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Preguntas parlamentarias
5 de julio de 2017
E-003053/2017
Respuesta del Vicepresidente Dombrovskis en nombre de la Comisión

La Comisión ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber notificado sus medidas de transposición de la Directiva de crédito hipotecario (DCH)(1).

El artículo 28 de la DCH, sobre demoras y ejecución hipotecaria, establece normas para proteger mejor a los consumidores en situaciones de ejecución hipotecaria, por ejemplo, mediante la obligación impuesta a los Estados miembros de que adopten medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria. Actualmente, la Comisión no tiene previsto proponer medidas complementarias. En determinadas circunstancias, los particulares pueden solicitar una indemnización en caso de perjuicios como consecuencia de que un Estado miembro no haya incorporado a su Derecho nacional una Directiva en el plazo establecido(2). Estos derechos se deben invocar a escala nacional.

El artículo 260, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea autoriza a la Comisión, al remitir un asunto al TJUE por haber omitido el Estado miembro notificar las medidas de transposición de una Directiva, a especificar el importe de la suma a tanto alzado o multa coercitiva que deba pagar el Estado miembro. El cálculo de la multa coercitiva propuesta se basa en un método que tiene en cuenta la gravedad de la infracción, su duración y la capacidad de pago del Estado miembro, con el fin de garantizar que la propia sanción tenga un efecto disuasorio(3). Solo el Tribunal de Justicia puede imponer una suma a tanto alzado o una multa coercitiva si comprueba que el Estado miembro ha incumplido su sentencia.

Además de que siguen pendientes varios asuntos relativos a la Directiva sobre cláusulas contractuales abusivas(4) y los procedimientos de ejecución hipotecaria en España, la Comisión continúa vigilando estrechamente el curso dado por España a sentencias anteriores del Tribunal de Justicia, a fin de garantizar una protección eficaz contra las cláusulas contractuales abusivas.

(1)Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial.
(2)Jurisprudencia del TJUE, por ejemplo, asuntos acumulados C-6 y 9/90, Francovich; asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, y asunto 178/94, Dillenkofer.
(3)Comunicación de la Comisión — Aplicación del artículo 228 del Tratado CE [SEC(2005)1658] y Comunicación de la Comisión — Aplicación del artículo 260, apartado 3, del TFUE [SEC(2010)1371].
(4)Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

Última actualización: 10 de julio de 2017Aviso jurídico