Índice 
Textos aprobados
Martes 16 de abril de 2019 - Estrasburgo 
Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional ***I
 Adhesión de la UE al Acta de Ginebra sobre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas ***
 Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas ***I
 Acuerdo UE-Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos ***
 Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa ***
 Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Viorel Ștefan
 Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Ivana Maletić
 Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ***I
 Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva) ***I
 Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Reglamento) ***I
 Reglamento sobre requisitos de capital ***I
 Directiva sobre requisitos de capital ***I
 Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización para las entidades de crédito y las empresas de inversión (Reglamento) ***I
 Capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (Directiva) ***I
 Bonos de titulización de deuda soberana ***I
 Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros ***I
 Supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y creación de una Junta Europea de Riesgo Sistémico ***I
 Mercados de instrumentos financieros y acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)***I
 Supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión (Directiva) ***I
 Requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (Reglamento) ***I
 Condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea ***I
 Autoridad Laboral Europea ***I
 Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas ***I
 Reglamento relativo a las estadísticas empresariales europeas ***I
 Investigaciones de la OLAF y cooperación con la Fiscalía Europea ***I
 Establecimiento del instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero ***I
 Establecimiento del programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas ***I
 Comercialización y utilización de precursores de explosivos ***I
 Establecimiento de un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares ***I
 Interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de las fronteras y los visados ***I
 Interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración ***I
 Red europea de funcionarios de enlace de inmigración ***I
 Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a su seguridad general ***I

Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional ***I
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))
P8_TA-PROV(2019)0359A8-0395/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0307),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 338, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0182/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0395/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Para responder a las nuevas necesidades en la Unión de estadísticas en materia de asilo y gestión de la migración, y teniendo en cuenta que las características de la migración cambian rápidamente, es necesario un marco que permita responder rápidamente a las necesidades cambiantes de las estadísticas sobre asilo y gestión de la migración
(2)  Para responder a las nuevas necesidades en la Unión de estadísticas en materia de migración y protección internacional, y teniendo en cuenta que las características de los movimientos migratorios cambian rápidamente, es necesario un marco que permita responder rápidamente a las necesidades cambiantes de las estadísticas sobre migración y protección internacional.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  Debido al cambio constante y a la diversa naturaleza de los flujos migratorios actuales, es necesario disponer de datos estadísticos exhaustivos y desagregados por género sobre la población migrante para entender la realidad de la situación, detectar vulnerabilidades y desigualdades y ofrecer a los responsables de la elaboración de políticas datos e información fiables para la elaboración de futuras políticas públicas.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  Para ayudar a la Unión a responder eficazmente a los desafíos planteados por la migración, es necesaria una periodicidad subanual de los datos sobre asilo y gestión de la migración.
(3)  Para ayudar a la Unión a responder eficazmente a los desafíos planteados por la migración y a elaborar políticas con perspectiva de género y basadas en los derechos humanos, es necesaria una periodicidad subanual de los datos sobre asilo y gestión de la migración.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Las estadísticas en materia de asilo y gestión de la migración son fundamentales para el estudio, la definición y la evaluación de una amplia gama de políticas, en particular con respecto a las respuestas a la llegada de personas que buscan protección en Europa.
(4)  Las estadísticas en materia de asilo y gestión de la migración son fundamentales para el estudio, la definición y la evaluación de una amplia gama de políticas, en particular con respecto a las respuestas a la llegada de personas que buscan protección en Europa, a fin de encontrar las soluciones óptimas.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Las estadísticas sobre migración y protección internacional son esenciales para tener una visión de conjunto de los movimientos migratorios dentro de la Unión y permitir una buena aplicación por los Estados miembros de la legislación de la Unión desde el respeto de los derechos fundamentales, tal y como se establecen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
(4 ter)  La persecución por motivos de género constituye un motivo que justifica la búsqueda de protección internacional y su concesión. Las autoridades estadísticas nacionales y de la Unión deben recopilar las estadísticas relativas a las solicitudes de protección internacional basadas en motivos de género, incluida la violencia de género.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Con el fin de alcanzar los objetivos del Reglamento (CE) n.º 862/2007, deben asignarse suficientes recursos financieros a la recogida, el análisis y la difusión de estadísticas nacionales y de la Unión de alta calidad en materia de migración y protección internacional, en particular apoyando acciones a este respecto, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
______________
1 bis.   Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración, por el que se modifica la Decisión 2008/381/CE del Consejo y por el que se derogan las Decisiones n.º 573/2007/CE y n.º 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2007/435/CE del Consejo (DO L 150 de 20.5.2014, p. 168).
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  El presente Reglamento garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar y a la protección de los datos de carácter personal, con arreglo a los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(10)  El presente Reglamento garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar, a la protección de los datos de carácter personal, a la no discriminación y a la igualdad de género con arreglo a los artículos 7, 8, 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
______________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  La recopilación de datos desagregados por género permitirá detectar y analizar las vulnerabilidades y capacidades específicas de las mujeres y los hombres y revelar brechas y desigualdades. Los datos con perspectiva de género en materia de migración son susceptibles de promover una mayor igualdad y ofrecer oportunidades a los grupos desfavorecidos. Las estadísticas en materia de migración también deben tener en cuenta variables como la identidad de género y la orientación sexual a fin de recoger datos sobre las experiencias y desigualdades de las personas LGBTQI+ en los procesos de migración y asilo.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la especificación de las desagregaciones. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo25.
(11)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta al establecimiento de normas sobre los formatos adecuados para la transmisión de datos. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo25.
__________________
__________________
25 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
25 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)  A fin de adaptar el Reglamento (CE) n.º 862/2007 a la evolución tecnológica y económica, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de dicho Reglamento, a fin de actualizar determinadas definiciones y completarlo para determinar las agrupaciones de datos y las desagregaciones adicionales y para establecer normas sobre precisión y normas de calidad. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación1 bis. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo recibirán toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tendrán acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
________________
1 bis DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
(11 ter)  El control eficaz de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 862/2007 requiere su evaluación a intervalos regulares. La Comisión deberá evaluar a fondo las estadísticas recopiladas de conformidad con dicho Reglamento, así como su calidad y suministro oportuno con vistas a la presentación de informes para el Parlamento Europeo y el Consejo. Deben celebrarse consultas minuciosas con todos los agentes implicados en la recopilación de datos sobre asilo, incluidos los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 1 – apartado 1 – letra c
-1)  En el artículo 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
c)  los procedimientos y procesos administrativos y judiciales de los Estados miembros relativos a la inmigración, la concesión de permisos de residencia, nacionalidad, asilo y otras formas de protección internacional y la prevención de la inmigración irregular.
«c) los procedimientos y procesos administrativos y judiciales de los Estados miembros relativos a la inmigración, la concesión de permisos de residencia, nacionalidad, asilo y otras formas de protección internacional, la entrada y estancia irregulares y los retornos.».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0033)
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra j
-1 bis) El artículo 2 se modifica de la forma siguiente:
a)  En el apartado 1, la letra j) se sustituye por el texto siguiente:
j)«solicitud de protección internacional»: solicitud de protección internacional según la definición del artículo 2, letra g), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida;
«j) «solicitud de protección internacional»: solicitud de protección internacional según la definición del artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo2;».
_______________
_______________
2 DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
2 Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9).
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra b (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra k
b)  En el apartado 1, la letra k) se sustituye por el texto siguiente:
k)“estatuto de refugiado”: estatuto de refugiado según la definición del artículo 2, letra e), de la Directiva 2004/83/UE;
«k) “estatuto de refugiado”: estatuto de refugiado según la definición del artículo 2, letra e), de la Directiva 2011/95/UE;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra c (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra l
c)  En el apartado 1, la letra l) se sustituye por el texto siguiente:
l)“estatuto de protección subsidiaria”: estatuto de protección subsidiaria según la definición del artículo 2, letra g), de la Directiva 2004/83/UE;
«l) “estatuto de protección subsidiaria”: estatuto de protección subsidiaria según la definición del artículo 2, letra g), de la Directiva 2011/95/UE;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra d (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra m
d)  En el apartado 1, la letra m) se sustituye por el texto siguiente:
m)«miembros de la familia»: miembros de la familia según la definición del artículo 2, letra g), del Reglamento (UE) 343/2003 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida;
«m) «miembros de la familia»: miembros de la familia según la definición del artículo 2, letra g), del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo3;».
_______________
_______________
3 DO L 50 de 25.2.2003, p. 1.
3 Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra e (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra o
e)  En el apartado 1, la letra o) se sustituye por el texto siguiente:
o)“menor no acompañado”: menor no acompañado según la definición del artículo 2, letra i), de la Directiva 2004/83/UE;
«o) “menor no acompañado”: menor no acompañado según la definición del artículo 2, letra l), de la Directiva 2011/95/UE;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra f (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra p
f)  En el apartado 1, la letra p) se sustituye por el texto siguiente:
p)"fronteras exteriores": fronteras exteriores según la definición del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) [12];
«p) «fronteras exteriores»: fronteras exteriores según la definición del artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo5;».
________________
________________
5 DO L 105 de 13.4.2006, p. 1.
5 Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra g (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra q
g)  En el apartado 1, la letra q) se sustituye por el texto siguiente:
q)“nacionales de terceros países a quienes se deniegue la entrada”: nacionales de terceros países a quienes se deniegue la entrada por no cumplir las condiciones del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 562/2006, siempre que no pertenezcan a ninguna de las categorías de personas indicadas en el artículo 5, apartado 4, del mismo Reglamento;
«q) «nacionales de terceros países a quienes se deniegue la entrada»: nacionales de terceros países a quienes se deniegue la entrada por no cumplir las condiciones del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399, siempre que no pertenezcan a ninguna de las categorías de personas indicadas en el artículo 5, apartado 2, del mismo Reglamento;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra h (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra s bis (nueva)
h)  En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«s bis) «expulsión»: expulsión según la definición del artículo 3, punto 5, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*;».
________________
* Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra i (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra s ter (nueva)
i)  En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«s ter) «salida voluntaria»: salida voluntaria según la definición del artículo 3, punto 8, de la Directiva 2008/115/CE;».
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra j (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 1 – letra s quater (nueva)
j)  En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«s quater) «salida voluntaria asistida»: salida voluntaria según la definición del artículo 3, punto 8, de la Directiva 2008/115/CE con ayuda de asistencia logística, financiera u otra asistencia material.».
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo) – letra k (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 2 – apartado 3
k)  Se suprime el apartado 3.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 3
-1 ter) El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
Artículo 3
«Artículo 3
Estadísticas sobre migración internacional, población residente habitual y adquisición de nacionalidad
Estadísticas sobre migración internacional, población residente habitual y adquisición de nacionalidad
1.  Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión (Eurostat) estadísticas sobre el número de:
1.  Los Estados miembros proporcionarán a la Comisión (Eurostat) estadísticas sobre el número de:
a)  inmigrantes que se trasladan al territorio del Estado miembro, desagregados de la siguiente manera:
a)  inmigrantes que se trasladan al territorio del Estado miembro, desagregados de la siguiente manera:
i)  grupos de nacionalidades por edad y sexo,
i)  grupos de nacionalidades por edad y género,
ii)  grupos de países de nacimiento por edad y sexo;
ii)  grupos de países de nacimiento por edad y género;
iii)  grupos de países de residencia habitual anterior por edad y sexo;
iii)  grupos de países de residencia habitual anterior por edad y género;
b)  emigrantes que se trasladan desde el territorio del Estado miembro desagregados de la siguiente manera:
b)  emigrantes que se trasladan desde el territorio del Estado miembro desagregados de la siguiente manera:
i)  por grupos de nacionalidades,
i)  por grupos de nacionalidades,
ii)  edad,
ii)  edad,
iii)  sexo;
iii)  género;
iv)  por grupos de países de residencia habitual posterior;
iv)  por grupos de países de residencia habitual posterior;
c)  personas que tienen su residencia habitual en el Estado miembro al final del período de referencia, desagregados de la siguiente manera:
c)  personas que tienen su residencia habitual en el Estado miembro al final del período de referencia, desagregados de la siguiente manera:
i)  grupos de nacionalidades por edad y sexo,
i)  grupos de nacionalidades por edad y género,
ii)  grupos de países de nacimiento por edad y sexo;
ii)  grupos de países de nacimiento por edad y género;
d)  personas que tienen su residencia habitual en el territorio del Estado miembro y que han adquirido la nacionalidad del Estado miembro durante el año de referencia y que tuvieron anteriormente la nacionalidad de otro Estado miembro o de un tercer país o que tuvieron anteriormente la condición de apátridas, desagregadas por edad y sexo, y por la nacionalidad anterior de las personas afectadas o su condición anterior de apátridas.».
d)  personas que tienen su residencia habitual en el territorio del Estado miembro y que han adquirido la nacionalidad del Estado miembro durante el año de referencia y que tuvieron anteriormente la nacionalidad de otro Estado miembro o de un tercer país o que tuvieron anteriormente la condición de apátridas, desagregadas por edad y género, y por la nacionalidad anterior de las personas afectadas o su condición anterior de apátridas.».
d bis)  personas que tienen su residencia habitual en el territorio del Estado miembro y que han obtenido un permiso de residencia de larga duración durante el año de referencia, desagregadas por edad y género.
2.  Las estadísticas contempladas en el apartado 1 se referirán a períodos de referencia de un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de doce meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será 2008. ».
2.  Las estadísticas contempladas en el apartado 1 se referirán a períodos de referencia de un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de doce meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será 2020.».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1538559664710&uri=CELEX:32007R0862)
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra c
-a)  En el apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
c)  solicitudes de protección internacional que se hayan retirado durante el período de referencia.
«c) solicitudes de protección internacional que se hayan retirado durante el período de referencia, desagregadas por tipo de retirada;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
d bis)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y cuyas solicitudes se han tramitado de conformidad con el procedimiento acelerado contemplado en el artículo 31, apartado 8, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*;
__________________
* Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
d ter)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y cuyas solicitudes se han tramitado de conformidad con los procedimientos fronterizos contemplados en el artículo 43 de la Directiva 2013/32/UE durante el período de referencia;
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d quater (nueva)
d quater)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia durante el período de referencia y que están eximidas del procedimiento acelerado o del procedimiento fronterizo de conformidad con el artículo 24, apartado 3, y el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 2013/32/UE;
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d quinquies (nueva)
d quinquies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional sin haber sido registradas en Eurodac como se contempla en el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 603/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo*;
__________________
* Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d sexies (nueva)
d sexies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que están incluidas en una solicitud de ese tipo en calidad de miembro de la familia durante el período de referencia y que pueden presentar documentos justificativos que ayuden a determinar su identidad;
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d septies (nueva)
d septies)  personas que han presentado una solicitud posterior de protección internacional contemplada en el artículo 40 de la Directiva 2013/32/UE o que están incluidas en una solicitud de ese tipo en calidad de miembro de la familia durante el período de referencia;
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d octies (nueva)
d octies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia durante el período de referencia y que estaban internadas de conformidad con la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo* al final del período de referencia, desagregadas por el mes en que esas personas fueron internadas y los motivos del internamiento;
____________________
* Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d nonies (nueva)
d nonies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y que estaban sometidas a una decisión o acto administrativo o judicial que ordene su internamiento de conformidad con la Directiva 2013/33/UE durante el período de referencia;
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d decies (nueva)
d decies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y que eran objeto de una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordena medidas alternativas al internamiento de conformidad con la Directiva 2013/33/UE durante el período de referencia, desagregadas por tipo de medida alternativa, de la forma siguiente:
i)  presentación a las autoridades;
ii)  depósito de una fianza;
iii)  obligación de permanecer en un lugar determinado;
iv)  otro tipo de alternativas a la detención;
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d undecies (nueva)
d undecies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia durante el período de referencia y que sean objeto de una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordene medidas alternativas al internamiento de conformidad con la Directiva 2013/33/UE al final del período de referencia, desagregadas por mes, decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial contra esas personas, así como por tipo de alternativas, de la forma siguiente:
i)  presentación a las autoridades;
ii)  depósito de una fianza;
iii)  obligación de permanecer en un lugar determinado;
iv)  otro tipo de alternativas a la detención;
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – letra d duodecies (nueva)
d duodecies)  personas que han presentado una solicitud de protección internacional y que han sido objeto de un procedimiento de determinación de la edad durante el período de referencia;
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d terdecies (nueva)
d terdecies)  decisiones relativas a procedimientos de determinación de la edad de los solicitantes, desagregados de la siguiente forma:
i)  evaluaciones que hayan concluido que el solicitante es menor;
ii)  evaluaciones que hayan concluido que el solicitante es adulto;
iii)  evaluaciones no concluyentes o abandonadas;
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d quaterdecies (nueva)
d quaterdecies) personas que han presentado una solicitud de protección internacional o han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y que han sido identificadas como necesitadas de garantías procedimentales especiales de conformidad con el artículo 24 de la Directiva 2013/32/UE o como solicitantes con necesidades de acogida particulares en el sentido del artículo 2, letra k), de la Directiva 2013/33/UE durante el período de referencia;
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d quindecies (nueva)
d quindecies) personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y que hayan disfrutado de asistencia jurídica gratuita en virtud del artículo 20 de la Directiva 2013/32/UE durante el período de referencia, desagregadas por procedimientos en primera y en segunda instancia;
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d sexdecies (nueva)
d sexdecies) personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que han sido incluidas en dicha solicitud como miembros de la familia y que se hayan beneficiado de condiciones materiales de acogida que proporcionan a los solicitantes un nivel de vida adecuado de conformidad con el artículo 17 de la Directiva 2013/33/UE al final del período de referencia;
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d septdecies (nueva)
d septdecies) personas que han presentado una solicitud de protección internacional como menores no acompañados y para las que se haya nombrado un representante de conformidad con el artículo 25 de la Directiva 2013/32/UE durante el período de referencia;
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d octodecies (nueva)
d octodecies) personas que han presentado una solicitud de protección internacional reconocidas como menores no acompañados y que hayan sido escolarizadas en virtud del artículo 14 de la Directiva 2013/33/UE durante el período de referencia;
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d novodecies (nueva)
d novodecies) personas que han presentado una solicitud de protección internacional reconocidas como menores no acompañados y que hayan sido acomodadas en virtud del artículo 31 de la Directiva 2011/95/UE durante el período de referencia, desagregadas por motivo de acomodación;
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4– apartado 1 – letra d vicies (nueva)
d vicies ) el número medio de menores no acompañados por tutor durante el período de referencia;».
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo último
Estas estadísticas se desagregarán por edad y sexo y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de referencia de un mes natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de dos meses a partir del final del mes de referencia. El primer mes de referencia será enero de 2020.
Estas estadísticas se desagregarán por edad y género, y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de referencia de un mes natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de dos meses a partir del final del mes de referencia. El primer mes de referencia será enero de 2020.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 2 – letra a
b bis)  En el apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
a)  personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que desestiman las solicitudes de protección internacional, incluyendo las decisiones que declaren las solicitudes inadmisibles o infundadas, y decisiones adoptadas en el marco de procedimientos prioritarios y acelerados, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;
«a) personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que desestiman las solicitudes de protección internacional adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia, desagregadas de la siguiente forma:
i)  decisiones que declaran las solicitudes inadmisibles, desagregadas además por motivo de inadmisibilidad;
ii)  decisiones que desestiman las solicitudes por infundadas;
iii)  decisiones que desestiman las solicitudes por ser manifiestamente infundadas en el marco del procedimiento ordinario, desagregadas además por motivo de desestimación;
iv)  decisiones que desestiman las solicitudes por ser manifiestamente infundadas en el marco del procedimiento acelerado, desagregadas además por motivo de aceleración y de desestimación;
v)  decisiones que desestiman las solicitudes porque el solicitante puede beneficiarse de protección dentro de su país de origen en virtud del artículo 8 de la Directiva 2011/95/UE;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 2 – letra b
b ter)  En el apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
b)  personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que conceden o retiran el estatuto de refugiado, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;
«b) personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia, que concedan, retiren o den por finalizado el estatuto de refugiado o desestimen su renovación por motivos de cesación, exclusión o cualquier otro motivo; las decisiones adoptadas sobre la cesación o la exclusión se desagregarán además por el motivo específico en que se basa la cesación o la exclusión;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 2 – letra c
b quater)  En el apartado 2, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
c)  personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que conceden o retiran el estatuto de protección subsidiaria, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;
«c) personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia, que conceden, retiran o dan por finalizado el estatuto de protección subsidiaria o desestiman su renovación por motivos de cesación, exclusión o cualquier otro motivo; las decisiones adoptadas sobre la cesación o la exclusión se desagregarán además por el motivo específico en que se basa la cesación o la exclusión;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b quinquies (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
b quinquies)  En el apartado 2, se añade la letra siguiente:
«e bis) personas a las que se refieren las decisiones de primera instancia por las que se reduce o retira el beneficio de las condiciones materiales de acogida, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia, desagregadas por tipo de decisión, duración de la reducción o retirada y sus motivos.».
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo último
Estas estadísticas se desagregarán por edad y sexo y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de referencia de tres meses naturales y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de doce meses a partir del final del período de referencia. El primer período de referencia será de enero a marzo de 2020.
Estas estadísticas se desagregarán por edad y género, y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de referencia de tres meses naturales y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de doce meses a partir del final del período de referencia. El primer período de referencia será de enero a marzo de 2020.
Estas estadísticas se desagregarán además en función de si las decisiones se han adoptado después de una entrevista personal o sin entrevista personal. Las estadísticas sobre las decisiones adoptadas después de una entrevista personal se desagregarán a su vez en función de si en la entrevista personal el solicitante ha recibido o no los servicios de un intérprete.
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 3 – letra b
d bis)  En el apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
b)  personas a las que se refieren las decisiones definitivas de desestimar solicitudes de protección internacional, tales como las decisiones que declaren las solicitudes inadmisibles o infundadas, y las decisiones adoptadas en el marco de procedimientos prioritarios y acelerados, adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;
«b) personas a las que se refieren las decisiones definitivas de desestimar solicitudes de protección internacional, adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia, desagregadas de la siguiente forma:
i)  decisiones que declaran las solicitudes inadmisibles, desagregadas además por motivo de inadmisibilidad;
ii)  decisiones que desestiman las solicitudes por infundadas;
iii)  decisiones que desestiman las solicitudes por ser manifiestamente infundadas en el marco del procedimiento ordinario, desagregadas además por motivo de desestimación;
iv)  decisiones que desestiman las solicitudes por ser manifiestamente infundadas en el marco del procedimiento acelerado, desagregadas además por motivo de aceleración y de desestimación;
v)  decisiones que desestiman las solicitudes porque el solicitante puede beneficiarse de protección dentro de su país de origen en virtud del artículo 8 de la Directiva 2011/95/UE;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 3 – letra c
d ter ) En el apartado 3, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
c)  personas a las que se refieren las decisiones definitivas de conceder o retirar el estatuto de refugiado adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;
«c) personas a las que se refieren las decisiones definitivas, adoptadas por instancias administrativas o judiciales durante el período de referencia, que conceden, retiran o dan por finalizado el estatuto de refugiado o desestiman su renovación por motivos de cesación, exclusión o cualquier otro motivo; las decisiones adoptadas sobre la cesación o la exclusión se desagregarán además por el motivo específico en que se basa la cesación o la exclusión;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 3 – letra d
d quater ) En el apartado 3, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
d)  personas a las que se refieren las decisiones definitivas de conceder o retirar el estatuto de protección subsidiaria adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;
«d) personas a las que se refieren las decisiones definitivas, adoptadas por instancias administrativas o judiciales durante el período de referencia, que conceden, retiran o dan por finalizado el estatuto de protección subsidiaria o desestiman su renovación por motivos de cesación, exclusión o cualquier otro motivo; las decisiones adoptadas sobre la cesación o la exclusión se desagregarán además por el motivo específico en que se basa la cesación o la exclusión;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d quinquies (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 3 – letra g bis (nueva)
d quinquies)  En el apartado 3, se añade la letra siguiente:
«g bis) personas a las que se refieren las decisiones definitivas por las que se reduce o retira el beneficio de las condiciones materiales de acogida, adoptadas por instancias administrativas o judiciales durante el período de referencia, desagregadas por tipo de decisión, duración de la reducción o retirada y sus motivos.».
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo último
Las estadísticas contempladas en las letras b), c), d), e), f) y g) se desagregarán por edad y sexo y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Además, para la letra g), las estadísticas se desagregarán por lugar de residencia y por tipo de decisión de asilo. Se referirán a períodos de referencia de un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de tres meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será 2020.
Las estadísticas contempladas en las letras b), c), d), e), f) y g) se desagregarán por edad y género y por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Además, para la letra g), las estadísticas se desagregarán por lugar de residencia y por tipo de decisión de asilo. Se referirán a períodos de referencia de un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de tres meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será 2020.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)
e bis)  Se añade el apartado siguiente:
«3 bis. Los Estados miembros suministrarán a la Comisión (Eurostat) estadísticas relativas a la duración en días naturales de los recursos, desde el momento de interposición del recurso hasta el momento en que se produzca una decisión en primera instancia sobre el mismo.».
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo último
Estas estadísticas se referirán a períodos de referencia de un año natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en plazo de tres meses a partir del final del año de referencia. El primer año de referencia será 2020.
Estas estadísticas se desagregarán por edad y género, por la nacionalidad de las personas afectadas, y por menores no acompañados. Estas estadísticas se referirán a períodos de referencia de un mes natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en plazo de tres meses a partir del final del año de referencia. El primer período de referencia será enero de 2020.
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra h bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 4 – apartado 4 (nuevo)
h bis)  Se añade el apartado siguiente:
«4 bis. Las estadísticas contempladas en los apartados 1 a 4 se desagregarán por mes de presentación de la solicitud.».
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 5 – título
1 bis)  El artículo 5 queda modificado de la forma siguiente:
a)  El título se sustituye por el texto siguiente:
Estadísticas sobre prevención de la entrada y estancia ilegales
«Estadísticas sobre prevención de la entrada y estancia irregulares».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) – letra b (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 5 – apartado 1 – letra a
b)  En el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
a)  nacionales de terceros países a los que se haya denegado la entrada al territorio del Estado miembro en la frontera exterior;
«a) nacionales de terceros países a los que se haya denegado la entrada al territorio del Estado miembro en la frontera exterior, desagregadas por edad, género y nacionalidad;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) – letra c (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 5 – apartado 1 – letra b
c)  En el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
b)  nacionales de terceros países encontrados en situación ilegal en el territorio del Estado miembro de acuerdo con la legislación nacional relativa a inmigración.
«b) nacionales de terceros países encontrados en situación irregular en el territorio del Estado miembro de acuerdo con la legislación nacional relativa a inmigración.».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo) – letra d (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3
b)  El apartado 1, párrafo tercero, se sustituye por el texto siguiente:
Las estadísticas contempladas en la letra b) se desagregarán por edad y sexo, y por nacionalidad de las personas afectadas.».
«Las estadísticas contempladas en la letra b) se desagregarán por edad y género, nacionalidad de las personas afectadas, motivos y lugar de su detención.».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra -a (nueva)
-a)  el número de solicitudes de primeros permisos de residencia presentadas por nacionales de terceros países, desagregadas por nacionalidad, por motivo para la solicitud del permiso, por edad y por género;
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra -a bis (nueva)
-a bis) el número de solicitudes rechazadas de primeros permisos de residencia presentadas por nacionales de terceros países, desagregadas por nacionalidad, por motivo de solicitud del permiso, por edad y por género.
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra -a ter (nueva)
-a ter) el número de solicitudes de permisos de residencia que modifiquen el estatuto de inmigrante o el motivo de denegación de la residencia durante el período de referencia, desagregadas por nacionalidad, motivo de denegación del permiso, edad y género;
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso i
i)  permisos expedidos durante el período de referencia que otorgan al interesado el permiso de residir por primera vez, desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por sexo;
i)  permisos expedidos durante el período de referencia que otorgan al interesado el permiso de residir por primera vez, desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por género;
Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso ii
ii)  permisos expedidos durante el período de referencia y concedidos con ocasión del cambio del estatuto de inmigrante de la persona o del motivo de residencia, desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por sexo;
ii)  permisos expedidos durante el período de referencia y concedidos con ocasión del cambio del estatuto de inmigrante de la persona o del motivo de residencia, desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por género;
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra a – inciso iii
iii)  permisos válidos al final del período de referencia (número de permisos expedidos, no retirados ni caducados), desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por sexo;
iii)  permisos válidos al final del período de referencia (número de permisos expedidos, no retirados ni caducados), desagregados por nacionalidad, por el motivo para la expedición del permiso, por el período de validez del mismo, por edad y por género;
Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
b)  el número de residentes de larga duración al final del período de referencia, desagregados por nacionalidad, por tipo de estatuto de larga duración, por edad y por sexo.»
b)  el número de residentes de larga duración al final del período de referencia, desagregados por nacionalidad, por tipo de estatuto de larga duración, por edad y por género.
Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
Para las estadísticas contempladas en las letras -a), -a bis) y a), los permisos expedidos por motivos familiares serán desagregados adicionalmente por motivo y por estatuto del reagrupante del nacional del tercer país.
Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a
-a)  En el apartado 1, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
a)  el número de nacionales de terceros países que se encuentren presentes irregularmente en el territorio del Estado miembro y que estén sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que establezca o declare que su estancia es irregular y les imponga la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro, desagregadas por nacionalidad de las personas afectadas;
«a) el número de nacionales de terceros países que se encuentren presentes en situación irregular en el territorio del Estado miembro y que estén sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que establezca o declare que su estancia es irregular y les imponga la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro, desagregadas por nacionalidad de las personas afectadas y por los motivos de la decisión;».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
-a bis) En el apartado 1 se añade el texto siguiente:
«a bis) el número de nacionales de terceros países contemplados en la letra a) del presente apartado que estén sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial de prohibición de entrada contemplada en el artículo 11 de la Directiva 2008/115/CE al final del período de referencia, desagregadas por nacionalidad de las personas afectadas;».
Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a ter (nueva)
-a ter) En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«a ter) el número de nacionales de terceros países sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordene su internamiento en virtud de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* durante el período de referencia;».
Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a quater (nueva)
-a quater) En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«a quater) el número de nacionales de terceros países sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordene su internamiento en virtud de la Directiva 2008/115/CE al final del período de referencia, desagregadas por el mes en el que esos nacionales de terceros países fueran internados;».
Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a quinquies (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a quinquies (nueva)
-a quinquies) En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«a quinquies) el número de nacionales de terceros países sujetos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordene medidas alternativas al internamiento en virtud de la Directiva 2008/115/CE durante el período de referencia, desagregadas por tipo de medida alternativa de la forma siguiente:
i)  presentación a las autoridades;
ii)  depósito de una fianza;
iii)  obligación de permanecer en un lugar determinado;
iv)  otro tipo de alternativas a la detención;».
Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a sexies (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a sexies (nueva)
-a sexies) En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«a sexies) el número de nacionales de terceros países sujetos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordene medidas alternativas al internamiento de conformidad con la Directiva 2008/115/CE al final del período de referencia, desagregadas por el mes en que se dicten las medidas alternativas al internamiento y por el tipo de medidas alternativas, de la forma siguiente:
i)  presentación a las autoridades;
ii)  depósito de una fianza;
iii)  obligación de permanecer en un lugar determinado;
iv)  otro tipo de alternativas a la detención;».
Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a septies (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a septies (nueva)
-a septies) En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«a septies) el número de nacionales de terceros países que estén sometidos a un aplazamiento de la expulsión en virtud del artículo 9 de la Directiva 2008/115/CE durante el período de referencia, desagregadas por motivo de aplazamiento y nacionalidad de las personas afectadas;».
Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra -a octies (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra a octies (nueva)
-a octies) En el apartado 1, se inserta el texto siguiente:
«a octies) el número de nacionales de terceros países que estén sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que ordene su internamiento y que hayan incoado un procedimiento de revisión en virtud del artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE durante el período de referencia;».
Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra b
b)  el número de nacionales de terceros países que hayan abandonado de hecho el territorio del Estado miembro como consecuencia de una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, tal como se menciona en la letra a), desagregados por la nacionalidad de las personas retornadas, por tipo de retorno y asistencia recibida, y por país de destino.»
b)  el número de nacionales de terceros países que hayan abandonado de hecho el territorio del Estado miembro como consecuencia de una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, tal como se menciona en la letra a), desagregados por la nacionalidad de las personas retornadas, por tipo de retorno y asistencia recibida, y por país de destino, así como por retornos al país de origen del nacional de un tercer país.
Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
a bis)  En el apartado 1, se añade la letra siguiente:
«b bis) el número de nacionales de terceros países que hayan abandonado el territorio del Estado miembro como consecuencia de una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, desagregadas por el tipo de decisión o acto de la forma siguiente:
i)  en virtud de un acuerdo formal de readmisión de la Unión;
ii)  en virtud de un convenio informal de readmisión de la Unión;
iii)  en virtud de un acuerdo nacional de readmisión;
Estas estadísticas se desagregarán además por país de destino y por nacionalidad de la persona afectada.».
Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 7 – apartado 2
2.  Las estadísticas contempladas en el apartado 1 se referirán a períodos de referencia de tres meses naturales y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de doce meses a partir del final del período de referencia. El primer período de referencia será de enero a marzo de 2020.
2.  Las estadísticas contempladas en el apartado 1 se desagregarán por edad y género de la persona afectada, y por menores no acompañados. Se referirán a períodos de referencia de un mes natural y se proporcionarán a la Comisión (Eurostat) en un plazo de dos semanas a partir del final del período de referencia. El primer período de referencia será enero de 2020.
Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 9 – apartado 2
4 bis)  En el artículo 9, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  Los Estados miembros informarán a la Comisión (Eurostat) sobre las fuentes de datos utilizadas, los motivos para la selección de dichas fuentes y los efectos de las fuentes de datos seleccionadas sobre la calidad de las estadísticas, y mantendrán informada a la Comisión (Eurostat) de los cambios al respecto.
«2. Los Estados miembros informarán a la Comisión (Eurostat) sobre las fuentes de datos utilizadas, los motivos para la selección de dichas fuentes y los efectos de las fuentes de datos seleccionadas sobre la calidad de las estadísticas, sobre los mecanismos establecidos para garantizar la protección de los datos personales y sobre los métodos de estimación utilizados, y mantendrán informada a la Comisión (Eurostat) de los cambios al respecto.».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 9 bis (nuevo)
4 ter)  Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 9 bis
Actos delegados
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10 bis que modifiquen las definiciones presentadas en el artículo 2, apartado 1.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10 bis que modifiquen el presente Reglamento mediante:
a)  la definición de las categorías de grupos de países de nacimiento, grupos de países de residencia habitual anterior y siguiente y grupos de nacionalidades conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1;
b)  la definición de las categorías de los motivos para la expedición de los permisos de residencia conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a);
c)  la definición de desagregaciones adicionales;
d)  el establecimiento de las normas relativas a la precisión y las normas de calidad.».
Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra a
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 10 – apartado 1
La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución a efectos de especificar desagregaciones de conformidad con los artículos 4, 5, 6 y 7, y de establecer las normas sobre los formatos apropiados para la transmisión de datos, tal como se prevé en el artículo 9.
La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan las normas sobre los formatos apropiados para la transmisión de datos, tal como se prevé en el artículo 9. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 11, apartado 2.
Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 10 – apartado 2 – letra d
b)  En el apartado 2, se suprime la letra d).
b)   Se suprime el apartado 2.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 10 bis (nuevo)
5 bis)  Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 10 bis
Ejercicio de la delegación
1.  Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.
2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 9 bis se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].
3.  La delegación de poderes contemplada en el artículo 9 bis podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Dicha decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.
5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 9 bis entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones ha formulado objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas han informado a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.».
Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) – letra a (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 11 – título
5 ter)  El artículo 11 se modifica de la forma siguiente:
a)  El título se sustituye por el texto siguiente:
Comité
«Procedimiento de comité»
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) – letra b (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 11 – apartado 1
b)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
1.  Al adoptar las medidas de aplicación, la Comisión estará asistida por el Comité del programa estadístico, creado por la Decisión 89/382/CEE, Euratom.
«1. La Comisión estará asistida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo, creado por el Reglamento (CE) n.º 223/2009. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.».
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) – letra c (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 11 – apartado 2
c)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
«2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 10 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, observando lo dispuesto en su artículo 11.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)
Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo) – letra d (nueva)
Reglamento (CE) n.º 862/2007
Artículo 11 – apartado 3
d)  Se suprime el apartado 3.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&from=ES)

Adhesión de la UE al Acta de Ginebra sobre las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas ***
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0360A8-0187/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06929/2019),

–  Vista el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, firmada en Ginebra el 20 de mayo de 2015 (11510/2018),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0133/2019),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0187/2019),

1.  Concede su aprobación a la adhesión de la Unión Europea al Acta;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))
P8_TA-PROV(2019)0361A8-0036/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0365),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0383/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de marzo de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0036/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de las tres declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución, de las cuales la primera y la segunda se publicarán en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto legislativo definitivo;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas(2)

P8_TC1-COD(2018)0189


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 207,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  Para poder ejercer plenamente su competencia exclusiva en el ámbito de la política comercial común, y en pleno cumplimiento de sus compromisos en virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio, la Unión será Parte contratante del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo, «el Acta de Ginebra»)(5), con arreglo a la Decisión del Consejo (UE) .../...(6), si bien autoriza a los Estados miembros a proceder también a su ratificación o a su adhesión en interés de la Unión. Las Partes contratantes del Acta de Ginebra son miembros de una Unión particular creada por el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional(7) (en lo sucesivo, «Unión particular»). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión (UE).../..., la Unión y aquellos Estados miembros que hayan ratificado el Acta o se hayan adherido a la misma han de ser representados por la Comisión en la Unión particular en lo que respecta al Acta de Ginebra.

(2)  Procede establecer normas que permitan a la Unión ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivados del Acta de Ginebra que atañen a la Unión y a aquellos Estados miembros que la hayan ratificado o se hayan adherido a la misma.

(3)  El Acta de Ginebra protege las denominaciones de origen, incluidas las indicaciones geográficas, definidas en el Reglamento (CE) n.º 110/2008(8), el Reglamento (UE) n.º 1151/2012(9), el Reglamento (UE) n.º 1308/2013(10) y el Reglamento (UE) n.º 251/2014(11), del Parlamento Europeo y del Consejo ▌, que pasan a denominarse ambas en lo sucesivo «indicaciones geográficas».

(4)  Tras la adhesión de la Unión al Acta de Ginebra, y posteriormente de forma regular, ▌ la Comisión debe presentar a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «la Oficina Internacional») solicitudes de inscripción internacional en su registro (en lo sucesivo, «el Registro Internacional») de ▌ las indicaciones geográficas originarias y protegidas en el territorio de la Unión. Dichas solicitudes deben estar basadas en notificaciones efectuadas por los Estados miembros, por iniciativa propia o a solicitud de una persona física o jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii) del Acta de Ginebra, o de un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii) del Acta de Ginebra. Al efectuar dichas notificaciones, los Estados miembros deben evaluar el interés económico de la protección internacional de la indicación geográfica de que se trate, y tener en cuenta, en particular, el valor de la producción y el valor de las exportaciones, la protección en virtud de otros acuerdos, así como el uso inadecuado constatado o potencial en los terceros países de que se trate.

(5)  La inscripción de indicaciones geográficas en el Registro Internacional debe tener por objeto garantizar el suministro de productos de calidad, una competencia leal y la protección de los consumidores. Si bien tiene un valor cultural y económico significativo, el registro de las indicaciones geográficas debe evaluarse en función del valor creado para las comunidades locales, con vistas a apoyar el desarrollo rural e impulsar nuevas oportunidades de empleo en la producción, la transformación y otros servicios relacionados.

(6)  La Comisión debe recurrir a mecanismos existentes de consulta periódica con los Estados miembros, las asociaciones empresariales y los productores de la Unión para entablar un diálogo permanente con las partes interesadas.

(7)  Deben establecerse procedimientos adecuados para que la Comisión evalúe las indicaciones geográficas originarias de las Partes contratantes del Acta de Ginebra que no sean Estados miembros (en lo sucesivo, «terceras Partes contratantes») que estén inscritas en el Registro Internacional, a fin de prever un procedimiento para decidir sobre la protección en la Unión e invalidar dicha protección, según proceda.

(8)  La concesión por la Unión de la protección de las indicaciones geográficas originarias de terceras Partes contratantes e inscritas en el Registro Internacional debe hacerse de conformidad con el capítulo III del Acta de Ginebra, en particular con el artículo 14, que obliga a las Partes contratantes a poner a disposición recursos jurídicos eficaces para la protección de las indicaciones geográficas registradas y precisa que las acciones legales destinadas a garantizar su protección pueden ser entabladas por un organismo público o por cualquier interesado, que sea persona física o jurídica, pública o privada, conforme a sus respectivos sistemas y prácticas jurídicos. Con el fin de garantizar la protección de las marcas comerciales nacionales, regionales y de la Unión a la par de las indicaciones geográficas, teniendo en cuenta las salvaguardias respecto de los derechos de marcas anteriores, tal como se establece en el artículo 13, apartado 1, del Acta de Ginebra, debe protegerse la coexistencia de marcas comerciales anteriores y de indicaciones geográficas inscritas en el Registro Internacional que gozan de protección o son utilizadas en la Unión Europea.

(9)  Habida cuenta de la competencia exclusiva de la Unión, los Estados miembros que no sean Partes contratantes del Arreglo de Lisboa de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (en lo sucesivo, «el Arreglo de Lisboa»), no deben ratificar el Arreglo ni adherirse al mismo.

(10)  Los Estados miembros que ya sean Partes contratantes del Arreglo de Lisboa pueden seguir siéndolo, en particular para garantizar la continuidad de los derechos reconocidos en dicho Arreglo y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo. No obstante, deben actuar únicamente en interés de la Unión y en pleno respeto de la competencia exclusiva de la Unión. Por lo tanto, esos Estados miembros deben ejercer sus derechos y obligaciones dimanantes del Arreglo de Lisboa en pleno cumplimiento de la autorización concedida por la Unión con arreglo a las normas establecidas en el presente Reglamento. Con objeto de respetar el sistema uniforme de protección de las indicaciones geográficas establecido en la Unión respecto de los productos agrícolas y de seguir mejorando la armonización en el mercado único, no deben registrar en virtud del Arreglo de Lisboa ninguna denominación de origen nueva de productos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 110/2008, el Reglamento(UE) n.º 1151/2012, el Reglamento(UE) n.º 1308/2013 o el Reglamento (UE) n.º 251/2014.

(11)  Dichos Estados miembros han registrado denominaciones de origen en virtud del Arreglo de Lisboa. Procede establecer regímenes transitorios para la continuidad de la protección sujetos a los requisitos del Arreglo, del Acta de Ginebra y del acervo de la Unión.

(12)  Dichos Estados miembros han aceptado la protección de denominaciones de origen de terceras Partes contratantes. A fin de proporcionarles los medios para cumplir sus obligaciones internacionales contraídas antes de la adhesión de la Unión al Acta de Ginebra, debe preverse un régimen transitorio que únicamente debe producir efectos a nivel nacional, y no tener efecto alguno en el comercio interior de la Unión ni en el comercio internacional.

(13)  Parece justo que las tasas que han de pagarse en virtud del Acta de Ginebra y del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra para presentar una solicitud en la Oficina Internacional para el registro internacional de una indicación geográfica, así como las tasas que han de pagarse por otras inscripciones en el Registro Internacional y por el suministro de extractos, certificados u otras informaciones relativas al contenido de dicho registro internacional deban ser abonadas por el Estado miembro de origen de la indicación geográfica, por una persona física o jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii) del Acta de Ginebra, o por un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii) del Acta de Ginebra. Los Estados miembros deben tener la opción de requerir a dicha persona física o jurídica o a dicho beneficiario el abono de parte o la totalidad de las tasas.

(14)  Para sufragar cualquier déficit en relación con el presupuesto de funcionamiento de la Unión particular, la Unión debe estar en condiciones de prever, en función de los medios disponibles en su presupuesto anual para este fin, una contribución especial con arreglo a la decisión adoptada por la Asamblea de la Unión particular de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, apartado 4, del Acta de Ginebra, habida cuenta del valor económico y cultural de la protección de las indicaciones geográficas.

(15)  A fin de garantizar condiciones uniformes para la adhesión de la Unión Europea a la Unión particular, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión para elaborar una lista de indicaciones geográficas con respecto a las cuales se presentará una solicitud de inscripción en el Registro Internacional ante la Oficina Internacional tras la adhesión al Acta de Ginebra, para presentar posteriormente una solicitud de registro internacional de una indicación geográfica ante la Oficina Internacional, para desestimar una oposición, para decidir sobre la concesión o no de la protección de una indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional, para retirar la denegación de los efectos de un registro internacional, para cancelar un registro internacional, para notificar la invalidación de la protección en la Unión de una indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional, y para autorizar al Estado miembro a introducir y notificar a la Oficina Internacional cualquier modificación necesaria de la denominación de origen de un producto que goce de protección en virtud de uno de los Reglamentos a los que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(12).

(16)  Es importante garantizar que la Comisión supervise y evalúe la participación de la Unión en dicha Acta a lo largo del tiempo. Para llevar a cabo esta evaluación, la Comisión debe tener en cuenta, entre otras cosas, el número de indicaciones geográficas protegidas y registradas en virtud de la legislación de la Unión para las que se hayan presentado solicitudes de registro internacional y los casos en que la protección haya sido rechazada por terceras Partes contratantes, la evolución del número de terceros países que participan en el Acta de Ginebra, las medidas adoptadas por la Comisión para aumentar ese número y el impacto de la situación actual del acervo de la UE en materia de indicaciones geográficas en el atractivo que tiene el Acta de Ginebra para terceros países, así como el número y el tipo de indicaciones geográficas procedentes de Partes contratantes de terceros países que hayan sido rechazadas por la Unión,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece normas y procedimientos relativos a la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo, «el Acta de Ginebra»).

A los efectos del presente Reglamento, las «denominaciones de origen» y las «indicaciones geográficas» definidas en el Reglamento (CE) n.º 110/2008, el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y el Reglamento (UE) n.º 251/2014 pasan a denominarse ambas en lo sucesivo «indicaciones geográficas».

Artículo 2

Registro internacional de las indicaciones geográficas ▌

1.  Tras la adhesión de la Unión al Acta de Ginebra, y posteriormente de forma regular, la Comisión, en su calidad de autoridad competente, presentará ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «Oficina Internacional»), las solicitudes de registro internacional de indicaciones geográficas protegidas y registradas con arreglo al Derecho de la Unión y correspondientes a productos originarios de la Unión a tenor del artículo 5, apartados 1 y 2, del Acta de Ginebra.

2.  Con este fin, los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que inscriba en el Registro Internacional indicaciones geográficas originarias de sus respectivos territorios, protegidas y registradas en virtud de la legislación de la Unión. Esta solicitud podrá efectuarse:

a)  basándose en una solicitud de una persona física o jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta de Ginebra, o de un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii), del Acta de Ginebra, o

b)  por iniciativa propia.

3.  Partiendo de dichas solicitudes, la Comisión adoptará actos de ejecución que incluyan una lista de las indicaciones geográficas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo, de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 13, apartado 2.

Artículo 3

Cancelación de una indicación geográfica originaria de un Estado miembro de la Unión inscrita en el Registro Internacional

1.  La Comisión adoptará un acto de ejecución para solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro Internacional de una indicación geográfica originaria de un Estado miembro de la Unión:

a)  si la indicación geográfica ya no está protegida en la Unión, o

b)  a solicitud del Estado miembro del que proceda la indicación geográfica, que podrá efectuarse:

i)  basándose en la solicitud de una persona física o jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta de Ginebra, o de un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii), del Acta de Ginebra, o

ii)  por iniciativa propia.

2.  El acto de ejecución previsto en el apartado 1 del presente artículo se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

3.  La Comisión notificará sin demora a la Oficina Internacional la solicitud de cancelación.

Artículo 4

Publicación de las indicaciones geográficas de terceros países inscritas en el Registro Internacional

1.  La Comisión publicará todo registro internacional notificado por la Oficina Internacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, del Acta de Ginebra que concierna a las indicaciones geográficas inscritas en el Registro Internacional y respecto de las cuales la Parte contratante de origen, tal como se define en el artículo 1, inciso xv), del Acta de Ginebra, no sea un Estado miembro, siempre que la publicación se refiera a un producto cuyas indicaciones geográficas gozan de protección a escala de la Unión.

2.  La publicación del registro internacional se efectuará en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie C, e incluirá el tipo de producto y el país de origen.

Artículo 5

Evaluación de las indicaciones geográficas de terceros países inscritas en el Registro Internacional

1.   La Comisión publicará todo registro internacional notificado por la Oficina Internacional, de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Acta de Ginebra, relativo a las indicaciones geográficas inscritas en el Registro Internacional y respecto de las cuales la Parte contratante de origen, tal como se define en el artículo 1, inciso xv), del Acta de Ginebra, no es un Estado miembro, a fin de determinar si dicha publicación contiene los elementos obligatorios establecidos en la regla 5, apartado 2, del Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra (en lo sucesivo, «el Reglamento Común»)(13), y los detalles relativos a la calidad, la reputación o las características según se establece en la regla 5, apartado 3, del Reglamento Común, así como para valorar si la publicación se refiere a un producto cuyas indicaciones geográficas gozan ▌ de protección a escala de la Unión.

2.  El plazo para la realización de dicha evaluación no será superior a cuatro meses a partir de la fecha de inscripción de la indicación geográfica en el Registro Internacional y no incluirá la evaluación de otras disposiciones específicas de la Unión relativas a la comercialización de productos y, en particular, a las normas sanitarias y fitosanitarias, las normas de comercialización y el etiquetado de los alimentos.

Artículo 6

Procedimiento de oposición para las indicaciones geográficas de terceros países inscritas en el Registro Internacional

1.   En un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación del nombre de la indicación geográfica en el Diario Oficial de la Unión Europea de conformidad con el artículo 4, las autoridades de un Estado miembro o de un tercer país que no sea la Parte contratante de origen, o una persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida en la Unión o en un país tercero distinto del de la Parte contratante de origen puede declarar su oposición a la Comisión, en una de las lenguas oficiales de la Unión.

2.   Dicha oposición, referida a la indicación geográfica publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de conformidad con el artículo 4, será admisible únicamente si se presenta dentro del plazo establecido en el apartado 1 del presente artículo y si alega uno o varios de los siguientes motivos:

a)  la indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional entra en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o una raza animal y puede inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto;

b)  la indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional es total o parcialmente homónima de una indicación geográfica ya protegida en la Unión y no hay una distinción suficiente en la práctica entre las condiciones de uso local y tradicional y la presentación de la indicación geográfica propuesta para protección y la indicación geográfica ya protegida en la Unión, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores de que se trate y de no inducir a error al consumidor;

c)  la protección en la Unión de la indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional vulneraría un derecho de marca anterior a escala nacional, regional o de la Unión;

d)  la protección en la Unión de la indicación geográfica propuesta pondría en peligro el uso de un nombre total o parcialmente homónimo o la naturaleza exclusiva de una marca comercial a escala nacional, regional o de la Unión o la existencia de productos que han sido comercializados legalmente al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de la publicación del nombre de la indicación geográfica en el Diario Oficial de la Unión Europea de conformidad con el artículo 4;

e)  la indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional se refiere a un producto con respecto al cual no está ▌prevista una protección a escala de la Unión de las indicaciones geográficas;

f)  el nombre cuyo registro se solicita es un término genérico en el territorio de la Unión;

g)  no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 1, incisos i) y ii), del Acta de Ginebra;

h)  la indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional es un nombre homónimo que induce al consumidor a creer que los productos proceden de otro territorio, aun cuando dicho nombre sea exacto en lo que respecta al territorio, región o lugar efectivos de origen de los productos.

3.   La Comisión evaluará los motivos de oposición previstos en el apartado 2 en relación con el territorio de la Unión o una parte del mismo.

Artículo 7

Decisión sobre la protección en la Unión de indicaciones geográficas de terceros países inscritas en el Registro Internacional

1.  En caso de que, a tenor de la evaluación realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, se cumplan las condiciones establecidas en dicho apartado y no se haya recibido ninguna oposición, o ninguna oposición admisible, la Comisión deberá, en su caso, rechazar las oposiciones no admisibles recibidas y adoptar una decisión para conceder la protección a la indicación geográfica mediante un acto de ejecución adoptado de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 15, apartado 2.

2.  En caso de que, a tenor de la evaluación realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, no se cumplan las condiciones establecidas en dicho apartado o se haya recibido alguna oposición admisible de conformidad con el artículo 6, apartado 2, la Comisión adoptará una decisión sobre conceder o no la protección a una indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional mediante un acto de ejecución que se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 15, apartado 2. En el caso de las indicaciones geográficas de productos no incluidos en el ámbito de competencia de los Comités previstos en el artículo 15, apartado 1, la decisión será adoptada por la Comisión ▌.

3.   La decisión de conceder la protección a una indicación geográfica de conformidad con los apartados 1 o 2 del presente artículo deberá definir el ámbito de protección concedida y podrá incluir condiciones que sean compatibles con el Acta de Ginebra, y en particular conceder un período transitorio determinado, tal como se especifica en el artículo 17 del Acta de Ginebra y en la regla 14 del Reglamento Común.

4.   De conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Acta de Ginebra, la Comisión notificará a la Oficina Internacional la denegación de los efectos del registro internacional de que se trate en el territorio de la Unión, en el plazo de un año a partir de la recepción de la notificación del registro internacional de conformidad con el artículo 6, apartado 4, del Acta de Ginebra, o en el plazo de dos años en los casos contemplados en el artículo 5, apartado 1, de la Decisión (UE) .…/… del Consejo(14)(15).

5.  La Comisión, por iniciativa propia o a raíz de una solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica con interés legítimo, adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 2, un acto de ejecución para retirar, en su totalidad o en parte, una denegación previamente notificada a la Oficina Internacional. La Comisión notificará sin demora dicha denegación a la Oficina Internacional.

Artículo 8

Uso de indicaciones geográficas

1.   Los actos de ejecución adoptados por la Comisión sobre la base del artículo 7 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones específicas de la Unión relativas a la comercialización de productos y, en particular, a la organización común de los mercados agrícolas, a las normas sanitarias y fitosanitarias y al etiquetado de los alimentos. ▌

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las indicaciones geográficas protegidas en virtud del presente Reglamento podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice un producto de conformidad con el registro internacional.

Artículo 9

Invalidación de los efectos en la Unión de indicaciones geográficas de terceros países inscritas en el Registro Internacional

1.  La Comisión, por iniciativa propia o tras una solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, de un tercer país o de una persona física o jurídica con interés legítimo, adoptará actos de ejecución para invalidar, en su totalidad o en parte, los efectos de la protección en la Unión de una indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional cuando concurran una o varias de las circunstancias siguientes:

a)  la indicación geográfica ya no está protegida en la Parte contratante de origen;

b)  la indicación geográfica ya no está inscrita en el Registro Internacional;

c)  ya no están garantizados el cumplimiento de los elementos obligatorios establecidos en la regla 5.2 del Reglamento Común o los detalles relativos a la calidad, reputación o características establecidos en la regla 5.3 del Reglamento Común.

2.  Los actos de ejecución previstos en el apartado 1 del presente artículo se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen establecido en el artículo 15, apartado 2, y únicamente una vez que las personas físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta de Ginebra, o los beneficiarios tal como se definen en el artículo 1, inciso xvii), del Acta de Ginebra hayan tenido oportunidad de defender sus derechos.

3.  A condición de que la invalidación ya no pueda ser recurrida, la Comisión notificará sin demora a la Oficina Internacional la invalidación de los efectos en el territorio de la Unión del registro internacional de la indicación geográfica de conformidad con ▌las letras a) o c) del apartado 1.

Artículo 10

Relación con marcas comerciales

1.   La protección de una indicación geográfica se entenderá sin perjuicio de la validez de una marca anterior a escala nacional, regional o de la Unión que haya sido solicitada o registrada de buena fe, o adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio de un Estado miembro, de una unión regional de Estados miembros o de la Unión.

2.   Una indicación geográfica inscrita en el Registro Internacional no estará protegida en el territorio de la Unión cuando, a la vista de la reputación y notoriedad de una marca y del tiempo durante el que esta se haya venido utilizando, la protección de dicha indicación geográfica en el territorio de la Unión pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, una marca ▌que haya sido solicitada, registrada o establecida por el uso ˗si tal posibilidad está prevista en la legislación de que se trate˗ de buena fe en el territorio de un Estado miembro, de una unión regional de Estados miembros o de la Unión antes de la fecha en que la Oficina Internacional haya notificado a la Comisión la publicación del registro internacional de la indicación geográfica, cuya utilización pudiera vulnerar la protección de la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose y renovándose para el producto en cuestión no obstante la protección de la indicación geográfica, siempre que no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo(16) o de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo(17). En estos casos, se permitirá el uso conjunto de la indicación geográfica y de la marca comercial de que se trate.

Artículo 11

Disposiciones transitorias para las denominaciones de origen originarias de Estados miembros de la UE ya registradas en virtud del Arreglo de Lisboa

1.  En relación con cada una de las denominaciones de origen de un producto que esté protegido en virtud de alguno de los Reglamentos a los que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento, y sea originario de un Estado miembro que sea Parte contratante del Arreglo de Lisboa, el Estado miembro de que se trate optará por:

a)  solicitar el registro internacional de esa denominación de origen en virtud del Acta de Ginebra, siempre que el Estado miembro de que se trate haya ratificado el Acta de Ginebra o se haya adherido a la misma con arreglo a la autorización prevista en el artículo 3 de la Decisión (UE) ..../.... (18), o

b)  solicitar la cancelación de la inscripción de esa denominación de origen en el Registro Internacional.

Los Estados miembros de que se trate optarán por actuar:

a)  basándose en una solicitud de una persona física o jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta de Ginebra, o de un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii), del Acta de Ginebra, o

b)  por iniciativa propia.

Los Estados miembros de que se trate notificarán a la Comisión la opción a la que se refiere el párrafo primero en un plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

En los casos contemplados en la letra a) del párrafo primero, el Estado miembro de que se trate, en coordinación con la Comisión, comprobará con la Oficina Internacional cualquier modificación que haya que introducir en virtud de la regla 7.4 del Reglamento Común a los efectos de su registro en virtud del Acta de Ginebra.

La Comisión autorizará al Estado miembro a aportar las modificaciones necesarias y a notificar a la Oficina Internacional mediante un acto de ejecución conforme al procedimiento de examen previsto en el artículo 15, apartado 2.

2.  En relación con cada una de las denominaciones de origen de un producto incluido en el ámbito de aplicación de alguno de los Reglamentos a los que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento pero no protegido por ninguno de ellos, y originario de un Estado miembro que sea Parte contratante del Arreglo de Lisboa, el Estado miembro de que se trate:

a)  solicitará su registro en virtud del Reglamento de que se trate, o

b)  solicitará la cancelación de la inscripción de esa denominación de origen en el Registro Internacional.

Los Estados miembros de que se trate optarán por actuar:

a)  basándose en la solicitud de una persona física o jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta de Ginebra, o de un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii), del Acta de Ginebra, o

b)  por iniciativa propia.

Los Estados miembros de que se trate notificarán a la Comisión la opción a la que se refiere el párrafo primero y efectuarán la solicitud correspondiente en el plazo de tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

En los casos contemplados en la letra a) del párrafo primero, el Estado miembro de que se trate solicitará el registro internacional de esa denominación de origen en virtud del Acta de Ginebra, siempre que haya ratificado el Acta de Ginebra o se haya adherido a la misma con arreglo a la autorización prevista en el artículo 3 de la Decisión (UE) .../... (19), en el plazo de un año a partir de la fecha de inscripción de la indicación geográfica en virtud del Reglamento correspondiente. Serán de aplicación los párrafos cuarto y quinto del apartado 1.

En caso de que se deniegue la solicitud de registro en virtud del Reglamento correspondiente y se hayan agotado las vías de recurso administrativas y judiciales, o cuando la solicitud de registro en virtud del Acta de Ginebra no se haya efectuado con arreglo al párrafo cuarto del presente apartado, el Estado miembro de que se trate solicitará sin demora la cancelación de la inscripción de la indicación geográfica en el Registro Internacional.

3.  En el caso de las denominaciones de origen de productos no incluidos en el ámbito de aplicación de ninguno de los Reglamentos a los que se refiere el artículo 1 del presente Reglamento, cuyas indicaciones geográficas no gocen de protección a escala de la Unión, un Estado miembro que ya sea Parte contratante del Arreglo de Lisboa podrá mantener cualquier inscripción ya existente en el Registro Internacional.

El Estado miembro en cuestión podrá presentar además nuevas solicitudes de inscripción en el Registro Internacional en virtud del Arreglo de Lisboa de dichas denominaciones de origen procedentes de su territorio cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a)  el Estado miembro de que se trate ha notificado a la Comisión el proyecto de solicitud de inscripción de dichas denominaciones de origen. Dicha notificación incluirá pruebas de que la solicitud cumple los requisitos para el registro en virtud del Arreglo de Lisboa; y

b)  la Comisión no ha emitido un dictamen negativo en el plazo de dos meses a partir de dicha notificación. Únicamente podrá emitirse un dictamen negativo previa consulta con el Estado miembro de que se trate y, en casos excepcionales y debidamente justificados, cuando las pruebas a las que se refiere la letra a) no demuestren de manera satisfactoria que se cumplen las condiciones para el registro en virtud del Arreglo de Lisboa, o si el registro pudiera tener efectos adversos en la política comercial de la Unión.

En caso de que la Comisión solicite información adicional sobre la notificación prevista en la letra a), el plazo para su actuación será de un mes a partir de la recepción de la información solicitada.

La Comisión informará de inmediato a los demás Estados miembros sobre cualquier notificación efectuada de conformidad con la letra a).

Artículo 12

Protección transitoria de las denominaciones de origen originarias de un país tercero registradas en virtud del Arreglo de Lisboa

1.   Los Estados miembros que eran Partes contratantes del Arreglo de Lisboa antes de la adhesión de la Unión al Acta de Ginebra podrán seguir protegiendo las denominaciones de origen originarias de un país tercero que sea Parte contratante del Arreglo de Lisboa ▌mediante un sistema de protección nacional, con efecto a partir de la fecha en que la Unión sea Parte contratante del Acta de Ginebra, en lo que atañe a las denominaciones de origen registradas hasta dicha fecha en virtud del Arreglo de Lisboa.

2.  Tal protección en virtud de un sistema de protección nacional:

a)  deberá ser remplazada por la protección con arreglo al sistema de protección de la UE para una denominación de origen determinada en caso de que la protección se garantice en virtud de una decisión adoptada de conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento con posterioridad a la adhesión del país tercero de que se trate al Acta de Ginebra, a condición de que la protección garantizada con arreglo al artículo 7 del presente Reglamento preserve la continuidad de la protección de dicha denominación de origen en el Estado miembro de que se trate;

b)  dejará de aplicarse para una denominación de origen determinada cuando finalice el efecto del registro internacional.

3.   Si una denominación de origen originaria ▌de un tercer país no está registrada en virtud del presente Reglamento, o si no se ha remplazado la protección nacional de conformidad con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2, las consecuencias de tal ▌protección nacional serán responsabilidad exclusiva del Estado miembro de que se trate.

4.   Las medidas que adopte un Estado miembro en aplicación del apartado 1 únicamente tendrán efectos a escala nacional y no tendrán incidencia alguna en el comercio interior de la Unión ni en el comercio internacional.

5.  Los Estados miembros a los que se refiere el apartado 1 transmitirán a la Comisión cualquier notificación realizada por la Oficina Internacional en virtud del Arreglo de Lisboa, que la Comisión transmitirá a su vez a los demás Estados miembros.

6.  Los Estados miembros a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo declararán a la Oficina Internacional que no pueden garantizar protección nacional a una denominación de origen de un producto, incluido en el ámbito de aplicación de alguno de los Reglamentos contemplados en el artículo 1 del presente Reglamento, que haya sido registrada y se les haya notificado en virtud del Arreglo de Lisboa a partir de la fecha en que la Unión sea Parte contratante del Acta de Ginebra.

Artículo 13

Tasas

Las tasas que han de pagarse en virtud del artículo 7 del Acta de Ginebra, tal como se especifican en el Reglamento Común, ▌ serán abonadas por el Estado miembro de procedencia de la indicación geográfica o por una persona física o jurídica con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, inciso ii), del Acta de Ginebra, o un beneficiario tal como se define en el artículo 1, inciso xvii), del Acta de Ginebra. Los Estados miembros podrán requerir a dicha persona física o jurídica o a dicho beneficiario el abono de parte o la totalidad de las tasas.

Artículo 14

Contribución financiera de la Unión

Si los ingresos de la Unión particular proceden de las contribuciones previstas en el artículo 24, apartado 2, letra v), del Acta de Ginebra, la Unión podrá efectuar una contribución especial a partir de su presupuesto anual en función de los medios disponibles para tal fin.

Artículo 15

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por los siguientes Comités a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011, en relación con los siguientes productos:

a)  en el caso de los productos del sector vitivinícola incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, por el Comité de la Organización Común de Mercados Agrícolas establecido por el artículo 229 de dicho Reglamento;

b)  en el caso de los productos vitivinícolas aromatizados tal como se definen en el artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 251/2014 ▌, por el Comité de Productos Vitivinícolas Aromatizados establecido por el artículo 34 de dicho Reglamento;

c)  en el caso de las bebidas espirituosas definidas en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 110/2008 ▌, por el Comité de las Bebidas Espirituosas creado por el artículo 25 de dicho Reglamento;

d)  en el caso de los productos agrícolas y alimenticios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, por el Comité de la Política de Calidad de los Productos Agrícolas establecido por el artículo 57 de dicho Reglamento.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 16

Supervisión y revisión

A más tardar el... [dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión evaluará la participación de la Unión en el Acta de Ginebra y presentará un informe sobre las principales conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. La evaluación se basará, entre otras cosas, en los siguientes aspectos:

a)  el número de indicaciones geográficas protegidas y registradas en virtud de la legislación de la Unión para las que se han presentado solicitudes de registro internacional y los casos en que la protección ha sido rechazada por terceras Partes contratantes;

b)  la evolución del número de terceros países que participan en el Acta de Ginebra y las medidas adoptadas por la Comisión para aumentar ese número, y el impacto de la situación actual del acervo de la Unión en materia de indicaciones geográficas en el atractivo que tiene el Acta de Ginebra para terceros países; y

c)  el número y el tipo de indicaciones geográficas procedentes de terceros países que han sido rechazadas por la Unión.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la UE a productos no agrícolas

La Comisión toma nota de la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2015, sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas.

En noviembre de 2018, la Comisión lanzó un estudio para obtener más pruebas económicas y jurídicas sobre la protección de las indicaciones geográficas no agrícolas en el mercado único, como complemento de un estudio de 2013, y para obtener más datos sobre cuestiones como la competitividad, la competencia desleal, la falsificación, las percepciones de los consumidores, los costes y beneficios, así como sobre la eficacia de los modelos de protección de las indicaciones geográficas no agrícolas a la luz del principio de proporcionalidad.

De conformidad con los principios de la iniciativa «Legislar mejor» y con los compromisos establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, la Comisión examinará el estudio, así como el informe acerca de la participación de la Unión en el Acta de Ginebra, tal como se contempla en el artículo relativo al seguimiento y la revisión del Reglamento sobre la acción de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, y valorará las posibles medidas futuras.

Declaración de la Comisión sobre el procedimiento establecido en el artículo 9 bis, apartado 3, del Reglamento

La Comisión observa que, si bien el procedimiento establecido en el artículo 9 bis, apartado 3, del Reglamento es una necesidad jurídica dada la competencia exclusiva de la Unión, puede sin embargo afirmar que, en el contexto del actual acervo de la UE, tal intervención de la Comisión sería excepcional y debidamente justificada. Durante las consultas con un Estado miembro, la Comisión redoblará sus esfuerzos para resolver, junto con el Estado miembro, cualquier inquietud, a fin de evitar emitir un dictamen negativo. La Comisión señala que cualquier dictamen negativo sería notificado por escrito al Estado miembro y, de conformidad con el artículo 296 del TFUE, estaría motivado. La Comisión desea señalar, además, que un dictamen negativo no impediría la presentación de una nueva solicitud relativa a la misma denominación de origen, si los motivos del dictamen negativo han sido debidamente corregidos o han dejado de ser aplicables.

Declaración de la Comisión sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

La Comisión toma nota de que, según se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de octubre de 2017 (asunto C-389/15 - Comisión contra Consejo), la Unión tiene competencia externa exclusiva en materia de indicaciones geográficas y se encuentra en proceso de adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa como Parte por derecho propio. Atendiendo a la competencia externa exclusiva de la UE, los Estados miembros no pueden convertirse en Partes del Acta de Ginebra por derecho propio y no deben seguir protegiendo las indicaciones geográficas recientemente registradas por terceros países miembros del sistema de Lisboa. La Comisión, consciente de las circunstancias excepcionales derivadas de que siete Estados miembros sean Partes del Acuerdo de Lisboa desde hace mucho tiempo, de que dispongan de una amplia propiedad intelectual registrada en virtud del mismo y de la necesidad de una transición suave, estaría dispuesta a aceptar, de forma excepcional en este caso particular, que Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Italia y Portugal sean autorizados a adherirse al Acta de Ginebra en interés de la UE.

La Comisión rechaza firmemente la insistencia continua del Consejo acerca de la posibilidad de que todos los Estados miembros de la UE que lo deseen sean autorizados a ratificar o adherirse al Acta de Ginebra junto con la Unión, alegando como motivo la regularización de los derechos de voto de la Unión habida cuenta del artículo 22, apartado 4, letra b), inciso ii), del Acta de Ginebra, en lugar de las circunstancias excepcionales antes mencionadas.

Además, la Comisión desea señalar que, dado que la Unión ha ejercido su competencia interna en materia de indicaciones geográficas agrícolas, los Estados miembros de la UE no pueden tener sistemas nacionales propios de protección de indicaciones geográficas agrícolas.

Por lo tanto, la Comisión se reserva sus derechos, incluido el de hacer uso de las vías de recurso contra la decisión del Consejo y, en cualquier caso, considera que este asunto no puede constituir un precedente para cualquier otro acuerdo internacional/de la OMPI, vigente o futuro, en particular pero no únicamente, en los casos en que la UE ya haya ratificado acuerdos internacionales por sí misma sobre la base de su competencia exclusiva.

(1) DO C 110 de 22.3.2019, p. 55.
(2)* EL PRESENTE TEXTO NO HA SIDO SOMETIDO AÚN A REVISIÓN JURÍDICO-LINGÜÍSTICA.
(3)DO C 110 de 22.3.2019, p. 55.
(4)Posición del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2019.
(5)http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/lisbon/trt_lisbon_009es.pdf.
(6)DO L […] de […], p. […].
(7)https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.pdf
(8)Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo (DO L 39 de 13.2.2008, p. 16).
(9)Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).
(10)Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
(11)Reglamento (UE) n.º 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo (DO L 84 de 20.3.2014, p. 14).
(12)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(13)Reglamento Común del Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa adoptado por la Asamblea de la Unión de Lisboa el 11 de octubre de 2017, https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=376416, documento WIPO A/57/11 de 11 de octubre de 2017.
(14)Decisión (UE) .…/… del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (DO L ... de ..., p...).
(15)+DO: Insértese en el texto el número de la Decisión que figura en el documento ST 6929/18 e insértese el número, la fecha, el título y la referencia del DO de la Decisión que figura en la nota a pie de página.
(16)Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO L 154 de 16.7.2017, p. 1).
(17)Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 336 de 23.12.2015, p. 1).
(18)+DO: Insértese en el texto el número de la Decisión que figura en el documento ST 6929/18.
(19)+DO: Insértese en el texto el número de la Decisión que figura en el documento ST 6929/18.


Acuerdo UE-Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos ***
PDF 121kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (15056/2018 – C8-0051/2019 – 2016/0156(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0362A8-0191/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15056/2018),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de Filipinas sobre determinados aspectos de los servicios aéreos(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0051/2019),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, y el artículo 108, apartado 7 de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0191/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Filipinas.

(1) DO L 322 de 18.12.2018, p. 3.


Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa ***
PDF 121kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015 (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0363A8-0186/2019

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06781/2019),

–  Visto el proyecto de Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de Mesa de 2015 (11178/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v, así como con el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0134/2019),

–  Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0186/2019),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Convenio;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Viorel Ștefan
PDF 122kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de nombramiento de Viorel Ştefan como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0364A8-0194/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0049/2019),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0194/2019),

A.  Considerando que, mediante carta de 14 de febrero de 2019, el Consejo consultó al Parlamento Europeo sobre el nombramiento de Viorel Ştefan para el cargo de miembro del Tribunal de Cuentas;

B.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

C.  Considerando que, en su reunión del 8 de abril de 2019, la Comisión de Control Presupuestario celebró una audiencia con el candidato propuesto por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen negativo respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Viorel Ştefan como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Propuesta de nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Ivana Maletić
PDF 122kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de nombramiento de Ivana Maletić como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0116/2019 – 2019/0803(NLE))
P8_TA-PROV(2019)0365A8-0195/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0116/2019),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0195/2019),

A.  Considerando que, mediante carta de 5 de marzo de 2019, el Consejo consultó al Parlamento Europeo sobre el nombramiento de Ivana Maletić para el cargo de miembro del Tribunal de Cuentas;

B.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones de la candidata propuesta, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

C.  Considerando que, en su reunión del 8 de abril de 2019, la Comisión de Control Presupuestario celebró una audiencia con la candidata propuesta por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Ivana Maletić como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión ***I
PDF 389kWORD 123k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
P8_TA-PROV(2019)0366A8-0398/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0218),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 16, 33, 43, 50, el artículo 53, apartado 1, los artículos 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 y el artículo 325, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0159/2018),

–  Vista las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, y los artículos 16, 43, apartado 2, 50, 53, apartado 1, 91, 100, 114, 168, apartado 4, 169, 192, apartado 1, y 325, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Vistos el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas de 26 de septiembre de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de octubre de 2018(2),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de marzo de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0398/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión(3)

P8_TC1-COD(2018)0106


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 16, ▌43, apartado 2, 50, 53, apartado 1,▌91, 100, ▌114, 168, apartado 4, 169, 192, apartado 1 ▌y 325, apartado 4, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 31,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(5),

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas(6),

Visto el dictamen de un grupo de personalidades designadas por el Comité Científico y Técnico entre los expertos científicos de los Estados miembros, de conformidad con el artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(7),

Considerando lo siguiente:

(1)  Las personas que trabajan para una organización pública o privada o están en contacto con ella en el contexto de sus actividades laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que se plantean en ese contexto. Al «delatar» desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir las infracciones de la ley que lesionan el interés público y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, los potenciales informantes suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este contexto, cada vez es mayor el reconocimiento, a escala tanto europea como internacional, de la importancia de garantizar una protección equilibrada y efectiva a los informantes.

(2)  A escala de la Unión, las denuncias y revelaciones públicas hechas por los denunciantes constituyen uno de los componentes primarios del cumplimiento del Derecho y de las políticas de la Unión, al aportar a los sistemas nacionales y de la Unión responsables de la aplicación de las leyes información, lo que permite a su vez detectar, investigar y enjuiciar de manera efectiva las infracciones del Derecho de la Unión, mejorando así la transparencia y la rendición de cuentas.

(3)  En determinados ámbitos, las infracciones del Derecho de la Unión —independientemente de si el Derecho nacional las califica de administrativas, penales o de otro tipo— pueden provocar graves perjuicios al interés público, en el sentido de que crean riesgos importantes para el bienestar de la sociedad. Cuando se detecten deficiencias de aplicación en esos ámbitos, y los denunciantes suelen encontrarse en una posición privilegiada para revelar la existencia de infracciones, es necesario potenciar la aplicación de las leyes introduciendo cauces de denuncia efectivos, confidenciales y seguros y garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias ▌.

(4)  Actualmente, la protección de los denunciantes en la Unión Europea se encuentra fragmentada en los diferentes Estados miembros y es desigual entre los distintos ámbitos. Las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión con dimensión transfronteriza sacadas a la luz por los denunciantes muestran cómo una protección insuficiente en un Estado miembro no solo incide de forma negativa en el funcionamiento de las políticas de la UE en ese Estado, sino que puede extenderse también a otros Estados miembros y a la Unión en su conjunto.

(5)  En consecuencia, deben aplicarse normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los informantes en aquellos actos y ámbitos en los que:

i)  i) sea necesario reforzar la aplicación de las leyes,

ii)  la escasez de denuncias procedentes de informantes sea un factor clave que repercuta en la ejecución de las leyes, y

iii)  la infracción del Derecho de la Unión pueda provocar graves perjuicios al interés público.

Los Estados miembros pueden hacer extensiva la aplicación de las disposiciones nacionales a otros ámbitos con vistas a garantizar un marco global y coherente a escala nacional.

(6)  La protección de los informantes es necesaria para mejorar la aplicación del Derecho de la Unión en materia de contratación pública. Además de la necesidad de prevenir y detectar el fraude y la corrupción en el contexto de la ejecución del presupuesto de la UE, entre otros en los contratos públicos, es necesario abordar la insuficiente aplicación de las normas en esta materia por las autoridades públicas nacionales y determinados operadores de utilidad pública en el momento de adquirir bienes, obras y servicios. Las infracciones de estas normas crean falseamientos de la competencia, incrementan los costes para las empresas, vulneran los intereses de inversores y accionistas y, en general, hacen menos atractiva la inversión y sitúan en una posición de desigualdad a todas las empresas de Europa, lo que repercute en el correcto funcionamiento del mercado interior.

(7)  En el ámbito de los servicios financieros, el valor añadido de la protección de los informantes ya fue reconocido por el legislador de la Unión. A raíz de la crisis financiera, que sacó a la luz graves deficiencias en la aplicación de las normas pertinentes, se introdujeron medidas para la protección de los informantes, como cauces internos y externos de denuncia y la prohibición expresa de represalias, en un importante número de instrumentos legislativos en ese ámbito(8). En particular, en el contexto del marco prudencial aplicable a las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, la Directiva 2013/36/UE▌ establece la protección de los informantes, que se extiende también al Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión.

(8)  Por lo que respecta a la seguridad de los productos comercializados en el mercado interior, la principal fuente de recogida de pruebas son las empresas que operan en las cadenas de fabricación y distribución, de modo que la información de los informantes tiene un alto valor añadido ya que están mucho más cerca de la fuente de posibles prácticas abusivas e ilícitas de fabricación, importación o distribución de productos inseguros. Esto justifica que se introduzca protección para los informantes en relación con los requisitos de seguridad aplicables tanto a los productos «armonizados»(9) como a los «no armonizados»(10). La protección de los informantes es también útil para impedir el desvío de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones, así como de productos relacionados con la defensa, al estimular la denuncia de infracciones como el fraude documental, la alteración del marcado además de la adquisición intracomunitaria fraudulenta de armas de fuego, donde a menudo se produce un desvío desde el mercado legal al ilegal. La protección de los informantes también ayudará a prevenir la fabricación ilícita de explosivos caseros, contribuyendo a la correcta aplicación de las restricciones y controles relativos a los precursores de explosivos.

(9)  La importancia de la protección de los informantes para prevenir y disuadir de la comisión de infracciones de las normas de la Unión en materia de seguridad del transporte, donde pueden ponerse en peligro vidas humanas, ya ha sido reconocida en los instrumentos sectoriales de la Unión sobre seguridad aérea(11) y seguridad del transporte marítimo(12), que prevén medidas específicas de protección de los informantes así como cauces de denuncia específicos. Estos instrumentos incluyen también la protección contra represalias de los trabajadores que informen sobre sus propios errores cometidos de buena fe (la denominada «cultura de la equidad»). Es necesario complementar y ampliar los elementos existentes de protección de los informantes en ambos sectores, así como brindar dicha protección para mejorar el respeto de las normas de seguridad aplicables a otros modos de transporte, a saber, por vías navegables, ferrocarril y carretera.

(10)  Obtener pruebas, prevenir, detectar y afrontar los delitos medioambientales y las conductas u omisiones ilícitas o posibles vulneraciones relativas a la protección del medio ambiente sigue siendo un reto, y debe reforzarse, tal como se reconoce en la Comunicación de la Comisión «Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental», de 18 de enero de 2018(13). Si bien actualmente solo existen normas sobre protección de los informantes en un instrumento sectorial relativo al medio ambiente(14), la introducción de tal protección es necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo del acervo de la Unión en materia medioambiental, cuyo incumplimiento puede provocar ▌perjuicios para el interés público y posibles efectos colaterales más allá de las fronteras nacionales. Esto también es pertinente en los casos en que productos no seguros pueden causar daños al medio ambiente.

(11)  Mejorar la protección de los informantes favorecería también la prevención y disuasión de infracciones de la normativa Euratom en materia de seguridad nuclear, la protección contra las radiaciones y la gestión responsable y segura del combustible gastado y los residuos radioactivos. También reforzaría la ejecución de las disposiciones de la actual Directiva revisada sobre seguridad nuclear(15) con respecto a la cultura efectiva de seguridad nuclear, y en particular su artículo 8 ter, apartado 2, letra a), que exige, entre otras cosas, que la autoridad reguladora competente establezca sistemas de gestión que concedan la debida prioridad a la seguridad nuclear y promuevan, en todos los niveles de personal y dirección, la capacidad de cuestionar si se aplican efectivamente los principios y prácticas de seguridad pertinentes y de informar de manera oportuna sobre cuestiones de seguridad.

(12)  Las mismas consideraciones justifican la introducción de la protección de los informantes para completar las disposiciones existentes y prevenir las infracciones de las normas de la UE en el ámbito de la cadena alimentaria, y en particular en la seguridad de los alimentos y los piensos, así como de la salud, la protección y el bienestar de los animales. Las diferentes normas de la Unión en estos ámbitos están estrechamente interrelacionadas. El Reglamento (CE) n.º 178/2002(16) establece los principios generales y los requisitos que subyacen a todas las medidas de la Unión y nacionales relativas a piensos y alimentos, con especial atención a la seguridad alimentaria, al objeto de garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, así como el funcionamiento eficaz del mercado interior. El Reglamento establece, entre otras cosas, que las empresas alimentarias y de piensos no pueden disuadir a sus empleados y a otras personas de cooperar con las autoridades competentes cuando ello permita prevenir, reducir o eliminar un riesgo resultante de un alimento. El legislador de la Unión ha adoptado un enfoque similar en el ámbito de la legislación sobre sanidad animal a través del Reglamento (UE) 2016/429, por el que se establecen disposiciones para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles de los animales o a los seres humanos(17). La Directiva 98/58/CE del Consejo y la Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo así como el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del Consejo establecen normas sobre la protección y el bienestar de los animales en las explotaciones ganaderas, durante el transporte y en el momento del sacrificio.

(13)  En la misma línea, las denuncias de los informantes pueden ser la clave para detectar y prevenir, reducir o eliminar los riesgos para la salud pública y la protección de los consumidores derivados de infracciones de las normas de la Unión que, en otros casos, podrían quedar ocultos. En particular, la protección de los consumidores también está estrechamente vinculada a casos en que productos no seguros pueden causar importantes perjuicios a los consumidores ▌

(14)  La protección de la intimidad y de los datos personales, consagrada en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, es otro ámbito en el que los informantes pueden contribuir a la revelación de infracciones del Derecho de la Unión que puedan dañar ▌ el interés público. Consideraciones similares se aplican en caso de infracción de la Directiva sobre la seguridad de las redes y los sistemas de información(18), que introduce la notificación de incidentes (incluidos los que no pongan en peligro los datos personales) y requisitos de seguridad para las entidades que prestan servicios esenciales en numerosos sectores (energía, salud, transporte, banca, etc.) para los proveedores de servicios digitales clave (por ejemplo, la computación en la nube) y para los proveedores de servicios básicos como el agua, la electricidad o el gas. Las denuncias de los informantes en este ámbito son especialmente útiles a fin de prevenir incidentes de seguridad que afecten a actividades económicas y sociales fundamentales y a servicios digitales de uso generalizado, así como para prevenir toda infracción de la legislación de la Unión en materia de protección de datos. Así contribuye a garantizar la continuidad de servicios esenciales para el funcionamiento del mercado interior y el bienestar de la sociedad.

(15)  Además, la protección de los intereses financieros de la Unión relacionados con la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los gastos, la recaudación de ingresos y los fondos o activos de la Unión, es un ámbito clave en el que la aplicación del Derecho de la Unión debe reforzarse. El refuerzo de la protección de los intereses financieros de la Unión también abarca la ejecución del presupuesto de la Unión relativo a los gastos efectuados sobre la base del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. La falta de aplicación efectiva en el ámbito de los intereses financieros de la Unión, incluido el fraude y la corrupción a escala nacional, provoca un descenso de los ingresos de la Unión y un uso indebido de sus fondos, que puede falsear las inversiones públicas y el crecimiento y socavar la confianza de los ciudadanos en la acción de la UE. El artículo 325 del TFUE insta a la Unión y a los Estados miembros a combatir dichas actividades. Las medidas pertinentes de la Unión a este respecto incluyen específicamente el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, completado, para los tipos más graves de conductas relacionadas con los fraudes, por la Directiva (UE) 2017/1371 y el Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, en particular sus protocolos de 27 de septiembre de 1996(19), de 29 de noviembre de 1996(20) y de 19 de junio de 1997 (Convenio y protocolos que permanecen en vigor para los Estados miembros no vinculados por la Directiva (UE) 2017/1372), así como el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 (OLAF).

(16)  Se deben establecer normas mínimas comunes para la protección de los informantes de infracciones relativas al mercado interior a que se refiere el artículo 26, apartado 2, del TFUE. Además, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las medidas de la Unión destinadas establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento tienen el objetivo de contribuir a la eliminación de los obstáculos existentes o emergentes a la libre circulación de mercancías o a la libre prestación de servicios, así como a suprimir distorsiones de la competencia.

(17)  Específicamente, la protección de los informantes para reforzar la aplicación del Derecho de la Unión en materia de competencia, en particular las ayudas otorgadas por los Estados, serviría para proteger el funcionamiento eficiente de los mercados de la Unión, permitir la igualdad de condiciones para las empresas y ofrecer beneficios a los consumidores. En lo tocante a las normas de competencia aplicables a las empresas, la importancia de la información privilegiada para la detección de las infracciones del Derecho de la competencia ya ha sido reconocida por la UE mediante la política de clemencia y la reciente introducción por la Comisión Europea de un instrumento de informantes anónimos. Las infracciones relacionadas con la competencia y las ayudas otorgadas por los Estados afectan a los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE y a normas de Derecho derivado adoptadas para su aplicación.

(18)  Los actos que infringen las normas del impuesto sobre sociedades y las actuaciones cuya finalidad es obtener una ventaja fiscal y eludir las obligaciones legales, burlando el objeto o la finalidad de la ley del impuesto sobre sociedades aplicable, afectan negativamente al buen funcionamiento del mercado interior. Pueden dar lugar a una competencia fiscal desleal y a la evasión fiscal, que falsea las condiciones equitativas para las empresas, y a la consiguiente pérdida de ingresos fiscales para los Estados miembros y el presupuesto de la Unión en su conjunto. La presente Directiva ofrece protección contra las represalias para aquellos que denuncien situaciones fraudulentas o de evasión fiscal que de otro modo no serían detectadas, con vistas a reforzar la capacidad de las autoridades competentes para proteger el buen funcionamiento del mercado interior y eliminar las distorsiones y los obstáculos al comercio que afecten a la competitividad de las empresas en el mercado interior, relacionados directamente con las normas sobre la libre circulación y también pertinentes para la aplicación de las normas sobre ayudas otorgadas por los Estados. La protección de los informantes se suma a las recientes iniciativas de la Comisión destinadas a mejorar la transparencia y el intercambio de información en el ámbito de la fiscalidad y la creación de un entorno del impuesto sobre sociedades más justo en la Unión, con el fin de aumentar la eficacia de los Estados miembros en la identificación de situaciones fraudulentas o de evasión fiscal que de otro modo no serían detectadas, ayudando así a impedir dichas prácticas, si bien la presente Directiva no armoniza disposiciones en materia de impuestos, ya sean fundamentales o de procedimiento.

(19)  El artículo 1, apartado 1, letra a), define el ámbito de aplicación material de la presente Directiva haciendo referencia a una lista de actos de la Unión que figura en el anexo (partes I y II). Ello implica que, cuando dichos actos de la Unión definen a su vez su ámbito de aplicación material haciendo referencia a actos de la Unión enumerados en sus anexos, dichos actos forman también parte del ámbito de aplicación material de la presente Directiva. Además, se debe entender que la referencia a los actos del anexo Incluye todas las medidas delegadas y de ejecución nacionales y de la Unión que se hayan adoptado con arreglo a dichos actos. Asimismo, se debe entender la referencia a los actos de la Unión que figuran anexo de la presente Directiva como una referencia dinámica, es decir, si el acto de la Unión que figura en el anexo ha sido modificado o será modificado, la referencia atañerá al acto modificado; si el acto de la Unión que figura en el anexo ha sido sustituido o será sustituido, la referencia atañerá al nuevo acto.

(20)  Determinados actos de la Unión, en particular en el ámbito de los servicios financieros, como el Reglamento (UE) n.º 596/2014 sobre el abuso de mercado(21) y la Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, adoptada sobre la base de dicho Reglamento(22), ya contienen normas detalladas sobre protección de los informantes. Esta legislación vigente de la Unión, incluida la lista de la parte II del anexo, debe mantener las especificidades que introducen, adaptadas a los sectores pertinentes. Este aspecto es especialmente importante para determinar qué entidades con personalidad jurídica en el ámbito de los servicios financieros, la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están obligadas a establecer cauces internos de denuncia. Al mismo tiempo y a fin de garantizar la coherencia y la seguridad jurídica en todos los Estados miembros, la presente Directiva debe ser de aplicación en todos aquellos ámbitos no regulados en el marco de instrumentos sectoriales específicos, que deben ser complementados por la presente Directiva, en la medida en que esos ámbitos no estén regulados por dichos instrumentos, de modo que sean plenamente acordes con las normas mínimas. Especialmente, la presente Directiva debe especificar con más detalle el diseño de los cauces internos y externos, las obligaciones de las autoridades competentes y las formas de protección específicas que se establecerán en el ámbito nacional contra las represalias. En este sentido, el artículo 28, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1286/2014 establece la posibilidad de que los Estados miembros creen un cauce de denuncia interno en el ámbito cubierto por dicho Reglamento. Para mantener la coherencia con las normas mínimas establecidas en la presente Directiva, la obligación de crear cauces de denuncia internos que prevé el artículo 4, apartado 1, de la presente Directiva, también es de aplicación en relación con el Reglamento (UE) n.º 1286/2014.

(21)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la protección concedida a los trabajadores a la hora de denunciar infracciones de la legislación laboral. En particular, en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, el artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE ya obliga a los Estados miembros a velar por que los trabajadores o los representantes de los trabajadores no sufran perjuicios a causa de sus peticiones o propuestas a los empresarios para que tomen medidas adecuadas para paliar cualquier riesgo para los trabajadores o eliminar las fuentes de riesgo. Los trabajadores y sus representantes tienen derecho a plantear cuestiones ante las autoridades nacionales competentes si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.

(22)  Los Estados miembros pueden determinar que las denuncias relativas a reclamaciones interpersonales que afecten exclusivamente al denunciante, es decir, reclamaciones sobre conflictos interpersonales entre el denunciante y otro empleado, puedan ser canalizadas a través de otros procedimientos disponibles.

(23)  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la protección que otorgan los procedimientos de denuncia de posibles actividades ilegales, como el fraude o la corrupción, perjudiciales para los intereses de la Unión, o de una conducta relacionada con el desempeño de las actividades profesionales que pueda constituir un incumplimiento grave de las obligaciones de los funcionarios y otros empleados de la Unión Europea establecidas en virtud de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, que figura en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.º 259/68 del Consejo(23). La Directiva es de aplicación cuando los funcionarios de la UE hacen una denuncia en un contexto laboral al margen de su relación laboral con las instituciones de la UE.

(24)  La seguridad nacional sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. La presente Directiva no se aplica a las denuncias de infracciones en materia de contratación pública que afecte a aspectos de la defensa o la seguridad, si estos últimos están cubiertos por el artículo 346 del TFUE, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si los Estados miembros decidieran ampliar la protección que ofrece la presente Directiva a otros ámbitos o actos no cubiertos por su ámbito de aplicación, dichos Estados miembros podrán adoptar disposiciones específicas para proteger los intereses esenciales de su seguridad nacional en ese sentido.

(25)  La presente Directiva también debe entenderse sin perjuicio de la protección de la información clasificada que el Derecho de la Unión o las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en vigor en el Estado miembro en cuestión requieran proteger, por motivos de seguridad, contra todo acceso no autorizado. Además, las disposiciones de la presente Directiva no deben afectar ▌ a las obligaciones derivadas de la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE o de la Decisión del Consejo, de 23 de septiembre de 2013, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE.

(26)  La presente Directiva no debe afectar a la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes («prerrogativa de secreto profesional en la relación cliente-abogado») que establezcan la legislación nacional y, en su caso, el Derecho de la Unión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, la Directiva no debe afectar a la obligación que tienen los proveedores de asistencia sanitaria, en particular los terapeutas, de mantener la confidencialidad de las comunicaciones con sus pacientes y de las historias clínicas («privacidad médica») tal como disponga la legislación nacional y el Derecho de la UE.

(27)  Los miembros de otras profesiones pueden optar a la protección que ofrece la presente Directiva cuando comunican información protegida por las normas profesionales aplicables, siempre que la comunicación de dicha información sea necesaria para revelar una infracción dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(28)  Si bien la presente Directiva prevé en determinadas condiciones una exención limitada de responsabilidad, en particular de responsabilidad penal, en caso de violación de la confidencialidad, ello no afecta a las normas nacionales relativas al procedimiento penal, especialmente a las destinadas a proteger la integridad de las investigaciones y procedimientos o los derechos de defensa de las personas afectadas. Todo ello sin perjuicio de la introducción de medidas de protección en otros tipos de derecho procesal nacional, especialmente, la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos nacionales administrativos, civiles o laborales.

(29)  La presente Directiva no debe afectar a las normas nacionales sobre el ejercicio de los derechos de información, consulta y participación en las negociaciones colectivas de los representantes de los trabajadores ni a sus derechos en materia de defensa de los trabajadores. Todo ello sin perjuicio del nivel de protección otorgado por la Directiva.

(30)  La presente Directiva no debería aplicarse en casos en los que personas que, a partir de su consentimiento fundamentado, hayan sido identificadas como informadores o registradas como tales en bases de datos gestionadas por autoridades designadas a nivel nacional, como las autoridades aduaneras, denuncien ante las autoridades policiales infracciones a cambio de una compensación o recompensa. Dichas denuncias se realizan de conformidad con procedimientos específicos que tienen como objetivo garantizar su anonimato para proteger su integridad física y que son distintos de los cauces de denuncia que establece la presente Directiva.

(31)  Las personas que facilitan información sobre amenazas o perjuicios para el interés público obtenida en el marco de sus actividades laborales hacen uso de su derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión y de información, consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), incluye el derecho de recibir y comunicar informaciones, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación.

(32)  Por consiguiente, la presente Directiva se basa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de expresión y en los principios desarrollados por el Consejo de Europa en su Recomendación de 2014 sobre protección de los denunciantes(24).

(33)  Para gozar de protección, los denunciantes deben creer razonablemente, a la luz de las circunstancias y de la información de que dispongan en el momento de la denuncia, que los hechos que denuncian son ciertos. Se trata de una salvaguardia esencial contra denuncias malintencionadas, frívolas o abusivas, que garantiza que quienes, en el momento de denunciar, comuniquen deliberada y conscientemente información incorrecta o engañosa no gocen de protección. Al mismo tiempo, garantiza que la protección no se pierda cuando el informante comunique información inexacta por error cometido de buena fe. En una línea similar, los informantes deben tener derecho a protección en virtud de la presente Directiva si tienen motivos razonables para creer que la información notificada entra dentro de su ámbito de aplicación. Los motivos del denunciante al hacer la denuncia deben ser irrelevantes para determinar si esa persona debe recibir protección.

(34)  En general, los denunciantes se sienten más cómodos denunciando por cauces internos, a menos que tengan motivos para denunciar por cauces externos. Estudios empíricos demuestran que la mayoría de los informantes tienden a denunciar por cauces internos, dentro de la organización en la que trabajan. La denuncia interna es también el mejor modo de recabar información de las personas que pueden contribuir a resolver con prontitud y efectividad los riesgos para el interés público. Al mismo tiempo, el denunciante debe poder elegir el cauce de denuncia más adecuado en función de las circunstancias particulares del asunto. Además, es necesario proteger la revelación pública de información teniendo en cuenta principios democráticos tales como la transparencia y la rendición de cuentas, y derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, al tiempo que se encuentra un equilibrio entre el interés de los empresarios en la gestión de sus organizaciones y la defensa de sus intereses y el interés de los ciudadanos en que se le proteja contra toda forma de perjuicio, conforme a los criterios desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

(35)  Sin perjuicio de las obligaciones establecidas para facilitar la denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, los Estados miembros pueden decidir si las entidades públicas y privadas y las autoridades competentes aceptan y tramitan denuncias anónimas de infracciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, las personas que denuncien o revelen públicamente información de forma anónima dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva y cumplan sus condiciones deben gozar de protección en virtud de la presente Directiva si posteriormente son identificadas y sufren represalias.

(36)  Debe concederse protección cuando, de conformidad con el Derecho de la Unión, las personas denuncien ante instituciones, órganos y organismos de la Unión, por ejemplo en el contexto de un fraude contra el presupuesto de la Unión.

(37)  Las personas necesitan protección jurídica específica cuando obtienen la información que transmiten con motivo de sus actividades laborales y, por tanto, corren el riesgo de represalias laborales (por ejemplo, por no respeto de la obligación de confidencialidad o de lealtad). La razón subyacente para prestarles protección es su posición de vulnerabilidad económica frente a la persona de la que dependen de hecho a efectos laborales. Cuando no existe tal desequilibrio de poder relacionado con el trabajo (por ejemplo, en el caso de simples denunciantes o transeúntes), no es necesaria la protección contra represalias.

(38)  La aplicación efectiva del Derecho de la Unión exige que se conceda protección a la gama más amplia posible de categorías de personas que, independientemente de que sean ciudadanos de la Unión o de un tercer país, en virtud de sus actividades laborales (con independencia de su naturaleza y de si perciben remuneración o no), disponen de un acceso privilegiado a información sobre infracciones que redundaría en interés de los ciudadanos denunciar y que pueden sufrir represalias si lo hacen. Los Estados miembros deben garantizar que la necesidad de protección se determine atendiendo a todas las circunstancias pertinentes y no solo a la naturaleza de la relación, para abarcar al conjunto de personas vinculadas a la organización, en sentido amplio, en la que se haya cometido la infracción.

(39)  En primer lugar, la protección debe aplicarse a la persona que tenga la condición de «trabajador» en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, a la persona que realiza, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, ciertas prestaciones, por las cuales percibe una remuneración. Este concepto también incluye a los funcionarios. Por lo tanto, la protección debe concederse también a los trabajadores que se encuentran en relaciones laborales atípicas, incluidos los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores con contratos de duración determinada, así como a las personas con un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal; relaciones laborales precarias en las que las normas habituales de protección contra el trato injusto resultan a menudo difíciles de aplicar.

(40)  La protección debe extenderse también a otras categorías de personas físicas ▌ que, sin ser «trabajadores» en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, puedan desempeñar un papel clave a la hora de denunciar infracciones de la ley y que puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica en el marco de sus actividades laborales. Por ejemplo, en ámbitos como la seguridad de los productos, los proveedores están mucho más cerca de la fuente de posibles prácticas abusivas e ilícitas de fabricación, importación o distribución de productos inseguros; en la ejecución de los fondos de la Unión, los consultores que prestan sus servicios se encuentran en una posición privilegiada para llamar la atención sobre las infracciones de las que tengan constancia. Dichas categorías de personas, incluidos los trabajadores que prestan servicios por cuenta propia, los profesionales independientes, los contratistas, subcontratistas y proveedores, suelen ser objeto de represalias, que pueden adoptar la forma, por ejemplo, de finalización anticipada o anulación del contrato de servicios, la autorización o el permiso; pérdidas comerciales o de ingresos; coacciones; intimidaciones o acoso; inclusión en listas negras o boicot a empresas o daños a la reputación. Los accionistas y quienes ocupan puestos directivos también pueden sufrir represalias, por ejemplo en términos financieros o en forma de intimidación o acoso, inclusión en listas negras o perjuicio a la reputación. Debe concederse también protección a las personas cuya relación laboral haya terminado y a los aspirantes a un empleo o a prestar servicios a una organización que hayan obtenido información sobre infracciones de la legislación durante el proceso de contratación u otras fases precontractuales y de negociación y puedan sufrir represalias, por ejemplo en forma de referencias negativas a efectos de empleo o de boicot a su actividad empresarial.

(41)  Una protección eficaz de los informantes también implica la protección de otras categorías de personas que, aunque no dependan económicamente de las actividades laborales que desarrollan, podrían, no obstante, sufrir represalias por sacar a la luz infracciones. Las medidas de represalia contra voluntarios y trabajadores en prácticas remunerados o no remunerados pueden consistir en prescindir de sus servicios, en elaborar un informe negativo a efectos de un futuro empleo o en dañar de algún modo su reputación o sus perspectivas profesionales.

(42)  La detección y la prevención efectivas de perjuicios graves para el interés público exige que el concepto de infracción incluya también prácticas abusivas, como establece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a saber, actos u omisiones que no parecen ilícitos desde el punto de vista formal, pero que frustran el objeto o la finalidad de la ley.

(43)  Una prevención efectiva de las infracciones del Derecho de la Unión exige que la protección ▌se conceda a las personas que faciliten información necesaria para revelar infracciones que ya hayan ocurrido, infracciones que no se hayan materializado todavía, pero que muy probablemente se cometerán, actos u omisiones que el denunciante tenga motivos razonables para considerar infracciones del Derecho de la Unión, así como intentos de ocultar infracciones. Por las mismas razones, se concede también protección a las personas que no aporten pruebas concluyentes pero que planteen dudas o sospechas razonables. Al mismo tiempo, no debe protegerse la notificación de información que ya sea completamente de dominio público, ni los rumores y habladurías.

(44)  El término «represalias» expresa la estrecha relación (de causa y efecto) que debe existir entre la denuncia y el trato desfavorable sufrido, directa o indirectamente, por el denunciante, de modo que dicha persona pueda gozar de protección jurídica. La protección eficaz de los denunciantes como medio de potenciar el cumplimiento del Derecho de la Unión requiere una definición amplia de las represalias que abarque cualquier acto u omisión que se produzca en el contexto laboral y que cause un perjuicio a la persona. La presente Directiva no impide que los empresarios tomen decisiones laborales que no sean consecuencia de la denuncia o la revelación pública.

(45)  La protección frente a represalias como medio de salvaguardar la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación debe otorgarse siempre tanto a las personas que notifican información sobre actos u omisiones en una organización (denuncia interna) o a una autoridad externa (denuncia externa) como a las personas que revelan públicamente dicha información (por ejemplo, directamente a través de plataformas web o de redes sociales, o a medios de comunicación, cargos electos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos u organizaciones empresariales o profesionales).

(46)  En especial, los informantes constituyen fuentes importantes para los periodistas de investigación. Ofrecer una protección eficaz a los informantes frente a represalias aumenta la seguridad jurídica de los (potenciales) informantes y de esta forma fomenta y facilita que se delaten infracciones también a los medios de comunicación. A este respecto, la protección de los informantes como fuentes de informaciones periodísticas es crucial para salvaguardar la función de control que el periodismo de investigación desempeña en las sociedades democráticas.

(47)  Para la efectiva detección y prevención de infracciones del Derecho de la Unión es fundamental, en la medida de lo posible, que la información pertinente llegue rápidamente a quienes están más próximos a la fuente del problema y tienen más posibilidades de investigarlo y competencias para remediarlo. Así pues, por principio, debe animarse a los denunciantes a utilizar en primer lugar los cauces internos e informar a su empleador, si dichos cauces están a su disposición y puede esperarse razonablemente que funcionen. Esto es pertinente, en particular, cuando los denunciantes piensen que la infracción puede resolverse de manera efectiva dentro de la organización de que se trate y que no hay riesgo de represalias. Además, garantiza que las entidades jurídicas de los sectores público y privado establezcan procedimientos internos adecuados para la recepción y la tramitación de denuncias. También procede animar a los informantes de esta manera cuando se hayan establecido dichos cauces sin que la legislación nacional o de la Unión lo exigiera. Este principio debería contribuir a fomentar una cultura de buena comunicación y responsabilidad social empresarial en las organizaciones, en virtud de la cual se considere que los denunciantes contribuyen de manera significativa a la autocorrección y la excelencia.

(48)  En el caso de entidades jurídicas del sector privado, la obligación de establecer cauces internos es proporcional a su tamaño y al nivel de riesgo que sus actividades suponen para el interés público. Esto debe aplicarse a todas las empresas con 50 o más empleados, con independencia de la naturaleza de sus actividades, sobre la base de su deber de recaudar el IVA. Tras una evaluación adecuada del riesgo, los Estados miembros pueden exigir también a otras empresas que establezcan cauces internos de denuncia en casos específicos (por ejemplo, debido a riesgos importantes derivados de sus actividades).

(49)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros alienten a las entidades privadas con menos de 50 empleados a establecer cauces internos de denuncia y tramitación, también estableciendo, para dichos cauces, requisitos menos preceptivos que los establecidos en el artículo 5, siempre que dichos requisitos garanticen la confidencialidad y la tramitación diligente de la denuncia.

(50)  La exención de las pequeñas empresas y las microempresas de la obligación de establecer cauces internos de denuncia no debe aplicarse a las empresas privadas que, actualmente, estén obligadas a establecerlos en virtud de los actos de la Unión a que se refieren las partes I.B y II del anexo.

(51)  Debe quedar claro que, en el caso de entidades jurídicas privadas que no prevean cauces internos de denuncia, los informantes deben poder informar directamente a las autoridades externas competentes y gozar de la protección contra represalias que contempla la presente Directiva.

(52)  A fin de garantizar, en particular, el respeto de las normas de contratación pública en el sector público, la obligación de establecer cauces internos de denuncia debe aplicarse a todas las entidades jurídicas públicas a nivel local, regional y nacional, pero de forma proporcional a su tamaño.

(53)  Siempre que se garantice la confidencialidad de la identidad del denunciante, corresponde a cada entidad jurídica privada y pública definir el tipo de cauces de denuncia que se establecerán. Más concretamente, deben permitir que las denuncias escritas se presenten por correo, a través de un buzón físico destinado a recoger denuncias o a través de una plataforma en línea (en internet o en la intranet) o que las denuncias orales se presenten por teléfono o a través de otro sistema de mensajería vocal. A petición del denunciante, dichos cauces deben también permitir la celebración de reuniones presenciales en un plazo razonable.

(54)  También se puede autorizar a terceros a recibir denuncias en nombre de entidades públicas y privadas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto. Puede tratarse de proveedores externos de plataformas de denuncia de infracciones, asesores externos, auditores, representantes sindicales o representantes de los trabajadores.

(55)  Sin perjuicio de la protección de la que disfrutan los representantes sindicales o los representantes de los trabajadores en su condición de tales en virtud de otras normas nacionales y de la Unión, deben disfrutar de la protección prevista en la presente Directiva tanto si denuncian infracciones en su calidad de trabajadores como si han prestado asesoramiento y apoyo al denunciante.

(56)  Los procedimientos internos de denuncia de infracciones deben permitir a entidades jurídicas privadas recibir e investigar con total confidencialidad denuncias de los empleados de la entidad y de sus filiales (el grupo), pero también, en la medida de lo posible, de cualquiera de los agentes y proveedores del grupo y de cualquier persona que acceda a la información a través de sus actividades laborales relacionadas con la entidad y el grupo.

(57)  La designación de las personas o servicios de una entidad jurídica privada más adecuados para encomendarles la recepción y tramitación de las denuncias depende de la estructura de la entidad, pero, en cualquier caso, su función debe garantizar la independencia y la ausencia de conflictos de intereses. En las entidades de menor tamaño, podría tratarse de una doble función a cargo de un responsable bien situado para comunicarse directamente con los responsables de la entidad, por ejemplo, el supervisor principal o el director de recursos humanos, un responsable de la integridad, un responsable de asuntos jurídicos o de la privacidad, un director financiero, un director de auditoría o un miembro del consejo de administración.

(58)  En el contexto de la denuncia interna de infracciones, informar al denunciante, en la medida de lo jurídicamente posible y de la manera más completa posible, sobre la tramitación de la denuncia es crucial para generar confianza en la eficacia del sistema de protección de los informantes y reducir la probabilidad de que se produzcan nuevas denuncias o revelaciones públicas innecesarias. Deben comunicarse al denunciante, en un plazo razonable, las medidas previstas o adoptadas para tramitar la denuncia y los motivos de dicha tramitación (por ejemplo, remisión a otros cauces o procedimientos cuando la denuncia afecte exclusivamente a los derechos individuales del denunciante, archivo debido a la falta de pruebas suficientes o por otros motivos, puesta en marcha de una investigación interna y, en su caso, sus resultados o las medidas adoptadas para abordar el problema planteado, remisión a una autoridad competente con vistas a una investigación más detenida) en la medida en que dicha información no afecte a la instrucción o investigación o a los derechos del interesado. En todos los casos, el denunciante debe ser informado de los progresos y el resultado de la investigación. En el transcurso de la investigación, se le podrá pedir que proporcione información adicional, pero no tendrá la obligación de hacerlo.

(59)  Dicho plazo razonable no debe exceder de tres meses en total. Cuando todavía se esté considerando la tramitación apropiada, el denunciante debe ser informado de ello, así como de cualquier otra respuesta que deba esperar.

(60)  Las personas que estén considerando la posibilidad de denunciar actos relativos a infracciones del Derecho de la Unión deben poder tomar una decisión fundada sobre su conveniencia, y sobre cuándo y cómo hacerlo. Las entidades públicas y privadas que dispongan de procedimientos internos de denuncia deberán facilitar información sobre los mismos, así como sobre los procedimientos para informar a las autoridades externas competentes. Esta información debe ser fácilmente comprensible y accesible incluso, en la mayor medida posible, para personas distintas de los empleados que estén en contacto con la entidad debido a sus actividades laborales, tales como proveedores de servicios, distribuidores, proveedores y socios comerciales. Por ejemplo, dicha información podrá exponerse en un lugar visible y accesible a todas estas personas y en la web de la entidad, y también incluirse en cursos y actividades de formación sobre ética e integridad.

(61)  La prevención y detección efectivas de infracciones del Derecho de la Unión requiere garantizar que los potenciales informantes puedan aportar fácilmente y con total confidencialidad la información de que dispongan a las autoridades competentes para que estas puedan investigar y solventar el problema, en la medida de lo posible.

(62)  Puede darse el caso de que no existan cauces internos o de que se hayan utilizado, pero no hayan funcionado correctamente (por ejemplo, la denuncia no se tramitó con diligencia o en un plazo razonable, o no se tomó ninguna medida adecuada en relación con la infracción pese al resultado positivo de la investigación).

(63)  En otros casos, no puede esperarse razonablemente que los cauces internos funcionen adecuadamente. Este es el caso, en particular, cuando los denunciantes tengan razones válidas para pensar que: i) podrían sufrir represalias en relación con la denuncia de infracciones, en particular como resultado de una vulneración de su confidencialidad, y ii) las autoridades competentes estarían mejor situadas para adoptar medidas eficaces para hacer frente a la infracción dado que, por ejemplo, el responsable último en el contexto laboral está implicado en la infracción, o existe el riesgo de que se oculten o destruyan la infracción o las pruebas conexas o, de manera más general, porque la eficacia de las investigaciones por parte de las autoridades competentes podría verse amenazada de otra manera (por ejemplo, cuando se trate de denuncias sobre acuerdos colusorios u otras infracciones de las normas en materia de competencia) o porque la infracción requiere medidas urgentes, por ejemplo, para proteger la vida, la salud y la seguridad de las personas o para proteger el medio ambiente. En todos los casos, las personas que denuncien externamente ante las autoridades competentes y, en su caso, ante las instituciones, órganos y organismos de la Unión, estarán protegidas. La presente Directiva también concede protección en los casos en que la legislación nacional o de la Unión exija a los denunciantes que se dirijan a las autoridades nacionales competentes, por ejemplo, en el marco de sus deberes y responsabilidades laborales o porque la infracción constituye una infracción penal.

(64)  La falta de confianza en la eficacia de las denuncias es uno de los principales factores que desalientan a los potenciales informantes. Esto justifica la imposición de una obligación clara a las autoridades competentes para que establezcan cauces externos de denuncia adecuados, actúen con diligencia en la tramitación de las denuncias recibidas y, en un plazo razonable, den respuesta a los denunciantes .

(65)  Corresponde a los Estados miembros determinar qué autoridades son competentes para recibir y tramitar adecuadamente las denuncias que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Dichas autoridades competentes pueden ser autoridades judiciales, organismos de regulación o de supervisión competentes en los ámbitos específicos de que se trate, o autoridades con una competencia más general a escala del Estado central, autoridades policiales o judiciales, organismos de lucha contra la corrupción o defensores del pueblo.

(66)  Como destinatarias de las denuncias, las autoridades a las que se designe como competentes deben tener las capacidades y competencias necesarias para garantizar una tramitación adecuada, también para evaluar la exactitud de las alegaciones presentadas en la denuncia y para ocuparse de las infracciones denunciadas, ▌a través de la apertura de una investigación interna, una investigación, el enjuiciamiento, la acción de recuperación de fondos u otras medidas correctoras adecuadas, de conformidad con su mandato, o deben tener las competencias necesarias para remitir la denuncia a otra autoridad que deberá investigar la infracción denunciada, garantizando una tramitación adecuada por parte de dicha autoridad. En particular, cuando los Estados miembros deseen establecer cauces externos a escala del Estado central, por ejemplo, en el ámbito de las ayudas estatales, los Estados miembros deben establecer las salvaguardias adecuadas para garantizar el respeto de los requisitos de independencia y autonomía establecidos en la Directiva. El establecimiento de dichos cauces externos no afecta a las competencias de los Estados miembros o de la Comisión en materia de supervisión en el ámbito de las ayudas estatales. La presente Directiva tampoco afecta a la competencia exclusiva de la Comisión en lo que respecta a la declaración de compatibilidad de las medidas de ayuda estatal, en particular con arreglo al artículo 107, apartado 3, del TFUE. Por lo que se refiere a las infracciones de los artículos 101 y 102 del TFUE, los Estados miembros deben designar como autoridades competentes a las mencionadas en el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, sin perjuicio de las competencias de la Comisión en este ámbito.

(67)  Las autoridades competentes deben también dar respuesta a los denunciantes en lo que respecta a las medidas previstas o adoptadas para tramitar la denuncia (por ejemplo, remisión a otra autoridad, archivo debido a la falta de pruebas suficientes o por otros motivos o puesta en marcha de una investigación y, en su caso, sus resultados o las medidas adoptadas para abordar el problema planteado), así como sobre los motivos que justifiquen la tramitación. Las comunicaciones sobre el resultado final de las investigaciones no deben afectar a las normas aplicables de la Unión, que incluyen posibles restricciones a la publicación de decisiones en el ámbito de la regulación financiera. Esto debe aplicarse, mutatis mutandis, en el ámbito del impuesto de sociedades, si la legislación nacional aplicable prevé restricciones similares.

(68)  La tramitación y la respuesta al denunciante deben producirse en un plazo razonable; esto se justifica por la necesidad de remediar con prontitud el problema objeto de la denuncia, así como de evitar la revelación pública innecesaria de información. El plazo no debe exceder de tres meses, pero podrá ampliarse a seis cuando sea necesario debido a circunstancias específicas del caso, en particular la naturaleza y la complejidad del asunto, que puedan justificar una investigación larga.

(69)  El Derecho de la Unión en ámbitos específicos, como el abuso de mercado(25), la aviación civil(26) o la seguridad de las operaciones de extracción de petróleo y gas en alta mar(27), ya contempla el establecimiento de cauces internos y externos de denuncia. La obligación de establecer tales cauces en los términos de la presente Directiva debe basarse, en la medida de lo posible, en cauces existentes ya previstos en actos específicos de la Unión.

(70)  La Comisión Europea, así como algunos órganos y organismos de la Unión, como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), disponen de cauces y procedimientos externos para la recepción de denuncias de infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y que básicamente prevén la confidencialidad sobre la identidad de los denunciantes. La presente Directiva no afecta a dichos cauces y procedimientos externos de denuncia, cuando existan, pero velará por que las personas que denuncien ante dichas instituciones, órganos y organismos de la Unión se beneficien de unas normas mínimas comunes en materia de protección en toda la Unión.

(71)  Para garantizar la eficacia de los procedimientos de tramitación de las denuncias y de respuesta a las infracciones de las normas de la Unión de que se trate, los Estados miembros deben tener la posibilidad de adoptar medidas para aliviar las cargas que soporten las autoridades competentes como consecuencia de las denuncias de infracciones menores de disposiciones que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, las denuncias repetitivas o las denuncias sobre infracciones de disposiciones accesorias (por ejemplo, disposiciones sobre obligaciones relativas a la documentación o la notificación). Dichas medidas pueden consistir en permitir a las autoridades competentes decidir, tras un estudio adecuado del asunto, que una infracción denunciada es claramente menor y no requiere que se adopten más medidas para su tramitación con arreglo a la presente Directiva. Los Estados miembros también pueden autorizar a las autoridades competentes a cerrar procedimientos relativos a denuncias repetitivas que no contengan información nueva y significativa con respecto a una denuncia pasada que ya haya sido archivada, a menos que nuevas circunstancias de hecho o de Derecho justifiquen una tramitación distinta. Además, en caso de un elevado número de denuncias, los Estados miembros pueden permitir a las autoridades competentes dar prioridad al tratamiento de las denuncias de infracciones graves o de infracciones de disposiciones esenciales que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(72)  Cuando esté así previsto en el Derecho nacional o de la Unión, las autoridades competentes deben remitir los casos o la información pertinente a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, incluidos, a efectos de la presente Directiva, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea, sin perjuicio de la posibilidad de que el denunciante se dirija directamente a dichos órganos y organismos de la Unión.

(73)  En numerosos ámbitos de actuación que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, existen mecanismos de cooperación a través de los cuales las autoridades nacionales competentes intercambian información y llevan a cabo actividades de tramitación en relación con infracciones de las normas de la Unión con una dimensión transfronteriza. Los ejemplos van del Mecanismo de Asistencia y Cooperación Administrativas, en los casos de violaciones transfronterizas de la legislación de la Unión relativa a la cadena agroalimentaria, la Red contra el Fraude Alimentario, el Sistema comunitario de intercambio rápido de informaciones sobre los peligros derivados de la utilización de productos de consumo o la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor a la Red de Cumplimiento de la Legislación Medioambiental, la Red Europea de Autoridades de Competencia, y la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad. Las autoridades competentes de los Estados miembros deben aprovechar plenamente los mecanismos de cooperación existentes de este tipo cuando proceda, como parte de su obligación de tramitar las denuncias relativas a infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Además, las autoridades de los Estados miembros pueden cooperar también fuera de los mecanismos de cooperación existentes cuando se produzcan infracciones con una dimensión transfronteriza en ámbitos en que no existan mecanismos de cooperación de este tipo.

(74)  A fin de permitir una comunicación efectiva con el personal responsable de la tramitación de denuncias, es necesario que las autoridades competentes establezcan y utilicen cauces de fácil acceso que sean seguros, garanticen la confidencialidad para recibir y tramitar la información proporcionada por el denunciante y permitan el almacenamiento de información duradera para que puedan realizarse nuevas investigaciones. Esto puede requerir que estén separados de los cauces generales que las autoridades competentes utilizan para comunicarse con el público, como los sistemas normales de presentación de quejas por el público, o de los cauces que la autoridad competente utiliza para comunicarse internamente y con terceros en el curso normal de sus actividades.

(75)  Debe formarse profesionalmente al personal ▌de las autoridades competentes responsable de la tramitación de denuncias, también sobre las normas aplicables en materia de protección de datos, para gestionar las denuncias y garantizar la comunicación con los denunciantes, así como para tramitar adecuadamente las denuncias.

(76)  Las personas que tengan intención de denunciar infracciones deben poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia, así como sobre cuándo y cómo hacerlo. Por consiguiente, las autoridades competentes deben hacer pública información de fácil acceso sobre los cauces de denuncia disponibles ante las autoridades competentes, sobre los procedimientos aplicables y sobre el personal especializado de las autoridades responsable de la tramitación de denuncias. Toda la información referente a las denuncias debe ser transparente, fácilmente comprensible y fiable con objeto de promover las denuncias y no de obstaculizarlas.

(77)  Los Estados miembros deben velar por que las autoridades competentes dispongan de procedimientos de protección adecuados para el tratamiento de las denuncias de infracciones y para la protección de los datos personales de quienes sean mencionados en la denuncia. Dichos procedimientos deben garantizar la protección de la identidad de cada denunciante, cada interesado y cada tercero a que se refiera la denuncia (por ejemplo, testigos o colegas) en todas las fases del procedimiento. ▌

(78)  Es necesario que el personal ▌de la autoridad competente responsable de la tramitación de denuncias y el personal de la autoridad competente que tenga derecho a acceder a la información facilitada por un denunciante ▌cumpla el deber de secreto profesional y ▌confidencialidad a la hora de transmitir los datos, tanto dentro como fuera de la autoridad competente, y también cuando una autoridad competente abra una investigación o una instrucción o lleve a cabo acciones relacionadas con la denuncia de infracciones.

(79)  La revisión periódica de los procedimientos de las autoridades competentes y el intercambio de buenas prácticas entre ellas deben garantizar que estos procedimientos sean adecuados y, por lo tanto, sirvan para su objeto.

(80)  Las personas que revelen públicamente infracciones ▌deben recibir protección en los casos en que, pese a la presentación de una denuncia interna o externa, la infracción siga sin ser corregida, por ejemplo, cuando dichas personas tengan razones válidas para pensar que la infracción no se ha evaluado o investigado (de manera adecuada) o no se han adoptado medidas correctoras adecuadas. La adecuación de la tramitación debe evaluarse con arreglo a criterios objetivos, vinculados a la obligación de las autoridades competentes de evaluar la exactitud de las alegaciones y poner fin a cualquier posible infracción del Derecho de la Unión. Así pues, dependerá de las circunstancias de cada caso y de la naturaleza de las normas que se hayan infringido. En particular, el hecho de que las autoridades hayan decidido que una infracción es claramente menor y que no se requiere una tramitación puede constituir una tramitación adecuada de conformidad con la presente Directiva.

(81)  Las personas que revelen directa y públicamente infracciones también deben recibir protección en los casos en que tengan motivos fundados para sospechar que existe un peligro inminente o manifiesto para el interés público o ▌un riesgo de daños irreversibles, incluido ▌un peligro para la integridad física.

(82)  Del mismo modo, dichas personas deben recibir protección cuando tengan motivos fundados para pensar que, si presentaran una denuncia externa, correrían el riesgo de sufrir represalias o sería poco probable que se la infracción se resolviera de manera efectiva, dadas las circunstancias particulares del caso, como que puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad esté en connivencia con el autor de la infracción o implicada en la misma, por ejemplo.

(83)  Una medida ex ante esencial para evitar represalias es la protección de la confidencialidad de la identidad del denunciante durante el proceso de denuncia y las investigaciones posteriores. La identidad del denunciante solo puede divulgarse en caso de que exista una obligación necesaria y proporcional impuesta por el Derecho nacional o de la Unión en el contexto de investigaciones llevadas a cabo por las autoridades o de procesos judiciales, en particular para salvaguardar el derecho de defensa de los interesados. Esta obligación puede derivarse, en particular, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. La protección de la confidencialidad no debe aplicarse cuando el denunciante haya revelado intencionadamente su identidad en el contexto de una revelación pública.

(84)  Todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la presente Directiva, incluido el intercambio o la transmisión de datos personales por las autoridades competentes, deberá atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Directiva (UE) 2016/680(28), y todo intercambio o transmisión de información efectuado por las autoridades competentes a escala de la Unión deberá llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001(29). Conviene prestar especial atención a los principios relativos al tratamiento de datos personales establecidos en el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el artículo 4 de la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 45/2001, y al principio de protección de datos desde el diseño y por defecto contemplado en el artículo 25 del Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 20 de la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo XX del Reglamento (UE) n.º 2018/XX por el que se deroga el Reglamento n.º 5/2001 y la Decisión 1247/2002/CE.

(85)  La eficacia de los procedimientos instaurados en la presente Directiva para la tramitación de denuncias sobre infracciones del Derecho de la Unión en los ámbitos de aplicación del mismo contribuye a un objetivo importante de interés público general de la Unión y de los Estados miembros, con arreglo al artículo 23, apartado 1, letra e), del RGPD, ya que su objetivo es mejorar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en determinados ámbitos en los cuales el incumplimiento puede provocar graves perjuicios para el interés público. Una protección efectiva de la confidencialidad de la identidad del denunciante resulta necesaria a fin de proteger los derechos y libertades de otros, en particular los del propio denunciante, tal como estipula el artículo 23, apartado 1, letra i), del RGPD. Los Estados miembros deben velar por la eficacia de la presente Directiva, por ejemplo restringiendo mediante medidas legislativas, cuando resulte necesario, el ejercicio de determinados derechos de protección de datos de los interesados de conformidad con el artículo 23, apartado 1, letras e) e i), y apartado 2, del RGPD, en la medida y durante el tiempo que resulte necesario a fin de evitar y abordar las tentativas de obstaculizar las denuncias, impedir, frustrar o ralentizar la tramitación de las mismas, en particular la investigación, o bien de averiguar la identidad del denunciante.

(86)  Una protección efectiva de la confidencialidad de la identidad del denunciante resulta igualmente necesaria a fin de proteger los derechos y libertades de otros, en particular los del propio denunciante, cuando la denuncia la tramitan las autoridades definidas en el artículo 3, apartado 7, de la Directiva (UE) 2016/680. Los Estados miembros deben velar por la eficacia de la presente Directiva, por ejemplo restringiendo mediante medidas legislativas, cuando resulte necesario, el ejercicio de determinados derechos de protección de datos de los interesados de conformidad con el artículo 13, apartado 3, letras a) y e), el artículo 15, apartado 1, letras a) y e), el artículo 16, apartado 4, letras a) y e), y el artículo 31, apartado 5, de la Directiva (UE) 2016/680, en la medida y durante el tiempo que resulte necesario a fin de evitar y abordar las tentativas de obstaculizar las denuncias, impedir, frustrar o ralentizar la tramitación de las mismas, en particular la investigación, o bien de averiguar la identidad del denunciante.

(87)  Los Estados miembros deben garantizar que las autoridades competentes registren adecuadamente todas las denuncias de infracciones, que todas las ellas puedan ser consultadas y que la información facilitada en ellas pueda utilizarse como prueba si se procede a medidas de ejecución.

(88)  Los denunciantes deben ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea directa o indirecta, que sea recomendada o tolerada por su empresario o por los clientes o destinatarios de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas últimas, incluidos, por ejemplo, los compañeros y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el denunciante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales. Deberá facilitarse protección frente a represalias tomadas contra el propio denunciante, y también frente a aquellas que puedan tomarse contra la persona jurídica de la que el denunciante sea propietario, para la que trabaje o con la que esté relacionado de otra forma en un contexto laboral, como la denegación de prestación de servicios, el establecimiento de listas negras o el boicot a empresas. Las represalias indirectas incluyen asimismo las medidas adoptadas contra los facilitadores, compañeros o familiares del denunciante que también mantengan una relación laboral con el empresario, o los clientes o destinatarios de los servicios del denunciante.

(89)  Cuando las represalias se producen impunemente y sin ser castigadas, esto amedranta a los potenciales informantes. Una clara prohibición legal de las represalias tiene un importante efecto disuasorio, reforzado por disposiciones sobre responsabilidad personal y penas para los autores de las represalias.

(90)  Podrá proporcionar asesoramiento individualizado e información precisa una autoridad única independiente o un centro de información.

(91)  Los informantes potenciales que no estén seguros sobre cómo denunciar o si van a ser protegidos pueden verse disuadidos de hacerlo. Los Estados miembros garantizarán que se facilite información pertinente de manera ▌fácilmente comprensible y fácilmente accesible al público en general. Deberá estar disponible un asesoramiento confidencial, imparcial, individual y gratuito respecto de si, por ejemplo, la información en cuestión está cubierta por las normas aplicables sobre protección de los informantes, sobre qué cauce de denuncia es mejor utilizar y sobre los procedimientos alternativos disponibles en caso de que la información no esté cubierta por la normativa aplicable («señalamiento»). El acceso a este asesoramiento puede ayudar a garantizar que las denuncias se realicen a través de los cauces apropiados y de manera responsable, y que las infracciones e irregularidades se detecten de forma puntual o que incluso puedan evitarse. Los Estados miembros podrán incluir en el asesoramiento el de tipo jurídico. Cuando el asesoramiento lo reciba el denunciante de una organización de la sociedad civil sujeta a la obligación de confidencialidad respecto de la información recibida, los Estados miembros deben asegurarse de que dicha organización no sufre represalias, por ejemplo bajo la forma de perjuicio económico resultante de una restricción en el acceso a la financiación, o bien de su inclusión en una lista negra, de forma que se dificulte su correcto funcionamiento.

(92)  Las autoridades competentes deben facilitar a los denunciantes el respaldo necesario para que puedan disponer efectivamente de protección. En particular, deben facilitarles las pruebas o documentación de otro tipo que sean necesarias para que puedan confirmar ante otras autoridades u órganos jurisdiccionales que se ha producido una denuncia externa. En determinados contextos nacionales y en ciertos casos, los denunciantes ▌pueden beneficiarse de formas de certificación de que cumplen las condiciones de las normas aplicables. A pesar de estas posibilidades, deberán tener acceso efectivo a una revisión judicial, de tal forma que sean los órganos jurisdiccionales los que decidan, sobre la base de todas las circunstancias particulares del asunto, si se cumplen las normas aplicables.

(93)  ▌Las obligaciones legales o contractuales de las personas, como las cláusulas de fidelidad o los acuerdos de confidencialidad y no publicidad, no podrán ser invocadas para impedir las denuncias ▌, para denegar la protección o para penalizar a los denunciantes por haberlas presentado cuando la transmisión de información que esté contemplada en dichas cláusulas o acuerdos sea necesaria para revelar la infracción. Cuando se cumplan estas condiciones, no se podrá imputar a los denunciantes responsabilidad alguna, ya sea civil, penal, administrativa o laboral. La exención de responsabilidad por la denuncia o revelación de información en virtud de la presente Directiva queda garantizada respecto de la información sobre la cual el denunciante tenía motivos fundados para pensar que su denuncia o revelación resultaban necesarias para informar sobre una infracción en virtud de la presente Directiva. Dicha exención no debe hacerse extensiva a la información superflua que el interesado hubiera revelado sin basarse en motivos fundados.

(94)  Cuando el denunciante hubiera obtenido de manera legal acceso a la información comunicada o los documentos que la contienen, debe gozar de inmunidad en relación con dicha responsabilidad. Esto se aplica tanto a los casos en los que el denunciante revele el contenido de documentos a los que tenga acceso legalmente como a aquellos en los que realice copias de los mismos o los retire de los locales de la organización de la cual es empleado en contravención de cláusulas contractuales o de otro tipo que estipulen que dichos documentos son propiedad de la organización. Los denunciantes deben gozar asimismo de inmunidad cuando la obtención de la información o documentos pudiera generar responsabilidades de tipo civil, administrativo o laboral, por ejemplo, cuando el denunciante hubiera obtenido la información entrando en mensajes de correo electrónico de un compañero o consultando documentos que no utiliza habitualmente en el marco de su trabajo, o fotografiando los locales de la organización, o entrando en lugares a los que no suele tener acceso. Cuando el denunciante haya obtenido la información o documentos mediante la comisión de una infracción penal como la intromisión física o informática, su responsabilidad penal ha de regirse por la legislación nacional aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 7. Del mismo modo, cualquier otra responsabilidad del denunciante derivada de acciones y omisiones que no guarden relación con la denuncia o no resulten necesarias para revelar una infracción en virtud de la presente Directiva debe regirse por la legislación de la Unión o nacional aplicable. En tales casos, deben ser los órganos jurisdiccionales nacionales quienes evalúen la responsabilidad del denunciante a la luz de toda la información objetiva pertinente y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida la necesidad y la proporcionalidad de la acción u omisión en relación con la denuncia o revelación.

(95)  Es probable que las represalias sean justificadas por razones distintas de la denuncia y puede resultar muy difícil para los denunciantes probar el vínculo entre ambas, mientras que los autores de actos de represalia pueden tener más poder y recursos para documentar las medidas adoptadas y motivarlas. Por lo tanto, una vez que el denunciante demuestre, razonablemente, que ha presentado una denuncia o que ha revelado públicamente la información de conformidad con la presente Directiva y que ha sufrido un perjuicio, la carga de la prueba deberá recaer sobre la persona que haya tomado la medida de represalia, quien deberá demostrar, en tal caso, que las medidas adoptadas no estaban vinculadas en modo alguno a la denuncia o la revelación pública.

(96)  Más allá de una prohibición expresa de represalias por ley, es fundamental que los denunciantes que sufran represalias tengan acceso a vías de recurso y a compensación. El remedio adecuado en cada caso se determinará en función del tipo de medidas de represalia sufridas y la reparación del daño deberá ser completa y acorde con la legislación nacional. Podrá tomar la forma de reintegración (por ejemplo, en caso de despido, traslado o degradación, o de congelación de formaciones o ascensos) o de restauración de un permiso, licencia o contrato cancelados; compensación por pérdidas financieras presentes y futuras (pérdida de salarios debidos, pero también futuras pérdidas de ingresos y costes relacionados con el cambio de profesión); reparación de otros daños económicos, como gastos jurídicos y costes de tratamiento médico, y daños inmateriales (dolor y sufrimiento).

(97)  Los tipos de acciones legales pueden variar entre ordenamientos jurídicos, pero deben garantizar una compensación o reparación real y efectiva, de forma disuasoria y proporcionada al perjuicio sufrido. Cabe mencionar en este contexto los principios del pilar europeo de derechos sociales, en particular el principio n.º 7, según el cual «[a]ntes de proceder a un despido, los trabajadores tienen derecho a ser informados de los motivos de este y a que se les conceda un plazo razonable de preaviso. Tienen derecho a acceder a una resolución de litigios efectiva e imparcial y, en caso de despido injustificado, tienen derecho a reparación, incluida una indemnización adecuada. Los recursos previstos en el plano nacional no deben disuadir a posibles futuros informantes. Por ejemplo, permitir una compensación como alternativa a la reincorporación en caso de despido podría dar lugar a una práctica sistemática, en particular en las organizaciones de mayor tamaño y, por tanto, tener un efecto disuasorio sobre futuros informantes.

(98)  De especial importancia para los denunciantes son las medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, que puede prolongarse. En particular, los denunciantes deben poder acogerse a medidas provisionales con arreglo a la legislación nacional, para poner fin a amenazas, tentativas o actos continuados de represalia, como el acoso ▌, o para prevenir formas de represalia como el despido, que puede ser difícil de revertir una vez transcurrido un largo período y arruinar financieramente a una persona, una perspectiva que puede disuadir eficazmente a potenciales informantes.

(99)  Las medidas adoptadas contra los denunciantes fuera del contexto laboral, por ejemplo a través de procedimientos por difamación, violación de derechos de autor, secretos comerciales, confidencialidad y protección de datos personales, también pueden suponer un grave efecto disuasorio para la denuncia de infracciones. En tales procedimientos, los denunciantes deben poder confiar en que haber realizado una denuncia o revelación de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva sea considerado como un argumento en su defensa, siempre que la información transmitida o revelada resultase necesaria para revelar la infracción. En tales casos, la persona que inicie el procedimiento deberá probar que el denunciante no cumple los requisitos de la presente Directiva.

(100)  La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo establece normas tendentes a garantizar medidas suficientes y sistemáticas de reparación civil en caso de obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial. No obstante, también establece que la obtención, utilización o revelación del secreto comercial se consideren lícitas en la medida en que estén permitidas por el Derecho de la Unión. Las personas que revelan secretos comerciales obtenidos en un contexto laboral deben gozar únicamente de la protección que otorga la presente Directiva (también por lo que se refiere a la exención de responsabilidad civil) siempre que cumplan las condiciones establecidas en ella, incluida la de que la revelación fuera necesaria para descubrir una infracción que entre en el ámbito de aplicación material de la presente Directiva. Cuando se cumplan dichas condiciones se considerará que la revelación de un secreto comercial está «permitida» por el Derecho de la Unión en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/943. Además, ambas directivas deben considerarse complementarias y las medidas, procedimientos o recursos de reparación civil, así como las exenciones previstas en la Directiva (UE) 2016/943 deben seguir siendo de aplicación a toda revelación de un secreto comercial que quede fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las autoridades competentes que reciban denuncias que contengan secretos comerciales deben garantizar que estos secretos no se utilizan ni revelan para fines distintos de lo que resulte necesario a efectos de la tramitación correcta de la denuncia.

(101)  Los honorarios de abogados pueden suponer un coste significativo para los denunciantes que tengan que defenderse a través de procesos judiciales contra medidas de represalia adoptadas contra ellos. Aunque podrían recuperar dichos gastos al final del proceso, podrían no estar en condiciones de adelantarlos, sobre todo si están desempleados y han sido incluidos en una lista negra. En determinados casos, puede ser esencial la ayuda a efectos de los procesos judiciales penales, especialmente cuando el denunciante cumple las condiciones establecidas en la Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo(30) y, de manera más general, el apoyo a quienes tienen una necesidad perentoria de ayuda financiera para poder hacer efectivos sus derechos a protección.

(102)  Los derechos del interesado deben estar protegidos para evitar daños a la reputación u otras consecuencias negativas. Además, sus derechos de defensa y de acceso a vías de recurso deben ser plenamente respetados en cada fase del procedimiento tras la denuncia, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los Estados miembros deben proteger la confidencialidad de la identidad del interesado y garantizar sus derechos de defensa ▌, incluido el derecho de acceso al expediente, el derecho a ser oído y el derecho a una tutela judicial efectiva contra una decisión que le concierna con arreglo a los procedimientos aplicables establecidos en el Derecho nacional en el contexto de investigaciones o procesos judiciales ulteriores.

(103)  Toda persona que sufra un perjuicio, ya sea directa o indirectamente, como consecuencia de la denuncia o la revelación pública de información inexacta o engañosa debe gozar de la protección y las vías de recurso de que disponga con arreglo a las normas de Derecho común. En caso de que dicha denuncia o revelación pública inexacta o engañosa haya sido efectuada de forma deliberada y consciente, el interesado deberá tener derecho a ser indemnizado de conformidad con el Derecho nacional.

(104)  Las sanciones penales, civiles o administrativas son necesarias para garantizar la eficacia de las normas sobre protección de los informantes. Las sanciones contra quienes tomen represalias u otras medidas de castigo contra los denunciantes pueden desalentar la aplicación de tales represalias o castigos. Son necesarias asimismo sanciones contra las personas que presenten una denuncia o hagan una revelación pública siendo conscientes de su falsedad, con el fin de impedir nuevas denuncias maliciosas y de preservar la credibilidad del sistema. La proporcionalidad de tales sanciones deberá garantizar que no tengan un efecto disuasorio sobre los potenciales informantes.

(105)  Toda decisión tomada por autoridades que vaya en detrimento de los derechos otorgados por la presente Directiva, en particular las que se adopten en virtud del artículo 6, estarán sometidas a control judicial de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(106)  La presente Directiva establece normas mínimas; por ello, los Estados miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables al denunciante, siempre que dichas disposiciones no interfieran con las medidas para la protección de los interesados. La transposición de la presente Directiva no constituirá, bajo ninguna circunstancia, una justificación válida para la disminución del nivel de protección de que ya gozan los denunciantes en virtud de la legislación nacional en sus ámbitos de aplicación.

(107)  De conformidad con el artículo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías y servicios estará garantizada. El mercado interior debe ofrecer a los ciudadanos de la Unión un valor añadido en forma de mejor calidad y seguridad de los bienes y servicios, garantizando un elevado nivel de salud pública y de protección del medio ambiente, así como la libre circulación de los datos personales. Así pues, el artículo 114 del TFUE es la base jurídica apropiada para adoptar las disposiciones necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. Además de lo dispuesto en dicho artículo 114, la presente Directiva debe disponer de bases jurídicas específicas adicionales a fin de cubrir los ámbitos que se basan en los artículos 16, ▌43, apartado 2, 50, 53, apartado 1, ▌91, 100, ▌168, apartado 4, 169, 192, apartado 1, y 325, apartado 4, del TFUE, y en el artículo 31 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, para la adopción de medidas de la Unión ▌.

(108)  El ámbito de aplicación material de la presente Directiva se basa en la identificación de los ámbitos en los que la introducción de protección de los informantes resulta justificada y necesaria en función de los elementos de prueba de que se dispone actualmente. Este ámbito de aplicación material podrá ampliarse a otros ámbitos o actos de la Unión, si ello resulta necesario como medio de reforzar su aplicación a la luz de pruebas que puedan saltar a la palestra en el futuro o sobre la base de la evaluación de la forma en que haya funcionado la presente Directiva.

(109)  En caso de que se adopte nueva legislación pertinente a efectos de la presente Directiva, dicha legislación deberá indicar, cuando proceda, que la presente Directiva será aplicable. En caso necesario, se modificarán el artículo 1 y el anexo.

(110)  El objetivo de la presente Directiva, a saber, reforzar el cumplimiento en determinados ámbitos y actos cuando la infracción del Derecho de la Unión pueda provocar graves perjuicios al interés público, a través de una protección eficaz de los informantes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando en solitario o de forma no coordinada, sino que puede alcanzarse mejor mediante una acción de la Unión que establezca normas mínimas armonizadas sobre la protección de los informantes. Además, solo la acción de la Unión puede aportar coherencia y armonizar las actuales normas de la Unión sobre protección de los denunciantes. Por consiguiente, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(111)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 11. En consecuencia, la presente Directiva debe aplicarse de conformidad con esos derechos y principios, garantizando el pleno respeto, entre otras cosas, de la libertad de expresión y de información, el derecho a la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a un elevado nivel de protección de los consumidores, el derecho a un alto nivel de protección de la salud humana, el derecho a un alto nivel de protección ambiental, el derecho a una buena administración, el derecho la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa.

(112)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 ▌.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN, CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto reforzar la aplicación del Derecho y las políticas de la Unión en determinados ámbitos mediante la definición de normas mínimas comunes que garanticen un elevado nivel de protección de las personas que denuncien infracciones.

Artículo 2

Ámbito de aplicación material

1.  ▌La presente Directiva establece normas mínimas comunes para la protección de las personas que denuncien las siguientes infracciones del Derecho de la Unión:

a)  infracciones que correspondan al ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo (partes I y II) de la presente Directiva por lo que se refiere a los ámbitos siguientes:

i)  contratación pública;

ii)  servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

iii)  seguridad de los productos;

iv)  seguridad del transporte;

v)  protección del medio ambiente;

vi)  protección contra las radiaciones y seguridad nuclear;

vii)  seguridad de los alimentos y los piensos, salud animal y bienestar de los animales;

viii)  salud pública;

ix)  protección de los consumidores;

x)  protección de la intimidad y los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información;

b)  infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal como se definen en el artículo 325 del Tratado y tal como se concretan en las correspondientes medidas de la Unión;

c)  infracciones relativas al mercado interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las normas en materia de competencia y ayudas estatales, y por lo que respecta a actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a disposiciones cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.

2.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de los Estados miembros de ampliar la protección en su Derecho nacional a otros ámbitos o actos no previstos en el apartado 1.

Artículo 3

Relación con otros actos de la Unión y disposiciones nacionales

1.  Cuando, en los actos sectoriales de la Unión enumerados en la parte II del anexo, se establezcan normas específicas sobre la denuncia de infracciones, se aplicarán dichas normas. Lo dispuesto en la presente Directiva será aplicable ▌en la medida en que un asunto no se rija obligatoriamente por los citados actos sectoriales de la Unión.

2.  La presente Directiva no afectará a la responsabilidad de los Estados miembros de velar por la seguridad nacional ni a su facultad de proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad. En particular, no afectará a las denuncias de infracción de las normas de contratación pública que estén relacionadas con cuestiones de defensa o seguridad, salvo que se rijan por los instrumentos pertinentes de la Unión.

3.  La presente Directiva no afectará a la aplicación del Derecho de la Unión o nacional relativo a:

a)  la protección de la información clasificada;

b)  la protección del secreto médico y del secreto profesional en la relación cliente-abogado;

c)  el secreto de las deliberaciones judiciales; y

d)  las normas de enjuiciamiento criminal.

4.  La presente Directiva no afectará a las normas nacionales relativas al ejercicio del derecho de los trabajadores a consultar con sus representantes o sindicatos, a la protección frente a posibles medidas perjudiciales injustificadas derivadas de tales consultas ni a la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a celebrar convenios colectivos. Todo ello se entenderá sin perjuicio del nivel de protección otorgado por la presente Directiva.

Artículo 4

Ámbito de aplicación personal

1.  La presente Directiva se aplicará a los denunciantes empleados en el sector privado o público y que hayan tenido conocimiento de información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a:

a)  las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios;

b)  las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido del artículo 49 del TFUE;

c)  los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, gobierno o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas remunerados o no remunerados;

d)  cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

2.  La presente Directiva también se aplicará a los denunciantes cuando comuniquen o revelen información obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada.

3.  La presente Directiva también se aplicará a los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información relativa a una infracción haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

4.  Las medidas de protección del denunciante previstas en el capítulo IV también se aplicarán, en su caso, a:

a)  los facilitadores;

b)  terceras personas que estén relacionadas con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares del denunciante; y

c)  las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.

Artículo 5

Condiciones de protección de los denunciantes

1.  Las personas que comuniquen información sobre infracciones en los ámbitos contemplados en la presente Directiva tendrán derecho a protección siempre que:

a)  tengan motivos fundados para pensar que la información notificada es veraz en el momento de la denuncia y que entra dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva;

b)  hayan denunciado por cauces internos con arreglo al artículo 7 y por cauces externos con arreglo al artículo 10, o hayan denunciado directamente por cauces externos, o hayan revelado información públicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la presente Directiva

2.  Sin perjuicio de la obligación vigente de disponer de mecanismos de denuncia anónima en virtud del Derecho de la Unión, la presente Directiva no afectará a la facultad de los Estados miembros de decidir si las entidades públicas o privadas y las autoridades competentes deben o no aceptar y tramitar las denuncias anónimas de infracciones.

3.  Las personas que hayan presentado una denuncia o hayan revelado información públicamente de forma anónima pero que posteriormente hayan sido identificadas seguirán teniendo derecho a protección si sufren represalias, siempre que cumplan las condiciones previstas en el apartado 1.

4.  La persona que denuncie ante las instituciones, órganos y organismos pertinentes de la Unión infracciones que se incluyan en el ámbito de aplicación de la presente Directiva tendrá derecho a protección con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva en las mismas condiciones que una persona que haya presentado una denuncia por cauces externos.

Artículo 6

Definiciones

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1)  «infracción», las acciones u omisiones:

i)  que sean ilícitas y estén relacionadas con los actos y ámbitos de actuación de la Unión contemplados en el artículo 2 y en el anexo; o

ii)  que frustren el objeto o el fin perseguido por las normas ▌establecidas en los citados actos y ámbitos de actuación de la Unión;

2)  «información sobre infracciones», la información o las sospechas razonables sobre infracciones reales o posibles y sobre intentos de ocultar infracciones que ▌se hayan producido o que muy probablemente puedan producirse en la organización en la que trabaje o haya trabajado el denunciante o en otra organización con la que dicha persona esté o haya estado en contacto con motivo de su trabajo;

3)  «denuncia», la comunicación de información sobre infracciones;

4)  «denuncia interna», la comunicación de información sobre infracciones en el seno de una entidad jurídica pública o privada;

5)  «denuncia externa», la comunicación de información sobre infracciones ante las autoridades competentes;

6)  «revelación pública», la puesta a disposición del público de información sobre infracciones ▌;

7)  «denunciante», una persona física ▌que comunica o revela información sobre infracciones obtenida en el marco de sus actividades laborales;

8)  «facilitador», una persona física que asiste al denunciante en el proceso de denuncia en un contexto laboral, cuya asistencia debe ser confidencial;

9)  «contexto laboral», las actividades de trabajo presentes o pasadas en el sector público o privado a través de las cuales, independientemente de su naturaleza, las personas puedan obtener información sobre infracciones y en las que estas personas puedan sufrir represalias si las denuncian;

10)  «interesado», una persona física o jurídica a la que se haga referencia en la denuncia o revelación como la persona a la que se imputa la infracción o que esté asociada a dicha infracción;

11)  «represalia», toda acción u omisión, directa o indirecta que tiene lugar en un contexto laboral y que está motivada por una denuncia interna o externa o por una revelación pública y que cause o pueda causar perjuicios injustificados al denunciante;

12)  «tramitación», toda acción emprendida ▌por el destinatario de la denuncia o una autoridad competente a fin de evaluar la exactitud de las alegaciones hechas en la denuncia y, en su caso, de poner remedio a la infracción denunciada, por ejemplo a través de medidas como investigaciones internas, investigaciones, acciones judiciales, acciones de recuperación de fondos y archivo;

13)  «respuesta», la información facilitada a los denunciantes sobre las medidas previstas o adoptadas para tramitar su denuncia y sobre los motivos de tal tramitación;

14)  «autoridad competente», la autoridad nacional habilitada para recibir denuncias de conformidad con el capítulo III y para dar respuesta a los denunciantes y designada para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva, en particular en lo que respecta a la tramitación de las denuncias.

CAPÍTULO II

DENUNCIAS INTERNAS Y TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS

Artículo 7

Denuncia por cauces internos

1.  Como principio general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 y 15, la información sobre infracciones que estén dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva podrá notificarse a través de los cauces y procedimientos internos previstos en el presente capítulo.

2.  Los Estados miembros promoverán el uso de cauces internos antes de que se recurra a la denuncia externa siempre que pueda ponerse remedio a la infracción internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no hay riesgo de represalias.

3.  En el marco de la información proporcionada por las entidades jurídicas, públicas y privadas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, letra g), y por las autoridades competentes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 4, letra a), y el artículo 13, se debe proporcionar información adecuada relativa al citado uso de los cauces internos.

Artículo 8

Obligación de establecimiento de cauces internos

1.  Los Estados miembros velarán por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan cauces y procedimientos internos de denuncia y de tramitación de denuncias, tras consultar con los interlocutores sociales y alcanzar un acuerdo con estos, cuando así lo establezca el Derecho nacional.

2.  Estos cauces y procedimientos deberán permitir la denuncia por parte de los empleados de la entidad. Se podrán utilizar para la presentación de denuncias por otras personas que estén en contacto con la entidad en el marco de las actividades profesionales a las que se refiere el artículo 4, apartado 1, letras b), c) y d) ▌.

3.  Las entidades jurídicas del sector privado a que se refiere el apartado 1 serán las que tengan 50 o más empleados.

4.  El límite fijado en el apartado 3 no se aplicará a las entidades que se incluyan en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión a que se refieren las partes I.B y II del anexo.

5.  Los cauces de denuncia los podrán gestionar internamente una persona o departamento designados al efecto o los podrá proporcionar externamente un tercero. Los terceros a los que se encomiende la gestión de los cauces de denuncia de una entidad privada deben respetar igualmente las salvaguardas y requisitos a que se refiere el artículo 9, apartado 1.

6.  Las entidades jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 empleados podrán compartir recursos para la recepción y posiblemente también para la investigación de denuncias. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de su obligación de mantener la confidencialidad y de dar respuesta al denunciante, así como de poner remedio a la infracción denunciada.

7.  Tras una adecuada evaluación del riesgo y teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las entidades y el correspondiente nivel de riesgo, en particular, para el medio ambiente y la salud pública, los Estados miembros podrán exigir que las ▌entidades jurídicas privadas con menos de 50 empleados establezcan cauces y procedimientos de denuncia internos.

8.  Toda decisión adoptada por un Estado miembro para exigir a las entidades jurídicas privadas que establezcan cauces de denuncia internos de conformidad con el apartado 7 será notificada a la Comisión, junto con una justificación y los criterios utilizados en la evaluación del riesgo. La Comisión comunicará dicha decisión a los demás Estados miembros.

9.  Las entidades jurídicas del sector público a que se refiere el apartado 1 serán todas las entidades jurídicas públicas, incluidas las entidades que sean propiedad o estén sujetas al control de una entidad jurídica pública.

Los Estados miembros podrán eximir de la obligación prevista en el apartado 1 a los municipios de menos de 10 000 habitantes o con menos de 50 empleados u otras entidades con menos de 50 empleados.

Los Estados miembros podrán prever la posibilidad de que varios municipios compartan los cauces de denuncia internos o de que estos sean gestionados por autoridades municipales conjuntas de conformidad con el Derecho nacional, siempre que los cauces internos compartidos estén diferenciados y sean autónomos de los cauces externos.

Artículo 9

Procedimientos internos de denuncia y tramitación de denuncias

1.  Los procedimientos de denuncia y tramitación de denuncias a que se refiere el artículo 8 deberán incluir lo siguiente:

a)  cauces para recibir denuncias que estén diseñados, establecidos y gestionados de una forma segura que garantice la confidencialidad de la identidad del denunciante y de cualquier tercero mencionado en la denuncia e impida el acceso al personal no autorizado;

b)  un acuse de recibo de la denuncia al denunciante en un plazo máximo de siete días a partir de la recepción;

c)  la designación de una persona o servicio imparcial que sea competente para tramitar las denuncias, que podrá ser la misma persona o servicio que recibe las denuncias y que mantendrá la comunicación con el denunciante y, en caso necesario, se encargará de solicitarle información adicional y de darle respuesta;

d)  la tramitación diligente de las denuncias por la persona o el servicio competentes;

e)  la tramitación diligente cuando así lo establezca el Derecho nacional en lo que respecta a las denuncias anónimas;

f)  un plazo razonable ▌para dar respuesta al denunciante sobre la tramitación de la denuncia, que no será superior a tres meses a contar desde el acuse de recibo o, si no hubo acuse de recibo, desde el vencimiento del plazo de siete días desde la presentación de la denuncia;

g)  información clara y fácilmente accesible sobre ▌las condiciones y procedimientos de denuncia externa ante las autoridades competentes de conformidad con el artículo 10 y, en su caso, ante las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

2.  Los cauces previstos en el apartado 1, letra a), permitirán la presentación de denuncias por escrito o verbalmente, por vía telefónica u otros sistemas de mensajería de voz y, previa solicitud del denunciante, por medio de una reunión presencial dentro de un plazo razonable.

CAPÍTULO III

DENUNCIAS EXTERNAS Y TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS

Artículo 10

Denuncia por cauces externos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, los denunciantes notificarán la información sobre infracciones que esté dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva por los cauces y a través de los procedimientos descritos en los artículos 11 y 12, tras haber agotado los cauces internos o presentando directamente la denuncia ante las autoridades competentes.

Artículo 11

Obligación de establecimiento de cauces externos de denuncia y tramitación de denuncias

1.  Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes encargadas de recibir las denuncias, darles respuesta y tramitarlas, y las dotarán de recursos suficientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes:

a)  establezcan cauces externos de denuncia independientes y autónomos ▌para la recepción y el tratamiento de la información facilitada por el denunciante;

b)  acusen recibo sin demora, en un plazo máximo de siete días, de la denuncia, a menos que el denunciante solicite expresamente otra cosa o que la autoridad competente considere razonablemente que el envío de un acuse de recibo pondría en peligro la protección de la identidad del denunciante;

c)  tramiten las denuncias diligentemente;

d)  den respuesta al denunciante sobre la tramitación de la denuncia en un plazo razonable, no superior a tres meses, o a seis meses en casos debidamente justificados. Las autoridades competentes comunicarán al denunciante el resultado final de la investigación, de conformidad con los procedimientos previstos en el Derecho nacional;

e)  transmitan oportunamente la información contenida en la denuncia a las instituciones, órganos u organismos competentes de la Unión, según proceda, para que se siga investigando, cuando ello esté previsto por el Derecho nacional o de la Unión.

3.  Los Estados miembros podrán disponer que las autoridades competentes, tras examinar debidamente el asunto, puedan decidir que la infracción denunciada es claramente una infracción menor que no requiere más tramitación con arreglo a lo previsto en la presente Directiva. Lo anterior no afectará a otras obligaciones o procedimientos aplicables para poner remedio a la infracción denunciada, ni a la protección prevista por la presente Directiva en relación con la denuncia de infracciones por cauces internos o externos. En tales casos, las autoridades competentes comunicarán al denunciante la decisión y su motivación.

4.  Los Estados miembros también podrán disponer que las autoridades competentes tengan la posibilidad de decidir que no es necesario tramitar las denuncias repetitivas que no contengan nueva información significativa con respecto a una denuncia anterior que ya haya sido archivada, a menos que se den nuevas circunstancias de hecho o de Derecho que justifiquen una tramitación distinta. En tal caso, deberán comunicar al denunciante la motivación de su decisión.

5.  Los Estados miembros podrán disponer que, en caso de que haya un elevado número de denuncias, las autoridades competentes puedan tramitar prioritariamente las denuncias de infracciones graves o de disposiciones esenciales dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, sin perjuicio del plazo previsto en el apartado 2, letra b).

6.  Los Estados miembros velarán por que cualquier autoridad que haya recibido una denuncia, pero que no tenga competencias para ponerle remedio, la transmita a la autoridad competente dentro de un plazo razonable y de manera segura y por que el denunciante sea mantenido al corriente, sin demora, de dicha transmisión.

Artículo 12

Diseño de los cauces externos de denuncia

1.  Se considerará que los cauces externos de denuncia ▌son independientes y autónomos siempre que cumplan todos los criterios siguientes:

a)  estén diseñados y creados y sean gestionados de forma que se garantice la exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información y se impida el acceso al personal no autorizado de la autoridad competente;

b)  permitan el almacenamiento de información duradera, de conformidad con el artículo 18, para que puedan realizarse nuevas investigaciones.

2.  Los cauces externos de denuncia permitirán la presentación de denuncias por escrito o verbalmente, por vía telefónica u otros sistemas de mensajería de voz y, previa solicitud del denunciante, por medio de una reunión presencial dentro de un plazo razonable.

3.  Cuando se reciba una denuncia por cauces que no sean los cauces de denuncia a que se refieren los apartados 1 y 2 o cuando los miembros del personal que reciben la denuncia no sean los responsables de su tramitación, las autoridades competentes garantizarán que los miembros del personal que reciban la citada denuncia se abstengan de revelar cualquier información que pudiera permitir identificar al denunciante o al interesado y remitan puntualmente la denuncia, sin modificarla, a los miembros del personal ▌responsables de la tramitación de denuncias.

4.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de personal responsable de la tramitación de las denuncias, y en particular de lo siguiente:

a)  informar a cualquier persona interesada sobre los procedimientos de denuncia;

b)  recibir y tramitar denuncias;

c)  mantener el contacto con el denunciante a los efectos de darle respuesta y de solicitarle información adicional en caso necesario.

5.  Estos miembros del personal recibirán formación específica a efectos de la tramitación de denuncias.

Artículo 13

Información relativa a la recepción y tramitación de denuncias

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes publiquen en una sección separada, fácilmente identificable y accesible de sus sitios web, como mínimo la información siguiente:

a)  las condiciones en las que los denunciantes pueden acogerse a la protección prevista en la presente Directiva;

b)  los datos de contacto para hacer uso de los cauces externos de denuncia previstos en el artículo 12, en particular, las direcciones electrónica y postal y los números de teléfono, indicando si se graban las conversaciones telefónicas▌;

c)  los procedimientos aplicables a la denuncia de infracciones, también la manera en que la autoridad competente puede solicitar al denunciante aclaraciones sobre la información comunicada o información adicional, el plazo para dar respuesta al denunciante y el tipo y contenido de dicha respuesta;

d)  el régimen de confidencialidad aplicable a las denuncias y, en particular, la información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Directiva, los artículos 5 y13 del Reglamento (UE) 2016/679, el artículo 13 de la Directiva (UE) 2016/680 y el artículo 11 del Reglamento (UE) 2018/1725, según proceda.

e)  la naturaleza de la tramitación de que son objeto las denuncias;

f)  las vías de recurso y los procedimientos disponibles contra represalias, y las posibilidades de que las personas que contemplen la presentación de una denuncia reciban asesoramiento confidencial;

g)  una declaración en la que se expliquen claramente las condiciones en las que las personas que denuncien ante la autoridad competente no incurrirían en responsabilidad por incumplimiento de una obligación de confidencialidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, apartado 4.

h)  la información de contacto de la autoridad administrativa única e independiente prevista en el artículo 20, apartado 2, en su caso.

Artículo 14

Revisión de los procedimientos por las autoridades competentes

Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revisen regularmente sus procedimientos de recepción y tramitación de denuncias, por lo menos una vez cada tres años. Al revisar dichos procedimientos, las autoridades competentes tendrán en cuenta su experiencia y la de otras autoridades competentes y adaptarán sus procedimientos en consecuencia.

CAPÍTULO IV

REVELACIÓN PÚBLICA

Artículo 15

Revelación pública

1.  La persona que revele públicamente información sobre infracciones que estén dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva tendrá derecho a protección en virtud de la presente Directiva si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a)  que haya denunciado primero por cauces internos y externos, o directamente por cauces externos de conformidad con los capítulos II y III, sin que se hayan tomado medidas apropiadas al respecto en el plazo establecido en el artículo 9, apartado 1, letra f), y en el artículo 11, apartado 2, letra d); o

b)  que tenga motivos fundados para creer que:

i)  la infracción en cuestión puede constituir un peligro inminente o manifiesto para el interés público, como, por ejemplo, cuando se da una situación de emergencia o existe un riesgo de daños irreversibles; o

ii)  en caso de denuncia externa, existe un riesgo de represalias o hay pocas probabilidades de que se ponga remedio a la infracción de manera efectiva debido a las circunstancias particulares del caso, por ejemplo, que puedan ocultarse o destruirse las pruebas o que una autoridad esté en connivencia con el autor de la infracción o implicada en la infracción.

2.  El presente artículo no se aplicará en los casos en que una persona revele información directamente a la prensa con arreglo a disposiciones nacionales específicas por las que se establece un sistema de protección relativo a la libertad de expresión y de información.

CAPÍTULO V

NORMAS APLICABLES A LAS DENUNCIAS INTERNAS Y EXTERNAS

Artículo 16

Confidencialidad

1.  Los Estados miembros velarán por que no se revele la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del personal competente para recibir y tramitar denuncias. Lo anterior también se aplicará a cualquier otra información de la que se pueda deducir directa o indirectamente la identidad del denunciante.

2.  Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, la identidad del denunciante y cualquier otra información prevista en el apartado 1 solo puede revelarse cuando constituya una obligación necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho nacional o de la Unión en el contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en el marco de un proceso judicial, en particular para salvaguardar el derecho de defensa del interesado.

3.  Tal revelación de información estará sujeta a las salvaguardias pertinentes en virtud de las normas aplicables. En particular, se informará al denunciante antes de revelar su identidad, salvo que dicha información pudiera poner en peligro la investigación o el procedimiento judicial. Cuando la autoridad competente informe al denunciante, le remitirá una justificación escrita en la que explique los motivos de la revelación de los datos confidenciales en cuestión.

4.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes que reciban denuncias en las que se incluyan secretos comerciales no los usen ni revelen más allá de lo estrictamente necesario para la correcta tramitación de las denuncias.

Artículo 17

Tratamiento de datos personales

Todo tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la presente Directiva, incluido el intercambio o transmisión de datos personales por las autoridades competentes, se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680. Todo intercambio o comunicación de información por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725.

No se recopilarán datos personales cuya pertinencia no resulte evidente para la tramitación de un caso específico o, si se recopilan por accidente, se eliminarán sin demora indebida.

Artículo 18

Registro de las denuncias

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas lleven un registro de todas las denuncias recibidas, dentro del respeto de los requisitos de confidencialidad contemplados en el artículo 16 de la presente Directiva. Las denuncias se conservarán únicamente durante el período que sea necesario y proporcionado a efectos del requisito que se les impone a las autoridades competentes y a las entidades jurídicas privadas y públicas en virtud de la presente Directiva.

2.  Cuando para la denuncia se utilice una línea telefónica u otro sistema de mensajería de voz con grabación, y siempre que el denunciante dé su consentimiento, las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas tendrán derecho a documentar la denuncia oral de una de las maneras siguientes:

a)  grabación de la conversación en un soporte duradero y accesible;

b)  una transcripción completa y precisa de la conversación realizada por el personal ▌ de la autoridad competente responsable de la tramitación de denuncias.

Las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas ofrecerán al denunciante la posibilidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma la transcripción de la conversación.

3.  En los casos en que para la denuncia se utilice una línea telefónica u otro sistema de mensajería de voz sin grabación, las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas tendrán derecho a documentar la denuncia oral en forma de acta detallada de la conversación, elaborada por el personal ▌ responsable de la tramitación de la denuncia. Las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas ofrecerán al denunciante la posibilidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma ▌el acta de la llamada.

4.  Cuando una persona solicite una reunión con el personal ▌de las autoridades competentes o las entidades jurídicas privadas y públicas a efectos de la presentación de una denuncia con arreglo al artículo 9, apartado 2, y al artículo 12, apartado 2 ▌, las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas garantizarán, con el consentimiento del denunciante, que se conserven registros completos y precisos de la reunión en un formato duradero y accesible.

Las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas tendrán derecho a documentar el acta de una reunión de una de las maneras siguientes:

a)  grabación de la conversación en un soporte duradero y accesible;

b)  acta detallada de la reunión elaborada por el personal ▌responsable de la tramitación de la denuncia.

Las autoridades competentes y las entidades jurídicas privadas y públicas ofrecerán al denunciante la posibilidad de comprobar, rectificar y aceptar mediante su firma el acta de la reunión.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Artículo 19

Prohibición de represalias ▌

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prohibir todas las formas de represalias, incluidas las amenazas y las tentativas de represalia, ya sean directas o indirectas, ▌en particular, en forma de:

a)  suspensión, despido, destitución o medidas equivalentes;

b)  degradación o denegación de ascensos;

c)  cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicación del lugar de trabajo, reducción salarial o cambio del horario de trabajo;

d)  denegación de formación;

e)  evaluación o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales;

f)  imposición de cualquier medida disciplinaria, amonestación u otra sanción, incluidas las sanciones pecuniarias;

g)  coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo ▌;

h)  discriminación, marginación o trato injusto;

i)  no conversión de un contrato de empleo temporal en permanente, en caso de que el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un empleo permanente;

j)  no renovación o rescisión anticipada de un contrato de trabajo temporal;

k)  daños, incluidos a su reputación, en especial en los medios sociales, o pérdidas económicas, incluidas la pérdida de negocio y de ingresos;

l)  inclusión en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, formal o informal, que implique que en el futuro la persona no encontrará empleo en dicho sector;

m)  resolución anticipada o cancelación de contratos de bienes o servicios;

n)  anulación de un permiso o autorización.

o)  remisiones médicas o psiquiátricas;

Artículo 20

Medidas de apoyo

1.  Los Estados miembros velarán por que las personas a que se refiere el artículo 4 tengan acceso, según proceda, a medidas de apoyo, en particular:

i)  acceso a información y asesoramiento independientes de carácter general, que deberán ser fácilmente accesibles para el público y gratuitos, sobre los procedimientos y recursos disponibles para la protección contra represalias y sobre los derechos del interesado.

ii)  ▌acceso a asistencia efectiva por parte de las autoridades competentes ante cualquier autoridad pertinente asociada a su protección contra represalias, incluida, cuando así se contemple en el Derecho nacional, la certificación de que pueden acogerse a protección al amparo de la Directiva.

iii)  acceso a asistencia jurídica en los procesos penales y en los procesos civiles transfronterizos de conformidad con la Directiva (UE) 2016/1919 y la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y acceso a asistencia jurídica en otros procesos y a asesoramiento jurídico o cualquier otro tipo de asistencia jurídica de conformidad con el Derecho nacional.

2.  Los Estados miembros podrán facilitar asistencia y apoyo financiero a los denunciantes, incluido apoyo psicológico, en el marco de un proceso judicial.

3.  Las medidas de apoyo mencionadas en el presente artículo serán facilitadas, según proceda, por un centro de información o por una autoridad administrativa única e independiente claramente identificada.

Artículo 21

Medidas de protección ▌contra las represalias

1.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección contra represalias de los denunciantes que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5. Dichas medidas incluirán, en particular, las que figuran en los apartados 2 a 8.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartados 2 y 3, no se considerará que las personas que denuncien o que hagan una revelación pública de conformidad con la presente Directiva hayan infringido ninguna restricción de revelación de información, y estas no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo en relación con dicha denuncia o revelación, siempre que tuvieran motivos razonables para creer que la denuncia o revelación de dicha información era necesaria para revelar una infracción en virtud de la presente Directiva.

3.  Los denunciantes no incurrirán en ninguna responsabilidad relacionada con la adquisición de la información pertinente, o con el acceso a esta, siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito en sí. En este último caso, la responsabilidad penal seguirá rigiéndose por el Derecho nacional aplicable.

4.  Seguirá rigiéndose por el Derecho nacional aplicable cualquier otra responsabilidad de los denunciantes derivada de la comisión de actos u omisiones que no estén relacionados con la denuncia o no sean necesarios para revelar una infracción en virtud de la presente Directiva.

5.  En los procesos ▌ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad relativos a los perjuicios sufridos por los denunciantes, y a reserva de que este establezca que ha presentado una denuncia o ha hecho una revelación pública y que ha sufrido un perjuicio, se presumirá que el perjuicio se originó como represalia por haber presentado la denuncia o por la revelación. En tales casos, corresponderá a la persona que haya tomado la medida perjudicial probar que esta medida▌ se basó en motivos debidamente justificados.

6.  Los denunciantes y los facilitadores tendrán acceso, en su caso, a medidas correctoras contra represalias, incluidas medidas provisionales a la espera de la resolución del proceso judicial, con arreglo al Derecho nacional.

7.  En los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de la confidencialidad, violación de las normas de protección de datos, revelación de secretos comerciales, o a solicitudes de indemnización basadas en legislación laboral privada, pública o colectiva, los denunciantes no incurrirán en responsabilidad de ningún tipo por haber presentado una denuncia o haber hecho una revelación pública de conformidad con la presente Directiva, y tendrán derecho a alegar en su descargo el haber presentado dicha denuncia o revelación, siempre que tuvieran motivos para pensar que la denuncia o revelación era necesaria para revelar una infracción en virtud de la presente Directiva. Cuando una persona presente una denuncia o revele públicamente información sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, que contenga secretos comerciales y reúna las condiciones establecidas en la presente Directiva, dicha denuncia o revelación pública se considerará lícita al amparo de las condiciones previstas en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva (UE) 2016/943.

8.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar vías de recurso y la compensación integral de los daños sufridos por los denunciantes que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 5 de conformidad con el Derecho nacional.

Artículo 22

Medidas para la protección de los interesados

1.  Los Estados miembros velarán, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por que los interesados disfruten plenamente de su derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa, incluido el derecho a ser oídos, así como a acceder a su expediente.

2.   Las autoridades competentes velarán por que la identidad de los interesados ▌ sea protegida mientras la investigación esté en curso, de conformidad con el Derecho nacional.

3.  Los procedimientos expuestos en los artículos 12, 17 y 18 se aplicarán también a la protección de la identidad de los interesados.

Artículo 23

Sanciones

1.  Los Estados miembros deberán establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias aplicables a las personas físicas o jurídicas que:

a)  impidan o intenten impedir la presentación de denuncias;

b)  adopten medidas de represalia contra ▌ las personas mencionadas en el artículo 4;

c)  promuevan procedimientos temerarios contra ▌ las personas mencionadas en el artículo 4;

d)  incumplan el deber de mantener la confidencialidad de la identidad de los denunciantes, contemplado en el artículo 16.

2.  Los Estados miembros deberán establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias que deberán aplicarse en los casos en los que se establezca que la persona había presentado una denuncia o hecho una revelación pública siendo consciente de su falsedad. Los Estados miembros también deberán establecer medidas para garantizar la compensación de los daños derivados de dichas denuncias o revelaciones de conformidad con el Derecho nacional.

Artículo 24

Prohibición de renuncia a los derechos y vías de recurso

Los Estados miembros velarán por que no puedan limitarse los derechos y vías de recurso previstos por la presente Directiva ni se pueda renunciar a ellos por medio de ningún acuerdo, política, forma de empleo o condiciones de trabajo, incluido cualquier acuerdo de arbitraje anterior a la disputa.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 25

Trato más favorable y cláusula de no regresión

1.  Los Estados miembros podrán introducir o mantener disposiciones más favorables para los derechos de los denunciantes que los establecidos en la presente Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 y en el artículo 23, apartado 2.

2.  La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel de protección ya garantizado por los Estados miembros en los ámbitos a los que se aplica la Directiva.

Artículo 26

Transposición y período transitorio

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar ... [2 años después de su adopción].

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la obligación de crear cauces internos establecida en el artículo 8, apartado 3, para las entidades jurídicas con más de 50 y menos de 250 empleados, a más tardar el ... [dos años después de la transposición].

3.   Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones mencionadas en los apartados 1 y 2, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Artículo 27

Informes, evaluación y revisión

1.  Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información pertinente relativa a la ejecución y aplicación de la presente Directiva. Basándose en la información recibida, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución y aplicación de la presente Directiva a más tardar ... [dos años después de la transposición].

2.  Sin perjuicio de las obligaciones en materia de información establecidas en otros actos legislativos de la Unión, los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión las siguientes estadísticas sobre las denuncias mencionadas en el capítulo III, preferiblemente de forma agregada, si se dispone de ellas a nivel central en el Estado miembro de que se trate:

a)  número de denuncias recibidas por las autoridades competentes;

b)  número de investigaciones y actuaciones judiciales iniciadas a raíz de dichas denuncias, y su resultado;

c)  si se ha podido determinar, la estimación del perjuicio financiero y los importes recuperados tras las investigaciones y actuaciones judiciales relacionadas con las infracciones denunciadas.

3.  A más tardar… [4 años después de la transposición], la Comisión, teniendo en cuenta el informe que haya presentado con arreglo al apartado 1 y las estadísticas presentadas por los Estados miembros conforme a lo dispuesto en el apartado 2, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que evaluará la repercusión de la legislación nacional de transposición de la presente Directiva. El informe examinará la forma en que ha funcionado la presente Directiva y sopesará la necesidad de introducir medidas adicionales, incluidas, cuando proceda, modificaciones con vistas a ampliar el ámbito de aplicación de la presente Directiva a otros ámbitos o actos de la Unión, en particular la mejora del entorno laboral para proteger la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los trabajadores.

Además, el informe examinará la forma en la que los Estados miembros han recurrido a los mecanismos de cooperación existentes como parte de su obligación de tramitar las denuncias sobre infracciones que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva y, de manera más general, cómo estos cooperan cuando se producen infracciones con una dimensión transfronteriza.

4.  La Comisión hará públicos y fácilmente accesibles los informes mencionados en los apartados 1 y 3.

Artículo 28

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 29

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en […], el […].

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Parte I

A.   Artículo 2, letra a), inciso i) – contratación pública:

1.  Normas de procedimiento aplicables a la contratación pública y la adjudicación de concesiones, a la adjudicación de contratos en los ámbitos de la defensa ▌y la seguridad, y a la adjudicación de contratos por parte de entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y cualquier otro contrato o servicio reguladas por:

i)  la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1),

ii)  la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65),

iii)  la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243),

iv)  la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).

2.  Procedimientos de recurso regulados por:

i)  la Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 76 de 23.3.1992, p. 14),

ii)  la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes

a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395 de 30.12.1989, p. 33).

B.  Artículo 2, letra a), inciso ii) – servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

Normas que establecen un marco regulador y de supervisión y protección para los inversores y consumidores en los mercados de capitales y servicios financieros de la Unión, los productos bancarios, de crédito, de inversión, de seguro y reaseguro, de pensiones personales o de jubilación, servicios de valores, de fondos de inversión, de pago ▌y las actividades enumeradas en el anexo I de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y por el que se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338), reguladas por:

i)  la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (DO L 267 de 10.10.2009, p. 7),

ii)  la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1),

iii)  el Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, sobres las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (DO L 86 de 24.3.2012, p. 1),

iv)  el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1),

v)  el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18),

vi)  la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34),

vii)  el Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión (DO L 158 de 27.5.2014, p. 77),

viii)  el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84),

ix)  la Directiva 2015/2366/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35),

x)  la Directiva 2004//25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (DO L 142 de 30.4.2004, p. 12),

xi)  la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas (DO L 184 de 14.7.2007, p. 17),

xii)  la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38),

xiii)  el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1),

xiv)  el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO L 171 de 29.6.2016, p. 1),

xv)  la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1),

xvi)  la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190),

xvii)  la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1),

xviii)  la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (versión refundida) (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149),

xix)  la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas de indemnización de los inversores (DO L 84 de 26.3.1997, p. 22),

xx)  el Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013 p. 1).

C.  Artículo 2, letra a), inciso iii) – Seguridad y conformidad de los productos:

1.  Requisitos ▌de seguridad y conformidad de los productos comercializados en el mercado de la Unión, definidos y regulados por:

i)  la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4),

ii)  la legislación de armonización de la Unión relativa a los productos manufacturados, con inclusión de los requisitos en materia de etiquetado, que no sean alimentos, piensos, medicamentos para uso humano y veterinario, plantas ni animales vivos, productos de origen humano ni productos de origen vegetal o animal directamente

relacionados con su futura reproducción enumerados en los anexos del Reglamento XX sobre vigilancia del mercado y conformidad de los productos(31),

iii)  la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).

2.  Comercialización y uso de productos sensibles y peligrosos, regulados por:

i)  la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (DO L 146 de 10.6.2009, p. 1),

ii)  la Directiva 91/477/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1991, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas (DO L 256 de 13.9.1991, p. 51),

iii)  el Reglamento (UE) n.º 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (DO L 39 de 9.2.2013 p. 1).

D.  Artículo 2, letra a), inciso iv) – Seguridad del transporte:

1.  Requisitos de seguridad en el sector ferroviario regulados por la Directiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la seguridad ferroviaria (DO L 138 de 26.5.2016, p. 102).

2.  Requisitos de seguridad en el sector de la aviación civil regulados por el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE (DO L 295 de 12.11.2010, p. 35).

3.  Requisitos de seguridad en el sector del transporte por carretera regulados por:

i)  la Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias (DO L 319 de 29.11.2008, p. 59),

ii)  la Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras (DO L 167 de 30.4.2004, p. 39),

iii)  el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51).

4.  Requisitos de seguridad en el sector marítimo regulados por:

i)  el Reglamento (CE) n.º 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques (versión refundida) (DO L 131 de 28.5.2009, p. 11),

ii)  el Reglamento (CE) n.º 392/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente (DO L 131 de 28.5.2009, p. 24),

iii)  la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 146),

iv)  la Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE del Consejo y 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 131 de 28.5.2009, p. 114),

v)  la Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (DO L 323 de 3.12.2008, p. 33),

vi)  la Directiva 98/41/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998, sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasajeros procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos (DO L 188 de 2.7.1998, p. 35),

vii)  la Directiva 2001/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y descarga de los graneleros (DO L 13 de 16.1.2002, p. 9).

5.  Requisitos de seguridad regulados por la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas (DO L 260 de 30.9.2008, p. 13).

E.  Artículo 2, letra a), inciso v) – Protección del medio ambiente:

1.   Cualquier delito cometido contra la protección del medio ambiente regulada en la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28) o cualquier conducta ilícita que infrinja la legislación establecida en los anexos de la Directiva 2008/99/CE.

2.  Disposiciones sobre medio ambiente y clima reguladas por:

i)  la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE (DO L 275 de 25.10.2003, p. 32),

ii)  la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16), iii) la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO L 315 de 14.11.2012, p. 1),

iii)  el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación, a nivel

nacional o de la Unión, de otra información relevante para el cambio climático, y por el que se deroga la Decisión n.º 280/2004/CE (DO L 165 de 18.6.2013, p. 13),

iv)  la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

3.  Disposiciones sobre desarrollo sostenible y gestión de residuos reguladas por:

i)  la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DO L 312 de 22.11.2008, p. 3),

ii)  el Reglamento (UE) n.º 1257/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativo al reciclado de buques y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1013/2006 y la Directiva 2009/16/CE, (DO L 330 de 10.12.2013, p. 1),

iii)   el Reglamento (UE) n.º 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO L 201 de 27.7.2012, p. 60).

4.  Disposiciones relativas a la contaminación marina, atmosférica y sonora reguladas por:

i)  la Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos (DO L 12 de 18.1.2000, p. 16),

ii)  la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos (DO L 309 de 27.11.2001, p. 22),

iii)  la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO L 189 de 18.7.2002, p. 12),

iv)  el Reglamento (CE) n.º 782/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2003, relativo a la prohibición de los compuestos organoestánnicos en los buques (DO L 115 de 9.5.2003, p. 1),

v)   la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (DO L 143 de 30.4.2004, p. 56),

vi)  la Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO L 255 de 30.9.2005, p. 11),

vii)  el Reglamento (CE) n.º 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DO L 33 de 4.2.2006, p. 1),

viii)  la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, p. 12),

ix)  el Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1),

x)  el Reglamento (CE) n.º 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DO L 286 de 31.10.2009, p. 1),

xi)  la Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativa a la recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio (DO L 285 de 31.10.2009, p. 36),

xii)  el Reglamento (UE) n.º 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1),

xiii)  la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1),

xiv)   el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE (DO L 123 de 19.5.2015, p. 55),

xv)  la Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas (DO L 313 de 28.11.2015, p. 1).

5.  Disposiciones sobre protección y gestión de aguas y suelos reguladas por:

i)  la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 288 de 6.11.2007, p. 27),

ii)  la Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y 86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (DO L 348 de 24.12.2008, p. 84),

iii)  la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 18.1.2012, p. 1).

6.  Disposiciones sobre protección de la naturaleza y biodiversidad reguladas por:

i)  el Reglamento (CE) n.º 1936/2001 del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por el que se establecen medidas de control aplicables a las operaciones de pesca de determinadas poblaciones de peces altamente migratorias (DO L 263 de 3.10.2001, p. 1),

ii)  el Reglamento (CE) n.º 812/2004 del Consejo, de 26 de abril de 2004, por el que se establecen medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos en la pesca y se modifica el Reglamento (CE) n.º 88/98 (DO L 150 de 30.4.2004, p. 12),

iii)  el Reglamento (CE) n.º 1007/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca (DO L 286 de 31.10.2009, p. 36),

iv)  el Reglamento (CE) n.º 734/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo (DO L 201 de 30.7.2008, p. 8),

v)  la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO L 20 de 26.1.2010, p. 7),

vi)  el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23),

vii)  el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras (DO L 317 de 4.11.2014, p. 35).

7.  Disposiciones sobre sustancias y mezclas químicas reguladas por el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).

8.  Disposiciones sobre productos ecológicos reguladas por el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1).

F.  Artículo 2, letra a), inciso vi) – protección contra las radiaciones y seguridad nuclear

Normas sobre seguridad nuclear reguladas por:

i)  la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (DO L 172 de 2.7.2009, p. 18),

ii)  la Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las aguas destinadas al consumo humano (DO L 296 de 7.11.2013, p. 12),

iii)  la Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom (DO L 13 de 17.1.2014, p. 1),

iv)  la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos (DO L 199 de 2.8.2011, p. 48),

v)  la Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado (DO L 337 de 5.12.2006, p. 21),

vi)  el Reglamento (Euratom) 2016/52 del Consejo, de 15 de enero de 2016, por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica, y se derogan el Reglamento (Euratom) n.º 3954/87 del Consejo y los Reglamentos (Euratom) n.º 944/89 y (Euratom) n.º 770/90 de la Comisión (DO L 13 de 20.1.2016, p. 2),

vii)  el Reglamento (Euratom) n.º 1493/93 del Consejo, de 8 de junio de 1993, relativo a los traslados de sustancias radiactivas entre los Estados miembros (DO L 148 de 19.6.1993, p. 1).

G.  Artículo 2, letra a), inciso vii) – Seguridad de los alimentos y los piensos, salud animal y bienestar de los animales:

1.  Legislación de la Unión sobre alimentos y piensos, que se rige por los principios generales y requisitos definidos en el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

2.  Sanidad animal regulada por:

i)   el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1),

ii)  el Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales) (DO L 300 de 14.11.2009, p. 1).

3.  Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (DO L 95 de 7.4.2017, p. 1).

4.   Disposiciones y normas sobre protección y bienestar de los animales reguladas por:

i)  la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (DO L 221 de 8.8.1998, p. 23),

ii)  el Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n.º 1255/97 (DO L 3 de 5.1.2005, p. 1),

iii)  el Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (DO L 303 de 18.11.2009, p. 1),

iv)  la Directiva 1999/22/CE del Consejo, de 29 de marzo de 1999, relativa al mantenimiento de animales salvajes en parques zoológicos (DO L 94 de 9.4.1999, p. 24).

H.  Artículo 2, letra a) inciso viii) – salud pública:

1.  Medidas que establecen normas elevadas de calidad y seguridad de los órganos y sustancias de origen humano, reguladas por:

i)  la Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE (DO L 33 de 8.2.2003, p. 30),

ii)  la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (DO L 102 de 7.4.2004, p. 48),

iii)  la Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante (DO L 207 de 6.8.2010, p. 14).

2.  Medidas que establecen normas elevadas de calidad y seguridad de los medicamentos y dispositivos de uso médico, reguladas por:

i)  el Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos (DO L 18 de 22.1.2000, p. 1),

ii)  la Directiva 2001/83/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67),

iii)  El Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre medicamentos veterinarios y por el que se deroga la Directiva 2001/82/CE (DO L 4 de 7.1.2019, p. 43),

iv)  el Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1),

v)  el Reglamento (CE) n.º 1901/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre medicamentos para uso pediátrico y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 1768/92, la Directiva 2001/20/CE, la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 (DO L 378 de 27.12.2006, p. 1),

vi)  el Reglamento (CE) n.º 1394/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) n.º 726/2004 (DO L 324 de 10.12.2007, p. 121),

vii)  el Reglamento (UE) n.º 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE (DO L 158 de 27.5.2014, p. 1).

3.  Derechos de los pacientes regulados por la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).

4.  Fabricación, presentación y venta de tabaco y productos relacionados con el tabaco, reguladas por la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO L 127 de 29.4.2014, p. 1).

I.  Artículo 2, letra a), inciso ix) – Protección de los consumidores:

Derechos de los consumidores y protección del consumidor regulados por:

i)  la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (DO L 80 de 18.3.1998, p. 27),

ii)  la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO L 171 de 7.7.1999, p. 12),

iii)  la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (DO L 271 de 9.10.2002, p. 16),

iv)  la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22),

v)  la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66),

vi)  la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64),

vii)  la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214).

J.  Artículo 2, letra a), inciso x) – Protección de la intimidad y los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información:

i)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37),

ii)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1),

iii)  Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (DO L 194 de 19.7.2016, p. 1).

Parte II

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva hace referencia a la siguiente legislación de la Unión:

A.  Artículo 2, letra a), inciso ii) – servicios, productos y mercados financieros y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

1.  Servicios financieros:

i)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32),

ii)  Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE) (DO L 354 de 23.12.2016, p. 37),

iii)  Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87),

iv)  Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1),

v)  Directiva 2013/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338),

vi)  Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349),

vii)  Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.º 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1),

viii)  Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1),

ix)  Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 337 de 23.12.2015, p. 1),

x)  Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (versión refundida) (DO L 26 de 2.2.2016, p. 19),

xi)  Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

2.  Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo:

i)  Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73),

ii)  Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1).

B.  Artículo 2, letra a), inciso iv) – Seguridad del transporte:

i)  Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil, que modifica el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 1321/2007 y (CE) n.º 1330/2007 de la Comisión (DO L 122 de 24.4.2014, p. 18),

ii)  Directiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006 (DO L 329 de 10.12.2013, p. 1),

iii)  Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (DO L 131 de 28.5.2009, p. 57).

C.  Artículo 2, letra a), inciso v) – Protección del medio ambiente:

i)  Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE (DO L 178 de 28.6.2013, p. 66).

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Cuando se lleve a cabo la revisión que debe realizarse con arreglo al artículo 27 de la Directiva, la Comisión examinará la posibilidad de proponer la ampliación de su ámbito de aplicación a determinados actos basados en los artículos 153 y 157 del TFUE, tras consultar a los interlocutores sociales, según proceda, de conformidad con el artículo 154 del TFUE.

(1) DO C 405 de 9.11.2018, p. 1
(2) DO C 62 de 15.2.2019, p. 155.
(3)* EL PRESENTE TEXTO NO HA SIDO SOMETIDO AÚN A REVISIÓN JURÍDICO-LINGÜÍSTICA.
(4)DO C […] de […], p. […].
(5)DO C […] de […], p. […].
(6)DO C […] de […], p. […].
(7) Posición del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2019.
(8) Comunicación de 8.12.2010 «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de los servicios financieros».
(9)El corpus de «legislación de armonización de la Unión» pertinente se circunscribe y enumera en el Reglamento [XXX], por el que se establecen normas y procedimientos para el cumplimiento y la aplicación de la legislación de armonización de la Unión, 2017/353 (COD).
(10)Regulados por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
(11)Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil (DO L 122 de 24.4.2014, p. 18).
(12)Directiva 2013/54/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo (DO L 329 de 10.12.2013, p. 1); Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto (DO L 131 de 28.5.2009, p. 57).
(13)COM(2018) 10 final.
(14)Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro (DO L 178 de 28.6.2013, p. 66).
(15)Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva 2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (DO L 219 de 25.7.2014, p. 42).
(16)Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
(17)DO L 84 de 31.3.2016, p. 1
(18)Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
(19)DO C 313 de 23.10.1996, p. 1.
(20)DO C 151 de 20.5.1997, p. 1.
(21)DO L 173 de 31.3.2016, p. 1
(22)Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa al Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades competentes (DO L 332 de 18.12.2015, p. 126).
(23)DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
(24)CM/Rec (2014)7.
(25)Antes citado.
(26)Reglamento (UE) n.º 376/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativo a la notificación de sucesos en la aviación civil (DO L 122 de 24.4.2014, p. 18).
(27)Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE (DO L 178 de 28.6.2013, p. 66).
(28)Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
(29)Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(30)Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1).
(31)2017/0353 (COD) - Se trata en estos momentos de una propuesta de Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo de ... sobre vigilancia del mercado y conformidad de los productos y por que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y (UE) n.º 305/2011 en cuyo anexo se enumera toda la legislación armonizada que incluye requisitos en materia de diseño y etiquetado de productos.


Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Directiva) ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva (COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))
P8_TA-PROV(2019)0367A8-0430/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0092),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0111/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0430/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva

P8_TC1-COD(2018)0041


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de texto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  Los objetivos comunes de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4) y de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) consisten en asegurar unas condiciones de competencia equitativas entre los organismos de inversión colectiva y eliminar las restricciones a la libre circulación de las participaciones y acciones de los organismos de inversión colectiva en la Unión, garantizando, al mismo tiempo, una protección más uniforme de los inversores. Si bien esos objetivos se han alcanzado ampliamente, hay determinados obstáculos que todavía dificultan la capacidad de los gestores de fondos de beneficiarse plenamente del mercado interior.

(2)  La presente Directiva se complementa con el Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(6)(7). Dicho Reglamento establece normas y procedimientos suplementarios relativos a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). El citado Reglamento y la presente Directiva deben conjuntamente coordinar en mayor medida las condiciones aplicables a los gestores de fondos que operan en el mercado interior y facilitar la distribución transfronteriza de los fondos que gestionan.

(3)  Es necesario colmar el vacío regulador y alinear el procedimiento ▌de notificación a las autoridades competentes relativo a los OICVM con el procedimiento de notificación establecido en la Directiva 2011/61/UE.

(4)  El Reglamento (UE) 2019/...+ refuerza aún más los principios aplicables a las comunicaciones publicitarias que regula la Directiva 2009/65/CE y extiende la aplicación de esos principios a los GFIA, lo que se traduce en un elevado nivel de protección de los inversores, con independencia del tipo de inversor. Las disposiciones correspondientes de la Directiva 2009/65/CE relativas a las comunicaciones publicitarias y la accesibilidad de las disposiciones legales y reglamentarias nacionales pertinentes para la comercialización de participaciones de OICVM ya no son pues necesarias y deben suprimirse.

(5)  Las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE que exigen a los OICVM disponer de servicios para los inversores, tal como se han aplicado en determinados ordenamientos jurídicos nacionales, han resultado ser gravosas. Además, los servicios locales raramente son utilizados por los inversores de la manera prevista en esa Directiva. El método preferido de contacto ha pasado a ser la interacción directa entre los inversores y los gestores de los fondos, ya sea por vía electrónica o por teléfono, mientras que los pagos y reembolsos se efectúan a través de otros canales. Si bien esos servicios locales se utilizan actualmente con fines administrativos, como el cobro transfronterizo de las tasas reglamentarias, tales cuestiones deben abordarse por otras vías, entre ellas la cooperación entre las autoridades competentes. Por consiguiente, deben establecerse normas que modernicen y especifiquen los requisitos para facilitar servicios a los inversores minoristas y los Estados miembros no deben exigir una presencia física local para facilitar dichos servicios. En cualquier caso, esas normas deben garantizar que los inversores tengan acceso a la información a la que tienen derecho.

(6)  Con el fin de garantizar un tratamiento homogéneo de los inversores minoristas, es preciso que los requisitos relativos a los servicios se apliquen también a los GFIA cuando los Estados miembros los autoricen a comercializar participaciones o acciones de fondos de inversión alternativos (FIA) entre los inversores minoristas en su territorio.

(7)  La ausencia de unas condiciones claras y uniformes para el cese de la comercialización de participaciones o acciones de un OICVM o de un FIA en un Estado miembro de acogida genera inseguridad económica y jurídica para los gestores de fondos. Por consiguiente, las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE deben establecer condiciones claras ▌con arreglo a las cuales se pueda notificar el cese de las medidas adoptadas para la comercialización de algunas o todas las participaciones o acciones. ▌Dichas condiciones deben equilibrar, por un lado, la capacidad de los organismos de inversión colectiva o de sus gestores para poner fin a las medidas adoptadas para la comercialización de sus acciones o participaciones cuando se cumplan las condiciones fijadas y, por otro lado, el interés de los inversores en esos organismos.

(8)  La posibilidad de dejar de comercializar OICVM o FIA en un Estado miembro concreto no debe suponer costes para los inversores, ni recortar sus salvaguardias en virtud de la Directiva 2009/65/CE o de la Directiva 2011/61/UE, en particular con respecto a su derecho a una información exacta sobre la continuidad de las actividades de dichos fondos.

(9)  Hay casos en los que un GFIA que desee comprobar el interés de los inversores por una determinada idea o estrategia de inversión se enfrenta con tratamientos diferentes en cuanto a la precomercialización en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales. La definición de precomercialización y las condiciones bajo las que se permite varían considerablemente entre aquellos Estados miembros en que está permitida, mientras que en otros Estados miembros no existe en absoluto el concepto de precomercialización. Para abordar estas divergencias, deben establecerse una definición armonizada de precomercialización y las condiciones con arreglo a las cuales un GFIA de la UE puede llevarla a cabo.

(10)  Para que la precomercialización se reconozca como tal en el marco de la Directiva 2011/61/UE, debe dirigirse a potenciales inversores profesionales y referirse a una idea o una estrategia de inversión, a fin de comprobar su interés por un FIA o un compartimento aún no establecido o que esté establecido pero que aún no haya notificado la comercialización de conformidad con dicha Directiva. Por consiguiente, durante la precomercialización, los inversores no deben tener la posibilidad de suscribir participaciones o acciones de un FIA y tampoco debe permitirse la distribución de formularios de suscripción o documentos similares a los potenciales inversores profesionales, ya sea en forma de borrador o de versión definitiva. Los GFIA deben velar por que los inversores no adquieran participaciones o acciones en un FIA a través de precomercialización y por que los inversores contactados en el marco de la precomercialización solo puedan adquirir participaciones o acciones en dicho FIA a través de la comercialización permitida con arreglo a la Directiva 2011/61/UE. Toda suscripción por parte de inversores profesionales, en un plazo de dieciocho meses después de que el GFIA de la UE haya comenzado la precomercialización, de participaciones o acciones de un FIA mencionado en la información proporcionada en el contexto de la precomercialización, o de un FIA establecido como resultado de la precomercialización, debe considerarse el resultado de una comercialización y estar sujeta a los procedimientos de notificación aplicables a que se refiere la Directiva 2011/61/UE. Con el fin de garantizar que las autoridades nacionales competentes puedan ejercer su control sobre la precomercialización en sus Estados miembros, un GFIA de la UE debe enviar a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, en un plazo de dos semanas desde el comienzo de la precomercialización, una carta informal, en formato de papel o por medios electrónicos, en la que especifique, entre otros, en qué Estados miembros ha llevado a cabo actividades de precomercialización, los períodos durante los que la precomercialización está teniendo o ha tenido lugar y, si procede, una lista de los FIA y los compartimentos de FIA que fueran objeto de precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA de la UE informarán de ello sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que el GFIA de la UE esté llevando o haya llevado a cabo la precomercialización.

(11)  Los GFIA de la UE deben asegurarse de que su precomercialización esté suficientemente documentada.

(12)  Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2011/61/UE y, en particular, a las normas armonizadas sobre precomercialización, no deben en ningún caso perjudicar a los GFIA de la UE en relación con los de fuera de ella. Esto se refiere tanto a la situación actual en la que los GFIA no pertenecientes a la Unión no tienen derechos de pasaporte, como a la situación en la que resulten aplicables las disposiciones sobre ese pasaporte de la Directiva 2011/61/UE.

(13)  A fin de garantizar la seguridad jurídica, es necesario sincronizar las fechas de aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales por las que se apliquen la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2019/...(8), en lo que respecta a las disposiciones pertinentes sobre comunicaciones publicitarias y precomercialización.

(14)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(9), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2009/65/CE

La Directiva 2009/65/CE se modifica como sigue:

1)  En el artículo 17, apartado 8, se añaden los párrafos siguientes:

▌"

«Cuando, como consecuencia de alguna modificación a que se refiere el párrafo primero, la sociedad de gestión ya no fuese conforme con la presente Directiva, las autoridades competentes ▌del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión informarán a la sociedad de gestión, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, que no puede aplicar dicha modificación.

En ese caso, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de dicha sociedad, como corresponda.

Cuando la modificación a que se refiere el párrafo primero se aplique después de que se haya transmitido la información conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo y como consecuencia de dicha modificación la sociedad de gestión ya no fuese conforme con la presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión adoptarán todas las medidas oportunas de conformidad con el artículo 98 y notificarán sin demora injustificada las medidas adoptadas a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de la sociedad de gestión.»;

"

2)  Se suprime el artículo 77.

3)  En el artículo 91, se suprime el apartado 3.

4)  El artículo 92 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 92

1.  Los Estados miembros velarán por que los OICVM faciliten, en cada Estado miembro en el que tengan la intención de comercializar sus participaciones, servicios para llevar a cabo las siguientes tareas:

   a) procesar las órdenes ▌de suscripción, ▌recompra y reembolso y efectuar otros pagos a los partícipes en relación con las participaciones del OICVM, de conformidad con las condiciones establecidas en la documentación exigida con arreglo al capítulo IX;
   b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar las órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el importe de la recompra y el reembolso;
   c) facilitar el tratamiento de la información y el acceso a los procedimientos y disposiciones a que se refiere el artículo 15 relativos al ejercicio, por parte de los inversores, de los derechos asociados a su inversión en el OICVM en el Estado miembro donde el OICVM se comercializa;
   d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la obtención de copias, la información y la documentación exigida con arreglo al capítulo IX conforme a las condiciones establecidas en el artículo 94;
   e) proporcionar a los inversores, en un soporte duradero, información pertinente respecto a las tareas que los servicios realizan, y
   f) actuar como punto de contacto para la comunicación con las autoridades competentes.

2.  Los Estados miembros no exigirán ▌al OICVM tener presencia física en el Estado miembro de acogida o designar a un tercero a efectos del apartado 1.

3.  ▌El OICVM velará por que los servicios para llevar a cabo las tareas a que se refiere el apartado 1, incluidos los electrónicos, sean prestados:

   a) ▌en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se comercializa el OICVM o en una lengua aprobada por las autoridades competentes de ese Estado miembro;
   b) por el propio OICVM o bien por un tercero sujeto a la regulación y la supervisión de las tareas que deben realizarse, o por ambos.

A efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que lleve a cabo las tareas, la designación de dicho tercero se documentará en un contrato escrito, en el que se especificará cuáles de las tareas señaladas en el apartado 1 no llevará a cabo el OICVM, y que el tercero recibirá del ▌OICVM toda la información y los documentos pertinentes.».

"

5)  ▌El artículo 93 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1 se añade el párrafo siguiente:"

«El escrito de notificación incluirá asimismo los detalles necesarios, incluida la dirección, para la facturación o la comunicación de cualesquiera tasas o gravámenes reglamentarios aplicables por parte de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida e información de los servicios para llevar a cabo las tareas a que se refiere el artículo 92, apartado 1.».

"

b)   el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:"

«8. En caso de modificación de la información comunicada en el escrito de notificación de conformidad con el apartado 1, o de modificaciones en relación con las clases de acciones que se vayan a comercializar, el OICVM informará de ello por escrito a las autoridades competentes tanto de su Estado miembro de origen como de su Estado miembro de acogida, como mínimo un mes antes de que dicha modificación sea efectiva.

Cuando, como consecuencia de una modificación contemplada en el párrafo primero, el OICVM ya no fuese conforme con la presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM notificarán al OICVM, en el plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, que no puede aplicar dicha modificación. En ese caso, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM lo notificarán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del OICVM.

Cuando la modificación contemplada en el párrafo primero se aplique después de que se haya transmitido la información con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo y como consecuencia de dicha modificación el OICVM ya no fuese conforme con la presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM adoptarán todas las medidas adecuadas de conformidad con el artículo 98, entre ellas, si fuera necesario, la prohibición expresa de comercializar el OICVM y notificarán las medidas adoptadas, sin demora injustificada, a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del OICVM.».

"

6)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 93 bis

1.  Los Estados miembros velarán por que un OICVM pueda notificar el cese de las medidas adoptadas para la comercialización de las participaciones y, cuando proceda, respecto de las clases de acciones, en un Estado miembro para el que haya presentado una notificación de conformidad con el artículo 93, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) que se haga una oferta global de recompra o reembolso, sin gastos o deducciones, de todas las participaciones en poder de los inversores en ese Estado miembro, que esté disponible públicamente durante al menos treinta días hábiles y que se dirija individualmente, de modo directo o a través de intermediarios financieros, a todos los inversores de dicho Estado miembro cuya identidad se conozca;
   b) que la intención de poner fin a las medidas adoptadas para la comercialización de dichas participaciones en ese Estado miembro se haga pública ▌a través de un medio accesible al público, incluidos medios electrónicos, que sea habitual para la comercialización de OICVM y adecuado para un inversor tipo de OICVM;
   c) que se modifiquen o cancelen los acuerdos contractuales con intermediarios financieros con efecto a partir de la fecha de notificación de cese, con el fin de impedir nuevas ofertas, o su prolongación, directa o indirecta, o la colocación de las participaciones que figuren en la notificación mencionada en el apartado 2.

La información a que se refieren las letras a) y b) dejará claras las consecuencias para los inversores de no aceptar la oferta de recompra o reembolso de sus participaciones.

La información a que se refieren las letras a) y b) del párrafo primero se facilitará en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro con respecto al cual el OICVM haya realizado una notificación de conformidad con el artículo 93 o en una lengua aprobada por las autoridades competentes de ese Estado miembro.

A partir de la fecha mencionada en la letra c) del párrafo primero, el OICVM cesará toda oferta o colocación nueva de sus participaciones, o su prolongación, directa o indirecta, que hayan sido objeto de notificación en ese Estado miembro.

2.  El GFIA presentará una notificación a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen que contenga la información a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c).

3.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM verificarán que la notificación presentada por el OICVM de conformidad con el apartado 2 esté completa. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM transmitirán dicha notificación, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la recepción de una notificación completa, a las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, y a la AEVM.

Una vez transmitida la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM comunicarán sin dilación al OICVM dicha transmisión.

4.  El OICVM facilitará a los inversores que mantengan su inversión en el OICVM, así como a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM, la información requerida con arreglo a los artículos 68 a 82 y al artículo 94.

5.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del OICVM transmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo información sobre cualquier modificación de los documentos mencionados en el artículo 93, apartado 2.

6.   Las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo tendrán los mismos derechos y obligaciones que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del OICVM según se establece en el artículo 21, apartado 2, el artículo 97, apartado 3, y el artículo 108.

Sin perjuicio de otras actividades de seguimiento y de las competencias de supervisión contempladas en el artículo 21, apartado 2, y en el artículo 97, a partir de la fecha de transmisión a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo no exigirán al OICVM en cuestión que demuestre el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales aplicables a los requisitos de comercialización contemplados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

7.  Los Estados miembros permitirán el uso de todos los medios electrónicos u otros medios de comunicación a distancia a efectos del apartado 4, a condición de que la información y los medios de comunicación estén disponibles para los inversores en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro donde el inversor esté ubicado o en una lengua aprobada por las autoridades competentes de ese Estado miembro.

_____________

* Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n° 1286/2014 (DO L ...)".

"

7)  En el artículo 95, apartado 1, se suprime la letra a).

Artículo 2

Modificaciones de la Directiva 2011/61/UE

La Directiva 2011/61/UE se modifica como sigue:

1)  En el artículo 4, apartado 1, se inserta la letra siguiente:"

«a sexies bis) “precomercialización”: el suministro ▌de información o la comunicación, directa o indirecta, sobre estrategias de inversión o ideas de inversión por parte de un GFIA de la UE, o realizada en su nombre a potenciales inversores profesionales domiciliados o registrados en la Unión, a fin de comprobar su interés por un FIA o un compartimento aún no establecido o ya establecido pero cuya comercialización todavía no se haya notificado de conformidad con el artículo 31 o 32, en el Estado miembro en el que los inversores potenciales estén domiciliados o tengan su domicilio social, y que en cada caso no sea equivalente a una oferta o colocación al potencial inversor para invertir en las participaciones o acciones de dicho FIA o compartimento;».

"

2)  Al principio del CAPÍTULO VI, se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 30 bis

Condiciones aplicables a la precomercialización en la Unión por un GFIA de la UE

1.  Los Estados miembros velarán por que los GFIA de la UE autorizados puedan realizar actividades de precomercialización en la Unión, excepto cuando la información presentada a los posibles inversores profesionales:

   a) sea suficiente como para permitir a los inversores comprometerse a adquirir participaciones o acciones de un determinado FIA;
   b) sea equivalente a formularios de suscripción o documentos similares, ya sea en forma de borrador o en versión definitiva; o
   c) sea equivalente a ▌documentos constitutivos, un folleto o documentos de oferta de un FIA todavía no establecido en su versión definitiva▌.

Cuando se facilite un borrador de folleto o de documentos de oferta, no contendrán información suficiente que permita a los inversores adoptar una decisión de inversión, e indicarán claramente que:

   a) no constituyen una oferta o una invitación de suscripción de participaciones o acciones de un FIA; y
   b) la información allí mostrada no es fiable porque está incompleta y puede estar sujeta a cambios.

▌Los Estados miembros velarán por que un GFIA de la UE no esté obligado, antes de llevar a cabo actividades de precomercialización, a notificar a las autoridades competentes el contenido o los destinatarios de la precomercialización o a cumplir otras condiciones o requisitos distintos a los establecidos en el presente artículo.

2.  Los GFIA de la UE velarán por que los inversores no adquieran participaciones o acciones en un FIA a través de precomercialización y por que los inversores contactados en el marco de la precomercialización solo puedan adquirir participaciones o acciones en dicho FIA a través de la comercialización permitida con arreglo a los artículos 31 o 32.

Toda suscripción por parte de inversores profesionales, en un plazo de dieciocho meses después de que el GFIA de la UE haya comenzado la precomercialización, de participaciones o acciones de un FIA mencionado en la información proporcionada en el contexto de la precomercialización, o de un FIA establecido como resultado de la precomercialización, se considerará como el resultado de una comercialización y estará sujeta a los procedimientos de notificación aplicables a que se refieren los artículos 31 y 32.

Los Estados miembros velarán por que los GFIA de la UE envíen a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, en el plazo de dos semanas tras haber comenzado la precomercialización, una carta informal, en papel o por medios electrónicos. En dicha carta se especificarán los Estados miembros donde se haya realizado la precomercialización y los períodos durante los cuales esté teniendo o haya tenido lugar la precomercialización, se hará una descripción sucinta de la precomercialización que incluya información sobre las estrategias de inversión presentadas y, si procede, una lista de los FIA y los compartimentos de FIA que fueron objeto de precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA de la UE informarán sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que el GFIA de la UE lleve o haya llevado a cabo la precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté teniendo o haya tenido lugar la precomercialización podrán solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA de la UE que faciliten información suplementaria sobre la precomercialización que esté teniendo o haya tenido lugar en su territorio.

3.  Un tercero solo podrá participar en la precomercialización en nombre de un GFIA de la UE cuando esté autorizado como empresa de servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*, como una entidad de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**, como una sociedad de gestión de OICVM con arreglo a la Directiva 2009/65/CE, como un GFIA con arreglo a la presente Directiva o cuando actúe como un agente vinculado con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Dicho tercero estará sujeto a las condiciones establecidas en el presente artículo.

4.  Un GFIA de la UE se asegurará de que la precomercialización esté suficientemente documentada.

_____________

* Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

** Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).»;

"

3)  ▌En el artículo 32, apartado 7, los párrafos segundo, tercero y cuarto se sustituyen por el texto siguiente:"

«Si, como consecuencia de una modificación prevista, la gestión del FIA por parte del GFIA ya no fuese conforme con la presente Directiva o, en general, el GFIA ya no cumpliese la presente Directiva, las autoridades competentes pertinentes del Estado miembro de origen del GFIA informarán al GFIA, en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, de que no puede aplicar la modificación. En ese caso, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del GFIA.

Si la modificación prevista se aplica a pesar de los párrafos primero y segundo, o si se ha producido un acontecimiento imprevisto que ha provocado una modificación, como consecuencia de la cual la gestión del FIA por parte del GFIA pudiera dejar de ser conforme con la presente Directiva, o si el GFIA pudiera dejar de cumplir la presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA adoptarán todas las medidas oportunas de conformidad con el artículo 46, incluyendo, si fuese necesario, la prohibición expresa de la comercialización del FIA, y se lo notificarán sin demora injustificada a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del GFIA.

Si las modificaciones no afectan al cumplimiento de la presente Directiva en cuanto a la gestión del FIA por parte del GFIA, o al cumplimiento de la presente Directiva por dicho GFIA, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA informarán, en el plazo de un mes, de dichas modificaciones a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del GFIA.».

"

4)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 32 bis

Notificación del cese de las medidas adoptadas para la comercialización de participaciones o acciones de algunos o todos los FIA de la UE en Estados miembros distintos del Estado miembro de origen del GFIA

1.  Los Estados miembros velarán por que los GFIA de la UE puedan notificar el cese de las medidas adoptadas para la comercialización de participaciones o acciones de algunos o todos sus FIA en un Estado miembro para el que hayan presentado una notificación de conformidad con el artículo 32, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) excepto en el caso de los FIA de tipo cerrado y los fondos regulados por el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo*, que se haga una oferta global de recompra o reembolso, sin gastos o deducciones, de todas esas participaciones o acciones en poder de los inversores en ese Estado miembro, que se haga pública durante al menos treinta días hábiles y se dirija individualmente, de modo directo o a través de intermediarios financieros, a todos los inversores de dicho Estado miembro cuya identidad se conozca;
   b) que se haga pública la intención de poner fin a las medidas adoptadas para la comercialización de participaciones o acciones de alguno o de todos sus FIA en ese Estado miembro a través de un medio accesible al público, inclusive por medios electrónicos, que sea habitual para la comercialización de FIA y adecuado para un inversor tipo de FIA;
   c) que se modifiquen o cancelen los acuerdos contractuales con intermediarios financieros con efecto a partir de la fecha de notificación de cese, con el fin de impedir nuevas ofertas, o su prolongación, directa o indirecta, o la colocación de las participaciones o acciones que figuren en la notificación mencionada en el apartado 2.

A partir de la fecha mencionada en la letra c) del párrafo primero, el GFIA cesará toda oferta o colocación nueva de sus participaciones o acciones del FIA que gestione en el Estado miembro, o su prolongación, directa o indirecta, con respecto al cual haya realizado una notificación de conformidad con el apartado 2.

2.  El GFIA presentará una notificación a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen con la información a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letras a), b) y c).

3.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA verificarán que la documentación presentada por el GFIA de conformidad con el apartado 2 esté completa. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA transmitirán dicha notificación, en un plazo máximo de quince días hábiles a partir de la recepción de una notificación completa, a las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, y a la AEVM.

Una vez transmitida la notificación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA notificarán sin demora al GFIA dicha transmisión.

Durante un período de 36 meses a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1, párrafo primero, letra c), el GFIA no participará en la precomercialización de participaciones o acciones de los FIA de la UE que figuren en la notificación o en relación con estrategias o ideas de inversión similares en el Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2.

4.  El GFIA facilitará a los inversores que sigan participando en el FIA de la UE, así como a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA, la información requerida con arreglo a los artículos 22 y 23.

5.  Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA transmitirán a las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, información sobre cualquier modificación de los documentos y de la información mencionados en el anexo IV, letras b) a f).

6.  Las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo tendrán los mismos derechos y obligaciones que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del GFIA según se establece en el artículo 45.

7.   Sin perjuicio de otras competencias de supervisión contempladas en el artículo 45, apartado 3, a partir de la fecha de transmisión a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, las autoridades competentes del Estado miembro identificado en la notificación a que se refiere el apartado 2, del presente artículo no exigirán al GFIA en cuestión que demuestre el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales aplicables a los requisitos de comercialización contemplados en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(11).

8.  Los Estados miembros permitirán el uso de todos los medios electrónicos u otros medios de comunicación a distancia a efectos del apartado 4.

_____________

* Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).

** Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n° 1286/2014 (DO L ...).".

"

5)  En el artículo 33, apartado 6, los párrafos segundo y tercero se sustituyen por el texto siguiente:"

«Si, como consecuencia de una modificación prevista, la gestión del FIA por parte del GFIA ya no fuese conforme con la presente Directiva o, en general, el GFIA ya no cumpliese la presente Directiva, las autoridades competentes pertinentes del Estado miembro de origen del GFIA informarán al GFIA, en un plazo de quince días hábiles desde la recepción de toda la información a que se refiere el párrafo primero, de que no puede aplicar la modificación.

«Si la modificación prevista se aplica sin perjuicio de los párrafos primero y segundo, o si se ha producido un acontecimiento imprevisto que ha provocado una modificación, como consecuencia de la cual la gestión del FIA por parte del GFIA pudiera dejar de ser conforme con la presente Directiva, o si el GFIA pudiera dejar de cumplir la presente Directiva, las autoridades competentes del Estado miembro de origen del GFIA adoptarán todas las medidas oportunas de conformidad con el artículo 46, y se lo notificarán sin demora injustificada a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida del GFIA.».

"

6)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 43 bis

Servicios disponibles para los inversores minoristas

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2015/760▌, los Estados miembros velarán por que los GFIA faciliten, en cada Estado miembro en el que se propongan comercializar participaciones o acciones de un FIA entre inversores minoristas, servicios para llevar a cabo las tareas siguientes:

   a) procesar las órdenes de los inversores de suscripción, pago, recompra y reembolso en relación con las participaciones o acciones del FIA, de conformidad con las condiciones establecidas en la documentación ▌del FIA;
   b) proporcionar información a los inversores sobre cómo se pueden cursar las órdenes a que se refiere la letra a) y cómo se abona el producto de la recompra y el reembolso;
   c) facilitar el tratamiento de la información relativa al ejercicio, por parte de los inversores, de los derechos asociados a su inversión en el FIA en el Estado miembro donde el FIA se comercializa;
   d) poner a disposición de los inversores, a efectos de examen y de la obtención de copias, la información y los documentos requeridos con arreglo a los artículos 22 y 23;
   e) proporcionar a los inversores, en un soporte duradero, información pertinente respecto a las tareas que los servicios realizan, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra m), de la Directiva 2009/65/CE; y
   f) actuar como punto de contacto para la comunicación con las autoridades competentes.

2.  Los Estados miembros no exigirán al GFIA tener presencia física en el Estado miembro de acogida ni designar a un tercero a efectos del apartado 1.

3.  El GFIA velará por que los servicios para llevar a cabo las tareas a que se refiere el apartado 1, incluido por medios electrónicos, sean facilitados:

   a) ▌en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se comercializa el FIA o en una lengua aprobada por las autoridades competentes de ese Estado miembro;
   b) por el propio GFIA, o bien por un tercero sujeto a la regulación y la supervisión de las tareas que deben realizarse, o por ambos.

A efectos de la letra b), en caso de que sea un tercero el que lleve a cabo las tareas, la designación de dicho tercero se documentará en un contrato escrito, en el que se especificará cuáles son las tareas mencionadas en el apartado 1 que no lleva a cabo el GFIA y que el tercero recibirá del GFIA toda la información y los documentos pertinentes.».

"

7)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 69 bis

Evaluación del régimen de pasaporte

Antes de la entrada en vigor de los actos delegados a que se refiere el artículo 67, apartado 6, por el que son aplicables las normas establecidas en el artículo 35 y los artículos 37 a 41, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que tenga en cuenta el resultado de una evaluación del régimen de pasaporte previsto en la presente Directiva, incluida la ampliación de dicho régimen a GFIA de fuera de la UE. El informe irá acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.».

"

8)  En el anexo IV, se añaden las letras siguientes:"

«i) los detalles necesarios, incluida la dirección, para que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida pueda facturar o comunicar cualesquiera tasas o gravámenes reglamentarios aplicables.

   j) información sobre los servicios para llevar a cabo las tareas a que se refiere el artículo 43 bis.».

"

Artículo 3

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 4

Evaluación

A más tardar el ... [60 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión, sobre la base de una consulta pública y tras mantener conversaciones con la AEVM y las autoridades competentes, llevará a cabo una evaluación de la aplicación de la presente Directiva. A más tardar el ... [72 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión presentará un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

Artículo 5

Revisión

A más tardar el ... [48 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión presentará un informe que evalúe, entre otros aspectos, la oportunidad de armonizar las disposiciones aplicables a las sociedades de gestión de OICVM que comprueban el interés de los inversores por una idea o estrategia de inversión específicas, así como si existe la necesidad de modificar la Directiva 2009/65/CE con ese fin.

Artículo 6

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 7

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el ...

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 367 de 10.10.2018, p. 50.
(2)DO C 367 de 10.10.2018, p. 50.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2019.
(4) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(5) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(6) Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n° 1286/2014 (DO L ...).
(7)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento PE-CONS .../... (2018/0045 (COD)) e insértese el número, la fecha y la referencia del DO del mismo Reglamento en la nota a pie de página.
(8)+ DO: Insértese en el texto el número de orden del Reglamento que figura en el documento PE‑CONS …/… (2018/0045(COD)).
(9)DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(10)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento PE-CONS .../... (2018/0045 (COD)) e insértese el número, la fecha y la referencia del DO del mismo Reglamento en la nota a pie de página.
(11)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento PE-CONS .../... (2018/0045 (COD)) e insértese el número, la fecha y la referencia del DO del mismo Reglamento en la nota a pie de página.


Distribución transfronteriza de las empresas de inversión colectiva (Reglamento) ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013 y (UE) n.º 346/2013 (COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))
P8_TA-PROV(2019)0368A8-0431/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0110),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0110/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0431/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) n.º 1286/2014

P8_TC1-COD(2018)0045


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  Las divergencias en los enfoques normativos y de supervisión por lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión alternativos (FIA), tal y como se definen en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(4), incluidos los fondos de capital riesgo europeos (FCRE), tal y como se definen en el Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(5), los fondos de emprendimiento social europeos (FESE), tal y como se definen en el Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(6), y los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE), tal y como se definen en el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo(7), y de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), conforme se definen en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8), tienen como resultado la fragmentación y obstaculización de la comercialización y el acceso transfronterizos de los FIA y los OICVM, lo que a su vez podría impedirles ser comercializados en otros Estados miembros. Un OICVM puede gestionarse de manera externa o interna en función de su forma jurídica. Toda disposición del presente Reglamento relativa a las sociedades de gestión del OICVM debe aplicarse tanto a una empresa, cuya actividad habitual es la gestión de OICVM como a cualquier OICVM que no haya designado una sociedad de gestión del OICVM .

(2)  Para mejorar el marco normativo aplicable a los organismos de inversión colectiva y proteger mejor a los inversores, las comunicaciones publicitarias dirigidas a inversores de FIA y OICVM deben ser identificables como tales y deben describir los riesgos y los beneficios de adquirir participaciones o acciones de un FIA o un OICVM de manera igualmente destacada. Además, toda la información incluida en las comunicaciones publicitarias dirigidas a los inversores debe presentarse de forma imparcial, clara y no engañosa. Con el fin de salvaguardar la protección de los inversores y garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los FIA y los OICVM, las normas relativas a las comunicaciones publicitarias deben aplicarse a las comunicaciones publicitarias de los FIA y los OICVM.

(3)  Las comunicaciones publicitarias dirigidas a inversores de FIA y OICVM deben especificar dónde, cómo y en qué idioma pueden obtener los inversores información resumida sobre sus derechos como inversores e indicar claramente que el GFIA, el gestor de FCRE, el gestor de FESE o la sociedad de gestión del OICVM (conjuntamente, «gestores de organismos de inversión colectiva») tiene derecho a poner fin a las disposiciones adoptadas para la comercialización.

(4)  A fin de reforzar la transparencia y la protección de los inversores, así como para facilitar el acceso a la información sobre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales en materia de comunicaciones publicitarias, las autoridades competentes deben publicar dichos textos en sus sitios web en al menos una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, incluido su resumen no oficial, lo que permitiría a los gestores de organismos de inversión colectiva obtener un panorama general sobre dichas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. La publicación debe responder exclusivamente a fines informativos sin crear obligaciones jurídicas. Por los mismos motivos, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) establecida en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) (AEVM) debe crear una base de datos central que contenga resúmenes de los requisitos nacionales relativos a las comunicaciones publicitarias e hiperenlaces a la información publicada en los sitios web de las autoridades competentes.

(5)  A fin de fomentar las buenas prácticas en materia de protección de los inversores establecidas en los requisitos nacionales para que las comunicaciones publicitarias presenten información imparcial y clara, incluidos los aspectos en línea de dichas comunicaciones publicitarias, la AEVM debe publicar directrices sobre la aplicación de dichos requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias.

(6)  Las autoridades competentes deben poder exigir la notificación previa de las comunicaciones publicitarias para realizar una verificación ex ante de la conformidad de esas comunicaciones con el presente Reglamento y otros requisitos aplicables, por ejemplo, si las comunicaciones publicitarias son identificables como tales, si describen los riesgos y los beneficios que supone la adquisición de participaciones de un OICVM y, en el caso de que un Estado miembro permita la comercialización de FIA a inversores minoristas, los riesgos y los beneficios que supone la adquisición de participaciones o acciones de una forma igualmente destacada y si toda la información que figura en las comunicaciones publicitarias se presenta de forma imparcial, clara y no engañosa. Dicha verificación debe llevarse a cabo en un plazo limitado. Cuando las autoridades competentes exijan la notificación previa, ello no excluirá la posible verificación ex post de las comunicaciones publicitarias.

(7)  Las autoridades competentes deben informar a la AEVM de los resultados de dichas verificaciones, de las solicitudes de modificación y de cualquier sanción impuesta a los gestores de organismos de inversión colectiva. Con el fin de aumentar la sensibilización y la transparencia sobre las normas aplicables a las comunicaciones publicitarias, por un lado, y de garantizar la protección de los inversores, por otro lado, la AEVM debe preparar y enviar cada dos años al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre dichas normas y su aplicación práctica sobre la base de las verificaciones ex ante y ex post de las comunicaciones publicitarias por parte de las autoridades competentes.

(8)  Para garantizar la igualdad de trato de los gestores de organismos de inversión colectiva y facilitar su toma de decisiones ▌acerca de la conveniencia de emprender la distribución transfronteriza de fondos de inversión, es importante que las tasas y cargas aplicadas por las autoridades competentes por ▌la supervisión de las actividades transfronterizas sean proporcionadas a las tareas de supervisión llevadas a cabo y se hagan públicas, y que, con el objeto de aumentar la transparencia, publiquen en los sitios web de las autoridades competentes esas tasas y cargas. Por la misma razón, los hiperenlaces a la información publicada en los sitios web de las autoridades competentes relativa a las tasas y cargas deben publicarse en el sitio web de la AEVM a fin de disponer de un punto central de información. El sitio web de la AEVM también debe incluir una herramienta interactiva que permita calcular de forma orientativa dichas tasas y cargas aplicadas por las autoridades competentes.

(9)  A fin de garantizar un mejor cobro de las tasas o cargas y de aumentar la transparencia y la claridad de su estructura, cuando dichas tasas o cargas sean aplicadas por las autoridades competentes, los gestores de organismos de inversión colectiva deben recibir una factura, una declaración de pago individual o una orden de pago donde se establezca claramente el importe de las tasas o cargas aplicables y los medios de pago.

(10)  Puesto que, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1095/2010, la AEVM debe supervisar y evaluar la evolución del mercado dentro de su ámbito de competencia, es adecuado y necesario mejorar el conocimiento de la AEVM, ampliando las bases de datos de que actualmente dispone a fin de incluir una base de datos central que enumere todos los FIA y OICVM que se comercializan a nivel transfronterizo, los gestores de dichos organismos de inversión colectiva, así como los Estados miembros en los que tiene lugar dicha comercialización. A tal fin, y para que la AEVM pueda mantener actualizada la base de datos central, las autoridades competentes deben transmitir a la AEVM información sobre las notificaciones, los escritos de notificación y la información que hayan recibido en virtud de las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en relación con la actividad de comercialización transfronteriza, así como sobre cualquier cambio que afecte a dicha información que deba reflejarse en dicha base de datos. A este respecto, la AEVM debe crear un portal de notificación en el que las autoridades competentes carguen todos los documentos relativos a la distribución transfronteriza de los OICVM y los FIA.

(11)  Para garantizar unas condiciones de competencia equitativas entre los fondos de capital riesgo admisibles, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 345/2013, o los fondos de emprendimiento social admisibles, tal como se definen en el Reglamento (UE) n.º 346/2013, por una parte, y otros FIA, por otra, es necesario incluir en dichos Reglamentos normas en materia de precomercialización que sean idénticas a las normas sobre precomercialización establecidas en la Directiva 2011/61/UE. Dichas normas deben permitir a los gestores registrados de conformidad con esos Reglamentos dirigirse a los inversores comprobando su interés ante próximas oportunidades o estrategias de inversión a través de fondos de capital riesgo admisibles y fondos de emprendimiento social admisibles.

(12)  De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(10), determinadas sociedades y personas a que se refiere el artículo 32 de dicho Reglamento están exentas hasta el 31 de diciembre de 2019 de las obligaciones establecidas en el citado Reglamento. Dicho Reglamento también establece que la Comisión debe revisarlo antes del 31 de diciembre de 2018, con objeto de evaluar, entre otros aspectos, si este período transitorio de exención debe prolongarse o si, tras la determinación de los ajustes necesarios, las disposiciones sobre los datos fundamentales para el inversor de la Directiva 2009/65/CE deben ser sustituidas o considerarse equivalentes al documento de datos fundamentales para el inversor previsto en el citado Reglamento.

(13)  A fin de permitir a la Comisión que realice la revisión de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 tal como se había previsto originalmente, la fecha límite para dicha revisión debe prorrogarse doce meses. La comisión competente del Parlamento Europeo debe apoyar el proceso de revisión de la Comisión organizando una audiencia sobre el tema con los grupos de interés relevantes que representan los intereses del sector y de los consumidores.

(14)  A fin de evitar que los inversores reciban dos documentos distintos de comunicación previa, a saber, un documento de datos fundamentales para el inversor (KIID, por sus siglas en inglés) como exige la Directiva 2009/65/CE y un documento de datos fundamentales relativo a los productos de inversión minorista empaquetados (PRIIP, por sus siglas en inglés) como exige el Reglamento (UE) n° 1286/2014, para el mismo organismo de inversión colectiva, durante la adopción y aplicación de los actos legislativos que resulten de la revisión de la Comisión de conformidad con dicho Reglamento, el período transitorio de exención derivado de las obligaciones en virtud del citado Reglamento debe prorrogarse veinticuatro meses. Sin perjuicio de dicha prórroga, todas las instituciones y autoridades de supervisión implicadas procurarán actuar tan rápido como sea posible para facilitar la finalización de dicho período transitorio de exención.

(15)  Conviene conferir a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución, elaboradas por la AEVM, con respecto a los modelos normalizados, plantillas y procedimientos para la publicación y notificación por las autoridades competentes de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales en materia de requisitos de comercialización aplicables en sus territorios, junto con un resumen de las mismas, los niveles de las tasas o cargas aplicados por actividades de comercialización transfronteriza y, cuando proceda, los correspondientes métodos de cálculo. Además, con el fin de mejorar la transmisión a la AEVM, también deben adoptarse normas técnicas de ejecución relativas a las notificaciones, los escritos de notificación y la información sobre las actividades de comercialización transfronterizas que exigen las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE y las disposiciones técnicas necesarias para el funcionamiento del portal de notificaciones que ha de establecer la AEVM. La Comisión debe adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución en virtud del artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

(16)  Es necesario especificar qué información debe comunicarse cada trimestre a la AEVM, a fin de mantener actualizadas las bases de datos de todos los organismos de inversión colectiva y de sus gestores.

(17)  Todo tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Reglamento, como el intercambio o la transmisión de datos personales por las autoridades competentes, debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), y todo intercambio o transmisión de información por la AEVM debe atenerse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo(12).

(18)  Con el fin de habilitar a las autoridades competentes para ejercer las funciones que les atribuye el presente Reglamento, los Estados miembros deben velar por que esas autoridades cuenten con todas las competencias de supervisión e investigación necesarias.

(19)  A más tardar el … [cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión debe realizar una evaluación de la aplicación del presente Reglamento. Dicha evaluación debe tener en cuenta la evolución del mercado y valorar si las medidas introducidas han mejorado la distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva.

(20)  A más tardar el ... [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión publicará un informe sobre la comercialización pasiva y la demanda por propia iniciativa de un inversor, donde se especifique el alcance de esta forma de suscripción de fondos, su distribución geográfica, incluidos los terceros países, y su repercusión en el régimen de pasaporte.

(21)  Para garantizar la seguridad jurídica, es necesario sincronizar las fechas de aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales por las que se aplique la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(13)(14) y del presente Reglamento en lo que se refiere a las disposiciones sobre comunicaciones publicitarias y precomercialización.

(22)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el aumento de la eficiencia del mercado mientras se establece la creación de la unión de mercados de capitales, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece un conjunto de normas uniformes sobre la publicación de disposiciones nacionales relativas a los requisitos de comercialización de los organismos de inversión colectiva y sobre las comunicaciones publicitarias dirigidas a los inversores, así como los principios comunes en materia de tasas y cargas impuestas a los gestores de organismos de inversión colectiva en relación con sus actividades transfronterizas. Dispone asimismo la creación de una base de datos central sobre la comercialización transfronteriza de organismos de inversión colectiva.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento se aplicará a:

a)  los gestores de fondos de inversión alternativos;

b)  las sociedades de gestión de OICVM, incluida cualquier OICVM que no haya designado una sociedad de gestión del OICVM;

c)  los gestores de FCRE; y

d)  los gestores de FESE.

Artículo 3

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)  «fondos de inversión alternativos» o «FIA»: los FIA tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE, incluidos los FCRE, FESE y FILPE;

b)  «gestores de fondos de inversión alternativos» o «GFIA»: los GFIA tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/61/UE, y que estén autorizados de conformidad con el artículo 6 de dicha Directiva;

c)  «gestor de FCRE»: un gestor de fondos de capital riesgo admisible tal como se define en el artículo 3, párrafo primero, letra c), del Reglamento (UE) n.º 345/2013, y que esté registrado de conformidad con el artículo 14 de dicho Reglamento;

d)  «gestor de FESE»: un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.º 346/2013 y que esté registrado de conformidad con el artículo 15 de dicho Reglamento;

e)  «autoridades competentes»: autoridades competentes tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Directiva 2009/65/CE, o en el artículo 4, apartado 1, letra f), de la Directiva 2011/61/UE o autoridades competentes del FIA de la UE tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, letra h), de la Directiva 2011/61/UE;

f)  «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que el GFIA, el gestor de FCRE, el gestor de FESE o la sociedad de gestión del OICVM tenga su domicilio social;

g)  «OICVM»: un OICVM autorizado de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE;

h)  «sociedad de gestión de un OICVM»: una sociedad de gestión tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/65/CE.

Artículo 4

Requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias

1.  Los GFIA, los gestores de FCRE, los gestores de FESE y las sociedades de gestión de OICVM se asegurarán de que todas las comunicaciones publicitarias dirigidas a los inversores sean identificables como tales, y que describan los riesgos y los beneficios de la adquisición de participaciones o acciones de un FIA o de participaciones de un OICVM de manera igualmente destacada, y de que toda la información incluida en las comunicaciones publicitarias sea imparcial, clara y no engañosa.

2.  Las sociedades de gestión de OICVM se asegurarán de que las comunicaciones publicitarias que contengan información específica sobre un OICVM no contradigan ni menoscaben la importancia de la información contenida en el folleto a que se refiere el artículo 68 de la Directiva 2009/65/CE ni los datos fundamentales para el inversor a que se refiere el artículo 78 de dicha Directiva. Las sociedades de gestión de OICVM se asegurarán de que en todas las comunicaciones publicitarias se indique que existe un folleto y que están disponibles los datos fundamentales para el inversor. Tales comunicaciones publicitarias deberán especificar dónde, cómo y en qué lengua pueden los inversores o inversores potenciales obtener el folleto y los datos fundamentales para el inversor y proporcionarán hiperenlaces o direcciones de sitios web donde encontrar esos documentos.

3.  Las comunicaciones publicitarias a que se refiere el apartado 2 deberán especificar dónde, cómo y en qué lengua los inversores o inversores potenciales pueden obtener un resumen de los derechos de los inversores, y proporcionarán un hiperenlace a este resumen, que deberá incluir, si procede, información sobre el acceso a los mecanismos de compensación colectiva a escala de la Unión y nacional en caso de litigio.

Tales comunicaciones publicitarias incluirán asimismo información clara que indique que el gestor o la sociedad de gestión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE y el artículo 32 bis de la Directiva 2011/61/UE.

4.  Los GFIA, los gestores de FCRE y los gestores de FESE se asegurarán de que las comunicaciones publicitarias que incluyan una invitación a adquirir participaciones o acciones de un FIA que contengan información específica sobre un FIA no contradigan la información que ha de facilitarse a los inversores de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE, con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 345/2013 o con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 346/2013, ni menoscaben su importancia.

5.  El apartado 2 del presente artículo se aplicará mutatis mutandis a los FIA que publiquen un folleto de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo(15), o de conformidad con la legislación nacional, o que apliquen las normas sobre el formato y el contenido de los datos fundamentales para el inversor a que se refiere el artículo 78 de la Directiva 2009/65/CE.

6.  A más tardar el … [veinticuatro meses tras la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM emitirá directrices, que deberán ser actualizadas periódicamente, sobre la aplicación de los requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias a que se refiere el apartado 1, teniendo en cuenta los aspectos en línea de esas comunicaciones publicitarias.

Artículo 5

Publicación de las disposiciones nacionales relativas a los requisitos en materia de comercialización

1.  Las autoridades competentes publicarán y mantendrán en sus sitios web información actualizada y completa sobre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulen los requisitos de comercialización aplicables a los FIA y los OICVM, y sus resúmenes, en, como mínimo, una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales.

2.  Las autoridades competentes notificarán a la AEVM ▌los hiperenlaces a los sitios web de las autoridades competentes donde esté publicada la información a que se refiere el apartado 1.

Las autoridades competentes notificarán a la AEVM sin demora indebida cualquier modificación de la información facilitada en virtud del párrafo primero del presente apartado.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer los modelos normalizados, plantillas y procedimientos para las publicaciones y notificaciones previstas en el presente artículo.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el ... [dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 6

Base de datos central de la AEVM sobre las disposiciones nacionales relativas a los requisitos de comercialización

A más tardar el … [treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM publicará y mantendrá en su sitio web una base de datos central que contenga ▌los resúmenes contemplados en el artículo 5, apartado 1, así como los hiperenlaces a los sitios web de las autoridades competentes contemplados en el artículo 5, apartado 2.

Artículo 7

Verificación ex ante de las comunicaciones publicitarias

1.  Con el único fin de verificar el cumplimiento del presente Reglamento y de las disposiciones nacionales relativas a los requisitos de comercialización, las autoridades competentes pueden exigir la notificación previa de las comunicaciones publicitarias que las sociedades de gestión de OICVM ▌tengan intención de utilizar directa o indirectamente en sus relaciones con los inversores.

El requisito de notificación previa a que se refiere el párrafo primero no constituirá una condición previa para la comercialización de participaciones de OICVM y no formará parte del procedimiento de notificación contemplado en el artículo 93 de la Directiva 2009/65/CE.

Cuando las autoridades competentes exijan la notificación previa tal y como se menciona en el párrafo primero, informarán a la sociedad de gestión del OICVM, en un plazo de diez días hábiles desde la recepción de las comunicaciones publicitarias, de cualquier solicitud de modificación de sus comunicaciones publicitarias.

La notificación previa a que se refiere el párrafo primero podrá ser requerida de forma sistemática o de conformidad con cualquier otra práctica de verificación y se entenderá sin perjuicio de otras competencias de supervisión para verificar las comunicaciones publicitarias ex post.

2.  Las autoridades competentes que exijan la notificación previa de las comunicaciones publicitarias establecerán, aplicarán y publicarán en sus sitios web procedimientos para dicha notificación previa. Las normas y procedimientos internos deberán garantizar un trato transparente y no discriminatorio de todos los OICVM, con independencia del Estado miembro en el que estén autorizados.

3.  En caso de que los ▌GFIA, los gestores de FCRE o los gestores de FESE comercialicen participaciones o acciones de sus FIA a inversores minoristas ▌, los apartados 1 y 2 ▌se aplicarán, mutatis mutandis, a esos GFIA, gestores de FCRE o gestores de FESE.

Artículo 8

Informe de la AEVM sobre las comunicaciones publicitarias

1.   A más tardar el 31 de marzo de 2021 y cada dos años a partir de esa fecha, las autoridades competentes ▌transmitirán a la AEVM, la información siguiente:

a)  el número ▌de solicitudes de modificación de las comunicaciones publicitarias efectuadas sobre la base de una verificación ex ante, cuando proceda;

b)  el número de solicitudes de modificación y de decisiones tomadas sobre la base de verificaciones ex post, distinguiendo claramente las infracciones más frecuentes e incluyendo una descripción y la naturaleza de dichas infracciones;

c)  una descripción de las infracciones más frecuentes de los requisitos contemplados en el artículo 4; y

d)  un ejemplo de cada una de las infracciones a que se refieren las letras b) y c).

2.   A más tardar el 30 de junio de 2021 y cada dos años a partir de esa fecha, la AEVM remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe en el que presente una perspectiva general de los requisitos de comercialización contemplados en el artículo 5, apartado 1, en todos los Estados miembros y que contenga un análisis de los efectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales que regulan las comunicaciones publicitarias, también sobre la base de la información recibida de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 9

Principios comunes en materia de tasas o cargas

1.  En los casos en que las tasas o cargas sean aplicadas por las autoridades competentes al ejercer sus funciones en relación con las actividades transfronterizas de los GFIA, los gestores de FCRE, los gestores de FESE y las sociedades de gestión de OICVM, dichas tasas o cargas serán coherentes con los costes globales relacionados con el ejercicio de las funciones de la autoridad competente.

2.  Para las tasas o cargas mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, las autoridades competentes enviarán una factura, una declaración de pago individual o una orden de pago, estableciendo claramente los medios de pago y la fecha de vencimiento del pago a la dirección a que se refiere el artículo 93, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 2009/65/CE o en el anexo IV, letra i), de la Directiva 2011/61/UE.

Articulo 10

Publicación de las disposiciones nacionales relativas a tasas y cargas

1.  A más tardar el ... [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], las autoridades competentes publicarán y mantendrán en sus sitios web información actualizada sobre la lista de las tasas o cargas a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o, cuando proceda, los métodos utilizados para calcularlas, en, como mínimo, una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales.

2.  Las autoridades competentes notificarán a la AEVM los hiperenlaces a los sitios web de las autoridades competentes donde esté publicada la información a que se refiere el apartado 1.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer los modelos normalizados, plantillas y procedimientos para las publicaciones y notificaciones previstas en el presente artículo.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el ... [dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 11

Publicación de la AEVM sobre tasas y cargas

1.  A más tardar el... [ treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM publicará en su sitio web hiperenlaces a los sitios web de las autoridades competentes a que se refiere el artículo 10, apartado 2. Dichos hiperenlaces se mantendrán actualizados.

2.  A más tardar el ... [treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM elaborará y publicará en su sitio web una herramienta interactiva y accesible al público en, como mínimo, una lengua utilizada habitualmente en el ámbito de las finanzas internacionales, que permita calcular de forma orientativa las tasas o cargas mencionadas en el artículo 9, apartado 1 ▌. Esa herramienta se mantendrá actualizada.

Artículo 12

Base de datos central de la AEVM sobre comercialización transfronteriza de FIA y OICVM

1.  A más tardar el ... [treinta meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la AEVM publicará ▌en su sitio web una base de datos central sobre comercialización transfronteriza de FIA y OICVM, accesible al público en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, en la que figurarán ▌:

a)  todos los FIA comercializados en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, sus GFIA, sus gestores de FESE o sus gestores de FCRE, y los Estados miembros en los que se comercialicen; y

b)  todos los OICVM comercializados en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen del OICVM tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra e), de la Directiva 2009/65/CE, las sociedades de gestión del OICVM y los Estados miembros en los que se comercialicen.

Dicha base de datos central se mantendrá actualizada.

2.  Las obligaciones recogidas en el presente artículo y en el artículo 13 relativas a la base de datos mencionada en el apartado 1 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de las obligaciones relativas a la lista a que se refiere el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2009/65/CE, el registro público central a que se refiere el artículo 7, apartado 5, párrafo segundo, de la Directiva 2011/61/UE, la base de datos central a que se refiere el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 345/2013 y la base de datos central a que se refiere el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 346/2013.

Artículo 13

Normalización de las notificaciones a la AEVM

1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros de origen comunicarán a la AEVM con periodicidad trimestral la información necesaria para la creación y el mantenimiento de la base de datos central contemplada en el artículo 12 del presente Reglamento en relación con toda notificación, ▌escrito de notificación ▌o información ▌ a que se refieren ▌el artículo 93, apartado 1, y el artículo 93 bis, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, y el artículo 31, apartado 2, el artículo 32, apartado 2, y el artículo 32 bis, apartado 2, de la Directiva 2011/61/UE, así como cualquier modificación a dicha información, si dicha modificación afecta a la información contenida en esa base de datos central.

2.  La AEVM creará un portal de notificación en el que las autoridades competentes cargarán todos los documentos a que se refiere el apartado 1.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar la información que deba comunicarse, así como los formularios, plantillas y procedimientos para la comunicación de la información ▌por las autoridades competentes a efectos de lo dispuesto en el apartado 1, y las disposiciones técnicas necesarias para el funcionamiento del portal de notificación a que se refiere el apartado 2.

La AEVM presentará a la Comisión esos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el ... [dieciocho meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 14

Facultades de las autoridades competentes

1.  Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión e investigación que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento.

2.  Las facultades conferidas a las autoridades competentes en virtud de las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE, y de los Reglamentos (UE) n.º 345/2013, (UE) n.º 346/2013 y (UE) 2015/760, incluidas aquellas relacionadas con sanciones u otras medidas, también se ejercerán respecto de los gestores a que se refiere el artículo 4 del presente Reglamento.

Artículo 15

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 345/2013

El Reglamento (UE) n.º 345/2013 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 3, se añade la letra siguiente:"

«o) “precomercialización” el suministro ▌de información o comunicación, directa o indirecta, sobre estrategias de inversión o ideas de inversión por parte de un gestor de un fondo de capital riesgo admisible, o en su nombre, a potenciales inversores domiciliados o con sede social en la Unión, a fin de comprobar su interés por un fondo de capital riesgo admisible aún no establecido, o por un fondo de capital riesgo admisible establecido, pero cuya comercialización aún no se haya notificado con arreglo al artículo 15, en aquel Estado miembro donde los potenciales inversores estén domiciliados o tengan su sede social y que, en cada caso, no sea equivalente a una oferta o colocación al potencial inversor para invertir en las participaciones o acciones de dicho fondo de capital riesgo admisible;».

"

2)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 4 bis

1.  Un gestor de un fondo de capital riesgo admisible podrá llevar a cabo actividades de precomercialización en la Unión, excepto en los casos en que la información ofrecida a los potenciales inversores:

   a) sea suficiente para permitir a los inversores comprometerse a adquirir participaciones o acciones de un fondo de capital riesgo admisible concreto;
   b) sea equivalente a ▌ formularios de suscripción o documentos similares, ya sea en forma de borrador o en versión definitiva ▌; o
   c) sea equivalente a documentos de constitución, un folleto o documentos de oferta de un fondo de capital riesgo admisible aún no establecido en forma definitiva.

Cuando se faciliten un borrador de folleto o de documentos de oferta, éstos no contendrán información suficiente que permita a los inversores adoptar una decisión de inversión, e indicarán claramente que:

   a) no constituyen una oferta o una invitación a suscribir participaciones o acciones de un fondo de capital riesgo admisible; y
   b) la información en ellos mostrada no es fiable porque está incompleta y puede estar sujeta a cambios.

2.  Las autoridades competentes no exigirán a un gestor de un fondo de capital riesgo admisible que notifique a las autoridades competentes ni el contenido ni los destinatarios de la precomercialización, ni que cumpla cualesquiera condiciones o requisitos distintos de los establecidos en el presente artículo, antes de que lleve a cabo la precomercialización.

3.   Los gestores de fondos de capital riesgo admisibles garantizarán que los inversores no adquieran participaciones o acciones de un fondo de capital riesgo admisible a través de una precomercialización y que aquellos inversores contactados como parte de la precomercialización únicamente puedan adquirir participaciones o acciones de dicho fondo de capital riesgo admisible a través de la comercialización permitida en virtud del artículo 15.

Toda suscripción por parte de inversores profesionales, en un plazo de dieciocho meses desde que un gestor de un fondo de capital riesgo admisible iniciase la precomercialización, de participaciones o acciones de un fondo de capital riesgo admisible al que se hiciese referencia en la información facilitada en el contexto de la precomercialización, o de un fondo de capital riesgo admisible establecido como resultado de la precomercialización, se considerará como resultado de la comercialización y estará sujeta a los procedimientos de notificación aplicables contemplados en el artículo 15.

4.  En el plazo de dos semanas a partir del comienzo de la precomercialización, un gestor de un fondo de capital riesgo admisible enviará a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, , una carta informal, en papel o por medios electrónicos. En dicha carta se especificarán los Estados miembros donde se esté o se haya realizado la precomercialización y los períodos durante los cuales esté teniendo o haya tenido lugar, una descripción sucinta de la precomercialización que incluya la información sobre las estrategias de inversión presentadas y, si procede, una lista de los fondos de capital riesgo admisibles que fueron objeto de precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del gestor de un fondo de capital riesgo admisible informarán sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros donde el gestor de un fondo de capital riesgo admisible esté participando o haya participado en la precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté teniendo o haya tenido lugar la precomercialización podrán solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del gestor de un fondo de capital riesgo admisible que faciliten más información sobre la precomercialización que esté teniendo o haya tenido lugar en su territorio.

5.  Un tercero solo podrá participar en la precomercialización en nombre de un gestor registrado de fondos de capital riesgo admisibles cuando esté autorizado como una empresa de servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*, como una entidad de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**, como una sociedad de gestión de OICVM con arreglo a la Directiva 2009/65/CE, como un gestor de fondos de inversión alternativos con arreglo a la Directiva 2011/61/UE o cuando actúe como un agente vinculado con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Dicho tercero estará sujeto a todas las condiciones establecidas en el presente artículo.

6.  Un gestor de un fondo de capital riesgo admisible velará por que la precomercialización esté suficientemente documentada.

_____________

* Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).

** Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

"

Artículo 16

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 346/2013

El Reglamento (UE) n.º 346/2013 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 3, se añade la letra siguiente:"

«o) “precomercialización” el suministro ▌de información o comunicación, directa o indirecta, sobre estrategias de inversión o ideas de inversión por parte de un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible, o en su nombre, a potenciales inversores domiciliados o con sede social en la Unión, a fin de comprobar su interés por un fondo de emprendimiento social admisible aún no establecido, o por un fondo de emprendimiento social admisible establecido, pero cuya comercialización aún no se haya notificado con arreglo al artículo 16, en aquel Estado miembro donde los potenciales inversores estén domiciliados o tengan su sede social y que, en cada caso, no sea equivalente a una oferta o colocación al potencial inversor para invertir en las participaciones o acciones de dicho fondo de emprendimiento social admisible;».

"

2)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 4 bis

1.  Un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible podrá llevar a cabo actividades de precomercialización en la Unión, excepto en los casos en que la información presentada a los potenciales inversores:

   a) sea suficiente para permitir a los inversores comprometerse a adquirir participaciones o acciones de un fondo de emprendimiento social admisible concreto;
   b) sea equivalente a ▌los formularios de suscripción o documentos similares, ya sea en forma de borrador o en versión definitiva ▌; o
   c) sea equivalente a documentos de constitución, un folleto o documentos de oferta de un fondo de emprendimiento social admisible aún no establecido en forma definitiva.

Cuando se faciliten un borrador de folleto o documentos de oferta, estos no contendrán información suficiente que permita a los inversores adoptar una decisión de inversión, e indicarán claramente que:

   a) no constituyen una oferta o una invitación a suscribir participaciones o acciones de un fondo de emprendimiento social admisible; y
   b) la información en ellos mostrada no es fiable porque está incompleta y puede estar sujeta a cambios.

2.  Las autoridades competentes no exigirán a un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible que notifique a las autoridades competentes ni el contenido ni los destinatarios de la precomercialización, ni que cumpla cualesquiera condiciones o requisitos distintos de los establecidos en el presente artículo, antes de que lleve a cabo la precomercialización.

3.  Los gestores de fondos de emprendimiento social admisibles garantizarán que los inversores no adquieran participaciones o acciones de un fondo de emprendimiento social admisible a través de la precomercialización y que los inversores contactados como parte de la precomercialización únicamente puedan adquirir participaciones o acciones de dicho fondo de emprendimiento social admisible a través de la comercialización permitida en virtud del artículo 16.

Toda suscripción por parte de inversores profesionales, en un plazo de dieciocho meses desde que un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible iniciase una precomercialización, de participaciones o acciones de un fondo de emprendimiento social admisible al que se hiciese referencia en la información facilitada en el contexto de la precomercialización, o de un fondo de emprendimiento social admisible establecido como resultado de la precomercialización, se considerará como resultado de la comercialización y estará sujeta a los procedimientos de notificación aplicables contemplados en el artículo 16.

4.  En el plazo de dos semanas a partir del comienzo de la precomercialización, un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible enviará a las autoridades competentes de su Estado miembro de origen, una carta informal, en papel o por medios electrónicos. En dicha carta se especificarán los Estados miembros donde esté teniendo o haya tenido lugar la precomercialización y los períodos durante los cuales esté o haya tenido lugar, una descripción sucinta de la precomercialización que incluya la información sobre las estrategias de inversión presentadas y, si procede, una lista de los fondos de emprendimiento social admisibles que son o fueron objeto de precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen del gestor de un fondo de emprendimiento social admisible informarán sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros donde el gestor de un fondo de emprendimiento social admisible esté participando o haya participado en la precomercialización. Las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté teniendo o haya tenido lugar la precomercialización podrán solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen del gestor de un fondo de emprendimiento social admisible que faciliten más información sobre la precomercialización que esté teniendo o haya tenido lugar en su territorio.

5.  Un tercero solo podrá participar en la precomercialización en nombre de un gestor registrado de fondos de emprendimiento social admisibles cuando esté autorizado como una empresa de servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*, como una entidad de crédito con arreglo a la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**, como una sociedad de gestión de OICVM con arreglo a la Directiva 2009/65/CE, como un gestor de fondos de inversión alternativos con arreglo a la Directiva 2011/61/UE o cuando actúe como un agente vinculado con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Dicho tercero estará sujeto a todas las condiciones establecidas en el presente artículo.

6.  Un gestor de un fondo de emprendimiento social admisible velará por que la precomercialización esté suficientemente documentada.».

_______________________________

* Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173, 12.6.2014, p. 349).

** Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176, 27.6.2013, p. 338)

"

Artículo 17

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1286/2014

El Reglamento (UE) n.º 1286/2014 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 32, apartado 1, la fecha de «31 de diciembre de 2019» se sustituye por «31 de diciembre de 2021».

2)  El artículo 33 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, párrafo primero, la fecha de «31 de diciembre de 2018» se sustituye por «31 de diciembre de 2019».

b)  en el apartado 2, párrafo primero, la fecha de «31 de diciembre de 2018» se sustituye por «31 de diciembre de 2019».

c)  en el apartado 4, párrafo primero, la fecha de «31 de diciembre de 2018» se sustituye por «31 de diciembre de 2019».

Artículo 18

Evaluación

A más tardar el ... [sesenta meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y sobre la base de una consulta pública y tras mantener conversaciones con la AEVM y las autoridades competentes, la Comisión realizará una evaluación de la aplicación del presente Reglamento.

A más tardar el ... [veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], sobre la base de una consulta a las autoridades competentes, a la AEVM y a otros grupos de interés relevantes, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la comercialización pasiva y la demanda por propia iniciativa de un inversor, donde se especifique el alcance de esta forma de suscripción de fondos, su distribución geográfica, incluidos los terceros países, y su repercusión en el régimen de pasaporte. Dicho informe examinará también si el portal de notificación establecido de conformidad con el artículo 13, apartado 2, debe ser desarrollado a fin de que todas las transferencias de documentos entre autoridades competentes se realicen a través de dicho portal.

Artículo 19

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. No obstante, el artículo 4, apartados 1 a 5, el artículo 5, apartados 1 y 2, el artículo 15 y el artículo 16 serán de aplicación a partir del ...[ veinticuatro meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el...

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 367, 10.10.2018, p. 50.
(2)DO C 367 de 10.10.2018, p. 50.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2019.
(4)Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(5) Reglamento (UE) n.º 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 1).
(6) Reglamento (UE) n.º 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (DO L 115 de 25.4.2013, p. 18).
(7) Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (DO L 123 de 19.5.2015, p. 98).
(8)Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(9) Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(10) Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
(11)Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(12)Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).
(13) Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de los organismos de inversión colectiva (DO L …).
(14)+ Oficina de Publicaciones: Insértese en el texto el número de orden de la Directiva en el documento PE-CONS 54./19 (2018/0041(COD)) e insértese en la nota a pie de página el número de orden, la fecha y la referencia de publicación en el DO de dicha Directiva.
(15)Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO L 168 de 30.6.2017, p. 12).


Reglamento sobre requisitos de capital ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere al ratio de apalancamiento, el ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (COM(2016)0850 – C8-0480/2016 – 2016/0360A(COD))
P8_TA-PROV(2019)0369A8-0242/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0850),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0480/2016),

—  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 8 de noviembre de 2017(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de marzo de 2017(2),

–  Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 18 de mayo de 2017, por la que se autoriza a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a dividir la propuesta de la Comisión y a elaborar, en consecuencia, dos informes legislativos independientes,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0242/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que se refiere a la ratio de apalancamiento, la ratio de financiación estable neta, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, el riesgo de crédito de contraparte, el riesgo de mercado, las exposiciones a entidades de contrapartida central, las exposiciones a organismos de inversión colectiva, las grandes exposiciones y los requisitos de presentación y divulgación de información, y el Reglamento (UE) n.º 648/2012

P8_TC1-COD(2016)0360A


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  A raíz de la crisis financiera que se desató en 2007-2008, la Unión llevó a cabo una reforma sustancial del marco regulador de los servicios financieros para aumentar la resiliencia de sus entidades financieras. Dicha reforma se basó en gran medida en las normas internacionales acordadas en 2010 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), que constituyen el denominado «marco Basilea III». Entre sus numerosas medidas, el paquete de reforma incluyó la adopción del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(6)▌ y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7), que reforzaban los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y de las empresas de inversión (entidades).

(2)  Si bien la reforma ha aumentado la estabilidad y resiliencia del sistema financiero frente a muchos tipos de perturbaciones y crisis que puedan darse en el futuro, no abordó todos los problemas detectados. Una razón importante para ello fue que, en aquel momento, los organismos internacionales de normalización, como el CSBB y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), no habían terminado sus trabajos para la adopción de soluciones acordadas internacionalmente a dichos problemas. Ahora que han finalizado los trabajos sobre importantes reformas adicionales, ha llegado el momento de abordar los problemas pendientes.

(3)  En su Comunicación de 24 de noviembre de 2015, titulada «Hacia la culminación de la unión bancaria», la Comisión reconocía la necesidad de seguir reduciendo los riesgos y se comprometía a presentar una propuesta legislativa basada en las normas acordadas internacionalmente. El Consejo, en sus Conclusiones de 17 de junio de 2016, y el Parlamento Europeo, en su Resolución de 10 de marzo de 2016 sobre la Unión Bancaria - Informe anual 2015(8), han reconocido la necesidad de adoptar medidas legislativas concretas adicionales para reducir los riesgos del sector financiero.

(4)  Las medidas de reducción del riesgo, además de potenciar más la resiliencia del sistema bancario europeo y la confianza de los mercados en este, deben sentar las bases para seguir avanzando en la culminación de la Unión Bancaria. Esas medidas deben contemplarse también en el contexto de los retos más amplios que afectan a la economía de la Unión, en particular la necesidad de fomentar el crecimiento y el empleo en un momento de perspectivas económicas inciertas. En ese contexto, se han emprendido varias iniciativas de actuación importantes, tales como el Plan de Inversiones para Europa (FEIE) y la Unión de los Mercados de Capitales, a fin de fortalecer la economía de la Unión. Por ello, es importante que todas las medidas de reducción del riesgo interactúen adecuadamente con dichas iniciativas, así como con las recientes reformas más generales adoptadas en el sector financiero.

(5)  Las disposiciones del presente Reglamento deben ser equivalentes a las normas acordadas internacionalmente y garantizar que la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 sigan siendo equivalentes al marco de Basilea III. Los ajustes específicos destinados a reflejar las particularidades de la Unión y otras consideraciones de actuación más generales deben limitarse en su ámbito o duración, de modo que no afecten a la solidez global del marco prudencial.

(6)  Las medidas de reducción del riesgo ya existentes y, en particular, los requisitos de presentación y divulgación de información también deben mejorarse, a fin de garantizar que puedan aplicarse de una forma más proporcionada y su aplicación no constituya una carga excesiva, especialmente en lo que respecta a las entidades más pequeñas y menos complejas.

(7)   Es necesaria una definición exacta del concepto de entidades pequeñas y no complejas a efectos de la simplificación selectiva de los requisitos con respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad. La mera definición a partir de un único umbral absoluto no permite tener en cuenta las particularidades de los mercados bancarios nacionales. Por ello es necesario que los Estados miembros puedan ejercer su discrecionalidad para adaptar el umbral a las circunstancias nacionales y ajustarlo a la baja, si procede. Puesto que el tamaño de una entidad no es, de por sí, el factor determinante de su perfil de riesgo, también es preciso aplicar criterios cualitativos adicionales para garantizar que una entidad solo sea considerada pequeña y no compleja y, por ende, pueda beneficiarse de unas normas más proporcionadas, cuando cumpla todos los criterios pertinentes.

(8)  Las ratios de apalancamiento contribuyen a preservar la estabilidad financiera al funcionar como un mecanismo de protección del cumplimiento de los requisitos de capital basados en el riesgo y al obstaculizar el apalancamiento excesivo durante los períodos de bonanza económica. El CSBB ha revisado la norma internacional sobre la ratio de apalancamiento a fin de precisar en mayor medida determinados aspectos del diseño de dicha ratio. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe armonizarse con la norma revisada para garantizar una igualdad de condiciones a escala internacional para las entidades establecidas en la Unión que operen fuera de la Unión y garantizar que la ratio de apalancamiento siga siendo un complemento eficaz de los requisitos de fondos propios basados en el riesgo. Por lo tanto, debe establecerse un requisito de ratio de apalancamiento para complementar el sistema actual de presentación y divulgación de información sobre la ratio de apalancamiento.

(9)  Con el fin de no dificultar innecesariamente la concesión de préstamos por las entidades a empresas y hogares y evitar efectos negativos indebidos en la liquidez del mercado, el requisito de la ratio de apalancamiento debe fijarse en un nivel que le permita actuar como mecanismo de protección creíble frente al riesgo de apalancamiento excesivo sin obstaculizar el crecimiento económico.

(10)  En su informe a la Comisión de 3 de agosto de 2016 sobre el requisito relativo a la ratio de apalancamiento, la Autoridad Europea de Supervisión (la Autoridad Bancaria Europea -ABE-), creada en virtud del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(9), concluye que un requisito de una ratio de apalancamiento de capital de nivel 1 calibrado al 3 % para cualquier tipo de entidad de crédito desempeñaría esa función de protección creíble. A nivel internacional, el CSBB también acordó un requisito de una ratio de apalancamiento del 3 %. Por consiguiente, el requisito de la ratio de apalancamiento debe calibrarse al 3 %.

(11)  No obstante, un requisito de una ratio de apalancamiento del 3 % podría afectar a determinados modelos y líneas de negocio más que a otros. En particular, los préstamos de los bancos públicos de desarrollo y los créditos a la exportación con apoyo oficial se verían afectados de forma desproporcionada. Por ello, la ratio de apalancamiento debe ajustarse para esos tipos de exposición. Así, deben establecerse criterios claros que ayuden a determinar el mandato público de dichas entidades de crédito y que cubran aspectos como su establecimiento, el tipo de actividades realizadas, su objetivo, las condiciones de las garantías otorgadas por los organismos públicos y los límites a las actividades de recepción de depósitos. No obstante, la forma y modalidad de establecimiento de tales entidades de crédito debe seguir quedando a discreción del gobierno central, el gobierno regional o la autoridad local del Estado miembro y puede consistir en la creación de una nueva entidad de crédito o en la adquisición o la absorción, en particular mediante concesiones públicas y en el contexto de un procedimiento de resolución, de una entidad ya existente por parte de dichas autoridades públicas.

(12)  Por otro lado, la ratio de apalancamiento no debe ir en detrimento de la prestación de servicios centrales de compensación por parte de las entidades a los clientes. Por ello, los márgenes iniciales sobre las operaciones con derivados compensadas de forma centralizada que las entidades reciben ▌de sus clientes y que transfieren a las entidades de contrapartida central (ECC) deben quedar excluidos de la medida de la exposición a efectos de la ratio de apalancamiento.

(13)   En circunstancias excepcionales que justifiquen que determinadas exposiciones a los bancos centrales queden excluidas de la ratio de apalancamiento y con el fin de facilitar la aplicación de las políticas monetarias, las autoridades competentes deben poder excluir temporalmente tales exposiciones de la medida de la exposición correspondiente a la ratio de apalancamiento. A estos efectos, deben declarar públicamente, previa consulta al banco central pertinente, que se dan tales circunstancias excepcionales. El requisito de la ratio de apalancamiento debe ajustarse de forma proporcional para compensar los efectos de la exclusión. Con dicho ajuste se debe garantizar la exclusión de los riesgos para la estabilidad financiera que afectan a los sectores bancarios pertinentes y el mantenimiento de la resiliencia proporcionada por la ratio de apalancamiento.

(14)  Conviene aplicar un requisito de colchón de la ratio de apalancamiento para las entidades clasificadas como entidades de importancia sistémica mundial (EISM), de conformidad con la Directiva 2013/36/UE y la norma del CSBB sobre el colchón de la ratio de apalancamiento para los bancos de importancia sistémica mundial (BISM) publicada en diciembre de 2017. El CSBB calibró el colchón de la ratio de apalancamiento con el objetivo específico de mitigar riesgos relativamente mayores para la estabilidad financiera que pudieran representar los BISM y, en este contexto, se debe aplicar por el momento solo a las EISM. No obstante, es preciso proceder a un análisis más detenido para determinar si sería adecuado aplicar el requisito de colchón de la ratio de apalancamiento a otras entidades de importancia sistémica (OEIS), con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE, y, de ser así, definir la manera en que se debería adaptar la calibración a las características específicas de esas entidades.

(15)  El 9 de noviembre de 2015, el FSB publicó la hoja de condiciones relativa a la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) (en lo sucesivo, «norma TLAC»), que fue aprobada por el G-20 en la cumbre celebrada en noviembre de 2015 en Turquía. La norma TLAC exige a los BISM que posean un importe suficiente de pasivos de alta capacidad de absorción de pérdidas (utilizables en la recapitalización interna) para facilitar una absorción de pérdidas rápida y adecuada y la recapitalización en caso de resolución. La norma TLAC debe incorporarse al Derecho de la Unión.

(16)  La incorporación de la norma TLAC al Derecho de la Unión debe tener en cuenta los actuales requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), establecidos en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10). Dado que la norma TLAC y los MREL persiguen el mismo objetivo de garantizar que las entidades tengan una capacidad suficiente de absorción de pérdidas, ambos requisitos deben constituir componentes complementarios de un marco común. A efectos prácticos, el nivel mínimo armonizado de la norma TLAC debe introducirse en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 mediante un nuevo requisito de fondos propios y pasivos admisibles, mientras que la adición específica por entidad para cada EISM y el requisito específico por entidad para las entidades que no son EISM deben introducirse a través de modificaciones específicas de la Directiva 2014/59/UE y del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(11). Las disposiciones por las que se incorpora la norma TLAC al Reglamento (UE) n.º 575/2013 deben leerse conjuntamente con las introducidas en la Directiva 2014/59/UE y el Reglamento (UE) n.º 806/2014, así como con la Directiva 2013/36/UE.

(17)  De conformidad con la norma TLAC que se refiere únicamente a los BISM, el requisito mínimo relativo a un importe suficiente de fondos propios y de pasivos de alta capacidad de absorción de pérdidas que se establece en el presente Reglamento solo debe aplicarse en el caso de las EISM. No obstante, las normas sobre los pasivos admisibles establecidas en el presente Reglamento deben aplicarse a todas las entidades, en consonancia con los requisitos y ajustes complementarios establecidos en la Directiva 2014/59/UE.

(18)  Con arreglo a la norma TLAC, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles deben aplicarse a las entidades de resolución que sean EISM o que formen parte de un grupo identificado como EISM. Los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles deben aplicarse de forma individual o en base consolidada, dependiendo de si las citadas entidades de resolución son entidades individuales sin filiales o empresas matrices.

(19)  La Directiva 2014/59/UE permite utilizar los instrumentos de resolución no solo para las entidades, sino también para las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera. En consecuencia, las sociedades financieras de cartera matrices y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices deben tener una capacidad suficiente de absorción de pérdidas del mismo modo que las entidades matrices.

(20)  A fin de garantizar la eficacia de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, es esencial que los instrumentos que se mantengan para satisfacer esos requisitos tengan una gran capacidad de absorción de pérdidas. Los pasivos que estén excluidos del instrumento de recapitalización interna a que se refiere la Directiva 2014/59/UE no tienen tal capacidad, y tampoco la tienen otros pasivos que, aunque, en principio, sean utilizables en la recapitalización interna, en la práctica pueden ser difíciles de utilizar. Por consiguiente, esos pasivos no deben ser considerados admisibles a efectos del cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles. Por otro lado, los instrumentos de capital y los pasivos subordinados tienen una gran capacidad de absorción de pérdidas. Asimismo, debe reconocerse hasta cierto punto, en consonancia con la norma TLAC, el potencial de absorción de pérdidas de los pasivos con la misma prelación que determinados pasivos excluidos.

(21)  A fin de evitar una doble contabilización de los pasivos a efectos de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, deben establecerse normas para deducir las tenencias de elementos de los pasivos admisibles que reflejen el enfoque de deducción correspondiente ya existente en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 para los instrumentos de capital. Con arreglo a ese enfoque, las tenencias de instrumentos de pasivos admisibles deben deducirse primero de los pasivos admisibles y, en la medida en que no haya pasivos suficientes, dichos instrumentos de pasivos admisibles deben deducirse de los instrumentos de capital de nivel 2.

(22)  La norma TLAC contiene algunos criterios de admisibilidad de pasivos que son más estrictos que los criterios actuales de admisibilidad de los instrumentos de capital. En aras de la coherencia, los criterios de admisibilidad de los instrumentos de capital deben adaptarse en lo que se refiere a la no admisibilidad de los instrumentos emitidos por entidades de cometido especial a partir del 1 de enero de 2022.

(23)   Es necesario establecer un proceso claro y transparente de aprobación de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario que pueda contribuir a mantener la alta calidad de tales instrumentos. A tal fin, las autoridades competentes deben encargarse de aprobar estos instrumentos antes de que las entidades puedan clasificarlos como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. No obstante, las autoridades competentes no deben tener que exigir una autorización previa para los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario que se emitan sobre la base de documentación jurídica ya aprobada por la autoridad competente y que se rijan por disposiciones fundamentalmente idénticas a las disposiciones por las que se rigen los instrumentos de capital para los que la entidad haya recibido autorización previa de la autoridad competente para clasificarlos como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. En tal caso, en lugar de solicitar una autorización previa, las entidades deben tener la posibilidad de notificar a las autoridades competentes su intención de emitir tales instrumentos. Dicha notificación debe producirse con la antelación suficiente a la clasificación de los instrumentos como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario para permitir que las autoridades competentes examinen los instrumentos en caso necesario. Habida cuenta del papel que desempeña la ABE para fomentar la convergencia de las prácticas de supervisión y mejorar la calidad de los instrumentos de fondos propios, las autoridades competentes deben consultar a la ABE antes de aprobar cualquier nueva forma de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.

(24)   Los instrumentos de capital solo serán admisibles como instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 en la medida en que cumplan los criterios de admisibilidad pertinentes. Tales instrumentos de capital pueden consistir en activos o pasivos, incluidos los préstamos subordinados que cumplan esos criterios.

(25)   Los instrumentos de capital o las partes de los instrumentos de capital solo se podrán considerar instrumentos de fondos propios en la medida en que estén desembolsados. Las partes de un instrumento que no estén desembolsadas no se podrán considerar instrumentos de fondos propios.

(26)   Los instrumentos de fondos propios y los pasivos admisibles no deben estar sujetos a acuerdos de compensación recíproca o de compensación por saldos netos, que menoscabarían su capacidad de absorción de pérdidas en la resolución. Lo anterior no implica que las disposiciones contractuales por las que se rijan los pasivos deban contener una cláusula que disponga expresamente que el instrumento en cuestión no está sujeto a derechos de compensación recíproca o de compensación por saldos netos.

(27)   Dada la evolución del sector bancario en un entorno cada vez más digital, los programas informáticos se están convirtiendo en un tipo de activo cada vez más importante. Los activos consistentes en programas informáticos valorados prudentemente, cuyo valor no se vea significativamente perjudicado en caso de resolución, insolvencia o liquidación de una entidad, no deben estar sujetos a la deducción de los activos intangibles de los elementos del capital de nivel 1 ordinario. Esta precisión es importante, dado que «programas informáticos» es un concepto amplio que abarca muchos tipos distintos de activos, y no todos conservan su valor en una situación de liquidación. En este contexto, deben tenerse en cuenta las diferencias en la valoración y la amortización de los activos consistentes en programas informáticos, así como las ventas realizadas de dichos activos. Además, deben tenerse en cuenta la evolución de la situación y las diferencias en el tratamiento normativo de las inversiones en programas informáticos a escala internacional, las distintas normas prudenciales que se aplican a las entidades y las compañías de seguros y la diversidad del sector financiero en la Unión, que incluye entidades no reguladas como las empresas de tecnología financiera.

(28)   Con el fin de evitar el efecto acantilado, es necesario que se aplique a los instrumentos existentes un criterio de anterioridad en lo referente a determinados criterios de admisibilidad. En el caso de los pasivos emitidos antes de ... [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], debe aplicarse una exención respecto de determinados criterios de admisibilidad para los instrumentos de fondos propios y los pasivos admisibles. Dicha anterioridad debe aplicarse tanto a los pasivos que puedan contabilizarse, cuando proceda, a efectos de la categoría subordinada de la capacidad total de absorción de pérdidas y de la categoría subordinada de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE, como a los pasivos que puedan contabilizarse, cuando proceda, a efectos de la categoría no subordinada de la capacidad total de absorción de pérdidas y de la categoría no subordinada de los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE. Para los instrumentos de fondos propios, la anterioridad debe finalizar el ... [seis años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

(29)   Los instrumentos de pasivos admisibles, incluidos aquellos cuyo vencimiento residual sea de menos de un año, únicamente podrán amortizarse previa autorización de la autoridad de resolución. La autorización previa puede ser de carácter general, en cuyo caso el reembolso tendría que producirse dentro del plazo y por el importe previstos en dicha autorización.

(30)  Desde la adopción del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la norma internacional sobre el tratamiento prudencial de las exposiciones de las entidades frente a las ECC ha sido modificada para mejorar el tratamiento de las exposiciones de las entidades frente a las ECC cualificadas (ECCC). De entre las modificaciones cabe destacar el uso de un método único de determinación del requisito de fondos propios para las exposiciones debidas a las contribuciones al fondo para impagos, un techo explícito para los requisitos de fondos propios totales aplicados a las exposiciones a las ECCC, y un enfoque más sensible al riesgo para determinar el valor de los derivados en el cálculo de los recursos hipotéticos de una ECCC. No obstante, el tratamiento de las exposiciones frente a las ECC no cualificadas no se modificó. Dado que las normas internacionales modificadas introdujeron un tratamiento más adaptado al entorno de compensación central, debe modificarse la legislación de la Unión para incorporar dichas normas.

(31)  A fin de que las entidades gestionen adecuadamente sus exposiciones en forma de participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva (OIC), las normas que establezcan el tratamiento de tales exposiciones deben ser sensibles al riesgo y fomentar la transparencia en lo que respecta a las exposiciones subyacentes de los OIC. Por ello, el CSBB adoptó una norma modificada que establece una jerarquía clara de métodos para calcular los importes de dichas exposiciones ponderadas por riesgo. Esa jerarquía refleja el grado de transparencia de las exposiciones subyacentes. El Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe ajustarse a estas normas acordadas a nivel internacional.

(32)   Por lo que respecta a las entidades que, en relación con una inversión en participaciones o acciones de un OIC, en particular en el marco de un plan de pensiones privado subvencionado con fondos públicos, ofrecen un compromiso de valor mínimo que, en última instancia, redunda en beneficio de los clientes minoristas, no se exige ningún pago por parte de las entidades u organismos de inversión incluidos en el mismo ámbito de aplicación de la consolidación prudencial, salvo que el valor de las participaciones o acciones del cliente se sitúe por debajo del importe garantizado en uno o varios momentos especificados en el contrato. Por lo tanto, en la práctica es poco probable que se ejecute el compromiso. Cuando el compromiso de valor mínimo de una entidad se limita a un porcentaje del importe inicialmente invertido por el cliente en participaciones o acciones de un OIC (compromiso de valor mínimo de importe fijo) o cuando se limita a un importe supeditado al rendimiento de determinados indicadores financieros o índices de mercado hasta una fecha determinada, toda diferencia positiva entre el valor de las acciones o participaciones del cliente y el valor actual del importe garantizado en una fecha determinada constituye un mecanismo de protección que reduce el riesgo de que la entidad tenga que abonar el importe garantizado. Por todo ello, procede aplicar un factor de conversión del crédito más reducido.

(33)  Para calcular el valor de exposición de las operaciones con derivados en el marco del riesgo de crédito de contraparte, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 ofrece actualmente a las entidades la posibilidad de elegir entre tres métodos normalizados diferentes: el método estándar, el método de valoración a precios de mercado y el método de riesgo original.

(34)  Sin embargo, esos métodos normalizados no reconocen debidamente la naturaleza de reducción del riesgo que tienen las garantías reales en las exposiciones. Sus calibraciones están obsoletas y no reflejan el alto nivel de volatilidad observado durante la crisis financiera. Tampoco reconocen debidamente los beneficios de la compensación por saldos netos. Para abordar estas deficiencias, el CSBB decidió sustituir el método estándar y el método de valoración a precios de mercado por un nuevo método normalizado de cálculo del valor de exposición de las operaciones con derivados, el denominado «método estándar para el riesgo de crédito de contraparte». Dado que las normas internacionales modificadas establecieron un nuevo método normalizado mejor adaptado al entorno de compensación central, debe modificarse la legislación de la Unión para incorporar dichas normas.

(35)  El método estándar para el riesgo de crédito de contraparte es más sensible al riesgo que el método estándar y el método de valoración a precios de mercado, por lo que debería dar lugar a unos requisitos de fondos propios que reflejen mejor los riesgos relacionados con las operaciones con derivados de las entidades. Al mismo tiempo, para algunas de las entidades que utilizan actualmente el método de valoración a precios de mercado, la aplicación del método estándar para el riesgo de crédito de contraparte puede resultar demasiado compleja y gravosa. Para las entidades que cumplan unos criterios de admisibilidad previamente definidos y para las que formen parte de un grupo que cumpla dichos criterios en base consolidada debe establecerse una versión simplificada del método estándar para el riesgo de crédito de contraparte («método estándar simplificado para el riesgo de crédito de contraparte»). Dado que dicha versión simplificada será menos sensible al riesgo, debe calibrarse adecuadamente, de modo que no subestime el valor de exposición de las operaciones con derivados.

(36)  Para las entidades que mantienen exposiciones ▌limitadas a derivados y que utilizan actualmente el método de valoración a precios de mercado o el método de la exposición original, podría resultar demasiado complejo aplicar tanto el método estándar para el riesgo de crédito de contraparte como su versión simplificada. Por consiguiente, el método de la exposición original debe mantenerse, como alternativa, para las entidades que cumplan unos criterios de admisibilidad previamente definidos y para las que formen parte de un grupo que cumpla dichos criterios en base consolidada, pero debe revisarse con el fin de subsanar sus principales deficiencias.

(37)  Para orientar a una entidad a la hora de elegir entre los métodos permitidos, deben fijarse criterios claros. Esos criterios deben basarse en la magnitud de sus actividades con derivados, que indica el grado de complejidad que una entidad debe ser capaz de asumir para calcular el valor de exposición.

(38)  Durante la crisis financiera, las pérdidas de la cartera de negociación de algunas entidades establecidas en la Unión fueron considerables. En algunos casos, el nivel de capital exigido frente a esas pérdidas resultó ser insuficiente, por lo que las entidades afectadas se vieron obligadas a solicitar ayuda financiera pública extraordinaria. Tales constataciones llevaron al CSBB a eliminar una serie de deficiencias en el tratamiento prudencial de las posiciones de la cartera de negociación, como los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado.

(39)  En 2009, se culminó a nivel internacional el primer conjunto de reformas, que se transpuso al Derecho de la Unión mediante la Directiva 2010/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(12). No obstante, la reforma de 2009 no se ocupó de las deficiencias estructurales de las normas relativas a los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado. La falta de claridad en cuanto a la línea divisoria entre la cartera de negociación y la cartera de inversión ofrecía posibilidades de arbitraje regulatorio, al tiempo que la falta de sensibilidad al riesgo de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado no permitía cubrir toda la gama de riesgos a los que estaban expuestas las entidades.

(40)  Para subsanar las deficiencias estructurales de las normas relativas a los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado, el CSBB inició la revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB o fundamental review of the trading book). Esta labor condujo a la publicación en enero de 2016 de un marco revisado relativo al riesgo de mercado. En diciembre de 2017, el Grupo de Gobernadores de los Bancos Centrales y Jefes de Supervisión acordó prorrogar la fecha de aplicación del marco revisado relativo al riesgo de mercado para que las entidades tuvieran más tiempo para implantar la infraestructura de sistemas necesaria, pero también para que el CSBB pudiera resolver determinadas cuestiones concretas relacionadas con el marco. Entre tales cuestiones se incluye la revisión de la calibración de los métodos de modelos internos y estándar para garantizar que se ajustan a las expectativas originales del CSBB. Tras finalizar esta revisión y antes de realizar una evaluación de impacto para evaluar los efectos de las revisiones resultantes del marco FRTB en las entidades de la Unión, todas las entidades de la Unión sujetas a este marco deben empezar a informar de los cálculos derivados del método estándar revisado. Con este fin, para que los cálculos de los requisitos de información estén completamente operativos en consonancia con la evolución a escala internacional, se deben delegar en la Comisión los poderes para adoptar un acto de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La Comisión debe adoptar el acto delegado a más tardar el 31 de diciembre de 2019. Las entidades deben empezar a comunicar el cálculo a más tardar un año después de la adopción del citado acto delegado. Además, las entidades que consigan la aprobación para utilizar el método revisado de modelos internos del marco FRTB a efectos de información deben también comunicar el cálculo según el método de modelo interno a los tres años de su plena puesta en marcha.

(41)   La introducción de requisitos de información a efectos de los métodos FRTB debe considerarse un primer paso hacia la plena aplicación del marco FRTB en la Unión. Teniendo en cuenta las revisiones finales del marco FRTB realizadas por el CSBB y los resultados de las evaluaciones de impacto de esas revisiones en las entidades de la Unión y en los métodos FRTB ya establecidos en el presente Reglamento para los requisitos de información, la Comisión debe presentar, si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 30 de junio de 2020, sobre cómo aplicar el marco FRTB en la Unión para establecer los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado.

(42)  Asimismo, debe darse también un tratamiento proporcionado en materia de riesgo de mercado a las entidades que tengan un volumen limitado de actividades de la cartera de negociación, de modo que un mayor número de entidades con un volumen limitado de actividades de la cartera de negociación pueda aplicar el marco del riesgo de crédito para las posiciones de la cartera de inversión, con arreglo a una versión revisada de la excepción aplicable a las carteras de negociación de pequeño volumen. También se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad cuando la Comisión vuelva a evaluar cómo deben calcular las entidades con carteras de negociación de volumen medio los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado. En particular, la calibración de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado para las entidades con carteras de negociación de volumen medio debe revisarse a la luz de la evolución a nivel internacional. Entre tanto, las entidades con carteras de negociación de volumen medio, así como las entidades con carteras de negociación de pequeño volumen, deben quedar exentas de los requisitos de información del FRTB.

(43)  A fin de aumentar la capacidad de las entidades para absorber pérdidas y cumplir mejor las normas internacionales, debe reforzarse el marco aplicable a las grandes exposiciones. A tal efecto, para el cálculo del límite de las grandes exposiciones debe emplearse como base de capital un capital de mayor calidad, y las exposiciones a derivados de crédito deben calcularse con arreglo al método estándar para el riesgo de crédito de contraparte. Además, debe rebajarse el límite a las exposiciones que las EISM pueden tener frente a otras EISM, con objeto de reducir los riesgos sistémicos derivados de las interconexiones entre entidades grandes, así como los efectos que el impago de la contraparte de la EISM pueda tener en la estabilidad financiera.

(44)  Si bien la ratio de cobertura de liquidez («LCR», por sus siglas en inglés) garantiza que las entidades sean capaces de soportar una gran tensión a corto plazo, no garantiza que tengan una estructura de financiación estable a más largo plazo. Así, se ha puesto de manifiesto que es preciso establecer a nivel de la Unión un requisito vinculante y detallado de financiación estable que se debe cumplir en todo momento, con el fin de evitar desfases de vencimiento excesivos entre los activos y los pasivos y un exceso de dependencia de la financiación mayorista a corto plazo.

(45)  Por consiguiente, en consonancia con la norma de financiación estable del CSBB, deben adoptarse normas que definan el requisito de financiación estable como la ratio entre el importe de la financiación estable disponible de una entidad y el importe de su financiación estable requerida para un período de un año. Este ▌ requisito vinculante debe denominarse «requisito relativo a la ratio de financiación estable neta» ▌(«NSFR», por sus siglas en inglés). El importe de la financiación estable disponible debe calcularse multiplicando el pasivo y los fondos propios de la entidad por los factores apropiados que reflejen su grado de fiabilidad durante el período de un año del NSFR. El importe de la financiación estable requerida debe calcularse multiplicando el activo y las exposiciones fuera de balance de la entidad por factores apropiados que reflejen sus características de liquidez y sus vencimientos residuales durante el período de un año del NSFR.

(46)  El NSFR debe expresarse en términos porcentuales y fijarse en un nivel mínimo del 100 %, lo que indica que la entidad posee financiación estable suficiente para satisfacer sus necesidades de financiación a lo largo de un período de un año, tanto en condiciones normales como en condiciones de tensión. Si su NSFR se sitúa por debajo del 100 %, la entidad debe cumplir los requisitos específicos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 para el oportuno restablecimiento de su NSFR en el nivel mínimo. La aplicación de las medidas de supervisión en caso de no conformidad con el requisito relativo al NSFR no debe ser automática ▌, sino que las autoridades competentes deben evaluar las razones por las que se incumple el requisito relativo al NSFR antes de establecer posibles medidas de supervisión.

(47)  De conformidad con las recomendaciones formuladas por la ABE en su informe de 15 de diciembre de 2015 sobre los requisitos de financiación estable neta, con arreglo al artículo 510 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las normas de cálculo del NSFR deben ajustarse estrechamente a las normas del CSBB, incluida la evolución de esas normas en lo que respecta al tratamiento de las operaciones con derivados. No obstante, la necesidad de tener en cuenta algunas especificidades europeas para garantizar que el requisito relativo al NSFR no constituya un obstáculo para la financiación de la economía real europea justifica que se hagan algunos ajustes del NSFR elaborado por el CSBB para definir el requisito relativo al NSFR europeo. Estos ajustes debidos al contexto europeo son recomendados por la ABE y se refieren fundamentalmente a tratamientos específicos para lo siguiente: modelos de amortización por traspaso de cobros («pass-through») en general y emisiones de bonos garantizados en particular, actividades de financiación del comercio, ahorro regulado centralizado, préstamos residenciales garantizados, ▌ cooperativas de crédito, y entidades de contrapartida central y depositarios centrales de valores (DCV) que no estén efectuando una transformación de vencimientos significativa. Estos tratamientos específicos propuestos reflejan, en líneas generales, el trato preferencial concedido a estas actividades en el LCR europeo con respecto al LCR elaborado por el CSBB. Dado que el NSFR y el LCR son complementarios, ambas ratios deben ser coherentes entre sí en su definición y calibración. Es el caso, en particular, de los factores de financiación estable requerida aplicados a los activos líquidos de alta calidad del LCR para el cálculo del NSFR que deben reflejar las definiciones y los recortes de valoración del LCR europeo, independientemente de la conformidad con los requisitos generales y operativos establecidos para el cálculo del LCR que no son adecuados para el período de un año del cálculo del NSFR.

(48)  Más allá de las especificidades europeas, el tratamiento ▌de las operaciones con derivados en el NSFR elaborado por el CSBB podría tener repercusiones importantes en las actividades con derivados de las entidades y, en consecuencia, en los mercados financieros europeos y en el acceso de los usuarios finales a algunas operaciones. Las operaciones con derivados y algunas operaciones conexas, incluidas las actividades de compensación, podrían verse afectadas de forma excesiva y desproporcionada por la introducción del NSFR elaborado por el CSBB, sin haber sido objeto de amplios estudios cuantitativos de impacto ni de consulta pública. El requisito adicional de poseer entre el 5 % y el 20 % de financiación estable frente a los pasivos por derivados brutos se suele considerar comúnmente una medida aproximada para cubrir los riesgos de financiación adicionales relacionados con el aumento potencial de los pasivos por derivados durante un período de un año y está siendo objeto de revisión en el CSBB. Este requisito, fijado en el 5 %, en consonancia con la discrecionalidad que el CSBB concede a las jurisdicciones para reducir el factor de financiación estable requerida frente a los pasivos por derivados brutos, podría modificarse posteriormente para tener en cuenta la evolución de la situación en el CSBB y evitar posibles consecuencias imprevistas, como los obstáculos al buen funcionamiento de los mercados financieros europeos y al suministro de instrumentos de cobertura de riesgos a las entidades y usuarios finales, incluidas las empresas, a fin de garantizar su financiación, uno de los objetivos de la Unión de los Mercados de Capitales.

(49)  La asimetría en el tratamiento por parte del CSBB de la financiación a corto plazo, como las operaciones con pacto de recompra (en las que no se reconoce la financiación estable) y las operaciones de préstamo a corto plazo como los pactos de recompra inversa (en las que se requiere un determinado nivel de financiación estable —un 10 % si están garantizadas por activos líquidos de alta calidad («HQLA», por sus siglas en inglés) de nivel 1, como se definen en el LCR, y un 15 % en el caso de las demás operaciones—) con clientes financieros, pretende disuadir la formación de amplios vínculos de financiación a corto plazo entre clientes financieros, puesto que tales vínculos son una fuente de interconexión que dificulta la resolución de una determinada entidad sin riesgo de contagio al resto del sistema financiero en caso de inviabilidad. No obstante, la calibración de la asimetría es ▌ prudente y podría afectar a la liquidez de los valores que se utilizan generalmente como garantías reales en operaciones a corto plazo, en especial los bonos soberanos, ya que las entidades reducirán probablemente el volumen de sus operaciones en los mercados de repos. También podría ir en detrimento de las actividades de creación de mercado, puesto que los mercados de repos facilitan la gestión del inventario necesario, con lo que se va en contra de los objetivos de la Unión de los Mercados de Capitales. Con el fin de ofrecer a las entidades tiempo suficiente para adaptarse gradualmente a esta calibración prudente, se debe establecer un período transitorio durante el que se reduzcan temporalmente los factores de financiación estable requerida. La magnitud de la reducción temporal de los factores de financiación estable requerida debe depender del tipo de operaciones y del tipo de garantías reales que se utilicen en dichas operaciones.

(50)  Además de la recalibración temporal del factor de financiación estable requerida establecido por el CSBB que se aplica a las operaciones de recompra inversa a corto plazo con clientes financieros garantizadas por bonos soberanos ▌, se ha constatado la necesidad de realizar otros ajustes para garantizar que la introducción del requisito relativo al NSFR no perjudique la liquidez de los mercados de bonos soberanos. El factor de financiación estable requerida del 5 % fijado por el CSBB que se aplica a los ALAC de nivel 1, incluidos los bonos soberanos, implica que las entidades tendrían que mantener financiación a largo plazo no garantizada y fácilmente disponible en ese mismo porcentaje, con independencia del tiempo durante el que prevean mantener tales bonos soberanos. Esto podría constituir un incentivo adicional para que las entidades depositen efectivo en los bancos centrales en lugar de actuar como intermediarios principales y aportar liquidez a los mercados de deuda soberana. Además, no es coherente con el LCR, que admite la liquidez total de esos activos incluso en períodos de graves crisis de liquidez (recorte de valoración del 0 %). Por consiguiente, el factor de financiación estable requerida de los ALAC de nivel 1 con arreglo al LCR de la UE, exceptuando los bonos garantizados de calidad sumamente elevada, debe reducirse del 5 % al 0 %.

(51)  Además, todos los ALAC de nivel 1, tal como se definen en el LCR europeo, excepto los bonos garantizados de calidad sumamente elevada, recibidos como márgenes de variación en los contratos de derivados deben compensar los activos por derivados, mientras que el NSFR elaborado por el CSBB solo acepta el efectivo que respete las condiciones del marco de apalancamiento para compensar los activos por derivados. Esta aceptación más amplia de los activos recibidos como márgenes de variación contribuirá a la liquidez de los mercados de bonos soberanos, evitará penalizar a los usuarios finales que poseen importes elevados de bonos soberanos pero poco efectivo (como los fondos de pensiones) y evitará añadir tensiones suplementarias a la demanda de efectivo en los mercados de recompra.

52)  El requisito relativo al NSFR debe aplicarse a las entidades tanto de forma individual como en base consolidada, a menos que las autoridades competentes las eximan de la aplicación individual. Cuando no se haya aplicado una exención a la aplicación del requisito relativo al NSFR de forma individual, las operaciones entre dos entidades que pertenezcan al mismo grupo o al mismo sistema institucional de protección deben recibir, en principio, factores simétricos de financiación estable disponible y requerida para evitar una pérdida de financiación en el mercado interior y no obstaculizar la gestión efectiva de liquidez en los grupos europeos que gestionen la liquidez de modo centralizado. Tales tratamientos simétricos preferenciales solo deben concederse a las operaciones intragrupo cuando se hayan dispuesto todas las salvaguardias necesarias, sobre la base de criterios adicionales para las operaciones transfronterizas, y únicamente con la aprobación previa de las autoridades competentes implicadas, ya que no se puede dar por supuesto que las entidades que experimenten dificultades para atender sus obligaciones de pago reciban siempre apoyo financiero de otras empresas pertenecientes al mismo grupo o al mismo sistema institucional de protección.

(53)   Debe brindarse a las entidades pequeñas y no complejas la oportunidad de aplicar una versión simplificada del requisito relativo al NSFR. Una versión simplificada, menos detallada, del NSFR debe requerir la recopilación de una cantidad limitada de datos, lo cual disminuiría la complejidad del cálculo para dichas entidades de conformidad con el principio de proporcionalidad y garantizaría al mismo tiempo que siguieran disponiendo de financiación estable suficiente mediante una calibración que debe ser al menos tan prudente como la del requisito relativo al NSFR no simplificado. No obstante, las autoridades competentes deben poder solicitar a las entidades pequeñas y no complejas que apliquen el requisito relativo al NSFR no simplificado en vez de la versión simplificada.

(54)  La consolidación de empresas filiales en terceros países debe tener en cuenta debidamente los requisitos de financiación estable aplicables en dichos países. En consecuencia, las normas de consolidación de la Unión no deben establecer para la financiación estable disponible y requerida en empresas filiales de terceros países un tratamiento más favorable que el aplicable en virtud de la legislación nacional de esos terceros países.

(55)  Las entidades deben tener la obligación de comunicar a sus autoridades competentes, en la divisa de referencia, el NSFR detallado vinculante para todos los elementos y, por separado, para los elementos denominados en cada divisa significativa, con objeto de garantizar un seguimiento adecuado de los posibles desajustes de divisas. El requisito relativo al NSFR no debe someter a las entidades a una doble obligación de presentación de información o a requisitos de información que no estén en consonancia con las normas en vigor, y debe darse a las entidades tiempo suficiente para prepararse para la entrada en vigor de nuevos requisitos de información.

(56)  Dado que suministrar al mercado información útil y comparable sobre los principales parámetros comunes de medición del riesgo es un principio fundamental de un sistema bancario sólido, es esencial reducir en la mayor medida posible la asimetría de la información y facilitar la comparabilidad de los perfiles de riesgo de las entidades de crédito dentro de cada jurisdicción y entre jurisdicciones. En enero de 2015, el CSBB publicó las normas de divulgación revisadas del tercer pilar para aumentar la comparabilidad, calidad y coherencia de la divulgación de información reglamentaria por parte de las entidades al mercado. Por lo tanto, es conveniente modificar los requisitos de divulgación de información existentes para aplicar esas nuevas normas internacionales.

(57)  Los encuestados que respondieron a la convocatoria de datos efectuada por la Comisión sobre el marco normativo de la UE para los servicios financieros consideraron que los requisitos actuales de divulgación de información son desproporcionados y gravosos para las entidades más pequeñas. Sin perjuicio de una adaptación más estrecha de la divulgación de información a las normas internacionales, a las entidades pequeñas y no complejas debe exigírseles divulgar información con menor frecuencia y menor detalle que a las más grandes, con lo que se reducirá la carga administrativa a la que están sometidas.

(58)   Es necesario clarificar en cierta medida qué información debe divulgarse sobre remuneración. Los requisitos de divulgación sobre remuneración previstos en el presente Reglamento deben ser compatibles con el objetivo de las normas sobre remuneración, es decir, establecer y mantener, con respecto a aquellas categorías de empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo de las entidades, políticas y prácticas en materia de remuneración compatibles con una gestión eficaz del riesgo. Además, las entidades que se benefician de una excepción a determinadas normas de remuneración deben estar obligadas a divulgar información sobre tal excepción.

(59)  Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son uno de los pilares de la economía de la Unión, dado su cometido fundamental en la creación de crecimiento económico y de empleo. Puesto que las pymes tienen un menor riesgo sistemático que las empresas más grandes, los requisitos de capital por las exposiciones frente a pymes deben ser inferiores a los aplicables a las grandes empresas, a fin de garantizar una financiación bancaria óptima de las pymes. En la actualidad, las exposiciones frente a pymes de hasta 1,5 millones de euros están sujetas a una reducción del 23,81 % del importe de la exposición ponderada por riesgo. Dado que el umbral de 1,5 millones de euros para una exposición frente a pymes no es indicativo de un cambio del nivel de riesgo de una pyme, la reducción de los requisitos de capital debe hacerse extensiva a las exposiciones frente a pymes ▌de hasta 2,5 millones de euros y ▌la parte de la exposición frente a pymes que sobrepase 2,5 millones de euros, debe estar sujeta a una reducción del 15 % de los requisitos de capital.

(60)  Las inversiones en infraestructuras son esenciales para reforzar la competitividad de Europa y estimular la creación de empleo. La recuperación y el crecimiento futuro de la economía de la Unión depende en gran medida de la disponibilidad de capital para inversiones estratégicas de relevancia europea en infraestructuras, en particular en redes de banda ancha y redes energéticas, así como en infraestructuras de transporte, también en infraestructuras para la electromovilidad, sobre todo en centros industriales; educación, investigación e innovación; y energías renovables y eficiencia energética. El Plan de Inversiones para Europa tiene como objetivo promover una financiación adicional para proyectos de infraestructuras viables mediante, entre otras cosas, la movilización de fuentes privadas de financiación adicionales. Para algunos posibles inversores, la principal preocupación es la impresión de que faltan proyectos viables y su limitada capacidad para evaluar debidamente el riesgo dada la complejidad intrínseca de los proyectos.

(61)  A fin de fomentar la inversión privada y pública en proyectos de infraestructuras, es esencial establecer un marco regulatorio que sea capaz de promover proyectos de infraestructuras de alta calidad y reducir los riesgos para los inversores. En particular, deben reducirse los requisitos de fondos propios por las exposiciones a proyectos de infraestructuras, siempre que cumplan una serie de criterios que permitan reducir su perfil de riesgo y mejorar la previsibilidad de los flujos de efectivo. La Comisión debe revisar la disposición sobre los proyectos de infraestructuras de alta calidad con el fin de evaluar: su impacto en el volumen de inversiones en infraestructuras por parte de las entidades y la calidad de las inversiones teniendo en cuenta los objetivos de la Unión de avanzar hacia una economía circular, con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático;, así como su idoneidad desde el punto de vista prudencial. La Comisión también debe estudiar la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación de dichas disposiciones a las inversiones en infraestructuras realizadas por las empresas.

(62)   Conforme a la recomendación de la ABE, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) creada por el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(13) y el Banco Central Europeo, las ECC, debido a su modelo de negocio específico, deben quedar exentas del requisito de la ratio de apalancamiento, ya que deben obtener una autorización bancaria simplemente para tener acceso a las facilidades del banco central a un día y deben cumplir su función como vehículos clave para la consecución de importantes objetivos políticos y normativos en el sector financiero.

(63)   Asimismo, las exposiciones de los DCV autorizados como entidades de crédito y las exposiciones de las entidades de crédito designadas de conformidad con el artículo 54, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(14), como el efectivo resultante de la provisión de cuentas de efectivo a los participantes en un sistema de liquidación de valores y a los titulares de cuentas de valores, así como de la aceptación de depósitos de estos, deben excluirse de la medida de la exposición total de la ratio de apalancamiento dado que no crean un riesgo de apalancamiento excesivo, puesto que dicho efectivo resultante se utiliza únicamente para liquidar operaciones en los sistemas de liquidación de valores.

(64)   Puesto que las orientaciones sobre fondos propios adicionales a que se refiere la Directiva 2013/36/UE son un objetivo de capital que refleja las expectativas de supervisión, no deben ser objeto de divulgación obligatoria ni de prohibición de divulgación por parte de las autoridades competentes en virtud del Reglamento (UE) n.° 575/2013 o dicha Directiva.

(65)  A fin de garantizar una definición adecuada de algunas disposiciones técnicas específicas del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de tener en cuenta la posible evolución de las normas a escala internacional, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación de la lista de productos o servicios cuyos activos y pasivos pueden considerarse interdependientes; en lo que respecta a modificar la lista de los bancos multilaterales de desarrollo; en lo que respecta a modificar los requisitos de información sobre riesgo de mercado; y en lo que respecta a determinar nuevos requisitos sobre liquidez. Antes de la adopción de dichos actos, reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(15). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(66)  Debe garantizarse la armonización coherente de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 mediante normas técnicas. Como organismo que dispone de conocimientos técnicos altamente especializados, debe otorgarse a la ABE el mandato de elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que no conlleven opciones políticas, para su presentación a la Comisión. Deben elaborarse normas técnicas de regulación en los ámbitos de la consolidación prudencial, los fondos propios, la TLAC, el tratamiento de las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles, la inversión de capital en fondos, el cálculo de las pérdidas en caso de impago de conformidad con el método basado en calificaciones internas para el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, las grandes exposiciones y la liquidez. Se deben conferir a la Comisión los poderes para adoptar dichas normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE y a los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. La Comisión y la ABE deben velar por que todas las entidades afectadas puedan aplicar esas normas y requisitos de manera proporcional a la naturaleza, la escala y la complejidad de dichas entidades y de sus actividades.

(67)  Para facilitar la comparabilidad de la divulgación de información, debe otorgarse a la ABE el mandato de elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución que establezcan plantillas normalizadas de divulgación de información que abarquen todos los requisitos principales de divulgación de información establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013. A la hora de elaborar dichas normas, la ABE debe tener en cuenta el tamaño y la complejidad de las entidades, así como la naturaleza y el nivel de riesgo de sus actividades. Debe informar sobre cómo podría mejorarse la proporcionalidad del paquete de la Unión sobre presentación de información con fines de supervisión en términos de alcance, precisión o frecuencia y ofrecer, al menos, unas recomendaciones concretas sobre cómo pueden reducirse los costes de cumplimiento medios para pequeñas entidades, preferentemente en un 20 % o más, y como mínimo en un 10 %, mediante una simplificación adecuada de los requisitos. Debe otorgarse a la ABE el mandato de elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución que acompañarán dicho informe. Se deben otorgar a la Comisión los poderes para adoptar dichas normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, con arreglo al artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

(68)  Con el fin de facilitar que las entidades cumplan las normas establecidas en el presente Reglamento y en la Directiva 36/2013/UE, así como las normas técnicas de regulación, las normas técnicas de ejecución, las directrices y las plantillas adoptadas para aplicar dichas normas, la ABE debe crear una herramienta informática que oriente a las entidades sobre las disposiciones, normas, directrices y plantillas pertinentes según su tamaño y su modelo de negocio.

(69)   Además del informe sobre las posibles reducciones de costes, a más tardar ... [doce meses tras la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la ABE debe, en cooperación con todas las autoridades pertinentes, a saber, las autoridades responsables de la supervisión prudencial y de los sistemas de garantía de depósitos y de resolución y, en particular, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), preparar un informe de viabilidad relativo a la elaboración de un sistema uniforme e integrado de recopilación de datos estadísticos, datos prudenciales y datos relativos a resoluciones. Teniendo en cuenta el trabajo previo del SEBC sobre la recopilación integrada de datos, dicho informe debe aportar un análisis de costes y beneficios relativo a la creación de un punto de recopilación de datos centralizado para un sistema integrado de datos en lo que respecta a los datos estadísticos y regulatorios para todas las entidades situadas dentro de la Unión. Dicho sistema debe, entre otras cosas, emplear definiciones y normas coherentes para los datos que deben recopilarse y asegurar un intercambio de información fiable y permanente entre las autoridades competentes, garantizando así la estricta confidencialidad de los datos recopilados, una autenticación y gestión sólidas del derecho de acceso al sistema, y la ciberseguridad. El objetivo es evitar, a través de dicha centralización y unificación del panorama europeo de presentación de información, la solicitud múltiple de datos similares o idénticos por parte de distintas autoridades y, de este modo, reducir de forma considerable la carga administrativa y financiera tanto para las autoridades competentes como para las entidades. Si procede, y teniendo en cuenta el informe de viabilidad de la ABE, la Comisión debe presentar una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo.

(70)   Las autoridades competentes o designadas pertinentes deben procurar evitar duplicaciones o incoherencias en el uso de las facultades macroprudenciales establecidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE. En particular, deben plantearse debidamente si las medidas que toman de conformidad con los artículos 124, 164 o 458 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 están duplicadas o son incoherentes con respecto a otras medidas existentes o que se puedan tomar en el futuro en virtud del artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE.

(71)  Habida cuenta de las modificaciones del tratamiento de las exposiciones a ECCC, más concretamente del tratamiento de las contribuciones de las entidades a los fondos para impagos de las ECCC, establecidas en el presente Reglamento, deben modificarse en consecuencia las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.º 648/2012(16), introducidas por el Reglamento (UE) n.º 575/2013, que especifican el cálculo del capital hipotético de las ECC que es utilizado luego por las entidades para calcular sus requisitos de fondos propios.

(72)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, reforzar y perfilar actos jurídicos de la Unión ya vigentes en los que se establecen los requisitos prudenciales uniformes aplicables a las entidades en toda la Unión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos

(73)  Con el fin de permitir desligarse correctamente de participaciones de seguros que no estén sujetas a supervisión adicional, procede aplicar una versión modificada de las disposiciones transitorias relativas a la exención de la deducción de las participaciones en el capital de empresas de seguros, con efecto retroactivo a 1 de enero de 2019.

(74)  Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013

El Reglamento (UE) n.º 575/2013 se modifica como sigue:

1)  Los artículos 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

«Artículo 1

Ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos prudenciales generales que las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera supervisadas conforme a la Directiva 2013/36/UE deberán cumplir en relación con:

   a) los requisitos de fondos propios relativos a elementos plenamente cuantificables, uniformes y normalizados del riesgo de crédito, del riesgo de mercado, del riesgo operativo ▌, del riesgo de liquidación y de apalancamiento;
   b) los requisitos destinados a limitar las grandes exposiciones;
   c) los requisitos de liquidez relativos a elementos plenamente cuantificables, uniformes y normalizados del riesgo de liquidez;
   d) los requisitos de información relativos a las letras a), b) y c);
   e) los requisitos de divulgación pública.

El presente Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles que deben cumplir las entidades de resolución que sean entidades de importancia sistémica mundial (EISM) o parte de EISM y las filiales significativas de EISM de fuera de la UE.

El presente Reglamento no regula los requisitos de publicación aplicables a las autoridades competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudenciales de las entidades que establece la Directiva 2013/36/UE.

Artículo 2

Facultades de supervisión

   1. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades competentes poseerán las competencias establecidas en la Directiva 2013/36/UE y en el presente Reglamento, y se atendrán a los procedimientos en ellos previstos.
   2. A efectos de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, las autoridades de resolución poseerán las competencias establecidas en la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo* y en el presente Reglamento, y se atendrán a los procedimientos en ellos previstos.
   3. A efectos de garantizar el cumplimiento de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles, las autoridades competentes y las autoridades de resolución cooperarán entre sí.
   4. A efectos de garantizar el cumplimiento, dentro de sus competencias respectivas, la Junta Única de Resolución, creada en virtud del artículo 42 del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo**, y el Banco Central Europeo, por lo que se refiere a asuntos relativos a las funciones que le confiere el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo***, mantendrán un intercambio periódico y fiable de información pertinente.

__________________

* Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n o  1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

** Reglamento (UE) n.° 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.° 1093/2010 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1)

*** Reglamento (UE) n.° 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63).».

"

2)  El artículo 4 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se modifica como sigue:

i)  El punto 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7) "Organismo de inversión colectiva" u "OIC": un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) tal como se define en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*, o un fondo de inversión alternativo (FIA) tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo**;

__________________

* Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).

** Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009 y (UE) n.º 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).».

"

ii)  El punto 20 se sustituye por el texto siguiente:"

«20) "Sociedad financiera de cartera": una entidad financiera cuyas filiales sean, exclusiva o principalmente, entidades o entidades financieras y que no sea una sociedad financiera mixta de cartera; las filiales de una entidad financiera son, principalmente, entidades o entidades financieras cuando al menos una de ellas es una entidad y cuando más del 50 % del capital, los activos consolidados, los ingresos, la dotación de personal u otros indicadores de la entidad financiera considerados pertinentes por la autoridad competente ▌está asociado a filiales que son entidades o entidades financieras.».

"

iii)  El punto 26 se sustituye por el texto siguiente:"

«26) "Entidad financiera": una empresa, distinta de una entidad y de una mera sociedad de participación industrial, cuya actividad principal consista en adquirir participaciones o en ejercer una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, puntos 2 a 12 y 15, de la Directiva 2013/36/UE, incluyendo las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las entidades de pago tal como se definen en el artículo 4, punto 4, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo*, y las sociedades de gestión de activos, pero excluyendo las sociedades de cartera de seguros y las sociedades mixtas de cartera de seguros tal como se definen en el artículo 212, apartado 1, letras f) y g), respectivamente, de la Directiva 2009/138/CE;

-----------------------------------------

* Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO L 337 de 23.12.2015, p. 35).».

"

iv)   El punto 28 se sustituye por el texto siguiente:"

28) "entidad matriz de un Estado miembro": entidad en un Estado miembro que tenga como filial una entidad, una entidad financiera o una empresa de servicios auxiliares, o que posea una participación en una entidad, entidad financiera o empresa de servicios auxiliares, y que no sea a su vez filial de otra entidad autorizada en el mismo Estado miembro o de una sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera establecida en ese mismo Estado miembro;».

"

v)   Se insertan los puntos siguientes:"

«29 bis) "empresa de inversión matriz de un Estado miembro": entidad matriz de un Estado miembro que sea una empresa de inversión;

   29 ter) "empresa de inversión matriz de la UE": entidad matriz de la UE que sea una empresa de inversión;
   29 quater) "entidad de crédito matriz de un Estado miembro": entidad matriz de un Estado miembro que sea una entidad de crédito;
   29 quinquies) "entidad de crédito matriz de la UE": entidad matriz de la UE que sea una entidad de crédito;».

"

vi)  En el punto 39, se añade el párrafo siguiente:"

«Se considerará que dos o más personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones establecidas en las letras a) o b) debido a su exposición directa a la misma ECC en lo que respecta a las actividades de compensación no constituyen un grupo de clientes vinculados entre sí.».

"

vii)   El punto 41 se sustituye por el texto siguiente:"

«41) "Supervisor en base consolidada": autoridad competente responsable de ejercer la supervisión en base consolidada de conformidad con el artículo 111 de la Directiva 2013/36/UE;».

"

viii)  En el punto 71, letra b), la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«b) a efectos del artículo 97, la suma de lo siguiente:».

"

ix)  En el punto 72, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) que sea un mercado regulado o un mercado de un tercer país que se considere equivalente a un mercado regulado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25, apartado 4, letra a), de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*;

__________________

* Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).».

"

x)  El punto 86 se sustituye por el texto siguiente:"

«86) "Cartera de negociación": todas las posiciones en instrumentos financieros y materias primas que posea una entidad, ya sea con fines de negociación o para cubrir cualquiera de las posiciones mantenidas con fines de negociación ▌de conformidad con el artículo 104 ▌;».

"

xi)  El punto 91 se sustituye por el texto siguiente:"

«91) "Exposición de negociación": la exposición actual, incluido el margen de variación debido al miembro compensador, pero todavía no recibido, y la futura exposición potencial de un miembro compensador o de un cliente, frente a una ECC originada por contratos y operaciones enumerados en el artículo 301, apartado 1, letras a), b) y c), así como los márgenes iniciales;».

"

xii)  El punto 96 se sustituye por el texto siguiente:"

«96) "Cobertura interna": una posición que compense de manera significativa los componentes de riesgo existentes entre una posición incluida en la cartera de negociación y una o varias posiciones incluidas en la cartera de inversión o entre dos mesas de negociación;».

"

xiii)   En el punto 127, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) que las entidades estén integradas en el mismo sistema institucional de protección a que se refiere el artículo 113, apartado 7, o estén permanentemente afiliadas a una red de un organismo central;».

"

xiv)   El punto 128 se sustituye por el texto siguiente:"

«128) "Partidas distribuibles": el importe de los resultados del último ejercicio cerrado, más los beneficios del ejercicio corriente y las reservas disponibles a tal fin, antes de las distribuciones a los titulares de los instrumentos de fondos propios, menos las pérdidas del ejercicio corriente, los beneficios no distribuibles de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional o los estatutos o reglamentos de la entidad y los saldos mantenidos en reservas no distribuibles de conformidad con la ley nacional o las normas de la entidad, en cada caso con respecto a la categoría específica de los instrumentos de fondos propios a la que se refieran el Derecho de la Unión o nacional o los estatutos o reglamentos de la entidad; siempre que estos beneficios, pérdidas y reservas estén determinados sobre la base de las cuentas individuales de la entidad y no de las cuentas consolidadas.».

"

xv)  Se añaden los puntos siguientes:"

«130) "Autoridad de resolución": una autoridad de resolución tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE;

   131) "Entidad de resolución": una entidad de resolución tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 83 bis, de la Directiva 2014/59/UE;
   132) "Grupo de resolución": un grupo de resolución tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 83 ter, de la Directiva 2014/59/UE;
   133) "Entidad de importancia sistémica mundial" o "EISM": una EISM que haya sido identificada de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 2, de la Directiva 2013/36/UE;
   134) "Entidad de importancia sistémica mundial de fuera de la UE" o "EISM de fuera de la UE": un grupo bancario o banco de importancia sistémica mundial (BISM) que no sea una EISM y esté incluido en la lista de BISM publicada por el Consejo de Estabilidad Financiera, actualizada periódicamente;
   135) "Filial significativa": una filial que, de forma individual o en base consolidada, cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
   a) que posea más del 5 % de los activos consolidados ponderados por riesgo de su empresa matriz original;
   b) que genere más del 5 % del total de los ingresos de explotación de su empresa matriz original;
   c) que la medida de su exposición total, a la que hace referencia el artículo 429, apartado 4 del presente Reglamento, sea superior al 5 % de la medida de la exposición consolidada total de su empresa matriz original.

A efectos de determinar cuál es la filial significativa, cuando sea de aplicación el artículo 21 ter, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, las dos empresas matrices intermedias de la UE se considerarán una única filial sobre la base de su situación consolidada;

   136) "Entidad EISM": una entidad con personalidad jurídica que sea una EISM o forme parte de una EISM o de una EISM de fuera de la UE;
   137) "Instrumento de recapitalización interna": un instrumento de recapitalización interna tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 57, de la Directiva 2014/59/UE;
   138) "Grupo": un grupo de empresas de las cuales al menos una es una entidad y que consta de una sociedad matriz y de sus filiales, o de empresas vinculadas conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*;
   139) "Operación de financiación de valores": una operación de recompra, una operación de préstamo o toma en préstamo de valores o materias primas, o una operación de préstamo con reposición del margen;

   140) "Margen inicial": toda garantía real, excepto el margen de variación, percibida por una entidad o aportada a esta para cubrir las exposiciones actuales y potenciales de una operación o de una cartera de operaciones en el período necesario para liquidar esas operaciones, o para volver a cubrir su riesgo de mercado, tras el impago de la contraparte en una operación o en una cartera de operaciones;
   141) "Riesgo de mercado": riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones de los precios del mercado, incluyendo las fluctuaciones de los tipos de cambio o de los precios de las materias primas;
   142) "Riesgo de tipo de cambio": riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones de los tipos de cambio;
   143) "Riesgo de materias primas": riesgo de pérdidas derivado de las fluctuaciones de los precios de las materias primas;
   144) "Mesa de negociación": un grupo de operadores bien determinado establecido por una entidad para gestionar conjuntamente una serie de posiciones en la cartera de negociación con arreglo a una estrategia comercial coherente y bien definida y que operan con la misma estructura de gestión de riesgos.
   145) "Entidad pequeña y no compleja": una entidad que reúna todas las condiciones siguientes:
   a) que no sea una entidad grande;
   b) que el valor total de sus activos de forma individual o, si procede, en base consolidada de conformidad con el presente Reglamento y con la Directiva 2013/36/UE sea por término medio equivalente o inferior al límite de 5 000 millones de euros durante el período de cuatro años inmediatamente anterior al actual período anual de presentación de información; los Estados miembros podrán reducir dicho límite;
   c) que no esté sujeta a obligaciones o esté sujeta a obligaciones simplificadas en relación con la planificación de la reestructuración y la resolución de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2014/59/UE;
   d) que su cartera de negociación esté clasificada como de pequeño volumen, de conformidad con el artículo 94, apartado 1;
   e) que el valor total de sus posiciones en derivados mantenidas con fines de negociación no supere el 2 % de su activo total dentro y fuera del balance y el valor total de sus posiciones en derivados no supere el 5 %, ambos calculados de conformidad con el artículo 273 bis, apartado 3;
   f) que más de un 75 % de los activos y de los pasivos totales consolidados de la entidad, excluidas en ambos casos las exposiciones dentro de un grupo, estén relacionados con actividades realizadas con entidades de contrapartida situadas en el Espacio Económico Europeo;
   g) que la entidad no utilice modelos internos para cumplir con los requisitos prudenciales de conformidad con el presente Reglamento, excepto para filiales que utilicen modelos internos elaborados por el grupo, siempre que el grupo esté sujeto a los requisitos de divulgación de información establecidos en el artículo 433 bis o en el artículo 433 quater en base consolidada;
   h) que la entidad no se haya opuesto ante la autoridad competente a su designación como entidad pequeña y no compleja;
   i) que la autoridad competente no haya decidido que la entidad no puede considerarse pequeña y no compleja a partir de un análisis de su tamaño, interdependencia, complejidad o perfil de riesgo.
   146) "Entidad grande": una entidad que cumpla cualquiera de las condiciones siguientes:
   a) que sea una EISM;
   b) que haya sido definida como otra entidad de importancia sistémica (OEIS), de conformidad con el artículo 131, apartados 1 y 3, de la Directiva 2013/36/UE;
   c) que sea, en el Estado miembro en el que esté establecida, una de las tres mayores entidades por valor total de los activos;
   d) que el valor total de sus activos de forma individual o, cuando proceda, sobre la base de su situación consolidada de conformidad con el presente Reglamento y con la Directiva 2013/36/UE, sea igual o superior a 30 000 millones de euros.
   147) “Filial grande”: una filial que puede considerarse entidad grande.
   (148) “Entidad no cotizada”: una entidad que no haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de un Estado miembro, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/65/UE.
   (149) “Informe financiero”: a los efectos de la octava parte, un informe financiero en el sentido de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**.

__________________

* Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

** Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38).».

"

b)  Se añade el apartado siguiente:"

«4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen las circunstancias en que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1, punto 39 ▌.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

"

3)  El artículo 6 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las entidades cumplirán de forma individual las obligaciones establecidas en las partes segunda, tercera, cuarta, séptima, séptima bis y octava del presente Reglamento y en el capítulo 2 del Reglamento (UE) 2017/2402, excepto lo dispuesto en el artículo 430, apartado 1, letra d) del presente Reglamento.».

"

b)  Se inserta el apartado siguiente:"

«1 bis. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, únicamente las entidades clasificadas como entidades de resolución que sean también EISM o formen parte de una EISM y que no tengan filiales deberán cumplir el requisito establecido en el artículo 92 bis de forma individual.

Las filiales significativas de una EISM de fuera de la UE ▌ deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 92 ter de forma individual cuando reúnan todas las condiciones siguientes:

   a) que no sean entidades de resolución;
   b) que no tengan filiales;
   c) que no sean filiales de una entidad matriz de la UE.».

"

c)  Los apartados 3, 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente:"

«3. Ninguna entidad que sea empresa matriz o filial ni ninguna entidad que se incluya en la consolidación con arreglo al artículo 18 estará obligada a cumplir de forma individual las obligaciones establecidas en la octava parte.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, las entidades a que se refiere el apartado 1 bis) del presente artículo cumplirán de forma individual lo dispuesto en el artículo 437 bis y en el artículo 447, letra h).

   4. Las entidades de crédito y las empresas de inversión autorizadas a prestar los servicios y actividades de inversión que se enumeran en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE cumplirán de forma individual las obligaciones establecidas en la parte sexta y en el artículo 430, apartado 1, letra d), del presente Reglamento.

Las entidades que se enumeran a continuación estarán exentas de cumplir lo dispuesto en el artículo 413, apartado 1, y los correspondientes requisitos de información de liquidez que establece la parte séptima bis del presente Reglamento:

   a) las entidades que también estén autorizadas con arreglo al artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012;
   b) las entidades que también estén autorizadas con arreglo al artículo 16 y al artículo 54, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 909/2014*, siempre que no efectúen una transformación de vencimientos significativa; y
   c) las entidades designadas de conformidad con el artículo 54, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 909/2014, siempre que:
   i) sus actividades se limiten a la prestación de los servicios de tipo bancario que se enumeran en la sección C, letras a) a e), del anexo del citado Reglamento, a depositarios centrales de valores autorizados de conformidad con el artículo 16 de dicho Reglamento; y
   ii) no efectúen una transformación de vencimientos significativa.

A la espera del informe de la Comisión previsto en el artículo 508, apartado 3, las autoridades competentes podrán eximir a las empresas de inversión de cumplir las obligaciones establecidas en la parte sexta y en el artículo 430, apartado 1, letra d), teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades.

   5. Las empresas de inversión a que se refieren el artículo 95, apartado 1, y el artículo 96, apartado 1 del presente Reglamento, las entidades respecto de las cuales las autoridades competentes hayan aplicado la excepción prevista en el artículo 7, apartados 1 o 3 del presente Reglamento, y las entidades que también estén autorizadas de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 648/2012 no estarán obligadas a cumplir de forma individual las obligaciones establecidas en la parte séptima y los correspondientes requisitos de información sobre la ratio de apalancamiento establecidos en la parte séptima bis del presente Reglamento.

_______________________

* Reglamento (UE) n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento (UE) n.° 236/2012 (DO L 257 de 28.8.2014, p. 1).

"

4)   El artículo 8 se modifica como sigue:

a)   En el apartado 1, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que la entidad matriz en base consolidada o la entidad filial en base subconsolidada controle y vigile en todo momento las posiciones de liquidez de todas las entidades del grupo o del subgrupo a las que se aplique la exención, controle y vigile en todo momento las posiciones de financiación de todas las entidades del grupo o del subgrupo cuando se aplique la exención respecto del requisito relativo a la ratio de financiación estable neta (NSFR) establecido en el título IV de la parte sexta, ▌y garantice un nivel suficiente de liquidez, y de financiación estable cuando se aplique la exención respecto del requisito relativo al NSFR establecido en el título IV de la parte sexta, por lo que respecta a todas las citadas entidades;».

"

b)   En el apartado 3, las letras b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:"

«b) la distribución de los importes, la ubicación y la propiedad de los activos líquidos que deba mantener el subgrupo único de liquidez cuando se aplique la exención respecto del requisito relativo ala la ratio de cobertura de liquidez (LCR) establecido en el reglamento delegado a que se refiere el artículo 460, apartado 1, y la distribución de los importes y la ubicación de la financiación estable disponible en el subgrupo único de liquidez cuando se aplique la exención respecto del requisito relativo al NSFR establecido en el título IV de la parte sexta del presente Reglamento;

   c) la determinación de los importes mínimos de activos líquidos que deben poseer las entidades exentas de la aplicación del requisito relativo al LCR establecido en el reglamento delegado a que se refiere el artículo 460, apartado 1, y la determinación de los importes mínimos de financiación estable disponible que deben poseer las entidades exentas de la aplicación del requisito relativo al NSFR establecido en el título IV de la parte sexta del presente Reglamento;».

"

c)  Se añade el apartado siguiente:"

6. Cuando, de conformidad con el presente artículo, una autoridad competente exima, total o parcialmente, de la aplicación de la parte sexta a una entidad, también podrá eximirla de la aplicación de los correspondientes requisitos de información sobre liquidez del artículo 430, apartado 1, letra d).».

"

5)  En el artículo 10, apartado 1, la parte introductoria del párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las autoridades competentes podrán, de conformidad con el Derecho nacional, eximir total o parcialmente de la aplicación de los requisitos establecidos en las partes segunda a octava del presente Reglamento y en el capítulo 2 del Reglamento (UE) 2017/2402 a una o más entidades de crédito situadas en el mismo Estado miembro y que estén afiliadas de forma permanente a un organismo central que las supervise y esté establecido en el mismo Estado miembro, si se cumplen las condiciones siguientes:».

"

6)  El artículo 11 se modifica como sigue:

a)  Los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Las entidades matrices de un Estado miembro cumplirán, en la medida y de la manera que dispone el artículo 18, las obligaciones establecidas en las partes segunda, tercera, cuarta, séptima y séptima bis sobre la base de su situación consolidada, excepto lo dispuesto en el artículo 430, apartado 1, letra d). Las empresas matrices y sus filiales a las que sea de aplicación lo dispuesto en el presente Reglamento establecerán una estructura organizativa adecuada y mecanismos apropiados de control interno para garantizar que los datos necesarios para la consolidación se traten y transmitan debidamente. En particular, velarán por que las filiales que no estén sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento apliquen sistemas, procedimientos y mecanismos que garanticen una consolidación adecuada.

   2. A fin de velar por la aplicación en base consolidada de los requisitos del presente Reglamento, los términos «entidad», «entidad matriz de un Estado miembro», «entidad matriz de la UE» y «empresa matriz», según el caso, también se referirán a:
   a) una sociedad financiera de cartera o sociedad financiera mixta de cartera aprobada de conformidad con el artículo 21 bis de la Directiva 2013/36/UE;
   b) una entidad designada que esté bajo el control de una sociedad financiera de cartera matriz o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz, cuando dicha sociedad matriz no esté sujeta a aprobación de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE;
   c) una sociedad financiera de cartera, sociedad financiera mixta de cartera o entidad designada de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 6, letra d) de la Directiva 2013/36/UE.

La situación consolidada de una entidad de las contempladas en el presente apartado, párrafo primero, letra b), será la situación consolidada de la sociedad financiera de cartera matriz o de la sociedad financiera mixta de cartera matriz que no esté sujeta a aprobación de conformidad con el artículo 21 bis, apartado 4, de la Directiva 2013/36/UE. La situación consolidada de una sociedad de las contempladas en el presente apartado, párrafo primero, letra c), será la situación consolidada de su sociedad financiera de cartera matriz o de su sociedad financiera mixta de cartera matriz.».

"

b)  Se suprime el apartado 3.

c)  Se inserta el apartado siguiente:"

«3 bis. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, únicamente las entidades matrices clasificadas como entidades de resolución que sean EISM o parte de una EISM o parte de una EISM de fuera de la UE deberán cumplir en base consolidada lo dispuesto en el artículo 92 bis del presente Reglamento, en la medida y de la manera indicadas en el artículo 18 del presente Reglamento.

Únicamente las empresas matrices de la UE que sean filiales significativas de una EISM de fuera de la UE y que no sean entidades de resolución deberán cumplir en base consolidada lo dispuesto en el artículo 92 ter del presente Reglamento, en la medida y de la manera indicadas en el artículo 18 del presente Reglamento. Cuando sea de aplicación el artículo 21 ter, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, cada una de las dos empresas matrices intermedias de la UE clasificadas conjuntamente como filiales significativas cumplirá lo dispuesto en el artículo 92 ter del presente Reglamento, cada una de ellas sobre la base de su situación consolidada.».

"

d)  Los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente:"

«4. Las entidades matrices de la UE cumplirán lo dispuesto en la parte sexta y en el artículo 430, apartado 1, letra d), del presente Reglamento sobre la base de su situación consolidada ▌, si el grupo comprende una o más entidades de crédito o empresas de inversión que estén autorizadas a prestar los servicios y actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE. A la espera del informe de la Comisión a que se refiere el artículo 508, apartado 2, del presente Reglamento, y cuando el grupo incluya únicamente empresas de inversión, las autoridades competentes podrán eximir a las entidades matrices de la UE del cumplimiento en base consolidada de lo dispuesto en la parte sexta y en artículo 430, apartado 1, letra d) del presente Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las empresas de inversión de que se trate.

Cuando se haya concedido una exención en virtud del artículo 8, apartados 1 a 5, las entidades y, en su caso, las sociedades financieras de cartera o las sociedades financieras mixtas de cartera que formen parte de un subgrupo de liquidez cumplirán lo dispuesto en la parte sexta y en el artículo 430, apartado 1, letra d), en base consolidada o subconsolidada del subgrupo de liquidez.

   5. Siempre que se aplique el artículo 10 del presente Reglamento, el organismo central mencionado en dicho artículo cumplirá lo dispuesto en las partes segunda a octava del presente Reglamento y en el capítulo segundo del Reglamento (UE) 2017/2402 sobre la base de la situación consolidada del conjunto constituido por el organismo central y sus entidades afiliadas.
   6. Además de los requisitos previstos en los apartados 1 a 5 del presente artículo, y sin perjuicio de otras disposiciones del presente Reglamento y de la Directiva 2013/36/UE, cuando a efectos de supervisión esté justificado por las características específicas del riesgo o de la estructura de capital de una entidad o cuando los Estados miembros adopten leyes nacionales que exijan la separación estructural de las actividades dentro de un grupo bancario, las autoridades competentes podrán exigir que una entidad cumpla las obligaciones establecidas en las partes segunda a octava del presente Reglamento y en el título VII de la Directiva 2013/36/UE en base subconsolidada.

La aplicación del planteamiento previsto en el párrafo primero se llevará a cabo sin perjuicio de la supervisión efectiva en base consolidada y no conllevará perjuicios desproporcionados para la totalidad o parte del sistema financiero de otros Estados miembros o de la Unión en su conjunto, ni constituirá un obstáculo ni creará obstáculos al funcionamiento del mercado interior.».

"

7)  Se suprime el artículo 12.

8)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 12 bis

Cálculo consolidado para las EISM con múltiples entidades de resolución

Cuando al menos dos entidades EISM pertenecientes a la misma EISM sean entidades de resolución, la entidad matriz de la UE de dicha EISM calculará el importe de fondos propios y pasivos admisibles contemplado en el artículo 92 bis, apartado 1, letra a) del presente Reglamento. El cálculo deberá realizarse sobre la base de la situación consolidada de la entidad matriz de la UE como si fuera la única entidad de resolución de la EISM.

Cuando el importe calculado de conformidad con el párrafo primero del presente artículo sea inferior a la suma de los importes de fondos propios y de pasivos admisibles a que se refiere el artículo 92 bis, apartado 1, letra a), del presente Reglamento, de todas las entidades de resolución que pertenezcan a dicha EISM, las autoridades de resolución deberán actuar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 quinquies, apartado 3, y el artículo 45 nonies, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE.

Cuando el importe calculado de conformidad con el párrafo primero del presente artículo sea superior a la suma de los importes de fondos propios y de pasivos admisibles a que se refiere el artículo 92 bis, apartado 1, letra a), del presente Reglamento, de todas las entidades de resolución que pertenezcan a dicha EISM, las autoridades de resolución podrán actuar de conformidad con el artículo 45 quinquies, apartado 3, y el artículo 45 nonies, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE.».

"

9)  Los artículos 13 y 14 se sustituyen por el texto siguiente:"

«Artículo 13

Aplicación de los requisitos de información en base consolidada

   1. Las entidades matrices de la UE cumplirán lo dispuesto en la octava parte sobre la base de su situación consolidada.

Las filiales grandes de las entidades matrices de la UE divulgarán la información especificada en los artículos 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis ▌y 453 de forma individual o, en su caso, de conformidad con el presente Reglamento y con la Directiva 2013/36/UE, en base subconsolidada.

   2. Las entidades clasificadas como entidades de resolución que sean una EISM o formen parte de una EISM cumplirán lo dispuesto en el artículo 437 bis y en el artículo 447, letra h), sobre la base de la situación ▌consolidada de su grupo de resolución.
   3. El apartado 1, párrafo primero, no se aplicará a las entidades matrices de la UE, a las sociedades financieras de cartera matrices de la UE, a las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la UE ni a las entidades de resolución cuando estén incluidas en información comparable publicada en base consolidada por una empresa matriz establecida en un tercer país.

El apartado 1, párrafo segundo, se aplicará a las filiales de empresas matrices establecidas en un tercer país cuando se considere que dichas filiales son filiales grandes.

   4. Siempre que se aplique el artículo 10, el organismo central a que se refiere dicho artículo cumplirá lo dispuesto en la octava parte sobre la base de su situación consolidada. El artículo 18, apartado 1, se aplicará al organismo central, y las entidades afiliadas tendrán la consideración de filiales de dicho organismo.

Artículo 14

Aplicación de los requisitos del artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/2402 en base consolidada

   1. Las empresas matrices y sus filiales que estén sujetas al presente Reglamento deberán cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/2402 en base consolidada o subconsolidada, a fin de garantizar que los sistemas, procedimientos y mecanismos con los que deban contar en virtud de tales obligaciones sean coherentes y estén bien integrados, y que se puedan facilitar todo tipo de datos e información pertinentes a efectos de supervisión. En particular, velarán por que las filiales que no estén sujetas a lo dispuesto en el presente Reglamento dispongan de sistemas, procedimientos y mecanismos que garanticen el cumplimiento de las citadas disposiciones.
   2. Las entidades aplicarán una ponderación por riesgo adicional, con arreglo al artículo 270 bis del presente Reglamento, al aplicar el artículo 92 del presente Reglamento en base consolidada o subconsolidada, si una entidad establecida en un tercer país, e incluida en la consolidación de acuerdo con el artículo 18 del presente Reglamento, vulnera los requisitos establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2017/2402, siempre que dicha infracción sea significativa en relación con el perfil de riesgo global del grupo.».

"

10)  En el artículo 15, apartado 1, la frase introductoria del párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

«1. El supervisor en base consolidada podrá eximir, caso por caso, de la aplicación de la parte tercera, los correspondientes requisitos de información establecidos en la parte séptima bis del presente Reglamento y en el título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE, excepto el artículo 430, apartado 1, letra d), del presente Reglamento, en base consolidada siempre que concurran las condiciones siguientes:».

"

11)  El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 16

Excepción a la aplicación de los requisitos de ratio de apalancamiento en base consolidada a los grupos de empresas de inversión

Cuando todas las entidades de un grupo de empresas de inversión, incluida la entidad matriz, sean empresas de inversión que estén exentas de la aplicación de los requisitos establecidos en la parte séptima de forma individual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 5, la empresa de inversión matriz podrá optar por no aplicar en base consolidada los requisitos establecidos en la parte séptima y los correspondientes requisitos de información de la ratio de apalancamiento.».

"

12)  El artículo 18 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 18

Métodos de consolidación prudencial

   1. Las entidades, las sociedades financieras de cartera y las sociedades financieras mixtas de cartera que estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos en la sección 1 del presente capítulo sobre la base de su situación consolidada efectuarán la plena consolidación de todas las entidades y entidades financieras que sean filiales suyas. Los apartados 3 a 6 y el apartado 9 del presente artículo no se aplicarán cuando la parte sexta y el artículo 430, apartado 1, letra d), se apliquen sobre la base de la situación consolidada de una entidad, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera o de la situación subconsolidada de un subgrupo de liquidez conforme a los artículos 8 y 10.

A efectos del artículo 11, apartado 3 bis, las entidades que estén obligadas a cumplir los requisitos establecidos en los artículos 92 bis o 92 ter en base consolidada efectuarán la plena consolidación de todas las entidades y entidades financieras que sean filiales suyas en los respectivos grupos de resolución.

   2. Las empresas de servicios auxiliares se incluirán en la consolidación en los casos y según los métodos señalados en el presente artículo.
   3. En el caso de que las empresas estén vinculadas conforme a lo dispuesto en el artículo 22, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE, las autoridades competentes determinarán la forma en que se realizará la consolidación.
   4. El supervisor en base consolidada exigirá la consolidación proporcional en función de la parte de capital que representen las participaciones en entidades y en entidades financieras dirigidas por una empresa incluida en la consolidación conjuntamente con una o varias empresas no incluidas en la consolidación, cuando la responsabilidad de dichas empresas se limite a la parte de capital que posean.
   5. En casos de participaciones u otros vínculos de capital distintos de los contemplados en los apartados 1 y 4, las autoridades competentes determinarán si debe llevarse a cabo la consolidación y de qué forma. En particular, podrán permitir o prescribir la utilización del método de equivalencia. No obstante, la utilización de ese método no constituirá una inclusión de las empresas de que se trate en la supervisión en base consolidada.
   6. Las autoridades competentes decidirán si, en los casos siguientes, debe efectuarse la consolidación, y de qué forma:
   a) cuando, a juicio de las autoridades competentes, una entidad ejerza una influencia significativa en una o varias entidades o entidades financieras, pero sin tener una participación u otros vínculos de capital en estas entidades; y
   b) cuando dos o más entidades o entidades financieras se encuentren bajo dirección única, sin que esta haya sido establecida por contrato o por medio de cláusulas estatutarias.

En particular, las autoridades competentes podrán permitir o prescribir la utilización del método previsto en el artículo 22, apartados 7, 8 y 9, de la Directiva 2013/34/UE. No obstante, la utilización de ese método no constituirá una inclusión de las empresas de que se trate en la supervisión consolidada.

   7. Cuando una entidad tenga una filial que sea una empresa distinta de una entidad, una entidad financiera o una empresa de servicios auxiliares o posea una participación en tal empresa, aplicará a dicha filial o participación el método de equivalencia. No obstante, la utilización de ese método no constituirá una inclusión de las empresas de que se trate en la supervisión en base consolidada.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, las autoridades competentes podrán permitir o exigir a las entidades que apliquen un método distinto a esas filiales o participaciones, en particular el método exigido en el marco contable aplicable, siempre que:

   a) la entidad no aplique ya el método de equivalencia el … [18 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo];
   b) la aplicación del método de equivalencia sea injustificadamente gravoso o este no refleje adecuadamente los riesgos que la empresa a que se refiere el párrafo primero representa para la entidad; y
   c) el método aplicado no tenga como resultado la plena consolidación o la consolidación proporcional de la empresa.
   8. Las autoridades competentes podrán exigir la plena consolidación o la consolidación proporcional de una filial o una empresa en la que una entidad posea una participación, cuando esa filial o esa empresa no sea una entidad, una entidad financiera o una empresa de servicios auxiliares y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que la empresa no sea una empresa de seguros, una empresa de seguros de un tercer país, una empresa de reaseguros, una empresa de reaseguros de un tercer país, una sociedad de cartera de seguros o un empresa excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/138/CE, de conformidad con el artículo 4 de dicha Directiva;
   b) que exista un riesgo sustancial de que la entidad decida prestar apoyo financiero a dicha empresa en condiciones de tensión, en ausencia o por encima de cualquier obligación contractual de prestar dicho apoyo.
   9. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar en qué condiciones ha de efectuarse la consolidación en los casos mencionados en los apartados 3 a 6 y en el apartado 8.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

"

13)  El artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 22

Subconsolidación en el caso de entidades de terceros países

   1. Las entidades filiales aplicarán los requisitos establecidos en los artículos 89, 90 y 91, y en las partes tercera, cuarta y séptima, y los correspondientes requisitos de información establecidos en la parte séptima bis, sobre la base de su situación subconsolidada cuando dichas entidades posean una entidad o una entidad financiera como filial en un tercer país o posean una participación en tales entidades.
   2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las entidades filiales podrán optar por no aplicar los requisitos establecidos en los artículos 89, 90 y 91 y en las partes tercera, cuarta y séptima, y los correspondientes requisitos de información establecidos en la parte séptima bis, sobre la base de su situación subconsolidada cuando los activos totales y las partidas fuera de balance de sus filiales y las participaciones en terceros países sean inferiores al 10 % del importe total de los activos y las partidas fuera de balance de la entidad filial.».

"

14)  El título de la parte segunda se sustituye por el texto siguiente:"

«FONDOS PROPIOS Y PASIVOS ADMISIBLES».

"

(15)   En el artículo 26, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Las autoridades competentes evaluarán si las emisiones de instrumentos de capital cumplen los criterios establecidos en el artículo 28 o, cuando proceda, en el artículo 29. Las entidades clasificarán las emisiones de instrumentos de capital como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario solo después de que las autoridades competentes hayan concedido la autorización correspondiente.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades podrán clasificar como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario las emisiones posteriores de un tipo de instrumento de capital de nivel 1 ordinario para el que ya hayan recibido la autorización correspondiente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

   a) las disposiciones por las que se rigen las emisiones posteriores son sustancialmente las mismas que aquellas por las que se rigen las emisiones para las que las entidades ya han recibido la autorización;
   b) las entidades han informado a las autoridades competentes de las emisiones posteriores con una antelación suficiente a su clasificación como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.

Las autoridades competentes consultarán a la ABE antes de autorizar que nuevos tipos de instrumentos de capital sean clasificados como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. Las autoridades competentes tendrán debidamente en cuenta el dictamen de la ABE y, cuando decidan apartarse de dicho dictamen, lo comunicarán por escrito a la ABE en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su recepción, exponiendo los motivos por los que se apartan del mismo. El presente párrafo no se aplica a los instrumentos de capital a que se refiere el artículo 31.

A partir de la información facilitada por las autoridades competentes, la ABE elaborará, mantendrá y publicará una lista de todos los tipos de instrumentos de capital de cada Estado miembro que se puedan clasificar como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, la ABE podrá recopilar cualquier información relacionada con los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario que considere necesaria para determinar el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 28 o, en su caso, en el artículo 29 del presente Reglamento, y para mantener y actualizar la lista a que se refiere el presente párrafo.

Tras el proceso de revisión establecido en el artículo 80 y cuando existan pruebas suficientes de que los instrumentos de capital en cuestión no cumplen o han dejado de cumplir los criterios establecidos en el artículo 28 o, en su caso, en el artículo 29, la ABE podrá decidir no incluir dichos instrumentos en la lista a que se refiere el párrafo cuarto o suprimirlos de esta, según proceda. La ABE hará un anuncio a tal efecto en el que también se hará referencia a la posición de la autoridad competente al respecto. El presente párrafo no se aplica a los instrumentos de capital a que se refiere el artículo 31.».

"

(16)   El artículo 28 se modifica como sigue:

a)   El apartado 1 se modifica como sigue:

i)   la letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que estén completamente desembolsados y su adquisición no haya sido financiada directa o indirectamente por la entidad;»;

"

ii)   se añade el párrafo siguiente:"

«A los efectos del párrafo primero, letra b), únicamente la parte de un instrumento de capital que esté completamente desembolsada podrá clasificarse como instrumento de capital de nivel 1 ordinario.».

"

b)   En el apartado 3 se añaden los párrafos siguientes:"

«La condición prevista en el apartado 1, párrafo primero, letra h), inciso v), se considerará satisfecha aunque la filial esté sujeta a un acuerdo de transferencia de pérdidas y ganancias con la empresa matriz que la obligue a transferirle su resultado anual tras la formulación de los estados financieros anuales, siempre que concurran todas las condiciones siguientes:

   a) que la empresa matriz posea el 90 % o más de los derechos de voto y del capital de la filial;
   b) que la empresa matriz y la filial estén ubicadas en el mismo Estado miembro;
   c) que el acuerdo se haya celebrado con fines fiscales legítimos;
   d) que al elaborar sus estados financieros anuales la filial tenga discrecionalidad para acordar una reducción del importe de las distribuciones mediante la contabilización de la totalidad o parte de sus beneficios como reservas propias o fondos para riesgos bancarios generales antes de efectuar pago alguno a su empresa matriz;
   e) que la empresa matriz esté obligada en virtud del acuerdo a compensar plenamente a la filial por todas las pérdidas de esta;
   f) que el acuerdo esté sujeto a un plazo de preaviso con arreglo al cual la resolución del acuerdo únicamente pueda tener lugar al final de un ejercicio contable, sin que dicha resolución pueda surtir efectos antes del inicio del ejercicio contable siguiente, de modo que la obligación de la empresa matriz de compensar plenamente a la filial por todas las pérdidas que sufra en el ejercicio contable en curso permanezca inalterada.

Cuando una entidad haya celebrado un acuerdo de transferencia de pérdidas y ganancias, lo notificará a la autoridad competente sin demora y le proporcionará una copia del acuerdo. La entidad también notificará a la autoridad competente, sin demora, cualesquiera modificaciones del acuerdo y la resolución de este. Ninguna entidad celebrará más de un acuerdo de transferencia de pérdidas y ganancias.».

"

17)  En el artículo 33, apartado 1, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) pérdidas y ganancias al valor razonable, por pasivos por derivados de la entidad que sean consecuencia de cambios en el propio riesgo de crédito de la entidad.».

"

18)  El artículo 36 se modifica como sigue:

a)   El apartado 1 se modifica como sigue:

i)   La letra b) se sustituye por el texto siguiente:"

«b) activos intangibles, con la excepción de los activos consistentes en programas informáticos que hayan sido valorados con prudencia y cuyo valor no se vea perjudicado en caso de resolución, insolvencia o liquidación de la entidad;».

"

ii)   Se añade la letra siguiente:"

«n) en relación con un compromiso de valor mínimo con arreglo a lo previsto en el artículo 132 quater, apartado 2, toda diferencia negativa entre el valor actual de mercado de las participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva que sustentan el compromiso de valor mínimo y el valor actual del compromiso de valor mínimo, siempre que la entidad no haya reconocido ya al respecto una reducción de los elementos del capital de nivel 1 ordinario.».

"

b)   Se añade el apartado siguiente:"

«4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen la aplicación de las deducciones señaladas en el apartado 1, letra b), en particular en lo que respecta a la importancia de los efectos negativos en el valor que no resulten problemáticos desde el punto de vista de los requisitos prudenciales.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [doce meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

"

19)  En el artículo 37, se añade la letra siguiente:"

«c) del importe a deducir se detraerá el importe de la revalorización contable de los activos intangibles de las filiales derivada de la consolidación de las filiales atribuible a personas que no sean las empresas incluidas en la consolidación con arreglo a lo dispuesto en la parte primera, título II, capítulo 2.».

"

20)  En el artículo 39, apartado 2, la parte introductoria del párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:"

Los activos por impuestos diferidos que no dependen de rendimientos futuros se limitarán a los activos por impuestos diferidos que fueran creados antes del 23 de noviembre de 2016 y que se deriven de diferencias temporarias, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:».

"

21)  En el artículo 45, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:"

«i) que el vencimiento de la posición corta sea el mismo que el de la posición larga o posterior, o que la posición corta tenga un vencimiento residual de al menos un año;».

"

22)  El artículo 49 se modifica como sigue:▌

a)  En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:"

«El presente apartado no se aplicará al calcular los fondos propios a efectos de lo dispuesto en los artículos 92 bis y 92 ter, que se calcularán con arreglo al marco de deducción establecido en el artículo 72 sexies, apartado 4.».

"

b)  El apartado 3, se modifica como sigue:

i)  en la letra a), inciso iv), la última frase se sustituye por el texto siguiente:"

«El balance consolidado o el cálculo agregado ampliado se notificarán a las autoridades competentes con la frecuencia establecida en las normas técnicas de ejecución a que se refiere el artículo 430, apartado 7.»;

"

ii)  en la letra a), inciso v), la primera frase se sustituye por el texto siguiente:"

«v) las entidades incluidas en un sistema institucional de protección cumplan conjuntamente, con un carácter consolidado o agregado ampliado, los requisitos establecidos en el artículo 92 e informen del cumplimiento de esos requisitos con arreglo al artículo 430;».

"

23)  En el artículo 52, el apartado 1 se modifica como sigue:

a)  La letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) que hayan sido emitidos directamente por una entidad y estén completamente desembolsados;».

"

b)   En la letra b) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que no sean propiedad de:».

"

c)   la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) que la adquisición de la propiedad de los instrumentos no haya sido financiada directa o indirectamente por la entidad;»;

"

d)   la letra h) se sustituye por el texto siguiente:"

«h) que, si los instrumentos incluyen una o más opciones de reembolso anticipado, incluidas las opciones de compra, el ejercicio de dichas opciones dependa exclusivamente de la voluntad del emisor;»;

"

e)   la letra j) se sustituye por el texto siguiente:"

«j) que las disposiciones que regulen los instrumentos no indiquen explícita o implícitamente que los instrumentos serán rescatados amortizados o recomprados, según proceda, por la entidad, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la misma, y que la entidad no lo indique de ningún otro modo;»;

"

f)  la letra p) se sustituye por el texto siguiente:"

«p) que, cuando el emisor esté establecido en un tercer país y haya sido designado de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/59/UE como parte de un grupo de resolución cuya entidad de resolución esté establecida en la Unión, o cuando el emisor esté establecido en un Estado miembro, la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad de resolución de ejercer las competencias de amortización y conversión a que se refiere el artículo 59 de dicha Directiva, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;

cuando el emisor esté establecido en un tercer país y no haya sido designado de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/59/UE como parte de un grupo de resolución cuya entidad de resolución esté establecida en la Unión, que la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad del tercer país competente, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;»;

"

g)  ▌ se añaden las letras ▌siguientes:"

«q) que, cuando el emisor esté establecido en un tercer país y haya sido designado de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/59/UE como parte de un grupo de resolución cuya entidad de resolución esté establecida en la Unión, o cuando el emisor esté establecido en un Estado miembro, los instrumentos solo puedan emitirse conforme a la legislación de un tercer país, o bien queden sujetos a ella de otro modo, si, en virtud de esa legislación, el ejercicio de las competencias de amortización y conversión a que se refiere el artículo 59 de dicha Directiva es efectivo y aplicable con arreglo a disposiciones reglamentarias o disposiciones contractuales exigibles legalmente que reconozcan la resolución u otras acciones de amortización o conversión;

   r) que los instrumentos no estén sujetos a ▌un acuerdo de compensación recíproca o de compensación por saldos netos ▌ que pueda afectar a su capacidad de absorción de pérdidas.»;

"

h)   se añade el párrafo siguiente:"

«A los efectos del párrafo primero, letra a), únicamente la parte de un instrumento de capital que esté completamente desembolsada podrá ser considerada como un instrumento de capital de nivel 1 adicional.».

"

24)   En el artículo 54, apartado 1, se añade la letra siguiente:"

«e) cuando los instrumentos de capital de nivel 1 adicional hayan sido emitidos por una empresa filial establecida en un tercer país, el umbral del 5,125 % o superior mencionado en la letra a) se calculará de conformidad con el Derecho nacional del tercer país o con las disposiciones contractuales que regulen los instrumentos, siempre que la autoridad competente, previa consulta a la ABE, tenga la convicción de que dichas disposiciones son al menos equivalentes a los requisitos establecidos en el presente artículo.».

"

25)  En el artículo 59, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:"

«i) que el vencimiento de la posición corta sea el mismo que el de la posición larga o posterior, o que la posición corta tenga un vencimiento residual de al menos un año;».

"

26)  En el artículo 62, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) instrumentos de capital ▌ si se reúnen las condiciones establecidas en el artículo 63, y en la medida especificada en el artículo 64;».

"

27)  El artículo 63 se modifica como sigue:

a)  la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Los instrumentos de capital se considerarán instrumentos de capital de nivel 2 si se cumple lo siguiente:»;

"

b)   la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) que los instrumentos hayan sido emitidos directamente ▌ por una entidad y estén completamente desembolsados;»;

"

c)   en la letra b) la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«b) que los instrumentos no sean propiedad de:»;

"

d)   las letras c) y d) se sustituyen por el texto siguiente:"

«c) que la adquisición de la propiedad de los instrumentos no haya sido financiada directa o indirectamente por la entidad;

   d) que el crédito sobre el importe de principal de los instrumentos, en virtud de las disposiciones que regulen los instrumentos, tenga una prelación inferior a cualesquiera otros créditos sobre instrumentos de pasivos admisibles;»;

"

e)   en la letra e), la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«e) que los instrumentos no estén avalados o cubiertos por una garantía que mejore la prelación del crédito en caso de insolvencia o liquidación por ninguna de las siguientes empresas:»;

"

f)   la letras f) a n) se sustituyen por el texto siguiente:"

«f) que los instrumentos no estén sujetos a ningún acuerdo que eleve la prelación de los créditos derivados de los instrumentos;

   g) que los instrumentos tengan un vencimiento inicial de al menos cinco años;
   h) que las disposiciones que regulen los instrumentos no prevean incentivos para que la entidad amortice o reembolse, según proceda, su importe de principal antes de su vencimiento;
   i) que, si los instrumentos incluyen una o más opciones de amortización anticipada, incluidas las opciones de compra, el ejercicio de dichas opciones dependa exclusivamente de la voluntad del emisor;
   j) que los instrumentos puedan ser rescatados, amortizados, reembolsados o recomprados anticipadamente solo si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 77, y en ningún caso antes de que transcurran cinco años desde la fecha de emisión, excepto cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 78, apartado 4;
   k) que las disposiciones que regulen los instrumentos no indiquen explícita o implícitamente que estos serán rescatados, amortizados, reembolsados o recomprados anticipadamente, según proceda, por la entidad, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la misma, y que la entidad no lo indique de ningún otro modo;
   l) que las disposiciones que los regulen no faculten al titular para acelerar los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la entidad;
   m) que el nivel de los pagos de intereses o dividendos, según proceda, adeudados por los instrumentos, no se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad o de su empresa matriz;
   n) que, cuando el emisor esté establecido en un tercer país y haya sido designado de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/59/UE como parte de un grupo de resolución cuya entidad de resolución esté establecida en la Unión, o cuando el emisor esté establecido en un Estado miembro, la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad de resolución de ejercer las competencias de amortización y conversión a que se refiere el artículo 59 de dicha Directiva, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;

cuando el emisor esté establecido en un tercer país y no haya sido designado de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/59/UE como parte de un grupo de resolución cuya entidad de resolución esté establecida en la Unión, que la legislación o las disposiciones contractuales que regulen los instrumentos establezcan que, previa decisión de la autoridad del tercer país competente, el importe de principal de los instrumentos habrá de amortizarse de manera permanente o los instrumentos habrán de convertirse en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario;»;

"

g)  se añaden las letras siguientes:"

«o) que, cuando el emisor esté establecido en un tercer país y haya sido designado de conformidad con el artículo 12 de la Directiva 2014/59/UE como parte de un grupo de resolución cuya entidad de resolución esté establecida en la Unión, o cuando el emisor esté establecido en un Estado miembro, los instrumentos solo puedan emitirse conforme a la legislación de un tercer país, o bien queden sujetos a ella de otro modo, si, en virtud de esa legislación, el ejercicio de las competencias de amortización y conversión a que se refiere el artículo 59 de dicha Directiva es efectivo y aplicable con arreglo a disposiciones reglamentarias o disposiciones contractuales exigibles legalmente que reconozcan la resolución u otras acciones de amortización o conversión;

   p) que los instrumentos no estén sujetos a ▌ un acuerdo de compensación recíproca o de compensación por saldos netos ▌ que pueda afectar a su capacidad de absorción de pérdidas.»;

"

h)   se añade el párrafo siguiente:"

«A los efectos del párrafo primero, letra a), únicamente la parte del instrumento de capital que esté completamente desembolsada podrá ser considerada como instrumento de capital de nivel 2.».

"

28)  El artículo 64 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 64

Amortización de los instrumentos de capital de nivel 2

   1. El importe total de los instrumentos de capital de nivel 2 con un vencimiento residual de más de cinco años se considerará elementos del capital de nivel 2.
   2. La medida en que los instrumentos de capital de nivel 2 se considerarán elementos del capital de nivel 2 en los cinco años anteriores al vencimiento de dichos instrumentos se calculará multiplicando el resultado obtenido en el cálculo a que se refiere la letra a) por el importe a que se refiere la letra b), a saber:
   a) el valor contable de los instrumentos ▌ el primer día del período de cinco años anterior al vencimiento contractual dividido por el número de días de ese período;
   b) el número de días restantes hasta el vencimiento contractual de los instrumentos▌.».

"

29)  En el artículo 66, se añade la letra siguiente:"

«e) el importe de los elementos que han de deducirse de los elementos de los pasivos admisibles, con arreglo al artículo 72 sexies, que exceda los elementos de los pasivos admisibles de la entidad.».

"

30)  En el artículo 69, letra a), el inciso i) se sustituye por el texto siguiente:"

«i) que el vencimiento de la posición corta sea el mismo que el de la posición larga o posterior, o que la posición corta tenga un vencimiento residual de al menos un año;».

"

31)  Tras el artículo 72 se inserta el capítulo siguiente:"

«CAPÍTULO 5 bis

Pasivos admisibles

Sección 1

Elementos e instrumentos de los pasivos admisibles

Artículo 72 bis

Elementos de los pasivos admisibles

   1. Los elementos de los pasivos admisibles serán los siguientes, a menos que pertenezcan a una de las categorías de pasivos excluidos enumeradas en el apartado 2 del presente artículo y en la medida especificada en el artículo 72 quater:
   a) los instrumentos de pasivos admisibles, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 72 ter, en la medida en que no se consideren elementos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2;
   b) los instrumentos de capital de nivel 2 con un vencimiento residual de al menos un año, en la medida en que no se consideren elementos del capital de nivel 2 de conformidad con el artículo 64.
   2. Los pasivos siguientes quedarán excluidos de los elementos de los pasivos admisibles:
   a) los depósitos garantizados;
   b) los depósitos a la vista y los depósitos a corto plazo con un vencimiento inicial inferior a un año;
   c) la parte de los depósitos admisibles de las personas físicas y de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas que exceda del nivel de cobertura a que se refiere el artículo 6 de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*;
   d) los depósitos que serían depósitos admisibles de personas físicas, microempresas y pequeñas y medianas empresas si no fueran depósitos constituidos en sucursales situadas fuera de la Unión de entidades establecidas en la Unión;
   e) los pasivos garantizados, incluidos los bonos garantizados y los pasivos en forma de instrumentos financieros utilizados con fines de cobertura que sean parte integrante del conjunto de cobertura y que, con arreglo a la normativa nacional, estén garantizados de un modo similar al de los bonos garantizados, siempre que todos los activos garantizados relacionados con un conjunto de cobertura de bonos garantizados permanezcan inmutables y segregados y dispongan de financiación suficiente, excluida cualquier parte de un pasivo garantizado o de un pasivo al que se hubiera prestado una garantía real que exceda el valor de los activos, la pignoración, la prenda o la garantía real que constituyen su contraparte;
   f) los pasivos resultantes de la tenencia de activos o dinero de clientes, incluidos activos o dinero de clientes depositados en nombre de organismos de inversión colectiva, siempre y cuando el cliente esté protegido con arreglo a la normativa vigente en materia de insolvencia;
   g) los pasivos resultantes de una relación fiduciaria entre una entidad de resolución o cualquiera de sus filiales (como fideicomisario) y otra persona (como beneficiario), a condición de que dicho beneficiario esté protegido con arreglo a la normativa en materia de insolvencia o al Derecho civil vigentes;
   h) los pasivos contraídos con entidades, excluidos los pasivos con entidades que formen parte del mismo grupo, con un vencimiento original inferior a siete días;
   i) los pasivos que tengan un plazo de vencimiento restante inferior a siete días, respecto de:
   i) los sistemas u operadores de sistema designados de conformidad con la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo**;
   ii) los participantes en un sistema designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE y que se deriven de la participación en dicho sistema; o
   iii) las ECC de terceros países reconocidas de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 648/2012;
   j) los pasivos contraídos con:
   i) empleados ▌ en relación con salarios, pensiones u otras remuneraciones fijas devengados, excepto si se trata del componente variable de la remuneración que no está regulado por un acuerdo de negociación colectiva y excepto si se trata del componente variable de la remuneración de los empleados que asumen riesgos significativos tal como se contempla en el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE;
   ii) acreedores comerciales ▌ cuando los pasivos resulten del suministro a la entidad o la empresa matriz de bienes o servicios que son esenciales para la realización de sus actividades, incluidos los servicios de tecnologías de la información, los suministros públicos de carácter básico y el alquiler, mantenimiento y limpieza de locales;
   iii) administraciones fiscales o de la seguridad social, siempre que tales pasivos tengan carácter preferente de acuerdo con la normativa aplicable;
   iv) los sistemas de garantía de depósitos ▌ cuando los pasivos resulten de las aportaciones adeudadas de conformidad con la Directiva 2014/49/UE;
   k) los pasivos surgidos de derivados;
   l) los pasivos surgidos de instrumentos de deuda con derivados implícitos.

A efectos del párrafo primero, letra l), los instrumentos de deuda que contengan opciones de reembolso anticipado ejercitables a criterio del emisor o del titular, y los instrumentos de deuda con intereses variables derivados de un tipo de referencia ampliamente utilizado, como el Euribor o el Libor, no se considerarán instrumentos de deuda con derivados implícitos únicamente por estas características.

Artículo 72 ter

Instrumentos de pasivos admisibles

   1. Los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles ▌ cuando cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo y únicamente en la medida en que se especifica en el mismo.
   2. Los pasivos se considerarán instrumentos de pasivos admisibles siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que hayan sido emitidos o contraídos directamente, según proceda, por una entidad y plenamente desembolsados;
   b) que no sean propiedad de:
   i) la entidad o una entidad incluida en el mismo grupo de resolución;
   ii) una empresa en la que la entidad posea una participación directa o indirecta, en forma de propiedad, directa o mediante vínculo de control, del 20 % o más de los derechos de voto o del capital de dicha empresa;
   c) que la adquisición de la propiedad de los pasivos no haya sido financiada directa o indirectamente por la entidad de resolución;
   d) que el crédito sobre el importe de principal de los pasivos, en virtud de las disposiciones que regulen los instrumentos, esté totalmente subordinado a los créditos derivados de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2; dicho requisito de subordinación se considerará cumplido en cualquiera de los casos siguientes:
   i) cuando las disposiciones contractuales aplicables a los pasivos especifiquen que, en el caso de los procedimientos de insolvencia ordinarios, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 47, de la Directiva 2014/59/UE, el crédito sobre el importe de principal de los instrumentos tiene una prelación inferior a la de los créditos derivados de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2 del presente Reglamento;
   ii) cuando la legislación aplicable ▌ especifique que, en el caso de los procedimientos de insolvencia ordinarios, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 47, de la Directiva 2014/59/UE, el crédito sobre el importe de principal de los instrumentos tiene una prelación inferior a la de los créditos derivados de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2 del presente Reglamento;
   iii) que los instrumentos hayan sido emitidos por una entidad de resolución que no tenga en su balance pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2 del presente Reglamento, con una prelación igual o inferior a la de los instrumentos de pasivos admisibles;
   e) que los pasivos no estén avalados o cubiertos por una garantía personal u otro mecanismo que mejore la prelación del crédito por:
   i) la entidad o sus filiales;
   ii) la empresa matriz de la entidad o sus filiales;
   iii) cualquier empresa que mantenga estrechos vínculos con las entidades a que se refieren los incisos i) y ii);
   f) que los pasivos no estén sujetos ▌ a un acuerdo de compensación recíproca o de compensación por saldos netos ▌ que pueda afectar a su capacidad de absorción de pérdidas en caso de resolución;
   g) que las disposiciones que regulan los pasivos no prevean incentivos para el rescate, la amortización, la recompra antes del vencimiento o el reembolso anticipado del importe de principal por la entidad, según proceda, con excepción de los casos a que se refiere el artículo 72 quater, apartado 3;
   h) que los pasivos no sean amortizables por los titulares de los instrumentos antes de su vencimiento, excepto en los casos a que se refiere el artículo 72 quater, apartado 2;
   i) que, con arreglo al artículo 72 quater, apartados 3 y 4, si los pasivos incluyen una o más ▌ opciones de reembolso anticipado, incluidas las opciones de rescate, el ejercicio de dichas opciones dependa exclusivamente de la voluntad del emisor, excepto en los casos a que se refiere el artículo 72 quater, apartado 2;
   j) que los pasivos solo puedan rescatarse, amortizarse, reembolsarse o recomprarse anticipadamente si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 77 y 78 bis;
   k) que las disposiciones que regulen los pasivos no indiquen explícita o implícitamente que los pasivos serán ▌ rescatados, amortizados, reembolsados o recomprados anticipadamente, según proceda, por la entidad de resolución, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la entidad, y que la entidad no lo indique de ningún otro modo;
   l) que las disposiciones que regulen los pasivos no faculten al titular para acelerar los pagos futuros previstos de intereses o del principal, salvo en caso de insolvencia o liquidación de la entidad de resolución;
   m) que el nivel de los pagos de intereses o dividendos, según proceda, adeudados por los pasivos no ▌ se modifique en función de la calidad crediticia de la entidad de resolución o de su empresa matriz;
   n) que para los instrumentos emitidos después del… [dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], la documentación contractual pertinente y, cuando corresponda, el folleto relacionado con la emisión mencionen explícitamente la posibilidad de ejercer las competencias de amortización y conversión conforme al artículo 48 de la Directiva 2014/59/UE. ▌

A los efectos del párrafo primero, letra a), únicamente las partes de los pasivos que estén completamente desembolsadas podrán ser consideradas como instrumentos de pasivos admisibles.

A los efectos del párrafo primero, letra d) del presente artículo, cuando alguno de los pasivos excluidos a los que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2, están subordinados a créditos ordinarios no garantizados conforme a la normativa nacional en materia de insolvencia, entre otros motivos, debido a que están en manos de un acreedor que tiene estrechos vínculos con el deudor, por ser o haber sido accionista, estar o haber estado en una relación de supervisión o de grupo, ser o haber sido miembro del órgano de dirección o estar o haber estado relacionado con cualquiera de esas personas, la subordinación no se evaluará en relación con los créditos derivados de dichos pasivos exclusivos.

   3. Además de los pasivos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la autoridad de resolución podrá permitir que se consideren instrumentos de pasivos admisibles los pasivos hasta un importe agregado que no supere el 3,5 % del importe de la exposición total al riesgo calculada con arreglo al artículo 92, apartados 3 y 4, siempre que:
   a) se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto la establecida en el apartado 2, párrafo primero, letra d);
   b) los pasivos tengan la misma prelación que los pasivos excluidos con el peor rango a que se hace referencia en el artículo 72 bis, apartado 2 del presente artículo, excepto los pasivos excluidos que está subordinados a créditos ordinarios no garantizados en virtud de la legislación nacional sobre insolvencia, mencionados en el apartado 2, párrafo tercero; y
   c) la inclusión de esos pasivos en los elementos de los pasivos admisibles no dé lugar a riesgos significativos de impugnación legal satisfactoria o reclamaciones de indemnización válidas, según la valoración de la autoridad de resolución de conformidad con los principios mencionados en el artículo 34, apartado 1, letra g), y en el artículo 75 de la Directiva 2014/59/UE.

   4. La autoridad de resolución podrá permitir que los pasivos se consideren instrumentos de pasivos admisibles además de los pasivos a que se refiere el apartado 2, siempre que:
   a) ▌no le esté permitido a la entidad incluir en los elementos de los pasivos admisibles los pasivos a que se refiere ▌ el apartado 3 ▌;
   b) se cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto la establecida en el apartado 2, párrafo primero, letra d);
   c) los pasivos tengan una prelación igual o superior a la de los pasivos excluidos con el peor rango a que se hace referencia en el artículo 72 bis, apartado 2, con excepción de los pasivos excluidos subordinados a créditos ordinarios no garantizados conforme a la legislación nacional en materia de insolvencia a que se hace referencia en el apartado 2, párrafo tercero del presente artículo;
   d) en el balance de la entidad el importe de los pasivos excluidos a que se refiere el artículo 72 bis, apartado 2, que tengan una prelación igual o inferior a la de dichos pasivos en caso de insolvencia no supere el 5 % del importe de fondos propios y pasivos admisibles de la entidad;
   e) la inclusión de esos pasivos en los elementos de los pasivos admisibles no dé lugar a riesgos significativos de impugnación legal satisfactoria o reclamaciones de indemnización válidas, según la valoración de la autoridad de resolución de conformidad con los principios mencionados en el artículo 34, apartado 1, letra g), y ▌ en el artículo 75 de la Directiva 2014/59/UE.
   5. La autoridad de resolución únicamente podrá permitir a las entidades ▌ incluir ▌ los pasivos a que se refieren el apartado 3 o el 4 como elementos de los pasivos admisibles.

   6. La ▌ autoridad de resolución consultará a la autoridad competente a la hora de examinar si se cumplen las condiciones del presente artículo.
   7. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
   a) las formas aplicables y la naturaleza de la financiación indirecta de los instrumentos de pasivos admisibles;
   b) la forma y la naturaleza de los incentivos amortizados a efectos de la condición enunciada en el presente artículo, apartado 2, párrafo primero, letra g), y en el artículo 72 quater, apartado 3.

Dichos proyectos de normas técnicas de regulación se ajustarán totalmente al acto delegado a que se refiere el artículo 28, apartado 5, letra a), y el artículo 52, apartado 2, letra a).

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

Artículo 72 quater

Amortización de los instrumentos de pasivos admisibles

   1. Los instrumentos de pasivos admisibles con un vencimiento residual de un año como mínimo se considerarán plenamente elementos de los pasivos admisibles.

Los instrumentos de pasivos admisibles con un vencimiento residual inferior a un año no se considerarán elementos de los pasivos admisibles.

   2. A efectos del apartado 1, cuando un instrumento de pasivos admisibles incluya una opción de amortización ejercitable por el titular con anterioridad al vencimiento original declarado del instrumento, el vencimiento del instrumento se definirá como la fecha más temprana posible en la que el titular pueda ejercer la opción de amortización y solicitar la amortización o el reembolso del instrumento.
   3. A efectos del apartado 1, cuando un instrumento de pasivos admisibles incluya un incentivo para que el emisor rescate, amortice, reembolse o recompre el instrumento con anterioridad al vencimiento original declarado del mismo, el vencimiento de este se definirá como la fecha más temprana posible en la que el emisor pueda ejercer tal opción y solicitar la amortización o el reembolso del instrumento.
   4. A efectos del apartado 1, cuando un instrumento de pasivos admisibles incluya opciones de amortización anticipada, cuyo ejercicio dependa exclusivamente de la voluntad del emisor con anterioridad al vencimiento original declarado del instrumento, pero cuando las disposiciones que regulen los instrumentos no prevean incentivos para rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar el instrumento antes del vencimiento y no incluyan opciones de amortización o de reembolso a discreción de los titulares, el vencimiento del instrumento se definirá como el vencimiento original declarado.

Artículo 72 quinquies

Consecuencias del cese del cumplimiento de las condiciones de admisibilidad

En el caso de los instrumentos de pasivos admisibles, cuando las condiciones aplicables establecidas en el artículo 72 ter dejen de cumplirse, los pasivos dejarán inmediatamente de considerarse instrumentos de pasivos admisibles.

Los pasivos a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 2, podrán seguir considerándose instrumentos de pasivos admisibles siempre y cuando puedan considerarse instrumentos de pasivos admisibles en virtud del artículo 72 ter, apartados 3 o 4.

Sección 2

Deducciones de los elementos de los pasivos admisibles

Artículo 72 sexies

Deducciones de los elementos de los pasivos admisibles

   1. Las entidades que estén sujetas al artículo 92 bis deducirán lo siguiente de los elementos de los pasivos admisibles:
   a) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles propios, incluidos los pasivos propios que esa entidad pueda estar obligada a adquirir como consecuencia de compromisos contractuales vigentes;
   b) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM con las que la entidad posea tenencias recíprocas que, a juicio de la autoridad competente, estén destinadas a incrementar artificialmente la capacidad de absorción de pérdidas y de recapitalización de la entidad de resolución;
   c) el importe pertinente de las tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM, determinado conforme al artículo 72 decies, cuando la entidad no tenga una inversión significativa en esas entidades;
   d) sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM, cuando la entidad tenga una inversión significativa en esas entidades, excluidas las posiciones de aseguramiento mantenidas durante cinco días hábiles o menos.
   2. A efectos de la presente sección, todos los instrumentos de igual rango que los instrumentos de pasivos admisibles se tratarán como instrumentos de pasivos admisibles, a excepción de los instrumentos de igual rango que los instrumentos reconocidos como pasivos admisibles con arreglo al artículo 72 ter, apartados 3 y 4.
   3. A efectos de la presente sección, las entidades podrán calcular el importe de las tenencias de instrumentos de pasivos admisibles a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 3, del siguiente modo:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000002.png

donde:

h = importe de las tenencias de instrumentos de pasivos admisibles a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 3;

i = índice que designa la entidad emisora;

Hi = importe total de las tenencias de pasivos admisibles de la entidad emisora i a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 3;

li = importe de los pasivos incluidos en los elementos de los pasivos admisibles por la entidad emisora i dentro de los límites especificados en el artículo 72 ter, apartado 3, según los últimos datos divulgados por la entidad emisora;

Li = importe total de los pasivos pendientes de la entidad emisora i a que se refiere el artículo 72 ter, apartado 3, según los últimos datos divulgados por el emisor.

   4. Cuando una entidad matriz de la UE o una entidad matriz de un Estado miembro que esté sujeta al artículo 92 bis tenga tenencias directas, indirectas o sintéticas de instrumentos de fondos propios o de instrumentos de pasivos admisibles de una o varias filiales no pertenecientes al mismo grupo de resolución que la entidad matriz, la autoridad de resolución de esa entidad matriz, tras considerar debidamente la opinión de las autoridades de resolución de las filiales afectadas, podrá permitir que la entidad matriz deduzca dichas tenencias deduciendo un importe menor especificado por la autoridad de resolución de dicha entidad matriz. Ese importe ajustado deberá ser como mínimo igual al importe (m), calculado del siguiente modo:

𝑚𝑖=máx{0;𝑂𝑃𝑖+𝐿𝑃𝑖−𝑚á𝑥{0;𝛽∙[𝑂𝑖+𝐿𝑖−𝑟𝑖∙a𝑅𝑊𝐴𝑖]}}

donde:

i = índice que designa la filial;

OPi = importe de los instrumentos de fondos propios emitidos por la filial i y mantenidos por la entidad matriz;

LPi = importe de los elementos de los pasivos admisibles emitidos por la filial i y mantenidos por la entidad matriz;

𝛽 = porcentaje de instrumentos de fondos propios y elementos de los pasivos admisibles emitidos por la filial i ▌ y mantenidos por la entidad matriz;

Oi = importe de los fondos propios de la filial i, sin contar la deducción calculada con arreglo al presente apartado;

Li = importe de los pasivos admisibles de la filial i, sin contar la deducción calculada con arreglo al presente apartado;

ri = ratio aplicable a la filial i en el nivel de su grupo de resolución de conformidad con el artículo 92 bis, apartado 1, letra a), del presente Reglamento y con el artículo 45 quinquies de la Directiva 2014/59/UE;

aRWAi = importe total de la exposición al riesgo de la entidad EISM i, calculado de conformidad con el artículo 92, apartados 3 y 4, teniendo en cuenta los ajustes del artículo 12.

Cuando la entidad matriz esté autorizada a deducir un importe ajustado de conformidad con el párrafo primero, la diferencia entre el importe de las tenencias de instrumentos de fondos propios e instrumentos de pasivos admisibles a que se refiere el párrafo primero y ese importe ajustado será deducido por la filial ▌.

Artículo 72 septies

Deducción de tenencias de instrumentos propios de pasivos admisibles

A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letra a), las entidades calcularán las tenencias basándose en las posiciones largas brutas, con las siguientes excepciones:

   a) las entidades podrán calcular el importe de las tenencias sobre la base de la posición larga neta, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
   i) que las posiciones largas y cortas se refieran a la misma exposición subyacente y que las posiciones cortas no tengan riesgo de contraparte;
   ii) que tanto las posiciones largas como las cortas estén incluidas bien en la cartera de negociación, bien en la cartera de inversión;
   b) las entidades determinarán el importe a deducir por las tenencias directas, indirectas y sintéticas de valores sobre índices calculando la exposición subyacente a los instrumentos propios de pasivos admisibles en esos índices;
   c) las entidades podrán compensar las posiciones largas brutas en instrumentos propios de pasivos admisibles originadas por la tenencia de valores sobre índices con las posiciones cortas en instrumentos propios de pasivos admisibles originadas por posiciones cortas en los índices subyacentes, incluso cuando esas posiciones cortas conlleven riesgo de contraparte, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
   i) que las posiciones largas y cortas se refieran a los mismos índices subyacentes;
   ii) que tanto las posiciones largas como las cortas estén incluidas bien en la cartera de negociación, bien en la cartera de inversión.

Artículo 72 octies

Base de deducción de los elementos de los pasivos admisibles

A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letras b), c) y d), las entidades deducirán las posiciones largas brutas, con las excepciones establecidas en los artículos 72 nonies y 72 decies.

Artículo 72 nonies

Deducción de tenencias de pasivos admisibles de otras entidades EISM

Las entidades que no se acojan a la excepción prevista en el artículo 72 undecies ▌ efectuarán las deducciones a que se refiere el artículo 72 sexies, apartado 1, letras c) y d), de conformidad con lo siguiente:

   a) podrán calcular las tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles basándose en la posición larga neta en la misma exposición subyacente, siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
   i) que la fecha de vencimiento de la posición corta sea o bien la misma o bien posterior a la fecha de vencimiento de la posición larga, o que el vencimiento residual de la posición corta sea de al menos un año ▌;
   ii) que tanto la posición larga como la posición corta estén incluidas bien en la cartera de negociación, bien en la cartera de inversión;
   b) determinarán el importe a deducir por las tenencias directas, indirectas y sintéticas de valores sobre índices tomando en consideración la exposición subyacente a los instrumentos de pasivos admisibles en esos índices.

Artículo 72 decies

Deducción de pasivos admisibles cuando la entidad no tenga una inversión significativa en entidades EISM

   1. A efectos del artículo 72 sexies, apartado 1, letra c), las entidades calcularán el importe a deducir pertinente multiplicando el importe a que se refiere la letra a) del presente apartado por el factor resultante del cálculo a que se refiere la letra b) del presente apartado:
   a) el importe agregado en que sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 de entidades del sector financiero y de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM en las que la entidad no tenga una inversión significativa excedan del 10 % de los elementos del capital de nivel 1 ordinario de la entidad tras aplicar lo siguiente:
   i) los artículos 32 a 35;
   ii) el artículo 36, apartado 1, letras a) a g), letra k), incisos ii) a v), y letra l), excluido el importe a deducir por los activos por impuestos diferidos que dependan de rendimientos futuros y se deriven de diferencias temporaleas;
   iii) los artículos 44 y 45;
   b) el importe de sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM en las que la entidad no tenga una inversión significativa, dividido por el importe agregado de sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 de entidades del sector financiero y de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM en las que la entidad de resolución no tenga una inversión significativa.
   2. Las entidades excluirán las posiciones de aseguramiento mantenidas durante cinco días hábiles o menos de los importes a que se refiere el apartado 1, letra a), y del cálculo del factor de conformidad con el apartado 1, letra b).
   3. El importe que ha de deducirse conforme al apartado 1 se distribuirá entre todos los instrumentos de pasivos admisibles de una entidad EISM mantenidos por la entidad. Las entidades determinarán el importe de cada instrumento de pasivos admisibles que se deducirá conforme al apartado 1 multiplicando el importe especificado en la letra a) del presente apartado por la proporción especificada en su letra b):
   a) el importe de las tenencias que ha de deducirse conforme al apartado 1;
   b) la proporción del importe agregado de sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles de entidades EISM en las que la entidad no tenga una inversión significativa representada por cada instrumento de pasivos admisibles que esta posea.
   4. El importe de las tenencias a que se refiere el artículo 72 sexies, apartado 1, letra c), que sea igual o inferior al 10 % de los elementos del capital de nivel 1 ordinario de la entidad una vez aplicadas las disposiciones del apartado 1, letra a), incisos i), ii) y iii), del presente artículo, no se deducirá y estará sujeto a las ponderaciones de riesgo aplicables conforme a la parte tercera, título II, capítulo 2 o 3, y a lo establecido en la parte tercera, título IV, según proceda.
   5. Las entidades determinarán el importe de cada instrumento de pasivos admisibles que se pondere por riesgo con arreglo al apartado 4 multiplicando el importe de las tenencias sujeto a ponderación por riesgo con arreglo al apartado 4 por la proporción resultante del cálculo a que se refiere el apartado 3, letra b).

Artículo 72 undecies

Excepción aplicable a las deducciones de elementos de los pasivos admisibles en la cartera de negociación

   1. Las entidades podrán optar por no deducir una parte determinada de sus tenencias directas, indirectas y sintéticas de instrumentos de pasivos admisibles, que, en términos agregados y medida sobre una base larga bruta, sea igual o inferior al 5 % de sus elementos del capital de nivel 1 ordinario tras aplicar lo dispuesto en los artículos 32 a 36, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que se trate de tenencias de la cartera de negociación;
   b) que los instrumentos de pasivos admisibles se mantengan durante un período no superior a 30 días hábiles.
   2. Los importes de los elementos que no se deduzcan con arreglo al apartado 1 estarán sujetos a los requisitos de fondos propios aplicables a los elementos de la cartera de negociación.
   3. En el caso de las tenencias no deducidas con arreglo al apartado 1, cuando dejen de cumplirse las condiciones establecidas en dicho apartado, las tenencias se deducirán de conformidad con el artículo 72 octies sin aplicarse las excepciones previstas en los artículos 72 nonies y 72 decies.

Sección 3

Fondos propios y pasivos admisibles

Artículo 72 duodecies

Pasivos admisibles

Los pasivos admisibles de una entidad consistirán en los elementos de sus pasivos admisibles una vez efectuadas las deducciones a que se refiere el artículo 72 sexies.

Artículo 72 terdecies

Fondos propios y pasivos admisibles

Los fondos propios y pasivos admisibles de una entidad consistirán en la suma de sus fondos propios y sus pasivos admisibles.

__________________

* Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantías de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149).

** Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores (DO L 166 de 11.6.1998, p. 45).».

"

32)  En la parte segunda, título I, el título del capítulo 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«Requisitos generales de fondos propios y pasivos admisibles».

"

33)  El artículo 73 se modifica como sigue:

a)  El título se sustituye por el texto siguiente:"

«Distribuciones basadas en instrumentos».

"

b)  Los apartados 1 a 4 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Los instrumentos de capital y los pasivos respecto de los cuales una entidad sea la única con poder discrecional para decidir el pago de distribuciones de una forma distinta del efectivo o de instrumentos de fondos propios no podrán ser considerados instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, ni instrumentos de pasivos admisibles, a menos que la entidad haya recibido previamente la autorización de la autoridad competente.

   2. Las autoridades competentes concederán la autorización previa contemplada en el apartado 1 únicamente cuando consideren que se cumplen todas las condiciones siguientes:
   a) que la capacidad de la entidad de cancelar pagos en virtud del instrumento no se vea afectada adversamente por el poder discrecional contemplado en el apartado 1, ni por la forma en que se pueda proceder a las distribuciones;
   b) que la capacidad del instrumento de capital o del pasivo de absorber pérdidas no se vea afectada adversamente por el poder discrecional contemplado en el apartado 1, ni por la forma en que se pueda proceder a las distribuciones;
   c) que la calidad del instrumento de capital o del pasivo no se vea reducida de otro modo por el poder discrecional contemplado el apartado 1 ni por la forma en que se pueda proceder a las distribuciones.

Antes de conceder la autorización previa a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente consultará a la autoridad de resolución en relación con el cumplimiento de estas condiciones por la entidad.

   3. Los instrumentos de capital y los pasivos respecto de los cuales una persona jurídica distinta de la entidad que los haya emitido tenga el poder discrecional para decidir o exigir que el pago de distribuciones basadas en esos instrumentos o pasivos se efectúe en una forma distinta del efectivo o de instrumentos de fondos propios no podrán ser considerados instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional, de capital de nivel 2 o de instrumentos de pasivos admisibles.
   4. Las entidades podrán utilizar un índice general de mercado como una de las bases para determinar el nivel de distribuciones basadas en instrumentos de capital de nivel 1 adicional, de capital de nivel 2 y de pasivos admisibles.».

"

c)  El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6. Las entidades notificarán y divulgarán los índices generales de mercado en que se basen sus instrumentos de capital y de pasivos admisibles.».

"

34)  En el artículo 75, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Los requisitos de vencimiento aplicables a las posiciones cortas a que hacen referencia el artículo 45, letra a), el artículo 59, letra a), el artículo 69, letra a), y el artículo 72 nonies, letra a), se considerarán cumplidos respecto a las posiciones mantenidas cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:».

"

35)  En el artículo 76, los apartados 1, 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. A efectos del artículo 42, letra a), del artículo 45, letra a), del artículo 57, letra a), del artículo 59, letra a), del artículo 67, letra a), del artículo 69, letra a), y del artículo 72 nonies, letra a), las entidades podrán reducir el importe de una posición larga en un instrumento de capital en la parte de un índice que esté compuesta por la misma exposición subyacente que la que se está cubriendo, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) que tanto la posición larga que se esté cubriendo como la posición corta en un índice utilizado para cubrir la posición larga se mantengan bien en la cartera de negociación, bien en la cartera de inversión;
   b) que las posiciones indicadas en la letra a) se mantengan al valor razonable en el balance de la entidad;
   c) que la posición corta indicada en la letra a) se considere cobertura efectiva conforme a los procedimientos de control interno de la entidad;
   d) que las autoridades competentes evalúen la suficiencia de los procesos de control interno contemplados en la letra c) como mínimo una vez al año y estén convencidos de que siguen siendo adecuados.
   2. Cuando la autoridad competente haya otorgado su autorización previa, la entidad podrá utilizar una estimación prudente de su exposición subyacente a los instrumentos incluidos en índices, como alternativa al cálculo de su exposición a los elementos contemplados en uno o más de los siguientes puntos:
   a) instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional, de capital de nivel 2 y de pasivos admisibles incluidos en índices;
   b) instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 de entidades del sector financiero incluidos en índices;
   c) instrumentos de pasivos admisibles de entidades incluidos en índices.
   3. Las autoridades competentes concederán la autorización previa a que se refiere el apartado 2 únicamente cuando la entidad haya demostrado a su satisfacción que tendría dificultades prácticas en hacer el seguimiento de su exposición subyacente a los elementos a que se refieren una o más letras del apartado 2, según proceda.».

"

36)  El artículo 77 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 77

Condiciones para reducir los fondos propios y pasivos admisibles

   1. Las entidades deberán obtener autorización previa de la autoridad competente para realizar cualquiera de las acciones siguientes:
   a) reducir, amortizar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 ordinario emitidos por la entidad de una forma autorizada por la legislación nacional aplicable;
   b) reducir, distribuir o reclasificar como otro elemento de fondos propios las cuentas de primas de emisión relativas a instrumentos de fondos propios;
   c) rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, antes de la fecha de su vencimiento contractual.
   2. Las entidades deberán obtener autorización previa de la autoridad de resolución para rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos admisibles que no estén cubiertos por el apartado 1, antes de la fecha de su vencimiento contractual.».

"

37)  El artículo 78 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 78

Autorización supervisora para reducir los fondos propios ▌

   1. La autoridad competente autorizará a una entidad a reducir, rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2▌ o a reducir, distribuir o reclasificar las correspondientes cuentas de primas de emisión siempre que se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
   a) con anterioridad a la acción a que se refiere el artículo 77, apartado 1, o simultáneamente, la entidad sustituya los instrumentos o las correspondientes cuentas de primas de emisión a que se refiere el artículo 77, apartado 1, por instrumentos de fondos propios ▌de igual o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de ingresos de la entidad;
   b) que la entidad haya demostrado a satisfacción de la autoridad competente que sus fondos propios y pasivos admisibles, tras la acción a que se refiere el artículo 77, apartado 1 del presente Reglamento, sobrepasarán lo exigido en el presente Reglamento y en las ▌ Directivas 2013/36/UE y 2014/59/UE por el margen que la autoridad competente considere necesario.

Cuando una entidad ofrezca garantías suficientes de que podrá operar con fondos propios superiores a los importes que se requieren según el presente Reglamento y según la Directiva 2013/36/UE▌, la autoridad competente ▌podrá conceder a dicha entidad una autorización previa general para emprender cualquiera de las acciones a que se refiere el artículo 77, apartado 1, del presente Reglamento, con arreglo a unos criterios que garanticen que tal acción futura se efectuará conforme a las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente apartado. Esta autorización previa general solo se concederá por un período de tiempo concreto, que no podrá exceder de un año, al término del cual podrá ser renovada. La autorización previa general se concederá por un importe predeterminado, que será fijado por la autoridad competente. En el caso de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, ese importe predeterminado no podrá exceder del 3 % del importe de la emisión pertinente ni del 10 % del importe en que el capital de nivel 1 ordinario exceda de la suma de los requisitos de capital de nivel 1 ordinario previstos en el presente Reglamento, en las Directivas 2013/36/UE y 2014/59/UE por el margen que la autoridad competente considere necesario. En el caso de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, el importe predeterminado no podrá exceder del 10 % del importe de la emisión pertinente ni del 3 % del saldo vivo total de los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, según proceda. ▌

Las autoridades competentes revocarán la autorización previa general cuando una entidad incumpla cualquiera de los criterios establecidos a efectos de la misma.

   2. Cuando se evalúe la sostenibilidad de los instrumentos de sustitución en relación con la capacidad de ingresos de la entidad, con arreglo al apartado 1, letra a), las autoridades competentes considerarán en qué medida dichos instrumentos de capital de sustitución ▌serían más costosos para la entidad que los instrumentos de capital o cuentas de primas de emisión a los que sustituyeran.
   3. Cuando una entidad efectúe una de las acciones a que se refiere el artículo 77, apartado 1, letra a), y la legislación nacional aplicable prohíba denegar la amortización de los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario a que se refiere el artículo 27, la autoridad competente podrá renunciar a aplicar las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, a condición de que exija a la entidad que limite la amortización de esos instrumentos de forma adecuada.
   4. Las autoridades competentes podrán autorizar a las entidades a rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 o las correspondientes cuentas de primas de emisión durante los cinco años siguientes a la fecha de su emisión cuando concurran las condiciones previstas en el apartado 1 y una de las condiciones siguientes:
   a) que se produzca una modificación de la clasificación reglamentaria de dichos instrumentos que tenga como resultado probable su exclusión de los fondos propios o su reclasificación como una forma de fondos propios de calidad inferior, y que se cumplan las dos condiciones siguientes:
   i) que la autoridad competente considere que existe certeza suficiente de que va a producirse dicha modificación
   ii) que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad competente que la reclasificación reglamentaria de dichos instrumentos no era previsible razonablemente en el momento de su emisión;
   b) que se produzca una modificación del tratamiento fiscal aplicable a dichos instrumentos que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad competente que es importante y que no era previsible razonablemente en el momento de su emisión;
   c) que a los instrumentos y a las correspondientes cuentas de primas de emisión les sean aplicables las disposiciones de anterioridad con arreglo al artículo 494 ter;
   d) que con anterioridad a la acción a que se refiere el artículo 77, apartado 1, o simultáneamente, la entidad sustituya los instrumentos o las correspondientes cuentas de primas de emisión a que se refiere el artículo 77, apartado 1, por instrumentos ▌de fondos propios de igual o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de ingresos de la entidad y que la autoridad competente haya autorizado esa acción por considerar que sería beneficiosa desde un punto de vista prudencial y estaría justificada por circunstancias excepcionales;
   e) que los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2 se recompren con fines de creación de mercado.

   5. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
   a) el significado de "sostenible para la capacidad de ingresos de la entidad";
   b) las bases adecuadas de la limitación de la amortización a que se refiere el apartado 3;
   c) el proceso, incluidos los límites y los procedimientos, de concesión de la autorización previa, por parte de las autoridades competentes, para efectuar alguna de las acciones enumeradas en el artículo 77, apartado 1, y los datos necesarios para que una entidad solicite a la autoridad competente autorización para efectuar alguna de las acciones enumeradas en dicho apartado, incluido el procedimiento que deberá aplicarse en caso de amortización de las acciones emitidas a socios de las sociedades cooperativas, y el plazo de tramitación de la solicitud.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 28 de julio de 2013.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

"

38)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 78 bis

Autorización para reducir instrumentos de pasivos admisibles

   1. La autoridad de resolución autorizará a una entidad a rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos admisibles siempre que se cumpla una de las condiciones siguientes:
   a) que, con anterioridad o simultáneamente a cualquiera de las acciones a que se refiere el artículo 77, apartado 2, la entidad sustituya los instrumentos de pasivos admisibles por instrumentos de fondos propios o de pasivos admisibles de igual o superior calidad en condiciones que resulten sostenibles para la capacidad de ingresos de la entidad;
   b) que la entidad haya demostrado a satisfacción de la autoridad de resolución que sus fondos propios y pasivos admisibles, tras la citada acción, sobrepasarán, tras la acción que figura en el artículo 77, apartado 2, del presente Reglamento, los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles establecidos en el presente Reglamento, en las Directivas 2013/36/UE y 2014/59/UE por el margen que la autoridad de resolución, de acuerdo con la autoridad competente, considere necesario;
   c) que la entidad haya demostrado a satisfacción de la autoridad de resolución que la sustitución parcial o total de los pasivos admisibles por instrumentos de fondos propios es necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos de fondos propios establecidos en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE para mantener la autorización.

Cuando una entidad ofrezca garantías suficientes de que podrá operar con fondos propios y pasivos admisibles superiores al importe de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en las Directivas 2013/36/UE y 2014/59/UE, la autoridad de resolución, tras consultar a la autoridad competente, podrá conceder a dicha entidad una autorización previa general para rescatar, amortizar, reembolsar o recomprar instrumentos de pasivos admisibles, con arreglo a unos criterios que garanticen que tal acción futura se efectuará conforme a las condiciones establecidas en las letras a) y b) del presente apartado. Esa autorización previa general solo se concederá por un período de tiempo específico, que no podrá exceder de un año, al término del cual podrá ser renovada. La autorización previa general se concederá por un importe predeterminado, que será fijado por la autoridad de resolución. Las autoridades de resolución informarán a las autoridades competentes sobre cualquier autorización previa general que concedan.

La autoridad de resolución revocará la autorización previa general cuando una entidad incumpla cualquiera de los criterios establecidos a efectos de dicha autorización.

   2. Cuando se evalúe la sostenibilidad de los instrumentos de sustitución en relación con la capacidad de ingresos de la entidad, con arreglo al apartado 1, letra a), las autoridades de resolución considerarán en qué medida dichos instrumentos de capital de sustitución o pasivos admisibles de sustitución serían más costosos para la entidad que aquellos a los que sustituyen.
   3. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar:
   a) el proceso de cooperación entre la autoridad competente y la autoridad de resolución;
   b) el procedimiento, incluidos los plazos y los requisitos de información, para conceder la autorización con arreglo al apartado 1, párrafo primero;
   c) el procedimiento, incluidos los plazos y los requisitos de información, para conceder la autorización general previa con arreglo al apartado 1, párrafo segundo;
   d) el significado de «sostenible para la capacidad de ingresos de la entidad».

A efectos del párrafo primero, letra d) del presente apartado, el proyecto de normas técnica de regulación se ajustará plenamente al reglamento delegado al que se refiere el artículo 78.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.».

"

39)  El artículo 79 se modifica como sigue:

a)  El título se sustituye por el texto siguiente:"

«Dispensa temporal de deducir de los fondos propios y pasivos admisibles».

"

b)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Cuando una entidad posea instrumentos de capital o pasivos ▌que se consideren instrumentos de fondos propios en un entidad del sector financiero o instrumentos de pasivos admisibles en una entidad y cuando la autoridad competente considere que dichas tenencias responden a los fines de una operación de asistencia financiera de reestructuración y restablecimiento de la viabilidad de esa entidad, la autoridad competente podrá renunciar temporalmente a aplicar las disposiciones que en materia de deducción serían normalmente aplicables a esos instrumentos.».

"

40)   Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 79 bis

Evaluación del cumplimiento de las condiciones de fondos propios y pasivos admisibles

Al evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la parte segunda, las entidades atenderán a las características significativas de los instrumentos y no solo a su forma jurídica. La evaluación de las características significativas de un instrumento tendrá en cuenta todos los mecanismos relativos a los mismos, aun cuando estos no figuren explícitamente en las condiciones de los propios instrumentos, con objeto de comprobar que los efectos económicos combinados de dichos mecanismos cumplen el objetivo de las disposiciones correspondientes.».

"

41)  El artículo 80 se modifica como sigue:

a)  El título se sustituye por el texto siguiente:"

«Examen permanente de la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles».

"

b)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La ABE vigilará la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles emitidos por las entidades en el territorio de la Unión y notificará a la Comisión inmediatamente toda prueba significativa de que dichos instrumentos no cumplen los criterios de admisibilidad respectivos establecidos en el presente Reglamento.

Las autoridades competentes, a instancias de la ABE, le enviarán sin demora toda la información que esta considere pertinente en relación con los nuevos instrumentos de capital o los nuevos tipos de pasivos emitidos, con el fin de que la ABE pueda vigilar la calidad de los instrumentos de fondos propios y pasivos admisibles emitidos por las entidades en el territorio de la Unión.».

"

c)  En el apartado 3, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«3. La ABE ofrecerá asesoramiento técnico a la Comisión en relación con toda modificación significativa que considere necesario introducir en la definición de "fondos propios y pasivos admisibles" como consecuencia de cualquiera de los siguientes hechos:».

"

42)  En el artículo 81, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

1. Los intereses minoritarios comprenderán la suma de los elementos de capital de nivel 1 ordinario de una filial siempre y cuando:

   a) la filial sea:
   i) una entidad;
   ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE;
   iii) una sociedad financiera de cartera intermedia en un tercer país que esté sujeta a unos requisitos prudenciales tan rigurosos como los que se apliquen a las entidades de crédito de dicho tercer país, y la Comisión haya decidido, de conformidad con el artículo 107, apartado 4, que esos requisitos prudenciales son, como mínimo, equivalentes a los del presente Reglamento;
   b) la filial esté plenamente incluida en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2;
   c) los elementos de capital de nivel 1 ordinario a que se refiere la parte introductoria del presente apartado pertenezcan a personas distintas de las empresas incluidas en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2.».

"

43)  El artículo 82 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 82

Capital de nivel 1 adicional, capital de nivel 1 y capital de nivel 2 admisibles y fondos propios admisibles

El capital de nivel 1 adicional, el capital de nivel 1 y el capital de nivel 2 admisibles y los fondos propios admisibles comprenderán los intereses minoritarios, los instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de capital de nivel 2, según proceda, más las correspondientes ganancias acumuladas y cuentas de primas de emisión, de una filial, siempre y cuando:

   a) la filial sea:
   i) una entidad;
   ii) una empresa sujeta, en virtud de la legislación nacional aplicable, a los requisitos establecidos en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE;
   iii) una sociedad financiera de cartera intermedia en un tercer país que esté sujeta a unos requisitos prudenciales tan rigurosos como los que se apliquen a las entidades de crédito de dicho tercer país, y la Comisión haya decidido, de conformidad con el artículo 107, apartado 4, que esos requisitos prudenciales son, como mínimo, equivalentes a los del presente Reglamento;
   b) la filial esté plenamente incluida en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2;
   c) los citados instrumentos pertenezcan a personas distintas de las empresas incluidas en la consolidación con arreglo a la parte primera, título II, capítulo 2.»;

"

44)  En el artículo 83, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de capital de nivel 2 emitidos por una entidad de cometido especial, y las correspondientes cuentas de primas de emisión, se incluirán hasta el 31 de diciembre de 2021 en el capital de nivel 1 adicional, el capital de nivel 1 o el capital de nivel 2 admisibles o en los fondos propios admisibles, según proceda, solo si:».

"

45)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 88 bis

Instrumentos de pasivos admisibles aptos para su inclusión en los pasivos admisibles consolidados

Los pasivos emitidos por una filial establecida en la Unión que pertenezca al mismo grupo de resolución que la entidad de resolución serán aptos para su inclusión en los instrumentos de pasivos admisibles consolidados de una entidad sujeta al artículo 92 bis, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) hayan sido emitidos con arreglo al artículo 45 septies, apartado 3, letra a), de la Directiva 2014/59/UE;
   b) hayan sido adquiridos por un accionista existente que no forme parte del mismo grupo de resolución, siempre que el ejercicio de las competencias de amortización o de conversión de conformidad con los artículos 59 a 62 de la Directiva 2014/59/UE no incida en el control de la filial por parte de la entidad de resolución;
   c) no superen el importe resultante de deducir el importe indicado en el inciso i) del importe indicado en el inciso ii):
   i) la suma de los pasivos emitidos a favor de la entidad de resolución y adquiridos por esta, ya sea directamente o indirectamente a través de otras entidades del mismo grupo de resolución, y el importe de los instrumentos de fondos propios emitidos con arreglo al artículo 45 septies, apartado 3, letra b), de la Directiva 2014/59/UE;
   ii) el importe exigido de conformidad con el artículo 45 septies, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE.».

"

46)  El artículo 92 se modifica como sigue:

a)  En el apartado 1, se añade la letra siguiente:"

«d) una ratio de apalancamiento del 3 %.».

"

b)   Se inserta el apartado siguiente:"

«bis. Además del requisito establecido en el apartado 1, letra d) del presente artículo, toda EISM mantendrá un colchón de la ratio de apalancamiento igual a la medida de la exposición total de las EISM que se regula en el artículo 429, apartado 4, multiplicada por el 50 % de la ratio del colchón aplicable a la EISM, de conformidad con el artículo 131 de la Directiva 2013/36/UE.

Toda EISM deberá satisfacer el requisito de colchón de la ratio de apalancamiento únicamente con capital de nivel 1. El capital de nivel 1 que se utilice para satisfacer dicho requisito no se utilizará para satisfacer ninguno de los requisitos basados en el apalancamiento establecidos en el presente Reglamento y en la Directiva 2013/36/UE, salvo que se disponga expresamente lo contrario en los actos citados.

Cuando una EISM no satisfaga el requisito de colchón de la ratio de apalancamiento, estará sujeta al requisito de conservación de capital previsto en el artículo 141 ter de la Directiva 2013/36/UE.

Cuando una EISM no satisfaga al mismo tiempo ni el requisito de colchón de la ratio de apalancamiento ni los requisitos combinados de colchón que se definen en el artículo 128, punto 6, de la Directiva 2013/36/UE, estará sujeta al más elevado de los requisitos de conservación de capital con arreglo a los artículos 141 y 141 ter de dicha Directiva.».

"

c)  El apartado 3 se modifica como sigue:

i)  las letras b) y c) ▌ se sustituyen por el texto siguiente:"

«b) los requisitos de fondos propios correspondientes a la actividad de la cartera de negociación de una entidad, con respecto a lo siguiente:

   i) el riesgo de mercado, determinado de conformidad con el título IV de la presente parte, excluidos los métodos establecidos en los capítulos 1 bis y 1 ter de dicho título;
   ii) las grandes exposiciones que superen los límites especificados en los artículos 395 a 401, en la medida en que la entidad esté autorizada a superar esos límites, tal como se determina en la parte cuarta;
   c) los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado según se determinan en el título IV de la presente parte, excluidos los métodos establecidos en los capítulos 1 bis y 1 ter de dicho título, correspondientes a todas las actividades que a sean objeto de riesgo de tipo de cambio o riesgo de materias primas;»;

"

ii)   se inserta la letra siguiente:"

«c bis) los requisitos de fondos propios, calculados de acuerdo con el título V de la presente parte, con la excepción del artículo 379 frente al riesgo de liquidación.»;

"

47)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 92 bis

Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles aplicables a EISM

   1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 93 y 94, y de las excepciones establecidas en el apartado 2 del presente artículo, las entidades clasificadas como entidades de resolución y que sean una EISM o parte de una EISM deberán en todo momento cumplir los siguientes requisitos de fondos propios y pasivos admisibles:
   a) una ratio del 18 %, basado en el riesgo, que represente los fondos propios y pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje del importe total de la exposición al riesgo, calculado de conformidad con ▌ el artículo 92, apartados 3 y 4;
   b) una ratio del 6,75 %, no basado en el riesgo, que represente los fondos propios y pasivos admisibles de la entidad expresados en porcentaje de la medida de la exposición total a que se refiere el artículo 429, apartado 4.
   2. Los requisitos establecidos en el apartado 1 no se aplicarán en los siguientes casos:
   a) en los tres años siguientes a la fecha en que la entidad o el grupo del que forme parte la entidad haya sido clasificado como EISM;
   b) en los dos años siguientes a la fecha en que la autoridad de resolución haya aplicado el instrumento de recapitalización interna de conformidad con la Directiva 2014/59/UE;
   c) en los dos años siguientes a la fecha en que la entidad de resolución haya introducido una medida alternativa del sector privado tal como se contempla en el artículo 32, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/59/UE, mediante la cual los instrumentos de capital y otros pasivos se hayan amortizado o convertido en elementos de capital de nivel 1 ordinario, con el fin de recapitalizar la entidad de resolución sin aplicar los instrumentos de resolución.
   3. Cuando el agregado resultante de la aplicación del requisito establecido en el apartado 1, letra a) del presente artículo, a cada entidad de resolución de la misma EISM supere el requisito de fondos propios y pasivos admisibles, calculado de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, la autoridad de resolución de la entidad matriz de la UE, previa consulta a las demás autoridades de resolución competentes, podrá actuar de conformidad con el artículo 45 quinquies, apartado 3, o el artículo 45 nonies, apartado 1, de la Directiva 2014/59/UE.

Artículo 92 ter

Requisitos de fondos propios y pasivos admisibles aplicables a EISM de fuera de la UE

   1. Las entidades que sean filiales significativas de EISM de fuera de la UE y que no sean entidades de resolución deberán en todo momento cumplir unos requisitos de fondos propios y pasivos admisibles equivalentes al 90 % de los requisitos de fondos propios y pasivos admisibles establecidos en el artículo 92 bis.
   2. A efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1, los instrumentos de capital de nivel 1 adicional, de capital de nivel 2 y de pasivos admisibles se tendrán en cuenta únicamente cuando pertenezcan a la empresa matriz última de la EISM de fuera de la UE y hayan sido emitidas directa o indirectamente a través de otras entidades dentro del mismo grupo, siempre que todas esas entidades estén establecidas en el mismo tercer país que la empresa matriz última o en un Estado miembro.
   3. Un instrumento de pasivos admisibles se tendrá en cuenta a efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 solo si cumple todas las condiciones adicionales siguientes:
   a) en el caso de los procedimientos de insolvencia ordinarios, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 47, de la Directiva 2014/59/UE, el crédito derivado del pasivo tenga una prelación inferior a la de los créditos derivados de los pasivos que no cumplen las condiciones previstas en el apartado 2, del presente artículo y que no se consideren fondos propios;
   b) esté sujeto a la competencia de amortización o conversión conforme a los artículos 59 a 62 de la Directiva 2014/59/UE.».

"

48)  El artículo 94 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 94

Excepción aplicable a carteras de negociación de pequeño volumen

   1. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra b), las entidades podrán calcular los requisitos de fondos propios para su cartera de negociación de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, siempre y cuando el volumen de las operaciones de su cartera de negociación, dentro y fuera de balance, sea igual o inferior a los dos umbrales siguientes, sobre la base de una evaluación efectuada con carácter mensual usando los datos del último día del mes:
   a) el 5 % del total de sus activos;
   b) 50 millones de euros.
   2. Cuando se cumplan las dos condiciones previstas en el apartado 1, letras a) y b), las entidades podrán calcular el requisito de fondos propios de su cartera de negociación como sigue:
   a) en el caso de los contratos enumerados en el anexo II, punto 1, los contratos relativos a acciones a que se refiere el punto 3 de dicho anexo, y los derivados de crédito, las entidades podrán eximir esas posiciones del requisito de fondos propios a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra b);
   b) en el caso de las posiciones de la cartera de negociación distintas de las contempladas en la letra a) del presente apartado, las entidades podrán sustituir el requisito de fondos propios a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra b), por el requisito calculado de conformidad con el artículo 92, apartado 3, letra a).
   3. A efectos del apartado 1, las entidades calcularán el volumen de las operaciones de su cartera de negociación, dentro y fuera de balance, a partir de los datos del último día de cada mes, con arreglo a los siguientes requisitos:
   a) todas las posiciones asignadas a la cartera de negociación de conformidad con el artículo 104 se incluirán en el cálculo, a excepción de las siguientes:
   i) las posiciones en divisas y materias primas;
   ii) las posiciones en derivados de crédito reconocidos como coberturas internas frente a las exposiciones al riesgo de crédito o de contraparte ajenas a la cartera de negociación y las operaciones con derivados de crédito que compensen perfectamente el riesgo de mercado de dichas coberturas internas referidas en el artículo 106, apartado 3;
   b) todas las posiciones incluidas en el cálculo de conformidad con la letra a) se valorarán en su valor de mercado en dicha fecha; si el valor de mercado de una posición no está disponible en una fecha determinada, la entidad utilizará un valor razonable para la posición en dicha fecha; cuando el valor de mercado y el valor razonable de una posición no estén disponibles en una fecha determinada, las entidades utilizarán, entre el valor de mercado y el valor razonable de esa posición, el más reciente;
   c) a los valores absolutos de las posiciones largas se sumarán los de las posiciones cortas.
   4. Cuando se cumplan las dos condiciones previstas en el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo, independientemente de las obligaciones establecidas en los artículos 74 y 83 de la Directiva 2013/36/UE, no se aplicarán los artículos 102, apartados 3 y 4, 103 y 104 ter del presente Reglamento.
   5. Cuando calculen, o dejen de calcular, los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación con arreglo a lo dispuesto en ▌ el apartado 2, las entidades lo notificarán a las autoridades competentes.
   6. Una entidad que haya dejado de cumplir una o varias de las condiciones previstas en el apartado 1 lo notificará de inmediato a la autoridad competente.
   7. La entidad dejará de calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación con arreglo al apartado 2 en un plazo de tres meses desde que acaezca alguna de las situaciones siguientes:
   a) que la entidad no haya cumplido ▌ las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a) o b), durante tres meses consecutivos;
   b) que la entidad no haya cumplido▌ las condiciones establecidas en el apartado 1, letras a) o b), durante más de seis de los últimos doce meses.
   8. Cuando una entidad haya dejado de calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación de conformidad con el presente artículo, solo se le permitirá volver a calcular los requisitos de fondos propios de su cartera de negociación de conformidad con el presente artículo cuando demuestre a la autoridad competente que todas las condiciones contempladas en el apartado 1 se han cumplido durante un período ininterrumpido de un año completo.
   9. Las entidades no deberán tomar, adquirir ni vender ninguna posición de la cartera de negociación con el único objeto de cumplir cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado 1 en el momento de la evaluación mensual.».

"

49)  En el título I de la parte tercera se suprime el capítulo 2.

(50)  El artículo 102 se modifica como sigue:

a)  Los apartados 2, 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:"

«2. La intención de negociación se demostrará a partir de las estrategias, políticas y procedimientos establecidos por la entidad para gestionar la posición o la cartera de acuerdo con los artículos 103, 104 y 104 bis.

   3. Las entidades establecerán y mantendrán sistemas y controles para gestionar su cartera de negociación con arreglo al artículo 103.
   4. A efectos de los requisitos de presentación de información establecidos en el artículo 430 ter, apartado 3, las posiciones de la cartera de negociación se asignarán a las mesas de negociación establecidas▌ de conformidad con el artículo 104 ter. ▌».

"

b)  Se añaden los apartados siguientes:"

«5. Las posiciones de la cartera de negociación estarán sujetas a los requisitos de una valoración prudente que se especifican en el artículo 105.

   6. Las entidades tratarán las coberturas internas con arreglo al artículo 106.».

"

(51)  El artículo 103 se▌ sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 103

Gestión de la cartera de negociación

   1. Las entidades dispondrán de políticas y procedimientos claramente definidos para la gestión global de la cartera de negociación. Esas políticas y procedimientos se referirán como mínimo a los siguientes elementos:
   a) las actividades que la entidad considere de negociación e integrantes de la cartera de negociación a efectos de los requisitos de fondos propios;
   b) la medida en que una posición puede valorarse diariamente a precios de mercado por referencia a un mercado líquido activo tanto para la oferta como para la demanda;
   c) respecto de las posiciones valoradas con arreglo a un modelo, la medida en que la entidad puede:
   i) determinar todos los riesgos importantes de la posición;
   ii) cubrir todos los riesgos importantes de la posición con instrumentos para los que existe un mercado líquido activo tanto para la oferta como para la demanda;
   iii) realizar estimaciones fiables sobre las hipótesis y parámetros clave utilizados en el modelo;
   d) la medida en que la entidad puede y debe generar para la posición valoraciones que puedan validarse externamente de manera coherente;
   e) la medida en que restricciones legales u otros requisitos operativos podrían menoscabar la capacidad de la entidad para efectuar una liquidación o cubrir la posición a corto plazo;
   f) la medida en que la entidad puede y debe gestionar activamente los riesgos de las posiciones de su actividad de negociación;
   g) la medida en que la entidad puede reclasificar riesgos o posiciones entre la cartera de inversión y la cartera de negociación, y los requisitos aplicables a esas reclasificaciones contemplados en el artículo 104 bis.

   2. La entidad gestionará sus posiciones o carteras de posiciones de la cartera de negociación con arreglo a todos los requisitos siguientes:

   a) la entidad dispondrá de una estrategia de negociación claramente documentada para la posición o las carteras de la cartera de negociación, que deberá ser aprobada por la alta dirección y que incluirá el período de tenencia previsto;

   b) la entidad dispondrá de políticas y procedimientos claramente definidos para la gestión activa de las posiciones o carteras de la cartera de negociación; esas políticas y procedimientos incluirán lo siguiente:

   i) las posiciones o carteras de posiciones que pueden tomar las diferentes mesas de negociación o, en su caso, operadores designados;
   ii) la fijación de los límites de las posiciones y la supervisión de su adecuación;
   iii) garantizarán que los operadores contarán con autonomía para tomar y gestionar posiciones dentro de los límites acordados y respetando la estrategia convenida;
   iv) garantizarán que se informará a la alta dirección de las posiciones mantenidas como parte integrante del proceso de gestión de riesgos de la entidad;
   v) garantizarán que las posiciones se sigan de un modo activo mediante las fuentes de información del mercado, y que se evalúe la negociabilidad o posibilidad de cobertura de la posición o de sus componentes de riesgo, incluida una evaluación de la calidad y disponibilidad de datos de mercado útiles para el proceso de valoración, del volumen de negocios del mercado y del volumen de las posiciones negociadas en el mercado;
   vi) los procedimientos y controles activos contra el fraude;
   c) la entidad dispondrá de políticas y procedimientos claramente definidos para el seguimiento de las posiciones a la luz de su estrategia de negociación, incluido el seguimiento del volumen de operaciones y de aquellas posiciones en relación con las cuales se haya superado el período inicial de tenencia previsto.».

"

(52)   En el artículo 104, se suprime el apartado 2.

(53)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 104 bis

Reclasificación de una posición

   1. Las entidades dispondrán de políticas claramente definidas para decidir qué circunstancias excepcionales justifican la reclasificación de una posición de la cartera de negociación como posición de la cartera de inversión o, viceversa, la reclasificación de una posición de la cartera de inversión como ▌posición de la cartera de negociación, a efectos de determinar sus requisitos de fondos propios, a satisfacción de las autoridades competentes. Las entidades deberán revisar esas políticas al menos una vez al año.

La ABE supervisará las diversas prácticas de supervisión y formulará directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, a más tardar el … [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo], sobre el significado de «circunstancias excepcionales» a efectos del apartado 1 del presente artículo. Hasta que la ABE formule dichas directrices, las autoridades competentes pondrán en su conocimiento, con la debida motivación, sus decisiones sobre si se autoriza o no que una entidad reclasifique una posición según lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.

   2. Las autoridades competentes autorizarán la reclasificación de una posición de la cartera de negociación como posición de la cartera de inversión o, viceversa, de una posición de la cartera de inversión como ▌ posición de la cartera de negociación, a efectos de determinar los requisitos de fondos propios, solo cuando la entidad haya proporcionado a las autoridades competentes pruebas escritas de que su decisión de reclasificar esa posición es el resultado de una circunstancia excepcional que es coherente con las políticas establecidas por la entidad de conformidad con el apartado 1 del presente artículo. A tal efecto, la entidad deberá aportar pruebas suficientes de que la posición ya no cumple las condiciones para clasificarse como posición de la cartera de negociación o de la cartera de inversión con arreglo al artículo 104.

La decisión a que se refiere el párrafo primero deberá ser aprobada por el órgano de dirección.

   3. En caso de que la autoridad competente haya concedido el permiso para la reclasificación de una posición de conformidad con el apartado 2, la entidad que haya recibido dicha autorización:
   a) hará pública sin demora:
   i) información sobre la reclasificación de su posición; y
   ii) cuando el efecto de dicha reclasificación sea la reducción de los requisitos de fondos propios de la entidad, la magnitud de dicha reducción, y
   b) cuando el efecto de dicha reclasificación suponga una reducción de los requisitos de fondos propios de la entidad, no reconocerá tal efecto hasta el vencimiento de la posición, salvo que la autoridad competente para dicha entidad le permita reconocer tal efecto en una fecha anterior.
   4. La entidad calculará la variación neta del importe de los requisitos de sus fondos propios derivados de la reclasificación de la posición como la diferencia entre los requisitos de fondos propios inmediatamente después de la reclasificación y los requisitos de fondos propios inmediatamente antes de la misma, calculados ambos de conformidad con el artículo 92. El cálculo solo tendrá en cuenta los efectos de la reclasificación, con exclusión de cualquier otro factor.
   5. La reclasificación de una posición de conformidad con el presente artículo será irrevocable.

Artículo 104 ter

Requisitos aplicables a la mesa de negociación

   1. A efectos del requisito de presentación de información establecido en el artículo 430 ter, apartado 3, las entidades establecerán mesas de negociación y atribuirán cada una de sus posiciones de la cartera de negociación a una de esas mesas. Las posiciones de la cartera de negociación se atribuirán a la misma mesa de negociación únicamente cuando se ajusten a la estrategia empresarial acordada para ella y sean gestionadas y vigiladas de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.
   2. Las mesas de negociación de las entidades deberán cumplir en todo momento la totalidad de los requisitos siguientes:
   a) cada mesa de negociación tendrá una estrategia empresarial clara y diferenciada y de una estructura de gestión del riesgo que sea adecuada para dicha estrategia;
   b) cada mesa de negociación tendrá una estructura organizativa clara; las posiciones de una determinada mesa de negociación serán gestionadas por operadores designados dentro de la entidad; cada operador tendrá funciones específicas en la mesa de negociación; a cada operador se le asignará una sola mesa de negociación; ▌
   c) se fijarán límites a las posiciones en cada mesa de negociación según la estrategia empresarial de esta;
   d) se elaborarán informes sobre las actividades, la rentabilidad, la gestión del riesgo y los requisitos reglamentarios aplicables a la mesa de negociación al menos cada semana y se comunicarán regularmente al órgano de dirección de la entidad;
   e) cada mesa de negociación tendrá un plan de negocio anual claro que incluya una política de remuneración bien definida, basada en criterios sólidos, para la evaluación de los resultados;
   f) cada mes se elaborarán, para cada mesa de negociación, informes sobre las posiciones en vencimiento, los incumplimientos de los límites de la negociación intradía y diarios, y las medidas tomadas por la entidad para resolver dichos incumplimientos, así como una evaluación de la liquidez del mercado, que se presentarán a las autoridades competentes.
   3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, letra b), una entidad podrá asignar a un operador a más de una mesa de negociación siempre que la entidad demuestre a satisfacción de la autoridad competente que la asignación se ha debido a consideraciones de naturaleza comercial o relacionadas con sus recursos y que la asignación respete los demás requisitos cualitativos del presente artículo aplicables a operadores y mesas de negociación.
   4. Las entidades notificarán a las autoridades competentes la forma en que cumplen lo dispuesto en el apartado 2. Las autoridades competentes podrán exigir a una entidad que modifique la estructura u organización de sus mesas de negociación con miras al cumplimiento del presente artículo.».

"

(54)  El artículo 105 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Todas las posiciones de la cartera de negociación y las posiciones de la cartera de inversión valoradas a valor razonable estarán sujetas a las normas de valoración prudente que se especifican en el presente artículo. Las entidades deberán, en particular, garantizar que la valoración prudente de las posiciones de la cartera de negociación arroje un grado de certeza adecuado, considerando la naturaleza dinámica de dichas posiciones y de las posiciones de la cartera de inversión valoradas a valor razonable, las exigencias de solidez prudencial y el modo de funcionamiento y el objetivo de los requisitos de capital con respecto a las posiciones de la cartera de negociación y a las de la cartera de inversión valoradas a valor razonable.».

"

b)  Los apartados 3 y 4 se sustituyen por el texto siguiente:"

«3. Las entidades volverán a valorar las posiciones de su cartera de negociación a valor razonable al menos diariamente. Las variaciones del valor de dichas posiciones se consignarán en la cuenta de resultados de la entidad.

   4. Las entidades valorarán a precios de mercado las posiciones de su cartera de negociación y las posiciones de su cartera de inversión valoradas a valor razonable siempre que sea posible, incluso cuando apliquen el régimen de capital pertinente a esas posiciones.».

"

c)  El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6. Cuando no sea posible la valoración a precios de mercado, las entidades valorarán de forma prudente sus posiciones y carteras mediante un modelo, incluso cuando calculen los requisitos de fondos propios relativos a las posiciones de la cartera de negociación y a las posiciones valoradas a valor razonable de la cartera de inversión.».

"

d)  en el apartado 7, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«A efectos de la letra d), el modelo se elaborará o se aprobará independientemente de las mesas de negociación y se probará de forma independiente, debiendo validarse las fórmulas matemáticas, las hipótesis utilizadas y los programas informáticos.».

"

e)  En el apartado 11, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) el tiempo adicional que llevaría cubrir la posición o los riesgos que esta entraña más allá de los horizontes de liquidez que se hayan asignado a los factores de riesgo de la posición de conformidad con el artículo 325 ter sexies;».

"

(55)  El artículo 106 se modifica como sigue:

a)  Los apartados 2 y 3 se sustituyen por el texto siguiente:"

«2. Lo establecido en el apartado 1 se aplicará sin perjuicio de los requisitos aplicables a la posición cubierta de la cartera de inversión o de la cartera de negociación, cuando proceda.

   3. Cuando una entidad cubra una exposición al riesgo de crédito o una exposición al riesgo de contraparte de la cartera de inversión mediante un derivado de crédito incluido en su cartera de negociación, esta posición en el derivado de crédito se reconocerá como cobertura interna de la exposición al riesgo de crédito o exposición al riesgo de contraparte de la cartera de inversión a efectos del cálculo de la exposición ponderada por riesgo a que se hace referencia en el artículo 92, apartado 3, letra a), cuando la entidad realice otra operación de derivados de crédito con un tercero prestador de cobertura admisible que reúna los requisitos aplicables a la cobertura del riesgo de crédito mediante garantías personales en la cartera de inversión y compense perfectamente el riesgo de mercado de la cobertura interna.

Tanto la cobertura interna reconocida de conformidad con el párrafo primero como el derivado de crédito suscrito con el tercero se incluirán en la cartera de negociación a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado.».

"

b)  Se añaden los apartados siguientes:"

«4. Cuando una entidad cubra una exposición al riesgo de renta variable de la cartera de inversión mediante un derivado sobre renta variable incluido en su cartera de negociación, esta posición en el derivado sobre renta variable se reconocerá como cobertura interna de la exposición al riesgo de renta variable de la cartera de inversión a efectos del cálculo de la exposición ponderada por riesgo a que se refiere el artículo 92, apartado 3, letra a), cuando la entidad realice otra operación de derivados sobre renta variable con un tercero prestador de cobertura admisible que reúna los requisitos aplicables a la cobertura del riesgo de crédito mediante garantías personales en la cartera de inversión y compense perfectamente el riesgo de mercado de la cobertura interna.

Tanto la cobertura interna reconocida de conformidad con el párrafo primero como el derivado sobre renta variable suscrito con un tercero prestador de cobertura admisible se incluirán en la cartera de negociación a efectos del cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado.

   5. Cuando una entidad cubra exposiciones al riesgo de tipo de interés de la cartera de inversión utilizando una posición de riesgo de tipo de interés incluida en su cartera de negociación, esta posición de riesgo de tipo de interés se considerará una cobertura interna a efectos de evaluar los riesgos de tipo de interés derivados de las posiciones de la cartera de inversión, de conformidad con los artículos 84 y 98 de la Directiva 2013/36/UE, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
   a) que la posición se haya asignado a una cartera separada de la otra posición de la cartera de negociación cuya estrategia empresarial consista exclusivamente en gestionar y reducir el riesgo de mercado de las coberturas internas de la exposición al riesgo de tipo de interés; a tal fin, la entidad podrá asignar a dicha cartera otras posiciones de riesgo de tipo de interés tomadas con terceros, o su propia cartera de negociación siempre que la entidad compense perfectamente el riesgo de mercado de esas posiciones de riesgo de tipo de interés tomadas con su propia cartera de negociación tomando con terceros posiciones opuestas de riesgo de tipo de interés;
   b) a efectos del requisito de presentación de información establecido en el artículo 430 ter, apartado 3, que la posición se haya asignado a una mesa de negociación establecida de conformidad con el artículo 104 ter cuya estrategia empresarial consista exclusivamente en gestionar y reducir el riesgo de mercado de las coberturas internas de la exposición al riesgo de tipo de interés; a tal fin, esa mesa de negociación podrá tomar otras posiciones de riesgo de tipo de interés con terceros u otras mesas de negociación de la entidad, siempre que esas otras mesas compensen perfectamente el riesgo de mercado de esas otras posiciones de riesgo de tipo de interés tomando con terceros posiciones opuestas de riesgo de tipo de interés;
   c) que la entidad haya documentado plenamente la forma en que la posición reduce el riesgo de tipo de interés derivados de las posiciones en la cartera de inversión a efectos de los requisitos establecidos en los artículos 84 y 98 de la Directiva 2013/36/UE.
   6. Los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado de todas las posiciones asignadas a la cartera separada a que se refiere el apartado 5, letra a), se calcularán de forma autónoma y se añadirán a los requisitos de fondos propios aplicables a las demás posiciones de la cartera de negociación.
   7. A efectos de los requisitos de presentación de información establecidos en el artículo 430 ter, el cálculo de los requisitos de fondos propios por riesgos de mercado de todas las posiciones asignadas a la cartera separada a que se refiere el apartado 5, letra a) del presente artículo, o a la mesa de negociación o tomadas por la mesa de negociación a que se refiere el apartado 5, letra b) del presente artículo, cuando proceda, se realizará de forma autónoma como cartera separada y se añadirá al cálculo de requisitos de fondos propios aplicables a las demás posiciones de la cartera de negociación.».

"

(56)  En el artículo 107, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. A efectos del presente Reglamento, las exposiciones frente a una empresa de inversión de un tercer país, una entidad de crédito de un tercer país y un mercado organizado de un tercer país serán tratadas como exposiciones frente a una entidad únicamente cuando el tercer país aplique a ese ente requisitos prudenciales y de supervisión que sean como mínimo equivalentes a los que se aplican en la Unión.».

"

(57)   En el artículo 117, el apartado 2 se modifica como sigue:

a)  se añaden las letras siguientes:"

«o) Asociación Internacional de Fomento;

   p) Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras.».

"

b)   Se añade el párrafo siguiente:"

«La Comisión estará facultada para modificar el presente Reglamento mediante la adopción de actos delegados con arreglo al artículo 462, modificando, de conformidad con las normas internacionales, la lista de los bancos multilaterales de desarrollo a que se refiere el párrafo primero.».

"

(58)   En el artículo 118, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica;».

"

(59)   En el artículo 123 se añade el párrafo siguiente:"

«Las exposiciones derivadas de préstamos concedidos por una entidad de crédito a jubilados o a empleados con un contrato indefinido a cambio de la transferencia incondicional de una parte de la pensión o del salario del prestatario a dicha entidad de crédito recibirán una ponderación por riesgo del 35 %, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

   a) a fin de reembolsar el préstamo, el prestatario autorice incondicionalmente al fondo de pensiones o a su empleador a efectuar pagos directos a la entidad de crédito, deduciendo los pagos mensuales del préstamo de la pensión o salario mensuales del prestatario;
   b) los riesgos de defunción, incapacidad laboral, desempleo o reducción de la pensión o salario netos del prestatario estén efectivamente cubiertos por una póliza de seguros suscrita por el prestatario en beneficio de la entidad de crédito;
   c) la suma de los pagos mensuales que deba abonar el prestatario por todos los préstamos que cumplan las condiciones indicadas en las letras a) y b) no supere el 20 % de su pensión o salario mensuales netos;
   d) el plazo de vencimiento máximo inicial del préstamo sea igual o inferior a 10 años.».

"

(60)   El artículo 124 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 124

Exposiciones garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles

   1. Las exposiciones, o cualquier parte de estas, íntegramente garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles recibirán una ponderación por riesgo del 100 % cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 125 y 126, con la salvedad de cualquier parte de la exposición que se clasifique en otra categoría de exposición. A la parte de la exposición que supere el valor hipotecario de los bienes inmuebles le será asignada la ponderación por riesgo aplicable a las exposiciones no garantizadas de la contraparte implicada.

La parte de una exposición que se considere plenamente garantizada por bienes inmuebles no será superior al importe pignorado del valor de mercado o, en aquellos Estados miembros que hayan establecido criterios rigurosos para la evaluación del valor hipotecario mediante disposiciones legales o reglamentarias, del valor hipotecario del bien inmueble en cuestión.

   1 bis. Los Estados miembros designarán a la autoridad encargada de la aplicación del apartado 2. Esa autoridad será la autoridad competente o la autoridad designada.

Cuando la autoridad designada por un Estado miembro a efectos de la aplicación del presente artículo sea la autoridad competente, esta velará por que los organismos y autoridades nacionales pertinentes con competencias de supervisión macroprudencial sean debidamente informados de la intención de la autoridad competente de aplicar lo dispuesto en el presente artículo y participen en la medida adecuada en la evaluación de los riesgos para la estabilidad financiera en su Estado miembro con arreglo al apartado 2.

Cuando la autoridad designada por el Estado miembro a efectos de la aplicación del presente artículo sea distinta de la autoridad competente, el Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para garantizar una coordinación y un intercambio de información adecuados entre la autoridad competente y la autoridad designada para la correcta aplicación del presente artículo. En particular, las autoridades tendrán la obligación de cooperar estrechamente y de intercambiar entre sí toda la información que pueda resultar necesaria para el correcto desempeño de las funciones asignadas a la autoridad designada en virtud del presente artículo. Dicha cooperación tendrá la finalidad de evitar cualquier tipo de duplicación o incoherencia de acción entre la autoridad competente y la autoridad designada, y velar por que se tenga debidamente en cuenta su interacción con otras medidas, en particular las tomadas con arreglo al artículo 458 del presente Reglamento y al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE.

   2. A partir de los datos recopilados con arreglo al artículo 430 bis y de cualesquiera otros indicadores pertinentes, la autoridad designada con arreglo al apartado 1 bis del presente artículo evaluará de manera periódica, y al menos anualmente, si la ponderación por riesgo del 35 % a que se refiere el artículo 125, asignada a las exposiciones a uno o varios segmentos inmobiliarios garantizados por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales situados en una o varias partes del territorio del Estado miembro de dicha autoridad, y la ponderación por riesgo del 50 % a que se refiere el artículo 126, asignada a las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales situados en una o varias partes del territorio del Estado miembro de dicha autoridad, se basan adecuadamente en lo siguiente:
   a) el historial de pérdidas de las exposiciones garantizadas por bienes inmuebles;
   b) las perspectivas de los mercados inmobiliarios.

Cuando, a partir de la evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, la autoridad designada con arreglo al apartado 1 bis del presente artículo concluya que las ponderaciones de riesgo que figuran en el artículo 125, apartado 2, y en el artículo 126, apartado 2, no reflejan adecuadamente los riesgos reales, relacionados con uno o varios segmentos inmobiliarios, de las exposiciones completamente garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales situados en una o varias partes del territorio del Estado miembro de dicha autoridad, y cuando considere que la inadecuación de dichas ponderaciones de riesgo podría repercutir negativamente en la estabilidad financiera presente o futura de su Estado miembro, dicha autoridad podrá establecer unas ponderaciones de riesgo más elevadas para dichas exposiciones dentro de los intervalos fijados en el párrafo cuarto del presente apartado, o imponer criterios más estrictos que los fijados en el artículo 125, apartado 2, y en el artículo 126, apartado 2.

La autoridad designada con arreglo al apartado 1 bis del presente artículo notificará a la ABE y a la JERS todo ajuste de las ponderaciones de riesgo y los criterios aplicados con arreglo al presente apartado. En el plazo de un mes desde la recepción de la citada notificación, la ABE y la JERS remitirán sus respectivos dictámenes al Estado miembro de que se trate. La ABE y la JERS publicarán las ponderaciones de riesgo y los criterios aplicados por la autoridad pertinente con respecto a las exposiciones a que se refieren los artículos 125 y 126 y el artículo 199, apartado 1, letra a).

A efectos del párrafo segundo del presente apartado, la autoridad designada con arreglo al apartado 1 bis podrá establecer las ponderaciones de riesgo dentro de los siguientes intervalos:

   a) entre el 35 % y el 150 % para exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales;
   b) entre el 50 % y el 150 % para exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles comerciales.
   3. Cuando la autoridad designada con arreglo al apartado 1 bis establezca ponderaciones de riesgo más altas o criterios más estrictos con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2, las entidades dispondrán de un período transitorio de seis meses para aplicarlas.
   4. La ABE, en estrecha colaboración con la JERS, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar los criterios rigurosos de evaluación del valor hipotecario a que se refiere el apartado 1 y los tipos de factores que se deben tener en cuenta para evaluar la adecuación de las ponderaciones de riesgo a que hace referencia el párrafo primero del apartado 2.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

   5. La JERS, mediante las recomendaciones a que se hace referencia en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010 y en estrecha colaboración con la ABE, podrá dar directrices a las autoridades designadas con arreglo al apartado 1 bis del presente artículo en relación con:
   a) los factores que podrían «repercutir negativamente en la estabilidad financiera presente o futura», de conformidad con el párrafo segundo del apartado 2; y
   b) los criterios de referencia indicativos que debe tener en cuenta la autoridad designada con arreglo al apartado 1 bis, a la hora de fijar unas ponderaciones de riesgo más elevadas.
   6. Las entidades de un Estado miembro aplicarán las ponderaciones de riesgo y los criterios que hayan definido las autoridades de otro Estado miembro de conformidad con el apartado 2 a todas sus exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales situados en una o varias partes de dicho Estado miembro que resulten pertinentes.».

"

(61)  En el artículo 128, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:"

«1. Las entidades asignarán una ponderación por riesgo del 150 % a las exposiciones que lleven aparejados riesgos especialmente elevados.

   2. A efectos del presente artículo, las entidades tratarán las siguientes exposiciones como exposiciones que llevan aparejados riesgos especialmente elevados:
   a) inversiones en empresas de capital riesgo, salvo las tratadas con arreglo al artículo 132;
   b) inversiones en fondos de capital, salvo las tratadas con arreglo al artículo 132;
   c) financiación especulativa de bienes inmuebles.».

"

(62)  El artículo 132 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 132

Requisitos de fondos propios por exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC

   1. Las entidades calcularán el importe de la exposición ponderada por riesgo de sus exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC multiplicando el importe ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC, calculado con arreglo a los enfoques a que se refiere el apartado 2, párrafo primero, por el porcentaje de participaciones o acciones en poder de dichas entidades.
   2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 3 del presente artículo, las entidades podrán aplicar el enfoque de transparencia de conformidad con el artículo 132 bis, apartado 1, o el enfoque basado en el mandato de conformidad con el artículo 132 bis, apartado 2.

A reserva de lo dispuesto en el artículo 132 ter, apartado 2, las entidades que no apliquen el enfoque de transparencia o el enfoque basado en el mandato asignarán una ponderación por riesgo del 1 250 % (en lo sucesivo, «enfoque alternativo») a sus exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC.

Las entidades podrán calcular el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC utilizando una combinación de los enfoques contemplados en el presente apartado, siempre que se cumplan las condiciones de utilización de dichos enfoques.

   3. Las entidades podrán determinar el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de ▌ un OIC de conformidad con los enfoques establecidos en el artículo 132 bis cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que el OIC sea:
   i) un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), regulado por la Directiva 2009/65/CE;
   ii) un ▌ FIA gestionado por un GFIA de la UE registrado al amparo del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2011/61/UE;
   iii) un FIA gestionado por un GFIA de la UE autorizado con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2011/61/UE;
   iv) un FIA gestionado por un GFIA de fuera de la UE autorizado con arreglo al artículo 37 de la Directiva 2011/61/UE;
   v) un FIA de fuera de la UE gestionado por un GFIA de fuera de la UE y comercializado de conformidad con el artículo 42 de la Directiva 2011/61/UE;
   vi) un FIA de fuera de la UE no comercializado en la Unión y gestionado por un GFIA de fuera de la UE establecido en un tercer país al que se aplique un acto delegado mencionado en el artículo 67, apartado 6, de la Directiva 2011/61/UE;
   b) que el folleto o documento equivalente del OIC indique lo siguiente:
   i) las categorías de activos en los que el OIC está autorizado a invertir;
   ii) si se aplican límites de inversión, los límites relativos y los métodos utilizados para calcularlos;
   c) que la presentación de información por el OIC o por la sociedad de gestión del OIC a la entidad cumpla los siguientes requisitos:
   i) que se informe de las exposiciones del OIC al menos con la misma frecuencia con la que se informa de las de la entidad;
   ii) que el nivel de detalle de la información financiera sea suficiente para permitir a la entidad calcular el importe de la exposición ponderada por riesgo del OIC de conformidad con el enfoque elegido por la entidad;
   iii) que cuando la entidad aplique el enfoque de transparencia, un tercero independiente verifique la información relativa a las exposiciones subyacentes.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, letra a), del presente artículo, los bancos multilaterales y bilaterales de desarrollo y demás entidades que inviertan en un OIC conjuntamente con bancos multilaterales o bilaterales de desarrollo podrán determinar el importe ponderado por riesgo de dichas exposiciones en OIC de acuerdo con los enfoques establecidos en el artículo 132 bis, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el párrafo primero, letras b) y c), del presente artículo y que el mandato de inversión del OIC limite los tipos de activos en los que el OIC puede invertir a aquellos que fomenten el desarrollo sostenible en países en desarrollo.

Las entidades notificarán a su autoridad competente los OIC a los que apliquen el tratamiento a que se refiere el párrafo segundo.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, letra c), inciso i), cuando la entidad determine el importe de la exposición ponderada por riesgo de un OIC con arreglo al enfoque basado en el mandato, la presentación de información por el OIC o por la sociedad de gestión del OIC a la entidad podrá limitarse al mandato de inversión del OIC y cualesquiera cambios que se produzcan en relación con el mismo y podrá tener lugar únicamente cuando la entidad incurra en la exposición al OIC por primera vez y cuando se produzca un cambio en el mandato de inversión del OIC.

   4. Las entidades que no dispongan de información o datos adecuados para calcular el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de conformidad con los enfoques establecidos en el artículo 132 bis podrán basarse en los cálculos de un tercero, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que el tercero sea:
   i) la entidad depositaria o la entidad financiera depositaria del OIC, siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores y deposite todos los valores en esa entidad depositaria o entidad financiera depositaria;
   ii) cuando los OIC no se ajusten a lo contemplado en el inciso i) de la presente letra, la sociedad de gestión del OIC, siempre que esta cumpla la condición establecida en el apartado 3, letra a);
   b) que el tercero realice el cálculo de conformidad con los enfoques establecidos en el artículo 132 bis, apartados 1, 2 o 3, según proceda;
   c) que un auditor externo haya confirmado la exactitud del cálculo del tercero.

Las entidades que se basen en cálculos de un tercero multiplicarán el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC resultante de esos cálculos por un factor de 1,2.

NComo excepción a lo dispuesto en el párrafo segundo, cuando la entidad tenga acceso sin restricciones a los cálculos pormenorizados efectuados por el tercero no se aplicará el factor de 1,2. La entidad facilitará dichos cálculos a su autoridad competente previa solicitud.

   5. Cuando una entidad aplique los enfoques mencionados en el artículo 132 bis a efectos del cálculo del importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC (en lo sucesivo, «OIC de nivel 1») y alguna de las exposiciones subyacentes del OIC de nivel 1 sea una exposición en forma de participaciones o acciones en otro OIC (en lo sucesivo, «OIC de nivel 2»), el importe ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC de nivel 2 podrá calcularse utilizando cualquiera de los tres enfoques expuestos en el apartado 2 del presente artículo. La entidad podrá utilizar el enfoque de transparencia para calcular el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de OIC en el nivel 3 y cualquier otro nivel subsiguiente únicamente cuando haya utilizado ese enfoque para el cálculo en el nivel anterior. En cualquier otro supuesto, deberá utilizar el enfoque alternativo.
   6. El importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC, calculado de conformidad con el enfoque de transparencia y el enfoque basado en el mandato figura en el artículo 132 bis, apartados 1 y 2, tendrá como límite máximo el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de ese OIC calculado de conformidad con el enfoque alternativo.
   7. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, las entidades que apliquen el enfoque de transparencia de conformidad con el artículo 132 bis, apartado 1, podrán calcular el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones bajo la forma de participaciones o acciones en un OIC multiplicando los valores de exposición de esas exposiciones, calculados conforme al artículo 111, por la ponderación por riesgo (RWi*) calculada de conformidad con la fórmula que figura en el artículo 132 quater, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
   a) las entidades valoren sus tenencias de participaciones o acciones en un OIC a coste histórico, pero valoren los activos subyacentes del OIC a valor razonable cuando apliquen el enfoque de transparencia;
   b) un cambio en el valor de mercado de las participaciones o acciones que las entidades valoran a coste histórico no cambie ni el importe de los fondos propios de esas entidades ni el valor de exposición asociado con esas tenencias.».

"

63)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 132 bis

Enfoques para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de OIC

   1. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 132, apartado 3, las entidades que dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes de un OIC tomarán en consideración dichas exposiciones para calcular el importe ponderado por riesgo de las exposiciones del OIC, aplicando una ponderación por riesgo a todas las exposiciones subyacentes del OIC como si las exposiciones fueran mantenidas directamente por aquellas entidades.
   2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 132, apartado 3, las entidades que no dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes de un OIC para utilizar el enfoque de transparencia podrán calcular el importe ponderado por riesgo de esas exposiciones con arreglo a los límites establecidos en el mandato del OIC y la legislación pertinente.

Las entidades efectuarán los cálculos a que se refiere el párrafo primero partiendo del supuesto de que el OIC asume primero, hasta el máximo permitido con arreglo a su mandato o a la normativa aplicable, las exposiciones que implican el requisito de fondos propios más elevado y luego sigue asumiendo exposiciones en orden descendente hasta alcanzar el límite total máximo de exposición, y que el OIC aplica el apalancamiento hasta el máximo permitido por su mandato o la normativa aplicable, cuando proceda.

Las entidades efectuarán los cálculos a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los métodos establecidos en el presente capítulo, en el capítulo 5 y en las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 del presente título.

   3. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra d), las entidades que calculen el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de conformidad con los apartados 1 o 2 del presente artículo podrán calcular el requisito de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito de las exposiciones a derivados de ese OIC como un importe equivalente al 50 % del requisito de fondos propios de dichas exposiciones a derivados, calculado de conformidad con las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 del presente título, según proceda.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades podrán excluir del cálculo del requisito de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito las exposiciones a derivados que no estarían sujetas a ese requisito si fueran asumidas directamente por la entidad.

   4. La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el modo en que las entidades calcularán el importe ponderado por riesgo de la exposición a que se refiere el apartado 2 cuando no esté disponible uno o más de los datos necesarios para dicho cálculo.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el … [nueve meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento modificativo].

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n. 1093/2010.

Artículo 132 ter

Exclusiones de los enfoques para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones de OIC

   1. Las entidades podrán excluir de los cálculos a que se refiere el artículo 132 los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario, de capital de nivel 1 adicional, ▌ de capital de nivel 2 y los instrumentos de pasivos admisibles en posesión de un OIC que las entidades deducirán de conformidad con el artículo 36, apartado 1, y los artículos 56, 66 y 7sexies, respectivamente.
   2. Las entidades podrán excluir de los cálculos a que se refiere el artículo 132 las exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC a que se refiere el artículo 150, apartado 1, letras g) y h), y aplicar en su lugar a esas exposiciones el tratamiento expuesto en el artículo 133.

Artículo 132 quater

Tratamiento de las exposiciones fuera de balance a los OIC

   1. Las entidades calcularán el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de sus elementos fuera de balance que pueden convertirse en exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC multiplicando los valores de exposición de dichas exposiciones, calculados de conformidad con el artículo 111, con la siguiente ponderación por riesgo:
   a) respecto de todas las exposiciones para las cuales las entidades apliquen uno de los enfoques que figuran en el artículo 132 bis:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000003.png

donde:

RWi*= ponderación por riesgo;

i = índice que designa el OIC

RW20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000004.png= importe calculado conforme al artículo 132 bis para un OICi;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000005.png= valor de exposición de las exposiciones de OICi;

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000006.png= valor contable de los activos de OICi;

EQi = valor contable del capital de OICi;

   b) respecto de todas las demás exposiciones, 20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000007.png.
   2. Las entidades calcularán el valor de exposición de un compromiso de valor mínimo que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 3 del presente artículo como el valor actual descontado del importe garantizado utilizando un factor de descuento libre de riesgo de impago. Las entidades podrán reducir el valor de exposición del compromiso de valor mínimo por cualquier pérdida reconocida respecto del compromiso de valor mínimo atribuido en el marco contable aplicable.

Las entidades calcularán el importe ponderado por riesgo de las exposiciones correspondiente a las exposiciones fuera de balance derivadas de los compromisos de valor mínimo que cumplan todas las condiciones establecidas en el apartado 3 del presente artículo multiplicando el valor de exposición de dichas exposiciones por un factor de conversión del crédito del 20 % y la ponderación por riesgo derivada con arreglo a los artículos 132 o 152.

   3. Las entidades determinarán el importe ponderado por riesgo de las exposiciones correspondiente a las exposiciones fuera de balance derivadas de los compromisos de valor mínimo de conformidad con el apartado 2 cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que la exposición fuera de balance de la entidad sea un compromiso de valor mínimo correspondiente a una inversión en participaciones o acciones de uno o más OIC por el cual la entidad solo está obligada a abonar en virtud del compromiso de valor mínimo cuando el valor de mercado de las exposiciones subyacentes del OIC o los OIC se encuentre por debajo de un umbral predeterminado en uno o más momentos, según se especifique en el contrato;
   b) que el OIC sea:
   i) un OICVM con arreglo a la Directiva 2009/65/CE; o
   ii) un FIA con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE que únicamente invierta en valores mobiliarios o en otros activos financieros líquidos contemplados en el artículo 50, apartado 1, de la Directiva 2009/65/CE, cuando el mandato del FIA no permita un apalancamiento superior al permitido con arreglo al artículo 51, apartado 3, de la Directiva 2009/65/CE;
   c) que el valor actual de mercado de las exposiciones del OIC subyacentes al compromiso de valor mínimo sin tener en cuenta el efecto de los compromisos de valor mínimo fuera de balance cubra o supere el valor actual del umbral especificado en el compromiso de valor mínimo;
   d) que cuando el exceso del valor de mercado de las exposiciones subyacentes del OIC o los OIC por encima del valor actual del compromiso de valor mínimo se reduzca, la entidad, u otra empresa en la medida en que esté cubierta por la supervisión en base consolidada a la que esté sujeta la propia entidad de conformidad con el presente Reglamento y con la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2002/87/CE, pueda influir en la composición de las exposiciones subyacentes del OIC o los OIC o limitar la posibilidad de una ulterior reducción del exceso de otras maneras;
   e) que el beneficiario último directo o indirecto del compromiso de valor mínimo sea normalmente un cliente minorista según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 11, de la Directiva 2014/65/UE.».

"

(64)  En el artículo 144, apartado 1, la letra g) se sustituye por el texto siguiente:"

«g) la entidad ha calculado con arreglo al método IRB los requisitos de fondos propios resultantes de sus estimaciones de los parámetros de riesgo y se halla en condiciones de presentar los informes que exige el artículo 430;».

"

65)  El artículo 152 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 152

Tratamiento de las exposiciones en forma de participaciones o acciones en OIC

   1. Las entidades calcularán el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC multiplicando el importe ponderado por riesgo de la exposición del OIC, calculado con arreglo a los enfoques que figuran en los apartados 2 y 5, por el porcentaje de participaciones o acciones en poder de dichas entidades.
   2. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 132, apartado 3, las entidades que dispongan de información suficiente sobre cada una de las exposiciones subyacentes de un OIC tomarán en consideración dichas exposiciones subyacentes para calcular el importe ponderado por riesgo de la exposición del OIC, aplicando una ponderación por riesgo a todas las exposiciones subyacentes del OIC como si las exposiciones fueran mantenidas directamente por aquellas entidades.
   3. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 92, apartado 3, letra d), las entidades que calculen el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC de conformidad con los apartados 1 o 2 del presente artículo podrán calcular el requisito de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito de las exposiciones a derivados de ese OIC como un importe equivalente al 50 % del requisito de fondos propios de dichas exposiciones a derivados, calculado de conformidad con las secciones 3, 4 o 5 del capítulo 6 del presente título, según proceda.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades podrán excluir del cálculo del requisito de fondos propios por riesgo de ajuste de valoración del crédito las exposiciones a derivados que no estarían sujetas a ese requisito si fueran asumidas directamente por la entidad.

   4. Las entidades que apliquen el enfoque de transparencia de conformidad con los apartados 2 y 3 del presente artículo y que cumplan las condiciones de utilización parcial permanente de conformidad con el artículo 150, o que no cumplan las condiciones para utilizar los métodos establecidos en el presente capítulo o uno o varios de los métodos previstos en el capítulo 5 en relación con la totalidad o parte de las exposiciones subyacentes del OIC, podrán calcular los importes ponderados por riesgo de las exposiciones y los importes de las pérdidas esperadas de conformidad con los siguientes principios:
   a) en lo que respecta a las exposiciones asignadas a la categoría de exposiciones de renta variable a que se refiere el artículo 147, apartado 2, letra e), las entidades aplicarán el método simple de ponderación por riesgo establecido en el artículo 155, apartado 2;
   b) en lo que respecta a las exposiciones asignadas a los elementos que representan la categoría de posiciones de titulización a que se refiere el artículo 147, apartado 2, letra f), las entidades aplicarán el tratamiento previsto en el artículo 254 como si exposiciones fueran mantenidas directamente por aquellas entidades;
   c) en lo que respecta a todas las demás exposiciones subyacentes, las entidades aplicarán el método estándar establecido en el capítulo 2 del presente título.

A efectos del párrafo primero, letra a), cuando la entidad no pueda distinguir entre exposiciones de renta variable no cotizada, exposiciones de renta variable negociada en mercados organizados y otras exposiciones de renta variable, tratará las exposiciones en cuestión como otras exposiciones de renta variable.

   5. Cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 132, apartado 3, las entidades que no dispongan de suficiente información sobre cada una de las exposiciones subyacentes de un OIC podrán calcular el importe ponderado por riesgo de esas exposiciones de conformidad con el enfoque basado en el mandato establecido en el artículo 132 bis, apartado 2. No obstante, en el caso de las exposiciones enumeradas en el apartado 4, letras a), b) y c), del presente artículo, las entidades aplicarán los métodos establecidos en dichas letras.
   6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 132 ter, apartado 2, las entidades que no apliquen el enfoque de transparencia de conformidad con los apartados 2 y 3 del presente artículo o el enfoque basado en el mandato de conformidad con el apartado 5 del presente artículo aplicarán el enfoque alternativo a que se refiere el artículo 132, apartado 2.
   7. Las entidades podrán calcular el importe ponderado por riesgo de sus exposiciones en forma de participaciones o acciones en un OIC utilizando una combinación de los enfoques contemplados en el presente artículo, siempre que se cumplan las condiciones de utilización de dichos enfoques.
   8. Las entidades que no dispongan de información o datos adecuados para calcular el importe ponderado por riesgo de la exposición de un OIC de conformidad con los enfoques establecidos en los apartados 2, 3, 4 y 5 podrán basarse en los cálculos de un tercero, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que el tercero sea:
   i) la entidad depositaria o la entidad financiera depositaria del OIC, siempre que el OIC invierta exclusivamente en valores y deposite todos los valores en esa entidad depositaria o entidad financiera depositaria;
   ii) cuando los OIC no se ajusten a lo contemplado en el inciso i) de la presente letra, la sociedad de gestión del OIC, siempre que esta cumpla los criterios establecidos en el artículo 132, apartado 3, letra a);
   b) que, en el caso de exposiciones distintas de las enumeradas en el apartado 4, letras a), b) y c) del presente artículo, el tercero realice el cálculo de conformidad con el enfoque de transparencia establecido en el artículo 132 bis apartado 1;
   c) que, en el caso de las exposiciones enumeradas en el apartado 4, letras a), b) y c), el tercero realice el cálculo de conformidad con los enfoques contemplados en dichas letras;
   d) que un auditor externo haya confirmado la exactitud del cálculo del tercero.

Las entidades que se basen en cálculos de un tercero multiplicarán el importe ponderado por riesgo de las exposiciones de un OIC resultante de esos cálculos por un factor de 1,2.

NComo excepción a lo dispuesto en el párrafo segundo, cuando la entidad tenga acceso sin restricciones a los cálculos pormenorizados efectuados por el tercero no se aplicará el factor de 1,2. La entidad facilitará dichos cálculos a su autoridad competente previa solicitud.

   9. A efectos del presente artículo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 132, apartados 5 y 6, y en el artículo 132 ter. A efectos del presente artículo, será de aplicación el artículo 132 quater, utilizando las ponderaciones por riesgo calculadas de acuerdo con el capítulo 3 del presente título.».

"

(66)   En el artículo 158, se inserta el apartado siguiente:"

«9 bis. El importe de las pérdidas esperadas correspondiente a un compromiso de valor mínimo que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 132 quater, apartado 3, será cero.».

"

(67)   El artículo 164 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 164

Pérdida en caso de impago (LGD)

   1. Las entidades proporcionarán sus propias estimaciones de LGD, con arreglo a los requisitos especificados en la sección 6 del presente capítulo y previa autorización de las autoridades competentes concedida con arreglo al artículo 143. Para el riesgo de dilución de los derechos de cobro adquiridos se aplicará un valor de LGD del 75 %. Cuando la entidad pueda descomponer de manera fiable en probabilidad de incumplimiento y de LGD sus estimaciones de pérdidas esperadas para el riesgo de dilución de los derechos de cobro adquiridos, podrá utilizar su propia estimación de LGD.
   2. Podrán reconocerse como admisibles las coberturas del riesgo de crédito con garantías personales mediante ajustes de las estimaciones de probabilidad de incumplimiento o de LGD, siempre que se cumplan los requisitos especificados en el artículo 183, apartados 1, 2 y 3, y previa autorización de las autoridades competentes, ya sea como respaldo de una exposición individual o de un conjunto de exposiciones. Las entidades no podrán asignar a las exposiciones garantizadas una probabilidad de incumplimiento o de LGD ajustada de tal modo que la ponderación por riesgo ajustada sea inferior a la de una exposición comparable y directa frente al garante.
   3. A efectos del artículo 154, apartado 2, la LGD de una exposición directa y comparable frente al prestador de cobertura a que se refiere el artículo 153, apartado 3, será la LGD asociada a una línea de crédito no cubierta frente al garante o la LGD asociada a una línea de crédito no cubierta frente al deudor, dependiendo de si, en el caso de impago conjunto del garante y el deudor durante la vida de la operación cubierta, tanto los datos disponibles como la estructura de la garantía indican que el importe recuperado dependerá de la condición financiera del garante o del deudor, respectivamente.
   4. La LGD media ponderada por exposición para todas las exposiciones minoristas garantizadas por bienes inmuebles residenciales y que no se beneficien de garantías de administraciones centrales no será inferior a un 10 %.

La LGD media ponderada por exposición para todas las exposiciones minoristas garantizadas por bienes inmuebles comerciales y que no se beneficien de garantías de administraciones centrales no será inferior a un 15 %.

   5. Los Estados miembros designarán a la autoridad encargada de la aplicación del apartado 6. Esa autoridad será la autoridad competente o la autoridad designada.

Cuando la autoridad designada por un Estado miembro a efectos de la aplicación del presente artículo sea la autoridad competente, esta velará por que los organismos y autoridades nacionales pertinentes con competencias de supervisión macroprudencial sean debidamente informados de la intención de la autoridad competente de aplicar lo dispuesto en el presente artículo y participen en la medida adecuada en la evaluación de los riesgos para la estabilidad financiera en su Estado miembro con arreglo al apartado 6.

Cuando la autoridad designada por el Estado miembro a efectos de la aplicación del presente artículo sea distinta de la autoridad competente, el Estado miembro adoptará las disposiciones necesarias para garantizar una coordinación y un intercambio de información adecuados entre la autoridad competente y la autoridad designada para la correcta aplicación del presente artículo. En particular, las autoridades tendrán la obligación de cooperar estrechamente y intercambiar entre sí toda la información que pueda resultar necesaria para el correcto desempeño de las funciones asignadas a la autoridad designada en virtud del presente artículo. Dicha cooperación tendrá la finalidad de evitar cualquier tipo de duplicación o incoherencia de acción entre la autoridad competente y la autoridad designada, y velar por que se tenga debidamente en cuenta su interacción con otras medidas, en particular las tomadas con arreglo al artículo 458 del presente Reglamento y al artículo 133 de la Directiva 2013/36/UE.

   6. A partir de los datos recopilados con arreglo al artículo 430 bis y de cualesquiera otros indicadores pertinentes, y teniendo en cuenta las perspectivas futuras del mercado inmobiliario, la autoridad designada con arreglo al apartado 5 del presente artículo evaluará de manera periódica, y al menos anualmente, si los valores mínimos de LGD que se indican en el apartado 4 del presente artículo son adecuados para las exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales situados en una o varias partes del territorio del Estado miembro de la autoridad pertinente.

Cuando, a partir de la evaluación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, la autoridad designada con arreglo al apartado 5 concluya que los valores mínimos de LGD que se indican en el apartado 4 no son adecuados y considere que la inadecuación de dichos valores de LGD podría repercutir negativamente en la estabilidad financiera presente o futura de su Estado miembro, dicha autoridad podrá establecer unos valores mínimos de LGD más elevados para las exposiciones correspondientes situadas en una o varias partes del territorio del Estado miembro de la autoridad pertinente. Dichos valores mínimos más elevados también podrán aplicarse en uno o varios segmentos inmobiliarios de tales exposiciones.

La autoridad designada con arreglo al apartado 5 informará a la ABE y a la JERS antes de adoptar la decisión a la que se refiere el presente apartado. En el plazo de un mes desde la recepción de la citada notificación, la ABE y la JERS remitirán sus respectivos dictámenes al Estado miembro de que se trate. La ABE y la JERS publicarán los correspondientes valores de LGD.

   7. Cuando la autoridad designada con arreglo al apartado 5 establezca valores mínimos de LGD más elevados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6, las entidades dispondrán de un período transitorio de seis meses para aplicarlas.
   8. La ABE, en estrecha cooperación con la JERS, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar las condiciones que tendrá en cuenta la autoridad designada con arreglo al apartado 5 al evaluar la adecuación de los valores de LGD en el marco de la evaluación a que se refiere el apartado 6.

La ABE presentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

Se delegan en la Comisión los poderes para completar el presente Reglamento mediante la adopción de las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.

   9. La JERS, mediante las recomendaciones a que se hace referencia en el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010, y en estrecha colaboración con la ABE, podrá orientar a las autoridades designadas con arreglo al apartado 5 del presente artículo, por lo que se refiere a:
   a) los factores que podrían «repercutir negativamente en la estabilidad financiera presente o futura» a los que hace referencia el apartado 6; y
   b) los criterios de referencia indicativos que debe tener en cuenta la autoridad designada con arreglo al apartado 5 a la hora de fijar unos valores mínimos de LGD más elevados.
   10. Las entidades de un Estado miembro aplicarán los valores mínimos de LGD más elevados que hayan sido determinados por las autoridades de otro Estado miembro de conformidad con el apartado 6 a todas sus correspondientes exposiciones garantizadas por hipotecas sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales situados en una o varias partes de dicho Estado miembro.».

"

68)  En el artículo 201, apartado 1, la letra h) se sustituye por el texto siguiente:"

«h) entidades de contrapartida central cualificadas.».

"

69)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 204 bis

Tipos admisibles de derivados sobre renta variable

   1. Las entidades podrán utilizar como cobertura del riesgo de crédito admisible derivados sobre renta variable que sean permutas de rendimiento total, o similares en la práctica desde el punto de vista económico, únicamente con el fin de llevar a cabo coberturas internas.

Cuando una entidad compre cobertura del riesgo de crédito a través de una permuta de rendimiento total y contabilice como ingresos netos los pagos netos recibidos por la permuta, pero no contabilice el correspondiente deterioro del valor del activo cubierto, ya sea mediante reducciones del valor razonable o un aumento de las reservas, esa cobertura del riesgo de crédito no se considerará admisible.

   2. Cuando una entidad lleve a cabo una cobertura interna mediante un derivado sobre renta variable, para que la cobertura interna se considere cobertura del riesgo de crédito admisible a efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, el riesgo de crédito transferido a la cartera de negociación deberá transferirse a su vez a un tercero o terceros.

Cuando se haya llevado a cabo una cobertura interna con arreglo al párrafo primero y se hayan cumplido los requisitos del presente capítulo, las entidades aplicarán las normas establecidas en las secciones 4 a 6 del presente capítulo para el cálculo de los importes ponderados por riesgo de las exposiciones y las pérdidas esperadas cuando adquieran coberturas del riesgo de crédito con garantías personales.».

"

70)  El artículo 223 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«En el caso de las operaciones con derivados OTC, las entidades que utilicen el método establecido en la sección 6 del capítulo 6, calcularán EVA del siguiente modo:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000008.png.»;

"

b)  en el apartado 5, se añade el párrafo siguiente:"

«En el caso de las operaciones con derivados OTC, las entidades que utilicen los métodos establecidos en el capítulo 6, secciones 3, 4 y 5, tendrán en cuenta los efectos de reducción del riesgo de la garantía real con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 6, secciones 3, 4 y 5, según corresponda.».

"

71)  El artículo 272 se modifica como sigue:

a)  el punto 6 se sustituye por el texto siguiente:"

«6) Conjunto de posiciones compensables: un grupo de operaciones que pertenecen a un mismo conjunto de operaciones compensables en el que se permite la compensación total o parcial a fin de determinar la exposición futura potencial con arreglo a los métodos establecidos en las secciones 3 o 4 del presente capítulo.»;

"

b)  se inserta el punto siguiente:"

«7 bis) Acuerdo de margen unidireccional: un acuerdo de margen en virtud del cual una entidad está obligada a aportar márgenes de variación a una contraparte, pero no tiene derecho a recibir márgenes de variación de esa contraparte, o viceversa.»;

"

c)   el punto 12 se sustituye por el texto siguiente:"

12) Valor actual de mercado o VAM: el valor neto de mercado de todas las operaciones en un conjunto de operaciones compensables sin deducir las posibles garantías reales mantenidas o aportadas, compensándose para el cálculo del VAM los valores de mercado positivos y negativos.»;

"

d)   se inserta el punto siguiente:"

«12 bis) Importe de la garantía real independiente neta o ▌NICA: la suma del valor ajustado a la volatilidad de la garantía real neta recibida o aportada, según proceda, por el conjunto de operaciones compensables distinta del margen de variación..

"

72)  El artículo 273 se modifica como sigue:

a)   el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las entidades calcularán el valor de exposición de los contratos enumerados en el anexo II a partir de uno de los métodos establecidos en las secciones 3 a 6, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

Las entidades que no cumplan las condiciones previstas en el artículo 273 bis, apartado 1, no podrán utilizar el método establecido en la sección 4. Las entidades que no cumplan las condiciones previstas en el artículo 273 bis, apartado 2, no podrán utilizar el método establecido en la sección 5.

Las entidades podrán utilizar de forma combinada los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 de forma permanente dentro de un grupo. Una misma entidad no podrá utilizar de forma combinada los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del presente capítulo con carácter permanente.»;

"

b)   los apartados 6, 78 se sustituyen por el texto siguiente:"

«6. Con arreglo a los métodos establecidos en las secciones 3 a 6, el valor de exposición para una contraparte dada será igual a la suma de los valores de exposición calculados para cada conjunto de operaciones compensables con esa contraparte.

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, cuando un acuerdo de margen se aplique a múltiples conjuntos de operaciones compensables con esa contraparte y la entidad utilice uno de los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 para calcular el valor de exposición de dichos conjuntos de operaciones compensables, el valor de exposición se calculará con arreglo a lo establecido en la sección correspondiente.

Para una determinada contraparte, el valor de exposición, calculado de conformidad con el presente capítulo, de un conjunto dado de operaciones compensables con instrumentos derivados OTC que se enumeren en el anexo II será el mayor entre cero y la diferencia entre la suma de los valores de exposición de todos los conjuntos de operaciones compensables con la contraparte y la suma de los ajustes de valoración del crédito correspondientes a esa contraparte que la entidad reconozca como una pérdida de valor. Los ajustes de valoración del crédito se calcularán sin tener en cuenta el importe de los ajustes compensatorios de valor del adeudo atribuidos al propio riesgo de crédito de la empresa que ya se haya deducido de los fondos propios de conformidad con el artículo 33, apartado 1, letra c).

   7. A la hora de calcular el valor de exposición de conformidad con los métodos establecidos en las secciones 3, 4 y 5, las entidades podrán tratar dos contratos de derivados OTC comprendidos en el mismo acuerdo de compensación entre los que exista una correspondencia perfecta como un único contrato con un principal nocional igual a cero.

A efectos del párrafo primero, existirá una correspondencia perfecta entre dos contratos de derivados OTC cuando reúnan todas las condiciones siguientes:

   a) que sus posiciones de riesgo sean opuestas;
   b) que sus características, a excepción de la fecha de negociación, sean idénticas;
   c) que sus flujos de caja se compensen plenamente.
   8. Las entidades determinarán el valor de exposición de las exposiciones resultantes de operaciones con liquidación diferida utilizando cualquiera de los métodos establecidos en las secciones 3 a 6 del presente capítulo, independientemente del método que hayan elegido para tratar los derivados OTC y las operaciones de recompra, las operaciones de préstamo o de toma en préstamo de valores o materias primas y las operaciones de préstamo con reposición del margen. Al calcular los requisitos de fondos propios para las operaciones con liquidación diferida, las entidades que utilicen el método establecido en el capítulo 3 podrán asignar las ponderaciones de riesgo con arreglo al método establecido en el capítulo 2 de forma permanente y con independencia de la importancia relativa de esas posiciones.»;

"

c)   se añade el apartado siguiente:"

«9. En el caso de los métodos indicados en las secciones 3 a 6 del presente capítulo, las entidades tratarán las operaciones en las que se haya detectado un riesgo específico de correlación adversa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 291, apartados 2, 4, 5 y 6.».

"

73)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 273 bis

Condiciones de utilización de métodos simplificados para calcular el valor de exposición

   1. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados de conformidad con el método establecido en la sección 4, a condición de que el volumen de sus operaciones con derivados dentro y fuera de balance sea igual o inferior a ambos umbrales siguientes sobre la base de una evaluación efectuada mensualmente a partir de los datos del último día del mes:
   a) el 10 % del total de sus activos;
   b) 300 millones de euros.

   2. Las entidades podrán calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados ▌ de conformidad con el método establecido en la sección 5, a condición de que el volumen de sus operaciones con derivados dentro y fuera de balance sea igual o inferior a ambos umbrales siguientes sobre la base de una evaluación efectuada mensualmente a partir de los datos del último día del mes:
   a) el 5 % del total de sus activos;
   b) 100 millones de euros.

   3. A efectos de los apartados 1 y 2, las entidades calcularán el volumen de sus operaciones con derivados dentro y fuera de balance a partir de los datos del último día del mes de acuerdo con los siguientes requisitos:
   a) las posiciones en derivados se valorarán en su valor de mercado en dicha fecha; si el valor de mercado de una posición no está disponible en una fecha determinada, la entidad utilizará un valor razonable para la posición en dicha fecha; cuando el valor de mercado y el valor razonable de una posición no estén disponibles en una fecha determinada, las entidades utilizarán el más reciente entre el valor de mercado o el valor razonable de esa posición;
   b) a los valores absolutos de las posiciones largas en derivados se les sumarán los de las posiciones cortas en derivados;
   c) se incluirán todas las posiciones en derivados, salvo los derivados de crédito reconocidos como coberturas internas frente a las exposiciones al riesgo de crédito de la cartera de inversión.
   4. Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 o 2, según proceda, cuando la actividad de derivados en base consolidada no supere los umbrales fijados en los apartados 1 o 2, según corresponda, la entidad incluida en la consolidación y que habría tenido que aplicar el método establecido en las secciones 3 o 4 porque supera estos umbrales de forma individual, podrá, previa autorización de las autoridades competentes, optar en su lugar por aplicar el método que se aplicaría en base consolidada.
   5. Las entidades notificarán a las autoridades competentes los métodos establecidos en las secciones 4 o 5 que utilicen o dejen de utilizar, según proceda, para calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados.
   6. Las entidades no deberán realizar, comprar o vender una operación con derivados con el único objeto de cumplir alguna de las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2 durante la evaluación mensual.

Artículo 273 ter

Incumplimiento de las condiciones de utilización de métodos simplificados para calcular el valor de exposición de los derivados

   1. Una entidad que haya dejado de cumplir una o varias de las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, lo notificará de inmediato a la autoridad competente.
   2. Una entidad dejará de calcular los valores de exposición de sus posiciones en derivados de conformidad con las secciones 4 o 5, según corresponda, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se produzca una de las circunstancias siguientes:
   a) la entidad no cumple ▌ las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1, letra a), o 2, letra a), según corresponda, o las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1, letra b), o 2, letra b), según corresponda, durante tres meses consecutivos;
   b) la entidad no cumple las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1, letra a), o 2, letra a), según corresponda, o las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1, letra b), o 2, letra b), según corresponda, durante más de seis de los doce meses anteriores.
   3. Cuando una entidad haya dejado de calcular los valores de exposición de sus posiciones en derivados de conformidad con las secciones 4 o 5, según corresponda, solo estará autorizada a volver a calcular el valor de exposición de sus posiciones en derivados utilizando los métodos establecidos en las secciones 4 o 5, si demuestra ante la autoridad competente que el conjunto de las condiciones establecidas en el artículo 273 bis, apartados 1 o 2, se ha cumplido durante un período ininterrumpido de un año.».

"

74)  En la parte tercera, título II, capítulo 6, las secciones 3, 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente:"

«Sección 3

Método estándar para el riesgo de crédito de contraparte

Artículo 274

Valor de exposición

   1. Las entidades podrán calcular un único valor de exposición a nivel del conjunto de operaciones compensables para todas las operaciones cubiertas por un acuerdo de compensación contractual cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
   a) que el acuerdo de compensación pertenezca a uno de los tipos de acuerdos de compensación contractual a que se refiere el artículo 295;
   b) que el acuerdo de compensación haya sido reconocido por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 296;
   c) que la entidad haya cumplido las obligaciones establecidas en el artículo 297 en relación con el acuerdo de compensación.

En caso de que alguna de esas condiciones establecidas en el párrafo primero no se cumpla, la entidad tratará cada operación en sí misma como un conjunto de operaciones compensables.

   2. Las entidades calcularán el valor de exposición del conjunto de operaciones compensables con arreglo al siguiente método estándar para el riesgo de crédito de contraparte:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000009.png

donde:

RC = coste de reposición, calculado de conformidad con el artículo 275;

PFE = exposición futura potencial calculada de conformidad con el artículo 278;

α = 1,4.

   3. El valor de exposición de un conjunto de operaciones compensables que esté sujeto a un acuerdo de margen contractual se limitará como máximo al valor de exposición del mismo conjunto de operaciones compensables no sujeto a ningún tipo de acuerdo de margen.
   4. Cuando se apliquen múltiples acuerdos de margen a un mismo conjunto de operaciones compensables, las entidades asignarán cada acuerdo de margen al grupo de operaciones del conjunto de operaciones compensables al que se aplique contractualmente dicho acuerdo de margen y calcularán un valor de exposición por separado para cada una de esas operaciones agrupadas.
   5. Las entidades podrán fijar en cero el valor de exposición de un conjunto de operaciones compensables si cumple todas las condiciones siguientes:
   a) que se componga exclusivamente de opciones vendidas;
   b) que su valor actual de mercado sea en todo momento negativo;
   c) que la entidad haya recibido por adelantado la prima de todas las opciones incluidas en él para garantizar la ejecución de los contratos;
   d) que no esté sujeto a un acuerdo de margen.
   6. En un conjunto de operaciones compensables, las entidades sustituirán una operación que sea una combinación lineal finita de opciones de compra o venta compradas o vendidas por todas las opciones individuales que forman dicha combinación lineal, consideradas como operación individual, a efectos de calcular el valor de exposición del conjunto de operaciones compensables de conformidad con la presente sección. Cada combinación de opciones de este tipo se tratará como una operación individual en el conjunto de operaciones compensables en el que se incluya la combinación a efectos del cálculo del valor de exposición.
   7. El valor de exposición de una operación con derivados de crédito que represente una posición larga en el subyacente podrá limitarse al importe de la prima impagada pendiente siempre que se trate cada operación en sí misma como un conjunto de operaciones compensables que no está sometido a un acuerdo de margen.

Artículo 275

Coste de reposición

   1. Las entidades calcularán el coste de reposición RC de los conjuntos de operaciones compensables que no están sujetos a un acuerdo de margen con arreglo a la siguiente fórmula:

20190416-P8_TA-PROV(2019)0369_ES-p0000010.png

   2. Las entidades calcularán el coste de reposición de cada conjunto de operaciones compensables que está sujeto a un acuerdo de margen con arreglo a la siguiente fórmula: