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  • Teléfonos inteligentes, cajeros automáticos, expedición de billetes y servicios bancarios deberán ser más accesibles para las personas con discapacidad 
  • 80 millones de ciudadanos de la UE tienen algún grado de discapacidad 

Productos y servicios clave como teléfonos inteligentes, cajeros automáticos, expedición de billetes y servicios bancarios deberán ser más accesibles para las personas con discapacidad.

El Parlamento aprobó el miércoles, con 613 votos a favor, 23 en contra y 36 abstenciones, la nueva ley europea de accesibilidad. Su objetivo es mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad y los mayores, y fomentar la innovación empresarial para una mayor accesibilidad de todo tipo de bienes y servicios.

La norma, ya acordada de manera informal con el Consejo el pasado mes de noviembre, establece los requisitos para hacer más accesibles algunos bienes y servicios como:

  • cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes y máquinas de facturación
  • ordenadores y sistemas operativos,
  • teléfonos móviles, tabletas y televisiones
  • servicios bancarios de consumo
  • libros digitales y los programas asociados
  • comercio electrónicoservicios de transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera, incluida la información en tiempo real

El texto se limita a indicar los bienes y servicios que deben ser más accesibles, aunque sin imponer soluciones técnicas detalladas, lo que da margen a la innovación. Las microempresas quedarán exentas de algunas obligaciones.

Instalaciones más accesibles

El Parlamento insiste en la importancia de hacer más más accesibles las instalaciones en las que se ofrecen los servicios, por ejemplo, con respecto a rampas, puertas, baños públicos y escaleras. Con el fin de hacer que el entorno construido sea cada vez más accesible para las personas con discapacidad, se insta a los Estados miembros a estandarizar sus exigencias en este ámbito

Próximos pasos

La propuesta de directiva entrará en vigor una vez que haya sido aprobado formalmente por el Consejo de Ministros y publicada en el Diario Oficial de la Unión. Los estados miembros tendrán tres años para adaptar su legislación nacional, y seis años para aplicar los cambios, aunque se contemplan periodos transitorios para casos especiales.