La cooperación judicial en materia penal

La cooperación judicial en materia penal se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye medidas para armonizar las leyes de los Estados miembros en diversos ámbitos. El Tratado de Lisboa ha proporcionado una base más sólida para el desarrollo de un espacio de justicia penal, a la vez que ha otorgado nuevas competencias al Parlamento Europeo.

Base jurídica

Artículos 82 a 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

La eliminación progresiva de los controles fronterizos en la Unión ha facilitado considerablemente la libre circulación de los ciudadanos europeos, pero también ha permitido a los delincuentes actuar con mayor libertad a escala transnacional. Con el fin de afrontar el reto de la delincuencia transfronteriza, el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) implica medidas para promover la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros. El punto de partida es el respeto del principio de reconocimiento mutuo. Se han adoptado medidas específicas para luchar contra la delincuencia transnacional y asegurarse de que en toda la Unión se respetan los derechos de las víctimas, de los sospechosos y de los detenidos.

Resultados

A. Principales actos legislativos de la Unión relativos a la cooperación judicial en materia penal

1. Procedimientos de adopción

De conformidad con el TFUE, la mayor parte de las medidas relativas a la cooperación judicial en materia penal se adoptan en el marco del procedimiento legislativo ordinario y están sujetas a control judicial por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, aun dejando a un lado las características específicas del espacio de libertad, seguridad y justicia (con las excepciones del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca contempladas en los Protocolos n.º 21 y n.º 22 anejos al TFUE) y el papel reforzado de los Parlamentos nacionales (Protocolos n.º 1 y n.º 2), la cooperación judicial en materia penal, junto con la cooperación policial, no se ha llegado a incorporar plenamente en el marco de la Unión y conserva algunas de sus características originales anteriores al Tratado de Lisboa:

  • la Comisión comparte su poder de iniciativa con los Estados miembros, siempre que estos representen a una cuarta parte de los miembros del Consejo (artículo 76 del TFUE);
  • el papel del Parlamento Europeo se limita a la consulta sobre medidas específicas de cooperación judicial en materia penal, que son después adoptadas por unanimidad por el Consejo. En caso de que este no consiga llegar a una decisión por unanimidad, nueve o más Estados miembros pueden colaborar en el marco de una cooperación reforzada.

2. Principales actos legislativos adoptados de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario

a. Normas mínimas comunes para los procesos penales:

  • Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales;
  • Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales;
  • Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad;
  • Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio;
  • Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales;
  • Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.

b. Lucha contra el terrorismo:

  • Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave;
  • Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo.

c. Lucha contra la corrupción, la ciberdelincuencia, el fraude y el blanqueo de capitales:

  • Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión Marco 2005/222/JAI del Consejo («Directiva sobre la ciberdelincuencia»);
  • Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea;
  • Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado;
  • Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo;
  • Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal;
  • Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal;
  • Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso;
  • Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo.

d. Intercambio de información entre los Estados miembros y las agencias de la Unión:

  • Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal;
  • Reglamento (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1077/2011;
  • Reglamento (UE) 2018/1862 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de noviembre de 2018, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal, por el que se modifica y deroga la Decisión 2007/533/JAI del Consejo, y se derogan el Reglamento (CE) n.º 1986/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión 2010/261/UE de la Comisión;
  • Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de terceros países y apátridas («ECRIS-TCN») a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1726. El presente Reglamento está relacionado con una propuesta de Directiva sobre la que el Parlamento aprobó su posición en primera lectura el 12 de marzo de 2019 en lo que se refiere al intercambio de información sobre los nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)[1]. La Directiva está pendiente de publicación en el Diario Oficial;
  • Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, asilo y migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE) 2019/816.

e. Protección de las víctimas:

  • Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/629/JAI del Consejo;
  • Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo;
  • Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección;
  • Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo.

B. Agencias y otros organismos de cooperación judicial en materia penal

1. Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust)

Eurojust promueve y mejora la coordinación de las investigaciones y los enjuiciamientos, así como la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros. En particular, facilita la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial mutua internacional y el cumplimiento de las peticiones de extradición. Eurojust presta apoyo, por todos los medios posibles, a las autoridades de los Estados miembros para aumentar la eficacia de sus investigaciones y actuaciones judiciales en el ámbito de la delincuencia transfronteriza.

A petición de un Estado miembro, Eurojust puede apoyar las investigaciones y los enjuiciamientos que afectan a ese Estado miembro y a un tercer Estado, si Eurojust y el tercer Estado han celebrado un acuerdo de cooperación o si se ha demostrado la existencia de un interés fundamental.

Eurojust cubre los mismos tipos de delitos para los que la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) es competente, como el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la falsificación, el blanqueo de dinero, la ciberdelincuencia, los delitos contra la propiedad o los bienes públicos, incluidos el fraude y la corrupción, los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, los delitos contra el medio ambiente y la participación en una organización delictiva. A petición de un Estado miembro, Eurojust puede prestar asistencia también en la investigación y la persecución de otros tipos de delitos.

El actual marco jurídico de Eurojust (Decisión 2009/426/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia) entró en vigor el 4 de junio de 2009. No obstante, a partir del 12 de diciembre de 2019, se aplicará en su lugar el Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo.

Eurojust publica informes anuales y tiene su sede en La Haya (Países Bajos).

2. La Fiscalía Europea

El Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea entró en vigor el 20 de noviembre de 2017. El Parlamento, mediante su Resolución legislativa de 5 de octubre de 2017, concedió su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo.

Una vez creada la Fiscalía Europea, esta asumirá las funciones de investigación y ejercicio de la acción penal a partir de una fecha que se determinará mediante una decisión de la Comisión sobre una propuesta del Fiscal General Europeo. Deberán transcurrir al menos tres años desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea.

El Parlamento y el Consejo nombrarán de común acuerdo al fiscal general europeo por un mandato no renovable de siete años.

Se espera que la Fiscalía Europea esté operativa a finales de 2020 o principios de 2021. Será una oficina independiente encargada de la investigación, el ejercicio de la acción penal y la administración de justicia para los delitos contra el presupuesto de la Unión, como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo del IVA por un valor superior a diez millones de euros.

La mayoría de los Estados miembros se han adherido a la Fiscalía Europea, y los pocos Estados miembros que actualmente no participan podrían incorporarse en cualquier momento. La oficina central de la Fiscalía Europea tendrá su sede en Luxemburgo, junto con el Fiscal General y un Colegio de Fiscales constituido por miembros de todos los Estados miembros participantes.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento ha contribuido de modo fundamental a la definición de la legislación de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal, al hacer de la lucha contra la delincuencia y la corrupción una prioridad política. Trabaja en la cooperación judicial en materia penal en pie de igualdad con el Consejo, en el marco del procedimiento legislativo ordinario. El procedimiento legislativo ordinario se aplica a casi todos los ámbitos del Derecho penal de la Unión, con algunas excepciones como el procedimiento de aprobación para la creación de la Fiscalía Europea.

Eurojust constituye el principal instrumento para lograr la cooperación judicial en materia penal entre los Estados miembros. En el marco de la reforma de Eurojust, el Parlamento abogó activamente por un mayor control parlamentario y por la mejora de las normas en materia de protección de datos.

Las políticas de cooperación judicial en materia penal están aún en fase de desarrollo y se centran especialmente en una lucha más eficaz contra la delincuencia y las amenazas paneuropeas. El Parlamento ha adoptado medidas específicas para luchar contra el terrorismo, la delincuencia transnacional, la corrupción, el fraude y el blanqueo de capitales y para proteger los derechos de las víctimas, los sospechosos y los presos en toda la Unión. También se han adoptado diversas medidas destinadas a mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros.

 

[1]Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio de información sobre nacionales de terceros países, así como al Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS), y por la que se sustituye la Decisión 2009/316/JAI.

Kristiina Milt