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La agencia europea de fronteras, Frontex, debe establecer un mecanismo para procesar las quejas por supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo, según la resolución no legislativa que el Parlamento adoptó el miércoles. Durante el debate en el pleno de la propuesta, el comisario Dimitris Avramopoulos se comprometió a incorporar la idea en la revisión del reglamento de Frontex que va a presentar en diciembre.

El texto, que fue aprobado con 488 votos a favor, 114 en contra y 33 abstenciones, respalda las recomendaciones de la oficina europea del Defensor del Pueblo para que Frontex cree un sistema de recepción de quejas en caso de posibles violaciones de los derechos fundamentales por parte de sus agentes en el desempeño de sus tareas.


Quejas contra cualquier guardia que lleve la identificación de Frontex


El mecanismo debe convertirse en una primera instancia para la presentación de reclamaciones, señala la resolución, que aboga por crear un sistema para que las personas que creen haber sido víctimas de maltrato por parte de agentes de Frontex puedan denunciarlos. Para evitar abusos, no se aceptarían denuncias anónimas. Pero sí debe permitirse a terceros presentar quejas en nombre de supuestas víctimas que prefieran no revelar su identidad.


Denuncias contra agentes enviados por los Estados miembros


Dado que Frontex no tiene competencias para iniciar expedientes disciplinarios a personas que no sean empleados de la agencia y carece de autoridad para sancionar a los Estados miembros o a sus funcionarios, los eurodiputados plantean que la oficina de derechos fundamentales de la Agencia remita las quejas recibidas contra el personal en comisión de servicio a las autoridades competentes del país que lo ha enviado. Los eurodiputados piden a Frontex y a los Estados miembros que cooperen para garantizar que se da el seguimiento adecuado a las denuncias.


Más recursos y protección para los grupos vulnerables

 

El Parlamento reclama más recursos para asegurar que la oficina de derechos fundamentales de Frontex pueda gestionar las reclamaciones. También destaca la necesidad de ofrecer una protección especial a los menores no acompañados, las mujeres víctimas de persecución por razón de género, las personas LGTBI y otros grupos vulnerables.


Eurodiputados españoles

 

Durante el debate, Marina Albiol (GUE) denunció que Frontex es un “instrumento de la Europa insolidaria, de la Europa de los muros y las vallas, cómplice de que el Mediterráneo se haya convertido en una gran fosa común”. Para Albiol, la agencia de fronteras es “en sí misma, una violación de derechos humanos”, por lo que abogó por su desmantelamiento.


Por parte del PPE, Rosa Estarás hizo hincapié en que Europa es el referente en materia de derechos fundamentales y opinó que con esta propuesta se da un paso más en ese sentido. A su juicio, aceptar las reclamaciones individuales y dar especial protección a los más desfavorecidos reforzará el papel de Frontex como gestor de las fronteras comunitarias.


Por último, Juan Fernando López Aguilar (S&D) respaldó la iniciativa, porque consolida el compromiso de Frontex con los derechos fundamentales, hará que los agentes tengan formación especializada y se identifiquen siempre como tales, mostrando especial sensibilidad hacia los más vulnerables, y permitirá la exclusión de aquellos que no cumplan estrictamente las reglas.


Antecedentes

 

La oficina del Defensor del Pueblo Europeo recomendó la puesta en marcha de un sistema para gestionar reclamaciones relacionadas con vulneración de derechos fundamentales durante el ejercicio de las funciones de Frontex en un informe que presentó tras una investigación a iniciativa propia llevada a cabo 2012 sobre el papel de la agencia Frontex en este ámbito.


La mayor parte de los agentes que participan en las operaciones de Frontex son enviados por países miembros diferentes al del Estado donde se llevan a cabo. Estos agentes sólo pueden realizar tareas y ejercer su autoridad bajo las instrucciones y, por norma general, en presencia de guardias del país anfitrión.

 

Procedimiento: resolución no legislativa

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