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  • El PE denuncia una “estrategia planificada” para destruir la oposición política 
  • Todos los presos políticos deben ser liberados 
  • Elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo  
  • Extradición a Italia del secuestrador de Aldo Moro 

El Parlamento Europeo pidió el jueves sanciones contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos en el país.

En una resolución aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, la Cámara señala que Nicaragua sufre desde abril de 2018, cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno, “una grave vulneración de la democracia, de la observancia de los derechos humanos y del Estado de derecho”.

Los eurodiputados condenan todas las acciones represivas del Gobierno y lamentan que desde la visita de una delegación del PE a Managua en enero pasado se ha producido un aumento de la represión de la oposición y de las limitaciones a las libertades de expresión, de reunión y de manifestación.

Denuncian también la ilegalización de ONG, la expulsión de organizaciones internacionales del país, el cierre y las agresiones contra medios de comunicación, las limitaciones del derecho a la información, la expulsión de estudiantes de las universidades y el empeoramiento de la situación en las cárceles.

Estas acciones del Gobierno, sus instituciones y sus organizaciones parapolíticas obedecen, según el Parlamento, “a una estrategia planificada para destruir la oposición política” que lideró las protestas del año pasado.

Los eurodiputados piden que se reanude el diálogo político para hallar una solución sostenible y pacífica a la grave crisis que atraviesa el país, que incluya rendición de cuentas de todos los responsables de las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Liberación de los presos políticos y convocatoria de elecciones

El Parlamento reclama al Gobierno nicaragüense como señal de buena voluntad en el diálogo con la oposición, la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos (más de 600 continúan encarcelados), el cese de toda forma de represión y persecución contra sus ciudadanos, y el retorno de las organizaciones internacionales al país.

El proceso de diálogo debe facilitar, asimismo, el retorno de los exiliados, la desmilitarización de las calles y el desarme de los grupos paramilitares, y el establecimiento de una hoja de ruta clara para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes en un futuro próximo, con la presencia de observadores internacionales, agrega la Cámara.

Sanciones hasta que se respeten los derechos humanos

Los eurodiputados piden que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros apliquen, sin perjudicar a la población nacional, “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de la expedición de visados y la inmovilización de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos”, en línea con las conclusiones del Consejo de 21 de enero de 2019, hasta que se observe y se restablezca plenamente en el país el respeto absoluto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

También piden la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, suspendiendo la participación de Nicaragua en dicho acuerdo.

Extradición a Italia del secuestrador de Aldo Moro

Por último, la Cámara reclama la extradición inmediata a Italia de Alessio Casimirri, que vive ahora en Managua protegido por el Gobierno de Nicaragua, condenado definitivamente en Italia a seis cadenas perpetuas por el secuestro de Aldo Moro, y por el asesinato de miembros de su escolta, hechos acaecidos en Roma el 16 de marzo de 1978;