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Cada año, miles de trabajadores europeos son víctimas de caídas mortales. Otros fallecen en explosiones. Decenas de miles de trabajadores son víctimas de lesiones causadas por la exposición al ruido, a las vibraciones o a agentes cancerígenos como el amianto. La Unión Europea tiene competencias para fijar normas mínimas que mejoren la seguridad y la salud de los trabajadores. Durante la legislatura que está a punto de acabar se han aprobado varias directivas al respecto y el Parlamento Europeo ha conseguido a menudo reforzar las propuestas legislativas en beneficio de los trabajadores.
Aunque los accidentes laborales han disminuido en un 10% aproximadamente entre 1994 y 1998, las cifras siguen siendo elevadas: cerca de 5.500 muertos al año y 4,8 millones de accidentes que causan una incapacidad de más de tres días. Diversas directivas recientes refuerzan la legislación comunitaria vigente. Fijan normas mínimas, pero los Estados miembros pueden adoptar medidas más severas.
Amianto: ¡ojo con las sanciones!
Los cánceres de pulmón y los mesoteliomas son, respectivamente, diez y veinte veces más frecuentes en las personas expuestas al amianto que en el resto de la población. Algunos estudios indican que, durante los próximos 30 años, varios cientos de miles de trabajadores sufrirán las consecuencias a largo plazo de la absorción de amianto. En 2002 se adoptaron nuevas normas europeas. Estas normas completan y refuerzan las primeras disposiciones adoptadas en 1983 y deberán transponerse en las legislaciones nacionales antes de abril de 2006. A partir de esta fecha, quedarán prohibidas todas las actividades en que los trabajadores estén expuestos a las fibras de amianto, a excepción de los trabajos de demolición y tratamiento de los residuos que resulten de la eliminación del amianto.
Los valores límite de exposición de los trabajadores al amianto se redujeron considerablemente y, a petición del Parlamento, se reforzaron las medidas de prevención y formación. Los diputados también consiguieron que se prevean períodos de descanso especiales, dado que las condiciones de trabajo son extremadamente duras cuando es obligatorio llevar una máscara respiratoria. Y, por primera vez en una Directiva relativa a la seguridad de los trabajadores, el Parlamento logró que los Estados miembros se comprometan a imponer sanciones "efectivas, proporcionales y disuasivas" en caso de incumplimiento de la legislación vigente.
Ruido: 87 decibelios como máximo
La exposición al ruido no sólo implica riesgos para el oído, sino también para el estado general de salud de los trabajadores. Además, el ruido aumenta el riesgo de accidente ya que a veces pueden no oírse las señales de advertencia o pasar desapercibidos los problemas mecánicos. Según un estudio de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, un 28% de los trabajadores de la UE se encuentran expuestos a un ruido que dificulta las conversaciones. En 2002, el Parlamento aprobó una Directiva que fija el valor límite de exposición diaria al ruido en 87 decibelios, un límite inferior al que se había propuesto, y que impone ciertas obligaciones a los empresarios. Los diputados consiguieron que los trabajadores puedan someterse a exámenes audiométricos preventivos y que cuenten con protección auditiva individual desde una fase más temprana que la prevista por el Consejo. Además, el Parlamento introdujo una disposición que tiene en cuenta las condiciones particulares de los sectores de la música y el entretenimiento.
Las vibraciones afectan a uno de cada cuatro trabajadores
En el momento de tomar una iniciativa legislativa europea al respecto, todo parecía indicar que un 24% de los trabajadores en la Unión se ven expuestos a vibraciones. En las empresas extractoras, tales como las canteras o las minas, y en los sectores de la construcción, los transportes o la agricultura, las vibraciones mecánicas de las herramientas o de los motores utilizados pueden causar lesiones en las articulaciones, trastornos neurológicos o traumatismos de la columna vertebral. La Directiva adoptada en 2002 deberá transponerse en las legislaciones nacionales en julio de 2005. Dicha Directiva fija valores límite para las vibraciones transmitidas a las manos, a los brazos y al conjunto del cuerpo. El PE pudo reducir los límites máximos autorizados e introdujo también nuevas obligaciones por lo que respecta a la información de los trabajadores y al control de su estado de salud.
Una mejor prevención de los riesgos de explosión
Una nueva Directiva, aprobada en 1999 y que ha debido transponerse en las legislaciones nacionales en junio de 2003, fija y armoniza las condiciones mínimas para mejorar la protección de los trabajadores expuestos a atmósferas explosivas. Dicha Directiva establece un marco protector contra las explosiones en el sector industrial, e impone una serie de obligaciones a los empresarios en términos de seguridad, control y evaluación del riesgo y de clasificación de las zonas de riesgo. Obliga, por ejemplo, a exponer un cartel de advertencia europeo en las zonas peligrosas. A solicitud del Parlamento, la Comisión elaborará orientaciones al respecto mediante una guía de buenas prácticas que los Estados miembros deberán tener en cuenta en la medida de lo posible a la hora de desarrollar sus políticas en la materia.
500.000 caídas al año
Cerca del 10% del total de los accidentes de trabajo se debe a caídas. Se calcula que, en la Unión Europea, se producen cerca de 500.000 caídas al año en el lugar de trabajo, debidas a una utilización defectuosa de andamios o escaleras. Ello causa unas 40.000 heridas graves y unas 1.000 muertes al año. En consecuencia, el Parlamento aprobó en 2001 una Directiva que especifica la manera en que los trabajadores pueden utilizar estos equipamientos de manera más segura. Gracias a la intervención del PE, esta Directiva refuerza la evaluación de los riesgos, la formación de los trabajadores y el nivel de seguridad de algunos equipamientos. Dicha Directiva debe transponerse en el Derecho nacional antes de julio de 2004.
También los autónomos necesitan protección
Los trabajadores autónomos rara vez están cubiertos por la legislación relativa a la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, pero a menudo se exponen a riesgos similares. Además, aunque muchos autónomos trabajan en sectores de alto riesgo, como la agricultura, la pesca, la construcción o los transportes, a menudo no están protegidos por las normas existentes. Por eso, la Unión animó a los Estados miembros a aprobar voluntariamente las medidas necesarias para mejorar la situación de los trabajadores autónomos. Los diputados se han congratulado por esta iniciativa, pero lamentan que no sea suficiente. Para ellos, no debe hacerse ninguna discriminación entre trabajadores asalariados y trabajadores autónomos en cuanto a la salud y la seguridad del trabajo. La recomendación a los Estados miembros se formuló en febrero de 2003. Los diputados consideran que, si no produce efectos suficientes en el plazo de cuatro años, la Unión deberá aprobar medidas obligatorias.
Hacia una estrategia global
En una Resolución votada en octubre de 2002, el Parlamento aprobó el proyecto de una estrategia comunitaria global de adaptación a los cambios en el mundo del trabajo y en la sociedad, e hizo valer sus prioridades. Los diputados piden, en particular, que la legislación sobre la seguridad y la salud de los trabajadores se amplíe a todas las categorías que todavía están excluidas de la misma, como los militares, los autónomos, las personas que trabajan en tareas domésticas y los trabajadores a domicilio. Reclaman nuevas propuestas legislativas en materia de ergonomía en el puesto de trabajo, mantenimiento y riesgos químicos y biológicos. Los diputados piden también que se hagan esfuerzos por aplicar el acervo comunitario en los nuevos Estados miembros en que no sea satisfactoria la situación en el ámbito de la seguridad y la salud de los trabajadores.
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