El Derecho de sociedades

La Directiva (UE) 2017/1132 sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades codifica parcialmente el Derecho de sociedades a escala europea, si bien los Estados miembros siguen rigiéndose por leyes propias en la materia, que de vez en cuando se modifican en cumplimiento de las directivas y reglamentos de la Unión. La labor que se desarrolla en la actualidad para establecer un Derecho de sociedades y un marco de gobernanza corporativo modernos y eficaces para las empresas, los inversores y los trabajadores europeos tiene como finalidad mejorar el entorno empresarial de la Unión.

Base jurídica

Artículos 49, 50, apartados 1 y 2, letra g), y artículo 54, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

Un marco de gobernanza corporativo eficaz contribuye a crear un entorno empresarial positivo a escala de la Unión en el mercado interior. El objetivo de la armonización del Derecho de sociedades es promover la consecución de la libertad de establecimiento (título IV, capítulo 2, del TFUE) y aplicar el derecho fundamental que se recoge en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, la libertad de empresa dentro de los límites del artículo 17 de dicha Carta (Derecho a la propiedad) (4.1.2).

El artículo 49, segundo párrafo, del TFUE garantiza el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades (2.1.4).

La finalidad de las normas de la Unión en este ámbito es permitir que las empresas se constituyan en cualquier lugar de la Unión y que se beneficien de la libre circulación de personas, servicios y capitales (2.1.3), ofrecer protección a los accionistas y otras partes interesadas en las sociedades, hacer que las empresas sean más competitivas y fomentar la cooperación transfronteriza entre las empresas (2.1.5).

El mercado interior conlleva la creación de empresas de ámbito europeo. En la actualidad hay alrededor de 24 millones de empresas en la UE[1], de las cuales aproximadamente el 80 % son sociedades de responsabilidad limitada. Siendo entre el 98 % y el 99 % de las empresas de responsabilidad limitada pymes, las empresas deben poder actuar en toda la UE con arreglo a un marco jurídico uniforme.

Resultados

A. Obligaciones mínimas comunes

Aunque no existe un Derecho de sociedades europeo codificado como tal, la armonización de las normas nacionales en materia de Derecho de sociedades ha dado lugar a algunas normas mínimas en ámbitos como la protección de los intereses y los derechos de los accionistas, las normas sobre ofertas públicas de adquisición para las sociedades anónimas, la comunicación de información sobre las sucursales, las fusiones y escisiones, las normas mínimas relativas a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada, la información financiera y la contabilidad, el acceso más rápido y sencillo a la información sobre las sociedades y algunos requisitos de divulgación impuestos a las sociedades.

1. Constitución de las sociedades, capital y requisitos de divulgación

La Primera Directiva del Consejo (Directiva 68/151/CEE) se remonta a 1968 y ha sido modificada en numerosas ocasiones (en último lugar por la Directiva 2012/17/UE y la Directiva (UE) 2017/1132). Su objetivo es facilitar y acelerar el acceso del público a la información sobre las sociedades y aborda, entre otras cosas, la validez de las obligaciones contraídas por una sociedad y la nulidad de la sociedad. Se aplica a todas las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. La Segunda Directiva del Consejo (Directiva 77/91/CEE, de 1976, sustituida por la Directiva (UE) 2017/1132) se refiere únicamente a las sociedades anónimas. De acuerdo con sus disposiciones, la constitución de dichas sociedades exige un capital social mínimo (actualmente de 25 000 EUR), concebido como garantía de los acreedores y contrapartida de la responsabilidad limitada de los socios. También se establecen normas sobre el mantenimiento y la modificación del capital, así como un contenido mínimo para los documentos constitutivos de una sociedad anónima. La Duodécima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 2009/102/CE, de 16 de septiembre de 2009) establece un marco para las sociedades de responsabilidad limitada de socio único, cuyas acciones pertenecen en su totalidad a un único accionista.

2. Funcionamiento de las sociedades que realizan actividades en varios países

La Undécima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 89/666/CEE, en su versión modificada) introduce requisitos en materia de divulgación para las sucursales en el extranjero de las sociedades. Se aplica a sociedades de la Unión que tienen sucursales en otro país de la Unión o a sociedades de terceros países que tienen sucursales en la Unión. La Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, introduce normas fiscales neutras desde el punto de vista de la competencia para los grupos de sociedades de diferentes Estados miembros. No contempla la doble tributación de los beneficios distribuidos en forma de dividendos por una filial situada en un Estado miembro a su sociedad matriz establecida en otro (véase también la Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales).

La Directiva 2004/25/CE relativa a las ofertas públicas de adquisición tiene como objetivo establecer unas directrices mínimas en materia de adquisición de sociedades sujetas al Derecho de un Estado miembro. Establece normas mínimas para las ofertas públicas de adquisición o los cambios de control y su objetivo es proteger a los accionistas minoritarios, los empleados y otras partes interesadas. La Directiva 2012/17/UE aborda la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades (registros mercantiles). Modifica tres Directivas sobre el Derecho de sociedades: la Directiva 89/666/CEE, la Directiva 2005/56/CE y la Directiva 2009/101/CE (todas ellas derogadas y sustituidas por la Directiva (UE) 2017/1132 de 14 de junio de 2017). Por otro lado, el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión establece especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de los registros mercantiles.

3. Reestructuración de las sociedades (fusiones y escisiones en el ámbito nacional, traslado de sedes)

Los socios y los terceros disponen de las mismas garantías en caso de reestructuración de las sociedades (fusiones y escisiones). La Directiva 2011/35/UE (por la que se deroga la Tercera Directiva del Consejo 78/855/CEE) relativa a las fusiones de las sociedades anónimas prevé la protección de los accionistas, los acreedores y los empleados. La Sexta Directiva del Consejo (Directiva 82/891/CEE) referente a la escisión de sociedades anónimas (modificada por la Directiva 2007/63/CE por lo que respecta al requisito de presentación de un informe de un perito independiente en caso de fusión o escisión de sociedades anónimas, y por la Directiva 2009/109/CE, con el fin de simplificar las obligaciones en materia de información y documentación) ha sido ahora codificada por la Directiva (UE) 2017/1132[2]. La posibilidad de operar fuera de las fronteras nacionales forma parte del ciclo de vida de una empresa. Incluye llevar a cabo una fusión, escisión o transformación transfronteriza, que pueden suponer la posibilidad de sobrevivir y crecer, por ejemplo, aprovechando nuevas oportunidades de negocio en otros Estados miembros o adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado. En abril de 2019, el Parlamento Europeo aprobó enmiendas a la propuesta de la Comisión para modificar la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que se refiere a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, que preveía normas adicionales sobre fusiones transfronterizas de sociedades de capital establecidas en un Estado miembro de la UE y ofrecía nuevas simplificaciones aplicables a las tres operaciones[3]. Además, con respecto a estas operaciones, el texto acordado prevé normas similares sobre los derechos de participación de los trabajadores y pretende garantizar que estos sean debidamente informados y consultados sobre el impacto esperado. Los derechos de los accionistas minoritarios y sin derecho a voto estarán mejor protegidos, y a los acreedores de las empresas afectadas se les ofrecen garantías más claras y fiables.

La Décima Directiva sobre el Derecho de sociedades (Directiva 2005/56/CE) relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital tiene por objeto facilitar las fusiones transfronterizas entre sociedades con capital social. El traslado del domicilio social de una sociedad de responsabilidad limitada de un Estado miembro a otro, así como su fusión o escisión, son aspectos inherentes a la libertad de establecimiento garantizada por los artículos 49 y 54 del TFUE (sentencia Cartesio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea[4]). No obstante, el principio de libertad de establecimiento no permite a una sociedad trasladarse de su Estado miembro de origen a otro Estado miembro y conservar al mismo tiempo su capacidad jurídica. Por ello, el Parlamento ha solicitado en numerosas ocasiones una propuesta sobre el traslado transfronterizo de las sedes sociales (Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades). La cuestión relativa al traslado transfronterizo del domicilio social sigue sin resolverse. En el asunto C-106/16 Polbud, el Tribunal de Justicia, en respuesta a una cuestión prejudicial, precisó el contenido de la «libertad de establecimiento», señalando que es aplicable también al traslado del domicilio social de una sociedad constituida de conformidad con el Derecho de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro en orden a su transformación.

4. Garantías sobre la situación financiera de las sociedades

Para garantizar que la información proporcionada por los documentos contables sea equivalente en todos los Estados miembros, la Cuarta, Séptima y Octava Directivas (Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 84/253/CEE) fueron sustituidas por las Directivas 2006/43/CE y 2013/34/UE[5], que establecen que los documentos relativos a las cuentas sociales (cuentas anuales, cuentas consolidadas y autorización de las personas encargadas del control legal de los documentos contables) deben dar a sus lectores una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades. El objetivo de la Directiva 2006/43/CE es reforzar la fiabilidad de los estados financieros de las sociedades estableciendo unas exigencias mínimas aplicables al control legal de las cuentas anuales y las cuentas consolidadas. La Directiva 2013/34/UE también introdujo la obligación, para las empresas cotizadas en la Unión, de proporcionar una declaración sobre gobernanza empresarial en su informe anual. Por otra parte, el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad armoniza la información financiera que deben presentar las sociedades con cotización oficial para garantizar la protección de los inversores. La Directiva 2009/49/CE simplifica las obligaciones de información financiera de las microentidades para mejorar su competitividad y liberar su potencial de crecimiento. El Reglamento (UE) 2015/848, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (basado en el artículo 81 del TFUE para la cooperación judicial en asuntos civiles) contribuye a resolver los conflictos de competencia y legislativos y garantiza el reconocimiento de sentencias en toda la Unión. No armoniza normas sustantivas en materia de insolvencia de los Estados miembros; más bien, se limita a establecer normas comunes sobre el órgano jurisdiccional competente para abrir procedimientos de insolvencia, la legislación aplicable y el reconocimiento de las decisiones judiciales. El objetivo principal es evitar la transferencia de bienes o litigios de un Estado miembro a otro. En marzo de 2019, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo sobre la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a los marcos de reestructuración preventiva[6] (o «segunda oportunidad para los empresarios»).Esta Directiva pretende aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y condonación y abordar las preocupaciones planteadas por un gran número de inversores por lo que respecta a las normas de insolvencia y el riesgo de largos o complejos procedimientos de insolvencia en el extranjero, que constituyen la razón principal para no invertir fuera de su propio país.

5. Ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas

La Directiva 2007/36/CE (modificada por las Directivas 2014/59/UE y (UE) 2017/828) sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas suprime los principales obstáculos para el voto transfronterizo en aquellas sociedades cotizadas que tengan su domicilio social en un Estado miembro mediante la introducción de unos requisitos específicos para determinados derechos de los accionistas en la junta general. Esta Directiva también establece determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas, entre ellos, el acceso puntual a la información pertinente sobre las juntas generales y la simplificación del voto mediante representación. En la Directiva (UE) 2017/828 se fomenta la participación de los accionistas y se introducen requisitos en relación con la identificación de los accionistas, la transmisión de información, la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la transparencia de los inversores institucionales, los gestores de activos y los asesores de voto, la remuneración de los administradores y las operaciones con partes vinculadas.

B. Entidades jurídicas de la Unión

Las entidades jurídicas europeas son aplicables en toda la Unión y coexisten con las nacionales.

1. Sociedad Anónima Europea (SE)

Tras un largo periodo de estancamiento del expediente (treinta años de negociaciones), el Consejo adoptó los dos instrumentos legislativos necesarios para la creación de la sociedad europea, a saber, el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea y la Directiva 2001/86/CE por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. Permite que una sociedad se constituya en el territorio de la Unión en forma de sociedad anónima, utilizándose la denominación en latín: «Societas Europaea» (SE). Se ofrecen diversas opciones a las empresas de al menos dos Estados miembros que deseen constituirse en una SE: la fusión, la creación de una sociedad holding, la formación de una filial o la conversión en una SE. El régimen de la SE será el de una sociedad de capital por acciones. Para garantizar que tales sociedades sean de dimensiones razonables se establece un capital suscrito mínimo no inferior a 120 000 EUR.

La Directiva 2001/86/CE persigue el objetivo de garantizar que la creación de una SE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las empresas que participen en la creación de esa SE.

2. Sociedad Cooperativa Europea (SCE)

El Reglamento (CE) n.º 1435/2003 relativo al Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE) establece un auténtico estatuto jurídico propio para las SCE. Permite asimismo la creación de una cooperativa por particulares residentes en distintos Estados miembros o por entidades jurídicas sujetas a las legislaciones de Estados miembros distintos. Con un capital mínimo de 30 000 EUR, estas nuevas SCE pueden operar en todo el mercado interior con una personalidad jurídica, normas y estructura únicas.

La Directiva 2003/72/CE completa este estatuto en lo que respecta a la participación de los trabajadores en la SCE con el fin de garantizar que la creación de una SCE no suponga la desaparición ni la reducción de las prácticas existentes de implicación de los trabajadores en las empresas que participen en la creación de esa SCE.

3. Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE)

El Reglamento (CEE) n.º 2137/85 del Consejo establece un estatuto para las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE). La AEIE, que está dotada de capacidad jurídica, ofrece a toda sociedad de un Estado miembro la posibilidad de cooperar en aras de un objetivo común (por ejemplo, facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, pero sin obtener beneficios para sí misma) con sociedades o personas físicas de otros Estados miembros y compartir los beneficios obtenidos entre sus miembros. Una AEIE no puede ofrecer sus títulos al público.

4. Sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (SUP)

El 10 de abril de 2014, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2014)0212) relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada (Societas Unius Personae). El objetivo de dicha propuesta era facilitar la creación transfronteriza de estas sociedades con un único accionista entre varios Estados miembros.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento siempre ha encontrado la forma de realizar modificaciones en la legislación, ya sea para defender la participación de los trabajadores en las sociedades o para avanzar en la creación de distintas formas de sociedades europeas a fin de facilitar las actividades transfronterizas de las empresas. En febrero de 2007 el Parlamento solicitó a la Comisión que presentara una propuesta sobre la sociedad privada europea para responder a las necesidades de las pymes y que preparara una revisión del estatuto de la sociedad europea, con objeto de simplificar las disposiciones sobre la constitución de dichas empresas. A raíz de la retirada de las propuestas de Reglamento sobre la asociación y la mutualidad europeas, el Parlamento pidió a la Comisión que retomara estos proyectos. Defendió asimismo la creación de un marco jurídico adecuado para las fundaciones y las asociaciones. El 8 de febrero de 2012, la Comisión propuso un Reglamento del Consejo relativo al Estatuto de la Fundación Europea, «Fundatio Europaea» (FE), con el fin de que estas organizaciones puedan operar más fácilmente en aras del beneficio público en cualquier lugar de la Unión.

En su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el futuro del Derecho europeo de sociedades, el Parlamento manifestó que las formas de empresa de la Unión, que completan las formas existentes disponibles en el Derecho nacional, tienen un gran potencial y deberían desarrollarse en mayor medida. Asimismo, instó a la Comisión, con el fin de atender a las necesidades específicas de las pymes, a intensificar sus esfuerzos con miras a la adopción del Estatuto de la Sociedad Privada Europea (SPE). A raíz de una Comunicación de la Comisión en la materia, en febrero de 2013 el Parlamento aprobó una Resolución relativa a una estrategia renovada de la Unión para el periodo 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas. La Resolución del Parlamento, de 14 de marzo de 2013, sobre el Estatuto de la mutualidad europea incluía recomendaciones a la Comisión relativas a tal estatuto. Por último, el Parlamento ha solicitado en numerosas ocasiones la adopción de una directiva sobre el traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas, a través de varias resoluciones y preguntas orales en las que lamenta la actual falta de normas comunes, que debilita la movilidad de las sociedades y, con ello, la libertad de establecimiento[7]. El 25 de abril de 2018, la Comisión propuso por fin nuevas normas en materia de Derecho de sociedades para facilitar las transformaciones, fusiones y escisiones de sociedades dentro del mercado único (por las que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas)[8]. La propuesta fue aprobada por el Parlamento el 18 de abril de 2019 y la Directiva está ahora pendiente de publicación.

En abril de 2014, la Comisión presentó una propuesta de Directiva relativa a las sociedades unipersonales privadas de responsabilidad limitada con vistas a facilitar la creación de sociedades con un único accionista en toda la Unión (el 7 de marzo de 2015 la Comisión retiró esta propuesta).

En su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas, el Parlamento llamó la atención sobre los derechos de los accionistas minoritarios y las normas sobre protección de acreedores, así como sobre lo prolongado y complejo de los procedimientos necesarios para realizar una escisión transfronteriza.

El Parlamento ha recibido varias peticiones relacionadas con la digitalización del Derecho de sociedades de la UE y las operaciones transfronterizas. La Comisión de Peticiones suele pedir a la Comisión que le proporcione información pertinente o que emita su opinión sobre los temas señalados por el peticionario (4.1.5).

En mayo de 2017, el Parlamento aprobó una Resolución sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE, en la que pedía a la Comisión que estudie nuevas maneras de impulsar sistemas digitales para facilitar los trámites a lo largo del ciclo de vida de una empresa y subrayaba la importancia de interconectar los registros mercantiles[9].

En abril de 2019, el Parlamento aprobó la propuesta de la Comisión de modificación de la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que se refiere al uso de herramientas y procesos digitales en el Derecho de sociedades, que tiene por objeto facilitar la creación de empresas por vía electrónica y promover operaciones en línea a lo largo del ciclo de vida de la empresa. Según las cifras facilitadas por la Comisión, en la actualidad solo diecisiete Estados miembros ofrecen un conjunto completo de procedimientos de registro en línea para las empresas, a pesar de que el registro en línea es el doble de rápido y puede ser hasta tres veces más barato que los formatos tradicionales en papel.

 

[2]Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (DO L 169 de 30.6.2017, p. 46).
[3]Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (Textos Aprobados, P8_TA(2019)0429).
[4]Sentencia Cartesio de 16.12.2008 (asunto C-210/06, ECLI:EU:C:200:C:2008:723, párrafos 111-113 (TJUE)).
[5]DO L 157 de 9.6.2006, p. 87. DO L 182 de 29.6.2013, p. 19.
[7]Véanse, por ejemplo, sus Resoluciones, de 25 de octubre de 2007, sobre la Sociedad Privada Europea y la Decimocuarta Directiva sobre la transferencia de la sede social de una sociedad (DO C 263 E de 16.10.2008, p. 671) y, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas (DO C 331 de 18.9.2018, p. 25).
[9]Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 (DO C 307 de 30.8.2018, p. 2.).

Udo Bux