Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

  • bg - български
  • es - español (selección)
  • cs - čeština
  • da - dansk
  • de - Deutsch
  • et - eesti keel
  • el - ελληνικά
  • en - English
  • fr - français
  • ga - Gaeilge
  • hr - hrvatski
  • it - italiano
  • lv - latviešu valoda
  • lt - lietuvių kalba
  • hu - magyar
  • mt - Malti
  • nl - Nederlands
  • pl - polski
  • pt - português
  • ro - română
  • sk - slovenčina
  • sl - slovenščina
  • fi - suomi
  • sv - svenska
Preguntas parlamentarias
7 de abril de 2010
P-1687/2010
Respuesta de la Sra. Malmström en nombre de la Comisión

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2008/115/CE relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular(1), los Estados miembros están obligados a expedir una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio. Inmediatamente después, en el artículo 6, apartado 4, de esa Directiva, se aclara que los Estados miembros pueden, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se expedirá ninguna decisión de retorno o, de haberse expedido ya, se retirará.

Esta obligación de los Estados miembros de iniciar los procedimientos de retorno o conceder el derecho a permanecer en sus territorios fue propuesta por la Comisión y adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo con el fin de reducir las «zonas grises», evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas.

Ello implica que las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio. Los Estados miembros pueden determinar con arreglo a su legislación nacional a qué nivel administrativo (local, regional o federal) se toman las decisiones relacionadas con el retorno o la concesión del derecho de permanencia. No obstante, a este respecto cabe señalar que un Estado miembro es responsable ante la UE de la correcta aplicación de la Directiva 2008/115/CE en la totalidad de su territorio.

Los Estados miembros han de incorporar la Directiva 2008/115/CE a sus legislaciones nacionales antes del 24 de diciembre de 2010. La Comisión no está en situación de tomar medidas formales con respecto al cumplimiento de esa Directiva antes de tal fecha, pero incita a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la Directiva tan pronto como sea posible.

(1)Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, DO L 348 de 24.12.2008.

Última actualización: 13 de abril de 2010Aviso jurídico