El diálogo social es un componente fundamental del modelo social europeo. Permite a los interlocutores sociales (representantes de las empresas y de los trabajadores) contribuir activamente, también mediante convenios, a la elaboración de la política social y laboral europea.

Base jurídica

Artículos 151 a 156 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Objetivos

De conformidad con el artículo 151 del TFUE, el fomento del diálogo entre los interlocutores sociales es un objetivo común de la Unión y los Estados miembros. El diálogo social también tiene como objetivo la mejora de la gobernanza europea a través de la participación de los interlocutores sociales en la toma de decisiones y su aplicación.

Resultados

A. Desarrollo del diálogo social (bipartito) a escala de la Unión

De conformidad con el Tratado de Roma de 1957, uno de los cometidos de la Comisión es el fomento de una estrecha colaboración entre los Estados miembros respecto al derecho de asociación y de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, fueron necesarios muchos años para que esta disposición se aplicara.

El proceso de diálogo social de Val Duchesse, iniciado en 1985 por el presidente de la Comisión Jacques Delors, tenía por objeto conseguir la participación de los interlocutores sociales, representados por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) y el Centro Europeo de las Empresas Públicas (CEEP), en el proceso de realización del mercado interior. Este proceso dio lugar a una serie de declaraciones conjuntas sobre empleo, educación, formación y otras cuestiones sociales.

En 1986, el Acta Única Europea (artículo 118 ter) creó una base jurídica para el desarrollo de un «diálogo a escala comunitaria», y el diálogo social europeo comenzó a configurarse, en primer lugar con la creación de un comité de dirección que, en 1992, pasó a ser el Comité del Diálogo Social: el principal foro para el diálogo social bipartito a escala europea, El Comité del Diálogo Social se reúne tres o cuatro veces al año.

En 1991, la UNICE, la CES y el CEEP celebraron un acuerdo conjunto en el que pedían la consulta obligatoria de los interlocutores sociales sobre legislación en materia social, así como que los interlocutores sociales pudiesen negociar acuerdos marco a escala comunitaria. Esta solicitud fue reconocida en el Acuerdo sobre la Política Social adjunto al Protocolo sobre la Política Social de Maastricht, firmado por todos los Estados miembros salvo el Reino Unido. A escala nacional, se dio a los interlocutores sociales la posibilidad de aplicar directivas por medio de convenios colectivos.

El Tratado de Ámsterdam (1997) incorporó el Acuerdo sobre la Política Social, lo que estableció finalmente un único marco para el diálogo social en la Unión. Los primeros resultados interprofesionales de este proceso fueron los acuerdos marco sobre el permiso parental (1995), el trabajo a tiempo parcial (1997) y el trabajo de duración determinada (1999), que fueron aplicados mediante directivas del Consejo.

En el Tratado de Lisboa (2009) se destacaba ulteriormente el papel de los interlocutores sociales (artículo 152 del TFEU) y se hacía hincapié en la necesidad de facilitar el diálogo respetando al mismo tiempo su autonomía y diversidad.

Sin embargo, con la crisis económica y financiera, el diálogo social se encontró bajo una presión creciente y, al mismo tiempo, se debilitó con su descentralización, la disminución de la cobertura de la negociación y la intervención estatal en el ámbito de la política salarial. En este marco, y dado que los Estados miembros en los que el diálogo social es más fuerte son los que han superado la crisis de manera más satisfactoria, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, anunció un «nuevo comienzo para el diálogo social» en una conferencia de alto nivel en marzo de 2015. En junio de 2016, los interlocutores sociales, la Comisión y la Presidencia del Consejo de la Unión Europea firmaron un acuerdo tripartito que reafirmaba el papel fundamental del diálogo social europeo en el proceso de elaboración de políticas de la Unión, incluido el Semestre Europeo. En la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo en noviembre de 2017, el Parlamento, la Comisión y el Consejo proclamaron el pilar europeo de derechos sociales. Entre otros aspectos, prevé el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales y su derecho a la acción colectiva y reconoce el derecho de los interlocutores sociales a participar en la concepción y la aplicación de las políticas sociales y de empleo, también mediante convenios colectivos.

B. Logros del diálogo social a escala de la Unión

De conformidad con el artículo 154 del TFUE, la Comisión debe consultar a los interlocutores sociales antes de adoptar cualquier medida en el ámbito de la política social. Los interlocutores sociales pueden decidir negociar un acuerdo entre ellos que sustituya a esta medida. Disponen de nueve meses para negociar, transcurridos los cuales pueden:

  1. celebrar un acuerdo y solicitar conjuntamente a la Comisión que proponga una decisión de aplicación al Consejo; o
  2. Celebrar un acuerdo y aplicarlo ellos mismos, de conformidad con sus propios procedimientos y prácticas específicos y con los de los Estados miembros (acuerdos «voluntarios» o, posteriormente, «autónomos»); o
  3. decidir que no podrán alcanzar un acuerdo, en cuyo caso la Comisión reanudará el trabajo sobre la propuesta en cuestión.

El artículo 153 del TFUE brinda, asimismo, a los Estados miembros la posibilidad de confiar a los interlocutores sociales la aplicación de una decisión del Consejo sobre la ratificación de un convenio colectivo firmado a escala europea.

Desde 1998, a raíz de la Decisión 98/500/CE de la Comisión, de 20 de mayo de 1998, el diálogo social sectorial también se ha desarrollado notablemente. Se crearon varios comités en los principales ámbitos económicos que produjeron valiosos resultados. Mediante decisiones del Consejo, se celebraron y aplicaron tres acuerdos europeos sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar (1998), sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil (2000) y sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de servicio de los trabajadores móviles que realizan servicios de interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario (2005). El primer acuerdo multisectorial fue el Acuerdo sobre la protección de la salud de los trabajadores a través de la adecuada manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y de los productos que la contienen, firmado en abril de 2006. Siguieron otros acuerdos sectoriales, que se aplicaron mediante directivas del Consejo: un acuerdo sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo en el transporte mediante navegación interior (Directiva 2014/112/UE del Consejo); un acuerdo sobre la protección de los trabajadores sanitarios de las lesiones e infecciones causadas por instrumentos cortantes y punzantes (Directiva 2010/32/UE del Consejo); un acuerdo en el sector de la pesca marítima (Directiva (UE) 2017/159 del Consejo); y un acuerdo entre los interlocutores sociales del sector del transporte marítimo (Directiva (UE) 2018/131 del Consejo).

Sin embargo, en el caso de otros acuerdos, la Comisión decidió no proponer una decisión del Consejo.

En abril de 2012, los interlocutores sociales del sector de la peluquería celebraron un acuerdo sobre orientaciones para la salud y la seguridad en el sector y solicitaron al Consejo una decisión de ejecución. Si bien algunos Estados miembros se opusieron a ello, en junio de 2016 el sector de la peluquería firmó un nuevo acuerdo marco europeo sobre la salud y la seguridad profesionales, y reclamaron de nuevo su aplicación mediante una decisión del Consejo. Haciendo referencia al Programa de Mejora de la Legislación, la Comisión decidió llevar a cabo una evaluación de impacto proporcionada antes de proponer una decisión del Consejo. En una carta abierta dirigida al presidente Juncker, los interlocutores sociales se opusieron a la utilización del proceso de evaluación de impacto para justificar la no remisión del acuerdo al Consejo. A principios de 2018, la Comisión informó a los interlocutores sociales de que no iba a proponer una decisión del Consejo; en su lugar propuso apoyar la aplicación autónoma del acuerdo mediante un plan de acción. Los interlocutores sociales manifestaron su acuerdo al respecto, pero se reservaron el derecho de solicitar, en una fase posterior, una decisión del Consejo si los resultados no eran satisfactorios.

El 5 de marzo de 2018, la Comisión informó a los interlocutores sociales de las administraciones centrales de que no iba a proponer su acuerdo de 2015 sobre derechos de información y consulta al Consejo para su aplicación en forma de directiva (2.3.6).

En la línea de la segunda opción mencionada anteriormente, el acuerdo sobre teletrabajo (2002) fue el primero en ser aplicado como «acuerdo autónomo». Lo siguieron otros acuerdos autónomos sobre el estrés relacionado con el trabajo, sobre la licencia europea para los maquinistas que realizan un servicio de interoperabilidad transfronteriza (ambos de 2004), sobre el acoso y la violencia en el trabajo (2007), sobre mercados de trabajo inclusivos (2010) y sobre envejecimiento activo y un enfoque intergeneracional (2017).

En tercer lugar, en numerosas ocasiones, los interlocutores sociales no lograron llegar a un acuerdo. Por ejemplo, las negociaciones sobre un acuerdo marco relativo al trabajo a través de empresas de trabajo temporal finalizaron sin éxito en mayo de 2001. Por ello, en marzo de 2002, la Comisión propuso una directiva basada en el consenso alcanzado entre los interlocutores sociales, y en noviembre de 2008 se adoptó la Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal (Directiva 2008/104/CE). Asimismo, después de que los interlocutores sociales manifestaran que no estaban dispuestos a entablar negociaciones, en 2004 la Comisión presentó una propuesta de revisión de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (Directiva 2003/88/CE). En 2009 el Parlamento, la Comisión y el Consejo no llegaron a un acuerdo y en diciembre de 2012, como consecuencia de importantes discrepancias en relación con el tratamiento del tiempo de guardia, fracasó asimismo un proceso de negociación de un año de los interlocutores sociales. En 2013, la Comisión retomó el proceso de revisión y evaluación de impacto con una consulta pública en 2015 y un informe de aplicación en 2017, así como una comunicación interpretativa. Desde entonces se han incluido algunos aspectos relacionados con el tiempo de trabajo en otras directivas, como la Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional y la Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles, así como en el Reglamento modificado sobre el tiempo de conducción, que han sido aprobados por el Parlamento y están a la espera de su aprobación final por el Consejo.

C. Diálogo social tripartito

Desde el comienzo de la integración europea, se consideró importante la participación de los agentes económicos y sociales en la elaboración de la legislación comunitaria. El Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y el Comité Económico y Social Europeo son prueba de ello. Desde la década de 1960, una serie de comités consultivos ha asesorado a la Comisión. Desde 1970 hasta 2003, uno de los foros tripartitos clave a escala europea para el diálogo social fue el Comité Permanente del Empleo. En 2003, el comité permanente fue sustituida por la Cumbre Social Tripartita para el Crecimiento y el Empleo. La cumbre reúne a representantes de alto nivel de la Presidencia en ejercicio del Consejo, las dos Presidencias posteriores, la Comisión y los interlocutores sociales con el objetivo de facilitar una consulta continua. Se reúne como mínimo dos veces al año, antes de las cumbres de primavera y de otoño del Consejo Europeo.

Papel del Parlamento Europeo

El Parlamento considera que el diálogo social es un elemento esencial de las tradiciones de los Estados miembros y ha pedido que tenga una función más importante a escala de la Unión. La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento ha invitado a menudo a los interlocutores sociales de la Unión a exponer sus puntos de vista. También ha recordado con frecuencia a la Comisión la necesidad de disponer de una política industrial de la Unión coherente, en la que los interlocutores sociales desempeñen un papel clave. El Tratado de Lisboa incluye el derecho del Parlamento a ser informado sobre la aplicación de los convenios colectivos celebrados a escala de la Unión (artículo 155 del TFUE) y sobre las iniciativas adoptadas por la Comisión para fomentar la cooperación entre los Estados miembros (artículo 156 del TFUE), incluidas las cuestiones relativas al derecho de asociación y a los convenios colectivos.

En plena crisis económica, el Parlamento recordó en su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas de diálogo social que el diálogo social es vital para lograr los objetivos de empleo establecidos en la Estrategia Europa 2020. En enero de 2012, el Parlamento destacó que, al dar prioridad al saneamiento presupuestario, las recomendaciones del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento no solo obstaculizarían la creación de empleo y el bienestar social, sino también el diálogo social. En su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la Troika, y en su Resolución, de 15 de febrero de 2017, sobre el informe anual sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2017, el Parlamento pidió que se reforzara el papel de los interlocutores sociales en el nuevo proceso de gobernanza económica. Desde 2014, ha aumentado ligeramente su participación en el ámbito de la Unión, a pesar de que, en el ámbito nacional, la situación sigue siendo heterogénea, y en ambos ámbitos los interlocutores sociales consideran que su participación es informativa y no una auténtica consulta.

En el mismo sentido, en su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, el Parlamento pidió a la Comisión y a los Estados miembros que incrementasen el apoyo concreto destinado a reforzar un diálogo genuino, más allá de una mera consulta, con los interlocutores sociales. El 16 de abril de 2019, en su Resolución sobre la propuesta de Directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles y su Resolución sobre la propuesta de creación de una Autoridad Laboral Europea, el Parlamento reiteró, una vez más, que debe respetarse siempre la autonomía de los interlocutores sociales, su capacidad para actuar como representantes de los trabajadores y de los empleadores y la diversidad de los sistemas nacionales de relaciones laborales.

 

Aoife Kennedy