Eurodiputados piden obligar a la industria textil a respetar los derechos de los trabajadores

Esta semana la comisión parlamentaria de Desarrollo ha aprobado una resolución en la que reclama que se establezcan reglas vinculantes para obligar a las empresas textiles a respetar los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores y garantizar su seguridad. Esta petición llega tras el derrumbe de un edificio, que albergaba talleres de varias marcas de ropa conocidas, en Daca (Bangladesh) hace casi cuatro años, que dejó más de 1.100 muertos y 2.500 heridos.

El coste humano de la moda rápida: argumentos a favor de un marco vinculante.

La realidad tras los precios bajos


El comercio global de prendas de vestir es sumamente competitivo. Está valorado en unos 2.860 millones de euros y emplea a más de 75 millones de personas.


Asia, responsable del 58,4 % de las exportaciones mundiales de ropa y textiles, según datos de la Organización Mundial del Comercio, resulta muy atractiva para la industria por sus bajos costes. Más del 70 % de las importaciones de textiles y prendas de vestir de la UE proceden de Asia, de acuerdo con los datos del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo.


Sin embargo, la búsqueda constante de precios más bajos y plazos de entrega más cortos a veces resulta en condiciones peligrosas y duras para los trabajadores.


Medidas vinculantes


El derrumbe del edificio Rana Plaza en 2013 dejó al descubierto las condiciones que soportaban los trabajadores y motivó la puesta en marcha de una serie de iniciativas, muchas de ellas a escala nacional o con carácter voluntario.


"Si no tenemos un marco obligatorio que deje muy claro cómo tienen que actuar las empresas, si lo dejamos a la voluntad de las mismas, nunca vamos a alcanzar el compromiso real de que respeten los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores”, señala la española Lola Sánchez Caldentey, de Izquierda Unitaria en el vídeo.


Los eurodiputados piden en su resolución a la Comisión Europea que proponga un sistema vinculante de diligencia debida para las empresas de la UE que subcontraten su producción a terceros países. Este sistema debería incluir normas sobre derechos humanos y sociales.


También proponen incentivos y etiquetas especiales para textiles que se produzcan de manera sostenible, entre otras medidas.

 

La resolución recibió el visto bueno del pleno el 27 de abril de 2017.