Índice 
Textos aprobados
Jueves 18 de abril de 2019 - Estrasburgo 
China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas
 Camerún
 Brunéi
 Acuerdo de Cooperación Judicial Penal Eurojust-Dinamarca *
 Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos ***I
 Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes ***I
 Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades ***I
 Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas ***I
 Fondo Europeo de Defensa ***I
 Exposiciones en forma de bonos garantizados ***I
 Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados ***I
 InvestEU ***I
 Entorno de ventanilla única marítima europea ***I
 Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad ***I
 Contaminantes orgánicos persistentes ***I
 Obligación de compensación, requisitos de notificación, técnicas de reducción del riesgo en los derivados extrabursátiles y registros de operaciones ***I
 Autorización de las ECC y reconocimiento de las ECC de terceros países ***I
 Fomento del uso de los mercados de pymes en expansión ***I
 Negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre el derecho de investigación del Parlamento: propuesta legislativa
 Un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos

China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre China, en particular la situación de las minorías religiosas y étnicas (2019/2690(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0422RC-B8-0255/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en China, en particular las de 26 de noviembre de 2009, sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte(1); de 10 de marzo de 2011, sobre la situación y el patrimonio cultural en Kashgar (Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China)(2); de 15 de diciembre de 2016, sobre los casos de la Academia Budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti(3); de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE‑China(4), y de 4 de octubre de 2018, sobre las detenciones arbitrarias masivas de uigures y kazajos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang(5),

–  Vistas la asociación estratégica entre la Unión y China, que se puso en marcha en 2003, y la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 22 de junio de 2016, titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China» (JOIN(2016)0030),

–  Vistas las Orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 12 de marzo de 2019, titulada «UE‑China – Una perspectiva estratégica» (JOIN(2019)0005),

–  Vista la declaración conjunta de la 21.ª Cumbre UE‑China, de 9 de abril de 2019,

–  Vistos el diálogo UE‑China sobre derechos humanos, iniciado en 1995, y su 37.ª ronda celebrada en Bruselas los días 1 y 2 de abril de 2019,

–  Vistos el artículo 36 de la Constitución de la República Popular China, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de culto, y el artículo 4, que consagra los derechos de las «nacionalidades minoritarias»,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, que China firmó en 1998, pero no ha ratificado,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las observaciones finales del examen de China por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, en el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia, la Unión se compromete a fomentar los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho «en todos los ámbitos de la acción externa sin excepción» y a situar «los derechos humanos en el centro de las relaciones con todo tercer país, incluidos los socios estratégicos»; que estos principios deben seguir ocupando el centro de las relaciones que mantienen desde hace largo tiempo la Unión Europea y China, de acuerdo con el compromiso de la Unión de defender estos valores en su acción exterior y con el interés manifestado por China por respetar, en su propio desarrollo, las leyes y normas internacionales relativas a los derechos humanos;

B.  Considerando que, si bien China ha logrado sacar a 700 millones de personas de la pobreza, desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder en marzo de 2013, la situación de los derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose y el Gobierno ha mostrado una mayor hostilidad hacia la disidencia pacífica, las libertades de expresión y religión, y el Estado de Derecho; que las autoridades chinas han detenido y llevado a los tribunales a cientos de defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas;

C.  Considerando que la nueva normativa sobre asuntos religiosos que entró en vigor el 1 de febrero de 2018 es más restrictiva para los grupos y las actividades de carácter religioso y les obliga a conformarse más a las políticas del Partido Comunista de China; que la libertad religiosa y la libertad de conciencia no se habían encontrado en peor situación desde el inicio de las reformas económicas y la apertura de China a finales de los setenta del siglo pasado; que China es uno de los países con más presos religiosos;

D.  Considerando que, si bien la Santa Sede y el Gobierno chino alcanzaron en septiembre de 2018 un acuerdo en cuanto a los nombramientos de obispos en China, las comunidades religiosas cristianas se ven sometidas a una represión cada vez mayor en el país, y que los cristianos, independientemente de que sus Iglesias sean clandestinas o cuenten con la aprobación del Gobierno, padecen el acoso y la detención de los fieles, la demolición de iglesias, la confiscación de símbolos religiosos y la represión dirigida contra las celebraciones cristianas; que en algunas provincias las autoridades chinas no permiten que los menores de dieciocho años asistan a actos religiosos; que, en septiembre de 2018, China prohibió la Iglesia de Sion, que con sus más de 1 500 fieles constituía la principal comunidad cristiana de China que celebraba sus actos en domicilios privados;

E.  Considerando que la situación en Xinjiang, donde viven 10 millones de musulmanes uigures y de kazajos, se ha deteriorado rápidamente al pasar la estabilidad y el control de Xinjiang a ser una de las máximas prioridades de las autoridades chinas, tanto por los periódicos atentados terroristas cometidos por los uigures en Xinjiang, o supuestamente relacionados con la zona, como por la situación estratégica de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang para la iniciativa «Un cinturón, una ruta»; que hay noticias de que el sistema de campamentos de Xinjiang se ha extendido a otras zonas de China;

F.  Considerando que se ha instaurado un programa de detención extrajudicial que priva de libertad a entre decenas de miles y más de un millón de uigures que se ven sometidos a una «reeducación» política, según los cálculos a los que ha hecho referencia el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, todo ello sin que se hayan presentado cargos contra ellos ni hayan sido sometidos a juicio y durante un período de tiempo sin especificar, por lo que se trata de detenciones arbitrarias so pretexto de combatir el terrorismo y el extremismo religioso; que en la provincia de Xinjiang se ha implantado una política de estrictas restricciones de las prácticas religiosas y de la lengua y las costumbres uigures;

G.  Considerando que se ha desarrollado una avanzada red de vigilancia digital invasiva, que incluye tecnologías de reconocimiento facial y recogida de datos;

H.  Considerando que el Gobierno chino ha rechazado numerosas peticiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las relacionadas con otros mandatos de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, para que se envíen investigadores independientes a Xinjiang;

I.  Considerando que la situación en el Tíbet se ha deteriorado durante los últimos años, a pesar del crecimiento económico y del desarrollo de las infraestructuras, al recortar el Gobierno chino una larga serie de derechos humanos con el pretexto de la seguridad y la estabilidad, y lanzar ataques incesantes contra la identidad y la cultura tibetanas;

J.  Considerando que las medidas de vigilancia y control en el Tíbet se han incrementado en los últimos años, al igual que las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y los malos tratos; que el Gobierno chino ha creado en el Tíbet un entorno en el que la autoridad estatal no tiene límites, en el que el clima de miedo se ha generalizado y en el que todos los aspectos de la vida pública y privada están estrictamente regulados y controlados; que, en el Tíbet, cualquier demostración no violenta de discrepancia o crítica ante las políticas estatales en relación con las minorías étnicas o religiosas puede ser considerada «actividad separatista» y, por lo tanto, puede criminalizarse; que, a día de hoy, el acceso a la Región Autónoma del Tíbet está más restringido que nunca;

K.  Considerando que se ha informado de que, desde 2009, un número extremadamente elevado de tibetanos, en su mayoría monjes y monjas, se han inmolado prendiéndose fuego en protesta contra las restrictivas políticas chinas en el Tíbet y a favor del regreso del dalái lama y el derecho a la libertad religiosa en el distrito de Aba/Ngaba —en la provincia de Sichuan— y en otras partes de la meseta tibetana; que en los últimos diez años no se ha avanzado en la resolución de la crisis tibetana;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por el régimen cada vez más represivo que padecen numerosas minorías religiosas y étnicas, en particular los uigures, los kazajos, los tibetanos y los cristianos, y que impone restricciones suplementarias a las garantías constitucionales que protegen sus derechos a la libertad de expresión cultural y creencias religiosas y a la libertad de palabra y expresión, así como su derecho de reunión y asociación pacíficas; pide que las autoridades respeten estas libertades fundamentales;

2.  Pide al Gobierno chino que ponga fin de inmediato a la práctica de detenciones arbitrarias —sin cargos, juicio ni condena penales— de miembros de las minorías uigur y kazaja y de tibetanos, que cierre todos los campos y centros de detención y que ponga en libertad, inmediatamente y sin condiciones, a los detenidos;

3.  Pide la puesta en libertad inmediata de las personas detenidas arbitrariamente y de los presos de conciencia, incluidos los practicantes de Falun Gong, y el fin de las desapariciones forzadas, e insiste en que todas esas personas deben poder escoger a su representante legal y tener acceso a su familia y a asistencia médica y en que sus casos deben ser investigados;

4.  Pide al Gobierno chino que ponga en libertad inmediatamente a: uigures como Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun y Abdukerim Abduweli; las personas perseguidas por sus creencias religiosas, incluidos Zhang Shaojie, Hu Shigen, Wang Yi y Sun Qian; los activistas, escritores y personalidades religiosas del Tíbet sobre los que pesan cargos penales o que han sido encarcelados por ejercer su derecho a la libertad de expresión, incluidos Tashi Wangchuk y Lobsang Dargye;

5.  Pide la inmediata puesta en libertad del editor Gui Minhai, de nacionalidad sueca, y de los dos ciudadanos canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig;

6.  Insta al Gobierno chino a que comunique toda la información relativa a los desaparecidos en Xinjiang a sus familias;

7.  Pide a las autoridades chinas que pongan fin a sus campañas contra las congregaciones y organizaciones cristianas, así como al acoso y la detención de sacerdotes y pastores cristianos y a las demoliciones forzadas de iglesias;

8.  Pide a las autoridades chinas que respeten las libertades fundamentales de los tibetanos, incluidas las libertades en materia de lengua, cultura y religión, y se abstengan de aplicar políticas de asentamiento en favor de la etnia han y en detrimento de los tibetanos, así como de obligar a los nómadas tibetanos a abandonar su estilo de vida tradicional;

9.  Condena las campañas ejecutadas al amparo del enfoque de «educación patriótica», incluidas las medidas para controlar los monasterios budistas tibetanos; muestra su preocupación por el uso abusivo del Derecho penal chino para perseguir a tibetanos y budistas, cuyas actividades religiosas se equiparan al «separatismo»; lamenta que las condiciones para la práctica del budismo en el Tíbet hayan empeorado considerablemente tras las protestas tibetanas de marzo de 2008 al haber adoptado el Gobierno chino un enfoque más generalizado de la «educación patriótica»;

10.  Insta a las autoridades chinas a que apliquen el derecho garantizado constitucionalmente a la libertad religiosa de todos los ciudadanos chinos;

11.  Recuerda la importancia de que la Unión y sus Estados miembros planteen, en consonancia con el compromiso de la Unión de hablar con una voz firme, clara y unida en su enfoque hacia China, la cuestión de las violaciones de los derechos humanos ante las autoridades de este país a todos los niveles políticos, en particular en el diálogo anual sobre derechos humanos, el diálogo estratégico, el diálogo económico de alto nivel y la cumbre, así como en la próxima cumbre euro-asiática;

12.  Subraya que, dado que en su declaración conjunta tras la 21.ª Cumbre UE-China, ambas partes reafirmaron que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están interrelacionados, la Unión debe instar a China a que actúe en consecuencia; lamenta que en la Cumbre UE-China de 9 de abril de 2019, las cuestiones urgentes de derechos humanos volvieran a tener una importancia marginal; considera que, cuando los términos en que son tratados los derechos humanos en las cumbres UE-China no sean satisfactorios, el Consejo, el SEAE y la Comisión deben negarse a su inclusión en los documentos conjuntos y deben emitir una comunicación independiente sobre esta cuestión que incluya una evaluación coherente de la situación y los motivos que impidieron acordar una declaración de mayor firmeza;

13.  Pide a los Estados miembros que impidan toda actividad de las autoridades chinas en el territorio de la Unión encaminada a acosar a miembros de las comunidades túrquicas, tibetanos y otros grupos religiosos o étnicos con el fin de obligarlos a actuar como informadores, de forzar su retorno a China o de silenciarlos;

14.  Pide a las autoridades chinas que permitan el acceso libre, útil y sin obstáculos a la provincia de Xinjiang y a la Región Autónoma del Tíbet de los periodistas y los observadores internacionales, incluidos la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los titulares de un mandato de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas; pide a la Unión y a los Estados miembros que asuman el liderazgo en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que se apruebe una resolución que cree una misión de investigación en Xinjiang;

15.  Pide al Gobierno chino que garantice el respeto sin condiciones de los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución china en lo que atañe al artículo 4, que protege a las minorías nacionales; al artículo 35, que protege las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de desfile y de manifestación; al artículo 36, que reconoce el derecho a la libertad religiosa; y al artículo 41, que garantiza el derecho a criticar o formular sugerencias con respecto a cualquier organismo o funcionario estatal;

16.  Insta a China a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

17.  Insta a China a que conceda a los diplomáticos, periodistas y ciudadanos de la Unión el acceso sin restricciones al Tíbet en reciprocidad al acceso libre y abierto a la totalidad del territorio de los Estados miembros de la Unión del que disfrutan los viajeros chinos; insta a las instituciones de la Unión a que tomen en consideración con la debida seriedad la cuestión del acceso al Tíbet cuando se trate el acuerdo de facilitación de visados entre la Unión Europea y China;

18.  Muestra su decepción por la falta de resultados sustanciales de la 37.ª ronda del diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y China; lamenta asimismo que la delegación china no participara el 2 de abril en la continuación del diálogo, que incluía un intercambio de puntos de vista con las organizaciones de la sociedad civil;

19.  Insta a la VP/AR, al SEAE y a los Estados miembros a que hagan un seguimiento más intensivo de la preocupante evolución de los derechos humanos en Xinjiang, incluido el aumento de la represión y la vigilancia gubernamentales, y a que se pronuncien contra las violaciones de los derechos humanos en China tanto a título privado como en público;

20.  Pide al Consejo que estudie la posibilidad de adoptar sanciones selectivas contra las autoridades responsables de la represión en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang;

21.  Pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que suspendan todas las exportaciones y transferencias de tecnología de bienes y servicios que China está utilizando para ampliar y mejorar sus equipos de cibervigilancia y su dispositivo predictivo de elaboración de perfiles; manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que China ya esté exportando estas tecnologías a Estados autoritarios de todo el mundo;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento de la República Popular de China.

(1) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 80.
(2) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 185.
(3) DO C 238 de 6.7.2018, p. 108.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0343.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0377.


Camerún
PDF 131kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre Camerún (2019/2691(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0423RC-B8-0245/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración del presidente de su Subcomisión de Derechos Humanos, Antonio Panzeri, de 7 de marzo de 2019, sobre la situación en Camerún,

–  Vista la declaración realizada el 5 de marzo de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad común (VP/AR), sobre el deterioro de la situación política y de seguridad en Camerún,

–  Vistas las diversas declaraciones del portavoz de la VP/AR sobre la situación en Camerún, y en particular la de 31 de enero de 2019,

–  Vista la declaración preliminar, de 9 de octubre de 2018, de la misión de observación electoral de la Unión Africana en las elecciones presidenciales camerunesas de 2018,

–  Vista la declaración de los expertos de las Naciones Unidas, de 11 de diciembre de 2018, sobre la represión de las protestas en Camerún,

–  Vista la declaración de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 6 de marzo de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Camerún,

–  Vista la Ley Antiterrorista de Camerún de 2014,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE («Acuerdo de Cotonú»),

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, que ha sido ratificada por Camerún,

–  Vista la Constitución de la República de Camerún,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Camerún se enfrenta a diversos desafíos políticos y de seguridad simultáneos, entre ellos, las amenazas de Boko Haram en su región del Extremo Norte, las amenazas transfronterizas a lo largo de su frontera oriental con la República Centroafricana y una rebelión armada interna de carácter separatista en sus regiones anglófonas noroccidental y sudoccidental;

B.  Considerando que el 7 de octubre de 2018 se celebraron en Camerún elecciones presidenciales; que estas elecciones estuvieron marcadas por denuncias de fraude e irregularidades; que el presidente Paul Biya lleva en el poder desde 1982; que en 2008 se reformó la Constitución de Camerún con el objetivo de suprimir la limitación del número de mandatos;

C.  Considerando que los partidarios y aliados del opositor Movimiento de Renacimiento Camerunés (MRC), liderado por Maurice Kamto, organizaron diversas protestas en Duala, Yaundé, Dshang, Bafussam y Bafang; que para acallar dichas protestas las fuerzas de seguridad hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, recurriendo incluso a gases lacrimógenos y pelotas de goma;

D.  Considerando que en enero de 2019 unas doscientas personas, incluido el propio Kamto y otros líderes de la oposición, fueron detenidas de manera arbitraria y encarceladas sin acceso inmediato a asistencia letrada; que los delitos de los que se acusa a estos opositores y a su líder son, entre otros, insurrección, hostilidades contra la patria, rebelión, destrucción bienes y de bienes públicos, desacato al presidente de la República y organización de reuniones políticas;

E.  Considerando que el 9 de abril de 2019 el Tribunal de Apelación de la Región Central de Camerún ratificó la resolución adoptada en primera instancia, desestimando la petición de liberación de Maurice Kamto y de seis personas más; que la vista se celebró ante el Tribunal en ausencia de Kamto y sus abogados;

F.  Considerando que las autoridades camerunesas han reaccionado de manera desproporcionada, abriendo juicios militares contra algunos de los miembros de la oposición, y exacerbando con ello el tenso clima político del país; que, en caso de ser declarados culpables, los acusados podrían ser condenados a muerte;

G.  Considerando que las autoridades camerunesas han restringido reiteradamente la libertad de expresión, bloqueando internet, acosando y deteniendo a periodistas, denegando licencias a los medios independientes e intensificando los ataques políticos contra la prensa independiente;

H.  Considerando que en Camerún persisten las tensiones entre la mayoría francófona y las comunidades de la minoría anglófona; que las regiones noroccidental y sudoccidental del país siguen siendo mayoritariamente anglófonas y cuentan con sistemas educativos y jurídicos diferenciados del resto del país;

I.  Considerando que a finales de 2016 la discriminación y el relativo abandono de las regiones anglófonas y la imposición de la lengua y el sistema jurídico franceses en sus aulas y tribunales desencadenó una serie de manifestaciones y huelgas pacíficas por parte de docentes y abogados;

J.  Considerando que la violencia ha ido en aumento desde octubre de 2018, y que las operaciones a gran escala dirigidas por las fuerzas de seguridad conllevan a menudo abusos y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos extrajudiciales, actos de violencia contra mujeres y niños, agresiones sexuales y destrucción de propiedades;

K.  Considerando que los separatistas armados han realizado secuestros en masa —inclusive de estudiantes y escolares—, perpetrado asesinatos selectivos de autoridades locales y funcionarios policiales y judiciales, participado en extorsiones, organizado protestas semanales («ghost town protests») y boicoteado e incendiado centros educativos y hospitales, privando con ello a miles de jóvenes del acceso a la educación y a la población en general del acceso a los servicios de salud;

L.  Considerando que esta crisis ha provocado el desplazamiento interno de unas 444 000 personas y la huida de otras 32 000 a la vecina Nigeria; que la crisis humanitaria global a que se enfrenta Camerún afecta a más de 600 000 desplazados internos, a unos 35 000 refugiados de conflictos vecinos y a 1,9 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria;

M.  Considerando que, en 2018 y 2019, el Gobierno de Camerún puso el marcha el Plan de Ayuda Humanitaria de Emergencia para las regiones del Noroeste y del Sudoeste, con el fin de garantizar con carácter de urgencia protección y asistencia de diverso tipo a las personas desplazadas y la prestación de asistencia sanitaria a las personas afectadas por la crisis;

N.  Considerando que la violencia de género y la persecución de las minorías siguen siendo problemas graves; que el Código Penal de Camerún castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de prisión; que la policía y los «gendarmes» (policía militar) continúan deteniendo y acosando a las personas LGTBQI;

O.  Considerando que Boko Haram sigue cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en la región del Extremo Norte, entre las que cabe citar el saqueo y la destrucción de bienes, así como el asesinato y el secuestro de civiles;

1.  Lamenta los casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetrados por los servicios de seguridad y separatistas armados; expresa su especial preocupación por las acciones violentas de las fuerzas gubernamentales; pide a las fuerzas de seguridad que respeten el Derecho internacional de los derechos humanos cuando lleven a cabo operaciones, y pide al Gobierno que adopte medidas con carácter inmediato para poner fin a la violencia y la impunidad en el país;

2.  Condena el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y opositores políticos, así como las violaciones de las libertades de prensa, expresión y reunión; lamenta profundamente la detención y el encarcelamiento de Maurice Kamto y de otros manifestantes pacíficos; pide la liberación inmediata por parte de las autoridades camerunesas de Maurice Kamto y de todos los demás encarcelados por motivos políticos, independientemente de que fueran detenidos antes o después de las elecciones presidenciales de 2018;

3.  Pide asimismo al Gobierno de Camerún que ponga fin a todo acoso e intimidación de activistas políticos, también mediante el levantamiento de la prohibición de organizar reuniones, manifestaciones y protestas políticas pacíficas, y que tome medidas para reprimir los casos de incitación al odio;

4.  Señala que los tribunales militares no deben tener jurisdicción sobre la población civil bajo ninguna circunstancia; recuerda a Camerún sus obligaciones internacionales en lo que se refiere a la defensa del derecho de todos los ciudadanos a un juicio justo ante tribunales independientes;

5.  Recuerda que la pena de muerte no se ha aplicado en Camerún desde 1997; observa que se trata de un hito en la senda del país hacia su total abolición; reitera la absoluta oposición de la Unión Europea a la pena de muerte y pide al Gobierno de Camerún que confirme que no solicitará la pena de muerte para activistas políticos y manifestantes;

6.  Manifiesta su preocupación por que el Gobierno de Camerún no haya logrado que sus fuerzas de seguridad rindan cuentas de sus actos, lo que ha exacerbado la violencia y la cultura de la impunidad; pide que se proceda a una investigación independiente y transparente acerca del uso de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas de seguridad contra manifestantes y opositores políticos, y que los responsables rindan cuentas en juicios justos;

7.  Insta a las autoridades de Camerún a que adopten todas las medidas necesarias que sean coherentes con las obligaciones de su país en materia de derechos humanos de cara a poner fin a la violencia; pide, en particular, al Gobierno que organice un diálogo político integrador destinado a encontrar una solución pacífica y duradera a la crisis en las regiones anglófonas; pide a la comunidad internacional que ayude a facilitar un diálogo de paz nacional e integrador ofreciendo un rol de mediación;

8.  Lamenta la falta de voluntad de ambas partes en el conflicto a la hora de entablar conversaciones de paz; insta a la Unión Africana y a la Comunidad Económica de los Estados del África Central a que impulsen la organización de dichas conversaciones y pide a la Unión Europea que esté preparada para respaldar este proceso; considera que, a falta de progresos, la crisis de Camerún debe ser analizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide, además, que la Unión utilice la influencia política que le proporcionan la ayuda al desarrollo y otros programas bilaterales para reforzar la defensa de los derechos humanos en Camerún;

9.  Insta al Gobierno de Camerún a que construya una democracia genuina, representativa y dinámica; pide, por tanto, al Gobierno que convoque a todos los actores políticos a fin de consensuar una revisión del sistema electoral, con el objetivo de garantizar un proceso electoral libre, transparente y creíble; pide que este proceso se ponga en marcha antes de que se celebren nuevas elecciones en aras de promover la paz y evitar crisis postelectorales; pide a la Unión Europea que intensifique la asistencia técnica en apoyo de Camerún en sus esfuerzos por consolidar sus procedimientos electorales y hacerlos más democráticos;

10.  Reitera que una sociedad civil dinámica e independiente es esencial para la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho; manifiesta su preocupación por que se hayan prohibido las actividades del Consorcio de la Sociedad Civil Anglófona de Camerún; insta al Gobierno a que levante la prohibición y garantice un espacio abierto en el que la sociedad civil pueda operar;

11.  Expresa su preocupación por que se haya hecho un uso indebido de la Ley Antiterrorista de 2014 para restringir libertades fundamentales; respalda las peticiones formuladas por los expertos de las Naciones Unidas en el sentido de que se revise la ley con el fin de garantizar que no se utiliza para restringir los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación;

12.  Toma nota de la decisión de los Estados Unidos de reducir su ayuda militar a Camerún debido a la credibilidad de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad; pide a la Comisión a este respecto que inicie una evaluación del apoyo de la Unión a los servicios de seguridad y que informe al Parlamento Europeo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se aseguren de que ningún apoyo prestado a las autoridades camerunesas contribuye o facilita violaciones de los derechos humanos;

13.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, al Consejo de Ministros ACP-UE, a las instituciones de la Unión Africana, y al Gobierno y al Parlamento de Camerún.


Brunéi
PDF 132kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre Brunéi (2019/2692(RSP))
P8_TA-PROV(2019)0424RC-B8-0242/2019

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración de 3 de abril de 2019 del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la aplicación del Código penal en Brunéi Darusalam,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre los defensores de los derechos humanos y sobre la promoción y la protección del disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas LGBTI,

–  Vista la declaración, de 1 de abril de 2019, de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que insta a Brunéi a suspender la entrada en vigor del «draconiano» nuevo Código penal,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, firmada por Brunéi en 2015,

–  Vista la Convención sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,

–  Vista la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN, de 2012,

–  Visto el Plan de Acción ASEAN-UE 2018-2022,

–  Visto el diálogo UE-ASEAN sobre derechos humanos que tuvo lugar 29 de noviembre de 2017,

–  Vista la declaración del portavoz adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de 2 de abril de 2019, sobre la aplicación por Brunéi de las fases segunda y tercera del Código penal de la sharía,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que en 2014 Brunéi introdujo el Código penal de la sharía, que debía aplicarse en tres fases; que la tercera fase de su aplicación entró en vigor el 3 de abril de 2019; que esta tercera fase establece disposiciones que incluyen la pena de muerte por lapidación por actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo, por relaciones sexuales extramatrimoniales y por aborto, así como la amputación de miembros por robo; que el Código también impone la pena de muerte por insultos o difamación del profeta Mahoma, tanto por musulmanes como por no musulmanes; que el Código penal de la sharía se aplica tanto a los musulmanes como a los no musulmanes, incluidos los extranjeros, así como a delitos cometidos fuera del país por ciudadanos o residentes permanentes;

B.  Considerando que los menores que hayan alcanzado la pubertad y hayan sido condenados por estos delitos pueden recibir las mismas penas que los adultos; que algunos niños más pequeños pueden ser sometidos a flagelación;

C.  Considerando que, antes de la introducción del Código penal de la sharía, la homosexualidad era ilegal en Brunéi y podía castigarse con hasta diez años de prisión;

D.  Considerando que las últimas elecciones en Brunéi se celebraron en 1962; que el sultán ejerce las funciones de jefe del Estado y de primer ministro y está investido de la plena autoridad ejecutiva;

E.  Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura ha afirmado que cualquier forma de castigo corporal es contraria a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y no puede considerarse una sanción legal conforme al Derecho internacional; que algunas de las penas contempladas en el Código penal suponen tortura o trato cruel, inhumano y degradante, prohibido por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Brunéi es signatario desde 2015;

F.  Considerando que las disposiciones del Código penal de la sharía conculcan las obligaciones de Brunéi derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la libertad frente a la tortura y otros malos tratos, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho a la intimidad; que las disposiciones del Código discriminan por razones de orientación sexual, así como a las mujeres y las minorías religiosas en Brunéi y pueden incitar a la violencia;

G.  Considerando que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han afirmado que las disposiciones del Código penal de Brunéi que criminalizan la homosexualidad y castigan formas de salud reproductiva tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y las personas LGBTI y crean barreras para acceder a información y servicios sanitarios, impidiendo el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y afectando negativamente a la salud pública;

H.  Considerando que en Brunéi la tradición, la religión y la cultura se utilizan para justificar la discriminación contra las mujeres y las personas LGTBI; que el informe sobre Brunéi, de 11 de marzo de 2019, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que hay actitudes patriarcales muy enraizadas y que se utilizan estereotipos discriminatorios que se reflejan en las elecciones académicas y profesionales de las mujeres, en su posición desigual en el mercado de trabajo y en el matrimonio y las relaciones familiares; que estos estereotipos son las causas profundas de la violencia contra las mujeres;

I.  Considerando que Brunéi es conocido por su población multiétnica con una gran diversidad de religiones que incluye el islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y varias religiones indígenas, que conviven pacíficamente; que la Constitución de Brunéi reconoce la libertad religiosa y establece que todas las religiones pueden practicarse en paz y armonía por las personas que las profesan; que, a pesar de la Constitución de Brunéi, el Gobierno ha prohibido el proselitismo y la enseñanza de todas las religiones salvo el Islam y ha prohibido todas las celebraciones públicas de la Navidad;

J.  Considerando que Brunéi tiene una moratoria de facto sobre el uso de la pena de muerte, habiéndose practicado la última ejecución en 1957; que, si se aplica el Código penal de la sharía, volverá a introducir de forma efectiva la pena de muerte; que la Unión condena la pena de muerte, en todo lugar y en todo momento;

K.  Considerando que la adopción de las nuevas leyes ha suscitado la indignación internacional y ha provocado un llamamiento al boicot de los hoteles propiedad de la Brunei Investment Agency (BIA); que esta agencia pertenece al Ministerio de Finanzas y Economía de Brunéi y posee diversos proyectos de inversión en todo el mundo; que la BIA ha afirmado que sus valores fundamentales incluyen el respeto mutuo y la valoración positiva de la diferencia y la diversidad;

L.  Considerando que Brunéi solamente ha ratificado dos de las convenciones internacionales fundamentales en materia de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; que la próxima ronda del examen periódico universal relativo a Brunéi se iniciará el 10 de mayo de 2019;

M.  Considerando que la Unión Europea ha suspendido las negociaciones sobre un acuerdo de asociación y cooperación con Brunéi;

1.  Condena enérgicamente la entrada en vigor del retrógrado Código penal de la sharía; insta a las autoridades de Brunéi a que lo revoquen de inmediato y garanticen que las leyes de Brunéi se atengan al Derecho y las normas internacionales, conforme a las obligaciones de Brunéi en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular por lo que se refiere a las minorías sexuales, las minorías religiosas y los no creyentes;

2.  Reitera su condena de la pena de muerte; pide a las autoridades de Brunéi que prosigan su moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte como paso hacia su abolición;

3.  Condena enérgicamente la práctica de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en cualquier circunstancia; subraya que las disposiciones del Código penal de la sharía conculcan las obligaciones de Brunéi derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos, y que las penas previstas infringen las prohibiciones de la tortura y los malos tratos por el Derecho internacional consuetudinario;

4.  Expresa su profunda preocupación ante el hecho de que, si bien muchos países han despenalizado las prácticas homosexuales por consentimiento mutuo, lamentablemente Brunéi ha pasado a ser el séptimo país que las castiga con la pena de muerte; pide a las autoridades de Brunéi que respeten los derechos humanos internacionales y despenalicen la homosexualidad;

5.  Pide a las autoridades de Brunéi que garanticen el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin distinciones por ningún tipo de motivos, en particular de género, orientación sexual, raza o religión; expresa su especial inquietud ante la posible aplicación del Derecho penal a niños; pide a Brunéi que bajo ninguna circunstancia aplique a estos niños la pena capital ni torturas o penas de prisión;

6.  Pide a las autoridades de Brunéi que respeten plenamente la libertad religiosa en el sultanato, tal y como establece su propia Constitución, y que permitan la celebración pública de todas las festividades religiosas, en particular la Navidad; hace hincapié en que la legislación a este respecto debe respetar estrictamente los derechos humanos;

7.  Anima a las autoridades de Brunéi a que fomenten el diálogo político con partes interesadas clave de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, instituciones confesionales y organizaciones empresariales, tanto en el interior como en el exterior de Brunéi, con el fin de promover y salvaguardar los derechos humanos en su territorio; pone de relieve el derecho a expresar opiniones críticas o satíricas como ejercicio legítimo de la libertad de expresión, consagrado en el marco internacional de derechos humanos;

8.  Insta a Brunéi a que ratifique los restantes instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; pide a las autoridades de Brunéi que dirijan una invitación permanente a visitar el país en el marco de todos los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos;

9.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que, en el supuesto de que efectivamente se aplique el Código penal de la sharía, considere la posibilidad de adoptar al nivel de la Unión medidas restrictivas en caso de violaciones graves de los derechos humanos, como el bloqueo de activos y la prohibición de visados;

10.  Pide a la VP/AR que supedite la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo de asociación y cooperación con Brunéi a la condición de la conformidad del Código penal con el Derecho internacional y las normas internacionales en materia de derechos humanos;

11.  Pone de relieve el trabajo de promoción y protección de los derechos de las personas LGTBI por parte de los defensores de los derechos humanos; pide a las instituciones de la Unión que aumenten su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos de Brunéi;

12.  Pide a la Delegación de la Unión en Indonesia y Brunéi Darusalam en Yakarta, la Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el SEAE que observen atentamente la situación y consulten con las autoridades de Brunéi, embajadores y representantes a este respecto; pide al SEAE que incluya la situación en Brunéi como punto del orden del día del próximo diálogo político sobre derechos humanos entre la UE y la ASEAN;

13.  Anima a los Estados miembros a que participen activamente en el próximo examen periódico universal, que tendrá lugar del 6 al 17 de mayo de 2019 y en el que se examinará el historial de Brunéi en materia de derechos humanos;

14.  Destaca que mientras esté en vigor el actual Código penal, las instituciones de la Unión deben considerar la posibilidad de incluir en una lista negra los hoteles propiedad de la Brunei Investment Agency;

15.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que respeten el marco internacional de derechos humanos en lo relativo al acceso a los procedimientos de asilo y la protección humanitaria para las víctimas del Código penal vigente en Brunéi;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Gobiernos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Secretaría de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, al sultán de Brunéi, Hasanal Bolkia, y al Gobierno de Brunéi.


Acuerdo de Cooperación Judicial Penal Eurojust-Dinamarca *
PDF 122kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración, por Eurojust, del Acuerdo de Cooperación Judicial Penal entre Eurojust y el Reino de Dinamarca (07770/2019 – C8-0152/2019 – 2019/0805(CNS))
P8_TA-PROV(2019)0425A8-0192/2019

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (07770/2019),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0152/2019),

–  Vista la Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia(1), y en particular su artículo 26 bis, apartado 2,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0192/2019),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 63 de 6.3.2002, p. 1.


Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos ***I
PDF 386kWORD 144k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))
P8_TA-PROV(2019)0426A8-0354/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0284),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0197/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Previa consulta del Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 22 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0354/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 595/2009 y (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del Consejo

P8_TC1-COD(2018)0143


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Acuerdo de París, entre otras disposiciones, establece un objetivo a largo plazo que está en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C en relación con los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 °C por encima de esos niveles. Las últimas conclusiones científicas comunicadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su informe especial sobre las repercusiones del calentamiento global de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y de las correspondientes trayectorias mundiales de las emisiones de gases de efecto invernadero confirman de forma inequívoca los efectos negativos del cambio climático. Ese informe especial concluye que las reducciones de emisiones en todos los sectores es crucial para limitar el calentamiento global.

(2)   Para contribuir a los objetivos del Acuerdo de París, es necesario acelerar la transformación de todo el sector del transporte hacia las cero emisiones, teniendo en cuenta la Comunicación de la Comisión de 28 de noviembre de 2018, titulada «Un planeta limpio para todos: una visión estratégica europea a largo plazo para una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra», en la que se esboza una visión de las transformaciones económicas y sociales que son necesarias, con la participación de todos los sectores de la economía y la sociedad, para lograr la transición a cero emisiones netas de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del transporte que perjudican seriamente nuestra salud y el medio ambiente también deben reducirse drásticamente sin demora.

(3)  ▌ La Comisión adoptó paquetes de medidas de movilidad el 31 de mayo de 2017 («“Europa en movimiento”, una Agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos») y el 8 de noviembre de 2017 («Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones - Una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores»). Dichos paquetes establecen un programa positivo destinado también a asegurar una fácil transición a una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos.

(4)  El presente Reglamento forma parte del tercer paquete de medidas de movilidad de la Comisión de 17 de mayo de 2018, titulado «Europa en movimiento. Una movilidad sostenible para Europa: segura, conectada y limpia », que es una continuación de la Comunicación de la Comisión de 13 de septiembre de 2017, titulada «Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible: Estrategia renovada de política industrial de la UE». El presente Reglamento está asimismo diseñado para completar el proceso de permitir que la Unión aproveche todas las ventajas de la modernización y descarbonización de la movilidad. El objetivo de ese tercer paquete de movilidad es hacer que la movilidad europea sea más segura y accesible, la industria europea más competitiva y los puestos de trabajo europeos más estables, además de lograr un sistema de movilidad más limpio y mejor adaptado al imperativo de hacer frente al cambio climático. Ello requerirá el pleno compromiso de la Unión, los Estados miembros y las partes interesadas, en particular en el redoblamiento de los esfuerzos para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y la contaminación atmosférica.

(5)  El presente Reglamento establece, junto con el Reglamento (UE) 2019/… del Parlamento Europeo y del Consejo(5)(6), una trayectoria clara para las reducciones de las emisiones de CO2 del sector del transporte por carretera y contribuye a cumplir el objetivo vinculante de reducción interna del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí a 2030 con respecto a 1990, tal como quedó refrendado en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, y aprobado por el Consejo el 6 de marzo de 2015 como «contribución prevista y determinada a nivel nacional de la Unión, de conformidad con el Acuerdo de París» ▌.

(6)  Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 aprobaron una reducción del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con 2005, para los sectores que no forman parte del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedente del sector del transporte por carretera es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de esos sectores. En 2016, el sector del transporte por carretera produjo alrededor de una cuarta parte de las emisiones totales de la Unión. Sus emisiones muestran una tendencia al alza y se mantienen significativamente por encima de los niveles de 1990. Si las emisiones de dicho sector continúan creciendo, neutralizarán las reducciones de emisiones conseguidas en otros sectores para combatir el cambio climático.

(7)  Las conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 destacan la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los riesgos relacionados con la dependencia de los combustibles fósiles en el sector del transporte a través de una perspectiva global y tecnológicamente neutra que promueva la reducción de las emisiones y la eficiencia energética en el transporte, así como el transporte eléctrico y las fuentes de energía renovables en el sector del transporte también a partir de 2020.

(8)  A fin de ofrecer a los consumidores de la Unión Europea una energía segura, sostenible, competitiva y asequible, la contribución de la eficiencia energética a la moderación de la demanda es una de las cinco dimensiones estrechamente interrelacionadas y mutuamente reforzadas expuestas en la Comunicación de la Comisión de 25 de febrero de 2015, titulada « Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva», cuyo objetivo es ofrecer a los consumidores de la Unión Europea una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Dicha comunicación establece que, si bien todos los sectores económicos deben tomar medidas para aumentar la eficiencia de su consumo energético, el sector del transporte tiene un enorme potencial de eficiencia energética.

(9)  Las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, como camiones, autobuses y autocares, representan aproximadamente el 6 % del total de emisiones de la Unión y el 25 % de las emisiones de CO2 de su transporte por carretera. Sin nuevas medidas, se prevé que la proporción de emisiones de CO2 de los vehículos pesados aumente aproximadamente un 9 % entre 2010 y 2030. Actualmente, el derecho de la Unión no establece requisitos de reducción de las emisiones de CO2 para los vehículos pesados, por lo que se requieren sin demora medidas específicas para dichos vehículos.

(10)  Los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 para los parques a escala de la Unión de vehículos pesados nuevos deben, por lo tanto, fijarse para 2025 y para 2030, teniendo en cuenta el período de renovación del parque automovilístico y la necesidad de que el sector del transporte por carretera contribuya a los objetivos climáticos y energéticos de la Unión para 2030 y en adelante. Tal enfoque gradual también ofrece una señal clara y temprana a la industria para acelerar la introducción en el mercado de tecnologías eficientes desde el punto de vista energético y de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión. El despliegue de vehículos pesados de emisión cero también debe contribuir a la solución de los problemas de movilidad urbana. La promoción de estos vehículos pesados por parte de los fabricantes es fundamental para reducir las emisiones de CO2 del transporte por carretera, pero también es importante para reducir eficazmente los contaminantes atmosféricos y los niveles excesivos de ruido en las ciudades y las zonas urbanas.

(11)  Para explotar por completo el potencial de eficiencia energética y garantizar que el sector del transporte por carretera en su totalidad contribuye a las reducciones acordadas de las emisiones de gases de efecto invernadero, conviene complementar las normas de comportamiento de emisión de CO2 existentes para los nuevos turismos y vehículos comerciales ligeros con el establecimiento de normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para los nuevos vehículos pesados. Dichas normas de comportamiento impulsarán la innovación en las tecnologías de consumo eficiente de combustible, contribuyendo a reforzar el liderazgo tecnológico de los fabricantes y proveedores de la Unión y garantizando a largo plazo puestos de trabajo altamente cualificados.

(12)  Teniendo en cuenta que el cambio climático es un problema transfronterizo y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado único para los servicios de transporte por carretera y los vehículos pesados, al tiempo que se evita la fragmentación del mercado, es conveniente establecer normas de comportamiento en materia de emisión de CO2 para vehículos pesados al nivel de la Unión. Esas normas de comportamiento deben entenderse sin perjuicio del Derecho de la Unión en materia de competencia.

(13)  Al definir los niveles de reducción de las emisiones de CO2 que deben alcanzarse en el parque de vehículos pesados de la Unión, se debe tener en cuenta la eficacia de los niveles de reducción a la hora contribuir de un modo eficaz en relación con los costes a la reducción de las emisiones de CO2 de los sectores a los que se aplica el Reglamento ▌(UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo(7) a más tardar en 2030, los costes y los ahorros resultantes para la sociedad, los fabricantes, los operadores de transporte, los consumidores, así como sus implicaciones directas e indirectas en el empleo, la innovación y los beneficios colaterales generados en términos de reducción de la contaminación atmosférica y la mejora de la seguridad energética.

(14)  Debe garantizarse una transición socialmente aceptable y justa hacia una movilidad sin emisiones. Por ello, es importante tener en cuenta los efectos sociales de la transición en toda la cadena de valor del automóvil, y abordar de manera proactiva las implicaciones para el empleo. Es necesario pensar en programas específicos a escala de la Unión, nacional y regional para el reciclaje profesional, la capacitación y la recolocación de los trabajadores, así como en iniciativas en materia de educación y búsqueda de empleo en las comunidades y regiones perjudicadas, en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las autoridades competentes. Como parte de esa transición, debe reforzarse el empleo de las mujeres y la igualdad de oportunidades en ese sector.

(15)  El éxito de la transición hacia una movilidad sin emisiones pasa por un enfoque integrado y la existencia de un entorno propicio para estimular la innovación y mantener el liderazgo tecnológico de la Unión en el sector del transporte por carretera. Para ello son necesarias inversiones públicas y privadas en investigación e innovación, una mayor oferta de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión, la implantación de infraestructuras de recarga y repostaje y la integración en los sistemas energéticos, así como el suministro sostenible de materiales para baterías, y una producción, reutilización y reciclado sostenibles de baterías en Europa. Ello requiere una acción coherente a escala de la Unión, nacional, regional y local, también a través de incentivos para apoyar el uso de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión.

(16)  Se ha introducido un nuevo procedimiento para determinar las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados individuales como parte de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(8). El Reglamento (UE) 2017/2400(9) de la Comisión facilita una metodología, basada en la herramienta VECTO, mediante la cual pueden simularse las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de todos los vehículos pesados. Dicha metodología permite tener en cuenta la diversidad del sector de los vehículos pesados y el nivel elevado de personalización de los vehículos pesados individuales. En un primer paso, desde el 1 de julio de 2019, las emisiones de CO2 se determinan para cuatro grupos de vehículos pesados que representan aproximadamente entre el 65 y el 70 % de todas las emisiones de CO2 del parque de vehículos pesados de la Unión.

(17)  A la luz de la innovación y para tener en cuenta la implementación de nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia en términos de consumo de combustible de los vehículos pesados, la herramienta de simulación VECTO y el Reglamento (UE) 2017/2400 van a actualizarse continuamente en tiempo oportuno.

(18)  Los datos de emisiones de CO2 determinados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2400 serán objeto de un seguimiento de acuerdo con el Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo(10). Estos datos deben sentar las bases para determinar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 que deben alcanzar los cuatro grupos de vehículos pesados con más emisiones en la Unión, así como determinar las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante en un período de comunicación determinado.

(19)  Debe establecerse un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2025 como reducción relativa basada en las emisiones medias de CO2 de estos vehículos pesados de nueva matriculación durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, que refleje la implantación de tecnologías eficaces en relación con los costes disponibles para los vehículos convencionales. A partir de 2030, también debe fijarse un objetivo de reducción de emisiones de CO2. Este objetivo debe aplicarse a menos que se decida de otro modo conforme a la revisión que ha de llevarse a cabo en 2022 ▌. El objetivo para 2030 debe evaluarse de conformidad con los compromisos de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de París.

(20)  Para garantizar la solidez de las emisiones de CO2 de referencia frente a un aumento de emisiones de CO2 de vehículos pesados por modalidades de procedimiento indebidas, lo cual no sería representativo en una situación en la que las emisiones de CO2 ya están reguladas, conviene prever una metodología para corregir las emisiones de CO2 de referencia cuando sea necesario.

(21)  El gas natural licuado (GNL) es un combustible disponible alternativo al diésel para los vehículos pesados. La implementación de las tecnologías basadas en GNL más innovadoras actuales y futuras contribuirá al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 a corto y medio plazo, ya que el uso de tecnologías de GNL produce menos emisiones de CO2 en comparación con los vehículos diésel. El potencial de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos de GNL ya se refleja por completo en VECTO. Asimismo, las tecnologías de GNL actuales garantizan un bajo nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos como el NOx y las partículas en suspensión. Se dispone también una infraestructura de recarga de combustible mínima suficiente y se sigue implantando como parte de los marcos de política nacionales para la infraestructura de combustible alternativa.

(22)  Al calcular las emisiones de CO2 de referencia ▌ que sirvan como base para determinar los objetivos específicos de emisiones de CO2 de 2025 y 2030, debe tenerse en cuenta el potencial de reducción de emisiones de CO2 previsto del parque de vehículos pesados ▌. Por ello, es adecuado excluir del cálculo los vehículos profesionales, como los utilizados para la recogida de basura o los trabajos de construcción. Estos vehículos presentan un kilometraje comparativamente bajo y, debido a su patrón de conducción específico, las medidas técnicas de reducción de las emisiones de CO2 y de consumo de combustible no parecen ser igual de eficaces en relación con los costes que las de los vehículos pesados utilizados para la entrega de mercancías.

(23)  Los requisitos de reducción de emisiones de CO2 deben expresarse en gramos de CO2 por tonelada kilómetro para reflejar la utilidad de los vehículos pesados.

(24)  Debe garantizarse una distribución equitativa de los requisitos de reducción de emisiones de CO2 globales entre los fabricantes, teniendo en cuenta la diversidad de los vehículos pesados en términos de su diseño y patrón de conducción, kilometraje anual, carga útil y configuración de remolque. Por ello, es conveniente distinguir entre los vehículos pesados de conformidad con los diferentes subgrupos separados de vehículos que reflejan el patrón de uso habitual y las características técnicas específicas de los vehículos. Al establecer objetivos específicos anuales de emisiones de CO2 del fabricante como media ponderada de los objetivos definidos para cada subgrupo de vehículos, también se facilitan a los fabricantes los medios para equilibrar eficazmente un rendimiento insuficiente de los vehículos en determinados subgrupos de vehículos con una superación de los objetivos en otros subgrupos de vehículos, teniendo en cuenta las emisiones de CO2 medias de la vida útil de los vehículos en los diferentes subgrupos de vehículos.

(25)  El cumplimiento de un fabricante de sus objetivos específicos anuales de emisiones de CO2 debe evaluarse en función de sus emisiones medias de CO2. Al determinar las emisiones específicas medias de CO2, también deben considerarse las especificidades que se reflejan en los objetivos de emisiones de CO2 de los diferentes subgrupos de vehículos. Como consecuencia, las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante deben basarse en las emisiones medias de CO2 determinadas para cada subgrupo de vehículos, incluyendo una ponderación basada en su kilometraje anual medio supuesto y la carga útil media, lo que refleja las emisiones de CO2 totales de la vida útil. Debido al limitado potencial de reducción de emisiones de CO2 de los vehículos profesionales, estos vehículos no deben tenerse en consideración para el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2.

(26)  Con el fin de garantizar la transición fluida hacia una movilidad sin emisiones y de constituir un incentivo para el desarrollo y la implantación en el mercado de la Unión de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión que complementarían otros instrumentos de la demanda, como la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11), debe introducirse un mecanismo específico en forma de supercréditos para los períodos de comunicación antes de 2025 y debe establecerse una referencia relativa a la proporción de vehículos de emisión cero y de baja emisión en el parque de vehículos pesados de un fabricante para los períodos de comunicación a partir de 2025.

(27)  El sistema de incentivos debe diseñarse de forma que garantice la seguridad de las inversiones a los fabricantes y proveedores de infraestructuras de recarga con el fin de promover la rápida implantación en el mercado de la Unión de vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión, permitiendo al mismo tiempo cierta flexibilidad para que los fabricantes decidan su propio calendario de inversión.

(28)  Con el fin de calcular las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante, en los períodos de comunicación antes de 2025, todos los vehículos pesados de emisión cero y baja emisión deben contabilizarse varias veces. Para los períodos de comunicación a partir de 2025, las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante deben calcularse teniendo en cuenta sus resultados en relación con el índice de referencia de los vehículos pesados de emisión cero y de baja emisión. El nivel de incentivos debe variar en función de las emisiones de CO2 reales del vehículo. Para evitar debilitar los objetivos medioambientales, debe limitarse la reducción de emisiones de CO2 resultante.

(29)  Los vehículos pesados de baja emisión solo deben incentivarse si sus emisiones de CO2 son inferiores a la mitad de las emisiones de CO2 de referencia de todos los vehículos del subgrupo de vehículos al que pertenece el vehículo pesado. Ello ▌ incentivaría la innovación en este campo.

(30)  Al diseñar el mecanismo de incentivos para el despliegue de vehículos de emisión cero y baja emisión, también deben incluirse los camiones pequeños ▌ que no están sujetos a los objetivos de reducción de emisiones de CO2 conforme a este Reglamento. Estos vehículos también presentan ventajas significativas en cuanto a su contribución a resolver los problemas de contaminación atmosférica en las ciudades. ▌ Para garantizar que los incentivos estén bien equilibrados entre los diferentes tipos de vehículos, la reducción en las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante derivada de los camiones pequeños ▌ de emisión cero también debe estar sujeta a un límite.

(31)  Para promover una aplicación eficaz en relación con los costes de los requisitos de reducción de emisiones de CO2, al mismo tiempo que se tienen en cuenta las fluctuaciones de la composición y las emisiones de CO2 del parque de vehículos pesados con los años, los fabricantes deben tener la posibilidad de equilibrar la superación de los objetivos de emisiones específicas de CO2 en un año con un rendimiento insuficiente en otro año.

(32)  Para incentivar las reducciones de emisiones de CO2 tempranas, un fabricante cuyas emisiones específicas medias de CO2 se encuentren por debajo de la trayectoria de reducción de emisiones de CO2 definida por las emisiones de CO2 de referencia ▌ y el objetivo de emisiones de CO2 de 2025, debe poder ahorrar estos créditos de emisiones para el cumplimiento del objetivo de reducción de las emisiones de CO2 en 2025. De forma similar, un fabricante cuyas emisiones específicas medias se encuentren por debajo de la trayectoria de reducción de emisiones entre el objetivo de 2025 y el objetivo aplicable a partir de 2030 debe poder ahorrar estos créditos de emisiones para el cumplimiento de los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 en el período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2030.

(33)  En caso de incumplimiento de su objetivo de emisiones específicas de CO2 en alguno de los períodos de comunicación de doce meses comprendidos entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2030, un fabricante también debe tener la posibilidad de adquirir una deuda de emisiones limitada. No obstante, los fabricantes deben saldar cualquier deuda de emisiones pendiente en el período de comunicación del año 2029, que finaliza el 30 de junio de 2030.

(34)  Los créditos y deudas de emisiones deben considerarse solo para la determinación del cumplimiento de un fabricante de su objetivo de emisiones específicas de CO2 y no como activos transferibles o sujetos a medidas fiscales.

(35)  La Comisión debe imponer una sanción económica, en forma de prima por exceso de emisiones de CO2, en caso de que se considere que un fabricante tiene un exceso de emisiones de CO2, teniendo en cuenta los créditos y deudas de emisiones. La información sobre el exceso de emisiones de CO2 de los fabricantes debe hacerse pública. Con el fin de ofrecer un incentivo suficiente a los fabricantes para que tomen medidas para la reducción de emisiones específicas de CO2 de los vehículos pesados, es importante que la prima supere los costes marginales medios de las tecnologías necesarias para cumplir los objetivos de emisiones de CO2. La metodología para la recogida de las primas debe ir determinada por medio de un acto de ejecución, teniendo en cuenta la metodología adoptada de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(12). La prima debe considerarse como un ingreso para el presupuesto general de la Unión Europea. En el marco de la evaluación que debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/...(13), la Comisión debe valorar la posibilidad de asignar esos importes a un fondo específico o un programa pertinente que tenga por objeto garantizar una transición justa hacia una movilidad sin emisiones y apoyar el reciclaje profesional, la capacitación y otra formación de los trabajadores del sector del automóvil.

(36)  Es necesario un mecanismo de cumplimiento sólido para garantizar la consecución de los objetivos de emisiones de CO2 previstos en el presente Reglamento. La obligación del fabricante de facilitar datos precisos en virtud del Reglamento (UE) 2018/956 y las multas administrativas que pueden imponerse en caso de incumplimiento de dicha obligación contribuyen a garantizar la solidez de los datos utilizados para los fines de cumplimiento de los objetivos en virtud de este Reglamento.

(37)  Para lograr las reducciones de emisiones de CO2 establecidas por este Reglamento, es esencial que las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en uso sean conformes a los valores determinados en virtud del Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución. Por lo tanto, la Comisión debe tener la posibilidad de tener en cuenta en el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante cualquier incumplimiento sistémico detectado por las autoridades de homologación de tipo con respecto a las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en uso.

(38)  Con el fin de estar en condiciones de adoptar dichas medidas, la Comisión debe tener competencias para establecer y aplicar un procedimiento de verificación de la correspondencia de las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en circulación, determinadas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución, y las emisiones de CO2 que figuran en los certificados de conformidad, los certificados de aprobación individual o los expedientes de información de clientes. Al desarrollar tal procedimiento, debe prestarse especial atención a la determinación de los métodos, incluido el uso de datos procedentes de los dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo, para detectar estrategias que pretendan mejorar artificialmente el comportamiento en materia de CO2 del vehículo en el procedimiento de certificación. Si en el transcurso de estas comprobaciones se descubren desviaciones o estrategias que mejoran el comportamiento en materia de CO2, ello debe considerarse razón suficiente para sospechar que existe un riesgo grave de incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y en el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo(14), y sobre esta base los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias con arreglo al capítulo XI del Reglamento (UE) 2018/858.

(39)  La eficacia de los objetivos establecidos en el presente Reglamento para reducir las emisiones de CO2 depende en gran medida de la representatividad en condiciones reales de la metodología utilizada para determinar las emisiones de CO2. En línea con el dictamen de 2016 del Mecanismo de Asesoramiento Científico en relación con los vehículos ligeros, y la Recomendación del Parlamento Europeo a raíz de su investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil, también es conveniente en el caso de los vehículos pesados poner en marcha un mecanismo que evalúe la representatividad real de las emisiones de CO2 y los valores de consumo de energía determinados en virtud del Reglamento (UE) 2017/2400. La forma más fiable de garantizar la representatividad en condiciones reales de dichos valores es utilizar datos procedentes de los dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo. Por consiguiente, la Comisión debe disponer de competencias para desarrollar los procedimientos necesarios para la recopilación y el tratamiento de los datos sobre consumo de combustible y energía necesarios para realizar tales evaluaciones, así como para garantizar la disponibilidad pública de dichos datos, sin descuidar la protección de los datos personales.

(40)  La Comisión debe evaluar cómo pueden utilizarse los datos sobre consumo de combustible y energía para garantizar que las emisiones de CO2 del vehículo determinadas con la herramienta VECTO de conformidad con el Reglamento (CE) 595/2009 y sus medidas de ejecución sigan siendo representativas de las emisiones en condiciones reales a lo largo del tiempo para todos los fabricantes, y, más precisamente, cómo pueden utilizarse estos datos para vigilar la disparidad entre los valores de emisiones de CO2 determinados por la herramienta VECTO y las emisiones de CO2 en condiciones reales y, si procede, evitar que se acentúe esta disparidad.

(41)  En 2022, la Comisión debe evaluar la eficacia de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 establecidas en este Reglamento y, en particular, el nivel del objetivo de reducción de las emisiones de CO2 que deben alcanzarse a más tardar en 2030, las modalidades que deben estar disponibles para alcanzar ese objetivo y llegar más allá, así como el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de CO2 para otros tipos de vehículos pesados, como los camiones pequeños, los vehículos profesionales, los autobuses, los autocares y los remolques. Dicha evaluación debe incluir también, estrictamente a los fines del presente Reglamento, consideraciones relativas a los vehículos pesados y a las combinaciones de vehículos, teniendo en cuenta los pesos y dimensiones aplicables al transporte nacional (por ejemplo, los conceptos modulares e intermodales), al tiempo que se evalúan también posibles aspectos relativos a la seguridad y la eficiencia del transporte, efectos intermodales, medioambientales, de infraestructuras y rebote, así como la situación geográfica de los Estados miembros.

(42)  Es importante evaluar las emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida de los vehículos pesados en la Unión. A tal efecto, la Comisión debe valorar, para 2023 a más tardar, la posibilidad de elaborar una metodología común de la Unión para la evaluación y la notificación coherente de datos sobre las emisiones de CO2 durante la totalidad del ciclo de vida de los vehículos pesados comercializados en la Unión. La Comisión debe adoptar medidas de seguimiento y, llegado el caso, incluso propuestas legislativas.

(43)  Para garantizar que las emisiones específicas de CO2 de los vehículos pesados siguen siendo representativas y están totalmente actualizadas, las modificaciones del Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución que afecten a dichas emisiones específicas de CO2 deben reflejarse en el presente Reglamento. Con ese fin, la Comisión debe tener las competencias para determinar una metodología de definición de un vehículo pesado representativo para cada subgrupo de vehículos, en función del cual deben evaluarse los cambios de las emisiones específicas de CO2.

(44)  A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión las competencias de ejecución por lo que respecta a la publicación de una lista de determinados datos y rendimiento del fabricante.

(45)  A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la identificación de vehículos pesados que estén certificados como vehículos profesionales y la aplicación de correcciones a las emisiones específicas medias anuales de CO2 de un fabricante, la percepción de las primas por exceso de emisiones de CO2, la comunicación de desviaciones constatadas en los valores de emisiones de CO2 y su consideración en el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2, la evaluación de la aplicación de las condiciones en las que se han determinado las emisiones de CO2 de referencia y el establecimiento de los criterios para determinar si dichas emisiones se han incrementado indebidamente, y, en tal caso, cómo deben corregirse, la garantía de que determinados parámetros relativos a valores de emisión de CO2 en condiciones reales y de consumo de energía de vehículos pesado se ponen a disposición de la Comisión, la realización de verificaciones para garantizar que los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible que figuran en el expediente de información de cliente se corresponden con las emisiones de CO2 y con el consumo de combustible de los vehículos pesados en circulación y sobre el empleo de estrategias para mejorar artificialmente el rendimiento del vehículo en los ensayos realizados o en los cálculos efectuados, y la definición de uno o varios vehículos representativos de un subgrupo de vehículos en función de la cual se haya de determinar el ajuste de la carga útil. A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del Reglamento (CE) 595/2009, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta a la determinación de determinados aspectos del rendimiento medioambiental de vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4. Las competencias de ejecución a que se refiere el presente considerando deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(15).

(46)  A fin de modificar o completar los elementos no esenciales de las disposiciones del presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta al ajuste de las emisiones de CO2 de referencia, al establecimiento de los principios rectores y los criterios para definir los procedimientos para verificar las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en circulación y por lo que respecta a la modificación de los anexos del presente Reglamento en lo relativo a determinados parámetros técnicos, incluidas las ponderaciones de los perfiles de misión, los valores de carga útil, los valores de kilometraje anual y los factores de ajuste de la carga útil. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(16). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(47)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los vehículos pesados nuevos, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión o efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(48)  Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) n.° 595/2009 y (UE) 2018/956 y la Directiva 96/53/CE del Consejo(17) en consecuencia

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto y objetivo

A fin de contribuir al cumplimiento del objetivo de la Unión de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % por debajo de los niveles de 2005 en 2030 en los sectores cubiertos por el artículo 2 del Reglamento (UE) 2018/842, y al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, así como de garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior, el presente Reglamento establece los requisitos de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para los vehículos pesados nuevos por los que las emisiones específicas de CO2 del parque de vehículos pesados nuevos de la Unión deben reducirse en comparación con las emisiones de CO2 de referencia de la forma siguiente:

(a)  para los períodos de comunicación del año 2025 en adelante, el 15 %;

(b)  para los períodos de comunicación del año 2030 en adelante, el 30 %, a menos que se decida de otro modo con arreglo a la revisión prevista en el artículo 15.

Las emisiones de CO2 de referencia se basarán en los datos de control ▌ notificados en virtud del Reglamento (UE) 2018/956 para el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, en adelante «el período de referencia», excluidos los vehículos profesionales, y se calcularán de conformidad con el punto 3 del anexo I del presente Reglamento.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento se aplicará a los nuevos vehículos pesados de las categorías N2 y N3 que presenten las categorías siguientes:

a)  camiones rígidos con una configuración de ejes de 4x2 y una masa máxima en carga técnicamente admisible superior a 16 toneladas;

b)  camiones rígidos con una configuración de ejes de 6x2;

c)  tractores con una configuración de ejes de 4x2 y una masa máxima en carga técnicamente admisible superior a 16 toneladas; y

d)  tractores con una configuración de ejes de 6x2.

También se aplicará, a los fines del artículo 5 y el punto 2.3 del anexo I del presente Reglamento, a los vehículos pesados nuevos de la categoría N que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(18) y no cumplan las características establecidas en los puntos a) a d) del párrafo primero.

Las categorías de vehículos mencionadas en los párrafos primero y segundo del presente apartado hacen referencia a las categorías de vehículos definidas en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(19).

2.  Los vehículos mencionados en el apartado 1, a los fines del presente Reglamento, se considerarán vehículos pesados nuevos en un período de doce meses determinado a partir del 1 de julio, si se matriculan en la Unión por primera vez en ese período y no han sido matriculados previamente fuera de la Unión.

No se tendrán en cuenta las matriculaciones anteriores realizadas fuera de la Unión menos de tres meses antes de la matriculación en la Unión.

3.  La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, un procedimiento específico para identificar aquellos vehículos pesados que estén certificados como vehículos profesionales de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución pero no estén registrados como tales, y aplicará las correcciones a las emisiones específicas medias anuales de CO2 de un fabricante para tener en cuenta dichos vehículos, empezando por el período de comunicación del año 2021 y para cada período de comunicación posterior. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2, del presente Reglamento.

Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «emisiones de CO2 de referencia», la media de las emisiones específicas de CO2 en el período de referencia mencionado en el artículo 1, párrafo segundo, de todos los vehículos pesados nuevos en cada uno de los subgrupos de vehículos, excluidos los vehículos profesionales, determinadas de conformidad con el punto 3 del anexo I;

2)  «emisiones específicas de CO2», las emisiones de CO2 de un solo vehículo pesado determinadas de conformidad con el punto 2.1 del anexo I;

3)  «período de comunicación del año A», el período comprendido entre el 1 de julio del año A y el 30 de junio del año A+1;

4)  «emisiones específicas medias de CO2», la media de emisiones específicas de CO2 de los vehículos pesados nuevos de un fabricante en un período de comunicación concreto, determinadas de conformidad con el punto 2.7 del anexo I;

5)  «objetivo de emisiones específicas de CO2 », el objetivo de las emisiones de CO2 de un solo fabricante, expresado en g/tkm y determinado anualmente para el período de comunicación precedente de conformidad con el punto 4 del anexo I;

6)  «camión rígido», un camión no diseñado o construido para remolcar un semirremolque;

7)  «tractor», una unidad de tracción diseñada y construida exclusiva o principalmente para remolcar semirremolques;

8)  «subgrupo de vehículos», un grupo de vehículos definido en el punto 1 del anexo I caracterizado por un conjunto común y distintivo de criterios técnicos pertinentes para determinar las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de estos vehículos;

9)  «vehículos profesionales», vehículos pesados ▌ para los que se han determinado las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución, solo para perfiles de misión distintos a los definidos en el punto 2.1 del anexo I del presente Reglamento;

10)  «fabricante», la persona u organismo responsables de presentar los datos relativos a los vehículos pesados nuevos en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/956 o, en el caso de los vehículos de emisión cero, la persona u organismo responsable de la autoridad de homologación para todos los aspectos del procedimiento de homologación de tipo CE de vehículos completa o del procedimiento de homologación individual de conformidad con la Directiva 2007/46/CE y para garantizar la conformidad de la producción;

11)  «vehículo pesado de emisión cero», un vehículo pesado sin motor de combustión interna o con un motor de combustión interna que emita menos de 1 g CO2/kWh, determinado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución, o que emita menos de 1 g CO2/km, determinado de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(20) y sus medidas de ejecución;

12)  «vehículo pesado de baja emisión», un vehículo pesado que no sea un vehículo pesado de emisión cero, con emisiones específicas de CO2 de menos de la mitad de las emisiones de CO2 de referencia de todos los vehículos del subgrupo de vehículos al que pertenece el vehículo pesado, determinadas en virtud del punto 2.3.3 del anexo I;

13)  «perfil de misión», una combinación de un ciclo de velocidad objetivo, un valor de carga útil, una configuración de carrocería o de remolque y otros parámetros, en caso de ser aplicables, que refleja el uso específico de un vehículo, sobre cuya base se determinan las emisiones de CO2 y el consumo de combustible oficiales de un vehículo pesado;

14)  «ciclo de velocidad objetivo», la descripción de la velocidad del vehículo a la que quiere llegar el conductor o a la que está limitado por las condiciones del tráfico, como función de la distancia cubierta en un viaje;

15)  «carga útil», el peso de las mercancías o las personas que carga un vehículo en diferentes condiciones.

Artículo 4

Emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante

A partir del 1 de julio de 2020, y en cada período de comunicación posterior, la Comisión ▌ determinará para cada fabricante las emisiones específicas medias de CO2 en g/tkm para el período de comunicación precedente, teniendo en consideración lo siguiente:

a)  los datos comunicados en virtud del Reglamento (UE) 2018/956 para los vehículos pesados nuevos del fabricante matriculados en el período de comunicación precedente, excluidos los vehículos profesionales; y

b)  el factor de emisión cero y baja emisión conforme al artículo 5.

Las emisiones específicas medias de CO2 se determinarán de conformidad con el punto 2.7 del anexo I.

Artículo 5

Vehículos pesados de emisión cero y baja emisión

1.  A partir del 1 de julio de 2020 y en cada período de comunicación posterior, la Comisión ▌ determinará para cada fabricante el factor de emisión cero y baja emisión mencionado en el artículo 4, párrafo primero, letra b), para el período de comunicación precedente.

El factor de emisión cero y baja emisión deberá tener en consideración el número y las emisiones de CO2 de los vehículos pesados de emisión cero y baja emisión en el parque de vehículos pesados del fabricante en un período de comunicación, incluidos los vehículos pesados de emisión cero mencionados en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, así como los vehículos profesionales de emisión cero y baja emisión y se determinará de conformidad con el punto 2.3 del anexo I.

2.  A los fines del apartado 1, los vehículos pesados de emisión cero y baja emisión se contabilizarán de la forma siguiente para los períodos de comunicación 2019 a 2024:

(a)  un vehículo pesado de emisión cero se contabilizará como dos vehículos; y

(b)  un vehículo pesado de baja emisión se contabilizará como hasta dos vehículos, de acuerdo con una función de sus emisiones específicas de CO2 y el umbral de baja emisión del subgrupo de vehículos al que pertenece el vehículo definido en el punto 2.3.3 del anexo I.

El factor de emisión cero y baja emisión se determinará de conformidad con el punto 2.3.1 del anexo I.

3.  Para los períodos de notificación a partir de 2025, el factor de emisión cero y baja emisión se determinará, sobre la base de un índice de referencia del 2 %, de conformidad con el punto 2.3.2 del anexo I.

4.  El factor de emisión cero y baja emisión reducirá las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante hasta un máximo del 3 %. La contribución de los vehículos pesados de emisión cero mencionados en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, a dicho factor reducirá las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante hasta un máximo del 1,5 %.

Artículo 6

Objetivos de emisiones específicas de CO2 de un fabricante

A partir del 1 de julio de 2026 y en cada período de comunicación posterior, la Comisión determinará para cada fabricante un objetivo de emisiones específicas de CO2 para el período de comunicación precedente. Dicho objetivo de emisiones específicas de CO2 será la suma, de todos los subgrupos de vehículos de los productos de los valores siguientes:

a)  el objetivo de reducción de emisiones de CO2 mencionado en el artículo 1, párrafo primero, letras a) o b), según proceda;

b)  las emisiones de referencia de CO2;

c)  la proporción de vehículos del fabricante en cada subgrupo de vehículos;

d)  los factores de ponderación del kilometraje anual y la carga útil aplicados a cada subgrupo de vehículos.

El objetivo de emisiones específicas de CO2 se determinará de conformidad con el punto 4 del anexo I.

Artículo 7

Créditos y deudas de emisiones

1.  Con el fin de determinar el cumplimiento de un fabricante de sus objetivos de emisiones específicas de CO2 en los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029, deben tenerse en cuenta sus créditos o deudas de emisiones determinados de conformidad con el anexo I, punto 5, que corresponden al número de vehículos pesados nuevos, excluidos los vehículos profesionales, del fabricante en un período de comunicación, multiplicados por:

(a)  la diferencia entre la trayectoria de reducción de las emisiones de CO2 mencionada en el apartado 2 y las emisiones específicas medias de CO2 de ese fabricante, si la diferencia es positiva («créditos de emisiones»); o

(c)  la diferencia entre las emisiones específicas medias de CO2 y el objetivo de emisiones específicas de CO2 de ese fabricante, si la diferencia es positiva («deudas de emisiones»).

Los créditos de emisiones se adquirirán en los períodos de comunicación de los años 2019 a 2029. No obstante, los créditos de emisiones adquiridos en los períodos de comunicación de los años 2019 a 2024 deberán tenerse en cuenta para el propósito de determinar el cumplimiento del fabricante con el objetivo de emisiones específicas de CO2 del período de comunicación del año 2025 solamente.

Las deudas de emisiones se adquirirán en los períodos de comunicación de los años 2025 a 2029. No obstante, la deuda de emisiones total de un fabricante no podrá superar el 5 % del objetivo de emisiones específicas de CO2 del fabricante en el período de comunicación del año 2025 multiplicado por el número de vehículos pesados del fabricante en ese período («límite de deuda de emisiones»).

Los créditos y deudas de emisiones adquiridos en los períodos de comunicación de los años 2025 a 2028, cuando sean aplicables, se transferirán de un período de comunicación al siguiente. Todas las deudas de emisiones restantes se saldarán en el período de comunicación del año 2029.

2.  La trayectoria de reducción de las emisiones CO2 ▌ se establecerá para cada fabricante de conformidad con el anexo I, punto 5.1, basada en una trayectoria lineal entre las emisiones de CO2 de referencia mencionadas en el del artículo 1, párrafo segundo, y el objetivo ▌de emisiones de CO2 para el período de comunicación del año 2025, tal como se especifica en el párrafo primero, letra a), de dicho artículo, y entre el objetivo emisiones de CO2 para el período de comunicación del año 2025 y el objetivo emisiones de CO2 aplicable a partir del período de comunicación del año 2030 en adelante, tal como se especifica en el párrafo primero, letra b), de dicho artículo.

Artículo 8

Cumplimiento de los objetivos de emisiones específicas de CO2

1.  Cuando se considere que un fabricante, en virtud del apartado 2, tiene un exceso de emisiones de CO2 en un período de comunicación determinado a partir de 2025, la Comisión impondrá una prima por exceso de emisiones de CO2 calculada de conformidad con la fórmula siguiente:

a)  de 2002 a 2029,

(Prima por exceso de emisiones de CO2) = (exceso de emisiones de CO2 x 4 250 €/gCO2/tkm)

b)  a partir de 2030,

(Prima por exceso de emisiones de CO2) = (exceso de emisiones de CO2 x 6 800 €/gCO2/tkm).

2.  Se considerará que un fabricante presenta un exceso de emisiones de CO2 en cualquiera de los casos siguientes:

(a)  cuando, en cualquier período de comunicación de los años comprendidos entre 2025 y 2028, la suma se las deudas de emisión menos la suma de los créditos de emisión supere el límite de deuda de emisiones mencionado en el artículo 7, apartado 1, párrafo tercero;

(d)  cuando, en el período de comunicación del año 2029, la suma de las deudas de emisiones menos la suma de los créditos de emisiones sea positiva;

(e)  cuando, a partir del período de comunicación del año 2030, las emisiones específicas medias de CO2 del fabricante sobrepasen su objetivo de emisiones específicas de CO2.

El exceso de emisiones de CO2 en un período de comunicación determinado se calculará de conformidad con el anexo I, punto 6.

3.  La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los medios para la percepción de las primas por exceso de emisiones de CO2 de conformidad con el apartado 1 ▌del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

4.  El importe de la prima por exceso de emisiones de CO2 tendrá la consideración de ingreso para el presupuesto general de la Unión Europea.

Artículo 9

Verificación de los datos de control

1.  Las autoridades de homologación de tipo comunicarán sin demora a la Comisión las desviaciones constatadas en los valores de emisión de CO2 de los vehículos pesados en servicio con respecto a los valores indicados en los certificados de conformidad o en el archivo de información del cliente a que se refiere el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/2400, como resultado de las verificaciones efectuadas de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 13 del presente Reglamento.

2.  La Comisión tendrá en cuenta las desviaciones a que se refiere el apartado 1 para el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante.

3.  La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, normas detalladas relativas a los procedimientos para la comunicación de tales desviaciones y para que se tengan en cuenta en el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2. Dichos actos de ejecución se adoptarán ▌ con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 16, apartado 2.

Artículo 10

Evaluación de las emisiones de CO2 de referencia

A fin de asegurar la fiabilidad y la representatividad de las emisiones de CO2 de referencia como base para determinar los objetivos de emisiones de CO2 a escala del parque de vehículos de la Unión, la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la metodología para evaluar la aplicación de las condiciones en las que se han determinado las emisiones de CO2 de referencia y establecer los criterios para determinar si dichas emisiones se han incrementado indebidamente, y, en tal caso, cómo deben corregirse.

Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen contemplado en el artículo 16, apartado 2.

Artículo 11

Publicación de datos y rendimiento del fabricante

1.  A más tardar el 30 de abril de cada año, la Comisión, mediante actos de ejecución, publicará una lista en la que indicará:

a)  a partir del 1 de julio de 2020, respecto a cada fabricante, sus emisiones específicas medias de CO2 del período de comunicación precedente, a que se refiere el artículo 4;

b)  a partir del 1 de julio de 2020, respecto a cada fabricante, el factor de emisión cero y baja emisión del período de comunicación precedente, a que se refiere el artículo 5, apartado 1;

c)  a partir del 1 de julio de 2026, respecto a cada fabricante, su objetivo de emisiones específicas de CO2 para el período de comunicación precedente, a que se refiere el artículo 6;

d)  a partir del 1 de julio de 2020 y hasta el 30 de junio de 2031, respecto a cada fabricante, su trayectoria de reducción de emisiones de CO2, sus créditos de emisiones y, a partir del 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2031, sus deudas de emisiones en el período de comunicación precedente, a que se refiere el artículo 7;

e)  a partir del 1 de julio de 2026, respecto a cada fabricante, su exceso de emisiones de CO2 en el período de comunicación precedente, a que se refiere el artículo 8, apartado 1;

f)  a partir del 1 de julio de 2020, la media de las emisiones específicas de CO2 de todos los vehículos pesados nuevos matriculados en la Unión en el período de comunicación precedente.

La lista, para la publicación antes del 30 de abril de 2021, incluirá las emisiones de CO2 de referencia a que se refiere el artículo 1, párrafo segundo.

2.  La Comisión adoptará los actos delegados de conformidad con el artículo 17 para ajustar las emisiones de CO2 de referencia de conformidad con lo siguiente:

a)  cuando las ponderaciones del perfil de misión o los valores de carga útil se hayan ajustado en virtud del artículo 14, apartado 1, letras b) o c), de conformidad con el procedimiento establecido en el punto 1 del anexo II;

b)  cuando se hayan determinado factores de ajuste en virtud del artículo 14, apartado 2, aplicando esos factores de ajuste a las emisiones de CO2 de referencia.

c)   cuando se haya determinado un incremento indebido en las emisiones de CO2 de referencia con arreglo a la metodología a que se refiere el artículo 10, corrigiendo los valores de emisiones de CO2 de referencia a más tardar el 30 de abril de 2022.

La Comisión publicará los valores de emisiones de CO2 de referencia ajustados y aplicará esos valores para el cálculo de los objetivos de emisiones específicas de CO2 del fabricante aplicables a los períodos de comunicación posteriores a la fecha de aplicación de los actos delegados por los que se ajustan los valores.

Artículo 12

Emisiones de CO2 y consumo de energía en condiciones reales

1.  La Comisión controlará y valorará la representatividad en condiciones reales de los valores de emisión de CO2 y de consumo de energía determinados en el marco del Reglamento (CE) n.º 595/2009.

Además, la Comisión recopilará periódicamente datos sobre las emisiones de CO2 y el consumo de energía en condiciones reales de los vehículos pesados que utilicen dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo, empezando por los vehículos pesados nuevos matriculados a partir de la fecha de aplicación de las medidas a las que se refiere el artículo 5 quater, letra b), del Reglamento (CE) n.o 595/2009.

La Comisión velará por que el público sea informado sobre cómo evoluciona dicha representatividad con el tiempo.

2.  A los efectos del apartado 1 del presente artículo, la Comisión garantizará que los siguientes parámetros relativos a las emisiones de CO2 y el consumo de energía en condiciones reales de los vehículos pesados le sean puestos a disposición a intervalos periódicos, con inicio a partir de la fecha de aplicación de las medidas a las que se refiere el artículo 5 quater, letra b), del Reglamento (CE) n.o 595/2009, por los fabricantes, las autoridades nacionales o mediante la transferencia directa de datos desde los vehículos, según sea el caso:

a)  número de identificación del vehículo;

b)  combustible y energía eléctrica consumidos;

c)  distancia total recorrida;

d)  carga útil;

e)  en el caso de los vehículos pesados eléctricos híbridos recargables desde el exterior, el combustible y la energía eléctrica consumidos y la distancia recorrida distribuidos entre los diferentes modos de conducción;

f)  otros parámetros necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo.

La Comisión procederá al tratamiento de los datos recibidos con arreglo al párrafo primero del presente apartado a fin de crear un conjunto de datos anónimo y agregado, también por fabricante, a efectos de lo dispuesto en el apartado 1. Los números de identificación de los vehículos solo se utilizarán a fines de ese tratamiento de los datos y no se conservarán más tiempo del necesario para dicho fin.

3.  A fin de evitar que el problema de la disparidad de las emisiones en condiciones reales se agrave, la Comisión, a más tardar en un plazo de dos años y cinco meses a partir de la fecha de aplicación de las medidas a las que se refiere el artículo 5 quater, letra b, del Reglamento (CE) n.o 595/2009, evaluará de qué forma pueden utilizarse los datos sobre consumo de combustible y energía para garantizar que los valores de emisión de CO2 y de consumo de energía del vehículo determinados con arreglo a dicho Reglamento sigan siendo representativos de las emisiones en condiciones reales a lo largo del tiempo para cada fabricante,.

La Comisión supervisará e informará anualmente de la evolución la disparidad a que se refiere el párrafo primero y, con vistas a prevenir su aumento, evaluará en 2027 la viabilidad de un mecanismo para ajustar las emisiones específicas medias de CO2 del fabricante a partir de 2030 y, en su caso, presentará una propuesta legislativa para poner en marcha un mecanismo de ese tipo.

4.  La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución el procedimiento pormenorizado para recopilar y tratar los datos mencionados en el apartado ▌2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

Artículo 13

Verificación de las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en circulación

1.  Los fabricantes garantizarán que los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible que figuran en el expediente de información de cliente a que se refiere el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/4000 se corresponden con las emisiones de CO2 y con el consumo de combustible de los vehículos pesados en circulación determinados de conformidad con lo dispuesto en dicho Reglamento.

2.  Tras la entrada en vigor de los procedimientos a que se refiere el apartado 4, las autoridades de homologación de tipo verificarán, para los fabricantes que hayan concedido licencias para operar la herramienta de simulación de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 595/2009 y sus medidas de ejecución, sobre la base de muestras adecuadas y representativas de vehículos, que los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible que figuran en los expedientes de información de clientes se corresponden con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados en circulación determinados de conformidad con dicho Reglamento y sus medidas de ejecución, a la vez que se considera, entre otros factores, utilizar los datos disponibles procedentes de los dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo.

Las autoridades de homologación de tipo verificarán asimismo que no se emplea ninguna estrategia, ya sea a bordo o en relación con los vehículos de la muestra, que mejore artificialmente el rendimiento del vehículo en los ensayos realizados o en los cálculos efectuados a efectos de la certificación de las emisiones de CO2 y del consumo de combustible, recurriendo, entre otros, a los datos procedentes de los dispositivos de control del consumo de combustible o energía a bordo.

3.  Cuando, como resultado de las verificaciones realizadas con arreglo al apartado 2, se detecte una falta de correspondencia de los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible que no pueda atribuirse al mal funcionamiento de la herramienta de simulación, o el empleo de estrategias que mejoren artificialmente el rendimiento del vehículo, la autoridad de homologación de tipo responsable, además de adoptar las medidas necesarias establecidas en el capítulo XI del Reglamento (UE) 2018/858, garantizará que se corrijan los expedientes de información de clientes y los certificados de conformidad y de aprobación individual, según proceda.

4.  La Comisión determinará, mediante actos de ejecución, los procedimientos para llevar a cabo las verificaciones a que se refiere el apartado 2 del presente artículo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2.

La Comisión estará facultada, antes de adoptar los actos de ejecución a que se refiere el párrafo primero, para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 17, con el fin de completar el presente Reglamento estableciendo los principios rectores y los criterios para definir los procedimientos a que se refiere el párrafo primero.

Artículo 14

Modificaciones de los anexos I y II

1.  Para garantizar que los parámetros técnicos utilizados para el cálculo de las emisiones específicas medias de CO2 de un fabricante en virtud del artículo 4 y el cálculo de los objetivos de emisiones específicas de CO2 en virtud del artículo 6 tienen en consideración el avance tecnológico y la evolución de la logística del transporte de mercancías, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 17 para modificar las disposiciones siguientes establecidas en los anexos I y II:

a)  las entradas para tipo de cabina de conducción y reglaje de la potencia del motor establecidos en el cuadro 1 del anexo I y las definiciones de «cabina litera» y «cabina corta» mencionadas en dicho cuadro;

b)  las ponderaciones del perfil de misión establecidas en el cuadro 2 del anexo I;

c)  los valores de carga útil establecidos en el cuadro 3 del anexo I y los factores de ajuste de la carga útil establecidos en el cuadro 1 del anexo II;

d)  los valores de kilometraje anual establecidos en el cuadro 4 del anexo I.

2.  Cuando los procedimientos de homologación de tipo establecidos en el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución se modifiquen mediante modificaciones distintas de las mencionadas en el apartado 1, letras b) y c) del presente artículo, de modo que el nivel de las emisiones de CO2 de los vehículos representativos definidos en virtud del presente apartado aumente o disminuya en más de 5 g CO2/km, la Comisión, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, párrafo primero, letra b), aplicará un factor de ajuste a las emisiones de CO2 de referencia, que se calculará de conformidad con la fórmula establecida en el punto 2 del anexo II.

3.   La Comisión, mediante ▌ actos de ejecución, establecerá una metodología para definir uno o más vehículos representativos de un subgrupo de vehículos, incluidas sus ponderaciones estadísticas, en función de la cual se determinará el ajuste mencionado en el apartado 2 del presente artículo, teniendo en consideración los datos de control notificados en virtud del Reglamento (UE) 2018/956 y las características técnicas de los vehículos enumeradas en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/2400. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 16, apartado 2, del presente Reglamento.

Artículo 15

Revisión y presentación de informes

1.   A más tardar el 31 de diciembre de 2022, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia del presente Reglamento, sobre el objetivo de reducción de emisiones de CO2 y el nivel del mecanismo de incentivos para los vehículos pesados de emisión cero o baja emisión a partir de 2030, sobre el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de CO2 para otros tipos de vehículos pesados —incluidos los remolques, los autobuses y autocares y los vehículos profesionales— y sobre la introducción de objetivos de reducción de emisiones de CO2 vinculantes para los vehículos pesados para 2035 y 2040 y los años posteriores a 2040. El objetivo para 2030 debe evaluarse de conformidad con los compromisos de la Unión Europea en virtud del Acuerdo de París.

2.   El informe a que se refiere el apartado 1 del presente artículo incluirá, en particular, lo siguiente:

a)  una evaluación de la eficacia del sistema de créditos de emisiones y deudas de emisiones contemplado en el artículo 7 y de la adecuación de prorrogar su aplicación a 2030 y en adelante;

b)  una evaluación del despliegue de los vehículos pesados de emisión cero y baja emisión, ▌teniendo en cuenta los objetivos establecidos en la Directiva 2009/33/CE, así como los parámetros y condiciones pertinentes que afecten a la comercialización de dichos vehículos pesados;

c)  una evaluación de la eficacia del mecanismo de incentivos para los vehículos pesados de emisión cero o baja emisión previsto en el artículo 5, así como la idoneidad de sus diferentes elementos, con vistas a ajustarlo para el período posterior a 2025 de cara a una posible diferenciación por autonomía de conducción sin emisiones o por subgrupo de vehículos, combinada con factores de ponderación de la carga útil por kilometraje, con una fecha de aplicación que establezca un plazo de al menos tres años;

d)  una evaluación del despliegue de la necesaria infraestructura de recarga y repostaje, de la posibilidad de introducir normas de comportamiento de las emisiones de CO2 para los motores, en particular para los vehículos profesionales, y de la representatividad en condiciones reales de los valores de emisión de CO2 y de consumo de combustible determinados de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2400;

e)  estrictamente a los fines del presente Reglamento, consideraciones relativas a los vehículos pesados y a las combinaciones de vehículos, teniendo en cuenta los pesos y dimensiones aplicables al transporte nacional, por ejemplo, los conceptos modulares e intermodales, al tiempo que se evalúan también posibles aspectos relativos a la seguridad y la eficiencia del transporte, efectos intermodales, medioambientales, de infraestructuras y rebote, así como la situación geográfica de los Estados miembros.

f)  una evaluación de la herramienta de simulación VECTO para garantizar la actualización continuada y oportuna de la misma;

g)  una evaluación de la posibilidad de desarrollar una metodología específica para incluir la contribución potencial a la reducción de emisiones de CO2 del uso de combustibles renovables líquidos y gaseosos sintéticos y avanzados alternativos, incluidos los electrocombustibles, producidos con energía renovable y que cumplan los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a los que se refiere la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(21);

h)  una evaluación de la viabilidad de introducir un mecanismo de agrupación entre fabricantes abierto, transparente y no discriminatorio;

i)  una evaluación del nivel de la prima por exceso de emisiones de CO2 para garantizar que supere los costes marginales medios de las tecnologías necesarias para cumplir los objetivos de emisiones de CO2.

3.  El informe al que se refiere el apartado 1 irá acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa de modificación del presente Reglamento.

4.  Como parte de la evaluación con arreglo al artículo 15, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/...(22), la Comisión evaluará la posibilidad de asignar los ingresos procedentes de las primas por exceso de emisiones de CO2 a un fondo específico o un programa pertinente, al objeto de garantizar una transición justa hacia una economía neutra desde el punto de vista del clima, tal como se contempla en el artículo 4, apartado 1, del Acuerdo de París, en particular para apoyar el reciclaje, la mejora de las capacidades y otra formación y reubicación de los trabajadores del sector del automóvil en todos los Estados miembros afectados, especialmente en las regiones y las comunidades más afectadas por la transición. La Comisión presentará, en su caso, una propuesta legislativa a tal efecto a más tardar en 2027.

5.  A más tardar en 2023, la Comisión examinará la posibilidad de elaborar una metodología común de la Unión para la evaluación y la notificación coherente de datos sobre las emisiones de CO2 durante la totalidad del ciclo de vida de los vehículos pesados nuevos comercializados en la Unión. La Comisión transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo dicha evaluación, junto con, en su caso, propuestas de medidas de seguimiento, tales como propuestas legislativas.

Artículo 16

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité del Cambio Climático establecido en el artículo 44, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo(23). Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3.  Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 17

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 11, apartado 2, en el artículo 13, apartado 4, párrafo segundo, y en el artículo 14, apartado 1, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 11, apartado 2, en el artículo 13, apartado 4, párrafo segundo, y en el artículo 14, apartado 1, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, el artículo 13, apartado 4, y el artículo 14, apartado 1, entrará en vigor únicamente si el Parlamento Europeo y el Consejo no han formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto al Parlamento Europeo y al Consejo, o si, antes de haber vencido dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no formularán objeciones. El plazo se prorrogará hasta dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 18

Modificaciones del Reglamento (CE) n.º 595/2009

El Reglamento (CE) n.º 595/2009 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 2, párrafo primero, se añade la frase siguiente:"

«También se aplicará, a los fines de los artículos 5 bis, 5 ter y 5 quater, a los vehículos de las categorías O3 y O4».

"

2)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 5 bis

Requisitos específicos para los fabricantes en relación con el comportamiento medioambiental de los vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4.

1.  Los fabricantes garantizarán que los nuevos vehículos de las categorías O3 y O4 que vayan a venderse, matricularse o ponerse en circulación se atengan a los siguientes requisitos:

   a) la incidencia de estos vehículos en las emisiones de CO2, el consumo de combustible, el consumo de electricidad y la autonomía de conducción sin emisiones se determinará con arreglo a la metodología contemplada en el artículo 5 quater, letra a);
   b) los vehículos estarán equipados con dispositivos de a bordo para el seguimiento y registro de la carga útil de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 5 quater, letra b).

2.  Los fabricantes garantizarán que los nuevos vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3 que vayan a venderse, matricularse o ponerse en circulación vayan equipados con dispositivos de a bordo para el seguimiento y registro del consumo de combustible y/o energía, de la carga útil y del kilometraje, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 5 quater, letra b).

Asimismo, garantizarán que la autonomía de conducción sin emisiones y el consumo eléctrico de dichos vehículos se determinen con arreglo a la metodología contemplada en el artículo 5 quater, letra c).

Artículo 5 ter

Requisitos específicos para los Estados miembros en relación con el comportamiento medioambiental de los vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4.

1.  Las autoridades nacionales, de conformidad con las medidas de ejecución a las que se refiere el artículo 5 quater, denegarán la homologación de tipo CE o la homologación de tipo nacional respecto de vehículos nuevos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4 que no cumplan los requisitos establecidos en las citadas medidas de ejecución.

2.  Las autoridades nacionales, de conformidad con las medidas de ejecución a las que se refiere el artículo 5 quater, prohibirán la venta, matriculación o puesta en servicio de los nuevos vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4 que no cumplan los requisitos establecidos en las citadas medidas de ejecución.

Artículo 5 quater

Medidas para determinar diversos aspectos del comportamiento medioambiental de los vehículos de las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4

Antes del 31 de diciembre de 2021 la Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, las medidas siguientes:

   a) una metodología de evaluación del rendimiento de los vehículos de las categorías O3 y O4 con respecto a su incidencia sobre las emisiones de CO2, el consumo de combustible, el consumo eléctrico y la autonomía de conducción sin emisiones de los vehículos de motor;
   b) los requisitos técnicos para el equipamiento de dispositivos de a bordo para el seguimiento y registro del consumo de combustible y/o energía y del kilometraje de los vehículos de motor de las categorías M2, M3, N2 y N3 y para la determinación y registro de las cargas útiles o el peso total de los vehículos que se ajusten a las características enumeradas en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, letras a), b), c) o d), del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(24), y de sus combinaciones con vehículos de las categorías O3 y O4, incluida la transmisión de datos entre vehículos dentro de una misma combinación, según proceda;
   c) una metodología para determinar la autonomía de conducción sin emisiones y el consumo eléctrico de los nuevos vehículos de las categorías M2, M3, N2 y N3.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen al que se refiere el artículo 13 bis.

___________________

* Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 595/2009 y (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del Consejo (DO L ...de ..., p. ...). ».

"

;

3)  Se añade el siguiente artículo:"

«Artículo 13 bis

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité Técnico para Vehículos de Motor establecido en virtud del Reglamento (UE) n.º 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo*. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3.  Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

___________________

*. Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 715/2007 y (CE) n.° 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 14.6.2018, p. 1).».

"

Artículo 19

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 2018/956

El Reglamento (UE) 2018/956 se modifica como sigue:

1)  El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones establecidas en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo*, en el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y en el Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo**(25).

___________________

* Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).

** Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 595/2009 y (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del Consejo )DO L ..., ..., p. ...).».

"

2)  En el artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. A partir del 1 de enero de 2019, los Estados miembros realizarán un seguimiento de los datos especificados en la parte A del anexo I relativos a los vehículos pesados nuevos que se matriculen en la Unión por primera vez.

A más tardar el 30 de septiembre de cada año, a partir de 2020, las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán a la Comisión, de conformidad con el procedimiento de comunicación establecido en el anexo II, dichos datos relativos al período de comunicación anterior, comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio.

En lo que respecta a 2019, los datos comunicados a más tardar el 30 de septiembre de 2020 incluirán los datos que hayan sido objeto de seguimiento entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Los datos relativos a los vehículos pesados nuevos que hayan sido matriculados previamente fuera de la Unión no serán objeto de seguimiento ni comunicación, a menos que esa matriculación haya tenido lugar menos de tres meses antes de la matriculación en la Unión.».

"

3)  En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. A partir de los años iniciales establecidos en el anexo I, parte B, punto 1, los fabricantes de vehículos pesados harán el seguimiento de los datos que se especifican en el anexo I, parte B, punto 2, para cada vehículo pesado nuevo.

A más tardar el 30 de septiembre de cada año, a partir de los años iniciales que se establecen en el anexo I, parte B, punto 1, los fabricantes de vehículos pesados comunicarán dichos datos a la Comisión de conformidad con el procedimiento de comunicación establecido en el anexo II, para cada vehículo pesado nuevo cuya simulación se haya realizado durante el período de comunicación precedente, comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio.

En lo que respecta a 2019, los fabricantes comunicarán los datos para cada vehículo pesado nuevo cuya simulación se haya realizado durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

La fecha de la simulación será la fecha comunicada de conformidad con la rúbrica 71 del anexo I, parte B, punto 2.».

"

4)  En el artículo 10, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. A más tardar el 30 de abril de cada año, la Comisión publicará un informe anual junto con su análisis de los datos transmitidos por los Estados miembros y los fabricantes con respecto al período de comunicación precedente.».

"

5)  En el anexo II, el punto 3.2 se sustituye por el texto siguiente:"

«3.2. Los datos relativos a los vehículos pesados matriculados en el período de comunicación anterior y consignados en el registro se harán públicos a más tardar el 30 de abril de cada año a partir del año 2021, con excepción de los datos de las rúbricas especificadas en el artículo 6, apartado 1.».

"

Artículo 20

Modificaciones de la Directiva 96/53/CE

La Directiva 96/53/CE se modifica como sigue:

1)  En el artículo 2, después de la definición de «vehículo impulsado por combustibles alternativos», se inserta la definición siguiente:"

«- “vehículo de emisión cero”: un «vehículo pesado de emisión cero» tal como se define en el artículo 3, punto 11, del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo*(26).

___________________

* Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establecen normas »de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 595/2009 y (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/53/CE del Consejo )DO L ..., ..., p. ...).».

"

2)  El artículo 10 ter se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 10 ter

Los pesos máximos autorizados de los vehículos impulsados por combustibles alternativos o de los vehículos de emisión cero serán los establecidos en los puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2 y 2.4 del Anexo I.

Los vehículos impulsados por combustibles alternativos o de emisión cero también deberán respetar los límites de peso máximo autorizado por eje indicados en el anexo I, punto 3.

El peso adicional requerido por los vehículos impulsados por combustibles alternativos o de emisión cero se definirá sobre la base de la documentación proporcionada por el fabricante cuando el vehículo en cuestión esté homologado. Dicho peso adicional se indicará en la prueba de conformidad que exige el artículo 6.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 10 nonies, a fin de actualizar, a efectos de la presente Directiva, la lista de combustibles alternativos mencionados en el artículo 2 que requieran peso adicional. Es de particular importancia que la Comisión observe su práctica habitual y lleve a cabo consultas con expertos, incluidos los de los Estados miembros, antes de adoptar dichos actos delegados.».

"

3)  El anexo I se modifica como sigue:

a)  Se añade el párrafo siguiente a la segunda columna de los puntos 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4:"

«En el caso de combinaciones de vehículos que incluyan vehículos impulsados por combustibles alternativos o vehículos de emisión cero, los pesos máximos autorizados en esta sección se incrementarán con el peso adicional requerido por la tecnología de combustible alternativo o de emisión cero, hasta un máximo de 1 o 2 toneladas, respectivamente.»;

"

b)  Se añade a la segunda columna del punto 2.3.1 el párrafo siguiente: "

«Vehículos de emisión cero: el peso máximo autorizado de 18 toneladas se incrementará con el peso adicional requerido por la tecnología de combustible alternativo hasta un máximo de 2 toneladas.».

"

c)  Se añade a la tercera columna del punto 2.3.2 el párrafo siguiente:"

«Vehículos de emisión cero de tres ejes: el peso máximo autorizado de 25 toneladas o 26 toneladas (cuando el eje motor esté dotado de neumáticos gemelos y suspensión neumática o suspensión reconocida como equivalente en la Unión, según se define en el anexo II, o cuando cada eje motor esté dotado de neumáticos gemelos y el peso máximo de cada eje no supere 9,5 toneladas) se incrementará con el peso adicional requerido por la tecnología de emisión cero hasta un máximo de 2 toneladas.».

"

d)  Se añade a la tercera columna del punto 2.4 el párrafo siguiente:"

«Autobuses articulados de tres ejes y de emisión cero: el peso máximo autorizado de 28 toneladas se incrementará con el peso adicional requerido por la tecnología de emisión cero hasta un máximo de 2 toneladas.».

"

Artículo 21

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

Emisiones específicas medias de CO2, objetivos de emisiones específicas de CO2 y exceso de emisiones de CO2

1.  subgrupos de vehículos

Cada vehículo pesado nuevo debe asignarse a uno de los subgrupos de vehículos definidos en el cuadro 1 de conformidad con las condiciones establecidas en él.

Cuadro 1 – Subgrupos de vehículos (sg)

Vehículos pesados

Tipo de cabina

Potencia del motor

Subgrupo de vehículos (sg)

Camiones rígidos con una configuración de ejes de 4x2 y una masa máxima en carga técnicamente admisible > 16 toneladas

Todos

< 170 kW

4-UD

Cabina corta

≥ 170 kW

4-RD

Cabina litera

≥ 170 kW y < 265 kW

Cabina litera

≥ 265 kW

4-LH

Camiones rígidos con una configuración de ejes de 6x2

Cabina corta

Todos

9-RD

Cabina litera

9-LH

Tractores con una configuración de ejes de 4x2 y una masa máxima en carga técnicamente admisible > 16 toneladas

Cabina corta

Todos

5-RD

Cabina litera

< 265 kW

Cabina litera

≥ 265 kW

5-LH

Tractores con una configuración de ejes de 6x2

Cabina corta

Todos

10-RD

Cabina litera

10-LH

«Cabina litera» hace referencia al tipo de cabina que tiene un compartimento para dormir detrás del asiento del conductor, notificada de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/956.

«Cabina corta» hace referencia al tipo de cabina que no es una cabina litera.

Si un vehículo pesado nuevo no puede asignarse a un subgrupo de vehículos porque no se dispone de información sobre el tipo de cabina o la potencia del motor, se asignará al subgrupo de vehículos de larga distancia (LH) correspondiente a su tipo de bastidor (camión rígido o tractor) y configuración de ejes (4x2 o 6x2).

Cuando un vehículo pesado nuevo se asigne al subgrupo de vehículos 4-UD, pero no se disponga de datos sobre las emisiones de CO2 en g/km para los perfiles de misión UDL o UDR según la definición del cuadro 2 del punto 2.1, el nuevo vehículo pesado se asignará al subgrupo 4-RD.

1.  emisiones específicas medias DE CO2 de un fabricante

1.1.  Emisiones específicas de CO2 de un vehículo pesado nuevo

Las emisiones específicas de CO2 en g/km (CO2v) de un nuevo vehículo pesado v asignado a un subgrupo de vehículos sg se calcularán de conformidad con la fórmula siguiente:

donde,

es la suma correspondiente a todos los perfiles de misión mp enumerados en el cuadro 2;

sg es el subgrupo de vehículos al que se ha asignado el vehículo pesado nuevo v de conformidad con la punto 1 del presente anexo;

Wsg,mp es la ponderación del perfil de misión especificada en el cuadro 2;

CO2v,mp son las emisiones de CO2 en g/km de un nuevo vehículo pesado v determinadas para un perfil de misión mp y notificadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/956.

Las emisiones específicas de CO2 de un vehículo pesado de emisión cero se establecerán en 0 g CO2/km.

Las emisiones específicas de CO2 de un vehículo profesional serán la media de las emisiones de CO2 en g/km notificadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/956.

Cuadro 2 – Ponderaciones del perfil de misión (Wsg,mp)

Subgrupo de vehículos

(sg)

Perfil de misión1 (mp)

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER, LEL, LER

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

Definiciones de perfil de misión

RDL

Carga útil de entrega regional baja

RDR

Carga útil de entrega regional representativa

LHL

Carga útil de larga distancia baja

LHR

Carga útil de larga distancia representativa

UDL

Carga útil de entrega urbana baja

UDR

Carga útil de entrega urbana representativa

REL

Carga útil de entrega regional (EMS) baja

RER

Carga útil de entrega regional (EMS) representativa

LEL

Carga útil de larga distancia (EMS) baja

LER

Carga útil de larga distancia (EMS) representativa

1.2.  Emisiones específicas medias de CO2 de todos los vehículos pesados nuevos de un subgrupo de vehículos para un fabricante

Para cada fabricante y cada período de comunicación, las emisiones específicas medias de CO2 en g/tkm () de todos los vehículos pesados nuevos de un subgrupo de vehículos sg se calcularán de la forma siguiente:

donde,

es la suma correspondiente a todos los vehículos pesados nuevos del fabricante del subgrupo de vehículos sg, excluidos todos los vehículos profesionales de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a);

CO2v son las emisiones específicas de CO2 de un vehículo pesado nuevo v determinadas de conformidad con el punto 2.1;

Vsg es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante en el subgrupo de vehículos sg, excluidos todos los vehículos profesionales de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a).

PLsg es la carga útil media de los vehículos del subgrupo de vehículos sg, determinada según lo establecido en el punto 2.5.

1.3.  Factor de emisión cero y baja emisión contemplado en el artículo 5

2.3.1  Períodos de comunicación 2019 a 2024

Para cada fabricante y cada período de comunicación de 2019 a 2024, el factor de emisión cero y baja emisión (ZLEV) determinado en el artículo 5 se calculará de la forma siguiente:

ZLEV = V / (Vconv + Vzlev) con un mínimo de 0,97

donde:

V es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante que reúnen las características enumeradas en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, excluidos todos los vehículos profesionales, de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a).

Vconv es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante que reúnen las características enumeradas en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, excluidos todos los vehículos profesionales, de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a), así como los vehículos pesados de emisión cero y baja emisión;

Vzlev es la suma de Vin y Vout,

donde,

Vin es ∑ v (1+ (1 – CO2v/LETsg))

Siendo 20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_ES-p0000007.png la suma correspondiente a todos los vehículos pesados nuevos de emisión cero y baja emisión que reúnen las características establecidas en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero;

CO2v son las emisiones específicas de CO2 en g/km de un vehículo v pesado de baja emisión o emisión cero, determinadas de conformidad con el punto 2.1.

LETsg es el umbral de baja emisión del subgrupo de vehículos sg al que pertenece el vehículo v definido en el punto 2.3.3;

Vout es el número total de vehículos pesados de emisión cero matriculados por primera vez mencionados en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, multiplicado por 2, y con un máximo del 1,5 % de Vconv.

2.3.2  Períodos de comunicación a partir de 2025

Para cada fabricante y cada período de comunicación, el factor de emisión cero y baja emisión (ZLEV) determinado en el artículo 5 se calculará de la forma siguiente:

ZLEV = 1 - (y - x) salvo que esta suma sea superior a 1 o inferior a 0,97, en cuyo caso el factor ZLEV se fijará en 1 o 0,97, según el caso;

donde,

x es 0,02

y es la suma de Vin y Vout, dividida por Vtotal, donde:

Vin es el número total de vehículos de emisión cero y de baja emisión matriculados por primera vez que reúnen las características enumeradas en el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, contabilizándose cada uno de ellos como ZLEVspecific de conformidad con la fórmula que figura a continuación:

ZLEVspecific = 1 - (CO2v / LETsg )

donde:

CO2v son las emisiones específicas de CO2 en g/km de un vehículo v pesado de emisión cero o baja emisión, determinadas de conformidad con el punto 2.1.

LETsg es el umbral de baja emisión del subgrupo de vehículos sg al que pertenece el vehículo v definido en el punto 2.3.3;

Vout es el número total de vehículos pesados de emisión cero matriculados por primera vez mencionados en el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, y con un máximo de 0,035 de Vtotal;

Vtotal es el número total de vehículos pesados de emisión cero del fabricante matriculados por primera vez en el período de comunicación en cuestión

Si Vin/Vtotal es inferior a 0,0075, el factor ZLEV se fijará en 1.

2.3.3  Umbral de baja emisión

El umbral de baja emisión LET sg del subgrupo de vehículos sg se define como sigue:

LETsg = (rCO2sg x PLsg) / 2

donde,

rCO2sg son las emisiones de CO2 de referencia del subgrupo de vehículos sg, tal como se determinan en el punto 3.

PLsg es la carga útil media de los vehículos del subgrupo de vehículos sg, tal como se determina en el punto 2.5.

1.4.  Proporción de vehículos pesados nuevos del fabricante en un subgrupo de vehículos

Para cada fabricante y cada período de comunicación, la proporción de vehículos pesados nuevos en un subgrupo de vehículos sg se calculará de la forma siguiente:

donde,

Vsg es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante del subgrupo de vehículos sg, excluidos todos los vehículos profesionales, de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a);

V es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante, excluidos todos los vehículos profesionales, de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a).

1.5.  Valores de carga útil media de todos los vehículos de un subgrupo de vehículos

El valor de carga útil media PLsg de un vehículo de un subgrupo de vehículos sg se calculará de la forma siguiente:

donde,

es la suma correspondiente a todos los perfiles de misión mp;

Wsg,mp es la ponderación del perfil de misión especificada en el cuadro 2 del punto 2.1;

PLsg,mp es el valor de carga útil asignado a los vehículos del subgrupo de vehículos sg para el perfil de misión mp, según lo especificado en el cuadro 3.

Cuadro 3 – Valores de carga útil PL sg, mp (en toneladas)

Subgrupo de vehículos sg

Perfil de misión1 mp

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

4-RD

4-LH

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

5-LH

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

9-LH

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

10-LH

1 Véanse las definiciones de los perfiles de misión en el cuadro 2 del punto 2.1.

1.6.  Factor de ponderación del kilometraje y de la carga útil

El factor de ponderación del kilometraje y de la carga útil (MPWsg) de un subgrupo de vehículos sg se define como el producto del kilometraje anual especificado en el cuadro 4 y el valor de carga útil por subgrupo de vehículos especificado en el cuadro 3 del punto 2.5, normalizado en relación con el valor respectivo del subgrupo de vehículos 5-LH, y se calculará de la forma siguiente:

donde,

AMsg es el kilometraje anual especificado en el cuadro 4 para los vehículos del subgrupo de vehículos correspondiente;

AM5-LH es el kilometraje anual especificado para el subgrupo de vehículos 5-LH en el cuadro 4;

PLsg es el valor de carga útil media tal como se determina en el punto 2.5;

PL5-LH es el valor de carga útil media para el subgrupo de vehículos 5-LH tal como se determina en el punto 2.5.

Cuadro 4 – Kilometrajes anuales

Subgrupo

de vehículos sg

Kilometraje anual AMsg (en km)

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

1.7.  Emisiones específicas medias de CO2 en g/tkm de un fabricante contempladas en el artículo 4

Para cada fabricante y cada período de comunicación, las emisiones específicas medias de CO2 en g/tkm (CO2) se calcularán de la forma siguiente:

CO2 = ZLEV × ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

donde,

sg es la suma correspondiente a todos los subgrupos de vehículos;

ZLEV es el factor de emisión cero y baja emisión tal como se determina en el punto 2.3;

share,sg es la proporción de vehículos pesados nuevos en el subgrupo de vehículos sg tal como se determina en el punto 2.4;

MPWsg es el factor de ponderación del kilometraje y de la carga útil tal como se determina en el punto 2.6;

avgCO2sg son las emisiones específicas medias de CO2 en g/tkm tal como se determinan en el punto 2.2.

2.  emisiones de CO2 de referencia contempladas en el párrafo segundo del artículo 1

Las emisiones de CO2 de referencia (rCO2sg) se calcularán para cada subgrupo sg en función de todos los vehículos pesados nuevos de todos los fabricantes del período de referencia de la forma siguiente:

donde,

es la suma correspondiente a todos los vehículos pesados nuevos matriculados en el período de referencia del subgrupo de vehículos sg, excluidos todos los vehículos profesionales de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1;

CO2v son las emisiones específicas de CO2 del vehículo v determinadas de conformidad con el punto 2.1, ajustadas en su caso con arreglo al anexo II;

rVsg es el número de todos los vehículos pesados nuevos matriculados en el período de referencia del subgrupo de vehículos sg, excluidos todos los vehículos profesionales de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1;

PLsg es la carga útil media de los vehículos del subgrupo de vehículos sg, determinada según lo establecido en el punto 2.5.

3.  el objetivo de emisiones específicas de CO2 de un fabricante según lo establecido en el artículo 6

Para cada fabricante y cada período de comunicación, del 1 de julio de 2025 en adelante, el objetivo de emisiones específicas de CO2 T se calculará de la forma siguiente:

T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg

donde,

sg es la suma correspondiente a todos los subgrupos de vehículos;

sharesg es la proporción de vehículos pesados nuevos en el subgrupo de vehículos sg tal como se determina en el punto 2.4;

MPWsg es el factor de ponderación del kilometraje y de la carga útil tal como se determina en el punto 2.6;

rf es el objetivo de reducción de emisiones de CO2 (en %) aplicable en ese período de comunicación específico;

rCO2sg son las emisiones de CO2 de referencia tal como se determinan en el punto 3.

4.  Créditos y deudas de emisiones según lo establecido en el artículo 7

4.1.  Trayectoria de reducción de emisiones de CO2 para créditos de emisiones

Para cada fabricante y cada período de comunicación de los años Y de 2019 a 2030, se define una trayectoria de emisiones de CO2 (ETY) de la forma siguiente:

ETY = sg sharesg × MPWsg × R-ETY × rCO2sg

donde,

sg (…) es la suma correspondiente a todos los subgrupos de vehículos;

share,sg es la proporción de vehículos pesados nuevos en el subgrupo de vehículos sg tal como se determina en el punto 2.4;

MPWsg es el factor de ponderación del kilometraje y de la carga útil tal como se determina en el punto 2.6;

rCO2sg son las emisiones de CO2 de referencia tal como se determinan en el punto 3;

donde,

para los períodos de comunicación de los años Y de 2019 a 2025:

R-ETY, = (1-rf2025)+ rf2025 × (2025 – Y)/6

y para los períodos de comunicación de los años Y de 2026 a 2030:

R-ETY = (1-rf2030 ) + (rf2030 - rf2025) × (2030 – Y)/5

rf2025 y rf2030 son los objetivos de reducción de emisiones de CO2 (en %) aplicables a los períodos de comunicación de los años 2025 y 2030, ▌ respectivamente.

4.2.  Créditos y deudas de emisiones en cada período de comunicación

Para cada fabricante y cada período de comunicación de los años Y de 2019 a 2029, los créditos de emisiones (cCO2Y) y deudas de emisiones (dCO2Y) se calcularán de la forma siguiente:

Si CO2Y < ETY:

cCO2Y = (ETY – CO2Y) × Vy y

dCO2Y = 0

Si CO2Y > TY para los años 2025 a 2029:

dCO2Y = (CO2Y - TY) × VY y

cCO2Y = 0

En todos los demás casos, dCO2Y y cCO2Y se fijarán en 0.

donde,

ETY es la trayectoria de reducción de emisiones de CO2 del fabricante en el período de comunicación del año Y, determinada de conformidad con el punto 5.1;

CO2Y son las emisiones específicas medias de CO2 del fabricante en el período de comunicación del año Y, determinadas de conformidad con el punto 2.7;

TY es el objetivo de emisiones específicas de CO2 del fabricante en el período de comunicación del año Y, determinado de conformidad con el punto 4;

VY es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante en el período de comunicación del año Y, excluidos todos los vehículos profesionales de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a).

4.3.  Límite de las deudas de emisiones

Para cada fabricante, el límite de deudas de emisiones (limCO2) se define como sigue:

limCO2 = T2025 × 0,05 × V2025

donde,

T2025 es el objetivo de emisiones específicas de CO2 del fabricante en el período de comunicación del año 2025, determinado de conformidad con el punto 4;

V2025 es el número de vehículos pesados nuevos del fabricante en el período de comunicación del año 2025, excluidos todos los vehículos profesionales, de conformidad con el artículo 4, párrafo primero, letra a).

4.4.  Créditos de emisiones adquiridos antes del año 2025

Las deudas de emisiones adquiridas para el período de comunicación del año 2025 se reducirán en una cuantía (redCO2) correspondiente a los créditos de emisiones adquiridos antes de ese período de comunicación, lo que se determina para cada fabricante de la forma siguiente:

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_ES-p0000014.png

donde,

min es el mínimo de los dos valores presentados entre paréntesis;

es la suma correspondiente a los períodos de comunicación de los años Y de 2019 a 2024;

dCO22025 son las deudas de emisiones para el período de comunicación del año 2025, determinadas de conformidad con el punto 5.2;

cCO2Y son los créditos de emisiones para el período de comunicación del año Y, determinadas de conformidad con el punto 5.2.

5.  el exceso de emisiones de co2 de un fabricante contemplado en el artículo 8, apartado 2

Para cada fabricante y cada período de comunicación desde el año 2025 en adelante, el valor del exceso de emisiones de CO2 (exeCO2Y) se calculará de la forma siguiente, si el valor es positivo:

para el período de comunicación del año 2025

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_ES-p0000016.png

para los períodos de comunicación de los años Y de 2026 a 2028

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_ES-p0000017.png

para el período de comunicación del año 2029

20190418-P8_TA-PROV(2019)0426_ES-p0000018.png

para los períodos de comunicación de los años Y de 2030 en adelante

exeCO2y = (CO2Y - TY) x VY

donde,

es la suma correspondiente a los períodos de comunicación de los años Y de 2019 a 2025;

es la suma correspondiente a los períodos de comunicación de los años I de 2025 al año Y;

es la suma correspondiente a los períodos de comunicación de los años J de 2025 al año (Y-1);

es la suma correspondiente a los períodos de comunicación de los años J de 2025 a 2028;

es la suma correspondiente a los períodos de comunicación de los años I de 2025 a 2029;

dCO2Y son las deudas de emisiones para el período de comunicación del año Y, determinadas de conformidad con el punto 5.2;

cCO2Y son los créditos de emisiones para el período de comunicación del año Y, determinadas de conformidad con el punto 5.2;

limCO2 es el límite de las deudas de emisiones determinado de conformidad con el punto 5.3;

redCO2 redCO2 es la reducción de las deudas de emisiones del período de comunicación del año 2025, determinadas de conformidad con el punto 5.4.

En todos los demás casos, el valor del exceso de emisiones de CO2 exeCO2Y se fijará en 0.

ANEXO II

Procedimientos de ajuste

1.  Factores de ajuste de la carga útil según lo establecido en el artículo 14, apartado 1, letra c)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, letra a), para el cálculo de las emisiones de CO2 de referencia contempladas en el artículo 1, párrafo segundo, se emplearán las ponderaciones del perfil de misión y los valores de carga útil de aplicación en el período de comunicación cuando las modificaciones a que se refiere el artículo 14, apartado 1, letra c), entren en vigor para todos los vehículos pesados nuevos y las emisiones de CO2 en g/km de un vehículo pesado v determinadas para un perfil de misión mp contemplado en el cuadro 2 del punto 2.1 del anexo I se ajustarán como sigue:

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp x (1+ PLasg,mp x (PLsg,mp – PL(RP)sg,mp))

donde,

sg es el subgrupo de vehículos al que pertenece el vehículo v;

CO2(RP)v,mp son las emisiones específicas de CO2 del vehículo v en g/km, determinadas con el perfil de misión mp y basadas en los datos de control para el período de referencia comunicados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/956;

PL(RP)sg, mp es el valor de carga útil que se asignó al vehículo v del subgrupo de vehículos sg con el perfil de misión mp en el período de referencia, de conformidad con el cuadro 3 del punto 2.5 del anexo I, para establecer los datos de control para el período de referencia comunicados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/956;

PLsg, mp es el valor de carga útil asignado a los vehículos del subgrupo de vehículos sg con el perfil de misión mp en el período de comunicación cuando los cambios establecidos en el artículo 14, apartado 1, letra c), entren en vigor para todos los vehículos pesados nuevos de conformidad con el cuadro 3 del punto 2.5 del anexo I;

PLasg, mp es el factor de ajuste de la carga útil definido en el cuadro 5.

Cuadro 5 – Factores de ajuste de la carga útil PLa sg, mp

PLasg,mp

(en 1/toneladas)

Perfiles de misión mp1

RDL, RDR

REL, RER

LHL, LHR

LEL, LER

UDL, UDR

Subgrupos

de

vehículos sg

4-UD

0,026

N.D.

0,015

N.D.

0,026

4-RD

4-LH

5-RD

0,022

0,022

0,017

0,017

0,022

5-LH

9-RD

0,026

0,025

0,015

0,015

0,026

9-LH

10-RD

0,022

0,021

0,016

0,016

0,022

10-LH

1 Véanse las definiciones de los perfiles de misión en el punto 2.1 del anexo I.

2.  Factores de ajuste mencionados en el artículo 11, apartado 2, letra b)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, letra b), para el cálculo de las emisiones de CO2 de referencia contempladas en el artículo 1, párrafo segundo, se emplearán las ponderaciones del perfil de misión y los valores de carga útil de aplicación en el período de comunicación cuando las modificaciones a que se refiere el artículo 14, apartado 1, letra c), entren en vigor para todos los vehículos pesados nuevos y las emisiones de CO2 en g/km de un vehículo pesado v determinadas para un perfil de misión mp contemplado en el punto 2.1 del anexo I se ajustarán como sigue:

CO2v,mp = CO2(RP)v,mp x (∑ r s r,sg x CO2 r,mp )/ (∑ r s r,sg x CO2(RP)r,mp )

donde,

r es la suma correspondiente a todos los vehículos representativos r para el subgrupo sg;

sg es el subgrupo de vehículos al que pertenece el vehículo v;

s r,sg es el peso estadístico del vehículo representativo r en el subgrupo de vehículos sg;

CO2(RP)v,mp son las emisiones específicas de CO2 del vehículo v en g/km, determinadas con el perfil de misión mp y basadas en los datos de control del período de referencia comunicados de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/956;

CO2(RP)r,mp son las emisiones específicas de CO2 del vehículo representativo r en g/km, determinadas con el perfil de misión mp de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución en el período de referencia en que se determinó CO2(RP)v,mp;

CO2r,mp son las emisiones específicas de CO2 del vehículo representativo r, determinadas con el perfil de misión mp de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 y sus medidas de ejecución en el período de comunicación en que los cambios mencionados en el artículo 14, apartado 2, del presente Reglamento entren en vigor para todos los vehículos pesados nuevos.

El vehículo representativo r se definirá de conformidad con la metodología especificada en el artículo 14, apartado 3, del presente Reglamento.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión

La Comisión está trabajando en el desarrollo técnico de la herramienta de cálculo del consumo de energía del vehículo (VECTO) para actualizarla periódicamente y de manera oportuna, a la luz de la innovación y a fin de tener en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías que mejoren la eficiencia de los vehículos pesados en términos de consumo de combustible.

(1) DO C 62 de 15.2.2019, p. 286
(2) La presente Posición susituye la enmiendas aprobadas el 14 de noviembre de 2018 (Textos aprobados, P8_TA(2018)0455).
(3)DO C 62 de 15.2.2019, p. 286.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019.
(5)Reglamento (UE) n.º 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 443/2009 y (UE) 510/2011 (DO L de ..., p. ).
(6)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento 2017/0293 (COD) - pe 6/19, e insértese el número, la fecha, el título y la referencia del DO del mismo Reglamento en la nota a pie de página y complétese la nota a pie de página correspondiente.
(7) Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26).
(8)Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (DO L 188 de 18.7.2009, p. 1).
(9)Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, y por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 582/2011 de la Comisión (DO L 349 de 29.12.2017, p. 1).
(10) Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos (DO L 173 de 9.7.2018, p. 1).
(11)Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, p. 5).
(12) Reglamento (CE) n.º 443/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 5.6.2009, p. 1).
(13)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento 2017/0293 (COD) - pe 6/19.
(14) Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) n.º 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 14.6.2018, p. 1).
(15)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(16)DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(17) Directiva 96/53/CE del Consejo de 25 de julio de 1996 por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional (DO L 235 de 17.9.1996, p. 59).
(18) Reglamento (UE) n.º 510/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros (DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).
(19) Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (DO L 263 de 9.10.2007, p. 1).
(20) Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO L 171 de 29.6.2007, p. 1).
(21) Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
(22)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento 2017/0293 (COD) - pe 6/19.
(23) Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1).
(24)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento (2018/0143 (COD) - pe 60/19), y complétese la nota a pie de página correspondiente.
(25)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento (2018/0143 (COD) - pe 60/19), y complétese la nota a pie de página correspondiente.
(26)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento (2018/0143 (COD) - pe 60/19), y complétese la nota a pie de página correspondiente.


Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA-PROV(2019)0427A8-0321/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM((2017)0653),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0393/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

_  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de abril de 2018(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 5 de julio de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de febrero de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0321/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes

P8_TC1-COD(2017)0291


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(6),

Considerando lo siguiente:

(1)  Conforme a las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014, la Unión Europea se ha comprometido con un sistema energético sostenible, competitivo, seguro y descarbonizado. La Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Un marco estratégico en materia de clima y energía para el período 2020-2030» establece compromisos ambiciosos para la Unión de seguir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 40 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990, incrementar la proporción del consumo de energía renovable en al menos un 27 %, realizar ahorros de energía de al menos el 27 % y mejorar la seguridad energética, la competitividad y la sostenibilidad de la Unión. Desde entonces, la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(7) ha fijado una cuota de energía procedente de fuentes renovables de al menos el 32 % del consumo final bruto de energía en la Unión para 2030, y la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo(8) ha establecido para la Unión un nuevo objetivo de eficiencia energética de al menos el 32,5 % para 2030.

(2)  En su Comunicación, de 20 de julio de 2016, titulada «Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones», la Comisión anunciaba que, a fin de cumplir los compromisos asumidos por la Unión Europea en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en París en 2015, la descarbonización del sector del transporte debe acelerarse y, por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del transporte van a necesitar encaminarse claramente hacia el nivel de cero emisiones a mitad del siglo. Por otra parte, las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes del transporte que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente han de reducirse de forma significativa sin demora. Esto puede lograrse mediante una serie de iniciativas políticas, como medidas que apoyen un cambio hacia el transporte público y el uso de la contratación pública para fomentar vehículos limpios.

(3)  En su Comunicación, de 31 de mayo de 2017, titulada «Europa en movimiento: una agenda para una transición socialmente justa hacia una movilidad limpia, competitiva y conectada para todos», la Comisión señala que el incremento de la producción y de la aceptación de los vehículos limpios, unas infraestructuras de combustibles alternativos y unos nuevos servicios de movilidad que aprovechen la digitalización y la automatización de la Unión ofrecerán múltiples beneficios a los, Estados miembros e industrias de ciudadanos de la Unión. Entre esos beneficios se incluyen soluciones de movilidad y la reducción de la exposición a emisiones contaminantes nocivas. Además, como se declaró en el discurso sobre el estado de la Unión de 13 de septiembre de 2017, uno de los principales objetivos para la Unión es convertirse en líder mundial en la descarbonización.

(4)  Como se anunciaba en la mencionada Comunicación de la Comisión «Europa en movimiento», la presente Directiva forma parte de un segundo paquete de propuestas, que contribuirá al impulso de la Unión hacia una movilidad con bajo nivel de emisiones. Ese paquete, que se presentó en la Comunicación de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, titulada «Hacia la consecución de una movilidad de bajas emisiones: una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores», contiene una combinación de medidas orientadas a la oferta y a la demanda cuyo objetivo es situar a la Unión en la senda hacia la movilidad de bajas emisiones y reforzar la competitividad del ecosistema de la movilidad de la Unión. La promoción de unos vehículos limpios debe hacerse en paralelo a un desarrollo ulterior del transporte público, como forma de reducir la congestión vial y, por consiguiente, reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire.

(5)  La innovación de nuevas tecnologías contribuye a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos y la contaminación atmosférica y acústica a la vez que ayuda a la descarbonización del sector del transporte. ▌Una mayor aceptación de los vehículos de bajas emisiones y de emisión cero va a reducirlas emisiones de CO2 y de determinados contaminantes (partículas, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos no metánicos) y mejorar así la calidad del aire en las ciudades y otras zonas contaminadas, a la vez que se contribuye a la competitividad y el crecimiento de la industria de la Unión en los mercados mundiales, cada vez mayores, de vehículos de bajas emisiones y de emisión cero. La Comisión debe acometer medidas políticas para fomentar la implantación industrial generalizada y el crecimiento de la capacidad de fabricación de estas nuevas tecnologías en todos los Estados miembros, a fin de contribuir a unas condiciones de competencia equitativas y un desarrollo equilibrado en todos los Estados miembros.

(6)  Las previsiones de mercado estiman que los precios de compra de los vehículos limpios van a seguir bajando. La reducción de los costes operativos y de mantenimiento ya implica un coste total de propiedad más competitivo. La reducción prevista de los precios de adquisición reducirá aún más los obstáculos a la disponibilidad en el mercado y la aceptación de vehículos limpios en la próxima década.

(7)  Mientras que la Unión es una de las regiones punteras en investigación e innovación ecológica de alto valor, la región de Asia y el Pacífico alberga los mayores productores de autobuses eléctricos con batería y de baterías. Análogamente, la evolución del mercado mundial de vehículos eléctricos con batería está liderada por los mercados de China y los Estados Unidos. Una políca ambiciosa de la Unión para la contratación pública de vehículos limpios v a contribuir a estimular la innovación y seguir promoviendo la competitividad y el crecimiento de la industria de la Unión en unos mercados cada vez más globales de vehículos limpios y su infraestructura tecnológica asociada. Como se señala en su Comunicación de 3 de octubre de 2017 titulada «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa», la Comisión seguirá liderando los esfuerzos para garantizar unas condiciones de competencia equitativas y promover un mejor acceso a los mercados de contratación pública de terceros países, incluida la compra, el arrendamiento financiero, el alquiler o el alquiler con opción de compra de vehículos de transporte por carretera.

(8)  Habida cuenta de que el gasto público en bienes, obras y servicios representó aproximadamente el 16 % del PIB en 2018, las autoridades públicas a través de su política de contratación pública pueden fomentar y apoyar los mercados de bienes y servicios innovadores. Para alcanzar este objetivo, la Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9) debe establecer normas claras y transparentes, incluidos objetivos de contratación pública claros y a largo plazo y un método de cálculo sencillo para el cálculo de dichos objetivos. Las Directivas 2014/24/UE(10) y 2014/25/UE(11) del Parlamento Europeo y del Consejo establecen normas mínimas ▌en materia de contratación pública por las que se coordina la manera en que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras adjudican bienes, suministros y servicios. En particular, dichas Directivas fijan umbrales monetarios globales para determinar qué contratos públicos deben estar sujetos a la legislación de la Unión en materia de contratación pública. Dichos umbrales también son aplicables a la Directiva 2009/33/CE.

(9)  La disponibilidad de infraestructuras de recarga y repostaje suficientes es necesaria para el despliegue de vehículos impulsados por combustibles alternativos. El 8 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó un plan de acción para apoyar el despliegue acelerado de la infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión, incluido un apoyo reforzado al despliegue de la infraestructura a disposición del público por medio de fondos de la Unión, contribuyendo a crear condiciones más favorables para la transición hacia unos vehículos limpios, también en el transporte público. La Comisión va a revisar la aplicación de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(12) relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos a más tardar el 31 de diciembre de 2020, y va a presentar una propuesta legislativa para modificarla si lo considera necesario, sobre la base de dicha revisión.

(10)  La Directiva 2009/33/CE complementa la legislación horizontal de la Unión en materia de contratación pública y añade criterios de sostenibilidad, con el objetivo de estimular el mercado de los vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. La Comisión llevó a cabo en 2015 una evaluación ex post de la Directiva 2009/33/CE y llegó a la conclusión de que la Directiva no había activado la aceptación por el mercado de vehículos limpios en toda la Unión, en particular debido a sus deficiencias en cuanto a au ámbito de aplicación y las disposiciones sobre compra de vehículos. Esa evaluación concluyó que el impacto de esa Directiva había sido muy limitado en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos y en el fomento de la competitividad de la industria.

(11)  La evaluación de impacto realizada por la Comisión sobre la revisión de la Directiva 2009/33/EC subraya las ventajas de cambiar el enfoque de gobernanza global de la contratación pública de vehículos limpios a escala de la Unión. El fijar unos objetivos mínimos de contratación pública puede contribuir más efectivamente a lograr el objetivo de fomentar y estimular la aceptación de vehículos limpios por el mercado que el confiar en la internalización de los costes externos en las decisiones generales de contratación pública, al tiempo que se destaca la pertinencia de tener en cuenta los aspectos medioambientales en todas las decisiones de contratación pública. A medio y largo plazo, los beneficios para los ciudadanos y las empresas de la Unión justifican plenamente ese enfoque en la medida en que permite una flexibilidad suficiente para los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras en cuanto a la elección de las tecnologías que deben utilizarse.

(12)  Mediante la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2009/33/CE con la inclusión de prácticas como el arrendamiento financiero, el alquiler y el alquiler con opción de compra de vehículos, y de los contratos de determinados servicios, se garantiza la cobertura de todas las prácticas de contratación pública pertinentes. Los servicios que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, como los servicios de transporte por la vía pública, los servicios de transporte por carretera para fines especiales y el transporte no regular de pasajeros, así como servicios de distribución postal y de paquetería específicos y los servicios de recogida de desperdicios, deben ser aquellos en los que los vehículos que se utilizan para prestar esos servicios estén incluidos en las categorías de vehículos a las que se aplica la presente Directiva y en los que representen un elemento importante del contrato. Esos servicios deben identificarse utilizando sus respectivos códigos del Vocabulario común de contratos públicos enumerados en el anexo. Los contratos vigentes no deben verse afectados retroactivamente por la presente Directiva.

(13)  Hay un amplio apoyo de los principales interesados para una definición de vehículos limpios que tenga en cuenta los requisitos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes atmosféricos procedentes de los vehículos ligeros ▌. Para garantizar que existen incentivos adecuados para fomentar la implantación en el mercado de los vehículos de bajas emisiones y de emisión cero en la Unión, las disposiciones para su contratación pública con arreglo a la presente Directiva deben estar en consonancia con la definición de vehículos de emisiones bajas o cero prevista en el Reglamento (UE) 2019/...(13)(14). Las medidas tomadas con arreglo a la presente Directiva van a contribuir al cumplimiento de los requisitos de las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2019/...(15) Para mejorar la calidad del aire, los vehículos limpios deben lograr resultados mejores en comparación con los requisitos mínimos de óxidos de nitrógeno (NOx) y número de partículas ultrafinas suspendidas (PN) establecidos por los valores límite de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) en vigor. Además de los vehículos de emisión cero, hoy en día existen pocos vehículos ligeros con emisiones de contaminantes atmosféricos iguales o inferiores al 80 % de los límites actuales de emisiones. No obstante, se espera que el número de estos vehículos aumente en los próximos años, especialmente el de híbridos enchufables. Un enfoque más ambicioso de la contratación pública puede constituir un estímulo adicional significativo para el mercado.

(14)  La definición de vehículos pesados limpios debe realizarse mediante el uso de combustibles alternativos en consonancia con la lla Directiva 2014/94/UE. En los casos en que deban utilizarse biocombustibles líquidos, combustibles sintéticos o combustibles parafínicos en los vehículos objeto de contratación pública, los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras deben garantizar, mediante cláusulas contractuales imperativas o por medios igualmente eficaces en el marco del procedimiento de contratación pública, que solo se utilicen esos combustibles en esos vehículos. Como esos combustibles pueden contener aditivos para combustibles, como ocurre, por ejemplo, con el combustible basado en el etanol para motores diesel adaptados (ED95) no deben mezclarse con combustibles fósiles.

(15)  Para lograr una mejora de la calidad del aire en los municipios, es fundamental renovar la flota de vehículos con vehículos limpios. Además, los principios de la economía circular exigen una prolongación de la vida útil del producto. Por lo tanto, los vehículos que cumplan los requisitos relativos a los vehículos limpios o de emisión cero como consecuencia de la retroadaptación también deben contabilizarse a efectos de la consecución de los respectivos objetivos mínimos de contratación pública.

(16)  Los vehículos ligeros y pesados se utilizan para fines diferentes y tienen diferentes niveles de madurez de mercado, y sería beneficioso que las disposiciones sobre contratación pública tuvieran en cuenta tales diferencias. En la evaluación de impacto se reconoce ▌que los mercados de los autobuses urbanos de bajas emisiones y de emisión cero se caracterizan por una mayor madurez, mientras que los mercados de los camiones de bajas emisiones y de emisión cero se encuentran en una fase anterior de desarrollo del mercado. Debido al limitado grado de madurez del mercado de los autocares de bajas emisiones y de emisión cero, al papel relativamente limitado de la contratación pública en este segmento del mercado y a sus requisitos operativos específicos, no deben incluirse los autocares en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. En consonancia con el enfoque seguido en el Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(16) y en el Reglamento n.º 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE), se consideran autobuses los vehículos de la categoría M3 provistos de zonas destinadas a pasajeros de pie para permitir el desplazamiento frecuente de estos, mientras que los vehículos de la categoría M3 en los que la zona destinada a pasajeros de pie sea muy reducida o inexistente se consideran autocares. Habida cuenta de las reducidas dimensiones del mercado de autobuses de dos pisos y de sus limitaciones específicas de diseño, conviene aplicar, durante el primer período de referencia cubierto por la presente Directiva, unos objetivos mínimos de contratación pública más bajos para los vehículos de emisión cero que pertenezcan a dicha categoría de vehículos pesados en los Estados miembros en los que los autobuses de dos pisos representen una parte importante de la contratación pública.

(17)  Para evitar imponer cargas desproporcionadas a las autoridades públicas y a los operadores, los Estados miembros deben poder excluir del ámbito de aplicación de los requisitos de la presente Directiva la contratación pública de determinados vehículos de características específicas relacionadas con sus requisitos operativos. Dichos vehículos incluyen los vehículos blindados, las ambulancias, los coches fúnebres, los vehículos de la categoría M1 accesibles en silla de ruedas, las grúas móviles, los vehículos diseñados y fabricados para ser utilizados principalmente en emplazamientos de construcción, en canteras o en instalaciones portuarias o aeroportuarias, así como los vehículos específicamente diseñados y fabricados o adaptados para su uso por las fuerzas armadas, la protección civil, los servicios de bomberos y las fuerzas responsables del mantenimiento del orden público. Dichas adaptaciones pueden guardar relación con la instalación de equipos de comunicaciones especializadas o de luces de emergencia. Los requisitos establecidos en la presente Directiva no deben aplicarse a los vehículos diseñados y fabricados específicamente para realizar obras, y que no son adecuados para el transporte de pasajeros ni para el transporte de mercancías. Estos últimos incluyen los vehículos para el mantenimiento de carreteras, como los vehículos quitanieves.

(18)  La fijación de objetivos mínimos relativos a la contratación pública de vehículos limpios que deben alcanzarse en dos periodos de referencia que terminan en 2025 y en 2030 a nivel de los Estados miembros debe contribuir a la seguridad estratégica de los mercados donde se necesita invertir en movilidad de bajas emisiones o de emisión cero. Los objetivos mínimos fijados contribuyen a apoyar la creación de mercados para esos vehículos limpios en toda la Unión. Dichos objetivos conceden tiempo para la adaptación de los procedimientos de contratación pública y emiten una señal clara para el mercado. Además, exigir que la mitad del objetivo mínimo para los autobuses que sean objeto de contratación pública en esos períodos de referencia deba cumplirse mediante la contratación pública de autobuses de emisión cero refuerza el compromiso con la descarbonización del sector del transporte. Procede señalar que los trolebuses se consideran autobuses de emisión cero, siempre que funcionen únicamente con electricidad o utilicen únicamente un grupo motopropulsor de emisión cero cuando no estén conectados a la red eléctrica, contabilizándose, de lo contrario, como vehículos limpios. La evaluación de impacto señala que los Estados miembros cada vez establecen más objetivos,en función de su capacidad económica y de la gravedad del problema. Deben fijarse objetivos diferentes para los distintos Estados miembros en función de su capacidad económica (producto interior bruto per cápita) y de la exposición a la contaminación (densidad de la población urbana). ▌La evaluación del impacto territorial efectuado para la presente Directiva muestra que el impacto se distribuirá de manera uniforme entre las regiones de la Unión.

(19)  Los Estados miembros deben tener la flexibilidad necesaria para distribuir los esfuerzos para cumplir los objetivos mínimos dentro de su territorio, de conformidad con su marco constitucional y en consonancia con los objetivos de su política de transportes. Al distribuir esfuerzos dentro de un Estado miembro podrían tenerse en cuenta distintos factores, como las diferencias en la capacidad económica, la calidad del aire, la densidad de población, las características de los sistemas de transporte, las políticas de descarbonización del transporte y la reducción de la contaminación atmosférica o cualquier otro criterio pertinente.

(20)  Los vehículos de emisión cero en el tubo de escape también dejan una huella medioambiental, debido a las emisiones derivadas de la cadena de suministro de combustible desde la fase de extracción hasta el depósito, así como al proceso de fabricación de los componentes y su nivel de reciclabilidad. En aras de la coherencia con los objetivos de sostenibilidad, la producción de baterías debe entrañar el menor impacto medioambiental dentro y fuera de la Unión, en particular por lo que respecta al proceso de extracción de las materias primas que se hayan de utilizar en la producción de baterías. La promoción de tecnologías que aborden este reto, como las baterías sostenibles y reciclables, pueden contribuir a la sostenibilidad general de los vehículos eléctricos, en particular a través de iniciativas como la Alianza de las Baterías de la UE y el plan de acción de la UE para las baterías y en el marco de la revisión de la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17), puede contribuir a la sostenibilidad general de estos vehículos. El posible reflejo de las emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida y las emisiones de CO2 «del pozo a la rueda» (ciclo «extracción/producción – transporte – consumo» del combustible utilizado ) de los vehículos debe considerarse para el período posterior a 2030, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión para su cálculo en ese momento.

(21)  En su recomendación de 4 de abril de 2017 al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil(18), el Parlamento Europeo pidió a los Estados miembros que fomenten las políticas verdes de contratación pública mediante la adquisición por parte de las autoridades públicas de vehículos de emisión cero y vehículos de emisiones ultrabajas para sus propias flotas o para programas públicos o semipúblicos de automóvil compartido y con el objetivo de suprimir progresivamente los automóviles nuevos emisores de CO2 para 2035.

(22)  El impacto máximo puede lograrse si la contratación pública de vehículos limpios se centra en las zonas que tienen un grado relativamente elevado de contaminación atmosférica y acústica. Se anima a las autoridades públicas de los Estados miembros a centrarse especialmente en dichas zonas cuando apliquen objetivos mínimos nacionales de contratación pública. Se anima también a las autoridades públicas a tomar medidas como la puesta a disposición de recursos financieros suficientes para los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras, a fin de evitar que el coste de cumplimiento de los objetivos mínimos de contratación pública establecidos en la presente Directiva lleve a un aumento del precio de los billetes para los consumidores o a una reducción de los servicios de transporte público, o que se desaliente el desarrollo del transporte limpio no efectuado por carretera, como los tranvías y trenes de metro. Las autoridades públicas deben reflejar las medidas correspondientes en sus informes elaborados con arreglo a la presente Directiva. Con el fin de evitar una carga desproporcionada y optimizar los resultados potenciales de la presente Directiva, debe prestarse la asistencia técnica adecuada a las autoridades públicas.

(23)  El transporte público constituye solo una parte reducida de las emisiones procedentes del sector del transporte. Con el fin de fomentar en mayor medida la descarbonización del transporte, mejorar la calidad del aire y mantener unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos operadores, los Estados miembros pueden decidir, de conformidad con el Derecho de la Unión, imponer requisitos similares también a los operadores y servicios privados al margen del ámbito de aplicación de la presente Directiva, como las empresas de taxis, de alquiler de vehículos y de vehículos compartidos.

(24)  El cálculo del coste del ciclo de vida es un instrumento importante para que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras tengan en cuenta los costes energéticos y medioambientales durante el ciclo de vida de un vehículo, incluido el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de otros contaminantes, sobre la base de una metodología pertinente para determinar su valor económico. Habida cuenta del escaso uso de la metodología para el cálculo de los costes de utilización durante la vida útil con arreglo a la Directiva 2009/33/CE, y de la información facilitada por los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras sobre el uso de metodologías propias adaptadas a sus propias circunstancias y necesidades específicas, no se debe exigir utilizar ninguna metodología obligatoria, sino que los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras han de poder elegir la metodología del cálculo del coste del ciclo de vida para apoyar sus procedimientos de contratación pública sobre la base del criterio de la oferta económicamente más ventajosa, como se describe en el artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 82 de la Directiva 2014/25/UE, teniendo en cuenta la rentabilidad durante la vida útil del vehículo, así como los aspectos medioambientales y sociales.

(25)  La presentación de informes sobre contratación pública con arreglo a la presente Directiva debe ofrecer una visión clara del mercado para permitir un seguimiento eficaz de su aplicación. Dicha presentación de informes debe comenzar con una presentación preliminar de información por los Estados miembros a la Comisión a más tardar el ... [36 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], y seguir con un primer informe completo sobre la aplicación de los objetivos mínimos de contratación pública en 2026, y posteriormente cada tres años. El marco temporal debe adaptarse a las obligaciones vigentes de presentación de informes en virtud de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE. Para reducir al mínimo la carga administrativa de los distintos organismos públicos y establecer una visión general eficaz del mercado, debe simplificarse la presentación de informes. La Comisión va a ofrecer soluciones para el registro y el seguimiento de los datos dentro de la base de datos del diario electrónico de licitaciones, y va a garantizar una presentación de informes completos sobre vehículos de bajas emisiones y de emisión cero y otros vehículos que usan combustibles alternativos en el contexto del Vocabulario común de contratos públicos de la Unión. Los códigos específicos del Vocabulario común de contratos públicos van a contribuir al registro y al seguimiento de los datos dentro de la base de datos del diario electrónico de licitaciones.

(26)  Puede lograrse más apoyo para la implantación en el mercado de vehículos limpios y sus infraestructuras con medidas específicas de apoyo público a escala nacional y de la Unión. Dichas medidas incluyen un mayor uso de los fondos de la Unión para respaldar la renovación de las flotas de transporte público y la mejora del intercambio de conocimientos y la armonización de la contratación pública, a fin de permitir que las actividades tengan una escala suficientemente grande como para reducir los costes y tener impacto en el mercado. La posibilidad de apoyo público al fomento del desarrollo de las infraestructuras necesarias para la distribución de combustibles alternativos está reconocida en las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020(19). Ahora bien, a estas ayudas públicas se les seguirá aplicando ▌el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 107 y 108.

(27)  Medidas de apoyo específicamente destinadas a la contratación pública de vehículos limpios pueden ayudar a los poderes adjudicadores y a las entidades adjudicadoras. En el actual marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020, la Unión ya dispone de distintos fondos para apoyar a los Estados miembros, las autoridades locales y los operadores interesados en su transición hacia una movilidad sostenible. En particular, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son una fuente de financiación clave para los proyectos de movilidad urbana. Horizonte 2020, el programa de investigación de la Unión establecido por el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(20), financia proyectos de investigación e innovación sobre movilidad urbana y ciudades y comunidades inteligentes, mientras que el Mecanismo «Conectar Europa», establecido por el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(21), presta apoyo al despliegue de la infraestructura correspondiente en los nodos urbanos. La introducción de una definición de vehículos limpios y el establecimiento de objetivos mínimos para su contratación pública en la presente Directiva pueden contribuir a garantizar un uso aún más específico de los instrumentos financieros de la Unión, también en el próximo MFP para el período 2021-2027. Esas medidas de apoyo van a ayudar a reducir la elevada inversión inicial en cambios infraestructurales y a contribuir a la descarbonización del transporte.

(28)  A fin de garantizar que estos beneficios potenciales se aprovechan plenamente, la Comisión debe proporcionar orientaciones a los Estados miembros en relación con los distintos fondos de la Unión que pueden utilizarse, y debe facilitar y estructurar el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre los Estados miembros para promover la compra, el arrendamiento financiero, el alquiler o el alquiler con opción de compra de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes por parte de los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras. La Comisión debe también seguir prestando servicios de asesoramiento técnico y financiero a las autoridades y los operadores locales a través del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, de JASPERS y de JESSICA. Dicha asistencia debe incluir alentar a los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras a poner en común sus recursos en la contratación pública conjunta de vehículos de transporte por carretera de bajas emisiones y energéticamente eficientes, a fin de conseguir economías de escala y facilitar la consecución de los objetivos de la presente Directiva.

(29)  Con el fin de maximizar el impacto de las inversiones, se deben coordinar mejor la movilidad y la planificación urbana, por ejemplo, recurriendo a planes de movilidad urbana sostenible. Esos planes se elaboran en ámbitos de actuación concretos y en cooperación con diferentes niveles de gobernanza que combinan varios modos de transporte, la seguridad vial, la entrega de mercancías, la gestión de la movilidad y los sistemas de trasporte inteligentes. Dichos planes pueden desempeñar un papel importante en la consecución de los objetivos de la Unión relativos a la reducción de las emisiones de CO2, el ruido y la contaminación atmosférica.

(30)  A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución por lo que respecta al establecimiento de un formato común de los informes de los Estados miembros y sus modalidades de transmisión,. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(22).

(31)  A más tardar el 31 de diciembre de 2027, la Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva 2009/33/CE. Dicha revisión debe ir acompañada, cuando proceda, de una propuesta legislativa para modificar dicha Directiva para el período posterior a 2030, también con la fijación de nuevos objetivos ambiciosos y la ampliación del ámbito de aplicación a otras categorías de vehículos, como los vehículos de la categoría L y la maquinaria de construcción. En su revisión, la Comisión también debe evaluar, entre otras cuestiones, la posibilidad de adaptar la presente Directiva a cualquier metodología para contabilizar las emisiones de CO2 a lo largo del ciclo de vida y las emisiones de CO2 «del pozo a la rueda» desarrollada en el marco de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los vehículos de la UE, así como la posibilidad de promover baterías sostenibles y reciclables y el uso de los neumáticos mejor clasificados y los neumáticos recauchutados.

(32)  Aunque los objetivos de contratación pública establecidos en la presente Directiva no se aplican a las instituciones de la Unión, conviene que las instituciones de la Unión den ejemplo.

(33)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, proporcionar un estímulo a la demanda de vehículos limpios en apoyo de una transición hacia una movilidad con bajo nivel de emisiones, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros solos, sino que, debido a la existencia de un marco estratégico común y a largo plazo y por razones de escala, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(34)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(23), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(35)  Procede, por tanto, modificar la Directiva 2009/33/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 2009/33/CE

La Directiva 2009/33/CE se modifica como sigue:

1)  El título se sustituye por el texto siguiente:"

«Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios en favor de la movilidad de bajas emisiones».

"

2)  El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 1

Objeto y finalidad

La presente Directiva exige que los Estados miembros garanticen que los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras, en la contratación pública relativa a determinados vehículos de transporte por carretera, tengan en cuenta los impactos energético y medioambiental de estos durante su vida útil, incluidos el consumo de energía y las emisiones de CO2 y de determinados contaminantes, con la finalidad de promover y estimular el mercado de vehículos limpios y energéticamente eficientes y mejorar la contribución del sector del transporte a las políticas en materia de medio ambiente, clima y energía de la Unión.»

"

3)  El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 2

Exenciones

Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación de los requisitos establecidos en la presente Directiva los vehículos mencionados en el artículo 2, apartado 2, letra d), y apartado 3, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo * y los puntos 5.2 a 5.5 y el punto 5.7 de la parte A del anexo I del mismo Reglamento .

_____________

* Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la homologación y la vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) n.º 595/2009 y por el que se deroga la Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 14.6.2018, p. 1).»

"

4)  El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 3

Ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva se aplicará a la contratación pública a través de:

   a) contratos destinados a la compra, arrendamiento financiero, alquiler o alquiler con opción de compra de vehículos de transporte por carretera adjudicados por poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras, en la medida en que estén obligados a aplicar los procedimientos de adjudicación de contratos establecidos en las Directivas 2014/24/UE* y 2014/25/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo;
   b) contratos de servicio público en el sentido del Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo*** cuyo objeto sea la prestación de servicios de transporte de pasajeros por carretera, cuando se supere un determinado umbral, que será definido por los Estados miembros sin superar los umbrales establecidos en el artículo 5, apartado 4, de dicho Reglamento;
   c) ▌contratos de servicio ▌que figuran en el cuadro 1 del anexo de la presente Directiva, en la medida en que los poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras estén obligados a aplicar los procedimientos de adjudicación de contratos establecidos en las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE▌.

La presente Directiva solo será aplicable a aquellos contratos respecto de los cuales se haya enviado una convocatoria de licitación después del ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], o, en los casos en que no se haya previsto una convocatoria de licitación, cuando el poder adjudicador o entidad adjudicadora haya iniciado el procedimiento de adjudicación de contratos después de esa fecha.

2.  La presente Directiva no se aplicará a:

   a) los vehículos mencionados en el artículo 2, apartado 2, letras a), b), y c), y el artículo 2, apartado 3, letra c), del Reglamento (UE) n.º 2018/858;
   b) los vehículos de la categoría M3 distintos de los de clase I y de clase A, tal como se definen en el artículo 3, puntos 2 y 3, del Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo****.

_______________

* Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).

** Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

*** Reglamento (CE) n.º 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 1191/69 y (CEE) n.º 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1).

**** Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).»

"

5)  El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 4

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

   1) “poderes adjudicadores”: los poderes adjudicadores tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 1), de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 3 de la Directiva 2014/25/UE;
   2) “entidades adjudicadoras”: las entidades adjudicadoras tal como se definen en el artículo 4 de la Directiva 2014/25/UE;
   3) “vehículo de transporte por carretera”: un vehículo de la categoría M o N, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) 2018/858;
   4) “vehículo limpio”:
   a) un vehículo de la categoría M1, M2 o N1 con unas emisiones del tubo de escape máximas expresadas en g CO2 /km y unas emisiones de contaminantes en condiciones reales de conducción por debajo de un porcentaje de los límites de emisiones aplicables como se establecen en el cuadro 2 del anexo, o,
   b) un vehículo de la categoría M3, N2 o N3 que utilice combustibles alternativos, tal como se definen en el artículo 2, puntos 1 y 2, de la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*, excluidos los combustibles producidos a partir de materias primas con riesgo elevado de cambio indirecto del uso de la tierra para las que se observe una expansión significativa de la superficie de producción en tierras con elevadas reservas de carbono, de conformidad con el artículo 26 de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo**. En el caso de los vehículos que utilicen biocombustibles líquidos o combustibles sintéticos o parafínicos, esos combustibles no se mezclarán con combustibles fósiles convencionales;
   5) “vehículo pesado de emisión cero”: un vehículo limpio, tal como se define en el apartado 4, letra b), del presente artículo, sin motor de combustión interna, o con un motor de combustión interna que emita menos de 1 g de CO2 /kWh, medido de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo*** y sus medidas de aplicación, o que emita menos de 1 g CO2 /km, medido de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo**** y sus medidas de aplicación.

_____________

* Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).

** Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).

*** Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (DO L 188 de 18.7.2009, p. 1).

**** Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (DO L 171 de 29.6.2007, p. 1).»

"

6)  El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 5

Objetivos mínimos de contratación pública

1.  Los Estados miembros velarán por que la contratación pública de vehículos y servicios a que se refiere el artículo 3 cumpla los objetivos mínimos de contratación pública para los vehículos ligeros limpios que figuran en el cuadro 3 del anexo, y para los vehículos pesados limpios que figuran en el cuadro 4 del anexo. Estos objetivos se expresan como porcentajes mínimos de vehículos limpios en el total de vehículos de transporte por carretera comprendidos en la suma de todos los contratos contemplados en el artículo 3, adjudicados entre el ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] y el 31 de diciembre de 2025, para el primer período de referencia, y entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2030, para el segundo período de referencia.

2.  A efectos del cálculo de los objetivos mínimos de contratación pública, la fecha de la contratación pública que debe tenerse en cuenta es la fecha de finalización del procedimiento de contratación pública, mediante la adjudicación del contrato.

3.  Los vehículos que correspondan a la definición de vehículos limpios con arreglo al artículo 4, punto 4, o de vehículos pesados de emisión cero con arreglo al artículo 4, punto 5, como consecuencia de la retroadaptación, podrán contabilizarse como vehículos limpios o vehículos pesados de emisión cero, respectivamente, a efectos del cumplimiento de los objetivos mínimos de contratación pública.

4.  En el caso de los contratos contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra a), el número de vehículos de transporte por carretera objeto de compra, arrendamiento financiero, alquiler o alquiler con opción de compra en virtud de cada contrato se tendrá en cuenta a efectos de la evaluación del cumplimiento de los objetivos mínimos de contratación pública.

5.  En el caso de los contratos contemplados en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), el número de vehículos de transporte por carretera que se vayan a utilizar para la prestación de los servicios a los que se aplique cada contrato se tendrá en cuenta a efectos de la evaluación del cumplimiento de los objetivos mínimos de contratación pública.

6.  Si los nuevos objetivos para el período de referencia posterior al 1 de enero de 2030 no se adoptan, seguirán aplicándose los objetivos fijados para el segundo período de referencia, y se calcularán de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 a 5, por períodos de cinco años subsiguientes.

7.  Los Estados miembros podrán aplicar, o autorizar a sus poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras que apliquen, objetivos nacionales más elevados o requisitos más estrictos que los indicados en el anexo▌.»;

"

7)  Se suprimen los artículos 6 y 7.

8)  El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 8

Intercambio de conocimientos y mejores prácticas

La Comisión facilitará y estructurará el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre los Estados miembros sobre las prácticas para fomentar la contratación pública de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes por parte de los poderes adjudicadores y las entidades adjudicadoras.»;

"

9)  El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 9

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el comité establecido por el artículo 9 de la Directiva 2014/94/UE.

Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011▌.

3.  Cuando el dictamen del comité deba obtenerse mediante un procedimiento escrito, se pondrá fin a dicho procedimiento sin resultado si, en el plazo para la emisión del dictamen, el presidente del comité así lo decide o si una mayoría simple de miembros del comité así lo solicita.

_______________

* Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).»;

"

10)  El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 10

Informes y revisión

1.  A más tardar el ... [36 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], los Estados miembros informarán a la Comisión sobre las medidas adoptadas para aplicar la presente Directiva y las intenciones de los Estados miembros en relación con las futuras actividades de aplicación, incluidos el calendario y la posible distribución de esfuerzos entre los diferentes niveles de gobernanza, así como por lo que respecta a cualquier otra información que el Estado miembro considere pertinente.

2.   A más tardar el 18 de abril de 2016, y posteriormente cada tres años, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva. Esos informes acompañarán a los informes contemplados en el artículo 83, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 99, apartado 3, párrafo segundo, de la Directiva 2014/25/UE, y contendrán información sobre las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva y las futuras actividades de aplicación, así como cualquier otra información que el Estado miembro considere pertinente. Esos informes también incluirán el número y las categorías de vehículos objeto de los contratos contemplados en el artículo 3, apartado 1, de la presente Directiva, sobre la base de los datos facilitados por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo. La información se presentará sobre la base de las categorías establecidas en el Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo*.

3.  Para ayudar a los Estados miembros en sus obligaciones de presentación de informes con arreglo a los apartados 1 y 2 del presente artículo, la Comisión cotejará y publicará el número y las categorías de vehículos objeto de los contratos contemplados en el artículo 3, apartado 1, letras a) y c), de la presente Directiva mediante la extracción de los datos pertinentes de los anuncios de adjudicación de contratos publicados en la base de datos del diario electrónico de licitaciones (TED) de conformidad con lo dispuesto en las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE.

4.  A más tardar el 18 de abril de 2027, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en el que especificarán las medidas adoptadas por los distintos Estados miembros a este respecto, en seguimiento de los informes a que se refiere el apartado 2.

5.   A más tardar el 31 de diciembre de 2027, la Comisión revisará la aplicación de la presente Directiva y, en su caso, presentará una propuesta legislativa para su modificación para el período posterior a 2030, también para la fijación de nuevos objetivos y la inclusión de otras categorías de vehículos, como los vehículos de dos y tres ruedas.

6.  La Comisión adoptará actos de ejecución, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, que establezcan el formato de los informes a que se refiere el apartado 2 del presente artículo y sus modalidades de transmisión.

__________________

* Reglamento (CE) n.º 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de contratos públicos (CPV) (DO L 340 de 16.12.2002, p. 1).».

"

11)  El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el ... [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

«ANEXO

Información sobre la aplicación de los objetivos mínimos de contratación pública de vehículos limpios de transporte por carretera

en favor de la movilidad de bajas emisiones en los Estados miembros

Cuadro 1: Códigos del Vocabulario común de contratos públicos para servicios contemplados en el artículo 3, apartado 1, letra c)

Código CPV

Descripción

60112000-6

Servicios de transporte por la vía pública

60130000-8

Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera

60140000-1

Transporte no regular de pasajeros

90511000-2

Servicios de recogida de desperdicios

60160000-7

Transporte de correspondencia por carretera

60161000-4

Servicios de transporte de paquetes

64121100-1

Servicios de distribución postal

64121200-2

Servicios de paquetería

Cuadro 2: Umbrales de emisiones aplicables a los vehículos ligeros limpios

Categorías de vehículos

Hasta el 31 de diciembre de 2025

A partir del 1 de enero de 2026

 

g CO2 /km

Emisiones de contaminantes atmosféricos* en RDE en porcentaje de los límites de emisión**

g CO2 /km

Emisiones de contaminantes atmosféricos* en RDE en porcentaje de los límites de emisión**

Vehículos M1

50

80 %

0

n.  d.

Vehículos M2

50

80 %

0

n.  d.

Vehículos N1

50

80 %

0

n.  d.

* Valores máximos declarados de emisiones en condiciones reales de conducción (RDE) de número de partículas (PN) en #/km, y óxidos de nitrógeno (NOx) en mg/km, tal como se indica en el punto 48.2 del certificado de conformidad, según lo descrito en el anexo IX de la Directiva 200746CE, en relación con desplazamientos completos y urbanos con emisiones en condiciones reales de conducción.

** Los límites de emisión aplicables establecidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.° 715/2007, o los que los sucedan.

Cuadro 3: Objetivos mínimo de contratación pública para la cuota de vehículos ligeros limpios con arreglo al cuadro 2 en el número total de vehículos ligeros objeto de contratos contemplados en el artículo 3 a nivel de los Estados miembros

Estado miembro

Del … [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] al 31 de diciembre de 2025

Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030

Luxemburgo

38,5 %

38,5 %

Suecia

38,5 %

38,5 %

Dinamarca

37,4 %

37,4 %

Finlandia

38,5 %

38,5 %

Alemania

38,5 %

38,5 %

Francia

37,4 %

37,4 %

Reino Unido

38,5 %

38,5 %

Países Bajos

38,5 %

38,5 %

Austria

38,5 %

38,5 %

Bélgica

38,5 %

38,5 %

Italia

38,5 %

38,5 %

Irlanda

38,5 %

38,5 %

España

36,3 %

36,3 %

Chipre

31,9 %

31,9 %

Malta

38,5 %

38,5 %

Portugal

29,7 %

29,7 %

Grecia

25,3 %

25,3 %

Eslovenia

22 %

22 %

Chequia

29,7 %

29,7 %

Estonia

23,1 %

23,1 %

Eslovaquia

22 %

22 %

Lituania

20,9 %

20,9 %

Polonia

22 %

22 %

Croacia

18,7 %

18,7 %

Hungría

23,1 %

23,1 %

Letonia

22 %

22 %

Rumanía

18,7 %

18,7 %

Bulgaria

17,6 %

17,6 %

Cuadro 4: Objetivos mínimo de contratación pública para la cuota de vehículos pesados limpios en el número total de vehículos pesados objeto de los contratos contemplados en el artículo 3 a nivel de los Estados miembros*

Estado miembro

Camiones (categorías de vehículos N2 y N3)

Autobuses (categoría de vehículos M3)*

 

Del … [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] al 31 de diciembre de 2025

Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030

Del … [24 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa] al 31 de diciembre de 2025

Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030

Luxemburgo

10 %

15 %

45 %

65 %

Suecia

10 %

15 %

45 %

65 %

Dinamarca

10 %

15 %

45 %

65 %

Finlandia

9 %

15 %

41 %

59 %

Alemania

10 %

15 %

45 %

65 %

Francia

10 %

15 %

43 %

61 %

Reino Unido

10 %

15 %

45 %

65 %

Países Bajos

10 %

15 %

45 %

65 %

Austria

10 %

15 %

45 %

65 %

Bélgica

10 %

15 %

45 %

65 %

Italia

10 %

15 %

45 %

65 %

Irlanda

10 %

15 %

45 %

65 %

España

10 %

14 %

45 %

65 %

Chipre

10 %

13 %

45 %

65 %

Malta

10 %

15 %

45 %

65 %

Portugal

8 %

12 %

35 %

51 %

Grecia

8 %

10 %

33 %

47 %

Eslovenia

7 %

9 %

28 %

40 %

Chequia

9 %

11 %

41 %

60 %

Estonia

7 %

9 %

31 %

43 %

Eslovaquia

8 %

9 %

34 %

48 %

Lituania

8 %

9 %

42 %

60 %

Polonia

7 %

9 %

32 %

46 %

Croacia

6 %

7 %

27 %

38 %

Hungría

8 %

9 %

37 %

53 %

Letonia

8 %

9 %

35 %

50 %

Rumanía

6 %

7 %

24 %

33 %

Bulgaria

7 %

8 %

34 %

48 %

* Debe alcanzarse la mitad del objetivo mínimo para la cuota de autobuses limpios mediante la contratación pública de autobuses de emisión cero, tal como se definen en el artículo 4, punto 5. Este requisito se reducirá a la cuarta parte del objetivo mínimo para el primer período de referencia, si más del 80 % de los autobuses objeto de la suma de todos los contratos contemplados en el artículo 3, adjudicados durante ese período en un Estado miembro, son autobuses de dos pisos.»

(1) DO C 262 de 25.7.2018, p. 58
(2) OJ C 387, 25.10.2018, p. 70.
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 25 de octubre de 2018 (Textos Aprobados, P8_TA(2018)0424).
(4)DO C 262 de 25.7.2018, p. 58.
(5)DO C 387 de 25.10.2018, p. 70.
(6)Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019.
(7) Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO L 328 de 21.12.2018, p. 82).
(8)Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (DO L 328 de 21.12.2018, p. 210).
(9)Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (DO L 120 de 15.5.2009, p. 5).
(10)Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(11)Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(12)Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 1).
(13)Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 443/2009 y (UE) n.º 510/2011 (versión refundida) (DO L ...).
(14)+ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento PE-CONS 6/19 (2017/0293 (COD)) e insértese el número, la fecha, el título y la referencia del DO de dicho Reglamento en la nota a pie de página.
(15)++ DO: Insértese en el texto el número del Reglamento que figura en el documento PE-CONS 6/19 (2017/0293 (COD))
(16) Reglamento (CE) n.º 661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor, sus remolques y sistemas, componentes y unidades técnicas independientes a ellos destinados (DO L 200 de 31.7.2009, p. 1).
(17)Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (DO L 266 de 26.9.2006, p. 1).
(18)DO C 298 de 23.8.2018, p. 140.
(19)DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.
(20) Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 104).
(21) Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129).
(22)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(23)DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.


Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
P8_TA-PROV(2019)0428A8-0422/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0239),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 50, apartado 1, y el artículo 50, apartado 2, letras b), c) y f) y g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0166/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 14 de febrero de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0422/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades

P8_TC1-COD(2018)0113


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 50, apartado 1, y apartado 2, letras b), c), f) y g),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo(4), establece, entre otras disposiciones, normas sobre publicidad e interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades de los Estados miembros.

(2)  El uso de herramientas y procesos digitales para iniciar de manera más sencilla, rápida y eficaz en términos de coste y de tiempo una actividad económica mediante el establecimiento de una sociedad o la apertura de una sucursal de dicha sociedad en otro Estado miembro, y para facilitar información exhaustiva y accesible sobre las sociedades, constituye uno de los requisitos previos para el funcionamiento eficaz, la modernización y la racionalización administrativa de un mercado interior competitivo y para garantizar la competitividad y credibilidad de las sociedades.

(3)  Es fundamental asegurar que exista un entorno jurídico y administrativo a la altura de los nuevos desafíos económicos y sociales de la globalización y la digitalización, por un lado, para ofrecer las garantías necesarias frente al abuso y el fraude y, por otro, para perseguir objetivos como fomentar el crecimiento económico, la creación de empleo y atraer inversiones a la Unión, lo que aportaría beneficios económicos y sociales para la sociedad en su conjunto.

(4)  Actualmente, existen diferencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a la disponibilidad de herramientas en línea que permitan a empresarios y sociedades comunicarse con las autoridades sobre cuestiones de Derecho de sociedades. Los servicios relativos a la administración electrónica varían entre los Estados miembros. Algunos Estados miembros ofrecen servicios completos y fáciles de utilizar íntegramente en línea, mientras que otros no disponen de soluciones en línea para etapas fundamentales del ciclo de vida de una sociedad. Por ejemplo, algunos Estados miembros solo permiten la constitución de sociedades o la presentación de modificaciones a documentos e información ante el registro de manera presencial, otros Estados miembros permiten que estos actos se efectúen tanto presencialmente como en línea y en otros solo se pueden efectuar en línea.

(5)  Además, en lo que respecta al acceso a la información relativa a las sociedades, el Derecho de la Unión establece que un conjunto mínimo de datos debe facilitarse siempre de forma gratuita. No obstante, el alcance de dicha información sigue siendo limitado. El acceso a esa información varía, de manera que en algunos Estados miembros se pone a disposición gratuitamente más información que en otros, lo que supone un desequilibrio en la Unión.

(6)  En su Comunicación «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» y en su Comunicación «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 – Acelerar la transformación digital de la administración», la Comisión destaca el papel de las administraciones públicas para ayudar a las sociedades a iniciar fácilmente sus actividades, operar en línea y expandirse más allá de las fronteras. El Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE reconoció específicamente la importancia de mejorar el uso de las herramientas digitales para cumplir con los requisitos del Derecho de sociedades. Por otra parte, en la «Declaración de Tallin de 2017 sobre la administración electrónica» de 6 de octubre de 2017, los Estados miembros hicieron un enérgico llamamiento a intensificar los esfuerzos para ofrecer en la Unión procedimientos electrónicos eficaces, centrados en los usuarios.

(7)  En junio de 2017, entró en funcionamiento la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades, lo que facilita enormemente el acceso transfronterizo a la información societaria en la Unión y permite que los registros de los Estados miembros se comuniquen entre sí por medios electrónicos en relación con determinadas operaciones transfronterizas que afectan a las sociedades.

(8)  A fin de facilitar la constitución de sociedades y el registro de sucursales, y de reducir los costes, el tiempo y las cargas administrativas asociados a tales procesos, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión(5), deben establecerse procedimientos para permitir la constitución de sociedades y el registro de sucursales íntegramente en línea. La presente Directiva no debe obligar a las sociedades a utilizar tales procedimientos. Los Estados miembros deben, no obstante, poder decidir que algunos procedimientos en línea, o todos ellos, sean obligatorios. Los costes y cargas actuales asociados a los procedimientos de constitución y registro se derivan no solo de las tasas administrativas cobradas por constituir una sociedad o registrar una sucursal, sino también de otros requisitos que alargan que se complete la totalidad del proceso, en particular cuando se requiere la presencia física del solicitante ▌. Además, la información sobre tales procedimientos debe estar disponible en línea y de forma gratuita.

(9)  El Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) que establece una pasarela digital única dispone normas generales para el suministro de información, los procedimientos y los servicios de asistencia en línea pertinentes para el funcionamiento del mercado interior. La presente Directiva establece normas específicas relativas a la constitución de las sociedades de capital, al registro de sucursales y a la presentación de documentos e información por sociedades y sucursales (en lo sucesivo, «procedimientos en línea»), que no regula dicho Reglamento. En particular, los Estados miembros deben proporcionar información específica sobre los procedimientos en línea previstos en la presente Directiva y los modelos de escrituras de constitución (en lo sucesivo, «modelos») en los sitios web accesibles a través de la pasarela digital única.

(10)  Posibilitar la constitución de sociedades y el registro de sucursales y la presentación íntegramente en línea de documentos e información permitiría a las sociedades utilizar herramientas digitales en sus contactos con las autoridades competentes de los Estados miembros. Para fomentar la confianza, los Estados miembros deben garantizar a los usuarios nacionales y transfronterizos que sea posible una identificación electrónica segura y el uso de servicios de confianza, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(7). Además, a fin de permitir la identificación electrónica transfronteriza, los Estados miembros deben establecer sistemas de identificación electrónica que proporcionen medios de identificación electrónica homologados. Dichos sistemas nacionales se utilizarían como base para el reconocimiento de los medios de identificación electrónica expedidos en otro Estado miembro. Con el objeto de garantizar un nivel de confianza elevado en situaciones transfronterizas, solo deben reconocerse los medios de identificación electrónica que sean conformes con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 910/2014. ▌ En cualquier caso, la presente Directiva solo debe obligar a los Estados miembros a que posibiliten la constitución de sociedades, el registro de sucursales y la presentación en línea de documentos e información por parte de solicitantes que sean ciudadanos de la Unión mediante el reconocimiento de sus medios de identificación electrónica. Los Estados miembros deben decidir sobre el modo en que se pongan a disposición del público los medios de identificación que reconocen, incluidos aquellos que no entren en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º910/2014.

(11)  Los Estados miembros deben seguir teniendo la facultad de decidir qué persona o personas hayan de considerarse solicitantes en virtud del Derecho nacional por lo que respecta a los procedimientos en línea, siempre que no se limite el ámbito de aplicación ni el objetivo de la presente Directiva.

(12)  A fin de facilitar los procedimientos en línea para las sociedades, los registros de los Estados miembros deben velar por que las normas sobre las tasas aplicables a los procedimientos en línea previstos en la presente Directiva sean transparentes y se apliquen de manera no discriminatoria. No obstante, el requisito de transparencia de las normas sobre tasas debe entenderse sin perjuicio de la libertad contractual, en su caso, entre los solicitantes y las personas que los asesoren en cualquier fase de los procedimientos en línea, incluida la libertad de negociar un precio adecuado por tales servicios.

(13)  Las tasas que cobran los registros por los procedimientos en línea deben calcularse sobre la base de los costes de los servicios de que se trate. Esas tasas también pueden cubrir, entre otros, los costes de servicios menores que se presten gratuitamente. Al calcular su importe, los Estados miembros deben tener la facultad de tomar en consideración todos los costes relacionados con el desarrollo de los procedimientos en línea, incluida la proporción de costes generales que se les puedan asignar. Asimismo, los Estados miembros deben poder imponer tasas a tanto alzado y fijar su importe por un período indefinido, siempre que comprueben a intervalos regulares que dichas tasas siguen sin superar el coste medio de los servicios de que se trate. Cualquier tasa por procedimientos en línea que se cobre por el registro en los Estados miembros no debe superar el precio de coste de prestar dichos servicios. Además, cuando completar el procedimiento implique un pago, debe ser posible efectuarlo mediante servicios de pago en línea transfronterizos ampliamente disponibles, tales como tarjetas de crédito o transferencias bancarias.

(14)  Asimismo, los Estados miembros deben ayudar a quienes deseen constituir una sociedad o registrar una sucursal proporcionándoles determinada información a través de la pasarela digital única y, en su caso, en el Portal Europeo de e-Justicia, de forma clara, concisa y de fácil utilización sobre los procedimientos y los requisitos para la constitución de las sociedades de capital, el registro de sucursales y la presentación de documentos e información, las normas relativas a la inhabilitación de administradores y una descripción de las competencias y las responsabilidades de los órganos de administración, gestión y control de las sociedades.

(15)  Debe ser posible constituir ▌ sociedades íntegramente en línea. No obstante, los Estados miembros han de poder limitar la constitución en línea a determinados tipos de sociedades de capital, tal como se especifica en la presente Directiva, debido a la complejidad de la constitución de sociedades de otro tipo en Derecho nacional. En cualquier caso, los Estados miembros deben establecer normas detalladas para la constitución en línea. Debe poderse efectuar la constitución en línea mediante la presentación de documentos o información en formato electrónico, sin perjuicio de los requisitos materiales y procedimentales de los Estados miembros, incluidos los relativos a los procedimientos jurídicos para el otorgamiento de los instrumentos de constitución, y a la autenticidad, exactitud, fiabilidad, credibilidad y forma jurídica adecuada de los documentos o información que se presenten. No obstante, dichos requisitos materiales y procedimentales no deben imposibilitar los procedimientos en línea, en especial aquellos para la constitución en línea de una sociedad y el registro en línea de una sucursal. En los casos en que no resulte técnicamente posible obtener copias electrónicas de documentos que cumplan los requisitos de los Estados miembros, a modo de excepción, podrían exigirse los documentos en formato papel.

(16)   En los casos en que se hayan cumplido todas las formalidades requeridas para la constitución en línea de una sociedad, incluido el requisito de que la sociedad haya presentado todos los documentos y toda la información correctamente, la constitución en línea ante cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea debe ser rápido. No obstante, en caso de que surjan dudas sobre el cumplimiento de las formalidades necesarias, incluso sobre la identidad de un solicitante, la legalidad de la denominación de la sociedad, la inhabilitación de un administrador o el cumplimiento de requisitos jurídicos por parte de cualquier otra información o documento, o en casos de sospecha de fraude o abuso, la constitución en línea puede durar más tiempo y el plazo para las autoridades no debe iniciarse hasta que se hayan cumplido dichas formalidades. En cualquier caso, cuando no sea posible completar el procedimiento dentro de plazo, los Estados miembros deben velar por que se notifiquen al solicitante los motivos de cualquier retraso.

(17)  A fin de garantizar en tiempo oportuno la constitución en línea de una sociedad o el registro en línea de una sucursal, los Estados miembros no deben supeditar la constitución o el registro a la obtención de una licencia o autorización con anterioridad a que esa constitución o registro pueda completarse, a menos que así se prevea en el Derecho nacional para garantizar que haya una supervisión adecuada de determinadas actividades. Después de la constitución o el registro, el Derecho nacional debe regular las situaciones en las que las sociedades o sucursales no puedan ejercer determinadas actividades sin la obtención de una licencia o autorización.

(18)  Con el fin de ayudar a las empresas, en particular las pymes a establecerse, se ha de poder constituir una sociedad de responsabilidad limitada haciendo uso de modelos que deben estar disponibles en línea. Los Estados miembros deben garantizar que esos modelos se utilicen para la constitución en línea, y deben seguir teniendo la facultad para determinar su valor jurídico. Esos modelos podrían contener un conjunto de opciones predefinido, de conformidad con el Derecho nacional. Los solicitantes deben tener la posibilidad de escoger entre utilizar modelos o constituir una sociedad con una escritura de constitución ad hoc, y los Estados miembros deben tener la opción de proporcionar modelos también para otros tipos de sociedades.

(19)  Con el objeto de respetar las tradiciones de los Estados miembros en materia de Derecho de sociedades, es importante que gocen de flexibilidad en la forma de facilitar un sistema íntegramente en línea para la constitución de sociedades, el registro de sucursales y la presentación de documentos e información, incluso en lo que respecta a la función de los notarios y abogados en cualquier fase de esos procedimientos en línea. Las cuestiones relacionadas con los procedimientos en línea que no estén regulados en la presente Directiva deben seguir rigiéndose por el Derecho nacional.

(20)  Además, a fin de combatir el fraude y el pirateo empresarial, y de ofrecer garantías sobre la fiabilidad y la credibilidad de los documentos e información contenidos en los registros nacionales, las disposiciones relativas a los procedimientos en línea establecidos en la presente Directiva deben incluir también controles de la identidad y la capacidad jurídica de las personas que deseen constituir una sociedad o registrar una sucursal, o presentar documentos e información. Tales controles pueden formar parte del control de la legalidad que exigen algunos Estados miembros. ▌ Debe dejarse a los Estados miembros el desarrollo y la adopción de los medios y los métodos para llevar a cabo esos controles. ▌ A tal efecto, los Estados miembros deben estar facultados para requerir la participación de notarios o abogados en cualquier fase de los procedimientos en línea. Sin embargo, dicha participación no debe impedir que se complete el procedimiento íntegramente en línea.

(21)  Cuando se justifique por razón de interés público en impedir el uso indebido o la alteración de identidad, o en garantizar el cumplimiento de las normas sobre capacidad jurídica y sobre el poder de los solicitantes para representar a una sociedad, los Estados miembros deben poder adoptar medidas, de conformidad con el Derecho nacional, ▌ que podrían exigir ▌ la presencia física del solicitante o de cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea, del Estado miembro en el que la sociedad vaya a constituirse o una sucursal vaya a registrarse. Sin embargo, tal presencia física no debe exigirse sistemáticamente, sino solo caso por caso cuando existan motivos para sospechar una falsificación de identidad o un incumplimiento de las normas sobre capacidad jurídica y sobre el poder de los solicitantes para representar a una sociedad. Esa ▌sospecha ▌ debe basarse ▌ en información de que dispongan las autoridades o personas u organismos habilitados en virtud del Derecho nacional para efectuar dichos tipos de controles. En caso de que sea necesaria la presencia física, los Estados miembros deben garantizar que el resto de fases del procedimiento puedan completarse en línea. El concepto de capacidad jurídica debe entenderse que incluye la capacidad de obrar.

(22)  Los Estados miembros también deben poder permitir a sus autoridades, personas u organismos competentes, comprobar, mediante controles electrónicos complementarios de identidad, capacidad jurídica y legalidad, si se cumplen todas las condiciones para la constitución de una sociedad. Dichos controles pueden incluir, entre otros, videoconferencias u otros medios en línea que ofrezcan una conexión audiovisual en tiempo real.

(23)  Para garantizar la protección de todas las personas que interactúan con las sociedades, los Estados miembros deben poder prevenir comportamientos fraudulentos u otros comportamientos abusivos denegando el nombramiento de una persona como administrador de una sociedad ▌, teniendo en la conducta anterior de dicha persona en su propio territorio, pero también, cuando así se establezca en virtud del Derecho nacional, información que faciliten otros Estados miembros. Por consiguiente, los Estados miembros deben poder solicitar información a otros Estados miembros. La respuesta podría consistir en información sobre una inhabilitación vigente o en otra información pertinente a efectos de inhabilitación en el Estado miembro que haya recibido la solicitud. Dichas solicitudes de información ▌ deben poder formularse a través del sistema de interconexión de registros. A ese respecto, los Estados miembros deben poder elegir la mejor manera de recabar tal información, por ejemplo reuniendo información pertinente de registros u otros lugares en que se almacene de conformidad con su Derecho nacional o creando registros específicos o secciones específicas en los registros mercantiles. Cuando se necesite información adicional, por ejemplo sobre el período y los motivos de inhabilitación, los Estados miembros han de poder facilitarla a través de todos los sistemas de intercambio de información disponibles, con arreglo al Derecho nacional. Sin embargo, la presente Directiva no debe crear una obligación de solicitar tal información en todos los casos. Por otra parte, poder tener en cuenta información sobre la inhabilitación en otro Estado miembro no debe obligar a los Estados miembros a reconocer las inhabilitaciones vigentes de otros Estados miembros.

(24)  Para garantizar la protección de todas las personas que interactúan con sociedades o sucursales, y de prevenir comportamientos fraudulentos o abusivos, es importante que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan comprobar si la persona que se vaya a nombrar como administrador está inhabilitada para ejercer funciones de administrador. A tal fin, las autoridades competentes deben conocer también si la persona en cuestión figura en alguno de los registros pertinentes a efectos de inhabilitación de administradores en otros Estados miembros mediante el sistema de interconexión de registros mercantiles. Los registros, las autoridades o personas u organismos habilitados en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea no deben almacenar tales datos personales más tiempo del necesario para evaluar si dicha persona cumple los criterios para ser nombrada como administrador. No obstante, tales entidades pueden necesitar guardar esa información durante más tiempo con la finalidad de una posible revisión de una decisión denegatoria. En todo caso, el período de conservación no debe superar el período establecido en la normativa nacional sobre conservación de datos personales relativos a la constitución de una sociedad o el registro de una sucursal o la presentación conexa de documentos e información.

(25)  Las obligaciones establecidas en la presente Directiva relativas a la constitución en línea de sociedades y al registro en línea de sucursales deben entenderse sin perjuicio de cualesquiera otras formalidades no relacionadas con el Derecho de sociedades que una sociedad tenga que cumplir para iniciar sus actividades de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional.

(26)  Como por lo que respecta a la constitución en línea de sociedades y el registro en línea de sucursales, a fin de reducir los costes y las cargas para las sociedades, también debe ser posible presentar documentos e información a los registros nacionales íntegramente en línea a lo largo de todo el ciclo de vida de las sociedades. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben tener la facultad de autorizar la presentación de documentos e información por otros medios, incluso en papel. Por otra parte, la publicidad de la información societaria debe producirse una vez que esa información se ponga a disposición del público en dichos registros nacionales, ya que ahora los registros están interconectados y constituyen un punto de referencia general para los usuarios. A fin de evitar perturbaciones de los medios de publicidad existentes, los Estados miembros deben tener asimismo la opción de publicar la totalidad o parte de la información societaria en un boletín nacional, a la vez que se garantiza que el registro remite dicha información por medios electrónicos a ese boletín nacional. La presente Directiva no debe afectar a la normativa nacional relativa al valor jurídico del registro y a la función de un boletín nacional.

(27)  A fin de facilitar la manera en que la información almacenada en los registros nacionales puede buscarse e intercambiarse con otros sistemas, los Estados miembros deben garantizar ▌ que, una vez que haya vencido el plazo de transposición pertinente, todos los documentos e información que se faciliten a cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea, como parte de los procedimientos en línea establecidos en la presente Directiva, puedan almacenarse por los registros en un formato apto para lectura mecánica y búsqueda, o como datos estructurados. Ello significa que el formato de archivo debe estructurarse de tal manera que las aplicaciones informáticas puedan identificar, reconocer y extraer fácilmente datos específicos y su estructura interna. El requisito de garantizar que el formato de los documentos y la información sea apto para búsqueda no debe incluir firmas escaneadas ni otros datos no adecuados para la lectura mecánica. Como esto puede exigir cambios en los sistemas de información existentes de los Estados miembros, debe fijarse un plazo de transposición más largo para el cumplimiento de este requisito.

(28)  Con el fin de reducir los costes y la carga administrativa y la duración de los procedimientos para las sociedades, los Estados miembros deben aplicar en materia de Derecho de sociedades el principio de «solo una vez», que, como demuestran, por ejemplo, el Reglamento (UE) 2018/1724, el Plan de Acción de la Comisión sobre Administración Electrónica o la Declaración de Tallin sobre la administración electrónica, está asentado en la Unión. La aplicación del principio de «solo una vez» implica que las sociedades no tengan que presentar la misma información a la administración pública más de una vez. Por ejemplo, las sociedades no deben presentar la misma información al registro nacional y al boletín nacional. En su lugar, el registro debe suministrar la información ya presentada directamente al boletín nacional. Del mismo modo, cuando una sociedad se constituya en un Estado miembro y quiera registrar una sucursal en otro Estado miembro, debe poder utilizar los documentos o la información previamente presentados en un registro. Además, cuando una sociedad se constituya en un Estado miembro, pero tenga una sucursal en otro Estado miembro, debe poder presentar determinados cambios de su información societaria solo ante el registro en el que esté registrada, sin necesidad de presentar la misma información ante el registro en el que esté registrada la sucursal. En su lugar, datos tales como la modificación de la denominación o del domicilio social de la sociedad deben intercambiarse electrónicamente entre el registro en que esté registrada la sociedad y el registro en que esté registrada la sucursal a través del sistema de interconexión de registros.

(29)  Con el fin de garantizar que se dispone de información coherente y actualizada sobre las sociedades de la Unión y para aumentar la transparencia, debe poderse utilizar la interconexión de registros para intercambiar información sobre cualquier tipo de sociedad inscrita en los registros de los Estados miembros de conformidad con el Derecho nacional. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de efectuar copias electrónicas de los documentos e información de esos otros tipos de sociedades que también estén disponibles a través de dicho sistema de interconexión de registros.

(30)  En aras de la transparencia, de la protección de los intereses de los trabajadores, los acreedores y los accionistas minoritarios, y para fomentar la confianza en las transacciones mercantiles, incluso de carácter transfronterizo dentro del mercado interior, es importante que inversores, accionistas, socios empresariales y autoridades puedan acceder fácilmente a la información societaria. Para mejorar el acceso a esa información, debe facilitarse más información de forma gratuita en todos los Estados miembros. Dicha información debe incluir ▌ el estado de una sociedad e información sobre sus sucursales en otros Estados miembros, así como información relativa a las personas que, como órgano o como miembros de tal órgano, están autorizadas a representar a la sociedad. Por otra parte, el precio de obtener una copia de todos o de parte de los documentos e información publicados por la sociedad, en papel o en formato electrónico, no debe superar su coste administrativo, incluido el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros, siempre que el precio no sea desproporcionado en relación con la información que se busca.

(31)  Actualmente, a los Estados miembros les es posible establecer puntos de acceso opcionales en relación con el sistema de interconexión de registros. Sin embargo, a la Comisión no le es posible conectar a otros interesados al sistema de interconexión de registros. Para que otros interesados se beneficien de la interconexión de registros y asegurarse así de que sus sistemas contengan una información precisa, actualizada y fiable sobre las sociedades, debe autorizarse a la Comisión a establecer puntos de acceso adicionales. Estos puntos de acceso deben referirse a los sistemas desarrollados y gestionados por la Comisión o por las demás instituciones, órganos u organismos de la Unión en el ejercicio de sus funciones administrativas o en cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión.

(32)  A fin de ayudar a las sociedades establecidas en el mercado interior a ampliar más fácilmente sus actividades mercantiles transfronterizas, les debe ser posible abrir y registrar sucursales en línea en otro Estado miembro. Por consiguiente, los Estados miembros deben posibilitar, de manera análoga a las sociedades, el registro en línea de sucursales y la presentación en línea de documentos e información, de modo que se contribuya a reducir los costes, las cargas administrativas y el tiempo que llevan las formalidades en caso de expansión transfronteriza.

(33)  Al registrar una sucursal de una sociedad registrada en otro Estado miembro, los Estados miembros también deben poder verificar determinada información societaria a través de la interconexión de los registros. Además, cuando se cierre una sucursal en un Estado miembro, el registro de ese Estado miembro debe informar de ese cierre al Estado miembro en el que esté registrada la sociedad a través del sistema de interconexión de registros, y ambos registros deben consignar esta información.

(34)  Con el fin de garantizar la coherencia con el Derecho de la Unión y nacional, es necesario suprimir la disposición relativa al Comité de Contacto que ha dejado de existir y actualizar los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I y II de la Directiva (UE) 2017/1132.

(35)  A fin de tener en cuenta futuros cambios de la normativa de los Estados miembros y de la legislación de la Unión en materia de tipos de sociedades, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para que actualice la lista de los tipos de sociedades enumerados en los anexos I, II y II BIS de la Directiva (UE) 2017/1132. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación(8). En particular, para garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(36)  Las disposiciones de la presente Directiva, incluidas las obligaciones de registro de sociedades, no afectan al Derecho nacional relativo a las medidas fiscales de los Estados miembros, o de sus subdivisiones territoriales y administrativas.

(37)  La presente Directiva no debe afectar a las competencias de los Estados miembros para rechazar solicitudes de constitución de sociedades y registro de sucursales en casos de fraude o abuso, ni a las acciones de investigación y ejecución de las normas que efectúen los Estados miembros, incluso por parte de la policía u otras autoridades competentes. Tampoco deben verse afectadas otras obligaciones en virtud del Derecho de la Unión y nacional, incluidas las derivadas de las normas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y sobre los titulares reales. La presente Directiva no afecta a las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y el Consejo(9) que regulan los riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, en particular las obligaciones relativas a la adopción de las oportunas medidas de diligencia debida con respecto al cliente en función del riesgo y para identificar y registrar al titular real de cualquier entidad de nueva creación en el Estado miembro de su constitución.

(38)  La presente Directiva debe aplicarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos y protección de la intimidad y de los datos de carácter personal, tal como se establecen en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Todo tratamiento de datos personales de personas físicas en virtud de la presente Directiva debe realizarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo(10).

(39)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(11), emitió un dictamen el 26 de julio de 2018.

(40)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, ofrecer más soluciones digitales a las sociedades en el mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismos artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(41)  De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(12), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(42)  Habida cuenta de la complejidad de los cambios que se necesita efectuar en los sistemas nacionales a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente Directiva, y de las diferencias sustanciales que existen actualmente entre los Estados miembros respecto al uso de instrumentos y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades, procede disponer que los Estados miembros que experimenten especiales dificultades al transponer determinadas disposiciones de la presente Directiva puedan notificar a la Comisión su necesidad de acogerse a una prórroga del plazo de aplicación pertinente de un año como máximo. Los Estados miembros deben indicar las razones objetivas para solicitar dicha prórroga.

(43)  La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación, esa evaluación debe basarse en los cinco criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión y debe servir de base para las evaluaciones de impacto de posibles nuevas medidas. Los Estados miembros deben colaborar en llevar a cabo esa evaluación facilitando a la Comisión los datos de que dispongan en cuanto a cómo funciona en la práctica la constitución en línea de sociedades, por ejemplo, datos sobre el número de constituciones en línea, el número de casos en que se utilizaron modelos o en que se exigió una presencia física y la duración y los costes medios de las constituciones en línea.

(44)  Debe recabarse información a fin de evaluar el funcionamiento de la presente Directiva con arreglo a los objetivos que persigue y con el fin de llevar a cabo una evaluación conforme al apartado 22 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

(45)  Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2017/1132 en consecuencia,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva (UE) 2017/1132

La Directiva (UE) 2017/1132 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 1, tras el segundo guion, se inserta el guion siguiente:"

«- las normas relativas a la constitución en línea de sociedades, el registro en línea de sucursales y la presentación en línea de documentos e información por parte de sociedades y sucursales,».

"

2)  En el título I, el título del capítulo III se sustituye por el texto siguiente:"

«Procedimientos en línea (constitución, registro y presentación de documentos e información), publicidad y registros».

"

3)  El artículo 13 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 13

Ámbito de aplicación

Las medidas de coordinación prescritas en la presente sección y en la sección 1BIS se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los tipos de sociedades enumerados en el anexo II, y, cuando se especifique, a los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I y II BIS.».

"

4)  Se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 13 bis

Definiciones

A efectos del presente Capítulo, se entenderá por:

   1) "medio de identificación electrónica": un medio de identificación electrónica tal como se define en el artículo 3, punto 2, del Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo* ▌;
   2) "sistema de identificación electrónica": un sistema de identificación electrónica tal como se define en el artículo 3, punto 4, del Reglamento (UE) n.º 910/2014;
   3) "medios electrónicos": los equipos electrónicos utilizados para el tratamiento, incluida la compresión digital, y el almacenamiento de datos, a través de los cuales la información se envía desde la fuente y se recibe en su destino, siendo esa información enteramente transmitida, canalizada y recibida del modo establecido por los Estados miembros;
   4) "constitución": todo el proceso de fundación de una sociedad con arreglo al Derecho nacional, incluidos el otorgamiento de la escritura de constitución y todas las fases necesarias para la inscripción de la sociedad en el registro;
   5) "registro de una sucursal": el proceso que conduce a la publicidad de documentos e información relativos a una sucursal de nueva apertura en un Estado miembro;
   6) "modelo": un modelo de la escritura de constitución de una sociedad elaborado por los Estados miembros de conformidad con el Derecho nacional y que se utiliza para la constitución en línea de sociedades con arreglo al artículo 13 octies.

Artículo 13 ter

Reconocimiento de medios de identificación a efectos de los procedimientos en línea

1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes medios de identificación electrónica puedan ser utilizados por los solicitantes que sean ciudadanos de la Unión en los procedimientos en línea contemplados en el presente capítulo:

   a) los medios de identificación electrónica expedidos por un sistema de identificación electrónica aprobado por el propio Estado miembro;
   b) los medios de identificación electrónica expedidos en otro Estado miembro y reconocidos a efectos de la autenticación transfronteriza de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 910/2014.

2.  Los Estados miembros podrán denegar el reconocimiento de los medios de identificación electrónica si los niveles de seguridad de esos medios de identificación electrónica no cumplen las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 910/2014.

3.  Todos los medios de identificación reconocidos por los Estados miembros se pondrán a disposición del público.

4.  Cuando se justifique por razón de interés público en impedir el uso indebido o la alteración de identidad, los Estados miembros podrán, a los efectos de comprobar la identidad de un solicitante, adoptar medidas que requieran la presencia física de ese solicitante ante cualquier autoridad, persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea a que se refiere el presente capítulo, incluido el otorgamiento de la escritura de constitución de una sociedad. Los Estados miembros se asegurarán de que solo pueda exigirse la presencia física de un solicitante caso por caso cuando existan razones para sospechar una falsificación de identidad, y de que cualquier otra fase del procedimiento pueda completarse en línea.

Artículo 13 quater

Disposiciones generales sobre procedimientos en línea

1.  La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la normativa nacional que, con arreglo a los sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros, designen a cualquier persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la constitución en línea de sociedades, el registro en línea de sucursales y la presentación en línea de documentos e información.

2.  La presente Directiva se entenderá también sin perjuicio de los procedimientos y requisitos establecidos en Derecho nacional, incluidos los relativos a los procedimientos jurídicos para el otorgamiento de los instrumentos de constitución, siempre que sean posibles la constitución en línea de una sociedad, tal como se contempla en el artículo 13 octies, y el registro en línea de una sucursal, tal como se contempla en el artículo 28 bis, así como la presentación en línea de documentos e información, tal como se contempla en los artículos 13 undecies y 28 ter.

3.  Los requisitos en virtud del Derecho nacional aplicable en relación con la autenticidad, exactitud, fiabilidad y credibilidad y la forma jurídica adecuada de los documentos o información que se presenten no se verán afectados por la presente Directiva, siempre que sean posibles la constitución en línea, tal como se contempla en el artículo 13 octies, y el registro en línea de una sucursal, tal como se contempla en el artículo 28 bis, así como la presentación de información por medios electrónicos, tal como se contempla en los artículos 13 undecies y 28 ter.

Artículo 13 quinquies

Tasas de los procedimientos en línea

1.  Los Estados miembros velarán por que las normas sobre las tasas aplicables a los procedimientos en línea a que se refiere el presente capítulo sean transparentes y se apliquen de manera no discriminatoria.

2.  Toda tasa por los procedimientos en línea cobrada por los registros a que se refiere el artículo 16 ▌ no será superior al precio de coste de la prestación de dichos servicios.

Artículo 13 sexies

Pagos

Cuando completar un procedimiento establecido en el presente capítulo requiera efectuar un pago, los Estados miembros velarán por que ese pago pueda efectuarse por medio de un servicio de pago en línea ampliamente disponible que pueda utilizarse para pagos transfronterizos, que permita la identificación de la persona que haya efectuado el pago y que sea proporcionado por una entidad financiera o por un prestador de servicios de pago establecido en un Estado miembro.

Artículo 13 septies

Requisitos de información

Los Estados miembros velarán por que, en los portales o sitios web de registro accesibles a través de la pasarela digital única, se facilite una información concisa y de fácil consulta, proporcionada gratuitamente y, al menos, en una lengua ampliamente comprendida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos, para ayudar a la constitución de sociedades y el registro de sucursales. La información cubrirá al menos lo siguiente:

   a) las normas relativas a la constitución de sociedades, incluidos los procedimientos en línea a que se refieren los artículos 13 octies y 13 undecies, y los requisitos relativos a la utilización de modelos y a otros documentos de constitución, a la identificación de personas, al uso de lenguas y a las tasas aplicables;
   b) las normas relativas al registro de sucursales, incluidos los procedimientos en línea a que se refieren los artículos 28 bis y 28 ter, y los requisitos relativos a los documentos de registro, la identificación de personas y el uso de lenguas;
   c) un resumen de las normas aplicables sobre la obtención de la condición de miembro del órgano de administración, el órgano de gestión o el órgano de control de una sociedad, incluidas las normas sobre inhabilitación de administradores, y sobre autoridades u organismos responsables de conservar la información sobre administradores inhabilitados;

   d) una descripción de las competencias y responsabilidades del órgano de administración, el órgano de gestión y el órgano de control de una sociedad ▌, incluido el poder para representar a la sociedad ▌ frente a terceros;

_____________________________

* Reglamento (UE) n° 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).»;

"

5)  En el título I, capítulo III, se añade la sección siguiente:"

«Sección 1A

Constitución en línea, registro en línea y publicidad

Artículo 13 octies

Constitución en línea de sociedades

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que la constitución en línea de sociedades pueda llevarse a cabo íntegramente en línea sin necesidad de que los solicitantes ▌ comparezcan en persona ante cualquier autoridad ▌ o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la constitución en línea de sociedades, incluido el otorgamiento de la escritura de constitución de una sociedad, a reserva de lo dispuesto en el artículo 13 ter, apartado 4, y en el apartado 8 del presente artículo.

No obstante, los Estados miembros podrán decidir no ofrecer procedimientos de constitución en línea para otros tipos de sociedades que no sean los enumerados en el anexo II BIS.

2.  Los Estados miembros establecerán normas detalladas para la constitución en línea de sociedades, incluidas normas sobre el uso de los modelos a que se refiere el artículo 13 nonies y los documentos e información requeridos para la constitución de una sociedad. Como parte de esas normas, los Estados miembros velarán por que la constitución en línea pueda efectuarse mediante la presentación de documentos o información en formato electrónico, incluidas las copias electrónicas de documentos e información a que se refiere el artículo 16 bis, apartado 4.

3.  Las normas a que se refiere el apartado 2 dispondrán al menos lo siguiente:

   a) los procedimientos para garantizar que los solicitantes tienen la capacidad jurídica necesaria y el poder para representar a la sociedad;
   b) los medios para comprobar la identidad de los solicitantes de conformidad con el artículo 13 ter;
   c) los requisitos aplicables a los solicitantes para la utilización de los servicios de confianza a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 910/2014.
   d) los procedimientos para comprobar la legalidad del objeto de la sociedad en la medida en que dichos controles estén previstos en Derecho nacional;
   e) los procedimientos para comprobar la legalidad de la denominación de la sociedad en la medida en que dichos controles estén previstos en Derecho nacional;
   f) los procedimientos para comprobar el nombramiento de los administradores.

4.  Las normas a que se refiere el apartado 2 también podrán disponer, en particular, lo siguiente:

   a) los procedimientos para garantizar la legalidad de la escritura de constitución de la sociedad, en particular la verificación del correcto uso de los modelos;
   b) las consecuencias de la inhabilitación de un administrador por la autoridad competente de cualquier Estado miembro;
   c) ▌ la función del notario o de cualquier otra persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la constitución en línea de una sociedad;
   d) la exclusión de la constitución en línea en aquellos casos en que el capital social de la sociedad se suscriba mediante contribuciones en especie.

5.  Los Estados miembros no supeditarán la constitución en línea de una sociedad a la obtención previa de una licencia o autorización, a menos que esa condición sea indispensable para la supervisión adecuada, establecida en Derecho nacional, de determinadas actividades.

6.  Los Estados miembros velarán por que, en los casos en que se requiera el pago del capital social en el marco del procedimiento de constitución de una sociedad, ese pago pueda efectuarse en línea, de conformidad con el artículo 13 sexies, en una cuenta bancaria abierta en la Unión. Además, los Estados miembros velarán por que la prueba de dicho pago pueda presentarse también en línea.

7.  Los Estados miembros velarán por que el procedimiento de constitución en línea se complete en ▌ cinco días laborables cuando una sociedad se constituya exclusivamente por personas físicas que utilicen los modelos previstos en el artículo 13 nonies, o en diez días laborables en los demás casos, a partir de la última de las fechas siguientes:

   a) la fecha en que se completen todos los trámites requeridos para la constitución en línea, incluida la recepción de todos los documentos e información, que cumplan con el Derecho nacional, por parte de una autoridad o una persona o un organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la constitución de una sociedad;
   b) la fecha del pago de una tasa de registro, el pago en efectivo del capital social o la suscripción del capital mediante una contribución en especie, según lo dispuesto en el Derecho nacional.

Cuando no sea posible completar el procedimiento dentro de los plazos señalados en el presente apartado, los Estados miembros velarán por que se notifiquen ▌ al solicitante los motivos del retraso.

8.  Cuando se justifique por razón de interés público en garantizar el cumplimiento de las normas sobre capacidad jurídica y sobre el poder de los solicitantes para representar a una sociedad, cualquier autoridad o persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la constitución en línea de una sociedad, incluido el otorgamiento de la escritura de constitución, podrá solicitar la presencia física del solicitante. Los Estados miembros se asegurarán de que, en tales casos, solo pueda exigirse la presencia física de un solicitante caso por caso cuando existan motivos para sospechar que se han incumplido las normas contempladas en el apartado 3, letra a). Los Estados miembros garantizarán que cualquier otra fase del procedimiento pueda no obstante completarse en línea.

Artículo 13 nonies

Modelos para la constitución en línea de sociedades

1.  Los Estados miembros facilitarán modelos, para los tipos de sociedades enumeradas en el anexo II BIS, en los portales o sitios web de registro accesibles a través de la pasarela digital única. Los Estados miembros podrán facilitar también modelos en línea para la constitución de otros tipos de sociedades ▌.

2.  Los Estados miembros velarán por que los modelos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo puedan ser utilizados por los solicitantes como parte del procedimiento de constitución en línea a que se refiere el artículo 13 octies. Cuando dichos modelos sean utilizados por los solicitantes de conformidad con las normas a que se refiere el artículo 13 octies, apartado 4, letra a) ▌, se considerará cumplida la obligación de disponer de la escritura pública de constitución de la sociedad otorgada en debida forma, cuando no esté previsto un control preventivo, administrativo o judicial, según lo establecido en el artículo 10.

La presente Directiva no afectará a ningún requisito en virtud del Derecho nacional de otorgar las escrituras de constitución en debida forma, mientras siga siendo posible la constitución en línea a que se refiere el artículo 13 octies.

3.  Los Estados miembros facilitarán los modelos al menos en una lengua oficial de la Unión ampliamente comprendida por el mayor número posible de usuarios transfronterizos. La disponibilidad de modelos en lenguas distintas de la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate obedecerá exclusivamente a fines informativos, a menos que el Estado miembro decida que también se pueda constituir una sociedad empleando modelos en esas otras lenguas.

4.  El contenido de los modelos se regirá por el Derecho nacional.

Artículo 13 decies

Administradores inhabilitados

1.  ▌ Los Estados miembros se asegurarán de que disponen de normas sobre inhabilitación de administradores. Esas normas incluirán la posibilidad de tener en cuenta cualquier inhabilitación vigente, o información pertinente a efectos de inhabilitación, en otro Estado miembro. A efectos del presente artículo, se entenderá que los administradores incluyen, al menos, a las personas a las que se refiere el artículo 14, letra d), inciso (i).

2.  Los Estados miembros podrán exigir que las personas que soliciten convertirse en administradores declaren si tienen conocimiento de circunstancias que pudieran dar lugar a la inhabilitación en el Estado miembro de que se trate.

Los Estados miembros podrán denegar el nombramiento de una persona como administrador de una sociedad cuando esa persona se encuentre inhabilitada para el ejercicio de la función de administrador en otro Estado miembro.

3.  Los Estados miembros garantizarán que están en condiciones de responder a una solicitud de otro Estado miembro de información pertinente a efectos de inhabilitación de administradores con arreglo al Derecho del Estado miembro que responda a la solicitud.

4.   Para responder a una solicitud según lo contemplado en el apartado 3 del presente artículo, los Estados miembros adoptarán al menos las disposiciones necesarias para garantizar que están en condiciones de facilitar sin demora información sobre si una determinada persona está inhabilitada o está registrada en cualquiera de sus registros que contienen información pertinente a efectos de inhabilitación de administradores, a través del sistema a que se refiere el artículo 22. Los Estados miembros también podrán intercambiar información adicional, por ejemplo sobre el período y los motivos de la inhabilitación. Ese intercambio se regirá por el Derecho nacional.

5.  La Comisión establecerá las modalidades y los detalles técnicos para el intercambio de la información contemplada en el apartado 4 del presente artículo mediante el acto de ejecución a que se refiere el artículo 24.

6.  Los apartados 1 a 5 del presente artículo serán de aplicación mutatis mutandis cuando una sociedad presente información sobre el nombramiento de un nuevo administrador ante el registro a que se refiere el artículo 16.

6.  Los datos personales de las personas a que se refiere el presente artículo serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y el Derecho nacional a fin de permitir que la autoridad o la persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional evalúe la información necesaria relativa a la inhabilitación de una persona como administrador con el fin de prevenir comportamientos fraudulentos u otros comportamientos abusivos y de garantizar la protección de todas las personas que interactúen con sociedades o sucursales de sociedades.

Los Estados miembros velarán por que los registros a que se refiere el artículo 16, las autoridades o personas u organismos habilitados en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de los procedimientos en línea no almacenen los datos personales transmitidos a efectos del presente artículo por más tiempo del necesario y, en cualquier caso, no por más tiempo que durante el que se almacene cualquier dato personal relacionado con la constitución de una sociedad, el registro de una sucursal o la presentación de documentos por una sociedad o una sucursal.

Artículo 13 undecies

Presentación en línea de documentos y de información societarios

1.  Los Estados miembros velarán por que los documentos e información a que se refiere el artículo 14, incluida cualquier modificación posterior, puedan presentarse en línea ante el registro en el plazo previsto por el Derecho del Estado miembro en el que la sociedad esté registrada. Los Estados miembros velarán por que dicha presentación pueda completarse íntegramente en línea, sin necesidad de que los solicitantes comparezcan en persona ante cualquier autoridad ▌ o ▌ persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar la presentación en línea, a reserva de lo dispuesto en el artículo 13 ter, apartado 4, y, en su caso, el artículo 13 octies, apartado 8.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que el origen y la integridad de los documentos presentados en línea pueda verificarse electrónicamente.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que determinadas sociedades o todas ellas presenten en línea todos o algunos de los documentos e información a que se refiere el apartado 1.

4.  El artículo 13 octies, apartados 2 a 5, se aplicarán mutatis mutandis a la presentación en línea de documentos e información.

5.  Los Estados miembros podrán seguir permitiendo otras formas de presentación que no sean las mencionadas en el apartado 1, incluso por medios electrónicos o en papel, por parte de sociedades, notarios u otras personas u organismos habilitados en virtud del Derecho nacional para tratar esas formas de presentación.».

"

6)  El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 16

Publicidad en el registro

1.  En cada Estado miembro se abrirá un expediente, en un registro central, mercantil o de sociedades (en lo sucesivo, el «registro»), para cada una de las sociedades registradas en él.

Los Estados miembros velarán por que se asigne a las sociedades un identificador único europeo ("EUID"), según lo contemplado en el punto 8 del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión(13), que permita identificarlas inequívocamente en las comunicaciones entre los registros a través del sistema de interconexión de registros establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 (en lo sucesivo, "sistema de interconexión de registros"). Dicho código identificativo único incluirá, al menos, los elementos que permitan la identificación del Estado miembro del registro, el registro nacional de origen, el número de la sociedad en ese registro y, en su caso, características distintivas para evitar errores de identificación.

2.  Todos los documentos e información que deban publicarse en virtud del artículo 14 se conservarán en el expediente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo o se inscribirán directamente en el registro, y el objeto de las anotaciones registrales se consignará en el expediente.

Todos los documentos e información a que se refiere el artículo 14, con independencia del medio a través del que se presenten, se conservarán en el expediente del registro o se inscribirán directamente en este en formato electrónico. Los Estados miembros se asegurarán de que el registro convierta a formato electrónico todos los documentos e información que se presenten en papel en el plazo más breve posible.

Los Estados miembros se asegurarán de que el registro convierta a formato electrónico los documentos e información a que se refiere el artículo 14 que hayan sido presentados en papel antes del 31 de diciembre de 2006, al recibir una solicitud de publicidad por medios electrónicos.

3.  Los Estados miembros se asegurarán de que se da publicidad a los documentos e información mencionados en el artículo 14 poniéndolos a disposición del público en el registro. Además, los Estados miembros podrán exigir también que algunos o todos los documentos e información se publiquen en el boletín nacional designado a tal efecto, o por medios igualmente efectivos. Dichos medios implicarán, al menos, el uso de un sistema mediante el cual se pueda acceder a la los documentos y la información publicada por orden cronológico a través de una plataforma electrónica central. En tales casos, el registro se asegurará de la transmisión electrónica de esos documentos e información al boletín nacional o a una plataforma electrónica central.

4.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para evitar cualquier discrepancia entre lo que figura en el registro y en el expediente.

Los Estados miembros que exijan la publicación de documentos e información en un boletín nacional o en una plataforma electrónica central adoptarán las medidas necesarias para evitar cualquier discrepancia entre aquello que sea objeto de publicidad con arreglo al apartado 3 y lo que se publique en el boletín oficial o en la plataforma.

En caso de que se produzcan discrepancias con arreglo al presente artículo, prevalecerán los documentos y la información que se pongan a disposición del público en el registro.

5.  Los documentos e información a que se refiere el artículo 14 podrán ser invocados por la sociedad frente a terceros solo después de que hayan sido publicados de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3, salvo si la sociedad demuestra que esos terceros ya tenían conocimiento de ellos.

No obstante, para las operaciones realizadas antes del decimosexto día siguiente al de su publicación, los documentos e información no serán oponibles frente a aquellos terceros que demuestren que les fue imposible haber tenido conocimiento de ellos.

Los terceros podrán valerse siempre de los documentos e información cuyas formalidades de publicidad aún no se hubieran completado, a menos que la falta de publicidad les privase de efecto.

6.  Los Estados miembros velarán por que todos los documentos e información que se presenten como parte de la constitución de una sociedad, del registro de una sucursal o de una presentación ante el registro por una sociedad o sucursal, se conserven en los registros en un formato de búsqueda y de lectura mecánica o como datos estructurados.»;

"

7)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 16 bis

Acceso a la información publicada

1.  Los Estados miembros velarán por que puedan obtenerse del registro copias de la totalidad o de parte de los documentos e información a que se refiere el artículo 14 en el momento de la solicitud y por que una solicitud pueda presentarse ante el registro en papel o por medios electrónicos.

No obstante, los Estados miembros podrán decidir que todos o determinados tipos de documentos e información presentados en papel hasta el 31 de diciembre de 2006 no puedan obtenerse en formato electrónico cuando haya transcurrido un determinado plazo entre la fecha de presentación y la fecha de solicitud. Dicho plazo no podrá ser inferior a diez años.

2.  El precio de una copia de todos o de parte de los documentos e información mencionados en el artículo 14, en papel o en formato electrónico, no podrá ser superior a su coste administrativo, incluido el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros.

3.  Las copias electrónicas y en papel entregadas a los solicitantes serán copias certificadas, a menos que el solicitante renuncie a esa certificación.

4.  Los Estados miembros velarán por que las copias y los extractos electrónicos de los documentos e información que proporcione el registro hayan sido autenticados por medio de los servicios de confianza a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 910/2014, a fin de garantizar que las copias y los extractos electrónicos han sido facilitados por el registro y que su contenido es una copia certificada del documento que consta en el registro o es coherente con la información que figura en él.».

"

8)  En el artículo 17, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición información actualizada en la que consten las disposiciones de Derecho nacional en virtud de las cuales los terceros pueden valerse de la información y cada tipo de documento a que se refiere el artículo 14, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3, 4 y 5.»;

"

9)  El artículo 18 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las copias electrónicas de los documentos e información a que se refiere el artículo 14 también se pondrán a disposición del público a través del sistema de interconexión de registros. Los Estados miembros también podrán poner a disposición del público los documentos e información a que se refiere el artículo 14 para tipos de sociedades que no sean los enumerados en el anexo II.»;

"

b)  en el apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) los documentos e información a que se refiere el artículo 14, incluidos para los tipos de sociedades que nos sean los enumerados en el anexo II, cuando dichos documentos sean puestos a disposición del público por los Estados miembros;».

"

10)  El artículo 19 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 19

Tasas aplicables a los documentos e información

1.  Las tasas cobradas por acceder a los documentos e información a que se refiere el artículo 14 a través del sistema de interconexión de registros no serán superiores a su coste administrativo, incluido el coste de desarrollo y mantenimiento de los registros.

2.  Los Estados miembros velarán por que pueda disponerse gratuitamente, a través del sistema de interconexión de registros, de al menos la información y los documentos siguientes:

   a) denominación o denominaciones y forma jurídica de la sociedad;
   b) domicilio social de la sociedad y Estado miembro en el que está registrada;
   c) número de registro de la sociedad y su EUID;
   d) detalles del sitio web de la sociedad, cuando consten en el registro nacional;
   e) estado ▌ de la sociedad, como si ha sido cerrada, suprimida del registro, disuelta, liquidada o está económicamente activa o inactiva, tal como se determine en el Derecho nacional y cuando conste esta información en los registros nacionales;
   f) objeto de la sociedad, cuando conste en el registro nacional;

   g) datos de las personas que, como órgano o como miembros de tal órgano, estén actualmente autorizadas por la sociedad para representarla en las relaciones con terceros y en los procedimientos jurídicos, y si las personas autorizadas a representar a la sociedad pueden hacerlo por sí solas o deben actuar conjuntamente;
   h) información sobre cualquier sucursal de la sociedad en otro Estado miembro, que incluya la denominación, el número de registro EUID y el Estado miembro en que esté registrada la sucursal.

3.  El intercambio de cualquier información a través del sistema de interconexión de registros será gratuito para los registros.

4.  Los Estados miembros podrán decidir que la información mencionada en las letras d) y f) estén disponibles de forma gratuita únicamente para las autoridades de otros Estados miembros.

"

11)  En el artículo 20, se suprime el apartado 3.

12)  El artículo 22 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 4, se añade el párrafo siguiente:"

«La Comisión también podrá establecer puntos de acceso opcionales al sistema de interconexión de registros. Estos puntos de acceso consistirán en sistemas desarrollados y gestionados por la Comisión o las demás instituciones, órganos u organismos de la Unión en el ejercicio de sus funciones administrativas o en cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión. La Comisión notificará a los Estados miembros, sin demoras indebidas, la constitución de dichos puntos y cualquier cambio significativo en su funcionamiento.».

"

b)  el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:"

«5. El acceso a la información del sistema de interconexión de registros se proporcionará a través del portal y de los puntos de acceso opcionales establecidos por los Estados miembros y la Comisión.».

"

13)  El artículo 24 se modifica como sigue:

a)  el punto d) se sustituye por el texto siguiente:"

«d) la especificación técnica que defina los métodos de intercambio de información entre el registro de la sociedad y el registro de la sucursal a que se refieren el artículo 20, el artículo 28 bis, apartados 4 y 6, y los artículos 28 quater, 30 bis y 34;»;

"

b)  el punto e) se sustituye por el texto siguiente:"

«e) la lista detallada de los datos que hayan de transmitirse a los fines de intercambio de información entre registros, a que se refieren los artículos 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis, 34 y 130;»;

"

c)  el punto n) se sustituye por el texto siguiente:"

«n) el procedimiento y los requisitos técnicos para la conexión de los puntos de acceso opcionales a la plataforma a que se refiere el artículo 22;»;

"

d)  se añade el punto siguiente:"

«o) las modalidades y los detalles técnicos del intercambio entre registros de la información a que se refiere el artículo 13 decies.»;

"

e)  al final del artículo se añade la frase siguiente:"

«La Comisión adoptará los actos de ejecución con arreglo a los puntos d), e), n) y o) a más tardar el... [18 meses después de la fecha de entrada en vigor].»

"

14)  En el Título I, capítulo III, sección 2, el título se sustituye por el siguiente:"

«Normas de registro y publicidad aplicables a las sucursales de sociedades de otros Estados miembros».

"

15)  en el Título I, capítulo III, sección 2, se insertan los artículos siguientes:"

«Artículo 28 bis

Registro en línea de sucursales

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que el registro en un Estado miembro de una sucursal de una sociedad que se rija por el Derecho de otro Estado miembro pueda llevarse a cabo íntegramente en línea, sin necesidad de que los solicitantes comparezcan en persona ante cualquier autoridad ▌ o cualquier ▌ persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto de la solicitud de registro de sucursales, a reserva de lo dispuesto en artículo 13 ter, apartado 4 y, mutatis mutandis, en el artículo 13 octies, apartado 8.

2.  Los Estados miembros establecerán normas detalladas para el registro en línea de sucursales, incluidas normas sobre los documentos e información que deben presentarse a una autoridad competente. En el marco de esas normas, los Estados miembros velarán por que el registro en línea pueda efectuarse mediante la presentación de información o documentos en formato electrónico, incluidas las copias electrónicas de los documentos e información mencionados en el artículo 16 bis, apartado 4.

3.  Las normas a que se refiere el apartado 2 dispondrán al menos lo siguiente:

   a) el procedimiento para garantizar que los solicitantes tienen la capacidad jurídica necesaria y el poder para representar a la sociedad;
   b) los medios para comprobar la identidad de la persona o de las personas que registran la sucursal o sus representantes.
   c) los requisitos aplicables a los solicitantes para la utilización de los servicios de confianza a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 910/2014.

4.  Las normas a que se refiere el apartado 2 también podrán disponer los procedimientos para efectuar lo siguiente:

   a) comprobación de la legalidad del objeto de la sucursal;
   b) comprobación de la legalidad de la denominación de la sucursal;
   c) verificación de la legalidad de los documentos y la información presentada para el registro de la sucursal;
   d) establecimiento de la función del notario o de cualquier otra persona u organismo implicados en el proceso de registro de una sucursal de conformidad con las disposiciones nacionales vigentes.

5.  Los Estados miembros podrán verificar la información sobre la sociedad a través del sistema de interconexión de registros al registrar una sucursal de una sociedad establecida en otro Estado miembro.

Los Estados miembros no supeditarán el registro en línea de una sucursal a la obtención previa de una licencia o autorización, a menos que esa condición sea indispensable para la supervisión adecuada, establecida en Derecho nacional, de determinadas actividades.

6.  Los Estados miembros garantizarán que el registro en línea de una sucursal se haya realizado en el plazo de diez días laborables a partir de la cumplimentación de todos los trámites, incluida la recepción de todos los documentos e información requeridos que cumplan el Derecho nacional por parte de una autoridad o de una persona o un organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar cualquier aspecto del registro de una sucursal.

Cuando no sea posible registrar una sucursal dentro de los plazos señalados en el presente apartado, los Estados miembros velarán por que se notifiquen al solicitante los motivos del retraso.

7.  Una vez registrada una sucursal de una sociedad establecida en virtud del Derecho de otro Estado miembro, el registro del Estado miembro en que esté registrada esa sucursal notificará al Estado miembro en el que esté registrada la sociedad, a través del sistema de interconexión de registros, que la sucursal ha sido registrada. El Estado miembro en el que la sociedad esté registrada acusará recibo de dicha notificación y consignará esa información en su registro sin demora.

Artículo 28 ter

Presentación en línea de documentos e información de sucursales

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los documentos y la información a que se refiere el artículo 30, o cualquier modificación de estos, puedan presentarse en línea dentro del plazo previsto por el Derecho del Estado miembro en el que esté establecida la sucursal. Los Estados miembros velarán por que dicha presentación pueda completarse íntegramente en línea, sin necesidad de que los solicitantes comparezcan en persona ante una persona u organismo habilitado en virtud del Derecho nacional para tratar la presentación en línea, a reserva de lo dispuesto en el artículo 13 ter, apartado 4, y, mutatis mutandis, en el artículo 13 octies, apartado 8.

2.  El artículo 28 bis, apartados de 2 a 5, se aplicará mutatis mutandis a la presentación en línea de documentos e información de sucursales.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que todos o algunos de los documentos e información a que se refiere el apartado 1 se presenten exclusivamente en línea.

Artículo 28 quater

Cierre de sucursales

Los Estados miembros se asegurarán de que, a la recepción de los documentos e información a que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra h), el registro del Estado miembro en el que esté registrada la sucursal de una sociedad informe, a través del sistema de interconexión de registros, al registro del Estado miembro en el que esté registrada la sociedad de que su sucursal ha sido cerrada y suprimida del registro. El registro del Estado miembro de la sociedad acusará recibo de dicha notificación, también a través de dicho sistema, y consignará la información sin demora.».

"

16)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 30 bis

Modificaciones de los documentos e información de la sociedad

1.  El Estado miembro en el que esté registrada la sociedad notificará sin demora, a través del sistema de interconexión de registros, al Estado miembro en el que esté registrada una sucursal de la sociedad, la presentación de modificaciones en relación con lo siguiente:

   a) la denominación de la sociedad,
   b) el domicilio social de la sociedad,
   c) el número de registro de la sociedad en el registro,
   d) la forma jurídica de la sociedad,
   e) los documentos e información mencionados en las letras d) y f) del artículo 14.

Una vez recibida la notificación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, el registro en que esté registrada la sucursal, a través del sistema de interconexión de registros, acusará recibo de la notificación y se asegurará de que los documentos e información mencionados en el artículo 30, apartado 1, se actualicen sin demora.».

"

17)  en el artículo 31, se añade el párrafo siguiente:"

«Los Estados miembros podrán disponer que la publicidad obligatoria de los documentos contables a que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra g), podrá considerarse efectuada mediante la publicidad en el registro del Estado miembro en el que la sociedad esté registrada, de conformidad con la letra f) del artículo 14.».

"

18)  Se suprime el artículo 43.

19)  El artículo 161 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 161

Protección de datos

El tratamiento de datos personales que se efectúe en el contexto de la presente Directiva estará sujeto a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.».

"

20)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 162 bis

Modificaciones de los anexos

Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión de cualquier modificación de los tipos de sociedades de capital establecidos en su Derecho nacional que afecte al contenido de los anexos I, II y II BIS.

Cuando un Estado miembro informe a la Comisión conforme al párrafo primero del presente artículo, la Comisión estará facultada para adaptar mediante actos delegados de conformidad con el artículo 163 la lista de los tipos de sociedades enumeradas en los anexos I, II y II BIS en consonancia con la información a que se refiere el párrafo primero del presente artículo.»:

"

21)  El artículo 163 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 163

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 25, apartado 3, y el artículo 162 bis se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del ... [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 25, apartado 3, y el artículo 162 bis podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 25, apartado 3, o del artículo 162 bis entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.»

"

22)  En el anexo I, el vigésimo séptimo guion se sustituye por el texto siguiente:"

«— Suecia:

publikt aktiebolag;».

"

23)  En el anexo II, el vigésimo séptimo guion se sustituye por el texto siguiente:"

«— Suecia:

privat aktiebolag

publikt aktiebolag;».

"

24)  Se inserta un anexo II BIS cuyo texto figura en el anexo de la presente Directiva.

Artículo 2

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el... [dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa]. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1, punto 5 de la presente Directiva, en lo que atañe al artículo 13 decies y al artículo 13 undecies, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/1132, y a lo dispuesto en el artículo 1, punto 6, de la presente Directiva, en lo que atañe al artículo 16, apartado 6, de la Directiva (UE) 2017/1132, a más tardar... [ cuatro años después de la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

3.  Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros que experimenten especiales dificultades para transponer la presente Directiva podrán acogerse a una prórroga del plazo previsto en el apartado 1 de como máximo un año. Aducirán razones objetivas que justifiquen la necesidad de dicha prórroga. Los Estados miembros notificarán a la Comisión su intención de hacer uso de dicha prórroga a más tardar el ... [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

4.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

5.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Informes, revisión y recogida de datos

1.  A más tardar el... [cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], o si un Estado miembro hace uso de la excepción prevista en el artículo 2, apartado 3, a más tardar el... [ seis años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa], la Comisión llevará a cabo una evaluación de las disposiciones introducidas por la presente Directiva en la Directiva (UE) 2017/1132 y presentará un informe sobre sus conclusiones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, excepto en lo que respecta a las disposiciones a que se refiere el artículo 2, apartado 2, para las que dicha evaluación se llevará a cabo y dicho informe se presentará a más tardar el... [ siete años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva modificativa].

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la elaboración de los informes, a saber, datos sobre el número de registros en línea y los costes conexos.

2.  El informe de la Comisión evaluará, entre otros, los elementos siguientes:

a)  la ▌ viabilidad de establecer un registro íntegramente en línea de tipos de sociedades que no sean los enumerados en el anexo II BIS;

b)  la ▌ viabilidad de que los Estados miembros proporcionen modelos para todos los tipos de sociedades de capital y la necesidad y la viabilidad de facilitar un modelo armonizado en toda la Unión para su uso por todos los Estados miembros para los tipos de sociedades enumerados en el anexo II BIS;

c)  la experiencia práctica adquirida con la aplicación de las normas relativas a la inhabilitación de los administradores a que se refiere el artículo 13 decies;

d)  los métodos presentación en línea de documentos e información y de acceso en línea, incluido el uso de interfaces de programación de aplicaciones;

e)  la necesidad y la viabilidad de facilitar más información gratuita de la exigida en el artículo 19, apartado 2, y de garantizar un acceso sin trabas a dicha información;

f)  la necesidad y la viabilidad de una aplicación más extensa del principio de «solo una vez».

3.  El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación de la Directiva (UE) 2017/1132.

4.  A fin de proporcionar una evaluación fiable de la las disposiciones introducidas por la presente Directiva en la Directiva (UE) 2017/1132, los Estados miembros recopilarán datos sobre la forma en que la constitución en línea está funcionando en la práctica. Normalmente, esta información debe incluir el número de constituciones en línea, el número de casos en que se utilizaron modelos o en que se exigió la presencia física y la duración y los costes medios de las constituciones en línea. Notificarán esta información a la Comisión dos veces, a más tardar dos años después de la fecha de transposición.

Artículo 4

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 5

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en …,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

«ANEXO II BIS

TIPOS DE SOCIEDADES A LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 13, 13 septies, 13 octies, 13 nonies y 162 bis

—  Bélgica:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle/Eenpersoons besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

—  Bulgaria:

дружество с ограничена отговорност;

еднолично дружество с ограничена отговорност.

—  República Checa:

společnost s ručením omezeným.

—  Dinamarca:

Anpartsselskab.

—  Alemania:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Iværksætterselskab.

—  Estonia:

osaühing,

—  Irlanda:

private company limited by shares or by guarantee/cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna nó ráthaíochta;

designated activity company/cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe;

—  Grecia:

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;

ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

—  España:

sociedad de responsabilidad limitada;

—  Francia:

société à responsabilité limitée;

entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée;

société par actions simplifiée;

société par actions simplifiée unipersonnelle.

—  Croacia:

društvo s ograničenom odgovornošću;

jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću.

—  Italia:

società a responsabilità limitata;

società a responsabilità limitata semplificata.

—  Chipre:

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή/και με εγγύηση.

—  Letonia:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

—  Lituania:

uždaroji akcinė bendrovė.

—  Luxemburgo:

société à responsabilité limitée.

—  Hungría:

Korlátolt felelősségű társaság.

—  Malta:

private limited liability company/kumpannija private.

—  Países Bajos:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

—  Austria:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Iværksætterselskab.

—  Polonia:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

—  Portugal:

sociedade por quotas.

—  Rumanía:

societate cu răspundere limitată.

—  Eslovenia:

družba z omejeno odgovornostjo.

—  Eslovaquia:

spoločnosť s ručením obmedzeným.

—  Finlandia:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag.

—  Suecia:

privat aktiebolag.

—  Reino Unido:

private limited by shares or guarantee.»

(1) DO C 62 de 15.2.2019, p. 24.
(2)DO C 62 de 15.2.2019, p. 24.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019.
(4)Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
(5) Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
(6) Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 (DO L 295 de 21.11.2018, p. 1).
(7) Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (DO L 257 de 28.8.2014, p. 73).
(8)DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.
(9)Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(10) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
(11)Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(12)DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(13) Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión, de 8 de junio de 2015, por el que se establecen especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de registros establecido por la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 144 de 10.6.2015, p. 1).


Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas ***I
PDF 420kWORD 121k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))
P8_TA-PROV(2019)0429A8-0002/2019

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0241),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 50, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0167/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de marzo de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0002/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas(2)

P8_TC1-COD(2018)0114


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 50, apartados 1 y 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (codificación)(5) regula las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Tales normas representan un hito en la mejora del funcionamiento del mercado único para las sociedades y empresas y para el ejercicio de la libertad de establecimiento. Sin embargo, la evaluación de estas normas demuestra la necesidad de introducir modificaciones en las normas sobre las fusiones transfronterizas. Además, conviene establecer normas que regulen las transformaciones y escisiones transfronterizas, puesto que la Directiva (UE) 2017/1132 contiene únicamente normas relativas a las escisiones nacionales de sociedades anónimas.

(2)  La libertad de establecimiento constituye uno de los principios fundamentales del Derecho de la Unión. Con arreglo al párrafo segundo del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), leído conjuntamente con el artículo 54 del TFUE, la libertad de establecimiento para las sociedades o empresas comprende, entre otros, el derecho a establecer y gestionar tales sociedades o empresas conforme a las condiciones dispuestas en la legislación del Estado miembro de establecimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que este derecho abarca el derecho de una sociedad o empresa constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro a transformarse en una sociedad o empresa regida por la legislación de otro Estado miembro, siempre que se satisfagan las condiciones establecidas por la legislación de ese otro Estado miembro y, en particular, que se supere la prueba adoptada por este último Estado para determinar la conexión de una sociedad o empresa con su ordenamiento jurídico nacional.

(3)  En ausencia de una armonización del Derecho de la Unión, la definición del factor de conexión que determina la ley nacional aplicable a una sociedad o empresa es, de conformidad con el artículo 54 del TFUE, competencia de cada Estado miembro. El artículo 54 del TFUE pone en pie de igualdad los factores de conexión de la sede social, la administración central y el centro de actividad principal de la sociedad o empresa. Por consiguiente, como aclara la jurisprudencia, ▌el hecho de que solo se traslade la sede social (y no la administración central o el centro de actividad principal) no excluye en sí la aplicabilidad de la libertad de establecimiento conforme al artículo 49 del TFUE. ▌

(4)  Estas novedades en la jurisprudencia han abierto nuevas oportunidades para las sociedades ▌en el mercado único con el fin de fomentar el crecimiento económico, la competencia efectiva y la productividad. Al mismo tiempo, el objetivo de un mercado único sin fronteras interiores para las empresas debe conciliarse asimismo con otros objetivos de la integración europea, como la protección social, establecida en el artículo 3 del TUE y el artículo 9 del TFUE, y la promoción del diálogo social, establecida en los artículos 151 y 152 del TFUE. El derecho de las sociedades a realizar transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas debe ir de la mano y estar debidamente equilibrado con la protección de los empleados, los acreedores y los socios.

(5)  La ausencia de un marco jurídico sobre transformaciones y escisiones transfronterizas da lugar a una fragmentación legal y a una inseguridad jurídica y, por tanto, a la existencia de barreras al ejercicio de la libertad de establecimiento. También conduce a una protección de los trabajadores, los acreedores y los socios minoritarios en el mercado único que dista de ser óptima.

(6)  El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento a la Comisión para que adopte normas armonizadas sobre las transformaciones y escisiones transfronterizas. Un marco jurídico armonizado contribuiría adicionalmente a la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento, proporcionando al mismo tiempo una protección adecuada ▌a las partes interesadas, como son los trabajadores, los acreedores y los socios.

(7)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las facultades de los Estados miembros para proporcionar una mayor protección a los trabajadores, de conformidad con el acervo social existente.

(8)  La realización de una transformación transfronteriza conlleva para una sociedad un cambio de forma jurídica, sin perder su personalidad jurídica. Sin embargo, ni una transformación transfronteriza ni una fusión o escisión transfronteriza deben dar lugar a la elusión de los requisitos de constitución en el Estado miembro ▌en el que la sociedad debe registrarse tras la operación. Las sociedades han de respetar plenamente tales condiciones, incluidos los requisitos de que la sede principal se encuentre en el Estado miembro de destino y los relativos a la inhabilitación de los administradores. No obstante, en el caso de las transformaciones transfronterizas, la aplicación de dichas condiciones por el Estado miembro de destino no puede afectar a la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad transformada. ▌

(9)  La presente Directiva no debe aplicarse a las sociedades en liquidación que hayan comenzado el reparto de sus activos. Además, los Estados miembros pueden optar asimismo por excluir a sociedades incursas en otros procedimientos de liquidación. Los Estados miembros deben poder decidir también no aplicar la presente Directiva a sociedades que sean objeto de procedimientos de insolvencia, según se definan en su Derecho nacional, o de marcos de reestructuración preventiva, según se definan en su Derecho nacional, con independencia de que dichos procedimientos formen parte de un marco nacional de insolvencia o estén regulados al margen de dicho marco, y a sociedades que sean objeto de medidas de prevención de crisis en el sentido de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(6).

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.

(10)   Dada la complejidad de las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (denominadas, en adelante, «operaciones transfronterizas») y la multitud de intereses en juego, conviene, con el fin de generar seguridad jurídica, disponer un control de la legalidad de la operación transfronteriza en cuestión antes de que surta efecto. A tal fin, ▌las autoridades competentes de los Estados miembros ▌afectados deben velar por que las decisiones sobre la aprobación de una operación transfronteriza se adopten de manera justa, objetiva y no discriminatoria, sobre la base de todos los elementos pertinentes exigidos por la legislación nacional y de la Unión.

(11)   Para que los intereses legítimos de todas las partes interesadas se tengan en cuenta en los procedimientos que rigen una operación transfronteriza, la sociedad debe elaborar y publicar el proyecto de la operación propuesta, en el que figurará la información más importante al respecto. El órgano de administración o de dirección debe, cuando así esté previsto en la legislación nacional o con arreglo a la práctica nacional, incluir en la decisión relativa al proyecto de la operación transfronteriza a los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección. Dicha información debe incluir al menos la forma jurídica prevista de la sociedad o las sociedades, el instrumento de constitución, los estatutos, si procede, el calendario indicativo propuesto para la operación y los detalles de las garantías ofrecidas a los socios y los acreedores. Debe publicarse en el registro mercantil una notificación en la que se informe a los socios, los acreedores y los representantes de los trabajadores de la sociedad o, en ausencia de tales representantes, a los propios trabajadores de que pueden formular sus observaciones sobre la operación propuesta. Los Estados miembro pueden decidir también que se publique el informe pericial independiente.

(12)  La sociedad que lleve a cabo la operación transfronteriza ha de elaborar un informe para informar a sus socios y trabajadores. El informe debe explicar y justificar los aspectos jurídicos y económicos de la operación transfronteriza propuesta y ▌las consecuencias de tal operación para los trabajadores. En particular, conviene que el informe explique las consecuencias de la operación transfronteriza en lo que respecta a la actividad futura de la sociedad, incluidas sus filiales. En lo que atañe a los socios, el informe debe indicar, en particular, los posibles recursos a su disposición, y en especial información sobre su derecho de separación. Por lo que respecta a los trabajadores, en el informe deben explicarse asimismo, concretamente, las consecuencias de la operación transfronteriza propuesta para su situación laboral. En particular, es preciso aclarar en el informe si se produciría algún cambio sustancial en las condiciones de empleo legalmente establecidas, los convenios colectivos y los convenios colectivos transnacionales y en las ubicaciones de los lugares de actividad de las sociedades, como la ubicación de la sede de la sociedad, así como facilitar información sobre el órgano de dirección y, cuando proceda, el personal, los equipos, los locales y los bienes antes y después de la operación transfronteriza, sobre los cambios probables en la organización del trabajo, los salarios, la ubicación de determinados puestos y las consecuencias esperadas para los trabajadores que los ocupan, y sobre el diálogo social a escala de la sociedad, incluida, cuando proceda, la representación de los trabajadores en el órgano de dirección. Debe explicarse además el modo en que esos cambios afectarían a las filiales de la sociedad. En cualquier caso, este requisito no se debe aplicar cuando los únicos trabajadores de la sociedad sean los que forman parte de su órgano administrativo. Por otra parte, al objeto de mejorar la protección ofrecida a los trabajadores, estos o sus representantes deben poder expresar su opinión sobre el informe en el que se expone cómo les afectaría la operación transfronteriza. La provisión del informe y la posibilidad de expresar una opinión al respecto debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional, incluidos los instituidos tras la aplicación de las Directivas 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) y 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8). El informe, o los informes en caso de que se publiquen por separado, deben ponerse a disposición de los socios y los representantes de los trabajadores de la sociedad que realice la transformación transfronteriza o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores.

(13)  Conviene que un perito que sea independiente de la sociedad examine el proyecto de la operación transfronteriza, la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad a los socios que deseen separarse de ella y, cuando proceda, la relación de canje de las acciones, incluido el importe del eventual pago en efectivo complementario que figure en el proyecto. Por lo que respecta a la independencia del perito, los Estados miembros han de tener en cuenta los principios establecidos en los artículos 22 y 22 ter de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9).

(14)  La información divulgada por la sociedad debe ser exhaustiva y permitir a los interesados valorar las consecuencias de la operación transfronteriza prevista. No obstante, las sociedades no deben tener la obligación de publicar información confidencial cuya divulgación pueda ir en detrimento de su posición comercial de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión. La no divulgación de tal información no debe ir en detrimento de los demás requisitos previstos en la presente Directiva.

(15)  Sobre la base del proyecto ▌y de los informes, la junta general de la sociedad o las sociedades debe decidir si procede aprobar o no tal proyecto y las modificaciones que sea preciso introducir en el instrumento de constitución, incluidos los estatutos. Es importante que la mayoría exigida en tal votación sea lo suficientemente amplia para garantizar que la decisión ▌se base en una sólida mayoría. Además, a los socios también debe asistirles el derecho a votar sobre los regímenes de participación de los trabajadores, siempre que se hayan reservado tal derecho en la junta general.

(16)  Como consecuencia de una operación transfronteriza, los socios se enfrentan a menudo a un cambio en la legislación aplicable a sus derechos, al convertirse en socios de una sociedad que se rige por una legislación nacional distinta de la que se aplicaba a la sociedad antes de la operación. Por consiguiente, los Estados miembros deben, al menos, otorgar a aquellos socios titulares de acciones con derecho de voto y que hayan votado en contra de la aprobación del proyecto el derecho a separarse de la sociedad y recibir una compensación en efectivo por sus acciones equivalente al valor de estas. No obstante, los Estados miembros pueden decidir otorgar este derecho también a otros socios, por ejemplo a socios titulares de acciones sin derecho de voto, a socios que, como consecuencia de una escisión transfronteriza, adquirirían acciones de la sociedad en proporciones diferentes de las que tenían antes de la operación, o a socios para quienes la operación no conllevaría cambios en la legislación aplicable pero sí en algunos de sus derechos. La presente Directiva no debe afectar a las normas nacionales relativas a la validez de contratos de venta y transferencia de acciones de sociedades ni a los requisitos específicos de la forma jurídica. Por ejemplo, los Estados miembros deben poder exigir una escritura pública o una legitimación de firmas.

(17)  Las sociedades, en la medida de lo posible, deben poder calcular de manera aproximada los costes relacionados con la operación transfronteriza. Por tanto, es preciso exigir a los socios que declaren a la sociedad si piensan ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Esto debe entenderse sin perjuicio de los requisitos formales que establezca la legislación nacional. Conviene exigir también a los socios que indiquen, al efectuar dicha declaración o en un plazo determinado, si tienen intención de impugnar la compensación en efectivo ofrecida y exigir una compensación en efectivo adicional.

(18)  El cálculo de la oferta de compensación en efectivo debe basarse en métodos de valoración generalmente aceptados. Los socios deben tener derecho a impugnar el cálculo y cuestionar la idoneidad de la compensación en efectivo ante una autoridad administrativa o judicial competente o un órgano designado en virtud de la legislación nacional, como un tribunal de arbitraje. Los Estados miembros deben poder disponer que los socios que hayan ejercido su derecho a enajenar sus acciones tengan derecho a participar en el procedimiento y deben poder establecer plazos para ello en su Derecho nacional.

(19)  En caso de fusión o escisión transnacional, los socios que no tenían o no hayan ejercido el derecho a separarse de la sociedad deben tener derecho, no obstante, a impugnar la relación de canje de las acciones. Al valorar la idoneidad de la relación de canje de las acciones, la autoridad administrativa o judicial competente o el órgano designado en virtud de la legislación nacional deben tener en cuenta también el importe de cualquier pago en efectivo complementario incluido en el proyecto.

(20)   ▌ Además, para proteger a los acreedores frente al riesgo de insolvencia tras una operación transfronteriza, debe permitirse a los Estados miembros que exijan a la sociedad o las sociedades ▌que hagan una declaración de solvencia en la que conste que no conocen ningún motivo por el que la sociedad o las sociedades resultantes de la operación transfronteriza no puedan atender sus obligaciones. En tales circunstancias, los Estados miembros deben poder hacer a los miembros del órgano de dirección personalmente responsables de la exactitud de tal declaración. Dado que las tradiciones jurídicas varían entre los Estados miembros en lo que respecta al uso de las declaraciones de solvencia y sus posibles consecuencias, debe corresponder a los Estados miembros determinar las consecuencias apropiadas de la provisión de declaraciones falsas o engañosas, incluidas las sanciones y responsabilidades efectivas y proporcionadas de conformidad con el Derecho de la Unión.

(21)  Con el fin de garantizar la protección adecuada de los acreedores en los casos en los que estos no estén satisfechos con la protección ofrecida por la sociedad en el proyecto y no hayan podido llegar a una solución satisfactoria con la sociedad, los acreedores que lo hayan notificado previamente a la sociedad deben poder solicitar garantías a la autoridad ▌competente. Al valorar estas garantías, la autoridad correspondiente ha de tener en cuenta si el crédito del acreedor contra la sociedad o contra un ▌tercero tiene un valor al menos equivalente y una calidad crediticia proporcional a los que tenía antes de la operación transfronteriza y si puede someterse a la misma jurisdicción ▌.

(22)  Los Estados miembros deben garantizar que los acreedores que se hubiesen vinculado a la sociedad antes de que esta hiciese pública su intención de llevar a cabo una operación transfronteriza reciban una protección adecuada. Así, además de las normas generales previstas en el Reglamento Bruselas I bis, los Estados miembros deben disponer que esos acreedores tengan la opción de iniciar acciones judiciales en el Estado miembro de origen durante un período de dos años tras la publicación del proyecto de la transformación transfronteriza. Una vez publicado el proyecto, los acreedores han de poder tener en cuenta las posibles repercusiones del cambio de jurisdicción y de la legislación aplicable como consecuencia de la operación transfronteriza. Entre los acreedores de una sociedad que es necesario proteger pueden figurar asimismo los trabajadores y extrabajadores de la sociedad con derechos de pensión de empleo consolidados y las personas que perciban prestaciones de un plan de pensiones de empleo. Además, la medida de protección de dos años contemplada en la presente Directiva en lo que se refiere a la jurisdicción a la que pueden someterse los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación se entiende sin perjuicio del plazo de prescripción de las acciones judiciales que determine la legislación nacional.

(23)  Es importante garantizar que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en el contexto de las operaciones transfronterizas. La información y la consulta de los trabajadores en este contexto deben llevarse a cabo de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE, y de conformidad con la Directiva 2001/23/CE del Consejo(10), cuando la fusión o escisión transfronteriza se considere un traspaso de empresa a efectos de dicha Directiva. La presente Directiva no afecta a la Directiva 2009/38/CE, la Directiva 98/59/CE del Consejo, la Directiva 2001/23/CE y la Directiva 2002/14/CE. No obstante, dado que la presente Directiva establece un procedimiento armonizado para las operaciones transfronterizas, conviene precisar, en particular, el plazo en el cual se debe informar y consultar a los trabajadores en relación con la operación transfronteriza.

(24)  La representación de los trabajadores prevista en la legislación nacional o con arreglo a la práctica nacional, cuando proceda, debe incluir asimismo los órganos pertinentes establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, si los hubiere, tales como los comités de empresa europeos constituidos de conformidad con la Directiva 2009/38/CE y el órgano de representación constituido de conformidad con la Directiva 2001/86/CE del Consejo(11).

(25)  De conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/14/CE, los Estados miembros han de velar por que los representantes de los trabajadores gocen, en el ejercicio de sus funciones, de la protección y las garantías suficientes que les permitan realizar de manera adecuada las tareas que les hayan sido encomendadas.

(26)  A fin de realizar un análisis del informe, es preciso que la sociedad que lleve a cabo la operación transfronteriza proporcione a los representantes de los trabajadores los recursos necesarios que les permitan ejercer de manera adecuada los derechos derivados de la presente Directiva.

(27)   Para garantizar que la participación de los empleados no se menoscabe indebidamente como consecuencia de la operación transfronteriza, cuando la sociedad que realice tal operación haya aplicado un sistema de participación de los trabajadores, la sociedad o las sociedades resultantes de la operación transfronteriza deben estar obligadas a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de tal participación, también mediante la presencia de los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección o supervisión pertinentes de la sociedad o las sociedades. Además, en tal caso, cuando se entable una negociación de buena fe entre la sociedad y sus trabajadores, esta debe llevarse a cabo con arreglo al procedimiento previsto en la Directiva 2001/86/CE, con vistas a encontrar una solución amistosa que concilie el derecho de la sociedad a efectuar una operación transfronteriza con los derechos de participación de los trabajadores. Como resultado de tales negociaciones, debe encontrarse una solución acordada a medida o bien, en ausencia de acuerdo, aplicarse las normas estándar dispuestas en el Anexo a la Directiva 2001/86/CE, mutatis mutandis. Con el fin de proteger la solución convenida o la aplicación de las normas estándar, la sociedad no debe poder suprimir los derechos de participación mediante la realización de transformaciones, fusiones o escisiones nacionales o transfronterizas ulteriores en el plazo de cuatro años.

(28)  Con el fin de impedir la elusión de los derechos de participación de los trabajadores mediante una operación transfronteriza, la sociedad o las sociedades que lleven a cabo la operación transfronteriza y estén registradas en un Estado miembro que otorgue tales derechos de participación de los trabajadores no deben poder efectuar una operación transfronteriza sin entablar antes negociaciones con los trabajadores o sus representantes cuando el número medio de trabajadores empleados por la sociedad sea equivalente a los cuatro quintos del umbral nacional establecido para la participación de los trabajadores.

(29)  La participación de todas las partes interesadas, en particular de los trabajadores, contribuye a que las sociedades adopten un enfoque sostenible y a largo plazo en todo el mercado único. A este respecto, es importante proteger y promover los derechos de participación de los empleados en los órganos de dirección de las sociedades, en particular cuando estas efectúan traslados o reestructuraciones transfronterizos. Por consiguiente, resulta esencial que las negociaciones sobre los derechos de participación en el contexto de las operaciones transfronterizas lleguen a buen puerto, y es algo que debería fomentarse.

(30)   Para garantizar una asignación adecuada de tareas entre los Estados miembros y un control ex ante eficiente y eficaz de las operaciones transfronterizas, ▌las autoridades competentes de los Estados miembros de la sociedad o las sociedades que llevan a cabo la operación transfronteriza deben estar facultadas para expedir un certificado previo a la transformación, fusión o escisión (denominado, en adelante, «certificado previo a la operación»). Sin dicho certificado, las autoridades competentes de los Estados miembros de la sociedad transformada o de la sociedad o las sociedades que resulten de la operación transfronteriza no deben poder completar los procedimientos de la operación transfronteriza.

(31)  A fin de emitir el certificado previo a la operación, los Estados miembros de la sociedad o las sociedades que lleven a cabo la operación transfronteriza han de designar, con arreglo al Derecho nacional, una o varias autoridades competentes para controlar la legalidad de la operación. La autoridad o las autoridades competentes pueden ser órganos jurisdiccionales, notarios u otras autoridades, una autoridad fiscal o una autoridad en el ámbito de los servicios financieros. En caso de que exista más de una autoridad competente, conviene que la sociedad pueda solicitar el certificado previo a la operación a una única autoridad, designada por el Estado miembro en cuestión, y que esta se coordine con las demás autoridades competentes. La autoridad o las autoridades competentes deben evaluar el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta finalización de todos los procedimientos y trámites en ese Estado miembro y decidir, en un plazo de tres meses tras la solicitud de la sociedad, si expiden el certificado previo a la operación, a menos que tengan sospechas graves de que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, y el examen requiera tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales.

(32)  En ciertas circunstancias, el derecho de las sociedades a llevar a cabo una operación transfronteriza puede utilizarse con fines abusivos o fraudulentos, como la elusión de los derechos de los empleados, de pagos a la seguridad social o de obligaciones fiscales, o con fines delictivos. En particular, es importante luchar contra las sociedades «fantasma» o «pantalla» creadas con el propósito de sustraerse al Derecho nacional o de la Unión, eludirlo o infringirlo. Si la autoridad competente, en el transcurso del control de la legalidad que efectúe, tiene conocimiento, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes, de que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, no debe autorizar la operación. El procedimiento pertinente, incluida cualquier evaluación detallada, debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación nacional. En tal caso, la autoridad competente puede ampliar la evaluación por un máximo de tres meses más.

(33)  Si la autoridad competente tiene sospechas graves de que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos, debe tomar en consideración en su evaluación todos los hechos y circunstancias pertinentes y tener en cuenta como mínimo, según corresponda, factores indicativos relativos a las características del establecimiento en el Estado miembro en el que la sociedad o las sociedades deben registrarse después de la operación transfronteriza, incluidos el objeto de la operación, el sector, la inversión, la facturación neta y las pérdidas o ganancias, el número de trabajadores, la composición del balance, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, los equipos, los titulares reales de la sociedad, el lugar de trabajo habitual de los trabajadores y de grupos específicos de estos, el lugar en el que deben abonarse las cotizaciones sociales, el número de trabajadores desplazados el año anterior a la transformación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(12) y de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(13), y el número de trabajadores empleados simultáneamente en más de un Estado miembro en el sentido del Reglamento (CE) n.º 883/2004, y los riesgos mercantiles asumidos por la sociedad o las sociedades antes y después de la operación transfronteriza. Han de tenerse en cuenta en la evaluación, asimismo, los hechos y circunstancias pertinentes relacionados con los derechos de participación de los trabajadores, en particular por lo que se refiere a las negociaciones sobre dichos derechos cuando dichas negociaciones hayan sido activadas por cuatro quintos del umbral nacional aplicable. Todos esos elementos deben considerarse únicamente factores indicativos en la evaluación global y, por lo tanto, no pueden examinarse de forma aislada. La autoridad competente puede considerar un indicio de que no existen circunstancias conducentes a abuso o fraude el hecho de que, a raíz de la operación transfronteriza, el centro de administración efectiva o de actividad económica de la sociedad quede situado en el Estado miembro en el que la sociedad o las sociedades deban registrarse tras la operación transfronteriza.

(34)  La autoridad competente debe también poder obtener de la sociedad que efectúe la operación transfronteriza o de otras autoridades competentes, incluidas las del Estado miembro de destino, toda la información y los documentos pertinentes para llevar a cabo el control de la legalidad dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. Los Estados miembros deben poder estipular las posibles consecuencias que los procedimientos iniciados por los socios y los acreedores con arreglo a la presente Directiva tendrán para la expedición del certificado previo a la operación.

(35)  Para llevar a cabo la evaluación de la solicitud presentada por la sociedad a fin de obtener el certificado previo a la operación, la autoridad competente puede recurrir a un perito independiente. Los Estados miembros deben establecer normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual este actúe sea independiente de la sociedad que solicite el certificado previo a la operación. El experto o los expertos deben ser nombrados por la autoridad competente y no tener ningún vínculo pasado o actual con la sociedad en cuestión que pueda afectar a su independencia.

(36)  Para garantizar que la sociedad que efectúa la operación transfronteriza no cause ningún perjuicio a sus acreedores, la autoridad competente debe poder comprobar, en particular, si la sociedad ha cumplido sus obligaciones frente a sus acreedores públicos o si dispone de garantías suficientes en relación con cualesquiera obligaciones que tenga pendientes. En particular, la autoridad competente también debe poder comprobar si la sociedad es objeto de algún procedimiento judicial en curso debido a infracciones de la legislación social, laboral o ambiental que pueda dar lugar a obligaciones adicionales para la sociedad, también frente a ciudadanos y entidades privadas.

(37)  Es preciso que los Estados miembros prevean garantías procesales en consonancia con los principios generales de acceso a la justicia, en particular la posibilidad de recurrir las decisiones de las autoridades competentes en los procedimientos relativos a las operaciones transfronterizas, o la posibilidad de retrasar la vigencia del certificado para permitir que las partes emprendan las acciones pertinentes ante el órgano jurisdiccional competente y tengan la posibilidad de obtener, en su caso, medidas cautelares.

(38)   Tras recibir el certificado previo a la operación y comprobar el cumplimiento de los requisitos legales del Estado miembro ▌en el que debe registrarse la sociedad tras la operación, en particular si la transacción constituye una elusión de la legislación nacional o de la Unión, las autoridades competentes ▌deben inscribir la sociedad en el registro mercantil de dicho Estado miembro. Solo después de esta inscripción debe suprimirla de su registro la autoridad competente del Estado miembro en el que estaban inscritas la sociedad o las sociedades que efectúen la operación transfronteriza. Las autoridades competentes del Estado miembro ▌en el que debe registrarse la sociedad tras la operación transfronteriza no pueden poner en cuestión la ▌información facilitada en el certificado previo a la operación. ▌

(39)  Los Estados miembros han de velar por que la tramitación de ciertas fases del procedimiento, a saber, la divulgación del proyecto, la solicitud del certificado previo a la transformación, la fusión o la escisión («el certificado previo a la operación») y la presentación por el Estado miembro de destino de cualesquiera información y documentos necesarios para el control de la legalidad de la transformación, la fusión o la escisión transfronteriza, pueda efectuarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente de los Estados miembros. Deben aplicarse, según proceda, las normas relativas a la utilización de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades, incluidas las salvaguardias pertinentes. La autoridad competente debe estar en condiciones de recibir por medios electrónicos la solicitud del certificado previo a la transformación, incluidos cualesquiera información y documentos que se transmitan, salvo en casos excepcionales en los que ello le resulte técnicamente imposible.

(40)  Con el fin de reducir los costes, la duración de los procedimientos y la carga administrativa para las empresas, conviene que los Estados miembros apliquen el principio de «solo una vez» en materia de Derecho de sociedades, consistente en no pedir a las empresas que presenten la misma información a las autoridades públicas más de una vez. Por ejemplo, las empresas no deben tener que presentar la misma información al registro nacional y al boletín nacional.

(41)  Como consecuencia de la transformación transfronteriza, la sociedad transformada debe conservar su personalidad jurídica, sus activos y pasivos y todos sus derechos y obligaciones, incluidos los derivados de contratos, actos u omisiones. En particular, la sociedad debe respetar los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo o de las relaciones laborales, incluidas las condiciones acordadas en cualquier convenio colectivo.

(42)   Con el fin de garantizar un nivel apropiado de transparencia y el uso de herramientas y procesos digitales, los certificados previos a la operación expedidos por las autoridades competentes de los distintos Estados miembros ▌deben intercambiarse a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles y ponerse a disposición del público. De conformidad con el principio general en el que se inspira la presente Directiva, dicho intercambio de información debe ser siempre gratuito.

(43)  Para mejorar la transparencia de las operaciones transfronterizas, es importante que los registros de los Estados miembros interesados contengan la información relativa a las sociedades que participen en la operación transfronteriza que figure en otros registros y que sea necesaria para conocer la trayectoria de esas sociedades. En particular, el expediente de la sociedad en el registro en el que esta figuraba antes de la operación transfronteriza debe contener el nuevo número de registro asignado a dicha sociedad tras la operación transfronteriza. Del mismo modo, el expediente de la sociedad en el registro en el que esta figure después de la operación transfronteriza debe contener el número de registro original asignado a dicha sociedad antes de la operación transfronteriza.

(44)  Por lo que respecta a las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas, la Comisión, en su Comunicación titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», ▌anunció que evaluaría la necesidad de actualizar dichas normas ▌con el fin de facilitar a las pymes la elección de su estrategia empresarial preferida y de adaptarse mejor a los cambios en las condiciones del mercado, procurando al mismo tiempo no debilitar la protección del empleo. En su Comunicación titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 - Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad», la Comisión anunció una iniciativa para facilitar la ejecución de las fusiones transfronterizas.

(45)   ▌ La falta de armonización de las garantías para los socios ▌se considera un obstáculo para las operaciones transfronterizas. Las sociedades y sus socios se enfrentan a una gran variedad de formas de protección, lo que genera complejidad e inseguridad jurídica. A los socios ▌ se les debe ofrecer, por consiguiente, el mismo nivel mínimo de protección, con independencia del Estado miembro en el que se halle la sociedad ▌. Debe permitirse, por tanto, que los Estados miembros mantengan o introduzcan normas de protección adicionales para los socios, siempre que estas no entren en conflicto con las normas previstas en la presente Directiva o con la libertad de establecimiento. Dichas normas no deben afectar a los derechos individuales de los socios.

(46)   Tras una operación transfronteriza, los antiguos acreedores de la sociedad o las sociedades que efectúan la operación pueden encontrarse con que su crédito se vea afectado ▌cuando la sociedad ▌que sea responsable de la deuda pase a estar regulada posteriormente por la legislación de otro Estado miembro. En la actualidad, las normas sobre protección de los acreedores varían entre los distintos Estados miembros, lo que añade una significativa complejidad al proceso de operación transfronteriza y genera incertidumbre tanto para las sociedades implicadas como para sus acreedores en relación con la recuperación o la liquidación de su crédito.

(47)  Además de nuevas normas sobre transformaciones, la presente Directiva establece normas sobre las escisiones transfronterizas, tanto parciales como plenas, pero únicamente a través de la formación de nuevas sociedades. ▌La Directiva no dispone un marco armonizado para las escisiones transfronterizas en las que una sociedad transfiera sus activos y pasivos a varias sociedades existentes, ya que se ha considerado que estos casos revisten una elevada complejidad, requieren la intervención de las autoridades competentes de varios Estados miembros y conllevan riesgos adicionales de elusión de las normas nacionales y de la Unión. La posibilidad de crear una sociedad mediante la escisión por separación, tal como se establece en la presente Directiva, ofrece a las sociedades un nuevo procedimiento armonizado en el mercado único, sin perjuicio de su libertad para establecer filiales en otros Estados miembros.

(48)   Como consecuencia de una fusión transfronteriza, los activos y pasivos y todos los derechos y obligaciones, incluidos los derivados de contratos, actos u omisiones, deben transferirse a la sociedad absorbente o a la nueva sociedad, y los socios de las sociedades que se fusionan que no ejerzan su derecho de separación deben convertirse en socios de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad, según corresponda. En particular, la sociedad absorbente o la nueva sociedad deben respetar los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo o de las relaciones laborales, incluidas las condiciones acordadas en cualquier convenio colectivo.

(49)  Como consecuencia de la escisión transfronteriza, los activos y pasivos y todos los derechos y obligaciones de la sociedad escindida, incluidos los derivados de contratos, actos u omisiones, deben transferirse a las sociedades beneficiarias con arreglo a la asignación especificada en el proyecto de escisión, y los socios de la sociedad escindida que no ejerzan su derecho de separación deben convertirse en socios de las sociedades beneficiarias, mantener su condición de socios de la sociedad escindida o convertirse en socios de ambas sociedades. En particular, las sociedades beneficiarias deben respetar los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo o de las relaciones laborales, incluidas las condiciones acordadas en cualquier convenio colectivo.

(50)  En aras de la seguridad jurídica, no debe ser posible declarar la nulidad de una operación transfronteriza que haya surtido efecto de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Directiva. Ello no debe afectar a las competencias de los Estados miembros en los ámbitos, entre otros, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley de conformidad con la legislación nacional, en particular en el caso de que, una vez que la operación transfronteriza haya surtido efecto, las autoridades competentes u otras autoridades pertinentes determinen, en particular sobre la base de nueva información sustancial, que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos. En este contexto, las autoridades competentes podrían también evaluar si, en los años siguientes a la operación transfronteriza, se ha alcanzado o superado el umbral nacional aplicable para la participación de los trabajadores del Estado miembro de la empresa que haya efectuado la operación transfronteriza.

(51)  Cualquier operación transfronteriza debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la actividad de la sociedad o las sociedades antes de la operación.

(52)   Con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores distintos de los de participación, la Directiva 2009/38/CE, la Directiva 98/59/CE(14) del Consejo, la Directiva 2001/23/CE y la Directiva 2002/14/CE no se verán afectadas por la presente Directiva. Las leyes nacionales deben aplicarse igualmente a las cuestiones ajenas al ámbito de aplicación de la presente Directiva, como los impuestos o la seguridad social.

(53)   Las disposiciones de la presente Directiva no afectan a las disposiciones legales o administrativas, incluidas las que atañen al cumplimiento de normas fiscales en las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, de la legislación nacional en materia de impuestos de los Estados miembros o de sus subdivisiones territoriales y administrativas.

(54)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo(15) por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, la Directiva 2009/133/CE del Consejo(16) relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo(17) en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información sobre acuerdos tributarios previos y acuerdos previos sobre precios de transferencia entre Estados miembros, la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo(18) en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad y la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo(19) por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

(55)   La presente Directiva no afectará a las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849(20) para hacer frente a los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, concretamente las obligaciones relacionadas con la aplicación de las medidas de diligencia debida adecuadas al cliente en función de los riesgos y la identificación y el registro del titular real de cualquier entidad de nueva creación en el Estado miembro de su constitución.

(56)  La Directiva no afecta a la legislación de la Unión en materia de transparencia y derechos de los accionistas de sociedades cotizadas ni a las normas nacionales establecidas o introducidas de conformidad con dicha legislación de la Unión.

(57)  La presente Directiva no afecta a la legislación de la Unión aplicable a los intermediarios de crédito y otras empresas financieras ni a las normas nacionales establecidas o introducidas de conformidad con dicha legislación de la Unión.

(58)   Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar y regular las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, no los pueden alcanzar de manera suficiente los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas al respecto, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TFUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(59)   La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(60)   De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(21), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(61)   La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva, incluida una evaluación de la aplicación del derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en el contexto de las operaciones transfronterizas. La evaluación debe centrarse, en particular, en aquellas operaciones transfronterizas en las que las negociaciones sobre la participación de los trabajadores hayan sido activadas por cuatro quintos del umbral aplicable y averiguar si esas sociedades, tras la operación transfronteriza, han alcanzado o superado el umbral aplicable para la participación de los trabajadores del Estado miembro de la sociedad que haya efectuado la operación transfronteriza. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016(22), dicha evaluación debe basarse en cinco criterios, eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido para la UE, y debe servir de base para la evaluación de impacto de otras medidas.

(62)   Debe recabarse información para evaluar la eficacia de la legislación en relación con los objetivos que persigue y para fundamentar una evaluación de la legislación de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

(63)  Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2017/1132 en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva (UE) 2017/1132

La Directiva (UE) 2017/1132 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 18, apartado 3, se inserta la letra a bis) siguiente:"

«a bis) a los documentos y la información a que se refieren los artículos 86 nonies, 86 sexdecies, 86 octodecies, 123, 127 bis, 160 undecies, 160 octodecies y 160 vicies;».

"

2)  El artículo 24 se modifica como sigue:

a)   la letra e) se sustituye por el texto siguiente:"

«e) la lista detallada de los datos que hayan de transmitirse a los fines de intercambio de información entre los registros y de publicidad a que se refieren los artículos 20, 34, ▌, 86 sexdecies, 86 septdecies, 86 octodecies, 127 bis, 128, 130, ▌, 160 octodecies, 160 novodecies y 160 vicies;»;

"

b)  en el párrafo segundo se añade la frase siguiente:"

«La Comisión adoptará los actos de ejecución con arreglo a la letra e) a más tardar dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor.».

"

3)  El título del título II se sustituye por el texto siguiente:"

«TRANSFORMACIONES, FUSIONES Y ESCISIONES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL».

"

4)  En el título II se añade el siguiente capítulo -I:"

« CAPÍTULO -I

Transformaciones transfronterizas

Artículo 86 bis

Ámbito de aplicación

1.  El presente capítulo se aplicará a la transformación de las sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro, y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se hallen en el territorio de la Unión, en sociedades de capital reguladas por el Derecho de otro Estado miembro (en lo sucesivo, «transformación transfronteriza»).

Artículo 86 ter

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

   1) «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»: una sociedad de uno de los tipos enumerados en el anexo II y que realiza una transformación transfronteriza;
   2) «transformación transfronteriza»: una operación mediante la cual una sociedad de uno de los tipos enumerados en el anexo II, sin ser disuelta ni liquidada, convierte la forma jurídica en la que está registrada en un Estado miembro de origen en una forma jurídica societaria de un Estado miembro de destino, y traslada al menos su domicilio social al Estado miembro de destino al tiempo que conserva su personalidad jurídica;
   3) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que una sociedad está registrada en su forma jurídica previa a la transformación transfronteriza;
   4) «Estado miembro de destino»: el Estado miembro en el que se registrará una sociedad como resultado de la transformación transfronteriza;

   5) «sociedad transformada»: la sociedad ▌constituida en el Estado miembro de destino como resultado del proceso de transformación transfronteriza.

Artículo 86 quater

Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación

1.  El presente capítulo no se aplicará a las transformaciones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público, que funcione según el principio de reparto de los riesgos y cuyas participaciones, a petición del tenedor de estas, se readquieran o se rescaten, directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimilan a dichas readquisiciones o reembolsos las medidas que tomen dichas sociedades para asegurarse de que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.

2.  Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique en ninguna de las circunstancias siguientes:

   a) cuando la sociedad esté en liquidación y haya empezado a repartir los activos entre sus accionistas;

   b) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución dispuestos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*.

3.  Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no se aplique a las sociedades que sean objeto de:

   a) procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva;
   a bis) procedimientos de liquidación distintos de los contemplados en el apartado 2, o
   b) medidas de prevención de crisis en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

4.  La legislación nacional del Estado miembro de origen regirá la parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse en relación con la transformación transfronteriza con el fin de obtener el certificado previo a la transformación, y la legislación nacional del Estado miembro de destino regirá la parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse tras la recepción de dicho certificado de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 86 quinquies

Proyectos de transformación transfronteriza

1.   El órgano de dirección o administración de la sociedad ▌elaborará el proyecto de transformación transfronteriza. En este proyecto figurará al menos lo siguiente:

   a) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social de la sociedad en el Estado miembro de origen;
   b) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social propuestas para la sociedad transformada en el Estado miembro de destino;
   c) el instrumento ▌de constitución, cuando proceda, y los estatutos, si fueran objeto de un acto separado, de la sociedad en el Estado miembro de destino;
   d) el calendario indicativo propuesto para la transformación transfronteriza;
   e) los derechos conferidos por la sociedad transformada a los socios que gocen de derechos especiales o a los tenedores de títulos que no sean acciones representativas del capital social, y las medidas propuestas que les atañan;
   f) ▌las garantías, tales como fianzas y prendas, ofrecidas, en su caso, a los acreedores;

   h) toda ventaja especial otorgada a los miembros de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de la sociedad transformada;
   h bis) si la sociedad recibió cualquier tipo de incentivo o subvención en el Estado miembro de origen en los últimos cinco años;
   i) los detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios ▌, de conformidad con el artículo 86 undecies;
   j) las consecuencias probables de la transformación transfronteriza para el empleo;
   k) en su caso, información sobre los procedimientos por los que se determinan los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a la participación en la sociedad transformada de conformidad con el artículo 86 terdecies ▌.

Artículo 86 sexies

Informe del órgano de dirección o administración a los socios y los trabajadores

1.  El órgano de dirección o de administración de la sociedad ▌elaborará un informe para los socios y los trabajadores en el que se expliquen y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la transformación transfronteriza, además de explicar las consecuencias de tal operación para los trabajadores.

2.  El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular, las consecuencias de la transformación transfronteriza para la actividad futura de la sociedad.

Incluirá asimismo una sección para los socios y otra para los trabajadores.

3.  En la sección del informe destinada a los socios, se explicará, en particular, lo siguiente:

   a bis) la compensación en efectivo y el método empleado para determinarla;
   b) las consecuencias de la transformación transfronteriza para los socios;
   c) los derechos y recursos a disposición de los socios ▌de conformidad con el artículo 86 undecies.

4.  La sección del informe destinada a los socios no se exigirá cuando todos los socios de la sociedad hayan convenido en renunciar a este requisito. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

5.  En la sección del informe destinada a los trabajadores, se explicará, en particular, lo siguiente:

   c bis) las consecuencias de la transformación transfronteriza para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservarlas;
   c ter) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables y en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
   d) cómo los factores expuestos en las letras c bis) y c ter) atañen también a las filiales de la sociedad.

6.  Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad reciba, oportunamente, un dictamen sobre las partes del informe a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 de los representantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los socios de dicho dictamen, que se adjuntará al informe.

7.  La sección destinada a los trabajadores no se exigirá cuando la sociedad y sus filiales, de haberlas, no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de dirección o de administración.

8.  La sociedad podrá decidir si elabora un informe que contenga las dos secciones a que se refieren los apartados 3 y 4, o dos informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

9.  El informe mencionado en el apartado 1 o los informes a que se refiere el apartado 5, junto con el proyecto de transformación transfronteriza, de estar este disponible, se pondrán a disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores de la sociedad ▌o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, en cualquier caso en formato electrónico, al menos seis semanas antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies.

10.  Cuando, de conformidad con el apartado 3, pueda obviarse la sección destinada a los socios a que se refiere dicho apartado, y cuando, de conformidad con el apartado 4 bis, no se exija la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 4, no se requerirá el informe mencionado en el apartado 1.

9.  Los apartados 1 a 8 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional a raíz de la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.

Artículo 86 octies

Informe pericial independiente

1.  Los Estados miembros velarán por que un perito independiente examine el proyecto de transformación transfronteriza y elabore un informe destinado a los socios que se pondrá a disposición de estos al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies ▌. En función de la legislación de los Estados miembros, el perito podrá ser una persona física o jurídica.

2.   En el informe al que se refiere el apartado 1 se incluirá, en cualquier caso, la opinión del perito sobre si la compensación en efectivo es adecuada. En lo relativo a la compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 86 quinquies, letra i), el perito tendrá en cuenta el precio de mercado de las acciones en la sociedad antes del anuncio de la propuesta de transformación o el valor de la sociedad sin considerar el efecto de la transformación propuesta determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En el informe figurará al menos:

   a) una indicación del método utilizado para determinar la compensación en efectivo propuesta;
   b) una apreciación de si este método es el adecuado para evaluar la compensación en efectivo y una indicación del valor al que conduce este método, junto con una opinión sobre la importancia relativa dada a este método en la determinación del valor considerado;
   c) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.

▌El perito tendrá derecho a pedir a la sociedad ▌toda la información necesaria para poder llevar a cabo su cometido.

3.  No se exigirá un examen del proyecto de transformación transfronteriza por un perito independiente ni un informe pericial cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios de la sociedad. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 86 nonies

Publicidad

1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes documentos se publiquen y pongan a disposición del público en el registro del Estado miembro de origen al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies:

   a) el proyecto de transformación transfronteriza;

   b) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad, o, cuando no existan dichos representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, sus observaciones relativas al proyecto de transformación transfronteriza.

Los Estados miembros podrán exigir que el informe pericial independiente, si ha sido elaborado de conformidad con el artículo 86 octies, se publique y ponga a disposición del público en el registro.

Los Estados miembros velarán por que la sociedad pueda excluir la información confidencial de la publicación del informe pericial independiente.

También podrá accederse a los documentos publicados de conformidad con el presente apartado mediante el sistema al que se refiere el artículo 22.

2.  Los Estados miembros podrán eximir a la sociedad ▌ del requisito de publicación mencionado en el apartado 1 cuando, durante un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies y concluya no antes de la finalización de dicha junta, dicha sociedad ponga los documentos a los que se refiere el apartado 1 a disposición del público en su sitio web de manera gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del sitio web y la autenticidad de los documentos, a menos que tales requisitos o restricciones sean proporcionados a la consecución de tales objetivos, y únicamente en la medida en que lo sean.

3.  Cuando la sociedad ▌publique el proyecto de transformación transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentará al registro del Estado miembro de origen, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies, la siguiente información, que deberá ser publicada:

   a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad en el Estado miembro de origen, así como los que propone para la sociedad transformada en el Estado miembro de destino;
   b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artículo 14 en relación con la sociedad ▌y el número de inscripción en dicho registro;
   c) una indicación de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios;
   d) los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse en línea y gratuitamente el proyecto de transformación transfronteriza, la notificación y el informe pericial al que se refiere el apartado 1, así como información completa sobre los acuerdos a que se refiere la letra c) del presente apartado.

4.  Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer ante la autoridad competente en el Estado miembro de origen, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de transformación transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional o mediante una plataforma electrónica central de conformidad con el artículo 16, apartado 3. En tal caso, los Estados miembros velarán por que el registro transmita la información pertinente al boletín nacional.

6.  Los Estados miembros velarán por que la documentación a la que se refiere el apartado 1 o la información a la que se refiere el apartado 3 sean de acceso público y gratuito mediante el sistema de interconexión de registros.

Los Estados miembros velarán además por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad ▌ por la publicación mencionada en los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la que se refiere el apartado 5, no superen la recuperación de los costes ▌de la prestación de tales servicios.

Artículo 86 decies

Aprobación por la junta general

1.  Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 86 sexies ▌y 86 octies, en su caso, así como de los dictámenes de los trabajadores presentados de conformidad con el artículo 86 sexies y de las observaciones presentadas de conformidad con el artículo 86 octies, la junta general de la sociedad ▌decidirá, mediante resolución, si aprueba o no el proyecto de transformación transfronteriza y si se adapta o no la escritura de constitución, así como los estatutos cuando estos sean objeto de un acto separado.

2.  La junta general de la sociedad ▌ podrá reservarse el derecho a supeditar la ejecución de la transformación transfronteriza a la ratificación expresa por la propia junta de los acuerdos a los que se refiere el artículo 86 terdecies.

3.  Los Estados miembros velarán por que la aprobación ▌ del proyecto de transformación transfronteriza o su modificación requiera una mayoría no inferior a dos tercios, pero no superior al 90 % de los votos asociados a las acciones o al capital suscrito representado en la junta. En cualquier caso, el umbral de votación no será superior al previsto en la legislación nacional para la aprobación de las fusiones transfronterizas.

4.  Cuando una cláusula del proyecto de transformación transfronteriza o cualquier modificación de la escritura de constitución de la sociedad objeto de transformación lleve consigo un aumento de las obligaciones económicas de un socio para con la sociedad o terceros, los Estados miembros podrán disponer que, en tales circunstancias específicas, dicha cláusula o modificación de la escritura de constitución sea aprobada por el socio en cuestión, siempre y cuando este último no pueda ejercer los derechos previstos en el artículo 86 undecies.

5.   Los Estados miembros velarán por que la aprobación de la transformación transfronteriza por la junta general no pueda ser impugnada únicamente por los motivos siguientes:

   a) porque la compensación en efectivo mencionada en el artículo 86 quinquies, letra i), se haya establecido de forma inadecuada; o
   b) porque la información facilitada sobre la letra a) no cumpla los requisitos legales.

Artículo 86 undecies

Protección de los socios

1.  Los Estados miembros velarán por que al menos los ▌socios de la sociedad que hayan votado en contra de la aprobación del proyecto de transformación transfronteriza tengan derecho a enajenar sus acciones, a cambio de una compensación en efectivo adecuada, con arreglo a las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6.

Los Estados miembros también podrán conferir ese derecho a otros socios de la sociedad.

Los Estados miembros podrán exigir que se documente adecuadamente, a más tardar en la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies, la oposición explícita al proyecto de transformación transfronteriza y/o la intención de los socios de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros podrán permitir que el registro de la objeción al proyecto de transformación transfronteriza se considere documentación adecuada del voto en contra.

2.  Los Estados miembros establecerán el plazo en el que los socios a que se refiere el apartado 1 deban declarar a la sociedad su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones ▌.Dicho plazo no podrá exceder de un mes desde la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies. Los Estados miembros velarán por que la sociedad facilite una dirección electrónica para recibir dicha declaración por vía electrónica.

3.  Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo en el que habrá de abonarse la compensación en efectivo que figura en el proyecto de transformación transfronteriza ▌. Dicho plazo no podrá expirar más tarde de los dos meses siguientes a la fecha en que surta efecto la transformación transfronteriza con arreglo al artículo 86 novodecies.

4.   Los Estados miembros velarán por que todo socio que haya declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones, pero considere que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad no se ha fijado adecuadamente, tenga derecho a solicitar una compensación en efectivo complementaria ante las autoridades u organismos competentes mandatados en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros establecerán un plazo para la reclamación de la compensación en efectivo complementaria.

Los Estados miembros podrán disponer que la decisión final de proporcionar una compensación en efectivo complementaria sea válida respecto de los socios que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones con arreglo al apartado 2.

5.  Los Estados miembros velarán por que la legislación del Estado miembro de origen rija los derechos a los que se refieren los apartados 1 a 4, y por que la competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a esos derechos recaiga en el Estado miembro de origen.

Artículo 86 duodecies

Protección de los acreedores

1.  Los Estados miembros preverán un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación transfronteriza y aún no hayan vencido en el momento de dicha publicación. Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos con las garantías ofrecidas en el proyecto de transformación transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 quinquies, apartado 1, letra f), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en el plazo de tres meses a partir de la publicación del proyecto de transformación transfronteriza a la que se refiere el artículo 86 nonies, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que la satisfacción de sus derechos está en juego debido a la transformación transfronteriza y que no se han obtenido garantías suficientes de la sociedad. Los Estados miembros velarán por que las garantías se supediten a que la transformación transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 86 novodecies.

2.  Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de administración de la sociedad ▌haga una declaración que refleje con exactitud la situación financiera actual de la sociedad en la fecha de la declaración, que deberá hacerse, como muy pronto, un mes antes de su publicación. En esa declaración se hará constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección o de administración de la sociedad en esa fecha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, los miembros de dicho órgano no conocen ningún motivo por el que la sociedad, después de que la transformación surta efecto, no pueda atender sus obligaciones al vencimiento de estas. La declaración se publicará junto con el proyecto de transformación transfronteriza de conformidad con el artículo 86 nonies.

3.   Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales del Estado miembro de origen relativas a la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y de las obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos.

4.  Los Estados miembros velarán por que los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación transfronteriza también puedan incoar un procedimiento contra la sociedad en el Estado miembro de origen dentro de los dos años siguientes a la fecha en que surta efecto dicha transformación, sin perjuicio de las normas sobre competencia jurisdiccional aplicables en virtud de la legislación nacional o de la Unión o de un acuerdo contractual. La posibilidad de incoar dicho procedimiento se sumará a otras normas relativas a la elección de foro aplicables con arreglo al Derecho de la Unión.

Artículo 86 duodecies bis

Información y consulta de los trabajadores

1.  Los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en relación con la transformación transfronteriza y por que esos derechos se ejerzan de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE y, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE. Los Estados miembros podrán decidir aplicar los derechos de información y consulta a otras sociedades distintas de las contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14/CE.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 86 sexies, apartado 6, y en el artículo 86 nonies, apartado 1, letra b), los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados al menos antes de que se decida el proyecto de transformación transfronteriza, o el informe a que se refiere el artículo 86 sexies, de ser este anterior, de modo que se pueda proporcionar a los trabajadores una respuesta motivada antes de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies.

3.  Sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes que sean más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y consulta de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2002/14/CE.

Artículo 86 terdecies

Participación de los trabajadores

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la sociedad transformada estará sujeta a las normas vigentes en materia de participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro de destino.

2.  No obstante, las normas vigentes en materia de participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro de destino no serán aplicables cuando la sociedad que efectúe la transformación, en los seis meses anteriores a la publicación del proyecto de transformación transfronteriza a que se refiere el artículo 86 quinquies de la presente Directiva, emplee un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplicable, establecido en la legislación del Estado miembro de origen, que dé lugar a la participación de los trabajadores en el sentido de lo dispuesto en la letra k) del artículo 2 de la Directiva 2001/86/CE, o cuando la legislación nacional del Estado miembro de destino:

   a) no disponga al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que se aplicaba en la sociedad antes de su transformación, medido en función de la proporción de los miembros que representan a los trabajadores en el órgano de administración o de supervisión, o en sus comités, o en el órgano de dirección competente dentro de la sociedad para decidir el reparto de los beneficios, siempre que haya una representación de los trabajadores; o
   b) no disponga que los trabajadores de los establecimientos de la sociedad transformada que estén situados en otros Estados miembros puedan ejercer los mismos derechos de participación de que gocen los trabajadores empleados en el Estado miembro de destino.

3.  En los casos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la participación de los trabajadores en la sociedad transformada, así como su implicación en la definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados miembros, mutatis mutandis y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del presente artículo, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en el artículo 12, apartados 2 ▌y 4, del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 y en las disposiciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE:

   a) artículo 3, apartado 1; artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); artículo 3, apartado 2, letra b); artículo 3, apartado 3 ▌; primeras dos frases del artículo 3, apartado 4 ▌; artículo 3, apartado 5, ▌y artículo 3, apartado 7;
   b) artículo 4, apartado 1; artículo 4, apartado 2, letras a), g) y h); artículo 4, apartado 3, y artículo 4, apartado 4;
   c) artículo 5;
   d) artículo 6;
   e) artículo 7, apartado 1, salvo el segundo guion de la letra b);
   f) artículos 8, ▌10, 11 y 12;
   g) anexo, parte 3, letra a).

4.  Al regular los principios y procedimientos a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros:

   a) conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas, y basarse en las normas de participación vigentes en el Estado miembro de destino;
   b) podrán, a raíz de negociaciones previas, cuando las normas de referencia para la participación sean de aplicación y no obstante lo dispuesto en ellas, decidir limitar el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administración de la sociedad transformada. No obstante, cuando en la sociedad ▌los representantes de los trabajadores constituyan al menos una tercera parte de los miembros del órgano de administración o de supervisión, esta limitación nunca podrá tener por efecto que el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administración sea inferior a un tercio;
   c) velarán por que las normas sobre la participación de los trabajadores que se aplicaban antes de la transformación transfronteriza sigan siendo aplicables hasta la fecha de aplicación de las normas convenidas posteriormente o, en ausencia de las normas convenidas, hasta la aplicación de las normas de referencia con arreglo a la parte 3, letra a), del anexo.

5.  La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de la sociedad transformada empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 2, letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por tener en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales que den lugar a los derechos de participación en virtud de la legislación nacional.

6.  Cuando la sociedad transformada vaya a estar gestionada en régimen de participación de los trabajadores, de conformidad con las normas a que se refiere el apartado 2, dicha sociedad estará obligada a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.

7.  Cuando la sociedad transformada esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de cuatro años desde la fecha en que la transformación transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.

8.  La sociedad comunicará a sus trabajadores o a los representantes de estos el resultado de las negociaciones relativas a su participación sin demora injustificada.

Artículo 86 quaterdecies

Certificado previo a la transformación

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, notario u otra autoridad o autoridades competentes (en lo sucesivo, «la autoridad competente») para controlar la legalidad de la transformación transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de origen y expedirán un certificado previo a la transformación que demuestre el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta realización de todos los procedimientos y trámites en el Estado miembro de origen.

Dicha realización de los procedimientos y trámites podrá abarcar la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales específicos, incluida la garantía de pagos u obligaciones derivados de procedimientos pendientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado previo a la transformación por parte de la sociedad ▌se acompañe de lo siguiente:

   a) el proyecto de transformación a que se refiere el artículo 86 quinquies;
   b) el informe y el dictamen adjunto, en su caso, mencionados en el artículo 86 sexies, así como el informe a que se refiere el artículo 86 octies, cuando estén disponibles;
   b bis) cualesquiera observaciones presentadas de conformidad con el artículo 86 nonies, apartado 1;
   (c) la información sobre la aprobación por la junta general ▌mencionada en el artículo 86 decies.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que la solicitud para obtener el certificado previo a la transformación se acompañe de información adicional, en particular sobre lo siguiente:

   a) el número de trabajadores en el momento de la elaboración del proyecto de transformación;
   b) las filiales y su respectiva ubicación geográfica;
   c) el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad adeude a organismos públicos.

A efectos del presente apartado, las autoridades competentes podrán requerir esta información a otras autoridades pertinentes, en caso de que no se les haya facilitado.

4.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refieren los apartados 2 y 3, incluida la presentación de cualesquiera información o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Por lo que respecta al cumplimiento de las normas relativas a la participación de los trabajadores establecidas en el artículo 86 terdecies, la autoridad competente del Estado miembro de origen verificará que los proyectos de transformación transfronteriza a que se refiere el apartado 2 del presente artículo incluyan información sobre los procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y las posibles opciones de tales regímenes.

6.  Como parte del control ▌a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente examinará lo siguiente:

   a) todos los documentos y toda la información presentados a la autoridad de conformidad con los apartados 2 y 3;
   b) la indicación por parte de la sociedad de que ha comenzado el procedimiento al que se refiere el artículo 86 terdecies, apartados 3 y 4, en su caso.

7.   Los Estados miembros velarán por que el control a que se refiere el apartado 1 se efectúe en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de los documentos y la información relativa a la aprobación de la transformación transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se obtendrá uno de los resultados siguientes:

   a) cuando se determine que la transformación transfronteriza ▌cumple todas las condiciones pertinentes y que se han realizado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente expedirá el certificado previo a la transformación;
   b) cuando se determine que la transformación transfronteriza no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han realizado todos los procedimientos o trámites necesarios, la autoridad competente no expedirá el certificado previo a la transformación e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En ese caso, la autoridad competente podrá ofrecer a la sociedad la posibilidad de cumplir las condiciones pertinentes o de realizar los procedimientos y trámites en un plazo adecuado.

8.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida el certificado previo a la transformación si, de conformidad con la legislación nacional, se determina que la transformación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos.

9.  Si, a través del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente tiene sospechas graves de que la transformación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, tendrá en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, tales como, cuando proceda y sin considerarlos de manera aislada, factores indicativos de los cuales haya tenido conocimiento la autoridad competente en el curso del control de legalidad a que se refiere el apartado 1, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes. El control a efectos del presente apartado se realizará caso por caso mediante un procedimiento regido por el Derecho nacional.

10.  Cuando, para realizar el control previsto en el apartado 8, resulte necesario tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales, podrá ampliarse el plazo de tres meses previsto en el apartado 7 por un máximo de tres meses más.

11.  Cuando, debido a la complejidad del procedimiento transfronterizo, no sea posible realizar el control en los plazos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que se notifiquen al solicitante los motivos de cualquier retraso antes de la expiración del plazo inicial.

12.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 puedan consultar a otras autoridades pertinentes con competencia en los distintos ámbitos afectados por la transformación transfronteriza, incluidas las del Estado miembro de destino, y obtener de dichas autoridades, así como de la sociedad, la información y los documentos necesarios para llevar a cabo el control de la legalidad, dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. En el marco del control, la autoridad competente podrá recurrir a un perito independiente.

Artículo 86 sexdecies

▌Transmisión del certificado previo a la transformación

1.   Los Estados miembros velarán por que ▌el certificado previo a la transformación se comparta con las autoridades a las que se refiere el artículo 86 septdecies, apartado 1, ▌a través del sistema de interconexión de registros ▌establecido de conformidad con el artículo 22.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el certificado previo a la transformación esté disponible a través del sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

2.  El acceso a la información a que se refiere el apartado 1 será gratuito para las autoridades competentes a que se refiere el artículo 86 septdecies, apartado 1, y para los registros.

Artículo 86 septdecies

Control de la legalidad de la transformación transfronteriza por el Estado miembro de destino

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad competente para controlar la legalidad de la transformación transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de destino y para aprobar la transformación transfronteriza cuando ▌se hayan realizado debidamente todos los procedimientos y trámites en el Estado miembro de destino.

La autoridad competente del Estado miembro de destino velará en particular por que la sociedad transformada se atenga a las disposiciones de la legislación nacional sobre la constitución y el registro de sociedades y, en su caso, por que se hayan determinado los mecanismos de participación de los trabajadores de conformidad con el artículo 86 terdecies.

2.  A los efectos del apartado 1, la sociedad que realice una transformación transfronteriza presentará a la autoridad a la que se refiere el apartado 1 el proyecto de tal operación aprobado por la junta general mencionada en el artículo 86 decies.

3.  Cada Estado miembro velará por que la solicitud a la que se refiere el apartado 1, tramitada por la sociedad que lleve a cabo una transformación transfronteriza, incluida la presentación de cualesquiera información o documentos, pueda efectuarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 aprobará la transformación transfronteriza tan pronto como haya completado su evaluación de las condiciones pertinentes.

5.  La autoridad competente a la que se refiere el apartado 1 aceptará el certificado previo a la transformación mencionado en el artículo 86 sexdecies, apartado 1, como prueba concluyente de la correcta realización de los procedimientos y trámites con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de origen, sin la cual la transformación transfronteriza no puede ser aprobada.

Artículo 86 octodecies

Registro

1.  La legislación de los Estados miembros de origen y destino determinará, con respecto al territorio de tales Estados, las disposiciones para publicar la conclusión de la transformación transfronteriza en el registro.

2.  Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la información siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán accesible mediante el sistema al que se refiere el artículo 22:

   a) en el registro del Estado miembro de destino: que el registro de la sociedad transformada es resultado de una transformación transfronteriza;
   b) en el registro del Estado miembro de destino: la fecha de registro de la sociedad transformada;
   c) ▌en el registro del Estado miembro de origen: que la cancelación o supresión de la sociedad del registro es el resultado de una transformación transfronteriza;
   d) ▌en el registro del Estado miembro de origen: la fecha de cancelación o supresión de la sociedad del registro;
   e) en los registros del Estado miembro de origen y de destino, respectivamente: el número de registro, la denominación social y la forma jurídica de la sociedad en el Estado miembro de origen y el número de registro, la denominación social y la forma jurídica de la sociedad transformada en el Estado miembro de destino.

3.  Los Estados miembros velarán por que el registro del Estado miembro de destino notifique al registro del Estado miembro de origen, mediante el sistema al que se refiere el artículo 22, que la transformación transfronteriza ha surtido efecto. Los Estados miembros velarán asimismo por que la inscripción en el registro de la sociedad ▌se suprima de inmediato tras la recepción de dicha notificación ▌.

Artículo 86 novodecies

Fecha en la que surte efecto la transformación transfronteriza

La legislación del Estado miembro de destino determinará la fecha en que surtirá efecto la transformación transfronteriza ▌. Dicha fecha será posterior a la realización del control ▌a que se refiere el artículo 86 septdecies.

Artículo 86 vicies

Consecuencias de la transformación transfronteriza

Una transformación transfronteriza llevada a cabo de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha a que se refiere el artículo 86 novodecies, las consecuencias siguientes:

   a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad ▌, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se mantendrá en la sociedad transformada ▌;
   b) los socios de la sociedad seguirán siendo socios de la sociedad transformada, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 86 undecies, apartado 1;
   c) los derechos y obligaciones de la sociedad derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en la que surta efecto la transformación transfronteriza perdurarán en la sociedad transformada.

Artículo 86 unvicies

Responsabilidad de los peritos independientes

Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen al menos la responsabilidad civil del perito independiente encargado de elaborar el informe previsto en el artículo 86 octies ▌.

Los Estados miembros dispondrán de normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual este actúe sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses con la sociedad que solicite el certificado previo a la transformación, y que el dictamen del perito sea imparcial y objetivo y tenga por finalidad prestar asistencia a la autoridad competente de conformidad con los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por la legislación aplicable o las normas profesionales a que esté sujeto el perito.

Artículo 86 duovicies

Validez

No podrá declararse la nulidad absoluta de una transformación transfronteriza que se realice de conformidad con los procedimientos de transposición de la presente Directiva.

Lo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros en los ámbitos, en particular, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, a partir de la fecha en que haya surtido efecto la transformación transfronteriza.

______________

(*) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).».

"

5)  En el artículo 119, el punto 2 se modifica como sigue:

a)  al final de la letra c) se añade lo siguiente: «o»;

b)  se añade la letra d) siguiente:"

«d) una o varias sociedades, en el momento de su disolución sin liquidación, transfieren a otra sociedad ya existente, la sociedad absorbente, la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, sin que la sociedad absorbente emita nuevas acciones, a condición de que una sola persona posea de manera directa o indirecta todas las acciones de las sociedades que se fusionan, o de que los socios de estas posean sus acciones en la misma proporción en todas las sociedades que se fusionan.».

"

6)  El artículo 120 se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 120

Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación»;

"

b)  ▌el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique en ninguna de las circunstancias siguientes:

   a) cuando la sociedad o sociedades estén en liquidación y hayan empezado a repartir los activos entre sus accionistas;

   d) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución previstos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.»;

"

c)  se añade el apartado siguiente:"

«5. Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no se aplique a las sociedades que sean objeto de:

   a) procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva;
   b) procedimientos de liquidación distintos de los contemplados en el apartado 4, letra a), o
   c) medidas de prevención de crisis en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.».

"

7)  El artículo 121 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, se suprime la letra a);

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Las disposiciones y trámites a que se refiere el apartado 1, letra b), incluirán, en particular, los relativos al proceso de toma de decisiones sobre la fusión y la protección de los trabajadores en lo que respecta a los derechos distintos de los regulados por el artículo 133.».

"

8)  El artículo 122 se modifica como sigue:

a)  las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:"

«a) la forma jurídica, denominación y domicilio social de las sociedades que se fusionan y los previstos para la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

   b) la proporción aplicable al canje de los títulos o participaciones representativos del capital social, y el importe de cualquier pago en efectivo, en su caso;»;

"

b)  la letra h) se sustituye por el texto siguiente:"

«h) toda ventaja especial otorgada a los miembros de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de las sociedades que se fusionan;»;

"

c)   la letra i) se sustituye por el texto siguiente:"

«i) el instrumento o los instrumentos de constitución, en su caso, y los estatutos, cuando sean objeto de un acto separado, de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;»;

"

d)   se añaden las letras m) y n) siguientes:"

«m) los detalles de la oferta de compensación en efectivo para los socios ▌de conformidad con el artículo 126 bis;

   n) ▌las garantías, tales como fianzas y prendas, ofrecidas, en su caso, a los acreedores;».

"

9)  Los artículos 123 y 124 se sustituyen por el texto siguiente:"

«Artículo 123

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1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes documentos se publiquen y pongan a disposición del público en los registros de los Estados miembros de cada una de las sociedades que se fusionen, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126.

   a) el proyecto común de fusión transfronteriza;
   b) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad que se fusiona, o, cuando no existan dichos representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a su sociedad respectiva, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, sus observaciones relativas al proyecto común de fusión transfronteriza.

Los Estados miembros podrán exigir que el informe pericial independiente, si ha sido elaborado de conformidad con el artículo 125, se publique y se ponga disposición del público en el registro.

Los Estados miembros velarán por que la sociedad pueda excluir la información confidencial de la publicación del informe pericial independiente.

También podrá accederse a los documentos publicados de conformidad con el presente apartado mediante el sistema al que se refiere el artículo 22.

2.  Los Estados miembros podrán eximir a las sociedades que se fusionan del requisito mencionado en el apartado 1 cuando, durante un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general a la que se refiere el artículo 126 y concluya no antes de la finalización de dicha junta, tales sociedades pongan a disposición del público los documentos a que se refiere al apartado 1 en sus sitios web manera gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del sitio web y la autenticidad de los documentos, a menos que tales requisitos o restricciones sean proporcionados para la consecución de tales objetivos, y únicamente en la medida en que lo sean.

3.  Cuando las sociedades que se fusionen publiquen el proyecto común de fusión transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentarán, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126, a los respectivos registros nacionales la siguiente información, que debe ser publicada:

   a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de cada una de las sociedades que se fusionan, así como la forma jurídica, la razón social y el domicilio social propuestos para cualquier sociedad de reciente creación;
   b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artículo 14 en relación con cada una de las sociedades que se fusionan y el número de inscripción en dicho registro;
   c) una indicación, para cada una de las sociedades que se fusionan, de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios;
   d) los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse en línea y gratuitamente el proyecto común de la fusión transfronteriza, la notificación y el informe pericial a los que se refiere el apartado 1 y la información completa sobre los acuerdos a los que se refiere la letra c).

4.  Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer ante las autoridades competentes en ▌ los Estados miembros de las sociedades que se fusionan, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se efectuará al menos un mes antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.

6.  Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de la fusión transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional o mediante una plataforma electrónica central de conformidad con el artículo 16, apartado 3. En tal caso, los Estados miembros velarán por que los registros a que se refiere el artículo 16 transmitan la información pertinente a dicho boletín nacional.

7.  Los Estados miembros velarán por que el público en general pueda acceder gratuitamente a los documentos a que se refiere el apartado 1 o a la información a que se refiere el apartado 3 mediante el sistema de interconexión de los registros.

Los Estados miembros velarán además por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad por la publicación mencionada en los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la que se refiere el apartado 5, no superen la recuperación de los costes ▌de prestar dicho servicio▌.

Artículo 124

Informe del órgano de administración o de dirección a los socios y trabajadores

1.  El órgano de dirección o de administración de cada una de las sociedades que se fusionan elaborará un informe para los socios y trabajadores en el que se expliquen y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la fusión transfronteriza y en el que se expliquen las consecuencias de dicha fusión para los trabajadores.

2.  El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular, ▌las consecuencias de la transformación transfronteriza para la actividad empresarial futura de la sociedad.

Incluirá asimismo una sección para los socios y otra para los trabajadores.

3.  En la sección del informe destinada a los socios, se explicará, en particular, lo siguiente:

   a bis) la compensación en efectivo y el método empleado para determinarla;
   b) una explicación de la compensación en efectivo y el método empleado para determinarla;

   d) las consecuencias de la fusión transfronteriza para los socios;
   e) los derechos y recursos a disposición de los socios ▌de conformidad con el artículo 126 bis.

3 bis.  La sección del informe destinada a los socios no se exigirá cuando todos los socios de la sociedad hayan convenido en renunciar a este requisito. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

4.  En la sección del informe destinada a los trabajadores, se explicará, en particular, lo siguiente:

   c bis) las consecuencias de la transformación transfronteriza para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservarlas;
   c ter) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables y en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
   d) cómo los factores expuestos en las letras c bis) y c ter) atañen también a las filiales de la sociedad.

4 bis bis.  Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad que se fusiona reciba, oportunamente, un dictamen sobre las partes del informe a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 de los representantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los socios de dicho dictamen, que se adjuntará al informe.

4 bis.  La sección destinada a los trabajadores no se exigirá cuando la sociedad que se fusiona y sus filiales no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de dirección o de administración.

5.  Cada una de las sociedades que se fusionan podrá decidir si elabora un informe que contenga las dos secciones a que se refieren los apartados 3 y 4, o dos informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

6.  El informe mencionado en el apartado 1 o los informes a que se refiere el apartado 5, junto con el proyecto de transformación transfronteriza, de estar disponible, se pondrán a disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores, o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, de cada una de las sociedades que se fusionan, al menos en formato electrónico, en un plazo no inferior a seis semanas antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126.

En cualquier caso, cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, el informe se publicará al menos seis semanas antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.

8.  Cuando, de conformidad con el apartado 3, pueda obviarse la sección destinada a los socios a que se refiere dicho apartado, y cuando, de conformidad con el apartado 4 bis, no se exija la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 4, no se requerirá el informe mencionado en el apartado 1.

9.  Los apartados 1 a 8 se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los derechos de información y consulta aplicables establecidos a escala nacional a raíz de la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.

"

(10)  ▌El artículo 125 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 1 ▌ se añade el párrafo segundo siguiente:"

«En cualquier caso, cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, el informe se publicará al menos un mes antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.»;

"

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. En el informe al que se refiere el apartado 1 se incluirá, en cualquier caso, la opinión de los peritos sobre la adecuación de la compensación en efectivo y de la relación de canje de las acciones. En el caso de la compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 122, letra m), el perito tendrá en cuenta el precio de mercado de las acciones de las sociedades que se fusionan antes del anuncio de la propuesta de fusión o el valor de las sociedades excluido el efecto de la fusión propuesta determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En los informes figurará al menos:

   a) una indicación del método o los métodos utilizados para determinar la compensación en efectivo propuesta;
   b) una indicación del método o los métodos utilizados para la determinación de la relación de canje de ñas acciones propuesta;
   c) una indicación de si este método o estos métodos son los adecuados para evaluar la compensación en efectivo y la relación de canje de las acciones, y una indicación del valor al que conduce cada uno de estos métodos, dando una opinión sobre la importancia relativa dada a estos métodos en la determinación del valor considerado; y, en el caso de que se empleen métodos diferentes en las sociedades que se fusionan, también si estaba justificado el uso de métodos distintos;
   d) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.

Los peritos estarán facultados para pedir a cada una de las empresas que se fusionan toda la información necesaria para poder llevar a cabo su cometido.»

"

c)  En el apartado 4 se añade la frase siguiente:"

«Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.»

"

(11)  El artículo 126 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

"1. Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 124 ▌ y 125, en su caso, y los dictámenes de los trabajadores presentados de conformidad con el artículo 124 y las observaciones presentadas de conformidad con el artículo 123, la junta general de cada una de las sociedades que se fusionan decidirá, mediante resolución, si aprueba o no el proyecto común de fusión transfronteriza y si se adapta o no la escritura de constitución, y los estatutos cuando figuren en un documento separado.»;

"

b)  Se añade el apartado 4 siguiente:"

"4. Los Estados miembros velarán por que la ▌ aprobación de la fusión transfronteriza por la junta general no pueda impugnarse ▌ únicamente por los motivos siguientes:

   a) cuando la relación de canje de las acciones a la que se refiere el artículo 122, letra b), se haya fijado inadecuadamente;
   b) cuando la compensación en efectivo mencionada en el artículo 122, letra m), se haya establecido inadecuadamente;

   d) la información facilitada sobre las letras a) o b) no cumpla los requisitos legales.

"

(12)  Se insertan los artículos ▌ siguientes:"

«Artículo 126 bis

Protección de los socios

1.  Los Estados miembros velarán por que al menos los ▌socios de las sociedades que se fusionan que votaron en contra de la aprobación del proyecto común de fusión transfronteriza tengan derecho a enajenar sus acciones, a cambio de una compensación en efectivo adecuada, con arreglo a las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6, siempre que a consecuencia de la fusión adquiriesen acciones de la sociedad resultante que quedarían regidas por la legislación de un Estado miembro distinto del Estado miembro de las respectivas sociedades que se fusionan.

Los Estados miembros también podrán conferir ese derecho a otros socios de las sociedades que se fusionan.

Los Estados miembros podrán exigir que se documente adecuadamente, a más tardar en la junta general a la que se refiere el artículo 126, la oposición explícita al proyecto común de fusión transfronteriza y/o la intención de los socios de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros podrán permitir que el registro de la objeción al proyecto común de fusión transfronteriza se considere documentación adecuada del voto negativo.

2.  Los Estados miembros establecerán el plazo en el que los socios a que se refiere el apartado 1 deban declarar a la sociedad que se fusiona en cuestión su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Este período no podrá exceder de un mes desde la junta general a la que se refiere el artículo 126. Los Estados miembros velarán por que las sociedades que se fusionan faciliten una dirección electrónica para recibir dicha declaración por vía electrónica.

3.  Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo en el que habrá de abonarse la compensación en efectivo que figura en el proyecto común de fusión transfronteriza. Este plazo no podrá expirar más tarde de los dos meses siguientes a la fecha en que la fusión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 129.

4.  Los Estados miembros velarán por que los socios que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad que se fusiona no se ha fijado adecuadamente, tengan derecho a solicitar una compensación en efectivo complementaria ante las autoridades u organismos competentes mandatos en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros establecerán un plazo para la reclamación de una compensación en efectivo complementaria.

Los Estados miembros podrán disponer que la decisión final de proporcionar una compensación en efectivo complementaria sea válida respecto de los socios de la sociedad que se fusiona en cuestión que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones con arreglo al apartado 2.

5.   Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional del Estado miembro a la que se sometan las sociedades que se fusionan regule los derechos a los que se refieren los apartados 1 a 6, y por que la competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a esos derechos recaiga en el Estado miembro de que se trate.

6.   Los Estados miembros ▌ velarán por que los socios de las sociedades que se fusionan que no tenían o no ejercieron el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la relación de canje de las acciones es inadecuada, puedan impugnar tal relación fijada en el proyecto común de fusión transfronteriza y reclamar un pago en efectivo. Ese procedimiento se iniciará ante las autoridades u organismos competentes mandatados en virtud de la legislación nacional del Estado miembro a la que esté sujeta la sociedad correspondiente que se fusiona, dentro del plazo establecido por la legislación nacional de dicho Estado miembro, y no será obstáculo al registro de la fusión transfronteriza. La decisión será vinculante para la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.

Los Estados miembros podrán disponer asimismo que la relación de canje de las acciones establecida en la decisión sea válida respecto de los socios de la sociedad que se fusiona en cuestión que no tenían o no ejercieron el derecho a enajenar sus acciones.

7.  Los Estados miembros también podrán disponer que la sociedad resultante de la fusión transfronteriza pueda aportar acciones u otra compensación en lugar del pago en efectivo.

Artículo 126 ter

Protección de los acreedores

1.  Los Estados miembros preverán un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto común de fusión transfronteriza y aún no hayan vencido en el momento de dicha publicación.

Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos con las garantías ofrecidas en el proyecto común de fusión transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 122, letra m), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en el plazo de tres meses a partir de la publicación del proyecto común de fusión transfronteriza a la que se refiere el artículo 123, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que la satisfacción de sus derechos está en juego debido a la fusión transfronteriza y que no se han obtenido garantías suficientes de las sociedades que se fusionan.

Los Estados miembros velarán por que las garantías se supediten a que la fusión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 129.

2.   Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de administración de las sociedades que se fusionan hagan una declaración en la que se refiera con precisión la situación financiera de dichas sociedades en la fecha de la declaración, que deberá hacerse, como muy pronto, un mes antes de su publicación. En la declaración se hará constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección o de administración de las sociedades que se fusionan en esa fecha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, los miembros de dicho órgano no conocen ningún motivo por el que la sociedad resultante de la fusión no pueda atender sus obligaciones al vencimiento de estas. La declaración se publicará junto con el proyecto común de fusión transfronteriza de conformidad con el artículo 123.

3.   Los apartados ▌ 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales del Estado miembro de las sociedades que se fusionan relativas a la liquidación de los pagos o garantía de los pagos o las obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos.

Artículo 126 quater

Información y consulta de los trabajadores

1.  Los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en relación con la fusión transfronteriza y por que esos derechos se ejerzan de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE y la Directiva 2001/23/CE, cuando la fusión transfronteriza se considere un traspaso de empresa a efectos de la Directiva 2001/23/CE y, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE. Los Estados miembros podrán decidir aplicar los derechos de información y consulta a otras sociedades distintas de las contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14/CE.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 124, apartado 4 bis bis, y en el artículo 123, apartado 1, letra b), los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados, al menos antes de que se decida el proyecto común de fusión transfronteriza o el informe a que se refiere el artículo 124, si este es anterior, de modo que se pueda proporcionar a los trabajadores una respuesta motivada antes de la junta general a la que se refiere el artículo 126.

3.  Sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes que sean más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y consulta de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2002/14/CE.»

"

(13)  El artículo 127 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 127

Certificados previos a la fusión

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad o autoridades competentes (en lo sucesivo, «autoridad competente») para controlar la legalidad de las fusiones transfronterizas para la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de la sociedad que se fusiona y para expedir el certificado previo a la fusión que acredite el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta realización de todos los procedimientos y trámites en dicho Estado miembro.

Dicha realización de los procedimientos y trámites podrá abarcar la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales específicos, incluida la garantía de pagos u obligaciones derivados de procedimientos pendientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado previo a la fusión por parte de la sociedad se acompañe en particular de lo siguiente:

   a) el proyecto de fusión a que se refiere el artículo 122;
   b) el informe y el dictamen adjunto, de existir, a que se refiere el artículo 124, así como el informe a que se refiere el artículo 125, cuando estén disponibles;
   b bis) las observaciones que se hubieran presentado de conformidad con el artículo 123, apartado 1;
   c) la información sobre la aprobación por la junta general a que se refiere en el artículo 126.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que la solicitud para obtener el certificado previo a la fusión se acompañe de información adicional, en particular:

   a) sobre el número de trabajadores en el momento de la elaboración del proyecto común de fusión transfronteriza;
   b) sobre las filiales y su respectiva ubicación geográfica;
   c) sobre el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad adeude a organismos públicos.

A efectos del presente apartado, las autoridades competentes podrán requerir esta información, en caso de no ser facilitada, a otras autoridades pertinentes.

4.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refieren los apartados 2 y 2 bis, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Por lo que respecta al cumplimiento de las normas relativas a la participación de los trabajadores establecidas en el artículo 133, el Estado miembro de la sociedad que se fusiona verificará que el proyecto común de fusión transfronteriza a que se refiere el apartado 2 del presente artículo incluya información sobre los procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y las posibles opciones de tales regímenes.

6.  Como parte del control a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente examinará lo siguiente:

   a) todos los documentos y toda la información presentados a la autoridad de conformidad con los apartados 2 y 2 bis;
   c) la indicación por parte de las sociedades que se fusionan de que ha comenzado el procedimiento a que se refiere el artículo 133, apartados 3 y 4, en su caso.

7.  Los Estados miembros velarán por que el control a que se refiere el apartado 1 se efectúe en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción de los documentos y la información relativos a la aprobación de la fusión transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se obtendrá uno de los siguientes resultados:

   a) cuando se determine que la fusión transfronteriza cumple todas las condiciones pertinentes y que se han realizado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente expedirá el certificado previo a la fusión;
   b) cuando se determine que la fusión transfronteriza no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han observado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente no expedirá el certificado previo a la fusión e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En ese caso, la autoridad competente podrá ofrecer a la sociedad la posibilidad de cumplir las condiciones pertinentes o de realizar los procedimientos y trámites en un plazo adecuado.

8.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida el certificado previo a la fusión si se determina, de conformidad con la legislación nacional, que la fusión transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos.

9.  Si la autoridad competente, a través del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, tiene sospechas graves de que la división transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, tendrá en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, como, cuando proceda y no se consideren de manera aislada, factores indicativos de los cuales haya tenido conocimiento la autoridad competente en el curso del control de legalidad a que se refiere el apartado 1, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes. El control a efectos del presente apartado se realizará caso por caso mediante un procedimiento regido por el Derecho nacional.

10.  Cuando para el control previsto en el apartado 7 resulte necesario tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales, podrá ampliarse el plazo de tres meses previsto en el apartado 6 por un máximo de tres meses más.

11.  Cuando, debido a la complejidad del procedimiento transfronterizo, no sea posible realizar el control en los plazos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que se notifique al solicitante los motivos de cualquier retraso antes de la expiración del plazo inicial.

12.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 puedan consultar a otras autoridades pertinentes con competencias en los distintos ámbitos afectados por la fusión transfronteriza, incluidas las del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión, y puedan obtener de dichas autoridades, así como de la sociedad, la información y los documentos necesarios para llevar a cabo el control de la legalidad, dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. En el marco del control, la autoridad competente podrá recurrir a un perito independiente.»

"

(14)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 127 bis

Transmisión del certificado previo a la fusión

1.  Los Estados miembros velarán por que el certificado previo a la fusión se comparta con las autoridades a que se refiere el artículo 128, apartado 1, a través del sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el certificado previo a la fusión esté disponible a través del sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

2.  El acceso a la información a que se refiere el apartado 1 será gratuito para las autoridades competentes a que se refiere el artículo 128, apartado 1, y los registros.»

"

(15)  El artículo 128 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. « los efectos del apartado 1 ▌, cada una de las sociedades que se fusionan presentará a la autoridad mencionada en dicho apartado el proyecto común de fusión transfronteriza aprobado por la junta general a la que se refiere el artículo 126 o, en caso de que no se requiera la aprobación de la junta general de conformidad con el artículo 132, apartado 3, el proyecto de fusión transfronteriza aprobado por cada una de las sociedades que se fusionan de conformidad con la legislación nacional

"

b)  Se añaden los apartados ▌siguientes:"

3. Cada Estado miembro velará por que la solicitud ▌ a la que se refiere el apartado 1 por parte de cualquiera de las sociedades que se fusionan, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 aprobará la fusión transfronteriza tan pronto como haya concluido su control de las condiciones pertinentes.

5.   Las autoridades competentes de los Estados miembros de las sociedades que resulten de una fusión transfronteriza aceptarán el certificado o los certificados previos a la fusión a los que se refiere el artículo 127 bis, apartado 1, como prueba concluyente de la correcta cumplimentación de los procedimientos y trámites previos a la fusión en los respectivos Estados miembros. ▌»

"

(16)  El artículo 130 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La legislación de ▌ los Estados miembros de las sociedades objeto de la fusión y de la sociedad resultante de la fusión determinará, por lo que se refiere al territorio de ese Estado, las formas de publicidad de la realización de la fusión transfronteriza, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 en el registro público en el que cada una de estas sociedades esté obligada a presentar los documentos.»

"

b)  Se inserta el apartado 1 bis:"

«1 bis. Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la información siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán accesibles mediante el sistema al que se refiere el artículo 22:

   a) en el registro del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión: que la inscripción de la sociedad resultante de la fusión es el resultado de una fusión transfronteriza;
   b) en el registro del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión; la fecha de inscripción de la sociedad resultante de la fusión
   c) en el registro del Estado miembro de cada una de las sociedades que se fusionan: la fecha de supresión de la sociedad en el registro;
   d) en el registro del Estado miembro de cada una de las sociedades que se fusionan: que la supresión de la sociedad es el resultado de una fusión transfronteriza;
   e) en el registro del Estado miembro de cada una de las sociedades que se fusionan y en el del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión, respectivamente: los números de registro, la razón social y la forma jurídica de cada una de las sociedades que se fusionan y de la sociedad resultante de la fusión.»

"

(17)  El artículo 131 queda modificado como sigue:

a)  ▌el apartado 1 ▌se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La fusión transfronteriza realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119, punto 2, letras a), c) y d), producirá, a partir de la fecha contemplada en el artículo 129, los siguientes efectos:

   a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad absorbente y se mantendrá en esta;
   b) los socios de la sociedad absorbida se convertirán en socios de la sociedad absorbente, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 126 bis, apartado 1;
   c) la sociedad absorbida dejará de existir.»;

"

b)  en el apartado 2, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:"

«a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las sociedades que se fusionan, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la nueva sociedad y se mantendrá en esta;

   b) los socios de las sociedades que se fusionan se convertirán en socios de la nueva sociedad, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 126 bis, apartado 1;

"

(18)  El artículo 132 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Cuando una fusión transfronteriza por absorción sea realizada por una sociedad que posea todas las acciones y todos los demás títulos que confieran derechos de voto en la junta general de la sociedad o sociedades absorbidas o por una persona que posea directa o indirectamente todas las acciones de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas y la sociedad absorbente no asigne acciones en virtud de la fusión:

   el artículo 122, letras b), c), e) y m); el artículo 125 y el artículo 131, apartado 1, letra b), no serán de aplicación;
   el artículo 124 y el artículo 126, apartado 1, no serán de aplicación a la sociedad o a las sociedades absorbidas.»

"

b)  Se añade el apartado 3 siguiente:"

«3. Cuando las legislaciones de los Estados miembros de todas las sociedades que se fusionan dispongan la exención de la aprobación por la junta general, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, y el apartado 1 del presente artículo, el proyecto común de fusión transfronteriza y la información a la que se refieren los apartados 1 a 3 del artículo 123, así como los informes a los que se refieren los artículos 124 y 124 bis, se pondrán a disposición del público al menos un mes antes de que la sociedad adopte la decisión sobre la fusión de con arreglo a la legislación nacional.»;

"

(19)  El artículo 133 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 2, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«2. No obstante, no se aplicarán las normas vigentes relativas a la participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, si al menos una de las sociedades que se fusionan emplea, en los seis meses que preceden a la publicación del proyecto de fusión transfronteriza con arreglo al artículo 123, un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplicable establecido en la legislación del Estado miembro a cuya jurisdicción esté sujeta la sociedad que se fusiona, que da lugar a la participación de los trabajadores con arreglo al artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, o bien si la legislación nacional aplicable a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza:

"

b)  En el apartado 4, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) otorgarán a los órganos competentes de las sociedades que se fusionan, cuando al menos una de dichas sociedades aplique un sistema de participación de los trabajadores a efectos del artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, el derecho de optar, sin negociación previa, por estar directamente sujetas a las disposiciones de referencia para la participación contempladas en el apartado 3, letra h), fijadas por la legislación del Estado miembro en que se establezca el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, y de respetar dichas disposiciones a partir de la fecha de registro;»;

"

c)   El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. Cuando la sociedad que resulte de la fusión transfronteriza esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, dicha sociedad estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de cuatro años desde que la transformación transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.»;

"

d)   Se añade el apartado 8 siguiente:"

«8. La sociedad comunicará a sus trabajadores o sus representantes si opta por aplicar las normas estándar de participación a las que se refiere el apartado 3, letra h), o si entabla negociaciones en el marco del órgano especial de negociación. En el segundo caso, la sociedad comunicará a sus trabajadores o sus representantes el resultado de las negociaciones sin demora injustificada».

"

(20)  Se añade el artículo 133 bis siguiente:"

Artículo 133 bis

Responsabilidad de los peritos independientes

Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen la responsabilidad civil de los peritos independientes encargados de elaborar el informe previsto en el artículo 125.

Los Estados miembros tendrán vigentes normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual actúe el perito sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses con la sociedad que solicite el certificado previo a la fusión, y que el dictamen del perito sea imparcial y objetivo y tenga por finalidad prestar asistencia a la autoridad competente de conformidad con los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por la legislación aplicable o a las normas profesionales a que esté sujeto el perito.»

"

(21)  En el artículo 134, se añade el párrafo siguiente:"

«Lo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros en el ámbito, en particular, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, a partir de la fecha en que haya surtido efecto la transformación transfronteriza.»

"

(22)  En el título II se añade el siguiente capítulo IV:"

«CAPÍTULO IV

Escisiones transfronterizas de sociedades de capital

Artículo 160 bis

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a las escisiones transfronterizas de las sociedades de capital constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y con sede social, administración central o centro de actividad principal en la Unión, siempre que al menos dos de las sociedades de capital participantes en la escisión se rijan por la legislación de diferentes Estados miembros (en lo sucesivo, «escisión transfronteriza»).

Artículo 160 ter

Definiciones

A efectos del presente Capítulo, se entenderá por:

   (1) «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»: una sociedad de uno de los tipos enumerados en el anexo II;
   (2) «sociedad escindida»: una sociedad que, en un proceso de escisión transfronteriza en el caso de una escisión completa, transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades o, en el caso de una escisión parcial o una escisión por separación, transfiere parte de su patrimonio activo y pasivo a una o varias sociedades,
   (3) «escisión»: una operación en la que:
   a) o bien una sociedad escindida, al ser disuelta sin entrar en liquidación, transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades recientemente constituidas («las sociedades beneficiarias») a cambio de la asignación a los socios de la sociedad escindida de títulos o acciones en las sociedades beneficiarias y, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor nominal de dichos títulos o acciones o, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor contable de sus títulos o acciones («escisión completa»);
   b) o bien una sociedad escindida transfiere una parte de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades recientemente constituidas («las sociedades beneficiarias») a cambio de la atribución a los socios de la sociedad escindida de títulos o acciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida o en ambas y, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor nominal de dichos títulos o acciones o, a falta de valor nominal, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor contable de sus títulos o acciones («escisión parcial»).
   c) o bien una sociedad escindida transfiere parte de su patrimonio activo y pasivo a una o más sociedades de nueva constitución (en lo sucesivo, «sociedades beneficiarias») a cambio de la emisión de títulos o acciones de las sociedades beneficiarias a la sociedad escindida («división por separación»).

Artículo 160 quater

Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 160 ter, punto 3), el presente capítulo se aplicará también a las escisiones transfronterizas en las que la legislación nacional de al menos uno de los Estados miembros afectados permita que la compensación en efectivo a que se refiere el artículo 160 ter, apartado 3, letras a) y b), supere el 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, el 10 % del valor contable de los títulos o acciones que representen el capital social de las sociedades beneficiarias.

3.  El presente capítulo no se aplicará a las escisiones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público, que funcione según el principio de reparto de los riesgos y cuyas participaciones, a petición del tenedor de estas, se readquieran o se rescaten, directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimilan a dichas readquisiciones o reembolsos las medidas dichas sociedades tomen para asegurarse de que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.

4.  Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique en ninguna de las circunstancias siguientes:

   a) cuando la sociedad escindida esté en liquidación y haya empezado a repartir los activos entre sus accionistas;
   b) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución dispuestos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

5.  Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no se aplique a las sociedades que sean objeto de:

   a) procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva;
   a bis) procedimientos de liquidación distintos de los contemplados en el apartado 4, letra a), o
   b) medidas de prevención de crisis en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

6.  La legislación nacional del Estado miembro de la sociedad escindida regirá la parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse en relación con la escisión transfronteriza para la obtención del certificado previo a la escisión, mientras que la legislación nacional de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias regirá la parte del procedimiento y los trámites que deban cumplirse tras la recepción del certificado previo a la escisión de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 160 sexies

Proyecto de escisión transfronteriza

Los órganos de dirección o de administración de la sociedad escindida elaborarán un proyecto de escisión transfronteriza. El proyecto de escisión transfronteriza incluirá al menos las siguientes menciones:

   a) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social de la sociedad escindida y los propuestos para la nueva sociedad o las nuevas sociedades resultantes de la escisión transfronteriza;
   b) en su caso, la relación aplicable al canje de los títulos o acciones del capital social y el importe de cualquier pago en efectivo;
   c) las modalidades de entrega de los títulos o acciones representativos del capital social de las sociedades beneficiarias o de la sociedad escindida;
   d) el calendario indicativo propuesto para la escisión transfronteriza;
   e) las posibles consecuencias de la escisión transfronteriza para el empleo;
   f) la fecha a partir de la cual los títulos o acciones representativos del capital social darán derecho a participar en los beneficios, así como toda condición especial que afecte a este derecho;
   g) la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se escindan se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por la sociedad resultante de la escisión transfronteriza;
   h) ▌ las ventajas particulares otorgadas a los miembros de los órganos de administración, dirección, vigilancia o control de las sociedades que se escindan;
   i) los derechos conferidos por la sociedad escindida a los socios que tuviesen derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos del capital de la sociedad escindida o las medidas propuestas que les conciernan;

   j) las escrituras de constitución, en su caso, y los estatutos si figuran en un documento separado, de las sociedades beneficiarias y cualesquiera modificaciones de las escrituras de constitución de la sociedad escindida en caso de escisión parcia;
   k) en su caso, información sobre los procedimientos por los que se determinan los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a la participación en las sociedades beneficiarias de conformidad con el artículo 160 quindecies ▌;
   l) la descripción exacta de los activos y pasivos de la sociedad escindida y una declaración sobre el modo en que tales activos y pasivos se repartirán entre las sociedades beneficiarias o seguirán en poder de la sociedad escindida en caso de escisión parcial, incluida la disposición referida al tratamiento de los activos o pasivos no asignados explícitamente en el proyecto de escisión transfronteriza, tales como los activos o pasivos desconocidos en la fecha en que se elabore el proyecto de escisión transfronteriza;
   m) información sobre la evaluación del patrimonio activo y pasivo transferido a todas las sociedades que participen en una escisión transfronteriza;
   n) las fechas de las cuentas de la sociedad escindida utilizadas para establecer las condiciones en que se realice la escisión transfronteriza;
   o) en su caso, la asignación a los socios de la sociedad escindida de títulos y acciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida o en una combinación de la sociedad beneficiaria y de la sociedad escindida, y el criterio en el que se base dicha asignación;
   p) detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios ▌de conformidad con el artículo 160 terdecies;
   q) ▌las garantías, tales como fianzas y prendas ofrecidas, en su caso, a los acreedores;

Artículo 160 octies

Informe del órgano de dirección o de administración a los socios y a los trabajadores

1.  El órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida elaborará un informe para los socios y los trabajadores en el que se expliquen y se justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la escisión transfronteriza, además de explicar las consecuencias de la escisión transfronteriza para los trabajadores.

2.  El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular, ▌las consecuencias de la escisión transfronteriza para la actividad empresarial futura de las sociedades.

Incluirá asimismo una sección para los socios y otra para los trabajadores.

3.  En la sección del informe destinada a los socios, se explicará, en particular, lo siguiente:

   a bis) una explicación de la compensación en efectivo y del método empleado para determinarla;
   b) una explicación de la relación de canje de las acciones y el método empleado para determinarla, en su caso;

   d) las consecuencias de la escisión transfronteriza para los socios;
   e) los derechos y las vías de recursos disponibles para los socios ▌de conformidad con el artículo 160 tercedies.

4.  La sección del informe destinada a los socios no se exigirá cuando todos los socios de la sociedad hayan convenido en renunciar a este requisito. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

5.  En la sección del informe destinada a los trabajadores, se explicará, en particular, lo siguiente:

   c bis) las consecuencias de la escisión transfronteriza para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservarlas;
   c ter) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables y en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
   d) el modo en que los factores expuestos en las letras c bis) y c ter) atañen también a las filiales de la sociedad.

6.  Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida reciba, oportunamente, un dictamen sobre las partes del informe a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 de los representantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los socios de dicho dictamen, que se adjuntará al informe.

7.  La sección destinada a los trabajadores no se exigirá cuando la sociedad y sus filiales, si las hubiera, no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de dirección o de administración.

8.  La sociedad podrá decidir si elabora un informe que contenga las dos secciones a que se refieren los apartados 3 y 4, o dos informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

9.   El informe mencionado en el apartado 1 o los informes mencionados en el apartado 5, junto con el proyecto de escisión transfronteriza, de estar este disponible, se pondrán a disposición, en cualquier caso electrónicamente, de los socios y de los representantes de los trabajadores de la sociedad escindida o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, al menos seis semanas antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies.

10.  Cuando, de conformidad con el apartado 3, pueda obviarse la sección destinada a los socios a que se refiere dicho apartado, y cuando, de conformidad con el apartado 4 bis, no se exija la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 4, no se requerirá el informe mencionado en el apartado 1.

11.  Los apartados 1 a 8 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional a raíz de la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.

Artículo 160 decies

Informe pericial independiente

1.  Los Estados miembros velarán por que un perito independiente examine el proyecto de escisión transfronteriza y elabore un informe destinado a los socios que se pondrá a disposición de estos no menos de un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies ▌. En función de la legislación de los Estados miembros, el perito podrá ser una persona física o jurídica.

2.  En el informe al que se refiere el apartado 1 se incluirá, en cualquier caso, la opinión del perito sobre si la compensación en efectivo y la relación de canje de las acciones son adecuadas. En el caso de la compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 160 sexies, letra q), el perito tendrá en cuenta el precio de mercado de las acciones en la sociedad escindida antes del anuncio de la propuesta de escisión o el valor de la sociedad, excluido el efecto de la escisión propuesta determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En el informe figurará al menos:

   a) una indicación del método utilizado para determinar la compensación en efectivo propuesta;
   b) una indicación del método utilizado para determinar la relación de canje de las acciones propuesta;
   c) una indicación de si este método es el adecuado para evaluar la compensación en efectivo y la relación de canje de las acciones, una indicación del valor al que conducen estos métodos y una opinión sobre la importancia relativa dada a estos métodos en la determinación del valor considerado;
   d) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.

▌El perito estará facultado para pedir a la sociedad escindida toda la información necesaria para poder llevar a cabo su cometido.

3.  No se exigirá un examen del proyecto de escisión transfronteriza por parte de un perito independiente ni un informe pericial cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios de la sociedad escindida. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 160 undecies

Publicidad

1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes documentos se publiquen y pongan a disposición del público en el registro del Estado miembro de la sociedad escindida al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies:

   a) el proyecto de escisión transfronteriza;

   b) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad escindida, o, cuando no existan dichos representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, observaciones relativas al proyecto de escisión transfronteriza.

Los Estados miembros podrán exigir que el informe pericial independiente, si ha sido elaborado de conformidad con el artículo 160 decies, se publique y ponga a disposición del público en el registro.

Los Estados miembros velarán por que la sociedad pueda excluir la información confidencial de la publicación del informe pericial independiente.

Los documentos publicados de conformidad con el presente apartado también serán accesibles a través del sistema mencionado en el artículo 22.

2.  Los Estados miembros podrán eximir a la sociedad del requisito de publicación mencionado en el apartado 1 cuando, a lo largo de un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies y que finalice no antes de la conclusión de dicha junta, publique los documentos mencionados en el apartado 1 en su sitio web de forma gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del sitio web y la autenticidad de dichos documentos, a menos que tales requisitos o restricciones sean proporcionados para la consecución de tales objetivos, y únicamente en la medida en que lo sean.

3.  Cuando la sociedad escindida publique el proyecto de escisión transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentará al registro, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies, la información siguiente, que deberá ser divulgada:

   a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad escindida y la forma jurídica, la razón social y el domicilio social propuestos para cualquier nueva sociedad constituida a raíz de la escisión transfronteriza;
   b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artículo 14 en relación con la sociedad escindida y el número de inscripción en dicho registro;
   c) una indicación de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios;
   d) los detalles del sitio web en el que se publique el proyecto de escisión transfronteriza, la notificación y el informe pericial citados en el apartado 1 y la información completa sobre las condiciones citadas en la letra c) del presente apartado podrán obtenerse en línea y de manera gratuita.

4.  Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer ante la autoridad competente en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de escisión transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional o mediante una plataforma electrónica central, de conformidad con el artículo 16, apartado 3. En tal caso, los Estados miembros velarán por que el registro transmita la información pertinente al boletín nacional.

6.  Los Estados miembros velarán por que la documentación a la que se refiere el apartado 1 o la información a que se refiere el apartado 3 sea de acceso público y gratuito mediante el sistema de interconexión de los registros.

Los Estados miembros velarán además por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad por la publicación a que se refieren los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la que se refiere el apartado 5, no superen la recuperación de los costes ▌de la prestación de tales servicios.

Artículo 160 duodecies

Aprobación por la junta general

1.  Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 160 octies ▌y 160 decies, en su caso, así como de los dictámenes de los trabajadores presentados de conformidad con el artículo 160 octies y de las observaciones presentadas de conformidad con el artículo 160 undecies, la junta general de la sociedad escindida decidirá, mediante resolución, si aprueba el proyecto de escisión transfronteriza y si adapta o no la escritura de constitución, así como los estatutos cuando figuren en un documento separado.

2.  La junta general podrá reservarse el derecho de supeditar la ejecución de la escisión transfronteriza a la ratificación expresa de las condiciones citadas en el artículo 160 quindecies.

3.  Los Estados miembros velarán por que la aprobación ▌del proyecto de escisión transfronteriza o su modificación requiera una mayoría no inferior a dos tercios, pero no superior al 90 % de los votos asociados a las acciones o al capital suscrito representado en la junta. En cualquier caso, el umbral de votación no será superior al previsto en la legislación nacional para la aprobación de las fusiones transfronterizas.

4.  Cuando una cláusula del proyecto de escisión transfronteriza o cualquier modificación de la escritura de constitución de la sociedad escindida lleve consigo un aumento de las obligaciones económicas de un socio para con la sociedad o terceros, los Estados miembros podrán disponer que, en tales circunstancias específicas, dicha cláusula o modificación de la escritura de constitución sea aprobada por el socio en cuestión, siempre y cuando este último no pueda ejercer los derechos previstos en el artículo 160 terdecies.

5.  Los Estados miembros velarán por que la aprobación de la escisión transfronteriza por la junta general no pueda ser impugnada únicamente por los motivos siguientes:

   a) que la relación de canje de las acciones mencionada en el artículo 160 sexies, letra b, se haya fijado de manera inadecuada;
   b) porque la compensación en efectivo mencionada en el artículo 160 sexies, letra q), se haya fijado de manera inadecuada;
   c) la información facilitada sobre las letras a) o b) no cumpla los requisitos legales.

Artículo 160 terdecies

Protección de los socios

1.  Los Estados miembros velarán por que al menos los ▌socios que hayan votado en contra de la aprobación del proyecto de escisión transfronteriza de una sociedad escindida tengan derecho a enajenar sus acciones, a cambio de una compensación en efectivo adecuada, en las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6, siempre que, como consecuencia de la escisión, adquieran acciones de las sociedades beneficiarias que se rijan por la legislación de un Estado miembro distinto del de la sociedad escindida.

Los Estados miembros también podrán conferir ese derecho a otros socios de la sociedad escindida.

Los Estados miembros podrán exigir que se documente adecuadamente, a más tardar en la junta general a que se refiere el artículo 160 duodecies, la oposición explícita al proyecto de escisión transfronteriza y/o la intención de los socios de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros podrán permitir que el registro de la objeción al proyecto de escisión transfronteriza se considere documentación adecuada del voto negativo.

2.  Los Estados miembros establecerán el plazo en el que los socios a que se refiere el apartado 1 deban declarar a la sociedad escindida su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Dicho plazo no podrá exceder de un mes desde la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies. Los Estados miembros velarán por que la sociedad escindida facilite una dirección electrónica para recibir dicha declaración por vía electrónica.

3.  Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo en el que habrá de abonarse la compensación en efectivo que figura en el proyecto de escisión transfronteriza. Este plazo no podrá expirar más tarde de los dos meses siguientes a la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza con arreglo al artículo 160 unvicies.

4.  Los Estados miembros velarán por que los socios que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad escindida no se ha fijado adecuadamente, tengan derecho a solicitar una compensación en efectivo complementaria ante las autoridades u organismos competentes mandatos en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros establecerán un plazo para la reclamación de la compensación en efectivo complementaria.

Los Estados miembros podrán disponer que la decisión final de proporcionar una compensación en efectivo complementaria sea válida respecto de los socios de la sociedad escindida en cuestión que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones con arreglo al apartado 2 bis.

5.   Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional del Estado miembro de la sociedad escindida rija los derechos citados en los apartados 1 a 5, y por que la competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a esos derechos recaiga en el Estado miembro de la sociedad escindida.

6.   Los Estados miembros velarán ▌por que los socios de la sociedad escindida que no tenían o no ejercieron el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la relación de canje de las acciones es inadecuada, puedan impugnar tal relación ▌establecida en el proyecto de escisión transfronteriza y reclamar un pago en efectivo. Ese procedimiento se iniciará ante las autoridades u organismos competentes mandatados en virtud de la legislación nacional de la sociedad escindida, dentro del plazo establecido por la legislación nacional del Estado miembro, y no será obstáculo al registro de la escisión transfronteriza. La decisión será vinculante para las sociedades beneficiarias y, en el caso de una escisión parcial, también para la sociedad escindida.

7.  Los Estados miembros también podrán disponer que la sociedad beneficiaria en cuestión y, en caso de escisión parcial, también la sociedad escindida, puedan aportar acciones u otra indemnización ▌en lugar del pago en efectivo.

Artículo 160 quaterdecies

Protección de los acreedores

1.  Los Estados miembros preverán un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de escisión transfronteriza y aún no hayan vencido en el momento de dicha publicación. Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos con las garantías ofrecidas en el proyecto de escisión transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 sexies, letra r), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en el plazo de tres meses a partir de la publicación del proyecto de escisión transfronteriza a la que se refiere el artículo 160 undecies, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que la satisfacción de sus derechos está en juego debido a la escisión transfronteriza y que no se han obtenido garantías suficientes de la sociedad.

Los Estados miembros velarán por que las garantías se supediten a que la escisión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 160 unvicies.

2.  Cuando un acreedor de la sociedad escindida ▌no obtenga satisfacción de la sociedad a la que se atribuya el elemento del patrimonio pasivo las demás sociedades beneficiarias y, en el caso de una escisión parcial o de una escisión por separación, la sociedad escindida junto a la sociedad a la que se atribuya el elemento del patrimonio pasivo serán responsables solidarias de dicha obligación. Sin embargo, el importe máximo de la responsabilidad solidaria de cualquier sociedad que participe en la escisión se limitará al valor, en la fecha en que la escisión surta efecto, de los activos netos atribuidos a esa sociedad.

3.   Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida haga una declaración que refleje con exactitud la situación financiera actual de la sociedad en la fecha de la declaración, que deberá hacerse, como muy pronto, un mes antes de su publicación. En la declaración se hará constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida en esa fecha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, no conocen ningún motivo por el que cualquier sociedad beneficiaria y, en el caso de una escisión parcial, la sociedad escindida, cuando la escisión surta efecto, no pueda atender las obligaciones que se le hayan atribuido en virtud del proyecto de escisión transfronteriza al vencimiento de estas. La declaración se publicará junto con el proyecto de escisión transfronteriza de conformidad con el artículo 160 undecies.

4.  Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales del Estado miembro de la sociedad escindida relativas a la liquidación de los pagos o garantía de los pagos o las obligaciones no pecuniarias a organismos públicos.

Artículo 160 quaterdecies bis

Información y consulta de los trabajadores

1.  Los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en relación con la escisión transfronteriza y por que esos derechos se ejerzan de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE y la Directiva 2001/23/CE, cuando la escisión transfronteriza se considere un traspaso de empresa a efectos de la Directiva 2001/23/CE y, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE. Los Estados miembros podrán decidir aplicar los derechos de información y consulta a otras sociedades distintas de las contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14/CE.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 160 octies, apartado 6, y en el artículo 160 undecies, apartado 1, letra b), los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados, al menos antes de que se decida el proyecto de escisión transfronteriza o el informe a que se refiere el artículo 160 octies, si este es anterior, de modo que se pueda proporcionar a los trabajadores una respuesta motivada antes de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies.

3.  Sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes que sean más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y consulta de conformidad con el artículo 4 de la Directiva2002/14/CE.

Artículo 160 quindecies

Participación de los trabajadores

1.  Sin perjuicio del apartado 2, cada sociedad resultante de la escisión transfronteriza estará sujeta a las normas relativas a la participación de los trabajadores, si las hubiere, vigentes en el Estado miembro en que se encuentre su domicilio social.

2.  No obstante, no se aplicarán las normas relativas a la participación de los trabajadores vigentes en el Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la sociedad resultante de la escisión transfronteriza cuando la sociedad escindida emplee, durante el periodo de seis meses anterior a la publicación del proyecto de escisión transfronteriza con arreglo al artículo 160 sexies de la presente Directiva, un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplicable establecido en la legislación del Estado miembro de la sociedad escindida que dé lugar a la participación de los trabajadores con arreglo al artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, o bien cuando la ley nacional aplicable a cada una de las sociedades beneficiarias:

   a) no disponga al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que se aplicaba en la sociedad escindida antes de la escisión, medido en función de la proporción de miembros que representan a los trabajadores en el órgano de administración o de supervisión, o en sus comités, o en el órgano de dirección competente dentro de la sociedad para decidir el reparto de los beneficios, siempre que haya una representación de los trabajadores; o
   b) no disponga que los trabajadores de los establecimientos de las sociedades beneficiarias situados en otros Estados miembros puedan ejercer los mismos derechos de participación de que gocen los trabajadores empleados en el Estado miembro donde se encuentre el domicilio social de la sociedad beneficiaria.

3.  En los casos a que se refiere el apartado 2, la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la escisión transfronteriza, así como su implicación en la definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados miembros, mutatis mutandis y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del presente artículo, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en el artículo 12, apartados 2 ▌y 4, del Reglamento (CE) n.° 2157/2001 y en las disposiciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE:

   a) artículo 3, apartado 1; artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); artículo 3, apartado 2, letra b); artículo 3, apartado 3; las dos primeras frases del artículo 3, apartado 4 ▌; artículo 3, apartado 5, ▌y artículo 3, apartado 7;
   b) artículo 4, apartado 1; artículo 4, apartado 2, letras a), g) y h); artículo 4, apartado 3, y artículo 4, apartado 4;
   c) artículo 5;
   d) artículo 6;
   e) artículo 7, apartado 1, salvo el segundo guion de la letra b);
   f) artículos 8, ▌10, 11 y 12;
   g) anexo, parte 3, letra a).

4.  Al regular los principios y procedimientos a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros:

   a) conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas y basarse en las normas de participación vigentes en los Estados miembros de cada una de las sociedades beneficiarias;
   b) podrán, a raíz de negociaciones previas, cuando las normas de referencia para la participación sean de aplicación y sin perjuicio de lo dispuesto en ellas, decidir limitar la proporción de representantes de los trabajadores en el órgano de administración de las sociedades beneficiarias. No obstante, cuando en la sociedad escindida los representantes de los trabajadores constituyan al menos una tercera parte de los miembros del órgano de administración o de supervisión, esta limitación nunca podrá tener por efecto que la proporción de representantes de los trabajadores en el órgano de administración sea inferior a un tercio;
   c) velarán por que las normas sobre participación que se aplicaban antes de la escisión transfronteriza sigan siendo aplicables hasta la fecha de aplicación de las normas convenidas posteriormente o, en ausencia de las normas convenidas, hasta la aplicación de las normas de referencia con arreglo a la parte 3 letra a), del anexo.

5.  La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de las sociedades beneficiarias empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 2, letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por tener en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales que den lugar a los derechos de participación en virtud de la legislación nacional.

6.  Cuando alguna sociedad beneficiaria esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, dicha sociedad estará obligada a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.

7.  Cuando la sociedad beneficiaria esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de cuatro años desde la fecha en que la escisión transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.

8.  La sociedad comunicará a sus trabajadores o a sus representantes el resultado de las negociaciones relativas a su participación sin demora injustificada.

Artículo 160 sexdecies

Certificado previo a la escisión

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad o autoridades competentes (en lo sucesivo, «autoridad competente») para controlar la legalidad de las escisiones transfronterizas para la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de la sociedad escindida y para expedir el certificado previo a la escisión que acredite el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta cumplimentación de todos los procedimientos y trámites en dicho Estado miembro.

Dicha cumplimentación de los procedimientos y trámites podrá abarcar la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales específicos, incluida la garantía de pagos u obligaciones derivados de procedimientos pendientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado previo a la escisión por parte de la sociedad escindida se acompañe de lo siguiente:

   a) el proyecto de escisión a que se refiere el artículo 160 quinquies;
   b) el informe y el dictamen adjunto, de existir, mencionados en el artículo 160 octies, así como el informe a que se refiere el artículo 160 decies, cuando estén disponibles;
   b bis) las observaciones que se hubieran presentado de conformidad con el artículo 160 undecies, apartado 1;
   c) la información sobre la aprobación por la junta general ▌mencionada en el artículo 160 duodecies.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que la solicitud para obtener el certificado previo a la escisión se acompañe de información adicional, en particular:

   a) sobre el número de trabajadores en el momento de la elaboración del proyecto común de escisión;
   b) sobre las filiales y su respectiva ubicación geográfica;
   c) sobre el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad adeude a organismos públicos.

A efectos del presente apartado, las autoridades competentes podrán requerir esta información, en caso de no ser facilitada, a otras autoridades pertinentes.

4.   Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refieren los apartados 2 y 2 bis, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.   En lo que se refiere al cumplimiento de las normas relativas a la participación de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 160 quindecies, la autoridad competente del Estado miembro de la sociedad escindida comprobará que los proyectos de escisión transfronteriza mencionados en el artículo 160 quinquies incluyan información sobre los procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y sobre las posibles opciones relativas a tales regímenes.

6.   En el marco del control ▌mencionado en el apartado 1, la autoridad competente examinará la información siguiente:

   a) todos los documentos y toda la información presentados a la autoridad de conformidad con los apartados 2 y 2 bis;
   c) una indicación por parte de la sociedad de que ha comenzado el procedimiento al que se alude en el artículo 160 quindecies, apartados 3 y 4, en su caso.

7.  Los Estados miembros velarán por que el control a que se refiere el apartado 1 se efectúe en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción de los documentos y la información relativa a la aprobación de la escisión transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se obtendrá uno de los siguientes resultados:

   a) cuando se determine que la escisión transfronteriza ▌cumple todas las condiciones pertinentes y que se han cumplimentado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente expedirá el certificado previo a la escisión;
   b) cuando se determine que la escisión transfronteriza ▌no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han cumplimentado todos los procedimientos y/o trámites necesarios, la autoridad competente no expedirá el certificado previo a la escisión e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En ese caso, la autoridad competente podrá ofrecer a la sociedad la posibilidad de cumplir las condiciones pertinentes o de realizar los procedimientos y trámites en un plazo adecuado.

8.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida el certificado previo a la escisión si se determina, de conformidad con la legislación nacional, que la escisión transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos.

9.  Si la autoridad competente, a través del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, alberga serias dudas respecto a que la escisión transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, tendrá en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, como, cuando proceda y no se considere de manera aislada, factores indicativos de los cuales haya tenido conocimiento la autoridad competente en el curso del control de legalidad a que se refiere el apartado 1, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes. El control a efectos del presente apartado se realizará caso por caso mediante un procedimiento regido por el Derecho nacional.

10.  Cuando para el control previsto en el apartado 7 resulte necesario tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales, podrá ampliarse el plazo de tres meses previsto en el apartado 6 por un máximo de tres meses más.

11.  Cuando, debido a la complejidad del procedimiento transfronterizo, no sea posible realizar el control en los plazos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que se notifique al solicitante los motivos de cualquier retraso antes de la expiración del plazo inicial.

12.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 puedan consultar a otras autoridades pertinentes con competencias en los distintos ámbitos afectados por la escisión transfronteriza, incluidas las del Estado miembro de las sociedades beneficiarias, y obtener de dichas autoridades, así como de la sociedad, la información y los documentos necesarios para llevar a cabo el control de la legalidad, dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. En el marco del control, la autoridad competente podrá recurrir a un perito independiente.

Artículo 160 octodecies

▌Transmisión del certificado previo a la escisión

2.  Los Estados miembros velarán por que ▌el certificado previo a la escisión se comparta con las autoridades mencionadas en el artículo 160 novodecies, apartado 1, ▌mediante el sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el certificado previo a la escisión se ponga a disposición mediante el sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

3.  El acceso a la información a que se refiere el apartado 2 será gratuito para las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 160 novodecies, apartado 1, y para los registros.

Artículo 160 novodecies

Control de la legalidad de la escisión transfronteriza

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad competente para controlar la legalidad de la escisión transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedimiento que concierna a la conclusión de la escisión transfronteriza y se rija por la legislación de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias, y para aprobar la escisión transfronteriza ▌cuando se hayan cumplimentado debidamente todos los procedimientos y trámites en dicho Estado miembro.

La autoridad o las autoridades competentes velarán, en concreto, por que las sociedades beneficiarias propuestas cumplan las disposiciones de la legislación nacional en materia de constitución de sociedades y de registro y, en su caso, por que las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores se hayan establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 quindecies.

2.  A efectos del apartado 1 del presente artículo, la sociedad escindida presentará a cada autoridad mencionada en el apartado 1 el proyecto de escisión transfronteriza aprobado por la junta general a que se refiere el artículo 160 duodecies.

3.  Cada Estado miembro velará por que la solicitud a la que se refiere el apartado 1, tramitada por la sociedad que realice la escisión transfronteriza, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo deberá ▌aprobar la escisión transfronteriza tan pronto como haya completado su evaluación de las condiciones pertinentes.

5.  El certificado previo a la escisión a que se refiere el artículo 160 octodecies, apartado 2, será aceptado por cualquier autoridad competente mencionada en el apartado 1 del presente artículo como prueba concluyente de la correcta cumplimentación de los procedimientos y trámites previos a la escisión en el Estado miembro de la sociedad escindida, sin los que la escisión transfronteriza no puede aprobarse.

Artículo 160 vicies

Registro

1.  La legislación ▌de los Estados miembros de la sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias ▌determinará, con respecto al territorio de dicho Estado, las condiciones de publicidad de la conclusión de la escisión transfronteriza, de conformidad con el artículo 16.

2.  Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la información siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán accesible mediante el sistema al que se refiere el artículo 22:

   a) ▌en el registro de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias: que el registro de la sociedad beneficiaria es resultado de una escisión transfronteriza;
   b) en el registro del Estado miembro de las sociedades beneficiarias: las fechas de registro de las sociedades beneficiarias;
   c) en el registro del Estado miembro de la sociedad escindida: en caso de escisión completa, la fecha de supresión en el registro ▌;
   d) en el registro del Estado miembro de la sociedad escindida: que la supresión de la sociedad es el resultado de una escisión transfronteriza;
   e) en los registros de los Estados miembros de la sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias, respectivamente: los números de registro, el nombre y la forma jurídica de la sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias.

3.  Los Estados miembros velarán por que los registros de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias notifiquen al registro del Estado miembro de la sociedad escindida, mediante el sistema descrito en el artículo 22, que se han registrado las sociedades beneficiarias. En caso de escisión completa, la supresión en el registro de la sociedad escindida se llevará a cabo inmediatamente después de la recepción de dichas notificaciones.

4.  Los Estados miembros velarán por que el registro de los Estados miembros de la sociedad escindida notifique a los registros de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias, mediante el sistema descrito en el artículo 22, que la escisión transfronteriza ha surtido efecto.

Artículo 160 unvicies

Fecha en que surte efecto la escisión transfronteriza

La legislación del Estado miembro de la sociedad escindida determinará la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza. La fecha será posterior a la realización del control mencionado en los artículos 160 sexdecies ▌y 160 novodecies y a la recepción de todas las notificaciones mencionadas en el artículo 160 vicies, apartado 3.

Artículo 160 duovicies

Consecuencias de la escisión transfronteriza

1.  Una escisión transfronteriza completa realizada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha contemplada en el artículo 160 unvicies, las consecuencias siguientes:

   a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a las sociedades beneficiarias ▌de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión transfronteriza,
   b) los socios de la sociedad escindida devendrán socios de las sociedades beneficiarias de acuerdo con la asignación de acciones especificada en el proyecto de escisión transfronteriza, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 160 terdecies, apartado 1;
   c) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida que dimanen de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza se transferirán ▌a las respectivas sociedades beneficiarias;
   d) la sociedad escindida se extinguirá;

2.   Una escisión transfronteriza parcial realizada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha contemplada en el artículo 160 unvicies, las consecuencias siguientes:

   a) una parte del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad o sociedades beneficiarias y el resto se mantendrá en la sociedad escindida de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión transfronteriza;
   b) al menos algunos de los socios de la sociedad escindida devendrán socios de la sociedad o sociedades beneficiarias y algunos de ellos, al menos, permanecerán en la sociedad escindida o serán socios de ambas, de conformidad con la asignación de acciones especificada en el proyecto de escisión transfronteriza, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 160 terdecies, apartado 1;
   c) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de los contratos de trabajo o de la relación laboral existentes en la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza, atribuidos a la sociedad o sociedades beneficiarias de conformidad con el proyecto de escisión transfronteriza se transferirán a las sociedades beneficiarias respectivas.

3.  Una escisión transfronteriza por separación realizada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha a que se refiere el artículo 160 unvicies, las consecuencias siguientes:

   a) la parte del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad o sociedades beneficiarias y el resto se mantendrá en la sociedad escindida de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión transfronteriza;
   a bis) las acciones de la empresa o empresas beneficiarias se asignarán a la sociedad escindida;
   b) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de los contratos de trabajo o de la relación laboral existentes en la fecha en que surta la escisión transfronteriza, atribuidos a la sociedad o sociedades beneficiarias de conformidad con el proyecto de escisión transfronteriza se transferirán a las sociedades beneficiarias respectivas.

4.  Los Estados miembros velarán por que, cuando un elemento del patrimonio activo o pasivo de la sociedad escindida no se atribuya explícitamente en el proyecto de escisión como establece el artículo 160 sexies, letra m), y la interpretación de este no permita decidir su reparto, el elemento del patrimonio activo, su contravalor o el elemento del patrimonio pasivo se reparta entre todas las sociedades beneficiarias o, en caso de escisión parcial o de escisión por separación, entre todas las sociedades beneficiarias y la sociedad escindida de manera proporcional al activo atribuido a cada una de ellas en el proyecto de escisión transfronteriza. En cualquier caso, será de aplicación el artículo 160 quaterdecies, apartado 2.

5.   Cuando, en caso de escisión transfronteriza regulada por el presente capítulo, la legislación de los Estados miembros requiera formalidades particulares para que la transmisión de determinados activos, derechos y obligaciones por parte de la sociedad escindida surta efecto frente a terceros, la sociedad escindida o las sociedades beneficiarias, en su caso, cumplimentarán esos trámites.

6.  Los Estados miembros velarán por que las acciones de una sociedad beneficiaria no se intercambien por acciones de la sociedad escindida de las que sea titular la propia sociedad o una persona que actúe en su propio nombre pero en representación de la sociedad.

Artículo 160 duovicies bis

Formalidades simplificadas

Cuando una escisión se lleve a cabo como «escisión por separación», como se establece en el artículo 160 ter, punto 3, letra c), no se aplicarán el artículo 160 sexies, letras b), c), f), i) p) y q), ni los artículos 160 octies, 160 decies y 160 terdecies.

Artículo 160 tervicies

Responsabilidad de los peritos independientes

Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen al menos la responsabilidad civil del perito independiente encargado de elaborar el informe previsto en el artículo 160 decies ▌.

Los Estados miembros dispondrán de normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual este actúe sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses con la sociedad que solicite el certificado previo a la escisión, y que el dictamen del perito sea imparcial y objetivo y tenga por finalidad prestar asistencia a la autoridad competente de conformidad con los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por la legislación aplicable o las normas profesionales a que esté sujeto el perito.

Artículo 160 quatervicies

Validez

No podrá declararse la nulidad absoluta de una escisión transfronteriza que haya surtido efecto en cumplimiento de los procedimientos de transposición de la presente Directiva.

Lo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros en el ámbito, en particular, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, a partir de la fecha en que haya surtido efecto la escisión transfronteriza.»

"

Artículo 2

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de medidas y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas en virtud de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas normas podrán incluir sanciones penales en caso de infracción grave.

Tales medidas y sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 3

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar [la Oficina de Publicaciones debe introducir la fecha exacta = el último día del trigésimo sexto mes posterior a la entrada en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 4

Informes y revisión

1.  A más tardar dentro de un plazo de cuatro años desde [la OP consignará la fecha de finalización del periodo de transposición de la presente Directiva], la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva, incluida una evaluación de la aplicación de la información, la consulta y la participación del trabajador en el marco de las operaciones transfronterizas, en particular una evaluación de las normas relativas al número de representantes en el órgano de administración de la sociedad resultante de la operación transfronteriza, y de la eficacia de las salvaguardias relativas a las negociaciones sobre los derechos de participación de los trabajadores teniendo en cuenta el carácter dinámico de las sociedades que se desarrollan a nivel transfronterizo, y presentará un informe ▌al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre sus conclusiones, teniendo particularmente en cuenta la posible necesidad de introducir en el Derecho de la Unión un marco armonizado sobre la representación de los trabajadores en el órgano de administración, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la elaboración de dicho informe, en particular datos sobre el número de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, su duración y los costes conexos, datos sobre los casos en que se haya denegado un certificado previo a la transformación, así como datos estadísticos agregados sobre el número de negociaciones sobre los derechos de participación de los trabajadores en las operaciones transfronterizas y datos sobre el funcionamiento y los efectos de las normas de competencia aplicables a las operaciones transfronterizas.

2.  El informe evaluará en particular los procedimientos a los que se refieren el capítulo I del título II y el capítulo IV del título II, sobre todo en lo que concierne a su duración y costes.

3.  El informe incluirá una evaluación de la viabilidad de establecer disposiciones relativas a los tipos de escisiones transfronterizas que no se regulan en la presente Directiva, incluidas, en particular, las escisiones transfronterizas mediante absorción.

Artículo 5

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 6

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 62 de 15.2.2019, p. 24.
(2)* EL PRESENTE TEXTO NO HA SIDO SOMETIDO AÚN A REVISIÓN JURÍDICO-LINGÜÍSTICA.
(3)DO C … de …, p. ….
(4) Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019.
(5)Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada) (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
(6)Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
(7)Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
(8)Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida) (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).
(9) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(10) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
(11) Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (DO L 294 de 10.11.2001, p. 22).
(12) Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
(13) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
(14) Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 de 12.8.1998, p. 1).
(15) Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
(16) Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro (DO L 310 de 25.11.2009, p. 34).
(17) Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
(18) Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 146 de 3.6.2016, p. 8).
(19) Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (DO L 139 de 5.6.2018, p. 1).
(20) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(21) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(22)DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.


Fondo Europeo de Defensa ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD))
P8_TA(2019)0430A8-0412/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0476),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 173, apartado 3, el artículo 182, apartado 4, el artículo 183 y el artículo 188, segundo párrafo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0268/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 2018(1),

–  Vista la carta de su Presidente a los presidentes de las comisiones parlamentarias, de 25 de enero de 2019, en la que se expone el enfoque del Parlamento sobre los programas sectoriales del marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020,

–  Vista la carta del Consejo al Presidente del Parlamento Europeo, de 1 de abril de 2019, en la que se confirma la interpretación común alcanzada entre los colegisladores durante las negociaciones,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0412/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa

P8_TC1-COD(2018)0254


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 173, apartado 3, su artículo 182, apartado 4, su artículo 183 y su artículo 188, párrafo segundo,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(-1 ter)  El contexto geopolítico de la Unión se ha modificado drásticamente en la última década. La situación en las regiones vecinas de Europa es inestable y la Unión se encuentra ante un entorno complejo y problemático en el que la aparición de nuevas amenazas, como los ataques híbridos y los ciberataques, viene acompañada del resurgir de desafíos más convencionales. Frente a este contexto, los ciudadanos europeos y sus dirigentes políticos comparten la idea de que es necesario un esfuerzo colectivo mayor en el ámbito de la defensa.

(-1 quater)  El sector de la defensa se caracteriza por los costes cada vez mayores de los equipos de defensa y por los elevados costes de investigación y desarrollo (I+D) que limitan la puesta en marcha de nuevos programas de defensa y repercuten directamente en la competitividad y la capacidad de innovación de la base industrial y tecnológica de la defensa europea. Habida cuenta de esta escalada de los costes, debe apoyarse a nivel de la Unión el desarrollo de una nueva generación de importantes sistemas de defensa y de nuevas tecnologías de defensa, a fin de aumentar la cooperación entre los Estados miembros a la hora de invertir en equipos de defensa.

(1)  En el Plan de Acción Europeo de Defensa, adoptado el 30 de noviembre de 2016, la Comisión se comprometió a complementar, favorecer y consolidar los esfuerzos de colaboración emprendidos por los Estados miembros para desarrollar capacidades tecnológicas e industriales en el ámbito de la defensa que respondan a los retos en materia de seguridad, así como a fomentar una industria europea de la defensa competitiva, innovadora y eficiente en toda la Unión y fuera de ella, apoyando de este modo la creación de un mercado de defensa más integrado en Europa y promoviendo la adquisición de productos y tecnología de defensa europeos en el mercado interior, lo que reforzaría la independencia frente a fuentes de terceros países. Propuso, en particular, poner en marcha un Fondo Europeo de Defensa («el Fondo») para apoyar las inversiones en la investigación y el desarrollo conjuntos de productos y tecnologías de defensa, fomentando así las sinergias y la rentabilidad, y para promover que los Estados miembros compartan los gastos de adquisición y mantenimiento de los equipos de defensa. Este Fondo complementaría la financiación nacional ya utilizada a estos efectos y serviría de incentivo para que los Estados miembros cooperen e inviertan más en defensa. El Fondo apoyaría la cooperación durante todo el ciclo de desarrollo de los productos y las tecnologías de defensa.

(2)  El Fondo contribuiría al establecimiento de una base industrial y tecnológica de la defensa europea fuerte, competitiva e innovadora, e iría de la mano de las iniciativas de la Unión en pos de una mayor integración del mercado europeo de la defensa y, en particular, de las dos Directivas(4) sobre contratación pública y transferencias de la UE en el sector de la defensa adoptadas en 2009.

(3)  Siguiendo un enfoque integrado y con el fin de contribuir al aumento de la competitividad y de la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión, debe establecerse el Fondo Europeo de Defensa. El Fondo debe tener como objetivo mejorar la competitividad, wla innovación, la eficiencia y la autonomía tecnológica de la industria de la defensa de la Unión, contribuyendo de esta forma a la autonomía estratégica de la Unión mediante su apoyo a la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros y a la cooperación entre las empresas, los centros de investigación, las administraciones nacionales, las organizaciones internacionales y las universidades en toda la Unión, tanto en la fase de investigación como en la fase de desarrollo de los productos y tecnologías de defensa. Para lograr soluciones más innovadoras y un mercado interior abierto, el Fondo debe respaldar y facilitar el incremento de la cooperación transfronteriza de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas de mediana capitalización que trabajan en el ámbito de la defensa.

Dentro de la Unión, las carencias en materia de investigación y capacidades de defensa comunes se determinan en el marco de la política común de seguridad y defensa ▌, en particular mediante ▌el Plan de Desarrollo de Capacidades, mientras que el Programa Estratégico General de Investigación determina también objetivos comunes de investigación en materia de defensa. Otros procedimientos de la Unión, como la revisión anual coordinada sobre defensa y la Cooperación Estructurada Permanente, respaldarán la ejecución de las prioridades pertinentes, detectando y aprovechando las posibilidades de mejorar la cooperación con vistas a colmar el nivel de ambición de la Unión en materia de seguridad y defensa. Cuando se considere adecuado, deben tenerse en cuenta las prioridades regionales e internacionales, incluidas las de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si están en consonancia con las prioridades de la Unión y no impiden que un Estado miembro o un país asociado participe, teniendo en cuenta asimismo la obligación de evitar duplicaciones innecesarias.

(4)  La fase de investigación es ▌crucial, ya que condiciona la capacidad ▌y la autonomía de la industria europea para desarrollar productos, así como la independencia de los Estados miembros como usuarios finales de la defensa. La fase de investigación vinculada al desarrollo de las capacidades de defensa puede conllevar riesgos significativos, en particular, relacionados con el bajo nivel de madurez y el potencial de disrupción de las tecnologías. La fase de desarrollo, que suele seguir a la fase de investigación ▌, entraña también importantes riesgos y costes que entorpecen la posterior explotación de los resultados de la investigación e inciden negativamente en la competitividad y la innovación de la industria de defensa de la Unión. Así pues, el Fondo debe fomentar el vínculo entre las fases de investigación y desarrollo.

(5)  El Fondo no debe apoyar la investigación básica pura, que, a su vez, debe recibir el respaldo de otros instrumentos, pero puede cubrir la investigación fundamental orientada a la defensa que tenga visos de constituir la base de la solución a problemas o posibilidades reconocidos o esperados.

(6)  El Fondo podría apoyar acciones relativas tanto a nuevos productos y tecnologías como a la mejora de los existentes. Las acciones de mejora de productos y tecnologías de defensa existentes solo deben ser admisibles cuando la información ya existente necesaria para llevar a cabo la acción ▌no esté sujeta a ninguna restricción por terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados que impida llevar a cabo la acción. Al solicitar la financiación de la Unión, las entidades jurídicas deben tener la obligación de facilitar la información pertinente para determinar la ausencia de restricciones. De no proporcionarse dicha información, no debe concederse la financiación de la Unión.

(6 bis)   El Fondo debe apoyar financieramente las acciones que propicien el desarrollo de tecnologías disruptivas para la defensa. Dado que las tecnologías disruptivas pueden basarse en conceptos o ideas procedentes de actores no convencionales en el ámbito de la defensa, el Fondo debe permitir flexibilidad suficiente a la hora de consultar a las partes interesadas y ejecutar las acciones.

(7)  Con el fin de garantizar que se respeten las obligaciones internacionales de la Unión y sus Estados miembros en la ejecución del presente Reglamento, las acciones relativas a productos o tecnologías cuyo uso, desarrollo o producción estén prohibidos por el Derecho internacional no deben ser apoyadas financieramente por el Fondo. A este respecto, la admisibilidad de las acciones relacionadas con nuevos productos o tecnologías de defensa ▌también debe estar sujeta a la evolución del Derecho internacional. Tampoco deben poder optar al apoyo financiero del Fondo las acciones destinadas a desarrollar armas autónomas letales que no permitan un control humano significativo sobre las decisiones de selección e intervención cuando lleven a cabo ataques contra seres humanos, sin perjuicio de la posibilidad de financiar acciones para el desarrollo de sistemas de alerta rápida y contramedidas con fines defensivos.

(8)  La dificultad de llegar a un acuerdo sobre los requisitos consolidados de las capacidades de defensa y las especificaciones o normas técnicas comunes dificulta la colaboración transfronteriza entre Estados miembros y entre entidades jurídicas radicadas en diferentes Estados miembros. La ausencia de tales requisitos, especificaciones y normas ha llevado a una fragmentación cada vez mayor del sector de la defensa, a una gran complejidad técnica, a retrasos y costes desorbitados, a duplicaciones innecesarias, así como a una reducida interoperabilidad. El acuerdo sobre especificaciones técnicas comunes debe ser un requisito previo para las acciones que impliquen un nivel mayor de disposición tecnológica. También deben ser admisibles para optar al apoyo del Fondo, en particular cuando fomentan la interoperabilidad, las actividades ▌encaminadas a establecer requisitos comunes para las capacidades de defensa ▌, así como las actividades destinadas a ayudar a la creación de una definición común de las especificaciones o normas técnicas.

(9)  Puesto que el objetivo del Fondo es apoyar la competitividad, la eficiencia y la innovación de la industria de la defensa de la Unión favoreciendo y complementando las actividades colaborativas de investigación y tecnología en materia de defensa y reduciendo los riesgos de la fase de desarrollo de los proyectos de cooperación, las acciones relacionadas con la investigación y el desarrollo de un producto o una tecnología de defensa deben ser subvencionables. Lo mismo sucede con la mejora de los productos y tecnologías de defensa existentes, por ejemplo, en lo que respecta a su interoperabilidad.

(10)  Dado que el Fondo tiene especialmente por objeto aumentar la cooperación entre entidades jurídicas y Estados miembros de toda Europa, las acciones deben ser subvencionables cuando supongan la cooperación en el seno de un consorcio de al menos tres entidades jurídicas radicadas en, como mínimo, tres Estados miembros o países asociados diferentes. Al menos tres de estas entidades ▌admisibles, establecidas en al menos dos Estados miembros o países asociados diferentes, no deben estar bajo el control ▌directo o indirecto de la misma entidad, ni controlarse mutuamente. En este sentido, debe entenderse por «control» la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas. Teniendo en cuenta las particularidades de las tecnologías disruptivas para la defensa así como las de los estudios, estas actividades podrían llevarse a cabo por una sola entidad jurídica. Con el fin de impulsar la cooperación entre los Estados miembros, el Fondo también puede apoyar la contratación precomercial conjunta.

(11)  En virtud del [la referencia debe actualizarse según corresponda de acuerdo con una nueva Decisión sobre los PTU: artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE del Consejo(5)], las entidades establecidas en los países y territorios de ultramar deben poder optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Fondo y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(12)  Puesto que el Fondo tiene por objeto aumentar la competitividad y la eficiencia ▌de la industria de la defensa de la Unión, solo las entidades establecidas en la Unión o en los países asociados y no controladas por terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados deben, en principio, ser admisibles. En este sentido, debe entenderse por «control» la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas. Además, con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, las infraestructuras, las instalaciones, los activos y los recursos empleados por los beneficiarios y sus subcontratistas en las acciones apoyadas financieramente por el Fondo no deben estar situados en el territorio de terceros países no asociados y sus estructuras de dirección ejecutiva deben estar establecidas en la Unión o en un país asociado. Así pues, una entidad establecida en un tercer país no asociado o una entidad establecida en la Unión o en un país asociado cuya estructura de dirección ejecutiva se encuentre en un tercer país no asociado no puede optar a ser beneficiaria ni subcontratista participante en la acción. Con el fin de salvaguardar los intereses esenciales de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, esas condiciones de admisibilidad también deben aplicarse a la financiación proporcionada a través de la contratación, no obstante lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento Financiero.

(13)  En determinadas circunstancias ▌debe ser posible establecer una excepción al principio de que los beneficiarios y aquellos de sus subcontratistas que participan en una acción apoyada financieramente por el Fondo no estén sujetos a control por parte de terceros países no asociados ni entidades de terceros países no asociados. En este contexto, las entidades jurídicas establecidas en la Unión o en un país asociado que estén controladas por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado deben ser admisibles como beneficiarias o como subcontratistas que participan en una acción siempre que se cumplan condiciones ▌estrictas relativas a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y sus Estados miembros. La participación de tales entidades jurídicas no debe contravenir los objetivos del Fondo. Los solicitantes deben facilitar toda la información pertinente sobre la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos que vayan a utilizarse en la acción. A este respecto, también deben tenerse en cuenta los intereses de los Estados miembros en relación con la seguridad del suministro.

(13 -bis)  En el marco de las medidas restrictivas de la Unión, adoptadas al amparo del artículo 29 del TUE y del artículo 215, apartado 2, del TFUE, no se pueden poner, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos a disposición de personas, entidades u organismos designados o en beneficio de estos. Esas entidades designadas, así como las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, no pueden ser apoyadas financieramente por el Fondo.

(13 bis)  La financiación de la Unión debe concederse al término de una convocatoria de propuestas competitiva publicada con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo («Reglamento Financiero»)(6). No obstante, en determinadas circunstancias excepcionales y debidamente justificadas, también puede concederse financiación de la Unión con arreglo al artículo 195, letra e), del Reglamento Financiero. Puesto que la concesión de financiación al amparo del artículo 195, letra e), del Reglamento Financiero constituye una excepción a la norma general de organizar convocatorias de propuestas competitivas, las citadas circunstancias excepcionales deben interpretarse de forma estricta. En este sentido, para que se pueda conceder una subvención sin una convocatoria de propuestas, la Comisión, asistida por el comité de Estados miembros (el «comité»), debe evaluar el grado en que la acción propuesta se ajusta a los objetivos del Fondo en lo que respecta a la colaboración y la competencia industriales transfronterizas en la totalidad de la cadena de suministro.

(14)  Si un consorcio desea participar en una acción admisible y la ayuda financiera de la Unión ha de tener forma de subvención, el consorcio deberá designar a uno de sus miembros como coordinador y este será el principal punto de contacto.

(15)  En caso de que una acción apoyada financieramente por el Fondo esté gestionada por un director de proyecto nombrado por los Estados miembros o los países asociados, la Comisión debe consultarle antes de ejecutar el pago a los beneficiarios, de forma que el director de proyecto pueda garantizar que los beneficiarios respeten los plazos. ▌El director de proyecto debe proporcionar observaciones a la Comisión sobre el progreso de la acción, de modo que esta pueda validar si se cumplen las condiciones para proceder al pago.

(15 bis)  La Comisión ejecutará el Fondo Europeo de Defensa en gestión directa, de manera que se maximice la eficacia y la eficiencia de su aplicación y se garantice la plena coherencia con otras iniciativas de la Unión. Por consiguiente, la Comisión debe seguir siendo responsable de los procedimientos de selección y adjudicación, también en lo relativo a las evaluaciones éticas. No obstante, en casos justificados, la Comisión puede confiar determinadas tareas de ejecución de acciones concretas apoyadas financieramente por el Fondo a los organismos contemplados en el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero. Tal podría ser el caso de un director de proyecto que ha sido designado por los Estados miembros que cofinancian una acción, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento Financiero. De este modo se ayudaría a racionalizar la gestión de las acciones cofinanciadas y se garantizaría una buena coordinación del acuerdo de financiación con el contrato firmado entre el consorcio y el director del proyecto designado por los Estados miembros que cofinancian la acción.

(16)  Con el fin de garantizar que las acciones financiadas sean viables desde el punto de vista financiero, los solicitantes deben demostrar que los gastos de la acción no cubiertos por la financiación de la Unión están cubiertos por otros medios de financiación.

(17)  Los Estados miembros deben tener a su disposición diferentes tipos de acuerdo financiero para la adquisición y el desarrollo conjuntos de capacidades de defensa. ▌La Comisión podría proporcionar ▌diferentes tipos de acuerdo que los Estados miembros podrían utilizar de forma voluntaria para abordar los retos del desarrollo y adquisición colaborativos desde la perspectiva de la financiación. El uso de tales acuerdos de financiación podría fomentar en mayor medida el lanzamiento de proyectos de defensa colaborativos y transfronterizos, y aumentar la eficiencia del gasto en defensa, por ejemplo, en los proyectos apoyados por el Fondo ▌.

(18)  Debido a las particularidades de la industria de la defensa, en la que la demanda procede casi exclusivamente de los Estados miembros y los países asociados, que también acaparan la adquisición de productos y tecnologías relacionados con la defensa, incluidas las exportaciones, el funcionamiento del sector de la defensa es único y no sigue las normas y los modelos de negocio convencionales que rigen en mercados más tradicionales. La industria, por lo tanto, no puede emprender y autofinanciarse proyectos de investigación y desarrollo (I + D) esenciales, y los Estados miembros y los países asociados suelen sufragar la totalidad de los gastos de I + D. Para alcanzar los objetivos del Fondo, concretamente para incentivar la cooperación entre entidades jurídicas de distintos Estados miembros y países asociados, y teniendo en cuenta las particularidades del sector de la defensa, los costes subvencionables deben cubrirse en su totalidad en el caso de las acciones que tengan lugar antes de la fase de desarrollo del prototipo.

(19)  La fase de prototipo es una fase crucial en la que los Estados miembros o los países asociados suelen decidir sobre su inversión consolidada e iniciar el proceso de adquisición de sus futuros productos o tecnologías de defensa. Este es el motivo por el cual, en esta etapa concreta, los Estados miembros y los países asociados acuerdan los compromisos necesarios, como el reparto de los costes o la titularidad del proyecto. Para garantizar la credibilidad de su compromiso, la ayuda financiera de la Unión en el marco del Fondo no debe, por lo general, superar el 20 % de los costes subvencionables.

(20)  Para las acciones posteriores a la fase de prototipo, debe preverse hasta un 80 % de financiación. Estas acciones, que se encuentran más cerca de la finalización del producto o la tecnología, pueden suponer todavía costes muy importantes.

(21)  Las partes interesadas del sector de la defensa se enfrentan a costes indirectos concretos, tales como los costes de seguridad. Además, las partes interesadas trabajan en un mercado específico, en el que, sin que exista demanda por parte de los compradores, no pueden recuperar los costes de I + D, como sí sucede en el sector civil. Por lo tanto, está justificado conceder una financiación a tipo fijo del 25 %, así como la posibilidad ▌de cargar gastos indirectos calculados de conformidad con las prácticas contables habituales de los beneficiarios, en caso de que sus autoridades nacionales acepten dichas prácticas para actividades comparables en el sector de la defensa, de las que la Comisión haya sido informada. ▌

(21 bis)  Los proyectos con participación de pymes y empresas de mediana capitalización transfronterizas respaldan la apertura de las cadenas de suministro y contribuyen a los objetivos del Fondo. Por tanto, estas acciones deben poder optar a un mayor porcentaje de financiación que beneficie a todas las entidades participantes.

(22)  Con el fin de garantizar que las acciones financiadas contribuyan a la competitividad y a la eficiencia de la industria europea de la defensa, es importante que los Estados miembros tengan ▌la intención de adquirir conjuntamente el producto final o de utilizar en común la tecnología, en particular mediante contratación transfronteriza conjunta, lo que supone que los Estados miembros organicen conjuntamente sus procedimientos de contratación, en particular, con la utilización de una central de compras.

(22 bis)  Para garantizar que las acciones apoyadas financieramente por el Fondo contribuyan a la competitividad y a la eficiencia de la industria europea de la defensa, dichas acciones deben estar orientadas al mercado, basarse en la demanda y ser viables desde el punto de vista comercial a medio y largo plazo. Por tanto, los criterios de admisibilidad para las acciones de desarrollo deben tener en cuenta el hecho de que los Estados miembros se propongan, también mediante un memorando de entendimiento o una carta de intenciones, adquirir el producto de defensa final o utilizar la tecnología de forma coordinada. Los criterios de adjudicación para las acciones de desarrollo deben tener en cuenta asimismo el hecho de que los Estados miembros se comprometan, política o jurídicamente, a utilizar, poseer o mantener conjuntamente el producto o la tecnología de defensa final.

(23)  La promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria de la defensa de la Unión debe llevarse a cabo de manera coherente con sus intereses de seguridad y defensa. En consecuencia, la contribución de la acción a dichos intereses y a las prioridades en cuanto a investigación y capacidades de defensa comúnmente acordadas por los Estados miembros debe servir como criterio de adjudicación. ▌

(24)  Las acciones admisibles desarrolladas en el contexto de la Cooperación Estructurada Permanente ▌en el marco institucional de la Unión deben garantizar una mayor cooperación entre entidades jurídicas de los diferentes Estados miembros de forma continuada y, por lo tanto, contribuir directamente a los objetivos del Fondo. De ser seleccionados, tales proyectos deben, pues, poder optar a un porcentaje de financiación mayor.

(25)  La Comisión tendrá en cuenta las demás actividades financiadas en el contexto del Programa Marco Horizonte Europa, con el fin de evitar duplicaciones innecesarias y garantizar el intercambio de ideas y las sinergias entre la investigación civil y la militar.

(26)  La ciberseguridad y la ciberdefensa son desafíos cada vez más importantes, y la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad reconocieron la necesidad de establecer sinergias entre las acciones en materia de ciberdefensa dentro del ámbito de aplicación del Fondo y las iniciativas de la Unión en el terreno de la ciberseguridad, tales como las anunciadas en la Comunicación conjunta en materia de ciberseguridad. En particular, el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad que está previsto crear debería buscar sinergias entre las dimensiones civil y de defensa de la ciberseguridad, y podría ayudar activamente a los Estados miembros y demás partes interesadas ofreciendo asesoramiento, compartiendo los conocimientos técnicos y facilitando la colaboración en lo que respecta a los proyectos y las acciones, así como a petición de los Estados miembros que actúen como directores de proyecto en relación con el Fondo ▌.

(27)  Debe garantizarse un enfoque integrado, reuniendo las actividades cubiertas por la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa, puesta en marcha por la Comisión en el sentido del artículo 58, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero y el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, establecido por el Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo(7), con el fin de armonizar las condiciones de participación, crear un conjunto de instrumentos más coherente y aumentar la repercusión en términos económicos y de innovación y colaboración, todo ello evitando duplicaciones y fragmentaciones innecesarias. Con este enfoque integrado, el Fondo contribuiría también a mejorar la explotación de los resultados de la investigación en materia de defensa, salvando la distancia entre las fases de investigación y ▌desarrollo al tener en cuenta las particularidades del sector de la defensa, y promoviendo todas las formas de innovación, incluida la innovación disruptiva ▌. También cabe esperar, en su caso, efectos indirectos positivos en el ámbito civil.

(28)  Cuando sea pertinente a la vista de las particularidades de la acción, los objetivos del ▌Fondo deben abordarse también a través de instrumentos financieros y garantías presupuestarias de InvestEU.

(29)  La ayuda financiera debe utilizarse para subsanar los fallos de mercado o las situaciones de inversión subóptimas, de manera proporcionada, y las acciones no deben duplicar o desplazar la financiación privada o distorsionar la competencia en el mercado interior. Las acciones deben presentar ▌un claro valor añadido para la Unión.

(30)  Los tipos de financiación, así como los métodos de ejecución del Fondo, deben elegirse con arreglo a su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento previsto. A este respecto debe tomarse también en consideración la utilización de sumas a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como una financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo ▌125, apartado 1 ▌, del Reglamento Financiero.

(31)  La Comisión debe establecer programas de trabajo anuales ▌de conformidad con los objetivos del Fondo, y teniendo en cuenta la experiencia inicial adquirida con el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa. En el establecimiento de tales programas de trabajo, debe asistirla el comité ▌. La Comisión debe tratar de hallar soluciones que recaben el apoyo más amplio posible en el comité. En este contexto, el comité puede reunirse en la formación de expertos nacionales en defensa y seguridad para proporcionar a la Comisión asistencia específica y, en particular, para asesorarla en relación con la protección de la información clasificada en el marco de las acciones. Corresponde a los Estados miembros designar a sus representantes respectivos en dicho comité. Los miembros del comité deben tener la posibilidad efectiva de examinar en una fase temprana los proyectos de actos de ejecución y de manifestar su opinión.

(31 bis)  Las categorías de los programas de trabajo deben contener requisitos funcionales de modo que la industria tenga una idea clara de las funciones y tareas que deberán cumplir las capacidades que se desarrollen. Tales requisitos deben indicar claramente los resultados esperados, pero no deben apuntar a soluciones o entidades concretas ni impedir la competencia en las convocatorias de propuestas.

(31 ter)  Durante la elaboración de los programas de trabajo, la Comisión también debe garantizar, mediante las consultas oportunas con el comité, que se evite la duplicación innecesaria de las acciones de investigación o desarrollo propuestas. En este contexto, la Comisión puede realizar una evaluación previa de todos los posibles casos de duplicación con capacidades existentes o proyectos de investigación o desarrollo ya financiados en el marco de la Unión.

(31 ter ter)  La Comisión debe velar por la coherencia de los programas de trabajo durante todo el ciclo industrial de los productos y tecnologías de defensa.

(31 ter quater)  Los programas de trabajo deben garantizar asimismo que una proporción plausible del presupuesto general beneficie a acciones que permitan la participación transfronteriza de las pymes.

(31 quater)   Para aprovechar sus conocimientos especializados en el sector de la defensa, se concederá a la Agencia Europea de Defensa el estatuto de observador en el comité. Dadas las particularidades del sector de la defensa, el Servicio Europeo de Acción Exterior también debe colaborar con el comité.

(32)  Al objeto de garantizar la uniformidad de las condiciones de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción del programa de trabajo, así como para la concesión de la financiación a las acciones de desarrollo seleccionadas. En particular, al ejecutar acciones de desarrollo, deben tenerse en cuenta las particularidades del sector de la defensa, especialmente la responsabilidad de los Estados miembros o los países asociados por lo que respecta al procedimiento de planificación y adquisición. Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º ▌182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo ▌(8).

(32 bis)  Tras evaluar las propuestas con la ayuda de expertos independientes, cuyas credenciales en materia de seguridad deben haber validado los Estados miembros correspondientes, la Comisión debe seleccionar las acciones que serán apoyadas financieramente por el Fondo. La Comisión debe crear una base de datos de expertos independientes que no debe hacerse pública. Los expertos independientes deben nombrarse en función de sus capacidades, experiencia y conocimientos, teniendo en cuenta las tareas que les serán asignadas. En la medida de lo posible, al nombrar a los expertos independientes, la Comisión debe adoptar las medidas oportunas para lograr una composición equilibrada dentro de los grupos de expertos y los grupos de evaluación en lo relativo a la diversidad de competencias, la experiencia, los conocimientos, la procedencia geográfica y el género, teniendo en cuenta la situación en el ámbito de la acción. Asimismo, se debe aspirar a una rotación adecuada de los expertos y a un buen equilibrio entre los sectores público y privado. Los Estados miembros deben recibir información sobre los resultados de la evaluación, que ha de incluir una clasificación de las acciones seleccionadas, y sobre el progreso de las acciones financiadas. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción y la ejecución del programa de trabajo, así como para la adopción de las decisiones de adjudicación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(32 ter)  Los expertos independientes no deben evaluar, asesorar o asistir cuando se trate de cuestiones en las que tengan algún conflicto de intereses, especialmente en atención al puesto que estén ocupando. En particular, no deben estar en situación de poder usar la información recibida en detrimento del consorcio al que evalúen.

(32 ter ter)  Cuando propongan nuevos productos o tecnologías de defensa o la mejora de los existentes, los solicitantes deben comprometerse a cumplir principios éticos como los relativos al bienestar de los seres humanos y a la protección del genoma humano, recogidos también en la legislación nacional, de la Unión e internacional pertinente, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en su caso, sus protocolos. La Comisión debe velar por que las propuestas se examinen sistemáticamente para detectar las acciones que planteen problemas éticos graves y someterlas a una evaluación ética.

(33)  A fin de apoyar un mercado interior abierto, debe alentarse la participación de pymes y empresas de mediana capitalización transfronterizas, ▌como miembros de consorcios, subcontratistas o entidades de la cadena de suministro.

(34)  La Comisión debe procurar mantener un diálogo con los Estados miembros y la industria a fin de garantizar el éxito del Fondo. A este respecto también debe recabarse la participación del Parlamento Europeo, en su calidad de colegislador y de parte interesada de primer orden.

(35)  El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Fondo Europeo de Defensa, que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a tenor del [nuevo acuerdo interinstitucional] entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(9). La Comisión debe garantizar la mayor sencillez posible en los procedimientos administrativos y que estos ocasionen unos gastos adicionales mínimos.

(36)  El Reglamento Financiero es aplicable al presente Fondo, salvo que se especifique lo contrario. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ayuda financiera, instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(37)  Se aplican al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Establecidas en el Reglamento Financiero, estas normas determinan, en particular, las modalidades de establecimiento y ejecución del presupuesto mediante subvenciones, contratos públicos, premios o ejecución indirecta, y las modalidades de control de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también guardan relación con la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en los Estados miembros en lo que se refiere al Estado de Derecho, cuyo respeto es una condición previa esencial para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación de la UE.

(38)  De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(10), el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo(11), el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo(12) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo(13), los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, incluido el fraude, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir ▌ infracciones contra los intereses financieros de la Unión, tal como establece la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo(14). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea con respecto a los Estados miembros que participan en una cooperación reforzada de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939 y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(39)  Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo EEE, que prevé la ejecución de los programas mediante una decisión en virtud del Acuerdo. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica para conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), así como el Tribunal de Cuentas Europeo ejerzan plenamente sus respectivas competencias de manera exhaustiva.

(40)  De conformidad con los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar este Reglamento sobre la base de la información recabada mediante requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo imponer, sobre todo a los Estados miembros, una regulación y unas cargas administrativas excesivas. Cuando proceda, dichos requisitos podrán incluir indicadores mensurables que sirvan para evaluar los efectos del Reglamento en la práctica. La Comisión debe llevar a cabo una evaluación intermedia, a más tardar, cuatro años después del inicio de la ejecución del Fondo, en particular para presentar las propuestas de modificación del presente Reglamento que procedan, y una evaluación final cuando termine el período de ejecución, examinando las actividades financieras en función de su ejecución y, en la medida de lo posible en ese momento, de sus resultados y su repercusión. En este contexto, el informe de evaluación final también debe contribuir a determinar los ámbitos en que la Unión depende de terceros países para el desarrollo de productos y tecnologías de defensa. Este informe final debe analizar asimismo la participación transfronteriza de las pymes y las empresas de mediana capitalización en los proyectos apoyados financieramente por el Fondo, así como la participación de las pymes y las empresas de mediana capitalización en la cadena de valor mundial y la contribución del Fondo a la subsanación de las deficiencias detectadas en el Plan de Desarrollo de Capacidades, y ha de incluir información sobre el origen de los beneficiarios, el número de Estados miembros y estados asociados que participan en acciones individuales y el reparto de los derechos de propiedad intelectual e industrial generados. La Comisión podrá también proponer modificaciones al presente Reglamento para responder a las posibles novedades acaecidas durante la ejecución del Fondo.

(40 bis)  La Comisión debe realizar un seguimiento periódico de la ejecución del Fondo e informar con carácter anual de los progresos logrados, en particular de la forma en que las enseñanzas extraídas y asimiladas del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa se tienen en cuenta en la ejecución del Fondo. A tal fin, la Comisión debe establecer las modalidades de seguimiento necesarias. Ese informe debe ser presentado al Parlamento Europeo y al Consejo, y no debe contener información sensible.

(41)  Al hacerse eco de la importancia de abordar el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Fondo contribuirá a integrar la acción por el clima en las políticas de la Unión, así como a alcanzar el objetivo global de que el 25 % del gasto del presupuesto de la UE contribuya a los objetivos climáticos. Se definirán las acciones pertinentes del Fondo durante su preparación y ejecución, que se revisarán en el contexto de su evaluación intermedia.

(42)  Dado que el Fondo apoya únicamente las fases de investigación y desarrollo de productos y tecnologías de defensa, en principio, la Unión no debería poseer la titularidad ni los derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI) de los productos o las tecnologías resultantes de las acciones financiadas, a no ser que la ayuda de la Unión se preste a través de la contratación pública. No obstante, para las acciones de investigación, los Estados miembros y los países asociados interesados deben tener la posibilidad de utilizar los resultados de las acciones financiadas y participar en el desarrollo cooperativo subsiguiente ▌.

(43)  La ayuda financiera de la Unión no debe afectar a la transferencia de productos relacionados con la defensa dentro de la Unión, de conformidad con la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(15), ni a la exportación de productos, equipos o tecnologías. La exportación de equipos y tecnologías militares por parte de los Estados miembros se rige por la Posición Común 944/2008/PESC.

(44)  El uso de información de referencia sensible, como datos, conocimientos técnicos o información, generada antes o al margen de la actividad del Fondo, o el acceso de personas no autorizadas a los resultados ▌generados en relación con acciones apoyadas financieramente por el Fondo puede tener efectos adversos en los intereses de la Unión o de uno o varios de sus Estados miembros. Por lo tanto, el tratamiento de ▌la información sensible debe regirse por el Derecho nacional y de la Unión aplicable ▌.

(44 bis)  A fin de garantizar la seguridad de la información clasificada al nivel requerido, deben cumplirse las normas mínimas de seguridad industrial cuando se firmen acuerdos clasificados de dotación de fondos o de financiación. Con ese objetivo, y de conformidad con la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, la Comisión debe transmitir, con fines de asesoramiento, las instrucciones de seguridad del programa, incluida la guía de clasificación de seguridad, a los expertos designados por los Estados miembros.

(45)  A fin de poder complementar o modificar los indicadores de las vías de impacto cuando se considere necesario, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(46)  La Comisión debe gestionar el Fondo teniendo debidamente en cuenta los requisitos de confidencialidad y de seguridad, en particular, por lo que respecta a la información clasificada y la información sensible.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES COMUNES APLICABLES A LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece el Fondo Europeo de Defensa (en lo sucesivo, «el Fondo») contemplado en el artículo 1, apartado 3, letra b), del Reglamento .../.../UE [Horizonte - 2018/0224(COD)].

Establece los objetivos del Fondo, el presupuesto para el período 2021-2027, las formas de financiación de la Unión y las normas para la concesión de dicha financiación.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

0)  «solicitante»: entidad jurídica que presenta una solicitud de apoyo con cargo al Fondo tras una convocatoria de propuestas o de conformidad con el artículo 195, letra e), del Reglamento Financiero;

1)  «operación de financiación mixta», una acción apoyada por el presupuesto de la Unión, inclusive en el marco de mecanismos de financiación mixta conforme a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 6, del Reglamento Financiero, que combina formas de ayuda no reembolsable o instrumentos financieros con cargo al presupuesto de la Unión con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desarrollo u otras instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales e inversores;

1 bis)  «certificación»: el proceso por el cual una autoridad nacional certifica que el producto, el componente tangible o intangible o la tecnología de defensa cumple la normativa aplicable;

1 ter)  «información clasificada»: toda información o material, en cualquier forma, cuya divulgación no autorizada podría ocasionar diverso grado de perjuicio a los intereses de la Unión Europea, o de uno o varios de sus Estados miembros, y que lleva una marca de clasificación de la Unión o una marca de clasificación correspondiente, de conformidad con el Acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, sobre la protección de la información clasificada intercambiada en interés de la Unión Europea (2011/C 202/05);

1 quater)  «consorcio»: agrupación colaborativa de solicitantes o beneficiarios obligados por un acuerdo de consorcio, constituida al objeto de llevar a cabo una acción en el marco del Fondo;

1 quinquies)  «coordinador»: entidad jurídica que es miembro de un consorcio y que ha sido designada por todos los miembros del consorcio como punto de contacto principal en las relaciones con la Comisión;

2)  «control»: la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas;

3)  «acción de desarrollo»: toda acción que consista ▌en actividades centradas en la defensa principalmente en la fase de desarrollo, y que cubra tanto productos o tecnologías nuevos como la mejora de los existentes, con exclusión de la producción o el uso de armas;

4)  «tecnología disruptiva para la defensa»: tecnología que genera un cambio radical, incluidas las tecnologías mejoradas y las completamente nuevas, y que ocasiona un cambio de paradigma en los conceptos y la práctica de los asuntos de defensa, también al sustituir tecnologías de defensa existentes o al dejarlas obsoletas;

5)  «estructuras de dirección ejecutiva»: todo órgano de una entidad jurídica, designado con arreglo al Derecho nacional y que, en su caso, responde ante el consejero delegado, que está facultado para definir la estrategia, los objetivos y la orientación general de la entidad jurídica, y que se encarga de la supervisión y el seguimiento del proceso de toma de decisiones de dirección;

5 bis)  «información adquirida»: datos, conocimientos técnicos o información generados con la actividad del Fondo, sea cual sea su forma o naturaleza;

6)  «entidad jurídica»: toda persona ▌jurídica constituida y reconocida como tal en virtud del Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el Derecho internacional, dotada de personalidad jurídica y que, actuando en nombre propio, pueda ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o una entidad que carezca de personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo ▌197, apartado 2, letra c) ▌, del Reglamento Financiero;

7)  «empresa de mediana capitalización»: una empresa que no es ▌una ▌pyme ▌ y que cuenta con hasta 3000 trabajadores, según un cálculo de efectivos realizado de conformidad con los artículos 3 a 6 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión(16);

8)  «contratación precomercial»: la contratación de servicios de investigación y desarrollo que implican compartir riesgos y beneficios en condiciones de mercado y un desarrollo competitivo por fases, estando claramente separados los servicios de investigación y desarrollo contratados de la utilización de cantidades comerciales de productos finales;

9)  «director de proyecto»: todo poder adjudicador establecido en un Estado miembro o en un país asociado, al que un Estado miembro o un país asociado o un grupo de Estados miembros o países asociados ha encargado gestionar proyectos multinacionales de armamento permanentemente o sobre una base ad hoc;

9 bis)  «calificación»: el proceso completo para demostrar que el diseño de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de defensa cumple los requisitos especificados y proporciona pruebas objetivas que demuestran que se han satisfecho los requisitos particulares de un diseño;

10)  «beneficiario»: toda entidad jurídica con la que se haya firmado un acuerdo de dotación de fondos o de financiación o a la que se haya notificado una decisión de dotación de fondos o de financiación;

11)  «acción de investigación»: toda acción consistente principalmente en actividades de investigación, en particular la investigación aplicada y, cuando sea necesario, la investigación fundamental, encaminada a la adquisición de nuevos conocimientos y centrada exclusivamente en las aplicaciones de defensa;

12)  «resultado»: todo efecto, tangible o intangible, de la acción, tales como datos, conocimientos técnicos o información, sea cual sea su forma o naturaleza, y tanto si puede protegerse como si no, así como todo derecho derivado, incluidos los derechos de propiedad intelectual;

12 bis)  «información sensible»: información y datos, incluida información clasificada, que ha de ser protegida contra el acceso o divulgación no autorizados debido a las obligaciones previstas en el Derecho nacional o de la Unión o con el fin de salvaguardar la intimidad o la seguridad de una persona u organización;

12 ter)  «pequeñas y medianas empresas» o «pymes»: las pequeñas y medianas empresas según se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión;

13)  «informe especial»: un elemento justificativo específico relativo a una acción de investigación en el que se resumen sus resultados y se proporciona una información exhaustiva sobre los principios básicos, los objetivos, los resultados reales, las propiedades básicas, los ensayos realizados, los beneficios potenciales, las posibles aplicaciones en defensa y las vías previstas de explotación de la investigación encaminadas al desarrollo, como la información sobre la titularidad de los DPI, pero sin requerir la inclusión de información sobre DPI;

14)  «prototipo de sistema»: un modelo de un producto o tecnología que puede demostrar su rendimiento en un entorno operativo;

15)  «tercer país»: todo país que no sea miembro de la Unión;

16)  «tercer país no asociado»: un tercer país que no es un país asociado, de conformidad con el artículo 5;

17)  «entidad de un tercer país no asociado»: entidad jurídica establecida en un tercer país no asociado o, cuando está establecida en la Unión o en un país asociado, que tiene sus estructuras de gestión ejecutiva en un tercer país no asociado.

Artículo 3

Objetivos del Fondo

1.  El objetivo general del Fondo es estimular la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la base tecnológica e industrial de la defensa europea en toda la Unión, que contribuye a la autonomía estratégica de la Unión y a su libertad de acción, apoyando acciones colaborativas y la cooperación transfronteriza entre entidades jurídicas de toda la Unión, en particular las pymes y las empresas de mediana capitalización, así como reforzando y mejorando la agilidad de las cadenas de suministro y de valor de la defensa, ampliando la cooperación transfronteriza entre entidades jurídicas y fomentando un mejor aprovechamiento del potencial industrial de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico, en todas las etapas del ciclo de vida de los productos y tecnologías de defensa. ▌

2.  El Fondo persigue los siguientes objetivos específicos:

a)  apoyar la investigación colaborativa que pueda impulsar de manera significativa el rendimiento de futuras capacidades en toda la Unión, con el objetivo de maximizar la innovación e introducir nuevos productos y tecnologías de defensa, incluidos los disruptivos, y de lograr la máxima eficiencia en el gasto de investigación en el ámbito de la defensa en la Unión;

b)  apoyar los proyectos colaborativos ▌de productos y tecnologías de defensa, ▌contribuyendo así a una mayor eficiencia del gasto de defensa dentro de la Unión, logrando mayores economías de escala, reduciendo el riesgo de que se produzcan duplicaciones innecesarias y, por lo tanto, incentivando la comercialización de los productos y tecnologías de defensa europeos y reduciendo la fragmentación de los productos y las tecnologías de defensa en toda la Unión. En última instancia, el Fondo dará lugar a un aumento de la normalización de los sistemas de defensa y a una mayor interoperabilidad entre las capacidades de los Estados miembros.

Esta cooperación será conforme con las prioridades en materia de capacidades de defensa acordadas conjuntamente por los Estados miembros en el marco de la política exterior y de seguridad común y, en particular, en el marco del Plan de Desarrollo de Capacidades.

A este respecto, también podrán tenerse en cuenta, en su caso, prioridades regionales e internacionales cuando estén en consonancia con los intereses de seguridad y defensa de la Unión, determinados en el marco de la política exterior y de seguridad común, y teniendo presente asimismo la necesidad de evitar toda duplicación innecesaria, siempre que no se excluya la posibilidad de participación de ningún Estado miembro o país asociado.

Artículo 4

Presupuesto

1.  Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento .../.../UE, la dotación financiera para la ejecución del Fondo Europeo de Defensa durante el período 2021-2027 será de 11 453 260 000 EUR a precios de 2018 13 000 000 000 EUR a precios corrientes.

2.  La distribución ▌del importe contemplado en el apartado 1 será la siguiente:

a)  3 612 182 000 EUR a precios de 2018 (4 100 000 000 EUR ▌para acciones de investigación;

b)  7 841 078 000 EUR a precios de 2018 (8 900 000 000 EUR a precios corrientes) para acciones de desarrollo.

2 bis.  Para responder a situaciones imprevistas o nuevos acontecimientos y necesidades, la Comisión podrá reasignar importes entre los asignados a las acciones de investigación y los asignados a las acciones de desarrollo a que se refiere el apartado 2 hasta en un máximo del 20 %.

3.  El importe a que se refiere el apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia técnica y administrativa para la ejecución del Fondo, a saber, actividades de preparación, seguimiento, control, auditoría y evaluación, incluidos los sistemas informáticos institucionales.

4.  Al menos un 4 % y hasta un máximo del 8 % de la dotación financiera a que se refiere el apartado 1 se asignará a convocatorias de propuestas o adjudicaciones de financiación destinadas a apoyar tecnologías disruptivas para la defensa.

Artículo 5

Países asociados

El Fondo estará abierto a la participación de los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), con arreglo a las condiciones establecidas en el Acuerdo EEE. Toda contribución financiera al Fondo en virtud del presente artículo constituirá un ingreso afectado de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento Financiero.

Artículo 6

Apoyo a las tecnologías disruptivas para la defensa

1.  La Comisión concederá financiación tras la celebración de consultas abiertas y públicas sobre tecnologías, prestándose especial atención a las aplicaciones de defensa que pueden tener un efecto disruptivo en los asuntos de defensa en los ámbitos de intervención definidos en los programas de trabajo.

2.  Los programas de trabajo determinarán la forma más adecuada de financiar tales tecnologías disruptivas para la defensa.

Artículo 7

Ética

1.  Las acciones ejecutadas en el marco del Fondo cumplirán la legislación nacional, de la Unión e internacional pertinente, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esas acciones respetarán asimismo los principios éticos reflejados también en la legislación nacional, de la Unión e internacional pertinente.

2.  Antes de la firma del acuerdo de financiación, la Comisión examinará las propuestas sobre la base de una autoevaluación ética elaborada por el consorcio para detectar las acciones que planteen problemas éticos ▌graves, también en relación con las condiciones de ejecución, y, cuando proceda, se someterán a una evaluación ética.

La Comisión llevará a cabo estos exámenes y evaluaciones con la ayuda de expertos independientes con distintos bagajes, en particular con conocimientos especializados reconocidos en ética del ámbito de la defensa.

Las condiciones para la ejecución de las actividades que impliquen cuestiones sensibles desde el punto de vista ético se especificarán en el acuerdo de financiación.

La Comisión velará todo lo posible por la transparencia de los procedimientos relacionados con la ética, e informará al respecto en el marco de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 32. Los expertos serán nacionales del mayor número posible de Estados miembros.

3.  Las entidades que participen en la acción obtendrán todas las aprobaciones u otros documentos obligatorios pertinentes requeridos por los comités de ética nacionales o locales o por otros organismos, tales como las autoridades de protección de datos, antes del comienzo de las actividades correspondientes. Los documentos se conservarán en el expediente y se transmitirán a la Comisión a petición de esta.

5.  Las acciones que se consideren inaceptables desde el punto de vista ético serán rechazadas ▌.

Artículo 8

Ejecución y formas de financiación de la Unión

1.  El Fondo se ejecutará mediante gestión directa de conformidad con el Reglamento Financiero.

1 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en casos justificados, los organismos a que se refiere el artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento Financiero podrán ejecutar acciones concretas en régimen de gestión indirecta. Lo anterior podrá no ser de aplicación al procedimiento de selección y adjudicación contemplado en el artículo 12.

2.  El Fondo podrá proporcionar financiación de conformidad con el Reglamento Financiero a través de subvenciones, premios y contratos públicos, y, cuando proceda habida cuenta de las particularidades de la acción, de instrumentos financieros en el marco de operaciones de financiación mixta.

2 bis.  Las operaciones de financiación mixta serán ejecutadas de conformidad con el título X del Reglamento Financiero y con el Reglamento InvestEU.

2 ter.  Los instrumentos financieros estarán dirigidos exclusivamente a los beneficiarios.

Artículo 10

Entidades admisibles

1.  Los beneficiarios y los subcontratistas que participen en una acción apoyada financieramente por el Fondo estarán establecidos en la Unión o en un país asociado ▌.

1 bis.  La infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos de los beneficiarios y subcontratistas que participen en una acción y que se empleen para los fines de las acciones apoyadas financieramente por el Fondo estarán situados en el territorio de un Estado miembro o de un país asociado durante toda la duración de la acción, y sus estructuras de dirección ejecutiva estarán establecidas en la Unión o en un país asociado.

1 ter.  A efectos de una acción apoyada financieramente por el Fondo, los beneficiarios y subcontratistas que participen en una acción no estarán sujetos al control de un tercer país no asociado ni de una entidad de un tercer país no asociado.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1 ter del presente artículo, una entidad jurídica establecida en la Unión o en un país asociado y controlada por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado será admisible como beneficiaria o subcontratista participante en una acción únicamente en el caso de que se pongan a disposición de la Comisión garantías aprobadas por el Estado miembro o el país asociado en el que esté establecida con arreglo a los procedimientos nacionales. Dichas garantías podrán referirse a la estructura de dirección ejecutiva de la entidad jurídica establecida en la Unión o en un país asociado. Si el Estado miembro o el país asociado en el que esté establecida la entidad jurídica lo considera oportuno, tales garantías también podrán referirse a derechos específicos de control que tenga el Gobierno sobre la entidad jurídica.

Las garantías asegurarán que la participación en una acción de dicha entidad jurídica no será contraria ni a los intereses de la Unión y sus Estados miembros en materia de seguridad y de defensa según lo dispuesto en el marco de la política exterior y de seguridad común en virtud del título V del TUE, ni a los objetivos establecidos en el artículo 3. Las garantías también cumplirán lo dispuesto en los artículos 22 y 25. En particular, deberán acreditar que se han establecido medidas, a efectos de la acción, para garantizar que:

a)  el control sobre la entidad jurídica no se ejerza de tal manera que limite o restrinja su capacidad de realizar la acción y de obtener resultados, que imponga restricciones en lo que respecta a su infraestructura, instalaciones, activos, recursos, propiedad intelectual e industrial o conocimientos técnicos necesarios a efectos de la acción, o que rebaje sus capacidades y niveles de exigencia necesarios para realizar la acción;

b)  se impida el acceso de terceros países no asociados o de entidades de terceros países no asociados a la información sensible ▌ relacionada con la acción, y que, cuando proceda, los empleados u otras personas implicadas en la acción estén en posesión de habilitaciones de seguridad nacionales expedidas por el Estado miembro o el país asociado;

c)  la titularidad de la propiedad intelectual e industrial derivada de la acción, así como los resultados de esta, sigan siendo del beneficiario durante la realización de la acción y después de esta, no estén sujetos a controles ni restricciones por parte de terceros países no asociados o de entidades de terceros países no asociados, y no sean exportados fuera de la Unión o fuera de los países asociados sin la aprobación del Estado miembro o del país asociado en el que esté establecida la entidad jurídica y de conformidad con los objetivos determinados en el artículo 3.

Si el Estado miembro o el país asociado en el que esté establecida la entidad jurídica lo considera oportuno, podrán proporcionarse garantías adicionales.

La Comisión informará al comité contemplado en el artículo 28 acerca de cualquier entidad jurídica que sea considerada admisible de conformidad con el presente apartado.

4.  De no haber sustitutos competitivos disponibles inmediatamente en la Unión o en un país asociado, los beneficiarios y subcontratistas que participen en la acción podrán utilizar sus activos, infraestructura, instalaciones y recursos situados o poseídos fuera del territorio de los Estados miembros de la Unión o de los países asociados, siempre que dicha utilización no sea contraria a los intereses de la Unión y sus Estados miembros en materia de seguridad y defensa, sea coherente con los objetivos establecidos en el artículo 3, y esté en total consonancia con los artículos 22 y 25. Los gastos relacionados con esas actividades no podrán optar al apoyo financiero del Fondo.

4 bis.  Al realizar una acción admisible, los beneficiarios y subcontratistas que participen en la acción podrán cooperar asimismo con entidades jurídicas establecidas fuera del territorio de los Estados miembros o de los países asociados, o controladas por un tercer país no asociado o por una entidad de un tercer país no asociado, también utilizando los activos, infraestructura, instalaciones y recursos de dichas entidades jurídicas, siempre que ello no sea contrario a los intereses de la Unión y sus Estados miembros en materia de defensa. Esta cooperación será coherente con los objetivos establecidos en el artículo 3 y estará en total consonancia con los artículos 22 y 25.

Los terceros países no asociados y las entidades de terceros países no asociados no podrán acceder sin autorización a información clasificada relativa a la ejecución de la acción y se evitarán las posibles consecuencias negativas para la seguridad del suministro de insumos esenciales para la acción.

Los gastos relacionados con esas actividades no podrán optar al apoyo financiero del Fondo.

6.  Los solicitantes facilitarán toda la información pertinente necesaria para la evaluación de los criterios de admisibilidad ▌. En caso de que durante la realización de una acción se produzca un cambio que pueda poner en peligro el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, la entidad jurídica de que se trate informará a la Comisión, que evaluará si siguen cumpliéndose dichos criterios y condiciones de admisibilidad y abordará las posibles consecuencias en lo que respecta a la financiación de la acción.

7.  ▌

8.  ▌

9.  A efectos del presente artículo, se entenderá por «subcontratistas que participan en una acción apoyada financieramente por el Fondo» aquellos subcontratistas que tengan una relación contractual directa con un beneficiario, otros subcontratistas que tengan asignado, como mínimo, el 10% de los gastos subvencionables totales de la acción, y los subcontratistas que, para llevar a cabo la acción, podrían necesitar acceder a información clasificada, y que no sean miembros del consorcio.

Artículo 11

Acciones admisibles

1.  Solo serán admisibles las acciones destinadas a lograr los objetivos mencionados en el artículo 3.

2.  El Fondo apoyará las acciones relativas ▌a nuevos productos y tecnologías de defensa y a la mejora de los productos y tecnologías existentes, siempre que la utilización de la información preexistente necesaria para realizar las acciones de mejora no esté sujeta ▌a restricciones por parte de un tercer país no asociado o de una entidad de un tercer país no asociado, directamente o indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas intermediarias, de tal manera que no pueda realizarse la acción.

3.  Las acciones admisibles estarán relacionadas con una o varias de las actividades siguientes:

a)  actividades destinadas a crear, sustentar y mejorar los ▌conocimientos y los productos y tecnologías de defensa, incluidas las tecnologías disruptivas, que puedan tener efectos significativos en el ámbito de la defensa;

b)  actividades destinadas a incrementar la interoperabilidad y la resiliencia (como la producción y el intercambio seguros de datos), dominar tecnologías de defensa esenciales, reforzar la seguridad del suministro o permitir ▌la explotación efectiva de los resultados en productos y tecnologías de defensa;

c)  estudios, tales como los estudios de viabilidad para explorar la viabilidad de tecnologías, productos, procesos, servicios y soluciones ▌nuevos o mejorados ▌;

d)  el diseño de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de defensa, así como la definición de las especificaciones técnicas sobre las que dicho diseño se ha desarrollado, que podrán incluir ensayos parciales de reducción del riesgo en un entorno industrial o representativo;

e)  el desarrollo de un modelo de producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de defensa que pueda demostrar el rendimiento del elemento en un entorno operativo (prototipo de sistema);

f)  el ensayo de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de defensa;

g)  la calificación de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de defensa ▌;

h)  la certificación de un producto, un componente tangible o intangible o una tecnología de defensa ▌;

i)  el desarrollo de tecnologías o activos que incrementan la eficacia durante el ciclo de vida de los productos y tecnologías de defensa;

4.  ▌La acción se llevará a cabo mediante la cooperación en el seno de un consorcio de, al menos, tres entidades jurídicas admisibles que estén establecidas en, como mínimo, tres Estados miembros o países asociados distintos. Al menos tres de estas entidades admisibles, establecidas en al menos dos Estados miembros o países asociados, no deberán estar bajo el control ▌, directo o indirecto, de la misma entidad, ni controlarse mutuamente, y ello mientras dure la ejecución total de la acción.

5.  El apartado 4 no se aplicará a las acciones relacionadas con tecnologías disruptivas para la defensa, ni a las acciones a que se refiere el apartado 3, letra c).

6.  Las acciones destinadas al desarrollo de productos y tecnologías cuya utilización, desarrollo o producción estén prohibidos por el Derecho internacional aplicable no serán admisibles.

Tampoco podrán optar al apoyo financiero del Fondo las acciones para el desarrollo de armas autónomas letales que no permitan un control humano significativo sobre las decisiones de selección y enfrentamiento cuando lleven a cabo ataques contra seres humanos, sin perjuicio de la posibilidad de financiar acciones para el desarrollo de sistemas de alerta rápida y contramedidas con fines defensivos.

Artículo 12

Procedimiento de selección y adjudicación

1.  La financiación de la Unión se concederá al término de una convocatoria de propuestas competitiva con arreglo al Reglamento Financiero. En determinadas circunstancias excepcionales y debidamente justificadas también podrá concederse financiación de la Unión de conformidad con el artículo ▌195, letra e), ▌del Reglamento Financiero.

2 bis.  Para la adjudicación de financiación ▌, la Comisión actuará mediante actos de ejecución adoptados de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 28, apartado 2.

Artículo 13

Criterios de adjudicación

Cada propuesta se evaluará sobre la base de los siguientes criterios de adjudicación:

a)  contribución a la excelencia o potencial de disrupción en el ámbito de la defensa, en particular, si se demuestra que los resultados esperados de la acción propuesta presentan ventajas significativas frente a los productos o tecnologías de defensa existentes;

b)  contribución a la innovación y el desarrollo tecnológico de la industria europea de la defensa, en particular, si se demuestra que la acción propuesta incluye conceptos y enfoques pioneros o innovadores, nuevos avances tecnológicos futuros prometedores o la aplicación de tecnologías o conceptos que no se habían utilizado antes en el sector de la defensa, todo ello evitando duplicaciones innecesarias;

c)  contribución a la competitividad de la industria europea de la defensa si se demuestra que la acción propuesta tiene un saldo manifiestamente positivo de rentabilidad y eficacia, generando nuevas oportunidades de mercado en la Unión y el resto del mundo y acelerando el crecimiento de las empresas en toda la Unión;

d)  contribución a la autonomía de la base tecnológica e industrial de la defensa europea, por ejemplo aumentando la no dependencia frente a las fuentes externas a la Unión y reforzando la seguridad del suministros, y a los intereses de la Unión en materia de seguridad y defensa en consonancia con las prioridades a que se refiere el artículo 3 ▌;

e)  contribución a la creación de nuevas relaciones de cooperación transfronteriza entre entidades jurídicas establecidas en Estados miembros o países asociados, en particular para las pymes y las empresas de mediana capitalización con una participación sustancial en la acción, ya sea como beneficiarias, subcontratistas o como otras entidades en la cadena de suministro, y que están establecidas en Estados miembros o países asociados distintos de aquellos en que están establecidas las entidades del consorcio que no son pymes o empresas de mediana capitalización;

f)  calidad y eficacia de la ejecución de la acción.

Artículo 14

Porcentaje de cofinanciación

1.  El Fondo financiará hasta el 100 % de los gastos subvencionables de una actividad enumerada en el artículo 11, apartado 3, sin perjuicio del artículo 190 del Reglamento Financiero.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1:

a)  en el caso de las actividades definidas en el artículo 11, apartado 3, letra e), la ayuda financiera del Fondo no podrá superar el 20% de sus gastos subvencionables ▌;

b)  en el caso de las actividades definidas en el artículo 11, apartado 3, letras f), g) o h), la ayuda financiera del Fondo no podrá superar el 80% de sus gastos subvencionables ▌.

3.  Por lo que respecta a las acciones de desarrollo, los porcentajes de financiación se incrementará en los siguientes casos:

a)  una actividad desarrollada en el contexto de la Cooperación Estructurada Permanente establecida por la Decisión (PESC) 2017/2315 del Consejo, de 11 de diciembre de 2017, podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incrementado en 10 puntos porcentuales adicionales;

b)  una actividad podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incrementado, tal como se contempla en los párrafos segundo y tercero del presente apartado, si al menos un 10 % de sus gastos subvencionables totales se asignan a ▌pymes establecidas en un Estado miembro o en un país asociado que participan en la actividad como beneficiarias o como entidades en la cadena de suministro.

El porcentaje de financiación podrá incrementarse en los puntos porcentuales equivalentes al porcentaje de los gastos subvencionables totales de la actividad asignado a las pymes establecidas en Estados miembros o en países asociados en los que estén establecidos los beneficiarios que no sean pymes y que participen en la actividad como beneficiarios, subcontratistas o entidades en la cadena de suministro, hasta un máximo de 5 puntos porcentuales adicionales.

El porcentaje de financiación podrá incrementarse en los puntos porcentuales equivalentes al doble del porcentaje de los gastos subvencionables totales de la actividad asignado a las pymes establecidas en Estados miembros o en países asociados distintos de aquellos en los que estén establecidos los beneficiarios que no sean pymes y que participen en la actividad como beneficiarios, subcontratistas o entidades en la cadena de suministro;

c)  una actividad podrá beneficiarse de un porcentaje de financiación incrementado en 10 puntos porcentuales adicionales cuando al menos el 15 % de los gastos subvencionables totales de la actividad estén asignados a empresas de mediana capitalización establecidas en la Unión o en un país asociado;

d)  el incremento total del porcentaje de financiación de una actividad no podrá exceder de 5 puntos porcentuales.

La ayuda financiera de la Unión concedida con cargo al Programa, incluido el porcentaje de financiación incrementado, no cubrirá más del 100 % de los costes subvencionables de la acción.

Artículo 15

Capacidad financiera

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo ▌198 ▌ del Reglamento Financiero:

a)  la capacidad financiera se verificará únicamente en el caso del coordinador y solo si la financiación solicitada de la Unión es igual o superior a 500 000 EUR; no obstante, si existen motivos para dudar de la capacidad financiera, la Comisión verificará también la capacidad financiera de otros solicitantes o de los coordinadores por debajo del umbral a que se refiere la primera frase;

b)  la capacidad financiera no se verificará en el caso de las entidades jurídicas cuya viabilidad esté garantizada por las autoridades pertinentes de un Estado miembro ▌;

c)  si la capacidad financiera está garantizada estructuralmente por otra entidad jurídica, se verificará la capacidad financiera de esta última.

Artículo 16

Gastos indirectos

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 181, apartado 6, del Reglamento Financiero, los gastos subvencionables indirectos se determinarán mediante la aplicación de un tipo fijo del 25 % del total de los gastos subvencionables directos, excluidos los gastos subvencionables directos de subcontratación y la ayuda financiera a terceros y cualquier coste unitario o cantidad fija que incluya gastos indirectos.

2.  Como alternativa, los gastos subvencionables indirectos ▌podrán determinarse de conformidad con las prácticas contables habituales del beneficiario en materia de gastos, sobre la base de los gastos indirectos reales, siempre que dichas prácticas contables en materia de gastos sean aceptadas por las autoridades nacionales respecto de actividades comparables en el ámbito de la defensa, de conformidad con el artículo ▌185 ▌ del Reglamento Financiero, y se comuniquen a la Comisión.

Artículo 17

Uso de una cantidad fija única o una contribución no vinculada a los costes

1.  Cuando la subvención de la Unión cofinancie menos del 50 % de los costes totales de la acción, la Comisión podrá utilizar:

a)  una contribución no vinculada a los costes como la mencionada en el artículo ▌180, apartado 3 ▌, del Reglamento Financiero y basada en la consecución de resultados, medidos en relación con hitos fijados previamente o mediante indicadores de rendimiento; o

b)  una cantidad fija única como la mencionada en el artículo ▌182 ▌del Reglamento Financiero y basada en el presupuesto provisional de la acción ya aprobado por las autoridades nacionales de los Estados miembros y los países asociados que la cofinancian.

2.  Los costes indirectos se incluirán en la cantidad fija.

Artículo 18

Contratación precomercial

1.  La Unión podrá apoyar la contratación precomercial a través de la concesión de una subvención a los poderes adjudicadores o las entidades adjudicadoras, tal como se definen en las Directivas 2014/24/UE(17), 2014/25/UE(18) y 2009/81/CE(19) del Parlamento Europeo y del Consejo, que contraten conjuntamente servicios de investigación y desarrollo en el ámbito de la defensa o coordinen sus procedimientos de contratación.

2.  Los procedimientos de contratación:

a)  estarán en consonancia con las disposiciones del presente Reglamento;

b)  podrán autorizar la adjudicación de contratos múltiples a través de un mismo procedimiento («fuentes múltiples»);

c)  establecerán que los contratos se adjudiquen a la oferta económica más ventajosa, velando al mismo tiempo por la ausencia de conflictos de intereses.

Artículo 19

Fondo de Garantía

Las contribuciones a un mecanismo de seguro mutuo podrán cubrir el riesgo asociado a la recuperación de fondos debidos por los perceptores y se considerarán una garantía suficiente con arreglo al Reglamento Financiero. Se aplicarán las disposiciones establecidas en el [artículo X del] Reglamento XXX [sucesor del Reglamento sobre el Fondo de Garantía].

Artículo 20

Condiciones de admisibilidad para la contratación pública y los premios

1.  Los artículos 10 y 11 se aplicarán mutatis mutandis a los premios.

2.  El artículo 10, no obstante lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento Financiero, y el artículo 11 se aplicarán mutatis mutandis a la contratación de los estudios a que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra c).

TÍTULO II

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN

Artículo 22

Artículo 22 Titularidad de los resultados de las acciones de investigación

1.  Los resultados de las acciones de investigación apoyadas financieramente por el Fondo serán propiedad de los beneficiarios que los hayan generado. Cuando las entidades jurídicas generen resultados conjuntamente y la contribución de cada una de ellas no pueda determinarse, o cuando no sea posible separar tales resultados conjuntos, las entidades jurídicas poseerán la titularidad conjunta de los resultados. Los cotitulares celebrarán un acuerdo relativo a la atribución y las condiciones de ejercicio de esa titularidad conjunta de conformidad con las obligaciones que les incumban en virtud del acuerdo de subvención.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si se presta apoyo de la Unión en forma de contratación pública, los resultados de las acciones de investigación apoyadas financieramente por el Fondo serán propiedad de la Unión. Los Estados miembros y los países asociados gozarán de derechos de acceso a los resultados, de forma gratuita, previa solicitud por escrito.

3.  ▌Los resultados de las acciones de investigación apoyadas financieramente por el Fondo no estarán sujetos a controles ni restricciones por parte de terceros países no asociados o entidades de terceros países no asociados, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas, incluido en términos de transferencia de tecnología.

4.  Por lo que respecta a los resultados generados por beneficiarios gracias a las acciones apoyadas financieramente por el Fondo y sin perjuicio del apartado 8 bis del presente artículo, se notificará con antelación a la Comisión toda cesión de la titularidad ▌o ▌concesión de una licencia exclusiva a un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado. Si una cesión de titularidad de este tipo es contraria ▌a los intereses de la Unión y sus Estados miembros en materia de seguridad y defensa o a los objetivos del presente Reglamento, definidos en el artículo 3, se reembolsará la financiación concedida con cargo al Fondo.

5.  Las autoridades nacionales de los Estados miembros y los países asociados gozarán de derechos de acceso al informe especial de una acción de investigación que haya recibido financiación de la Unión. Estos derechos de acceso se concederán también a título gratuito y la Comisión los transferirá a los Estados miembros y los países asociados una vez quede garantizado que se cumplen las obligaciones de confidencialidad adecuadas.

6.  Las autoridades nacionales de los Estados miembros y los países asociados utilizarán el informe especial exclusivamente en lo relacionado con sus fuerzas armadas o sus fuerzas de seguridad o inteligencia, por ejemplo, en el marco de sus programas de cooperación. Por ejemplo, entre otras aplicaciones, se podrá utilizar para el estudio, la evaluación, el análisis, la investigación, el diseño ▌y la aceptación y certificación de productos, su manejo, la formación y su eliminación ▌, así como para el análisis y la elaboración de los requisitos técnicos destinados a los procedimientos de contratación pública.

7.  Los beneficiarios concederán derechos de acceso a los resultados de las actividades de investigación apoyadas financieramente por el Fondo, a título gratuito, a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, a los efectos debidamente justificados de desarrollo, ejecución y supervisión de las políticas o programas existentes de la Unión en ámbitos de su competencia. Tales derechos de acceso se limitarán a una utilización no comercial y no competitiva.

8.  Se establecerán disposiciones específicas en materia de titularidad, derechos de acceso y concesión de licencias en los acuerdos de financiación y los contratos ▌relativos a la contratación precomercial, con el fin de garantizar el aprovechamiento máximo de los resultados y evitar toda ventaja injusta. Los poderes adjudicadores disfrutarán al menos de derechos de acceso gratuitos a los resultados para uso propio, así como del derecho a conceder, o a exigir a los beneficiarios que concedan, licencias no exclusivas a terceros con el fin de explotar los resultados en condiciones justas y razonables, sin derecho alguno a conceder sublicencias. Todos los Estados miembros y países asociados tendrán acceso gratuito al informe especial. En caso de que un contratista no explote comercialmente los resultados en un plazo determinado tras la contratación precomercial, fijado en el contrato, cederá la titularidad de los resultados a los poderes adjudicadores.

8 bis.  Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento no afectarán a la exportación de productos, equipos o tecnologías que incorporen resultados de las actividades de investigación apoyadas financieramente por el Fondo y no afectarán a la discrecionalidad de los Estados miembros en lo que se refiere a las políticas de exportación de productos relacionados con la defensa.

8 ter.   Cuando dos o más Estados miembros o países asociados que, de manera multilateral o en el marco de la organización de la Unión, hayan celebrado conjuntamente uno o varios contratos con uno o más beneficiarios para seguir desarrollando juntos los resultados de las actividades de investigación apoyadas por el Fondo, dichos Estados miembros o países asociados disfrutarán de derechos de acceso a los resultados que sean titularidad de dichos beneficiarios y que sean necesarios para la ejecución del contrato o contratos. Tales derechos de acceso se concederán a título gratuito y de conformidad con las condiciones específicas destinadas a garantizar que se utilizarán únicamente para los fines previstos en el contrato o los contratos y que se han establecido las obligaciones de confidencialidad oportunas.

TÍTULO III

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS APLICABLES A LAS ACCIONES DE DESARROLLO

Artículo 23

Criterios de admisibilidad adicionales para las acciones de desarrollo

1.  ▌El consorcio deberá demostrar que los gastos restantes de una actividad que no queden cubiertos por la ayuda de la Unión estarán cubiertos por otros medios de financiación, tales como contribuciones de los Estados miembros o los países asociados o la cofinanciación de entidades jurídicas.

2.  ▌Las actividades a que se refiere el artículo 11, apartado 3, letra d), ▌se basarán en ▌requisitos armonizados de capacidad acordados conjuntamente por al menos dos Estados miembros o países asociados ▌.

3.  En lo que se refiere a las actividades mencionadas en el artículo 11, apartado 3, letras e) a h), el consorcio deberá acreditar mediante documentos emitidos por las autoridades nacionales que:

a)  al menos dos Estados miembros o países asociados tienen la intención de adquirir el producto final o utilizar la tecnología de manera coordinada, por ejemplo, mediante contratación pública conjunta, cuando proceda;

b)  la actividad se basa en especificaciones técnicas comunes acordadas conjuntamente por los Estados miembros o los países asociados que van a cofinanciar la acción, o que tienen la intención de adquirir el producto final o utilizar la tecnología conjuntamente.

Artículo 24

Criterios de adjudicación adicionales para las acciones de desarrollo

Además de los criterios de adjudicación a que se refiere el artículo 13, el programa de trabajo tendrá también en cuenta:

a)  la contribución al aumento de la eficiencia durante todo el ciclo de vida de los productos y tecnologías de defensa, por ejemplo, a su rentabilidad y su potencial para crear sinergias en los procedimientos de adquisición y mantenimiento y de eliminación;

b)  la contribución a la mayor integración de la industria europea de la defensa a escala de la Unión mediante la demostración, por parte de los beneficiarios, de que los Estados miembros se han comprometido a utilizar, poseer o mantener conjuntamente el producto o la tecnología final de manera coordinada.

Artículo 25

Titularidad de los resultados de las acciones de desarrollo

1.  La Unión no será propietaria de los productos o tecnologías resultantes de las acciones de desarrollo apoyadas financieramente por el Fondo ni reclamará ningún derecho de propiedad intelectual relacionado con los resultados de dichas acciones.

2.  Los resultados de las acciones apoyadas financieramente por el Fondo no estarán sujetos a controles ni restricciones por parte de terceros países no asociados ni por entidades de terceros países no asociados, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas, incluido en términos de transferencia de tecnología.

2 bis.  El presente Reglamento no afectará a la discrecionalidad de los Estados miembros en materia de política de exportación de productos relacionados con la defensa.

3.  Por lo que respecta a los resultados generados por beneficiarios gracias a las acciones apoyadas financieramente por el Fondo y sin perjuicio del apartado 2 bis del presente artículo, se notificará con antelación a la Comisión toda cesión de la titularidad ▌a un tercer país no asociado o a entidades de terceros países no asociados. Si una cesión de titularidad ▌de este tipo es contraria ▌a los intereses de la Unión y sus Estados miembros en materia de seguridad y defensa o a los objetivos del presente Reglamento, definidos en el artículo 3, se reembolsará la financiación concedida con cargo al Fondo.

4.  Si se presta ayuda de la Unión en forma de una contratación pública de un estudio, los Estados miembros o los países asociados tendrán derecho a usarlo de forma gratuita y previa solicitud por escrito.

TÍTULO IV

GOBERNANZA, SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL

Artículo 27

Programas de trabajo

1.  El Fondo se ejecutará mediante programas de trabajo anuales ▌establecidos de conformidad con el artículo ▌110 ▌del Reglamento Financiero. Los programas de trabajo indicarán, cuando proceda, el importe global reservado a las operaciones de financiación mixta. Los programas de trabajo establecerán el presupuesto general que beneficie a la participación transfronteriza de las pymes.

2.  La Comisión adoptará los programas de trabajo mediante actos de ejecución con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 28, apartado 2.

3.  Los programas de trabajo establecerán detalladamente los temas de investigación y las categorías de acciones que el Fondo apoyará financieramente. Esas categorías estarán en consonancia con las prioridades de defensa a que se refiere el artículo 3.

A excepción de la parte del programa de trabajo dedicada a tecnologías disruptivas para aplicaciones de defensa, dichos temas de investigación y categorías de acciones abarcarán productos y tecnologías en los siguientes ámbitos:

a)  preparación, protección, despliegue y sostenibilidad;

b)  gestión y superioridad de la información y mando, control, comunicación, informática, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, ciberdefensa y ciberseguridad; y

c)  intervención y efectores.

4.  Los programas de trabajo incluirán, cuando proceda, requisitos funcionales, y especificarán la forma de la financiación de la Unión con arreglo al artículo 8, siempre que no se impida la competencia en las convocatorias de propuestas.

También podrá tenerse en cuenta en los programas de trabajo la transición a la fase de desarrollo de los resultados de acciones de investigación que demuestren un valor añadido y que ya hayan sido apoyadas financieramente por el Fondo.

Artículo 28

Comité

1.  La Comisión estará asistida por un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. Se invitará a la Agencia Europea de Defensa a aportar sus puntos de vista y sus conocimientos especializados en calidad de observadora. Dicha invitación se extenderá asimismo al Servicio Europeo de Acción Exterior.

El comité se reunirá también en formaciones especiales, por ejemplo para tratar aspectos relativos a la defensa y la seguridad o a las acciones en el marco del Fondo.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Si el comité no emite un dictamen, la Comisión no adoptará el proyecto de acto de ejecución y se aplicará el artículo 5, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

Artículo 28 bis

Consulta del director de proyecto

En caso de que un Estado miembro o un país asociado designe a un director de proyecto, la Comisión consultará a dicho director de proyecto sobre el progreso de la acción antes de ejecutar el pago.

Artículo 29

Expertos independientes

1.  La Comisión nombrará expertos independientes para que colaboren en el examen ético previsto en el artículo 7 y en la evaluación de las propuestas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo ▌237 ▌del Reglamento Financiero. ▌

2.  Los expertos independientes serán ciudadanos de la Unión, procederán del mayor número posible de Estados miembros y serán seleccionados mediante convocatorias de manifestaciones de interés dirigidas a ▌los Ministerios de Defensa y sus agencias subordinadas, otros organismos gubernamentales pertinentes, instituciones de investigación, universidades, asociaciones empresariales o empresas del sector de la defensa, con el objetivo de establecer una lista de expertos. No obstante lo dispuesto en el artículo ▌237 ▌del Reglamento Financiero, dicha lista no se hará pública.

3.  Las credenciales de seguridad de los expertos independientes nombrados serán validadas por el Estado miembro respectivo.

4.  El comité a que se refiere el artículo 28 será informado anualmente de la lista de expertos para que exista transparencia con respecto a las credenciales de seguridad de estos. La Comisión también garantizará que ningún experto evalúe, asesore ni asista en cuestiones respecto a las cuales tenga algún conflicto de interés.

5.  Los expertos independientes se elegirán sobre la base de las capacidades, experiencia y conocimientos que posean y resulten convenientes para llevar a cabo las tareas que se les encomendarán.

Artículo 30

Aplicación de las normas en materia de información clasificada

1.  Dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a)  los Estados miembros ▌velarán por ofrecer un nivel de protección de la información clasificada de la Unión Europea equivalente al ofrecido por ▌las normas de seguridad del Consejo que figuran en los anexos de la Decisión 2013/488/UE(20);

a 1)   la Comisión protegerá la información clasificada de conformidad con las normas de seguridad que figuran en la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE;

c)  las personas físicas residentes en terceros países ▌y las personas jurídicas establecidas en dichos países solo podrán manipular información clasificada de la UE relacionada con el Fondo si, en el país en cuestión, están sujetas a unas normas en materia de seguridad que garanticen un nivel de protección al menos equivalente al de las normas de seguridad de la Comisión que figuran en la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión y en las normas de seguridad del Consejo que figuran en la Decisión 2013/488/UE;

c 1)   la equivalencia de las normas en materia de seguridad aplicadas en un tercer país o en una organización internacional se definirá en un acuerdo sobre seguridad de la información, que incluya, si procede, cuestiones de seguridad industrial, concluido entre la Unión y dicho tercer país u organización internacional, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 218 del TFUE y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 2013/488/UE;

d)  sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 2013/488/UE y de las normas que rigen en el ámbito de la seguridad industrial y que figuran en la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, las personas físicas o las personas jurídicas, un tercer país o una organización internacional podrán acceder a información clasificada de la Unión Europea cuando se considere necesario, atendiendo a las circunstancias de cada caso, en función de la naturaleza y del contenido de dicha información, de la necesidad de conocer del destinatario y del grado de utilidad que pueda tener para la Unión.

2.  Cuando se trate de acciones que supongan el uso de información clasificada, o requieran o contengan tal información, el organismo de financiación correspondiente especificará en la documentación de la convocatoria de propuestas o la licitación las medidas y requisitos necesarios para garantizar la seguridad de dicha información al nivel requerido.

3.  La Comisión creará un sistema de intercambio seguro con el fin de facilitar el intercambio de información sensible y clasificada entre la Comisión ▌y ▌los Estados miembros y países asociados y, en su caso, con los solicitantes y los beneficiarios. El sistema tendrá en cuenta las normas nacionales de los Estados miembros en materia de seguridad.

4.  El origen de la información adquirida clasificada que se haya generado en la ejecución de una acción de investigación o de desarrollo será decidida por los Estados miembros en cuyo territorio estén establecidos los beneficiarios. A tal fin, dichos Estados miembros podrán decidir un marco de seguridad específico para la protección y el tratamiento de la información clasificada relacionada con la acción e informará de ello a la Comisión. Tal marco de seguridad se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que la Comisión tenga acceso a la información necesaria para la ejecución de la acción.

En caso de que dichos Estados miembros no establezcan un marco de seguridad específico, la Comisión establecerá el marco de seguridad para la acción de conformidad con lo dispuesto en la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión.

El marco de seguridad aplicable a la acción deberá estar establecido a más tardar antes de la firma del acuerdo de financiación o del contrato.

Artículo 31

Seguimiento y presentación de informes

1.  Los indicadores para el seguimiento de la ejecución y de los progresos del Fondo en la consecución de los objetivos generales y específicos establecidos en el artículo 3 figuran en el anexo.

2.  Para garantizar una evaluación eficaz de los avances del Fondo hacia el logro de sus objetivos, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 36, que modifiquen el anexo revisando o completando los indicadores, cuando se considere necesario, y que complementen el presente Reglamento con disposiciones sobre la creación de un marco de supervisión y evaluación.

3.  La Comisión realizará un seguimiento periódico de la ejecución del Fondo e informará al Parlamento Europeo y al Consejo con carácter anual de los progresos logrados, en particular de la forma en que las enseñanzas extraídas y asimiladas del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa se tienen en cuenta en la ejecución del Fondo. A tal fin, la Comisión establecerá las modalidades de seguimiento necesarias.

4.  El sistema de información sobre el rendimiento garantizará que los datos para el seguimiento de la ejecución del Fondo y los resultados se recopilan de manera eficiente, efectiva y oportuna. A tal fin, deberán imponerse requisitos de información proporcionados a los receptores de los fondos de la Unión.

Artículo 32

Evaluación del Fondo

1.  Las evaluaciones se efectuarán en tiempo oportuno a fin de que puedan tenerse en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

2.  La evaluación intermedia del Fondo se llevará a cabo una vez que se disponga de suficiente información sobre su ejecución, pero, a más tardar, cuatro años después del inicio de su ejecución. El informe de evaluación intermedia, que se presentará a más tardar el 31 de julio de 2024, incluirá, en particular, un análisis de la gobernanza del Fondo —también en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los expertos independientes, la aplicación de los procedimientos éticos a que se refiere el artículo 7 y de las conclusiones extraídas del Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa—, su grado de ejecución, los resultados relativos a la adjudicación del proyecto —incluidos el nivel de intervención y el grado de participación transfronteriza de las pymes y las empresas de mediana capitalización—, los porcentajes de reembolso de los costes indirectos definidos en el artículo 16, los importes asignados a las tecnologías disruptivas en las convocatorias de propuestas, y la financiación concedida de conformidad con el artículo ▌195 ▌del Reglamento Financiero. La evaluación intermedia incluirá también información sobre los países de origen de los beneficiarios, el número de países participantes en cada proyecto y, en la medida de lo posible, la distribución de los derechos de propiedad intelectual generados. La Comisión podrá presentar propuestas para realizar las modificaciones correspondientes al presente Reglamento.

3.  Tras la conclusión de la ejecución del Fondo, pero, a más tardar, cuatro años después del 31 de diciembre de 2027, la Comisión llevará a cabo una evaluación final de la ejecución del Fondo. El informe de evaluación final incluirá los resultados de la ejecución y, en la medida de lo posible en vista del calendario, las repercusiones del Fondo. El informe, basándose en las consultas pertinentes con los Estados miembros y los países asociados y las principales partes interesadas, evaluará, en particular, los avances realizados hacia la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 3. Contribuirá también a determinar los ámbitos en los que la Unión depende de terceros países para el desarrollo de productos y tecnologías de defensa. Analizará asimismo la participación transfronteriza, también por parte de las pymes y las empresas de mediana capitalización, en los proyectos ejecutados al amparo del Fondo, así como la integración de las pymes y las empresas de mediana capitalización en la cadena de valor mundial, y la contribución del Fondo a la subsanación de las deficiencias detectadas en el Plan de Desarrollo de Capacidades. La evaluación incluirá también información sobre los países de origen de los beneficiarios y, en la medida de lo posible, la distribución de los derechos de propiedad intelectual generados.

4.  La Comisión comunicará las conclusiones de las evaluaciones, acompañadas de sus observaciones, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones.

Artículo 33

Auditorías

Las auditorías sobre la utilización de la contribución de la Unión por parte de personas o entidades, incluidas las que no hubieran sido mandatadas por las instituciones u órganos de la Unión, constituirán la base de la fiabilidad global con arreglo a lo dispuesto en el artículo ▌127 ▌del Reglamento Financiero. El Tribunal de Cuentas Europeo examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y los gastos de la Unión, de conformidad con el artículo 287 del TFUE.

Artículo 34

Protección de los intereses financieros de la Unión

Cuando un tercer país participe en el Fondo en virtud de una decisión adoptada con arreglo a un acuerdo internacional o en virtud de cualquier otro instrumento jurídico, el tercer país deberá conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la ▌OLAF y el Tribunal de Cuentas puedan ejercer plenamente sus competencias respectivas. En el caso de la OLAF, esos derechos incluirán el de realizar investigaciones, en particular controles y verificaciones in situ, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ▌.

Artículo 35

Información, comunicación y publicidad

1.  Los receptores de la financiación de la Unión deberán mencionar el origen de la financiación y garantizar su visibilidad (en particular cuando promuevan las acciones y sus resultados) facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios (incluidos los medios de comunicación y el público). En el acuerdo de dotación de fondos o de financiación se regulará la posibilidad de publicar trabajos académicos basados en los resultados de las acciones de investigación.

2.  La Comisión llevará a cabo acciones de información y comunicación en relación con el Fondo, sus acciones y sus resultados. Los recursos financieros asignados al Fondo también deberán contribuir a la comunicación ▌de las prioridades políticas de la Unión, en la medida en que estén relacionadas con los objetivos mencionados en el artículo 3.

2 bis.  Los recursos financieros asignados al Fondo también podrán contribuir a la organización de actividades de difusión, actos para establecer contactos y actividades de sensibilización, en particular con el objetivo de abrir las cadenas de suministro a fin de fomentar la participación transfronteriza de las pymes.

TÍTULO V

TÍTULO VACTOS DELEGADOS, DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Artículo 36

Actos delegados

1.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 31 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

2.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 31 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

3.  Antes de adoptar un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 31 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 37

Derogación

Queda derogado el Reglamento (UE) 2018/1092 (Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa) con efectos a partir del 1 de enero de 2021.

Artículo 38

Disposiciones transitorias

1.  El presente Reglamento no afectará a la continuación o modificación de las acciones de que se trate, hasta su cierre, en virtud del ▌Reglamento (UE) 2018/1092, así como a la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa, que seguirán aplicándose a las acciones de que se trate hasta su cierre, así como a sus resultados.

2.  La dotación financiera del Fondo podrá cubrir también los gastos de asistencia técnica y administrativa necesarios para garantizar la transición entre el Fondo y las medidas adoptadas en el marco de sus predecesores, ▌el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa ▌y la Acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa.

3.  En caso necesario, podrán consignarse en el presupuesto créditos después de 2027 a fin de cubrir los gastos contemplados en el artículo 4, apartado 4, y permitir así la gestión de las acciones no finalizadas a 31 de diciembre de 2027.

Artículo 39

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

INDICADORES PARA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL FONDO EN POS DE LA CONSECUCIÓN DE SUS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico establecido en el artículo 3, apartado 2, letra a):

Indicador 1 Participantes

Se mide por: Número de entidades jurídicas participantes (subdivididas por tamaño, tipo y nacionalidad)

Indicador 2 Investigación colaborativa

Se mide por:

2.1  Número e importe de los proyectos financiados

2.2  Colaboración transfronteriza: porcentaje de contratos adjudicados a pymes y empresas de mediana capitalización, con el importe de los contratos de colaboración transfronteriza

2.3  Porcentaje de beneficiarios que no realizaban actividades de investigación con aplicaciones de defensa antes de la entrada en vigor del Fondo

Indicador 3 Productos innovadores

Se mide por:

3.1   Número de nuevas patentes resultantes de los proyectos apoyados financieramente por el Fondo

3.2  Distribución agregada de patentes entre empresas de mediana capitalización, pymes y entidades jurídicas que no son empresas de mediana capitalización ni pymes

3.3  Distribución agregada de patentes por Estado miembro

Objetivo específico establecido en el artículo 3, apartado 2, letra b):

Indicador 4 Desarrollo de capacidades colaborativo

Se mide por: Número e importe de las acciones financiadas que subsanan las deficiencias detectadas en el Plan de Desarrollo de Capacidades

Indicador 4 Apoyo constante a lo largo de todo el ciclo de I + D

Se mide por: La presencia en la información de referencia de derechos de propiedad intelectual e industrial o de resultados generados en las acciones financiadas previamente

Indicador 5 Creación de empleo / apoyo al empleo

Se mide por: Número de trabajadores en proyectos de I + D del ámbito de la defensa que reciben apoyo del Fondo por Estado miembro

(1) DO C 110 de 22.3.2019, p. 75.
(2) La presente posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 12 de diciembre de 2018 (Textos aprobados, P8_TA(2018)0516).
(3) Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019. Las partes del texto marcadas en gris no han sido objeto de acuerdo en el marco de negociaciones interinstitucionales.
(4) Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (DO L 146 de 10.6.2009, p. 1); y Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).
(5) Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
(6) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
(7) Reglamento (UE) 2018/1092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión (DO L 200 de 7.8.2018, p. 30).
(8) Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(9) Referencia pendiente de actualización: DO C 373 de 20.12.2013, p. 1. El Acuerdo está disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013Q1220%2801%29&from=EN&lang3=choose&lang2=choose&lang1=ES
(10) Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
(11) Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).
(12) Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (DO L 292 de 15.11.1996, p. 2).
(13) Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
(14) Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).
(15) Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (DO L 146 de 10.6.2009, p. 1).
(16)
(17) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(18) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(19) Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (DO L 216 de 20.8.2009, p. 76).
(20) DO L 274 de 15.10.2013, p. 1-50.


Exposiciones en forma de bonos garantizados ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados (COM(2018)0093 – C8-0112/2018 – 2018/0042(COD))
P8_TA-PROV(2019)0431A8-0384/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0093),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0112/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 22 de agosto de 2018(1),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de marzo de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0384/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados(3)

P8_TC1-COD(2018)0042


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(4),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(5),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(6),

Considerando lo siguiente:

(1)  El artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(7) otorga, en determinadas condiciones, un trato preferente a los bonos garantizados. La Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(8)(9) especifica los elementos fundamentales de los bonos garantizados y establece una definición común de estos.

(2)  El 20 de diciembre de 2013, la Comisión pidió a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que emitiese un dictamen sobre la adecuación de las ponderaciones de riesgo establecidas en el artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013. De acuerdo con el dictamen de la ABE(10), el régimen preferente de ponderación de riesgo que establece el artículo 129 de ese Reglamento es, en principio un régimen prudencial adecuado. Sin embargo, la ABE recomendó que se siguiera estudiando la posibilidad de complementar los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 para englobar, como mínimo, la reducción del riesgo de liquidez, la sobregarantía, la función de la autoridad competente y el ulterior desarrollo de los requisitos ya existentes en materia de información a los inversores(11).

(3)  A la luz del dictamen de la ABE, procede modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 añadiendo requisitos adicionales respecto de los bonos garantizados, reforzando así la calidad de los bonos garantizados a los que puede aplicarse un régimen de capital favorable con arreglo al artículo 129 de dicho Reglamento.

(4)  Conforme al artículo 129, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, las autoridades competentes pueden no aplicar en parte el requisito de que las exposiciones estén admitidas en el nivel 1 de calidad crediticia, tal como se establece en el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra c), y autorizar exposiciones que estén admitidas en el nivel 2 de calidad crediticia hasta un máximo del 10 % de la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad emisora. No obstante, esa exención parcial solo es aplicable previa consulta a la ABE y a condición de que pueda demostrarse que la aplicación del requisito de nivel 1 de calidad crediticia conlleva importantes problemas potenciales de concentración en los Estados miembros afectados. En la mayoría de Estados miembros, tanto dentro como fuera de la zona del euro, los requisitos de que las exposiciones se consideren de nivel 1 de calidad crediticia, según lo asignado por agencias externas de calificación crediticia, son cada vez más difíciles de cumplir, por lo que los Estados miembros que albergan los principales mercados de bonos garantizados consideran necesario aplicar esa exención. A fin de simplificar el uso de las exposiciones frente a entidades de crédito como garantía en los bonos garantizados y superar esa dificultad, es necesario modificar el ▌Reglamento (UE) n.º 575/2013. En lugar de la posibilidad de que las autoridades competentes no apliquen los requisitos, procede establecer una norma que acepte las exposiciones frente a entidades de crédito que estén admitidas en el nivel 2 de calidad crediticia hasta un máximo del 10 % de la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad emisora, sin necesidad de consultar a la ABE. Es necesario permitir la utilización del nivel 3 de calidad crediticia para los depósitos a corto plazo y para los derivados en determinados Estados miembros en aquellos casos en que resulte demasiado difícil cumplir el requisito de nivel 1 o nivel 2 de calidad crediticia. Previa consulta a la ABE, las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/...(12) deben poder permitir la utilización del nivel 3 de calidad crediticia para los contratos de derivados con el fin de hacer frente a problemas potenciales de concentración.

(5)  De conformidad con el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra d), inciso ii), y letra f), inciso ii), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, los préstamos garantizados por participaciones no subordinadas emitidas por los «Fonds Communs de Titrisation» franceses o por entidades de titulización equivalentes que titulicen exposiciones relacionadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales son activos admisibles que se pueden utilizar como garantía de bonos hasta como máximo el 10 % del importe vivo nominal de la emisión de bonos garantizados de bonos garantizados (límite del 10 %). No obstante, el artículo 496 de dicho Reglamento permite a las autoridades competentes no aplicar el límite del 10 %. Por otra parte, el artículo 503, apartado 4, de ese mismo Reglamento dispone que la Comisión debe revisar si la excepción que permite a las autoridades competentes no aplicar el límite del 10 % es apropiada. El 22 de diciembre de 2013, la Comisión solicitó a la ABE que emitiera un dictamen al respecto. En su dictamen de 1 de julio de 2014, la ABE declaró que la utilización de participaciones no subordinadas emitidas por los «Fonds Communs de Titrisation» franceses o por entidades de titulización equivalentes que titulicen exposiciones relacionadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales suscitaría inquietud desde la óptica prudencial por la estructura de doble nivel de un programa de bonos garantizados respaldado por participaciones en titulizaciones y, por tanto, daría lugar a una falta de transparencia respecto de la calidad crediticia del conjunto de cobertura. En consecuencia, la ABE recomendó que la excepción al límite del 10 % aplicable a las participaciones preferentes en titulizaciones que actualmente establece el artículo 496 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 se suprima después del 31 de diciembre de 2017(13).

(6)  Solo un reducido número de marcos nacionales aplicables a los bonos garantizados permite la inclusión de bonos de titulización hipotecaria sobre bienes inmuebles residenciales o comerciales. El uso de estructuras de este tipo está disminuyendo y se considera que añade una complejidad innecesaria al programa de bonos garantizados. Resulta adecuado, por tanto, eliminar totalmente el uso de tales estructuras como activos admisibles. En consecuencia, procede suprimir el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra d), inciso ii), y letra f), inciso ii), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, así como el artículo 496 de ese mismo Reglamento.

(7)  Asimismo, se han utilizado como garantías reales admisibles estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados que se atienen al Reglamento (UE) n.º 575/2013, de conformidad con el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra d), inciso ii), y letra f), inciso ii), de ese mismo Reglamento. Las estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados no plantean riesgos adicionales desde la óptica prudencial pues no conllevan los mismos problemas de complejidad que el uso de préstamos garantizados por participaciones no subordinadas emitidas por los «Fonds Communs de Titrisation» franceses o entidades de titulización equivalentes que titulicen exposiciones relacionadas con bienes inmuebles residenciales o comerciales. Según la ABE, la cobertura de los bonos garantizados con garantías reales mediante estructuras de bonos garantizados agrupados debe permitirse sin límites en función del importe de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora(14). Por consiguiente, debe modificarse el artículo 129, apartado 1, párrafo primero, letra c), a fin de suprimir el requisito de aplicar el límite del 15 % o el 10 % en relación con las exposiciones frente a entidades de crédito en las estructuras intragrupo de bonos garantizados agrupados. Dichas estructuras están reguladas por el artículo 8 de la Directiva (UE) 2019/...(15).

(8)  El artículo 129, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 dispone que los principios de valoración de los bienes inmuebles que cubran bonos garantizados, previstos en el artículo 229, apartado 1, de ese Reglamento, deben aplicarse a dichos bonos a fin de que estos cumplan los requisitos para un trato preferente. Los requisitos respecto de la admisibilidad de los activos que cubran bonos garantizados se refieren a las características generales de calidad que aseguren la solidez del conjunto de cobertura y deben, por tanto, ajustarse a la Directiva (UE) 20../...(16). En consecuencia, las disposiciones relativas al método de valoración deben ajustarse también a dicha Directiva. Las normas técnicas de regulación previstas en el artículo 124, apartado 4, letra a), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 no deben aplicarse, por tanto, respecto de los criterios de admisibilidad para los bonos garantizados establecidos en el artículo 129 de ese mismo Reglamento. Así pues, es necesario modificar el artículo 129, apartado 3, de dicho Reglamento a tal efecto.

(9)  Los límites a la relación préstamo/valor son necesarios a fin de garantizar la calidad crediticia de los bonos garantizados. El artículo 129, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 establece los límites de la relación préstamo/valor en lo que atañe a las hipotecas y los privilegios marítimos pero no especifica cómo deben aplicarse esos límites, lo que puede generar inseguridad. Los límites de la relación préstamo/valor deben aplicarse según unos límites de cobertura flexibles, lo que quiere decir que aunque el volumen del préstamo subyacente no está sujeto a límites, ese préstamo solo puede servir de garantía dentro de los límites de la relación préstamo/valor a que se sujetan los activos. Los límites a la relación préstamo/valor determinan el porcentaje del préstamo que contribuye al requisito de cobertura de los pasivos. Procede, por tanto, precisar que los límites a dicha relación determinan la parte del préstamo que contribuye a la cobertura del bono garantizado.

(10)  Para mayor claridad, procede asimismo precisar que los límites a la relación préstamo/valor se aplican durante todo el plazo de vencimiento del préstamo. La relación préstamo/valor actual no debe modificarse sino mantenerse en el límite del 80 % del valor del bien en los préstamos sobre bienes inmuebles residenciales, y en el límite del 60 % o el 70 % del valor del bien en los préstamos sobre bienes inmuebles comerciales y sobre buques. En consonancia con la acepción general de este tipo de propiedad, debe considerarse que los bienes inmuebles comerciales son bienes inmuebles «no residenciales», también cuando pertenezcan a organizaciones sin ánimo de lucro.

(11)  A fin de aumentar la calidad de los bonos garantizados que se benefician de un régimen de capital preferente conforme al artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, dicho régimen preferente debe estar sujeto a un nivel mínimo de sobregarantía, es decir, un nivel de garantía superior a los requisitos de cobertura contemplados en el artículo 15 de la Directiva (UE) 2019/...(17). Tal exigencia mitigaría los principales riesgos que se planteen en caso de insolvencia o resolución del emisor. En caso de que los Estados miembros decidan aplicar un nivel mínimo superior de sobregarantía a los bonos garantizados emitidos por entidades de crédito situadas en su territorio, ello no debe impedir que las entidades de crédito inviertan en otros bonos garantizados con un nivel mínimo inferior de sobregarantía que cumplan lo dispuesto en el presente Reglamento y se beneficien de sus disposiciones.

(12)  Uno de los requisitos establecidos en el artículo 129, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 es el de que la entidad de crédito que invierta en bonos garantizados reciba determinada información sobre dichos bonos al menos con periodicidad semestral. Los requisitos de transparencia constituyen una parte indispensable de los bonos garantizados, pues aseguran un nivel uniforme de información, permiten a los inversores realizar la necesaria evaluación del riesgo y potencian la comparabilidad, la transparencia y la estabilidad del mercado. Por lo tanto, procede velar por que los requisitos de transparencia se apliquen a todos los bonos garantizados, lo que puede lograrse estableciendo esos requisitos en la Directiva (UE) 2019/...(18) como característica estructural común de los bonos garantizados. En consecuencia, debe suprimirse el artículo 129, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(13)  Los bonos garantizados son instrumentos de financiación a largo plazo y, por tanto, se emiten con un vencimiento previsto de varios años. Así pues, es necesario asegurar que los bonos garantizados emitidos antes del 31 de diciembre de 2007 o antes del ... [OP: insértese la fecha de aplicación del presente Reglamento] no sufran perturbaciones. Para alcanzar dicho objetivo, los bonos garantizados emitidos antes del 31 de diciembre de 2007 deben seguir estando exentos de los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 respecto de los activos admisibles, la sobregarantía y los activos de sustitución. Además, otros bonos garantizados que cumplan lo dispuesto en el ▌Reglamento (UE) n.º 575/2013 y hayan sido emitidos antes del [OP: insértese la fecha de aplicación del presente Reglamento] deben quedar exentos de los requisitos en materia de sobregarantía y activos de sustitución y seguir siendo admisibles para la aplicación del trato preferente establecido en dicho Reglamento hasta su vencimiento.

(14)  El presente Reglamento debe aplicarse en conjunción con la Directiva (UE) 2019/...(19). A fin de garantizar la aplicación coherente del nuevo marco que establece las características estructurales de la emisión de bonos garantizados y los requisitos modificados en materia de trato preferente, la aplicación del presente Reglamento debe aplazarse para que coincida con la fecha a partir de la cual los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de transposición de dicha Directiva.

(15)  Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013

El Reglamento (UE) n.º 575/2013 queda modificado como sigue:

1)   El artículo 129 se modifica como sigue:

a)  El apartado 1 se modifica como sigue:(20)

i)  El párrafo primero se modifica como sigue:

–  La frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«Para poder acogerse al trato preferente establecido en los apartados 4 y 5, los bonos garantizados a que se refiere el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo(21)* deberán cumplir los requisitos establecidos en los apartados 3, 3 bis y 3 ter del presente artículo y estar garantizados por cualquiera de los siguientes activos admisibles:

______________________________

* Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (DO C […] de […], p. […])].».

"

–  La letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) exposiciones frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 1 o el nivel 2 de calidad crediticia o exposiciones en forma de depósitos a corto plazo con un vencimiento no superior a 100 días cuando dichos depósitos se utilicen para cumplir el requisito de colchón de liquidez del conjunto de cobertura contemplado en el artículo 16 de la Directiva (UE) 2019/… y exposiciones en forma de contratos de derivados con arreglo al artículo 11 de la Directiva (UE) 2019/…(22), frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 3 de calidad crediticia, cuando las autoridades competentes autoricen las exposiciones en forma de contratos de derivados, según lo dispuesto en el presente capítulo;».

"

–  En la letra d) se suprime el inciso ii).

–  En la letra f) se suprime el inciso ii).

ii)  El párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:"

«A efectos del apartado 1 bis, las exposiciones originadas por la transmisión y gestión de pagos de deudores, o ingresos por liquidación, de préstamos garantizados por bienes inmuebles relacionados con ▌títulos de deuda no se incluirán en el cálculo de los límites a que se refiere dicho apartado.».

"

iii)  Se suprime el párrafo tercero.

b)  Se insertan los apartados ▌siguientes:"

«1 bis. A efectos del apartado 1, párrafo primero, letra c), será de aplicación lo siguiente:

   a) en relación con las exposiciones frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 1 de calidad crediticia, la exposición no superará el 15 % del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora;
   b) en relación con las exposiciones frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 2 de calidad crediticia, la exposición no superará el 10 % de la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora;
   c) en relación con las exposiciones en forma de depósitos a corto plazo con un vencimiento no superior a 100 días y en forma de contratos de derivados frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 3 de calidad crediticia, la exposición no superará el 8 % de la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora;

previa consulta a la ABE, las autoridades competentes designadas con arreglo al artículo 18, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/...(23) podrán permitir las exposiciones en forma de contratos de derivados a las entidades de crédito admitidas en el nivel 3 de calidad crediticia únicamente cuando puedan documentarse importantes problemas potenciales de concentración en los Estados miembros de que se trate debido a la aplicación de los requisitos del nivel 1 y el nivel 2 de calidad crediticia contemplados en el presente apartado;

   d) la exposición total frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3 de calidad crediticia no superará el 15 % de la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora. La exposición total frente a entidades de crédito admitidas en el nivel 2 o el nivel 3 de calidad crediticia no superará el 10 % de la exposición total del importe nominal de los bonos garantizados pendientes de la entidad de crédito emisora.

1 ter.   El apartado 1 bis no se aplicará al uso de bonos garantizados como garantías reales admisibles según lo permitido en virtud del artículo 8 de la Directiva (UE) 2019/...+.

1 quater.  A efectos del apartado 1, párrafo primero, letra d), inciso i), el límite del 80 % se aplicará préstamo a préstamo y determinará la parte del préstamo que contribuya a la cobertura de los pasivos asociados al bono garantizado y será aplicable durante todo el plazo de vencimiento del préstamo.

1 quinquies.   A efectos del apartado 1, párrafo primero, letra f), inciso i), y letra g), el límite del 60 % o del 70 % se aplicará préstamo a préstamo y determinará la parte del préstamo que contribuya a la cobertura de los pasivos asociados al bono garantizado y será aplicable durante todo el plazo de vencimiento del préstamo.».

"

c)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. Los bienes inmuebles y buques que garanticen bonos garantizados conformes al presente Reglamento deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 208. Los requisitos relativos al seguimiento del valor de los bienes inmuebles establecidos en el artículo 208, apartado 3, letra a), deben cumplirse con frecuencia y, como mínimo, una vez al año en el caso de todos los bienes inmuebles y los buques.».

"

d)  Se insertan los apartados ▌siguientes:"

«3 bis. Además de estar garantizados por los activos admisibles que se enumeran en el apartado 1, los bonos garantizados estarán sujetos a un nivel mínimo de sobregarantía del 5 %, tal como se define en el artículo 3, punto 12, de la Directiva (UE) 2019/...(24).

A efectos del párrafo primero, el importe nominal total de todos los activos ▌de cobertura será como mínimo de un valor igual al importe nominal total de los bonos garantizados pendientes («principio nominal») y se compondrá de activos admisibles según lo establecido en el apartado 1.

Los activos que contribuyan a un nivel mínimo de sobregarantía no estarán sujetos a los límites sobre el tamaño de la exposición establecidos en el apartado 1 bis, y no se computarán a efectos de estos límites.

Los Estados miembros podrán ▌aplicar a los bonos garantizados un nivel mínimo de sobregarantía inferior o podrán autorizar a sus autoridades competentes a que regulen dicho nivel, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

   a) que el cálculo de la sobregarantía se base en un enfoque formal que tenga en cuenta el riesgo subyacente de los activos o en un enfoque formal en el que la valoración de los activos dependa del valor hipotecario definido en el artículo 4, apartado 1, punto 74;
   b) que el nivel mínimo de sobregarantía no pueda ser inferior al 2 % partiendo del principio nominal.

Los activos que contribuyan a un nivel mínimo de sobregarantía no estarán sujetos a los límites sobre el tamaño de la exposición establecidos en el apartado 1 bis, y no se computarán a efectos de estos límites.

3 ter.  Los activos admisibles contemplados en el apartado 1 podrán incluirse en el conjunto de cobertura como activos de sustitución, según se definen en el artículo 3, punto 11, de la Directiva (UE) 2019/...(25) de los activos primarios, según se definen en el artículo 3, punto 10, de esa Directiva, con sujeción a los límites sobre la calidad crediticia y el tamaño de la exposición establecidos en los apartados 1 y 1 bis del presente artículo.».

"

e)  Los apartados 6 y 7 se sustituyen por el texto siguiente:"

«6. Los bonos garantizados que se hayan emitido antes del 31 de diciembre de 2007 no estarán sujetos a los requisitos de los apartados 1, 1 bis, 3, 3 bis y 3 ter. Podrán gozar del trato preferente a que se refieren los apartados 4 y 5 hasta su vencimiento.

7.  Los bonos garantizados que se hayan emitido antes del ... [OP: insértese la fecha de aplicación del presente Reglamento modificativo] y que cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento, en la versión aplicable en la fecha de su emisión, no estarán sujetos a los requisitos establecidos en los apartados 3 bis y 3 ter. Podrán gozar del trato preferente a que se refieren los apartados 4 y 5 hasta su vencimiento.».

"

(2)  En el artículo 416, apartado 2, letra a), el inciso ii) se sustituye por el texto siguiente:"

«ii) que sean bonos de los mencionados en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/...(26) distintos de los contemplados en el inciso i) de la presente letra;».

"

(3)  En el artículo 425, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Las entidades deberán comunicar sus entradas de liquidez. Las entradas máximas de liquidez serán las entradas de liquidez limitadas al 75 % de las salidas de liquidez. Las entidades podrán eximir de este límite a las entradas de liquidez de depósitos mantenidos en otras entidades y a los que sean aplicables los tratamientos establecidos en el artículo 113, apartados 6 o 7. Las entidades podrán eximir de este límite las entradas de liquidez de pagos pendientes de prestatarios e inversores en bonos relativos a préstamos hipotecarios financiados con bonos que puedan acogerse al tratamiento establecido en el artículo 129, apartados 4, 5 o 6, o con los bonos garantizados a que se refiere el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/...+.

Las entidades podrán eximir a las entradas de préstamos promocionales que las entidades hayan transferido. Previa aprobación por la autoridad competente responsable de la supervisión en base individual, la entidad podrá eximir plena o parcialmente las entradas en que el proveedor sea una entidad matriz o filial de la entidad u otra filial de la misma entidad matriz o esté vinculado a la entidad mediante una relación en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 83/349/CEE.».

"

(4)  En el artículo 427, apartado 1, letra b), el inciso x) se sustituye por el texto siguiente:"

«x) pasivos resultantes de valores emitidos que puedan acogerse al tratamiento establecido en el artículo 129, apartados 4 o 5, o que se contemplen en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/...(27);».

"

(5)  En el artículo 428, apartado 1, letra h), el inciso iii) se sustituye por el texto siguiente:"

«iii) son cofinanciados (subrogación) mediante bonos que pueden acogerse al tratamiento establecido en el artículo 129, apartados 4 o 5, o bonos de los mencionados en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/...+;».

"

(6)  Se suprime el artículo 496.

(7)  En el anexo III, punto 6, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:"

«c) que sean bonos garantizados de los mencionados en el artículo 2 de la Directiva (UE) 2019/...(28) distintos de los contemplados en la letra b) del presente punto.».

"

Artículo 2

Entrada en vigor y aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del … [OP: insértese la fecha establecida en el artículo 32, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva (UE) 2019/...+].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 382 de 23.10.2018, p. 2.
(2) DO C 367 de 10.10.2018, p. 56.
(3)* EL PRESENTE TEXTO NO HA SIDO SOMETIDO AÚN A REVISIÓN JURÍDICO-LINGÜÍSTICA.
(4)DO C 382 de 23.10.2018, p. 2.
(5)DO C 367 de 10.10.2018, p. 56.
(6) Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019.
(7)Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(8)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) .../... sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE, y complétese la nota a pie de página 5.
(9)Directiva (UE) 2019/... sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (DO L […] de […], p. […]).
(10)Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre el régimen de capital preferente de los bonos garantizados, EBA/Op/2014/04.
(11)Recomendaciones EU COM 1-A a 1-D recogidas en el dictamen EBA/Op/2014/04.
(12)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(13)Recomendación EU COM 2 recogida en el dictamen EBA/Op/2014/04.
(14)Ibídem.
(15)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(16)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(17)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(18)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(19)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(20)
(21)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(22)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(23)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(24)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(25)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(26)+ Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(27)+Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.
(28)+Oficina de Publicaciones: Insértese el número de orden de la Directiva (UE) sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.


Bonos garantizados y supervisión pública de los bonos garantizados ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 – C8-0113/2018 – 2018/0043(COD))
P8_TA-PROV(2019)0432A8-0390/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0094),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 53 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0113/2018),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 11 de julio de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de marzo de 2019, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0390/2018),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE(2)

P8_TC1-COD(2018)0043


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo ▌ 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  El artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5) establece requisitos muy generales en relación con los elementos estructurales de los bonos garantizados. Dichos requisitos se limitan a la necesidad de que los bonos garantizados sean emitidos por una entidad de crédito que tenga su domicilio social en un Estado miembro y estén sujetos a una supervisión pública especial, así como a un mecanismo de doble recurso. Los marcos nacionales por los que se rigen los bonos garantizados, además de abordar estas cuestiones, los regulan también de forma mucho más detallada. Los marcos nacionales contienen asimismo otras disposiciones estructurales, en particular normas sobre la composición del conjunto de cobertura, los criterios de admisibilidad de los activos, la posibilidad de poner en común los activos, las obligaciones de transparencia e información, y la reducción del riesgo de liquidez. Los planteamientos de los Estados miembros en materia de regulación difieren también sustancialmente. En varios Estados miembros, no existe ningún marco nacional específico relativo a los bonos garantizados. Como consecuencia de ello, los principales elementos estructurales que los bonos garantizados emitidos en la Unión deben reunir aún no están establecidos en el Derecho de la Unión.

(2)  El artículo 129 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) añade otras condiciones a las mencionadas en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE a fin de disfrutar de un régimen prudencial preferente en lo que respecta a los requisitos de capital, que permite a las entidades de crédito que invierten en bonos garantizados mantener menos capital que si invierten en otros activos. Aunque esas condiciones adicionales incrementan el nivel de armonización de los bonos garantizados en la Unión, persiguen exclusivamente la finalidad de definir las condiciones para que los inversores en bonos garantizados puedan disfrutar del mencionado régimen preferente y no son aplicables fuera del marco del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(3)  Otros actos legislativos de la Unión, como el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión(7), el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión(8) y la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(9), también remiten a la definición que figura en la Directiva 2009/65/CE como referencia para determinar los bonos garantizados que pueden acogerse al régimen preferente concedido por dichos actos a los inversores en bonos garantizados. Sin embargo, la formulación de dichos actos difiere en función de su finalidad y su objeto, por lo que no existe un uso coherente del término «bono garantizado».

(4)  El régimen de los bonos garantizados puede considerarse globalmente armonizado en lo que respecta a las condiciones para invertir en ellos. En cambio, las condiciones para la emisión de bonos garantizados no están armonizadas en toda la Unión, lo que tiene varias consecuencias. En primer lugar, el trato preferente se concede por igual a instrumentos que pueden diferir en cuanto a su naturaleza, así como en cuanto a su nivel de riesgo y de protección de los inversores. En segundo lugar, las diferencias entre los marcos nacionales, o la ausencia de dicho marco, junto con la falta de una definición establecida de común acuerdo de los bonos garantizados, podrían crear obstáculos para el desarrollo de un mercado único verdaderamente integrado para los bonos garantizados ▌. En tercer lugar, las diferencias en las salvaguardias ofrecidas por las normas nacionales pueden generar riesgos para la estabilidad financiera si bonos garantizados con distintos niveles de protección de los inversores pueden ser adquiridos con esa designación en toda la Unión y podrían acogerse a un régimen prudencial preferente en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de otros actos legislativos de la Unión.

(5)  La armonización de ciertos aspectos de los regímenes nacionales, junto con las buenas prácticas establecidas, debe, por tanto, garantizar un desarrollo fluido y continuo de mercados de bonos garantizados que funcionen correctamente en la Unión, ▌ y limitar los riesgos y vulnerabilidades potenciales que afecten a la estabilidad financiera. Esta armonización basada en principios generales debe establecer una base común para la emisión de todos los bonos garantizados en la Unión. La armonización obliga a todos los Estados miembros a establecer un marco aplicable a los bonos garantizados, lo que también contribuirá previsiblemente a facilitar el desarrollo de mercados de bonos garantizados en aquellos Estados miembros en los que actualmente no existan. Un mercado de ese tipo ofrecería una fuente estable de financiación a las entidades de crédito, que de esa forma se hallarían en mejores condiciones de otorgar préstamos hipotecarios asequibles a consumidores y empresas y pondrían a disposición de los inversores inversiones más seguras.

(6)  La Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) emitió una recomendación(10) en la que invitaba a las autoridades nacionales competentes y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a determinar buenas prácticas en relación con los bonos garantizados y a promover la armonización de los marcos nacionales. Además, recomendaba que la ABE coordinara las medidas adoptadas por las autoridades nacionales de supervisión, en particular en relación con la calidad y la segregación de los conjuntos de cobertura, la inmunidad a la quiebra de los bonos garantizados, los riesgos para los activos y los pasivos que afecten a los conjuntos de cobertura y la comunicación de la composición de dichos conjuntos. La recomendación pedía asimismo a la ABE que vigilara el funcionamiento de los mercados de bonos garantizados a la luz de las buenas prácticas por ella determinadas durante un período de dos años, a fin de evaluar la necesidad de adoptar medidas legislativas, y que informara de tal necesidad a la JERS y a la Comisión.

(7)  En diciembre de 2013, la Comisión solicitó asesoramiento a la ABE, de conformidad con el artículo 503, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(8)  En respuesta tanto a la Recomendación de la JERS de 20 de diciembre de 2012, como a la solicitud de asesoramiento de la Comisión de diciembre de 2013, el 1 de julio de 2014, la ABE presentó un informe(11). En él se recomienda una mayor convergencia de los marcos legales, reglamentarios y de supervisión nacionales relativos a los bonos garantizados, a fin de respaldar en mayor medida ▌ un único régimen de ponderación de riesgo preferente de los bonos garantizados en la Unión.

(9)  Según lo previsto por la JERS, la ABE siguió vigilando durante un período de dos años el funcionamiento del mercado de bonos garantizados, a la luz de las buenas prácticas contempladas en la citada recomendación. Basándose en ello, el 20 de diciembre de 2016, la ABE presentó a la JERS, al Consejo y a la Comisión un segundo informe sobre los bonos garantizados(12). En él se llegaba a la conclusión de que se requiere una mayor armonización para lograr una definición y un régimen reglamentario más coherentes de los bonos garantizados en la Unión. Asimismo, el informe concluía que la armonización debía basarse en los mercados que funcionan correctamente y que ya existen en algunos Estados miembros.

(10)  Habitualmente, los bonos garantizados los emiten entidades de crédito. La finalidad inherente del instrumento es aportar financiación para préstamos, y una de las actividades fundamentales de las entidades de crédito consiste en conceder préstamos a gran escala. En consecuencia, la legislación de la Unión que otorga un trato preferente a los bonos garantizados exige que sean emitidos por entidades de crédito.

(11)  Reservar la emisión de bonos garantizados a las entidades de crédito permite asegurarse de que el emisor posee los conocimientos necesarios para gestionar el riesgo de crédito relativo a los préstamos del conjunto de cobertura. Además, garantiza que el emisor está sujeto a requisitos de capital que consolidan la protección del inversor ofrecida por el mecanismo de doble recurso, que otorga a los inversores y a la contraparte de un contrato de derivados un crédito tanto sobre el emisor del bono garantizado como sobre los activos ▌ de cobertura. Restringir la emisión de bonos garantizados a las entidades de crédito asegura, por tanto, que estos sigan siendo un instrumento de financiación seguro y eficiente, contribuyendo así a la protección del inversor y la estabilidad financiera, que son objetivos importantes de la actuación pública en pro del interés general. Asimismo, estaría en consonancia con el planteamiento seguido por los mercados nacionales que funcionan correctamente, en los que solo se permite a las entidades de crédito emitir bonos garantizados.

(12)  Resulta oportuno, por tanto, que, de conformidad con el Derecho de la Unión, solo las entidades de crédito definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 tengan permiso para emitir bonos garantizados. Las entidades de crédito hipotecario especializadas se caracterizan por no aceptar depósitos, sino otros fondos reembolsables del público y, como tales, cumplen esa definición. Sin perjuicio de las actividades auxiliares permitidas por la legislación nacional aplicable, las entidades de crédito hipotecario especializadas son entidades que únicamente realizan préstamos hipotecarios y al sector público, en particular financiando préstamos adquiridos a otras entidades de crédito. El principal objetivo de la presente Directiva es regular las condiciones en las que dichas entidades de crédito podrán emitir bonos garantizados que servirán de instrumento de financiación, estableciendo los requisitos relativos al producto y la supervisión específica del producto a los que estarán sujetos, a fin de mantener un elevado nivel de protección de los inversores.

(13)  El mecanismo de doble recurso es un concepto esencial y un elemento fundamental de numerosos marcos nacionales vigentes en rela