8ª legislatura Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Los socialistas españoles hemos votado favorablemente este informe en primera lectura sobre evaluación de tecnologías sanitarias, que hemos liderado, por nuestro compromiso con la mejora del acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
El Reglamento aprobado establece un sistema para la UE con criterios armonizados para evaluar las nuevas tecnologías sanitarias (medicamentos y productos sanitarios). Es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de las tecnologías sanitarias y dirigir las prioridades médicas de investigación en salud a las necesidades de los pacientes para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Con un proceso transparente, independiente, financiado públicamente y basado la evidencia científica, los Estados miembros tendrán la información necesaria sobre el valor terapéutico añadido de las nuevas tecnologías sanitarias, lo que les ayudará en la toma de decisiones. No obstante, este sistema es sólo un paso más para mejorar el acceso, precisándose otras acciones en términos de precios y propiedad intelectual.
Los socialistas hemos además introducido la novedosa propuesta sobre la necesidad de que las aportaciones que deban pagar los desarrolladores de tecnología por la evaluación y consultas científicas, deben destinarse a financiar las necesidades y prioridades médicas en investigación en salud.

He votado a favor de este informe porque las nuevas reglas permiten facilitar el funcionamiento del mercado interior y acabar con los obstáculos entre los usuarios de los servicios de pago en los Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro. Se garantiza que las comisiones por los pagos transfronterizos dentro de la Unión se igualen con las percibidas por los pagos nacionales efectuados en la moneda nacional de un Estado miembro. Además, se logró incluir requisitos de transparencia para los usuarios de cajeros automáticos o puntos de venta, tales como la indicación previa al concretar la transacción de los cargos que debe pagar el beneficiario, incluso sobre la conversión de moneda.
Sin embargo, es una reglamentación equilibrada donde se garantiza de igual modo que los operadores del mercado tienen el tiempo suficiente para adaptar sus infraestructuras y procesos a fin de cumplir los nuevos requisitos de transparencia.

La propuesta original de la Comisión para modificar este Reglamento excedía lo internacional y socavaba los principios que sustentan la organización de servicios regulares de autobús en España.
En España, estos servicios son considerados públicos y están sometidos a obligaciones de servicio público, aunque los contratos de concesiones son adjudicados vía licitación pública abierta y competitiva. Es una competencia regulada donde el operador seleccionado obtiene derechos exclusivos temporales que garantizan una densa red condicionada por la orografía y la desigual distribución de la población, que, si no precisaría de fuertes compensaciones por parte de las Administraciones para mantener la cobertura geográfica, frecuencia de operaciones, precios asequibles, calidad del servicio y estabilidad de los empleos.
Contrariamente, la Comisión pretendía introducir servicios comerciales que, compitiendo directamente con los públicos existentes, echaban por tierra la organización del mercado español.
Desde el Gobierno español y el PE hemos combatido este intento monopolista («modelo Flixbus») para garantizar la vigencia del modelo español.
Gracias a este trabajo, la CE entendió el interés de preservar el sistema concesional español y trabajó con Fomento y el EP para encontrar una solución.
El voto en el Pleno refleja este esfuerzo y supone una buena noticia para España.