El Parlamento Europeo: competencias

El Parlamento reafirma su papel institucional en la elaboración de las políticas europeas a través del ejercicio de sus diferentes funciones. Su participación en el proceso legislativo, sus atribuciones presupuestarias y de control, su implicación en la revisión de los Tratados y su derecho de recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le permiten garantizar el respeto de los principios democráticos a escala europea.

Bases jurídicas

Artículos 223 a 234 y artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

El Parlamento Europeo, como institución representativa de los ciudadanos de Europa, constituye el fundamento democrático de la Unión Europea. Con miras a asegurar la plena legitimidad democrática de la Unión, el Parlamento debe estar totalmente asociado al proceso legislativo europeo y ejercer, en nombre de los ciudadanos, un control político sobre las otras instituciones de la Unión.

Competencias de carácter constitucional y de ratificación (1.2.4)

Desde el Acta Única Europea (AUE), la celebración de todo tratado de adhesión de nuevos Estados miembros, así como de todo acuerdo de asociación, requiere el dictamen conforme del Parlamento. Este procedimiento también se aplica, desde el AUE, a los acuerdos internacionales con repercusiones presupuestarias importantes para la Unión (en sustitución del procedimiento de concertación instituido en 1975) y, desde el Tratado de Maastricht, a los acuerdos que crean un marco institucional específico o que implican la modificación de un acto adoptado de conformidad con el procedimiento de codecisión. Asimismo, desde el Tratado de Maastricht, se someten al dictamen conforme del Parlamento los actos relativos al procedimiento electoral. Desde el Tratado de Ámsterdam, también es necesario el dictamen conforme del Parlamento para que el Consejo declare que existe un riesgo real de que un Estado miembro cometa una violación grave de los principios fundamentales de la Unión Europea, antes de formular recomendaciones o imponer sanciones a dicho Estado miembro. A la inversa, la revisión del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo debe someterse a la aprobación del Consejo.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento puede tomar la iniciativa de revisar los Tratados y tiene la última palabra sobre si debe o no convocarse una convención para preparar una futura modificación de los Tratados (artículo 48, apartados 2 y 3, del Tratado de la Unión Europea, TUE).

Participación en el proceso legislativo (1.2.3)

El Parlamento Europeo participa en la adopción de los actos legislativos de la Unión en diversa medida, según la base jurídica de cada acto. Su papel ha ido evolucionando progresivamente desde una función meramente consultiva hasta la codecisión, que lo sitúa en pie de igualdad con el Consejo.

A. Procedimiento legislativo ordinario

Con la entrada en vigor del Tratado de Niza (1.1.4), el procedimiento de codecisión pasó a aplicarse a cuarenta y seis bases jurídicas del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE). En principio, este procedimiento situó al Parlamento y al Consejo en igualdad de condiciones: en caso de acuerdo entre ambas instituciones, el acto se adoptaba en primera o segunda lectura; en caso de desacuerdo, el acto solo podía adoptarse tras un proceso de conciliación satisfactorio.

Con el Tratado de Lisboa (1.1.5), el procedimiento de codecisión empezó a denominarse procedimiento legislativo ordinario (artículo 294 del TFUE). Más de cuarenta nuevas políticas pasaron a regirse por este procedimiento, en ámbitos como la libertad, seguridad y justicia, el comercio exterior, la política de medio ambiente y la política agrícola común (PAC).

B. Consulta

El procedimiento de consulta sigue aplicándose en el ámbito de los artículos 27, 41 y 48 del TUE y a la fiscalidad, la competencia, la armonización de las legislaciones no vinculadas al mercado interior y algunos aspectos de la política social.

C. Cooperación (suprimido)

El procedimiento de cooperación (antiguo artículo 252 del TCE) fue introducido por el AUE; el Tratado de Maastricht lo amplió a prácticamente todos los ámbitos legislativos en los que el Consejo decidía por mayoría. Este procedimiento obligaba al Consejo a tomar en consideración en la segunda lectura las enmiendas parlamentarias aprobadas por mayoría absoluta, en la medida en que la Comisión las hubiera aceptado, lo que significó el inicio de las verdaderas competencias legislativas del Parlamento. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (véase la ficha 1.1.5) el procedimiento de cooperación desapareció definitivamente.

D. Dictamen conforme

Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, el procedimiento de dictamen conforme se aplicaba a los escasos ámbitos legislativos en los que el Consejo decidía por unanimidad, reducidos desde el Tratado de Ámsterdam a los Fondos Estructurales y de Cohesión.

Con arreglo al Tratado de Lisboa, algunos ámbitos nuevos pasaron a someterse a este procedimiento, conocido ahora como «procedimiento de aprobación». Entre dichos ámbitos se incluyen los artículos 7, 14, 17, 27, 48 y 50 del TUE y los artículos 19, 83, 86, 218, 223, 311 y 312 del TFUE, así como las medidas que el Consejo debe adoptar cuando se considera necesaria una acción de la Unión sin que se hayan previsto en los Tratados los poderes de actuación necesarios a tal efecto (artículo 352 del TFUE).

E. Derecho de iniciativa

El Tratado de Maastricht también concedió al Parlamento un derecho de iniciativa legislativa, que se limitaba, no obstante, a la facultad de solicitar a la Comisión la presentación de una propuesta. Este derecho se mantuvo en el Tratado de Lisboa (artículo 225 del TFUE) y se desarrolla de forma más detallada en un acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión.

Competencias presupuestarias (1.2.5)

El Tratado de Lisboa eliminó la distinción entre gastos obligatorios y no obligatorios, con lo que situó al Parlamento en pie de igualdad con el Consejo en lo que respecta al procedimiento presupuestario anual, que ahora se asemeja al procedimiento legislativo ordinario.

El Parlamento sigue siendo una de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria (artículo 314 del TFUE). Participa en el proceso presupuestario desde la fase de preparación, en particular, en el establecimiento de las orientaciones generales y la naturaleza de los gastos. Aprueba definitivamente el presupuesto y controla su ejecución (artículo 318 del TFUE). Aprueba asimismo la gestión en la ejecución del presupuesto (artículo 319 del TFUE).

Por último, el Parlamento también tiene que dar su aprobación al marco financiero plurianual o MFP (artículo 312 del TFUE). El MFP 2014-2020 ha sido el primero adoptado con arreglo a las disposiciones del TFUE.

Competencias de control del ejecutivo

El Parlamento dispone de varios instrumentos de control: en especial, examina el informe general anual que le presenta la Comisión (artículo 233 del TFUE) y supervisa, junto con el Consejo, los actos delegados y de ejecución de la Comisión (artículos 290 y 291 del TFUE).

A. Investidura de la Comisión

Desde 1981, el Parlamento había adquirido la costumbre de «investir» informalmente a la Comisión al examinar y aprobar su programa. No obstante, fue el Tratado de Maastricht (1992) el que subordinó a la aprobación previa del Parlamento el nombramiento por parte de los Estados miembros del presidente y los miembros de la Comisión como órgano colegiado. El Tratado de Ámsterdam fue más lejos, al someter a la aprobación del Parlamento la designación del presidente de la Comisión antes del nombramiento de los demás miembros de esta. En 1994, el Parlamento empezó a organizar audiencias de los comisarios propuestos. En virtud del Tratado de Lisboa, el candidato a la presidencia de la Comisión debe ser elegido de acuerdo con los resultados de las elecciones europeas. En consecuencia, en su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre las elecciones al Parlamento Europeo en 2014[1], el Parlamento instaba a los partidos políticos europeos a que propusieran candidatos a la presidencia de la Comisión con objeto de reforzar la legitimidad política de ambas instituciones. Desde 2014 existe un procedimiento denominado Spitzenkandidaten, mediante el cual los partidos políticos europeos, antes de las elecciones europeas, nombran a los candidatos principales a presidir la Comisión (1.3.3).

B. Moción de censura

La posibilidad de presentar una moción de censura (también denominada «voto de no confianza») contra la Comisión existe ya desde el Tratado de Roma. Hoy en día, las disposiciones generales del derecho del Parlamento a votar una moción de censura contra la Comisión están recogidas en el artículo 17, apartado 8, del TUE y en el artículo 234 del TFUE. Requiere ser aprobada por una mayoría de dos terceras partes de los votos emitidos, que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que integran el Parlamento; si la moción sale adelante, la Comisión debe dimitir en bloque, incluido el vicepresidente y Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en relación con sus funciones en la Comisión. Hasta la fecha, el Parlamento ha intentado varias veces sin éxito utilizar las disposiciones pertinentes del Tratado y sus antecesores para destituir al Colegio de Comisarios.

C. Preguntas parlamentarias

Cualquier diputado puede presentar preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, del Consejo, de la Comisión o al vicepresidente de la Comisión/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En virtud del artículo 230 del TFUE, la Comisión responderá oralmente o por escrito a las preguntas que le formulen el Parlamento o sus diputados, y el Parlamento debe oír al Consejo Europeo y al Consejo de conformidad con las condiciones establecidas en el reglamento de estas dos instituciones.

Posteriormente, las preguntas adoptan la forma de preguntas escritas u orales, con o sin debate o preguntas formuladas en el turno de preguntas.

D. Comisiones de investigación

De conformidad con el artículo 226 del TFUE, el Parlamento tiene competencias para constituir una comisión temporal de investigación para examinar las alegaciones de infracción o de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión. En el mismo artículo se prevé que sea el propio Parlamento quien determine las modalidades de ejercicio del derecho de investigación, mediante reglamentos de propia iniciativa, una vez obtenida la aprobación del Consejo y de la Comisión. Hasta que se adopten tales reglamentos, el derecho de investigación se ejerce con arreglo a un acuerdo interinstitucional de 1995, anejo al Reglamento interno del Parlamento[2]. El Parlamento ha expresado en repetidas ocasiones la necesidad de mejorar la comunicación y la cooperación entre las tres instituciones para poder cumplir su mandato basado en el artículo 226 del TFUE. En 2014, adoptó una resolución legislativa sobre una propuesta de reglamento relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo[3]. No obstante, las negociaciones entre las tres instituciones sobre la propuesta se han visto continuamente en punto muerto. Por ello, en abril de 2019, el Parlamento aprobó una resolución[4] en la que expresaba su más profundo desacuerdo con la actitud del Consejo y de la Comisión, que, tras más de cuatro años de reuniones informales siguen impidiendo la celebración de una reunión formal para debatir, en el ámbito político, posibles soluciones para resolver los problemas detectados. En su resolución, el Parlamento consideraba que el Consejo y la Comisión no han respetado el principio de cooperación interinstitucional y les invita a reanudar las negociaciones sobre este asunto con el Parlamento recién elegido.

E. Control sobre la política exterior y de seguridad común

En este ámbito, el Parlamento tiene derecho a ser informado regularmente y puede formular preguntas o recomendaciones al Consejo. Ha de ser consultado acerca de los aspectos principales y las opciones fundamentales de la política exterior y de seguridad común (PESC) (artículo 36 del TUE). La aplicación del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (2013/C 373/01) también ha contribuido a la mejora de los procedimientos de consulta en el marco de la PESC, al menos en lo que respecta a los aspectos financieros. La creación de la nueva función de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad aumenta la influencia del Parlamento, ya que el Alto Representante ocupa al mismo tiempo la vicepresidencia de la Comisión.

Recursos ante el Tribunal de Justicia

El Parlamento puede interponer recursos ante el Tribunal de Justicia en caso de violación del Tratado por parte de otra institución.

Dispone de derecho de intervención, es decir, puede apoyar a una de las partes en un asunto determinado. Haciendo historia, el Parlamento ejerció este derecho en el asunto «Isoglucosa» (sentencia de 29 de octubre de 1980, asuntos 138 y 139/79), en el que el Tribunal anuló un reglamento del Consejo por haber incumplido su obligación de consultar al Parlamento. En el marco del recurso por omisión (artículo 265 del TFUE), el Parlamento puede interponer un recurso contra una institución ante el Tribunal de Justicia por violación del Tratado, como ocurrió, por ejemplo, en el asunto 13/83, en el que el Tribunal condenó al Consejo por no haber adoptado medidas en relación con la política común de transportes.

El Tratado de Ámsterdam facultó al Parlamento para interponer un recurso de anulación de un acto de otra institución, pero solo cuando se trataba de proteger sus propias prerrogativas. Desde el Tratado de Niza, el Parlamento ya no tiene que demostrar un interés particular y, por ende, está ahora facultado para incoar procedimientos del mismo modo que el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Puede ser parte demandada en caso de recurso contra un acto adoptado según el procedimiento de codecisión o cuando uno de sus actos esté destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros. El artículo 263 del TFUE confirma así las sentencias del Tribunal en los asuntos 320/81, 294/83 y 70/88.

Por último, el Parlamento puede solicitar un dictamen previo del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con el Tratado (artículo 218 del TFUE).

Peticiones (4.1.4)

Cuando los ciudadanos de la Unión ejercen su derecho de petición, dirigen sus peticiones al presidente del Parlamento Europeo (artículo 227 del TFUE).

Iniciativa ciudadana europea (4.1.5)

El Parlamento, bajo los auspicios de la Comisión de Peticiones, organiza audiencias con los organizadores de las iniciativas ciudadanas europeas registradas con éxito. El 17 de abril de 2019, el Parlamento y el Consejo adoptaron formalmente el nuevo Reglamento sobre la iniciativa ciudadana europea[5], actualmente en espera de publicación oficial. Las nuevas normas se aplicarán a partir de 2020.

Nombramiento del Defensor del Pueblo Europeo

En virtud del Tratado de Lisboa, el Parlamento es el encargado de elegir al Defensor del Pueblo Europeo (artículo 228 del TFUE) (véase la ficha 1.3.16).

 

[2]Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de abril de 1995, relativa a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo, DO L 113 de 19.5.1995, p. 1.
[3]Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se deroga la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, DO C 443 de 22.12.2017, p. 39.
[4]Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre las negociaciones con el Consejo y la Comisión en relación con la propuesta legislativa de Reglamento sobre el derecho de investigación del Parlamento Europeo, P8_TA(2019)0440.

Eeva Pavy