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La situación en Hungría justifica la apertura de un procedimiento que puede acabar en sanciones, señala el Parlamento en una resolución adoptada el miércoles.

 

  • Los eurodiputados alertan ante el grave deterioro del Estado de Derecho y la democracia
  • Piden la revocación de varias leyes
  • Vigilancia estricta de los fondos comunitarios a Hungría

 

Tras el debate en el pleno durante la última sesión, los eurodiputados señalan que, ante “un riesgo claro de violación grave de los valores” comunitarios, la UE debe poner en marcha el procedimiento contemplado en el artículo 7 del Tratado.

El texto pide:


  • la activación del Artículo 7(1). Encarga a la comisión de Libertades Civiles que prepare una propuesta de resolución para su votación en el pleno.
  • al Gobierno húngaro que revoque las últimas leyes sobre solicitantes de asilo y ONG, y que entable un diálogo con las autoridades estadounidenses sobre la Universidad Centroeuropea, para garantizar la permanencia del centro en Budapest como institución libre.
  • a la Comisión que supervise estrictamente la utilización de los fondos de la Unión por parte del Gobierno húngaro.

Una prueba para la UE

Los últimos acontecimientos en Hungría han provocado un grave deterioro del Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales que está poniendo a prueba la capacidad de la UE para defender sus valores fundacionales, afirman los eurodiputados.


El texto fue aprobado con 393 votos a favor, 221 en contra y 64 abstenciones.


Contexto

El Artículo 7 del Tratado de la UE establece un mecanismo para asegurar el respeto de los valores europeos. En virtud del Artículo 7(1), el Consejo puede concluir que hay un claro riesgo de riesgo grave de violación de los valores de la UE por un Estado miembro. El objetivo es evitar que se produzca la infracción mediante la emisión de recomendaciones específicas al citado país miembro.

 

El mecanismo puede activarse a propuesta de un tercio de los Estados miembros, el Parlamento o la Comisión. La decisión del Consejo requiere una mayoría de cuatro quintos y aprobación previa del Parlamento, cuyo visto bueno necesita una mayoría de dos tercios de los votos emitidos y mayoría absoluta de sus miembros.

 

La fase siguiente es el Artículo 7(2). El Consejo, por unanimidad, y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión, y previa aprobación del PE, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente de los valores comunitarios.

 

El Artículo 7(3) prevé la posibilidad de sanciones, como la suspensión del derecho de voto en el Consejo.