La protección y la gestión de las aguas  

El agua es esencial para la vida de los seres humanos, los animales y las plantas, así como para la economía; su protección y gestión trascienden de las fronteras nacionales. La Directiva marco sobre el agua (DMA) establece un marco jurídico para proteger y restaurar el agua potable en la Unión y para garantizar su utilización sostenible a largo plazo. Está completada por legislación más específica, por ejemplo, las directivas sobre agua potable, aguas de baño o sobre inundaciones y la Directiva marco sobre la estrategia marina, así como por acuerdos internacionales.

Base jurídica  

Artículos 191 a 193 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Antecedentes generales  

El agua no es un producto comercial sino un bien público y un recurso limitado que es necesario proteger y que debe utilizarse de manera sostenible, tanto en cuanto a la calidad como a la cantidad. Sin embargo, se encuentra bajo presión debido a los múltiples usos desde varios sectores, como la agricultura, el turismo, el transporte y la energía. En 2012, la Comisión publicó el Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa, con el que se pretendía garantizar la disponibilidad de una cantidad suficiente de agua de calidad para todos los usos legítimos mediante una mejor aplicación de la actual política de aguas de la Unión, la integración de los objetivos de la política de aguas en otros ámbitos de actuación, y la eliminación de las lagunas existentes en el marco actual. El Plan prevé que los Estados miembros fijen objetivos de contabilidad hídrica y eficiencia hídrica, así como que la Unión desarrolle normas comunes para la reutilización del agua.

Resultados  

En la política de la Unión se han establecido dos marcos jurídicos principales para la protección y la gestión del agua dulce y de los recursos marinos, en un enfoque holístico, basado en el ecosistema: la Directiva marco sobre el agua (DMA) y la Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM).

A. Directiva marco sobre el agua y directivas específicas sobre el agua

Mediante la Directiva marco sobre el agua de la Unión se crea un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas. Su objetivo es prevenir y reducir la contaminación, fomentar un uso sostenible del agua, proteger el medio acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y las sequías. La meta general es lograr un buen estado ecológico de todas las aguas. Por ello se pide a los Estados miembros que elaboren los llamados planes hidrológicos de cuenca basados en cuencas fluviales geográficas naturales, además de programas específicos de medidas para alcanzar sus objetivos.

Otras directivas más específicas respaldan la DMA, a saber, las directivas sobre las aguas subterráneas, sobre el agua potable, sobre aguas de baño, sobre los nitratos, sobre aguas residuales urbanas, sobre normas de calidad medioambiental y sobre inundaciones:

La Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas establece criterios específicos para la evaluación del buen estado químico, la detección de tendencias al alza significativas o sostenidas y la definición del punto de partida de inversión de las mismas. Los Estados miembros establecen todos los límites aplicados a los contaminantes (salvo en el caso de los nitratos y los plaguicidas, que son determinados mediante la legislación específica de la Unión).

En la Directiva sobre agua potable se establecen normas de calidad básicas para las aguas destinadas al consumo humano y se exige a los Estados miembros que supervisen periódicamente la calidad del agua destinada al consumo humano mediante el uso de un método de muestreo puntual. Los Estados miembros pueden incluir requisitos complementarios específicos para su territorio, siempre y cuando ello implique fijar normas más estrictas. Dicha directiva exige asimismo a los Estados miembros que faciliten información periódica a los consumidores. Además, cada tres años deben informar a la Comisión sobre la calidad del agua potable. El 1 de febrero de 2018, como respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea «Right2Water», la Comisión publicó una propuesta para renovar la directiva de veinte años. La directiva revisada actualizará las normas de seguridad vigentes y mejorará el acceso a agua potable segura en consonancia con las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Además, aumentará la transparencia para los consumidores sobre la calidad y el suministro de agua potable, con lo que contribuirá a reducir el número de botellas de plástico gracias a una mayor confianza en el agua del grifo. Una evaluación de la seguridad del agua, basada en riesgos, para toda la Unión debe ayudar a detectar y abordar los posibles riegos de las fuentes de agua ya en el nivel de la distribución.

La Directiva relativa a las aguas de baño tiene por objeto la mejora de la protección de la salud pública y el medio ambiente mediante el establecimiento de disposiciones de control y clasificación (en cuatro categorías) de las aguas de baño y la información al público al respecto. Durante la temporada de baño, los Estados miembros han de tomar muestras del agua de baño y evaluar la concentración de al menos dos bacterias concretas una vez al mes en cada zona de aguas de baño. Tienen que informar al público a través de «perfiles de aguas de baño» que contengan, por ejemplo, información relativa al tipo de contaminación y las fuentes que afectan a la calidad de las aguas de baño. Desde 2011 existe un símbolo normalizado para informar al público de la clasificación de las aguas de baño y de toda prohibición que afecte a este. La Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) publican un informe resumido anual sobre la calidad de las aguas de baño.

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas tiene por objeto la protección del medio ambiente frente a los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y los vertidos industriales. Con ella se establecen unas normas mínimas y calendarios para la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas, se introduce una serie de controles respecto del vertido de lodos de depuradora y se exige la supresión paulatina de la evacuación al mar de los lodos de depuradora.

La DMA exigía además la elaboración de una lista de sustancias prioritarias que representen un riesgo significativo para el medio acuático o a través de él a escala de la Unión, así como el establecimiento de una subcategoría de sustancias peligrosas prioritarias. En consecuencia, la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental estableció las concentraciones máximas admisibles en aguas superficiales de 33 sustancias prioritarias y de otros 8 contaminantes. En una revisión posterior, se añadieron 12 nuevas sustancias a la lista vigente y se introdujo la obligación de que la Comisión estableciese una lista complementaria de sustancias que deben ser objeto de control en todos los Estados miembros (lista de observación) para servir como base para futuras revisiones de la lista de sustancias prioritarias.

Mediante la Directiva sobre nitratos se busca proteger las aguas de los nitratos procedentes de fuentes agrícolas. En virtud de un reglamento complementario, se exige a los Estados miembros que presenten informes a la Comisión cada cuatro años, en los que proporcionen información acerca de los códigos de buenas prácticas agrarias, las zonas designadas como vulnerables a los nitratos, los resultados del seguimiento de las aguas y resúmenes de los programas de acción. Tanto la directiva como el reglamento buscan proteger el agua potable y evitar los daños producidos por la eutrofización, que también se limita mediante otro reglamento sobre el uso de fosfatos en detergentes.

La Directiva de la Unión sobre inundaciones tiene por objeto reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones suponen para la salud humana, el medio ambiente, la infraestructura y la propiedad. Según esta directiva, los Estados miembros deben llevar a cabo una valoración preliminar para determinar las cuencas fluviales y las zonas costeras asociadas que corren riesgo de sufrir inundaciones; además, deben elaborar mapas de riesgo de inundación y planes de gestión centrados en la prevención, la protección y la preparación. Todas estas tareas han de llevarse a cabo de conformidad con la DMA y los planes hidrológicos de cuenca establecidos en ella.

B. Política costera y marina de la Unión

La Directiva marco sobre la estrategia marina (DMEM) es el pilar ambiental de la Política Marítima Integrada de la Unión, que se creó a fin de mejorar el desarrollo sostenible de su economía marítima y, al mismo tiempo, proteger su entorno marino. Los objetivos de la DMEM son alcanzar un buen estado ambiental de las aguas marinas de la Unión antes de 2020, perseverar en su protección y conservación y evitar su deterioro. En ella se crean las regiones marinas europeas (mar Báltico, Atlántico del Nordeste, mar Mediterráneo y mar Negro) y subregiones dentro de los límites geográficos de los convenios marinos regionales. A fin de alcanzar un buen estado ambiental a más tardar en 2020, los Estados miembros debían desarrollar una estrategia para sus aguas marinas y revisarla cada seis años. Asimismo, en un Reglamento sobre la gestión integrada de las zonas costeras, se definen los principios de una buena planificación y gestión que deben tener en cuenta los Estados miembros.

El catastrófico vertido del petrolero Erika en 1999 llevó a la Unión a reforzar su papel en el ámbito de la seguridad marítima y la contaminación marina creando la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), responsable, entre otras funciones, de prevenir y responder a la contaminación provocada por buques, así como a la contaminación marina causada por instalaciones de petróleo y gas. Una directiva relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones, junto con su actualización, pretende garantizar la imposición de sanciones eficaces y disuasorias (de carácter penal o administrativo) a los responsables de vertidos contaminantes en el mar. Las descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques deben considerarse infracción penal si se han realizado de forma intencional o con imprudencia temeraria o negligencia grave y producen un deterioro grave de la calidad del agua.

C. Acuerdos internacionales de la Unión sobre las aguas regionales

La protección de las aguas marinas en Europa se rige por cuatro estructuras de cooperación internacional, los denominados convenios marinos regionales, entre los Estados miembros y los países vecinos con los que comparten aguas: el Convenio OSPAR de 1992 (basado en los convenios anteriores de Oslo y París) para el Atlántico del Nordeste; el Convenio de Helsinki de 1992 sobre la zona del mar Báltico (Helcom); el Convenio de Barcelona de 1995 para el Mediterráneo (PNUMA-PAM); y el Convenio de Bucarest de 1992 para el mar Negro. Las aguas fluviales de la Unión están protegidas en virtud del Convenio de protección del Danubio de 1996 y del Convenio de protección del Rin de 2009. La cooperación medioambiental interregional centrada en las aguas marinas o las cuencas hidrográficas ha dado lugar a la creación de varias estrategias macrorregionales en la Unión: la Estrategia de 2009 para la región del mar Báltico (la primera estrategia global de la Unión para una macrorregión); la Estrategia para la región del Danubio (2011) y la Estrategia para la región del Adriático y del Jónico (2014).

Papel del Parlamento Europeo  

El Parlamento Europeo ha tomado la iniciativa con frecuencia en el ámbito de la protección de las aguas. Ya en junio de 2008, el Parlamento aprobó por amplia mayoría una nueva normativa de la Unión sobre la calidad del agua. Al exigir la revisión de la lista de sustancias prioritarias en los dos años posteriores a la entrada en vigor de la Directiva relativa a las normas de calidad ambiental, el Parlamento ha garantizado la posibilidad de ampliar la lista de sustancias tóxicas. Además, ha reforzado el objetivo de eliminar totalmente las emisiones de trece sustancias peligrosas prioritarias en un plazo de veinte años. Además, en 2012, el Parlamento contribuyó a la actualización de la directiva con la inclusión de nuevas sustancias prioritarias.

En su informe de 2012 relativo a la aplicación de la legislación de la Unión sobre aguas, el Parlamento pidió que se concediese una mayor atención a la dimensión regional, señaló la necesidad de disponer de datos fiables, hizo hincapié en la necesidad de integrar en todos los ámbitos las cuestiones relativas al agua, se mostró a favor de un enfoque global de la protección del agua, y defendió la promoción de la investigación y la innovación en este ámbito.

En la primera Iniciativa Ciudadana Europea, «Right2Water», se instaba a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a garantizar que todos sus habitantes gozan del derecho al agua y al saneamiento, que el suministro y la gestión de los recursos hídricos no quedan sometidos a las normas del mercado interior y que se excluyen los servicios de agua de las medidas de liberalización. En su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el seguimiento de la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water, el Parlamento, por una amplia mayoría, pidió a la Comisión que presentara legislación a fin de hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento, tal como está reconocido por las Naciones Unidas, y, si procede, una revisión de la DMA que reconozca el acceso universal y el derecho humano al agua.

En su Resolución de 16 de enero de 2018 sobre la gobernanza internacional de los océanos, el Parlamento «hace hincapié en que la creación de una economía marítima sostenible y la reducción de las presiones sobre el medio ambiente marino pasan por actuar contra el cambio climático, la contaminación terrestre que llega a los mares y océanos, la contaminación marina y la eutrofización, y a favor de la preservación, la conservación y la recuperación de los ecosistemas marinos y la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos». En este contexto, «insta a la Comisión a apoyar los esfuerzos internacionales por proteger la biodiversidad marina, en especial en el marco de las negociaciones en curso de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional» y «pide a la Comisión que proponga una legislación más estricta destinada a preservar y garantizar el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas dentro de la jurisdicción de los Estados miembros».

 

Tina Ohliger