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  • Aprobada la propuesta con 448 votos a favor y 197 en contra 
  • El PE ve un riesgo claro de violación grave de los valores fundacionales de la UE 
  • Independencia judicial, libertad de expresión, corrupción, derechos de las minorías y situación de migrantes y refugiados, las grandes preocupaciones del PE 
  • El Consejo podrá hacer recomendaciones a Hungría para prevenir el riesgo 

El Parlamento quiere que los países de la UE determinen, de acuerdo con el Artículo 7 del Tratado, si Hungría corre el riesgo de vulnerar los valores fundacionales de la Unión.

La propuesta fue aprobada con 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones. Para salir adelante, requería una mayoría absoluta de la Cámara (376) y dos tercios de los votos emitidos -excluidas las abstenciones.

Esta es la primera vez que el Parlamento insta al Consejo de la UE a actuar contra un Estado miembro ante una amenaza sistémica a los valores fundacionales. Estos valores, consagrados en el Artículo 2 del Tratado y reflejados en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, incluyen respecto a la democracia, igualdad, Estado de derecho y derechos humanos.

Los eurodiputados piden a los países que inicien el procedimiento regulado en el Artículo 7(1) del Tratado de la UE, tras constatar que, pese a la disposición de las autoridades húngaras a debatir sobre la legalidad de las medidas adoptadas, “no se ha hecho frente a la situación y sigue habiendo numerosos motivos de preocupación”.

También recalcan que esta es la fase preventiva del procedimiento, que prevé un diálogo con el Estado miembro afectado y tiene por “objetivo evitar posibles sanciones”.

La Cámara hace hincapié en que la adhesión de Hungría a la Unión fue un acto voluntario basado en una decisión soberana y contó con un amplio consenso de todo el espectro político húngaro y subraya que todo Gobierno húngaro es responsable de la eliminación del riesgo de violación grave de los valores del artículo 2 del TUE.

Los elementos que generan más preocupación al Parlamento tienen que ver con:

  • el funcionamiento del sistema constitucional y electoral;
  • la independencia del poder judicial y de otras instituciones y los derechos de los jueces;
  • la corrupción y los conflictos de intereses;
  • la protección de datos y de la intimidad;
  • la libertad de expresión;
  • la libertad de cátedra;
  • la libertad de religión;
  • la libertad de asociación;
  • el derecho a la igualdad de trato;
  • los derechos de las personas pertenecientes a minorías, incluida la población romaní y los judíos, así como la protección frente a los mensajes de odio contra esas minorías;
  • los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados;
  • los derechos económicos y sociales

Declaración de la ponente

Judith Sargentini (Verdes, Holanda), que preparó el proyecto de informe, dijo: “Coincidiendo con el debate sobre el estado de la Unión, el Parlamento Europeo envía un mensaje importante: defendemos los derechos de todos los europeos, incluidos los ciudadanos húngaros, y defendemos nuestros valores europeos. Ahora les toca a los líderes europeos asumir su responsabilidad y dejar de mirar desde la barrera cómo se destruye el Estado de Derecho húngaro. Esto es inaceptable para una Unión basada en la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales".

Próximos pasos

La propuesta para una decisión del Consejo será ahora remitida a los Estados miembros. Estos podrán, por mayoría de cuatro quintos de sus miembros, constatar la existencia en Hungría de un riesgo claro de violación grave de los valores comunitarios. Antes, las autoridades húngaras podrán explicarse ante el Consejo, y el Parlamento deberá dar su consentimiento.

El Consejo podrá dirigir recomendaciones a Hungría para atajar la amenaza de vulneración de los valores fundacionales.

En una fase posterior, el Consejo Europeo puede dictaminar, por unanimidad y previa aprobación del PE, la existencia en Hungría de una violación grave y persistente del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales. Esto podría acabar en sanciones, como la suspensión del derecho de voto en el Consejo.