Los crímenes racistas, cada vez más presentes en la Unión Europea

El informe, que fue presentado ante la comisión parlamentaria de Libertades Civiles de la Eurocámara el 27 de agosto, subraya que aunque se han producido avances en la mayoría de los Estados miembros, las muestras de discriminación siguen estando presentes en Europa. La Agencia de Derechos Fundamentales alerta de que, de los once países comunitarios en los que existen datos sobre violencia racista, ocho registraron "una escalada general en los crímenes relacionados con el racismo: Dinamarca, Alemania, Francia, Irlanda, Polonia, Eslovaquia, Finlandia y Reino Unido". En los otros tres (República Checa, Austria y Suecia), la tendencia fue descendente. El resto de los países miembros de la Unión Europea (EU) no disponen de datos o éstos son insuficientes.

 

Precisamente, la falta de información es una de las principales quejas de la Agencia, que califica la situación en la mayoría de los Estados miembros de "insatisfactoria". A esto se une la inexistencia de criterios comunes para la recogida de datos: mientras que muchos países no recopilan ningún tipo de información, en Reino Unido funciona un sistema organizado y "completo" que produjo en un año más informes sobre crímenes racistas que los otros 26 Estados miembros juntos.

 

 

Según las estadísticas, la tasa de desempleo de inmigrantes y personas pertenecientes a otras minorías es en todos los países comunitarios significativamente más alta que la del resto de la población. En Suecia, un estudio reveló que un nombre árabe reducía las posibilidades de encontrar trabajo, por lo que el gobierno decidió lanzar una iniciativa de solicitudes de empleo anónimas en varias regiones del país. Otros Estados europeos han emprendido iniciativas similares.

 

La búsqueda de un hogar supone otro escollo para las minorías. Uno de los mayores motivos de queja por discriminación racial es la inclusión de requisitos específicos en los anuncios de alquiler, en los que se estipula que el inquilino deberá ser "no extranjero".

 

 

Estrechamente relacionada con los problemas de búsqueda de trabajo y  alojamiento, la cuestión de la seguridad legal es de gran trascendencia para los inmigrantes. Abusos como la explotación laboral o las dificultades para encontrar alojamiento por personas con permisos de trabajo limitados o incluso indocumentadas no tienen un tratamiento legal sencillo.

 

A todo esto se une la cuestión de la educación, teóricamente abierta a todos en la Unión Europea, pero que en la práctica plantea problemas de acceso a las minorías. La Agencia cita como ejemplo que más de la mitad de los alumnos gitanos de la República Checa asisten a escuelas para discapacitados mentales o niños con necesidades especiales.

 

 

El informe es el primero publicado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, creada el pasado 1 de marzo de 2007 a partir del anterior Centro Europeo para la Monitorización del Racismo y la Xenofobia.

 

Durante el debate que siguió a la presentación del informe, los eurodiputados subrayaron la necesidad de nombrar "urgentemente" un director la para la Agencia. Para el popular alemán Manfred Weber, es fundamental además "evitar la politización", mientras que la liberal holandesa Sophia In't Veld aseguró que le habría gustado "que se hubiera dotado a la Agencia de más dientes, para que fuera un verdadero perro guardián". Por su parte, el socialista italiano Claudio Fava lamentó que el reglamento de la Agencia no obligue al Consejo a comparecer ante ella regularmente.