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Audiencia

 

Frans Timmermans

Cartera: Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de Derechos Fundamentales - Vicepresidente primero de la Comisión
 
Día 6 , martes 7 octubre 2014 - 14:30 , Bruselas  
 
 
A cargo de la audiencia
 Responsable de la audiencia  Asociada a la audiencia
 
Preguntas / Respuestas
 
1. Competencia general, compromiso europeo e independencia personal

¿Qué aspectos de sus cualificaciones y experiencia personales considera usted particularmente pertinentes para desempeñar el cargo de Comisario y fomentar el interés europeo general, especialmente en el ámbito cuyas competencias le corresponda a usted ejercer? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cómo va a contribuir a elaborar la agenda estratégica de la Comisión?


¿Qué garantías de independencia puede usted dar al Parlamento Europeo y cómo garantizaría usted que ninguna de sus actividades pasadas, actuales o futuras puede comprometer la realización de las labores que se le encomienden dentro de la Comisión?


Soy europeo de nacimiento y por convicción. Haber nacido en Maastricht y crecido en París, Bruselas, Roma y Heerlen, mi ciudad, durante la Guerra Fría, me permitió vivir muchas y variadas experiencias durante mi niñez, lo que moldeó mi carácter, configuró mi visión del mundo e influyó en las decisiones que tomé más adelante en mi vida. Mi juventud estuvo llena de historias de gente corriente, mis familiares, que trabajaba sin descanso para salir adelante: mineros del carbón, agricultores, lavanderas. También había historias tenebrosas de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación alemana de los Países Bajos, pero abundaban más las historias de esperanza relacionadas con la liberación de Europa Occidental . La generación de mis padres y la mía propia tuvieron oportunidades hasta entonces inimaginables para gente de nuestros orígenes. Oportunidades basadas en la libertad, una libertad que durante décadas se negó a las personas que se encontraban al otro lado de la línea divisoria de Europa.


Mis estudios se centraron en la literatura francesa y la integración europea. Hice el servicio militar, de casi dos años, en el ejército de los Países Bajos y, tras superar el examen diplomático en 1987, entré en el Servicio de Asuntos Exteriores neerlandés cuando empezaba un cambio histórico en Europa. Uno de esos grandes puntos de inflexión que nadie podía haber previsto y el acontecimiento político más definitorio de mi generación. La reunificación de nuestro continente es un triunfo sobre la opresión y el atraso y el mayor éxito de este gran sueño llamado Europa.


Fui secretario personal y asesor de Max van der Stoel, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos y luego Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) a mediados de la década de los noventa. Se convirtió en mi mentor en política y seguirá siendo para mí un modelo y una fuente de inspiración, por sus incansables esfuerzos en pro de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Europa. Tengo intención de trabajar con el mismo espíritu a favor de estos valores europeos, que son y seguirán siendo los cimientos de la Unión Europea.


En 1998 me convertí en miembro del Parlamento por el Partido Laborista de los Países Bajos. Posteriormente, fui miembro de la Convención Europea en representación de la Cámara de Representantes. La Convención mostró cómo los diputados del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales y los Gobiernos de los Estados miembros pueden trabajar conjuntamente de forma productiva. También destacó la condición última que los políticos de la Unión Europea siempre deben respetar, el apoyo de los ciudadanos cuando se toman decisiones en la Unión Europea. El rotundo «no» del referéndum neerlandés me provocó una fuerte impresión y me decepcionó personalmente. Me atrevo a decir que fue el punto más bajo de mi vida política, pero también me enseñó una valiosa lección, la de que independientemente de lo bienintencionados que podamos ser, sin el apoyo de los electores, nuestra Unión se queda sin el apoyo de las personas, que constituyen, junto con los Estados miembros, los dos elementos realmente soberanos. 


Si se me confirma como Comisario, quiero reforzar la Unión mejorando su legitimidad democrática a través de políticas, antes que mediante debates técnicos con el Parlamento Europeo, y trabajando de forma estrecha y constructiva con el Consejo y los Parlamentos nacionales. Pero también deseo llegar directamente a los interesados reales, los ciudadanos de Europa. Todos tenemos la responsabilidad de mejorar la legitimidad democrática, no solo porque es útil, sino porque es lo correcto.


Como miembro del Parlamento, Ministro de Asuntos Europeos de 2007 a 2010 y Ministro de Asuntos Exteriores desde 2012, he tenido el privilegio extraordinario de intercambiar puntos de vista sobre la Unión Europea con otros políticos, estudiantes, periodistas y electores de todas las esferas de la vida y de las convicciones más variadas. Creo en los valores de la integración europea y estoy convencido de la necesidad de una Europa fuerte en el siglo XXI, pero durante esos encuentros personales muchas personas me expresaron sus dudas y temores sobre el funcionamiento de la UE. No podemos tratar con condescendencia a la gente y limitarnos a publicar más folletos o crear más sitios informativos en Internet. Tenemos que hablar con los ciudadanos y escuchar sus preocupaciones reales si queremos albergar la esperanza de que nos escuchen. Si seguimos atrapados en un debate en el que la única cuestión que se plantea es: «¿está usted a favor o en contra de Europa?», perderemos todos.


En los Países Bajos he iniciado un debate sobre lo que la Unión Europea debe hacer - un debate sobre cómo establecer prioridades y puntos de interés, sobre la mejor manera de integrar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el ADN del proceso de toma de decisiones europeo y tratar de buscar la manera de mejorar la interacción con los Parlamentos nacionales. Sería un privilegio para mí orientar y seguir dando forma a este debate como primer Vicepresidente de la Comisión, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y el Consejo. No se trata solamente de un puesto de trabajo o de una cartera; se trata de un servicio público que en última instancia debe contribuir al gran objetivo de una Europa libre y unida, en la que todos los ciudadanos puedan tener la perspectiva de un futuro mejor, con vivienda, educación, empleo y oportunidades. Esto es lo que hace única a Europa, y tenemos la deuda con nuestros hijos de luchar a diario por alcanzar este objetivo y esta Europa, todos juntos.


Avanzaré con vigor y entusiasmo hacia la puesta en práctica de las directrices políticas fijadas por Jean-Claude Juncker y haré todo lo posible para mantener el trabajo de la Comisión en la vía adecuada, de modo que toda la energía y conocimientos de su personal puedan centrarse en las cuestiones que más nos preocupan, y no estancarse en cuestiones pequeñas de las que podrían ocuparse otros. Trabajaré estrechamente con todos los Comisarios como iguales en un verdadero Colegio y con equipos eficaces para garantizar que la legislación europea se ajusta a las mejores normas de calidad – no solo «menos normas», sino, más importante aún, normas mejores y más legítimas. En mi opinión, se trata de permitir que los europeos utilicen el mayor don de que disponen, sus propias aspiraciones y el trabajo duro. Se trata de la libertad. Libertad para hacer negocios; libertad para comerciar; libertad para asumir riesgos y libertad para fracasar y volver a intentarlo; libertad para que las pequeñas empresas no se vean tratadas de forma abusiva por las grandes. Libertad para viajar y aprender; libertad para recibir y difundir ideas; libertad para expresarse libremente en una sociedad democrática; libertad frente a la discriminación; libertad para vivir la vida privada y familiar con dignidad y seguridad. No se trata de cuántas normas hacemos o infringimos, se trata de lo que nuestro trabajo significa, lo que nuestra acción o falta de acción supone para las mujeres y los hombres de nuestro continente. Cuál es nuestro impacto sobre Europa. Lo que importa no es el volumen de nuestra producción legislativa sino su resultado práctico en la realidad.


Al haber prestado servicio como Ministro del Gobierno mi situación financiera y mis disposiciones organizativas se han examinado a fondo, y he puesto mi declaración de intereses a disposición del Parlamento Europeo. Si se me confirma como Comisario, respetaré plenamente la forma y el fondo del Tratado, sobre todo la obligación de actuar en el interés europeo sin aceptar instrucción alguna. Respetaré y cumpliré los términos y el espíritu del Código de conducta de los miembros de la Comisión Europea y me comprometo a desarrollar con la mayor transparencia mi trabajo como primer Vicepresidente. 

 
 
2. Gestión de la cartera y cooperación con el Parlamento Europeo y sus comisiones

¿Cómo evaluaría usted su papel como miembro del Colegio de Comisarios? ¿En qué sentido se consideraría a sí mismo responsable ante el Parlamento de sus propias acciones y de las de su servicio?


¿Qué compromisos específicos está dispuesto a asumir en materia de incremento de la transparencia, intensificación de la cooperación y seguimiento efectivo de las posiciones y solicitudes de iniciativas legislativas formuladas por el Parlamento? En relación con las iniciativas previstas y los procedimientos en curso, ¿está dispuesto a facilitar al Parlamento la información y los documentos pertinentes en pie de igualdad con el Consejo?


Si se me confirma como Comisario, mi función como primer Vicepresidente y Comisario encargado de la Mejora de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de Derecho y Carta de Derechos Fundamentales será dirigir y coordinar el trabajo de la Comisión en estos ámbitos. Ayudaré a Jean-Claude Juncker y trabajaré en estrecha cooperación con los demás colegas de la Comisión, especialmente Vĕra Jourová como Comisaria responsable de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y Dimitris Avramopoulos como Comisario responsable de Migración y Asuntos de Interior. Otorgo gran importancia a la colegialidad dentro de la Comisión y a la objetividad e imparcialidad en relación con todos los interlocutores externos. Seguiremos trabajando conjuntamente para garantizar que todas las propuestas de la Comisión respetan los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en estrecha cooperación con las demás instituciones europeas y los Parlamentos nacionales. Me consideraré responsable ante el Parlamento de mis acciones y las de mis servicios, en particular, el servicio de auditoría interna de la Comisión.


La transparencia es una prioridad para la nueva Comisión. Publicaré en las correspondientes páginas web todos los contactos y reuniones que tenga con organizaciones profesionales o trabajadores autónomos sobre cualquier cuestión relativa a la elaboración y puesta en práctica de las políticas de la UE. Prepararé una propuesta de Acuerdo Interinstitucional sobre la creación de un registro obligatorio de grupos de interés que abarque la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo. Deseo colaborar con el Parlamento para dar un nuevo impulso a nuestra asociación especial a tenor del Acuerdo marco de 2010. Trabajaré con el Parlamento de manera transparente, en un espíritu de lealtad, confianza mutua y cooperación, poniendo a los colegisladores de la Unión Europea en igualdad de condiciones.


Las orientaciones políticas fijadas por el Presidente electo Jean-Claude Juncker servirán de base para la programación anual y plurianual de la Unión, que le ayudaré a coordinar. En lo que respecta al seguimiento de las posiciones y solicitudes del Parlamento Europeo, aplicaré las disposiciones del Acuerdo marco y, en mis ámbitos de responsabilidad, garantizaré que la Comisión responda a las resoluciones parlamentarias o solicitudes efectuadas sobre la base del artículo 225 del TFUE en el plazo de 3 meses tras su adopción. En este contexto, apoyo y respaldaré plenamente el compromiso adquirido por el Presidente electo, Sr. Juncker, de que, en el futuro, la Comisión prestará especial atención a los informes de iniciativa legislativa.


Además de defender los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, mi intención es seguir trabajando con el Parlamento y el Consejo para mejorar la calidad de la legislación y suprimir la burocracia innecesaria, tanto a escala nacional como europea, orientando también el trabajo de la Comisión sobre el «Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación» (REFIT) y garantizando que nuestras actividades estén sustentadas por unas evaluaciones de impacto exhaustivas. Velaré por que las propuestas e iniciativas de la Comisión respeten la Carta de los derechos fundamentales.

 
 
Preguntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos

3. Evaluaciones de impacto, ley de procedimiento administrativo y subsidiariedad


Durante la última legislatura, el Parlamento centró gran parte de su trabajo en la mejora de la legislación en aplicación del Tratado de Lisboa por el que se creó un nuevo entorno legislativo. La evolución hacia una reglamentación inteligente y una adecuación de la normativa pretende allanar el camino hacia un ciclo político que se base en 1) unas consultas más amplias, incluidas evaluaciones de impacto multidisciplinares a varios niveles y controles de la subsidiariedad por los Parlamentos nacionales, 2) la elaboración y la aprobación de legislación con la posibilidad de delegar competencias legislativas o de otorgar competencias de ejecución a la Comisión, y 3) controles a posteriori cuyos resultados deben incorporarse en los nuevos ciclos políticos en forma de nuevas iniciativas, incluida la reducción de los trámites burocráticos.


En los últimos años, el Parlamento ha creado servicios internos encargados de la realización de evaluaciones de impacto ex ante y ex post de las propuestas y enmiendas legislativas y de estudiar el valor añadido europeo y el coste de la no Europa. Las evaluaciones de impacto de la Comisión se efectúan antes de que el Colegio de Comisarios tome una decisión sobre una propuesta, y no tienen en cuenta las eventuales revisiones efectuadas en la propuesta final. Además, el Consejo no dispone de los medios necesarios para llevar a cabo evaluaciones de impacto en lo que se refiere a sus enmiendas y posiciones sobre las propuestas legislativas.


En su Resolución de 15 de enero de 2013 el Parlamento pidió a la Comisión que presentara, sobre la base del artículo 298 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Reglamento sobre una ley europea de procedimiento administrativo, de acuerdo con las recomendaciones detalladas que figuran en la Resolución relativas, entre otras cosas, a los principios generales por los que se debe regir la administración y las normas por las que se rigen las decisiones administrativas. La Comisión ha respondido a esta petición afirmando que esta cuestión es muy importante, y se ha comprometido a estudiarla atentamente antes de tomar otras medidas.


El Tratado de Lisboa pretendía no solo otorgar mayores competencias legislativas al Parlamento, sino también facilitar la puesta en práctica, la aplicación y la ejecución de la legislación de la UE. Invocando el papel fundamental de la Comisión como «guardiana de los Tratados», el Parlamento ha instado en varias resoluciones a la Comisión a que ejerza sus competencias y cumpla su deber de supervisar la aplicación de la legislación de la UE con mayor rigor, ya que se trata de un principio fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión que debe basarse en el Estado de Derecho. ¿Cuál es su posición sobre este aspecto fundamental?


De conformidad con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, «los Parlamentos nacionales velarán por el respeto del principio de subsidiariedad» con arreglo al procedimiento establecido en el Protocolo n° 2 del Tratado de Lisboa, que introdujo un mecanismo de control de la subsidiariedad por los Parlamentos nacionales sobre los proyectos de legislación de la UE mediante la emisión de dictámenes motivados.


De conformidad con el artículo 7 del Protocolo nº 2, el autor de una propuesta legislativa «tendrá en cuenta los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales o cualquiera de las cámaras de un Parlamento nacional». Los llamados procedimientos de tarjeta amarilla y naranja obligan a la Comisión a examinar un proyecto de propuesta y a decidir si lo mantiene, lo modifica o lo retira si se alcanza un determinado umbral en cuanto al número de dictámenes motivados enviados dentro del plazo fijado. El umbral para la tarjeta amarilla por parte de los Parlamentos nacionales se ha alcanzado, hasta la fecha, en dos ocasiones. La primera vez, en mayo de 2012, en relación con la propuesta legislativa de la Comisión sobre el derecho de huelga (Monti II). La Comisión retiró la propuesta unos meses más tarde. En noviembre de 2013, se alcanzó el umbral de la tarjeta amarilla en relación con la propuesta de creación de una fiscalía europea. Sin embargo, en esta ocasión, la Comisión decidió mantener su propuesta sin modificaciones.


¿Qué medidas concretas tiene intención de tomar el Vicepresidente propuesto para actualizar y revisar el Acuerdo interinstitucional de 2003 sobre «Legislar mejor»–, como solicitó en varias ocasiones el Parlamento Europeo–, y para elaborar una ley europea de procedimiento administrativo a fin de tener en cuenta esta evolución y garantizar la transparencia y la seguridad jurídica de los ciudadanos? Más concretamente, ¿qué acciones piensa adoptar para garantizar que las evaluaciones de impacto de la Comisión se realizan de forma totalmente independiente y que los procedimientos legislativos se basan en pruebas en todas sus fases? ¿Cómo reaccionaría el Comisario propuesto en caso de que una propuesta de la Comisión recibiera un gran número de dictámenes motivados y qué medidas tomaría? Si los parlamentos nacionales alcanzaran el umbral de tarjeta amarilla o tarjeta naranja contra una propuesta de la Comisión, ¿se consideraría en la obligación de retirar o de modificar la propuesta? ¿Consideraría el Comisario propuesto la posibilidad de pedir al Parlamento Europeo y a su comisión competente que estudiasen, junto con la Comisión, cuál sería la respuesta adecuada a una tarjeta amarilla o naranja?


La Unión Europea es una unión de valores, pero también de Derecho. A través de los sucesivos Tratados, los países europeos han atribuido competencias a la UE para que actúe en ámbitos en los que existe un valor añadido europeo, porque la acción a nivel puramente nacional no puede alcanzar el resultado deseado.


La legislación de la Unión es esencial para nuestro mercado único, al establecer un conjunto común de normas para que las empresas operen en el espacio económico común más grande del mundo. Da sentido a las libertades que los ciudadanos europeos aprecian, como el derecho a la libre circulación, al tiempo que garantiza su seguridad y su derecho a la justicia. Enmarca nuestra respuesta común a los retos comunes, como la energía, el medio ambiente y el cambio climático, y sustenta nuestro modelo social europeo. Nuestro corpus de legislación europea no solo es necesario, sino que es también lo que hace que nuestra UE sea cualitativamente diferente a cualquier otro modelo de gobernanza colectiva del mundo.


Y esta es la razón por la que, si se me confirma como Comisario, velaré con pasión por que cada una de las medidas que conforman el código normativo de la UE sea de la mayor calidad - lo más efectiva, apropiada, operativa, actual y sencilla posible.


Los beneficios del Derecho de la Unión para los ciudadanos, las empresas y la sociedad en general no se materializarán a menos que la legislación esté bien diseñada y se aplique efectivamente sobre el terreno. Tenemos que trabajar juntos para conseguirlo.


Todas las instituciones de la Unión deben asumir la responsabilidad de adoptar unos buenos principios reglamentarios y de aplicarlos en la práctica. Nuestro actual Acuerdo Interinstitucional sobre legislar mejor no lo prevé. Tengo por tanto la intención de proponer al Colegio de Comisarios que presentemos una propuesta la próxima primavera para actualizar el Acuerdo, a fin de que nuestros métodos de trabajo se adapten a la moderna realidad de hoy día. Espero que, a través de un diálogo constructivo, podamos llegar a un acuerdo respecto a este nuevo Acuerdo Interinstitucional antes de finales de 2015.


Pero antes que la importante cuestión de «cómo» legislar, la primera cuestión que debemos plantearnos es «por qué»: ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son los problemas que los ciudadanos de la UE piensan que requieren soluciones comunes? La titularidad compartida de prioridades entre instituciones es esencial. El diálogo estructurado con el Parlamento Europeo, tal como se expone en el Acuerdo marco, está sólidamente asentado como parte clave del proceso del Programa de Trabajo de la Comisión. Me comprometo a explorar nuevas ideas para mejorar la programación interinstitucional, de conformidad con el artículo 17 del TUE, con el fin de que el Parlamento, el Consejo y la Comisión puedan desempeñar su propio papel específico dentro de un enfoque común y más sistemático para establecer prioridades. La agenda estratégica fijada por el Consejo Europeo en junio es un buen punto de partida, pero debemos traducirla en términos operativos, lo que podría reflejarse en la modernización del Acuerdo Interinstitucional sobre legislar mejor. Una prioridad inmediata para mí será impulsar, con el Parlamento Europeo y el Consejo, un debate sobre la lista de las propuestas legislativas pendientes, a fin de que la Comisión pueda decidir si se debe seguir adelante con ellas o no.


Creo que la Comisión, el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales comparten el mismo interés, a saber, servir a los ciudadanos europeos aportando soluciones europeas a los problemas que no pueden abordar los Estados miembros individualmente. Los Parlamentos nacionales merecen especial atención. El actual diálogo político debe profundizarse y consideraré responsabilidad personal, de común acuerdo con el Presidente electo, Sr. Juncker, animar a todos mis colegas de la Comisión a aceptar las invitaciones para comparecer ante los Parlamentos nacionales.


La subsidiariedad debe situarse en el centro del proceso democrático europeo. Se trata de un elemento clave para lograr nuestro objetivo de ser «grande en las cuestiones grandes y pequeño en las cuestiones pequeñas». Pero aún queda mucho trabajo por hacer en la búsqueda de un terreno común sobre la forma de llevar a cabo la evaluación de la subsidiariedad.


La subsidiariedad es un principio jurídico, pero también un concepto político. En relación con las propuestas legislativas a nivel europeo, la cuestión no es si la medida propuesta sería beneficiosa o simplemente «conveniente», sino si es necesaria para lograr un objetivo que no se puede realizar a escala nacional, regional o local. Incumbe a la Comisión en primer lugar analizar y explicar en términos comprensibles por qué exactamente son necesarias sus propuestas y cómo se ajustan al principio de subsidiariedad. Prestaré especial atención a esta cuestión y exigiré a mis colegas Comisarios que en todas las propuestas haya una valoración de la subsidiariedad política, y no solo jurídica y técnica.


La UE ha introducido el mecanismo de tarjeta amarilla o naranja al reconocer que se trata de un elemento clave en el debate político de una propuesta: la subsidiariedad debe ocupar el centro de nuestro consenso democrático europeo. El proceso de los Parlamentos nacionales al emitir dictámenes motivados no debe considerarse, pues, como una sanción, sino como una invitación a entablar un diálogo sobre la necesidad y la pertinencia de las propuestas.


Si la Comisión recibe cierto número de dictámenes motivados pero no se alcanza el umbral para el procedimiento de tarjeta amarilla, los Tratados no obligan a la Comisión a revisar la propuesta, y el proceso legislativo sigue su curso normalmente. Sin embargo, garantizaré que todos los Parlamentos nacionales interesados reciban respuestas individuales a sus dictámenes motivados y promoveré un estrecho diálogo con los Parlamentos nacionales interesados en esos expedientes. Por supuesto, todas las instituciones deben también tener en cuenta esos dictámenes durante el proceso legislativo.


Si se alcanza el umbral para la incoación de un procedimiento de tarjeta amarilla o naranja, la Comisión está obligada a revisar su propuesta y decidir si la mantiene, modifica o retira. La decisión debe tomarse caso por caso, tras un examen minucioso de las alegaciones formuladas y los puntos de vista expresados.


Me alegraría que el Parlamento Europeo y sus comisiones participaran en estos debates. Esta participación solo puede servir de ayuda para lograr un consenso sobre la idea de subsidiariedad. Apoyaría plenamente que los miembros de la Comisión, si se les invita, comparecieran ante el Parlamento Europeo o sus comisiones para debatir las conclusiones de la Comisión. Esta iniciativa sería una importante ayuda para profundizar en nuestra visión común de la subsidiariedad examinando un caso específico. Podría ayudarnos, por ejemplo, a distinguir entre subsidiariedad y proporcionalidad, y darnos la oportunidad de estudiar la manera en que estas cuestiones se examinaron en la evaluación de impacto y en las explicaciones y justificaciones presentadas por la Comisión en su propuesta.


Una vez que dispongamos de una visión común de las prioridades – «qué» debe hacer Europa – la siguiente cuestión será «cómo» debe hacerlo. Quiero que la Comisión disponga de la «mejor» práctica reguladora. Esto significa que es necesario dar la máxima prioridad a reforzar y perfeccionar nuestros instrumentos de mejora de la legislación – evaluación de impacto, consulta de las partes interesadas y evaluación. Tenemos que seguir mejorando el sistema de evaluación de impacto de la Comisión. Una serie de organismos independientes externos reconocen que el actual sistema tiene un nivel elevado, pero me gustaría subir el listón aún más. Solo la más alta calidad, las evaluaciones de impacto basadas en pruebas, pueden conducir a propuestas que arrojen los resultados que nos estamos esforzando en conseguir. Aprovecharé la revisión en curso de las directrices que regulan la forma de preparar las evaluaciones de impacto para dar un nuevo impulso a la mejora de la calidad. Voy a hacer lo mismo con la política de consulta de las partes interesadas, para mejorar la calidad de las consultas y ofrecer una formulación de políticas más transparente e informada.


Las evaluaciones de impacto deben realizarse de forma profesional e imparcial. El Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión analiza cuidadosamente todas las evaluaciones de impacto y, desde su creación, ha pedido que se vuelvan a presentar más del 40 % de los proyectos de evaluaciones de impacto porque el trabajo inicial no cumplía las normas de calidad. Esto muestra la seriedad con la que se ejerce el control de calidad.


Una cuestión a la que prestaré especial atención es la exhaustividad de las evaluaciones de impacto . La Comisión siempre tiene libertad para adoptar una decisión aunque difiera de la opción privilegiada en la evaluación de impacto. Pero la Comisión no debe adoptar nunca una decisión cuya sustancia no figure y no se haya verificado en la evaluación de impacto: en cualquier caso, la Comisión no debería adoptar su propuesta antes de que se hubiera completado la citada evaluación. La introducción de equipos de Comisarios con los Vicepresidentes coordinando y garantizando la coherencia entre las diferentes políticas, contribuirá a ello, ya que hará posible un mayor debate político – incluida la identificación de las posibles alternativas - en las primeras etapas del proceso.


El fortalecimiento de las capacidades de evaluación de impacto del Parlamento Europeo es algo que de lo que me congratulo, ya que aporta un importante elemento añadido de revisión de la calidad interinstitucional. Es preciso que las instituciones hagan más esfuerzos por evaluar de forma más sistemática el impacto de las modificaciones legislativas importantes. El Parlamento se está implicando considerablemente en esta cuestión pero el Consejo no está tan avanzado. Si se me confirma como Comisario, tengo la intención de plantear esta cuestión en el Consejo de Asuntos Generales.


Garantizar la calidad es igualmente importante al examinar el acervo de la legislación de la UE. No solo tenemos que concebir bien nuestras propuestas sino que tenemos que gestionar activamente el acervo para que siga estando actualizado y adaptado a su finalidad. Ese es el objetivo del Programa de adecuación de la normativa (REFIT) – una evaluación sistemática de la legislación existente. Seguiré de cerca los avances con las actuales acciones REFIT y determinaré las prioridades para la adopción de nuevas medidas. Mi objetivo es eliminar cargas innecesarias y reducir los costes para que la puesta en práctica sea más simple, de modo que los beneficios de la legislación de la UE pueda alcanzarse con mayor efectividad La evaluación sistemática de la legislación vigente, en consulta con la sociedad empresarial y civil, significará que la próxima generación de legislación reflejará las lecciones aprendidas y los problemas detectados en su puesta en práctica – incluidos los identificados a raíz de las denuncias de los ciudadanos y las peticiones al Parlamento Europeo - y que aportará resultados para empresas y ciudadanos de la manera menos onerosa.


Por lo que se refiere a la ejecución de la legislación de la UE, en primer lugar, la Comisión debe diseñar sus propuestas de forma que se tengan plenamente en cuenta los desafíos en materia de puesta en práctica. Esto significa que la Comisión debe implicarse mucho antes con los Estados miembros que aplicarán las leyes, así como con las empresas y la sociedad civil en general en el proceso de consulta y evaluación de impacto. Desearía que la Comisión trabajara estrechamente con los Estados miembros para desarrollar planes de puesta en práctica siempre que fuera útil.


En segundo lugar, los Estados miembros deben tomarse en serio su responsabilidad a la hora de transponer y aplicar la legislación de la Unión. La Comisión puede ayudar a explicar las normas y prever los problemas. En estos casos los Estados miembros deben ver en la Comisión la instancia que puede resolver sus problemas. Este es el objetivo del mecanismo Pilot UE, con el que la Comisión Europea y los Estados miembros trabajan juntos para hacer frente a los problemas y encontrar soluciones rápidas; el 70 % de los posibles problemas jurídicos se resuelve actualmente de esta manera. Sin embargo, quiero dejar claro que, en último término, la Comisión debe estar dispuesta a incoar procedimientos de infracción y a actuar con más celeridad en la remisión al Tribunal de Justicia si un Estado miembro sigue incumpliendo la legislación de la UE. Una de las áreas a las que prestaré especial atención, en estrecha cooperación con la Comisaria responsable de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género y el Comisario responsable de Migración y Asuntos de Interior, es la de la cooperación policial y judicial en materia penal, que formará parte de los procedimientos de infracción y de supervisión habituales del Tribunal de Justicia a partir del próximo mes de diciembre. Mantendré regularmente informados al Parlamento y a las demás instituciones sobre la política de la Comisión y me alegraré de que se genere un debate más amplio sobre la puesta en práctica de la legislación de la UE. Asimismo, insistiré en que las dificultades que aparezcan en la aplicación de la legislación de la UE se analicen de manera sistemática y se tengan en cuenta al evaluar y revisar la legislación vigente de la UE.


Tengo la intención de examinar la posibilidad de un Derecho europeo de procedimiento administrativo. En el artículo 298 del TFUE se especifica la necesidad de «una administración europea abierta, eficaz e independiente». Esta idea es la que orienta el trabajo de todas las instituciones, agencias y organismos de la UE. Actualmente la administración se rige por un amplio conjunto de normas, principios y prácticas. Muchas de ellas reflejan principios generales comunes en muchas administraciones de nuestros Estados miembros. Mejorar la visibilidad de estas normas sería ya de utilidad.


Pero tenemos que reconocer que se siguen expresando reservas sobre la forma de trabajar de la administración europea. No hay duda de que queda margen para perfeccionar y mejorar las normas administrativas. La adopción de nueva legislación basada en el artículo 298 del TFUE podría ser una manera de afirmar nuestro compromiso con un servicio público del más alto nivel. Un marco global que fije unos principios para todo el servicio público de la UE podría contribuir a mostrar a los ciudadanos y a las empresas que la administración no es un fin en sí misma, sino un medio para servir a los intereses europeos.


Una buena administración a nivel nacional también es importante para la realización de las políticas de la UE. La modernización de la administración pública se consideró una de las cinco prioridades del semestre europeo de este año. Apoyaré que se siga prestando atención a esta cuestión, en particular también en las futuras recomendaciones específicas por país. Desafíos tales como unos presupuestos ajustados y la necesidad de adaptar a la realidad digital la prestación de servicios son comunes a todos los Estados miembros. La UE puede desempeñar un papel importante apoyando a los Estados miembros en estos esfuerzos, en consonancia con el artículo 197 del TFUE.


4. Actos delegados y de ejecución


Los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) introdujeron la posibilidad de delegar poderes legislativos o de conferir competencias de ejecución a la Comisión. El Consejo se ha mostrado renuente a delegar poderes legislativos en la gran mayoría de los casos en los que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 290 del TFUE, y parece favorecer la atribución de competencias de ejecución, posiblemente con el fin de garantizar que los expertos de los Estados miembros puedan ejercer influencia. Recientemente, el Tribunal de Justicia ha declarado, en su sentencia en el asunto C-472/12, que el legislador de la Unión dispone de un margen de apreciación cuando decide entre los dos artículos y que el control judicial se limita a errores de apreciación manifiestos acerca de si el legislador de la Unión habría podido considerar razonablemente, en primer lugar, que, para poder aplicarse, el marco jurídico establecido en el acto de base solo necesita que se añadan algunos detalles, sin que tengan que modificarse o completarse elementos no esenciales, y, en segundo lugar, que las disposiciones del acto de base exigen unas condiciones de ejecución uniformes.


De conformidad con el punto 15 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, esta debe facilitar información y documentación completas sobre sus reuniones con los expertos nacionales celebradas en el marco de sus trabajos sobre la preparación y aplicación de la legislación de la Unión, incluidos los instrumentos de Derecho indicativo y los actos delegados. Si el Parlamento así lo solicita, la Comisión podrá invitar también a expertos del Parlamento a dichas reuniones.


¿Qué medidas piensa adoptar el Comisario propuesto para garantizar que el artículo 290 del TFUE no pierda validez ante la renuencia del Consejo a delegar en la Comisión poderes legislativos? ¿Cómo piensa mejorar el Comisario propuesto las modalidades de cooperación con el Parlamento Europeo en el ámbito de los actos delegados y de ejecución? ¿Cómo piensa avanzar en el denominado «paquete ómnibus» (armonización), actualmente estancado en el Consejo, a pesar del hecho de que el Parlamento ya aprobó su posición en primera lectura en febrero de 2014? ¿Se comprometerá el Comisario propuesto a crear un registro de actos delegados, cuyo acceso incondicional se concederá al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento, y a mejorar la transmisión al Parlamento Europeo de todos los documentos relativos a actos de ejecución? ¿Está de acuerdo el Comisario propuesto en que una buena cooperación en este ámbito también incluye el pleno acceso de los expertos del Parlamento a los grupos de expertos de la Comisión que preparan actos delegados y a la información de la que disponen?


Parto del principio de que la legislación adoptada por codecisión es la que goza de mayor legitimidad desde un punto de vista democrático. Tendré una posición firme sobre los aspectos que no sean esenciales, los elementos realmente necesarios para garantizar una aplicación uniforme y los aspectos eminentemente técnicos. Siempre que la Comisión solicite que se le confieran poderes legislativos o poderes de ejecución, velaré por que exista un motivo claro para ello, y me plantearé si no se puede o si resulta menos eficaz y eficiente incluir los elementos pertinentes directamente en el acto legislativo de base.


Es indudable que la distinción entre actos delegados y actos de ejecución ha resultado ser un problema recurrente. Redunda en interés de todos encontrar soluciones conjuntas que respeten los Tratados. Ello implica que el Parlamento, el Consejo y la Comisión deberán volver a reunirse. El informe de propia iniciativa del Parlamento de febrero de 2014 constituye un buen punto de partida para el debate que estoy deseando entablar con ustedes y en el seno del Consejo de Asuntos Generales.


El cometido de la Comisión es elegir en relación con una determinada propuesta aquel de los dos procedimientos que, en su opinión, resulte más adecuado. Habida cuenta de la necesidad de legislar mejor y de la importancia de la supervisión democrática, garantizaré que esta elección se lleve a cabo conforme a criterios objetivos y en el pleno respeto de los Tratados. Ahora bien, serán el Parlamento y el Consejo, en última instancia, quienes decidan si es preciso conferir a la Comisión poderes delegados o competencias de ejecución.


Por lo que respecta a la armonización, no me parece aceptable que siga estando tan extendida la utilización del «procedimiento de reglamentación con control», ya superado. Deseo imprimir un nuevo impulso al logro de un acuerdo y tengo la intención de proponer a la Presidencia que incluya este punto en el Consejo de Asuntos Generales. La Comisión debería mostrarse abierta a aquellas modificaciones que estén justificadas, si bien la opción de conferir competencias debe seguir basándose en criterios objetivos. Por otro lado, será más fácil alcanzar el consenso si progresamos en los aspectos de delimitación y consulta.


En cuanto a los actos delegados, puedo entender evidentemente el deseo de lograr un proceso de consulta mejor y una mayor transparencia. En la fase preparatoria, animaré a mis colegas Comisarios a lanzar consultas públicas siempre que se considere adecuado a fin de obtener contribuciones de todos los interesados. Asimismo, consideraré la posibilidad de que la Comisión publique sistemáticamente los proyectos de medidas en el momento en que esté previsto el inicio de las consultas con los grupos de expertos. Ello permitirá al Parlamento Europeo y al Consejo, así como a otros interesados, manifestar su opinión antes de la adopción formal. Las tres instituciones podrán discutir si el establecimiento de un Registro específico puede ser la solución y, en función de las conclusiones alcanzadas, estaré dispuesto a examinar la viabilidad de dicha opción y a incluirla en el Acuerdo Interinstitucional modernizado sobre legislar mejor. Por lo que respecta a los actos de ejecución, el Reglamento (UE) nº 182/2011 establece un marco jurídico claro y global y el Registro de Comitología aporta una garantía de transparencia. Aunque el sistema parece funcionar correctamente, estaría dispuesto desde luego a examinar cualquier sugerencia para su mejora dentro del marco jurídico actual.


La respuesta reside también en parte en una mayor responsabilización política de los Comisarios y una mejor programación del flujo de trabajo relacionado con los actos delegados y de ejecución , lo que nos permitirá asimismo prever mejor las situaciones en que puedan plantearse problemas políticos reales y determinar en qué casos se requieren evaluaciones de impacto. La mayoría de los actos eminentemente técnicos no requiere un enfoque de este tipo que sin embargo será muy necesario cuando se introduzcan cambios que tengan un impacto real sobre una amplia variedad de interesados y revistan, por tanto, un interés político legítimo.


Estoy al tanto de que diversos miembros del Parlamento Europeo han manifestado su preocupación respecto de la aplicación del Acuerdo Marco sobre la participación de expertos del Parlamento en las reuniones de los grupos de expertos. La cooperación en este aspecto es crucial y el Acuerdo Marco debe servirnos de guía. Soy consciente de que a veces surgen problemas en relación con las modalidades prácticas de aplicación. Estos problemas deberían ir disminuyendo a medida que la práctica se vaya afianzando, aunque es importante que esta implicación se materialice en un acto político del Parlamento como institución, mediante una solicitud de un cargo público responsable, como, por ejemplo, el Presidente de la comisión parlamentaria competente. Creo que podemos introducir rápidamente una serie de medidas de orden práctico que permitan mejorar la situación, como el sistema de «alerta temprana», para informarles a ustedes sobre las reuniones de los grupos de expertos. Si se confirma mi nombramiento como Comisario estaré abierto a cualquier sugerencia para mejorar la información y la transparencia en favor del Parlamento Europeo a este respecto.

 
 
Preguntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior:

5. Pregunta


¿Cuáles serán sus dos prioridades en el ámbito del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales? ¿Qué método específico aplicará para asegurar que se respetan estas dos prioridades?


¿Está dispuesto a participar en un turno de preguntas con la Comisión LIBE previa solicitud para revisar esas prioridades y debatir asuntos de actualidad?


Entre las funciones que asumiré como Vicepresidente, considero de particular importancia la responsabilidad en el ámbito de los derechos fundamentales consagrados en la Carta y en el del Estado de Derecho.


El respeto del Estado de Derecho es un requisito previo para la protección de todos nuestros valores fundamentales. Es también una condición previa para el mantenimiento del conjunto de derechos y obligaciones derivados de los Tratados y del Derecho internacional, en particular la Convención Europea de Derechos Humanos. Es asimismo esencial para instaurar una confianza mutua entre los Estados miembros y los respectivos sistemas jurídicos. Reviste importancia porque deseamos que nuestros ciudadanos vivan en sociedades justas y equitativas que promuevan sus derechos y obligaciones. Pero es asimismo un requisito previo con vistas al crecimiento y la creación de un entorno en que las empresas se sientan confiadas e inviertan. Evidentemente, este aspecto está asimismo vinculado al papel de la Comisión en su calidad de guardiana de los Tratados: solo un estricto control de la aplicación de la legislación de la UE garantizará que los ciudadanos europeos puedan gozar de sus derechos en la práctica.


Mi prioridad fundamental consistirá en tratar de evitar que surja una amenaza sistémica al Estado de Derecho. Estoy convencido de que es mejor prevenir que curar. Entablar un diálogo con celeridad puede contribuir a desactivar situaciones problemáticas. La Comunicación de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2014 establece el marco a través del cual la Comisión podría entablar ese diálogo. Fui uno de los promotores de la idea en 2013 y opino que puede servir para colmar un vacío real, complementando los esfuerzos de otras instituciones de la UE y del Consejo de Europa. A continuación, en mi respuesta a la pregunta 6, abordaré de forma más exhaustiva esta prioridad.


En el ámbito de los derechos fundamentales, estableceré como prioridad la adhesión de la UE a la Convención Europea de Derechos Humanos (ECHR). Se trata de una parte importante de nuestra labor por garantizar el respeto de las personas en la Unión. En abril de 2013, concluyeron las negociaciones sobre el proyecto de Acuerdo de Adhesión. Si en su dictamen sobre la compatibilidad de dicho proyecto con los Tratados el Tribunal allana el camino para su celebración en los términos en que ha sido negociado, confío en que seré capaz de completar el proceso de adhesión en breve, y espero contar para ello con el apoyo permanente del Parlamento Europeo.


Considero esencial entablar con el Parlamento Europeo un diálogo profundo, franco y auténticamente político. No puedo concebir el desempeño de mis responsabilidades como Comisario sin un intercambio constante con el Parlamento y sus comisiones. Acogeré con satisfacción la oportunidad de mantener un debate regular con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y me aseguraré asimismo, en el marco de mis responsabilidades como coordinador del equipo, de que mis colegas Dimitris Avramopoulos y Vĕra Jourová muestren su absoluta disponibilidad ante el Parlamento. Asimismo prestaré atención, tanto a título personal como en el seno de mi equipo, a la importancia de la representación a nivel político en los diálogos tripartitos.


6. Pregunta


Como primer Comisario explícitamente a cargo del Estado de Derecho, ¿cuál es su estrategia para garantizar que este se respeta de manera eficaz y por igual en toda la Unión Europea? ¿Cómo piensa hacer uso del mecanismo invocado por su predecesor y efectuar el seguimiento de la posición expresada por el Parlamento en sus resoluciones sobre este asunto?


¿Cuál es su posición acerca de una estrategia interna de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales, tal como ha pedido el Parlamento, para garantizar la aplicación efectiva de la Carta en todo su territorio?


La experiencia reciente ha demostrado que las amenazas al Estado de Derecho en un determinado Estado miembro pueden ser fuente de seria preocupación en la Unión Europea en su conjunto. Fui uno de los primeros en fomentar el desarrollo de un enfoque más sistemático en tales circunstancias y me congratulé del establecimiento por parte de la Comisión a principios del año en curso del Marco del Estado de Derecho, que respeta plenamente las competencias de la Unión, así como las prerrogativas del Parlamento Europeo y del Consejo en virtud del artículo 7 del TUE.


La Comisión puede desempeñar en esta materia el papel específico de árbitro imparcial, objetivo e independiente. Cuenta con experiencia en la determinación serena e independiente de los hechos objetivos, incluso en ámbitos sensibles, como ha demostrado con los Mecanismos de Cooperación y Verificación. La objetividad y la equidad son elementos fundamentales y, a veces, a los Estados miembros les resulta más fácil aceptar verdades incómodas cuando provienen de la Comisión que de sus homólogos.


Prestaré particular atención a la concesión de un trato equitativo a los Estados miembros. Tengo para con todos ellos una actitud abierta y, con la ayuda de mi colega Vĕra Jourová, deseo formarme mi propio juicio basándome en los hechos y teniendo debidamente en cuenta la diversidad de las tradiciones constitucionales y culturales de los 28 Estados miembros.


Me satisface que el Parlamento haya manifestado ya su apoyo al Marco. Cuanto mayor sea el consenso en que se base mayor será su eficacia. En efecto, desearía construir un consenso en este ámbito y alcanzar un acuerdo sobre la responsabilidad común que supone el mantenimiento del Estado de Derecho. Se trata de un aspecto que desearía incluir en mi diálogo con ustedes. Cada una de nuestras instituciones puede desempeñar un papel complementario dentro del marco de la Unión. Por tanto, animaré al Consejo de Asuntos Generales a que mantenga un diálogo regular sobre el desarrollo del Estado de Derecho en los Estados miembros.


Creo firmemente que resultaría muy provechoso colaborar con otras instituciones dotadas de experiencia y credibilidad en este ámbito, como el Consejo de Europa y, en su seno, la Comisión de Venecia. Tengo la intención de cooperar estrechamente con el Secretario General Jagland. Deberíamos evitar la duplicación de esfuerzos y, si existe un organismo mejor situado para resolver un problema concreto, deberíamos apoyar su labor y complementarla, por ejemplo, mediante la incoación de procedimientos de infracción cuando se incumpla la legislación de la UE.


Pero en caso de que la Comisión detecte un eventual problema que no esté siendo tratado por otro medios ni otros organismos, no dudaré en recurrir a la aplicación del Marco del Estado de Derecho, ni en incoar procedimientos de infracción, en su caso. Evidentemente, solo debe recurrirse al artículo 7 del TUE en última instancia. Espero que no nos encontremos nunca ante una situación que exija su aplicación. Pero en caso de que así ocurra, estaré preparado para presentar las propuestas oportunas.


La Carta Europea de los Derechos Fundamentales es el reflejo de los valores comunes y las tradiciones constitucionales de nuestros Estados miembros. Las instituciones de la UE deben respetar y promover la Carta en todas sus actuaciones, al igual que los Estados miembros cada vez que aplican la legislación comunitaria. Además, la Carta ha supuesto un enorme paso hacia delante en el proceso de convertir a la Unión en un espacio de valores comunes.


Es preciso garantizar que todas nuestras acciones respeten la Carta, tanto cuando actuemos en el contexto de la legislación como en los demás casos. Deben implantarse controles sistemáticos de los derechos fundamentales en las distintas fases del proceso legislativo. Me preocuparé en concreto del modo de integrarlos en relación con las propuestas de la Comisión u otras iniciativas.


A la hora de abordar el respeto de los derechos fundamentales, ciertos ámbitos estratégicos exigen una atención particular. Así ocurre, sin lugar a dudas, en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior. El trabajo en equipo que coordinaré con Dimitris Avramopoulos y Vĕra Jourová nos ayudará a efectuar un salto cualitativo al respecto, mediante la plena integración del respeto de los derechos fundamentales en la aplicación de las orientaciones estratégicas establecidas por el Consejo Europeo el pasado mes de junio. Ello será especialmente importante a la hora de hallar el justo equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de garantizar a los ciudadanos europeos una vida en paz y seguridad.


Los ciudadanos manifiestan de forma creciente su preocupación respecto de lo que perciben como las consecuencias no deseadas de una de las libertades fundamentales de la Unión Europea: el derecho de los ciudadanos de la UE a circular libremente y a residir y trabajar en otros Estados miembros. No podemos reaccionar restringiendo este principio de libertad, sino que necesitamos mantener su credibilidad y su aceptación general, por lo que deberíamos seguir ayudando a los Estados miembros en el perfeccionamiento de las herramientas de las que ya disponen para atajar los posibles abusos o las reclamaciones fraudulentas.


Y dado que el respeto de los derechos fundamentales debe rebasar las fronteras, es asimismo esencial que esos derechos, incluida la protección de datos personales, sean plenamente respetados en nuestras relaciones con los terceros países.


Creo también que debemos estimular el debate en la opinión pública y en los medios políticos para que la Carta cobre realidad, y adquiriré ante la Agencia de los Derechos Fundamentales el compromiso de analizar la forma de optimizar el desempeño de sus funciones en este contexto.


La Carta solo vincula a los Estados miembros cuando aplican la legislación de la UE. Si se confirma mi nombramiento como Comisario, no dudaré en hacer cumplir esta obligación, también mediante procedimientos de infracción cuando resulte necesario. En los demás casos, corresponde a los Estados miembros garantizar el respeto de los derechos fundamentales de conformidad con sus constituciones nacionales y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular, la Convención Europea de Derechos Humanos. Subsidiariedad significa asimismo respeto de la diversidad de culturas, religiones, identidades nacionales y tradiciones de los pueblos de Europa.

 
 
Preguntas de la Comisión de Asuntos Constitucionales

7. Retos institucionales — ¿Cómo acercar la UE a los ciudadanos?


Para luchar contra el creciente euroescepticismo en muchos Estados miembros, ¿podría aclarar qué elementos le parecen esenciales (mejor funcionamiento de la iniciativa ciudadana europea, medidas para mejorar la transparencia del proceso de toma de decisiones de la UE y de las actividades de los grupos de interés, etc.)? ¿y para restablecer la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo? En el mismo sentido, ¿qué evolución de la estructura institucional de la Unión Europea prevé para reforzar la democracia, centrándose, en particular, en las medidas que desea promover para evitar que prevalezca el método intergubernamental sobre el método comunitario, y teniendo también en cuenta las inquietudes expresadas por algunos Estados miembros sobre el funcionamiento y la profundización de la integración de la UE, y ante el programa anunciado por el Presidente electo para alcanzar un acuerdo justo para Gran Bretaña y otros Estados miembros? ¿Cree que la experiencia adquirida con los «cabezas de lista» en la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 constituye un elemento capaz de restablecer la confianza y qué medidas apoyaría para seguir mejorando el sistema electoral europeo y capacitar a los partidos políticos europeos para que cumplan mejor su misión? ¿Cómo se propone abordar las cuestiones planteadas, por un lado, por las consecuencias de la eventual independencia de alguna región de los Estados miembros (información de los ciudadanos, definición de los procedimientos precisos para que estos posibles nuevos Estados se adhieran a la UE, etc.)?


¿Y cómo se propone aclarar, por otra parte, las repercusiones de un posible abandono de la Unión por algún Estado miembro, así como la posibilidad de una retirada parcial o definitiva de Estados asociados como Suiza? ¿Qué medidas prevé para fomentar la cooperación con los Parlamentos nacionales, mejorar la eficacia del funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior en el marco institucional general, dar mayor repercusión en la práctica a los artículos del Tratado relativos a la violación de los derechos fundamentales en los Estados miembros y acelerar la adhesión de la UE al CEDH?


Estoy convencido de que la Comisión no solo tiene la responsabilidad de actuar en interés de los ciudadanos, sino que debe además hacer visible esta actuación día tras día. Para acercar la UE a los ciudadanos debemos estar atentos a sus ideas, esperanzas e inquietudes, analizar la forma en que podemos ayudarles a encontrar soluciones comunes a problemas comunes. La percepción de la Comisión no debe ser la de una institución aislada dentro de la «burbuja de Bruselas ». Es preciso demostrar que las prioridades de los ciudadanos son las prioridades de la Comisión. Aunque instaurar la confianza me llevará tiempo y esfuerzo, este es en realidad nuestro cometido.


¿Cómo logrará la Comisión este objetivo? No estoy convencido de que modificar la arquitectura institucional sea la solución para reforzar la democracia europea. Temo que un debate prolongado acerca de la modificación del tratado pueda distraernos y crear tensiones innecesarias entre unas instituciones que deben colaborar para garantizar el éxito de la Unión. Redistribuir los poderes entre las instituciones reviste mucha menor importancia que adecuar convenientemente nuestra actitud o cultura. Los Tratados en vigor aportan un marco que permite cambiar las prioridades y avanzar en mayor medida en algunos ámbitos de integración, como, por ejemplo, la necesidad de desarrollar en mayor medida nuestra unión económica y monetaria para apoyar la realidad de nuestra moneda única.


El método comunitario es intrínsecamente adaptable y es preciso que tratemos de aplicarlo de modo que se corresponda con la realidad actual. Es democrático y transparente, garantiza un representación equitativa de todos los Estados miembros y produce resultados que reflejan de forma genuina nuestro común interés. El tratado de Lisboa incorporó este planteamiento y es nuestra tarea garantizar que funcione en la práctica. Salvo en el caso de la PESC, no debemos recurrir al método intergubernamental en los ámbitos de competencia de la UE; Justicia y Asuntos de Interior, por ejemplo, es en la actualidad un ámbito político «normal», como cualquier otro. En caso necesario, abogaré por que la Comisión defienda esta posición con los medios jurídicos oportunos.


Deberíamos mantener una actitud abierta hacia otras opciones previstas en el Tratado de Lisboa. No deberíamos descartar la posibilidad de sostener el recurso a las denominadas «cláusulas pasarela» que permiten pasar a una votación por mayoría cualificada, o al procedimiento legislativo ordinario. Y aunque la cooperación reforzada será siempre un mal menor, en determinadas circunstancias, recurrir a ella puede favorecer el interés común de la Unión, como ocurrió en el caso de las normas sobre el reconocimiento transfronterizo del divorcio.


Así, en mi opinión, el auténtico desafío consiste en modificar nuestra actividad, estableciendo las prioridades correctas y centrándonos en los aspectos más importantes, y la forma de llevarla a cabo. Solo lograremos el éxito si las fuerzas democráticas y las instituciones responsables a escala nacional y europea sintonizan sus objetivos y mensajes. Creo que en las elecciones al Parlamento Europeo ocurrió precisamente esto, y de acuerdo con estadísticas recientes, casi seis de cada diez ciudadanos opinan que votar en las elecciones europeas es la mejor forma de hacer oír su voz ante los responsables políticos de la UE. La introducción del sistema de «cabezas de lista» ha creado una nueva dinámica que se ha sido bien acogida. La alternancia entre los políticos nacionales y europeos es asimismo vital. Resulta alentador observar el creciente número de políticos que pasan con naturalidad de la política nacional al Parlamento Europeo, y viceversa. Los partidos políticos europeos desempeñan un papel crucial a la hora de estrechar las relaciones entre los políticos nacionales y europeos, así como de hacer frente al riesgo de discordancia entre las posiciones defendidas por los políticos a nivel nacional y las adoptadas en las negociaciones en Bruselas.


En tanto que Comisión, tenemos el deber de llevar a la práctica la lógica de este enfoque. Deseo que nuestros planteamientos se expongan más directamente a los ciudadanos, tanto a nivel de los parlamentos nacionales como de la opinión pública, e instaré a mis colegas a que actúen en este sentido. Debemos transmitir un mensaje claro: más empleo, mayor seguridad y mayor crecimiento económico. Los ciudadanos se sentirán más cercanos a la UE y harán avanzar el proyecto si perciben los beneficios concretos que puede reportarles en el ámbito personal y familiar, si se identifican con sus objetivos y su visión y si se sienten involucrados en el proceso. El papel de la ciudadanía europea a este respecto es esencial, ya que otorga al conjunto de los ciudadanos derechos y oportunidades que promueven una auténtica identidad europea.


El nuevo enfoque por equipos que desea introducir Jean-Claude Juncker dará a la Comisión un mensaje más claro, una orientación más concreta y propiciará una forma de colaborar distinta y más eficaz. Esta afirmación se hace asimismo extensiva al ámbito de las relaciones exteriores al que se alude en la pregunta: creo que se trata de un buen ejemplo de cómo podemos definir objetivos comunes y cumplirlos a través de una coordinación efectiva y estrecha entre el SEAE y la Comisión. Haré cuanto esté en mi mano para apoyar en su función de Vicepresidenta de la Comisión a mi futura colega Federica Mogherini, a quien el Presidente electo ha encomendado la tarea de contribuir a garantizar una acción exterior más efectiva por parte de la Unión.


Como evidencia la pregunta, la Comisión dispone de diversos instrumentos de ayuda a los que recurrir para recuperar la confianza de los ciudadanos. Debemos dar un paso más y aplicar estos instrumentos de modo que surtan plenamente su efecto. Es preciso que la Comisión mantenga un diálogo con el mundo exterior, pero del mismo modo que las respuestas a las consultas son públicas, debe existir la misma transparencia con respecto a las personas con quienes nos entrevistamos personalmente. La Comisión y el Parlamento han creado un «Registro de Transparencia» que en la actualidad abarca en torno al 80 % de las actividades destinadas a ejercer una influencia directa o indirecta en la adopción de decisiones por la UE. El próximo paso será obligar a todas las instituciones a utilizar el Registro, ya que no debemos aceptar que las grandes empresas jurídicas que desarrollan actividades de presión y otros actores importantes no estén inscritos. Me esforzaré por convencer al Consejo de que participe en la implantación de unas condiciones de igualdad. Apoyo plenamente el nuevo compromiso de transparencia adquirido por el Presidente electo en las orientaciones políticas. Me comprometo a hacer públicos todos los contactos y reuniones que mantenga con organizaciones profesionales o trabajadores autónomos sobre cualquier asunto relacionado con la elaboración y aplicación de las políticas de la UE.


Los diversos instrumentos y herramientas adicionales existentes, como, por ejemplo, la Iniciativa Ciudadana Europea, las consultas públicas, las evaluaciones de impacto, las evaluaciones y el mecanismo de subsidiariedad, son otras tantas oportunidades de intensificar el diálogo. La Comisión debe mostrar su actitud de total apertura. Si decide mantener una postura determinada, debe ser capaz de explicar su decisión con argumentos convincentes.


Preferiría no entrar en demasiadas especulaciones sobre las implicaciones que podrían tener escenarios tales como la independencia de una región o el abandono de la UE por un Estado miembro. Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha solicitado abandonar la UE y ninguna región ha votado en el marco de un referéndum constitucional a favor de la independencia de un Estado miembro. Creo firmemente que la Comisión debe respetar plenamente los procesos constitucionales y democráticos de los Estados miembros con respecto a estas cuestiones, del mismo modo que respeta el derecho de los Estados miembros a establecer su propia organización interna. Evidentemente, ciertas decisiones podrían tener implicaciones en el marco de la legislación de la UE. Pero es una cuestión que no puede analizarse en abstracto, cada caso sería diferente en función de la decisiones adoptadas a escala nacional.


Cualquier Estado europeo puede solicitar la adhesión a la UE. Suiza y algunos de nuestros vecinos del EEE han optado por establecer con nosotros otras formas de cooperación, aceptando muchas de las obligaciones que impone la legislación comunitaria, como la libre circulación de personas, y beneficiándose a su vez del acceso a nuestro mercado único. Trataremos de satisfacer siempre las solicitudes que consideremos razonables, pero la UE no está dispuesta a que le dicten su manera de actuar y no admitiremos que se pongan en tela de juicio los fundamentos de la Unión. En cualquier caso, la Comisión será escrupulosamente justa con todas las partes.


Prefiero poner el énfasis en la realidad a especular sobre un futuro hipotético. Y la realidad es que la Unión ha registrado una ampliación espectacular. Se ha puesto de manifiesto cómo, en plena era de la globalización, una UE más grande y más fuerte constituye un baluarte para los europeos y les sirve de trampolín. Contamos con unos valores fundamentales y un sistema que ha mantenido el rumbo en tiempos difíciles. Y observamos una y otra vez el poder de atracción que genera Europa, por ejemplo en el caso de Ucrania, donde estamos apoyando la población para garantizar que se respete su voluntad de establecer una asociación más estrecha con la UE.


El Reino Unido ha sido -entre los Estados miembros que mejor conozco- uno de los que ha expresado con mayor vehemencia la necesidad de una respuesta fuerte y unida en la cuestión de Ucrania. En esta, como en otra serie de cuestiones concretas, por ejemplo el cambio climático, el desarrollo, la economía o el mercado único, queda clara la razón por la que el Reino Unido debe tener interés en formar parte de la UE y contribuir a modelarla. Y estoy también firmemente convencido de que la pertenencia del Reino Unido a la Unión redunda en interés de la UE en su conjunto. Evidentemente, corresponde al pueblo británico sopesar la situación y sacar sus propias conclusiones. Ahora bien, haré cuanto esté en mi mano para que el Reino Unido siga formando parte de la UE en unas condiciones que sean justas tanto para los ciudadanos británicos como para los del resto de la UE. Creo que existe margen suficiente para resolver de forma pragmática algunos de los problemas planteados.

 
 
8. Consecuencias institucionales de la crisis del euro

Durante los últimos años, el euro ha sufrido una profunda crisis y, gracias a las medidas de emergencia, a acuerdos entre bastidores y a los grandes esfuerzos realizados por los ciudadanos europeos, ha sobrevivido, pero se han producido daños (económicos, sociales y en términos de confianza) en este proceso. Durante este período se han planteado varias cuestiones, las más relevantes de las cuales están relacionadas con la rendición de cuentas de la zona del euro; la integración del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico de la UE en un plazo de cinco años; las consecuencias institucionales de una mayor integración de las políticas económicas de los Estados miembros de la zona del euro; la posibilidad de que un Comisario presida las reuniones del Eurogrupo y, por último, aunque no por ello sea menos importante, la representación exterior de la zona del euro. Teniendo en cuenta cada uno de estos puntos, ¿qué opina sobre la futura evolución institucional de la zona del euro?


La crisis nos ha hecho tomar plenamente conciencia de nuestra extraordinaria interdependencia, en particular en el caso de los Estados miembros que comparten la misma moneda. Se trata al mismo tiempo de una enorme oportunidad y de una gran responsabilidad. La UE en general y la zona del euro en particular deben responder con mayor coordinación, mayor convergencia, un diálogo social más intenso y una mejor representación exterior. La Comisión incluirá entre sus prioridades la profundización de la reforma de la Unión Económica y Monetaria a fin de preservar la estabilidad de nuestra moneda única y dotarnos de una plataforma para relanzar el crecimiento; los Tratados en vigor y una versión actualizada del método comunitario constituyen las herramientas necesarias para lograrlo.


El euro es la moneda común de la Unión. Constituye la regla general, no la excepción, aunque no todos los Estados miembros vayan a evolucionar necesariamente a la misma velocidad y los Tratados respeten la decisión de algunos de ellos de no adoptar la moneda única. Independientemente de la situación en que se encuentren, todos los Estados miembros siguen siendo iguales.


La profundización de la zona del euro debe llevarse a cabo de forma que se respeten los derechos de todos los interesados y la integridad del mercado único. Estoy convencido de que es posible conseguirlo. Por ejemplo, la UE ha establecido un Código normativo único para su sector financiero que ha sido respaldado por las Autoridades Europeas de Supervisión. Al mismo tiempo, la UE ha introducido un Mecanismo Único de Supervisión por el que se designa al BCE supervisor único de los bancos de la zona del euro y de los Estados miembros que deseen participar en dicho mecanismo. Ello incluye adaptaciones en la gobernanza a nivel de la Autoridad Bancaria Europea a fin de proteger los derechos de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, y una sólida estructura administrativa para el BCE que garantice, entre otras cosas, los poderes de supervisión del Parlamento.


La profundización de la unión económica y monetaria debería estar sólidamente asentada en las instituciones de la UE y en las disposiciones del Tratado ya que estos no solo garantizan la eficiencia, la justicia y la legitimidad del proceso, sino también su transparencia. Constituye asimismo una garantía frente a la fragmentación.


El proceso incluye también la integración de los instrumentos intergubernamentales que se introdujeron en las disposiciones del Tratado con motivo de la crisis. Aunque ya se han tomado las primeras medidas, por ejemplo mediante la adopción del paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria, tengo la intención de colaborar con los Estados miembros con vistas a la plena integración del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en el marco jurídico de la UE.


Desearía hacer hincapié en que se respetará plenamente la independencia del BCE. Se trata de un principio esencial de los Tratados y fundamental de cara al logro de la estabilidad financiera en la zona del euro.


Por último, es preciso evitar la proliferación de nuevas instituciones y actores. La zona del euro no necesita establecer instituciones paralelas y separadas. A título personal, me congratulo del nombramiento de Donald Tusk como Presidente de la Cumbre de la zona del euro. El método comunitario debe seguir siendo nuestro principio rector en materia de gobernanza económica, como lo es para el resto de la Unión. Ofrece claridad, asegura la equidad y garantiza un fundamento democrático a través de la plena implicación del Parlamento europeo.


La representación exterior de la zona del euro es una cuestión que merece un análisis más pormenorizado. Este podría efectuarse mediante la aplicación del artículo 17 del TUE y del artículo 138 del TFUE. La zona del euro necesita que su representación esté en consonancia con su peso económico, en particular en foros como el FMI. Si se confirma mi nombramiento como Comisario, tengo el mayor interés en que la Comisión entable un debate sobre la forma de lograrlo con los Estados miembros, muchos de los cuales se han mostrado tradicionalmente reacios a actuar en este sentido.