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  • El Gobierno debe comprometerse a esclarecer todos los casos
  • Facilitar acceso a la información de los registros civiles y archivos de hospitales y parroquias
  • Más fondos para asistencia psicológica y legal a las víctimas

El Gobierno español debe tomar medidas urgentes para resolver todos los casos de supuesto robo de bebés y adopción ilegal, según la comisión de Peticiones del PE.

La comisión aprobó el miércoles una serie de recomendaciones tras su visita a Madrid en mayo pasado para investigar un conjunto de peticiones sobre bebés supuestamente sustraídos al nacer por parte de personal hospitalario en diversos puntos del país.

Banco público de ADN, fiscalía especializada

Los eurodiputados reclaman la creación de un banco público de ADN para verificar la identidad de las posibles víctimas de secuestro de bebés. Los test de ADN deberán ser gratuitos y no requerir una orden judicial o de la fiscalía.

También instan a la fiscalía a investigar las denuncias en detalle y recomiendan el nombramiento de un fiscal especial para esta tarea, así como un grupo de jueces para investigaciones “ad hoc”. Piden asimismo la unificación de criterios en los procedimientos judiciales para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito.  

El Gobierno y la Iglesia deben facilitar el acceso a los documentos del registro civil, los registros de nacimiento de los hospitales y de las parroquias y congregaciones religiosas. Los eurodiputados animan a las autoridades eclesiásticas a reconocer “su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales” y a disculparse ante las víctimas.

Apoyo a las víctimas

Los eurodiputados piden un incremento de los fondos para la oficina de apoyo a las víctimas creada por el Ministerio de Justicia -incluida asistencia psicológica gratuita, orientación jurídica y acceso a información- y el reconocimiento bajo un estatuto especial de víctimas tanto de los padres como de hijos secuestrados, “incluida la posibilidad de compensación estatal”.

La comisión de Peticiones también recomienda la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para esclarecer si los robos de bebés fueron casos aislados o si tras ellos hubo una trama organizada.

El informe de la misión y las recomendaciones fueron aprobados por 20 votos a favor y 9 en contra. El texto será ahora enviado al presidente de la Cámara. El grupo PPE anunció que adjuntará al informe una opinión particular, en virtud de la regla 52 del Reglamento del PE.

Declaración de la ponente

"Este informe es un paso importante en el proceso de dar respuestas a los afectados por el escándalo. Durante nuestra visita obtuvimos información de las autoridades, la Iglesia, los peticionarios y otros encargados de las investigaciones sobre robo de bebés y adopciones ilegales durante la dictadura y el inicio de la democracia. El Gobierno español debe seguir nuestras recomendaciones y tomar la iniciativa para investigar qué sucedió, y quiénes fueron responsables. Confío en que nuestro informe sirva de ayuda para los peticionarios, quienes han mostrado un coraje y fortaleza extraordinarios”, señaló la jefa de la delegación, Jude Kirton-Darling (S&D, Reino Unido).

Más información

Numerosas denuncias de robo de bebés en diferentes lugares de España, la mayoría durante las décadas de los 60 y 70, han sido investigadas en los últimos años. El grueso de las denuncias ha sido archivado por los tribunales, debido a la falta de pruebas o ante la prescripción de los supuestos delitos. Algunos afectados han llevado sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los peticionarios, que presentaron su historia ante la comisión de Peticiones en septiembre de 2015, aseguran que los padres fueron informados de la repentina muerte de sus recién nacidos y en muchas ocasiones no se les permitió ver los cuerpos. Varios apuntan a la existencia de tramas organizadas que entregaban a los bebés en adopción.

En su visita a Madrid, los eurodiputados se reunieron con el fiscal general del Estado, el fallecido José Manuel Maza, representantes de la Conferencia Episcopal, miembros de la comisión de Justicia del Congreso y la adjunta a la Defensora del pueblo, Concepció Ferrer.