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Temas destacados (1994 - 1999)

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Control presupuestario y confianza del Parlamento en la Comisión

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El Parlamento Europeo está facultado para aprobar la gestión de la Comisión Europea en lo relativo a la ejecución del presupuesto, previo examen del correspondiente informe del Tribunal de Cuentas (artículo 206 del Tratado). A fin de asegurar el buen uso del dinero del contribuyente, el PE vela por que los fondos se utilicen conforme a los principios de eficacia, economía y buena gestión financiera. Antes de proceder a la aprobación el PE puede pedir a la Comisión que le remita toda la información necesaria. La Comisión, por su parte, debe hacer todo cuanto esté en su mano para dar curso a las observaciones del PE.

Tras constatar una serie de deficiencias en la actuación de la Comisión en materia de ejecución del presupuesto de 1996, el PE decidió, el 31 de marzo de 1998, a propuesta de su comisión de Control Presupuestario, aplazar la decisión sobre la aprobación. Asimismo pidió a la Comisión que le proporcionara, antes de finales de otoño, explicaciones exhaustivas y satisfactorias sobre numerosos puntos, a saber: el no seguimiento de sus recomendaciones (por ejemplo, sobre el control informatizado del tránsito o de las medidas relacionadas con la crisis de la Encefalopatía Espongiforme Bovina [EEB]); la falta de responsabilidad democrática en la lucha contra el fraude, incluso dentro de las instituciones; la falta de coherencia y de buena gestión de los gastos en los grandes programas de política exterior; la escasa precisión en la información sobre los resultados de las medidas a favor de las pymes; y, por último, los problemas vinculados a la gestión del personal.

Aunque hubo explicaciones de la Comisión Europea, la comisión de Control Presupuestario las consideró insuficientes. Aún así, la comisión parlamentaria propuso aprobar la gestión, pero por una ajustadísima mayoría (14 votos contra 13). No obstante, el 17 de diciembre de 1998, el Parlamento optó por no aprobar la propuesta de la gestión presupuestaria, por 270 votos contra 225. Como consecuencia, el procedimiento presupuestario quedaba abierto y el Parlamento debía pronunciarse en fecha posterior.

Pero se había engendrado una crisis: Al margen de los aspectos contables de la cuestión de la aprobación, ¿contaba la Comisión Europea con la confianza política del Parlamento?

Un comité de expertos para examinar la gestión de la Comisión

Rechazada la concesión de la aprobación, pasa a primer plano la cuestión de la confianza política del Parlamento en la Comisión. Puesto que el Tratado no prevé procedimiento alguno de "voto de confianza" al "ejecutivo" - la Comisión en este caso -, el Parlamento debatió el 11 de enero de 1999 dos mociones de censura con fines diametralmente opuestos. Una, la planteada por el grupo socialista, pretendía otorgar la confianza, mientras que la otra, firmada conjuntamente por diputados de los diversos grupos políticos, abogaba por un voto de castigo a la Comisión. Una moción de censura aprobada obliga a todos los miembros de la Comisión a dimitir.

Después de un debate en el que la Comisión planteó las medidas que pensaba tomar, el 14 de enero el Parlamento rechazó la censura por 232 votos a favor, 293 en contra y 27 abstenciones. Pero a cambio obligó a ésta a aceptar la constitución de un Comité de Expertos Independientes, tal y como se establecía en una resolución adoptada con 319 votos a favor, 157 en contra y 54 abstenciones. El mandato del comité era "examinar la forma en que la Comisión detecta y trata el fraude, la mala gestión y el nepotismo", y presentar, para el 15 de marzo de 1999, un informe de evaluación que serviría al PE para decidir si había que exigir responsabilidades individuales de los comisarios o colectivas. Además, el Parlamento quien debería actuar en consecuencia respecto a la Comisión. En la resolución citada, el Parlamento pedía a la Comisión que esclareciera todos los puntos oscuros de los supuestos casos de fraude y que, si se demostraban responsabilidades,adoptara las medidas necesarias, incluyendo, si era necesario, la dimisión de oficio de los comisarios responsables, tal y como prevé el Tratado (artículos 159 y 160). La Comisión debía asimismo presentar, a la mayor brevedad, propuestas para reformar a fondo su organización y sus métodos de trabajo.

Un informe abrumador obliga a la Comisión a dimitir

El 15 de marzo, el Comité de cinco Expertos Independientes hizo entrega a los presidentes del Parlamento, José María Gil-Robles, y de la Comisión, Jacques Santer, de su informe provisional de evaluación.

El informe critica la gestión de la Comisión. Pone de relieve la responsabilidad de la Comisión en bloque. Los expertos no constataron ni fraude, ni casos de enriquecimiento personal imputables a los comisarios individualmente. No obstante, señalan que es "un grave reconocimiento de incumplimiento" el que "casos de fraude y corrupción en la Comisión han pasado «desapercibidos» a nivel de los propios Comisarios". El hecho de que estos últimos aduzcan ignorancia en relación con problemas que a menudo eran bien conocidos en sus servicios, subraya el informe, "equivale a admitir una pérdida de control de las autoridades políticas sobre la administración que se supone que dirigen", lo que implica, en principio, "una grave responsabilidad". La conclusión que se extrae es la existencia de responsabilidad política de la Comisión en bloque y de varios comisarios individuales por casos concretos de fraude, irregularidades o mala gestión en ámbitos de su competencia.

Avanzada la noche del 15 de marzo, y asumiendo las consecuencias del informe del Comité de Expertos Independientes, la Comisión Europea presentó su dimisión. Se trata del primer caso de dimisión en cuarenta años de historia comunitaria.

La Conferencia de Presidentes de Grupos Políticos del Parlamento tomó nota de la dimisión y al día siguiente se pronunció a favor de una pronta sustitución de la Comisión dimisionaria antes de las elecciones europeas. El presidente del Parlamento, José María Gil-Robles, trató esta cuestión, así como el calendario futuro, con el presidente en ejercicio del Consejo Europeo, Gerhard Schröder.

Reunido en Bruselas, el Parlamento aprobó el 23 de marzo una resolución, por 442 votos a favor, 33 en contra y 53 abstenciones, en la que señala que "esta crisis institucional ofrece una oportunidad para fortalecer la dimensión política y democrática de la UE". Valiéndose del informe del comité, el PE aboga por una "Comisión nueva, fuerte, responsable en el ámbito político y eficaz", así como por "la responsabilidad ejecutiva individual" de los Comisarios. El Parlamento solicitó a los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Berlín (24 y 25 de marzo) no sólo "un calendario preciso y razonable" para el nombramiento de la nueva Comisión, sino "que presenten, con carácter de urgencia, su candidato para el puesto de Presidente de la Comisión y, con posterioridad, para los de los miembros de la Comisión". La Comisión deberá, por su parte, acometer "un programa ambicioso y completo de reforma radical de sus procedimientos de gestión de la financiación y de control financieros", para asegurar la transparencia. Además, habrá un segundo informe del Comité de Expertos Independientes, previsto para principios de septiembre, que contendrá recomendaciones de reforma de las prácticas y procedimientos del ejecutivo comunitario..

El 24 de marzo, el Consejo Europeo designó al ex primer ministro italiano Romano Prodi como candidato al puesto de presidente de la Comisión Europea. De acuerdo con el Tratado, el Parlamento debe ser consultado para que dicho nombramiento adquiera carácter definitivo. Y el Parlamento desea desempeñar plenamente su papel para permitir a la Unión salir reforzada de esta crisis lo antes posible. El Parlamento Europeo votará la investidura de Romano Prodi como presidente de la nueva Comisión Europea en la sesión plenaria de mayo en Estrasburgo.

Para más información: Georgios GHIATIS (tel.: 0032-2-284 2216 o bien correo electrónico: gghiatis@europarl.eu.int).

 

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