Unas comunicaciones a precios asequibles para las empresas y los consumidores

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los servicios de datos y acceso a internet han sustituido a los servicios de telefonía tradicionales como productos esenciales tanto para los consumidores como para las empresas. Hoy en día cada vez es mayor el contenido audiovisual disponible «a la carta» y la conexión a internet 4G y 5G experimenta un crecimiento exponencial. Como consecuencia, la Unión ha creado un marco normativo para las telecomunicaciones fijas e inalámbricas, internet y los servicios de radiodifusión y de transmisión, formado por una serie de normas que se aplican en todos los Estados miembros de la Unión.

Base jurídica

Dado que los Tratados no contemplaban ninguna competencia directa en el ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la jurisdicción en este ámbito se ha derivado de varios artículos del TFUE. Habida cuenta de la compleja naturaleza de los bienes y servicios de los medios de comunicación, que se caracterizan por no ser únicamente bienes culturales ni simplemente bienes económicos, deben crearse políticas basadas en tal jurisdicción. La Unión puede emprender determinadas actuaciones en el marco de sus políticas sectoriales y horizontales, por ejemplo en el ámbito de la política industrial (artículo 173 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — TFUE), la política de competencia (artículos 101 a 109 del TFUE), la política comercial (artículos 206 y 207 del TFUE), las redes transeuropeas (RTE) (artículos 170 a 172 del TFUE), la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio (artículos 179 a 190 del TFUE), la aproximación de las legislaciones para la armonización tecnológica o el uso de normas tecnológicas similares (artículo 114 del TFUE), la libre circulación de mercancías (artículos 28, 30, 34 a 35 del TFUE), la libre circulación de personas, servicios y capitales (artículos 45 a 66 del TFUE), la educación, la formación profesional, la juventud y el deporte (artículos 165 y 166 del TFUE) y la cultura (artículo 167 del TFUE).

Objetivos

A raíz de la Estrategia de Lisboa, la Agenda Digital para Europa[1] fue concebida como una de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 adoptada por la Comisión. Publicada en mayo de 2010, pretende definir la función capacitadora esencial que deberá desempeñar el uso de las TIC para que Europa pueda hacer realidad sus ambiciosos objetivos para 2020. La Estrategia Europa 2020 subraya la importancia del despliegue de la banda ancha para proporcionar unos métodos de comunicación asequibles a empresas y consumidores. Por tanto, el actual marco regulador para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas se estructura en torno a tres objetivos principales: fomentar la competencia, mejorar el funcionamiento del mercado y garantizar los derechos básicos de los usuarios. Al fomentar la competencia, el objetivo general es que los consumidores de la Unión disfruten de más posibilidades de elección de servicios asequibles, de alta calidad e innovadores. Las normas son sencillas, flexibles, neutras desde el punto de vista tecnológico, y el objetivo a largo plazo es reducir el grado de reglamentación.

Resultados

El actual marco regulador de las telecomunicaciones, compuesto de una serie de directivas y reglamentos, se adoptó en septiembre de 2016 con el fin de tener en cuenta la rápida evolución del sector y de armonizar las normas, tanto en lo que respecta a la regulación real de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas como en lo que atañe a los procedimientos de ejecución pertinentes.

  • El 14 de septiembre de 2016, en su Comunicación titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo — hacia una sociedad europea del Gigabit», la Comisión pidió al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones que examinaran su propuesta de revisar los actuales objetivos y actos legislativos en el ámbito de las telecomunicaciones electrónicas;
  • Se han reducido los costes de las comunicaciones electrónicas[2] mediante la supresión de las tarifas de itinerancia de datos, llamadas y mensajes de texto para los residentes de la Unión que viaja dentro de la Unión o fuera de ella. Desde junio de 2017, las tarifas son más bajas tanto para los ciudadanos como para los visitantes gracias al régimen de «Itinerancia como en casa» y a los puntos de conexión gratuita mediante wifi que se ofrecen a ciudadanos y visitantes en espacios públicos de toda Europa a través de WiFi4EU[3];
  • Se ha garantizado una mejor protección de los consumidores y de las empresas mediante la adopción de legislación sobre protección de la privacidad [Directiva 2009/136/CE[4]) y de los datos [Directiva 95/46/CE[5]], reforzada con el nuevo marco regulador sobre protección de datos [Reglamento (UE) 2016/679[6] y Directiva (UE) 2016/680]; mediante la consolidación del mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA)[7]; mediante la adopción de la Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión[8]; mediante el reforzamiento del derecho a cambiar de operador de telefonía fija o móvil en el plazo de un día hábil conservando el número de teléfono original, es decir, la portabilidad del número (Directiva 2009/136/CE), y estableciendo el 112 como número único de emergencias europeo (Directiva 2009/136/CE), el 116 000 como línea directa para los casos de niños desaparecidos, el 116 111 como línea de ayuda a la infancia y el 116 123 como línea directa para apoyo emocional, así como una plataforma en línea para la resolución de litigios entre los consumidores y los comerciantes online[9];
  • Se garantizó un acceso a las telecomunicaciones mediante la incorporación de legislación destinada a estimular la competencia con normas claras e inclusivas, mejor calidad, mejores precios y más servicios (El Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas); mediante la inversión en redes de banda ancha de internet de alta velocidad; mediante el apoyo a tecnologías inalámbricas, como la 3G y LTE, a través del programa de política del espectro radioeléctrico, y armonizando el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz en la Unión con el fin de crear una conectividad de alta velocidad para los principales motores socioeconómicos[10].

Con el fin de mejorar la coherencia de los procedimientos de regulación nacionales, el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) [Reglamento (UE) 2018/1971[11]] vela por la cooperación entre las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión, y promueve buenas prácticas y planteamientos comunes, evitando la aparición de normativas incoherentes que puedan distorsionar la competencia en el mercado único de las telecomunicaciones. Esta normativa actualizada encomienda a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) la tarea de fomentar la competencia en el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como de definir los principios en los que se basa su funcionamiento: independencia, imparcialidad, transparencia y el derecho de recurso. Por lo que se refiere a la gestión del espectro, el programa plurianual de política de espectro radioeléctrico establece las orientaciones y los objetivos para la planificación estratégica y la armonización del espectro radioeléctrico. Ello garantiza que el mercado interior funcione en todos los ámbitos políticos de la Unión que implican el uso de espectro, por ejemplo, las comunicaciones electrónicas, la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, el transporte, la energía y la política audiovisual entre otros.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento aboga por una política sólida y ambiciosa en el ámbito de las TIC y ha contribuido muy activamente a la aprobación de legislación en la materia con el objetivo de ampliar los beneficios para los consumidores y las empresas. Así pues ha ayudado a que se mantenga en todo momento la atención sobre las TIC mediante informes de propia iniciativa, preguntas orales y escritas, estudios[12], seminarios[13], dictámenes y resoluciones, así como reclamando una mayor coordinación de las iniciativas nacionales con miras al desarrollo de servicios paneuropeos y un mayor apoyo de la Unión a las TIC.

El Parlamento ha recordado asimismo la necesidad de aprovechar el «dividendo digital» para lograr que la banda ancha llegue a todos los ciudadanos de la Unión y ha recalcado que se necesitan nuevas medidas para conseguir el acceso a la banda ancha de alta velocidad en todas partes y para garantizar la alfabetización y las competencias digitales de todos los ciudadanos y consumidores[14]. También ha destacado la importancia de la seguridad en el ciberespacio[15] para garantizar una sólida protección de la intimidad y otras libertades civiles de los consumidores y de las empresas en el entorno digital. El Parlamento promueve asimismo la neutralidad tecnológica, la «neutralidad de la red» y las «libertades de la red» para los ciudadanos de la Unión, así como medidas relativas al acceso y el uso de los servicios y de las aplicaciones a través de las redes de telecomunicaciones, sobre la base del respeto de los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Dichas medidas también deben garantizar que los prestadores de servicios de internet no mermen la capacidad de los usuarios de acceder a contenidos y aplicaciones y de ejecutar servicios de su elección[16].

El Parlamento consolida sistemáticamente estas garantías a través de la legislación; desempeña un papel clave para eliminar obstáculos en el mercado único digital y modernizar las normas de la Unión sobre telecomunicaciones para adaptarlas a los productos y servicios digitales basados en los datos que existen hoy en día a fin de aumentar los beneficios para los consumidores y las empresas. Por consiguiente, el Parlamento ha mejorado para todos el acceso a los datos y su transferencia al establecer normas de neutralidad de la red, armonizar el uso de la banda de frecuencias de 470-790 MHz, facilitar el acceso a redes wifi gratuitas en ciudades y pueblos (Wifi4EU), invertir en la informática de alto rendimiento y en los servicios basados en la nube para la ciencia (la Nube Europea de la Ciencia Abierta) y poner fin a las tarifas de itinerancia, por ejemplo con el régimen de «Itinerancia como en casa»[17]. Asimismo, ha iniciado y concluido una importante labor legislativa orientada a impulsar el comercio electrónico para los consumidores y las empresas de la Unión, en especial las pymes. Algunos ejemplos son la adopción de la Directiva 2014/61/UE relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad[18] y el Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior[19] a fin de facilitar el comercio electrónico[20]. Como respuesta a las propuestas de la Comisión, el Parlamento ha apoyado la modernización de las normas sobre los derechos de autor y sobre los servicios de comunicación audiovisual de la Unión.

Asimismo, el Parlamento concluyó con éxito el trabajo legislativo sobre la reforma de la protección de datos. El 27 de abril de 2016 se adoptó la Directiva (UE) 2016/680[21] con el objetivo de garantizar la aplicación efectiva de la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal en cuanto derecho fundamental. Además, el Parlamento y el Consejo adoptaron el Reglamento (UE) 2016/679[22] relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos y a la libre circulación de los datos personales. Recientemente, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) votó a favor de las normas relativas al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales en las comunicaciones electrónicas para facilitar los negocios[23]. En la actualidad, el Parlamento lleva a cabo una amplia actividad legislativa sobre las propuestas presentadas a raíz de la Estrategia para el Mercado Único Digital y la Resolución «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»[24], que aborda cuestiones como el bloqueo geográfico injustificado[25], la paquetería transfronteriza[26], la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea[27], la revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores[28], los servicios de comunicación audiovisual[29], la libre circulación de los datos no personales[30], los contratos de compraventa en línea y otras ventas a distancia de bienes[31], y los contratos de suministro de contenidos digitales[32]. El Parlamento ha aprobado recientemente una Resolución sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G[33] que respalda el calendario de despliegue de esta tecnología con miras a facilitar la conectividad para los consumidores y las empresas.

 

[1]Mercado único digital – http://ec.europa.eu/digital-agenda/
[2]DO L 172 de 30.6.2012, p. 10. La legislación de la Unión ha contribuido a la reducción de los precios de los servicios de telecomunicaciones en torno a un 30 % en el último decenio.
[3]Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales, COM(2016)0589.
[4]DO L 337 de 18.12.2009, p. 11.
[5]DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
[6]DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
[7]Creado mediante el Reglamento (CE) n.º 460/2004 (DO L 77 de 13.3.2004, p. 1); la Resolución legislativa del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2013 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA) (DO C 45 de 5.2.2016, p. 102).
[8]DO L 194 de 19.7.2016, p. 1.
[10]DO L 138 de 25.5.2017, p. 131.
[11]DO L 321 de 17.12.2018, p. 1.
[14]DO C 81 E de 15.3.2011, p. 45.
[15]DO C 332 E de 15.11.2013, p. 22.
[16]DO C 153 E de 31.5.2013, p. 128.
[17]DO L 310 de 26.11.2015, p. 1.
[18]DO L 155 de 23.5.2014, p. 1.
[19]DO L 257 de 28.8.2014, p. 73.
[20]COM(2017)0228, que ya no está en vigor.
[21]DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
[22]DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
[24]DO C 11 de 12.1.2018, p. 55.
[27]COM(2015)0627.
[29]COM(2016)0287.
[31]COM(2015)0635.
[32]COM(2015)0634.
[33]DO C 307 de 30.8.2018, p. 144.

Mariusz Maciejewski / Frédéric Gouardères