El PE se dispone a votar la suspensión del acuerdo anti terrorista en respuesta al espionaje de EEUU 

 
 

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Un pasillo entre bases de datos ©BELGA_EASYFOTOSTOCK 

Salvaguardar la privacidad es uno de los temas destacados del Parlamento Europeo esta semana. El lunes, la comisión de Libertades Civiles votó a favor de reforzar las normas sobre protección de datos y endurecer las multas. Este miércoles, el pleno tendrá que adoptar su posición sobre si debería suspenderse el acuerdo con Estados Unidos de lucha contra el terrorismo; pacto que permite transferir datos procesados por la red de pagos Swift. Sería la respuesta al presunto espionaje estadounidense.

El conocido como acuerdo Swift fue alcanzado en 2010. Contempla que Europa suministre a Estados Unidos datos sobre las transferencias bancarias realizadas por los ciudadanos europeos, con el objetivo de facilitar la lucha contra el terrorismo.


Al saltar a la luz pública las acusaciones según las cuales los servicios de seguridad estadounidenses aprovechan esta vía para espiar a los europeos, la cuestión ha sido objeto de sendos debates en la comisión parlamentaria de Libertades Civiles el 24 de septiembre, y en el pleno de la Eurocámara el 9 de octubre. El resultado de la votación de los eurodiputados no es vinculante.


Reforma de la protección de datos


Por su parte, la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara estableció el lunes por la noche la posición de los eurodiputados ante la negociación con los Gobiernos nacionales para reformar la legislación de la Unión Europea sobre protección de datos.


Los principales ejes entorno a los que gira esta reforma son dar a los ciudadanos más control sobre sus datos personales; los internautas deberían poder solicitar que se borren sus datos; y las empresas que procesan datos deben recibir el consentimiento explícito de los titulares de tales datos.


Las sanciones por violar la futura legislación podrían llegar a los 100 millones de euros o el 5 por ciento de la facturación anual de la empresa infractora. Y si un país ajeno a la UE reclama a una empresa europea información personal recopilada en Europa, la empresa debe pedir autorización a las autoridades nacionales.