Written explanations of vote - 8th parliamentary term Elena VALENCIANO

He votado a favor de este informe ya que ante la posibilidad de que el Brexit se produzca de forma inminente, resulta fundamental prever con la debida anticipación un mecanismo de exención de visados de corta duración (hasta 90 días en un período dado de 180 días) para los ciudadanos británicos que accedan al territorio de la UE por motivos de turismo, negocios o para visitar a amigos y familiares. Este mecanismo prevé que el Reino Unido recíprocamente exonere de dicho requisito a los ciudadanos de la UE que accedan a su territorio por distintos motivos.
Además, he votado a favor de este informe porque, por primera vez, un acto jurídico de la Unión asume que Gibraltar es una colonia. Es un gran paso para la posición y las reivindicaciones de España. Se ha logrado por la firmeza y determinación que los socialistas españoles hemos mostrado durante la tramitación de este expediente legislativo.

La Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo ha votado a favor de la modificación de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural porque actualiza la reglamentación europea en lo relativo al mercado del gas, ampliando disposiciones importantes de esta Directiva para que las normas del mercado interno del gas europeo se apliquen a gasoductos conectados con terceros países.
De esta forma se llena un vacío legal en la política energética de la UE, aclarando la base legal para cualquier proyecto futuro con terceros países. Las normas de la UE sobre exenciones se hacen más estrictas para garantizar que cualquier inversión planificada no sea perjudicial para la competencia del mercado o la seguridad del suministro, y que todos los Estados miembros afectados sean consultados adecuadamente.
También se dota de mayor poder a la Comisión: no solo deberá autorizar las negociaciones, sino que también debe estar completamente informada sobre su resultado, y se requerirá su autorización antes de que los Estados miembros puedan firmar el acuerdo. Las nuevas reglas establecen un marco regulatorio claro para operar gasoductos dentro de la UE y con terceros países.

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el periodo 2021 - 2027 debe poder adaptarse para apoyar mejor la política pesquera común, la política marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión en el ámbito de la gobernanza de los océanos. Los socialistas hemos trabajado para pedir el incremento en un 10 % del presupuesto general para este Fondo. Además, pedimos la inclusión de la acuicultura como una prioridad, a la que se le dedica un capítulo nuevo.
Para conseguir un equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca, pedimos poder apoyar los desguaces de buques de la UE, sujetos a determinadas condiciones como que el cese conlleve una reducción de la capacidad pesquera, que el apoyo no se pueda invertir en un buque nuevo y que los pescadores deben cesar por completo de toda actividad pesquera, al menos en dos años. Así se consigue apoyar al sector con una medida muy reclamada y necesaria, y hacerla compatible con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 14.6 y el compromiso de la UE en el marco de las negociaciones de OMC de eliminar los subsidios que contribuyan a la sobrecapacidad y la sobrepesca.

Los socialistas hemos apoyado este plan plurianual porque estamos convencidos de que es la mejor solución para el Mediterráneo Occidental, que va a asegurar que a largo plazo las especies demersales (poblaciones de peces y crustáceos que viven cerca del fondo del mar) se gestionan de forma sostenible, tanto medioambiental, como social y económicamente.
El plan contribuirá al cumplimiento de los objetivos de la política de pesca común, de forma que el objetivo de mortalidad por pesca se alcanzará de forma progresiva e incrementada en 2020 cuando sea posible y a más tardar el 1 de enero del 2025, limitando la pesca recreativa cuando tenga un impacto significativo sobre las poblaciones de peces.
Por primera vez en la historia de la pesca en la UE, el articulado de una normativa europea recoge la posibilidad de establecer un régimen de cogestión ―sistemas de gestión participativa a nivel local― para contribuir a que los objetivos del plan se cumplan de forma efectiva, de acuerdo con los principios de buena gobernanza de la PPC. Este es el único plan multianual que permite el desguace financiado para recuperar el equilibrio entre la capacidad de la flota y las posibilidades de pesca.

He apoyado la aprobación del plan de recuperación del pez espada del Mediterráneo que incorpora la Recomendación 16-05 de la CICCA al ordenamiento jurídico de la Unión a fin de proporcionar seguridad jurídica a los operadores respecto de las normas y obligaciones que contiene. El pez espada del Mediterráneo sufre una sobreexplotación y actualmente se encuentra en una situación alarmante y las medidas contenidas en el plan pondrán fin al rápido decline y ayudará a la reconstrucción de las poblaciones a niveles que se ajusten a los objetivos establecidos.
El plan de recuperación tiene asimismo en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de artes y técnicas de pesca. Cuando se implementa el plan, la UE y los Estados miembros deben fomentar la promoción de actividades costeras y el uso de técnicas y artes de pesca usados en la pesca tradicional y artesanal, y, por lo tanto, contribuyendo a un nivel de vida justo y equitativo para la economía local. Hasta el momento, España ha aplicado directamente las medidas de gestión de la Recomendación 16-05.

He votado a favor de esta solicitud porque considero que es muy importante que la UE se adhiera cuanto antes al Convenio de Estambul porque constituye el primer instrumento que hace jurídicamente vinculante la prevención y lucha contra la violencia de género y establece una tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres. La UE firmó el Convenio en junio de 2017, pero todavía no ha podido ser ratificado por la Unión, por los problemas planteados por varios Estados miembros. El Parlamento solicita dictamen al Tribunal de Justicia sobre la idoneidad de la base legal elegida por el Consejo y sobre la decisión de dividir la adhesión a la UE en dos partes, lo que limita el alcance y la aplicación general del Convenio, según confirmó el Servicio Jurídico del Parlamento; y sobre el procedimiento de toma de decisiones pertinente para adoptar la decisión de ratificación, el Consejo aboga por la unanimidad, pero el Parlamento lo considera inapropiado e injustificado. Es la última oportunidad antes de que termine la legislatura para que el Parlamento Europeo se pronuncie y se mantenga el tema en la agenda. La Comisión apoya firmemente la solicitud del Parlamento y la considera una gran oportunidad.

La Comisión ha impulsado este Reglamento con el objetivo de facilitar la creación de un mercado europeo de ahorro a largo plazo y proveer de nuevas líneas de financiación a la economía real. La propuesta no incorpora cambios en los sistemas de seguridad social nacionales.
Incluso reconociendo la mejora general del texto durante las negociaciones, no creo que el PEPP, tal y como se ha acordado, sea un verdadero producto europeo. De hecho, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación tendrá una función secundaria, ya que las principales tareas de autorización y supervisión del PEPP permanecerán en manos de las autoridades nacionales competentes, y los proveedores de PEPP solo estarán obligados a suministrarlo en dos países.
Además, los socialistas creemos que el esfuerzo regulatorio debería centrarse en garantizar la viabilidad y robustez de los sistemas públicos de pensiones.
Por lo tanto, me he abstenido en la votación. No estando en contra del PEPP, no creo que presente las garantías europeas necesarias para el desarrollo de un verdadero mercado europeo de ahorros para jubilaciones.

En el marco de la revisión de la Directiva de agua potable, el grupo socialista ha respaldado este informe que confirma la primera lectura del PE. Sin embargo, nuestro grupo lamenta no haber recibido suficiente apoyo a nuestro llamamiento para que los Estados miembros garanticen el acceso universal al agua potable a través de obligaciones concretas, así como el reconocimiento de un derecho al agua. En 2018 es inadmisible que grupos vulnerables no tengan acceso a agua potable de calidad en la UE.
El informe parlamentario recoge objetivos socialistas como la protección de la salud pública y la seguridad del agua potable. A su vez, el informe parlamentario endurece los límites de presencia de ciertos contaminantes, como el plomo (que se reducirá a la mitad), y las bacterias como la Legionella. Asimismo, se han introducido nuevos umbrales para ciertos alteradores endocrinos y se colocan los niveles de microplásticos bajo vigilancia, ante la creciente preocupación que generan.
La delegación socialista española apoya firmemente el informe, en línea con sus prioridades en salud pública y calidad alimentaria, aunque lamenta que el Parlamento haya perdido esta oportunidad para reconocer el acceso al agua potable de calidad como un derecho de la ciudadanía europea.

Me he abstenido en la votación de esta propuesta de Resolución común porque su texto estaba en clara oposición con la postura del Servicio de Acción Exterior de la UE y las 9 Resoluciones anteriormente aprobadas por la Eurocámara. La derecha ha forzado la votación de una propuesta de Resolución que abre la puerta al uso de una intervención armada y niega la mediación para una salida pacífica y democrática. Se trata de una postura irresponsable e incongruente, que dificulta la acción diplomática de la UE en la crisis venezolana, que busca proporcionar ayuda humanitaria a la población y buscar una salida que no pase por un conflicto armado, cuyas consecuencias serían desastrosas para toda la región.
En cambio, he votado a favor de las 7 enmiendas propuestas por el Grupo S&D, que recogen por un lado el rechazo de la violencia y de toda propuesta o intento de solución de la crisis que pase por la violencia o intervención militar, y por otro, un respaldo a la labor del Grupo de Contacto Internacional impulsado por la UE. El texto aludía a la misión del Grupo de Contacto Internacional en términos muy negativos, cuestionando su capacidad para producir resultados, restándole autoridad y rompiendo el consenso alcanzado en el Consejo.

Los socialistas españoles en el PE hemos votado a favor de esta propuesta de Resolución común, por nuestro compromiso con la salud de las personas. Tres años después del escándalo del «Dieselgate», en el que se descubrió que Volkswagen había programado intencionalmente motores diésel para activar sus controles de emisiones solo durante las pruebas de emisiones en laboratorio, el número de automóviles contaminantes en nuestras carreteras continúa aumentando, lo que supone un riesgo para la vida de los ciudadanos.
Los socialistas mostramos nuestra preocupación sobre el lento progreso en el seguimiento del «Dieselgate» e instamos a seguir trabajando a nivel nacional y europeo para abordar los más de 43 millones de coches y furgonetas diésel extremadamente contaminantes que siguen en las carreteras de Europa. Asimismo, señalamos que es hora de parar las concesiones en beneficio de la industria y de empezar a preocuparse por los ciudadanos y sus vidas. Por ello, rechazamos los nuevos límites de emisiones de NOx establecidos por la CE, contrarios a los establecidos en la normativa Euro 6 como respalda el Tribunal de Justicia UE, y que no han sido otra cosa que la respuesta a las presiones recibidas para apaciguar a la industria automotriz.

He votado a favor de un nuevo «Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional» (IVDCI), que fusiona doce de los actuales instrumentos financieros externos de la UE en una amplia herramienta para ayudar a terceros países en nuestra vecindad y más allá. Con un presupuesto de 93 000 millones de euros durante el período 2021-2027 apostamos por que la acción exterior de la Unión sea más asertiva y eficaz, asegurando una cooperación basada en necesidades y no en intereses geopolíticos, y que implemente los diferentes compromisos internacionales derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los socialistas hemos conseguido más fondos para promover la erradicación de la pobreza, fortalecer el acceso de las mujeres y las niñas a la educación y su integración en el mercado laboral, la igualdad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. También hemos introducido una cláusula de suspensión de asistencia en caso de incumplimiento persistente de estos principios fundamentales y la redirección de dichos fondos a la sociedad civil. Esa es la acción exterior que queremos y esperamos que el próximo Parlamento luche por ella en las negociaciones con el Consejo.

Hace un año y medio el Parlamento aprobó el informe García Pérez para situar a la política de cohesión en el corazón de la lucha contra los retos demográficos y la despoblación, que es lo que la UE urgentemente necesita en el momento actual.
Ahora, con la aprobación del Reglamento sobre el FEDER y el Fondo de Cohesión, hacemos realidad que estos instrumentos puedan ayudar a luchar contra la despoblación. El trabajo que se ha incorporado a través de enmiendas se plasma en el artículo 8, que establece que al menos un 5 % del FEDER tiene que ser destinado a estas zonas con desventajas demográficas. El artículo 10 también establece la posibilidad de incorporar un fondo específico en los acuerdos de asociación entre la Comisión y los Estados miembros para luchar contra el reto demográfico.
Es fundamental para nuestro medio rural que las diferentes políticas europeas y, en particular la política de cohesión, se conviertan en un instrumento fundamental para dar esperanza a todos los pueblos que hoy están agonizando. Por lo tanto, demos la bienvenida a un nuevo Reglamento que afronta de manera decidida los retos que plantea el cambio demográfico en las regiones y municipios europeos.

Los socialistas españoles en el PE hemos votado a favor de este informe porque consideramos que la nueva normativa sobre plásticos de un solo uso es un paso imprescindible para salvar los océanos. Además, estamos orgullosos de haber sido los impulsores de esta normativa ambiciosa que establece objetivos claros para reducir el uso de estos plásticos.
Los plásticos de un solo uso tienen un alto impacto ambiental porque no son reciclables y generan muchos residuos. Por ello, respaldamos este informe, que restringe el uso de recipientes alimentarios de poliestireno, cubiertos, platos, pajitas y bolsas de plástico ligeras; y que alienta a los consumidores a elegir alternativas reutilizables y a la industria a crear productos más sostenibles.
Los socialistas hemos luchado para que el nuevo texto exija a los productores que ayuden a cubrir los costes de la gestión y limpieza y a los Estados miembros a recoger el 90 % de las botellas de bebidas con plástico de un solo uso a partir del 2029. A su vez, respaldamos los nuevos requisitos para el etiquetado, que deberá indicar las opciones adecuadas de gestión de residuos, la presencia de plásticos en el producto y el consiguiente impacto medioambiental negativo de los vertidos.

He votado a favor de este informe, ya que con estas nuevas reglas avanzaremos hacia una verdadera economía circular, modernizando los requisitos para la venta de productos fertilizantes en Europa. Asimismo, garantizamos la seguridad y la alta calidad de los productos fertilizantes, siendo también crucial para la sostenibilidad agrícola, la inocuidad de los alimentos y la protección del medio ambiente.
Por otro lado, aseguramos que nuestros agricultores puedan utilizar productos asequibles y de alta calidad en toda Europa. Las nuevas reglas fomentarán el desarrollo de productos innovadores que podrían ayudar a los agricultores a obtener mejores rendimientos.
En definitiva, avanzamos hacia una Europa más segura, más limpia y más respetuosa con el medio ambiente. Las nuevas normas sobre productos fertilizantes mejorarán la seguridad de los productos en el mercado único al limitar estrictamente los niveles de sustancias dañinas, como el cadmio, y promover la producción de fertilizantes de residuos biológicos.

La propuesta de Reglamento sobre «disposiciones comunes» establece un conjunto único de reglas para siete Fondos de la UE, que se implementan junto a los Estados miembros: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo de Cohesión, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Fondo de Asilo y Migración, Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.
Los Fondos Estructurales representan un tercio del presupuesto de la UE. Los socialdemócratas hemos obtenido un notable éxito al conseguir un presupuesto de 378 000 millones de euros para todas las regiones. Estas inversiones se dedicarán de manera prioritaria a la innovación, el apoyo a las pymes, las tecnologías digitales y la modernización industrial, pero también a la transición energética, la lucha contra el cambio climático y el impulso del empleo y la inclusión social. Asimismo, los socialdemócratas hemos liderado el rechazo del Parlamento a la condicionalidad macroeconómica en la política de cohesión para impedir que las regiones sean castigadas por los errores de los Gobiernos nacionales.
Continuaremos apostando por la política de cohesión como principal instrumento de inversión de la UE y una de las expresiones más concretas de la solidaridad comunitaria.

. – Los socialistas españoles hemos votado favorablemente este informe en primera lectura sobre evaluación de tecnologías sanitarias, que hemos liderado, por nuestro compromiso con la mejora del acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
El Reglamento aprobado establece un sistema para la UE con criterios armonizados para evaluar las nuevas tecnologías sanitarias (medicamentos y productos sanitarios). Es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de las tecnologías sanitarias y dirigir las prioridades médicas de investigación en salud a las necesidades de los pacientes para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Con un proceso transparente, independiente, financiado públicamente y basado la evidencia científica, los Estados miembros tendrán la información necesaria sobre el valor terapéutico añadido de las nuevas tecnologías sanitarias, lo que les ayudará en la toma de decisiones. No obstante, este sistema es sólo un paso más para mejorar el acceso, precisándose otras acciones en términos de precios y propiedad intelectual.
Los socialistas hemos además introducido la novedosa propuesta sobre la necesidad de que las aportaciones que deban pagar los desarrolladores de tecnología por la evaluación y consultas científicas, deben destinarse a financiar las necesidades y prioridades médicas en investigación en salud.

. – He votado a favor de este informe porque las nuevas reglas permiten facilitar el funcionamiento del mercado interior y acabar con los obstáculos entre los usuarios de los servicios de pago en los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro. Se garantiza que las comisiones por los pagos transfronterizos dentro de la Unión se igualen con las percibidas por los pagos nacionales efectuados en la moneda nacional de un Estado miembro. Además, se logró incluir requisitos de transparencia para los usuarios de cajeros automáticos o puntos de venta, tales como la indicación previa al concretar la transacción de los cargos que debe pagar el beneficiario, incluso sobre la conversión de moneda.
Sin embargo, es una reglamentación equilibrada donde se garantiza de igual modo que los operadores del mercado tienen el tiempo suficiente para adaptar sus infraestructuras y procesos a fin de cumplir los nuevos requisitos de transparencia.

. – La propuesta original de la Comisión para modificar este Reglamento excedía lo internacional y socavaba los principios que sustentan la organización de servicios regulares de autobús en España.
En España, estos servicios son considerados públicos y están sometidos a obligaciones de servicio público, aunque los contratos de concesiones son adjudicados vía licitación pública abierta y competitiva. Es una competencia regulada donde el operador seleccionado obtiene derechos exclusivos temporales que garantizan una densa red condicionada por la orografía y la desigual distribución de la población, que, si no precisaría de fuertes compensaciones por parte de las Administraciones para mantener la cobertura geográfica, frecuencia de operaciones, precios asequibles, calidad del servicio y estabilidad de los empleos.
Contrariamente, la Comisión pretendía introducir servicios comerciales que, compitiendo directamente con los públicos existentes, echaban por tierra la organización del mercado español.
Desde el Gobierno español y el PE hemos combatido este intento monopolista («modelo Flixbus») para garantizar la vigencia del modelo español.
Gracias a este trabajo, la CE entendió el interés de preservar el sistema concesional español y trabajó con Fomento y el EP para encontrar una solución.
El voto en el Pleno refleja este esfuerzo y supone una buena noticia para España.

. – He votado a favor de esta propuesta de Resolución porque se refiere a una cuestión crucial: los derechos de las personas intersexuales. Por primera vez este Parlamento se pronuncia sobre la discriminación que sufre este colectivo en sus derechos fundamentales siendo objeto de abuso y marginación. Como pide la propuesta de Resolución es importante que fijemos la vista en las mejores prácticas de aquellos Estados miembros que se distinguen por tener una visión que no trata la intersexualidad como una patología, pero que, además, no impone un género forzado a las personas intersexuales, frecuentemente niños, a través de prácticas médicas o quirúrgicas de asignación sexual, o imposición de terapias farmacológicas. Resulta importante recordar el informe Lunacek, que votamos en 2014. Propone una visión global de los derechos de las personas en función de su orientación sexual, de transexuales e intersexuales. Este es el camino que la Comisión Europea debe seguir para diseñar una estrategia coherente, robusta y omnicomprensiva, que luche contra la discriminación de estos colectivos. Ello resulta más necesario que nunca, dado el auge de nacional-populismo que venimos padeciendo y que impacta negativamente en el disfrute de los derechos fundamentales por parte de estos colectivos.

. – Estoy a favor del cumplimiento estricto del Reglamento (CE) n.º 1/2005 en materia de protección de los animales durante el transporte y operaciones conexas dentro de la UE, a favor de que la CE promueva una idéntica interpretación del mismo en todos los Estados miembros y de que estos apliquen las medidas correctoras y sancionadoras cuando se incumpla la norma.
La plataforma de bienestar animal de la UE, a través de su grupo de trabajo sobre transporte animal, debe seguir avanzando en mejoras de la legislación existente y promueva la defensa del bienestar animal para que los terceros países de nuestro entorno alineen su legislación con la de la UE.
Sin embargo, he votado en contra del informe Dohrman porque la demagogia, que suele acompañar a los debates sobre bienestar animal, da hoy una nueva vuelta de tuerca al pedir que se prohíba el comercio de animales vivos con terceros países, si estos no cumplen las normas de la UE. Abastecer a los países del Norte de África de animales vivos, como demandan, que viajen en barco desde latitudes bien lejanas, no es a mi juicio velar por el bienestar de los animales sino simplificar una realidad que es mucho más compleja.