La Eurocámara exige una investigación "internacional e independiente" sobre la muerte de Oswaldo Payá
El PE ha aprobado este miércoles un informe en el que señala que el respeto por la democracia y los derechos humanos debe ocupar un lugar prioritario en todos los ámbitos de las relaciones de la UE con sus socios exteriores. Los diputados también reclaman una investigación "internacional e independiente" sobre las circunstancias de la muerte del disidente cubano Oswaldo Payá y expresan su preocupación por la represión de periodistas y activistas en Cuba.
El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo a lo largo de 2012, aprobado en votación a mano alzada, pide al Servicio de Acción Exterior de la UE y a la Alta Representante que promuevan, en el marco de Naciones Unidas, "un comité de investigación internacional e independiente con el objetivo de investigar las circunstancias en que murieron Oswaldo Payá Sardiñas (premio Sájarov 2002) y Harold Cepero, defensores de los derechos humanos y disidentes pacíficos cubanos, en julio de 2012".
Los diputados también expresan su preocupación por la continua represión de periodistas independientes y activistas de los derechos humanos en Cuba y ponen de manifiesto la situación de los presos de conciencia en la isla, "que siguen siendo sentenciados por falsos cargos o retenidos en prisión preventiva", destaca el texto.
Régimen de sanciones
El Parlamento Europeo pide a la UE que establezca una política de sanciones eficaz contra todos los regímenes que utilizan métodos represivos con los civiles, que siga apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos y que refuerce la protección de los denunciantes y periodistas de investigación.
La Eurocámara deja claro que el diálogo y las consultas sobre derechos humanos deben ser ambiciosos y estar acompañados de criterios de referencia "públicos y claros" que sirvan para medir su éxito. El texto también reclama a la UE que extraiga "conclusiones políticas claras" cuando el diálogo sobre derechos humanos no sea constructivo.
El informe lamenta la falta de transparencia en lo que respecta a los contenidos de las estrategias por país y exige la divulgación pública de, al menos, los principales ámbitos de intervención. La UE debería realizar una evaluación pública de las lecciones aprendidas durante el primer ciclo de cada estrategia por país sobre derechos humanos, así como identificar las mejores prácticas para los siguientes ciclos.
Retos de la transición
El PE pone en evidencia las "transiciones bloqueadas en países y regiones donde los movimientos reformistas y los procesos de transición han sido paralizados o reprimidos por el régimen en el poder", y aboga por que la UE prosiga sus esfuerzos para persuadir a las élites gobernantes de estos países, así como de otros países que se hallan aún bajo un régimen autoritario, de que inicien un proceso de reforma hacia una democracia fuerte y estable.
Esta persuasión debe tener lugar en todos los diálogos con sus socios, incluido al máximo nivel político, utilizando todos los ámbitos pertinentes de política exterior de la UE, como las políticas de desarrollo y comercio, señala el texto.
Economía y derechos humanos
El informe afirma que las empresas europeas deben garantizar que sus actividades respeten las normas de derechos humanos, también cuando se desarrollen fuera de la UE. En este sentido, la Eurocámara expresa su preocupación por los informes sobre la cooperación de determinadas empresas de la UE con regímenes autoritarios, especialmente en aquellos casos en que el comercio de mercancías sensibles, por ejemplo en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, ha provocado violaciones de los derechos humanos.
Los eurodiputados también destacan la importancia que reviste la elaboración de informes sobre el impacto social, medioambiental y en el ámbito de los derechos humanos de los proyectos apoyados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) o por créditos a la exportación concedidos por agencias europeas de crédito. Igualmente, subraya que las operaciones de financiación efectuadas por estas instituciones deben contribuir a los principios generales por los que se guía la acción exterior de la UE.