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El Parlamento Europeo endurecerá las sanciones contra la ciberdelincuencia

Otros Artículo - Información / Sociedad de la información06-06-2013 - 10:46
 
Monika Hohlmeier, eurodiputada popular alemana   La eurodiputada popular alemana Monika Hohlmeier

Los europeos pierden 12.000 millones de euros al año por la ciberdelincuencia. El 42 por ciento de las direcciones de correo electrónico que sufren ciberataques pertenecen a altos ejecutivos y a profesionales de la investigación y el desarrollo. La Eurocámara ha aprobado este 6 de junio una propuesta para endurecer las sanciones a los piratas informáticos que suplantan personalidades ajenas e irrumpen en sistemas informáticos. La eurodiputada popular alemana Monika Hohlmeier nos lo explica.


Señora Hohlmeier, ¿qué considerado como un ciberataque su propuesta legislativa, y por qué la normativa en vigor no basta para protegernos?


Europa depende en gran medida de los sistemas informáticos. Estos sistemas pueden ser redes de gestión de infraestructuras y servicios públicos como la electricidad y los transportes, y también pueden ser ordenadores privados. Un ciberataque es cuando se accede o se explota de manera ilegal una de estas redes. Es importante que todos entendamos que perpetrar u organizar ciberdelitos de gran escala no es una cuestión baladí. Por el contrario, no pretendemos criminalizar ataques menores o penetraciones involuntarias en los sistemas de información. Al tratarse de un fenómeno sin fronteras, la lucha contra la ciberdelincuencia necesita legislación europea.


¿Qué delito debería estar en el punto de mira y cuáles deberían ser las sanciones?


Proponemos que acceder, interferir e interceptar sistemas y la información que contienen deberían considerarse delitos si la persona que lo hace no tiene derecho para ello y actúa con intenciones delictivas.


La pena máxima para estos delitos debería ser de, al menos, dos años. Si se ha activado una red de ordenadores infectados por programas informáticos malintencionados para cometer un ciberataque de gran escala, la pena máxima debería ser de, al menos, tres años. Y si el delito lo ha cometido un grupo organizado o se ha perpetrado contra una infraestructura vital, al menos cinco años.


Ref. : 20130603STO11023
Actualización: ( 06-06-2013 - 13:00)