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Procedimiento : 2019/2928(RSP)
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RC-B9-0214/2019

Debates :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Votaciones :

PV 28/11/2019 - 8.3

Textos aprobados :

P9_TA(2019)0074

Textos aprobados
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Jueves 28 de noviembre de 2019 - Estrasburgo Edición provisional
Haití
P9_TA-PROV(2019)0074RC-B9-0214/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de noviembre de 2019 sobre Haití (2019/2928(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Haití, en particular las de 19 de enero de 2011, sobre la situación en Haití un año después del terremoto: ayuda humanitaria y reconstrucción(1), y de 8 de febrero de 2018, sobre la esclavitud infantil en Haití(2),

–  Visto el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018, y en particular su actualización para Haití, adoptado por el Consejo el 13 de mayo de 2019,

–  Visto el informe final de la misión de seguimiento electoral de la Unión a Haití, desarrollada entre el 19 y el 23 de noviembre de 2018,

–  Vistos la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y el informe anual, de julio de 2017, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) sobre la situación de los derechos humanos en Haití, del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2016,

–  Visto el informe a la MINUSTAH y a la OACDH sobre presuntas violaciones y abusos de los derechos humanos los días 13 y 14 de noviembre de 2018 en el distrito de La Saline, Puerto Príncipe,

–  Visto el Examen Periódico Universal (EPU) de Haití, adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 34.º período de sesiones el 17 de marzo de 2017,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966, y del que Haití es Estado parte,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Haití es signatario,

–  Vista la Resolución 2476 (2019) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de junio de 2019,

–  Visto el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2015,

–  Vista la declaración realizada el 7 de noviembre de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en nombre de la Unión Europea sobre la situación en Haití,

–  Visto el artículo publicado por Amnistía Internacional el 31 de octubre de 2019, que presenta pruebas del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes,

–  Visto el informe, de 1 de octubre de 2019, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas relativo a la situación en Haití,

–  Vista la declaración efectuada por la Delegación de la Unión Europea en Haití el 28 de mayo de 2019,

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el anuncio del Gobierno en julio de 2018 de la supresión de subvenciones, lo que permitiría un aumento de hasta el 50 % de los precios de los combustibles, provocó protestas generalizadas y los peores disturbios civiles que se han visto en el país en años; que esta medida respondía a los recortes acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero de 2018 a cambio de créditos financieros por valor de 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda externa;

B.  Considerando las manifestaciones organizadas por líderes de la oposición pedían la dimisión del presidente Jovenel Moïse debido a la inflación galopante, acusaciones de corrupción sistemática en el Gobierno, en la que también estaba implicado el expresidente Michel Martelly, y la inseguridad económica y alimentaria, sin que recibieran gran atención en el extranjero; que las manifestaciones que comenzaron hace más de un año como protesta contra los escándalos de corrupción que afectaban a las autoridades haitianas han provocado un centenar de víctimas y se han convertido en un gran enfrentamiento; que la corrupción parece ser un problema endémico de la sociedad y la política haitianas;

C.  Considerando que las fuerzas de seguridad reprimieron la protestas utilizando munición real y gases lacrimógenos; que, según la OACDH, en febrero fallecieron 41 personas en las protestas y cien resultaron heridas; que, de acuerdo con las últimas cifras de la OACDH, entre el 15 de septiembre y el 1 de noviembre de 2019 al menos 42 personas murieron en protestas similares, 19 de ellas a manos de las fuerzas de policía, y 86 personas resultaron heridas;

D.  Considerando que Haití ha permanecido sin Gobierno desde marzo de 2019, lo que ha impedido al país acceder a la ayuda financiera internacional y a los créditos del Banco Mundial; que a partir de enero de 2020 Haití se encontrará sin Parlamento por no haberse celebrado las elecciones parlamentarias en octubre de 2019; que el Sr. Moïse ha indicado su intención de introducir reformas constitucionales que refuercen los poderes de la presidencia del país;

E.  Considerando que no se han emprendido acciones legales, a pesar de las manifestaciones; que esta impunidad y la falta de atención de la comunidad internacional han alimentado aún más la violencia; que la crisis prolongada y continua también ha tenido como consecuencia una mayor limitación del acceso a la sanidad, la alimentación, la educación y otras necesidades, y ha causado una mayor escasez de electricidad y combustible;

F.  Considerando que muchas comunidades aún carecen de acceso a la red eléctrica tras el terremoto de 2010 y dependen de generadores de electricidad para sus necesidades cotidianas; que el aumento del precio de los combustibles ha limitado aún más las oportunidades económicas;

G.  Considerando que existen pruebas creíbles de que policías armados con rifles semiautomáticos han disparado munición real durante las protestas, en violación de la legislación internacional de derechos humanos y de las normas sobre el uso de la fuerza; que los periodistas son objeto de acoso continuo y de ataques físicos; que Néhémie Joseph, periodista de Radio Méga que cubría las protestas, recibió disparos en la cabeza en su coche el 11 de octubre de 2019, Chery Dieu-Nalio, fotoperiodista de la agencia Associated Press, recibió un disparo en la cara en septiembre de 2019, Pétion Rospide, periodista de Radio Sans Fin, recibió un disparo en la cabeza en su coche en junio de 2019 y el también periodista Vladjimir Legagneur desapareció en marzo de 2018;

H.  Considerando que la impunidad también se mantiene en casos como el de la matanza de La Saline, en las afueras de la capital, Puerto Príncipe, en donde en octubre de 2018 se dio muerte indiscriminadamente a setenta personas y trece mujeres fueron violadas; que el Gobierno atribuyó la matanza a una guerra entre bandas; que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), basándose en informaciones recogidas por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), atribuyen esa matanza a un intento de la esposa del presidente, Martine Moïse, y de varios representantes del Gobierno de comprar a la población de La Saline para frenar las manifestaciones contra el presidente Moïse, y suponen que la matanza fue la consecuencia de su rechazo de tal pago; que las organizaciones de derechos humanos en Haití han pedido que una misión de la OEA investigue la masacre;

I.  Considerando que la situación en el país ha empeorado acusadamente desde octubre de 2017, cuando las fuerzas de pacificación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) fueron sustituidos por la MINUJUSTH, cuyo personal solamente tiene una formación limitada en materia policial;

J.  Considerando que la discriminación de género sigue siendo motivo de seria preocupación en el país; que Haití tiene un índice de desigualdad de género de 0,593, lo que sitúa al país en el puesto 142 de los 159 países comprendidos en el índice de 2015; que son sistemáticas la discriminación, la estigmatización, la exclusión y la violencia contra las personas LGBTI y están generalizadas en Haití; que las niñas reciben una educación escasa o ninguna en absoluto; que hasta 2005 no se adoptaron leyes que penalizaran la violación y la violencia doméstica, el Código penal no se ha revisado desde 1835, y la protección jurídica de las mujeres y las niñas suele ser desigual; que el 7 de noviembre de 2019, 10 detenidas, entre las que había una niña de 15 años, fueron violadas en la prisión civil de Gonaïves; que el hacinamiento, la escasez de alimentos, la falta de visitas de familiares y otras condiciones inhumanas se han generalizado en el sistema de prisiones haitiano desde el inicio de las protestas;

K.  Considerando que la mayoría de los niños de Haití no han podido ir a la escuela desde el comienzo del curso en septiembre; que el analfabetismo y el acceso a la educación son problemas graves en Haití, ya que cerca de la mitad de los haitianos de más de 15 años de edad son analfabetos y al menos 350 000 niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados en la enseñanza primaria o secundaria en el país;

L.  Considerando que el sistema de restavèk, una forma moderna de esclavitud, sigue siendo una práctica consistente en que niños haitianos de familias pobres son enviados por sus padres a vivir con otras familias y trabajar para ellas como sirvientes, y a menudo sufren malos tratos y no tienen acceso a la escolarización;

M.  Considerando que Haití, que está situado en el puesto 168 de todos los países del mundo en el índice de desarrollo humano del PNUD, lo que supone un descenso con respecto a clasificaciones anteriores, tiene una necesidad permanente de ayuda humanitaria y ayuda para el desarrollo; que, según el Banco Mundial, Haití sigue siendo el país más pobre de América y uno de los Estados más empobrecidos del mundo, con un 59 % de la población por debajo del umbral nacional de pobreza, un 24 % por debajo del umbral de pobreza extrema y más del 40 % sin empleo; que la corrupción de los poderes públicos es omnipresente, y según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2018, Haití ocupa el puesto 161 de los 180 Estados objeto de seguimiento;

1.  Condena enérgicamente la represión de las protestas pacíficas por parte de las autoridades haitianas, así como el uso de fuerza con resultado de muertes, y el recurso a detenciones arbitrarias, intimidación, acoso y violencia sexual; exige que las autoridades haitianas se abstengan de inmediato del uso ilegal de la fuerza, en particular del uso de armas de fuego y munición real, contra manifestantes pacíficos, y que salvaguarden el derecho de las personas a manifestarse libre y pacíficamente; respalda las demandas del pueblo haitiano de que se ponga fin a la corrupción y la impunidad;

2.  Subraya que, para evitar más inestabilidad y más sufrimientos de la población, todas las partes implicadas deben abstenerse de recurrir a la violencia; pide a todas las partes que entablen un diálogo interhaitiano franco, abierto e incluyente a fin de atender mejor las necesidades básicas y las aspiraciones de la población y de aportar soluciones duraderas a la crisis política, económica y humanitaria actual;

3.  Recuerda que debe seguir siendo prioritario reformar la justicia y poner fin a la prisión preventiva prolongada, así como luchar contra la corrupción, como se indica en el último Examen Periódico Universal; pide a la comunidad internacional que preste apoyo al pueblo haitiano para consolidar un sistema judicial independiente y firme, que sea capaz de llevar a juicio a los perpetradores y castigarlos con independencia de su posición social;

4.  Pide una investigación independiente de la matanza de La Saline, el acoso y los ataques a periodistas y las muertes que se produjeron a mediados de septiembre de 2019; exige que todos los perpetradores de delitos sean llevados a juicio y castigados; insiste en la importancia de la libertad de los medios de comunicación para informar sobre la situación; insta a todos los actores a que se abstengan de perseguir a periodistas y les dejen informar sobre la situación en el país; insiste en que debe garantizarse el derecho de expresión pacífica de opiniones y críticas;

5.  Respalda la petición de que se envíe a Haití una misión de expertos independientes de la OEA por un periodo prolongado, con el cometido de elucidar las numerosas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país y con el objetivo de llevar a cabo investigaciones imparciales, exhaustivas, transparentes e independientes, además de mejorar la rendición de cuentas y aportar justicia y verdad a las familias y las víctimas supervivientes, como exigen las organizaciones nacionales de derechos humanos;

6.  Rechaza toda tentativa de algunas fuerzas de reinstaurar la dictadura; subraya la apremiante necesidad de gobernanza estructural y reformas económicas para restablecer la confianza en el sistema político del país; pone de relieve la necesidad de erradicar la corrupción sistémica de los poderes públicos, el clientelismo y la erosión del Estado de Derecho;

7.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a la embajada de la Unión en Puerto Príncipe que apoyen la plena estabilización democrática del país y contribuyan a poner fin a la corrupción y otras formas de delincuencia;

8.  Acoge con satisfacción el establecimiento de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 16 de octubre de 2019, que tendrá el cometido de asesorar al Gobierno de Haití con vistas a la mejora de la estabilidad política y la buena gobernanza; pide a las Naciones Unidas que continúen desempeñando un papel activo en el proceso de mantenimiento de la paz y de preparación de la paz, sin repetir errores del pasado; pide a las Naciones Unidas y sus países miembros que investiguen efectivamente los casos de presunta explotación sexual o abusos sexuales cometidos por miembros de las fuerzas de pacificación de la MINUSTAH y organizaciones no gubernamentales en Haití, y que enjuicien a los perpetradores de estos crímenes y presten apoyo a las víctimas y las indemnicen;

9.  Pide a la Unión que consolide y apoye la capacidad de las organizaciones de Haití para asumir el liderazgo a la hora de decidir sobre el tipo de ayuda prestada al país, así como sobre sus beneficiarios;

10.  Pide con urgencia al Gobierno de Haití que permita un acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, de manera que puedan llevar a cabo sus operaciones, asistir a quienes lo necesiten y distribuir alimentos y otras ayudas vitales;

11.  Pide que se ponga fin a la práctica de los restavèk; pide al Gobierno haitiano que adopte medidas que garanticen el registro y la protección de los niños, tanto física como psicológicamente, y haga respetar la escolarización; pide a la Unión que coopere con el Gobierno haitiano para aplicar un marco legislativo que proteja los derechos de los niños;

12.  Destaca la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, legislar contra todas las formas de violencia de género y despenalizar el aborto, que actualmente está prohibido en todas las circunstancias, incluso en casos de violación; considera necesario adoptar medidas urgentes para proteger y apoyar a las mujeres y los niños víctimas de abuso sexual, con atención médica y psicológica y programas específicos de inclusión social y rehabilitación; condena las violaciones en grupo de mujeres detenidas en la prisión de Gonaïves; pide una investigación rápida, imparcial, independiente y eficaz de esas acusaciones; recuerda que, cuando el Estado priva a alguien de su libertad, es responsable de garantizar su integridad y protegerlo de actos de violencia;

13.  Condena los proyectos de ley anti LGBT votados en 2017, que pedían una prohibición del matrimonio homosexual y clasificaban la homosexualidad, junto con la pornografía infantil, el incesto y la explotación sexual comercial de menores, como una razón para denegar a un ciudadano un certificado de buena conducta; manifiesta su preocupación por las circunstancias que rodean la muerte de Charlot Jeudy, presidente del grupo de defensa LGBTQI Kouraj;

14.  Pide al Gobierno de Haití que instaure un sistema administrativo que garantice el registro de todos los recién nacidos, así como la adopción de medidas para registrar a los que no fueron inscritos al nacer;

15.  Pide una lucha sistemática contra la violencia hacia las personas mayores;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Ministros ACP-UE, a las instituciones del Cariforum, al Gobierno y al Parlamento de Haití y al secretario general de las Naciones Unidas.

(1) DO C 136 E de 11.5.2012, p. 46.
(2) DO C 463 de 21.12.2018, p. 40.

Última actualización: 29 de noviembre de 2019Aviso jurídico