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Ecos de la sesión
Instituciones - 20-02-2006 - 19:00
Estrasburgo, 13-16 de febrero de 2006
- Libre circulación de servicios: el Parlamento da un gran paso hacia delante
- Aumento de la tensión internacional por el programa nuclear iraní
- El Parlamento defiende la libertad de expresión y las convicciones religiosas
- El Parlamento Europeo pide el cierre de Guantánamo
- Acuerdo sobre la protección de los trabajadores frente a las radiaciones ópticas
Libre circulación de servicios: el Parlamento Europeo da un gran paso hacia adelante- Aumento de la tensión internacional por el programa nuclear iraní
- El Parlamento defiende la libertad de expresión y las convicciones religiosas
- El Parlamento Europeo pide el cierre de Guantánamo
- Acuerdo sobre la protección de los trabajadores frente a las radiaciones ópticas
- Reforma de las ayudas estatales
- Por una estrategia europea de protección de los bosques
- Sesión solemne con el Presidente de Austria
- Mejores condiciones para los pollos destinados al consumo
- Los efectos de la globalización en el mercado interior
- Doblar la cuota de las fuentes de energía renovables en calefacción y refrigeración
- Revisión de la cláusula sobre derechos humanos en los acuerdos de la UE
- Nuevo visado para facilitar el tráfico fronterizo
- Acuerdo pesquero con las Islas Salomón
- Neumáticos y vehículos combinados
- Acuerdo sobre una licencia comunitaria de controlador de tráfico aéreo
Ref.: 20060209BKG05095
Libre circulación de servicios: el Parlamento Europeo da un gran paso hacia adelante
Después de dos años de trabajo, el Parlamento adoptó en primera lectura y por una gran mayoría, su informe sobre la directiva de servicios en el mercado interior. El PE modificó sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión manteniendo el objetivo de eliminar los obstáculos a la libre circulación de servicios en la UE. La directiva de servicios es uno de los proyectos legislativos más importantes de la Unión Europea.
El Parlamento modificó sustancialmente en primera lectura la propuesta inicial de directiva servicios cuyo objetivo es eliminar obstáculos a la prestación de servicios entre Estados miembros. Las enmiendas adoptadas por la Cámara dejan claro que en materia laboral prevalecerá la legislación del país donde se presta el servicio. También amplían la gama de servicios que no estará cubierta por la directiva y redefinen el principio de origen, para permitir que el Estado donde se presta el servicio introduzca exigencias adicionales. En definitiva, se eliminan obstáculos a la libre circulación de servicios a la vez que se respetan los derechos sociales de los trabajadores.
Los eurodiputados respaldaron con amplia mayoría el objetivo de facilitar la prestación de servicios en el mercado interior. No obstante, introdujeron numerosas enmiendas que aclaran que la directiva no afecta al derecho laboral ni a la seguridad social. Los prestadores tendrán que respetar los derechos de los trabajadores según determine el país donde se presta el servicio.
El texto final recibió 394 votos a favor, 215 en contra y 33 abstenciones. El Consejo tiene ahora que pronunciarse (aunque no hay plazo para ello) por mayoría cualificada, antes de que el Parlamento lo haga en segunda lectura. La mayoría de las enmiendas, resultado de un compromiso entre los dos grupos principales, PPE y PSE (incluida la lista de excepciones y una nueva reformulación del artículo 16), salieron con amplia mayoría, suficiente para una segunda lectura.
La Cámara añade una serie de servicios que no estarán cubiertos por la directiva. También modifica el principio de país de origen, permitiendo al Estado miembro de destino que restringa por ciertos motivos la aplicación de este principio.
Las enmiendas que pretendían el rechazo de la directiva no salieron adelante (153 a favor del rechazo, 486 en contra, 1 abstención)
La propuesta de la Comisión Europea tiene por objetivo facilitar el libre establecimiento de prestadores de servicios y la prestación de servicios sin establecimiento.
Normas sociales
En las enmiendas al objeto de la directiva se deja claro que la nueva norma "no afectará al derecho laboral ni, en particular, a las disposiciones relativas a las relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho de llevar a cabo acciones sindicales y el derecho a establecer convenios colectivos". Tampoco afectará a las legislaciones nacionales de seguridad social (ver enmienda 72 al art. 1). La directiva "no se aplicará o afectará al Derecho laboral, como por ejemplo, cualquier disposición legal o contractual relativa a las condiciones de empleo o de trabajo, incluida la salud y seguridad en el trabajo o las relaciones entre empleadores y trabajadores". Respetará el derecho a negociar y no afectará tampoco a las legislaciones nacionales de seguridad social (enm. 297, art. 1).
La directiva, precisan las enmiendas, no afectará a las medidas para proteger la diversidad cultural o lingüística, o el pluralismo de los medios de comunicación. Ni implicará la liberalización o privatización de servicios que no estén liberalizados.
Cuando la prestación de servicios implique desplazamiento de trabajadores, se seguirán las disposiciones previstas en una directiva previa que regula a nivel europeo esta cuestión.
Servicios cubiertos por la directiva
La directiva se aplica, en regla general, a todo servicio ofertado por un prestador establecido en un Estado miembro, tanto de empresas a empresas como de empresas a consumidores (art. 2). Por ejemplo, servicios de consultoría; mantenimiento de oficinas; publicidad; agencias inmobiliarias; construcción (incluyendo servicios de arquitecto); alquiler de coches; agencias de viaje; asesoría legal o fiscal; guarderías; turismo; centros comerciales, etc.
Excepciones
El texto prevé ciertas excepciones, lista que la comisión parlamentaria extiende. Según la propuesta de la Comisión Europea (art. 2.2), no entran en el ámbito de la directiva: los servicios financieros, los servicios y redes de comunicaciones electrónicas y los servicios de transporte cubiertos por otras disposiciones comunitarias. No se aplica tampoco al ámbito de la fiscalidad.
La Eurocámara precisa las excepciones. Según las enmiendas, tampoco se aplicará la directiva a los servicios de interés general según defina cada Estado miembro (enm. 75). Ni afecta al derecho penal (enmienda 290).
También quedan excluidos los servicios legales (enm. 77), salud, tanto pública como privada (enm. 78); servicios audiovisuales (enm. 79), juegos y loterías (enm. 80), notarías (enm. 81), agencias de trabajo temporal (enm. 300) y los servicios de seguridad (enm. 302).
Se precisa (enm. 306) que todos los transportes están excluidos, por ejemplo, los taxis, el transporte urbano y los servicios portuarios, pues esta cuestión no había quedado totalmente definida (otros tipos de transporte ya estaban excluidos en la propuesta de la Comisión). Y se aclara que las farmacias tampoco estarán cubiertas (enmienda 304).
La exclusión de todos los servicios de salud ha sido una de las cuestiones más polémicas. Aunque había una gran mayoría favorable a la exclusión de la sanidad pública, muchos diputados habían abogado por incluir la sanidad privada. Sin embargo, su exclusión formaba parte del compromiso entre los dos grupos mayoritarios. La enmienda adoptada (78, aprobada por 434 votos) excluye "la atención sanitaria, asegurada o no,... independientemente de su modo de organización y de financiación a escala nacional y de su carácter público o privado". En el debate, la Comisión se había comprometido a que en este caso presentaría próximamente una directiva específica para regular esta cuestión.
Además, se adoptó una enmienda del PSE que no formaba parte del compromiso y por la cual quedan excluidos "los servicios sociales, tales como los servicios de atención a los niños y los servicios familiares", aunque el principio ya estaba incluido en la enmienda 292 que excluía a los servicios que persiguen un objetivo social.
Las enmiendas que pretendían excluir los servicios de educación, los servicios culturales, los servicios de medio ambiente, no salieron adelante, en algunos casos por escaso margen. Una gran mayoría se opuso a la exclusión de los servicios funerarios, publicidad. Estos servicios quedan por lo tanto cubiertos por la normativa comunitaria.
Libre establecimiento
Respecto a las medidas para facilitar el libre establecimiento, el Parlamento respalda, con algunos cambios, las propuestas de la Comisión Europea.
La directiva eliminará las trabas que ahora encuentran las empresas cuando pretenden instalarse en otro Estado miembro como simplificación administrativa (art. 5), en particular para lograr la autorización (art. 9); ventanillas únicas (art. 6) para que el prestador pueda resolver todas las gestiones a través de un único punto de contacto, en lugar de tener que ir de una ventanilla a otra. Además, deberá ser posible llevar a cabo los procedimientos por vía electrónica (art.8).
Asimismo (art. 14), la directiva prevé toda una serie de exigencias que estarán prohibidas. Otras restricciones, como por ejemplo límites al número de prestadores en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre establecimientos, seguirán permitidas (art. 15), pero habrá de verificar que sean no-discriminatorias, necesarias y proporcionales (art. 15.3).
Libre prestación sin establecimiento - País de origen (art. 16)
Para suprimir los obstáculos a la libre prestación de servicios (es decir, sin establecimiento, aunque siempre deberá tratarse de una empresa establecida en al menos un Estado miembro), la Comisión Europea introdujo el tan debatido "principio del país de origen" (art. 16), según el cual el prestador estaría sujeto únicamente a las disposiciones y control del Estado miembro en que está establecido.
Por su parte, la Eurocámara redefine este concepto, siguiendo el acuerdo alcanzado por los grupos mayoritarios (enmienda 293, aprobada por gran mayoría).
La enmienda establece el principio de libertad de prestación de servicio, pero permite al país donde se presta el servicio introducir requisitos adicionales (respecto a los del país en que esté establecido el prestador) cuando estén justificadas "por razones de orden público, seguridad pública, protección del medioambiente y salud pública". Y precisa que no impedirá que los Estados miembros apliquen, de conformidad con el derecho comunitario, sus disposiciones sobre empleo, incluidas las resultantes de convenios colectivos.
Cualquier restricción habrá de ser no discriminatoria, proporcional y necesaria.
La enmienda también detalla qué pueden y no pueden hacer los países donde se presta el servicio.
Las justificaciones "por política social y protección del consumidor" no formaban parte del compromiso final y no salieron adelante. En todo caso, como también queda excluido del ámbito de la directiva el derecho internacional privado (y por consiguiente se excluyen las obligaciones contractuales), queda claro que los consumidores siempre gozarán de la protección que les concede la legislación nacional en materia de consumo (ver enmienda 307).
Excepciones al artículo 16
Por lo que respecta a las excepciones al nuevo artículo 16 (antiguo principio de origen), la Cámara las precisa y amplía (enm. 400), incluyendo por ejemplo entre las excepciones la gestión de residuos, junto con los servicios postales, suministro de gas, energía eléctrica y agua, auditoría de cuentas. Estos servicios ya liberalizados estarán afectados por la directiva (y les afecta por ejemplo todas las disposiciones que facilitan el establecimiento), pero siempre sujetos a las normas del país donde se presta el servicio.
Para algunos diputados, los servicios económicos de interés general (por ejemplo, agua, gas, servicios postales) debían quedar fuera de la directiva, pero las enmiendas en este sentido no salieron adelante (262 a favor, 381 en contra).
Reembolso de gastos sanitarios
La Comisión Europea en el texto inicial preveía regularlos a través de la directiva. Sin embargo, la Comisión de Mercado Interior eliminó está posibilidad y a pesar de que durante el debate algunos diputados españoles se mostraron a favor de mantener el artículo en cuestión (artículo 23), tras la votación en el pleno éste fue finalmente suprimido por 505 votos, 131 en contra y 2 abstenciones. Esta cuestión será posiblemente tratada por la Comisión en una propuesta diferente.
Desplazamiento de trabajadores
Cuando la prestación de servicios en otro Estado miembro implique el desplazamiento de trabajadores, las condiciones de empleo y trabajo estarán regidas por lo contemplado en una directiva previa sobre el desplazamiento de trabajadores (96/71/CE), que supone respetar las normas sociales y laborales del Estado de acogida, que también será el responsable del control. En definitiva, el principio del país de origen no se aplica, en esta directiva, a las cuestiones laborales. No obstante, los diputados consideran que existe cierta ambigüedad en el texto propuesto por la Comisión y persiguen, en sus enmiendas, clarificarlo (enm.72, 279, art. 1).
Además, suprimen los artículos 24 y 25 (enmiendas 182, 183). La opinión de los diputados es que estos artículos reducen sustancialmente la eficacia de las inspecciones laborales llevadas a cabo por dichos Estados miembros. Las disposiciones laborales sólo pueden aplicarse efectivamente en los Estados miembros en los que se realiza el trabajo. Y la directiva de servicios no debe ser la ocasión para revisar esa legislación. La Comisión Europea anticipó en el debate que presentaría una propuesta específica al respecto.
Procedimiento
La aprobación de esta directiva está sujeta al procedimiento de codecisión, con el Parlamento Europeo como colegislador. Una vez que el Consejo de ministros adopte su postura, el texto volverá al Parlamento para una segunda lectura.
Esta directiva, parte de la estrategia de Lisboa y propuesta por la anterior Comisión Europea en enero de 2004, pretende incrementar la seguridad jurídica de los operadores. Introduce un marco jurídico para facilitar la prestación de servicios, tanto a través del establecimiento de un prestador en otro Estado miembro, como sin establecimiento, siendo esta segunda faceta la que ha generado más reticencias. Por ejemplo, una consultora establecida en el Reino Unido puede optar por establecerse en España para prestar sus servicios en nuestro país, o bien, sin establecerse en España, proporcionar el servicio desde el Reino Unido, eventualmente enviando un grupo de consultores a España durante un cierto tiempo.
Estas libertades ya estaban reconocidas en los Tratados, pero la Comisión consideró que había demasiados obstáculos administrativos que impedían en la práctica la libre prestación de servicios. Además, en opinión del ejecutivo comunitario, persiste la inseguridad jurídica.
Selección de artículos y enmiendas
Objeto de la directiva (art. 1)
Enmiendas 72; 297: la directiva no afecta al derecho laboral ni de seguridad social
Enmienda 292: no afecta a servicios que persiguen un objetivo social
Enmienda 289: no se aplica a la liberalización de los servicios de interés económico general ni afecta a la libertad de definir qué se considera tal servicio o cómo se organiza en cada Estado. Enmienda de exclusión de servicios de interés económico general (372) rechazada. Servicios de interés general según los defina cada Estado miembro excluidos (73).
Ámbito - servicios cubiertos y excluidos (art. 2)
Están excluidos los servicios bancarios y financieros, transportes cubiertos por disposiciones comunitarias, los servicios de interés general, entre otros.
Excepciones (art. 2.2)
Enmienda 78: sanidad, pública y privada
Enmienda 79: servicios audiovisuales
Enmienda 80: juegos de azar
Enmienda 81: notarios
Enmienda 300: agencias de trabajo temporal
Enmienda 302: servicios de seguridad
Enmienda 306: aclara que todos los transportes están excluidos (también excluidos taxis, transportes urbanos y servicios portuarios)
Enmienda 252: servicios sociales
Medidas para facilitar el libre establecimiento
Simplificación administrativa:
- simplificación de procedimientos (art. 5)
- ventanillas únicas (art. 6)
- procedimientos electrónicos (art. 8)
Autorizaciones (art. 9, 10)
Requisitos prohibidos (art. 14)
Verificación (art. 15): ciertas restricciones se permitirán pero deberán ser no discriminatorias.
Medidas para facilitar la libre prestación
Principio de país de origen (art. 16)
Enmienda 293 revisada: los Estados miembros donde se preste el servicio pueden introducir requisitos adicionales por razón de "por razones de orden público, seguridad pública, protección del medioambiente y salud pública".
Excepciones al art. 16 (art. 17, enm. 400)
Desplazamiento de trabajadores (art. 24 y 25, suprimidos por enmiendas 181 y 182 de supresión).
Debate sobre la directiva de servicios
En un debate previo los portavoces de los diferentes grupos políticos expresaron sus posiciones sobre la directiva. Se recogen a continuación las intervenciones de los oradores en nombre de los grupos.
La ponente del informe Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) se mostró satisfecha por el trabajo realizado y respaldó el compromiso alcanzado con el Grupo PPE que supone un avance respecto a la propuesta inicial de la Comisión. "Los servicios tienen que circular tan libremente en Europa como las mercancías y las personas", pero hay que sostener al mismo tiempo el modelo social. "Queremos una directiva sin demasiada burocracia y al servicio de los trabajadores, que son la base de la competitividad". La nueva directiva tiene que respetar las legislaciones sociales y medioambientales de los Estados miembros, afirmó.
Por su parte, el representante del Consejo, Martin BARTENSTEIN señaló que la nueva directiva significará más servicios para todos y acabará con las barreras del mercado único. Destacó que la directiva no afecta a los servicios de interés general. Constató que el debate y votación están generando un gran interés en la opinión pública y pidió al Parlamento una mayoría de votos suficiente y un "compromiso consensuado". El representante de la Presidencia se comprometió a trabajar estrechamente con el Parlamento y la Comisión para alcanzar un acuerdo en la Cumbre de primavera. Terminó su intervención solicitando una directiva que promueva "un mercado de servicios que sirva para el crecimiento y el empleo y que ayude a recuperar la confianza de los ciudadanos en una Europa fuerte".
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel BARROSO, destacó que se trataba de mostrar si la Unión de 25 "es o no capaz de encontrar soluciones apropiadas, de común acuerdo, para hacer frente a problemas extremamente difíciles y sensibles". Es esencial, añadió, "construir un consenso fuerte en el Parlamento en torno a esta directiva". Y confió en que el voto el jueves "reconcilie las exigencias de la competitividad con nuestras preocupaciones sociales", lo que sería una victoria para el Parlamento y para toda la Unión, añadió. Por otro lado, señaló que si bien algunas críticas a la propuesta de la Comisión eran por consideraciones legítimas, "ciertas críticas reposaban sobre auténticos malentendidos" y además han provocado polémicas sobre cuestiones que nada tienen que ver con la directiva. Concluyó manifestando que la mejor estrategia social es la creación de empleos de calidad.
El comisario Charlie Mc CREEVY anunció que la Comisión presentaría "una propuesta modificada" tras el voto del jueves para que el Consejo pudiera adoptar "lo antes posible, a ser posible en abril" una posición común.
El comisario señaló que la controversia sobre la propuesta se ha centrado "en un número relativamente limitado de temas" y se ha olvidado que hay muchas áreas donde existe consenso sobre los beneficios.
En primer lugar, "gracias a la simplificación administrativa será más fácil establecer un negocio en la Unión Europea". Las ventanillas únicas y la posibilidad de gestionar por vía electrónica los permisos reducirán los obstáculos administrativos. Además "será buena para los consumidores", destacó.
En cuanto a las enmiendas, el comisario consideró que una gran parte de las presentadas por la comisión parlamentaria mejoraban la propuesta, en particular las referidas a los servicios de interés general y a la simplificación administrativa. Los servicios de interés económico general deben mantenerse en el ámbito de la propuesta, tal y como propone la comisión parlamentaria. Rechazó las enmiendas que pretendían excluirlos. También afirmó que debería limitarse el número adicional de excepciones.
En cuanto a la eliminación de los artículos 24 y 25, el comisario anticipó que si el voto lo confirmaba, la Comisión presentaría una nueva propuesta relativamente pronto para abordar las cargas administrativas vinculadas a la directiva de desplazamiento de trabajadores que tenga en cuenta la jurisprudencia del Tribunal al respecto.
Asimismo, si los servicios de salud se excluyen, la Comisión tendría que presentar una propuesta para tener en cuenta la jurisprudencia sobre movilidad de pacientes. "Una propuesta separada de la Comisión será necesaria", anticipó. En todo caso, la Comisión anunció que analizaría si las enmiendas que se adopten son compatibles con los Tratados y la jurisprudencia.
Además, continuó el comisario, cualquier modificación al artículo 16 tiene que tener en cuenta que las restricciones que impongan los Estados miembros a prestadores de otros países miembros tienen que ser "no discriminatorias, proporcionales y necesarias".
Grupos políticos
Tras informar el Presidente, Josep BORRELL, que una manifestación estaba teniendo lugar en ese momento en Estrasburgo, con carácter pacífico y la participación de más de 30.000 personas, tomaron la palabra los representantes de los Grupos políticos.
Hans Gert POETTERING (PPE-DE, DE), en nombre del Grupo Popular, se manifestó a favor de la directiva, pues en su opinión, contribuirá a crear puestos de trabajo y beneficiará a los consumidores. "El PPE ha contribuido con su trabajo a mejorar un texto que va en línea con la estrategia de Lisboa". "Queremos una gran mayoría, pero no un compromiso a cualquier precio", matizó. Abogó por obtener un consenso amplio y por continuar con las negociaciones en algunos aspectos. Destacó que la directiva ofrecerá normas claras y seguridad jurídica para las empresas y se mostró a favor de un verdadero mercado único que beneficie a todos y respete la economía social del mercado. "La manifestación está bien, pero se están manifestando sobre algo que ya no está sobre la mesa", afirmó.
El representante del Grupo Socialista, Martin SCHULZ (PSE, DE), defendió el compromiso pues implica que "ya no es la directiva Bolkestein" sino un texto que tiene en cuenta las preocupaciones sociales. Señaló que había que aclarar qué tipo de sociedad queremos en Europa. "Todo progreso económico y técnico tiene que ir seguido de logros sociales", declaró. La propuesta de la Comisión no tenía en cuenta los elementos sociales y laborales, pero el compromiso alcanzado supone un claro alejamiento de la propuesta inicial. Confió en que en la Cámara lograse una amplia mayoría para garantizar el acceso a los mercados y criticó que algunos, entre ellos el Comisario Bolkestein, hayan querido aprovechar la directiva para imponer un modelo liberal.
Graham WATSON (ALDE/RU) criticó las enmiendas que permitían que los Estados miembros propongan barreras basándose en la protección de los consumidores y la política social. En su opinión, esas enmiendas van en contra de la jurisprudencia de la UE. "El párrafo 3 de la enmienda al artículo 16 es contradictorio con la jurisprudencia", precisó. Urgió a que Europa se convierta en un mercado dinámico para el trabajo y el empleo. También hizo hincapié en que la directiva es en particular beneficiosa para las pymes.
Por su parte, Jeide RÜHLE (VERDES/ALE, DE) señaló que en la propuesta de directiva que iba a votar el pleno falta transparencia y seguridad jurídica. "Algunos servicios no están cubiertos, otros están exentos, otros sólo en parte", declaró la representante de los Verdes. Criticó algunos artículos y anunció el voto en contra de su Grupo por la inseguridad jurídica que se generaría y porque "no crea confianza".
Francis WURTZ (IUE-IVN, FR) sostuvo que la directiva tras su paso por el Parlamento sigue perjudicando a los trabajadores. La jurisprudencia del Tribunal de la UE protege a las empresas y sus sentencias "son contrarias a los trabajadores". Se mostró contrario al acuerdo alcanzado entre los dos grupos mayoritarios de la Cámara sobre el país de destino y anunció el voto en contra de su Grupo a una directiva que "da lugar a todo tipo de interpretaciones".
Nigel FARAGE (I/D, RU) calificó la directiva de espejismo y anticipó su voto en contra por cuanto sólo implica más legislación y más burocracia. La Comisión tendrá incentivos para armonizar más sectores. Señaló que en la UE nada es lo que parece y que no por una mayor legislación mejorarán las cosas. Puso como ejemplo los servicios financieros y advirtió que con la actual directiva aumentará la carga sobre las empresas y se transferirán poderes nacionales a las instituciones, especialmente al Tribunal de Justicia.
Adam BIELAN (UEN, Polonia) manifestó que las declaraciones de algunos grupos estaban creando falsas expectativas sobre la votación. Defendió la necesidad de una propuesta que garantice un verdadero mercado único de servicios.
Por último, Marine LE PEN (NI, F) declaró que "404 enmiendas no significa que se haya alcanzado ningún acuerdo" y criticó las declaraciones de ciertos grupos sobre compromisos que todavía no habán sido adoptados. Afirmó que no se puede luchar contra la globalización y que los mercados destruirían la economía europea.
Diputados españoles
Raül ROMEVA I RUEDA (Verts/ALE), habló en su calidad de ponente de opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Declaró que la había que reducir las barreras injustificadas a la libre circulación de servicios de forma responsable sin menoscabar los derechos sociales y ambientales. En su opinión, la propuesta de la Comisión conllevaría efectos negativos sobre el empleo femenino: "lo que se necesita hoy es mayor inversión en formación, un incremento del gasto público y no, como plantea esta directiva, simplemente mayor competencia", afirmo el diputado.
Advirtió que la liberalización de los servicios sanitarios y sociales podría conducir a un deterioro del bienestar social y de la cobertura en cuidados sanitarios en favor de seguros privados y que .la aplicación del principio del país de origen podría provocar abusos y manipulaciones ya que en los ámbitos que no están armonizados a escala europea "permitiría la coexistencia de varios regímenes nacionales" confundiendo a los consumidores.
Por su parte, Luisa Fernanda RUDI UBEDA (PPE-DE) destacó que la directiva de servicios es un instrumento, "no solamente necesario, sino imprescindible" para alcanzar algunos objetivos de la Estrategia de Lisboa. En su opinión, la directiva debería fijar unos criterios claros, que den seguridad jurídica a consumidores, empresarios, y, especialmente a las Pymes. Se mostró a favor del texto de la comisión de Mercado Interior y manifestó sus dudas de que los compromisos respetasen la claridad y seguridad jurídica.
Respecto a la competitividad y la competencia y su relación con el modelo social europeo, afirmó que "la mejor política social es aquella que genera crecimiento económico y crea empleo" y que el único peligro para el modelo social europeo es una Unión Europea sin crecimiento económico.
Según Manuel MEDINA ORTEGA (PSE) la directiva de la Comisión no trata de la liberalización de los servicios, porque "el punto central es la liberalización del mercado de trabajo". "El artículo 16, con el principio del país de origen, no va a liberalizar los servicios; lo que pretende es liberalizar el mercado de trabajo, porque hay determinadas concesiones otorgadas por el entonces Comisario que van en contra de la protección social, de la protección ambiental y de la protección de los consumidores".
Destacó que el compromiso "va a permitir, efectivamente, la liberalización de los servicios, de conformidad con los procedimientos normales". Y además la Comisión tendrá que presentar propuestas concretas de liberalizaciones que vayan acompañadas de esfuerzos de armonización.
José Manuel GARCÍA-MARGALLO I MARFIL (PPE-DE) manifestó su intención de votar a favor del compromiso y centró su intervención en el reembolso de los gastos generados por un ciudadano afiliado en un Estado miembro por servicios médicos prestados en otro Estado miembro y expuso el ejemplo valenciano: "cada día más ciudadanos europeos adquieren una segunda residencia; cada día recibimos más ciudadanos que vienen a tratarse en nuestra Comunidad, exclusivamente, por la calidad de sus servicios médicos. Esta presión constituye un atentado contra los servicios de salud. Una presión financiera que difícilmente podemos aguantar", afirmó el diputado popular.
Señaló que el principio de que "el Estado miembro que preste unos servicios médicos tiene derecho a ser reembolsado por el Estado en que el ciudadano estuviese afiliado" en la práctica no se cumple y pidió el mantenimiento del artículo 23 tal y como figura en la propuesta de la Comisión
Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES (PPE-DE) se refirió por un lado al reconocimiento de los títulos y la libertad de trabajo para la gente cualificada, y por otro a la salud. Respecto al primero, declaró que es "una barrera no se ha conseguido echar abajo" ya que en Europa, cuando se va a trabajar a otro país, "es mucho más fácil trabajar en oficios manuales, en oficios de escaso reconocimiento, aunque se tengan altas titulaciones".
En relación a la salud destacó que "el Mediterráneo está lleno de millones de europeos que se han ido al Sur en busca del sol y en busca de otra vida y, sin embargo, no se les reconoce el derecho a que les devuelvan los fondos relativos al servicio social que se les está prestando y, sobre todo, a la sanidad." Concluyo pidiendo una integración de la medicina privada en la normativa.
Aumento de la tensión internacional por el programa nuclear iraní
La tensión entre Irán y la comunidad internacional va en aumento desde que el gobierno iraní decidiera retomar su programa nuclear argumentando dudosos objetivos pacíficos. En una resolución la Cámara pidió a Irán que cese inmediatamente todo apoyo a grupos terroristas y reiteró su condena a las observaciones amenazadoras del Presidente Ahmadineyad contra Israel.
El Parlamento expresó su "profunda preocupación" por la actitud actual de las autoridades iraníes con respecto al programa nuclear de su país, en particular, por la retirada de los precintos en varias instalaciones nucleares y su decisión de reanudar las actividades relacionadas con el enriquecimiento y afirma "que este asunto debe resolverse de conformidad con el Derecho internacional". No obstante, una enmienda que subrayaba que no podía haber una solución militar a este conflicto y pedía a todos los países que se distanciaran de la idea de un ataque preventivo fue rechazada por 265 votos a favor, 340 en contra y 23 abstenciones.
Los eurodiputados apoyaron la propuesta de la UE-3 de impedir la proliferación de las armas nucleares y pidieron a todas las partes interesadas que hagan todo lo posible por encontrar una solución negociada. Además consideran que la participación del Consejo de Seguridad de la ONU "constituye una medida necesaria para evaluar la situación actual".
El Parlamento opina que el establecimiento de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo podría constituir "un paso importante" con respecto a las preocupaciones en materia de seguridad de los países de la región. No obstante, una parte del párrafo que vinculaba esa idea con las negociaciones con Irán no salió adelante.
Cese inmediato del apoyo a terroristas
Los diputados reiteraron su condena a las observaciones amenazadoras del Presidente Ahmadineyad contra Israel, "que no inducen a confiar en las intenciones del Gobierno iraní de adoptar un papel pacífico y constructivo en Oriente Próximo". Además, criticaron la reciente reunión del Presidente Ahmadineyad con representantes de la Jihad islámica palestina durante su viaje a Siria y pidieron que Irán cese inmediatamente todo apoyo a grupos terroristas.
El Parlamento defiende la libertad de expresión y las convicciones religiosas
El Parlamento afirmó en una resolución que la libertad de expresión y la independencia de la prensa son derechos universales pero que deben ser ejercidos con responsabilidad personal, respetando los sentimientos y convicciones religiosas. Los diputados condenaron firmemente la quema de embajadas de los Estados miembros, las amenazas lanzadas contra individuos y expresaron su pleno apoyo y solidaridad a Dinamarca a la vez que solicitaron el restablecimiento del diálogo.
Condena a las reacciones violentas
El Parlamento condenó "con la máxima energía la quema de embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea y las amenazas lanzadas contra individuos". Deploró la falta de medidas de algunos gobiernos para prevenir la violencia y la tolerancia de otros, e hizo un llamamiento a los países en cuestión para que "muestren claramente y en la práctica que dichos incidentes no se tolerarán en el futuro" (párrafo 6 y enmienda 5).
Además, señaló que "muchos de los países en los que han tenido lugar actos de violencia y manifestaciones contra las caricaturas son países en los que se violan habitualmente la libertad de expresión, la libertad de palabra y la libertad de reunión". Lamentó "la reiteración y el recrudecimiento de la propaganda antisemítica y antiisraelí en algunos países árabes y en Irán; señaló que en estos países se editan regularmente caricaturas degradantes y humillantes de los judíos, lo que demuestra que, obviamente, no aplican las mismas normas a todas las comunidades religiosas". (párrafos 7 y 15).
También condenó la muerte de personas en los actos violentos y la del padre Santoro por parte de un fanático religioso en Turquía (párrafo 13 y enmienda 7 modificada oralmente).
Restablecimiento del diálogo
En el texto los diputados lamentan la existencia de grupos extremistas organizados que utilizan las caricaturas como pretexto para incitar a la violencia a la vez que constatan que la mayoría de la población de todos los países afectados tiene otra visión y anhela la paz. Acogen, en este sentido, con satisfacción "las declaraciones y los esfuerzos de algunos dirigentes de las comunidades musulmanas europeas y del mundo árabe que han condenado firmemente los ataques violentos" y expresan su apoyo a todas las fuerzas democráticas "que se enfrentan a regímenes religiosos autoritarios y represivos y se oponen a ellos". El pleno pidió que se restableciera un clima de diálogo constructivo y pacífico y que los responsables locales políticos y religiosos intervengan para poner fin a la violencia (párrafos 8, 9, 12, 14 y 16 y enmienda 6).
Libertad de expresión
La libertad de expresión y la independencia de la prensa son derechos universales que "no pueden ser socavadas por ningún individuo ni grupo que se considere ofendido por lo que se afirme o escriba", señaló la Cámara y considera que la libertad y la independencia de los medios de comunicación son requisitos esenciales para el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión, a la vez que "fortalecen el principio de la democracia en el que se fundamenta la Unión Europea" (párrafo 5 y considerando G). Además se recuerda que la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (párrafo 3).
Solidaridad con Dinamarca
El Parlamento expresó su pleno apoyo y su solidaridad a Dinamarca y a los países afectados y a los ciudadanos afectados "por estas situaciones tan difíciles y sin precedentes" y subrayó que un boicot contra un Estado miembro "contradice el hecho de que los acuerdos comerciales son siempre con la UE en su conjunto" (párrafos 10 y 11).
Asimismo, expresó también su solidaridad y condenó la detención de periodistas en Jordania, Egipto y Argelia por haber reproducido y comentado las caricaturas (párrafo 9).
Libertad religiosa
Los diputados defienden la libertad de expresión como valor fundamental de la Unión Europea pero consideran que ésta se ha de ejercer dentro de los límites que marca la ley y debería coexistir con la responsabilidad personal y basarse en el respeto de los derechos y sensibilidades de los demás, los derechos humanos, los sentimientos, y las convicciones religiosas "independientemente de que se trate de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier otra" (párrafos 1 y 4 y enmiendas 1 y 2). También pidieron a todos los que gozan de libertad de expresión que se comprometan a apoyar los valores fundamentales de la Unión Europea, "y a no abusar de esta libertad incitando al odio por motivos de religión o mediante la divulgación de actitudes xenófobas y racistas que tratan de excluir a cualesquier personas, sea cual sea su origen o convicción religiosa".
La resolución expresa su solidaridad con quienes se hayan sentido ofendidos por las caricaturas del profeta Mahoma, considerando que las caricaturas que provocaron las protestas no favorecen el diálogo que ha iniciado la UE para crear vínculos interculturales e interreligiosos, pero señala que "los posibles delitos pueden ser recurridos ante la justicia de conformidad con las legislaciones europeas vigentes" (párrafo 5 y considerando F).
El Parlamento Europeo pide el cierre de Guantánamo
En una resolución aprobada en el pleno, el Parlamento pidió a Estados Unidos que procediera al centro de detención de Guantánamo, solicitó un juicio justo para los prisioneros y señaló que la lucha contra el terrorismo sólo tendrá éxito si se respetan los derechos humanos y civiles.
El Parlamento Europeo "pide al Gobierno de los Estados Unidos que proceda al cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo".
Condenó todas las formas de tortura y de malos tratos, reiteró la necesidad de respetar el Derecho internacional e insistió en que "todos los prisioneros deben recibir un trato conforme a la legislación humanitaria internacional y ser juzgados en el plazo más breve posible tras una vista justa y pública a cargo de un tribunal competente, independiente e imparcial".
Los diputados también incidieron en que la lucha contra el terrorismo es una de las prioridades de la Unión y un aspecto fundamental de su acción exterior pero señalaron que "sólo puede llevarse a cabo con éxito si se respetan plenamente los derechos humanos y civiles".
A la hora de elaborar la resolución, la Cámara observó que hay un nuevo reglamento del ejército de Estados Unidos, que entró en vigor el 17 de febrero de 2006, que permite que los prisioneros condenados a muerte por tribunales militares puedan ser ejecutados en todos los centros de detención, incluido el de la Bahía de Guantánamo.
El texto fue aprobado con 80 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Acuerdo sobre la protección de los trabajadores frente a las radiaciones ópticas
El Pleno del Parlamento aprobó con 570 votos a favor, 16 en contra y 49 abstenciones el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre la Directiva relativa a la protección de los trabajadores frente a las radiaciones ópticas. El Consejo finalmente aceptó la posición del Parlamento de que la normativa europea solamente contemple las radiaciones artificiales dejando a los Estados miembros la regulación sobre las naturales.
El principal objetivo de la Directiva es la prevención y el diagnóstico precoz de cualquier efecto sanitario, la prevención de cualquier riesgo sanitario a largo plazo, así como la prevención de enfermedades crónicas como resultado de las exposiciones a la radiación óptica.
A través de las diversas lecturas del procedimiento, el Consejo y el Parlamento habían ido alcanzando acuerdos sobre los principales puntos de la nueva normativa. Sin embargo, hasta el último momento no se logró un acuerdo en lo referente a las radiaciones solares.
El Parlamento consideró en todo momento y, a diferencia del Consejo, que corresponde a los Estados miembros y no a la Unión Europea evaluar los peligros de una exposición prolongada a las radiaciones solares por parte de los trabajadores, así como la protección de los trabajadores frente a los efectos nocivos de las mismas. El texto acordado recoge este planteamiento y sólo concierne a las radiaciones artificiales, dejando la regulación de las naturales a los Estados miembros, para que cada país actúe como lo considere conveniente.
Respecto de las fuentes de radiación artificial, como los láser, el acuerdo del Parlamento y el Consejo establece toda una serie de disposiciones sobre las medidas que el empresario tiene que tomar para proteger a sus empleados: mejoras en los métodos de trabajo para reducir el riesgo de radiación óptica, establecimiento de límites a la duración y el nivel de exposición, mejora del diseño y disposición de los lugares y puestos de trabajo.
La Directiva será de obligado cumplimiento cuatro años después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Antecedentes
Reforma de las ayudas estatales
El Parlamento aprobó un informe sobre la reforma de las ayudas estatales en el que considera que deben examinarse de nuevo las reducciones de las mismas con respecto a las regiones afectadas por el «efecto estadístico», al no haber alcanzado estas regiones un verdadero desarrollo y convergencia y registrar elevadas tasas de desempleo. Además, pidió que se publique en internet los nombres de los beneficiarios de las ayudas estatales y los importes concedidos.
Los diputados consideran que las ayudas estatales deberían ser un instrumento "en última instancia" y que deberían concederse con carácter temporal. En este sentido, afirmaron que el volumen de las ayudas estatales, el cual varía sustancialmente entre Estados miembros, puede originar grandes distorsiones del mercado y se mostraron a favor de reformar las mismas para modernizar las prácticas y los procedimientos.
Ayudas estatales de finalidad regional y efecto estadístico
El Parlamento considera que las ayudas estatales son complementarias con las políticas de cohesión y afirmó que "las ayudas estatales han demostrado ser un instrumento eficaz en la vía hacia una verdadera convergencia de las rentas en la UE". Por ello aboga que la reforma de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional se vincule estrechamente a la reforma de los reglamentos de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013, prestando mayor atención a los criterios territoriales.
La resolución apoya que las ayudas de finalidad regional se concentren en las inversiones en infraestructuras y en las ayudas horizontales a las regiones desfavorecidas o menos desarrolladas de la Unión Europea, "activando incluso, para períodos transitorios de duración no superior a cinco años, las ventajas fiscales"; en este sentido, el texto "señala la necesidad de mantener medidas adecuadas de apoyo para las regiones afectadas por el «efecto estadístico»" y "considera que deben examinarse de nuevo las reducciones de las ayudas estatales con respecto a las regiones afectadas por el «efecto estadístico», que, si bien presentan un aumento relativo de su renta a causa de la ampliación, no han alcanzado un verdadero desarrollo y convergencia y registran tasas elevadas de desempleo".
Otros asuntos
La Eurocámara celebró que la Comisión refuerce su enfoque económico en los procedimientos de las ayudas estatales y pidió que el mismo se enmarque en límites estrictos para garantizar una mayor seguridad jurídica y se basen en el Derecho de la competencia.
Además, sugirió a la Comisión que elabore una definición más detallada del concepto de "deficiencia del mercado" y que clarifique los límites de dicho concepto.
Los diputados tomaron nota de la iniciativa de la Comisión de publicar en internet los nombres de los beneficiarios y los importes concedidos en lo que se refiere a subvenciones agrícolas y recomendaron "la extensión de este sistema a todas las ayudas estatales".
En relación a la innovación I+D, si bien el informe aprobado subraya la importancia de las mismas, también señala que la ayuda a la I+D "no debe dar lugar a una distorsión de la competencia". Además, aboga por una mayor flexibilidad en materia de ayudas estatales para la promoción de ideas innovadoras en las universidades y centros de investigación del sector público.
Por otro lado, los diputados destacaron la necesidad de claridad jurídica respecto a los servicios de interés económico general cuya financiación supone una ayuda estatal "únicamente en aquellos casos en los que no se cumple o no puede demostrarse que se cumple el requisito de la competencia razonable".
En lo que respecta a las exenciones por categoría, el texto apoya la adopción de un reglamento general con objeto de simplificar y consolidar las exenciones por categorías existentes.
El Parlamento considera por una parte que las ayudas estatales en favor del medio ambiente pueden cumplir una función crucial en la realización del objetivo del desarrollo sostenible en la Unión Europea, por lo que pidió una revisión de las actuales directrices sobre ayudas estatales en materia de medio ambiente, aunque por otra parte, a través de una enmienda adoptada en el pleno, pidió a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen la reducción y, en última instancia supresión de las ayudas estatales que tienen efectos perjudiciales en el medio ambiente.
Otra de las enmiendas aprobadas en el pleno solicita que se evalué si el máximo nivel de ayuda del 50% es demasiado elevado desde la perspectiva de la economía de mercado.
Por último, solicitó mejores prácticas en materia de procedimientos de ayudas estatales ya que considera que las prácticas y procedimientos actuales "adolecen de ciertas deficiencias y son excesivamente burocráticos". Por este motivo, abogó por unos procedimientos de notificación más rápidos y eficaces y apoyó la formación de una red más estrecha de los organismos de control de los Estados miembros.
Antecedentes
Los artículos 86 y 87 del Tratado autorizan las ayudas estatales cuando los regímenes de ayuda propuestos tengan efectos beneficiosos claramente definidos para la población y el medio ambiente y cuando no afecten a la actividad general de la Unión.
En la actualidad el volumen de las ayudas estatales, expresado en porcentajes del PIB, varía sustancialmente entre los Estados miembros, con cifras que se sitúan entre el 0,10% y el 2,76% en 2003, lo cual puede originar grandes distorsiones del mercado. El volumen de ayuda estatal en España en 2003 fue del 0,54 del PIB.
Por una estrategia europea de protección de los bosques
El Parlamento votó una resolución en la que solicita una estrategia forestal común para toda la Unión Europea y en la que pide que se protejan los bosques europeos contra los incendios a través de medidas concretas como son la prohibición temporal de cambio en el uso de suelo quemado para evitar la especulación tras los incendios o la creación de fiscalías especiales. El texto fue aprobado por 356 votos a favor, 47 en contra y 18 abstenciones.
Lucha contra los incendios
Los diputados consideran que existen regiones que resultan afectadas regularmente por grandes incendios forestales y expresan su solidaridad hacia ellas. También constataron que las condiciones generales para combatir los incendios difieren de un Estado miembro a otro y que las medidas de prevención de incendios previstas en la política de desarrollo rural "están resultando insuficientes para hacer frente al fenómeno de los incendios forestales, que es la principal causa de deterioro de los bosques en la Unión Europea y una de las razones de la desertización acelerada que experimentan muchas regiones europeas" (Considerandos N y O).
Por todo ello, pidieron que se elaborara una recomendación a los Estados miembros destinada a sugerir un enfoque integrado de la protección de los bosques contra los incendios con medidas como "la recogida y el aprovechamiento de la biomasa forestal residual, la prohibición temporal de cambio en el uso del suelo quemado para evitar la especulación tras los incendios, o la creación de fiscalías especiales para delitos ambientales"(párrafo 16). Además, instaron a la Comisión y a los Estados miembros a que prevean en el plan de acción de la UE para la gestión sostenible de los bosques, medidas eficaces para la prevención de riesgos y la lucha contra las catástrofes (incendios, tempestades, insectos y sequía) y de cara a las próximas perspectivas financieras pidieron a los Estados miembros y las regiones europeas que "revisen sus acciones de lucha contra incendios y de su prevención con el fin de actualizar y dinamizar las medidas en vigor, cuya gestión está resultando en muchos casos deficientes" (párrafos 13 y 17). Una de las enmiendas pedía introducir una política común en el ámbito de la futura Constitución, pero finalmente no fue aprobada por el pleno.
Otros aspectos
El Parlamento señaló que actualmente no existe en los tratados un fundamento jurídico para una política forestal común por lo que solicitó a la Comisión y al Consejo que examinen "las posibilidades de crear un fundamento jurídico específico para los bosques en los tratados de la Unión Europea o un futuro proyecto de Constitución" (Considerando C y párrafo 2). Y que traten de llegar a una interpretación unitaria del concepto de "bosque" (párrafo 3).
El texto se basa en once elementos estratégicos entre los que figuran, entre otros, una participación activa de la UE en todos los procesos internacionales relacionados con el sector forestal, el cumplimiento de las obligaciones internacionales a través de programas forestales nacionales, una mejora de la coordinación, comunicación y cooperación en todos los ámbitos de actuación política relacionados con el sector forestal, el fomento de la gestión sostenible de los bosques en el marco de la política de conservación y desarrollo de las zonas rurales, la importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático y la contribución a un suministro de energía sostenible y el fomento de la competitividad, el empleo y la renta del sector forestal.
Antecedentes
El 30 de mayo de 2005, el Consejo de Ministros de Agricultura pidió a la Comisión que presentara a más tardar a mediados de 2006, un plan de acción de la Unión Europea para la gestión sostenible de los bosques. Con el fin de apoyar el proceso de trabajo en curso, el Parlamento Europeo presentó sus recomendaciones a través de este informe de iniciativa.
La Unión Europea tiene en la actualidad una superficie forestal de 148 millones de hectáreas.
Sesión solemne con el Presidente de Austria
En una sesión solemne, el Presidente de la República de Austria, que ostenta este semestre la Presidencia del Consejo de la Unión, se dirigió al pleno de la Eurocámara.
El Presidente, Josep BORRELL, antes de dar la palabra al Presidente austriaco, afirmó que Fischer en todas sus funciones "ha dado muestra de su indiscutible compromiso con Europa, con los valores europeos, con la causa de Austria en Europa y con la de Europa en el mundo". Borrell señaló que Austria ocupa un lugar especial en la historia y en la cultura de Europa, y destacó "la contribución que ha hecho Austria al reciente desarrollo de la Unión y al debate sobre su futuro".
Se refirió a la Presidencia de Austria declarando que ya ha dado muestras de ser consciente de las circunstancias, de la necesidad de restablecer la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo, de fomentar la integración, consolidar la ampliación y revitalizar el proceso constituyente."Están ustedes en el corazón de la gran Europa y en la encrucijada de todos los caminos de Europa" continuó el Presidente, y "esperamos que en los próximos meses contribuyan al avance la Unión en un espíritu de integración basado en los valores y en los objetivos que nos fundamentan".
A continuación tomó la palabra el Presidente de Austria.
FISCHER recordó que había sido parlamentario austriaco durante 30 años, durante una época que Europa estaba dividida. Calificó la caída del muro de Berlín como "un milagro político" que supuso la libertad para millones de personas. El Presidente austriaco afirmó que tras las numerosas ampliaciones a Europa le correspondía ahora plantearse los límites. En su opinión, las fronteras geográficas son difíciles de definir al este del continente y vendrán determinadas por el cumplimiento de los criterios por los que se rigen los países de la Unión Europea y por la capacidad de absorción de la misma.
Se refirió a la Constitución Europea y al periodo de reflexión actual afirmando que "no se puede renunciar a la Constitución y sepultarla". Mencionó a este respecto, la posibilidad de celebrar un referéndum paneuropeo con dobles mayorías.
A continuación, hizo mención al papel social en Europa. "Se ha impuesto una economía de mercado pero hace falta un componente social importante", declaró el Presidente. Continuó manifestando que Europa tiene que basarse en dos pilares: en una economía sana y en una política social sana. Hizo hincapié en que la directiva de servicios debía conjugar los dos aspectos y calificó el desempleo como "una losa que pesa sobre el prestigio de Europa". "Diecinueve millones de desempleados es inaceptable", añadió.
Continuó su intervención mencionando la riqueza cultural europea y la necesidad de aprovechar el patrimonio cultural artístico y científico del continente para reforzar Europa.
Por último, se refirió a la actual situación causada por la publicación de unas viñetas sobre Mahoma en un periódico danés afirmando que "la libertad de expresión y de prensa choca con el intenso deseo de proteger los valores y la religión". "Alimentar concientemente la violencia y tomarse la justicia por su mano no es una respuesta ordenada", manifestó Fischer y añadió que si bien respetaba a los musulmanes que se manifiestan de forma pacífica condenaba a los gobiernos que permiten que representaciones diplomáticas sean atacadas.
Mejores condiciones para los pollos destinados al consumo
Los diputados votaron un informe para mejorar las condiciones de los pollos destinados a la producción de carne. El Parlamento deploró los malos tratos a las aves y pidió a la Comisión que establezca sanciones a nivel comunitario para aquellos criadores de pollos que incumplan la nueva normativa.
Las enmiendas adoptadas limitan el número de pollos por metro cuadrado, introducen sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración adecuados o eliminan la posibilidad de castración de las aves. Además se persigue introducir un etiquetado obligatorio que permita al consumidor una elección consciente de la carne de pollo.
Etiquetas informativas para el consumidor
El Parlamento considera que se deben fomentar enérgicamente los sistemas de etiquetado de la carne de pollo en función del cumplimiento de las normas sobre bienestar y de otros parámetros, ya que responden a una demanda creciente de los consumidores. Por este motivo, pidió a la Comisión que presente, a más tardar seis meses a partir de la fecha de adopción de la presente Directiva, "un informe sobre la posible introducción de un régimen de etiquetado específico armonizado y obligatorio en la Comunidad" (enmiendas 4, 5 y 17).
Densidad de población por metro cuadrado
La resolución se muestra a favor de la propuesta de la Comisión de limitar la densidad de población de pollos por metro cuadrado de zona utilizable y propone 32 kilogramos de peso vivo como límite máximo. A esta regla se podrán aplicar excepciones hasta 40kg/m2 pero sólo de forma temporal hasta 2013. Fecha en que "la densidad de población no deberá exceder de 34 kilogramos de peso vivo" (enmiendas 12 y 13).
Amputaciones
Mientras que la propuesta de Comisión Europea permite a los Estados miembros autorizar que se recorte el pico de las aves "para evitar el picoteo de las plumas y el canibalismo" y la castración de los pollos macho, el Parlamento eliminó tal posibilidad al considerar que las medidas propuestas, incluida la reducción de la densidad de población, las hace innecesarias (enmienda 3).
Otras medidas
Entre las medidas propuestas por el Parlamento para mejorar las condiciones de los pollos figuran la obligación de equipar a los establecimientos con sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración de manera que proporcionen una temperatura y humedad relativa interior adecuada. También se establece la intensidad de iluminación no parpadeante, que deberá ser mínimo de 50 lux y necesidad de limpiar y desinfectar un establecimiento (recomendando firmemente el sistema "llenado-vaciado") antes de la llegada de nuevas aves, incluidas las camas (enmiendas 25, 26, 56 y 60).
Sanciones
A diferencia de la propuesta de la Comisión, el Parlamento considera que las sanciones aplicables a las infracciones de la Directiva deben armonizarse entre los Estados miembros. La Comisión por su parte prevé que sean los Estados miembros los que determinen el régimen de sanciones aplicables en caso de infracción de la Directiva. Según el texto, las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas, progresivas, disuasorias y graduales (con excepción del maltrato y abandono) (enmiendas 8 y 23). Además se prohíben las importaciones de pollos de terceros países "procedentes de criaderos que no respeten normas que regulen el bienestar de las aves destinadas a la producción de carne comparables a las que aprobará la Unión Europea".
Inspecciones
En lo que respecta a las inspecciones, el texto establece que "la autoridad competente llevará a cabo, en forma de controles por muestreo sin previo aviso en todos los establecimientos de producción de pollos de engorde, como mínimo una inspección anual para verificar" y añade que "el coste de las inspecciones oficiales sea cubierto por las propias autoridades competentes" (enmiendas 15, 29 y 33).
Antecedentes
La propuesta de la Comisión tiene dos objetivos. Por una parte, mejorar las condiciones de vida de los pollos destinados a la producción de carne en las explotaciones avícolas intensivas y, por otra, poner fin a una situación extremadamente heterogénea desde el punto de vista reglamentario.
Los instrumentos legislativos europeos en relación con el bienestar de los animales se han desarrollado lentamente en las últimas décadas. Las disposiciones de la Directiva 98/58/CE, que es la Directiva marco relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas, son muy generales y poco vinculantes. Desde entonces, la Unión está elaborado textos más específicos. La Directiva sobre el bienestar de los pollos destinados a la producción de carne se enmarca en esta perspectiva.
Los efectos de la globalización en el mercado interior
El Parlamento aprobó un informe de iniciativa sobre los desafíos y las oportunidades que ofrece la globalización en el que celebra que varios países de la UE ya hayan abierto sus mercados laborales a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y pidió que aquéllos que aún mantienen restricciones a este respecto eliminen las barreras que impiden la libre circulación de trabajadores.
La resolución señala que la Unión Europea durante los últimos años viene haciendo frente a varios asuntos, incluidos el crecimiento económico, el rendimiento del mercado laboral o la investigación y reconoce que la clave para solucionar los mismos radica en la realización del mercado interior, que es "el activo más fuerte de la UE para maximizar las ventajas de la globalización". Según el Parlamento, la UE debe garantizar que el mercado interior "siga siendo un lugar atractivo para invertir". Además, añade el informe, un mercado interior flexible y orientado a la globalización debería acompañarse de medidas que fomenten el crecimiento, la creación de empleo, la justicia social y el respeto al medio ambiente, y mantener, al mismo tiempo, los valores del modelo social europeo.
Con objeto de completar el mercado interior cuanto antes, los diputados se felicitaron de que varios Estados de la UE, ya hayan abierto sus mercados laborales a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros y solicitaron que aquéllos que aún mantienen restricciones a este respecto eliminen las barreras que impiden la libre circulación de trabajadores. Además, el texto señala que la Comisión debería desarrollar procedimientos regulares y eficaces para calibrar los efectos y la aplicación de la legislación relativa al mercado interior.
Por último, una enmienda aprobada en el pleno por 448 votos a favor, 179 en contra y 16 abstenciones pide a la Comisión y al Consejo que "diseñen una política exterior bien equilibrada que permita a la UE reforzar su influencia a nivel internacional".
Doblar la cuota de las fuentes de energía renovables en calefacción y refrigeración
El Parlamento aprobó un informe de iniciativa en el que solicita a la Comisión que elabore antes de julio una nueva normativa para doblar de aquí a 2020 la cuota de las fuentes de energía renovables utilizadas en calefacción y refrigeración. Un abastecimiento energético más seguro, un medio ambiente más limpio y la creación de nuevos puestos de trabajo serían algunas de las ventajas.
En Europa aproximadamente un 50 % de la demanda energética total se relaciona con la calefacción y la demanda de energía con fines de refrigeración también está aumentando. Según los diputados, debe forzarse una evolución del mercado hacia la refrigeración generada a partir de fuentes renovables, con el objetivo principal de evitar que siga aumentando el consumo energético. La Unión ya fijó en el Libro Blanco de 1997 el objetivo de lograr una penetración de las fuentes de energía renovables del 12 % antes del año 2010.
El párrafo que pide a la Comisión que presente, antes del 31 de julio de 2006 una propuesta legislativa, fue aprobado por 519 votos a favor, 60 en contra y 24 abstenciones.
En el informe adoptado, los diputados hacen recomendaciones detalladas a la Comisión Europea sobre cuál debe ser el contenido de una nueva legislación que podría crear tanto el marco legislativo para la aplicación de instrumentos de financiación nacionales como los objetivos nacionales de obligado cumplimiento en materia de cuotas de energías renovables.
El texto señala que es crucial que, en unas condiciones de estabilidad del fomento a medio y largo plazo, se garantice la seguridad de las inversiones y de la planificación. Los Estados miembros podrían tener en cuenta incentivos, aunque los sistemas nacionales de apoyo se irían reduciendo progresivamente. Por ejemplo, los Estados miembros podrían conceder beneficios/exenciones fiscales a los sistemas de producción de energías renovables y a las redes de calefacción y refrigeración asociadas o conceder d ayudas directas a la inversión. La Unión Europea, por su parte, podría fomentar la utilización de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para apoyar y fomentar la calefacción y la refrigeración a partir de las fuentes de energía renovables.
Estas propuestas se elaboraron bajo un procedimiento poco utilizado (artículo 39 del Reglamento del Parlamento), que permite a la Cámara solicitar a la Comisión que presente, para la adopción de actos nuevos o la modificación de actos existentes, las propuestas oportunas mediante resolución basada en un informe de propia iniciativa de la comisión competente. El artículo establece que la resolución deberá ser aprobada por mayoría de los diputados que integran el Parlamento, es decir 367 de 732.
Revisión de la cláusula sobre derechos humanos en los acuerdos de la UE
La Eurocámara aprobó un informe de iniciativa en el que los diputados solicitaron que se haga balance sobre la aplicación de la cláusula sobre derechos humanos y señalaron que no están dispuestos a dar su dictamen favorable a ningún nuevo acuerdo internacional que no contenga una cláusula sobre los derechos humanos y la democracia.
El Parlamento expresó su satisfacción por la práctica general que sigue la Comunidad desde 1992, de incluir una cláusula sobre derechos humanos en sus acuerdos internacionales y consideran que ha llegado el momento de hacer un balance de su aplicación y examinar la manera en que puede ser mejorada. En este sentido aboga por la elaboración de un nuevo texto que perfeccione la actual formulación teniendo en cuenta varios principios, con especial atención a la aplicación de políticas en favor de la igualdad de sexos, los derechos de las mujeres, la lucha para combatir toda discriminación basada en la orientación sexual o relativa a los derechos de las personas con discapacidad así como el acceso a la justicia. La nueva redacción "incluirá un procedimiento de consulta entre las partes, por el que se definirán mecanismos políticos y jurídicos en caso de solicitarse la suspensión de la cooperación bilateral por violaciones repetidas y/o sistemáticas de los derechos humanos, en infracción del Derecho internacional" y un mecanismo que permita la "suspensión temporal de un acuerdo de cooperación".
Por otro lado, la resolución destaca que si bien la cláusula ya ha sido introducida en más de 50 acuerdos y se aplica en más de 120 países, todavía existen "numerosos acuerdos con países desarrollados y acuerdos sectoriales, como los relativos a los productos textiles, la agricultura y la pesca, que aún no contienen dicha cláusula" por lo que considera necesario ampliarla a todos los acuerdos entre la Unión Europea y terceros países y "señala que no está dispuesto a dar su dictamen favorable a ningún nuevo acuerdo internacional que no contenga una cláusula sobre los derechos humanos y la democracia". En opinión de los diputados la actual formulación de la cláusula es demasiado genérica.
Entre las enmiendas adoptadas en el pleno figura el que la cláusula se convierta en un fundamento jurídico bidireccional "que haga a la Unión Europea y al tercer país mutuamente responsables de todas las políticas relativas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales".
Mecanismo de control
En lo que respecta a la necesidad de un mecanismo eficaz de control del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, el Parlamento "pide al Consejo y a la Comisión que inicien procedimientos de diálogo estructurado en el marco de esta evaluación periódica del cumplimiento, por parte de los socios, de sus obligaciones en materia de derechos humanos" y a los responsables de las delegaciones exteriores de la Comisión en terceros países que elaboren "documentos estratégicos plurianuales desglosados por países (DEP), los cuales deben prestar una mayor atención a la situación de los derechos humanos, señalar las prioridades, precisar los medios e instrumentos que ha de aportar la UE para velar por el cumplimiento de la cláusula democrática y mejorar el nivel del respeto de los derechos fundamentales". También lamenta la falta de implicación del Parlamento en la toma de decisiones relativas al inicio de una consulta o a la suspensión de un acuerdo e "insiste por tanto con firmeza en la necesidad de una codecisión con la Comisión y el Consejo en este ámbito".
Antecedentes
Desde principios de la década de 1990, la Comunidad Europea incluye una «cláusula sobre derechos humanos» en todos los acuerdos marco firmados con terceros países. Algunas excepciones son los acuerdos sobre agricultura, productos textiles y pesca.
La inclusión de la cláusula en el articulado de los acuerdos y no sólo en el preámbulo o como referencia específica, la convierte en un instrumento jurídicamente vinculante.
Los diputados opinan que diez años después de la instauración oficial de la cláusula sobre derechos humanos, ha llegado la hora de evaluar cómo se pone en práctica y cómo se podría mejorar.
Nuevo visado para facilitar el tráfico fronterizo
El Parlamento Europeo adoptó en primera lectura un nuevo Reglamento que facilitará a aquellas personas que vivan en zonas fronterizas el poder cruzar al país vecino por motivos laborales o personales. El Reglamento establece normas comunes de gestión del tráfico fronterizo menor entre países de la UE y países terceros vecinos. La normativa se aplicará a los residentes locales que vivan como máximo a 50 km de la frontera terrestre.
Tras varias negociaciones con el Consejo, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo que permitirá la adopción en primera lectura de la propuesta.
¿Quién se beneficiará del nuevo sistema de visado?
Los ciudadanos de UE que viven en la frontera terrestre común entre un Estado miembro y un tercer país vecino (enmienda 15)
Según la propuesta, se emitirá a los residentes fronterizos un visado especial, el llamado permiso del tráfico fronterizo menor o PTFM, que permitirá cruzar la frontera con "arreglo al régimen de tránsito fronterizo menor" (enmienda 13). Los acuerdos bilaterales existentes en la actualidad se mantendrán si estos son compatibles con la nueva propuesta.
Zonas fronterizas
Durante las negociaciones con la Comisión y el Consejo, uno de los principales escollos lo ocasionó la definición de "zona fronteriza". Para la Comisión Europea zona fronteriza es aquel territorio de 30 km que rodea la frontera entre países. Sin embargo esta distancia fue considerada insuficiente por algunos nuevos Estados miembros cuyas ciudades principales se encuentran a mayor distancia de la frontera. Tras negociar con el Consejo, el Parlamento propuso finalmente que zona fronteriza fuese aquella situada entre 30 y 50 km de la frontera (enmienda 16).
Finalmente, la enmienda 17 define como "tráfico fronterizo menor" el cruce regular de la frontera terrestre exterior de un Estado miembro por residentes fronterizos "para una permanencia en la zona fronteriza, basada, por ejemplo, en motivos sociales, culturales o económicos justificados o en vínculos familiares" durante un periodo de tiempo determinado.
Los casos de Ceuta y Melilla
Según estipula el artículo 18 de la propuesta de Reglamento, las disposiciones del mismo "no afectarán a las normas especiales que se aplican a las ciudades de Ceuta y Melilla, según lo definido en la Declaración del Reino de España relativa a las ciudades de Ceuta y Melilla que figura en el Acta final del Acuerdo de Adhesión del Reino de España al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985".
Acuerdo pesquero con las Islas Salomón
El Parlamento votó un informe de la española Carmen FRAGA (PPE/DE, ES) en el que se manifestó a favor del acuerdo pesquero con las islas Salomón, acuerdo que afecta principalmente a España, Francia y Portugal, pero lamentó la falta de consulta previa por parte de la Comisión y solicitó que los armadores puedan formar parte en las reuniones de la Comisión Mixta de seguimiento con objeto de defender sus intereses.
El Parlamento a través de una serie de enmiendas persigue garantizar una correcta información al Parlamento sobre el acuerdo. Así pues, en la enmienda 1 se solicita a la Comisión que remita a la Cámara un informe anual sobre la ejecución del acuerdo con objeto de poder evaluar el mismo. Por su parte, la enmienda 2 estipula que antes de que el acuerdo concluya y, como paso previo a su renovación, la Comisión deberá remitir un informe final al Parlamento y al Consejo.
Con objeto de poder influenciar en futuros acuerdos, otra de las enmiendas establece la obligación de consultar al Parlamento antes de que el Consejo conceda a la Comisión la autorización necesaria para adoptar un nuevo protocolo (enmienda 3, artículo 2b).
Por último, el texto solicita que "con motivo de la celebración de la primera reunión de la Comisión Mixta establecida en el artículo 9 del Acuerdo, la Comisión informará a las autoridades de las islas Salomón de la asistencia de representantes de los armadores en las sucesivas reuniones de la Comisión Mixta." (enmienda 5 al artículo 2d). Se pretende así que a partir de ahora puedan tener voz para "velar adecuadamente por los intereses de sus empresas".
Neumáticos y vehículos combinados
El Parlamento emitió dictamen conforme sobre dos propuestas de Decisión del Consejo a través de sendos informes de los que es ponente el español Enrique BARÓN (PSE)
La primera propuesta de Decisión tiene por objetivo el permitir a la Comunidad adherirse al Reglamento nº 55 de la CEPE/ONU, titulado «Prescripciones uniformes sobre la homologación de los dispositivos mecánicos de acoplamiento de vehículos combinados». Dicho Reglamento se incorporará al sistema comunitario de homologación de vehículos de motor.
Por su parte, la segunda propuesta de Decisión persigue la adhesión de la UE al Reglamento n° 109 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de la producción de neumáticos recauchutados para los vehículos industriales y sus remolques. A partir de 6 meses tras la fecha de adopción de la Decisión, las disposiciones del Reglamento nº 109, serán de aplicación como condición obligatoria para la comercialización en la Comunidad de los neumáticos recauchutados pertenecientes al ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
Ambos informes fueron aprobados por el procedimiento simplificado previsto en el artículo 43.1 del Reglamento del Parlamento Europeo.
Acuerdo sobre una licencia comunitaria de controlador de tráfico aéreo
El Parlamento aprobó en segunda lectura una Directiva relativa a la expedición de la licencia comunitaria para los controladores de tráfico aéreo. De este modo se armonizan la formación y los requisitos para la obtención de licencias, a la vez que se facilita el reconocimiento mutuo de las licencias nacionales.
La propuesta se inscribe en la legislación destinada a la creación de un cielo único europeo y, tras su votación en primera lectura, el Parlamento logró un acuerdo con el Consejo y la Comisión, ratificado ahora por el pleno con la aprobación sin enmiendas de la Posición Común del Consejo.
El compromiso alcanzado introduce modificaciones en el ámbito de aplicación de la propuesta, aclara que la Directiva no afectará a las disposiciones nacionales sobre las relaciones laborales entre controladores y empleadores, modifica los requisitos de competencia lingüística, establece el reconocimiento mutuo sin excepciones de las licencias y habilitaciones, determina las funciones de las autoridades nacionales de supervisión en los casos transfronterizos, establece medidas transitorias relativas a la edad y formación para los actuales titulares de licencias y suprime una serie de disposiciones relativas a la gestión contable de los proveedores de formación.