Notas de prensa
 

Debate sobre la directiva de retorno: los grupos políticos fijan su posición antes del voto

Inmigración - 17-06-2008 - 13:53
Sesión plenaria
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Los eurodiputados debatieron hoy en Estrasburgo el texto de la directiva de retorno negociado entre el ponente parlamentario, Manfred WEBER (PPE-DE, Alemania) y el Consejo. Los grupos favorables al compromiso subrayaron que éste supone un "paso adelante" hacia una política europea de inmigración. Por su parte, los oradores contrarios al texto declararon que el ponente ha cedido demasiado al Consejo y exigieron que el PE enmiende el texto. El voto tendrá lugar mañana a las 11h30.

La mayoría de los oradores subrayaron la necesidad de una directiva sobre inmigración ilegal, pero mientras los grupos PPE-DE, ALDE y UEN se posicionaron a favor del texto, que consideran "un paso adelante en la buena dirección", los socialistas exigen una serie de cambios que garanticen el respeto de los derechos de los inmigrantes. Por su parte, los Verdes y GUE adelantaron que votarán contra la directiva.
 
El ministro de Interior esloveno, Dragutin Mate, habló en nombre de la presidencia de turno del Consejo y advirtió de que, en caso de que la Eurocámara no se pronuncie a favor del compromiso, esto traerá graves problemas en el Consejo y, "siendo optimistas, se retrasaría tres años la aprobación de esta directiva". Esta situación repercutiría negativamente en la aprobación de otras directivas relacionadas, como las que regulan la los derechos de residencia y trabajo de los inmigrantes.
 
Mate se mostró muy satisfecho con el compromiso, y se refirió a cuestiones como el periodo máximo de retención y la protección de los menores, "en las que se armonizarán las normativas nacionales". No obstante, señaló que "puede que surjan problemas financieros porque en los países miembros hay situaciones muy diferentes".
 
Por su parte, el nuevo comisario de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, defendió la nueva directiva ya que "reduce la zona gris, permite luchar contra la explotación de los niños y proteger a las personas en situación irregular". Con la nueva norma, los Estados Miembros tendrán las alternativas de "repatriación o residencia", resumió, por lo que la directiva aportará "mayor certidumbre jurídica para todos los interesados".
 
Barrot adelantó que la Comisión velará por el respeto a los derechos fundamentales, y "prestará especial atención a los derechos del niño" cuando supervise la aplicación de la norma.

Ponente
 
El ponente parlamentario, el alemán Manfred WEBER, recordó que "llevamos dos años y medio de negociaciones" y que "no hablamos de asilo, sino de personas que se encuentran en situación ilegal". "Es una situación de esclavitud", añadió.
 
En cuanto al periodo máximo de retención, de seis a doce meses, señaló que "hay países de la UE donde no hay una duración máxima". También hizo hincapié en la "protección especial" que necesitan los niños y dijo que se fijarán normas mínimas sobre educación. También aseguró que "el retorno voluntario será prioritario" y añadió que "existe derecho de recurso al retorno obligatorio". Según Weber, las directrices del Consejo de Europa sobre el retorno están contenidas en esta directiva. "¿Por qué el Consejo de Europa critica ahora sus propias directrices?", se preguntó el ponente.
 
También se mostró preocupado por el hecho de que "ahora sólo se va a hablar de lo grave que es la situación en los centros de retención" y advirtió a los que voten en contra del acuerdo que "sólo lograrán que haya un estancamiento".
 
Grupos políticos
 
El español Agustín DÍAZ DE MERA (PPE-DE) valoró el texto como un "paso firme y decidido hacia una política de inmigración común". Destacó que la directiva fomenta la protección de los derechos de los inmigrantes así como la regulación de los flujos de inmigración. En su opinión, el retorno forzoso presenta un carácter subsidiario frente al retorno voluntario en el texto, que establece "garantías jurídicas claras sobre las órdenes de detención" y que, además, "ofrece la posibilidad al Tribunal de Justicia Europeo que tenga competencias sobre la materia".
 
Martine ROURE (PSE, Francia) dijo que "estamos construyendo una Europa que se cierra sobre sí misma". El resultado de este acuerdo es insuficiente en la protección de los derechos fundamentales. "No queremos una directiva a todo precio", recalcó Roure, quien añadió que "la directiva en ningún caso permite el derecho de residencia a los inmigrantes". El acceso a la educación y la asistencia jurídica "no son obligatorios". Además, la situación de retención en Europa no mejorará, pues nueve Estados miembros no se verán obligados a cumplir las normas, entre ellos Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, que se beneficiarán de sus respectivas cláusulas de "opt-out".
 
Las enmiendas presentadas por el grupo socialista "tienen por objetivo introducir el carácter humanitario en este texto".
 
Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT (ALDE, Holanda) preguntó a la cámara si "queremos una directiva que, aunque no perfecta, va en la línea adecuada, o consideramos la situación actual satisfactoria". Defendió el apoyo al texto negociado con el Consejo como "un paso modesto, pero un primer paso" que se debe incluir dentro de un "paquete global" que abarque la política de inmigración y de asilo de la UE.
 
Jean LAMBERT (Verdes, Reino Unido) opinó que la posición negociada es "inaceptable" porque en la práctica no cumple con los requisitos establecidos al principio y "no afronta los problemas contra los que hemos luchado". También destacó que "no conocemos las diferencias entre los centros de internamiento y las prisiones" y se preguntó qué ocurre con la vida de las familias separadas por la prohibición de reingreso.
 
Por su parte, Andrzej ZAPALOWSKI (Unión por la Europa de las Naciones, Polonia) afirmó que "tenemos que luchar contra todos los prejuicios de nuestro continente, ya que debe ser modelo para el mundo". En su opinión, es "un texto que no es útil cuando ya tenemos instituciones muy desarrolladas".
 
El italiano Giusto CATANIA (GUE) dejó claro que "esta directiva es una vergüenza" y "socava una cultura de hospitalidad". Catania se opuso al internamiento de los inmigrantes ilegales en "lugares inhumanos" y criticó el hecho de que Libia se convierta en el lugar donde se confina a los inmigrantes ilegales sin darles garantías legales. También hizo un llamamiento a la "dignidad del Parlamento" frente al Consejo y declaró que este último sólo quiere activar los 676 millones previstos para el Fondo Europeo para el Retorno. Amnistía Internacional, la Conferencia Episcopal y la ONU, entre otros, "nos recomiendan que no aprobemos esta directiva", subrayó Catania, quien concluyó diciendo que en los últimos diez años 12.000 refugiados murieron en el Mediterráneo.
 
La eurodiputada Hélène GOUDIN (Grupo Independencia y Democracia, Suecia)  se preguntó si podemos decidir la retención de una persona durante 18 meses que no ha cometido delito alguno. Además, indicó que el establecimiento de la prohibición de regreso durante 5 años puede tener "consecuencias indeseadas", como la posibilidad de que los inmigrantes se dirijan a las mafias que trafican con personas para volver a cruzar las fronteras. "Tenemos que defender los derechos humanos, también a nivel nacional", concluyó.
 
El diputado belga Frank VANHECKE (No Inscritos), señaló que "no tenemos una política adecuada para hacer frente a la inmigración" y subrayó la necesidad de "hacer lo posible por hacer frente a esta situación". Finalmente, dijo que este texto es un pequeño paso para acabar con la llegada de inmigrantes ilegales a nuestros países.
 
Diputados españoles
 
Para Javier MORENO (PSE, España) esta norma supone "un paso adelante hacia una política de inmigración común" dentro de la UE, que debe ir acompañada de otros instrumentos para contar con una política migratoria global. Por esta razón, apeló a la Comisión a que "se aprueben todas las directivas en el tintero, porque sino los ciudadanos no entenderán" el sentido de esta directiva.
 
Respaldó las enmiendas del grupo socialista, ya que "queremos acercar la norma a los Estados más garantistas" de la Unión y subrayó su especial interés por la protección de los menores, para los que destacó la importancia de que cuenten con centros de acogida especializados.
 
El diputado español Willy MEYER (Izquierda Unitaria Europea) advirtió de que "con esta directiva se pone fin a la Europa garantista" y "se va a imponer la Europa insolidaria". También criticó la aportación de "la Vieja Europa, la Europa de los valores" a la hambruna que va a suponer "la deportación de ocho millones de personas sin garantías".
 
Ref.: 20080616IPR31741