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Procedimiento : 2019/2125(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0051/2019

Textos presentados :

A9-0051/2019

Debates :

PV 14/01/2020 - 9
CRE 14/01/2020 - 9

Votaciones :

PV 15/01/2020 - 10.7
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P9_TA(2020)0007

Textos aprobados
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Miércoles 15 de enero de 2020 - Estrasburgo Edición provisional
Informe anual 2018 sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto
P9_TA-PROV(2020)0007A9-0051/2019

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2020, sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto – Informe anual 2018 (2019/2125(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 17 y 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, presentada el 28 de junio de 2016,

–  Vistos el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio de 2017,

–  Vistas las orientaciones de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias, adoptadas el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), adoptadas el 24 de junio de 2013,

–  Vistas las directrices de la UE sobre la pena de muerte, sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet y sobre defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las directrices revisadas de la Unión sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas el 16 de septiembre de 2019,

–  Vistas las directrices de derechos humanos de la UE relativas al agua potable y al saneamiento, adoptadas el 17 de junio de 2019,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «Convenio de Estambul»), de 11 de mayo de 2011, que no ha sido ratificado por todos los Estados miembros,

–  Vistos los Convenios del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (STCE n.º 197) y para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (STCE n.º 201),

–  Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,

–  Vistos los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

–  Visto el II Plan de Acción de la UE en materia de Género «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Transformar la vida de niñas y mujeres mediante las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)», de 21 de septiembre de 2015,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y sus dos Protocolos Facultativos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 30 de marzo de 2007,

–  Vistas las Declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y sobre los derechos de los pueblos indígenas,

–  Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas, de 8 de agosto de 2017, sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas dirigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(1),

–  Vistos los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, de 16 de junio de 2011,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada el 9 de diciembre de 1998,

–  Vistos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, así como los resultados de sus conferencias de examen,

–  Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, de 15 de octubre de 2019,

–   Vistos los Principios de Yogyakarta (sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género), aprobados en noviembre de 2006, y sus diez principios complementarios, aprobados el 10 de noviembre de 2017,

–  Vista la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 28 de mayo de 2019, de designar el 22 de agosto Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Motivados por la Religión o las Creencias,

–   Vistos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

–  Visto el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas los días 10 y 11 de diciembre de 2018,

–  Visto el Pacto Mundial sobre los Refugiados, afirmado por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos)(2),

–  Visto el Protocolo del Consejo de Europa, de 10 de octubre de 2018, por el que se modifica el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2018, sobre las prioridades de la UE ante las Naciones Unidas y la 73.ª Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de julio de 2018, sobre la Corte Penal Internacional con ocasión del vigésimo aniversario de la adopción del Estatuto de Roma,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2016, titulada «Vivir con dignidad: de la dependencia de ayudas a la autonomía» (COM(2016)0234) y las ulteriores Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, relativas al planteamiento de la UE sobre desplazamiento forzoso y desarrollo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre democracia, adoptadas el 14 de octubre de 2019,

–  Vista la declaración conjunta de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y de los ministros de Asuntos Exteriores o representantes de los trece Estados miembros de las Naciones Unidas participantes, de 27 de septiembre de 2018, sobre la iniciativa «Experiencias ejemplares de derechos humanos»,

–  Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018,

–  Vistas su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto(3), y sus resoluciones sobre informes anuales anteriores,

–  Vistas su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda de terceros en su contra(4) y su Recomendación, de 13 de marzo de 2019, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo de hacer un balance del seguimiento realizado por el SEAE dos años después del informe del PE sobre la comunicación estratégica de la Unión para contrarrestar la propaganda en su contra por parte de terceros(5),

–   Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre las Directrices de la UE y el mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión(6),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la violación de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo, incluido el acaparamiento de tierras(7),

–  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019‑2024)(8),

–  Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea(9),

–  Vistas todas sus resoluciones sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (conocidas como resoluciones de urgencia) aprobadas en 2018 de conformidad con el artículo 144 de su Reglamento interno,

–  Visto su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que en 2018 se concedió a Oleg Sentsov, director de cine ucraniano y preso político encarcelado en Rusia,

–  Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

–  Vista la carta de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0051/2019),

A.  Considerando que, con ocasión de la celebración del 70.º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 2018, la Unión destacó la importancia política de desarrollar un orden mundial basado en el respeto de los derechos humanos y reafirmó su firme y profundo compromiso con la promoción y la protección de los derechos humanos en todo el mundo; que el Parlamento Europeo organizó su primera Semana de los Derechos Humanos en noviembre de 2018, en la que puso de relieve los grandes logros alcanzados desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como los actuales desafíos en este ámbito;

B.  Considerando que el respeto y la promoción, indivisibilidad y protección de la universalidad de los derechos humanos, así como la promoción de los valores y principios democráticos, incluidos el Estado de Derecho, el respeto de la dignidad humana, el principio de igualdad y la solidaridad, son los cimientos del acervo ético y jurídico de la Unión y de su política exterior y de seguridad común (PESC), así como de toda su acción exterior; que la Unión debe seguir esforzándose por seguir siendo el principal actor mundial en la promoción y la protección universales de los derechos humanos, también a nivel de cooperación multilateral, en particular asumiendo un papel activo y constructivo en los diversos órganos de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Derecho internacional, así como con las obligaciones en materia de derechos humanos y con los compromisos asumidos en virtud de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS;

C.  Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos, como conjunto de valores, principios y normas universales que guían a los Estados miembros de las Naciones Unidas, hace de la protección de los derechos humanos un elemento fundamental de la buena gobernanza; que, atendiendo al espíritu de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 21 del TUE, la Unión está a la vanguardia de las políticas basadas en los derechos humanos y responde en todo momento a los abusos de derechos humanos;

D.  Considerando que la Unión, por medio de actuaciones a nivel bilateral y multilateral, ha seguido apoyando la promoción de los derechos humanos en 2018, en particular mediante el fortalecimiento del diálogo político con terceros países, incluidos los que aspiran a la integración europea, y otras instituciones regionales, como la Unión Africana, y mediante el establecimiento de nuevos acuerdos internacionales, incluidas las asociaciones comerciales y económicas; que este ambicioso compromiso exige de la Unión que sea coherente y predique con el ejemplo;

E.  Considerando que las políticas de la Unión han de velar por la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, como las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, las mujeres, los niños, los solicitantes de asilo y los migrantes; que, con ocasión de la conmemoración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, la Unión destacó la contribución fundamental de los defensores de los derechos humanos al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho; que la Cumbre Mundial de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 2018 elaboró un plan de acción con prioridades para la defensa de los derechos humanos; que en 2018 un gran número de defensores de los derechos humanos fueron asesinados o sufrieron agresiones, amenazas y persecución; que varias empresas militares y de seguridad privadas están involucradas en violaciones de derechos humanos, violaciones que han de ser debidamente investigadas y cuyos responsables deben ser llevados ante los tribunales;

F.  Considerando que en esta década seguimos asistiendo a limitaciones y ofensivas ostensibles dirigidas contra la igualdad de género y los derechos de las mujeres a nivel internacional; que la salud y los derechos sexuales y reproductivos se basan en derechos humanos fundamentales y son elementos esenciales de la dignidad humana; que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en el mundo, que afecta a todos los estratos de la sociedad y representa una traba de primer orden a la igualdad de género; que una estrategia global y vinculante de la Unión para la igualdad de género, tal y como ha solicitado el Parlamento, debe prever la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión y reforzar el impacto del próximo III Plan de Acción de la UE en materia de Género;

G.  Considerando que la promoción de la paz y la seguridad internacionales forma parte de la razón de ser de la Unión; que la Unión se ha comprometido a actuar en la escena internacional en nombre de los principios que inspiraron su creación y respetando y apoyando los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional;

H.  Considerando que las emergencias medioambientales, incluidos el calentamiento global y la deforestación, son el resultado de acciones humanas y dan lugar a la violación de derechos humanos no solo de las personas directamente afectadas —debido a la pérdida de sus hogares y de sus hábitats—, sino también de la humanidad en su conjunto; que es importante tomar conciencia del vínculo entre los derechos humanos, la salud y la protección del medio ambiente; que garantizar el acceso al agua es crucial para calmar las tensiones en determinadas regiones;

I.  Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión, y también entre las propias políticas exteriores de la Unión, constituye un requisito indispensable para el éxito y la eficacia de la política de la Unión en materia de derechos humanos; que las políticas de apoyo a los derechos humanos y a la democracia deben integrarse en todas las demás políticas de la Unión que tienen una dimensión exterior, como el desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los derechos de la mujer y la igualdad de género, la ampliación y el comercio, en particular velando por la aplicación de las cláusulas de derechos humanos en los acuerdos entre la Unión y terceros países; que una mayor coherencia debería permitir a la Unión responder con mayor rapidez a las violaciones de los derechos humanos en fases tempranas y ser un actor más creíble en materia de derechos humanos a nivel mundial;

J.  Considerando que en muchos países la transición democrática y el establecimiento o la consolidación del Estado de Derecho son procesos largos y arduos, para cuyo éxito es esencial el apoyo externo, incluido el de la Unión, durante un período prolongado;

Derechos humanos y democracia: tendencias generales y retos fundamentales

1.  Expresa su profunda preocupación por los ataques a la democracia y al Estado de Derecho en todo el mundo durante 2018, que reflejan el auge del autoritarismo como proyecto político, el cual encarna el desprecio por los derechos humanos, la represión de los disidentes, la politización de la justicia y la predeterminación de los resultados electorales, reduce el espacio de actuación de la sociedad civil y limita la libertad de reunión y de expresión; subraya la importancia de la sociedad civil para responder de manera flexible, rápida y eficaz a los regímenes que vulneran el Derecho internacional, los derechos humanos y los principios democráticos;

2.  Considera que los países presa de regímenes autoritarios son más propensos a la inestabilidad, los conflictos, la corrupción y el extremismo violento, así como a involucrarse en conflictos militares externos; manifiesta su inquietud ante el hecho de que aún haya regímenes que niegan la existencia misma de derechos humanos universales consagrados en el Derecho internacional; acoge con satisfacción que, no obstante, varios países hayan iniciado procesos de paz y democratización, hayan aplicado reformas constitucionales y judiciales y hayan entablado debates abiertos y públicos con la sociedad civil con el objetivo de promover las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluida la abolición de la pena de muerte; lamenta que, a pesar de la tendencia creciente a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, algunos países sigan sin establecer una moratoria;

3.  Sostiene que todos los Estados que han adoptado las libertades fundamentales reconocidas internacionalmente como pilares de la democracia deben estar a la vanguardia de la difusión de las prácticas de gobernanza democrática basadas en los derechos humanos y el Estado de Derecho en todo el mundo, y del fortalecimiento los instrumentos legislativos internacionales de protección de los derechos humanos; resalta los desafíos planteados por el recurso a influencias perjudiciales que deterioran la gobernanza democrática y los valores intrínsecos a los derechos humanos y que, de ese modo, dan al traste con los esfuerzos de progreso de los Estados democráticos; muestra su profunda preocupación por los vínculos entre los regímenes autoritarios y los partidos y gobiernos populistas de corte nacionalista; considera que estos vínculos merman la credibilidad de los esfuerzos de la Unión por promover los valores fundamentales;

4.  Recuerda que no puede haber una jerarquía en los derechos humanos; destaca la necesidad de velar por el pleno respeto y adhesión al principio de que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados; recalca que son absolutamente inaceptables los intentos de utilizar los derechos de determinados grupos para justificar la marginación de otros;

5.  Pone de relieve el azote de los conflictos armados y los ataques militares encaminados, en particular, a la limpieza étnica, que siguen cobrándose la vida de civiles y provocando desplazamientos masivos y en los que los agentes estatales y no estatales parecen haber abdicado de su obligación de atenerse al Derecho internacional humanitario y al Derecho internacional de derechos humanos; destaca que las regiones en guerra o en situación de conflicto están expuestas a graves violaciones de los derechos humanos de naturaleza excepcional que buscan negar la dignidad humana, destrozan a las víctimas y degradan a los autores; destaca, a modo de ejemplo, el recurso a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las desapariciones forzadas, a las ejecuciones extrajudiciales, a la violencia y al hambre como armas de guerra destinadas a destruir, desestabilizar y desmoralizar a personas, familias, comunidades y sociedades, y en especial a los niños; destaca que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, especialmente las convertidas, son especialmente vulnerables a la violencia sexual; condena enérgicamente los ataques mortales contra hospitales, escuelas y otros objetivos civiles que se produjeron en conflictos armados durante 2018 en el mundo; recuerda que el derecho a la vida es el primer y más importante derecho humano, y que las acciones bélicas ilegales siempre deben ser objeto de una condena unánime y de una respuesta eficaz;

6.  Denuncia los intentos por hacer retroceder el multilateralismo y el orden internacional basado en normas y que representan un peligroso desafío para los derechos humanos en todo el mundo; cree firmemente que los planteamientos y las decisiones que se adoptan en un marco multilateral, en particular en el seno de los organismos de las Naciones Unidas, así como las modalidades de negociación acordadas en organizaciones como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), son el medio más eficaz de servir los intereses de la humanidad, encontrar soluciones sostenibles a los conflictos, basadas en las normas y los principios del Derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Acta final de Helsinki, y promover el progreso en el ámbito de los derechos humanos; expresa su profunda preocupación por el hecho de que en diversos organismos de las Naciones Unidas relacionados con los derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos, se sienten países con un historial constatado de graves violaciones de los derechos humanos;

7.  Muestra su profunda preocupación por el aumento del número de asesinatos y agresiones físicas y difamatorias y del recurso a la pena de muerte, la persecución, el encarcelamiento, el hostigamiento y la intimidación de que son víctimas quienes luchan por los derechos humanos en todo el mundo, en particular periodistas, profesores, abogados y activistas de la sociedad civil, como activistas en favor de los derechos de las mujeres, defensores del medio ambiente, opositores a la apropiación de tierras y defensores de minorías religiosas, principalmente en países con elevados niveles de corrupción y escasa tradición de tutela judicial y de respeto al Estado de Derecho; muestra su especial preocupación por los ataques que con creciente osadía se cometen en suelo extranjero, en algunos casos conculcando las leyes y costumbres relativas a los privilegios e inmunidades diplomáticos; exige justicia y rendición de cuentas al más alto nivel por las decisiones de perpetrar dichos ataques; señala que todos los defensores de los derechos humanos, y en especial las mujeres, están expuestos a riesgos específicos y requieren una protección adecuada; denuncia que algunos Gobiernos han adoptado legislación que restringe las actividades de la sociedad civil o los movimientos sociales, por ejemplo, cerrando organizaciones no gubernamentales o bloqueando sus activos; expresa su profunda preocupación por el uso de legislación restrictiva en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo para reprimir a los defensores de los derechos humanos;

8.  Destaca la importancia de promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo; subraya que, a pesar de los progresos logrados, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia; recalca que la mayoría de las sociedades siguen teniendo dificultades para garantizar por ley a mujeres y niñas la igualdad de derechos y para ofrecerles igualdad de acceso a la educación, la sanidad, el empleo digno, la igualdad de retribución y la representación política y económica; manifiesta su preocupación por la persistencia de los ataques generalizados contra los derechos de las mujeres, su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, así como por la legislación que restringe estos derechos en muchas partes del mundo; destaca que la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil están entre las violaciones más extendidas de los derechos humanos; expresa su preocupación por el hecho de que las mujeres que profesan una religión o creencia están doblemente expuestas a persecución; acoge con satisfacción la Iniciativa Spotlight de la UE y las Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas y pide que se refuerce;

9.  Subraya que para el futuro de la humanidad es crucial respetar y promover los derechos del niño, luchar contra todas las clases de abuso, abandono, maltrato, trata y explotación de niños, incluidos los matrimonios forzosos y el reclutamiento o uso de niños soldado en los conflictos armados, y ofrecer cuidados y educación a los niños; apoya, a este respecto, el mecanismo de supervisión y presentación de informes establecido mediante la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados;

10.  Destaca la importancia de tener plenamente en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad; pide a la Unión que integre la lucha contra la discriminación por discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo, junto con la lucha por la igualdad de acceso al mercado de trabajo y el acceso a la educación y la formación, y que promueva soluciones que faciliten la participación de las personas con discapacidad en la sociedad;

11.  Pone de relieve los casos de persecución y discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad, clase social, casta, religión, creencias, lengua, edad, sexo, sexualidad e identidad de género que siguen abundando en muchos países y sociedades; manifiesta su profunda preocupación por el creciente odio e intolerancia con que se responde a las víctimas de esas violaciones de derechos humanos; pide que los responsables de dichas violaciones rindan cuentas;

12.  Observa que el número de desplazados forzosos en 2018 superó los 70 millones, incluidos 26 millones de refugiados, 41 millones de desplazados internos y 3,5 millones de solicitantes de asilo(10); observa, además, que en el mundo hay, aproximadamente, 12 millones de apátridas; considera que las guerras, los conflictos, el terrorismo, la violencia, la represión política, la persecución por motivos religiosos o de creencias, la pobreza y la inseguridad hídrica y alimentaria aumentan el riesgo de nuevos conflictos y de nuevos desplazamientos de población; reconoce que las consecuencias medioambientales del cambio climático, como el acceso más limitado al agua potable segura, pueden exacerbar los desplazamientos de población;

13.  Subraya que la emergencia climática y la pérdida masiva de biodiversidad constituyen amenazas de primer orden para los derechos humanos; recuerda que sin un medio ambiente saludable corren peligro los derechos humanos fundamentales a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua potable; llama la atención sobre las consecuencias que la devastación del medio ambiente acarrea para los derechos humanos, tanto para las poblaciones afectadas como para la humanidad en su conjunto por lo que respecta al derecho al medio ambiente; pone de relieve las obligaciones y responsabilidades esenciales de los Estados y de otros responsables de la toma de decisiones encaminadas al cumplimientos de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 de luchar contra el cambio climático, contrarrestar sus efectos, prevenir su impacto negativo en los derechos humanos y promover políticas adecuadas de conformidad con las obligaciones en materia de derechos humanos; recuerda las obligaciones que incumben a los Estados en cuanto a la protección de la biodiversidad y el acceso a vías de recurso efectivas en los casos de pérdida y degradación de la biodiversidad; manifiesta su apoyo a los incipientes esfuerzos legislativos a escala internacional en relación con los delitos contra el medio ambiente;

14.  Subraya que la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación, tanto en internet como fuera de internet, son fundamentales para la resiliencia de las sociedades democráticas; condena el uso indebido de objetivos legítimos, como la lucha contra el terrorismo, la seguridad del Estado o la vigilancia del cumplimiento de la ley, con el fin de limitar la libertad de expresión; condena la propaganda y la desinformación en los medios de comunicación en contra las minorías; pide que se establezcan las mayores salvaguardias posibles contra la incitación al odio y la radicalización, las campañas de desinformación y la propaganda hostil, en particular cuando provienen de Estados autoritarios y agentes no estatales, como grupos terroristas, mediante la articulación de un marco jurídico de la Unión e internacional que responda a las amenazas híbridas, incluida la guerra cibernética y de la información, sin poner en peligro los derechos fundamentales; recuerda que los medios de comunicación deben reflejar una pluralidad de opiniones diversas y apoyar y respetar el principio de no discriminación; destaca, en este sentido, que las personas pertenecientes a minorías deben tener un acceso sin discriminaciones a los medios de radiodifusión, también en su propia lengua;

Mayor eficacia de la política exterior de la Unión en materia de derechos humanos

15.  Recuerda que la Unión se ha comprometido a que los derechos humanos y la democracia sean un elemento fundamental de sus relaciones con terceros países; destaca, por tanto, que el objetivo de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo requiere su integración en todas las políticas de la Unión que tengan una dimensión exterior; pide a la Unión que se atenga a esos compromisos y vele por que su actuación no apuntale de forma involuntaria regímenes autoritarios;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que adopten un nuevo plan de acción en materia derechos humanos y democracia para los próximos cinco años que sea ambicioso, exhaustivo y vinculante; insiste en que en el futuro plan de acción se aborden de manera adecuada todos los retos en el ámbito de los derechos humanos, como los derechos digitales, los derechos medioambientales, los derechos de las personas mayores, el deporte y los derechos humanos y los derechos de los migrantes; pide la creación de un sólido mecanismo de seguimiento para evaluar la aplicación y los efectos del plan de acción; destaca que los Estados miembros de la Unión deberían responsabilizarse en mayor medida del plan de acción e informar sobre su aplicación;

17.  Pone de relieve la importancia de sus resoluciones sobre violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho, y de la labor de su Subcomisión de Derechos Humanos; recomienda encarecidamente que la Comisión y el SEAE mejoren su colaboración con la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento de modo que esta pueda participar en el futuro plan de acción y supervisar su aplicación; pide al SEAE que facilite al Parlamento informes periódicos sobre las acciones de seguimiento que haya emprendido en respuesta a todas sus resoluciones de urgencia o las recomendaciones que contienen;

18.  Destaca que el comercio, la política de la Unión en este ámbito y los derechos humanos pueden y deben reforzarse recíprocamente y que la comunidad empresarial tiene un importante papel que desempeñar ofreciendo incentivos positivos para promover los derechos humanos, la democracia y la responsabilidad social; insta a la Comisión y al SEAE a que hagan un uso efectivo de las cláusulas de derechos humanos incluidas en los acuerdos internacionales, no solo mediante el diálogo político, las evaluaciones periódicas de los progresos o el recurso a los procedimientos de consulta a petición de una de las partes, sino también mediante la creación de un mecanismo eficaz de seguimiento de las violaciones graves de derechos humanos que puedan producirse en el marco de actividades empresariales; pide que garantice debidamente el cumplimiento y el seguimiento de las cláusulas de derechos humanos, en particular a través de valores de referencia, con la participación del Parlamento, la sociedad civil y las organizaciones internacionales pertinentes; pide que se establezca un mecanismo de reclamaciones eficaz e independiente destinado a los grupos de ciudadanos y a las partes interesadas que resulten afectados por violaciones de los derechos humanos; recalca que la Unión y sus Estados miembros deben impedir todo tipo de violaciones de los derechos humanos cometidos por las empresas, así como las repercusiones negativas de las actividades empresariales;

19.  Apoya el diálogo sobre derechos humanos con terceros países por ser un instrumento esencial para implicar a ambos interlocutores en la promoción y la protección de los derechos humanos; recuerda que las Directrices de la UE en materia de diálogo sobre derechos humanos con terceros países contienen una lista de criterios para iniciar el diálogo, incluidas «la voluntad del gobierno de mejorar la situación, [...] la adhesión del gobierno a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, [...] la voluntad del gobierno de cooperar con los procedimientos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y [...] la actitud del gobierno respecto de la sociedad civil»; pide que el SEAE lleve a cabo una evaluación periódica de cada diálogo, como prevén dichas Directrices, y que garantice que, de no producirse progresos tangibles, la Unión adapte sus objetivos y reconsidere su enfoque; pide a la Comisión y al SEAE que, con una mayor implicación de grupos de la sociedad civil y las organizaciones internacionales pertinentes, aúnen esfuerzos para abordar con los Gobiernos de terceros países los derechos humanos y las obligaciones conexas en los diálogos o negociaciones entablados en cualquier ámbito político y económico, con el objetivo de reforzar los efectos de los diálogos sobre derechos humanos; recomienda que se preste atención a los motivos de preocupación que se den a conocer sobre la situación de los derechos humanos en esos países, también planteando casos concretos en el marco de los diálogos de derechos humanos; pide una participación más activa del Parlamento a la hora de decidir los puntos que se vayan a tratar en los diálogos sobre derechos humanos; destaca que las estrategias por países en materia de derechos humanos y sus informes anuales de ejecución constituyen un instrumento esencial para garantizar la coherencia de las políticas, determinar las principales prioridades estratégicas, definir objetivos a largo y corto plazo y articular acciones concretas para promover los derechos humanos; reitera su llamamiento para que los diputados al Parlamento Europeo tengan acceso al contenido de estas estrategias; acoge con satisfacción los seminarios con la sociedad civil previos a los diálogo sobre derechos humanos, e insta a que se haga un seguimiento de sus conclusiones, con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil;

20.  Hace un enérgico llamamiento a la Unión para que aborde de forma sistemática la discriminación aprovechando al máximo los instrumentos de que dispone en al ámbito de los derechos humanos, incluidos el diálogo, el apoyo a la sociedad civil y las iniciativas conjuntas en el seno de las Naciones Unidas, en consonancia con las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la no discriminación en la política exterior, recientemente adoptadas, y la herramienta de orientación de las Naciones Unidas sobre la discriminación basada en la ascendencia, publicada en 2017;

21.  Apoya firmemente la labor y los esfuerzos del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos en pos de la protección y la promoción de los derechos humanos en todo el mundo; subraya el importante objetivo, como parte de su mandato, de mejorar la eficacia de la Unión en este ámbito; pide al representante especial que actúe en el marco de su mandato para intensificar los esfuerzos de la Unión dirigidos a fortalecer la democracia; insiste en que se revise el mandato del representante especial para dar carácter permanente al cargo y reforzar la rendición de cuentas y para dotarle de competencias que pueda ejercer de oficio, de recursos adecuados y de la capacidad de manifestarse públicamente para informar sobre los resultados de sus visitas a terceros países y comunicar la posición de la Unión sobre temas de derechos humanos; reitera su petición de una mayor transparencia en las actividades y misiones del representante especial e insiste en que sus informes periódicos al Consejo se transmitan también al Parlamento; acoge con satisfacción la ampliación del mandato del representante especial para fomentar el apoyo a la justicia penal internacional y confía en que se muestre particularmente activo en este ámbito;

22.  Saluda el empeño puesto por el SEAE y la Comisión en reforzar de modo permanente la concienciación de los funcionarios de la Unión en materia de derechos humanos; acoge con satisfacción el hecho de que todas las delegaciones de la Unión ya cuenten con puntos de contacto para los derechos humanos y funcionarios de enlace para los defensores de los derechos humanos; pide al SEAE que presente al Parlamento un informe detallado sobre la finalización de esta red de puntos de contacto, a fin de evaluarla y de garantizar una implantación coherente en todas las delegaciones de la UE; pide a todas las Delegaciones de la Unión y a sus correspondientes puntos de contacto para los derechos humanos que respeten en todos los casos su obligación de reunirse con los defensores de los derechos humanos, visitar a los activistas detenidos, hacer un seguimiento de sus juicios y abogar por su protección sobre el terreno;

23.  Es consciente de los progresos en cuestiones de procedimiento y formato del Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2018, pero confía en que el Consejo y el vicepresidente / alto representante de la Unión tengan en cuenta aún en mayor medida las posiciones expuestas por el Parlamento en las resoluciones o recomendaciones pertinentes a fin de garantizar una interacción más intensa y eficaz entre las instituciones de la Unión en cuestiones de derechos humanos; pide al Consejo que siga esforzándose por terminar estos informes anuales en un momento más temprano del año; anima al Consejo a que vele por que la adopción del próximo informe anual se base en un proceso de consulta adecuado;

Desarrollar soluciones para promover y proteger los derechos humanos y la democracia

Gobernanza democrática y espacio para la sociedad civil

24.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan vigilando de cerca los acontecimientos que deterioran la gobernanza y merman el espacio de actuación de la sociedad civil en todo el mundo, sin excepción alguna, y que respondan sistemáticamente, por todos los medios adecuados, a las políticas y cambios legislativos propugnados por gobiernos autoritarios con el fin de debilitar la gobernanza basada en principios democráticos fundamentales y reducir el espacio de actuación de la sociedad civil; considera que las sinergias entre la Comisión, el SEAE y el Parlamento a este respecto deberían ser mayores; acoge con satisfacción la inestimable ayuda prestada a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo gracias al Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, que sigue siendo el instrumento emblemático de la Unión a la hora de poner en práctica su política exterior de derechos humanos; pide un aumento de la financiación destinada a la sociedad civil y los derechos humanos en el instrumento que le suceda; destaca que en 2018 se detuvo a cientos de manifestantes pacíficos de la sociedad civil, se les sometió a malos tratos y a detenciones arbitrarias y se les obligó a pagar multas tras ser juzgados;

Posición de la Unión en materia de conflictos y rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos

25.  Pone de relieve el vínculo entre el incremento de las violaciones de los derechos humanos y la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas en las regiones y países devastados por conflictos o caracterizados por actos de intimidación, discriminación, hostigamiento, agresión y violencia policial, secuestros, detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos que responden a motivaciones políticas; pide a la comunidad internacional que apoye medidas destinadas a luchar contra la impunidad y promover la rendición de cuentas, especialmente en las regiones y países en los que la dinámica de la impunidad recompensa a los máximos responsables y deja desamparadas a las víctimas; destaca asimismo que los conflictos suelen afectar de manera especial a las minorías y los grupos marginados;

26.  Recuerda sus resoluciones en las que ha denunciado responsabilidades específicas en conflictos que en 2018 dejaron cientos de víctimas infantiles tras ataques deliberados contra la población civil e infraestructuras humanitarias; pide a todos los Estados miembros de la Unión que cumplan estrictamente el Código de Conducta de la Unión en materia de exportación de armas y, en particular, que pongan fin a todas las transferencias de armas y de equipos de vigilancia e inteligencia que los gobiernos puedan utilizar para conculcar los derechos humanos, especialmente en el contexto de conflictos armados; insiste en la necesidad de una transparencia total y de que los Estados miembros informen periódicamente sobre sus transferencias de armas; recuerda su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados(11); expresa su grave preocupación en relación con el empleo de drones armados fuera del marco jurídico internacional; pide, asimismo, a la Comisión que le mantenga debidamente informado acerca del uso de fondos de la Unión para proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; insta al VP/AR a que prohíba el desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas que permitan llevar a cabo ataques sin intervención humana;

27.  Condena firmemente todos los execrables crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por actores tanto estatales como no estatales, incluidos los perpetrados contra ciudadanos que ejercían pacíficamente sus derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que utilicen todo su peso político para impedir cualquier acto que pueda ser constitutivo de genocidio, crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, que respondan de manera eficiente y coordinada cuando se cometan tales crímenes, que movilicen todos los recursos necesarios para llevar ante la justicia a todos los responsables, que asistan a las víctimas y que respalden los procesos de estabilización y reconciliación; pide a la comunidad internacional que desarrolle instrumentos —como el sistema de alerta temprana de la Unión— destinados a reducir el intervalo entre alerta y respuesta, a fin de evitar la aparición, la reaparición y el agravamiento de conflictos violentos; pide al SEAE y a la Comisión que incluyan una ambiciosa estrategia de lucha contra la impunidad en el tercer Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia; recomienda encarecidamente la creación de un observatorio europeo de prevención, rendición de cuentas y lucha contra la impunidad; reitera su petición al VP/AR de que nombre a un representante especial de la Unión en materia de Derecho humanitario internacional y justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar transversalmente y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad;

28.  Acoge favorablemente la labor realizada por la Unión para promover la universalidad del Estatuto de Roma en 2018, con ocasión de la celebración del vigésimo aniversario de su adopción, y reafirma su apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional (CPI); señala que el Derecho internacional hace frente en la actualidad a grandes presiones; manifiesta su preocupación por el hecho de que, debido a su extensa competencia, de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, solo 122 sean miembros de la CPI y solo 38 hayan ratificado la enmienda de Kampala, que otorga a la CPI competencias para enjuiciar el crimen de agresión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que alienten a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a ratificar y aplicar el Estatuto de Roma de la CPI, y muestra su consternación por los países que se retiran del Estatuto o que amenazan con retirarse; pide, igualmente, a todos los signatarios del Estatuto de Roma que se coordinen y cooperen con la CPI; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen sistemáticamente los exámenes, las investigaciones y las resoluciones de la CPI y tomen las medidas necesarias para prevenir los casos de falta de cooperación con la CPI; pide apoyo económico para las organizaciones que recogen, conservan y protegen pruebas —digitales o de otro tipo— de los crímenes cometidos por cualquiera de las partes en los conflictos, con objeto de facilitar su enjuiciamiento a escala internacional; pide a los Estados miembros de la Unión y a la Red de la UE de Cooperación contra el Genocidio que apoyen al equipo de investigaciones de las Naciones Unidas en la recopilación, conservación y almacenamiento de pruebas de los crímenes que se están perpetrando o se acaban de perpetrar para que no desaparezcan; pide a la Comisión y al SEAE que exploren nuevas vías y propongan nuevos instrumentos para ayudar a que las víctimas de infracciones del Derecho internacional de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario tengan acceso a la justicia internacional y obtengan amparo y reparación, también mediante la creación de capacidades en terceros países para aplicar el principio de jurisdicción universal en sus ordenamientos jurídicos nacionales;

29.  Acoge con satisfacción, y pide que prosigan, los primeros intercambios con el Consejo sobre la creación de un mecanismo de sanciones de la Unión en materia de derechos humanos, la denominada «lista Magnitski», que permita imponer sanciones selectivas contra los cómplices de graves violaciones de derechos humanos, como ha pedido el Parlamento en numerosas ocasiones y, en particular, en marzo de 2019; pide al Consejo que acelere sus debates para que en el plazo más breve se adopte la legislación correspondiente, se ponga en marcha dicho mecanismo y se le financie adecuadamente; destaca la importancia de que este sistema esté sujeto al mecanismo de control jurisdiccional de la Unión; destaca asimismo, como ejemplo a seguir, la promulgación por parte de algunos Estados miembros de la Unión de leyes que prevén la imposición de sanciones a las personas consideradas responsables de violaciones de los derechos humanos;

30.  Pide al VP/AR y al Consejo que presten especial atención a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados ilegalmente; reitera que la ocupación ilegal de un territorio o de parte de él constituye una violación continuada del Derecho internacional; subraya la responsabilidad de la potencia ocupante frente a la población civil en virtud del Derecho internacional humanitario; lamenta la readmisión de representantes de un país que ocupe el territorio de otro Estado miembro en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa;

Defensores de los derechos humanos

31.  Resalta el papel inestimable y esencial que desempeñan los defensores de los derechos humanos, y en particular el de los defensores de los derechos humanos de las mujeres, poniendo en riesgo su propia vida; subraya la necesidad de una estrecha coordinación en el seno de la Unión ante las autoridades de terceros países con respecto a los defensores de los derechos humanos; destaca que en 2018 se cumplió el 20.º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos; recomienda reforzar la cooperación entre las instituciones de la Unión y los Estados miembros para que puedan prestar apoyo y protección de forma permanente a los defensores de los derechos humanos; muestra su apreciación por el mecanismo «protectdefenders.eu», creado para proteger a los defensores de los derechos humanos que corran grave peligro, y pide que se refuerce;

32.  Subraya la necesidad de un planteamiento de la Unión para proteger a los defensores de los derechos humanos que tenga carácter estratégico, goce de visibilidad y esté orientado a los resultados; pide al Consejo que publique las conclusiones anuales del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la acción de la Unión para promover y proteger a los defensores de los derechos humanos en la política exterior de la Unión; pide al Consejo y a la Comisión que establezcan un procedimiento coordinado para conceder visados a defensores de los derechos humanos y, en su caso, para ofrecerles una acogida temporal; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen suficiente financiación para la protección de los defensores de los derechos humanos en los programas temáticos pertinentes del próximo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI), y se aseguren de que sea accesible y llegue a los más necesitados, que son los más marginados; pide a la Comisión que haga pleno uso de la capacidad financiera de dicho instrumento en el futuro e insiste en que las delegaciones de la Unión y los Estados miembros deben aumentar su financiación y su capacidad de ofrecer protección y apoyo de emergencia a los defensores de los derechos humanos que se encuentran en riesgo; condena que siga prohibiéndose a los activistas pro derechos humanos su asistencia a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y de otras instituciones internacionales; pide a los Gobiernos concernidos que levanten estas prohibiciones;

Derechos de la mujer e igualdad de género

33.  Apoya firmemente el compromiso estratégico de la Unión en favor de la igualdad de género y la labor que está realizando para mejorar la situación de mujeres y niñas en materia de derechos humanos, en consonancia con los ODS para 2030; pone de relieve que la igualdad de género debe ser una prioridad fundamental en todas las relaciones, políticas y acciones exteriores de la Unión, ya que se trata de un principio de la Unión y de sus Estados miembros, de conformidad con los Tratados; pide a la Unión que adopte una estrategia global en materia de igualdad de género una vez que expire el compromiso estratégico; pide a la Comisión que prepare y adopte una comunicación para renovar el Plan de Acción en materia de Género después de 2020, ya que es una herramienta importante de la Unión para contribuir a los derechos de las mujeres y niñas en todo el mundo; pide a los Estados miembros que hagan suyo el III Plan de Acción en materia de Género recogido en las Conclusiones del Consejo; pide a la Comisión y al SEAE que sigan contribuyendo a la igualdad de género y al empoderamiento de mujeres y niñas mediante una colaboración estrecha con organizaciones internacionales, terceros países y la sociedad civil, con el fin de desarrollar y aplicar nuevos marcos jurídicos para la igualdad de género;

34.  Destaca el alarmante aumento de la violencia contra mujeres y niñas; condena toda forma de violencia de género, ya sea física, sexual o psicológica; muestra su profunda preocupación por la escalada en el uso de la tortura consistente en actos de violencia sexual y de género como arma de guerra; subraya que el Estatuto de Roma considera que los delitos sexuales y la violencia de género son crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o elementos constitutivos de genocidio o tortura; insta a los países a que refuercen sus ordenamientos jurídicos para abordar estas cuestiones; reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión y a los miembros del Consejo de Europa que no hayan ratificado y aplicado el Convenio de Estambul para que lo hagan lo antes posible; pide que se tomen más medidas para erradicar todas las formas de violencia de género y todas las prácticas que dañan a las mujeres y las niñas, como el matrimonio forzado o precoz, la mutilación genital femenina, la violencia sexual y la conversión religiosa forzosa; apoya la continuidad de la Iniciativa Spotlight, acción conjunta de la Unión y las Naciones Unidas; pide a las Delegaciones de la Unión que garanticen la recogida de datos sobre la violencia contra las mujeres, elaboren recomendaciones específicas para cada país y promuevan mecanismos de protección y estructuras de apoyo a las víctimas;

35.  Afirma que el acceso a la sanidad es un derecho humano, que la salud y los derechos sexuales y reproductivos están basados en derechos humanos fundamentales y que son elementos esenciales de la dignidad humana; señala que el acceso inadecuado a bienes y servicios sociales vitales (como el agua, la alimentación, la sanidad, la educación y el saneamiento), así como las dificultades para acceder a la salud sexual y reproductiva, representan una violación inaceptable de los derechos humanos; condena las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la denegación de acceso a los servicios pertinentes; recalca que debe garantizarse a todas las mujeres una asistencia sanitaria adecuada y asequible —incluidos servicios de salud mental, como el apoyo psicológico— así como el respeto universal y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y a la educación, y destaca que las mujeres deben poder tomar decisiones libres y responsables sobre su salud, su cuerpo y sus derechos sexuales y reproductivos; señala que estos servicios son elementos importantes para salvar vidas de mujeres y reducir la mortalidad infantil; considera inaceptable que la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas sigan constituyendo un campo de batalla ideológico, también en contextos multilaterales; recalca que las mujeres y las niñas víctimas de conflictos armados tienen derecho a recibir la asistencia médica necesaria; pone de relieve el papel que desempeñan las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, en las operaciones de mantenimiento de la paz, de ayuda humanitaria y de reconstrucción después de los conflictos y en la promoción de los derechos humanos y las reformas democráticas;

36.  Pide a la Unión que colabore con otros países para intensificar sus acciones en los ámbitos de la educación, la asistencia sanitaria y los servicios sociales, la recogida de datos, la financiación y la programación, con el fin de prevenir y responder mejor a la violencia sexual y de género en todo el mundo; señala que la educación es una herramienta esencial para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y los niños; pide que se adopten medidas para facilitar el acceso de mujeres y niñas a la educación y al mercado laboral y que se preste especial atención al equilibrio de género en los puestos directivos de las empresas; pide asimismo que se incluya la educación de las niñas en los acuerdos de la Unión con los países en desarrollo;

Derechos del niño

37.  Subraya que los menores están expuestos con frecuencia a tipos específicos de abusos, como el matrimonio infantil y forzado, la prostitución infantil, la utilización de niños soldados, la mutilación genital, el trabajo infantil y la trata de niños, especialmente en situaciones de crisis humanitaria y de conflictos armados, por lo que requieren una mayor protección; llama especialmente la atención sobre los niños apátridas, migrantes y refugiados; pide a la Unión que coopere con terceros países para poner fin a los matrimonios infantiles, precoces y forzados, estableciendo en dieciocho años la edad mínima legal para contraer matrimonio, exigiendo que se compruebe la edad de ambos cónyuges y su consentimiento pleno y libre, creando registros obligatorios de matrimonio y garantizando el cumplimiento de dichas normas; pide nuevas iniciativas de la Unión para promover y proteger los derechos del niño, en particular para impedir y combatir el abuso infantil en el mundo, rehabilitar y reinsertar a los niños afectados por conflictos, especialmente cuando han sido víctimas de grupos extremistas, y a los que han sufrido discriminación múltiple e interseccional, y ofrecerles un entorno protegido de amparo familiar y comunitario que sirva de contexto natural de sus vidas y en el que los cuidados y la educación sean fundamentales; pide a la Unión que ponga en marcha un movimiento internacional para defender los derechos del niño, en particular organizando una conferencia internacional sobre la protección de los niños en entornos precarios; insiste en la urgente necesidad de una ratificación universal y una aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y de sus protocolos facultativos;

Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

38.  Condena la detención arbitraria, la tortura, la persecución y el asesinato de personas LGBTI; señala que en algunos países del mundo las personas LGBTI siguen siendo objeto de persecución y actos de violencia por su orientación sexual; lamenta que la homosexualidad siga siendo delito en muchos países, y que en muchos de ellos esté castigada con la pena de muerte; considera que las prácticas y actos de violencia motivados por la orientación sexual de las víctimas no deben quedar impunes y deben ser erradicados; pide la aplicación de las Directrices de la Unión para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales;

Derechos de las personas con discapacidad

39.  Saluda las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; reitera la importancia de que tanto los Estados miembros como las instituciones de la Unión procedan a su aplicación efectiva; destaca, en particular, la importancia de la no discriminación y la necesidad de integrar transversalmente el principio de accesibilidad universal de forma creíble y de garantizar todos los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas pertinentes de la Unión, incluida la política de desarrollo; pide la creación de un centro mundial de excelencia dedicado a la formación de estas personas en capacidades de futuro y en materia de emprendimiento;

Lucha contra la discriminación por motivos de casta

40.  Observa con gran preocupación el alcance y las consecuencias de la jerarquía del sistema de castas, la discriminación basada en la casta y la perpetuación de las violaciones de los derechos humanos por razón de la casta, entre ellas la denegación del acceso a la tutela judicial o al empleo, la segregación, la pobreza y la estigmatización permanentes y las barreras por razón de casta al ejercicio de derechos humanos básicos y al fomento del desarrollo humano; reitera su llamamiento para que se elabore una política de la Unión en materia de discriminación por razón de casta, y pide a la Unión que acompañe de actos su grave preocupación por este tipo de discriminación; pide la adopción de un instrumento de la Unión para la prevención y la eliminación de la discriminación basada en la casta; reitera su llamamiento a la Unión y a sus Estados miembros para que redoblen sus esfuerzos y apoyen las iniciativas en las Naciones Unidas y en las delegaciones para erradicar la discriminación por razón de casta; señala que tales iniciativas deberían incluir la promoción de indicadores específicos, datos desglosados y medidas especiales para hacer frente a este tipo de discriminación en la aplicación y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, así como la observancia de la nueva herramienta de orientación de las Naciones Unidas sobre la discriminación basada en la ascendencia y el apoyo a los Estados;

Pueblos indígenas

41.  Expresa su profunda preocupación por la discriminación y persecución generalizadas y sistemáticas que sufren los pueblos indígenas en todo el mundo y que se traducen, por ejemplo, en la detención arbitraria y el asesinato de defensores de los derechos humanos, los desplazamientos forzosos, la confiscación de tierras y la violación de sus derechos por parte de empresas; señala que la mayoría de los pueblos indígenas vive por debajo del umbral de la pobreza; pide a todos los Estados que incluyan a los pueblos indígenas en los procesos de toma de decisiones relativos a las estrategias de lucha contra el cambio climático; pide a los países que ratifiquen las disposiciones del Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales;

Libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias

42.  Subraya que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias (conocido más comúnmente como libertad de religión o creencias), que abarca el derecho a no creer y a profesar opiniones teístas, no teístas, agnósticas o ateas así como el derecho a la apostasía y a no profesar ninguna religión, debe ser garantizado en todo el mundo y protegido sin condiciones; insta a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que intensifiquen la defensa de la libertad de religión o creencias y a que inicien un diálogo interreligioso con Estados, representantes de la sociedad civil y grupos religiosos, no confesionales, humanistas y filosóficos e iglesias y asociaciones y comunidades religiosas con el fin de evitar actos de violencia, persecución, intolerancia y discriminación por motivos de pensamiento, conciencia, opiniones filosóficas, religión o creencias; lamenta que existan leyes contra la conversión y la blasfemia que limitan de forma efectiva la libertad de religión o de creencias de las minorías religiosas y personas ateas e incluso les privan de dicha libertad; insta asimismo a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros a que apliquen plenamente las directrices de la UE relativas a la libertad de religión o creencias;

43.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan forjando alianzas y reforzando la cooperación con un amplio espectro de países y organizaciones regionales con el fin de lograr cambios positivos en materia de libertad de religión o creencias, especialmente en zonas de conflicto donde los grupos religiosos son más vulnerables, como es el caso de los cristianos de Oriente Medio; apoya plenamente la práctica de la Unión de tomar la iniciativa en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas por lo que se refiere a las resoluciones temáticas relativas a la libertad de religión o creencias;

44.  Respalda la labor y los esfuerzos del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión; reitera su llamamiento al Consejo y a la Comisión para que lleven a cabo una evaluación transparente y exhaustiva de la eficacia y el valor añadido del cargo de enviado especial en el proceso de renovación y refuerzo de su mandato y posición por parte de la Comisión; insiste en que su trabajo debe contar con los recursos adecuados para mejorar la eficacia de la Unión en este ámbito; recuerda al Consejo y a la Comisión la necesidad de apoyar adecuadamente, en consulta permanente con las organizaciones religiosas y filosóficas, la misión institucional, la capacidad y las funciones del enviado especial para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión, estudiando la posibilidad de un mandato plurianual, sujeto a revisión anual, y desarrollando redes de trabajo en todas las instituciones de la Unión pertinentes, en consonancia con su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre las directrices de la Unión y el mandato del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión;

Libertad de prensa y derecho a la información

45.  Denuncia y condena enérgicamente el asesinato, el secuestro, el encarcelamiento, la intimidación y los ataques, también por medios físicos y judiciales, de que han sido víctimas muchos periodistas, blogueros y denunciantes de irregularidades, así como las amenazas que recibieron en 2018; pide a la Unión que haga todo lo posible para protegerlos en el futuro; recuerda que la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación estimulan una cultura de pluralismo y son parte esencial de los cimientos de una sociedad democrática; recuerda que los periodistas deben poder ejercer libremente su profesión sin temor a ser procesados o encarcelados; subraya que toda restricción del ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de los medios de comunicación, como la retirada de contenidos en línea, debe ser excepcional, atendiendo de modo especial a los principios de necesidad y proporcionalidad, y debe estar prevista en la ley y ser apreciada por un tribunal;

46.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros, y en particular al representante especial de la Unión, que presten especial atención a la protección de la libertad de expresión y a la libertad, independencia y pluralismo de los medios de comunicación en todo el mundo, que hagan un mejor seguimiento de todas las formas de restricción, en línea o fuera de línea, de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que condenen sistemáticamente dichas restricciones, y que empleen todas las herramientas y medios diplomáticos a su disposición para ponerles fin; destaca la importancia de condenar y combatir la incitación al odio y a la violencia en línea y fuera de línea, que constituyen una amenaza directa para el Estado de Derecho y los valores encarnados por los derechos humanos; apoya las iniciativas que contribuyen a distinguir entre noticias falsas y desinformación propagandística, por un lado, y la información recogida como parte de un trabajo de periodismo genuino e independiente, por otro; destaca la importancia de garantizar una aplicación efectiva y sistemática de las Directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en internet y fuera de internet, y de efectuar un seguimiento periódico de sus efectos;

Pena de muerte, tortura y otras formas de malos tratos

47.  Condena el uso de la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte, que siguen practicándose en muchos países de todo el mundo; expresa su preocupación por el número de condenas y ejecuciones por motivos que no se ajustan a la definición de delitos graves, lo que es contrario al Derecho internacional; pide a los países que aún no lo hayan hecho que adopten de forma inmediata una moratoria del uso de la pena de muerte como paso previo a su abolición; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos para erradicar la tortura y la pena de muerte; pide a la Unión y a sus Estados miembros que estén especialmente atentos a los Estados que amenazan con reinstaurar la pena de muerte de hecho o de Derecho; pide que se ponga fin al comercio mundial de productos utilizados para practicar la tortura o aplicar la pena de muerte;

48.  Considera indispensable luchar contra todas las formas de tortura y de malos tratos, incluido los abusos psicológicos, que sufren las personas internadas en cárceles u otros centros de reclusión, intensificar los esfuerzos para velar por el cumplimiento del Derecho internacional en este ámbito, y garantizar el resarcimiento de las víctimas; manifiesta su profunda preocupación por el estado de las cárceles y las condiciones de reclusión en una serie de países, en particular, por lo que se refiere al acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos, especialmente en el caso de enfermedades como la hepatitis o el VIH; recuerda que negar a los reclusos el acceso a la atención sanitaria es una conducta constitutiva de malos tratos o, incluso, de tortura y puede considerarse una denegación de auxilio a una persona en peligro; acoge con satisfacción la política revisada de la Unión frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; pide a los Estados miembros de la Unión que incorporen salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos en todas sus acciones y políticas;

49.  Acoge con satisfacción la creación en 2017 del Grupo de coordinación de la Unión contra la tortura; celebra, en este sentido, las actualizaciones de la legislación de la Unión que se habían solicitado en su Resolución legislativa, de 29 de noviembre de 2018, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(12); destaca la importancia de seguir reforzando la cooperación con mecanismos de la Naciones Unidas, organismos regionales y actores pertinentes como la CPI, organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en la lucha contra la tortura y otros malos tratos;

Empresas y derechos humanos

50.  Reafirma que las actividades de todas las empresas, con independencia de que su actividad se desarrolle en un ámbito nacional o transnacional, deben cumplir plenamente las normas internacionales de derechos humanos; reafirma asimismo la importancia de promover la responsabilidad social de las empresas; reitera la importancia de que las empresas europeas estén a la vanguardia de la defensa de las normas internacionales en el ámbito de la empresa y los derechos humanos; recuerda que a las empresas les incumbe la responsabilidad de garantizar que sus actividades y cadenas de suministro no estén implicadas en abusos de los derechos humanos, como el trabajo forzoso o infantil, la violación de los derechos de los pueblos indígenas, el acaparamiento de tierras, las amenazas y los ataques a defensores de los derechos humanos o la degradación medioambiental;

51.  Destaca la necesidad de establecer un instrumento internacional vinculante que regule, en el Derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las sociedades transnacionales y otras empresas; pide una propuesta legislativa sobre la diligencia debida de las empresas y su actuación en materia de derechos humanos, con el fin de prevenir abusos en sus operaciones internacionales y de mejorar el acceso de las víctimas de abusos empresariales a la tutela judicial; subraya la necesidad de que todos los países apliquen plenamente los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, y pide a los Estados miembros de la Unión que aún no hayan adoptado planes de acción nacionales en materia de empresas y derechos humanos que lo hagan a la mayor brevedad; anima a la Unión y a sus Estados miembros a que participen de manera constructiva en la labor del grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a derechos humanos; considera que se trata de un paso necesario en la promoción y protección de los derechos humanos;

52.  Insta a la Comisión a garantizar que los proyectos apoyados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) se ajusten a la política y los compromisos de la Unión en materia de derechos humanos y que existan mecanismos de rendición de cuentas para las personas puedan hacer públicas las infracciones relacionadas con las actividades del BEI y el BERD; considera que sería útil contar además con un grupo de trabajo interinstitucional de la Unión sobre empresas y derechos humanos; pide al sector privado, en particular al financiero, las compañías de seguros y las empresas de transporte, que presten sus servicios a los agentes humanitarios que llevan a cabo actividades de socorro, respetando plenamente las exenciones humanitarias y las excepciones previstas en la legislación de la Unión; celebra la creación en Canadá del Ómbudsman Independiente para la Responsabilidad Empresarial;

53.  Toma nota con agrado de que el régimen de preferencias SPG + esté sirviendo para fomentar la aplicación efectiva de los veintisiete convenios internacionales fundamentales sobre derechos humanos y normas laborales; reconoce que las cadenas de valor mundiales contribuyen a reforzar las normas fundamentales en materia laboral, medioambiental y social, además de representar una oportunidad de progreso sostenible, en especial en los países en desarrollo y en los países que corren más riesgos debido al cambio climático; destaca que los terceros países que se acogen al sistema de preferencias SPG + deben presentar avances en todos los aspectos de los derechos humanos; observa que unos mecanismos de control reforzados y eficaces podrían fortalecer la capacidad de influencia de los regímenes de preferencias comerciales ante las violaciones de los derechos humanos; apoya la introducción y la aplicación de cláusulas de condicionalidad en materia de derechos humanos en los acuerdos internacionales celebrados entre la Unión y terceros países, también en los relativos al comercio y la inversión; pide a la Comisión que vigile sistemáticamente la aplicación de estas cláusulas para garantizar que los países beneficiarios los respetan, y que informe periódicamente al Parlamento sobre el respeto de los derechos humanos por los países socios;

Nuevas tecnologías y derechos humanos

54.  Destaca la importancia de elaborar una estrategia de la Unión para poner las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, al servicio de las personas y de abordar la amenaza potencial de las nuevas tecnologías para los derechos humanos, incluida la desinformación, la vigilancia masiva, las noticias falsas, la incitación al odio, las restricciones impuestas por Estados y el uso abusivo de la inteligencia artificial; destaca asimismo la amenaza específica de control, restricción y menoscabo de actividades legítimas que pueden plantear estas tecnologías; subraya la importancia de encontrar el justo equilibrio entre los derechos humanos, en particular el derecho a la intimidad, y otras consideraciones legítimas, como la seguridad o la lucha contra la delincuencia, el terrorismo y el extremismo; muestra su preocupación por el aumento del empleo de determinadas tecnologías de cibervigilancia de doble uso contra defensores de los derechos humanos, periodistas, opositores políticos y abogados;

55.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que colaboren con los Gobiernos de terceros países para poner fin a las prácticas y la legislación represivas en materia de ciberseguridad y lucha contra el terrorismo; recuerda la obligación de actualizar anualmente el anexo I del Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo(13), que enumera los productos de doble uso para los que se requiere autorización; pone de relieve la necesidad de una cooperación digital eficaz entre Gobiernos, sector privado, sociedad civil, universidades, comunidad técnica, interlocutores sociales y demás partes interesadas con el fin de garantizar un futuro digital seguro e inclusivo para todos, en consonancia con el Derecho internacional de los derechos humanos;

Migrantes y refugiados

56.  Destaca la urgente necesidad de luchar contra las causas profundas de los flujos migratorios, como las guerras, los conflictos, los regímenes autoritarios, la persecución, las redes de migración ilegal, la trata y el tráfico ilegal de seres humanos, la pobreza, la desigualdad económica y el cambio climático, y de encontrar soluciones duraderas basadas en el respeto de la dignidad y los derechos humanos; subraya la necesidad de crear canales y vías legales para la migración, así como de facilitar el retorno voluntario, cuando sea posible, en consonancia también con el principio de no devolución;

57.  Pide que se aborde la dimensión exterior de la crisis de los refugiados, en particular mediante la búsqueda de soluciones sostenibles a los conflictos mediante la cooperación y las asociaciones con los terceros países de que se trate; considera que el cumplimiento de la legislación internacional en materia de refugiados y derechos humanos es un elemento importante de la cooperación con terceros países; destaca la necesidad de adoptar, en consonancia con los pactos mundiales sobre migración y refugiados, verdaderas medidas para mejorar la autosuficiencia de los refugiados, ampliar el acceso a las soluciones en terceros países, mejorar las condiciones de los derechos humanos en la gestión de la migración, especialmente en los países de origen o de tránsito, y garantizar un retorno seguro con dignidad; pide a la Unión y a sus Estados miembros que sean plenamente transparentes en cuanto a las políticas de cooperación con terceros países para la cooperación en materia de migración y en cuanto a la asignación de fondos en este contexto; considera importante que los recursos para el desarrollo y la cooperación no se desvíen de sus objetivos y no redunden en beneficio de los responsables de violaciones de los derechos humanos; pide a la Unión que apoye la iniciativa del ACNUR para poner fin a la apatridia antes de 2024 tanto dentro como fuera de la Unión;

58.  Denuncia la muerte de refugiados y migrantes y las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas en el mar Mediterráneo; denuncia asimismo los ataques contra las ONG que ayudan a estas personas; pide a la Unión y los Estados miembros que incrementen la asistencia a los desplazados forzosos; pide a la Unión y los Estados miembros que presten apoyo a las comunidades que acogen refugiados; insiste, por tanto, en que la aplicación de los Pactos Mundiales sobre la migración y sobre los refugiados debe ir acompañada de la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, tal como se establece en los objetivos de desarrollo sostenible, así como de un aumento de la inversión en los países en desarrollo;

59.  Subraya que la emergencia climática y la pérdida masiva de biodiversidad constituyen una amenaza de primer orden para los derechos humanos; pide a la Comisión y al SEAE que preparen una estrategia de la Unión para preservar un medio ambiente saludable, en estrecha colaboración con países terceros y organismos internacionales como el ACNUR, que ha puesto en marcha recientemente una estrategia conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); destaca que las Naciones Unidas estiman que en el año 2050 existirán muchos desplazados ambientales; recuerda las obligaciones y responsabilidades de los Estados y de otros organismos responsables de mitigar los efectos del cambio climático y de impedir su impacto negativo en los derechos humanos; acoge con satisfacción los esfuerzos internacionales que fomentan la integración de las cuestiones medioambientales, las catástrofes naturales y el cambio climático, por un lado, y los derechos humanos, por otro; pide a la Unión que participe activamente en el debate internacional sobre un posible marco normativo para proteger a los «desplazados por motivos medioambientales y climáticos»;

Apoyo a la democracia

60.  Destaca que la Unión debe seguir apoyando un pluralismo político democrático y efectivo en las instituciones de defensa de los derechos humanos, los medios de comunicación, los parlamentos y la sociedad civil cuando llevan a cabo una labor de promoción de la democratización, y que para ello debe atender al contexto y tener en cuenta la realidad cultural y nacional de los terceros países en cuestión, a fin de reforzar el diálogo y la asociación; recuerda que los derechos humanos son una piedra angular de los procesos de democratización; valora positivamente la implicación permanente de la Dotación Europea para la Democracia en los Balcanes occidentales y en los países de la vecindad oriental y meridional de la Unión para promover la democracia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales; recuerda que la experiencia adquirida en los procesos de transición democrática en el marco de las políticas de ampliación y vecindad podría contribuir a determinar las mejores prácticas que cabría utilizar para apoyar y consolidar otros procesos de democratización en todo el mundo; recuerda que la ampliación de la Unión ha demostrado ser el instrumento más eficaz para apoyar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en el continente europeo, y que la posibilidad de adhesión a la Unión debe seguir abierta para los países que así lo deseen y que hayan aplicado reformas según lo establecido en el artículo 49 del TUE; insta a la Unión a realizar un seguimiento estrecho de las disposiciones de protección de los derechos humanos y de los derechos de las personas pertenecientes a minorías durante los procesos de ampliación;

61.  Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo de 14 de octubre de 2019 sobre la democracia, que dan comienzo al proceso actualización y refuerzo del enfoque de la Unión para fortalecer la democracia; destaca, a este respecto, que la educación en materia de derechos humanos y democratización es una herramienta esencial a la hora de consolidar estos valores tanto dentro como fuera de la Unión; destaca la importancia de adoptar normas de financiación específicas para los programas de la Unión de apoyo a la democracia que tengan en cuenta la naturaleza de los cambios democráticos; subraya la necesidad de invertir en recursos adecuados para coordinar mejor los programas de apoyo a la democracia y las prioridades de esta política; apoya los esfuerzos por garantizar la transparencia de la ayuda de la Unión en este ámbito; se compromete a promover una mayor transparencia de los procesos democráticos, en particular de la financiación de las campañas políticas y temáticas por parte de diversos agentes no estatales;

62.  Reitera su valoración positiva del apoyo continuado de la Unión a los procesos electorales y de la asistencia y apoyo electorales que presta a los observadores locales; acoge con satisfacción y apoya plenamente, en este contexto, la labor del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo; recuerda la importancia de realizar un seguimiento adecuado de los informes y las recomendaciones de las misiones de observación electoral como medio para aumentar sus efectos y reforzar el apoyo de la Unión a la salud democrática de los países de que se trate; destaca la necesidad de apoyar la democracia a lo largo de todo el ciclo electoral mediante programas flexibles y a largo plazo que reflejen la naturaleza del cambio democrático; insta a que se realice un seguimiento riguroso de los casos de violaciones de los derechos humanos sufridas por candidatos en los procesos electorales, en particular los pertenecientes a grupos o minorías vulnerables;

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63.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente del 74.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de las Delegaciones de la Unión.

(1) https://undocs.org/es/A/HRC/36/46/Add.2
(2) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0515.
(4) DO C 224 de 27.6.2018, p. 58.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0187.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0013.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0279.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0129.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2019)0111.
(10) ACNUR — Informe «Tendencias globales 2018» (19 de junio de 2019).
(11) DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0467.
(13) DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.

Última actualización: 16 de enero de 2020Aviso jurídico