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Procedimiento : 2018/0114(COD)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0002/2019

Textos presentados :

A8-0002/2019

Debates :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Votaciones :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2019)0429

Textos aprobados
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Jueves 18 de abril de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas ***I
P8_TA-PROV(2019)0429A8-0002/2019
Resolución
 Texto consolidado

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (COM(2018)0241 – C8-0167/2018 – 2018/0114(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0241),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 50, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0167/2018),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de octubre de 2018(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de marzo de 2019, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0002/2019),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 62 de 15.2.2019, p. 24.


Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 18 de abril de 2019 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas(1)
P8_TC1-COD(2018)0114

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 50, apartados 1 y 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (codificación)(4) regula las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital. Tales normas representan un hito en la mejora del funcionamiento del mercado único para las sociedades y empresas y para el ejercicio de la libertad de establecimiento. Sin embargo, la evaluación de estas normas demuestra la necesidad de introducir modificaciones en las normas sobre las fusiones transfronterizas. Además, conviene establecer normas que regulen las transformaciones y escisiones transfronterizas, puesto que la Directiva (UE) 2017/1132 contiene únicamente normas relativas a las escisiones nacionales de sociedades anónimas.

(2)  La libertad de establecimiento constituye uno de los principios fundamentales del Derecho de la Unión. Con arreglo al párrafo segundo del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), leído conjuntamente con el artículo 54 del TFUE, la libertad de establecimiento para las sociedades o empresas comprende, entre otros, el derecho a establecer y gestionar tales sociedades o empresas conforme a las condiciones dispuestas en la legislación del Estado miembro de establecimiento. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha interpretado que este derecho abarca el derecho de una sociedad o empresa constituida con arreglo a la legislación de un Estado miembro a transformarse en una sociedad o empresa regida por la legislación de otro Estado miembro, siempre que se satisfagan las condiciones establecidas por la legislación de ese otro Estado miembro y, en particular, que se supere la prueba adoptada por este último Estado para determinar la conexión de una sociedad o empresa con su ordenamiento jurídico nacional.

(3)  En ausencia de una armonización del Derecho de la Unión, la definición del factor de conexión que determina la ley nacional aplicable a una sociedad o empresa es, de conformidad con el artículo 54 del TFUE, competencia de cada Estado miembro. El artículo 54 del TFUE pone en pie de igualdad los factores de conexión de la sede social, la administración central y el centro de actividad principal de la sociedad o empresa. Por consiguiente, como aclara la jurisprudencia, ▌el hecho de que solo se traslade la sede social (y no la administración central o el centro de actividad principal) no excluye en sí la aplicabilidad de la libertad de establecimiento conforme al artículo 49 del TFUE. ▌

(4)  Estas novedades en la jurisprudencia han abierto nuevas oportunidades para las sociedades ▌en el mercado único con el fin de fomentar el crecimiento económico, la competencia efectiva y la productividad. Al mismo tiempo, el objetivo de un mercado único sin fronteras interiores para las empresas debe conciliarse asimismo con otros objetivos de la integración europea, como la protección social, establecida en el artículo 3 del TUE y el artículo 9 del TFUE, y la promoción del diálogo social, establecida en los artículos 151 y 152 del TFUE. El derecho de las sociedades a realizar transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas debe ir de la mano y estar debidamente equilibrado con la protección de los empleados, los acreedores y los socios.

(5)  La ausencia de un marco jurídico sobre transformaciones y escisiones transfronterizas da lugar a una fragmentación legal y a una inseguridad jurídica y, por tanto, a la existencia de barreras al ejercicio de la libertad de establecimiento. También conduce a una protección de los trabajadores, los acreedores y los socios minoritarios en el mercado único que dista de ser óptima.

(6)  El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento a la Comisión para que adopte normas armonizadas sobre las transformaciones y escisiones transfronterizas. Un marco jurídico armonizado contribuiría adicionalmente a la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento, proporcionando al mismo tiempo una protección adecuada ▌a las partes interesadas, como son los trabajadores, los acreedores y los socios.

(7)  La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las facultades de los Estados miembros para proporcionar una mayor protección a los trabajadores, de conformidad con el acervo social existente.

(8)  La realización de una transformación transfronteriza conlleva para una sociedad un cambio de forma jurídica, sin perder su personalidad jurídica. Sin embargo, ni una transformación transfronteriza ni una fusión o escisión transfronteriza deben dar lugar a la elusión de los requisitos de constitución en el Estado miembro ▌en el que la sociedad debe registrarse tras la operación. Las sociedades han de respetar plenamente tales condiciones, incluidos los requisitos de que la sede principal se encuentre en el Estado miembro de destino y los relativos a la inhabilitación de los administradores. No obstante, en el caso de las transformaciones transfronterizas, la aplicación de dichas condiciones por el Estado miembro de destino no puede afectar a la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad transformada. ▌

(9)  La presente Directiva no debe aplicarse a las sociedades en liquidación que hayan comenzado el reparto de sus activos. Además, los Estados miembros pueden optar asimismo por excluir a sociedades incursas en otros procedimientos de liquidación. Los Estados miembros deben poder decidir también no aplicar la presente Directiva a sociedades que sean objeto de procedimientos de insolvencia, según se definan en su Derecho nacional, o de marcos de reestructuración preventiva, según se definan en su Derecho nacional, con independencia de que dichos procedimientos formen parte de un marco nacional de insolvencia o estén regulados al margen de dicho marco, y a sociedades que sean objeto de medidas de prevención de crisis en el sentido de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(5).

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.

(10)   Dada la complejidad de las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (denominadas, en adelante, «operaciones transfronterizas») y la multitud de intereses en juego, conviene, con el fin de generar seguridad jurídica, disponer un control de la legalidad de la operación transfronteriza en cuestión antes de que surta efecto. A tal fin, ▌las autoridades competentes de los Estados miembros ▌afectados deben velar por que las decisiones sobre la aprobación de una operación transfronteriza se adopten de manera justa, objetiva y no discriminatoria, sobre la base de todos los elementos pertinentes exigidos por la legislación nacional y de la Unión.

(11)   Para que los intereses legítimos de todas las partes interesadas se tengan en cuenta en los procedimientos que rigen una operación transfronteriza, la sociedad debe elaborar y publicar el proyecto de la operación propuesta, en el que figurará la información más importante al respecto. El órgano de administración o de dirección debe, cuando así esté previsto en la legislación nacional o con arreglo a la práctica nacional, incluir en la decisión relativa al proyecto de la operación transfronteriza a los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección. Dicha información debe incluir al menos la forma jurídica prevista de la sociedad o las sociedades, el instrumento de constitución, los estatutos, si procede, el calendario indicativo propuesto para la operación y los detalles de las garantías ofrecidas a los socios y los acreedores. Debe publicarse en el registro mercantil una notificación en la que se informe a los socios, los acreedores y los representantes de los trabajadores de la sociedad o, en ausencia de tales representantes, a los propios trabajadores de que pueden formular sus observaciones sobre la operación propuesta. Los Estados miembro pueden decidir también que se publique el informe pericial independiente.

(12)  La sociedad que lleve a cabo la operación transfronteriza ha de elaborar un informe para informar a sus socios y trabajadores. El informe debe explicar y justificar los aspectos jurídicos y económicos de la operación transfronteriza propuesta y ▌las consecuencias de tal operación para los trabajadores. En particular, conviene que el informe explique las consecuencias de la operación transfronteriza en lo que respecta a la actividad futura de la sociedad, incluidas sus filiales. En lo que atañe a los socios, el informe debe indicar, en particular, los posibles recursos a su disposición, y en especial información sobre su derecho de separación. Por lo que respecta a los trabajadores, en el informe deben explicarse asimismo, concretamente, las consecuencias de la operación transfronteriza propuesta para su situación laboral. En particular, es preciso aclarar en el informe si se produciría algún cambio sustancial en las condiciones de empleo legalmente establecidas, los convenios colectivos y los convenios colectivos transnacionales y en las ubicaciones de los lugares de actividad de las sociedades, como la ubicación de la sede de la sociedad, así como facilitar información sobre el órgano de dirección y, cuando proceda, el personal, los equipos, los locales y los bienes antes y después de la operación transfronteriza, sobre los cambios probables en la organización del trabajo, los salarios, la ubicación de determinados puestos y las consecuencias esperadas para los trabajadores que los ocupan, y sobre el diálogo social a escala de la sociedad, incluida, cuando proceda, la representación de los trabajadores en el órgano de dirección. Debe explicarse además el modo en que esos cambios afectarían a las filiales de la sociedad. En cualquier caso, este requisito no se debe aplicar cuando los únicos trabajadores de la sociedad sean los que forman parte de su órgano administrativo. Por otra parte, al objeto de mejorar la protección ofrecida a los trabajadores, estos o sus representantes deben poder expresar su opinión sobre el informe en el que se expone cómo les afectaría la operación transfronteriza. La provisión del informe y la posibilidad de expresar una opinión al respecto debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional, incluidos los instituidos tras la aplicación de las Directivas 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(6) y 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(7). El informe, o los informes en caso de que se publiquen por separado, deben ponerse a disposición de los socios y los representantes de los trabajadores de la sociedad que realice la transformación transfronteriza o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores.

(13)  Conviene que un perito que sea independiente de la sociedad examine el proyecto de la operación transfronteriza, la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad a los socios que deseen separarse de ella y, cuando proceda, la relación de canje de las acciones, incluido el importe del eventual pago en efectivo complementario que figure en el proyecto. Por lo que respecta a la independencia del perito, los Estados miembros han de tener en cuenta los principios establecidos en los artículos 22 y 22 ter de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8).

(14)  La información divulgada por la sociedad debe ser exhaustiva y permitir a los interesados valorar las consecuencias de la operación transfronteriza prevista. No obstante, las sociedades no deben tener la obligación de publicar información confidencial cuya divulgación pueda ir en detrimento de su posición comercial de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión. La no divulgación de tal información no debe ir en detrimento de los demás requisitos previstos en la presente Directiva.

(15)  Sobre la base del proyecto ▌y de los informes, la junta general de la sociedad o las sociedades debe decidir si procede aprobar o no tal proyecto y las modificaciones que sea preciso introducir en el instrumento de constitución, incluidos los estatutos. Es importante que la mayoría exigida en tal votación sea lo suficientemente amplia para garantizar que la decisión ▌se base en una sólida mayoría. Además, a los socios también debe asistirles el derecho a votar sobre los regímenes de participación de los trabajadores, siempre que se hayan reservado tal derecho en la junta general.

(16)  Como consecuencia de una operación transfronteriza, los socios se enfrentan a menudo a un cambio en la legislación aplicable a sus derechos, al convertirse en socios de una sociedad que se rige por una legislación nacional distinta de la que se aplicaba a la sociedad antes de la operación. Por consiguiente, los Estados miembros deben, al menos, otorgar a aquellos socios titulares de acciones con derecho de voto y que hayan votado en contra de la aprobación del proyecto el derecho a separarse de la sociedad y recibir una compensación en efectivo por sus acciones equivalente al valor de estas. No obstante, los Estados miembros pueden decidir otorgar este derecho también a otros socios, por ejemplo a socios titulares de acciones sin derecho de voto, a socios que, como consecuencia de una escisión transfronteriza, adquirirían acciones de la sociedad en proporciones diferentes de las que tenían antes de la operación, o a socios para quienes la operación no conllevaría cambios en la legislación aplicable pero sí en algunos de sus derechos. La presente Directiva no debe afectar a las normas nacionales relativas a la validez de contratos de venta y transferencia de acciones de sociedades ni a los requisitos específicos de la forma jurídica. Por ejemplo, los Estados miembros deben poder exigir una escritura pública o una legitimación de firmas.

(17)  Las sociedades, en la medida de lo posible, deben poder calcular de manera aproximada los costes relacionados con la operación transfronteriza. Por tanto, es preciso exigir a los socios que declaren a la sociedad si piensan ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Esto debe entenderse sin perjuicio de los requisitos formales que establezca la legislación nacional. Conviene exigir también a los socios que indiquen, al efectuar dicha declaración o en un plazo determinado, si tienen intención de impugnar la compensación en efectivo ofrecida y exigir una compensación en efectivo adicional.

(18)  El cálculo de la oferta de compensación en efectivo debe basarse en métodos de valoración generalmente aceptados. Los socios deben tener derecho a impugnar el cálculo y cuestionar la idoneidad de la compensación en efectivo ante una autoridad administrativa o judicial competente o un órgano designado en virtud de la legislación nacional, como un tribunal de arbitraje. Los Estados miembros deben poder disponer que los socios que hayan ejercido su derecho a enajenar sus acciones tengan derecho a participar en el procedimiento y deben poder establecer plazos para ello en su Derecho nacional.

(19)  En caso de fusión o escisión transnacional, los socios que no tenían o no hayan ejercido el derecho a separarse de la sociedad deben tener derecho, no obstante, a impugnar la relación de canje de las acciones. Al valorar la idoneidad de la relación de canje de las acciones, la autoridad administrativa o judicial competente o el órgano designado en virtud de la legislación nacional deben tener en cuenta también el importe de cualquier pago en efectivo complementario incluido en el proyecto.

(20)   ▌ Además, para proteger a los acreedores frente al riesgo de insolvencia tras una operación transfronteriza, debe permitirse a los Estados miembros que exijan a la sociedad o las sociedades ▌que hagan una declaración de solvencia en la que conste que no conocen ningún motivo por el que la sociedad o las sociedades resultantes de la operación transfronteriza no puedan atender sus obligaciones. En tales circunstancias, los Estados miembros deben poder hacer a los miembros del órgano de dirección personalmente responsables de la exactitud de tal declaración. Dado que las tradiciones jurídicas varían entre los Estados miembros en lo que respecta al uso de las declaraciones de solvencia y sus posibles consecuencias, debe corresponder a los Estados miembros determinar las consecuencias apropiadas de la provisión de declaraciones falsas o engañosas, incluidas las sanciones y responsabilidades efectivas y proporcionadas de conformidad con el Derecho de la Unión.

(21)  Con el fin de garantizar la protección adecuada de los acreedores en los casos en los que estos no estén satisfechos con la protección ofrecida por la sociedad en el proyecto y no hayan podido llegar a una solución satisfactoria con la sociedad, los acreedores que lo hayan notificado previamente a la sociedad deben poder solicitar garantías a la autoridad ▌competente. Al valorar estas garantías, la autoridad correspondiente ha de tener en cuenta si el crédito del acreedor contra la sociedad o contra un ▌tercero tiene un valor al menos equivalente y una calidad crediticia proporcional a los que tenía antes de la operación transfronteriza y si puede someterse a la misma jurisdicción ▌.

(22)  Los Estados miembros deben garantizar que los acreedores que se hubiesen vinculado a la sociedad antes de que esta hiciese pública su intención de llevar a cabo una operación transfronteriza reciban una protección adecuada. Así, además de las normas generales previstas en el Reglamento Bruselas I bis, los Estados miembros deben disponer que esos acreedores tengan la opción de iniciar acciones judiciales en el Estado miembro de origen durante un período de dos años tras la publicación del proyecto de la transformación transfronteriza. Una vez publicado el proyecto, los acreedores han de poder tener en cuenta las posibles repercusiones del cambio de jurisdicción y de la legislación aplicable como consecuencia de la operación transfronteriza. Entre los acreedores de una sociedad que es necesario proteger pueden figurar asimismo los trabajadores y extrabajadores de la sociedad con derechos de pensión de empleo consolidados y las personas que perciban prestaciones de un plan de pensiones de empleo. Además, la medida de protección de dos años contemplada en la presente Directiva en lo que se refiere a la jurisdicción a la que pueden someterse los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación se entiende sin perjuicio del plazo de prescripción de las acciones judiciales que determine la legislación nacional.

(23)  Es importante garantizar que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en el contexto de las operaciones transfronterizas. La información y la consulta de los trabajadores en este contexto deben llevarse a cabo de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE, y de conformidad con la Directiva 2001/23/CE del Consejo(9), cuando la fusión o escisión transfronteriza se considere un traspaso de empresa a efectos de dicha Directiva. La presente Directiva no afecta a la Directiva 2009/38/CE, la Directiva 98/59/CE del Consejo, la Directiva 2001/23/CE y la Directiva 2002/14/CE. No obstante, dado que la presente Directiva establece un procedimiento armonizado para las operaciones transfronterizas, conviene precisar, en particular, el plazo en el cual se debe informar y consultar a los trabajadores en relación con la operación transfronteriza.

(24)  La representación de los trabajadores prevista en la legislación nacional o con arreglo a la práctica nacional, cuando proceda, debe incluir asimismo los órganos pertinentes establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, si los hubiere, tales como los comités de empresa europeos constituidos de conformidad con la Directiva 2009/38/CE y el órgano de representación constituido de conformidad con la Directiva 2001/86/CE del Consejo(10).

(25)  De conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2002/14/CE, los Estados miembros han de velar por que los representantes de los trabajadores gocen, en el ejercicio de sus funciones, de la protección y las garantías suficientes que les permitan realizar de manera adecuada las tareas que les hayan sido encomendadas.

(26)  A fin de realizar un análisis del informe, es preciso que la sociedad que lleve a cabo la operación transfronteriza proporcione a los representantes de los trabajadores los recursos necesarios que les permitan ejercer de manera adecuada los derechos derivados de la presente Directiva.

(27)   Para garantizar que la participación de los empleados no se menoscabe indebidamente como consecuencia de la operación transfronteriza, cuando la sociedad que realice tal operación haya aplicado un sistema de participación de los trabajadores, la sociedad o las sociedades resultantes de la operación transfronteriza deben estar obligadas a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de tal participación, también mediante la presencia de los representantes de los trabajadores en los órganos de dirección o supervisión pertinentes de la sociedad o las sociedades. Además, en tal caso, cuando se entable una negociación de buena fe entre la sociedad y sus trabajadores, esta debe llevarse a cabo con arreglo al procedimiento previsto en la Directiva 2001/86/CE, con vistas a encontrar una solución amistosa que concilie el derecho de la sociedad a efectuar una operación transfronteriza con los derechos de participación de los trabajadores. Como resultado de tales negociaciones, debe encontrarse una solución acordada a medida o bien, en ausencia de acuerdo, aplicarse las normas estándar dispuestas en el Anexo a la Directiva 2001/86/CE, mutatis mutandis. Con el fin de proteger la solución convenida o la aplicación de las normas estándar, la sociedad no debe poder suprimir los derechos de participación mediante la realización de transformaciones, fusiones o escisiones nacionales o transfronterizas ulteriores en el plazo de cuatro años.

(28)  Con el fin de impedir la elusión de los derechos de participación de los trabajadores mediante una operación transfronteriza, la sociedad o las sociedades que lleven a cabo la operación transfronteriza y estén registradas en un Estado miembro que otorgue tales derechos de participación de los trabajadores no deben poder efectuar una operación transfronteriza sin entablar antes negociaciones con los trabajadores o sus representantes cuando el número medio de trabajadores empleados por la sociedad sea equivalente a los cuatro quintos del umbral nacional establecido para la participación de los trabajadores.

(29)  La participación de todas las partes interesadas, en particular de los trabajadores, contribuye a que las sociedades adopten un enfoque sostenible y a largo plazo en todo el mercado único. A este respecto, es importante proteger y promover los derechos de participación de los empleados en los órganos de dirección de las sociedades, en particular cuando estas efectúan traslados o reestructuraciones transfronterizos. Por consiguiente, resulta esencial que las negociaciones sobre los derechos de participación en el contexto de las operaciones transfronterizas lleguen a buen puerto, y es algo que debería fomentarse.

(30)   Para garantizar una asignación adecuada de tareas entre los Estados miembros y un control ex ante eficiente y eficaz de las operaciones transfronterizas, ▌las autoridades competentes de los Estados miembros de la sociedad o las sociedades que llevan a cabo la operación transfronteriza deben estar facultadas para expedir un certificado previo a la transformación, fusión o escisión (denominado, en adelante, «certificado previo a la operación»). Sin dicho certificado, las autoridades competentes de los Estados miembros de la sociedad transformada o de la sociedad o las sociedades que resulten de la operación transfronteriza no deben poder completar los procedimientos de la operación transfronteriza.

(31)  A fin de emitir el certificado previo a la operación, los Estados miembros de la sociedad o las sociedades que lleven a cabo la operación transfronteriza han de designar, con arreglo al Derecho nacional, una o varias autoridades competentes para controlar la legalidad de la operación. La autoridad o las autoridades competentes pueden ser órganos jurisdiccionales, notarios u otras autoridades, una autoridad fiscal o una autoridad en el ámbito de los servicios financieros. En caso de que exista más de una autoridad competente, conviene que la sociedad pueda solicitar el certificado previo a la operación a una única autoridad, designada por el Estado miembro en cuestión, y que esta se coordine con las demás autoridades competentes. La autoridad o las autoridades competentes deben evaluar el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta finalización de todos los procedimientos y trámites en ese Estado miembro y decidir, en un plazo de tres meses tras la solicitud de la sociedad, si expiden el certificado previo a la operación, a menos que tengan sospechas graves de que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, y el examen requiera tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales.

(32)  En ciertas circunstancias, el derecho de las sociedades a llevar a cabo una operación transfronteriza puede utilizarse con fines abusivos o fraudulentos, como la elusión de los derechos de los empleados, de pagos a la seguridad social o de obligaciones fiscales, o con fines delictivos. En particular, es importante luchar contra las sociedades «fantasma» o «pantalla» creadas con el propósito de sustraerse al Derecho nacional o de la Unión, eludirlo o infringirlo. Si la autoridad competente, en el transcurso del control de la legalidad que efectúe, tiene conocimiento, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes, de que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, no debe autorizar la operación. El procedimiento pertinente, incluida cualquier evaluación detallada, debe llevarse a cabo de conformidad con la legislación nacional. En tal caso, la autoridad competente puede ampliar la evaluación por un máximo de tres meses más.

(33)  Si la autoridad competente tiene sospechas graves de que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos, debe tomar en consideración en su evaluación todos los hechos y circunstancias pertinentes y tener en cuenta como mínimo, según corresponda, factores indicativos relativos a las características del establecimiento en el Estado miembro en el que la sociedad o las sociedades deben registrarse después de la operación transfronteriza, incluidos el objeto de la operación, el sector, la inversión, la facturación neta y las pérdidas o ganancias, el número de trabajadores, la composición del balance, la residencia fiscal, los activos y su ubicación, los equipos, los titulares reales de la sociedad, el lugar de trabajo habitual de los trabajadores y de grupos específicos de estos, el lugar en el que deben abonarse las cotizaciones sociales, el número de trabajadores desplazados el año anterior a la transformación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(11) y de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(12), y el número de trabajadores empleados simultáneamente en más de un Estado miembro en el sentido del Reglamento (CE) n.º 883/2004, y los riesgos mercantiles asumidos por la sociedad o las sociedades antes y después de la operación transfronteriza. Han de tenerse en cuenta en la evaluación, asimismo, los hechos y circunstancias pertinentes relacionados con los derechos de participación de los trabajadores, en particular por lo que se refiere a las negociaciones sobre dichos derechos cuando dichas negociaciones hayan sido activadas por cuatro quintos del umbral nacional aplicable. Todos esos elementos deben considerarse únicamente factores indicativos en la evaluación global y, por lo tanto, no pueden examinarse de forma aislada. La autoridad competente puede considerar un indicio de que no existen circunstancias conducentes a abuso o fraude el hecho de que, a raíz de la operación transfronteriza, el centro de administración efectiva o de actividad económica de la sociedad quede situado en el Estado miembro en el que la sociedad o las sociedades deban registrarse tras la operación transfronteriza.

(34)  La autoridad competente debe también poder obtener de la sociedad que efectúe la operación transfronteriza o de otras autoridades competentes, incluidas las del Estado miembro de destino, toda la información y los documentos pertinentes para llevar a cabo el control de la legalidad dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. Los Estados miembros deben poder estipular las posibles consecuencias que los procedimientos iniciados por los socios y los acreedores con arreglo a la presente Directiva tendrán para la expedición del certificado previo a la operación.

(35)  Para llevar a cabo la evaluación de la solicitud presentada por la sociedad a fin de obtener el certificado previo a la operación, la autoridad competente puede recurrir a un perito independiente. Los Estados miembros deben establecer normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual este actúe sea independiente de la sociedad que solicite el certificado previo a la operación. El experto o los expertos deben ser nombrados por la autoridad competente y no tener ningún vínculo pasado o actual con la sociedad en cuestión que pueda afectar a su independencia.

(36)  Para garantizar que la sociedad que efectúa la operación transfronteriza no cause ningún perjuicio a sus acreedores, la autoridad competente debe poder comprobar, en particular, si la sociedad ha cumplido sus obligaciones frente a sus acreedores públicos o si dispone de garantías suficientes en relación con cualesquiera obligaciones que tenga pendientes. En particular, la autoridad competente también debe poder comprobar si la sociedad es objeto de algún procedimiento judicial en curso debido a infracciones de la legislación social, laboral o ambiental que pueda dar lugar a obligaciones adicionales para la sociedad, también frente a ciudadanos y entidades privadas.

(37)  Es preciso que los Estados miembros prevean garantías procesales en consonancia con los principios generales de acceso a la justicia, en particular la posibilidad de recurrir las decisiones de las autoridades competentes en los procedimientos relativos a las operaciones transfronterizas, o la posibilidad de retrasar la vigencia del certificado para permitir que las partes emprendan las acciones pertinentes ante el órgano jurisdiccional competente y tengan la posibilidad de obtener, en su caso, medidas cautelares.

(38)   Tras recibir el certificado previo a la operación y comprobar el cumplimiento de los requisitos legales del Estado miembro ▌en el que debe registrarse la sociedad tras la operación, en particular si la transacción constituye una elusión de la legislación nacional o de la Unión, las autoridades competentes ▌deben inscribir la sociedad en el registro mercantil de dicho Estado miembro. Solo después de esta inscripción debe suprimirla de su registro la autoridad competente del Estado miembro en el que estaban inscritas la sociedad o las sociedades que efectúen la operación transfronteriza. Las autoridades competentes del Estado miembro ▌en el que debe registrarse la sociedad tras la operación transfronteriza no pueden poner en cuestión la ▌información facilitada en el certificado previo a la operación. ▌

(39)  Los Estados miembros han de velar por que la tramitación de ciertas fases del procedimiento, a saber, la divulgación del proyecto, la solicitud del certificado previo a la transformación, la fusión o la escisión («el certificado previo a la operación») y la presentación por el Estado miembro de destino de cualesquiera información y documentos necesarios para el control de la legalidad de la transformación, la fusión o la escisión transfronteriza, pueda efectuarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente de los Estados miembros. Deben aplicarse, según proceda, las normas relativas a la utilización de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades, incluidas las salvaguardias pertinentes. La autoridad competente debe estar en condiciones de recibir por medios electrónicos la solicitud del certificado previo a la transformación, incluidos cualesquiera información y documentos que se transmitan, salvo en casos excepcionales en los que ello le resulte técnicamente imposible.

(40)  Con el fin de reducir los costes, la duración de los procedimientos y la carga administrativa para las empresas, conviene que los Estados miembros apliquen el principio de «solo una vez» en materia de Derecho de sociedades, consistente en no pedir a las empresas que presenten la misma información a las autoridades públicas más de una vez. Por ejemplo, las empresas no deben tener que presentar la misma información al registro nacional y al boletín nacional.

(41)  Como consecuencia de la transformación transfronteriza, la sociedad transformada debe conservar su personalidad jurídica, sus activos y pasivos y todos sus derechos y obligaciones, incluidos los derivados de contratos, actos u omisiones. En particular, la sociedad debe respetar los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo o de las relaciones laborales, incluidas las condiciones acordadas en cualquier convenio colectivo.

(42)   Con el fin de garantizar un nivel apropiado de transparencia y el uso de herramientas y procesos digitales, los certificados previos a la operación expedidos por las autoridades competentes de los distintos Estados miembros ▌deben intercambiarse a través del sistema de interconexión de los registros mercantiles y ponerse a disposición del público. De conformidad con el principio general en el que se inspira la presente Directiva, dicho intercambio de información debe ser siempre gratuito.

(43)  Para mejorar la transparencia de las operaciones transfronterizas, es importante que los registros de los Estados miembros interesados contengan la información relativa a las sociedades que participen en la operación transfronteriza que figure en otros registros y que sea necesaria para conocer la trayectoria de esas sociedades. En particular, el expediente de la sociedad en el registro en el que esta figuraba antes de la operación transfronteriza debe contener el nuevo número de registro asignado a dicha sociedad tras la operación transfronteriza. Del mismo modo, el expediente de la sociedad en el registro en el que esta figure después de la operación transfronteriza debe contener el número de registro original asignado a dicha sociedad antes de la operación transfronteriza.

(44)  Por lo que respecta a las normas vigentes sobre las fusiones transfronterizas, la Comisión, en su Comunicación titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», ▌anunció que evaluaría la necesidad de actualizar dichas normas ▌con el fin de facilitar a las pymes la elección de su estrategia empresarial preferida y de adaptarse mejor a los cambios en las condiciones del mercado, procurando al mismo tiempo no debilitar la protección del empleo. En su Comunicación titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 - Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad», la Comisión anunció una iniciativa para facilitar la ejecución de las fusiones transfronterizas.

(45)   ▌ La falta de armonización de las garantías para los socios ▌se considera un obstáculo para las operaciones transfronterizas. Las sociedades y sus socios se enfrentan a una gran variedad de formas de protección, lo que genera complejidad e inseguridad jurídica. A los socios ▌ se les debe ofrecer, por consiguiente, el mismo nivel mínimo de protección, con independencia del Estado miembro en el que se halle la sociedad ▌. Debe permitirse, por tanto, que los Estados miembros mantengan o introduzcan normas de protección adicionales para los socios, siempre que estas no entren en conflicto con las normas previstas en la presente Directiva o con la libertad de establecimiento. Dichas normas no deben afectar a los derechos individuales de los socios.

(46)   Tras una operación transfronteriza, los antiguos acreedores de la sociedad o las sociedades que efectúan la operación pueden encontrarse con que su crédito se vea afectado ▌cuando la sociedad ▌que sea responsable de la deuda pase a estar regulada posteriormente por la legislación de otro Estado miembro. En la actualidad, las normas sobre protección de los acreedores varían entre los distintos Estados miembros, lo que añade una significativa complejidad al proceso de operación transfronteriza y genera incertidumbre tanto para las sociedades implicadas como para sus acreedores en relación con la recuperación o la liquidación de su crédito.

(47)  Además de nuevas normas sobre transformaciones, la presente Directiva establece normas sobre las escisiones transfronterizas, tanto parciales como plenas, pero únicamente a través de la formación de nuevas sociedades. ▌La Directiva no dispone un marco armonizado para las escisiones transfronterizas en las que una sociedad transfiera sus activos y pasivos a varias sociedades existentes, ya que se ha considerado que estos casos revisten una elevada complejidad, requieren la intervención de las autoridades competentes de varios Estados miembros y conllevan riesgos adicionales de elusión de las normas nacionales y de la Unión. La posibilidad de crear una sociedad mediante la escisión por separación, tal como se establece en la presente Directiva, ofrece a las sociedades un nuevo procedimiento armonizado en el mercado único, sin perjuicio de su libertad para establecer filiales en otros Estados miembros.

(48)   Como consecuencia de una fusión transfronteriza, los activos y pasivos y todos los derechos y obligaciones, incluidos los derivados de contratos, actos u omisiones, deben transferirse a la sociedad absorbente o a la nueva sociedad, y los socios de las sociedades que se fusionan que no ejerzan su derecho de separación deben convertirse en socios de la sociedad absorbente o de la nueva sociedad, según corresponda. En particular, la sociedad absorbente o la nueva sociedad deben respetar los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo o de las relaciones laborales, incluidas las condiciones acordadas en cualquier convenio colectivo.

(49)  Como consecuencia de la escisión transfronteriza, los activos y pasivos y todos los derechos y obligaciones de la sociedad escindida, incluidos los derivados de contratos, actos u omisiones, deben transferirse a las sociedades beneficiarias con arreglo a la asignación especificada en el proyecto de escisión, y los socios de la sociedad escindida que no ejerzan su derecho de separación deben convertirse en socios de las sociedades beneficiarias, mantener su condición de socios de la sociedad escindida o convertirse en socios de ambas sociedades. En particular, las sociedades beneficiarias deben respetar los derechos y obligaciones derivados de los contratos de trabajo o de las relaciones laborales, incluidas las condiciones acordadas en cualquier convenio colectivo.

(50)  En aras de la seguridad jurídica, no debe ser posible declarar la nulidad de una operación transfronteriza que haya surtido efecto de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Directiva. Ello no debe afectar a las competencias de los Estados miembros en los ámbitos, entre otros, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley de conformidad con la legislación nacional, en particular en el caso de que, una vez que la operación transfronteriza haya surtido efecto, las autoridades competentes u otras autoridades pertinentes determinen, en particular sobre la base de nueva información sustancial, que la operación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos. En este contexto, las autoridades competentes podrían también evaluar si, en los años siguientes a la operación transfronteriza, se ha alcanzado o superado el umbral nacional aplicable para la participación de los trabajadores del Estado miembro de la empresa que haya efectuado la operación transfronteriza.

(51)  Cualquier operación transfronteriza debe entenderse sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con la actividad de la sociedad o las sociedades antes de la operación.

(52)   Con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores distintos de los de participación, la Directiva 2009/38/CE, la Directiva 98/59/CE(13) del Consejo, la Directiva 2001/23/CE y la Directiva 2002/14/CE no se verán afectadas por la presente Directiva. Las leyes nacionales deben aplicarse igualmente a las cuestiones ajenas al ámbito de aplicación de la presente Directiva, como los impuestos o la seguridad social.

(53)   Las disposiciones de la presente Directiva no afectan a las disposiciones legales o administrativas, incluidas las que atañen al cumplimiento de normas fiscales en las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, de la legislación nacional en materia de impuestos de los Estados miembros o de sus subdivisiones territoriales y administrativas.

(54)  La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo(14) por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, la Directiva 2009/133/CE del Consejo(15) relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro, la Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo(16) en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información sobre acuerdos tributarios previos y acuerdos previos sobre precios de transferencia entre Estados miembros, la Directiva (UE) 2016/881 del Consejo(17) en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad y la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo(18) por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

(55)   La presente Directiva no afectará a las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849(19) para hacer frente a los riesgos del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, concretamente las obligaciones relacionadas con la aplicación de las medidas de diligencia debida adecuadas al cliente en función de los riesgos y la identificación y el registro del titular real de cualquier entidad de nueva creación en el Estado miembro de su constitución.

(56)  La Directiva no afecta a la legislación de la Unión en materia de transparencia y derechos de los accionistas de sociedades cotizadas ni a las normas nacionales establecidas o introducidas de conformidad con dicha legislación de la Unión.

(57)  La presente Directiva no afecta a la legislación de la Unión aplicable a los intermediarios de crédito y otras empresas financieras ni a las normas nacionales establecidas o introducidas de conformidad con dicha legislación de la Unión.

(58)   Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar y regular las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, no los pueden alcanzar de manera suficiente los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas al respecto, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TFUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(59)   La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(60)   De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos(20), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(61)   La Comisión debe realizar una evaluación de la presente Directiva, incluida una evaluación de la aplicación del derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en el contexto de las operaciones transfronterizas. La evaluación debe centrarse, en particular, en aquellas operaciones transfronterizas en las que las negociaciones sobre la participación de los trabajadores hayan sido activadas por cuatro quintos del umbral aplicable y averiguar si esas sociedades, tras la operación transfronteriza, han alcanzado o superado el umbral aplicable para la participación de los trabajadores del Estado miembro de la sociedad que haya efectuado la operación transfronteriza. De conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016(21), dicha evaluación debe basarse en cinco criterios, eficiencia, eficacia, pertinencia, coherencia y valor añadido para la UE, y debe servir de base para la evaluación de impacto de otras medidas.

(62)   Debe recabarse información para evaluar la eficacia de la legislación en relación con los objetivos que persigue y para fundamentar una evaluación de la legislación de conformidad con el apartado 22 del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016.

(63)  Procede, por tanto, modificar la Directiva (UE) 2017/1132 en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva (UE) 2017/1132

La Directiva (UE) 2017/1132 se modifica como sigue:

1)  En el artículo 18, apartado 3, se inserta la letra a bis) siguiente:"

«a bis) a los documentos y la información a que se refieren los artículos 86 nonies, 86 sexdecies, 86 octodecies, 123, 127 bis, 160 undecies, 160 octodecies y 160 vicies;».

"

2)  El artículo 24 se modifica como sigue:

a)   la letra e) se sustituye por el texto siguiente:"

«e) la lista detallada de los datos que hayan de transmitirse a los fines de intercambio de información entre los registros y de publicidad a que se refieren los artículos 20, 34, ▌, 86 sexdecies, 86 septdecies, 86 octodecies, 127 bis, 128, 130, ▌, 160 octodecies, 160 novodecies y 160 vicies;»;

"

b)  en el párrafo segundo se añade la frase siguiente:"

«La Comisión adoptará los actos de ejecución con arreglo a la letra e) a más tardar dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor.».

"

3)  El título del título II se sustituye por el texto siguiente:"

«TRANSFORMACIONES, FUSIONES Y ESCISIONES DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL».

"

4)  En el título II se añade el siguiente capítulo -I:"

« CAPÍTULO -I

Transformaciones transfronterizas

Artículo 86 bis

Ámbito de aplicación

1.  El presente capítulo se aplicará a la transformación de las sociedades de capital constituidas de conformidad con el Derecho de un Estado miembro, y cuyo domicilio social, administración central o centro de actividad principal se hallen en el territorio de la Unión, en sociedades de capital reguladas por el Derecho de otro Estado miembro (en lo sucesivo, «transformación transfronteriza»).

Artículo 86 ter

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

   1) «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»: una sociedad de uno de los tipos enumerados en el anexo II y que realiza una transformación transfronteriza;
   2) «transformación transfronteriza»: una operación mediante la cual una sociedad de uno de los tipos enumerados en el anexo II, sin ser disuelta ni liquidada, convierte la forma jurídica en la que está registrada en un Estado miembro de origen en una forma jurídica societaria de un Estado miembro de destino, y traslada al menos su domicilio social al Estado miembro de destino al tiempo que conserva su personalidad jurídica;
   3) «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en el que una sociedad está registrada en su forma jurídica previa a la transformación transfronteriza;
   4) «Estado miembro de destino»: el Estado miembro en el que se registrará una sociedad como resultado de la transformación transfronteriza;

   5) «sociedad transformada»: la sociedad ▌constituida en el Estado miembro de destino como resultado del proceso de transformación transfronteriza.

Artículo 86 quater

Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación

1.  El presente capítulo no se aplicará a las transformaciones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público, que funcione según el principio de reparto de los riesgos y cuyas participaciones, a petición del tenedor de estas, se readquieran o se rescaten, directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimilan a dichas readquisiciones o reembolsos las medidas que tomen dichas sociedades para asegurarse de que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.

2.  Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique en ninguna de las circunstancias siguientes:

   a) cuando la sociedad esté en liquidación y haya empezado a repartir los activos entre sus accionistas;

   b) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución dispuestos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo*.

3.  Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no se aplique a las sociedades que sean objeto de:

   a) procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva;
   a bis) procedimientos de liquidación distintos de los contemplados en el apartado 2, o
   b) medidas de prevención de crisis en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

4.  La legislación nacional del Estado miembro de origen regirá la parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse en relación con la transformación transfronteriza con el fin de obtener el certificado previo a la transformación, y la legislación nacional del Estado miembro de destino regirá la parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse tras la recepción de dicho certificado de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 86 quinquies

Proyectos de transformación transfronteriza

1.   El órgano de dirección o administración de la sociedad ▌elaborará el proyecto de transformación transfronteriza. En este proyecto figurará al menos lo siguiente:

   a) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social de la sociedad en el Estado miembro de origen;
   b) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social propuestas para la sociedad transformada en el Estado miembro de destino;
   c) el instrumento ▌de constitución, cuando proceda, y los estatutos, si fueran objeto de un acto separado, de la sociedad en el Estado miembro de destino;
   d) el calendario indicativo propuesto para la transformación transfronteriza;
   e) los derechos conferidos por la sociedad transformada a los socios que gocen de derechos especiales o a los tenedores de títulos que no sean acciones representativas del capital social, y las medidas propuestas que les atañan;
   f) ▌las garantías, tales como fianzas y prendas, ofrecidas, en su caso, a los acreedores;

   h) toda ventaja especial otorgada a los miembros de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de la sociedad transformada;
   h bis) si la sociedad recibió cualquier tipo de incentivo o subvención en el Estado miembro de origen en los últimos cinco años;
   i) los detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios ▌, de conformidad con el artículo 86 undecies;
   j) las consecuencias probables de la transformación transfronteriza para el empleo;
   k) en su caso, información sobre los procedimientos por los que se determinan los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a la participación en la sociedad transformada de conformidad con el artículo 86 terdecies ▌.

Artículo 86 sexies

Informe del órgano de dirección o administración a los socios y los trabajadores

1.  El órgano de dirección o de administración de la sociedad ▌elaborará un informe para los socios y los trabajadores en el que se expliquen y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la transformación transfronteriza, además de explicar las consecuencias de tal operación para los trabajadores.

2.  El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular, las consecuencias de la transformación transfronteriza para la actividad futura de la sociedad.

Incluirá asimismo una sección para los socios y otra para los trabajadores.

3.  En la sección del informe destinada a los socios, se explicará, en particular, lo siguiente:

   a bis) la compensación en efectivo y el método empleado para determinarla;
   b) las consecuencias de la transformación transfronteriza para los socios;
   c) los derechos y recursos a disposición de los socios ▌de conformidad con el artículo 86 undecies.

4.  La sección del informe destinada a los socios no se exigirá cuando todos los socios de la sociedad hayan convenido en renunciar a este requisito. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

5.  En la sección del informe destinada a los trabajadores, se explicará, en particular, lo siguiente:

   c bis) las consecuencias de la transformación transfronteriza para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservarlas;
   c ter) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables y en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
   d) cómo los factores expuestos en las letras c bis) y c ter) atañen también a las filiales de la sociedad.

6.  Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad reciba, oportunamente, un dictamen sobre las partes del informe a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 de los representantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los socios de dicho dictamen, que se adjuntará al informe.

7.  La sección destinada a los trabajadores no se exigirá cuando la sociedad y sus filiales, de haberlas, no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de dirección o de administración.

8.  La sociedad podrá decidir si elabora un informe que contenga las dos secciones a que se refieren los apartados 3 y 4, o dos informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

9.  El informe mencionado en el apartado 1 o los informes a que se refiere el apartado 5, junto con el proyecto de transformación transfronteriza, de estar este disponible, se pondrán a disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores de la sociedad ▌o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, en cualquier caso en formato electrónico, al menos seis semanas antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies.

10.  Cuando, de conformidad con el apartado 3, pueda obviarse la sección destinada a los socios a que se refiere dicho apartado, y cuando, de conformidad con el apartado 4 bis, no se exija la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 4, no se requerirá el informe mencionado en el apartado 1.

9.  Los apartados 1 a 8 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional a raíz de la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.

Artículo 86 octies

Informe pericial independiente

1.  Los Estados miembros velarán por que un perito independiente examine el proyecto de transformación transfronteriza y elabore un informe destinado a los socios que se pondrá a disposición de estos al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies ▌. En función de la legislación de los Estados miembros, el perito podrá ser una persona física o jurídica.

2.   En el informe al que se refiere el apartado 1 se incluirá, en cualquier caso, la opinión del perito sobre si la compensación en efectivo es adecuada. En lo relativo a la compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 86 quinquies, letra i), el perito tendrá en cuenta el precio de mercado de las acciones en la sociedad antes del anuncio de la propuesta de transformación o el valor de la sociedad sin considerar el efecto de la transformación propuesta determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En el informe figurará al menos:

   a) una indicación del método utilizado para determinar la compensación en efectivo propuesta;
   b) una apreciación de si este método es el adecuado para evaluar la compensación en efectivo y una indicación del valor al que conduce este método, junto con una opinión sobre la importancia relativa dada a este método en la determinación del valor considerado;
   c) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.

▌El perito tendrá derecho a pedir a la sociedad ▌toda la información necesaria para poder llevar a cabo su cometido.

3.  No se exigirá un examen del proyecto de transformación transfronteriza por un perito independiente ni un informe pericial cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios de la sociedad. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 86 nonies

Publicidad

1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes documentos se publiquen y pongan a disposición del público en el registro del Estado miembro de origen al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies:

   a) el proyecto de transformación transfronteriza;

   b) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad, o, cuando no existan dichos representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, sus observaciones relativas al proyecto de transformación transfronteriza.

Los Estados miembros podrán exigir que el informe pericial independiente, si ha sido elaborado de conformidad con el artículo 86 octies, se publique y ponga a disposición del público en el registro.

Los Estados miembros velarán por que la sociedad pueda excluir la información confidencial de la publicación del informe pericial independiente.

También podrá accederse a los documentos publicados de conformidad con el presente apartado mediante el sistema al que se refiere el artículo 22.

2.  Los Estados miembros podrán eximir a la sociedad ▌ del requisito de publicación mencionado en el apartado 1 cuando, durante un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies y concluya no antes de la finalización de dicha junta, dicha sociedad ponga los documentos a los que se refiere el apartado 1 a disposición del público en su sitio web de manera gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del sitio web y la autenticidad de los documentos, a menos que tales requisitos o restricciones sean proporcionados a la consecución de tales objetivos, y únicamente en la medida en que lo sean.

3.  Cuando la sociedad ▌publique el proyecto de transformación transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentará al registro del Estado miembro de origen, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies, la siguiente información, que deberá ser publicada:

   a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad en el Estado miembro de origen, así como los que propone para la sociedad transformada en el Estado miembro de destino;
   b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artículo 14 en relación con la sociedad ▌y el número de inscripción en dicho registro;
   c) una indicación de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios;
   d) los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse en línea y gratuitamente el proyecto de transformación transfronteriza, la notificación y el informe pericial al que se refiere el apartado 1, así como información completa sobre los acuerdos a que se refiere la letra c) del presente apartado.

4.  Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer ante la autoridad competente en el Estado miembro de origen, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de transformación transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional o mediante una plataforma electrónica central de conformidad con el artículo 16, apartado 3. En tal caso, los Estados miembros velarán por que el registro transmita la información pertinente al boletín nacional.

6.  Los Estados miembros velarán por que la documentación a la que se refiere el apartado 1 o la información a la que se refiere el apartado 3 sean de acceso público y gratuito mediante el sistema de interconexión de registros.

Los Estados miembros velarán además por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad ▌ por la publicación mencionada en los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la que se refiere el apartado 5, no superen la recuperación de los costes ▌de la prestación de tales servicios.

Artículo 86 decies

Aprobación por la junta general

1.  Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 86 sexies ▌y 86 octies, en su caso, así como de los dictámenes de los trabajadores presentados de conformidad con el artículo 86 sexies y de las observaciones presentadas de conformidad con el artículo 86 octies, la junta general de la sociedad ▌decidirá, mediante resolución, si aprueba o no el proyecto de transformación transfronteriza y si se adapta o no la escritura de constitución, así como los estatutos cuando estos sean objeto de un acto separado.

2.  La junta general de la sociedad ▌ podrá reservarse el derecho a supeditar la ejecución de la transformación transfronteriza a la ratificación expresa por la propia junta de los acuerdos a los que se refiere el artículo 86 terdecies.

3.  Los Estados miembros velarán por que la aprobación ▌ del proyecto de transformación transfronteriza o su modificación requiera una mayoría no inferior a dos tercios, pero no superior al 90 % de los votos asociados a las acciones o al capital suscrito representado en la junta. En cualquier caso, el umbral de votación no será superior al previsto en la legislación nacional para la aprobación de las fusiones transfronterizas.

4.  Cuando una cláusula del proyecto de transformación transfronteriza o cualquier modificación de la escritura de constitución de la sociedad objeto de transformación lleve consigo un aumento de las obligaciones económicas de un socio para con la sociedad o terceros, los Estados miembros podrán disponer que, en tales circunstancias específicas, dicha cláusula o modificación de la escritura de constitución sea aprobada por el socio en cuestión, siempre y cuando este último no pueda ejercer los derechos previstos en el artículo 86 undecies.

5.   Los Estados miembros velarán por que la aprobación de la transformación transfronteriza por la junta general no pueda ser impugnada únicamente por los motivos siguientes:

   a) porque la compensación en efectivo mencionada en el artículo 86 quinquies, letra i), se haya establecido de forma inadecuada; o
   b) porque la información facilitada sobre la letra a) no cumpla los requisitos legales.

Artículo 86 undecies

Protección de los socios

1.  Los Estados miembros velarán por que al menos los ▌socios de la sociedad que hayan votado en contra de la aprobación del proyecto de transformación transfronteriza tengan derecho a enajenar sus acciones, a cambio de una compensación en efectivo adecuada, con arreglo a las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6.

Los Estados miembros también podrán conferir ese derecho a otros socios de la sociedad.

Los Estados miembros podrán exigir que se documente adecuadamente, a más tardar en la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies, la oposición explícita al proyecto de transformación transfronteriza y/o la intención de los socios de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros podrán permitir que el registro de la objeción al proyecto de transformación transfronteriza se considere documentación adecuada del voto en contra.

2.  Los Estados miembros establecerán el plazo en el que los socios a que se refiere el apartado 1 deban declarar a la sociedad su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones ▌.Dicho plazo no podrá exceder de un mes desde la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies. Los Estados miembros velarán por que la sociedad facilite una dirección electrónica para recibir dicha declaración por vía electrónica.

3.  Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo en el que habrá de abonarse la compensación en efectivo que figura en el proyecto de transformación transfronteriza ▌. Dicho plazo no podrá expirar más tarde de los dos meses siguientes a la fecha en que surta efecto la transformación transfronteriza con arreglo al artículo 86 novodecies.

4.   Los Estados miembros velarán por que todo socio que haya declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones, pero considere que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad no se ha fijado adecuadamente, tenga derecho a solicitar una compensación en efectivo complementaria ante las autoridades u organismos competentes mandatados en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros establecerán un plazo para la reclamación de la compensación en efectivo complementaria.

Los Estados miembros podrán disponer que la decisión final de proporcionar una compensación en efectivo complementaria sea válida respecto de los socios que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones con arreglo al apartado 2.

5.  Los Estados miembros velarán por que la legislación del Estado miembro de origen rija los derechos a los que se refieren los apartados 1 a 4, y por que la competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a esos derechos recaiga en el Estado miembro de origen.

Artículo 86 duodecies

Protección de los acreedores

1.  Los Estados miembros preverán un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación transfronteriza y aún no hayan vencido en el momento de dicha publicación. Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos con las garantías ofrecidas en el proyecto de transformación transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 quinquies, apartado 1, letra f), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en el plazo de tres meses a partir de la publicación del proyecto de transformación transfronteriza a la que se refiere el artículo 86 nonies, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que la satisfacción de sus derechos está en juego debido a la transformación transfronteriza y que no se han obtenido garantías suficientes de la sociedad. Los Estados miembros velarán por que las garantías se supediten a que la transformación transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 86 novodecies.

2.  Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de administración de la sociedad ▌haga una declaración que refleje con exactitud la situación financiera actual de la sociedad en la fecha de la declaración, que deberá hacerse, como muy pronto, un mes antes de su publicación. En esa declaración se hará constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección o de administración de la sociedad en esa fecha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, los miembros de dicho órgano no conocen ningún motivo por el que la sociedad, después de que la transformación surta efecto, no pueda atender sus obligaciones al vencimiento de estas. La declaración se publicará junto con el proyecto de transformación transfronteriza de conformidad con el artículo 86 nonies.

3.   Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales del Estado miembro de origen relativas a la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y de las obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos.

4.  Los Estados miembros velarán por que los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de transformación transfronteriza también puedan incoar un procedimiento contra la sociedad en el Estado miembro de origen dentro de los dos años siguientes a la fecha en que surta efecto dicha transformación, sin perjuicio de las normas sobre competencia jurisdiccional aplicables en virtud de la legislación nacional o de la Unión o de un acuerdo contractual. La posibilidad de incoar dicho procedimiento se sumará a otras normas relativas a la elección de foro aplicables con arreglo al Derecho de la Unión.

Artículo 86 duodecies bis

Información y consulta de los trabajadores

1.  Los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en relación con la transformación transfronteriza y por que esos derechos se ejerzan de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE y, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE. Los Estados miembros podrán decidir aplicar los derechos de información y consulta a otras sociedades distintas de las contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14/CE.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 86 sexies, apartado 6, y en el artículo 86 nonies, apartado 1, letra b), los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados al menos antes de que se decida el proyecto de transformación transfronteriza, o el informe a que se refiere el artículo 86 sexies, de ser este anterior, de modo que se pueda proporcionar a los trabajadores una respuesta motivada antes de la junta general a la que se refiere el artículo 86 decies.

3.  Sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes que sean más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y consulta de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2002/14/CE.

Artículo 86 terdecies

Participación de los trabajadores

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la sociedad transformada estará sujeta a las normas vigentes en materia de participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro de destino.

2.  No obstante, las normas vigentes en materia de participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro de destino no serán aplicables cuando la sociedad que efectúe la transformación, en los seis meses anteriores a la publicación del proyecto de transformación transfronteriza a que se refiere el artículo 86 quinquies de la presente Directiva, emplee un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplicable, establecido en la legislación del Estado miembro de origen, que dé lugar a la participación de los trabajadores en el sentido de lo dispuesto en la letra k) del artículo 2 de la Directiva 2001/86/CE, o cuando la legislación nacional del Estado miembro de destino:

   a) no disponga al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que se aplicaba en la sociedad antes de su transformación, medido en función de la proporción de los miembros que representan a los trabajadores en el órgano de administración o de supervisión, o en sus comités, o en el órgano de dirección competente dentro de la sociedad para decidir el reparto de los beneficios, siempre que haya una representación de los trabajadores; o
   b) no disponga que los trabajadores de los establecimientos de la sociedad transformada que estén situados en otros Estados miembros puedan ejercer los mismos derechos de participación de que gocen los trabajadores empleados en el Estado miembro de destino.

3.  En los casos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo, la participación de los trabajadores en la sociedad transformada, así como su implicación en la definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados miembros, mutatis mutandis y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del presente artículo, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en el artículo 12, apartados 2 ▌y 4, del Reglamento (CE) n.º 2157/2001 y en las disposiciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE:

   a) artículo 3, apartado 1; artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); artículo 3, apartado 2, letra b); artículo 3, apartado 3 ▌; primeras dos frases del artículo 3, apartado 4 ▌; artículo 3, apartado 5, ▌y artículo 3, apartado 7;
   b) artículo 4, apartado 1; artículo 4, apartado 2, letras a), g) y h); artículo 4, apartado 3, y artículo 4, apartado 4;
   c) artículo 5;
   d) artículo 6;
   e) artículo 7, apartado 1, salvo el segundo guion de la letra b);
   f) artículos 8, ▌10, 11 y 12;
   g) anexo, parte 3, letra a).

4.  Al regular los principios y procedimientos a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros:

   a) conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas, y basarse en las normas de participación vigentes en el Estado miembro de destino;
   b) podrán, a raíz de negociaciones previas, cuando las normas de referencia para la participación sean de aplicación y no obstante lo dispuesto en ellas, decidir limitar el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administración de la sociedad transformada. No obstante, cuando en la sociedad ▌los representantes de los trabajadores constituyan al menos una tercera parte de los miembros del órgano de administración o de supervisión, esta limitación nunca podrá tener por efecto que el número de representantes de los trabajadores en el órgano de administración sea inferior a un tercio;
   c) velarán por que las normas sobre la participación de los trabajadores que se aplicaban antes de la transformación transfronteriza sigan siendo aplicables hasta la fecha de aplicación de las normas convenidas posteriormente o, en ausencia de las normas convenidas, hasta la aplicación de las normas de referencia con arreglo a la parte 3, letra a), del anexo.

5.  La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de la sociedad transformada empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 2, letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por tener en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales que den lugar a los derechos de participación en virtud de la legislación nacional.

6.  Cuando la sociedad transformada vaya a estar gestionada en régimen de participación de los trabajadores, de conformidad con las normas a que se refiere el apartado 2, dicha sociedad estará obligada a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.

7.  Cuando la sociedad transformada esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de cuatro años desde la fecha en que la transformación transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.

8.  La sociedad comunicará a sus trabajadores o a los representantes de estos el resultado de las negociaciones relativas a su participación sin demora injustificada.

Artículo 86 quaterdecies

Certificado previo a la transformación

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, notario u otra autoridad o autoridades competentes (en lo sucesivo, «la autoridad competente») para controlar la legalidad de la transformación transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de origen y expedirán un certificado previo a la transformación que demuestre el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta realización de todos los procedimientos y trámites en el Estado miembro de origen.

Dicha realización de los procedimientos y trámites podrá abarcar la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales específicos, incluida la garantía de pagos u obligaciones derivados de procedimientos pendientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado previo a la transformación por parte de la sociedad ▌se acompañe de lo siguiente:

   a) el proyecto de transformación a que se refiere el artículo 86 quinquies;
   b) el informe y el dictamen adjunto, en su caso, mencionados en el artículo 86 sexies, así como el informe a que se refiere el artículo 86 octies, cuando estén disponibles;
   b bis) cualesquiera observaciones presentadas de conformidad con el artículo 86 nonies, apartado 1;
   (c) la información sobre la aprobación por la junta general ▌mencionada en el artículo 86 decies.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que la solicitud para obtener el certificado previo a la transformación se acompañe de información adicional, en particular sobre lo siguiente:

   a) el número de trabajadores en el momento de la elaboración del proyecto de transformación;
   b) las filiales y su respectiva ubicación geográfica;
   c) el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad adeude a organismos públicos.

A efectos del presente apartado, las autoridades competentes podrán requerir esta información a otras autoridades pertinentes, en caso de que no se les haya facilitado.

4.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refieren los apartados 2 y 3, incluida la presentación de cualesquiera información o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Por lo que respecta al cumplimiento de las normas relativas a la participación de los trabajadores establecidas en el artículo 86 terdecies, la autoridad competente del Estado miembro de origen verificará que los proyectos de transformación transfronteriza a que se refiere el apartado 2 del presente artículo incluyan información sobre los procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y las posibles opciones de tales regímenes.

6.  Como parte del control ▌a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente examinará lo siguiente:

   a) todos los documentos y toda la información presentados a la autoridad de conformidad con los apartados 2 y 3;
   b) la indicación por parte de la sociedad de que ha comenzado el procedimiento al que se refiere el artículo 86 terdecies, apartados 3 y 4, en su caso.

7.   Los Estados miembros velarán por que el control a que se refiere el apartado 1 se efectúe en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de los documentos y la información relativa a la aprobación de la transformación transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se obtendrá uno de los resultados siguientes:

   a) cuando se determine que la transformación transfronteriza ▌cumple todas las condiciones pertinentes y que se han realizado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente expedirá el certificado previo a la transformación;
   b) cuando se determine que la transformación transfronteriza no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han realizado todos los procedimientos o trámites necesarios, la autoridad competente no expedirá el certificado previo a la transformación e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En ese caso, la autoridad competente podrá ofrecer a la sociedad la posibilidad de cumplir las condiciones pertinentes o de realizar los procedimientos y trámites en un plazo adecuado.

8.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida el certificado previo a la transformación si, de conformidad con la legislación nacional, se determina que la transformación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos.

9.  Si, a través del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente tiene sospechas graves de que la transformación transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, tendrá en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, tales como, cuando proceda y sin considerarlos de manera aislada, factores indicativos de los cuales haya tenido conocimiento la autoridad competente en el curso del control de legalidad a que se refiere el apartado 1, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes. El control a efectos del presente apartado se realizará caso por caso mediante un procedimiento regido por el Derecho nacional.

10.  Cuando, para realizar el control previsto en el apartado 8, resulte necesario tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales, podrá ampliarse el plazo de tres meses previsto en el apartado 7 por un máximo de tres meses más.

11.  Cuando, debido a la complejidad del procedimiento transfronterizo, no sea posible realizar el control en los plazos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que se notifiquen al solicitante los motivos de cualquier retraso antes de la expiración del plazo inicial.

12.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 puedan consultar a otras autoridades pertinentes con competencia en los distintos ámbitos afectados por la transformación transfronteriza, incluidas las del Estado miembro de destino, y obtener de dichas autoridades, así como de la sociedad, la información y los documentos necesarios para llevar a cabo el control de la legalidad, dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. En el marco del control, la autoridad competente podrá recurrir a un perito independiente.

Artículo 86 sexdecies

▌Transmisión del certificado previo a la transformación

1.   Los Estados miembros velarán por que ▌el certificado previo a la transformación se comparta con las autoridades a las que se refiere el artículo 86 septdecies, apartado 1, ▌a través del sistema de interconexión de registros ▌establecido de conformidad con el artículo 22.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el certificado previo a la transformación esté disponible a través del sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

2.  El acceso a la información a que se refiere el apartado 1 será gratuito para las autoridades competentes a que se refiere el artículo 86 septdecies, apartado 1, y para los registros.

Artículo 86 septdecies

Control de la legalidad de la transformación transfronteriza por el Estado miembro de destino

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad competente para controlar la legalidad de la transformación transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de destino y para aprobar la transformación transfronteriza cuando ▌se hayan realizado debidamente todos los procedimientos y trámites en el Estado miembro de destino.

La autoridad competente del Estado miembro de destino velará en particular por que la sociedad transformada se atenga a las disposiciones de la legislación nacional sobre la constitución y el registro de sociedades y, en su caso, por que se hayan determinado los mecanismos de participación de los trabajadores de conformidad con el artículo 86 terdecies.

2.  A los efectos del apartado 1, la sociedad que realice una transformación transfronteriza presentará a la autoridad a la que se refiere el apartado 1 el proyecto de tal operación aprobado por la junta general mencionada en el artículo 86 decies.

3.  Cada Estado miembro velará por que la solicitud a la que se refiere el apartado 1, tramitada por la sociedad que lleve a cabo una transformación transfronteriza, incluida la presentación de cualesquiera información o documentos, pueda efectuarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 aprobará la transformación transfronteriza tan pronto como haya completado su evaluación de las condiciones pertinentes.

5.  La autoridad competente a la que se refiere el apartado 1 aceptará el certificado previo a la transformación mencionado en el artículo 86 sexdecies, apartado 1, como prueba concluyente de la correcta realización de los procedimientos y trámites con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de origen, sin la cual la transformación transfronteriza no puede ser aprobada.

Artículo 86 octodecies

Registro

1.  La legislación de los Estados miembros de origen y destino determinará, con respecto al territorio de tales Estados, las disposiciones para publicar la conclusión de la transformación transfronteriza en el registro.

2.  Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la información siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán accesible mediante el sistema al que se refiere el artículo 22:

   a) en el registro del Estado miembro de destino: que el registro de la sociedad transformada es resultado de una transformación transfronteriza;
   b) en el registro del Estado miembro de destino: la fecha de registro de la sociedad transformada;
   c) ▌en el registro del Estado miembro de origen: que la cancelación o supresión de la sociedad del registro es el resultado de una transformación transfronteriza;
   d) ▌en el registro del Estado miembro de origen: la fecha de cancelación o supresión de la sociedad del registro;
   e) en los registros del Estado miembro de origen y de destino, respectivamente: el número de registro, la denominación social y la forma jurídica de la sociedad en el Estado miembro de origen y el número de registro, la denominación social y la forma jurídica de la sociedad transformada en el Estado miembro de destino.

3.  Los Estados miembros velarán por que el registro del Estado miembro de destino notifique al registro del Estado miembro de origen, mediante el sistema al que se refiere el artículo 22, que la transformación transfronteriza ha surtido efecto. Los Estados miembros velarán asimismo por que la inscripción en el registro de la sociedad ▌se suprima de inmediato tras la recepción de dicha notificación ▌.

Artículo 86 novodecies

Fecha en la que surte efecto la transformación transfronteriza

La legislación del Estado miembro de destino determinará la fecha en que surtirá efecto la transformación transfronteriza ▌. Dicha fecha será posterior a la realización del control ▌a que se refiere el artículo 86 septdecies.

Artículo 86 vicies

Consecuencias de la transformación transfronteriza

Una transformación transfronteriza llevada a cabo de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha a que se refiere el artículo 86 novodecies, las consecuencias siguientes:

   a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad ▌, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se mantendrá en la sociedad transformada ▌;
   b) los socios de la sociedad seguirán siendo socios de la sociedad transformada, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 86 undecies, apartado 1;
   c) los derechos y obligaciones de la sociedad derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en la que surta efecto la transformación transfronteriza perdurarán en la sociedad transformada.

Artículo 86 unvicies

Responsabilidad de los peritos independientes

Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen al menos la responsabilidad civil del perito independiente encargado de elaborar el informe previsto en el artículo 86 octies ▌.

Los Estados miembros dispondrán de normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual este actúe sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses con la sociedad que solicite el certificado previo a la transformación, y que el dictamen del perito sea imparcial y objetivo y tenga por finalidad prestar asistencia a la autoridad competente de conformidad con los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por la legislación aplicable o las normas profesionales a que esté sujeto el perito.

Artículo 86 duovicies

Validez

No podrá declararse la nulidad absoluta de una transformación transfronteriza que se realice de conformidad con los procedimientos de transposición de la presente Directiva.

Lo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros en los ámbitos, en particular, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, a partir de la fecha en que haya surtido efecto la transformación transfronteriza.

______________

(*) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).».

"

5)  En el artículo 119, el punto 2 se modifica como sigue:

a)  al final de la letra c) se añade lo siguiente: «o»;

b)  se añade la letra d) siguiente:"

«d) una o varias sociedades, en el momento de su disolución sin liquidación, transfieren a otra sociedad ya existente, la sociedad absorbente, la totalidad de su patrimonio, activo y pasivo, sin que la sociedad absorbente emita nuevas acciones, a condición de que una sola persona posea de manera directa o indirecta todas las acciones de las sociedades que se fusionan, o de que los socios de estas posean sus acciones en la misma proporción en todas las sociedades que se fusionan.».

"

6)  El artículo 120 se modifica como sigue:

a)  el título se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 120

Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación»;

"

b)  ▌el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:"

«4. Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique en ninguna de las circunstancias siguientes:

   a) cuando la sociedad o sociedades estén en liquidación y hayan empezado a repartir los activos entre sus accionistas;

   d) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución previstos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.»;

"

c)  se añade el apartado siguiente:"

«5. Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no se aplique a las sociedades que sean objeto de:

   a) procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva;
   b) procedimientos de liquidación distintos de los contemplados en el apartado 4, letra a), o
   c) medidas de prevención de crisis en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.».

"

7)  El artículo 121 se modifica como sigue:

a)  en el apartado 1, se suprime la letra a);

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Las disposiciones y trámites a que se refiere el apartado 1, letra b), incluirán, en particular, los relativos al proceso de toma de decisiones sobre la fusión y la protección de los trabajadores en lo que respecta a los derechos distintos de los regulados por el artículo 133.».

"

8)  El artículo 122 se modifica como sigue:

a)  las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:"

«a) la forma jurídica, denominación y domicilio social de las sociedades que se fusionan y los previstos para la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;

   b) la proporción aplicable al canje de los títulos o participaciones representativos del capital social, y el importe de cualquier pago en efectivo, en su caso;»;

"

b)  la letra h) se sustituye por el texto siguiente:"

«h) toda ventaja especial otorgada a los miembros de los órganos de administración, dirección, supervisión o control de las sociedades que se fusionan;»;

"

c)   la letra i) se sustituye por el texto siguiente:"

«i) el instrumento o los instrumentos de constitución, en su caso, y los estatutos, cuando sean objeto de un acto separado, de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza;»;

"

d)   se añaden las letras m) y n) siguientes:"

«m) los detalles de la oferta de compensación en efectivo para los socios ▌de conformidad con el artículo 126 bis;

   n) ▌las garantías, tales como fianzas y prendas, ofrecidas, en su caso, a los acreedores;».

"

9)  Los artículos 123 y 124 se sustituyen por el texto siguiente:"

«Artículo 123

Publicidad

1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes documentos se publiquen y pongan a disposición del público en los registros de los Estados miembros de cada una de las sociedades que se fusionen, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126.

   a) el proyecto común de fusión transfronteriza;
   b) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad que se fusiona, o, cuando no existan dichos representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a su sociedad respectiva, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, sus observaciones relativas al proyecto común de fusión transfronteriza.

Los Estados miembros podrán exigir que el informe pericial independiente, si ha sido elaborado de conformidad con el artículo 125, se publique y se ponga disposición del público en el registro.

Los Estados miembros velarán por que la sociedad pueda excluir la información confidencial de la publicación del informe pericial independiente.

También podrá accederse a los documentos publicados de conformidad con el presente apartado mediante el sistema al que se refiere el artículo 22.

2.  Los Estados miembros podrán eximir a las sociedades que se fusionan del requisito mencionado en el apartado 1 cuando, durante un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general a la que se refiere el artículo 126 y concluya no antes de la finalización de dicha junta, tales sociedades pongan a disposición del público los documentos a que se refiere al apartado 1 en sus sitios web manera gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del sitio web y la autenticidad de los documentos, a menos que tales requisitos o restricciones sean proporcionados para la consecución de tales objetivos, y únicamente en la medida en que lo sean.

3.  Cuando las sociedades que se fusionen publiquen el proyecto común de fusión transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentarán, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126, a los respectivos registros nacionales la siguiente información, que debe ser publicada:

   a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de cada una de las sociedades que se fusionan, así como la forma jurídica, la razón social y el domicilio social propuestos para cualquier sociedad de reciente creación;
   b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artículo 14 en relación con cada una de las sociedades que se fusionan y el número de inscripción en dicho registro;
   c) una indicación, para cada una de las sociedades que se fusionan, de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios;
   d) los detalles del sitio web en el que podrá obtenerse en línea y gratuitamente el proyecto común de la fusión transfronteriza, la notificación y el informe pericial a los que se refiere el apartado 1 y la información completa sobre los acuerdos a los que se refiere la letra c).

4.  Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer ante las autoridades competentes en ▌ los Estados miembros de las sociedades que se fusionan, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo se efectuará al menos un mes antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.

6.  Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de la fusión transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional o mediante una plataforma electrónica central de conformidad con el artículo 16, apartado 3. En tal caso, los Estados miembros velarán por que los registros a que se refiere el artículo 16 transmitan la información pertinente a dicho boletín nacional.

7.  Los Estados miembros velarán por que el público en general pueda acceder gratuitamente a los documentos a que se refiere el apartado 1 o a la información a que se refiere el apartado 3 mediante el sistema de interconexión de los registros.

Los Estados miembros velarán además por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad por la publicación mencionada en los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la que se refiere el apartado 5, no superen la recuperación de los costes ▌de prestar dicho servicio▌.

Artículo 124

Informe del órgano de administración o de dirección a los socios y trabajadores

1.  El órgano de dirección o de administración de cada una de las sociedades que se fusionan elaborará un informe para los socios y trabajadores en el que se expliquen y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la fusión transfronteriza y en el que se expliquen las consecuencias de dicha fusión para los trabajadores.

2.  El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular, ▌las consecuencias de la transformación transfronteriza para la actividad empresarial futura de la sociedad.

Incluirá asimismo una sección para los socios y otra para los trabajadores.

3.  En la sección del informe destinada a los socios, se explicará, en particular, lo siguiente:

   a bis) la compensación en efectivo y el método empleado para determinarla;
   b) una explicación de la compensación en efectivo y el método empleado para determinarla;

   d) las consecuencias de la fusión transfronteriza para los socios;
   e) los derechos y recursos a disposición de los socios ▌de conformidad con el artículo 126 bis.

3 bis.  La sección del informe destinada a los socios no se exigirá cuando todos los socios de la sociedad hayan convenido en renunciar a este requisito. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

4.  En la sección del informe destinada a los trabajadores, se explicará, en particular, lo siguiente:

   c bis) las consecuencias de la transformación transfronteriza para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservarlas;
   c ter) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables y en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
   d) cómo los factores expuestos en las letras c bis) y c ter) atañen también a las filiales de la sociedad.

4 bis bis.  Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad que se fusiona reciba, oportunamente, un dictamen sobre las partes del informe a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 de los representantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los socios de dicho dictamen, que se adjuntará al informe.

4 bis.  La sección destinada a los trabajadores no se exigirá cuando la sociedad que se fusiona y sus filiales no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de dirección o de administración.

5.  Cada una de las sociedades que se fusionan podrá decidir si elabora un informe que contenga las dos secciones a que se refieren los apartados 3 y 4, o dos informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

6.  El informe mencionado en el apartado 1 o los informes a que se refiere el apartado 5, junto con el proyecto de transformación transfronteriza, de estar disponible, se pondrán a disposición de los socios y de los representantes de los trabajadores, o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, de cada una de las sociedades que se fusionan, al menos en formato electrónico, en un plazo no inferior a seis semanas antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 126.

En cualquier caso, cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, el informe se publicará al menos seis semanas antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.

8.  Cuando, de conformidad con el apartado 3, pueda obviarse la sección destinada a los socios a que se refiere dicho apartado, y cuando, de conformidad con el apartado 4 bis, no se exija la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 4, no se requerirá el informe mencionado en el apartado 1.

9.  Los apartados 1 a 8 se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los derechos de información y consulta aplicables establecidos a escala nacional a raíz de la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.

"

(10)  ▌El artículo 125 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 1 ▌ se añade el párrafo segundo siguiente:"

«En cualquier caso, cuando no se exija la aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbente, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, el informe se publicará al menos un mes antes de la fecha de la junta general de las demás sociedades que se fusionan.»;

"

b)  El apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:"

«3. En el informe al que se refiere el apartado 1 se incluirá, en cualquier caso, la opinión de los peritos sobre la adecuación de la compensación en efectivo y de la relación de canje de las acciones. En el caso de la compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 122, letra m), el perito tendrá en cuenta el precio de mercado de las acciones de las sociedades que se fusionan antes del anuncio de la propuesta de fusión o el valor de las sociedades excluido el efecto de la fusión propuesta determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En los informes figurará al menos:

   a) una indicación del método o los métodos utilizados para determinar la compensación en efectivo propuesta;
   b) una indicación del método o los métodos utilizados para la determinación de la relación de canje de ñas acciones propuesta;
   c) una indicación de si este método o estos métodos son los adecuados para evaluar la compensación en efectivo y la relación de canje de las acciones, y una indicación del valor al que conduce cada uno de estos métodos, dando una opinión sobre la importancia relativa dada a estos métodos en la determinación del valor considerado; y, en el caso de que se empleen métodos diferentes en las sociedades que se fusionan, también si estaba justificado el uso de métodos distintos;
   d) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.

Los peritos estarán facultados para pedir a cada una de las empresas que se fusionan toda la información necesaria para poder llevar a cabo su cometido.»

"

c)  En el apartado 4 se añade la frase siguiente:"

«Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.»

"

(11)  El artículo 126 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

"1. Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 124 ▌ y 125, en su caso, y los dictámenes de los trabajadores presentados de conformidad con el artículo 124 y las observaciones presentadas de conformidad con el artículo 123, la junta general de cada una de las sociedades que se fusionan decidirá, mediante resolución, si aprueba o no el proyecto común de fusión transfronteriza y si se adapta o no la escritura de constitución, y los estatutos cuando figuren en un documento separado.»;

"

b)  Se añade el apartado 4 siguiente:"

"4. Los Estados miembros velarán por que la ▌ aprobación de la fusión transfronteriza por la junta general no pueda impugnarse ▌ únicamente por los motivos siguientes:

   a) cuando la relación de canje de las acciones a la que se refiere el artículo 122, letra b), se haya fijado inadecuadamente;
   b) cuando la compensación en efectivo mencionada en el artículo 122, letra m), se haya establecido inadecuadamente;

   d) la información facilitada sobre las letras a) o b) no cumpla los requisitos legales.

"

(12)  Se insertan los artículos ▌ siguientes:"

«Artículo 126 bis

Protección de los socios

1.  Los Estados miembros velarán por que al menos los ▌socios de las sociedades que se fusionan que votaron en contra de la aprobación del proyecto común de fusión transfronteriza tengan derecho a enajenar sus acciones, a cambio de una compensación en efectivo adecuada, con arreglo a las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6, siempre que a consecuencia de la fusión adquiriesen acciones de la sociedad resultante que quedarían regidas por la legislación de un Estado miembro distinto del Estado miembro de las respectivas sociedades que se fusionan.

Los Estados miembros también podrán conferir ese derecho a otros socios de las sociedades que se fusionan.

Los Estados miembros podrán exigir que se documente adecuadamente, a más tardar en la junta general a la que se refiere el artículo 126, la oposición explícita al proyecto común de fusión transfronteriza y/o la intención de los socios de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros podrán permitir que el registro de la objeción al proyecto común de fusión transfronteriza se considere documentación adecuada del voto negativo.

2.  Los Estados miembros establecerán el plazo en el que los socios a que se refiere el apartado 1 deban declarar a la sociedad que se fusiona en cuestión su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Este período no podrá exceder de un mes desde la junta general a la que se refiere el artículo 126. Los Estados miembros velarán por que las sociedades que se fusionan faciliten una dirección electrónica para recibir dicha declaración por vía electrónica.

3.  Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo en el que habrá de abonarse la compensación en efectivo que figura en el proyecto común de fusión transfronteriza. Este plazo no podrá expirar más tarde de los dos meses siguientes a la fecha en que la fusión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 129.

4.  Los Estados miembros velarán por que los socios que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad que se fusiona no se ha fijado adecuadamente, tengan derecho a solicitar una compensación en efectivo complementaria ante las autoridades u organismos competentes mandatos en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros establecerán un plazo para la reclamación de una compensación en efectivo complementaria.

Los Estados miembros podrán disponer que la decisión final de proporcionar una compensación en efectivo complementaria sea válida respecto de los socios de la sociedad que se fusiona en cuestión que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones con arreglo al apartado 2.

5.   Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional del Estado miembro a la que se sometan las sociedades que se fusionan regule los derechos a los que se refieren los apartados 1 a 6, y por que la competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a esos derechos recaiga en el Estado miembro de que se trate.

6.   Los Estados miembros ▌ velarán por que los socios de las sociedades que se fusionan que no tenían o no ejercieron el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la relación de canje de las acciones es inadecuada, puedan impugnar tal relación fijada en el proyecto común de fusión transfronteriza y reclamar un pago en efectivo. Ese procedimiento se iniciará ante las autoridades u organismos competentes mandatados en virtud de la legislación nacional del Estado miembro a la que esté sujeta la sociedad correspondiente que se fusiona, dentro del plazo establecido por la legislación nacional de dicho Estado miembro, y no será obstáculo al registro de la fusión transfronteriza. La decisión será vinculante para la sociedad resultante de la fusión transfronteriza.

Los Estados miembros podrán disponer asimismo que la relación de canje de las acciones establecida en la decisión sea válida respecto de los socios de la sociedad que se fusiona en cuestión que no tenían o no ejercieron el derecho a enajenar sus acciones.

7.  Los Estados miembros también podrán disponer que la sociedad resultante de la fusión transfronteriza pueda aportar acciones u otra compensación en lugar del pago en efectivo.

Artículo 126 ter

Protección de los acreedores

1.  Los Estados miembros preverán un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto común de fusión transfronteriza y aún no hayan vencido en el momento de dicha publicación.

Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos con las garantías ofrecidas en el proyecto común de fusión transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 122, letra m), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en el plazo de tres meses a partir de la publicación del proyecto común de fusión transfronteriza a la que se refiere el artículo 123, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que la satisfacción de sus derechos está en juego debido a la fusión transfronteriza y que no se han obtenido garantías suficientes de las sociedades que se fusionan.

Los Estados miembros velarán por que las garantías se supediten a que la fusión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 129.

2.   Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de administración de las sociedades que se fusionan hagan una declaración en la que se refiera con precisión la situación financiera de dichas sociedades en la fecha de la declaración, que deberá hacerse, como muy pronto, un mes antes de su publicación. En la declaración se hará constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección o de administración de las sociedades que se fusionan en esa fecha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, los miembros de dicho órgano no conocen ningún motivo por el que la sociedad resultante de la fusión no pueda atender sus obligaciones al vencimiento de estas. La declaración se publicará junto con el proyecto común de fusión transfronteriza de conformidad con el artículo 123.

3.   Los apartados ▌ 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales del Estado miembro de las sociedades que se fusionan relativas a la liquidación de los pagos o garantía de los pagos o las obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos.

Artículo 126 quater

Información y consulta de los trabajadores

1.  Los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en relación con la fusión transfronteriza y por que esos derechos se ejerzan de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE y la Directiva 2001/23/CE, cuando la fusión transfronteriza se considere un traspaso de empresa a efectos de la Directiva 2001/23/CE y, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE. Los Estados miembros podrán decidir aplicar los derechos de información y consulta a otras sociedades distintas de las contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14/CE.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 124, apartado 4 bis bis, y en el artículo 123, apartado 1, letra b), los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados, al menos antes de que se decida el proyecto común de fusión transfronteriza o el informe a que se refiere el artículo 124, si este es anterior, de modo que se pueda proporcionar a los trabajadores una respuesta motivada antes de la junta general a la que se refiere el artículo 126.

3.  Sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes que sean más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y consulta de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2002/14/CE.»

"

(13)  El artículo 127 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 127

Certificados previos a la fusión

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad o autoridades competentes (en lo sucesivo, «autoridad competente») para controlar la legalidad de las fusiones transfronterizas para la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de la sociedad que se fusiona y para expedir el certificado previo a la fusión que acredite el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta realización de todos los procedimientos y trámites en dicho Estado miembro.

Dicha realización de los procedimientos y trámites podrá abarcar la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales específicos, incluida la garantía de pagos u obligaciones derivados de procedimientos pendientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado previo a la fusión por parte de la sociedad se acompañe en particular de lo siguiente:

   a) el proyecto de fusión a que se refiere el artículo 122;
   b) el informe y el dictamen adjunto, de existir, a que se refiere el artículo 124, así como el informe a que se refiere el artículo 125, cuando estén disponibles;
   b bis) las observaciones que se hubieran presentado de conformidad con el artículo 123, apartado 1;
   c) la información sobre la aprobación por la junta general a que se refiere en el artículo 126.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que la solicitud para obtener el certificado previo a la fusión se acompañe de información adicional, en particular:

   a) sobre el número de trabajadores en el momento de la elaboración del proyecto común de fusión transfronteriza;
   b) sobre las filiales y su respectiva ubicación geográfica;
   c) sobre el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad adeude a organismos públicos.

A efectos del presente apartado, las autoridades competentes podrán requerir esta información, en caso de no ser facilitada, a otras autoridades pertinentes.

4.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refieren los apartados 2 y 2 bis, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Por lo que respecta al cumplimiento de las normas relativas a la participación de los trabajadores establecidas en el artículo 133, el Estado miembro de la sociedad que se fusiona verificará que el proyecto común de fusión transfronteriza a que se refiere el apartado 2 del presente artículo incluya información sobre los procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y las posibles opciones de tales regímenes.

6.  Como parte del control a que se refiere el apartado 1, la autoridad competente examinará lo siguiente:

   a) todos los documentos y toda la información presentados a la autoridad de conformidad con los apartados 2 y 2 bis;
   c) la indicación por parte de las sociedades que se fusionan de que ha comenzado el procedimiento a que se refiere el artículo 133, apartados 3 y 4, en su caso.

7.  Los Estados miembros velarán por que el control a que se refiere el apartado 1 se efectúe en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción de los documentos y la información relativos a la aprobación de la fusión transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se obtendrá uno de los siguientes resultados:

   a) cuando se determine que la fusión transfronteriza cumple todas las condiciones pertinentes y que se han realizado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente expedirá el certificado previo a la fusión;
   b) cuando se determine que la fusión transfronteriza no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han observado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente no expedirá el certificado previo a la fusión e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En ese caso, la autoridad competente podrá ofrecer a la sociedad la posibilidad de cumplir las condiciones pertinentes o de realizar los procedimientos y trámites en un plazo adecuado.

8.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida el certificado previo a la fusión si se determina, de conformidad con la legislación nacional, que la fusión transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos.

9.  Si la autoridad competente, a través del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, tiene sospechas graves de que la división transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, tendrá en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, como, cuando proceda y no se consideren de manera aislada, factores indicativos de los cuales haya tenido conocimiento la autoridad competente en el curso del control de legalidad a que se refiere el apartado 1, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes. El control a efectos del presente apartado se realizará caso por caso mediante un procedimiento regido por el Derecho nacional.

10.  Cuando para el control previsto en el apartado 7 resulte necesario tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales, podrá ampliarse el plazo de tres meses previsto en el apartado 6 por un máximo de tres meses más.

11.  Cuando, debido a la complejidad del procedimiento transfronterizo, no sea posible realizar el control en los plazos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que se notifique al solicitante los motivos de cualquier retraso antes de la expiración del plazo inicial.

12.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 puedan consultar a otras autoridades pertinentes con competencias en los distintos ámbitos afectados por la fusión transfronteriza, incluidas las del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión, y puedan obtener de dichas autoridades, así como de la sociedad, la información y los documentos necesarios para llevar a cabo el control de la legalidad, dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. En el marco del control, la autoridad competente podrá recurrir a un perito independiente.»

"

(14)  Se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 127 bis

Transmisión del certificado previo a la fusión

1.  Los Estados miembros velarán por que el certificado previo a la fusión se comparta con las autoridades a que se refiere el artículo 128, apartado 1, a través del sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el certificado previo a la fusión esté disponible a través del sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

2.  El acceso a la información a que se refiere el apartado 1 será gratuito para las autoridades competentes a que se refiere el artículo 128, apartado 1, y los registros.»

"

(15)  El artículo 128 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. « los efectos del apartado 1 ▌, cada una de las sociedades que se fusionan presentará a la autoridad mencionada en dicho apartado el proyecto común de fusión transfronteriza aprobado por la junta general a la que se refiere el artículo 126 o, en caso de que no se requiera la aprobación de la junta general de conformidad con el artículo 132, apartado 3, el proyecto de fusión transfronteriza aprobado por cada una de las sociedades que se fusionan de conformidad con la legislación nacional

"

b)  Se añaden los apartados ▌siguientes:"

3. Cada Estado miembro velará por que la solicitud ▌ a la que se refiere el apartado 1 por parte de cualquiera de las sociedades que se fusionan, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 aprobará la fusión transfronteriza tan pronto como haya concluido su control de las condiciones pertinentes.

5.   Las autoridades competentes de los Estados miembros de las sociedades que resulten de una fusión transfronteriza aceptarán el certificado o los certificados previos a la fusión a los que se refiere el artículo 127 bis, apartado 1, como prueba concluyente de la correcta cumplimentación de los procedimientos y trámites previos a la fusión en los respectivos Estados miembros. ▌»

"

(16)  El artículo 130 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La legislación de ▌ los Estados miembros de las sociedades objeto de la fusión y de la sociedad resultante de la fusión determinará, por lo que se refiere al territorio de ese Estado, las formas de publicidad de la realización de la fusión transfronteriza, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 en el registro público en el que cada una de estas sociedades esté obligada a presentar los documentos.»

"

b)  Se inserta el apartado 1 bis:"

«1 bis. Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la información siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán accesibles mediante el sistema al que se refiere el artículo 22:

   a) en el registro del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión: que la inscripción de la sociedad resultante de la fusión es el resultado de una fusión transfronteriza;
   b) en el registro del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión; la fecha de inscripción de la sociedad resultante de la fusión
   c) en el registro del Estado miembro de cada una de las sociedades que se fusionan: la fecha de supresión de la sociedad en el registro;
   d) en el registro del Estado miembro de cada una de las sociedades que se fusionan: que la supresión de la sociedad es el resultado de una fusión transfronteriza;
   e) en el registro del Estado miembro de cada una de las sociedades que se fusionan y en el del Estado miembro de la sociedad resultante de la fusión, respectivamente: los números de registro, la razón social y la forma jurídica de cada una de las sociedades que se fusionan y de la sociedad resultante de la fusión.»

"

(17)  El artículo 131 queda modificado como sigue:

a)  ▌el apartado 1 ▌se sustituye por el texto siguiente:"

«1. La fusión transfronteriza realizada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119, punto 2, letras a), c) y d), producirá, a partir de la fecha contemplada en el artículo 129, los siguientes efectos:

   a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad absorbente y se mantendrá en esta;
   b) los socios de la sociedad absorbida se convertirán en socios de la sociedad absorbente, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 126 bis, apartado 1;
   c) la sociedad absorbida dejará de existir.»;

"

b)  en el apartado 2, las letras a) y b) se sustituyen por el texto siguiente:"

«a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de las sociedades que se fusionan, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la nueva sociedad y se mantendrá en esta;

   b) los socios de las sociedades que se fusionan se convertirán en socios de la nueva sociedad, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 126 bis, apartado 1;

"

(18)  El artículo 132 queda modificado como sigue:

a)  El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Cuando una fusión transfronteriza por absorción sea realizada por una sociedad que posea todas las acciones y todos los demás títulos que confieran derechos de voto en la junta general de la sociedad o sociedades absorbidas o por una persona que posea directa o indirectamente todas las acciones de la sociedad absorbente y de las sociedades absorbidas y la sociedad absorbente no asigne acciones en virtud de la fusión:

   el artículo 122, letras b), c), e) y m); el artículo 125 y el artículo 131, apartado 1, letra b), no serán de aplicación;
   el artículo 124 y el artículo 126, apartado 1, no serán de aplicación a la sociedad o a las sociedades absorbidas.»

"

b)  Se añade el apartado 3 siguiente:"

«3. Cuando las legislaciones de los Estados miembros de todas las sociedades que se fusionan dispongan la exención de la aprobación por la junta general, de conformidad con el artículo 126, apartado 3, y el apartado 1 del presente artículo, el proyecto común de fusión transfronteriza y la información a la que se refieren los apartados 1 a 3 del artículo 123, así como los informes a los que se refieren los artículos 124 y 124 bis, se pondrán a disposición del público al menos un mes antes de que la sociedad adopte la decisión sobre la fusión de con arreglo a la legislación nacional.»;

"

(19)  El artículo 133 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 2, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:"

«2. No obstante, no se aplicarán las normas vigentes relativas a la participación de los trabajadores, si las hubiere, en el Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, si al menos una de las sociedades que se fusionan emplea, en los seis meses que preceden a la publicación del proyecto de fusión transfronteriza con arreglo al artículo 123, un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplicable establecido en la legislación del Estado miembro a cuya jurisdicción esté sujeta la sociedad que se fusiona, que da lugar a la participación de los trabajadores con arreglo al artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, o bien si la legislación nacional aplicable a la sociedad resultante de la fusión transfronteriza:

"

b)  En el apartado 4, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:"

«a) otorgarán a los órganos competentes de las sociedades que se fusionan, cuando al menos una de dichas sociedades aplique un sistema de participación de los trabajadores a efectos del artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, el derecho de optar, sin negociación previa, por estar directamente sujetas a las disposiciones de referencia para la participación contempladas en el apartado 3, letra h), fijadas por la legislación del Estado miembro en que se establezca el domicilio social de la sociedad resultante de la fusión transfronteriza, y de respetar dichas disposiciones a partir de la fecha de registro;»;

"

c)   El apartado 7 se sustituye por el texto siguiente:"

«7. Cuando la sociedad que resulte de la fusión transfronteriza esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, dicha sociedad estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de cuatro años desde que la transformación transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.»;

"

d)   Se añade el apartado 8 siguiente:"

«8. La sociedad comunicará a sus trabajadores o sus representantes si opta por aplicar las normas estándar de participación a las que se refiere el apartado 3, letra h), o si entabla negociaciones en el marco del órgano especial de negociación. En el segundo caso, la sociedad comunicará a sus trabajadores o sus representantes el resultado de las negociaciones sin demora injustificada».

"

(20)  Se añade el artículo 133 bis siguiente:"

Artículo 133 bis

Responsabilidad de los peritos independientes

Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen la responsabilidad civil de los peritos independientes encargados de elaborar el informe previsto en el artículo 125.

Los Estados miembros tendrán vigentes normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual actúe el perito sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses con la sociedad que solicite el certificado previo a la fusión, y que el dictamen del perito sea imparcial y objetivo y tenga por finalidad prestar asistencia a la autoridad competente de conformidad con los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por la legislación aplicable o a las normas profesionales a que esté sujeto el perito.»

"

(21)  En el artículo 134, se añade el párrafo siguiente:"

«Lo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros en el ámbito, en particular, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, a partir de la fecha en que haya surtido efecto la transformación transfronteriza.»

"

(22)  En el título II se añade el siguiente capítulo IV:"

«CAPÍTULO IV

Escisiones transfronterizas de sociedades de capital

Artículo 160 bis

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a las escisiones transfronterizas de las sociedades de capital constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y con sede social, administración central o centro de actividad principal en la Unión, siempre que al menos dos de las sociedades de capital participantes en la escisión se rijan por la legislación de diferentes Estados miembros (en lo sucesivo, «escisión transfronteriza»).

Artículo 160 ter

Definiciones

A efectos del presente Capítulo, se entenderá por:

   (1) «sociedad de capital», denominada en lo sucesivo «sociedad»: una sociedad de uno de los tipos enumerados en el anexo II;
   (2) «sociedad escindida»: una sociedad que, en un proceso de escisión transfronteriza en el caso de una escisión completa, transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades o, en el caso de una escisión parcial o una escisión por separación, transfiere parte de su patrimonio activo y pasivo a una o varias sociedades,
   (3) «escisión»: una operación en la que:
   a) o bien una sociedad escindida, al ser disuelta sin entrar en liquidación, transfiere la totalidad de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades recientemente constituidas («las sociedades beneficiarias») a cambio de la asignación a los socios de la sociedad escindida de títulos o acciones en las sociedades beneficiarias y, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor nominal de dichos títulos o acciones o, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor contable de sus títulos o acciones («escisión completa»);
   b) o bien una sociedad escindida transfiere una parte de su patrimonio activo y pasivo a dos o más sociedades recientemente constituidas («las sociedades beneficiarias») a cambio de la atribución a los socios de la sociedad escindida de títulos o acciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida o en ambas y, en su caso, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor nominal de dichos títulos o acciones o, a falta de valor nominal, de un pago en efectivo no superior al 10 % del valor contable de sus títulos o acciones («escisión parcial»).
   c) o bien una sociedad escindida transfiere parte de su patrimonio activo y pasivo a una o más sociedades de nueva constitución (en lo sucesivo, «sociedades beneficiarias») a cambio de la emisión de títulos o acciones de las sociedades beneficiarias a la sociedad escindida («división por separación»).

Artículo 160 quater

Disposiciones complementarias relativas al ámbito de aplicación

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 160 ter, punto 3), el presente capítulo se aplicará también a las escisiones transfronterizas en las que la legislación nacional de al menos uno de los Estados miembros afectados permita que la compensación en efectivo a que se refiere el artículo 160 ter, apartado 3, letras a) y b), supere el 10 % del valor nominal o, a falta de valor nominal, el 10 % del valor contable de los títulos o acciones que representen el capital social de las sociedades beneficiarias.

3.  El presente capítulo no se aplicará a las escisiones transfronterizas en las que participe una sociedad cuyo objeto sea la inversión colectiva de capitales obtenidos del público, que funcione según el principio de reparto de los riesgos y cuyas participaciones, a petición del tenedor de estas, se readquieran o se rescaten, directa o indirectamente, con cargo a los activos de dicha sociedad. Se asimilan a dichas readquisiciones o reembolsos las medidas dichas sociedades tomen para asegurarse de que el valor de sus participaciones en bolsa no se aparte sensiblemente de su valor de inventario neto.

4.  Los Estados miembros velarán por que el presente capítulo no se aplique en ninguna de las circunstancias siguientes:

   a) cuando la sociedad escindida esté en liquidación y haya empezado a repartir los activos entre sus accionistas;
   b) cuando la sociedad sea objeto de los instrumentos, competencias y mecanismos de resolución dispuestos en el título IV de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,

5.  Los Estados miembros podrán decidir que el presente capítulo no se aplique a las sociedades que sean objeto de:

   a) procedimientos de insolvencia o marcos de reestructuración preventiva;
   a bis) procedimientos de liquidación distintos de los contemplados en el apartado 4, letra a), o
   b) medidas de prevención de crisis en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 101, de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

6.  La legislación nacional del Estado miembro de la sociedad escindida regirá la parte de los procedimientos y trámites que deban cumplirse en relación con la escisión transfronteriza para la obtención del certificado previo a la escisión, mientras que la legislación nacional de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias regirá la parte del procedimiento y los trámites que deban cumplirse tras la recepción del certificado previo a la escisión de conformidad con el Derecho de la Unión.

Artículo 160 sexies

Proyecto de escisión transfronteriza

Los órganos de dirección o de administración de la sociedad escindida elaborarán un proyecto de escisión transfronteriza. El proyecto de escisión transfronteriza incluirá al menos las siguientes menciones:

   a) la forma jurídica, la razón social y la ubicación del domicilio social de la sociedad escindida y los propuestos para la nueva sociedad o las nuevas sociedades resultantes de la escisión transfronteriza;
   b) en su caso, la relación aplicable al canje de los títulos o acciones del capital social y el importe de cualquier pago en efectivo;
   c) las modalidades de entrega de los títulos o acciones representativos del capital social de las sociedades beneficiarias o de la sociedad escindida;
   d) el calendario indicativo propuesto para la escisión transfronteriza;
   e) las posibles consecuencias de la escisión transfronteriza para el empleo;
   f) la fecha a partir de la cual los títulos o acciones representativos del capital social darán derecho a participar en los beneficios, así como toda condición especial que afecte a este derecho;
   g) la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se escindan se considerarán, desde el punto de vista contable, como realizadas por la sociedad resultante de la escisión transfronteriza;
   h) ▌ las ventajas particulares otorgadas a los miembros de los órganos de administración, dirección, vigilancia o control de las sociedades que se escindan;
   i) los derechos conferidos por la sociedad escindida a los socios que tuviesen derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos del capital de la sociedad escindida o las medidas propuestas que les conciernan;

   j) las escrituras de constitución, en su caso, y los estatutos si figuran en un documento separado, de las sociedades beneficiarias y cualesquiera modificaciones de las escrituras de constitución de la sociedad escindida en caso de escisión parcia;
   k) en su caso, información sobre los procedimientos por los que se determinan los regímenes de participación de los trabajadores en la definición de sus derechos a la participación en las sociedades beneficiarias de conformidad con el artículo 160 quindecies ▌;
   l) la descripción exacta de los activos y pasivos de la sociedad escindida y una declaración sobre el modo en que tales activos y pasivos se repartirán entre las sociedades beneficiarias o seguirán en poder de la sociedad escindida en caso de escisión parcial, incluida la disposición referida al tratamiento de los activos o pasivos no asignados explícitamente en el proyecto de escisión transfronteriza, tales como los activos o pasivos desconocidos en la fecha en que se elabore el proyecto de escisión transfronteriza;
   m) información sobre la evaluación del patrimonio activo y pasivo transferido a todas las sociedades que participen en una escisión transfronteriza;
   n) las fechas de las cuentas de la sociedad escindida utilizadas para establecer las condiciones en que se realice la escisión transfronteriza;
   o) en su caso, la asignación a los socios de la sociedad escindida de títulos y acciones en las sociedades beneficiarias, en la sociedad escindida o en una combinación de la sociedad beneficiaria y de la sociedad escindida, y el criterio en el que se base dicha asignación;
   p) detalles de la oferta de compensación en efectivo a los socios ▌de conformidad con el artículo 160 terdecies;
   q) ▌las garantías, tales como fianzas y prendas ofrecidas, en su caso, a los acreedores;

Artículo 160 octies

Informe del órgano de dirección o de administración a los socios y a los trabajadores

1.  El órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida elaborará un informe para los socios y los trabajadores en el que se expliquen y se justifiquen los aspectos jurídicos y económicos de la escisión transfronteriza, además de explicar las consecuencias de la escisión transfronteriza para los trabajadores.

2.  El informe al que se refiere el apartado 1 explicará, en particular, ▌las consecuencias de la escisión transfronteriza para la actividad empresarial futura de las sociedades.

Incluirá asimismo una sección para los socios y otra para los trabajadores.

3.  En la sección del informe destinada a los socios, se explicará, en particular, lo siguiente:

   a bis) una explicación de la compensación en efectivo y del método empleado para determinarla;
   b) una explicación de la relación de canje de las acciones y el método empleado para determinarla, en su caso;

   d) las consecuencias de la escisión transfronteriza para los socios;
   e) los derechos y las vías de recursos disponibles para los socios ▌de conformidad con el artículo 160 tercedies.

4.  La sección del informe destinada a los socios no se exigirá cuando todos los socios de la sociedad hayan convenido en renunciar a este requisito. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

5.  En la sección del informe destinada a los trabajadores, se explicará, en particular, lo siguiente:

   c bis) las consecuencias de la escisión transfronteriza para las relaciones laborales, así como, en su caso, cualquier medida destinada a preservarlas;
   c ter) cualquier cambio sustancial en las condiciones de empleo aplicables y en la ubicación de los centros de actividad de la sociedad;
   d) el modo en que los factores expuestos en las letras c bis) y c ter) atañen también a las filiales de la sociedad.

6.  Cuando el órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida reciba, oportunamente, un dictamen sobre las partes del informe a que se refieren los apartados 1, 2 y 4 de los representantes de sus trabajadores o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, conforme a lo previsto en la legislación nacional, se informará a los socios de dicho dictamen, que se adjuntará al informe.

7.  La sección destinada a los trabajadores no se exigirá cuando la sociedad y sus filiales, si las hubiera, no tengan más trabajadores que los que forman parte del órgano de dirección o de administración.

8.  La sociedad podrá decidir si elabora un informe que contenga las dos secciones a que se refieren los apartados 3 y 4, o dos informes por separado destinados, respectivamente, a los socios y los trabajadores.

9.   El informe mencionado en el apartado 1 o los informes mencionados en el apartado 5, junto con el proyecto de escisión transfronteriza, de estar este disponible, se pondrán a disposición, en cualquier caso electrónicamente, de los socios y de los representantes de los trabajadores de la sociedad escindida o, en caso de que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, al menos seis semanas antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies.

10.  Cuando, de conformidad con el apartado 3, pueda obviarse la sección destinada a los socios a que se refiere dicho apartado, y cuando, de conformidad con el apartado 4 bis, no se exija la sección destinada a los trabajadores a que se refiere el apartado 4, no se requerirá el informe mencionado en el apartado 1.

11.  Los apartados 1 a 8 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de los procedimientos y los derechos de información y consulta aplicables instituidos a escala nacional a raíz de la transposición de las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE.

Artículo 160 decies

Informe pericial independiente

1.  Los Estados miembros velarán por que un perito independiente examine el proyecto de escisión transfronteriza y elabore un informe destinado a los socios que se pondrá a disposición de estos no menos de un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies ▌. En función de la legislación de los Estados miembros, el perito podrá ser una persona física o jurídica.

2.  En el informe al que se refiere el apartado 1 se incluirá, en cualquier caso, la opinión del perito sobre si la compensación en efectivo y la relación de canje de las acciones son adecuadas. En el caso de la compensación en efectivo a la que se refiere el artículo 160 sexies, letra q), el perito tendrá en cuenta el precio de mercado de las acciones en la sociedad escindida antes del anuncio de la propuesta de escisión o el valor de la sociedad, excluido el efecto de la escisión propuesta determinado conforme a los métodos de valoración generalmente aceptados. En el informe figurará al menos:

   a) una indicación del método utilizado para determinar la compensación en efectivo propuesta;
   b) una indicación del método utilizado para determinar la relación de canje de las acciones propuesta;
   c) una indicación de si este método es el adecuado para evaluar la compensación en efectivo y la relación de canje de las acciones, una indicación del valor al que conducen estos métodos y una opinión sobre la importancia relativa dada a estos métodos en la determinación del valor considerado;
   d) una descripción de las dificultades especiales de valoración que se hayan planteado.

▌El perito estará facultado para pedir a la sociedad escindida toda la información necesaria para poder llevar a cabo su cometido.

3.  No se exigirá un examen del proyecto de escisión transfronteriza por parte de un perito independiente ni un informe pericial cuando así lo haya acordado la totalidad de los socios de la sociedad escindida. Los Estados miembros podrán excluir a las sociedades unipersonales de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 160 undecies

Publicidad

1.  Los Estados miembros velarán por que los siguientes documentos se publiquen y pongan a disposición del público en el registro del Estado miembro de la sociedad escindida al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies:

   a) el proyecto de escisión transfronteriza;

   b) una notificación en la que se informe a los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad escindida, o, cuando no existan dichos representantes, a los propios trabajadores, de que pueden presentar a la sociedad, a más tardar cinco días laborables antes de la fecha de la junta general, observaciones relativas al proyecto de escisión transfronteriza.

Los Estados miembros podrán exigir que el informe pericial independiente, si ha sido elaborado de conformidad con el artículo 160 decies, se publique y ponga a disposición del público en el registro.

Los Estados miembros velarán por que la sociedad pueda excluir la información confidencial de la publicación del informe pericial independiente.

Los documentos publicados de conformidad con el presente apartado también serán accesibles a través del sistema mencionado en el artículo 22.

2.  Los Estados miembros podrán eximir a la sociedad del requisito de publicación mencionado en el apartado 1 cuando, a lo largo de un periodo continuado que comience al menos un mes antes de la fecha fijada para la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies y que finalice no antes de la conclusión de dicha junta, publique los documentos mencionados en el apartado 1 en su sitio web de forma gratuita.

No obstante, los Estados miembros no someterán tal exención a requisitos o restricciones distintos de aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad del sitio web y la autenticidad de dichos documentos, a menos que tales requisitos o restricciones sean proporcionados para la consecución de tales objetivos, y únicamente en la medida en que lo sean.

3.  Cuando la sociedad escindida publique el proyecto de escisión transfronteriza de conformidad con el apartado 2 del presente artículo, presentará al registro, al menos un mes antes de la fecha de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies, la información siguiente, que deberá ser divulgada:

   a) la forma jurídica, la razón social y el domicilio social de la sociedad escindida y la forma jurídica, la razón social y el domicilio social propuestos para cualquier nueva sociedad constituida a raíz de la escisión transfronteriza;
   b) el registro en el que se presenten los documentos a los que se refiere el artículo 14 en relación con la sociedad escindida y el número de inscripción en dicho registro;
   c) una indicación de los acuerdos adoptados para el ejercicio de los derechos de los acreedores, trabajadores y socios;
   d) los detalles del sitio web en el que se publique el proyecto de escisión transfronteriza, la notificación y el informe pericial citados en el apartado 1 y la información completa sobre las condiciones citadas en la letra c) del presente apartado podrán obtenerse en línea y de manera gratuita.

4.  Los Estados miembros velarán por que los requisitos mencionados en los apartados 1 y 3 puedan cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer ante la autoridad competente en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.  Los Estados miembros podrán exigir, además de la publicación a la que se refieren los apartados 1, 2 y 3, que el proyecto de escisión transfronteriza, o la información a que se refiere el apartado 3, se publiquen en su boletín oficial nacional o mediante una plataforma electrónica central, de conformidad con el artículo 16, apartado 3. En tal caso, los Estados miembros velarán por que el registro transmita la información pertinente al boletín nacional.

6.  Los Estados miembros velarán por que la documentación a la que se refiere el apartado 1 o la información a que se refiere el apartado 3 sea de acceso público y gratuito mediante el sistema de interconexión de los registros.

Los Estados miembros velarán además por que las tasas cobradas por los registros a la sociedad por la publicación a que se refieren los apartados 1 y 3 y, en su caso, por la publicación a la que se refiere el apartado 5, no superen la recuperación de los costes ▌de la prestación de tales servicios.

Artículo 160 duodecies

Aprobación por la junta general

1.  Tras tomar nota de los informes a los que se refieren los artículos 160 octies ▌y 160 decies, en su caso, así como de los dictámenes de los trabajadores presentados de conformidad con el artículo 160 octies y de las observaciones presentadas de conformidad con el artículo 160 undecies, la junta general de la sociedad escindida decidirá, mediante resolución, si aprueba el proyecto de escisión transfronteriza y si adapta o no la escritura de constitución, así como los estatutos cuando figuren en un documento separado.

2.  La junta general podrá reservarse el derecho de supeditar la ejecución de la escisión transfronteriza a la ratificación expresa de las condiciones citadas en el artículo 160 quindecies.

3.  Los Estados miembros velarán por que la aprobación ▌del proyecto de escisión transfronteriza o su modificación requiera una mayoría no inferior a dos tercios, pero no superior al 90 % de los votos asociados a las acciones o al capital suscrito representado en la junta. En cualquier caso, el umbral de votación no será superior al previsto en la legislación nacional para la aprobación de las fusiones transfronterizas.

4.  Cuando una cláusula del proyecto de escisión transfronteriza o cualquier modificación de la escritura de constitución de la sociedad escindida lleve consigo un aumento de las obligaciones económicas de un socio para con la sociedad o terceros, los Estados miembros podrán disponer que, en tales circunstancias específicas, dicha cláusula o modificación de la escritura de constitución sea aprobada por el socio en cuestión, siempre y cuando este último no pueda ejercer los derechos previstos en el artículo 160 terdecies.

5.  Los Estados miembros velarán por que la aprobación de la escisión transfronteriza por la junta general no pueda ser impugnada únicamente por los motivos siguientes:

   a) que la relación de canje de las acciones mencionada en el artículo 160 sexies, letra b, se haya fijado de manera inadecuada;
   b) porque la compensación en efectivo mencionada en el artículo 160 sexies, letra q), se haya fijado de manera inadecuada;
   c) la información facilitada sobre las letras a) o b) no cumpla los requisitos legales.

Artículo 160 terdecies

Protección de los socios

1.  Los Estados miembros velarán por que al menos los ▌socios que hayan votado en contra de la aprobación del proyecto de escisión transfronteriza de una sociedad escindida tengan derecho a enajenar sus acciones, a cambio de una compensación en efectivo adecuada, en las condiciones establecidas en los apartados 2 a 6, siempre que, como consecuencia de la escisión, adquieran acciones de las sociedades beneficiarias que se rijan por la legislación de un Estado miembro distinto del de la sociedad escindida.

Los Estados miembros también podrán conferir ese derecho a otros socios de la sociedad escindida.

Los Estados miembros podrán exigir que se documente adecuadamente, a más tardar en la junta general a que se refiere el artículo 160 duodecies, la oposición explícita al proyecto de escisión transfronteriza y/o la intención de los socios de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Los Estados miembros podrán permitir que el registro de la objeción al proyecto de escisión transfronteriza se considere documentación adecuada del voto negativo.

2.  Los Estados miembros establecerán el plazo en el que los socios a que se refiere el apartado 1 deban declarar a la sociedad escindida su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones. Dicho plazo no podrá exceder de un mes desde la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies. Los Estados miembros velarán por que la sociedad escindida facilite una dirección electrónica para recibir dicha declaración por vía electrónica.

3.  Los Estados miembros establecerán asimismo el plazo en el que habrá de abonarse la compensación en efectivo que figura en el proyecto de escisión transfronteriza. Este plazo no podrá expirar más tarde de los dos meses siguientes a la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza con arreglo al artículo 160 unvicies.

4.  Los Estados miembros velarán por que los socios que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la compensación en efectivo ofrecida por la sociedad escindida no se ha fijado adecuadamente, tengan derecho a solicitar una compensación en efectivo complementaria ante las autoridades u organismos competentes mandatos en virtud de la legislación nacional. Los Estados miembros establecerán un plazo para la reclamación de la compensación en efectivo complementaria.

Los Estados miembros podrán disponer que la decisión final de proporcionar una compensación en efectivo complementaria sea válida respecto de los socios de la sociedad escindida en cuestión que hayan declarado su decisión de ejercer el derecho a enajenar sus acciones con arreglo al apartado 2 bis.

5.   Los Estados miembros velarán por que la legislación nacional del Estado miembro de la sociedad escindida rija los derechos citados en los apartados 1 a 5, y por que la competencia exclusiva para resolver los litigios relativos a esos derechos recaiga en el Estado miembro de la sociedad escindida.

6.   Los Estados miembros velarán ▌por que los socios de la sociedad escindida que no tenían o no ejercieron el derecho a enajenar sus acciones, pero consideren que la relación de canje de las acciones es inadecuada, puedan impugnar tal relación ▌establecida en el proyecto de escisión transfronteriza y reclamar un pago en efectivo. Ese procedimiento se iniciará ante las autoridades u organismos competentes mandatados en virtud de la legislación nacional de la sociedad escindida, dentro del plazo establecido por la legislación nacional del Estado miembro, y no será obstáculo al registro de la escisión transfronteriza. La decisión será vinculante para las sociedades beneficiarias y, en el caso de una escisión parcial, también para la sociedad escindida.

7.  Los Estados miembros también podrán disponer que la sociedad beneficiaria en cuestión y, en caso de escisión parcial, también la sociedad escindida, puedan aportar acciones u otra indemnización ▌en lugar del pago en efectivo.

Artículo 160 quaterdecies

Protección de los acreedores

1.  Los Estados miembros preverán un sistema de protección adecuado de los intereses de los acreedores cuyos créditos hayan nacido con anterioridad a la publicación del proyecto de escisión transfronteriza y aún no hayan vencido en el momento de dicha publicación. Los Estados miembros velarán por que los acreedores que no estén satisfechos con las garantías ofrecidas en el proyecto de escisión transfronteriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 sexies, letra r), puedan solicitar a la autoridad administrativa o judicial pertinente las garantías adecuadas en el plazo de tres meses a partir de la publicación del proyecto de escisión transfronteriza a la que se refiere el artículo 160 undecies, siempre que puedan demostrar, de forma creíble, que la satisfacción de sus derechos está en juego debido a la escisión transfronteriza y que no se han obtenido garantías suficientes de la sociedad.

Los Estados miembros velarán por que las garantías se supediten a que la escisión transfronteriza surta efecto con arreglo al artículo 160 unvicies.

2.  Cuando un acreedor de la sociedad escindida ▌no obtenga satisfacción de la sociedad a la que se atribuya el elemento del patrimonio pasivo las demás sociedades beneficiarias y, en el caso de una escisión parcial o de una escisión por separación, la sociedad escindida junto a la sociedad a la que se atribuya el elemento del patrimonio pasivo serán responsables solidarias de dicha obligación. Sin embargo, el importe máximo de la responsabilidad solidaria de cualquier sociedad que participe en la escisión se limitará al valor, en la fecha en que la escisión surta efecto, de los activos netos atribuidos a esa sociedad.

3.   Los Estados miembros podrán exigir que el órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida haga una declaración que refleje con exactitud la situación financiera actual de la sociedad en la fecha de la declaración, que deberá hacerse, como muy pronto, un mes antes de su publicación. En la declaración se hará constar que, sobre la base de la información a disposición del órgano de dirección o de administración de la sociedad escindida en esa fecha, y después de haber efectuado las averiguaciones razonables, no conocen ningún motivo por el que cualquier sociedad beneficiaria y, en el caso de una escisión parcial, la sociedad escindida, cuando la escisión surta efecto, no pueda atender las obligaciones que se le hayan atribuido en virtud del proyecto de escisión transfronteriza al vencimiento de estas. La declaración se publicará junto con el proyecto de escisión transfronteriza de conformidad con el artículo 160 undecies.

4.  Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las leyes nacionales del Estado miembro de la sociedad escindida relativas a la liquidación de los pagos o garantía de los pagos o las obligaciones no pecuniarias a organismos públicos.

Artículo 160 quaterdecies bis

Información y consulta de los trabajadores

1.  Los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados en relación con la escisión transfronteriza y por que esos derechos se ejerzan de conformidad con el marco jurídico establecido por la Directiva 2002/14/CE y la Directiva 2001/23/CE, cuando la escisión transfronteriza se considere un traspaso de empresa a efectos de la Directiva 2001/23/CE y, cuando proceda en el caso de empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, de conformidad con la Directiva 2009/38/CE. Los Estados miembros podrán decidir aplicar los derechos de información y consulta a otras sociedades distintas de las contempladas en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2002/14/CE.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 160 octies, apartado 6, y en el artículo 160 undecies, apartado 1, letra b), los Estados miembros velarán por que se respeten los derechos de los trabajadores a ser informados y consultados, al menos antes de que se decida el proyecto de escisión transfronteriza o el informe a que se refiere el artículo 160 octies, si este es anterior, de modo que se pueda proporcionar a los trabajadores una respuesta motivada antes de la junta general a la que se refiere el artículo 160 duodecies.

3.  Sin perjuicio de las disposiciones y/o prácticas vigentes que sean más favorables para los trabajadores, los Estados miembros determinarán las modalidades prácticas del ejercicio del derecho de información y consulta de conformidad con el artículo 4 de la Directiva2002/14/CE.

Artículo 160 quindecies

Participación de los trabajadores

1.  Sin perjuicio del apartado 2, cada sociedad resultante de la escisión transfronteriza estará sujeta a las normas relativas a la participación de los trabajadores, si las hubiere, vigentes en el Estado miembro en que se encuentre su domicilio social.

2.  No obstante, no se aplicarán las normas relativas a la participación de los trabajadores vigentes en el Estado miembro en que se encuentre el domicilio social de la sociedad resultante de la escisión transfronteriza cuando la sociedad escindida emplee, durante el periodo de seis meses anterior a la publicación del proyecto de escisión transfronteriza con arreglo al artículo 160 sexies de la presente Directiva, un número medio de trabajadores equivalente a cuatro quintos del umbral aplicable establecido en la legislación del Estado miembro de la sociedad escindida que dé lugar a la participación de los trabajadores con arreglo al artículo 2, letra k), de la Directiva 2001/86/CE, o bien cuando la ley nacional aplicable a cada una de las sociedades beneficiarias:

   a) no disponga al menos el mismo nivel de participación de los trabajadores que se aplicaba en la sociedad escindida antes de la escisión, medido en función de la proporción de miembros que representan a los trabajadores en el órgano de administración o de supervisión, o en sus comités, o en el órgano de dirección competente dentro de la sociedad para decidir el reparto de los beneficios, siempre que haya una representación de los trabajadores; o
   b) no disponga que los trabajadores de los establecimientos de las sociedades beneficiarias situados en otros Estados miembros puedan ejercer los mismos derechos de participación de que gocen los trabajadores empleados en el Estado miembro donde se encuentre el domicilio social de la sociedad beneficiaria.

3.  En los casos a que se refiere el apartado 2, la participación de los trabajadores en la sociedad resultante de la escisión transfronteriza, así como su implicación en la definición de los derechos correspondientes, serán reguladas por los Estados miembros, mutatis mutandis y sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del presente artículo, de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en el artículo 12, apartados 2 ▌y 4, del Reglamento (CE) n.° 2157/2001 y en las disposiciones siguientes de la Directiva 2001/86/CE:

   a) artículo 3, apartado 1; artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i); artículo 3, apartado 2, letra b); artículo 3, apartado 3; las dos primeras frases del artículo 3, apartado 4 ▌; artículo 3, apartado 5, ▌y artículo 3, apartado 7;
   b) artículo 4, apartado 1; artículo 4, apartado 2, letras a), g) y h); artículo 4, apartado 3, y artículo 4, apartado 4;
   c) artículo 5;
   d) artículo 6;
   e) artículo 7, apartado 1, salvo el segundo guion de la letra b);
   f) artículos 8, ▌10, 11 y 12;
   g) anexo, parte 3, letra a).

4.  Al regular los principios y procedimientos a que se refiere el apartado 3, los Estados miembros:

   a) conferirán al órgano especial de negociación el derecho a decidir, por mayoría de dos tercios de sus miembros que representen al menos a dos tercios de los trabajadores, no iniciar negociaciones o poner fin a las negociaciones ya entabladas y basarse en las normas de participación vigentes en los Estados miembros de cada una de las sociedades beneficiarias;
   b) podrán, a raíz de negociaciones previas, cuando las normas de referencia para la participación sean de aplicación y sin perjuicio de lo dispuesto en ellas, decidir limitar la proporción de representantes de los trabajadores en el órgano de administración de las sociedades beneficiarias. No obstante, cuando en la sociedad escindida los representantes de los trabajadores constituyan al menos una tercera parte de los miembros del órgano de administración o de supervisión, esta limitación nunca podrá tener por efecto que la proporción de representantes de los trabajadores en el órgano de administración sea inferior a un tercio;
   c) velarán por que las normas sobre participación que se aplicaban antes de la escisión transfronteriza sigan siendo aplicables hasta la fecha de aplicación de las normas convenidas posteriormente o, en ausencia de las normas convenidas, hasta la aplicación de las normas de referencia con arreglo a la parte 3 letra a), del anexo.

5.  La extensión de los derechos de participación a los trabajadores de las sociedades beneficiarias empleados en otros Estados miembros a que se refiere el apartado 2, letra b), no creará obligaciones para los Estados miembros que hayan optado por tener en cuenta a estos trabajadores en el cálculo de los umbrales que den lugar a los derechos de participación en virtud de la legislación nacional.

6.  Cuando alguna sociedad beneficiaria esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, dicha sociedad estará obligada a adoptar una forma jurídica que permita el ejercicio de los derechos de participación.

7.  Cuando la sociedad beneficiaria esté gestionada en régimen de participación de los trabajadores, estará obligada a tomar medidas para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores en caso de ulteriores fusiones, escisiones o transformaciones transfronterizas o nacionales durante un plazo de cuatro años desde la fecha en que la escisión transfronteriza haya surtido efecto, y aplicará mutatis mutandis las disposiciones establecidas en los apartados 1 a 6.

8.  La sociedad comunicará a sus trabajadores o a sus representantes el resultado de las negociaciones relativas a su participación sin demora injustificada.

Artículo 160 sexdecies

Certificado previo a la escisión

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad o autoridades competentes (en lo sucesivo, «autoridad competente») para controlar la legalidad de las escisiones transfronterizas para la parte del procedimiento que se rija por la legislación del Estado miembro de la sociedad escindida y para expedir el certificado previo a la escisión que acredite el cumplimiento de todas las condiciones pertinentes y la correcta cumplimentación de todos los procedimientos y trámites en dicho Estado miembro.

Dicha cumplimentación de los procedimientos y trámites podrá abarcar la liquidación de los pagos o la garantía de los pagos y obligaciones no pecuniarias que se adeuden a organismos públicos o el cumplimiento de requisitos sectoriales específicos, incluida la garantía de pagos u obligaciones derivados de procedimientos pendientes.

2.  Los Estados miembros velarán por que la solicitud para obtener el certificado previo a la escisión por parte de la sociedad escindida se acompañe de lo siguiente:

   a) el proyecto de escisión a que se refiere el artículo 160 quinquies;
   b) el informe y el dictamen adjunto, de existir, mencionados en el artículo 160 octies, así como el informe a que se refiere el artículo 160 decies, cuando estén disponibles;
   b bis) las observaciones que se hubieran presentado de conformidad con el artículo 160 undecies, apartado 1;
   c) la información sobre la aprobación por la junta general ▌mencionada en el artículo 160 duodecies.

3.  Los Estados miembros podrán exigir que la solicitud para obtener el certificado previo a la escisión se acompañe de información adicional, en particular:

   a) sobre el número de trabajadores en el momento de la elaboración del proyecto común de escisión;
   b) sobre las filiales y su respectiva ubicación geográfica;
   c) sobre el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad adeude a organismos públicos.

A efectos del presente apartado, las autoridades competentes podrán requerir esta información, en caso de no ser facilitada, a otras autoridades pertinentes.

4.   Los Estados miembros velarán por que la solicitud a la que se refieren los apartados 2 y 2 bis, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

5.   En lo que se refiere al cumplimiento de las normas relativas a la participación de los trabajadores conforme a lo dispuesto en el artículo 160 quindecies, la autoridad competente del Estado miembro de la sociedad escindida comprobará que los proyectos de escisión transfronteriza mencionados en el artículo 160 quinquies incluyan información sobre los procedimientos por los que se determinen los regímenes pertinentes y sobre las posibles opciones relativas a tales regímenes.

6.   En el marco del control ▌mencionado en el apartado 1, la autoridad competente examinará la información siguiente:

   a) todos los documentos y toda la información presentados a la autoridad de conformidad con los apartados 2 y 2 bis;
   c) una indicación por parte de la sociedad de que ha comenzado el procedimiento al que se alude en el artículo 160 quindecies, apartados 3 y 4, en su caso.

7.  Los Estados miembros velarán por que el control a que se refiere el apartado 1 se efectúe en el plazo de tres meses desde la fecha de recepción de los documentos y la información relativa a la aprobación de la escisión transfronteriza por la junta general de la sociedad. Se obtendrá uno de los siguientes resultados:

   a) cuando se determine que la escisión transfronteriza ▌cumple todas las condiciones pertinentes y que se han cumplimentado todos los procedimientos y trámites necesarios, la autoridad competente expedirá el certificado previo a la escisión;
   b) cuando se determine que la escisión transfronteriza ▌no cumple todas las condiciones pertinentes o que no se han cumplimentado todos los procedimientos y/o trámites necesarios, la autoridad competente no expedirá el certificado previo a la escisión e informará a la sociedad de los motivos de su decisión. En ese caso, la autoridad competente podrá ofrecer a la sociedad la posibilidad de cumplir las condiciones pertinentes o de realizar los procedimientos y trámites en un plazo adecuado.

8.  Los Estados miembros velarán por que la autoridad competente no expida el certificado previo a la escisión si se determina, de conformidad con la legislación nacional, que la escisión transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos.

9.  Si la autoridad competente, a través del control de la legalidad a que se refiere el apartado 1, alberga serias dudas respecto a que la escisión transfronteriza se ha organizado con fines abusivos o fraudulentos que tengan por efecto u objeto sustraerse a la legislación nacional o de la Unión o eludirla, o con fines delictivos, tendrá en cuenta los hechos y circunstancias pertinentes, como, cuando proceda y no se considere de manera aislada, factores indicativos de los cuales haya tenido conocimiento la autoridad competente en el curso del control de legalidad a que se refiere el apartado 1, también mediante la consulta a las autoridades pertinentes. El control a efectos del presente apartado se realizará caso por caso mediante un procedimiento regido por el Derecho nacional.

10.  Cuando para el control previsto en el apartado 7 resulte necesario tomar en consideración información adicional o realizar actividades de investigación adicionales, podrá ampliarse el plazo de tres meses previsto en el apartado 6 por un máximo de tres meses más.

11.  Cuando, debido a la complejidad del procedimiento transfronterizo, no sea posible realizar el control en los plazos establecidos en el presente artículo, los Estados miembros velarán por que se notifique al solicitante los motivos de cualquier retraso antes de la expiración del plazo inicial.

12.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes designadas de conformidad con el apartado 1 puedan consultar a otras autoridades pertinentes con competencias en los distintos ámbitos afectados por la escisión transfronteriza, incluidas las del Estado miembro de las sociedades beneficiarias, y obtener de dichas autoridades, así como de la sociedad, la información y los documentos necesarios para llevar a cabo el control de la legalidad, dentro del marco procedimental establecido en la legislación nacional. En el marco del control, la autoridad competente podrá recurrir a un perito independiente.

Artículo 160 octodecies

▌Transmisión del certificado previo a la escisión

2.  Los Estados miembros velarán por que ▌el certificado previo a la escisión se comparta con las autoridades mencionadas en el artículo 160 novodecies, apartado 1, ▌mediante el sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

Los Estados miembros velarán asimismo por que el certificado previo a la escisión se ponga a disposición mediante el sistema de interconexión de registros establecido de conformidad con el artículo 22.

3.  El acceso a la información a que se refiere el apartado 2 será gratuito para las autoridades competentes a las que se refiere el artículo 160 novodecies, apartado 1, y para los registros.

Artículo 160 novodecies

Control de la legalidad de la escisión transfronteriza

1.  Los Estados miembros designarán el tribunal, el notario u otra autoridad competente para controlar la legalidad de la escisión transfronteriza en lo que atañe a la parte del procedimiento que concierna a la conclusión de la escisión transfronteriza y se rija por la legislación de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias, y para aprobar la escisión transfronteriza ▌cuando se hayan cumplimentado debidamente todos los procedimientos y trámites en dicho Estado miembro.

La autoridad o las autoridades competentes velarán, en concreto, por que las sociedades beneficiarias propuestas cumplan las disposiciones de la legislación nacional en materia de constitución de sociedades y de registro y, en su caso, por que las disposiciones relativas a la participación de los trabajadores se hayan establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 quindecies.

2.  A efectos del apartado 1 del presente artículo, la sociedad escindida presentará a cada autoridad mencionada en el apartado 1 el proyecto de escisión transfronteriza aprobado por la junta general a que se refiere el artículo 160 duodecies.

3.  Cada Estado miembro velará por que la solicitud a la que se refiere el apartado 1, tramitada por la sociedad que realice la escisión transfronteriza, incluida la presentación de cualesquiera informaciones o documentos, pueda cumplimentarse íntegramente en línea, sin necesidad de comparecer en persona ante la autoridad competente a que se refiere el apartado 1, de conformidad con las disposiciones aplicables del título I, capítulo III.

4.  La autoridad competente a que se refiere el apartado 1 del presente artículo deberá ▌aprobar la escisión transfronteriza tan pronto como haya completado su evaluación de las condiciones pertinentes.

5.  El certificado previo a la escisión a que se refiere el artículo 160 octodecies, apartado 2, será aceptado por cualquier autoridad competente mencionada en el apartado 1 del presente artículo como prueba concluyente de la correcta cumplimentación de los procedimientos y trámites previos a la escisión en el Estado miembro de la sociedad escindida, sin los que la escisión transfronteriza no puede aprobarse.

Artículo 160 vicies

Registro

1.  La legislación ▌de los Estados miembros de la sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias ▌determinará, con respecto al territorio de dicho Estado, las condiciones de publicidad de la conclusión de la escisión transfronteriza, de conformidad con el artículo 16.

2.  Los Estados miembros velarán por que se consigne como mínimo la información siguiente en sus registros, que pondrán a disposición del público y harán accesible mediante el sistema al que se refiere el artículo 22:

   a) ▌en el registro de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias: que el registro de la sociedad beneficiaria es resultado de una escisión transfronteriza;
   b) en el registro del Estado miembro de las sociedades beneficiarias: las fechas de registro de las sociedades beneficiarias;
   c) en el registro del Estado miembro de la sociedad escindida: en caso de escisión completa, la fecha de supresión en el registro ▌;
   d) en el registro del Estado miembro de la sociedad escindida: que la supresión de la sociedad es el resultado de una escisión transfronteriza;
   e) en los registros de los Estados miembros de la sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias, respectivamente: los números de registro, el nombre y la forma jurídica de la sociedad escindida y de las sociedades beneficiarias.

3.  Los Estados miembros velarán por que los registros de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias notifiquen al registro del Estado miembro de la sociedad escindida, mediante el sistema descrito en el artículo 22, que se han registrado las sociedades beneficiarias. En caso de escisión completa, la supresión en el registro de la sociedad escindida se llevará a cabo inmediatamente después de la recepción de dichas notificaciones.

4.  Los Estados miembros velarán por que el registro de los Estados miembros de la sociedad escindida notifique a los registros de los Estados miembros de las sociedades beneficiarias, mediante el sistema descrito en el artículo 22, que la escisión transfronteriza ha surtido efecto.

Artículo 160 unvicies

Fecha en que surte efecto la escisión transfronteriza

La legislación del Estado miembro de la sociedad escindida determinará la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza. La fecha será posterior a la realización del control mencionado en los artículos 160 sexdecies ▌y 160 novodecies y a la recepción de todas las notificaciones mencionadas en el artículo 160 vicies, apartado 3.

Artículo 160 duovicies

Consecuencias de la escisión transfronteriza

1.  Una escisión transfronteriza completa realizada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha contemplada en el artículo 160 unvicies, las consecuencias siguientes:

   a) la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a las sociedades beneficiarias ▌de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión transfronteriza,
   b) los socios de la sociedad escindida devendrán socios de las sociedades beneficiarias de acuerdo con la asignación de acciones especificada en el proyecto de escisión transfronteriza, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 160 terdecies, apartado 1;
   c) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida que dimanen de contratos de trabajo o de relaciones laborales existentes en la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza se transferirán ▌a las respectivas sociedades beneficiarias;
   d) la sociedad escindida se extinguirá;

2.   Una escisión transfronteriza parcial realizada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha contemplada en el artículo 160 unvicies, las consecuencias siguientes:

   a) una parte del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad o sociedades beneficiarias y el resto se mantendrá en la sociedad escindida de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión transfronteriza;
   b) al menos algunos de los socios de la sociedad escindida devendrán socios de la sociedad o sociedades beneficiarias y algunos de ellos, al menos, permanecerán en la sociedad escindida o serán socios de ambas, de conformidad con la asignación de acciones especificada en el proyecto de escisión transfronteriza, a menos que ejerzan el derecho de separación al que se refiere el artículo 160 terdecies, apartado 1;
   c) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de los contratos de trabajo o de la relación laboral existentes en la fecha en que surta efecto la escisión transfronteriza, atribuidos a la sociedad o sociedades beneficiarias de conformidad con el proyecto de escisión transfronteriza se transferirán a las sociedades beneficiarias respectivas.

3.  Una escisión transfronteriza por separación realizada de conformidad con las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva tendrá, por el hecho de surtir efecto y a partir de la fecha a que se refiere el artículo 160 unvicies, las consecuencias siguientes:

   a) la parte del patrimonio activo y pasivo de la sociedad escindida, incluidos todos los contratos, créditos, derechos y obligaciones, se transferirá a la sociedad o sociedades beneficiarias y el resto se mantendrá en la sociedad escindida de acuerdo con la atribución especificada en el proyecto de escisión transfronteriza;
   a bis) las acciones de la empresa o empresas beneficiarias se asignarán a la sociedad escindida;
   b) los derechos y obligaciones de la sociedad escindida derivados de los contratos de trabajo o de la relación laboral existentes en la fecha en que surta la escisión transfronteriza, atribuidos a la sociedad o sociedades beneficiarias de conformidad con el proyecto de escisión transfronteriza se transferirán a las sociedades beneficiarias respectivas.

4.  Los Estados miembros velarán por que, cuando un elemento del patrimonio activo o pasivo de la sociedad escindida no se atribuya explícitamente en el proyecto de escisión como establece el artículo 160 sexies, letra m), y la interpretación de este no permita decidir su reparto, el elemento del patrimonio activo, su contravalor o el elemento del patrimonio pasivo se reparta entre todas las sociedades beneficiarias o, en caso de escisión parcial o de escisión por separación, entre todas las sociedades beneficiarias y la sociedad escindida de manera proporcional al activo atribuido a cada una de ellas en el proyecto de escisión transfronteriza. En cualquier caso, será de aplicación el artículo 160 quaterdecies, apartado 2.

5.   Cuando, en caso de escisión transfronteriza regulada por el presente capítulo, la legislación de los Estados miembros requiera formalidades particulares para que la transmisión de determinados activos, derechos y obligaciones por parte de la sociedad escindida surta efecto frente a terceros, la sociedad escindida o las sociedades beneficiarias, en su caso, cumplimentarán esos trámites.

6.  Los Estados miembros velarán por que las acciones de una sociedad beneficiaria no se intercambien por acciones de la sociedad escindida de las que sea titular la propia sociedad o una persona que actúe en su propio nombre pero en representación de la sociedad.

Artículo 160 duovicies bis

Formalidades simplificadas

Cuando una escisión se lleve a cabo como «escisión por separación», como se establece en el artículo 160 ter, punto 3, letra c), no se aplicarán el artículo 160 sexies, letras b), c), f), i) p) y q), ni los artículos 160 octies, 160 decies y 160 terdecies.

Artículo 160 tervicies

Responsabilidad de los peritos independientes

Los Estados miembros dispondrán las normas que regulen al menos la responsabilidad civil del perito independiente encargado de elaborar el informe previsto en el artículo 160 decies ▌.

Los Estados miembros dispondrán de normas para garantizar que el perito o la persona jurídica por cuenta de la cual este actúe sea independiente y no tenga ningún conflicto de intereses con la sociedad que solicite el certificado previo a la escisión, y que el dictamen del perito sea imparcial y objetivo y tenga por finalidad prestar asistencia a la autoridad competente de conformidad con los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por la legislación aplicable o las normas profesionales a que esté sujeto el perito.

Artículo 160 quatervicies

Validez

No podrá declararse la nulidad absoluta de una escisión transfronteriza que haya surtido efecto en cumplimiento de los procedimientos de transposición de la presente Directiva.

Lo anterior no afectará a las competencias de los Estados miembros en el ámbito, en particular, del Derecho penal, la financiación del terrorismo, el Derecho social, la fiscalidad y el control del cumplimiento de la ley, para imponer medidas y sanciones, de conformidad con la legislación nacional, a partir de la fecha en que haya surtido efecto la escisión transfronteriza.»

"

Artículo 2

Sanciones

Los Estados miembros establecerán el régimen de medidas y sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales aprobadas en virtud de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas normas podrán incluir sanciones penales en caso de infracción grave.

Tales medidas y sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Artículo 3

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar [la Oficina de Publicaciones debe introducir la fecha exacta = el último día del trigésimo sexto mes posterior a la entrada en vigor], las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 4

Informes y revisión

1.  A más tardar dentro de un plazo de cuatro años desde [la OP consignará la fecha de finalización del periodo de transposición de la presente Directiva], la Comisión llevará a cabo una evaluación de la presente Directiva, incluida una evaluación de la aplicación de la información, la consulta y la participación del trabajador en el marco de las operaciones transfronterizas, en particular una evaluación de las normas relativas al número de representantes en el órgano de administración de la sociedad resultante de la operación transfronteriza, y de la eficacia de las salvaguardias relativas a las negociaciones sobre los derechos de participación de los trabajadores teniendo en cuenta el carácter dinámico de las sociedades que se desarrollan a nivel transfronterizo, y presentará un informe ▌al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre sus conclusiones, teniendo particularmente en cuenta la posible necesidad de introducir en el Derecho de la Unión un marco armonizado sobre la representación de los trabajadores en el órgano de administración, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa.

Los Estados miembros facilitarán a la Comisión la información necesaria para la elaboración de dicho informe, en particular datos sobre el número de transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, su duración y los costes conexos, datos sobre los casos en que se haya denegado un certificado previo a la transformación, así como datos estadísticos agregados sobre el número de negociaciones sobre los derechos de participación de los trabajadores en las operaciones transfronterizas y datos sobre el funcionamiento y los efectos de las normas de competencia aplicables a las operaciones transfronterizas.

2.  El informe evaluará en particular los procedimientos a los que se refieren el capítulo I del título II y el capítulo IV del título II, sobre todo en lo que concierne a su duración y costes.

3.  El informe incluirá una evaluación de la viabilidad de establecer disposiciones relativas a los tipos de escisiones transfronterizas que no se regulan en la presente Directiva, incluidas, en particular, las escisiones transfronterizas mediante absorción.

Artículo 5

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 6

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1)* EL PRESENTE TEXTO NO HA SIDO SOMETIDO AÚN A REVISIÓN JURÍDICO-LINGÜÍSTICA.
(2)DO C … de …, p. ….
(3) Posición del Parlamento Europeo de 18 de abril de 2019.
(4)Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (versión codificada) (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
(5)Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
(6)Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
(7)Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida) (DO L 122 de 16.5.2009, p. 28).
(8) Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
(9) Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO L 82 de 22.3.2001, p. 16).
(10) Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores (DO L 294 de 10.11.2001, p. 22).
(11) Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).
(12) Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
(13) Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO L 225 de 12.8.1998, p. 1).
(14) Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
(15) Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro (DO L 310 de 25.11.2009, p. 34).
(16) Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 332 de 18.12.2015, p. 1).
(17) Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 146 de 3.6.2016, p. 8).
(18) Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (DO L 139 de 5.6.2018, p. 1).
(19) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(20) DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
(21)DO L 123 de 12.5.2006, p. 1.

Última actualización: 2 de mayo de 2019Aviso jurídico