Situación de los Derechos Humanos en Colombia

 

Luisa MORGANTINI (GUE/NGL, IT), Presidenta de la comisión de Cooperación, en una introducción al debate calificó que la situación en Colombia de "guerra real". Se refirió a los crímenes contra la humanidad cometidos, a los cuatro millones de desplazados, a los secuestros, desapariciones, y en general a los miles de victimas del conflicto, entre los que se encuentran mujeres, ancianos, niños e indígenas indefensos. También recordó que Colombia es la principal beneficiaria de los fondos para la cooperación con América Latina.

 

La primera en tomar la palabra fue Adriana ARBOLEDA, de la organización pro derechos humanos "Corporación Jurídica Libertad", que se mostró contraria a la nueva Ley de Justicia y Paz, propuesta por el gobierno colombiano y apoyada por el Consejo de la Unión Europea. Señaló tres aspectos fundamentales que en su opinión hacen que la ley sea contraria a los pronunciamientos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. En primer lugar, afirmó que las organizaciones paramilitares siguen activas: "en teoría están desmanteladas pero siguen realizando patrullajes con armas, cobran extorsiones, se apropian ilegalmente de viviendas, desplazan a la población, extorsionan a los comerciantes, cometen violaciones y obligan a la prostitución". En segundo lugar, puso de manifiesto que la Ley provoca indefensión de las victimas al permitir la impunidad de los culpables: "la ley solo se aplicará a personas enjuiciadas por delitos atroces, es decir, solo se aplicará a una minoría... puede que sólo 55 personas sean enjuiciadas por la ley". Por último declaró que la Ley no conduce a la paz: "los grupos guerrilleros siguen activos, los paramilitares desmilitarizados siguen violando los derechos humanos", afirmó.

 

A continuación intervino Dirck OOSTING quien manifestó, en nombre de Amnistía Internacional, que la posición tomada por el Consejo de Ministros de la UE sobre la Ley de Justicia y Paz  es contraria a la posición oficial de la UE de crear un marco jurídico que apoye a las victimas, la justicia y la paz. En su opinión, el gobierno colombiano con esta ley no protege a las victimas: "envía un mensaje a los combatientes de que hay impunidad ante los abusos", y afirmó que "este tipo de políticas pueden llevar a un resurgir de los paramilitares y poner en peligro el Estado de Derecho". Continúo su intervención señalando que es necesario un mayor apoyo político y financiero a Colombia, pero en un marco que garantice el apoyo a las victimas y la justicia, y concluyó pidiendo la participación plena de la sociedad civil colombiana como formula para evitar el resurgir de los paramilitares.

 

Carlos FRANCO, Presidente del Programa Presidencial para los Derechos Humanos, habló en nombre del gobierno colombiano. "La democracia, los derechos humanos, son valores compartidos no solo por las ONG sino también por el gobierno y toda la sociedad colombiana", afirmó. Pidió un reconocimiento para los logros alcanzados hasta el momento, entre los que figuran la reducción de los secuestros, de los desplazados y una alta escolarización de la sociedad colombiana. "Tenemos una actitud completamente abierta, como así lo manifiestan los informes periódicos públicos que realizamos sobre los avances". Defendió la Ley de Justicia y Paz comparándola con otras leyes similares en otros países y manifestó que la misma se había tardado en redactar dos años, tras un largo proceso en el que habían participado tanto el Congreso colombiano como representantes de la sociedad civil: "no se puede aceptar que después de este proceso se cuestione la ley sin ni siquiera haber escuchado al Tribunal Constitucional. Concluyó su intervención afirmando que la ley puede facilitar la desmilitarización de los grupos paramilitares que la misma permite la protección, la reparación y la protección de las victimas. A este respecto informó  que como garantía se había creado una Comisión de Seguimiento de aplicación de la ley en la que la sociedad civil es mayoritaria.