demora indebida.

2.  En el plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación sobre la inscripción del PEPP a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes informarán de ello al promotor de PEPP solicitante.

3.   El promotor de PEPP podrá ofrecer el PEPP y el distribuidor del PEPP podrá distribuir dicho PEPP a partir de la fecha de inscripción del PEPP en el registro público central a que se hace referencia en el artículo 13.

Artículo 8

Condiciones para la baja del registro de un PEPP

1.  Las autoridades competentes adoptarán una decisión de dar de baja el PEPP cuando:

a)  el promotor de PEPP renuncie expresamente a la inscripción;

b)  el promotor de PEPP haya obtenido la inscripción valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio irregular;

c)  el promotor de PEPP haya infringido de forma grave o sistemática el presente Reglamento; o

d)  el promotor de PEPP o el PEPP haya dejado de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de la inscripción.

2.  En un plazo de cinco días hábiles a partir de la decisión de baja del PEPP, las autoridades competentes comunicarán a la AESPJ tal decisión, e informarán de ello al promotor de PEPP.

3.  En un plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación de la decisión de baja a que se hace referencia en el apartado 2, la AESPJ dará de baja en el registro el PEPP y lo comunicará a las autoridades competentes.

4.  En el plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación sobre la baja del PEPP a que se refiere el apartado 3, incluida la fecha de la baja, las autoridades competentes informarán de ello al promotor de PEPP.

5.  El promotor de PEPP ya no podrá ofrecer el PEPP y el distribuidor del PEPP no podrá distribuirlo a partir de la fecha de anulación de la inscripción del PEPP en el registro público central a que se hace referencia en el artículo 13.

6.  Cuando la AESPJ haya recibido información relativa a la existencia de una de las circunstancias mencionadas en las letras b) o c) del apartado 1 del presente artículo, de conformidad con el deber de cooperación entre las autoridades competentes y la AESPJ a que se refiere el artículo 66, la AESPJ solicitará a las autoridades competentes del promotor de PEPP que comprueben la existencia de tales circunstancias y estas autoridades remitirán a la AESPJ sus conclusiones y la información correspondiente.

7.  Antes de adoptar una decisión relativa a la baja del PEPP, las autoridades competentes y la AESPJ harán todo lo posible para garantizar la protección de los intereses de los ahorradores en PEPP.

Artículo 9

Denominación ▌

La denominación «producto paneuropeo de pensiones individuales» o «PEPP» en relación con un producto de pensiones individuales solo podrá utilizarse cuando el producto de pensiones individuales haya sido inscrito por la AESPJ para su distribución con la denominación «PEPP» de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 10

Distribución de PEPP

1.  Las empresas financieras a que se refiere el artículo 6, apartado 1, podrán distribuir PEPP que hayan producido. También podrán distribuir PEPP que no hayan producido siempre que cumplan el Derecho sectorial aplicable con arreglo al cual pueden distribuir productos que no han producido.

2.  Los intermediarios de seguros inscritos de conformidad con la Directiva (UE) 2016/97 y las empresas de servicios de inversión autorizadas de conformidad con la Directiva 2014/65/UE para la prestación de servicios de asesoramiento para la inversión según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE podrán distribuir PEPP que no hayan producido.

Artículo 11

Régimen prudencial aplicable a los distintos tipos de promotores

Los promotores y distribuidores de PEPP cumplirán el presente Reglamento, así como el correspondiente régimen prudencial que les sea aplicable de conformidad con los actos legislativos mencionados en el artículo 6, apartado 1, y en el artículo 10, apartado 2.

Artículo 12

Publicación de disposiciones nacionales

1.  La autoridad nacional competente hará públicos y mantendrá actualizados los textos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulen las condiciones relativas a la fase de acumulación a que se hace referencia en el artículo 47 y las condiciones relativas a la fase de disposición a que se hace referencia en el artículo 57, incluida la información sobre los procedimientos nacionales adicionales establecidos para solicitar ventajas e incentivos decididos en el ámbito nacional, cuando proceda.

2.  Todas las autoridades competentes de un Estado miembro mantendrán y actualizarán en su sitio web un enlace a los textos previstos en el apartado 1.

3.  La publicación de los textos a que se refiere el apartado 1 tendrá únicamente fines informativos y no creará obligaciones ni responsabilidades jurídicas para las autoridades nacionales pertinentes.

Artículo 13

Registro público central

1.  La AESPJ llevará un registro público central en el que se identifique cada PEPP inscrito con arreglo al presente Reglamento, el número de inscripción del PEPP, su promotor de PEPP, las autoridades competentes del promotor de PEPP, la fecha de inscripción del PEPP, una lista completa de los Estados miembros en los que se ofrece el PEPP y una lista completa de los Estados miembros para los que el promotor de PEPP ofrece una subcuenta. El registro se publicará en formato electrónico y se mantendrá actualizado.

2.  Las autoridades competentes informarán a la AESPJ de los enlaces a que se refiere el artículo 12, apartado 2, y mantendrán actualizada esta información.

3.  La AESPJ publicará y actualizará los enlaces mencionados en el apartado 2 en el registro público central a que se refiere el apartado 1.

CAPÍTULO III

PROMOCIÓN Y PORTABILIDAD TRANSFRONTERIZAS DE PEPP

SECCIÓN I

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO

Artículo 14

Ejercicio de la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento por parte de los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP

1.   Los promotores de PEPP podrán ofrecer PEPP y los distribuidores podrán distribuir PEPP en el territorio de un Estado miembro de acogida en virtud de la libre prestación de servicios o la libertad de establecimiento, siempre que lo hagan con arreglo a las normas y procedimientos pertinentes establecidos por la normativa de la Unión que les sea aplicable a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letras a), b), d) y e), o en el artículo 10, apartado 2, y tras haber notificado su intención de abrir una subcuenta para el Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 21.

2.   Los promotores de PEPP a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letras c) y f), cumplirán las normas definidas en el artículo 15.

Artículo 15

Ejercicio de la libre prestación de servicios por parte de FPE y GFIA de la Unión

1.  Los promotores de PEPP a que se refiere el artículo 6, apartado 1, letras c) y f), que tengan la intención de ofrecer PEPP a los ahorradores en PEPP en el territorio de un Estado miembro de acogida por primera vez en virtud de la libre prestación de servicios y tras haber notificado su intención de abrir una subcuenta para el Estado miembro de acogida con arreglo al artículo 21, comunicarán la información siguiente a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen:

a)  el nombre y la dirección del promotor de PEPP;

b)  el Estado miembro en el que el promotor de PEPP tiene intención de ofrecer o distribuir PEPP a ahorradores en PEPP.

2.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remitirán la información en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción al Estado miembro de acogida, junto con la confirmación de que el promotor de PEPP a que se hace referencia en el apartado 1 del presente artículo cumple los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1. La información se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida a menos que las autoridades competentes del Estado miembro de origen tengan motivos para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa respecto de la promoción de PEPP o la situación financiera del promotor del PEPP a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letras c) y f).

En caso de que se nieguen a transmitir la citada información a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de origen indicarán las razones de su negativa al promotor de PEPP de que se trate, dentro del mes siguiente a la recepción de la información y la documentación. La negativa o la ausencia de respuesta podrá ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen del promotor de PEPP.

3.  Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida acusarán recibo, en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción, de la información a que se hace referencia en el apartado 1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán a continuación al promotor de PEPP de que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida han recibido la información y de que el promotor de PEPP puede iniciar la prestación de PEPP a los ahorradores en PEPP del Estado miembro.

4.  A falta de acuse de recibo contemplado en el apartado 3 en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de transmisión de la información a que se refiere el apartado 2, las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán al promotor de PEPP de que puede iniciar a prestar servicios en dicho Estado miembro de acogida.

5.  En caso de modificación de la información a que se hace referencia en el apartado 1, el promotor de PEPP notificará tal modificación a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen al menos un mes antes de hacer efectiva la modificación. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida sobre la modificación lo antes posible y a más tardar en el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación.

6.   Los Estados miembros de acogida, a efectos del presente procedimiento, podrán designar a otras autoridades competentes distintas de las contempladas en el artículo 2, punto 18, para ejercer las competencias atribuidas a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida. Informarán a la Comisión y a la AESPJ, precisando cualquier distribución eventual de las tareas.

Artículo 16

Facultades de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida

1.  Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida tengan motivos para considerar que un PEPP se distribuye en su territorio o una subcuenta para dicho Estado miembro se ha abierto infringiendo cualquiera de las obligaciones que se derivan de las normas aplicables de conformidad con el artículo 3, remitirán sus conclusiones a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del promotor de PEPP o del distribuidor de PEPP.

2.  Tras evaluar la información recibida con arreglo al apartado 1, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, cuando proceda, adoptarán sin dilación las medidas adecuadas para remediar la situación. Informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida acerca de las medidas adoptadas.

3.  En caso de que las medidas adoptadas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen resulten insuficientes o no existan, y el promotor de PEPP o el distribuidor de PEPP siga distribuyendo el PEPP de manera que resulte claramente perjudicial para los intereses de los ahorradores en PEPP del Estado miembro de acogida o para el funcionamiento correcto del mercado de productos de pensiones individuales en dicho Estado miembro, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, adoptar las medidas adecuadas para evitar nuevas irregularidades, entre ellas, en la medida en que sea estrictamente necesario, impedir que el promotor de PEPP o el distribuidor de PEPP continúe la distribución de PEPP en su territorio.

Además, las autoridades competentes del Estado miembro de origen o las del Estado miembro de acogida podrán remitir el asunto a la AESPJ y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

4.  Los apartados 1 a 3 no afectarán a la facultad del Estado miembro de acogida de adoptar las medidas adecuadas y no discriminatorias para prevenir o sancionar las irregularidades cometidas en su territorio, en situaciones en que una acción inmediata sea estrictamente necesaria para proteger los derechos de los consumidores del Estado miembro de acogida, y cuando falten medidas equivalentes del Estado miembro de origen o estas resulten inadecuadas, o en casos en los que las irregularidades sean contrarias a las disposiciones jurídicas nacionales de interés general, en la medida en que sea estrictamente necesario. En tales situaciones, los Estados miembros de acogida tendrán la posibilidad de impedir que el promotor de PEPP o el distribuidor de PEPP ejerzan nuevas actividades en su territorio.

5.  Cualquier medida que adopten las autoridades competentes del Estado miembro de acogida en virtud del presente artículo se comunicará al promotor de PEPP o al distribuidor de PEPP en un documento debidamente motivado y se notificará sin demora indebida a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

SECCIÓN II

PORTABILIDAD

Artículo 17

Servicio de portabilidad

1.  Los ahorradores en PEPP tendrán derecho a utilizar un servicio de portabilidad que les dé derecho a seguir contribuyendo en su cuenta de PEPP existente cuando cambien de residencia al trasladarse a otro Estado miembro.

2.  Al utilizar el servicio de portabilidad, los ahorradores en PEPP podrán conservar todas las ventajas e incentivos otorgados por el promotor y relacionados con la inversión permanente en su PEPP.

Artículo 18

Prestación del servicio de portabilidad

1.  Los promotores de PEPP prestarán el servicio de portabilidad previsto en el artículo 17 a los ahorradores en PEPP que tengan una cuenta de PEPP con ellos y que soliciten este servicio.

2.  Al proponer un PEPP, su promotor o distribuidor facilitará a los posibles ahorradores en el PEPP información sobre el servicio de portabilidad y las subcuentas nacionales que estén disponibles inmediatamente.

3.  En un plazo de tres años a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento, cada promotor de PEPP ofrecerá subcuentas nacionales para dos Estados miembros como mínimo, previa solicitud dirigida al promotor de PEPP.

Artículo 19

Subcuentas del PEPP

1.  Cuando los promotores de PEPP presten el servicio de portabilidad a los ahorradores en PEPP de conformidad con el artículo 17, los promotores de PEPP velarán por que, al abrir una nueva subcuenta en una cuenta de PEPP, esta corresponda a los requisitos jurídicos y las condiciones determinados a nivel nacional a que se hace referencia en los artículos 47 y 57 para el PEPP por el nuevo Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP. Todas las operaciones de la cuenta de PEPP se introducirán en la subcuenta correspondiente. Las aportaciones y las retiradas de la subcuenta podrán ser objeto de condiciones contractuales específicas.

2.  Sin perjuicio del Derecho sectorial aplicable, los promotores de PEPP también podrán garantizar el cumplimiento de los requisitos a que se hace referencia en el apartado 1 creando una asociación con otro promotor de PEPP inscrito (en lo sucesivo, «socio»).

Habida cuenta del ámbito de aplicación de las funciones que debe desempeñar el socio, este debe estar cualificado y ser capaz de llevar a cabo las funciones delegadas. El promotor de PEPP celebrará un acuerdo escrito con el socio. El acuerdo tendrá eficacia jurídica y definirá con claridad los derechos y las obligaciones del promotor de PEPP y del socio. El acuerdo cumplirá las normas y los procedimientos pertinentes para la delegación y la externalización establecidos por el Derecho de la Unión aplicable, o con arreglo a este, a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1. No obstante dicho acuerdo, el promotor de PEPP seguirá siendo el único responsable en cuanto a sus obligaciones de conformidad con el presente Reglamento.

Artículo 20

Apertura de una nueva subcuenta

1.   Sin demora después de haber sido informado del cambio de residencia a otro Estado miembro del ahorrador en el PEPP ▌, el promotor del PEPP informará al ahorrador en el PEPP de la posibilidad de abrir una nueva subcuenta dentro de la cuenta de dicho ahorrador en el PEPP y del plazo dentro del cual podría abrirse una subcuenta.

En tal caso, el promotor de PEPP facilitará al ahorrador en PEPP, gratuitamente, el documento de datos fundamentales del PEPP que contenga los requisitos específicos a que se refiere el artículo 28, apartado 3, letra g), para la subcuenta correspondiente al nuevo Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP.

En caso de que no se disponga de una nueva subcuenta, el promotor de PEPP informará al ahorrador en PEPP acerca de su derecho a un cambio sin demora y gratuitamente, y de la posibilidad de continuar ahorrando en la última subcuenta abierta.

2.  Si el ahorrador en el PEPP prevé hacer uso de la posibilidad de abrir una subcuenta, el ahorrador en el PEPP informará al promotor de lo siguiente:

a)  el nuevo Estado miembro de residencia del ahorrador en el PEPP;

b)  la fecha a partir de la cual las aportaciones deben orientarse a la nueva subcuenta;

c)  cualquier información pertinente sobre otras condiciones para el PEPP.

3.  El ahorrador en PEPP podrá seguir aportando en la última subcuenta abierta.

4.   El promotor de PEPP ofrecerá la posibilidad de facilitar al ahorrador en PEPP una recomendación personalizada en la que explique si abrir una nueva subcuenta dentro de la cuenta de PEPP del ahorrador en PEPP y aportar a esta nueva subcuenta será más favorable que seguir aportando en la última subcuenta abierta.

5.  Si el promotor de PEPP no puede garantizar la apertura de una nueva subcuenta que corresponda al nuevo Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP, este podrá, a su elección:

a)  cambiar de promotor de PEPP sin demora y gratuitamente, no obstante los requisitos previstos en el artículo 52, apartado 3, sobre la frecuencia del cambio; o

b)  seguir aportando en la última subcuenta abierta.

6.  La nueva subcuenta se abrirá mediante ▌ la modificación del contrato de PEPP existente, entre el ahorrador y el promotor del PEPP, de conformidad con el Derecho contractual aplicable. La fecha de apertura se definirá en el contrato ▌.

Artículo 21

Presentación de información sobre la portabilidad a las autoridades competentes

1.  El promotor de PEPP que desee abrir una nueva subcuenta para un Estado miembro de acogida por primera vez lo notificará a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.

2.  El promotor de PEPP incluirá en su comunicación la información y los documentos siguientes:

a)  condiciones contractuales tipo del contrato de PEPP, tal como se prevé en el artículo 4, incluido el anexo para la nueva subcuenta;

b)  el documento de datos fundamentales del PEPP que contenga los requisitos específicos de subcuenta correspondiente a la nueva subcuenta con arreglo al artículo 28, apartado 3, letra g);

c)   la declaración de las prestaciones del PEPP según lo previsto en el artículo 36;

d)  información sobre las disposiciones contractuales a que se refiere el artículo 19, apartado 2, en su caso.

3.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comprobarán si la documentación aportada es completa y la transmitirán, en un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la documentación completa, a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

4.  Las autoridades competentes del Estado miembro de acogida acusarán recibo, sin demora, de la información y la documentación a que se hace referencia en el apartado 2.

5.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán a continuación al promotor de PEPP de que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida han recibido la información y de que el promotor de PEPP puede abrir una subcuenta para dicho Estado miembro.

A falta del acuse de recibo mencionado en el apartado 4 en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de transmisión de la documentación a que se refiere el apartado 3, las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán al promotor de PEPP de que puede abrir la subcuenta para dicho Estado miembro.

6.  En caso de modificación de la información o la documentación de conformidad con el apartado 2, el promotor de PEPP informará de ello por escrito a las autoridades competentes del Estado miembro de origen al menos un mes antes de hacer efectiva la modificación. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen informarán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida sobre la modificación lo antes posible y a más tardar en el plazo de un mes a partir de la recepción de la notificación.

CAPÍTULO IV

REQUISITOS EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN

SECCIÓN I

Disposiciones generales

Artículo 22

Principio general

Cuando desarrollen actividades de distribución de PEPP, los promotores y distribuidores de PEPP actuarán siempre con honestidad, equidad y profesionalidad, en beneficio de los intereses de sus clientes de PEPP.

Artículo 23

Régimen de distribución aplicable a los distintos tipos de promotores de PEPP y distribuidores de PEPP

1.   Para la distribución de PEPP, los diferentes tipos de promotores de PEPP y distribuidores de PEPP cumplirán las siguientes normas:

a)  las empresas de seguros a que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1, letra b), del presente Reglamento y los intermediarios de seguros a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 2, del presente Reglamento cumplirán ▌ la normativa nacional aplicable por la que se dé efecto a las disposiciones establecidas en los capítulos V y VI de la Directiva (UE) 2016/97, a excepción de los artículos 20, 23, 25 y del artículo 30, apartado 3, de dicha Directiva para la distribución de productos de inversión basados en seguros, toda norma de la Unión directamente aplicable adoptada en virtud de dichas normas con respecto a la distribución de esos productos y el presente Reglamento, a excepción del artículo 34, apartado 4;

b)  las empresas de servicios de inversión a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 2, del presente Reglamento cumplirán la normativa nacional aplicable por la que se dé efecto a las normas de comercialización y distribución de instrumentos financieros establecidas en el artículo 16, apartado 3, párrafo primero, y en los artículos 23, 24 y 25 de la Directiva 2014/65/UE, a excepción del artículo 24, apartado 2, y del artículo 25, apartados 3 y 4, de dicha Directiva, toda norma de la Unión directamente aplicable adoptada en virtud de dichas disposiciones, y el presente Reglamento, a excepción del artículo 34, apartado 4;

c)  todos los demás promotores de PEPP y distribuidores de PEPP cumplirán la normativa nacional aplicable por la que se dé efecto a las normas de comercialización y distribución de instrumentos financieros establecidas en el artículo 16, apartado 3, párrafo primero, y en los artículos 23, 24 y 25 de la Directiva 2014/65/UE, a excepción del artículo 24, apartado 2, y del artículo 25, apartados 2, 3 y 4, de dicha Directiva, toda norma de la Unión directamente aplicable adoptada en virtud de dichas disposiciones, y el presente Reglamento.

2.  Lo dispuesto en el apartado 1, letra a), se aplicará únicamente en la medida en que no exista ninguna disposición más estricta en la normativa nacional aplicable por la que se dé efecto a las normas establecidas en los capítulos V y VI de la Directiva (UE) 2016/97.

Artículo 24

Distribución electrónica y otros soportes duraderos

Los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP facilitarán todos los documentos y toda la información a que se hace referencia en el presente capítulo gratuitamente a los clientes de PEPP de forma electrónica, siempre y cuando el cliente de PEPP pueda almacenar dicha información de modo que se pueda consultar posteriormente y durante un período de tiempo adecuado a los fines a los que se destina la información y la herramienta permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.

Previa petición, los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP facilitarán gratuitamente dichos documentos e información también en otro soporte duradero, por ejemplo en papel. Los promotores de PEPP y los distribuidores de PEPP informarán a los clientes de PEPP sobre su derecho a solicitar una copia de dichos documentos en otro soporte duradero, incluido el papel, gratuitamente.

Artículo 25

Requisitos en materia de control de los productos y de gobernanza

1.  Los promotores de PEPP mantendrán, gestionarán y revisarán un proceso de aprobación de cada PEPP, o adaptaciones significativas de un PEPP ya existente, antes de su distribución a los clientes.

El proceso de aprobación del producto será proporcionado y adecuado a la naturaleza del PEPP.

El proceso de aprobación del producto especificará un mercado destinatario definido para cada PEPP, garantizará la evaluación de todos los riesgos pertinentes para el mercado en cuestión y la coherencia con el mismo de la estrategia de distribución prevista, y adoptará medidas razonables para garantizar que el PEPP se distribuya en el mercado destinatario definido.

El promotor del PEPP entenderá los productos que ofrezca y los revisará periódicamente, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera afectar sustancialmente al riesgo potencial para el mercado destinatario definido, para evaluar al menos si el PEPP sigue respondiendo a las necesidades del mercado destinatario definido y si la estrategia de distribución prevista sigue siendo la adecuada.

Los promotores de PEPP pondrán a disposición de los distribuidores de PEPP toda la información adecuada sobre el PEPP y sobre el proceso de aprobación del producto, sin olvidar el mercado destinatario definido del PEPP.

Los distribuidores de PEPP dispondrán de los mecanismos adecuados para obtener la información a que se alude en el párrafo quinto y comprender las características y el mercado destinatario definido de cada uno de los PEPP.

2.  Las políticas, procesos y mecanismos a que se refiere el presente artículo se entenderán sin perjuicio de todos los demás requisitos previstos por el presente Reglamento o aplicados en virtud del mismo, incluidos los relativos a publicación, valoración de idoneidad o conveniencia, identificación y gestión de conflictos de intereses, ▌incentivos y factores ASG.

SECCIÓN II

INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

Artículo 26

Documento de datos fundamentales del PEPP

1.  Antes de proponer un PEPP a los ahorradores en PEPP, el promotor elaborará para dicho producto de PEPP un documento de datos fundamentales del PEPP que se ajuste a los requisitos de la presente sección y lo publicará en su sitio web.

2.  El documento de datos fundamentales del PEPP constituirá información precontractual. Será preciso, imparcial, claro y no engañoso. Aportará información fundamental y será coherente con cualquier documento contractual de carácter vinculante, con las partes pertinentes de los documentos de la oferta y con las condiciones del PEPP.

3.  El documento de datos fundamentales del PEPP será un documento independiente, claramente separado del material comercial. No contendrá remisiones a dicho material. Podrá remitir a otros documentos, incluido, en su caso, un folleto de emisión, solamente si las remisiones guardan relación con la información que deba incluirse en el documento de datos fundamentales del PEPP en virtud del presente Reglamento.

Debe elaborarse un documento de datos fundamentales independiente para el PEPP básico.

4.  Cuando un promotor de PEPP ofrezca a un ahorrador en PEPP una gama de opciones de inversión alternativas de manera que toda la información exigida en el artículo 28, apartado 3, en relación con las opciones de inversión subyacentes no pueda facilitarse en un único documento de datos fundamentales del PEPP independiente, sencillo y conciso, los promotores de PEPP presentarán uno de los siguientes documentos:

a)  un documento de datos fundamentales de PEPP para cada opción de inversión alternativa;

b)  un documento de datos fundamentales de PEPP genérico que incluya por lo menos una descripción genérica de las opciones de inversión alternativas y en el que se explique dónde y cómo puede encontrarse información precontractual más detallada en relación con las inversiones subyacentes a dichas opciones de inversión.

5.  De conformidad con el artículo 24, el documento de datos fundamentales del PEPP se elaborará como un documento breve, redactado de forma concisa. Deberá:

a)  tener una presentación y una estructura que permitan su fácil lectura, y los caracteres empleados serán de un tamaño legible;

b)  centrarse en los datos fundamentales que necesitan los clientes de PEPP;

c)  estar redactado con claridad y en un lenguaje y con un estilo que faciliten la comprensión de la información y, en particular con un lenguaje claro, sucinto y comprensible.

6.  Cuando en el documento de datos fundamentales del PEPP se utilicen colores, se hará de manera que la comprensibilidad de la información no sufra merma si el documento se imprime o fotocopia en blanco y negro.

7.  Cuando se utilice en el documento de datos fundamentales del PEPP la marca o el logotipo corporativo del promotor del PEPP o del grupo al que este pertenece, no deberá distraer de la información contenida en el documento ni dificultar la comprensión del texto.

8.  Además del documento de datos fundamentales del PEPP, los promotores y distribuidores de PEPP facilitarán a los posibles ahorradores en PEPP referencias a cualesquiera informes disponibles públicamente sobre la situación financiera ▌ del promotor, incluida su solvencia, permitiendo a los posibles ahorradores en PEPP acceder fácilmente a esta información.

9.   A los posibles ahorradores en PEPP también se les facilitará información sobre el rendimiento anterior de la opción de inversión del ahorrador en PEPP que abarque el rendimiento de un mínimo de diez años, o, en caso de que el PEPP se haya ofrecido durante un período inferior a diez años, que abarque todos los años en que se haya ofrecido el PEPP. La información sobre la rentabilidad anterior irá acompañada de la mención «El rendimiento pasado no es indicativo del rendimiento futuro».

Artículo 27

Idioma del documento de datos fundamentales del PEPP

1.  El documento de datos fundamentales del PEPP se redactará en las lenguas oficiales, o, por lo menos, en una de las lenguas oficiales, utilizadas en la parte del Estado miembro en que se distribuya el PEPP, o en otra lengua admitida por las autoridades competentes de ese Estado miembro, o, si se redactó en otra lengua, se traducirá a una de las anteriores.

La traducción reproducirá con fidelidad y exactitud el contenido del documento de datos fundamentales del PEPP.

2.  Si en un Estado miembro se comercializa un PEPP mediante material comercial redactado en una o varias de las lenguas oficiales de ese Estado miembro, el documento de datos fundamentales estará, como mínimo, en las lenguas oficiales correspondientes.

3.  El documento de datos fundamentales del PEPP se proporcionará previa solicitud y en un formato adecuado a los ahorradores en PEPP con discapacidad visual.

Artículo 28

Contenido del documento de datos fundamentales del PEPP

1.  El título «Documento de datos fundamentales del PEPP» figurará de forma destacada en la parte superior de la primera página de dicho documento.

El documento de datos fundamentales del PEPP se presentará en la secuencia definida en los apartados 2 y 3.

2.  Inmediatamente debajo del título, figurará una declaración explicativa que rezará como sigue:"

«El presente documento recoge los datos fundamentales que usted debe conocer sobre este producto paneuropeo de pensiones individuales (PEPP). No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto de pensiones individuales y para ayudarle a compararlo con otros productos».

"

3.  El documento de datos fundamentales del PEPP incluirá la siguiente información:

a)  al inicio del documento: el nombre del PEPP, si es un PEPP básico o no, la identidad y los datos de contacto del promotor del PEPP, información sobre las autoridades competentes del promotor de PEPP, el número de inscripción del PEPP en el registro público central y la fecha del documento;

b)  la declaración: «El producto de jubilación descrito en el presente documento es un producto a largo plazo con una posibilidad de reembolso limitada que no puede rescindirse en ningún momento»;

c)  en una sección titulada «¿Qué es este producto?», la naturaleza y las principales características del PEPP, en particular:

i)  sus objetivos a largo plazo y los medios para alcanzarlos, en particular si los objetivos se consiguen por medio de una exposición directa o indirecta a los activos de inversión subyacentes, con inclusión de una descripción de los instrumentos subyacentes o valores de referencia, incluida una especificación de los mercados en que invierte el promotor de PEPP, así como una explicación sobre el modo de determinar el rendimiento;

ii)  una descripción del tipo de ahorrador en PEPP al que va dirigida la comercialización del PEPP, en particular en cuanto a la capacidad del ahorrador en PEPP de soportar la pérdida de su inversión y a su horizonte de inversión;

iii)  una declaración sobre:

­  si el PEPP básico ofrece una garantía sobre el capital o adopta la forma de una técnica de reducción del riesgo compatible con el objetivo de permitir que el ahorrador en PEPP recupere el capital, o

­  si, y en qué medida, una opción de inversión alternativa, cuando proceda, ofrece una garantía o una técnica de reducción del riesgo;

iv)  una descripción de las prestaciones de jubilación del PEPP, en especial las posibles formas de pago y el derecho a modificar la forma de las prestaciones a que se hace referencia en el artículo 59, apartado 1;

v)  cuando el PEPP cubra riesgos biométricos: detalles de los riesgos cubiertos y de las prestaciones de seguro, incluidas las circunstancias en que pueden reclamarse tales prestaciones;

vi)  información sobre el servicio de portabilidad, incluida una referencia al registro público central mencionado en el artículo 13, en el que se incluye información relativa a las condiciones de las fases de acumulación y de disposición determinadas por los Estados miembros con arreglo a los artículos 47 y 57;

vii)  una declaración sobre las consecuencias para el ahorrador en PEPP de la retirada anticipada del PEPP, incluidas todas las comisiones y sanciones aplicables así como las posibles pérdidas de la protección del capital y de otras posibles ventajas e incentivos;

viii)  una declaración sobre las consecuencias para el ahorrador en PEPP si dicho ahorrador deja de efectuar aportaciones al PEPP;

ix)  información sobre las subcuentas disponibles y sobre los derechos del ahorrador en PEPP a que se hace referencia en el artículo 20, apartado 5;

x)  información sobre el derecho del ahorrador en PEPP al cambio de promotor, así como el derecho a recibir información sobre el servicio de cambio de promotor a que se hace referencia en el artículo 56;

xi)  las condiciones para la modificación de la opción de inversión elegida a que se hace referencia en el artículo 44;

xii)  información, si está disponible, sobre el comportamiento de las inversiones del promotor del PEPP en términos de factores ASG;

xiii)  el Derecho que se aplicará al contrato de PEPP cuando las partes no tengan libertad de elección o, cuando las partes tengan libertad de elección, el Derecho que el promotor del PEPP propone que se elija;

xiv)  en su caso, si el ahorrador en PEPP dispone de un plazo para ejercer el derecho de renuncia o de un plazo de resolución;

d)  en una sección titulada «¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?», una breve descripción del perfil de riesgos y rentabilidad que incluya los siguientes elementos:

i)  un indicador resumido de riesgo, completado con un texto explicativo de este indicador y sus limitaciones principales, y un texto explicativo de los riesgos que pueden afectar sustancialmente al PEPP y que no quedan adecuadamente reflejados por tal indicador;

ii)  la máxima pérdida posible del capital invertido, incluida información acerca de:

­  si el ahorrador en PEPP puede perder la totalidad del capital invertido; o

­  si el ahorrador en PEPP corre el riesgo de asumir obligaciones o compromisos financieros adicionales;

iii)  escenarios de rentabilidad adecuados, junto con las hipótesis en que se basan;

iv)  en su caso, las condiciones a que están sujetos los rendimientos de los ahorradores en PEPP o sobre los rendimientos máximos predefinidos;

v)  una declaración de que el Derecho tributario del Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP puede repercutir en el rendimiento efectivamente abonado;

e)  en una sección titulada «¿Qué ocurre si [nombre del promotor del PEPP] no puede pagar?», una breve descripción de si la pérdida consiguiente está cubierta por un régimen de compensación o garantía para los inversores, y en caso afirmativo, de qué régimen se trata, el nombre del garante y cuáles son los riesgos cubiertos y no cubiertos por el régimen;

f)  en una sección titulada «¿Cuáles son los costes?», los costes asociados a la inversión en el PEPP, entre los que figuren tanto los costes directos como indirectos que habrá de soportar el ahorrador en PEPP, incluidos los costes únicos y recurrentes, presentados en forma de indicadores resumidos de esos costes, y, a fin de garantizar la comparabilidad, los costes agregados totales expresados en términos monetarios y en porcentaje, para mostrar los efectos compuestos de los costes totales en la inversión.

El documento de datos fundamentales del PEPP indicará claramente que los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP facilitarán información que precise los posibles costes de distribución que no estén ya incluidos en los antedichos costes, a fin de que el ahorrador en PEPP pueda comprender los efectos acumulados de esos costes agregados en la rentabilidad de la inversión;

g)  en una sección titulada «¿Cuáles son los requisitos específicos de la subcuenta correspondiente a [nuevo Estado miembro de residencia]?»:

i)  en una subsección titulada «Requisitos para la fase de acumulación»:

una descripción de las condiciones aplicables a la fase de acumulación, determinadas por el Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP con arreglo al artículo 47;

ii)  en una subsección titulada «Requisitos para la fase de disposición»:

una descripción de las condiciones aplicables a la fase de disposición, determinadas por el Estado miembro de residencia del ahorrador en PEPP con arreglo al artículo 57;

h)  en una sección titulada «¿Cómo puedo reclamar?»: información sobre la forma en que el ahorrador en PEPP puede presentar una reclamación relativa al PEPP o a la conducta del promotor del PEPP o distribuidor del PEPP y a quién presentarla;

4.  Se permitirá la estratificación de la información requerida en virtud del apartado 3 cuando el documento de datos fundamentales del PEPP se facilite en un formato electrónico, para lo cual se podrán presentar partes detalladas de la información mediante ventanas emergentes o con enlaces a otros estratos. En este caso, será posible imprimir el documento de datos fundamentales del PEPP como un único documento.

5.  A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AESPJ, previa consulta a las otras AES y tras realizar pruebas entre los consumidores y la industria, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifique lo siguiente:

a)  los pormenores de la presentación, incluido el formato y la longitud del documento, y el contenido de cada uno de los elementos de información a que se refiere el apartado 3;

b)  el método para la presentación del riesgo y la remuneración a que se refiere el apartado 3, letra d), incisos i) y iv);

c)  la metodología del cálculo de los costes, incluida la especificación de los indicadores resumidos, a que se refiere el apartado 3, letra f);

d)  cuando la información se presente estratificada en formato electrónico, qué información figurará en la primera capa y qué información podrá facilitarse en las capas adicionales de detalle.

Al elaborar los proyectos de normas técnicas de regulación, la AESPJ tendrá en cuenta los distintos tipos posibles de PEPP, su naturaleza a largo plazo, el grado de capacitación de los ahorradores en PEPP y las características de tales productos, a fin de permitir al ahorrador elegir entre distintas opciones de inversión u otras opciones ofrecidas por el producto, incluso en el caso de que dicha elección pueda realizarse en diferentes momentos o modificarse en el futuro.

La AESPJ presentará a la Comisión dichos proyectos de normas de regulación a más tardar el … [12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Artículo 29

Material de promoción comercial

Los materiales de promoción comercial que contengan información específica sobre el PEPP no incluirán declaración alguna que contradiga la información consignada en el documento de datos fundamentales o que reste importancia a este documento. Los materiales de promoción comercial indicarán que hay a disposición un documento de datos fundamentales y señalarán cómo y dónde puede obtenerse, incluido el sitio web del promotor del PEPP.

Artículo 30

Revisión del documento de datos fundamentales del PEPP

1.  El promotor del PEPP examinará la información contenida en el documento de datos fundamentales del PEPP como mínimo una vez al año y revisará sin demora el documento cuando tal examen indique la necesidad de efectuar modificaciones. La versión revisada estará disponible rápidamente.

2.  A fin de asegurar la aplicación coherente del presente artículo, la AESPJ, previa consulta a las otras AES y tras realizar pruebas entre los consumidores y la industria, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen las condiciones en las que se examinará y revisará el documento de datos fundamentales del PEPP.

La AESPJ presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ... [12 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

Artículo 31

Responsabilidad civil

1.  El promotor del PEPP no incurrirá en responsabilidad civil sobre la base únicamente del documento de datos fundamentales del PEPP, incluida cualquier traducción del mismo, a no ser que sea engañoso, impreciso o incoherente con las partes pertinentes de la documentación contractual o precontractual jurídicamente vinculante o con los requisitos establecidos en el artículo 28.

2.  Un ahorrador en PEPP que demuestre haber sufrido una pérdida derivada de la confianza depositada en un documento de datos fundamentales en las circunstancias a que se refiere el apartado 1 al celebrar un contrato de PEPP para el que se haya elaborado dicho documento, podrá reclamar daños y perjuicios por tal pérdida al promotor del PEPP de conformidad con el Derecho nacional.

3.  Los elementos como «pérdida» o «daños y perjuicios» a los que se hace referencia en el apartado 2 sin definirlos se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho nacional aplicable según determinen las disposiciones pertinentes del Derecho internacional privado.

4.  El presente artículo no excluye otras reclamaciones de responsabilidad civil de conformidad con el Derecho nacional.

5.  Las obligaciones establecidas en el presente artículo no podrán limitarse ni derogarse en virtud de cláusulas contractuales.

Artículo 32

Contratos de PEPP que cubren riesgos biométricos

Cuando el documento de datos fundamentales se refiera a un contrato de PEPP que cubra riesgos biométricos, las obligaciones del promotor de PEPP en virtud de esta sección tendrán efecto únicamente hacia el ahorrador en PEPP.

Artículo 33

Suministro del documento de datos fundamentales del PEPP

1.  Al ofrecer asesoramiento sobre el PEPP o proponerlo a la venta, el promotor de PEPP o distribuidor de PEPP proporcionará a los futuros ahorradores en PEPP todos los documentos de datos fundamentales del PEPP elaborados de conformidad con el artículo 26, con la debida antelación, antes de que los ahorradores en PEPP queden vinculados por cualquier contrato de PEPP u oferta relacionada con el mismo.

2.  El promotor de PEPP o distribuidor de PEPP podrá cumplir los requisitos del apartado 1 suministrando el documento de datos fundamentales del PEPP a una persona autorizada por escrito para tomar decisiones de inversión en nombre del ahorrador en PEPP respecto de operaciones realizadas en virtud de dicha autorización escrita.

3.  A fin de asegurar una aplicación coherente del presente artículo, la AESPJ elaborará, previa consulta con las otras EAS, un proyecto de normas técnicas de regulación en las que se especifiquen las condiciones en que se considerará cumplido el requisito de suministrar el documento de datos fundamentales conforme al apartado 1.

La AESPJ presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el … [doce meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1094/2010.

SECCIÓN III

ASESORAMIENTO ▌

Artículo 34

Especificación de las exigencias y necesidades y prestación de asesoramiento

1.  Antes de la celebración de un contrato de PEPP, el promotor del PEPP o distribuidor del PEPP ▌especificará, en función de la información solicitada y recibida del futuro ahorrador en PEPP, las exigencias relativas a la jubilación y las necesidades de dicho futuro ahorrador, incluida la posible necesidad de adquirir un producto que ofrezca una renta, y le facilitará información objetiva sobre el PEPP de forma comprensible para que pueda tomar una decisión informada.

Todo contrato de PEPP que se proponga respetará las exigencias y necesidades en materia de jubilación del ahorrador en el PEPP, teniendo en cuenta los derechos de pensión que dicho ahorrador haya devengado.

2.  El promotor del PEPP o distribuidor del PEPP proporcionará asesoramiento al posible ahorrador en PEPP antes de la celebración del contrato del PEPP, facilitando al futuro ahorrador en PEPP una recomendación personalizada en la que explique por qué un determinado PEPP, incluida una opción específica de inversión, cuando proceda, se ajustaría mejor a sus exigencias, necesidades y preferencias.

El promotor del PEPP o distribuidor del PEPP también facilitará al ahorrador en PEPP proyecciones personalizadas de prestaciones de pensión para el producto recomendado, sobre la base de la fecha más temprana en la que podrá iniciarse la fase de disposición y una cláusula de exención de responsabilidad, en la que se especifique que dichas proyecciones pueden diferir del valor final de las prestaciones del PEPP recibidas. Si las proyecciones de prestaciones de pensión se basan en estimaciones económicas, dicha información también incluirá el mejor de los casos estimados así como una estimación desfavorable, teniendo en cuenta la naturaleza específica del contrato de PEPP;

3.  Si un PEPP básico se ofrece sin por lo menos una garantía sobre el capital, el promotor de PEPP o distribuidor de PEPP explicará claramente la existencia de PEPP con garantía sobre el capital, las razones para recomendar un PEPP básico basado en una técnica de reducción del riesgo coherente con el objetivo de permitir a los ahorradores en PEPP recuperar el capital y demostrará claramente cualquier riesgo adicional que pueda entrañar tal PEPP en comparación con un PEPP básico basado en una garantía de capital que proporcione una garantía sobre el capital. Esta explicación se facilitará por escrito.

4.  Cuando preste asesoramiento ▌, el promotor del PEPP o distribuidor del PEPP a que se hace referencia en el artículo 23, apartado 1, letra c), del presente Reglamento solicitará al posible ahorrador en PEPP que facilite información sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión correspondiente al PEPP ofrecido o solicitado y sobre su situación financiera, incluida su capacidad de soportar pérdidas, y sus objetivos de inversión, incluida su tolerancia al riesgo, con el fin de que el promotor del PEPP o distribuidor del PEPP pueda recomendar al posible ahorrador en PEPP uno o más PEPP idóneos para él y que, en particular, se ajusten mejor a su nivel de tolerancia al riesgo y su capacidad para soportar pérdidas.

5.  Las responsabilidades del promotor de PEPP o distribuidor de PEPP no se reducirán por el hecho de que el asesoramiento se preste en todo o en parte por un sistema automatizado o semiautomatizado.

6.  Sin perjuicio de una normativa sectorial más estricta, los promotores de PEPP o distribuidores de PEPP ▌garantizarán y demostrarán a las autoridades competentes, a instancias de estas últimas, que las personas físicas que presten asesoramiento sobre los PEPP disponen de los conocimientos y competencias necesarios para dar cumplimiento a sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento. Los Estados miembros publicarán los criterios utilizados para evaluar dichos conocimientos y competencias.

SECCIÓN IV

INFORMACIÓN DURANTE LA DURACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 35

Disposiciones generales

1.  Los promotores de PEPP elaborarán un documento personalizado conciso, que facilitarán durante la fase de acumulación, con información relevante para cada ahorrador en PEPP, teniendo en cuenta la naturaleza específica de los sistemas nacionales de pensiones y de toda normativa aplicable, incluido el Derecho nacional en materia social, laboral y tributaria (en lo sucesivo, «declaración de las prestaciones del PEPP»). El título del documento incluirá la expresión «declaración de las prestaciones del PEPP».

2.  ▌La fecha exacta a que se refiere la información de la declaración de las prestaciones del PEPP figurará de forma destacada.

3.  La información contenida en la declaración de las prestaciones del PEPP será exacta y estará actualizada.

4.  El promotor del PEPP pondrá la declaración de las prestaciones del PEPP a disposición de cada ahorrador en PEPP con carácter anual.

5.  Se indicará con claridad cualquier cambio sustancial de la información contenida en la declaración de las prestaciones del PEPP con respecto a la declaración anterior.

6.  Además de la declaración de las prestaciones del PEPP, el ahorrador en el PEPP será informado sin demora, durante todo el período de duración del contrato, de cualquier modificación relativa a lo siguiente:

a)  las condiciones, incluidas las condiciones generales y particulares de la póliza;

b)  la denominación o razón social del promotor del PEPP, su forma jurídica o domicilio social y, en su caso, la dirección de la sucursal con la cual se haya celebrado el contrato;

c)  información sobre la manera en que la política de inversión tiene en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza.

Artículo 36

Declaración de las prestaciones del PEPP

1.  La declaración de las prestaciones del PEPP incluirá, como mínimo, la siguiente información relevante para los ahorradores en el PEPP:

a)  los datos personales del ahorrador en el PEPP y la fecha más temprana en la que pueda comenzar la fase de disposición en cualquier subcuenta;

b)  el nombre y la dirección de contacto del promotor del PEPP y una identificación del contrato de PEPP;

c)  el Estado miembro en el que el promotor del PEPP está autorizado o inscrito y el nombre de las autoridades competentes;

d)  información sobre las proyecciones de prestaciones de pensión basadas en la fecha mencionada en la letra a), y una limitación de responsabilidad en el sentido de que esas proyecciones pueden diferir del valor final de las prestaciones del PEPP recibidas. Si las proyecciones de prestaciones de pensión se basan en estimaciones económicas, dicha información también incluirá el mejor de los casos estimados así como una estimación desfavorable, teniendo en cuenta la naturaleza específica del contrato de PEPP;

e)  información sobre las aportaciones abonadas por el ahorrador en PEPP o por cualquier tercero en la cuenta del PEPP durante los doce meses anteriores;

f)   un desglose de los gastos realizados, directa o indirectamente, por el ahorrador en el PEPP durante los últimos doce meses, indicando los costes de administración, los costes de custodia de activos, los costes relacionados con las operaciones de cartera y otros costes, así como una estimación de la incidencia de los costes en las prestaciones definitivas del PEPP; dichos costes se expresarán en términos monetarios y como porcentaje de las aportaciones durante los doce meses anteriores;

g)  cuando proceda, la naturaleza y el mecanismo de la garantía o las técnicas de reducción del riesgo contempladas en el artículo 46;

h)  cuando proceda, el número y el valor de las unidades correspondientes a las aportaciones del ahorrador en el PEPP durante los doce meses anteriores;

i)  el importe total en la cuenta de PEPP del ahorrador en el PEPP en la fecha de la declaración a que se refiere el artículo 35;

j)  información sobre la rentabilidad histórica de la opción de inversión del ahorrador en el PEPP que cubra la rentabilidad de un mínimo de diez años o, en caso de que el PEPP se haya ofrec