La propiedad intelectual, industrial y comercial

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos exclusivos sobre las creaciones intelectuales. Se divide en dos ramas: la propiedad industrial, que incluye los inventos (patentes), las marcas, los dibujos y modelos industriales y las indicaciones geográficas; y los derechos de autor, que abarcan las obras literarias y artísticas. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que entró en vigor en 2009, confirió a la Unión una competencia explícita en materia de derechos de propiedad intelectual (artículo 118).

Base jurídica

Artículos 114 y 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

A pesar de que los derechos de propiedad intelectual (DPI) se rigen por las diferentes legislaciones nacionales, también están sujetos al Derecho de la Unión. En el artículo 118 del TFUE se dispone que, en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de legislación de la Unión en materia de propiedad intelectual —para garantizar una protección uniforme de los DPI en la Unión— y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión. La actividad legislativa de la Unión en este terreno tiene el objetivo, principalmente, de armonizar determinados aspectos específicos de los DPI a través de la creación de un sistema europeo único, como sucede en el caso de la marca y los dibujos y modelos de la Unión, y como ocurrirá con las patentes. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (OPIUE) es la agencia responsable de gestionar las marcas y los dibujos y modelos de la Unión.

Logros

A. Armonización legislativa

1. Marcas, dibujos y modelos

En la Unión, el marco jurídico relativo a las marcas se basa en un sistema de cuatro niveles para el registro de marcas que coexiste con los sistemas nacionales de marcas armonizados mediante la Directiva sobre las marcas (Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas). Además de la vía nacional, en la Unión existen otros canales a efectos de la protección de las marcas: la vía del Benelux, la marca de la Unión (creada en 1994) y la vía internacional. Con el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la EUIPO, se simplifica la legislación nacional y de la Unión en materia de marcas y se consigue que el registro de marcas en la Unión sea más barato, rápido, fiable y predecible, aumentándose de ese modo la seguridad jurídica para los titulares.

La Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, aproxima las disposiciones nacionales sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. El Reglamento (CE) n.º 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, que ha sido objeto de modificaciones, instituye un sistema comunitario de protección de los dibujos y modelos. La Decisión 2006/954/CE del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, tienen por objeto vincular el sistema de registro de los dibujos o modelos de la Unión al sistema internacional de registro de dibujos y modelos industriales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

2. Derechos de autor y derechos conexos

Los derechos de autor permiten a escritores, compositores, artistas y cineastas, entre otros profesionales, obtener una retribución por sus obras y la protección de estas. Las tecnologías digitales han cambiado profundamente la manera en que se producen y distribuyen los contenidos creativos, así como el acceso a esos contenidos.

a. Derechos de autor

La Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, adaptó la legislación relativa a los derechos de autor y los derechos afines a la evolución tecnológica, pero ahora está desfasada con respecto a la evolución vertiginosa registrada en el mundo digital. Por ejemplo, en el caso de la distribución de los programas de radio y televisión y el acceso a estos programas, el 49 % de los usuarios de internet europeos acceden en línea a los contenidos musicales y audiovisuales (cifras de Eurostat). Por tanto, es necesaria una legislación armonizada en materia de derechos de autor en toda la Unión para los consumidores, los creadores y las empresas.

La Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor en el mercado único digital prevé un derecho de autor para las editoriales de prensa y una remuneración equitativa por los contenidos protegidos por derechos de autor. Hasta la fecha, las plataformas en línea no tenían responsabilidad jurídica por utilizar y cargar contenidos protegidos por derechos de autor en sus sitios. Los nuevos requisitos no afectarán a la carga no comercial de obras protegidas por derechos de autor para enciclopedias en línea, como Wikipedia.

La Directiva (UE) 2019/789, de 17 de abril de 2019, relativa a la radiodifusión vía satélite y la distribución por cable tiene por objeto aumentar el número de programas de radio y televisión disponibles en línea para los consumidores europeos. Cada vez con mayor frecuencia, los usuarios esperan poder acceder a los programas de radio y televisión en el momento y lugar de su elección. Por eso, además de la difusión de sus habituales programas, los organismos de radiodifusión ofrecen cada vez más servicios en línea. La Directiva introduce el principio del país de origen para facilitar la concesión de licencias de derechos para determinados programas que los organismos de radiodifusión ofrecen en sus plataformas en línea (por ejemplo, servicios de emisión simultánea y en diferido). Los organismos de radiodifusión tendrán que obtener permisos relativos a los derechos de autor en su país de establecimiento en la Unión (es decir, el país de origen) para poner a disposición en línea, en todos los países de la Unión, programas de radio, programas de televisión de noticias y actualidad y producciones propias financiadas en su totalidad por el organismo.

La Directiva 2017/1564, de 13 de septiembre de 2017, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos facilita el acceso a los libros y otro material impreso en formatos adecuados y su circulación en el mercado interior.

El Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior tiene por objeto garantizar que los consumidores compradores o abonados de películas, retransmisiones deportivas, música, libros electrónicos y juegos puedan disfrutar de estos contenidos en sus desplazamientos a otros Estados miembros de la Unión.

b. Plazo de protección de los derechos de autor y derechos afines

Estos derechos están protegidos a lo largo de toda la vida y durante setenta años tras la muerte del autor/creador. La Directiva 2011/77/UE por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines amplió el plazo de protección de los derechos de autor para los artistas intérpretes o ejecutantes de grabaciones sonoras de cincuenta a setenta años tras la fecha de grabación, y para los autores de música, como compositores y letristas, a setenta años tras el fallecimiento del autor. El período de setenta años se ha convertido en una norma internacional para la protección de las grabaciones sonoras. En la actualidad, sesenta y cuatro países de todo el mundo protegen las grabaciones sonoras durante setenta años o más.

c. Programas informáticos y bases de datos

La Directiva 91/250/CEE imponía a los Estados miembros el deber de proteger los programas informáticos a través de derechos de autor en la medida en que están considerados como obras literarias en el sentido del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, y se codificó mediante la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. En la Directiva 96/9/CE se contempla la protección jurídica de las bases de datos, que se definen como «las recopilaciones de obras, de datos o de otros elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma». Además, se establece que las bases de datos están protegidas tanto mediante derechos de autor en lo referente a la creación intelectual, como mediante un derecho sui generis que proteja lo invertido (capital, recursos humanos, esfuerzo y energía) en la obtención, la verificación o la presentación del contenido de una base de datos.

d. Entidades de gestión colectiva

Para la difusión de contenidos protegidos por derechos de autor y derechos afines y los servicios conexos, es preciso que los diferentes titulares de derechos de autor y derechos afines concedan una licencia sobre esos derechos. Los titulares confían sus derechos a una entidad de gestión colectiva, que los gestiona en su nombre. La entidad de gestión colectiva está obligada a gestionar dichos derechos, a menos que tenga objetivamente motivos justificados para rechazar la gestión. Los titulares de derechos tienen libertad para encomendar la gestión de sus derechos a operadores de gestión independientes. Estos operadores de gestión son sociedades mercantiles que se diferencian de las entidades de gestión colectiva porque, entre otras razones, no pertenecen a los titulares de derechos ni están controladas por ellos. El 26 de febrero de 2014, el Parlamento y el Consejo adoptaron la Directiva 2014/26/UE relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior, estableciéndose requisitos aplicables a las entidades de gestión colectiva para garantizar un elevado nivel de gobernanza, gestión financiera, transparencia e información. Esta Directiva tiene por objeto garantizar que los titulares de los derechos tengan voz en la gestión de sus derechos y mejorar el funcionamiento de las entidades de gestión colectiva mediante normas a escala de la Unión.

Los Estados miembros deben velar por que las entidades de gestión colectiva actúen en el mejor interés de los titulares cuyos derechos representan y por que no impongan obligaciones que no sean necesarias desde un punto de vista objetivo para la protección de los derechos e intereses de los titulares o para la gestión eficaz de esos derechos.

3. Patentes

Una patente es un título jurídico que puede otorgarse por una invención de carácter técnico siempre que sea nueva, entrañe una actividad inventiva y pueda tener una aplicación industrial. La patente da derecho al propietario a impedir que otros fabriquen, utilicen o vendan la invención sin permiso. Las patentes animan a las empresas a hacer la inversión necesaria en innovación y funcionan como incentivo para que las personas y las empresas dediquen recursos a la investigación y al desarrollo. En Europa, las invenciones técnicas pueden protegerse mediante patentes nacionales, concedidas por las autoridades nacionales competentes, o mediante patentes europeas, concedidas de manera centralizada por la Oficina Europea de Patentes (OEP). Esta última es la rama ejecutiva de la Organización Europea de Patentes, que cuenta en la actualidad con treinta y ocho Estados contratantes. La Unión, como tal, no es miembro de la Oficina Europea de Patentes.

Tras años de debate entre los Estados miembros, en 2012 el Parlamento y el Consejo aprobaron la base jurídica para la creación de una patente europea con efecto unitario (patente unitaria). En consecuencia, un acuerdo internacional entre los Estados miembros establece una jurisdicción única y especializada en materia de patentes.

A raíz de la confirmación por el Tribunal de Justicia de la Unión del paquete relativo a la patente en su sentencia de 5 de mayo de 2015 (asuntos C-146/13 y C-147/13), se ha despejado el camino hacia una verdadera patente europea. El régimen anterior coexistirá con el nuevo sistema hasta que se establezca el Tribunal Unificado de Patentes.

Una vez que haya sido concedida por la OEP, la patente unitaria otorgará una protección uniforme, con igual efecto en todos los países participantes. Las empresas tendrán la posibilidad de proteger sus invenciones en todos los Estados miembros de la Unión mediante una única patente unitaria. También podrán impugnar y defender las patentes unitarias iniciando un único procedimiento judicial ante el Tribunal Unificado de Patentes; se ha propuesto que su sede esté en Londres, Múnich y París. De esta manera se optimizará el sistema y se ahorrará en costes de traducción. Sin embargo, tras el referéndum de junio de 2016 sobre la retirada del Reino Unido de la Unión, existen serias dudas, en el contexto del nuevo sistema, acerca de si un país que no es miembro de la Unión puede ser un Estado contratante del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (UPCA). Además, en el texto del mencionado Acuerdo se establece claramente, en su redacción actual, que se debe respetar la primacía del Derecho de la Unión (artículo 20 del Acuerdo) y que las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) serán vinculantes para el Tribunal Unificado de Patentes y, por lo tanto, también para el Reino Unido.

4. Secretos comerciales

La práctica de mantener la confidencialidad de la información comercial se remonta a siglos atrás. Numerosos países disponen de instrumentos jurídicos para la protección de los secretos comerciales, sean o no considerados DPI. El grado de protección concedida a la información confidencial no es comparable con el existente en otros ámbitos del Derecho en materia de propiedad intelectual, como las patentes, los derechos de autor y las marcas comerciales. La protección otorgada a los secretos comerciales y el enfoque adoptado varían de un país a otro en mayor medida que en otros ámbitos del Derecho sobre la propiedad intelectual. El resultado es un mosaico de legislaciones diferentes, aunque desde 2016 existe un marco jurídico de la Unión, a saber, la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

5. Lucha contra la falsificación

Según las estimaciones, las importaciones a la Unión de mercancías falsificadas y pirateadas representan aproximadamente 85 000 millones de euros (hasta el 5 % de las importaciones totales). En todo el mundo, el comercio de mercancías pirateadas representa el 2,5 % del comercio y hasta 338 000 millones de euros, lo que ocasiona importantes daños a los titulares de derechos, a los gobiernos y a las economías.

Como las disparidades existentes entre los diferentes regímenes sancionadores de la falsificación en los Estados miembros dificultan la lucha eficaz contra ese tipo de delito, el Parlamento y el Consejo adoptaron en un primer momento la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esta Directiva tiene por objeto reforzar la lucha contra la piratería y la falsificación a través de la aproximación de las legislaciones nacionales, a fin de garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior, y prevé medidas, procedimientos y mecanismos de reparación de naturaleza civil y administrativa. El Reglamento (UE) n.º 608/2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, establece las normas de procedimiento destinadas a las autoridades para vigilar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en relación con las mercancías que estén sujetas a vigilancia aduanera o a controles aduaneros.

B. Teoría del «agotamiento» de los derechos

1. Definición

Según esta teoría, el titular de un derecho de propiedad intelectual industrial o comercial protegido por la legislación de un Estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse «a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro Estado miembro». Esta teoría es aplicable a todos los ámbitos de la propiedad industrial.

2. Límites

La teoría del agotamiento de los derechos de la Unión no se aplica en caso de comercialización de productos falsificados o productos comercializados fuera del Espacio Económico Europeo (artículo 6 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o ADPIC). En 1999, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois & Fils SA/GB-Unic SA (asunto C-173/98), que los Estados miembros no están autorizados a disponer en sus legislaciones nacionales el agotamiento de los derechos de una marca en relación con productos comercializados en un tercer país.

3. Principales actos jurídicos en este ámbito

  • Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual;
  • Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable;
  • Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

C. Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

En 2012, en la sentencia SAS (asunto C-406/10) el Tribunal confirmó que, con arreglo a la Directiva 91/250/CEE, solo la expresión de un programa informático está protegida por los derechos de autor; las ideas y los principios que sirven de base a la lógica, los algoritmos y los lenguajes de programación no están protegidos con arreglo a esa Directiva (apartado 32 de la sentencia). Asimismo, destacó que ni la funcionalidad de un programa de ordenador ni el lenguaje de programación o el formato de los archivos de datos utilizados en el marco de un programa informático para explotar algunas de sus funciones constituyen una forma de expresión de tal programa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/250/CEE (apartado 39).

En su sentencia GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV (asunto C-160/15), el Tribunal declaró que la publicación en un sitio web de un hipervínculo que remite a otro sitio web en el que se han colocado obras protegidas por derechos de autor sin consentimiento de este no constituye una «comunicación al público» cuando la persona que coloca dicho enlace actúa sin ánimo de lucro y no conoce el carácter ilegal de la publicación de esas obras.

En su sentencia de 15 de septiembre de 2016 en el asunto C-484/14, el Tribunal consideró que poner una red inalámbrica a disposición del público en general de manera gratuita al objeto de llamar la atención de posibles clientes a los bienes y servicios de un comercio constituye un «servicio de la sociedad de la información» en el sentido de la citada Directiva y confirmó que, cuando se cumplen determinados requisitos, los prestadores de servicios que facilitan acceso a una red de comunicaciones no pueden ser considerados responsables de los datos transmitidos. En consecuencia, los titulares de los derechos no pueden solicitar una indemnización argumentando que esa red ha sido utilizada por terceros para infringir sus derechos. La protección de la conexión a internet mediante una contraseña garantiza el equilibrio entre, por un lado, los derechos de propiedad intelectual de los titulares y, por otro, la libertad de empresa del proveedor que suministra el acceso y la libertad de información de los usuarios de la red.

Papel del Parlamento Europeo

La propiedad intelectual aporta un valor añadido a las empresas y las economías europeas. Su protección uniforme y su aplicación contribuyen a promover la innovación y el crecimiento económico. Así pues, el Parlamento se esfuerza por armonizar los DPI a través de la creación de un sistema europeo único en paralelo a los sistemas nacionales, como sucede en el caso de la marca y los dibujos y modelos de la Unión, así como de la patente europea unitaria.

A través de diversas resoluciones sobre los DPI, en particular sobre la protección jurídica de las bases de datos, de las invenciones biotecnológicas y de los derechos de autor, el Parlamento ha defendido la armonización progresiva de los derechos de propiedad intelectual. También se ha opuesto a que se patenten elementos del cuerpo humano. El 27 de febrero de 2014, el Parlamento aprobó una Resolución de propia iniciativa sobre los cánones por copia privada (el derecho a realizar copias privadas de contenido adquirido legalmente), dada la gran importancia económica que ha adquirido la copia privada digital debido a los avances técnicos. Asimismo ha participado de manera decidida en el proyecto de tratado de la OMPI sobre las excepciones a los derechos de autor para personas con discapacidad visual (Tratado de Marrakech).

Como labor preparatoria para la reforma general de la legislación de la Unión sobre derechos de autor (véase A.2.a), el Parlamento aprobó en septiembre de 2018 un informe con importantes recomendaciones sobre todas las cuestiones actualmente en juego. A lo largo del proceso legislativo, ha habido un animado debate público centrado en los artículos 11 y 13 del proyecto de Directiva sobre los derechos de autor en el mercado único digital. Este debate culminó con el voto del Parlamento, que apoya los esfuerzos por crear un nuevo derecho para que los editores de medios de comunicación puedan monetizar contenidos en ciertas grandes plataformas de información, así como un nuevo derecho para facilitar el seguimiento de las infracciones de los derechos de autor en internet. El sector creativo acogió estas propuestas con satisfacción, mientras que los representantes de las empresas tecnológicas las criticaron duramente. Finalmente, el voto del Parlamento fijó una vez más el tono de las negociaciones con el Consejo, que han concluido con la adopción final de la Directiva el 17 de abril de 2019.

 

Udo Bux